Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 24 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 5



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Mayo de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:09 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- El C. Secretario Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Señoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 28 de mayo de 2014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

DIP. LEOBARDO ALCALA PADILLA, EN SUSTITUCIÓN DELDIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

DIP. ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA

SEN. MANUEL CAMACHO SOLIS, EN SUSTITUCÓN DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

DIP. RUBÉN CAMARRILLO ORTEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. RICARDO CANTÚ GARZA

SEN. OMAR FAYAD MENESES

DIP. JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, EN SUSITUCIÓN DEL DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA

DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

SEN. DAVID PENCHYNA GRUB EN SUSTITUCIÓN DEL
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN

DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA

DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS

DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES

DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO

DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

Señor Presidente, hay una asistencia de 37 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 28 de mayo de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta.






ACTA DE LA SESION
CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTIUNO
DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con catorce minutos del miércoles veintiuno de mayo de dos mil catorce, con una asistencia de treinta y dos legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el martes trece de mayo de dos mil catorce.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes instrumentos internacionales:

1) Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

2) Protocolo que Modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

3) Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kimamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Salud de la Cámara de Senadores.

4) Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2014, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2013.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2014 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Senador René Juárez Cisneros, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, oficio por el que informa que el lunes 12 de mayo del año en curso se llevó a cabo la instalación de dicha Comisión.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Roberto Armando Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, oficio por el que informa que la moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y centenario luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia, puesta en circulación por el Banco de México a propuesta del Senado de la República, fue galardonada como la moneda más bella del mundo, por la Conferencia Internacional de Directores de Casas de Moneda.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2014.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el mes de abril de 2014.- Quedó de enterado.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

(Iniciativas)

El Diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, a nombre propio y de los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, María de las Nieves García Fernández, Abel Octavio Salgado Peña, Francisco González Vargas, Ricardo Fidel Pacheco, Leobardo Alcalá Padilla, José Luis Flores Méndez, Dora María Guadalupe Talamente Lemas, Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, José Alberto Rodríguez Calderón, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez y Ricardo Astudillo Suárez, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y se reforman el párrafo quinto del artículo 4 y las fracciones X, XI y XII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público  de la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 43 y se reforma la fracción II del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

 

El Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Silvano Aureoles Conejo, Arturo Escobar y Vega, Ricardo Monreal Avila, María Sanjuana Cerda Franco, Tomás Torres Mercado y Lilia Aguilar Gil, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, a nombre de la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III el artículo 112 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

El Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre de la Senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona o abroga diversos artículos de la Ley Federal de Consulta Popular y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

(Dictámenes a discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a remitir un informe trimestral al Congreso de la Unión de los avances que se obtengan en el combate y prevención al delito en el estado de Tamaulipas.

2) Por el que se solicita a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dar cumplimiento al Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las entidades federativas y municipios, deberán expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la responsabilidad patrimonial de los estados y municipios.

3) Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe acerca de los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 de abril por elementos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco.- Intervino el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD.

4) Que exhorta a los congresos de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a impulsar las gestiones legislativas necesarias e incorporar en sus legislaciones locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como a atender lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos.- Intervino la Diputada Dora Talamante Lemas de NA.

5) Por el que se solicita a los gobernadores y a los congresos locales, así como al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han realizado en el marco de la homologación de la Ley General de Víctimas y establezcan la fecha en que se llevará a cabo en cada una de las entidades dicha homologación.- Intervino el Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI.

6) Por el que la Comisión Permanente externa su genuina preocupación por la integridad de la Maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe y solicita al Procurador General de Justicia del Distrito Federal brindar la protección y salvaguarda en términos de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

7) Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a informar las acciones emprendidas en relación con los hechos acaecidos en el municipio de las Margaritas, el 2 de mayo del año en curso.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal a establecer mecanismos tendientes a reducir la problemática de robo de vehículos en las entidades federativas.

9) Por el que se desechan dos proposiciones respecto a la transmisión y clasificación de programas de televisión.

Los nueve dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la inserción del tema "los beneficios de la lactancia materna" en las próximas ediciones de los libros de texto gratuito y en los planes curriculares de la educación primaria.- Intervino la Diputada Dora Talamante Lemas de NA.

2) Que exhorta a los órganos encargados de implementar la reforma constitucional en materia educativa a realizar las acciones necesarias a efecto de que se cumpla cabalmente con lo aprobado.- Intervino el Diputado Leobardo Alcalá Padilla del PRI.

3) Que exhorta a los tres niveles de gobierno a planificar y generar acciones y campañas informativas en materia de planificación familiar.

4) Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo la restauración del inmueble denominado Hospicio Cabañas.

5) Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas necesarias para acelerar la entrega de recursos federales destinados a los proyectos de infraestructura cultural en estados y municipios.

6) Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes liberar los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

7) Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que, en el marco de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, se siga apoyando el proceso preparatorio de dicha Conferencia.

8) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir un decreto en el que se declara el 21 de diciembre como "Día Nacional de la Cultura Maya".

9) Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover y difundir los alcances, objetivos y principios de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

10) Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

11) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender la problemática de los integrantes de la comunidad indígena de los Cucapáh.

12) Que exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a considerar la creación de un consejo redactor plural e interinstitucional para la elaboración de una propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas.

13) Por el que la Comisión Permanente condena el secuestro de niñas ocurrido en Borno, Nigeria.

14) Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar de las medidas, políticas, proyectos y acciones que esa dependencia ha emprendido para que los programas sociales del Gobierno Federal se realicen con pleno respeto a la dignidad humano y sin discriminación.

15) Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar una campaña nacional de difusión para los padres de familia sobre la importancia de privilegiar la resolución no violenta en conflictos y garantizar la primacía del interés superior de los niños y adolescentes en casos de separación o divorcio.- Intervino el Diputado Abel Octavio Salgado Peña del PRI.

16) Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover una campaña de diagnóstico médico oportuno y tratamiento adecuado de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten.
17) Por el que la Comisión Permanente felicita al cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de Alba Aguayo, por haber obtenido la medalla de oro del Premio Nacional de la Administración Pública, con la propuesta relativa al Centro de Primera Respuesta Consular.

Los diecisiete dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, catorce dictámenes de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social a llevar a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el país que violen los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte.

2) Por el que se solicita al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado remitir un informe sobre las estrategias que están llevando a cabo dichos organismos para abatir el problema de desabasto de medicamentos en las citadas instituciones.

3) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a observar el cumplimiento del calendario del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2014.

4) Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a enviar un informe sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, con relación al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.

5) Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre los programas y proyectos forestales que se estén realizando, o estén por realizar, relacionados con el Mecanismo Internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada.

6) Que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el gobierno del estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara a la pronta reconstrucción y rehabilitación del “Mercado Corona”, proveyendo una partida extraordinaria de recursos económicos a fin de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014.- Intervino el Diputado Leobardo Alcalá Padilla, PRI.

7) Que exhorta al Director de Petróleos Mexicanos a enviar un informe sobre los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadril I”.

8) Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados.- Intervino el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, PRI.

9) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para año 2015, se pueda tomar en cuenta una mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 para el estado de Coahuila.

10) Que exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a informar sobre el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

11) Por el que se solicita al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal información sobre las acciones efectuadas respecto a la implementación de procedimientos de control que aseguren que la información reportada en el rubro cartera de crédito de primer piso sea confiable.

12) Que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a presentar un informe sobre el Programa IMSS-Oportunidades.

13) Por el que se solicita al titular de Petróleos Mexicanos información relativa al cumplimiento de las recomendaciones, la solicitud de aclaración y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Federación 2011.

14) Que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar y hacer cumplir los derechos humanos en el ámbito laboral.

Los catorce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Comunicaciones)

Se recibió del Diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, oficio por el que solicita licencia temporal para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 21 de mayo de 2014.- Intervinieron los legisladores: Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD; Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Senador Emilio Gamboa Patrón del PRI; Diputado Manuel Añorve Baños del PRI; Diputado Miguel Alonso Raya del PRD; Diputado Alfonso Durazo Montaño de MC; Diputado Dora Talamante Lemas de NA; Senadora María Elena Barrera Tapia del PVEM; Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD. Fue aprobada en votación económica.

 

Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 21 de mayo de 2014.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.

(Proposiciones)

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al de Instituto Nacional de Migración, a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que son repatriados hacia México.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervino la Diputada Martha Leticia Sosa Govea del PAN. Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
HECTOR GUTIERREZ DE LA GARZA

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre del Senador Héctor Larios Córdova y del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Ejecutivo Federal para que informen sobre los datos presentados en la integración de las bases de datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; así como el ocultamiento, cambio o modificación de los mismos, después de presentado el estudio “Mapa del magisterio de educación básica en México” por el Instituto Mexicano para la Competitividad.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien presentó una modificación al punto de acuerdo; Diputado Miguel Alonso Raya del PRD; Diputado Beatriz Zavala Peniche del PAN; Senador Omar Fayad Meneses del PRI; Senador Armando Ríos Piter del PRD; Diputada Dora Talamante Lemas de NA; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, quien presentó propuesta de modificación. Las propuestas de los Senadores Lavalle y Barbosa fueron aceptadas. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

El Senador Armando Ríos Piter, a nombre de la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Chiapas a instruir a las autoridades de administración y procuración de justicia para que lleven a cabo las investigaciones que permitan dar con la captura, procesar y castigar a los autores materiales e intelectuales de la privación ilegal de la libertad de la ciudadana Julia Carabias Lillo.- Considerado de urgente resolución, fue puesto a discusión. Intervinieron los legisladores: Diputada Beatriz Zavala Peniche del PAN; y Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

De los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo para solicitar una investigación respecto a la inclusión de una pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el artículo 209 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que esta modificación fuera aprobada conforme al Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputdos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

De los Diputados Luis Armando Córdova Díaz, Leobardo Alcalá Padilla y Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman el numeral 1 del artículo 148, la XV del artículo 150 y la fracción VIII del artículo 151 y se adiciona un numeral 2 al artículo 151, todo ello del Reglamento de la Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las modificaciones necesarias a la NOM-012-SCT-02-2008, con la finalidad de disminuir los límites de la carga a los autotransportes de este ramo y prohibir la circulación de los dobles semirremolques.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a denegar autorización respecto a la manifestación de impacto ambiental para la construcción del desarrollo "Cabo Dorado" en el área de influencia del área natural protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur en tanto permanezcan vigentes las resoluciones administrativas relacionadas con esta área natural protegida y los juicios interpuestos en contra de las mismas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerar la posibilidad de firmar y ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila y Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que condena enérgicamente el asesinato del ciudadano José Juan Alejandro Rodríguez Alvarez, integrante del Movimiento Regeneración Nacional en Texcoco, Estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a impulsar la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas y René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar políticas públicas que garanticen el respeto y protección a los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travestis e intersexual, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del gobierno del estado de Morelos un informe sobre la estrategia de seguridad implementada en dicho estado y los resultados obtenidos hasta el momento.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a tomar las medidas correspondientes de sanidad en cuanto a investigación, análisis y prevención de la enfermedad que causa la mortandad temprana dentro de las granjas acuícolas productoras de camarón pertenecientes al Estado de Sinaloa.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre la reasignación de los recursos presupuestados para proyectos de desarrollo regional en el municipio de Zacatecas, Zacatecas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias con el fin de que se envíe un informe pormenorizado donde detalle de manera clara el registro, su actualización y la forma en que se nutre de la información al Sistema Nacional de Vacunación.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia, al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para atender y erradicar la violencia que sufren las personas adultas mayores.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Comité Técnico y Consejo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades a eliminar el párrafo onceavo del numeral 3.5.4.1. “Monto de los apoyos monetarios directos” de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a culminar el proceso legislativo en torno a la reforma política del Distrito Federal.- Se turnó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

 

De la Diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a presentar el documento final sobre la desvinculación del salario mínimo como referencia en la legislación vigente.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal considerar la revisión de la redacción del artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal, con el que fin de que se armonice la redacción y se interpreten correctamente las penas que el artículo establece.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar una declaratoria provisional de monumento artístico, a fin de preservar el Polyforum Cultural Siqueiros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de explicar el aplazamiento del apagón analógico.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Sonora a garantizar condiciones para una consulta de buena fe e impedir que terceros lleven a cabo actos de presión política, sobornos, amenazas o cualquier tipo de práctica coactiva en contra de la tribu yaqui.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer, normar y ampliar el uso de la bicicleta para mejorar la movilidad en la Ciudad de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud informar sobre las acciones de vigilancia en cumplimiento de la norma oficial mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido (nom-007-ssa2-1993) en lo que concierne a la promoción de la lactancia materna exclusiva.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a comunicar al gobierno y pueblo de Turquía el pesar y la solidaridad del gobierno y pueblo de México, por la muerte de los más de 300 mineros, acaecida en la mina de carbón en Soma.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal realice las gestiones necesarias con el fin de emitir decreto expropiatorio respecto de la superficie de terreno que ocupa el Centro Cultural Polyforum Siqueiros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a modificar en el Catálogo Universal de Servicios de Salud vigente el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en particular en el número 21, en el grupo de Menores de 10 Años, subgrupo Enfermedades Lisosomales, con la finalidad de que el tratamiento de dichas enfermedades no tenga como limitante el ser menor de 10 años.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar a la brevedad la minuta con proyecto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender la problemática del robo de gasolina/diesel que se registra por medio de tomas clandestinas en los gasoductos del territorio nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales de los Estados Unidos Mexicanos a legislar en la elaboración de una ley de cultura cívica en su entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y autoridades competentes en las entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las personas reclusas, así como las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita la creación de una comisión para la conmemoración del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones pertinentes sobre aquellas empresas de contratación de edecanes, con el fin de prevenir el delito de trata de personas.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa a realizar las investigaciones necesarias sobre el asesinato de Sandra Luz Hernández, así como la desaparición de su hijo Edgar García.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la CONAGUA y a la SEMARNAT a llevar a cabo acciones de saneamiento en el Río Atoyac, así como para que vigilen el cumplimiento de la NOM 001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que informe de la situación que guarda el Polyforum Cultural Siqueiros.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y del Diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a adoptar las medidas necesarias para reubicar las casetas de cobro conocidas como C4 “Esperanza” y C5 “Fundición” ubicadas en la carretera federal 15, en el estado de Sonora.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su enérgico rechazo a la situación de violencia y represión que impera en la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de actuar a favor de la solución pacífica de controversias, la búsqueda de la paz y la salvaguarda de los derechos humanos dentro del concierto internacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el estado de México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a tomar medidas preventivas para evitar algún desbordamiento del Río Cuautitlán, ubicado en el estado de México.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de México instruir a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y seguridad pública de la entidad a garantizar la seguridad, la dignidad y la vida de las mujeres, en virtud de que es en ella donde se observan los más altos índices de malos tratos, violaciones y feminicidios que ocurren en el país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a suscribir el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual, o con otras dificultades para acceder al texto impreso.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal a impulsar, promover, apoyar, brindar e intensificar las acciones para que un número suficiente de hospitales logre su certificación, a fin de ampliar la red de servicio de atención del cáncer colorrectal y su financiamiento, a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita declarar Area Natural Protegida a la zona de Barra de Potosí.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora para que envíe a esta Soberanía un informe detallado de la situación en la que se encuentran los hospitales, clínicas y demás establecimientos del sector público que integran el sistema estatal de salud, así como las acciones instrumentadas para solventar las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 al sector salud.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud a hacer cumplir la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las normas oficiales mexicanas, en materia de etiquetado a la industria de jugos, néctares, concentrados de fruta, jaleas, mermeladas, fruta deshidratada y conservas, entre otros productos, para que el consumidor final tenga la información necesaria para determinar su consumo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el avance del "Programa Escuelas de Tiempo Completo".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes para la aclaración de las denuncias presentadas contra el ex gobernador del estado de Guanajuato y el deslinde de responsabilidades correspondientes.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita se construya una vía carretera de interconexión entre los municipios de Amacuzac, Iguala y Buenavista de Cuéllar, con el propósito de garantizar el libre tránsito de los actores económicos y sociales de los municipios de la región norte, así como para apoyar el desarrollo económico de la zona.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se suma a la solicitud realizada por el Instituto Jalisciense de las Mujeres para que se retire la campaña publicitaria de la estación de radio "La Mejor" en dicha entidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Secretario de Educación un informe del ejercicio de los recursos presupuestales de 2012, correspondientes a los programas "Habilidades Digitales para Todos" y "Aulas Telemáticas en Primaria".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se suma a las expresiones de enérgica condena a la sentencia de muerte impuesta Meriam Yehya Ibrahim y se manifiesta en favor de la defensa de sus derechos humanos, en el marco del derecho internacional.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público y al titular de Caminos y Puentes Federales a prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de diciembre del 2015, con el propósito de seguir impulsando la economía del municipio de Acapulco y del estado de Guerrero.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía a establecer una mesa de diálogo con productores e industriales del arroz para que se analice y se tomen los acuerdos necesarios en relación con la producción e importación de arroz en nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe que exponga el destino de los recursos públicos que debieron utilizarse para la infraestructura educativa.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a elaborar un programa de planeación, prevención y atención inmediata en las localidades, municipios y estados que históricamente presentan el mayor riesgo de afectaciones por lluvias torrenciales, tormentas y huracanes, el cual incluya el traslado de maquinaria a zonas con alta probabilidad de afectación, así como la revisión de zonas de desbordamiento de agua y desgajamiento de suelo.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a hacer del conocimiento público las acciones que han implementado para la generación y fomento de empleos formales en el país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar con prontitud las recomendaciones emitidas por el relator especial, en el Informe preliminar sobre tortura en México.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a transparentar y hacer del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de internet oficial, lo relativo al "Fideicomiso de Fomento Minero", desde su creación a la fecha.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de los foros nacionales temáticos y adicionales de cara a la reforma estructural del campo mexicano, consideren y admitan todas y cada una de las propuestas de las organizaciones sociales campesinas que deseen inscribir ponencias.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer del conocimiento público el acceso, a través del sitio de internet oficial, lo relativo al programa "U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a impulsar ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos del Norte de América, un acuerdo de suspensión de las cuotas compensatorias impuestas para la industria acerera mexicana, que permita que las industrias involucradas acuerden volúmenes y precios fijos que no afecten a la industria acerera nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer del conocimiento público, a través del sitio de internet oficial, lo relativo al "Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a las dependencias federales a acelerar las inversiones de reconstrucción del "Plan Nuevo Guerrero".- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar exentar del pago de la tarifa de peaje, hasta en un 50% a los usuarios de la caseta de cobro "Alpuyeca", de la autopista de cuota Cuernavaca-Chilpancingo, que acrediten residencia en los municipios de Jojutla, Zacatepec de Hidalgo, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Amacuzac y Puente de Ixtla.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Alliet Mariana Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Senadores y de Diputados a decidir la creación de un grupo de trabajo bicamaral, plural, que dé seguimiento a las medidas que se han propuesto y llevado a cabo en los respectivos ámbitos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de coadyuvar en la solución definitiva de la situación que enfrentan los pequeños contribuyentes.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en relación con la transición digital terrestre.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Yucatán para que gire instrucciones a las dependencias e instituciones responsables, a fin de garantizar la seguridad y protección de la defensora Sandra Peniche.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del estado de Oaxaca y del Gobierno Federal a realizar acciones tendientes a garantizar la resolución  de los homicidios de Alberta Cariño y Jyri Jaakkola, así como la adecuada protección de familiares y testigos.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Chiapas a investigar los hechos contra el profesor Fernando Gabriel Montoya Oseguera y contra las comunidades choles, lacandones y tzetzales del municipio de Ocosingo, Chiapas.- Se turnó a la Primera  Comisión.

 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diferentes dependencias de la Administración Pública Federal a realizar acciones en torno a la investigación y atención de la enfermedad de fibromalgia, así como de enfermedades neuroinmunes.- Se turnó a la Segunda Comisión.

(Excitativa)

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa en relación con el punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación y esclarecer el asesinato de Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán y se constituya la fiscalía especial para investigar los asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos años, presentado el 28 de noviembre de 2013.- Se remitió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en conmemoración del natalicio de María Lavalle Urbina.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 118 aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, remitió efeméride en torno al 11º aniversario de la promulgación de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención con motivo de la firma del Acuerdo Trilateral; México, Estados Unidos de América y Canadá, en materia sanitaria.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse a la situación económica nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención en torno a la reforma política del Distrito Federal.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención con motivo de los acuerdos de la Convención Nacional 2014 del Consejo Nacional de Protección Civil.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió intervención para referirse a la situación salarial del magisterio nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiocho de mayo, a las once horas.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.

 






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:

Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros.

“2014, Año de Octavio Paz”
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1094/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la CAmara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1039/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo y un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero"

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 17 de diciembre de 2013 en Ankara, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros.

El Acuerdo tiene como objetivo asegurar la asistencia mutua entre México y Turquía para la correcta aplicación de su legislación aduanera; prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como proteger la seguridad de la cadena logística del comercio internacional.

De acuerdo con las cifras registradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el valor total de las exportaciones de México a Turquía en 2009, año anterior al que inició la negociación del citado Instrumento, correspondió a $945,355,510 M.N., mientras que el valor total de las importaciones de México desde Turquía ascendió a $1,409,217,357 M.N. Lo anterior refleja la existencia de una relación comercial importante entre ambos Estados, por lo que es necesaria la celebración de un instrumento que permita la asistencia administrativa y el intercambio de información sobre asuntos aduaneros entre los mismos.

El Acuerdo prevé el intercambio de información relativa a la recaudación de impuestos aduaneros, particularmente en lo que respecta a aquélla que pueda ayudar a determinar el valor de las mercancías y establecer su clasificación arancelaria, así como la relativa a la propiedad industrial y delitos en materia de derechos de autor, con el propósito de compartir datos que faciliten la detección de conductas que atenían contra estos derechos. De igual manera, contempla la implementación de medidas de prohibición, restricción y otros controles, preferencias o exenciones relacionadas con la importación, exportación, tránsito de mercancías y otros regímenes aduaneros, y la verificación del país de origen de las mercancías.

Para la implementación del Acuerdo, ambos Estados formularán solicitudes de asistencia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y el Ministerio de Aduanas y Comercio de Turquía.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo permitirá a México contar con una herramienta eficaz para fortalecer la prevención, investigación y combate a las infracciones aduaneras que pudieran derivarse de las operaciones comerciales entre México y Turquía.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.






Y el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1093/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1039/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo y un Memorándum de Antecedentes

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

 “PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 17 de diciembre de 2013 en Ankara, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.

El Acuerdo tiene por objeto eliminar las cargas fiscales que obstaculizan el flujo de inversiones derivadas de la imposición de un mismo ingreso en México y Turquía, combatir la evasión fiscal, a través del intercambio de información entre las autoridades competentes de ambos Estados. Asimismo, armoniza los sistemas fiscales de México y Turquía y otorga certeza jurídica a las inversiones, lo cual fomenta la realización de negocios entre ambos Estados y propicia mayores niveles de rentabilidad de las inversiones efectuadas en cada uno de éstos.

De acuerdo con las cifras registradas por la Secretaría de Economía, en los últimos años, la relación económica entre México y Turquía se ha incrementado notoriamente; tan sólo en 2013 las exportaciones de México a Turquía ascendieron a 359 millones de dólares, en tanto que las importaciones de México de dicho país correspondieron a 527.1 millones de dólares. En virtud de lo anterior, resulta necesario contar con un instrumento que fomente las inversiones recíprocas entre México y Turquía, con el fin de profundizar la relación económica e incrementar el intercambio comercial entre éstos.

Si bien el Acuerdo otorga beneficios para eliminar las cargas fiscales que obstaculizan el flujo de inversiones, también prevé disposiciones para evitar el otorgamiento de dobles exenciones o que personas o actividades a las que no está dirigido el Acuerdo puedan beneficiarse de las desgravaciones fiscales y demás beneficios contemplados en el mismo.

El Acuerdo prevé que las Partes puedan solicitar e intercambiar información relativa a los impuestos de cualquier clase, lo que permitirá que las autoridades de ambos Estados puedan verificar en lo futuro que los contribuyentes paguen las cantidades que correspondan conforme a la legislación de cada uno de los países.

Las autoridades que se encargarán de la ejecución del Acuerdo son, en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de Turquía, el Ministro de Finanzas o su representante autorizado.

De aprobarse el Acuerdo se eliminará la doble tributación, la cual representa una carga fiscal excesiva tanto para los residentes de México como de Turquía, que realizan operaciones comerciales o financieras entre sí.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnense ambos expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió oficios con los siguientes instrumentos internacionales:

Convenio de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía sobre el Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1097/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la CAmara de Senadores
Del H. Congreso de la UniOn
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1039/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre el Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Convenio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 17 de diciembre de 2013 en Ankara, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre el Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Este Convenio establece las bases conforme a las cuales México y Turquía cooperarán para prevenir e investigar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las actividades en materia de capacitación que las Partes podrán llevar a cabo, a fin de desarrollar conocimientos teóricos, prácticos y legales e intercambiar experiencias entre el personal de ambos Estados.

De conformidad con la información registrada por la Procuraduría General de la República, Turquía es un país de tránsito, a través del cual se trafica heroína, cocaína y adormidera, y en cuyo territorio se producen, principalmente, anfetaminas y tabletas falsas de captagon (droga sintética que contiene anfetamina). En lo que respecta a la existencia de drogas en México provenientes de Turquía, del 1o de enero de 2006 al 11 de diciembre de 2013, se han asegurado 986.9 kilogramos de semillas de amapola.

La experiencia de Turquía en el combate al tráfico ilícito de estupefacientes resulta semejante a la de nuestro país, ya que el territorio mexicano es empleado para conducir cocaína entre las zonas meridional y septentrional del hemisferio americano, en tanto que el territorio de Turquía es utilizado para transportar opiáceos producidos en Asia Central, hacia los mercados consumidores europeos. En ese sentido, los conocimientos e intercambio de información que México y Turquía compartirán en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, enriquecerán significativamente la capacidad de ambos Estados para combatir las conductas delictivas asociadas a dicho fenómeno.

La cooperación bajo este Convenio incluye el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas legislativas en materia de investigación, detección y control de narcóticos, así como de metodologías para descubrir la fuente de entrada ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los puntos de desvío de precursores químicos y los métodos de lavado de dinero.

De igual manera, el Convenio permitirá el intercambio de especialistas y practicantes, así como capacitación profesional, a fin de elevar el nivel de especialización para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y el desvío de precursores químicos.

Asimismo, el Convenio prevé el intercambio de información sobre cualquier sospecha de la comisión de un delito previsto en el marco del citado Instrumento, que se esté planeando, preparando, iniciando o cometiendo, o delitos cometidos que puedan interesar a la otra Parte, así como sobre la localización, identificación e investigación de personas y objetos involucrados en la comisión de ilícitos dentro del marco del Convenio.

Para la debida instrumentación del Convenio se creará una Comisión Conjunta, integrada por representantes de las autoridades competentes de ambos Estados. La citada Comisión tendrá como función principal fortalecer el intercambio de información y tecnología entre México y Turquía, así como elaborar recomendaciones sobre distintos aspectos del tráfico de drogas y sus delitos conexos. De igual manera, buscará fortalecer los vínculos de cooperación bilateral mediante la elaboración de programas que permitan la prevención y el combate de este tipo de delitos.

Las autoridades competentes para la instrumentación de este Convenio serán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, y el Ministerio del Interior, por parte de la República de Turquía.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Convenio permitirá fortalecer el marco jurídico multilateral con base en el cual México y Turquía han cooperado hasta ahora, a fin de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Convenio en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Convenio).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.






Y el Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1096/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Camara de Senadores
Del H. Congreso de la Union
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1039/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República a celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 17 de diciembre de 2013 en Ankara, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo.

El Acuerdo tiene como objetivo promover la colaboración entre México y Turquía, a través de mecanismos que permitan combatir de manera eficaz la delincuencia organizada y el terrorismo.

La experiencia e intercambio de información que México y Turquía puedan compartir en materia de delincuencia organizada y terrorismo, enriquecerá la capacidad de ambos Estados para combatir las conductas delictivas asociadas a tales fenómenos.

Para la implementación del Acuerdo, las Partes cooperarán en la prevención e investigación de las siguientes conductas delictivas: lavado de dinero de los productos del delito; falsificación de moneda y su circulación, así como de otros documentos oficiales; tráfico de migrantes y trata de personas; acopio y tráfico de armas, sustancias nucleares, biológicas, químicas y radiactivas, municiones, explosivos y otras materias primas o tecnologías que puedan ser utilizadas para la fabricación de estos objetos; terrorismo y su financiación; tráfico de combustibles y bienes culturales, y cualquier forma de delincuencia organizada prevista en la legislación nacional de ambos Estados.

La cooperación bajo este Acuerdo incluye el intercambio de información, en tiempo real, sobre delitos que se estén planeando, que estén en progreso o que se hayan cometido; la relativa a redes de delincuencia organizada, su estructura, identidad de sus miembros, modus operandi, tendencias, rutas y estrategias; localización e identificación de personas buscadas por sus respectivas autoridades competentes, así como de los objetos involucrados en un delito. Asimismo, el Acuerdo prevé el intercambio de información sobre mejoras científicas y técnicas y de expertos, y la organización conjunta de reuniones, talleres, seminarios y capacitaciones.

Ambos Estados garantizarán la protección de la información intercambiada en el marco del Acuerdo, incluyendo el contenido de las solicitudes correspondientes, su soporte documental y cualquier otra acción derivada de éstas, de conformidad con su respectiva legislación nacional aplicable.

Las autoridades competentes para la instrumentación de este Acuerdo serán la Procuraduría General de la República, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, y el Ministerio del Interior, por parte de la República de Turquía.

De ser aprobado por el Senado de la República, este Acuerdo permitirá fortalecer el marco jurídico multilateral con base en el cual México y Turquía han cooperado hasta ahora, a fin de combatir los delitos de alto impacto.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Acuerdo).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnense estos dos asuntos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remitió oficio con el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía.

“2014, Año de Octavio Paz”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1095/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1039/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Convenio y un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 17 de diciembre de 2013 en Ankara, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía.

El Instrumento que se somete a consideración del H. Senado de la República tiene por objeto establecer el marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre México y Turquía, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de diversos sectores de ambas economías.

Asimismo, busca satisfacer adecuadamente la demanda de los servicios aéreos entre México y Turquía, para lo cual contempla la designación de dos aerolíneas por país con posibilidad de operar desde y hasta cualquier punto en sus territorios, sin restricción en el número de frecuencias y la capacidad del equipo.

El Convenio establece los derechos que ejercerán las aerolíneas mexicanas y turcas, entre los que destacan el derecho de sobrevolar el territorio del otro Estado sin aterrizar, hacer escalas en el territorio del otro Estado para fines no comerciales y hacer escalas en el territorio del otro Estado con el propósito de embarcar y desembarcar pasajeros, equipaje, carga y correo.

De igual manera, se establece que las aerolíneas puedan llevar a cabo operaciones bajo acuerdos de cooperación comercial con aerolíneas del mismo país, del otro país o de terceros países.

El Convenio prevé disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero que las autoridades de México y Turquía concederán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas designadas por cada Parte, así como al equipo regular, combustibles, lubricantes, suministros técnicos consumibles, provisiones de la aeronave y piezas de repuesto, entre otros.

Las disposiciones del Convenio sobre seguridad operacional y segundad de la aviación son consistentes con las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y los principales tratados aplicables en la materia.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Convenio permitirá a México contar con una herramienta para contribuir con la ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de ambos países.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Convenio en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Convenio, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese ese instrumento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: También de la Secretaría de Gobernación se recibió el Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana.

“2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1098/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

 

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1040/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana, firmado en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1965, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Convenio y un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 13 de enero de 2014 en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana, firmado en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1965.

El objetivo de dicho Acuerdo consiste en actualizar el marco jurídico que regula las operaciones aéreas entre México e Italia, a fin de responder a las necesidades actuales que enfrenta dicho sector.

De conformidad con la información registrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2013 el tráfico aéreo bilateral en operación directa entre México e Italia ascendió a 76,670 pasajeros, de los cuales el 55.5% correspondió a pasajeros transportados desde México hacia Italia. En ese sentido, la actualización del Convenio vigente incrementaría la conectividad aérea entre ambos Estados, promoviendo el desarrollo económico en dicho sector.

El Acuerdo prevé la modificación del Cuadro de Rutas del Convenio de 1965, a fin de permitir a México e Italia designar hasta dos líneas aéreas para operar los servicios de pasajeros en las rutas especificadas en dicho Cuadro, hasta cinco líneas aéreas en la ruta Italia-Cancún y hasta dos líneas aéreas para operar servicios exclusivos de carga.

Asimismo, la implementación del Acuerdo permitirá a las líneas aéreas designadas por cada Parte Contratante celebrar acuerdos de cooperación comercial de código compartido con líneas aéreas de la misma Parte Contratante, de la otra Parte Contratante y de terceros países que tengan la autorización para operar.

A través del citado Instrumento, México e Italia reafirmarán su obligación de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, de conformidad con lo previsto en cualquier acuerdo sobre seguridad de la aviación que sea vinculante para ambos Estados, así como en las disposiciones de los diversos instrumentos internacionales adoptados en el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional, de los cuales México e Italia son Partes.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: De la misma manera, la Secretaría de Gobernación remitió el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013, respectivamente.

“2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ”

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/1099/14
México, D.F., 27 de mayo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción III y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.1040/2014 signado por el Lic. Sergio Pimentel Vargas, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República, remite el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013, respectivamente, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.

En consecuencia, adjunto al presente el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 4 y 24 de diciembre de 2013 en las ciudades de México y Moscú, respectivamente, los Plenipotenciarios de los Estados Unidos Mexicanos y de la Federación de Rusia firmaron ad referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear.

El Acuerdo tiene como objetivo desarrollar y fortalecer la cooperación entre los Gobiernos de México y Rusia en materia del uso pacífico de la energía nuclear, de conformidad con sus necesidades y prioridades, y en estricto apego a su legislación y los tratados aplicables en la materia, de los cuales ambos Estados son Partes.

México tiene interés en colaborar con la Federación de Rusia en virtud de la amplia experiencia de ese país en el ámbito nuclear. La totalidad de los reactores que se encuentran en operación en Rusia son diseñados y construidos en ese país, y en 2012, la energía nuclear en Rusia representó el 18% de la generación total de su electricidad, lo cual coloca a Rusia dentro de los 5 países con mayor desarrollo en la materia.

Actualmente, Rusia posee 12 centrales y 33 reactores nucleares de potencia en operación, con una capacidad total instalada de 24,164Mwe. Asimismo, tiene once reactores en construcción, que para el 2024 generarán adicionalmente 9,153Mwe. En virtud de lo anterior, el intercambio de experiencias y la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear con la Federación de Rusia enriquecerán considerablemente la capacidad del Estado mexicano en dicho sector.

Para la ejecución del Acuerdo, las autoridades competentes de México y Rusia podrán elaborar proyectos específicos de cooperación en las siguientes áreas: investigación básica y aplicada en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, incluyendo investigación de fusión nuclear y nuevas tecnologías de reactores; diseño, construcción, operación, extensión de vida, desmantelamiento y entrenamiento en la operación de reactores de potencia y de investigación; entrega y desarrollo de servicios del ciclo del combustible nuclear, entre los que se encuentra el suministro de combustible nuclear para reactores de potencia y de investigación y la gestión de desechos radiactivos; desarrollo, diseño y producción de materiales y componentes para reactores de potencia y de investigación; seguridad física y tecnológica nuclear, protección radiológica y respuesta a emergencias, así como producción y aplicación de radioisótopos en la industria, medicina y agricultura, entre otros.

El Acuerdo contempla la creación de un Comité Conjunto de Coordinación, integrado por representantes de ambos Gobiernos, el cual se encargará de supervisar la ejecución del mismo.

El Acuerdo contiene las disposiciones necesarias para brindar un nivel de protección y clasificación adecuado a toda la información a ser suministrada o intercambiada entre las autoridades de ambos Estados, con motivo de la ejecución de las actividades de cooperación en materia de energía nuclear. Lo anterior, con estricto apego a los catálogos de clasificación de información previstos por la legislación interna de cada país.

De ser aprobado por el Senado de la República, el presente Acuerdo proveerá el marco jurídico necesario para el establecimiento de un programa de trabajo conjunto, que permita a México obtener los siguientes beneficios en su sector nuclear: acceso expedito y estructurado a información técnica, tecnología de punta y avances científicos; capacitación de alto nivel en temas de interés para científicos mexicanos; intercambio de expertos, y el posible intercambio comercial de materiales nucleares y equipo bajo las estrictas medidas internacionales y salvaguardias para el uso pacífico de este tipo de energía.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Acuerdo).

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Energía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron dos oficios de la Secretaría de Educación Pública, con los que remite información del primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar; y la correspondiente al cuarto trimestre 2013 y primer trimestre del ejercicio fiscal 2014, del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2014.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha documentación a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






BANCO DE MEXICO

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió del Banco de México su informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 2014.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase el informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, que procedan a la brevedad al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada el pasado 21 de mayo.

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DE LA COMISION
PERMANENTE DEL H. CONGRESO
DE LA UNION
PRESENTE

A través del presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 fracción III del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitarle, toda vez que se trata de un tema de atención prioritaria, que se haga un respetuoso llamado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para que procedan a la brevedad, al dictamen y análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue presentada ante la Comisión Permanente, el 21 de mayo del año en curso.

Lo anterior para que sea incluida en el periodo de sesiones extraordinarias a la que se convocará por parte de este Congreso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

Sen. Miguel Barbosa Huerta
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
en el Senado de la Republica”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Remítase dicha solicitud a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron también las siguientes comunicaciones.

De la Senadora Arely Gómez González, Presidenta del Comité de Garantías de Acceso y Transparencia de la Información, con la que remite el informe de sus actividades en la Reunión del Grupo de Trabajo de Parlamento Abierto, en el marco de la Reunión Regional de la Alianza para el Gobierno Abierto y en la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, realizadas del 6 al 10 de mayo del año en curso.








Y de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la que remite el acta de su reunión de instalación.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la Diputada Aleida Alavez Ruiz, por la que se solicita que en los periodos extraordinarios de sesiones, las Cámaras del Congreso de la Unión no concluyan sus trabajos hasta en tanto la revisora emita resolución definitiva.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Túrnese a la Primera Comisión para sus efectos.






Solicito a la Secretaría dé cuenta con la comunicación que remite la Secretaría de Gobernación, para solicitar autorización para que el Presidente de la República se ausente del territorio nacional.

SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Doy cuenta con la comunicación.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En virtud de la cercanía de la fecha para el inicio de la gira de trabajo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión de este asunto se realice en lo general y en lo particular en un solo acto.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se pone a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el siguiente proyecto de Decreto.

“Artículo Unico. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 11 de junio del 2014, con el objeto de realizar una Visita de Estado a la República Portuguesa (5 y 6 de junio); una Visita Oficial a la Santa Sede (7 de junio); y una Visita de Estado al Reino de España (9 y 10 de junio).

Transitorio Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Está a discusión. Esta Presidencia no tiene oradores registrados para tal efecto. En tal virtud, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal del Decreto correspondiente.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Señor Presidente, se emitieron 28 votos en pro, 1 abstención y cero en contra.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 3 al 11 de junio de 2014. Se remite al Diario Oficial de la Federación.






En el aparatado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 322 Y 329; Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 322, 324 Y 329 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACION DE ORGANOS

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio, de las CC. Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo e Hilda Esthela Flores Escalera, y de los CC. Diputados Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Kamel Athie Flores, José Ignacio Duarte Murillo, Abraham Montes Alvarado, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Diana Karina Velázquez Ramírez, Minerva Castillo Rodríguez y Adriana Fuentes Téllez, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Honorable Asamblea; señoras y señores legisladores:

Vengo a presentar y a someter a consideración de esta Soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 322 y 329; y adiciona los artículos 322, 324 y 329 Bis de la Ley General de Salud, relativos a la donación de órganos.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo y la fortuna de ser refrendada, por mis compañeras Senadoras del grupo parlamentario del PRI: la Senadora Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo, así como Hilda Flores Escalera; y es también apoyada y respaldada por los integrantes de la diputación federal de Chihuahua para ser presentada ante ustedes.

La naturaleza de las normas contempla diversas características que permiten obtener la conducta deseada en los ciudadanos, contempla una parte coercitiva y, contempla, también una parte correctiva para que la efectividad de la disposición jurídica surta los efectos previstos por el legislador. Y éste, justamente, es el caso de la iniciativa que hoy presento y que les comparto el contexto en el cual se presenta ante ustedes.

En México, desde 1963 se hacen trasplantes, pero a la fecha sólo se han realizado poco más de 40 mil de diversa índole. El tiempo de espera por una donación de órganos ronda entre los 24 y 30 meses; además, en el caso del hígado y del corazón puede ser mayor el tiempo. La importancia de la cultura de la donación de órganos cobra relevancia cuando hacemos conciencia de que una donación completa representa la potencial salvación de ocho vidas.

Generar cultura, entonces, impulsar acciones y detonar los instrumentos normativos que faciliten tan noble acción para la humanidad, es justamente la intención de esta iniciativa que les estamos presentando. La propuesta que presento ante este Pleno tiene varias finalidades, entre otras, profundizar y renovar el impulso de la donación cadavérica de órganos y componentes para su trasplante, establece también fortalecer el Sistema Nacional de Trasplantes, incentivar la decisión de las personas en vida para convertirse en donadores y, en consecuencia, facilitarles los medios para expresar y hacer respetar su voluntad optimizando el marco normativo que garantice su cumplimiento.

Es común que alguien expresa su voluntad de donación y ésta no siempre es respetada por los familiares de quien fallece. Sensibilizar, entonces, a las familias acerca de la importancia de la donación de órganos y hacer respetar la decisión de todos los que en vida no expresaron su negativa a ser donador, es una batalla en el camino de la vida porque cada uno de ellos representa un donador tácito, sinónimo de oportunidades, al menos, insisto, para ocho congéneres.

Decía el gran Marco Tulio Cicerón: “La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos”. Las maravillas que hoy nos puede ofrecer la ciencia en materia de trasplantes demanda un nuevo marco jurídico que las legitime, que permita su consolidación e impulse su desarrollo. La sociología jurídica nos recuerda la importancia de actualizar las leyes con la realidad y las necesidades de las personas, este es el caso con la donación de órganos.

Según el Centro Nacional de Trasplantes, al lunes 28 de abril, 18 mil 195 personas precisaban un trasplante y estaban distribuidas de la siguiente forma: 10,562 en espera de un trasplante de riñón; 7,155 en espera de trasplante de córnea; 404 en espera de hígado; 52 en espera de un corazón; 13 en espera conjuntamente de un riñón y páncreas; 8 en espera de un páncreas; 3 en espera de un pulmón; 2 en espera de un hígado y riñón; y 1 que demanda conjuntamente corazón y pulmón

Las cifras hablan por sí solas, y la ley debe hablar para dar voz a la voluntad solidaria, tácita o expresa de los mexicanos como potenciales donadores.

De esta forma, la ley habrá de contribuir a generar las condiciones jurídicas y técnicas que permitan realizar con agilidad los trasplantes que, en conjunto con los procesos de capacitación y actualización de los profesionales en la materia, coadyuvará a mejorar condiciones, mejores para llevar a buen puerto los trasplantes. De ahí, pues, la importancia de nuestra propuesta.

A su sensibilidad y al deseo de contribuir de mejor manera a la salud de las y los mexicanos, presentamos ante ustedes esta propuesta que esperamos cuente con el respaldo solidario de ambas Cámaras.

Muchas gracias.

Iniciativa

“Las que suscriben, Senadoras GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO e HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 322 Y 329; Y ADICIONA LOS ARTICULOS 322 , 324 Y 329 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA FORTALECER LA DONACION DE ORGANOS EN NUESTRO PAIS, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, la donación es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos.  En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, necesitan de un trasplante. La realidad es que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando si no se logra aumentar el número de donaciones, pues es de elemental lógica que cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse.

Uno de los mayores problemas de gran importancia en el sector salud, lo constituye el gran número de personas que presentan alguna enfermedad crónico-degenerativa, de las cuales algunas pueden ser tratadas por medio de un trasplante de órganos.

A nivel mundial la dinámica en la donación de órganos, contó con una cifra para 2010 de 106 mil 879, siendo el riñón el órgano con más alto índice donado, con 73 mil 139, le sigue el hígado y por último el intestino delgado.

México, en relación con otros países, en cuanto a las donaciones entre vivos,  se encuentra en cuarto lugar, de un total de 84 medidos, donde se incluye a naciones como China y los Estados Unidos, y ocupa un segundo lugar en el continente americano y el primero en Latinoamérica, estadística nada despreciable, sin embargo, en la donación cadavérica se encuentra seriamente rezagado, ya que nuestra tasa de donación al respecto es de 3.9 donantes por millón de personas, mientras que España, que es el país líder, cuenta con una donación cadavérica de 34 donantes por millón de habitantes.1

Organización Mundial de la Salud, s.f. Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes. http://www.transplant-observatory.org/Pages/home.aspx

Por cierto, en este último país (España), según la Ley de Trasplantes, todos son considerados donantes si en vida no han expresado lo contrario. Sin embargo, esa expresión puede haber sido formulada de diferentes modos, lo que obliga a que se pregunte a familiares o allegados sobre la voluntad del fallecido respecto a la donación. En la práctica siempre se respeta la decisión de la familia, ya que se asume que estos no contradirían los deseos de su ser querido. La firma de la familia para proceder a la donación, es lo que denominamos consentimiento familiar.

Estadística de Donación de Organos en México2

Estadística de solicitudes de Trasplante: 18079

Se distribuyen de la siguiente manera: 

10447 personas esperan recibir un trasplante de Riñón

7150 personas esperan recibir un trasplante de Cornea

404 personas esperan recibir un trasplante de Hígado

52 personas esperan recibir un trasplante de Corazón

13 personas esperan recibir un trasplante de Riñón - Páncreas

2 Secretaría de Salud del Gobierno Federal, s.f. Secretaria de Salud.

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html

7 personas esperan recibir un trasplante de Páncreas

3 personas esperan recibir un trasplante de Pulmón

2 personas esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón

1 personas esperan recibir un trasplante de Corazón-Pulmón

Durante el 2014 y hasta la fecha se han reportado en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT):

572 trasplantes de Cornea

429 trasplantes de Riñón

21 trasplantes de Hígado

4 trasplantes de Corazón

En el tercer trimestre de 2013, el Centro Nacional de Trasplantes reportó que existen 427 hospitales autorizados para llevar a cabo algún tipo de procedimiento al respecto, de tal manera que: 359 tienen Licencia para Procuración, 340 cuentan con Licencia para Trasplante y 67 Licencia de Banco, siendo que un solo Hospital puede contar con una o varias de estas.

La donación total de órganos por personas fallecidas en el 2013, fue de 1183 a nivel nacional, a diferencia del 2012, que se contó con 1593 donaciones cadavéricas, siendo esta última la estadística más alta de los últimos ocho años a la fecha.

Lograr que la legislación avance al mismo tiempo de los descubrimientos de la ciencia médica, tendientes a beneficiar y proporcionar salud a las personas sin lesionar a un semejante, es decir, protegiendo tanto al donante como al receptor, ha sido un proceso largo y complicado, en la búsqueda de las mejores alternativas tanto en el ámbito legislativo como el jurídico.

Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 4º el derecho humano a la salud, y para llevar a la práctica este precepto, tuvo que ser expedida la legislación secundaria, tal como lo dispone el texto constitucional por lo que, para el año de 1984, aparece publicada la Ley General de Salud misma que, en su artículo 2°, establece los fines para la protección de la salud como un derecho que tienen los mexicanos.

La misma Ley General de Salud, establece en sus artículo 320 y 321, los siguientes principios básicos respecto a la donación de órganos:

“Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.”

Así mismo, la mencionada ley establece que la donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes y, podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones y que dicha manifestación es revocable por el donante en cualquier tiempo.

Por otra parte, la Ley General de Salud, en el artículo 324, hace referencia al consentimiento tácito, es decir, al que se produce cuando la persona no manifiesta su negativa de que su cuerpo o demás componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de alguna de las siguientes personas: el cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, lo cual no se define respecto de la donación expresa, ya que solo se refiere a “terceros”.

En ese contexto, como hemos advertido en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de la Propia Secretaría de Salud, existe un problema creciente en cuanto a la donación cadavérica, rubro en el que México se encuentra seriamente rezagado.

Un factor, lo constituyen los problemas que se dan en el momento en que el paciente fallece sin haber informado a sus familiares que quería donar sus órganos, aún y cuando lo haya consentido expresamente en un documento oficial y, en este caso, los familiares consideran la extirpación del órgano u órganos donados como una mutilación, y desean conservar el cuerpo integro para su inhumación, en perjuicio de la voluntad expresada en vida por propio donante.

Otra situación se da cuando la donación expresa se manifiesta en un documento oficial, como una licencia de conducir, mediante el cual se otorga el consentimiento expreso de donar sus órganos después de su muerte, pero dicho documento es diferente del que expide el Centro Nacional de Trasplante conforme a la Ley General de Salud, entonces se cuestiona o no se hace valer su irrevocabilidad y, al final, no llega a tener la efectividad que el donante quiso otorgar a ese acto.

Por lo anterior, consideramos indispensable mejorar la legislación para hacer, por un lado, más efectiva la voluntad expresada por el disponente originario, precisando de mejor forma las definiciones de la Ley en cuanto a quienes no podrán revocar dicha manifestación de donar y, por otro, estableciendo mecanismos eficientes para que la donación expresa asentada en los diversos tipos de documentos oficiales pueda ser vinculada al Registro Nacional de Trasplante y se le revista del carácter de irrevocable que otorga la legislación vigente a este tipo de donaciones.

Por otra parte, no podemos dejar de lado la donación tácita de órganos establecida en la Ley General de Salud, referida al consentimiento tácito del donante, cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, se realizará siempre y cuando se obtenga el consentimiento de alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

 El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente y en el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.

De ahí que todos somos donadores según la ley, sin embargo, es imprescindible que la población se encuentre debidamente informada respecto de su calidad de donante de órganos, así como de los mecanismos existentes para expresar su intención de que no sea así; de donde deriva la necesidad de incorporar en la normatividad la garantía de que la Secretaría de Salud difunda ampliamente a la ciudadanía respecto de los alcances del consentimiento tácito y de las formas para expresar su negativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 322y 329, y se adicionan los artículos 322, 324 y 329 Bis; de la Ley General de Salud.

 Artículo Unico. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 322 y el párrafo tercero del artículo 329; se adiciona un párrafo quinto al artículo 322, un párrafo cuarto al artículo 324y un párrafo tercero del artículo 329 Bis,de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 322.-...

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, entendiéndose por éstos los señalados en el artículo 314 fracción XVI de esta ley, así como cualquier persona ajena a la voluntad del donante. Unicamente el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.

Cuando la donación expresa conste en documento oficial expedido por dependencia de gobierno facultada para ello, diverso al referido en el artículo 329 de esta ley, se tendrá por reconocido su carácter de irrevocable en términos del párrafo anterior, siempre y cuando se encuentre registrada en el centro de trasplantes nacional o de la entidad que corresponda.

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa aquel su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

La Secretaría de Salud realizará las acciones necesarias para garantizar que se difunda ampliamente entre la población los alcances del consentimiento tácito así como los mecanismos para manifestar su negativa a donar órganos.

Los centros de salud autorizados para la extracción de órganos adoptarán las medidas convenientes a fin de garantizar que los ciudadanos que en ellos ingresen y sus familiares, tengan pleno conocimiento de la regulación sobre donación y extracción de órganos.

Artículo 329…

 ...

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que lo soliciten, el que invariablemente contendrá la precisión de ser irrevocable por terceros.

Artículo 329 Bis.-...

La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, procurarán que las dependencias que tienen a su cargo la realización de trámites públicos y expedición de documentos oficiales, pongan a disposición de los posibles donantes que hubieren manifestado su aceptación, el formato elaborado por la Secretaría de Salud correspondiente y se informe de ello al Centro de Trasplantes respectivo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se sujetarán a la disponibilidad de recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Atentamente

Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Graciela Ortiz González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Sonido en el escaño del Diputado Alcalá, ¿con qué objeto?

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo creo que no todo mundo escuchó a la proponente, a la Senadora Graciela. Primero felicitarle y solicitarle me pueda adherir a su iniciativa, y solamente decir que en el país hoy existen más de 17 mil personas esperando un trasplante.

El grave problema de ellos es que la mayor parte, si no es que casi la totalidad de los hospitales en donde se están haciendo trasplantes hoy, los programas para hígado, por ejemplo, para corazón, para médula ósea, están prácticamente cerrados. Por lo tanto, me parece que es una iniciativa que valdría la pena la pudiéramos suscribir.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Leobardo Alcalá. Se aceptan todas las adhesiones que se están planteando. Tome nota la Secretaría y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública, Comentarios a la Ley General de Desarrollo Social. 2004.





Tiene ahora la palabra la Diputada Beatriz Zavala Peniche, para presentar a nombre del Diputado Xavier Azuara Zúñiga, del grupo parlamentario del PAN, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X Y SE ADICIONA UNA FRACCION XI AL ARTICULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche, a nombre del C. Diputado Xavier Azuara Zúñiga, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, señor Presidente.

Con mucho gusto presento a nombre del Diputado Xavier Azuara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, esta iniciativa que pretende reformar las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. Y digo que con mucho gusto, porque en la actual Ley General de Desarrollo Social, que por cierto aprobamos en la LIX Legislatura por un voto unánime en ambas Cámaras, y esto me parece muy importante, pues reconocemos que nos faltó el principio de subsidiariedad y esperamos que esta iniciativa tenga la misma recepción que tuvo entonces el dictamen de la Ley General de Desarrollo Social.

Porque requerimos una serie de principios en las leyes de desarrollo social, o relacionadas a éstas, como lo son la solidaridad, la justicia distributiva, la transparencia, la integridad, entre otros. No obstante, en la Ley General de Desarrollo Social, como he dicho, no se contempla el principio de la subsidiariedad, que es muy importante, ya que es el fundamento de la autodeterminación de las comunidades, las personas y de la descentralización del poder social, y esto es muy importante.

La subsidiariedad es complementariedad y ayuda escalonada de una comunidad superior a los individuos y comunidades menores. Por una parte, la comunidad llega a ayudar más donde hay más necesidad; y, por la otra, no debe suplantar o sustituir a la libre iniciativa de los particulares de grupos o de comunidades, sino garantizar su funcionamiento. La ayuda debe prestarse cuando sea necesaria, en la medida de lo necesario, durante el tiempo necesario, en donde sea necesaria y a quien la necesite.

Desde el punto de vista jurídico, el principio de subsidiaridad es muy importante en el marco del Derecho Comparado, particularmente en la Unión Europea ya se permite determinar las competencias de los diferentes niveles de gobierno.

Este principio es utilizado frecuentemente tanto en la atribución de competencias entre las esferas locales y las estatales como entre las esferas estatales y la Federación; la lógica del principio permite la asignación de competencias a las instancias inferiores dentro de un Estado, a la vez puede servir para atribuir competencias a la Federación que es superior en el Estado.

Es también un principio de repartición de competencias en el sentido de que es por medio de la subsidiariedad como se distribuyen las competencias entre los diferentes niveles de gobierno, al establecer un orden jerárquico de actuación de cada nivel.

Es un principio que se relaciona con las competencias concurrentes; establece la actuación de una competencia potencial de la Federación, es decir, si ésta puede intervenir mejor que los estados, entonces debe hacerlo, aunque los estados ya hayan tomado cada uno, independientemente, las medidas apropiadas.

Finalmente, se entiende como un principio de ética política, considerar que la sociedad no está principalmente formada por individuos sino por comunidades diversas y se reconoce una preeminencia a las comunidades más simples, las cuales deben realizar todas las tareas que les permitan sus propias fuerzas.

Por lo anterior, consideramos que es imperativo que en la legislación concerniente al desarrollo social, contemple el principio de subsidiaridad, por lo cual se presenta la presente iniciativa que, como hemos dicho, adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

No podrá realizarse el bien común de la sociedad si no existe un orden, el principio de subsidiariedad indica no solamente la prioridad en los derechos, sino también de las responsabilidades y las libertades en la vida social.

Es así que podemos expresarlo de esta manera, debe existir tanta libertad como sea posible y, también, tanta autoridad como sea necesaria.

Exige la subsidiaridad una sociedad abierta, una sociedad libre, una sociedad plural y autogestionaria.

Muchas gracias.

Iniciativa

El que suscribe, XAVIER AZUARA ZUÑIGA, con el carácter de diputado a la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1 fracción I del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones IX y X, y adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de desarrollo Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

En los últimos años en nuestro país se ha llegado a diversos acuerdos trascendentales para describir, medir y erradicar la pobreza de las familias mexicanas, constituyendo uno de los principales logros sociales el que se dio en noviembre de 2003, cuando el Congreso de la Unión aprobó de manera unánime la Ley General de Desarrollo Social.

La trascendencia de esta ley es que representa la primera legislación nacional para regular la política, los programas y las acciones orientadas al desarrollo social, que pone candados al gasto social1 para evitar su uso discrecional y político, y que prohíbe cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales .

Esta Ley General de Desarrollo Social es el instrumento del Estado Mexicano donde se amplía el criterio teórico sobre la pobreza y en donde se vincula a la garantía del pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, tal y como se expresa textualmente en su artículo 1.

De igual forma define los principios generales a los que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social, materia que ocupa a la presente iniciativa.

La pobreza debe entenderse como un tema estrechamente ligado al desarrollo económico del país, donde si se quieren alcanzar tasas más altas de bienestar social, se debe respetar la libertad de los ciudadanos, y garantizar la igualdad en la distribución de los recursos derivados del crecimiento económico.

Esta conceptualización de economía social que coloca el ser humano en el centro de su actuación, tiene como condición fundamental el principio de subsidiariedad, con el cual el estado protege la libertad y la igualdad de oportunidades con el objeto de que cada persona y actor político pueda asumir su responsabilidad para contribuir al buen ejercicio de la sociedad en su conjunto, donde es indispensable el rol solidario del gobierno ante las necesidades de los ciudadanos con menos recursos .

La importancia del principio de subsidiariedad deriva de su origen, ya que proviene del latín “Subsidium” que era un método de organización militar, donde una línea de tropa permanecía como ayuda en caso que fuera necesitada por el frente de batalla, y su significado esencial radica en la idea de que una sociedad o institución superior a otra, no debe interferir o limitar la actividad de esta última, pero debe ayudarla en caso de necesidad.

Este principio organiza el reparto de competencias y responsabilidades entre todos los miembros de una sociedad, determinando la participación de las autoridades y los ciudadanos con el fin de garantizar su libertad y corresponsabilidad en la resolución de los problemas sociales, tal y como lo dice el maestro Sergio Francisco de la Garza:

“… es injusto, y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación para el buen orden social, confiar a una sociedad mayor y superior lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Toda acción de la sociedad debe, por su naturaleza, prestar auxilio a los miembros del cuerpo social, más nunca absorberlos y destruirlos”

Por lo tanto el principio de subsidiariedad asigna un principio de ética social referente a establecer equilibrios en la intervención de las formaciones sociales mayores a favor de los individuos y de las pequeñas comunidades, regulando constructivamente la relación entre desiguales, para orientar sus intereses hacia el bien común.

Por lo anterior expuesto es preciso que a través de la adecuación del orden jurídico vigente, se precise el principio que defina las responsabilidades y competencias para contar con una política social subsidiaria que responda a las necesidades de nuestro país, apoyando en todo momento las iniciativas y tareas activas de la sociedad, en lugar de inhibirlas o absorberlas.

En virtud, de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

Artículo único. Se reforma las fracciones IX y X, y adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 3.-…

I. a VIII.

IX.- Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;

X.- Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social, y

XI.- Subsidiariedad: Proceso temporal en que una entidad mayor ayuda a una menor, cuando ésta no cuenta con los medios disponibles para resolver  sus propias necesidades.

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo de 2014.

Dip. Xavier Azuara Zuñiga”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Zavala Peniche. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

1 Ley General de Desarrollo Social.

Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública, Pobreza y Factores de vulnerabilidad Social en México.

Benjamín Chacón Castillo, Responsabilidad Social en Tiempos de Recesión.

Joel Mendoza Ruíz, El Principio de Subsidiariedad en el Federalismo Mexicano.

Tommaso Edoardo Frosini, Subsidiariedad y Constitución.

Sergio Francisco de la Garza, Derecho Financiero Mexicano.

Joel Mendoza Ruíz, El Principio de Subsidiariedad en el Federalismo Mexicano.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf






Tiene la palabra la Diputada Alliet Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un proyecto de Decreto que adiciona la Ley Federal de Consulta Popular.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 40, UNA FRACCION V AL ARTICULO 45 Y LOS CAPITULOS VI Y VII A LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

(Presentada por la C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Diputada Alliete Mariana Bautista Bravo: Honorable Asamblea; ciudadanas legisladoras y legisladores:

Acudo a esta tribuna a promover una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, lo hago con la convicción de que alcanzará los acuerdos necesarios que permitan subsanar tres supuestos de urgencia que requieren ser atendidos por este Congreso de la Unión.

La Ley Federal de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, carece de mecanismos para que las personas con discapacidad, en lo particular las de vista y del oído, puedan ejercer su derecho de participación política.

Dado lo anterior, se deja ver una falta de mecanismos que propicien la inclusión en la vida pública de la nación de este importante sector social para los procesos de la consulta popular.

Además, otro supuesto que no regula la ley, es el supuesto en que la consulta, en el tiempo y en las circunstancias, queda sin efectos por la conclusión acto consultado, es decir, que el resultado de la consulta popular se vuelve intrascendente por la consumación de los hechos supuestamente a consulta, de modo que no es posible revertir los resultados de dicha inconformidad en la consulta.

Avanzando en estos razonamientos, también encontramos que la ley carece de disposiciones para normar otro supuesto en que el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía presenten al mismo tiempo solicitudes de consulta popular; entonces, ¿qué ocurre si las tres solicitudes fueran aprobadas?

Ante este conflicto, esta iniciativa propone dar preferencia a que se lleve a cabo la propuesta solicitada por los ciudadanos.

Por lo que se refiere al supuesto de la suspensión del acto a consulta, destaca en el mundo el caso de Canadá, en el que el gobierno puede llamar a plebiscito sobre los aspectos constitucionales que le parecen pertinentes, la propuesta puede contener una o varias preguntas, la consulta puede aplicarse al conjunto del territorio nacional o al número de provincias que decida el gobierno.

La pregunta es formulada por el Ejecutivo, pero debe ser aprobada por las instancias legislativas que tienen, por supuesto, la facultad de enmendar.

La consulta popular no puede coincidir con una elección general, tampoco puede realizarse más de 45 días después de su anuncio.

Los partidarios de cada opción tienen que formar comités registrados cuando planean gastar más de 5,000 dólares en la campaña. En ese caso, tienen que declarar sus ingresos y gastos, y los contribuyentes que aporten más de 250 dólares deben aparecer en la declaración. Existe un límite de gasto para los comités, el cual está determinado en función del número de inscritos en la lista de los distritos en los cuales operan.

También hay tiempo gratuito en los medios de comunicación electrónicos, el cual se distribuye de manera equivalente entre los partidarios de ambas opciones. La repartición del tiempo está a cargo de un árbitro de la teledifusión nombrado por el gobierno.

Por ejemplo, también en los Estados Unidos, 49 de los estados de la federación utilizan una forma u otra de la democracia directa; 39 de ellos exigen o permiten a los gobiernos locales realizar consultas sobre cuestiones que les competan. Las formas más comunes son el plebiscito constitucional, requisito para enmendar las constituciones locales; el plebiscito sobre leyes existentes, con el que los ciudadanos tienen el poder de derogarlas, reitero, con el que los ciudadanos tienen el poder de derogarlas; la iniciativa legislativa, mediante la cual los ciudadanos pueden proponer leyes; y la iniciativa constitucional, que permite a los electores proponer enmiendas constitucionales.

En Suiza existen dos tipos de referéndums: los constitucionales, que forman parte integral del proceso de ratificación legislativa; y los facultativos, que dependen de una petición formulada por un número determinado de ciudadanos dentro de un plazo previsto.

Estos no pueden ser convocados por el parlamento o por el gobierno, en este sentido, el plebiscito en Suiza no es un instrumento del gobierno central, por eso sus resultados son obligatorios.

Quiero llamar la atención, ya que en nuestro país, de acuerdo con la obra: “Las leyes de la participación ciudadana en México: proyectos políticos, estrategias legislativas y retos estratégicos en la democratización futura”, de Alberto Olvera, la consulta ciudadana en México vio sus primeros ejercicios democráticos en las entidades federativas.

De las leyes vigentes, el referéndum está contemplado en 27 estados, no aplica en Baja California Sur; el plebiscito en 26, no existe ni en el Estado de México, ni en Querétaro; la iniciativa popular en 19 estados, no se incluye en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala ni Yucatán; sólo en 8 estados los resultados de los plebiscitos y de los referéndums son vinculantes si se cumplen ciertos porcentajes de votación.

En el caso de plebiscito, por ejemplo, la ley del Distrito Federal y la de Tamaulipas exigen una participación de al menos 33 por ciento de la lista nominal para considerar vinculante al resultado.

Baja California exige que la mayoría tenga al menos 25 por ciento de la lista nominal; mientras que en Coahuila se pide el 20 por ciento.

En el caso del referéndum, las leyes del DF y de Tamaulipas no consideran vinculante su resultado bajo ninguna circunstancia; mientras Baja California requiere el 35 por ciento, si es un referéndum constitucional, y el 25 por ciento, si es legislativo. En Coahuila, el porcentaje requerido es de 20 por ciento.

En la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, publicada en el Diario Oficial No. 7, de fecha 16 de febrero de 2001, para el caso de la adición de un capítulo relativo a la suspensión del acto a ser consultado, establece en el párrafo segundo del artículo 48 lo siguiente:

“En el acuerdo que se emita declarando procedente el proceso de plebiscito, ordenará a la autoridad que suspenda el acto y sus efectos hasta en tanto se conozcan oficialmente los resultados de dicha consulta.”

Abona a este sentido, constituyéndose en otro antecedente jurídico, lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila.

Se señala: “En todo caso, la procedencia del plebiscito suspenderá la ejecución o la implementación de la decisión del gobierno del ejecutivo del estado o del ayuntamiento hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo.”

En el caso del estado de Guanajuato, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado, señala que el acto a consultar se suspende cuando el solicitante del plebiscito sea el titular del ejecutivo local.

Cito: “Artículo 31. Solamente cuando el plebiscito sea solicitado por el titular del poder ejecutivo o por los ayuntamientos, el procedimiento suspenderá los efectos del acto o decisión correspondiente.

En el caso del Estado de Nayarit, el artículo 28 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, establece efectos suspensivos del acto en el caso del plebiscito. Esto lo señala en el artículo 28:

“Artículo 28. La Junta Estatal Ejecutiva notificará al titular del poder ejecutivo del estado o al ayuntamiento correspondiente respecto de la solicitud de plebiscito recibida, a más tardar al día hábil siguiente de su presentación. La notificación de la solicitud tendrá efectos suspensivos respecto del inicio o continuación del acto administrativo, con el fin de que la Junta Estatal Ejecutiva analice la solicitud y manifieste si en definitiva se inicia el proceso de plebiscito, en cuyo caso la autoridad deberá esperar a que se produzcan los resultados de votación para proceder de conformidad a lo que establece esta ley.”

En el caso que nos ocupa, y que nos va a necesitar igual, que pudiéramos tenerle un espacio de atención por el tema tan importante que es el de la consulta, y más aún en este momento que están por verse las leyes secundarias, yo creo que debemos, en esta iniciativa, analizar y detenernos para determinar que podamos en verdad contar y podamos corregir los ausentes que hubo en la Ley de Consulta Popular.

Yo les quiero también decir que, respecto a una tercera propuesta de esta iniciativa, estamos adicionando a los artículos 40 y 45 medidas para que las personas con discapacidad auditiva y visual puedan participar en las consultas populares con medidas como la propaganda o lenguaje de señas y las plantillas en braille.

Tenemos tratados internacionales y tenemos en la propia Constitución el derecho de que todos tienen que ser consultados, y me parece que esta parte de la población debería ser tomada en cuenta para tomar todos los mecanismos y todas las medidas necesarias para poder consultarlos y, asimismo, pueda ser un tema tan relevante como el que se viene para el año próximo que es la reforma energética, que pueda ser suspendida en sus actos, porque es un tema que debe ser llamado a consulta de la ciudadanía y de quienes son los dueños y dueñas del petróleo de este país, que somos todas y todos los mexicanos.

Muchas gracias.



- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Bautista Bravo. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Se concede ahora la palabra a la Diputada Dora Talamante Lemas, a nombre de la Diputada Cristina Olvera Barrios, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar un proyecto de Decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 64, FRACCION II BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE BANCOS DE LECHE

(Presentada por la C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, a nombre de la C. Diputada Cristina Olvera Barrios, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

- La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia.

En estas últimas dos décadas, la situación nutricional de las niñas y niños menores de cinco años en México ha tenido avances considerables.

A la fecha, la desnutrición crónica ha disminuido la mitad en comparación a los valores de 1981; sin embargo, ésta sigue siendo elevada, pues presenta aproximadamente a 1.5 millones de menores de 5 años en esta situación.

Atender este problema en coordinación es indispensable para asegurar el derecho de la supervivencia y desarrollo de las niñas y niños de México, así como para garantizar el futuro de nuestro país.

Se requieren medidas eficaces en lo inmediato, debemos atender el problema desde su origen y, en muchos sentidos, esta desnutrición se presenta entre la primera alimentación infantil.

En la agenda de mi grupo parlamentario, el interés superior de la infancia es una de nuestras máximas prioridades. Es por ello que se han dirigido iniciativas, como la que presenté en febrero de este año a la Ley Federal del Trabajo, destinada a facilitar a las mujeres que laboran en un centro de trabajo alimenten a sus hijos con leche materna.

En congruencia con lo anterior y a nombre de mi compañera, la Diputada Cristina Olvera Barrios, presento a esta Soberanía el proyecto de iniciativa que reforma el artículo 64, fracción II Bis de la Ley General de Salud, destinada a establecer la creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa, dentro de establecimientos de salud que cuenten con los servicios neonatales.

El mejor inicio de una vida sana es la lactancia materna; además de estrechar el vínculo entre madre e hijo, la lactancia materna aporta las proteínas que necesita el menor para el desarrollo de sus defensas y las madres también obtienen grandes ventajas, ya que previene la anemia tras el parto y disminuye el riesgo de la osteoporosis y de cáncer de mama y de ovarios.

Por sus contenidos nutricionales, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, recomiendan que durante los primeros seis meses de edad, el recién nacido sea alimentado exclusivamente con leche materna y como comida complementaria hasta los dos años de edad.

Al ser alimentado con leche materna, cada instante ingiere las calorías necesarias para cubrir sus necesidades energéticas, recibiendo los nutrientes que le ayudarán a desarrollar su aparato digestivo y el sistema nervioso central, por mencionar algunos de sus beneficios.

 Sin embargo, factores como la vinculación de la mujer al campo laboral, la publicidad, entre todos estos factores han provocado que la lactancia materna se abandone tempranamente y que la alimentación de niños y niñas sea a través de leche de fórmula.

Por ello, como legisladoras y legisladores tenemos la obligación de mejorar las condiciones de salud y nutrición de las niñas y los niños a través de la ingesta de la leche materna.

Por eso resulta ideal para cualquier recién nacido, sobre todo para los prematuros, los enfermos hospitalizados y para aquellas madres que estén imposibilitadas para amamantarlos.

Sociedades científicas como la Academia Americana de Pediatría o la misma Organización Mundial de la Salud, reconocen que cuando la leche materna de madre propia no está disponible, la leche materna donada es la mejor alternativa.

Ese es precisamente el objetivo de esta iniciativa, impulsar implementaciones de más bancos de leche materna en todo el país. Bancos de leche son dispositivos sanitarios establecidos para la obtención de la leche humana a fin de recogerla, procesarla, almacenarla y distribuirla, cumpliendo con un propósito social fundamental que es preservar la salud y la vida de los menores que requieren de este producto biológico.

Compañeras y compañeros legisladores: A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, los invito a reflexionar sobre la importancia de seguir impulsando medidas legislativas que contribuyen a aprovechar la lactancia materna en los primeros años de vida, y seguramente la mayoría de las madres de familia de este país que no tienen la oportunidad de poder amamantar a sus hijos, de verdad agradecerán enormemente tener la oportunidad, que otras que sí pueden, de obtenerla en el banco de leche materna.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

"Quien suscribe, CRISTINA OLVERA BARRIOS, Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 64 fracción II Bis de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

a. Planteamiento del problema

Nuestra Constitución Política consagra todos los derechos humanos reconocidos  universalmente y reitera con ello la plena observancia jurídica de la aspiración más elevada del hombre, que es el Derecho a una Vida Plena; enalteciendo en todo momento la dignidad, el valor de las personas y sobre todo, la igualdad entre hombres y mujeres.

A pesar de la vigencia de la declaración universal de los derechos humanos, por la que cada uno de los estados miembros se comprometió a asegurar su cumplimiento a través de la adecuación de su legislación interna, así como la implementación de acciones que permitan hacer efectivos los derechos fundamentales del hombre, en México aún persisten temas por atender, como el caso de los derechos del niño, particularmente el de alimentación y, por ende, el de salud; es posible observar lo anterior con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tanto en su apartado sobre Nutrición, como el destinado a reforzar la importancia de la leche materna y también de manera empírica, con la simple observación hacia menores que presentan diversos problemas de desnutrición, malos hábitos de alimentación que se traducen en anemia, sobre peso y obesidad, entre otros, dando lugar al padecimiento de enfermedades crónicas y agudas desde los primeros años de vida, que repercuten en cada una de las etapas de su desarrollo, y en el peor de los casos pueden provocar la muerte del menor.

Es por ello que la realidad nos exige ser congruentes  para hacer posible que el Estado implemente las acciones necesarias para que los menores gocen de sus derechos fundamentales, de manera particular, como lo hemos señalado, el derecho a la alimentación y a la salud; por lo que es menester orientar y desarrollar las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento al reconocimiento y recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para incentivar la lactancia materna, como el alimento exclusivo durante los primeros 6 meses y seguir con la lactancia materna como alimento complementario hasta los 2 años, o más, si así lo desean, dando lugar a la creación de los bancos de leche materna para garantizar un desarrollo integral de los menores que se traduzca en optima salud.

b. Argumentación:

Día a día, las niñas y niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su crecimiento y desarrollo, son víctimas de los flagelos de la pobreza y de graves crisis económicas, del hambre, de la falta de vivienda, de epidemias, de analfabetismo, así como de un tema no menor, que consiste en la deficiente y precaria alimentación y salud durante los primeros años de vida y los niños en México no son la excepción.

El derecho a la alimentación ha sido reconocido en Tratados y documentos internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 19481, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1 , o el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador"2.

Y para el caso, en especial la Convención de los Derechos del Niño de 1990, en el que se aborda de manera particular la alimentación de los niños en donde se señala que "los Estados Partes reconocían el derecho pleno del niño a disfrutar del más alto nivel de salud por lo que adoptaría las medidas necesarias para la plena aplicación de este derecho"y con ello, reducir la mortalidad infantil.

De igual forma, se "comprometía a combatir las enfermedades y la malnutrición, a suministrar alimentos nutritivos adecuados y asegurar que todos los sectores de la sociedad, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños así como las ventajas de la lactancia materna".

En el mismo año, la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, aprobó la Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, y el Plan de Acción para aplicar la Declaración. En este aspecto cabe señalar que en la década de los noventas se registró una mortalidad por desnutrición de 40,000 niños; por ello, se estableció la obligación de los Estados participantes de "mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños", a fin de reducir la mortalidad de los menores de cinco años.

Finalmente, se asumía el compromiso de dichos países de velar por el bienestar de los niños, trabajo que significaría la adopción de dos políticas principales: "erradicar el hambre y la desnutrición e incentivar la lactancia materna".

Desde la primera etapa de vida, una adecuada alimentación, rica en nutrientes, siempre será relevante para lograr la buena salud debido a la contribución transcendental que realiza, ya que determina la manera en que responderá el organismo de los niños a las circunstancias e inclemencias de su entorno y, a la vez, constituye uno de los factores para su evolución y desarrollo somático y neurológico, por lo que una inadecuada ingesta de alimentos se traducirá en enfermedad y eventualmente, provocará la muerte de los pequeños en la etapa de los primeros años de vida. 

Es cierto que México ha estado comprometido en reducir las enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias en los niños menores de un año pero, tal como indica el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía, todavía se presentan y no ha sido un problema que se haya resuelto ya que "aun se suscitan defunciones que afectan a este grupo de edad, cuyos factores maternos están vinculados primeramente a la desnutrición y por otro lado, a factores exógenos que tienen que ver con el medio en que se desarrolla el niño (exposición a microorganismos, condiciones sanitarias, nutrición, entre otras); lo que ha provocado que la tasa de mortalidad infantil sea considerada como un indicador que da cuenta del bienestar de vida de la población" 3.

La UNICEF en México, señala que a pesar de los avances en materia de combate a la desnutrición infantil que se han experimentado en los últimos años, las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la población.

En el grupo de edad de cinco a catorce años, la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales.

El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no indígena.4

Por otra parte, información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalan que en 2011 fallecieron 13.7 niños menores de un año por cada mil nacimientos, siendo Guerrero, Chiapas y Oaxaca las entidades con las tasas más altas (por encima de las 17 defunciones por cada mil).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), señala sobre la alimentación  que reciben los niños en el país que "la lactancia se deterioró y ha llegado a niveles muy bajos, principalmente  entre los más vulnerables. Su promoción, protección y apoyo deben ser integrales, coordinados, financiados y evaluados con liderazgo del Gobierno Federal y participación de diversos actores"5.

Este deterioro es resultado de no seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud(OMS), que impulsa y promueve el fortalecimiento y prevalencia de la lactancia maternacomo alimento exclusivo a partir de las primeras horas de vida y hasta los 6 meses, continuadapor dos años o más, si así lo desean. Mientras que en los meses que siguen, "la mayoría de los niños que reciben alimentos entre los 6 y 8 meses, consumen una dieta con una mínima diversidad en el segundo semestre de su vida"6.

Es prioritario mencionar que en la reunión 101 de la Organización Mundial de la Salud, realizada el 19 de enero de 1998, el Consejo Ejecutivo instó a que se diese nuevo énfasis al compromiso mundial de asegurar una nutrición adecuada del lactante y del niño pequeño en particular, con respecto a la lactancia natural y la alimentación complementaria.

Posteriormente, la OMS, en estrecha colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, organizó una reunión consultiva en Ginebra, Suiza, durante los días 13 a 17 de marzo del año 2000, para evaluar las políticas de alimentación del lactante y del niño pequeño; analizar las intervenciones fundamentales y formular una estrategia integral para el próximo decenio, la cual tendría como prioridad subrayar la necesidad de que se formulen políticas nacionales integrales de alimentación del lactante y del niño pequeño, con inclusión de directrices para velar por la alimentación adecuada de los lactantes y de los niños pequeños en circunstancias excepcionalmente difíciles, y la necesidad de asegurarse de que todos los servicios de salud protejan, fomenten y apoyen la lactancia natural exclusiva y una alimentación complementaria, oportuna y adecuada.

Debemos tener presente, que uno de los propósitos fundamentales de la estrategia antes mencionada es "mejorar, a través de una alimentación óptima, el estado de nutrición, el crecimiento y el desarrollo, la salud y, de este modo, la supervivencia de los lactantes y los niños pequeños"7y se incremente el compromiso de los gobiernos en favor de las prácticas óptimas de alimentación del lactante y del niño pequeño. La estrategia pretende ser una guía para la adopción de medidas e identificar intervenciones cuyas consecuencias positivas durante este periodo están probadas8.

De lo anterior se destacan los siguientes puntos:

● Es fundamental que la cuestión de la alimentación mejorada del lactante y del niño pequeño siga ocupando un lugar destacado en el programa de acción de salud pública, para consolidar los avances logrados durante los últimos dos decenios.

● Veinte años después de la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y tras 10 años de aplicación de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición, la Declaración de Innocenti y la Iniciativa «Hospitales amigos del niño», corresponde ahora a los gobiernos, a la comunidad internacional y a otras partes interesadas, renovar su compromiso de promover la salud y la nutrición del lactante y del niño pequeño y de colaborar entre ellos con ese fin.

● El éxito de la aplicación de la estrategia mundial se basa, ante todo, en el logro de un compromiso político al más alto nivel y en el allegamiento de los recursos humanos y financieros indispensables.

● Otras condiciones de gran prioridad para tener éxito son la definición de metas y objetivos adecuados, un calendario realista para su logro, y un proceso y unos indicadores de resultados cuantificables que permitan una vigilancia y una evaluación precisas de las medidas adoptadas y una respuesta rápida a las necesidades identificadas.

Por lo tanto, nos corresponde, en competencia de nuestras atribuciones, atender y resolver esta problemática a la brevedad, priorizando en todo momento, la preocupación por el enorme número de lactantes y de niños pequeños del país, que son alimentados de manera inadecuada, que hace peligrar su salud, crecimiento y desarrollo, y con ello, su propia supervivencia.

Cada año, hasta un 55% de las muertes de lactantes es atribuida a enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, mientras que menos del 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna durante los cuatro primeros meses de vida.

Con frecuencia, las prácticas de alimentación complementaria son inoportunas e insalubres; es decir, las prácticas inapropiadas de alimentación contribuyen a la carga mundial de morbilidad, incluida la malnutrición y sus consecuencias, tales como la ceguera y la mortalidad por carencia de vitamina A; los problemas de desarrollo psicomotor, debidos a la carencia de hierro y a la anemia; las lesiones cerebrales irreversibles, por deficiencias de yodo; los enormes efectos que la malnutrición proteinoenergética tiene en la morbilidad y la mortalidad, y las consecuencias de la obesidad infantil en las etapas avanzadas de la vida.

La OMS señala que:

● La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.

● Igualmente recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo), como el alimento perfecto para el recién nacido y su administración debe comenzar en la primera hora de vida.

● Se recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida.

Después debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años.

Es evidente que la mortalidad de los lactantes y los niños pequeños puede reducirse mejorando la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, así como con una alimentación complementaria sana y apropiada, desde el punto de vista nutricional, mediante la introducción de cantidades adecuadas de productos autóctonos y alimentos locales inocuos, mientras se mantiene la lactancia hasta al menos los dos años de edad.

Por ello, tenemos la obligación de mejorar las condiciones de salud y nutrición de las y los niños, a través de la ingesta de leche materna, ya que por sí sola, resulta ser el alimento ideal para los lactantes durante los seis primeros meses de vida en la medida en que contiene todos los elementos nutritivos, los anticuerpos, las hormonas y los antioxidantes necesarios para el crecimiento.

La leche materna protege a los bebés contra la diarrea y las infecciones agudas de las vías respiratorias y estimula el sistema inmunológico del niño y la reacción a las vacunas; más aún, según ciertos estudios, la lactancia materna entraña para el niño diversas ventajas de índole cognoscitiva.

Debemos emprender e instrumentar acciones que permitan que la lactancia materna sea una realidad en el país; es oportuno recordar que en el año 2001, la Organización Mundial para la Salud (OMS) afirmó que la promoción de la Lactancia Materna es una de las estrategias más efectivas que han contribuido indiscutiblemente en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente en lo concerniente a la reducción de la mortalidad infantil y neonatal (ODM 4), con un efecto de aproximadamente 13% en la disminución de la mortalidad infantil.

Adicionalmente, partiendo de que esta práctica de alimentación infantil se considera una de las mejores "apuestas" de la salud pública, es evidente que para llevarla a cabo y hacerla realidad, es indispensable la creación de bancos de leche humana y es por ello que9, en la actualidad muchos países intentan asegurar por este medio que sus beneficios estén al alcance de todos los recién nacidos. Para ello se considera que deben ponerse en marcha acciones en distintos niveles: gobiernos, sistemas de salud, empleadores, industrias que fabrican alimentos infantiles, organizaciones de base, y comunidades entre otras.

Gracias a los avances en la ciencia, de la tecnología y al gran número de estudios que han confirmado los múltiples beneficios de la Leche Materna, se ha impulsado su almacenamiento en los llamados Bancos de Leche Humana (BLH), una de las mejores ideas como opción alternativa, cuando una madre no puede alimentar directamente del pecho a su hijo.

Es necesario tomar en cuenta que las fórmulas infantiles en polvo no son productos estériles y plantean riesgos para los recién nacidos, especialmente los de alto riesgo; por tal razón, la OMS ha reconocido el importante papel que juegan los BLH, incluso ha considerado a La Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana, fundada en el 2007, como la estrategia de bajo costo y elevado impacto social que más ha contribuido en la reducción de la mortalidad infantil.

Con la promoción y creación de los bancos de leche, que se reconocen como un centro especializado que recibe, procesa, almacena y distribuye leche materna, se podrá lograr:

● Promocionar la lactancia natural, al apoyar a las madres que quieren amamantar a sus hijos y disminuir los riesgos inherentes a la alimentación artificial.

● Promover la alimentación exclusiva con leche materna a todos los bebés prematuros y enfermos hospitalizados, y aquellos cuyas madres estén imposibilitadas para amamantarlos.

● Contribuir a la disminución de la morbimortalidad neonatal de los bebés prematuros hospitalizados, mejorar su crecimiento y desarrollo por medio de la alimentación con leche materna suministrada en el banco de leche.

● Contribuir a reducir costos de funcionamiento, ya que los BLH actúan como centros de promoción, protección y apoyo a la Lactancia Materna y sirven como centros de capacitación para el personal de salud.

Es importante mencionar que la finalidad de los Bancos de Leche será "establecer reservas de este alimento para dar seguridad al derecho que tienen todos los recién nacidos a una alimentación oportuna y gratuita, además de fomentar la lactancia materna y disminuir el suministro de formulas"10, sabiendo que tienen prioridad aquellos menores que no pueden ser amamantados (prematuros, desnutridos, post operados, quienes pesen menos de 1,500 gramos y a los neonatales con problemas gastrointestinales).

Además, los bancos de leche también sirven como centros de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Actualmente, en México solo existen diez bancos de leche humana, que se ubican en las entidades del Distrito Federal, Estado de México, Zacatecas, Tabasco, Veracruz y Jalisco11.

Ya en su momento, la Secretaria de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señaló al responder un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el 2013, que uno de los retos que se enfrentaba era "establecer al menos 6 bancos de leche humana nuevos cada año y establecer la Red", entre otros12.

Los argumentos son bastos, no objetemos con pretextos menores y apostemos por encontrar alternativas que impulsen y contribuyan a la lactancia materna; cumplamos con el derecho más elemental cuando nace un niño, que es garantizar su sobrevivencia, así lo establece el Artículo 28, fracción A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al señalar que "las autoridades federales, estatales y municipales, en ejercicio de su competencia, deben coordinar sus acciones para reducir la mortalidad infantil".

No olvidemos que las prácticas alimentarias tienen efectos profundos en el crecimiento, el desarrollo, el desempeño y la calidad de vida de los niños y en su vida de adultos.

El cuidado de la salud, a través de la alimentación, debe ser un proceso continuo a cargo del Estado, que a diferencia de las acciones para solucionar problemas, el cual tenga un carácter permanente para que se convierta en un detonante que evite graves complicaciones que originan enfermedades.

Los niños representan el futuro, por lo que su crecimiento y un desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades para nuestras sociedades.

Debemos cumplir la obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación y tomar las medidas necesarias para garantizar su disfrute al poner los medios al alcance; también privilegiemos cumplir nuestra responsabilidad, dando prioridad al mandato de la Constitución Política, que establece que "en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez"13.

La población demanda la formulación de una estrategia responsable y comprometida con el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que se traduzca en una salud completa para nuestros niños; por ello, el Estado debe replantear y formular las políticas públicas que sean necesarias para ese efecto y dicha estrategia, deberá considerando las atribuciones y responsabilidades de cada nivel de gobierno, de cada integrante de cualquier sector de la población y de la sociedad en su conjunto.

La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas; la lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia y del país, además de ser una forma segura de alimentación e inocua para el medio ambiente.

Para México debe ser un imperativo la elaboración de políticas públicas y la correspondiente legislación que coadyuve y auxilie a tener una población sana, principalmente cuando de niños se trata.

Es indispensable la intervención oportuna de las diversas autoridades y sectores, en el caso particular desde el Poder Legislativo, para que se promuevan las reformas que adecuen a la realidad sobre la atención que tiene la alimentación de los niños, siempre sumando esfuerzos con los ciudadanos, el sector académico especialista, la industria, y el sector gubernamental.

En este contexto, es propicio y urgente proponer la adecuación del marco jurídico y enaltecer la importancia de la alimentación y salud del menor, al establecer la responsabilidad y obligación del Estado para propiciar la creación de nuevos bancos de leche humana en todo el territorio nacional.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea el presente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 64, fracción II Bis de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche, para lo cual expreso la siguiente:

Artículo Unico.  Se  reforma el artículo 64 fracción II Bis de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche, para quedar como sigue:

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. a II. …;

II Bis. La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

Transitorio

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a  los 28 días del mes de mayo  de 2014.

Dip. Fed. Cristina Olvera Barrios".

1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, artículo 11. 1, que establece:  "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento".

2 Protocolo de San Salvador, artículo 12. 1, que establece que: "Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual".

3 "Estadísticas a propósito del Día del Niño" Datos Nacionales al 30 de abril 2013, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

4 UNICEF,  Salud y nutrición, página electrónica:  http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

5 Prácticas de alimentación infantil y deterioro de la lactancia materna en México", Presentar prácticas de alimentación infantil (PAI) en México de la Encuesta Nacional Salud y Nutrición  ENSANUT 2012) y ofrecer información para el desarrollo de políticas públicas, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Resultados Nacionales 2012, Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2012.

6 Ibídem. Sobre la alimentación complementaria (sucedáneos) "México se ha adherido solo parcialmente al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, dejando fuera elementos importantes que protegen las salud y sobrevivencia del niño como, por ejemplo, la lactancia en el segundo año de vida, entre otros.
Se manifiesta que la lactancia ha llegado a niveles muy bajos y está en deterioro; muy especialmente entre los más vulnerables y ha  aumentado el consumo de fórmulas y de otras leches no maternas así como en el consumo de agua. En comparación, la alimentación complementaria ha mejorado en México. Es indispensable concretar la política pública reciente en pro de la lactancia, para lo que será indispensable la participación de la Academia, los medios de comunicación masiva, la vigilancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, la implementación de estrategias de corresponsabilidad y rendición de cuentas de fabricantes de fórmulas infantiles y la incorporación de empleadores de mujeres, la vigilancia de una legislación laboral que apoye a las madres lactantes trabajadoras, una investigación que sustente y evalúe avances de la iniciativa y la coordinación y financiamiento del Gobierno Federal.

7 "Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño", documento emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2003.

8 Ibidem

9Organización Mundial de la Salud, página electrónica: http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2013/world_breastfeeding_week/es/

10 Entrevista a la Doctora Ruth Flores Granados, Pediatra responsable del Banco de Leche Humana del Hospital General de México, Periódico "La Crónica" en el 2013.

11 "Bancos de leche humana: escuela de nodrizas", Nota del periódico El Financiero, miércoles 02 de octubre de 2013.

12 Oficio No. DGPL-1P2A.-2124, firmado por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, de fecha 10 de octubre de 2013.

13 Párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Gracias a usted, Diputada Talamante Lemas. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.






Se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Leobardo Alcalá Padilla, para presentar a nombre propio y de la Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Presentada por el C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y de la C. Diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

Es un verdadero privilegio el poder hablar a nombre de la compañera y amiga Diputada del Estado de Campeche, Rocío Adriana Abreu Artiñano, y del mío propio.

De lo que vamos a hablar, quizás muchos están en la connotación de cuando hablamos de adultos mayores, pareciera que siempre, cuando se habla de este grupo vulnerable, pues, es prácticamente parte de la vida cotidiana.

Hoy les puedo decir que un adulto mayor, por desgracia y desfortuna, se ha convertido para muchos, incluso, en una carga, dado que ellos después de haberse partido el alma por muchos de nosotros, hoy no tienen las mínimas garantías para poder subsistir en un país como el nuestro.

Esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tiene como connotación el hecho de poderlos integrar a una vida en donde puedan tener un trabajo digno.

Y miren, no muchos de los que estamos aquí, quizás, estemos cerca de tener 60 y más años. Pero las alternativas para el año 2020, aproximadamente seremos, o serán, cerca de 19 millones de adultos mayores, y hoy el país no se ha preparado para ello.

De nada ha valido que en el artículo 123 de nuestra Constitución se hable de un trabajo digno para todo el mexicano, se hable de que socialmente deberían de ser útiles.

Hoy mi reflexión es que una persona adulta mayor de 60 ó 65 y más años, pues si ustedes hablan con alguien de 40 años que en este momento no tenga trabajo, pues se convierte también prácticamente en un adulto mayor porque no tiene la más mínima expectativa de poder tener algún ingreso de índole económico.

Estas garantías constitucionales se practican desde el año de 1917, pero en la actualidad, compañeras y compañeros, todos sabemos el fenómeno del desempleo que se ha convertido en un reto que agobia a todos los sistemas económicos y que amenaza con desbordar la armonía social y la paciencia, la paciencia de todos aquellos que habiéndose preparado para su ingreso a la sociedad, no encuentran espacios para su desarrollo laboral.

Este fenómeno afecta también a quienes atesoran algo muy preciado que es la experiencia, cosa que a muchos no se les da.

Hoy venimos argumentando lo que ya se ha expresado, y que hoy lo reitero una vez más, en las personas adultas mayores está la inercia sabiduría del camino andado, el temple y la seguridad de la experiencia, la eficacia, la eficiencia y, sobre todo, el esmero, siempre creador y responsable con todos sus actos, pero lo más importante, han dado, cada una y cada une de ellos, la vida por todos los que aquí estamos.

Y hoy corresponde a este grupo poder votar una iniciativa, que a todas luces trata de corroborar y trata de ejemplificar las necesidades que ellos mismos tienen.

Miren, las expectativas de vida hoy, en nuestro país, son de 74 y 76 años, tanto para hombres como para mujeres.

El grave problema es que hoy no nos hemos venido preparando, y una cosa tan sensible, no hemos preparado suficientes geriatras en el estado de donde provengo, Jalisco, que son 7 millones aproximadamente de habitantes y cerca de 500 mil adultos mayores, solamente existen un poco menos de 30 geriatras.

Hoy, como ya lo dije, existen más de 9 millones, y para el año 2020 esta cifra se duplicará.

El 10 por ciento de los adultos mayores en este momento son mujeres. Hoy, muchas de estas, una de cada 5 familias, tiene como jefa de familia a una mujer adulta mayor que la hace de mamá, la hace de papá, la hace de proveedor y aparte la hace de consejera.

Pero cuando esta persona no tiene la capacidad de poder proveer con adecuación a la familia, el derrumbe de un núcleo social es prácticamente inminente.

No hablaría del porcentaje de analfabetas, porque a muchos, quizás, no les preocupe. Algunos que solicitan ser atendidos cuando están en esta tribuna, hoy solicitaría de la misma forma su atención.

Las personas adultas mayores están esperando la institucionalización de políticas públicas que promuevan su desarrollo integral y su reincorporación plena a la economía nacional.

El 3 de agosto de  1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Sociedades Cooperativas, que tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de esta forma de organización social para el trabajo de sociedades corporativas.

De la misma forma, el 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Es por ello que hacemos una modificación a la fracción VI del artículo 19 de la ley ya mencionada, y como se puede observar, estamos planteando que la política pública nacional en materia de personas adultas mayores, incorpore el objeto de garantizar la capacitación y financiamiento para el auto empleo a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y también particulares, sociedades cooperativas y, en general, la organización social para que el trabajo sea digno, productivo y socialmente útil a las personas adultas mayores.

El proyecto de Decreto propone reformar la fracción VI del artículo 19 de la Ley de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como ya lo mencioné.

A quienes estuvieron atentos, les agradezco; y a quien no, ojalá, cuando sean adultos mayores, recapacitemos de la importancia de esta iniciativa.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los suscritos ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO Y LEOBARDO ALCALA PADILLA, Diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la  presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra como garantía social el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, estableciendo como obligación gubernamental, la de promover la creación de empleos y la organización social del trabajo.

Esta garantía constitucional es vigente desde 1917, sin embargo, tenemos que reconocer que aún con los esfuerzos realizados no se ha logrado hacer realidad este derecho de todos los mexicanos.

En la actualidad, todos lo sabemos, el fenómeno del desempleo se ha convertido en un reto que agobia a todos los sistemas económicos y que amenaza con desbordar la armonía social y la paciencia de todos aquellos que habiéndose preparado para su ingreso a la sociedad productiva, no encuentran espacios para su desarrollo laboral.

Este fenómeno afecta también a quienes atesoran la experiencia, pero que han dejado de tener espacios para continuar formando parte de la población económicamente activa; es decir, las personas adultas mayores.

Por ello considero que es a nuestra generación a la que corresponde enfrentar este reto y encontrar o diseñar lo necesario para canalizar no sólo la energía social sino también el potencial de grandes sectores de la población como lo son, no sólo los jóvenes, respecto de los cuales el estado ya propicia la existencia de incentivos para su acceso al primer empleo, sino también en algo no menos importante como lo es privilegiar la capacitación y el financiamiento para autoempleo de sociedades cooperativas y en general de la organización social para el trabajo digno, productivo y socialmente útil de las personas adultas mayores.

Argumentación.

Lo he expresado y hoy lo reitero una vez más: en las personas adultas mayores está inmersa la sabiduría del camino andado, el temple y la seguridad que da la experiencia, la eficacia, la eficiencia y el esmero siempre creador y responsable en todos sus actos.

Las personas adultas mayores constituyen un sector de población que va en aumento con relación al resto de la población. Se debe principalmente a que, ya desde hace muchos años, los avances científicos y especialmente los relacionados con la medicina, han hecho decrecer las tasas de mortalidad.

Se han llevado a cabo con éxito, campañas de vacunación contra las epidemias y afortunadamente, han quedado en el registro de la historia las guerras y los movimientos sociales revolucionarios.

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población “CONAPO”, en México, se estima que existen en la actualidad alrededor de nueve millones de mexicanos con 60 años cumplidos. Las proyecciones al respecto, permiten visualizar, que de permanecer las mismas variables, no sólo se duplicará la cifra, sino que se rebasará en los próximos veinte años.

En la estadística, no menos importante es observar que son las mujeres las que sobreviven en mayor número con relación a los varones. En cada grupo de personas de sesenta a sesenta y cinco años, hay un diez por ciento más de mujeres que varones; y, entre los setenta y cinco y los ochenta años de vida, el porcentaje es mayor, ya que llega al veinte por ciento.

Nos queda claro entonces, que son las mujeres las que predominan en este amplio sector de población conformado por las personas adultas mayores. En materia de educación se ha logrado mucho, pero es innegable que en los adultos mayores existe rezago acumulado. El porcentaje de analfabetismo llega al treinta por ciento. En el ámbito laboral, las oportunidades de empleo son muy escasas para las personas adultas mayores, no obstante que los hombres de sesenta a setenta años conservan su empleo y permanecen dentro de la población económicamente activa, muchos incluso después de los setenta.

El empleo informal es la fuente más importante de ocupación e ingreso para las personas de sesenta años o más. En nuestro país, una de cada cinco familias tiene a una persona adulta mayor como jefa o jefe del hogar. La mayor parte de estas personas aún cuando no hayan leído el texto constitucional, saben que tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil; pero, generalmente ignoran como formar parte del autoempleo, de sus posibilidades de ingreso a las sociedades cooperativas y en general lo que es la organización social para el trabajo; y mucho menos, que esto represente una opción viable para desarrollar sus intrínsecas potencialidades.

Las personas adultas mayores, están esperando la institucionalización de políticas públicas que promuevan su desarrollo integral y su reincorporación plena a la economía nacional. Avances en este sentido, afortunadamente los hay. Desde 1917, se consagraron en el artículo 123 constitucional, las garantías sociales en materia de trabajo y de la previsión social. Se encuentra establecido en la norma fundamental que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que al efecto, el estado promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo.

El tres de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Sociedades Cooperativas, que tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de esta forma de organización social para el trabajo. Sociedades cooperativas que pueden ser integradas por personas físicas con base en intereses comunes y principios de solidaridad. Lo que se busca, es conjuntar esfuerzo propio y ayuda mutua en el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Más adelante, el 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de este sector de la población y establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Es decir, instituir una política nacional en materia de derechos de las personas adultas mayores; así como, los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación de esa política pública nacional.

En este orden de ideas, considero que es el momento de lograr que estas dos leyes se complementen para encauzar sus finalidades hacia las personas adultas mayores, de tal manera que se establezca en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, corresponde garantizar la capacitación y financiamiento para autoempleo a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares, sociedades cooperativas y en general la organización social para el trabajo digno, productivo y socialmente útil de las personas adultas mayores.

Para observar en su totalidad el texto vigente del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el texto propuesto, a continuación presento el siguiente comparativo:

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. El fomento a la creación de organizaciones productivas de personas adultas mayores en grupos productivos de diferente orden;

III. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. Asistencia jurídica a las personas adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales;

VI. La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares, y


VII. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados.

Artículo 19.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. El fomento a la creación de organizaciones productivas de personas adultas mayores en grupos productivos de diferente orden;

III. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;

IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo;

V. Asistencia jurídica a las personas adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales;

VI. La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares, sociedades cooperativas y en general la organización social para el trabajo digno, productivo y socialmente útil de las personas adultas mayores, y

VII. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados.

Como puede observarse, estamos planteando que la política pública nacional en materia de personas adultas mayores, incorpore el objetivo de garantizar la capacitación y financiamiento para autoempleo a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares, sociedades cooperativas y en general la organización social para el trabajo digno, productivo y socialmente útil de las personas adultas mayores.

Considero importante mencionar que esta iniciativa con proyecto de decreto, no tiene impacto presupuestario toda vez que no deriva en la realización de nuevas funciones, ni en la creación de nuevas estructuras orgánico administrativas, ni tampoco la ampliación de la oferta de bienes o servicios públicos, por lo que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.

Por las razones antes expresadas, estoy solicitando, muy respetuosamente, el voto aprobatorio de esta Honorable Asamblea, para esta iniciativa que pretende encauzar la energía y el potencial de las personas adultas mayores en beneficio propio, de sus familias y de la economía nacional, mediante la organización social para el trabajo digno y socialmente útil.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Unico.- Se reforma la fracción VI del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 19. …

I. a V. …

VI. La capacitación y financiamiento para autoempleo, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares, sociedades cooperativas y en general la organización social para el trabajo digno, productivo y socialmente útil de las personas adultas mayores, y

VII. …

Transitorios.

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de mayo de 2014.

Dip. Rocío Adriana Abreu Artiñano.- Dip. Leobardo Alcalá Padilla”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Alcalá Padilla. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.






Tiene ahora el uso de la tribuna la Diputada Lorenia Valles Sampedro, para presentar a nombre de la Diputada Verónica Juárez Piña y de Diputados de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Prevención, Combate y Erradicación a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, a nombre de la C. Diputada Verónica Juárez Piña y de CC. Diputados de diversos grupos parlamentarios)

- La C. Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, señor Presidente.

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Así también, en la 49ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1996, se reconoció a la violencia en sus diferentes formas como un problema de salud pública fundamental y creciente, e instó a los Estados miembros a tomar medidas para su atención por parte de los sistemas y servicios de salud, no sólo en el ámbito inmediato del tratamiento médico de las lesiones que resultan de esa violencia física, sino de los efectos en la salud emocional, sexual y reproductiva, así como en las manifestaciones crónicas de enfermedades asociadas con la misma.

Adicionalmente, se instó a los Estados miembros a mejorar los sistemas de registro y reporte de los diversos tipos de violencia, a desarrollar actividades de investigación sobre los factores de riesgo y mecanismos asociados a este fenómeno y al desarrollo de estrategias preventivas de la violencia que se presenta en los distintos espacios sociales, y que desafortunadamente en los últimos tiempos hemos visto como se recrudece esta violencia cada vez más.

En el Indice Global de Paz de 2013, México ocupa el lugar 133 de 162 países; cabe señalar que anteriormente ocupaba el sitio número 79, 54 posiciones ha perdido en seis años, siendo el séptimo de los países que ha bajado más su índice de paz en los últimos seis años, junto con Siria, Libia y Ruanda, entre otros.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el reporte temático número uno “sobre violencia y maltrato a menores en México”, de febrero 2005, señala que nuestro país ocupó el segundo lugar por su tasa de muertes por homicidio en menores de 15 años; en el periodo del 79 al 90, un promedio de 616 niñas y niños murieron cada año por homicidio, y durante 1991 a 2002 fueron 613, lo que se traduce que en nuestro país en 2005 morían asesinados, regularmente, dos menores de 14 años cada día, cifra que muy probablemente haya crecido considerablemente si tenemos en cuenta el repunte de los homicidios causados por el crimen organizado después de 2006.

Ensayo temático con título “La Violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales”, incluido en la publicación “La Infancia Cuenta en México”, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, señala que nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios en menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En 2005, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía agrupó el porcentaje de casos atendidos por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, según tipo de maltrato, de 2002 a 2004, observándose el maltrato físico como el de mayor incidencia en la región centro, con un promedio de 32.88 por ciento en el periodo mencionado, seguido por la omisión de ciudadanos con 26.9 por ciento en promedio y el maltrato emocional con un 21.93 por ciento en promedio; significando que este hecho va a la alza.

En esta misma región se reportaron un total de 14 mil 937 denuncias por maltrato infantil, siendo que 7 mil 798, que representa el 52 por ciento, se comprobó algún tipo de maltrato, pero lo más preocupante es que sólo mil 667 casos, que representan el 21.4 por ciento, fueron presentados ante el Ministerio Público.

Hay así una serie de datos, una serie de información que nos hacen ver de manera muy clara cuál es el problema de violencia en México, en todos los ámbitos, desafortunadamente, y quienes finalmente son más vulnerables son las niñas, los niños y los adolescentes.

Es por ello que esta ley general que hoy se presenta, se fundamenta en los artículos 1o. y 4o., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo y 73 fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de sentar las bases y establecer la concurrencia, colaboración y coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en los ámbitos respectivos de cada una de sus competencias para garantizar la prevención, el combate y la erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en la fracción XXIII del artículo 73 y artículo 21 de la Carta Magna, este último señala en su párrafo noveno que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y los municipios.

Es por ello que hoy tenemos el gusto de presentar, a nombre la Diputada Verónica Juárez Piña, la Ley General de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolecentes, con el objeto justamente de identificar los ámbitos que ya hemos referido: el hogar, la familia, la escuela, el entorno institucional, el lugar de trabajo y la comunidad como contextos de violencia, lo cual no implica la asignación de competencias de manera exclusiva a quienes trabajan en las instituciones de referencia, ni tampoco de una misma forma de violencia que no pueda darse en diversos entornos.

La prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes debe formar parte de la labor de todas las instituciones, y esta que es la institución legislativa, el órgano legislativo de nuestro país está obligado a voltear su mirada y atender los problemas que están afectando a nuestra población, sobre todo cuando hablamos de sectores tan vulnerables, los niños, las niñas y los adolescentes merecen una ley que permita la prevención, la erradicación y el combate de la violencia.

Es cuanto, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

Las y los suscritos VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA, MARIA DEL ROSARIO MERLIN GARCIA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ISELA GONZALEZ DOMINGUEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, CINTHYA NOEMI VALLADARES COUOH y MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, ALBERTO ANAYA GUTIERREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y LUCILA GARFIAS GUTIERREZ, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo  71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la LEY GENERAL DE PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Así también, en la 49ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1996, se reconoció a la violencia en sus diferentes formas como un problema de salud pública fundamental y creciente, e instó a los Estados Miembros a tomar medidas para su atención por parte de los sistemas y servicios de salud no sólo en el ámbito inmediato del tratamiento médico de las lesiones que resultan de la violencia física, sino de los efectos en la salud emocional, sexual y reproductiva, así como las manifestaciones crónicas de enfermedad asociadas con la misma.

Adicionalmente, se instó a los Estados Miembros a mejorar los sistemas de registro y reporte de los diversos tipos de violencia, a desarrollar actividades de investigación sobre los factores de riesgo y mecanismos asociados a este fenómeno y al desarrollo de estrategias preventivas de la violencia que se presenta en los distintos espacios sociales.

En el Indice Global de Paz de 2013, México ocupa el lugar 133 de 162 países; cabe señalar que anteriormente ocupaba el sitio número 79, perdiendo 54 posiciones en 6 años, siendo el 7° de los países que han bajado más su índice de paz en los últimos 6 años, junto con Siria, Libia y Ruanda, entre otros.

De 2011 a 2012 México tuvo un número de muertes cercano a casi el doble de las registradas en Irak entre 2007 y 20081, como producto de conflictos del crimen organizado.  Existe en el país al menos 10 cárteles: Sinaloa, Tijuana, Los Zetas, Familia Michoacana, Golfo, Beltrán Leyva, Caballeros Templarios, Milenio, Jalisco Nueva Generación.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el Reporte Temático Núm. 1 sobre “Violencia y Maltrato a Menores en México” de Febrero 2005, señala que nuestro país ocupó el segundo lugar, por su tasa de muerte por homicidio en menores de 15 años. En el periodo de 1979 a 1990 hubo un promedio de 616 niñas y niños que murieron cada año por homicidio y durante 1991 a 2002, fueron 613, lo que se traduce que en nuestro país en 2005, morían asesinados regularmente dos menores de 14 años de edad cada día, cifra que muy probablemente haya crecido considerablemente si tenemos en cuenta el repunte de los homicidios causados por el crimen organizado después de 2006.

El ensayo temático con título “La Violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales” incluido en la publicación “la Infancia Cuenta en México” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala lo siguiente:

● Nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

● En 2005 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), agrupó el porcentaje de casos atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), según tipo de maltrato de 2002 a 2004, observándose el maltrato físico como el de mayor incidencia en la región centro; con un promedio de 32.88% en el periodo mencionado, seguido de la omisión de ciudadanos con 26.94% promedio y el maltrato emocional con 21.93% en promedio, significando que este hecho va a la alza.

● En esta misma región se reportaron un total de 14,937 denuncias por maltrato infantil, siendo que 7,798 (52%), se comprobó algún tipo de maltrato, pero lo preocupante es que sólo 1,667 casos (21.4%), fueron presentados ante el MP.

El conteo hemerográfico de muertes en la población infantil por causa violenta, presuntamente relacionada a la lucha contra el crimen organizado al 3 de septiembre de 2012, realizado por la Redim, registró 174 niñas y niños muertos en el país en 2010, 244 en 2011, y 180 niñas y niños muertos en 2012, sin contar los meses de septiembre, noviembre y diciembre (REDIM, 2012: 34). Otro dato indica que la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años pasó, según la misma fuente, de 10.3% a 14.4% por cada 100 mil niñas y niños de este rango de edad entre 2009 y 2010.2

En el Diagnóstico de Percepción de la violencia de la organización de la sociedad civil “Save the Children”, 7,655 niños, niñas y adolescentes fueron entrevistados, arrojándose lo siguientes resultados:

● 58% ha vivido violencia en su escuela, 47% en su familia y 43% en su comunidad.

● 52% conocen a alguien que es miembro de una pandilla.

● 33% se han sentido discriminados.

● 72% ha visto a alguien consumiendo drogas.

● 54% ha presenciado un pleito entre pandillas.

● 83%  creen que pueden salir lastimados por la violencia.

● 38% confiesa que tiene miedo a salir a la calle.

Según las cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), estima que en México, por lo menos en 3 de cada 10 hogares, alguno de sus miembros es víctima de violencia familiar, en donde el 85% de los casos el agresor es el jefe de la familia, el 12% la madre y el 3% restante corresponde a otros miembros de la familia incluidos tíos, abuelos, primos, etc., en núcleo familiar los hijos son más agredidos, verbal y físicamente, por sus madres.

El maltrato infantil es uno de los fenómenos de violencia contra la infancia más generalizado; la diversidad de sus formas, su dimensión oculta en muchos casos, y la aceptación socio-cultural del fenómeno, no han permitido que se vuelva un tema prioritario en las políticas públicas, a pesar del derecho del niño a una vida libre de violencia (Art.19 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Según el derecho internacional de los derechos humanos, "es tan ilegal golpear, “abofetear” o “pegarle” a un niño o niña, como lo es dar ese trato a un adulto", independientemente de que se denomine a este tipo de violencia "disciplina" o "corrección razonable".3

Por otro lado, si analizamos la legislación, el castigo corporal en el hogar sigue siendo legal, ya que no está prohibido en la mayoría de los códigos civiles, ni penales, ni en las leyes de educación. Las leyes que regulan a las instituciones de asistencia tampoco prohíben ni sancionan el castigo corporal. En ocasiones incluso, aparece como una forma justificada de corrección o disciplina, lo que comúnmente se le conoce como el derecho de corrección de los padres de corregir a los hijos (Facultad de corrección).

En los Códigos Civiles y Penales, contemplan aún una concepción del niño, niña o adolescente como objeto de protección, donde los tipos penales consideran que el bien jurídico protegido en algunos delitos es el de los “buenos usos y costumbres”, antes que el de la integridad física o sexual de los niños, niñas y adolescentes, lo que conlleva a sanciones muy bajas para delitos muy graves, como la pornografía infantil, el turismo sexual, entre otros.

Asimismo, los homicidios por razón de parentesco que llegaron al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los años 2010 y 2011, se pudo observar que la mitad de las victima(s) fueron menores de edad, y que en más del 90% de los casos los victimarios fueron uno o ambos padres.

Ante cualquier abuso cometido en contra de los niños, niñas y adolescentes, las instituciones deberán responder de manera coordinada y efectiva. Por ello, esta iniciativa de Ley General de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, surge con el fin de poder abordar el problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de manera global, contemplando todos los entornos en la que la misma puede producirse, facilitando instrumentos que permitan su prevención, erradicación y combate.

Esta iniciativa supone un detenimiento más exhaustivo al problema de la violencia como tal, para definirlo, dar lineamientos institucionales y generar instrumentos e instancias que puedan fortalecer el trabajo que les corresponde hacer a las instituciones públicas y privadas.

El fundamento de esta nueva Ley General se encuentra por tanto, en los artículos 1° y 4° párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo y  73 fracción XXIX-P de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo su objeto el de sentar las bases y establecer la concurrencia, colaboración y coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias para garantizar la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en la fracción XXIII del artículo 73 y artículo 21 de la Carta Magna, este último señala en su párrafo noveno que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva (…), consecutivamente el párrafo décimo establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En esta misma lógica-jurídica, y considerando que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el cuerpo normativo que reglamenta el artículo 21 constitucional relativo a la seguridad pública; que de ella emanan las disposiciones de distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se prevé que en el ámbito de aplicación de la Ley General de Prevención, Combate y Erradicación  de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, se contemple supletoriamente la Ley.

Por lo anterior, la iniciativa de Ley General que se plantea, ha tomado en cuenta las definiciones y estándares internacionales en esta materia para adoptar una definición y determinar una selección de entornos de violencia acorde con las mismas, que sean lo suficientemente amplios para abarcar todas las formas posibles de violencia contra la infancia y la adolescencia, y al mismo tiempo, sirvan de guía para la implementación de políticas sectoriales coordinadas en el tema.

Por otro lado, se ha tomado como referente las propuestas de la Fundación En Pantalla contra la Violencia Infantil (FUPAVI), -quien cuenta con una gran trayectoria en el tema y se dedica a impulsar la atención al problema del maltrato infantil- las cuales constituyen la piedra angular de la presente iniciativa. También, se ha tomado como referencia las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas números 1, 8 y 13, así como las últimas Recomendaciones emitidas por el Comité para México.

Se ha tomado en cuenta el Informe Mundial sobre Violencia del Secretario General de las Naciones Unidas (así como la 56° Asamblea de la Organización Mundial de la Salud sobre “Aplicación de las Recomendaciones del Informe Mundial sobre Violencia”), el cual, hace un llamado importante a todos los países para legislar y adoptar políticas públicas específicas para la prevención, combate y erradicación de la violencia y establece los entornos o ámbitos en los que la misma puede producirse esta información se retoma para construir la clasificación de entornos que se hace en esta Ley General.

Los ámbitos referidos son puntualmente; el hogar y la familia, la escuela, el entorno institucional, el lugar de trabajo y la comunidad. La selección de estos contextos de violencia, no implica la asignación de competencias de manera exclusiva a quienes trabajan en las instituciones de referencia, ni tampoco que una misma forma de violencia no pueda darse en diversos entornos. La prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes debe formar parte de la labor de todas las instituciones. Sin embargo, definir los entornos, nos ayuda a establecer diversas políticas y acciones que llevadas a cabo en cada uno de estos ámbitos, contribuirán enormemente a la erradicación de este fenómeno.

Es por ello que, para cada uno de estos espacios, se desglosan una serie de medidas de prevención, combate y erradicación, por separado, y habrán de servir de pauta para la elaboración del Programa Nacional de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se prevé un Programa Nacional de Prevención, Erradicación y Combate a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes y una Comisión Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, como organismo descentralizado a nivel nacional dependiente de la Secretaría de Gobernación que servirá para el apoyo a todas las instituciones.

Por último, la Ley General de Prevención, Combate y Erradicación  de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes establece la responsabilidad de los funcionarios públicos que incurran en violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de esta ley, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que pudieran proceder en virtud de su conducta.

Con base en lo anterior, las y los diputados de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la:

LEY GENERAL DE PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

TITULO PRIMERO

REGLAS GENERALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto establecer las bases de concurrencia, colaboración y coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias para orientar el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 2°. La presente Ley se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que protejan derechos humanos en los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, favoreciendo en todo momento a las niñas, niños y adolescentes la protección más amplia de sus derechos.

Artículo 3°. En todo lo no previsto por la presente Ley, se observarán de forma supletoria la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal.

Artículo 4°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Niña o Niño: Toda persona de hasta 12 años de edad incumplidos;

II. Adolescente: Toda aquella persona que tenga 12 años cumplidos hasta 18 años incumplidos;

III. Ley: La Ley General de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes;

IV. Comité Nacional: Organo técnico de coordinación, consulta, instrumentación, evaluación, definición y de ejecución de todas las acciones y políticas públicas dirigidas a la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

V. La Coordinación Nacional: Conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios para lograr la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

VI. Comité Estatal: Organo técnico de coordinación, consulta, instrumentación, evaluación, definición y de ejecución de las acciones y políticas públicas estatales dirigidas a prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

VII. Programa Nacional: Programa Nacional de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes;

VIII. Programa Estatal: Programa Estatal de Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes; y

IX. Violencia: El uso deliberado del poder o de la fuerza psicológica, física, familiar, patrimonial, sexual y cibernética contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 5°. Es responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que protejan derechos humanos en los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y demás ordenamientos legales aplicables, a fin de que puedan disfrutar de una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado.

TITULO II

DE LA VIOLENCIA Y LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

CAPITULO I

DE LA VIOLENCIA

Artículo 6°. Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre violencia, entendiéndose por ello a vivir en paz y libertad, a desarrollarse integralmente en condiciones de salud e integridad física, emocional, psicológica y sexual, en un entorno de pleno respeto a sus derechos humanos.

CAPITULO II

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA

Artículo 7°. Los tipos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes:

I. Violencia psicológica: Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que, de manera enunciativa, pero no limitativa, puede consistir en agresiones verbales, maltrato emocional, burlas en público o en privado, descuido, negligencia, ausencia de cuidados, desatención de necesidades afectivas, incomunicación, aislamiento, menosprecio, intimidación, amenazas, inducción al delito, exposición a situaciones o imágenes violentas, atemorizantes, sexuales o intimidantes;

II. Violencia física: Cualquier acto que cause dolor o malestar interno o externo, aunque sea leve. Incluye los castigos corporales de cualquier índole, la obligación de efectuar actividades en contra de su voluntad, la explotación laboral, y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes;

III. Violencia familiar: Cualquier acto u omisión intencional que vaya dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir, dentro o fuera del domicilio familiar, ejercida por personas que tengan o hayan tenido relación de parentesco, por consanguinidad hasta el cuarto grado ascendente y colateral, por afinidad, por adopción, o por relación de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho con la víctima menor de edad;

IV. Violencia patrimonial: Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima menor de edad. Incluye, de manera enunciativa, pero no limitativa, la falta de pago de los gastos de educación, habitación, alimentación, la negación de oportunidades académicas, así como la falta de pago de la pensión alimenticia en los casos de separación o divorcio de los padres del menor de edad;

V. Violencia sexual: Cualquier acto que atenta contra la libertad e integridad sexuales de la víctima menor de edad. De manera enunciativa, pero no limitativa, incluye el abuso sexual, el hostigamiento, el acoso sexual, la violación, la explotación sexual en todas sus modalidades y la exposición de imágenes o productos pornográficos; y

VI. Violencia cibernética: Cualquier acto que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico, tales como: internet, páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes de texto, imágenes o videos por teléfono celular, computadoras, dispositivos móviles, videograbaciones y otros medios tecnológicos de la información digitales.

Todos los tipos de violencia son violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 8°. El derecho a una vida libre de violencia implica que:

I. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes es una violación a sus derechos en todo caso y en cualquiera de las modalidades y/o entornos en que se ejerza;

II. No podrá nunca justificarse la violencia en aras de la protección, la facultad de corrección de los padres o del interés superior de la niña, niño o adolescente;

III. Toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes se puede y debe prevenir, combatir y erradicar;

IV. Las medidas de prevención de la violencia incluyen aquellas de prevención primaria para la creación y fortalecimiento de los servicios de salud pública, educación y servicios sociales básicos;

V. La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido alguna forma de violencia debe basarse en el respeto y la promoción de su dignidad humana y su integridad física y psicológica como titular de derechos;

VI. Los integrantes de la familia deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes su derecho a vivir libres de violencia;

VII. Cada niña, niño o adolescente será reconocido, respetado y protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su intimidad;

VIII. El principio del estado de derecho se aplicará plenamente a las niñas, niños y adolescentes, en pie de igualdad con los adultos;

IX. En todos los procesos de toma de decisiones se respetará sistemáticamente el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente por la autoridad;

X. La participación de cada niña, niño y adolescente debe ser elemento básico de las estrategias y programas de atención y protección de sus derechos;

XI. El aseguramiento de la concurrencia y optimización de los recursos e instrumentos destinados para prevenir, combatir y erradicar la violencia;

XII. En todas las cuestiones que conciernan o afecten a las niñas, niños o adolescentes, se atenderá conforme a su interés superior como consideración primordial, especialmente cuando sean víctimas de actos de violencia, así como en todas las medidas de prevención;

XIII. Se promueva la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para buscar la protección y atención de la violencia;

XIV. La coordinación interinstitucional para prevenir, combatir y erradicar la violencia;

XV. El diseño e instrumentación de las políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de violencia; y

XVI. La promoción de programas permanentes de sensibilización y capacitación de los Servidores Públicos en la atención de casos de violencia contra las niñas, niños o adolescentes.

TITULO III

DE LOS ENTORNOS EN LOS QUE SE PUEDE PRODUCIR LA VIOLENCIA Y LAS MEDIDAS DE PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION

CAPITULO I

DE LOS ENTORNOS

Artículo 9°. Ante cualquier forma de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, intervendrán conforme a los mecanismos y previsiones de la presente Ley, para fortalecer la prevención, atención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 10. Los entornos en los que se puede producir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, son los siguientes:

I. En el hogar y la familia;

II. En entorno escolar;

III. En el ámbito institucional;

IV. En los lugares de trabajo; y

V. En la comunidad.

Un mismo tipo de violencia puede producirse en uno o varios entornos al mismo tiempo.

CAPITULO II

DE LA VIOLENCIA EN EL HOGAR Y LA FAMILIA Y LAS MEDIDAS PARA SU PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION

Artículo 11. La violencia en el hogar y la familia se produce en el espacio de convivencia familiar o es producida por alguna de las personas que tienen a cargo la custodia de la niña, niño o adolescente, o por alguno de los miembros de la familia aunque no convivan de manera permanente con el mismo.

Artículo 12. Son medidas de prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno del hogar y la familia:

I. Servicios pre y posnatales de orientación y sensibilización para padres y madres de familia sobre crianza saludable y positiva;

II. Difusión de la paternidad y maternidad responsable e igualitaria entre hombres y mujeres;

III. Difusión sobre métodos de planificación familiar, educación sexual y reproductiva;

IV. Visitas domiciliarias y programas de educación para padres y madres de familia;

V. Mejorar el acceso a los servicios de salud, ambiente, educación, vivienda, seguridad y justicia;

VI. Habilitación y acceso a estancias infantiles y espacios de cuidado infantil;

VII. Campañas de difusión sobre la igualdad entre las niñas y los niños y los adolescentes;

VIII. Campañas de difusión sobre distribución de tareas y responsabilidades familiares equitativas entre hombres y mujeres;

IX. Capacitación para el trabajo y el acceso al empleo digno de los padres y madres de familia;

X. Campañas de difusión sobre convivencia y comunicación asertiva y saludable en el seno familiar;

XI. Orientación psicológica y terapéutica para familias con uno o varios miembros con discapacidad;

XII. Combate a la pobreza y la discriminación;

XIII. Prevención de adicciones;

XIV. Campañas de difusión sobre derechos de la niñez y prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes; y

XV. Armonización normativa a nivel federal, estatal, del Distrito Federal para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 13. Son medidas de combate a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, en el entorno del hogar y la familia:

I. Desarrollo de modelos y programas para la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando la familia no garantiza los mismos;

II. Instauración de procedimientos de resolución de conflictos familiares mediante la mediación, sensibilización y capacitación cuando las conductas realizadas no constituyan un delito;

III. Instrumentación de procedimientos de denuncia para las instancias de salud pública y privada, escuelas y otros espacios de desenvolvimiento de niñas, niños y adolescentes; y

IV. Ampliar la investigación y recopilación de información sobre violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 14. Son medidas de erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el hogar y la familia:

I. Intervención institucional oportuna y respetuosa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando hayan sido vulnerados;

II. Campañas de promoción de la denuncia y de no tolerancia a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

III. Garantía de todos los derechos humanos para los miembros de la familia a través de políticas públicas, acceso a los servicios básicos y empleo digno y suficientemente remunerado;

IV. Garantía del acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes mediante espacios institucionales amigables y personal especializado e interdisciplinario en las procuradurías de justicia, juzgados y tribunales; y

V. La evaluación del impacto de las políticas públicas en las familias y redefinición de las mismas en función de sus efectos.

CAPITULO III

DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR Y LAS MEDIDAS PARA SU PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION

Artículo 15. La violencia en el entorno escolar se produce en el espacio educativo del niño, niña o adolescente, o es producida por las y los maestros, educadores, personal del centro educativo o por los alumnos y alumnas que asisten al mismo.

Artículo 16. Son medidas de prevención a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, las siguientes:

I. Creación de mecanismos de respuesta y protocolos eficaces y oportunos ante situaciones de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en las escuelas públicas y privadas de los niveles preescolar hasta y medio superior;

II. Creación de programas de apoyo a alumnos y alumnas con rezago educativo para su equiparación académica con el resto del alumnado;

III. Difundir los derechos y deberes de las y los estudiantes;

IV. Mejora de la infraestructura escolar y habilitación de espacios educativos seguros y amigables;

V. Fortalecer la coordinación interinstitucional entre escuelas y centros educativos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las Procuradurías Federal y Generales de Justicia y el Poder Judicial Federal y Estatal;

VI. Establecer las acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia entre escolares; y

VII. Delimitar actividades encaminadas a fomentar la convivencia pacífica en las escuelas y un ambiente libre de violencia en la comunidad educativa.

Artículo 17. Son medidas de combate a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, las siguientes:

I. Capacitación profesional a maestros, directivos y personal administrativo para una resolución pacífica de conflictos al interior de cada espacio educativo;

II. Capacitación del alumnado para promover la convivencia pacífica;

III. Capacitación a padres de familia sobre el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y sobre cómo apoyar a sus hijos e hijas en su desarrollo educativo;

IV. Brindar apoyo psicológico al alumnado o al personal docente y administrativo que lo requiera;

V. Establecer mecanismos eficaces para detectar oportunamente los casos de acoso y violencia escolar, promoviendo mediante la cultura de la denuncia; y

VI. Capacitar al alumnado, así como a padres de familia, sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información digitales de comunicación, internet, redes sociales, y advertir sobre los riesgos del mal uso, la trata de personas, la pornografía infantil, el turismo sexual, el acoso cibernético, y demás formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes a través de las mismas.

Artículo 18. Son medidas de erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar, las siguientes:

II. Instrumentación de procedimientos de denuncia y canalización en casos de detección de violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y

III. Armonizar la legislación para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y sancionar los castigos corporales, el acoso sexual, el abuso sexual y la violación, con agravantes si el agresor es un miembro del personal docente o administrativo de la escuela;

CAPITULO IV

DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL Y LAS MEDIDAS PARA SU PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION

Artículo 19. La violencia contra niñas, niños y adolescentes se produce en las instituciones de atención y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, Procuradurías de Justicia, instituciones del sistema especializado de justicia para adolescentes, Poder Judicial, o es producida por funcionarios públicos o personal adscrito a cualquiera de estas instituciones.

Artículo 20. Son medidas de prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno institucional las siguientes:

I. Capacitación de las y los funcionarios y del personal adscrito a las instituciones que tienen contacto o atención directa a niños, niñas y adolescentes sobre la perspectiva de derechos de la niñez y su aplicación en el ejercicio de sus funciones, así como sobre perspectiva de género y derechos humanos en general;

II. Campañas internas institucionales de sensibilización sobre derechos de la niñez y la adolescencia y prevención de la violencia;

III. Capacitación a los funcionarios y personal adscrito a las instituciones relacionadas con la atención, acciones y propuestas relacionadas con la niñez y la adolescencia;

IV. Capacitación profesional sobre atención y trato con niños, niñas y adolescentes, con perspectiva de género y de niñez, atención a las diferentes etapas de crecimiento y formas de comunicación para cada una de ellas;

V. Contratación de personal del mismo sexo que los adolescentes atendidos, en las instituciones de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley;

VI. Fortalecer el sistema de información sobre derechos de la niñez y la adolescencia y en especial sobre el número de niños, niñas y adolescentes institucionalizados, los motivos de la institucionalización, edad, sexo, nivel socio económico y origen étnico;

VII. Coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes, y la cultura de no violencia; y

VIII. Implementación de opciones de restitución de derechos en el seno familiar y hogares sustitutos de manera prioritaria frente a la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 21. Son medidas de combate a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno institucional las siguientes:

I. Capacitación del personal de las instituciones que conforman parte del Sistema de Seguridad Pública sobre derechos de la niñez y la adolescencia, atención y trato con niños, niñas y adolescentes;

III. Habilitación de espacios físicos donde el agresor o presunto agresor no pueda entrar en contacto físico, auditivo ni visual con su víctima menor de edad;

V. Implementación de protocolos para la no repetición de declaraciones, pruebas periciales ni oculares para las niñas, niños y adolescentes; y

VI. Fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y evaluación de las instituciones públicas que atienden niñas, niños y adolescentes.

Artículo 22. Son medidas para la erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el entorno institucional las siguientes:

I. La implementación de controles y sanciones a la corrupción de los funcionarios públicos y personal adscrito a las instituciones;

II. Implementación de mecanismos y procedimientos accesibles al público para la queja y denuncia contra actos de violencia institucional; y

III. Fortalecimiento de la supervisión y contraloría de las instituciones que atienden o tienen contacto con niñas, niños y adolescentes.

CAPITULO V

DE LA VIOLENCIA EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y LAS MEDIDAS PARA SU PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION

Artículo 23. La violencia en los lugares de trabajo se produce en el espacio donde niños, niñas y adolescentes estén desempeñando una actividad laboral conforme a la legislación aplicable o en condiciones de explotación, o es producida por sus patrones o explotadores, según el caso.

Artículo 24. Son medidas de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el entorno laboral, las siguientes:

I. Campañas de sensibilización y prevención del trabajo de niños, niñas y adolescentes y de la trata de personas;

II. Mejorar el acceso al sistema escolar y fortalecer las medidas contra la deserción escolar;

III. Fortalecer la capacidad laboral de los padres y madres de familia, mediante capacitación, becas, profesionalización y generación de oportunidades de trabajo;

IV. Campañas de sensibilización sobre la igualdad de derechos y oportunidades laborales entre mujeres y hombres;

V. Incentivar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias para que concluyan sus estudios que quedaron inconclusos;

VI. Prohibir la reducción de la edad mínima para trabajar;

VII. Garantizar el acceso a la educación de los grupos de mayor vulnerabilidad, incluyendo a las mujeres, las poblaciones indígenas, los niños, niñas y adolescentes con VIH SIDA y las personas con discapacidad; y

VIII. Fortalecer las medidas de prevención y atención a la familia a fin de evitar que los niños, niñas y adolescentes abandonen sus hogares y emigren.

Artículo 25. Son medidas de combate a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en los lugares de trabajo, las siguientes:

I. Fortalecimiento de las medidas de vigilancia, supervisión y monitoreo de los lugares que empleen a adolescentes:

II. Fortalecimiento de los procedimientos para lograr la penalización efectiva a los lugares que empleen a niños, niñas y adolescentes de manera ilegal o que atenten contra sus derechos;

III. Armonización de la legislación para la penalización severa y persecución de los delitos relacionados con la explotación laboral y sexual, trata de personas y las peores formas de trabajo infantil;

IV. Capacitación para aquellas empresas que empleen a adolescentes sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el enfoque de sus derechos, convenciones y convenios internacionales relativos al trabajo infantil y legislación laboral aplicable;

V. Recopilar información sobre los niños, niñas que trabajan para poder determinar los motivos y definir políticas públicas de combate al trabajo infantil; y

VI. Fortalecer las medidas y políticas públicas contra la migración de adultos, niños, niñas y adolescentes.

Artículo 26. Son medidas de erradicación de la violencia contras las niñas, niños y adolescentes en el lugar de trabajo, las siguientes:

I. La definición e implementación de una estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil con participación interinstitucional y asignación de responsabilidades con términos temporales;

II. La evaluación de las políticas públicas y sus efectos sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que los obliga a abandonar la escuela e insertarse en el mercado de trabajo formal o informal; y

III. Implementación de medidas interinstitucionales para el rescate y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes sometidos a explotación y trata de personas.

CAPITULO VI

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD Y LAS MEDIDAS PARA SU PREVENCION, COMBATE Y ERRADICACION

Artículo 27. La violencia contra niñas, niños y adolescentes en la comunidad se produce en el espacio de desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes que no corresponde a ninguno de los anteriores y puede ser producida por cualquier persona que no tenga una relación de parentesco, familiar, educativa, institucional ni laboral con el niño, niña o adolescente.

Artículo 28. Son medidas de prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en la comunidad, las siguientes:

I. Campañas y programas de prevención de las adicciones, del trabajo, de la migración y de la delincuencia juvenil;

II. Campañas de prevención y alerta dirigidas a niñas, niños y adolescentes para que no resulten víctimas del delito;

III. Programas contra la violencia familiar;

IV. Fortalecimiento de la familia para que tenga las condiciones de garantizar los derechos de los miembros menores de edad;

V. Mejorar el acceso a oportunidades educativas, programas y acciones contra la deserción escolar;

VI. Programas de adecuación de las ciudades, edificios, instalaciones y calles para el libre acceso de las mismas a las personas con discapacidad;

VII. Creación de espacios seguros y adecuados para el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y de esparcimiento saludable para niños, niñas y adolescentes;

VIII. Programas de coordinación vecinal e institucional para la vigilancia y monitoreo de los espacios públicos;

IX. Las campañas de difusión y de promoción de una cultura de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, en especial de los pueblos indígenas;

X. Incorporación de temas sobre civismo, valores, ética, responsabilidad social, democracia y ciudadanía en los programas educativos;

XI. Fortalecimiento de programas de promoción de la cultura y las artes para niños, niñas y adolescentes; y

XII. Intervención en los casos de niños, niñas y adolescentes que han desertado de sus hogares o que están trabajando en la calle.

Artículo 29. Son medidas de combate a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en la comunidad, las siguientes:

I. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante capacitación, profesionalización, sensibilización y formación especializada en derechos de las niñas, niños y adolescentes;

II. El combate a los factores que originan y propician el narcotráfico y la delincuencia organizada, y la implementación de medidas para su erradicación y reducción de sus efectos;

III. Atención psicológica y legal a víctimas de violencia y de la delincuencia organizada;

IV. Recuperación y atención a niños, niñas y adolescentes migrantes y que están vinculados a la delincuencia organizada y a los grupos de autodefensa, para la restitución de sus derechos de forma adecuada a su interés superior;

V. Creación de mecanismos de denuncia anónimos, seguros, gratuitos y de rápida respuesta a la denuncia ciudadana;

VI. El combate y prevención de todos los delitos, en especial, la trata de personas, pornografía infantil, turismo sexual, la delincuencia organizada, el homicidio y la distribución y consumo de drogas;

VII. Las medidas de combate a la pobreza, la desnutrición, las desigualdades económicas, la inequidad de género y la discriminación; y

VIII. Las medidas de prevención, combate y sanción a la corrupción de autoridades.

Artículo 30. Son medidas de erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en la comunidad, las siguientes:

I. El fortalecimiento institucional para la rápida y eficaz respuesta a la denuncia ciudadana en caso de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;

II. Las medidas de erradicación de la delincuencia organizada, incluyendo la colaboración internacional, la persecución y detención de los agresores;

III. La vigilancia, monitoreo y supervisión de la labor de las instituciones encargadas del orden público, con aplicación de sanciones efectivas en caso de corrupción o de violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y

IV. El fortalecimiento de las políticas públicas y programas dirigidos a la búsqueda y recuperación de niños, niñas y adolescentes en paradero desconocido, migrantes o víctimas de la trata de personas y turismo sexual.

TITULO IV

DE LA COORDINACION NACIONAL PARA PREVENIR, COMBATIR  Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

CAPITULO I

DE LA COORDINACION NACIONAL

Artículo 31. La Coordinación Nacional es el conjunto de acciones coordinadas y articuladas entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias, para lograr la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 32. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios deberán implementar acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 33. La Coordinación Nacional contará con un Comité Nacional, que será el órgano técnico de coordinación, consulta, evaluación, definición y de ejecución de todas las acciones dirigidas a la erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, y estará presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación, y será auxiliada por una Secretaría Técnica, ocupada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la que recaerá la Coordinación Nacional del Programa, con la colaboración de la Comisión Nacional de Seguridad Pública.

CAPITULO II

DEL COMITE NACIONAL

Artículo 34. El Comité Nacional está integrado por los titulares de las siguientes instituciones:

I. Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá;

II. Procuraduría General de la República;

III. Secretaría de Educación Pública;

IV. Secretaria de Desarrollo Social;

V. Secretaria del Trabajo;

VI. Secretaria de Salud;

VII. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VIII.La Secretaría de Relaciones Exteriores;

IX. Secretaría de Turismo;

X. Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia;

XI. Instituto Nacional de las Mujeres; y

XII. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los titulares de las instituciones que integren el Comité Nacional desempeñarán sus cargos con carácter honorífico.

Artículo 35. El Comité Nacional podrá invitar a las personas físicas o morales, públicas o privadas, los representantes del sector educativo, del sector empresarial, de los medios de comunicación, académicos, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Dicha participación será con carácter honorífico.

Artículo 36. El Comité Nacional tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar e impulsar los trabajos de implementación y funcionamiento de la política pública para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

II. Ejecutar las acciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de una vida libre de violencia;

III. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de una vida libre de violencia;

IV. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para la coordinación de las instituciones participantes y todas aquellas que se sumen o colaboren, con el objeto de facilitar el intercambio de información institucional, las herramientas tecnológicas y la coordinación de acciones que coadyuven en la prevención, combate, erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

V. Diseñar, instrumentar y dar seguimiento y control de las políticas públicas, programas, estrategias y acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en cualquier medio;

VI. Promover la participación de las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos para que puedan disfrutar de una vida libre de violencia;

VII. Elaborar un Protocolo para que las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de una vida libre de violencia;

VIII. Establecer la colaboración entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la formulación, ejecución e instrumentación de protocolos de actuación, para la que cumplan con lo previsto en esta Ley;

IX. Promover la prestación de asistencia técnica y entrenamiento a las instituciones que tengan a su cargo el cumplimiento de la presente Ley;

X. Proponer mecanismos de participación ciudadana para erradicar, combatir y prevenir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

XI. Promover convenios de colaboración y coordinación entre las instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales que contribuyan al cumplimiento de la presente Ley;

XII. Elaborar un informe semestral de resultados obtenidos de la ejecución del Programa, con objeto de rediseñar estrategias;

XIII. Vigilar que todas las instituciones educativas cumplan con la capacitación prevista en esta Ley

XIV. Capacitar y certificar a los involucrados en la prevención, combate, erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

XV. Identificar fenómenos sociales que propicien la generación de violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

XVI. Elaborar, publicar y distribuir material informativo, a efecto de difundir el contenido de la presente Ley;

XVII. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre la Federación, los estados y el Distrito Federal y los municipios para la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

XVIII. Convocar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para la prevención, combate, erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes; y

XIX. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 37. El Comité Nacional se reunirá de manera ordinaria dos veces al año y con carácter extraordinario las veces que sea necesario. Para que las sesiones del Comité Nacional sean válidas se requerirá del quórum de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad.

CAPITULO III

DE LA COORDINACION ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 38. Las entidades federativas y el Distrito Federal contarán con una Coordinación Estatal, que estará a cargo de un Comité Estatal, el cual estará conformado por las entidades de la administración local, en los términos que determinen sus respectivos ordenamientos legales.

Artículo 39. El Comité Estatal estará presidido por el titular de la Secretaria de Gobierno de cada entidad y del Distrito Federal y se organizarán y funcionarán de manera similar al Comité Nacional.

Artículo 40. En cada entidad federativa participarán los municipios en los términos de la legislación aplicable de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal participarán los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 41. El Comité Estatal y del Distrito Federal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Determinar los casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

II. Coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como de manera enunciativa pero no limitativa, los Protocolos para la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

III. Procurar la paz y la armonía entre las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral;

IV. Desarrollar las políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en cualquier medio;

V. Remitir el reporte correspondiente de cada caso a la Coordinación Nacional;

VI. Proponer mecanismos de participación ciudadana para la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes; y

VII. Vigilar que todas las instituciones educativas cumplan con la capacitación prevista en esta Ley.

Artículo 42. El titular del Comité Estatal reportará al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cada caso que sea susceptible de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

CAPITULO IV

DEL PROGRAMA NACIONAL Y DE LOS PROGRAMAS ESTATALES

Artículo 43. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Comité Nacional participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y la presente Ley.

Artículo 44. El Programa Nacional establecerá las estrategias, acciones, políticas públicas y objetivos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación que corresponda de los sectores privado y social, para propiciar la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 45. El Programa Nacional deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:

I. El Diagnóstico de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes;

II. Las estrategias, líneas de acción y componentes que permitan el logro de objetivos y metas;

III. La temporalidad de las acciones de corto, mediano y largo plazo;

IV. El desarrollo de estrategias de prevención, combate y erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

V. La participación coordinada, integral, de las dependencias y entidades de la administración pública Federal, Estatal, del Distrito Federal y Municipal; y

VI. La capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la materia objeto de la presente ley.

Artículo 46. La ejecución del Programa Nacional quedará a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública Federal, de cada entidad federativa, del Distrito Federal y municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 47. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Comité Estatal, elaborarán y ejecutarán el Programa Estatal de prevención, combate y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en los términos que determinen sus respectivos ordenamientos legales.

TITULO V

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO UNICO

Artículo 48. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente Ley, deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, igualdad, apego a derecho y veracidad, so pena de ser destituido de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades penales a las cuales pueden ser acreedores.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a doce meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

TERCERO. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para proteger estos derechos y garantizar que todo niño, niña y adolescente cuente con condiciones para tener una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, de la niñez y la adolescencia, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

CUARTO. El Comité Nacional deberá ser instalado en un plazo máximo de nueve meses a partir de la vigencia de esta Ley.

QUINTO. Una vez instalado el Comité Nacional, elaborará y aprobará su Estatuto Orgánico en un plazo no mayor a tres meses contados desde la fecha de su instalación.

SEXTO. La ejecución del Programa Nacional se ajustará a la disponibilidad presupuestal, así como a las disposiciones y lineamientos que sobre el particular dicten las autoridades competentes.

SEPTIMO. Los Congresos de cada entidad federativa y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los siguientes ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2014”.

1 Owen Bennett-Jones, ¿Cuantos civiles murieron en Irak?, BBC, página electrónica;” Un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2008 evita dar cifras concretas, pero sugiere cerca de 400.000 muertos. Y una tercera medición de 2008 realizada por la encuestadora Opinión Research Business, con sede en Londres, arroja más de un millón de muertos.”

2 World Vision México, Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez, México, 2013.

3 Ibidem.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Valles Sampedro. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.






Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones.

Informo a la Asamblea que se recibió un dictamen de la Primera Comisión, sobre la puesta en marcha del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, referido a la periodista Carmen Aristegui. Este dictamen se incorpora a la discusión de los inscritos en la agenda del día.

Como hemos venido aplicando en las sesiones de este receso, desahogaremos primero los dictámenes sobre los que no hay reservas.

Dé cuenta la Secretaría con ellos.

- La C. Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy cuenta con los dictámenes.

Tenemos nueve de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a realizar convenios con los prestadores de servicio de telefonía celular, a fin de que proporcione de manera gratuita el envío de alertas sísmicas que ayuden a prevenir pérdidas humanas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio Sismológico Nacional para que implementen un programa de Alerta Sísmica que pueda ser utilizado en equipos de comunicación móviles. La propuesta, fue presenta por el Diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por consiguiente, los legisladores de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para su Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esa H. Asamblea, el dictamen que se formula el tenor de los apartados que a continuación se detallan:

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I.- ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

III.- RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I.- ANTECEDENTES

I.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes 13 de mayo del 2014, el Diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Propuesta con punto de acuerdo por el cual exhortan al Titular del Servicio Sismológico Nacional, para que en función de sus facultades que le otorga la Constitución, atienda la preocupación que han venido aquejando a la sociedad, en cuanto a la creación de un sistema de alerta sísmica en los dispositivos móviles, con el único fin de tener una herramienta útil y una mejor respuesta ante una emergencia, ya que esto permitiría responder unos segundos antes de que ocurra el movimiento telúrico.

II.- En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho Correspondiente.

III.- Así, en la tarea que ello implica se advierte que el tema central al que se orienta la propuesta de referencia, descansa en el interés de comprender la gravedad de la situación en la que México es el actor principal, ya que es un país activo en la materia de sismos por las placas tectónicas del pacífico, que por dinámica natural están en constante reacomodo.

II.- CONSIDERACIONES

I.- Por su ubicación geográfica México se encuentra sujeto a diversos fenómenos naturales que pueden derivar en una situación de desastres; entre las calamidades a las que mayormente está expuesto el territorio nacional resaltan los sismos. Nuestro país, debido a la presencia de fallas geológicas y la acción de las placas tectónicas continentales está asociado a una gran zona generadora de sismos y estos han ocurrido a lo largo de millones de años. La mayor parte de los sismos de grandes magnitudes (mayores de 7, por ejemplo) y que son los que ocasionan grandes perjuicios para el hombre, tienen epicentros en la costa del Océano pacífico, a lo largo de los Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, también han ocurrido grandes sismos en el centro y sur de los Estados de Veracruz y Puebla, partes norte y centro de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México y la península de Baja California, especialmente en la zona fronteriza con los Estados Unidos. En la ciudad capital, a esos elementos se suman las características del subsuelo y la gran densidad poblacional, originando una situación de riesgo sísmico

II.- El Servicio Sismológico Nacional, ha jugado un papel importante en el desarrollo de la sismología en México, además de tener una función social y económica palpable. Afortunadamente en la última década, los estudios de sismología en México han progresado más allá de la simple observación sismológica y esto ha formado distintos grupos de investigación que afrontan los diferentes problemas de la sismología. Existen, en la Universidad Nacional Autónoma de México dos de estos grupos de trabajo; el primero es el grupo del Instituto de Geofísica, concentrado en el Departamento de Sismología y Vulcanología, que además de realizar labores de investigación tiene a su cargo el Servicio Sismológico Nacional, que es el vocero oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México en la divulgación de los parámetros de los temblores; y el segundo, el Instituto de Ingeniería que enfoca su trabajo principalmente a problemas de riesgo sísmico y el manejo de una red de estaciones telemétricas (SASMEX). El Gobierno Federal, mediante el acuerdo 00-XXIX-2 se dispuso la creación de un fideicomiso con cargo al FONDEN, para impulsar el proyecto de registro de sismos. El objeto avizorado, era el de adquirir instrumentos sismológicos y de análisis sísmico que apuntaran a una gran red nacional, la que aportaría datos para el estudio del fenómeno y para la creación de sistemas eficaces de alertamiento. Participando para ello el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de la SEGOB, los Institutos de Geofísica y de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

III.-Ahora bien, aunando al tema del autor de la propuesta, es menester mencionar que dentro de la investigación que se realiza por parte de esta Comisión, en el tema de aviso oportuno de sismos, la dictaminadora, manifiesta que no se han encontrado o no existen datos relacionados a la implementación de otro sistema de aviso oportuno como el que actualmente opera el Gobierno Federal, solo el que se ha mencionado con antelación; existiendo, para mejores resultados, la tecnología portátil y los sistemas de aviso oportuno que se tienen en la actualidad.

Cabe resaltar, que el Gobierno del Distrito Federal, en su preocupación por tratar de evitar pérdidas humanas en caso de un sismo de fuertes magnitudes, ha estado en contacto con el Instituto Politécnico Nacional, quien ha desarrollado un sistema de alarma sísmica telefónica, creada con el fin de que los capitalinos tengan tiempo para ponerse a salvo de un movimiento telúrico.

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México, cuenta ya con un sistema de alerta sísmica para los teléfonos móviles, misma que está disponible en su página de internet, además pretende realizar alianzas con las empresas de telefonía móvil existentes en este país para que el servicio sea gratuito. Por lo que sería de gran ayuda por parte del Gobierno Federal que el servicio lo tenga el resto del territorio nacional.

IV.- En el mismo sentido, resulta apropiado manifestar que para mejorar la práctica de Protección Civil, se puedan utilizar adecuadamente los medios tecnológicos portátiles, que puedan ayudarnos -si no un paso adelante, si unos segundos- en tratar de sobrevivir. En el mismo sentido, debido a la modernización de las herramientas con las que cuenta el hombre en comunicación, se puede apreciar el beneficio en la población si el Estado logra implementar un sistema de prevención en los aparatos electrónicos portátiles.

V.- por otra parte, el órgano administrativo y autónomo que se encargará de gestionar convenios con las prestadoras de servicio de telefonía celular, la implementación gratuita, y como un servicio a la sociedad de la alerta sísmica en los dispositivos móviles, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, institución encargada de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación de las redes, así como la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.  

La Dictaminadora, en el estudio de la propuesta, manifiesta que la mayor parte de la población no está lo suficientemente preparada ante la eventual presencia de un sismo de magnitudes superiores a los 7.0 grados Richter; y concuerda con el autor, en que la prevención ante los sismos y una alerta oportuna, puede cambiar la historia en cuanto a los daños y las pérdidas humanas ocasionadas por dicho fenómeno natural.

Se sabe que la alarma antisísmica se activa con 60 segundos de anticipación y que podrían ser suficientes para salvar una gran cantidad de vidas, mediante acciones de tipo preventivas, como la evacuación o el refugio.

Así, con el avance de la tecnología, sería pertinente que la autoridad diseñe una aplicación para teléfonos inteligentes en plataforma Android así como iOS para estar en condiciones de que reciban alertas desde los lugares en donde se tiene instalado una estación receptora de datos, para que esté en condiciones de generar con la misma anticipación, o más si es posible, un mensaje tipo SMS o una alarma mediante la aplicación arriba señalada, que le permita refugiarse en algún lugar seguro.

Por todo lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas al proemio del presente dictamen, se somete a consideración de esa H. Asamblea el siguiente:

III.- RESOLUTIVO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con el Instituto de Federal de Telecomunicaciones y el Servicio Sismológico Nacional, realicen convenios con las prestadoras de servicios de telefonía celular, a fin de que proporcionen de manera gratuita y como servicio a la comunidad el envío de alertas sísmicas que ayuden a prevenir pérdidas humanas.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Que exhorta a informar sobre los programas para fortalecer la efectividad de los mecanismos de prevención de riesgos ante la temporada de ciclones tropicales y la amenaza de lluvias severas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, les fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

a) Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil a fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos ante las amenazas de lluvias severas en diversas zonas del país. Presentada por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

b) Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos estatales a implementar planes y programas preventivos para la temporada de ciclones tropicales 2014. Presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes13de mayo del 2014, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la “Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil a fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos ante las amenazas de lluvias severas en diversas zonas del país”.

b. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

c. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes13de mayo del 2014, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la “Propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos estatales a implementar planes y programas preventivos para la temporada de ciclones tropicales 2014”.

d. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La proposición con punto de acuerdo planteada por los Senadores del Partido Revolucionario Institucional, considera que las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales representan un alto costo económico y social  para el país y las familias mexicanas.

En su propuesta, señalan que según el Informe Metereológico Especial de Lluvias No. 130 del 11 de mayo de 2014 del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, en nueve Entidades Federativas se registraron lluvias con un registro mayor a 25mm; y en el Servicio Metereológico Nacional prevé potencial de lluvias muy fuertes con actividad eléctrica y posible granizo en el Estado de México y Puebla, fuertes en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Se describe en la propuesta, que según el Servicio Metereológico Nacional de enero a abril de 2014, doce Entidades Federativas superaron el promedio nacional de precipitación mensual de 51.1 milímetros registrado hasta esa fecha.

Por lo tanto, los Senadores del Grupo Parlamentario coinciden en que se requieren fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

La dictaminadora plasma el resolutivo del punto de acuerdo propuesto por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que a su letra dice:

Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil a fortalecer sus mecanismos de prevención de riesgos para proteger y preservar la integridad de las personas, sus bienes y entorno ante la amenaza de lluvias severas en la mayor parte del país.

Por su parte, la proposición planteada por el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, indica que el país es afectado todos los años por fenómenos hidro-meteorológicos graves, dentro de los cuales los huracanes son uno de los que mayores destrozos ocasionan, como las que se vivió en el 2013 con el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel”.

El senador sostiene que las catástrofes asociadas a los fenómenos hidro-meteorológicos, causan en la mayoría de los casos lluvias torrenciales cuyo valor exceden por lo general los 100 mm, siendo éstas, las que ocasionan la mayoría de daños en la infraestructura de los municipios y comunidades, es por esta situación que el contar con un plan operativo en el estado se convierte en una necesidad. Destaca que las acciones implementadas en un plan de contingencias no sería posible de no ser gracias a los trabajos coordinados entre diversas dependencias federales, estatales y municipales.

Hace referencia a la proyección del Servicio Meteorológico Nacional, en la que existe la posibilidad de desarrollo de 14 ciclones en el Océano Pacífico y 9 en el Atlántico. Ante dichos pronósticos, se debe contar con mapas de consulta donde se identifiquen las zonas de riesgo (inundaciones, desborde de ríos y deslaves) para estar atentos a cualquier contingencia, así como tener preparados suficientes albergues seguros para reubicar a las personas en situación de riesgo; para con esto evitar más pérdidas, tanto materiales como humanas.

En la propuesta se indica que los pronósticos emitidos por la Comisión Nacional del Agua y La Organización Meteorológica Mundial, indican que para el Pacífico se espera una temporada por arriba del promedio histórico (13.2) del período de 1949 a 2013 y para el Atlántico se estima por debajo del promedio histórico de (11.0) del mismo período.

El senador destaca que la región sureste de nuestro país siempre ha sido vulnerable ante cualquier eventualidad hidrometeorológica y no existen suficientes programas para dar apoyo a las comunidades más alejadas. Por lo que se debe establecer el marco de acción del Sistema Nacional de Protección Civil, junto con los de cada Entidad Federativa en riesgo, para brindar apoyo a los municipios, la sociedad civil y el sector privado, lo cual brindará a la población una atención efectiva; así como especificar las funciones y actividades de las dependencias, entidades, instituciones y organismos, para que actúen en forma conjunta, coordinada e implementen acciones que disminuyan el impacto del evento reduciendo al máximo los daños a través de las acciones encaminadas a la prevención.

Es por ello, que el senador considera que debido a que los fenómenos hidrometeorológicos son cada vez menos predecibles en cuanto a trayectoria e intensidad, representa un reto mayor en materia climática, prevención y actuación inmediata, por este motivo el Sistema Nacional de Protección Civil y sus homólogos estatales deben innovar constantemente las medidas de prevención y protección para atender dichas situaciones emergentes y reducir las pérdidas humanas y materiales al mínimo.

La dictaminadora plasma el resolutivo del punto de acuerdo propuesto por el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que a su letra dice:

Unico. Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos estatales, a implementar planes y programas preventivos de Protección Civil para la temporada de ciclones tropicales 2014, con la finalidad de reducir los daños en la próxima temporada de huracanes.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Primera Comisión coinciden en que cada año las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país. Las condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad  física, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos.

En este sentido, la protección civil privilegiará las acciones preventivas ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones de innovación científica, eficacia tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos presentes y futuros en este ámbito. Estas acciones incluyen el aseguramiento financiero ante desastres, en el cual México ha sido reconocido por su liderazgo en el mundo. El desarrollo del mercado financiero permite hoy en día acceder a instrumentos de cobertura de riesgos que contribuyen a mitigar el impacto de dichos desastres en el gasto público.

El Gobierno Federal ha manifestado que es un deber irrenunciable del Estado crear condiciones de seguridad y protección para sus habitantes, en este propósito es indispensable promover la coordinación, articular esfuerzos institucionales y hacer una cultura del tema de la protección civil.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contempla la gestión de emergencias y atención eficaz en caso de desastres, mediante el fortalecimiento de la capacidad logística y de operación del Sistema Nacional de Protección Civil; fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para proporcionar apoyo a la población civil en casos de desastres naturales y coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Se considera relevante, señalar que el Gobierno Federal realizó la primera Convención Nacional de Protección Civil del 12 al 16 de mayo del presente, con la participación de responsables federales y locales, la sociedad civil, el sector privado de ayuda humanitaria, así como expertos nacionales e internacionales, con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y que todos los responsables gubernamentales actúen de manera oportuna, coordinada y profesional.

En el mismo contexto, el pasado 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 y contempla los siguientes objetivos:

· Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales perturbadores.

· Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la vinculación nacional e internacional.

· Mejorar la coordinación de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en emergencias y desastres.

· Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza jurídica a las acciones en materia de protección civil.

· Fomentar la adopción y el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil.

· Fomentar la eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos.

No obstante que el gobierno ha realizado extensas acciones enfocadas a la atención y recuperación ante los desastres, a través de la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil fundamentalmente por conducto de nuestras Fuerzas Armadas, se requiere fortalecer las acciones de prevención para reducir los riesgos y mitigar las consecuencias adversas que ocasionan.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Primera Comisión coinciden en que el Sistema Nacional de Protección Civil, junto con las autoridades de cada Entidad Federativa deben brindar una atención efectiva a la población en situaciones emergentes, mediante acciones efectivas que permitan reducir los daños por los fenómenos hidrometeorológicos que cada vez son menos predecibles.

En virtud de que ambos puntos de acuerdo se plantean en el mismo sentido, esta Primera Comisión considera importante que en un solo acto se expongan ambos puntos de acuerdo en el cual se hará el exhorto correspondiente considerando los objetivos de los promoventes.

Por todo lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas al proemio del presente dictamen, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

IV.- RESOLUTIVO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Sistema Nacional de Protección Civil informe a esta Soberanía sobre los programas para fortalecer la efectividad de los mecanismos de prevención de riesgos para proteger y preservar la integridad de las personas y sus bienes, ante la temporada de ciclones tropicales 2014 y la amenaza de lluvias severas en la mayor parte del país.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Que exhorta a informar las acciones tendientes a la reconstrucción del puente “El Cuajilote”, en Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, el cual colapsó por el sismo del 8 de mayo pasado.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la reparación de las afectaciones en los Municipios del Estado de Guerrero, por el sismo de 6.6 grados en la escala de Richter registrado el pasado jueves 8 de mayo de 2014”. La propuesta antes citada fue presentada por el Senador Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por consiguiente, los legisladores de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para su Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esa H. Asamblea, el dictamen que se formula el tenor de los apartados que enseguida se detallan:

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I.- ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

III.- RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I.- ANTECEDENTES

I.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes 13 de mayo del 2014, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con punto de acuerdo en lo relativo a la reparación de los daños estructurales ocasionados en los puentes carreteros, en las viviendas y en las escuelas de las distintas comunidades del Estado de Guerrero.

II.- En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente se turnó  a la Primera Comisión de Trabajo por medio del Oficio No. CP2R2A-169, de fecha 13 de mayo de 2014, para su despacho correspondiente.

III.- Así, en la tarea que ello implica se advierte que el tema central al que se orienta la propuesta de referencia descansa en el interés de exhortar, en primer término, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que inicie inmediatamente la reconstrucción del puente “El Cuajilote” ubicado en Tecpan de Galeana, Estado de Guerrero; y en segundo término, exhortar a la Secretaria de Educación Pública,  para que realice de manera inmediata la reparación de las escuelas que fueron dañadas por el sismo que se presentó el jueves 8 de mayo.

II.- CONSIDERACIONES

I.- México tiene un alto nivel de exposición al peligro sísmico por estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, considerado como una importante zona generadora de sismos. Estos fenómenos son impredecibles y, tras la ocurrencia de un terremoto, la principal causa de víctimas y daños en zonas urbanas se relaciona con el derrumbe parcial o total de las construcciones. Por ello es muy importante estar preparados y contar con reglamentos de construcción actualizados para reducir riesgos y garantizar la calidad y seguridad de las edificaciones. Las zonas sísmicas de México se clasifican en función de la cantidad de sismos que se presentan. Debido a la intensa actividad entre las placas tectónicas ubicadas en el lado oeste del país, la zona de mayor actividad sísmica se encuentra en los estados de la costa del Pacífico. Gracias a los registros sísmicos de las redes de detección instaladas en territorio mexicano, se puede ver una intensa actividad sísmica que se concentra principalmente entre Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, así como en la parte norte de la península de Baja California, en la región de Mexicali.

Ahora bien, el titular del punto de acuerdo, manifiesta una gran preocupación por los sismos de los últimos días. El Estado de Guerrero, ha sufrido graves daños tanto en las vías de comunicación como en la infraestructura de las casas y escuelas. En referencia al problema del Puente El Cuajilote, que colapsó por el sismo del pasado 8 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construyó en tan sólo una semana un paso provisional de dos carriles que sustituyen al puente el Cuajilote; con esto, trató de garantizar la  conectividad y la seguridad de los usuarios que transitan entre Acapulco y Zihuatanejo. El camino provisional instalado con infraestructura de calidad tiene 7 metros de ancho, permite la circulación simultánea en ambos sentidos, carpeta asfáltica y señalización -horizontal y vertical- a lo largo de la construcción.

No obstante, el titular de la propuesta, manifiesta su preocupación al titular Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, debido a que el puente tendría que estar listo antes de que comience la temporada de huracanes en dicho Estado por el reblandecimiento de la tierra, por lo que espera que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, que tiene entre sus principales funciones, las de participar en la planeación coordinación y evaluación de los programas carreteros para la construcción y modernización de la red federal de carreteras, así como para la reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores, termine lo antes posible el puente.

Por otra parte, el autor de la propuesta, expresa y manifiesta la problemática en la que se encuentran la primaria Hermenegildo Galeana y la Telesecundaria Frida Kahlo, por los daños que les originó el sismo. Es necesario que la Secretaria de Educación Pública, de acuerdo al reporte de daños que emita la Subsecretaria de Protección Civil del Estado de Guerrero, ponga especial atención en las escuelas que han sufrido averías por causas del agente perturbador, ya que la infraestructura de las escuelas en algunos de los Municipios del Estado de Guerrero, es sumamente frágil a cualquier otro sismo que se repita de magnitud similar. Por estas razones es necesario que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que es un órgano público con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria, y que tiene como función principal la de mejorar la seguridad, calidad y pertinencia de la infraestructura física de las escuelas, así como verificar y evaluar los daños en las escuelas de los Municipios para que se realice su reparación. Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

III.- RESOLUTIVOS

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que informe las acciones tendientes a la reconstrucción del puente “El Cuajilote”, en Tecpan de Galena, a la altura de Tenexpa, en el Edo, de Guerrero, el cual colapsó por el sismo de 6.6 grados en escala de Richter registrado el 8 de mayo de 2014.

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública, para que a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, informe las acciones emprendidas para la la reparación de la escuela primaria “Hermenegildo Galeana”, así como la Telesecundaria “Frida Kahlo” del Municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero, debido a los daños ocurridos por el sismo de 6.6 grados Richter registrado el 8 de mayo de 2014. 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Por el que se solicita informar sobre el cumplimiento en torno a los resolutivos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la sentencia SUP-JDC- 1740/2012, a fin de que en el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se lleven a cabo las respectivas consultas y convocatorias a elección de sus autoridades, de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fue turnadas el pasado 13 de mayo la Proposición con Punto de Acuerdo por las que se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero a ejecutar los resolutivos estipulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se consulte y se convoque a elección de sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

 I. ANTECEDENTES

 

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del presente, el Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la respetuosamente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero a ejecutar los resolutivos estipulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se consulte y se convoque a elección de sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No.188, de fecha 13 de mayo de 2014, 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente señala que el derecho que tienen los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades mediante sus propios procedimientos está fundamentado en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la institución encargada de garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismo que ha dado certeza jurídica en querellas similares que involucran a pueblos indígenas del país, otorgando garantías a su derecho de autodeterminación, como se estableció en el caso del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con número de expediente SUP-JDC-167/2012, en el cual el Tribunal Electoral

"ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán a que se pronuncie respecto a la validez de la elección del Consejo de Administración de Tenencia de la comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco, del municipio de Cherán, en el Estado de Michoacán".

Resolución con la cual el tribunal federal garantizó el derecho de integrantes de este pueblo purépecha su derecho al autogobierno, es decir, a elegir en el ámbito local a sus autoridades bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

No obstante lo anterior, el proponente señala que indígenas del pueblo mixteco y meh’pha de Guerrero promovieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) con el número de expediente:SUP-JDC-1740/2012. Consiguientemente a esto, y mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, indica que el 13 de marzo de 2013 la Sala Superior emitió sentencia en el juicio SUP-JDC-1740/2012, por mayoría de votos, en el sentido siguiente:

“Tercero.- Se determina que los integrantes de la comunidad indígena del municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos.

Cuarto.- Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero y al Congreso del Estado de Guerrero realizar todas las acciones ordenadas en el considerando Octavo de la presente resolución.”

Ante esto, el proponente indica que Bruno Placido Valerio, presentó escrito incidental ante ésta Sala Superior, por el cual promueve incidente de inejecución de la sentencia dictada en el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1740/2012.

Asimismo, asegura que el 21 de marzo siguiente, por oficio suscrito por el Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se remitió copia certificada del dictamen y resolución 004/SE/20-03-2014, aprobada en la segunda sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del instituto local precisado el veinte de marzo del año en curso, por la que aprobó el dictamen 001/CEPCUC/20-03-2014 de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, Usos y Costumbres del instituto local, relativo a las medidas preparatorias ordenadas por este órgano jurisdiccional en el juicio ciudadano SUP-JDC-1740/2012, en las cuales, dice el proponente, que se concluyó lo siguiente:

“El Instituto Electoral del Estado de Guerrero confirma la inexistencia histórica y por tanto improcedente un sistema normativo interno que se reconozca como válido y se utilice para regular los actos públicos de organización para la resolución de sus conflictos, así como para la elección de sus autoridades municipales en la comunidad indígena que habita en San Luis Acatlán, Guerrero, al haber sido ello verificado por todos los medios atinentes, en consonancia con lo mandatado por el resolutivo cuarto en relación al considerando octavo de la sentencia SUP-JDC-1740/2012. Consecuentemente, no procede realizar la consulta a los ciudadanos de dicha comunidad, para determinar si se adopta la elección de sus autoridades conforme a normas, procedimientos y prácticas tradicionales, tal como se ordena en el resolutivo cuarto en relación al considerando octavo de la sentencia SUP-JDC-1740/2012”.

Consiguientemente, el diputado plantea que después de la sentencia el mismo C. Bruno Placido Valerio presentó un segundo escrito incidental el día 26 de marzo de 2014 ante la Sala Superior, donde se determinó el 9 de abril de 2014, reencauzar la demanda del juicio ciudadano registrado con la clave SUP-JDC-339/2014 a incidente de inejecución del diverso SUP-JDC-1740/2012. Dicho acuerdo fue cumplido por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, mediante oficio TEPJF-SGA-1709/14.

De suerte que el proponente señala que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero actuó de manera “dolosa” al haber negado la existencia de sistemas normativos históricos en el municipio de San Luis Acatlán, no acatando con ello la  resolución del TEPJF mediante la cual ordenó al Instituto que lleve a cabo la consulta correspondiente para que los indígenas del pueblo de San Luis Acatlán puedan deliberar y tomar su mejor decisión.

II. - a. Proposición del Legislador Proponente.

Proposición del Diputado Carlos de Jesús Alejandro

UNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero a ejecutar los resolutivos estipulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se consulte y se convoque a elección de sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.

III.- CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

Primera.- Para esta Comisión es fundamental el respeto a los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y en el caso de la propuesta en análisis, los relativos a la libre determinación de los pueblos indígenas, mismos que también reconoce nuestra Constitución como parte fundamental de la composición de nuestra Nación.

Segunda.- Esta dictaminadora comparte la inquietud del proponente y con base en la multicitada sentencia, señala que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación contempla que el Instituto Electoral local debe dictar una nueva resolución en la que tenga por acreditada la existencia histórica del sistema normativo interno en el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, tal y como el proponente lo señala.

Tercera.-En atención al principio de separación de poderes y a que existe una determinación firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la cual no se le ha dado cumplimiento, se sugiere reencauzar el sentido del planteamiento del punto de acuerdo, para que en vez de acceder a un exhorto para que se cumpla lo dispuesto por una autoridad que está dotada de plenas facultades para hacer cumplir sus fallos, se solicite al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Guerrero un informe de las acciones que hubiere dispuesto o se encuentren en proceso de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia de la autoridad jurisdiccional mencionada.

Si a la luz del informe que se rinda, los integrantes de la Comisión Permanente llegaran a la conclusión de que no se están tomando las medidas necesarias para cumplir la sentencia, se podrían realizar planteamientos específicos en el ámbito de la propia Comisión Permanente para impulsar su cumplimiento.

Para tales efectos, esta dictaminadora considera que debe modificarse la redacción del resolutivo que presenta el diputado proponente, a fin de que esta Soberanía emita una proposición que respete el proceder de las instituciones del Estado mexicano en su respectivo marco de acción y competencia.

Por tanto, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión resuelve lo siguiente:

IV.RESOLUTIVO

UNICO.-La Comisión Permanente solicita respetuosamente al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero a que presente un informe sobre el cumplimiento o las medidas para concretarlo, en torno a los resolutivos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la sentencia SUP-JDC-1740/2012 emitida por dicho Tribunal, a fin de que en el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se lleven a cabo las respectivas consultas y convocatorias a elección de sus autoridades, de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Que exhorta a informar sobre las acciones que se han emprendido en materia de racionalidad y austeridad en el ejercicio presupuestal para controlar y disminuir el gasto corriente durante el ejercicio 2014.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, por medio del Oficio No. CP2R2A.-159 de fecha 13 de mayo de 2013, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender medidas efectivas para disminuir el gasto y eliminar cualquier tipo de privilegio” La propuesta antes citada se presentó por los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I.- ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III.- CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV.- RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes13 de mayo del 2014, los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender medidas efectivas para disminuir el gasto y eliminar cualquier tipo de privilegio”.

b. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

Los Diputados proponentes consideran que el Ejecutivo Federal debe emprender medidas efectivas para disminuir los gastos erogados en dicha dependencia, hacen referencia al ejercicio presupuestario del año pasado, el cual tuvo un incremento del 55.5 % mayor al presupuesto aprobado, debido al sobre ejercicio en los rubros: Servicios Personales 26.3%, Gastos de Operación 84.1% e Inversión Física 73.8%.

En la propuesta se señala que  desde seis años atrás, pueden observar un historial de los sobre ejercicios, que van del 28.51% en 2008 y que a partir del 2011, superaron más del 50% anual.

Los proponentes expresan que son graves los excesos por parte de los servidores públicos, ya que se atenta contra el bienestar de la comunidad, perpetuando la inequidad. Como lo señalan en lo relativo a las compras de lujosas bebidas alcohólicas y gastos en publicidad en el último año de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.

En el punto de acuerdo, se hace referencia a los excesivos y onerosos privilegios de ex Presidentes y funcionarios de alto nivel, como la numerosa cantidad de escoltas; señalan que tienen la certeza de que el incremento de la deuda puede tener perspectivas positivas si se destina al fomento de la infraestructura; sin embargo si se continúa con dichos privilegios, los diputados consideran que se podría generar un endeudamiento que se reflejará en el ingreso per cápita de los mexicanos.

La dictaminadora plasma el resolutivo del punto de acuerdo de los promoventes que a su letra dice:

PRIMERO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de las Federación a auditar e informar a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respecto al destino específico de los  recursos sobre ejercidos por la Presidencia de la República respecto al monto autorizado en los rubros de Servicios Personales, Gasto de Operación e Inversión Física durante el ejercicio presupuestal 2013.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal, a emprender cada quien en su ámbito y jurisdicción, medidas efectivas para disminuir los gastos superfluos y eliminar cualquier tipo de privilegios de los funcionarios públicos.

III. CONSIDERACIONES

La Comisión dictaminadora, está de acuerdo con los motivos que se expresan en la Proposición con punto de acuerdo que se analiza, solicitar de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación, para que lleve a cabo una auditoría e informar a esta Soberanía, sobre el destino específico de los recursos sobre ejercidos por la Presidencia de la República respecto al monto autorizado en los rubros de Servicios Personales, Gastos de Operación e Inversión Física durante el ejercicio presupuestal 2013.

Con base en el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2013, los gastos erogados por la Presidencia de la República el año pasado, el ejercicio presupuestario de dicha dependencia fue de 3,273.4 millones de pesos, 55.5% mayor al presupuesto aprobado, por lo que se considera oportuno conocer el destino específico de las erogaciones y que el Ejecutivo Federal, los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal emprendan acciones para disminuir el gasto y eliminar cualquier tipo de privilegio de los funcionarios públicos.

Dentro de las atribuciones de la entidad de fiscalización superior o Auditoria Superior de la Federación están: “fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.”

Esta Comisión hace notar que el artículo 79 constitucional establece que:

“Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.”

No obstante, a la luz de las atribuciones de la Comisión Permanente, consagradas en el artículo 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano no tiene competencia para conocer el resultado de una auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación, dado que esta es un órgano técnico de la Cámara de Diputados con atribuciones constitucionales específicas y vinculación concreta a esa Cámara, como lo establece el artículo 74 de nuestra Carta Magna en sus fracciones II y VI, que a la letra dicen:

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Ahora bien, dada la importancia de la aplicación de medidas de austeridad en el ejercicio del gasto de los funcionarios públicos y el ejercicio del presupuesto asignado, esta Comisión consideró oportuno modificar los resolutivos del Punto de Acuerdo para quedar como se presenta ante los integrantes de esta Comisión.

IV.- RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los tres órdenes de gobierno a informar sobre las acciones que han emprendido en materia de racionalidad y austeridad en el ejercicio presupuestal para controlar y disminuir el gasto corriente durante el ejercicio 2014.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Por el que se desecha la proposición que exhorta a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal por parte del ciudadano Nelson Toledo Gutiérrez.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Segundo Periodo de Ejercicio  Constitucional de la LXII Legislatura, mediante oficio CP2R2A.-171, le fue turnada para su análisis y dictamen la “Propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal por parte del ciudadano Nelson Toledo Gutiérrez”. La propuesta antes citada se presentó por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. En el apartado denominado "Contenido de Proposición" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

a. En sesión celebrada por la Comisión Permanente el martes13 de mayo del 2014, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la “Propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal por parte del ciudadano Nelson Toledo Gutiérrez”.

b. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION.

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifiestan en la propuesta que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), es la autoridad capitalina encargada de organizar las elecciones locales para diputados de la Asamblea Legislativa, jefes delegacionales y jefe de Gobierno; así como los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal y como organismo público autónomo, cuenta con la confianza de la ciudadanía por ser una autoridad que se apega a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, señalan que no todos los funcionarios que colaboran para dicha institución se han conducido con disciplina ante dichos principios. Tal es el caso del Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal, Nelson Toledo Gutiérrez quien fue acusado a través de un video de sobornar a empleados de diferentes oficinas gubernamentales.

En la propuesta, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI describen que en el diario Reforma  se informa que de acuerdo a la averiguación previa número FSP/P/T1/1111/14-04, el 16 de abril de 2014 la Fiscalía para Servidores Públicos recibió en un sobre un video que exhibe a Nelson Toledo Gutiérrez, Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal, contando fajos de billetes que presuntamente habría exigido como parte de sobornos a empleados de diferentes oficinas gubernamentales. También la proposición  destaca que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recibió una carta anónima en la que señala que “Por medio de Nelson Toledo, su hermano Mauricio Delegado, en Coyoacán cobra diezmo del salario y vales a empleados del IEDF, la Delegación y la ALDF”.

Los senadores promoventes coinciden en que resulta inadmisible que las autoridades del IEDF, no hubieran detectado a tiempo este tipo de prácticas de corrupción del servidor público con un cargo de sub-contralor. Afirman que de comprobarse la veracidad del presunto cobro de “diezmo” a empleados de dicha Institución, estaría en una de las más grandes faltas administrativas que el IEDF deberá enfrentar a causa de un indebido comportamiento de un servidor público cuyo actuar debe responder a los lineamientos y códigos de conducta del servidor público.

Por tanto, la proposición con punto de acuerdo considera importante que se realice una investigación seria y contundente por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En este sentido, los senadores promoventes indican que Nelson Toledo Gutiérrez fungía como Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal, ya que solicitó licencia el pasado 9 de mayo del año en curso, dentro de las funciones es velar por la buena aplicación de recursos, sin embargo, según lo publicado en los medios impresos, Nelson Toledo Gutiérrez no ha hecho más que abusar de su posición laboral beneficiándose de la extorsión.

Ante todo lo anterior, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI solicitan a la PGJDF se esclarezcan con eficiencia y prontitud los presuntos actos de corrupción, extorsión y nepotismo realizados por el servidor público y de resultar responsable se aplique todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables de los presuntos delitos que se han presentado en el seno del órgano de control del IEDF.

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia Federal, a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del IEDF por parte de Nelson Toledo Gutiérrez.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal investiguen a fondo los presuntos actos de corrupción del sub-contralor de este instituto, Nelson Toledo Gutiérrez.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Primera Comisión coinciden en que todo organismo público autónomo debe estar apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas, para que la ciudadanía brinde su confianza, por lo tanto los funcionarios deben colaborar para conducirse con disciplina ante estos principios.

Se considera importante referir, que el jueves 8 de mayo los diputados locales panistas Priscila Vera Hernández y Andrés Sánchez Miranda presentaron un escrito en las oficinas de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en alcance a los presuntos actos de corrupción del Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad del IEDF, Nelson Toledo Gutiérrez. En el documento solicitan que “la queja sea substanciada por el personal que tenga a bien designar y que cuente con la probidad y experiencia para el ejercicio de su cargo”.

En el mismo sentido, se indica que el viernes 9 de mayo, el C. Nelson Francisco Toledo Gutiérrez solicitó por escrito ante el encargado del Despacho de la Contraloría General del IEDF, C.P. José Guadalupe Campos Hernández, permiso para separase de su cargo por un periodo de seis meses sin goce de sueldo, manifestando su intención de facilitar las investigaciones respecto a los hechos denunciados en su contra.

Asimismo, en la fecha 14 de mayo de 2014, la diputada Priscila Vera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, investiguen y en su caso aclaren la comisión de presuntos actos ilícitos cometidos por el C. Nelson Toledo Gutiérrez, fue considerada de urgente resolución y fue aprobada por unanimidad.

En el mismo contexto, el IEDF el pasado 14 de mayo emitió un boletín de prensa en el que señala que se le otorgó licencia sin goce de sueldo al Subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del IEDF, Nelson Francisco Toledo Gutiérrez, acusado por presuntos actos de corrupción. De esta forma, se garantiza imparcialidad y máxima diligencia en la queja que el pasado jueves 8 de mayo el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal presentó ante la Contraloría General del IEDF en contra del referido servidor público.

Toda vez que la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF inició una averiguación previa con número FSP/P/T1/1111/14-04 de acuerdo a la entrega anónima de un video que exhibe a Nelson Toledo Gutiérrez, Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del Instituto Electoral del Distrito Federal contando fajos de billetes que presuntamente habría exigido como parte de sobornos a empleados de diferentes oficinas gubernamentales.

Por lo anterior se comprende en la propuesta en estudio, el interés por exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia esclarezca el presunto delito de extorsión a servidores públicos del IEDF por parte Nelson Toledo Gutiérrez, Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del IEDF, de conformidad con el artículo 2, fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que de comprobarse las supuestas irregularidades, se dicten responsabilidades. No obstante, en virtud de que existe una investigación en curso, registrada con el número FSP/P/T1/1111/14-04, esta dictaminadora estima conveniente respetar la competencia y los plazos de la propia PGJDF, además de que ya se atendió esa petición, toda vez que  la diputada Priscila Vera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, investiguen y en su caso aclaren la comisión de presuntos actos ilícitos cometidos por el C. Nelson Toledo Gutiérrez, la cual fue considerada de urgente resolución y fue aprobada por unanimidad

Ahora bien, en lo que respecta a la propuesta del proponente de exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que investigue a fondo los supuestos actos de corrupción del Sub-contralor de Atención Ciudadana y Normatividad de la Contraloría General del IEDF, Nelson Toledo Gutiérrez, se considera que la intervención en los hechos que se plantean en la proposición, son conocidos por la mencionada Asamblea, además que de la lectura de las atribuciones de la Asamblea del D. F. no se desprende que tenga facultades de investigación, la cuales corresponde al Poder Judicial, en este caso a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.

Por otra parte, tampoco se obsequia  exhortar al Instituto Electoral del Distrito Federal, para que por medio de la Contraloría General en el ámbito de su competencia investigue a fondo los presuntos actos de corrupción de Nelson Toledo Gutiérrez, y en su caso, determine las sanciones correspondientes, toda vez que como ya se menciónala procuraduría General de Justicia del D. F. inició una averiguación previa con número FSP/P/T1/1111/14-04.

Por todo lo antes expuesto, y fundado esta primera comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia acuerda dictaminar en sentido negativo las proposiciones con punto de acuerdo en las cuales se pretende exhortar a:

La Procuraduría General de Justicia Federal, a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del IEDF por parte de Nelson Toledo Gutiérrez.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal investiguen a fondo los presuntos actos de corrupción del sub-contralor de este instituto, Nelson Toledo Gutiérrez.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 27 de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Por el que se desecha la proposición que exhorta a realizar las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a los trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de la delegación Coyoacán.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que realice las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de Delegación Coyoacán, a fin de acreditar o deslindar la participación del Delegado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez”, suscrita por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente

I. ANTECEDENTES

A. En la sesión del martes13 de mayo de 2014, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente, la proposición mencionada en el proemio.

B. La proposición fue tornada por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo mediante el oficio No. CP2R2A.-185.

C. La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente número 3, del 13de mayo de 2014.

II. CONTENIDO

A. La proposición en comento, pretende:

1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que realice las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de Delegación Coyoacán, a fin de acreditar o deslindar la participación del Delegado, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, y en su caso se sancione conforme a derecho proceda.

2. Que esta misma representación exhorte respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y en atención a las múltiples imputaciones en contra del Delegado de Coyoacán, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, se analice la promoción de su destitución del servidor público.

B.  Los legisladores basan su pretensión en la siguiente línea argumental:

“Desde el inicio de su gestión como Jefe Delegacional en octubre de 2012 y a lo largo de su trayectoria dentro de la administración pública, en múltiples ocasiones Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez ha sido relacionado con actos de corrupción, extorciones (sic) y abuso de poder, todas conductas ilícitas, contrarias a la transparencia y rendición de cuentas.

El pasado 7 de mayo del año curso, en diversos medios de información se dio a conocer un nuevo caso de corrupción relacionado al Delegado en Coyoacán. La imputación se hizo del dominio público a través de la difusión de un video en el que se observa al hermano del funcionario, Nelson Toledo Gutiérrez contando billetes.

De acuerdo a testimonios de los empleados afectados, los actos imputados a Nelson Toledo, se llevan a cabo con anuencia del Delegado en Coyoacán y en el caso particular, ocurrieron en la oficina de atención ciudadana del Diputado local Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la VI Legislatura en el Distrito Federal.

En el PRI estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, de ahí la importancia de conocer la verdad histórica de los hechos y de configurarse uno o varios delitos, se impongan las penas y sanciones correspondientes a fin de que la comisión de ilícitos no quede en la impunidad.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión en que el Jefe Delegacional de Coyoacán se encuentra inmerso en controversias de esta naturaleza, entre otros acontecimientos, podemos mencionar los siguientes casos:

· En diciembre de 2012, Edgar Borja Rangel legislador local, denunció al funcionario. Asimismo, el funcionario fue acusado de recurrir a la intimidación para retirar de manera arbitraria a los artesanos del Bazar Artesanal de esa demarcación.

· En febrero de 2013, fue denunciado por el abogado Rodolfo Reus, representante legal de la Inmobiliaria EGZN Arquitectura, en función de que el funcionario le exigió un sobornode (sic) 1.6 millones de pesos a cambio de no clausurar la construcción del condominio Torre Céfiro.

· En abril de 2013, el empresario Manuel Dacosta lo acusó de soborno para reabrir la gasolinera ubicada en la demarcación, afirmando que el servidor público le pidió un millón de pesos, 25 por ciento de sus ganancias y 50 latas de pintura para una unidad habitacional.

· En mayo de 2013, se hicieron públicas irregularidades en la contratación de 18 líderes de Comités Ciudadanos en la Delegación Coyoacán.

· En octubre de 2013, vecinos de Coyoacán protestaron en la Delegación, exigiendo su renuncia de Toledo, entre las inconformidades manifestadas, acusaban (sic) el desvío de recursos del presupuesto etiquetado para infraestructura.

Lo anterior deja de manifiesto la necesidad de que los hechos sean investigados y resueltos de manera inmediata. Como representantes populares, tenemos la obligación de ser los primeros en respetar la normatividad vigente y de conducirnos con estricto apego a derecho.

En el artículo 108 de la constitución federal, se establecen quienes forman parte del régimen de servidores públicos, por lo que respecta al Distrito Federal, son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de su Administración Pública, en la Asamblea Legislativa y en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en esta jurisdicción.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con diversas atribuciones, todas tendientes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia.

De acuerdo al artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, entre otras, cuenta con las siguientes atribuciones:

Citar a servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal para que informen al pleno o a las comisiones cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos y actividades;

Remover a los Jefes Delegacionales, por las causas graves que establece el presente Estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la Legislatura.

Asimismo, el propio ordenamiento jurídico, en su artículo 108, fracción III, establece que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del Jefe de Gobierno o de los diputados, podrá remover a los Jefes Delegacionales por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden público en la Entidad.

En los hechos materia del presente punto de acuerdo, nuevamente queda de manifiesto el turbio e irregular desempeño del Jefe Delegacional en Coyoacán, de ahí la importancia de que las autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia, realicen de manera inmediata una exhaustiva y eficaz investigación de los hechos controvertidos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Esta representación coincide en que es su obligación actuar en ejercicio de sus funciones por la verdad y la legalidad; sin embargo cualquier acción que se proponga a la Comisión Permanente debe estar firmemente cimentada y basarse en facultades Constitucionales y /o legales.

D. Por cuanto a la primera petición, esta representación aprecia que la conducta que se le atribuye al Delegado en Coyoacán en las primeras líneas consistente en “participación en el presunto cobro de dádivas a los trabajadores”, líneas adelante se le atribuye a su hermano Nelson Toledo Gutiérrez.

E. Por cuanto a las diversas acusaciones establecidas en contra del Delegado en Coyoacán, esta comisión considera que en un Estado de Derecho sólo las acusaciones presentadas ante la autoridad correspondiente pueden asumir un valor como para que la Comisión permanente atendiera a una petición.

F. Por otro lado, las actuaciones judiciales son información reservada y sólo hasta que hay conclusiones acusatorias y consignación al Ministerio Público, puede hablarse de la sujeción a proceso y por tanto presumir válidamente que un presunto responsable puede ser reputado como tal y hasta entonces proceder en acciones como las

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

IV.RESOLUTIVO

PRIMERO.- La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acuerda dictaminar en sentido negativo Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de Delegación Coyoacán.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Por el que se desecha la proposición que solicita información respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la nueva estrategia de seguridad pública y nacional implementada.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada el pasado 13 de mayo de 2014, la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Gobernación, un informe respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la Nueva Estrategia de Seguridad Pública y Nacional.”

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGIA

Esta Comisión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente

I.- ANTECEDENTES

a) En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del presente, el Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Gobernación, un informe respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la Nueva Estrategia de Seguridad Pública y Nacional.

b) La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-164, de fecha 13 de mayo de 2014.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El legislador proponente señala, sin ofrecer datos precisos, que ha habido un alarmante incremento de los niveles de violencia en diversos lugares del país, tanto en el número de incidentes como en el número de personas ejecutadas.

Asimismo, señala que la estrategia del gobierno actual es la misma que la del gobierno anterior, consistente en despojar de territorios a la delincuencia organizada mediante el uso de las fuerzas armadas, no obstante acota que el único cambio que puede percibirse es que la comunicación de esta estrategia se hace de modo distinto.

Por otra parte, sostiene que la Procuraduría General de la República se concibe al día de hoy, como un órgano represor y persecutor del Estado y no como lo que debería ser, que sería un instrumento garante del derecho de acceso a la justicia. El proponente indica que los índices de impunidad en nuestro país se encuentran entre el 96% y 98% y que cada averiguación previa del orden federal tiene un costo equivalente a los $115,000 pesos, por lo cual asegura que en México la justicia es lenta, ineficiente y cara.

Con base en lo anterior, en legislador proponente indica que le resulta relevante que el pasado 30 de abril, el Ejecutivo Federal haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Seguridad Nacional 2014-2018 en el cual refiere que se señala lo siguiente:

“Aunque la preservación de la Seguridad Nacional es una función del Estado mexicano que compete directamente al Ejecutivo Federal, ésta requiere del diálogo y la coordinación con otros poderes públicos, el sector privado, la academia y la sociedad civil a fin de generar condiciones que permitan consolidar el régimen democrático que da sustento a nuestro proyecto de nación…”

El diputado Alonso Raya coincide con tal planteamiento del Ejecutivo Federal y señala que es menester elaborar, bajo esos criterios citados, una nueva política de seguridad que atienda todos los factores que esta implica, de tal suerte que en la búsqueda  de definir estas nuevas acciones y de entablar la coordinación que se plantea en la nueva estrategia de seguridad 2014-2018, el proponente plantea su punto de acuerdo del siguiente modo:

II. a. Proposición del Legislador Proponente.

Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Miguel Alonso Raya

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Gobernación, informe respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados obtenidos hasta el momento de la nueva estrategia de Seguridad Pública y Nacional, implementada al día de hoy.

III.- CONSIDERACIONES

Primera.- Esta Comisión hace suya la preocupación del diputado proponente, respecto a que se deben hacer todos los esfuerzos por garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

Segunda.- Esta dictaminadora considera que la publicación del 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Gobernación, del Programa de Seguridad Pública 2014-2018, que en lo sucesivo se le denominará Programa, es relevante para el análisis de la proposición del legislador. Esto así, en virtud de que adicionalmente a la mención misma que realiza el proponente sobre dicho programa en la parte considerativa de su proposición, el Ejecutivo Federal ofrece en este un panorama general del estado que guarda la seguridad de nuestro país a través de un diagnóstico que contempla en gran medida el punto de partida de la proposición del diputado Raya, que se centra en el incremento de los índices de inseguridad y violencia en México.

Asimismo, debe de considerarse que dicha publicación obedece a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual en el Capítulo VI denominado México en Paz, contempla diversas acciones por parte del gobierno federal en materia de seguridad pública y que además, en las consideraciones del decreto por el cual se aprueba el Programa, se dice a lo siguiente:

“Que la meta nacional México en Paz, tiene como objetivo, entre otros, mejorar las condiciones de seguridad pública y de justicia, a fin de que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, por lo que las acciones en este ámbito se enfocarán a combatir los delitos que más afectan a la población, lo cual se realizará en dos planos complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas, guiándose en los principios de planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, transformación institucional, evaluación y retroalimentación;”

Por tanto la publicación del Programa no es espontánea ni aislada, como el legislador lo refiere, sino que es parte de la estrategia de seguridad que el gobierno en turno se planteó desde el inicio de su gestión.

Tercera.- Ahora bien, el diagnóstico que ofrece el Programa señala los siguientes numerales como factores determinantes en la generación de los índices de inseguridad que se viven hoy en día en el país:

“La crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que se reflejaron en los siguientes fenómenos:

1. El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas.

2. El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

3. El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad.

4. La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia.

Los grupos de la delincuencia organizada ejercieron distintos grados de control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia. Este ambiente generó un clima de temor en la ciudadanía, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas rivales, sino frente a la sociedad.

Lo anterior, aunado al fortalecimiento de la seguridad fronteriza de Estados Unidos de América a partir de 2001, contribuyó a que la delincuencia organizada incrementara la distribución de droga a nivel nacional y expandiera sus áreas de operación hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la extorsión y el secuestro.

Hasta hace poco la estrategia de seguridad tuvo como pilares el combate frontal a las organizaciones delictivas, así como el abatimiento, la aprehensión y eventual extradición de sus líderes. Ello generó vacíos de poder en sus estructuras, que detonaron luchas por el control del mercado de las actividades delictivas a lo largo de todo el país.

Esta confrontación incrementó los niveles de violencia y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma; lo anterior se puede apreciar en el hecho de que en 2013, el 58% de población consideraba la inseguridad como el principal problema del país. También se tradujo en un incremento de los requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos.

Así, se experimentó un incremento sustancial en los delitos que más afectan a la sociedad y que implican altos niveles de violencia, como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión. Asimismo, surgieron frecuentes situaciones de riesgo para la sociedad, como enfrentamientos entre grupos delictivos y exhibición explícita de la violencia.”

Del mismo modo, el Programa precisa el incremento de los principales hechos delictivos que aquejan a nuestra sociedad, como lo presume el proponente en las consideraciones de su proposición y como lo anticipa el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

“De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por el delito de homicidio doloso en el periodo de 2006 a 2012 se incrementaron en 84%, al pasar de 11,806 a 21,728 respectivamente; las extorsiones registraron un incremento del 130% pasando de 3,157 a 7,272; mientras que los secuestros se incrementaron en 92%, al pasar de 733 a 1,407 denuncias en el mismo periodo.

En su conjunto, los delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro y extorsión) registraron un importante crecimiento de 93% en el periodo del año 2006 al 2012.

Esta tendencia de crecimiento delictivo en el país se confirma con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se estima que durante 2010, 2011 y 2012, hubo 17.8, 18.7 y 21.6 millones de víctimas de algún delito respectivamente, lo que representa un incremento de más del 20% entre 2010 y 2012.

Es importante subrayar que el incremento en los índices delictivos se manifiesta de diferentes formas a lo largo del territorio nacional, lo cual obliga a analizarlo desde un punto de vista regional. Así, para los años 2012 y 2013, el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se concentró en las regiones Noroeste y Noreste; el secuestro registró mayor incidencia en el Noreste y Centro; y el delito de extorsión tuvo mayor presencia en el Centro y Occidente.”

Ante este escenario, el Programa contempla 10 apartados que, según este documento, se encuentran sustentados en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, tales apartados son los siguientes:

“I. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social

II. Justicia Penal Eficaz

III. Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía

IV: Transformación del sistema penitenciario

V. Promoción y articulación de la participación ciudadana

VI. Cooperación Internacional

VII. Información que sirva al ciudadano

VIII. Coordinación entre autoridades

IX. Regionalización

X. Fortalecimiento de la inteligencia”

Por su parte, el Programa plantea seis objetivos, los cuales contienen sus respectivas estrategias, y los indicadores a través de los cuales el Ejecutivo Federal evaluará el cumplimiento de estos. Dichos objetivos se enlistan a continuación:

“Objetivo1.- Consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública.

Objetivo 2.- Reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población.

Objetivo 3.- Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la "Economía Ilegal".

Objetivo 4.- Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad.

Objetivo 5.- Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales.

Objetivo 6.- Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.”

Ahora bien, por lo que respecta a la presentación de resultados, el Programa contempla en el rubro referente a las medidas de transparencia, que la información será actualizada anualmente en el portal web de la Secretaría de Gobernación, de suerte que los resultados parciales que se obtengan serán del dominio público. De este modo, el gobierno federal plantea una periodicidad para la entrega de resultados, lo cual ofrecería un lapso de tiempo para que se pueda evaluar y buscar las áreas de oportunidad de cada una de las estrategias.

En lo concerniente a la seguridad nacional, el 12 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación en cuyo contenido, resalta la Estrategia 2.1 Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional y que tiene como líneas de acción las siguientes:

2.1.1. Promover acciones para garantizar la Seguridad Nacional, conforme al Programa para la Seguridad Nacional y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional mediante el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Impulsar las acciones para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa para la Seguridad Nacional. Participar en los grupos de coordinación interinstitucional con el propósito de promover acciones para preservar la Seguridad Nacional. Fortalecer la cooperación en la materia en el ámbito nacional e internacional.

2.1.2. Fortalecer el funcionamiento del sistema de investigación e información que contribuya a preservar la Seguridad Nacional.

Promover la eficiencia e incremento de capacidades para la generación de inteligencia. Impulsar mecanismos para establecer y operar los procesos de fusión de inteligencias especializadas en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

Estrategia 2.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad.

Líneas de acción:

2.2.1. Establecer una coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad.

Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y apoyar a los integrantes del sistema en el desarrollo de acciones para su cumplimiento. Definir estrategias coordinadas para promover la prevención social de la violencia y la delincuencia a través de la Comisión Intersecretarial y las comisiones interinstitucionales estatales. Generar alianzas con las organizaciones de la sociedad civil que aportan al desarrollo de estrategias de prevención. Promover, a través de las juntas de seguimiento y evaluación policial en las entidades federativas, la corresponsabilidad de la sociedad civil en la prevención del delito y mejora del entorno social. Implementar operativos conjuntos en apoyo a los gobiernos estatales para garantizar la seguridad. Llevar a cabo reuniones de coordinación del Gabinete Especializado de México en Paz con los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

2.2.2. Gestionar la ministración de los recursos de fondos y subsidios federales para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

Ministrar de forma transparente y eficiente los recursos de los fondos y subsidios federales en materia de seguridad pública. Verificar y asegurar que los recursos ministrados se orienten a acciones y fines que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios.

2.2.3. Generar información y herramientas de comunicación para mejorar la seguridad pública y fortalecer la coordinación nacional e internacional.

Establecer los criterios que permitan homologar e integrar bases de datos a nivel nacional con información oportuna y de calidad. Mantener y fortalecer el Sistema Unico de Información Criminal. Fortalecer los Sistemas Automatizados de Identificación con el propósito de apoyar la labor de inteligencia policial. Consolidar el Informe Policial Homologado para incorporar de forma clasificada, y bajo un estándar, los resultados de la acción policial de los tres órdenes de gobierno. Promover vínculos de coordinación, cooperación e intercambio de información en materia policial con autoridades e instancias nacionales e internacionales.

2.2.4. Promover la profesionalización y la homologación de la carrera policial en los tres órdenes de gobierno.

Impulsar la profesionalización y homologación de la carrera policial. Fortalecer la profesionalización de los elementos de la policía mediante convenios con instituciones académicas de nivel superior y con instituciones policiales de otros países. Incorporar contenidos en materia de derechos humanos y género en los planes y programas de estudio de los cuerpos de policía. Promover la capacitación de los elementos policiales en materia del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Capacitar a los integrantes de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro. Capacitar a los elementos del Servicio de Protección Federal en inducción al servicio, así como en materia de derechos humanos y perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.

2.2.5. Promover la certificación y control de confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de gobierno.

Impulsar el fortalecimiento de los centros de evaluación y control de confianza mediante la certificación y acreditación de sus procesos. Promover y dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de los cuerpos de seguridad y justicia en los tres órdenes de gobierno.

2.2.6. Reorganizar a la Policía Federal y crear la División de Gendarmería de la Policía Federal para hacer más eficiente su operación.

Coordinar a nivel regional los esfuerzos de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia para combatir los delitos de mayor impacto en la sociedad. Focalizar acciones policiales en cinco regiones del país de acuerdo a las características específicas que presenta el fenómeno delictivo. Intensificar los esquemas de vigilancia en las carreteras federales mediante el Programa Cuadrantes Carreteros en 136 cuadrantes para prevenir y disuadir la comisión de delitos. Formación de la División de Gendarmería de la Policía Federal, un cuerpo policiaco con formación militar y adiestramiento policial, que operará, como parte de la Policía Federal, bajo mandos civiles y atenderá misiones específicas no permanentes en protección de la ciudadanía y salvaguarda de sus bienes y actividades.

2.2.7. Promover la aplicación de protocolos homologados con perspectiva de género.

Promover la aplicación de protocolos con perspectiva de género de uso de la fuerza para asegurar el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de policía.

Estas líneas de acción, junto con el Programa de Seguridad Nacional arriba señalado, son complementos uno del otro, sobre las acciones destinadas al mantenimiento de la seguridad nacional mexicana, derivada de los objetivos nacionales señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe hacer la separación entre una y otra función. La seguridad nacional tiene como objetivo mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; mientras que la seguridad pública tiene el objetivo de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

La seguridad nacional es el objetivo general y la seguridad pública es uno de los objetivos específicos; la primera le es encargada a la Federación con la colaboración de estados y municipios, y la segunda tiene concurrencia en los tres niveles de gobierno quienes comparten responsabilidades.

Cuarta.- Con base en el numeral anterior, esta Comisión estima  que la inquietud del Diputado Raya quedaría satisfecha en virtud de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como el Programa de Seguridad Nacional y el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación, responden en gran medida a su proposición, toda vez que dicho documento menciona ampliamente los procesos de diseño y de ejecución de la “nueva estrategia de seguridad” del gobierno federal, y aplazaría a un año a partir de ahora a la entrega de resultados parciales.  

Quinta.- No obstante todo lo anterior, si bien la proposición del Diputado Raya no señala el lapso de tiempo sobre el cual solicita el informe sobre la nueva estrategia de seguridad, sino que solo se remite a mencionar “hasta ahora”, esta Comisión considera que la intención del legislador pudo haber sido la de solicitar información al Ejecutivo Federal respecto a lo que este ha hecho en materia de seguridad pública desde el inicio de su administración hasta el día de hoy, previo a la publicación del Programa el 30 de abril pasado, toda vez que han transcurrido alrededor de 18 meses desde que este gobierno se ha encargado de la seguridad pública del país.

Bajo ese supuesto, esta dictaminadora estima conveniente referir la solicitud del Diputado a lo publicado por el Ejecutivo Federal en su Primer Informe de Gobierno, donde se delinean las acciones emprendidas en materia de seguridad y los indicadores que hasta el cierre de dicho informe se habían obtenido.

Sexta.-Esta Comisión considera importante manifestar que el día 22 de mayo el Secretario de Gobernación compareció ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, espacio en el cual presentó un informe sobre los avances, logros y retos de implementación de las políticas públicas en materia de seguridad, en cumplimiento a las disposiciones legales de seguimiento por parte del Senado.

Séptima.- Es por las consideraciones anteriores que esta comisión dictamina en sentido negativo la propuesta del diputado Raya, en virtud de que la información que solicita al Poder Ejecutivo Federal se encuentra a su disposición y es del dominio público. En consecuencia, esta dictaminadora emite el siguiente:

IV.- RESOLUTIVO

PRIMERO.-La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. acuerda dictaminar en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitaba al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Gobernación, un informe respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados obtenidos hasta el momento de la nueva estrategia de Seguridad Pública y Nacional, implementada en el país hasta el día de hoy.

SEGUNDO.- Archívese el presente como asunto definitivamente concluido.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Por el que se desecha la proposición sobre la manipulación de programas sociales en beneficio de funcionarios públicos del estado de Baja California Sur.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada mediante oficio Num. CP2R2-A 175 la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la manipulación de Programas Sociales en Beneficio de Funcionarios Públicos del Estado de Baja California Sur, presentada por los Diputados Ricardo Monreal Avila, Alfonzo Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGIA

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la referida solicitud de autorización.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION. Se expone de manera sucinta la motivación y los alcances del punto de acuerdo.

III. CONSIDERACIONES. Expresa los motivos y fundamentos que sustentan el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

I. ANTECEDENTES

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

II. CONTENIDO

A.- En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“Uno de los principales problemas por los que atraviesa nuestro país, es el uso y creación a discreción de instituciones u organismos técnicos especializados encargados de cumplir con determinadas tareas del Estado, los cuales, según sean los intereses, son utilizados o ignorados por los gobiernos en turno”.

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de precisiones referentes a que “…el21 de mayo de 2003, fue creada la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual funge como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, y propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal.

Dicha Comisión tiene dentro de sus facultades la de consolidar el sistema de consulta y fortalecer la participación de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades y organizaciones, en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas como un mecanismo indispensable para incorporar su visión de desarrollo.

Además de instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial. No obstante lo anterior, nada de esto se ha cumplido.

Durante años hemos escuchado en diversos medios de comunicación o de la misma voz de ciudadanos afectados, la discrecionalidad con que los servidores públicos hacen mal uso de los recursos públicos. Gobernantes y funcionarios de todos los niveles utilizan los programas sociales siempre en beneficio propio o de sus partidos políticos.

Ejemplo de ello es la Cruzada Nacional Contra el Hambre (SINHAMBRE), la cual fue presentada como una política de inclusión y bienestar social, que se implementó a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación.

Sin embargo, dentro de los Municipios incluidos sólo fueron contemplados aquellos donde se iban a presentar elecciones para Gobernador, Alcaldes y Diputados locales, dejando de lado a muchos otros que viven en condiciones deplorables.

Hoy, nuevamente volvemos a saber de hechos como los antes relatados. Funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas han utilizado programas como el de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, como un medio para posicionarse en las próximas elecciones.

En múltiples Estados de la República, como Baja California Sur, se han denunciado abusos por parte de los funcionarios que fungen como enlaces del Gobierno Federal, los cuales deciden a discreción quiénes y quiénes no, son beneficiarios de los programas sociales.

La Federación de Uniones Guerrerenses Indígenas Artesanos y Comerciantes Ambulantes en el Estado de Baja California Sur es un ejemplo claro de dichos abusos, rechazándoles la mayoría de sus proyectos por no alinearse a los intereses del enlace federal del Estado.

La manipulación y el engaño a los pueblos marginados se han hecho parte del actuar de estos funcionarios irresponsables, los cuales a costillas del presupuesto federal han tratado de sacar beneficio propio. Es por eso que vengo hasta esta tribuna a exhortar a las autoridades para que en el ejercicio de sus facultades investiguen a fondo los casos de corrupción y la impunidad con que son manejados este tipo de programas.

La CDI se estableció como un organismo de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena.”

C. Concluyen los proponentes al señalar que:

No podemos permitir que funcionarios que fungen como enlaces en las entidades federativas traten de beneficiarse políticamente, lucrando indiscriminadamente con la necesidad del pueblo mexicano”.

D. Con lo anterior, los proponentes formulan el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO,- Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en el ejercicio de sus facultades, sean tomados en cuenta todos los proyectos de la Federación de Uniones Guerrerenses Indígenas Artesanos y Comerciantes Ambulantes en el Estado de Baja California Sur, para su análisis y viabilidad dentro del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que a través de sus Organos de Control, realice las investigaciones correspondientes a fin de determinar si existen abusos por parte de los funcionarios que fungen como enlaces en los Estados de la República, a fin de obtener beneficios políticos o electorales.

TERCERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ejercicio de sus facultades investigue los posibles casos de corrupción y el aprovechamiento ilícito de los Programas Federales y los recursos públicos por parte de los funcionarios del CDI en el Estado de Baja California Sur, a fin de obtener beneficios Políticos o Electorales”.

III. CONSIDERACIONES

A.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó la revisión, estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, haciendo algunas precisiones al respecto.

D.  La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), al ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y de concertación con los sectores social y privado, utiliza los programas y su presupuesto para construir una acción convergente y articulada para contribuir tanto al desarrollo integral, como a hacer efectiva la promoción y vigencia de los Derechos Indígenas garantizados en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de los planteamientos de los representantes indígenas, expresados en procesos de consulta, así como del marco institucional que reconoce las prioridades señaladas por ellos, la CDI define el desarrollo con identidad para los pueblos y las comunidades indígenas, como el objetivo en torno al cual se han de articular los esfuerzos de las dependencias y entidades de todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los actores sociales.

E. Por lo que hace al resolutivo primero, la Comisión Dictaminadora considera pertinente señalar que con base en el Acuerdo para la emisión de las Reglas de Operación del Programa para el mejoramiento de la producción y productividad Indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas está facultada para tomar en cuenta todos los proyectos.

ACUERDO PARA LA EMISION DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD INDIGENA CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE FOMENTO AL DESARROLLO INDIGENA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

2.2. Objetivo Específico

Apoyar a la población indígena para que desarrollen actividades productivas sostenibles, a través de la formulación, diseño, implementación y acompañamiento de proyectos que generen ingreso y contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

3.5 Tipos y Montos de Apoyo

Los proyectos que apoya el Programa se orientan, principalmente, a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, agroindustrial, artesanal, de servicios, turismo de naturaleza y actividad de traspatio, de manera coherente con las vocaciones y potenciales productivos, así como con la experiencia y características de las comunidades indígenas a beneficiar.

En ese mismo sentido, la CDI se encuentra facultada y obligada para recibir y analizar Todos los Proyectos que le sean presentados, así como los de la Federación de Uniones Guerrerenses Indígenas Artesanos y Comerciantes Ambulantes en el Estado de Baja California Sur, con el objeto de apoyar a la población indígena en el desarrollo de sus actividades y mejoramiento de sus condiciones de vida.

Luego entonces siendo obligación de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se considera viable realizar el exhorto enfocado a que se atiendan demandas de una organización en particular, máxime que de la lectura de la propuesta realizada no existe evidencia que se hayan agotado los medios para hacer valer sus derechos, que estipulados en  la regla de operación 16 y son la queja y la denuncia, en caso de haberse vulnerado sus derechos.

F. En cuanto a la petición segunda y tercera esta Comisión Dictaminadora considera que al no contar con elementos que le permitan asegurarse que se han agotado los medios para activar las acciones del Orégano interno de control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, órgano que  tiene facultades para investigar los actos que se le imputen a los funcionarios de esa dependencia, no es factible obsequiar su peticion.

Así mismo, como se ha precisado en el  resolutivo E, así como de la lectura de la Exposición de Motivos no se tienen elementos que permita exhortar a la Procuraduría General de la Republica, toda vez que no se precisan los hechos, ni los elementos que permitan determinar si existe un delito que pueda perseguirse por oficio, y al no poder  calificar las  conductas que pudieran considerarse como graves dentro de un Organo Administrativo como lo es la CDI; esta Comisión considera improcedente acceder a la propuestas de exhortar a la Procuraduría General de la República; así como al Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que a través de sus Organos de Control, investiguen posibles casos de corrupción y aprovechamiento ilícito de los Programas Federales y los recursos públicos por parte de los funcionarios del CDI.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO- Esta Comisión acordó dictaminar en sentido negativo las Proposiciones con punto de acuerdo que exhortan:

Al Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en el ejercicio de sus facultades, sean tomados en cuenta todos los proyectos de la Federación de Uniones Guerrerenses Indígenas Artesanos y Comerciantes Ambulantes en el Estado de Baja California Sur, para su análisis y viabilidad dentro del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

Al Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que a través de sus Organos de Control, realice las investigaciones correspondientes a fin de determinar si existen abusos por parte de los funcionarios que fungen como enlaces en los Estados de la República, a fin de obtener beneficios políticos o electorales.

A la Procuraduría General de la República, para que en el ejercicio de sus facultades investigue los posibles casos de corrupción y el aprovechamiento ilícito de los Programas Federales y los recursos públicos por parte de los funcionarios del CDI en el Estado de Baja California Sur, a fin de obtener beneficios Políticos o Electorales”.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y ténganse como total y definitivamente concluido.

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014.


PRIMERA COMISION”.






Tenemos nueve dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y al gobierno del Distrito Federal a informar sobre la situación que guarda el Polyforum Cultural Siqueiros.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reiterar al gobierno y pueblo de Turquía, el dolor y solidaridad del gobierno y pueblo de México, por la muerte de los más de 300 mineros, acaecída en la mina de carbón en Soma.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a modificar el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a fin de que se brinden servicios de atención médica a las personas que sufren enfermedades lisosomales.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reiterar su preocupación y renovar el llamado a las partes para alcanzar una pronta solución a la compleja situación que se vive en Venezuela.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Tratado de Marraketch para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar las acciones para que un número suficiente de hospitales logre su certificación, a fin de ampliar la red de servicios de atención del cáncer colorrectal y su financiamiento a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Por el que la Comisión Permanente se suma a las expresiones de enérgica condena a la sentencia de muerte impuesta a Meriam Yehya Ibrahim.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar acciones y programas de prevención, atención, investigación, diagnóstico y tratamiento en torno a la enfermedad fibromialgia, así como de enfermedades neuroinmunes.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Asimismo, tenemos 10 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta a remitir un estudio sobre la viabilidad de considerar como      Area Natural Protegida los manglares y otros humedades asociados del Río Hondo.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a considerar la inserción de los humedales del Río Hondo, como área natural protegida y a la Comisión Nacional del Agua para dar seguimiento a los trabajos de diagnóstico de la calidad del agua del Río Hondo, para establecer medidas destinadas a su conservación y saneamiento, suscrita por los Senadores Luz María Beristain Navarrete, Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San Román, Adán Augusto López Hernández, Mariana Gómez Del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes refieren que el Río Hondo que hace frontera entre México y Belice, tiene como una de las principales características la existencia de manglares en ambas orillas, mismas que se consideran como ecosistemas complejos además de ser importantes para el control de la erosión costera y contribuyen a la conservación del suelo.

Mencionan también que su superficie se está reduciendo considerablemente en amplias zonas y presentan niveles considerables de contaminación.

También, señalan que el Río Hondo presenta altos niveles de contaminación en la Bahía Chetumal y de deforestación, provocando la pérdida de flora y fauna, alterando el ecosistema natural de manera irremediable.

Finalmente destacan la importancia de la colaboración conjunta de diversas autoridades correspondientes con el objeto de realizar los estudios para conocer si la situación del ecosistema requiere atención prioritaria.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que elabore un estudio sobre la viabilidad de considerar como área natural protegida los manglares y otros humedales asociados del río Hondo e incluirlo en la lista de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, considerando los correspondientes impactos de carácter económico y social en los asentamientos humanos ribereños.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a que concluya los trabajos de diagnóstico de la calidad del agua del río Hondo, para que a partir de sus resultados se instrumente un plan de gestión que, en su oportunidad, pueda ser puesto en práctica en coordinación con el Gobierno de Belice.

TERCERO.- Dado que en el río Hondo se ubica el límite fronterizo, se estima indispensable que los resultados de los estudios propuestas se presenten a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en su oportunidad, los someta a la consideración del Gobierno de Belice.

III. CONSIDERACIONES.

Esta dictaminadora concuerda con los promoventes respecto de la priorización de analizar la viabilidad de considerar como área natural protegida los manglares y otros humedales asociados al Río Hondo, debido a que representa uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano, por lo cual podría ser considerada su preservación y restauración, motivado de que en él habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas.

Al respecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 5o señala como facultades de la federación la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, la protección y la preservación de las aguas nacionales.

En este contexto, advertimos la posibilidad de que la autoridad competente pueda realizar el análisis correspondiente a efecto de que valore las condiciones en las que se encuentra el ecosistema de referencia y consideramos pertinente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que se remita a ésta Soberanía un informe sobre las condiciones imperantes en el hábitat y la viabilidad de declarar los manglares y otro humedales del Río Hondo como área natural protegida.

Los proponentes solicitan que se exhorte a la Comisión Nacional del Agua para que realice los trabajos de diagnóstico de la calidad del agua del río en comento.

Al respecto, los integrantes de esta dictaminadora consideramos que derivado de lo que establece la normatividad de la Ley de Aguas Nacionales, la autoridad competente, debe promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de dicha Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Lo anterior, en atención a que el Río Hondo representa un factor crucial para la economía local, por lo que la contaminación de sus caudales podría tener severas repercusiones en el comercio y en la salud de la población, en consecuencia ésta dictaminadora propone exhortar a las entidades correspondientes a efecto de realizar un diagnóstico de la calidad del agua, a través de la Comisión Nacional del Agua, previendo con ello el impacto ecológico, sanitario y económico de dicho territorio.

Respecto a la petición de los proponentes en relación con hacer del conocimiento los resultados al Gobierno de Belice, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos pertinente que sean valorados y evaluados por las instancias correspondientes a efecto de que en su caso, se propongan las soluciones pertinentes y, de considerarlas conducentes, sean planteadas al gobierno involucrado.

Con base en lo antes expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir a esta Soberanía un estudio sobre la viabilidad de considerar como área natural protegida los manglares y otros humedales asociados del Río Hondo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que realice un diagnóstico de la calidad del agua de la zona de los manglares y de los humedales que se vinculan con la Cuenca del Río Hondo.

TERCERA COMISION”.






Por el que se solicita un informe sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, respecto a las operaciones realizadas por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender de manera inmediata las recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belauzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, señalan que la Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, es una institución financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo, creada en 2001 con el fin de propiciar el acceso a la vivienda de calidad para los mexicanos que la demandan. Entre sus principales objetivos se encuentran otorgar créditos a largo plazo a intermediarios financieros especializados que otorgan hipotecas.

El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, FOVI, a partir de febrero de 2002 otorga apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de la vivienda de interés social, canalizando los recursos a través de intermediarios financieros como las instituciones de banca múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado, SOFOLES, del ramo hipotecario e inmobiliario registradas ante FOVI. 

Continúan los promoventes explicando que las SOFOLES y SOMOFES se vieron afectadas por la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, con lo cual se redujo su acceso a fuentes de fondeo y se agravaron sus problemas de liquidez.

Los diputados con base en la auditoría financiera y de cumplimiento 11-3-06HCG-02-0469 que se deriva del Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2011, indican que el FOVI mantiene operaciones crediticias con las IFNB concentrando el 52% del total de su cartera de crédito, que al 31 de diciembre representa un adeudo del IFNB con el FOVI de 7 787.2 millones de pesos.

Indican que la SHF y el FOVI han autorizado líneas de crédito a las IFNB a pesar de su crítica situación financiera convirtiéndose en entidades administradoras de cartera de difícil recuperación1. En ese sentido, derivado de los anteriores argumentos la ASF realizó una recomendación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de su competencia, fortalezcan los mecanismos de supervisión, inspección, vigilancia, prevención y corrección, de las facultades que tiene el Comité Técnico del FOVI relacionadas a la autorización de líneas de crédito a pesar de los problemas financieros que presentan las IFNB.

Por las anteriores consideraciones, los diputados proponen a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Lic. Jaime González Aguardé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Dr. Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias atiendan de manera inmediata las recomendaciones emitidas por la ASF en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, para fortalecer los mecanismos de supervisión, inspección y vigilancia sobre las facultades discrecionales del Comité Técnico del FOVI al autorizar líneas de crédito con intermediarios financieros que no benefician a la población de bajos recursos y que además presentan problemas de liquidez. Así mismo haga del conocimiento público las acciones llevadas a cabo para atender las propuestas.

III. CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Tercera Comisión tenemos conciencia de la importancia del sector vivienda para el desarrollo económico y social de México. No obstante, consideramos pertinente realizar las siguientes observaciones:

PRIMERO.- Que la Sociedad Hipotecaria Federal tiene por objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social .

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal se encuentran entre las facultades del Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, aprobar los criterios para el otorgamiento de créditos.

TERCERO.- Que la Cláusula Cuarta incisos a) y d) del Contrato de Constitución del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, FOVI, dispone que puede autorizar créditos y garantías relacionadas con el financiamiento de la construcción, adquisición y mejora de vivienda, sin que constituya una facultad discrecional o una excepción a la norma, toda vez que existe disposición que le confiere la atribución expresa de otorgar apoyos a las entidades financieras destinadas al financiamiento a la vivienda, cuyo sentido será preferentemente social. Esto es, no se excluyen el resto de sectores involucrados. Con tal motivo, el Comité Técnico del FOVI autorizó la línea de crédito a METROFINANCIERA S.A. DE C.V.  SOFOM E.N.R.

CUARTO.- Mediante oficio 369.-VI.-011/2013 de fecha 27 de marzo de 2013, la Unidad de Banca de Desarrollo desahogó la recomendación formulada por la Auditoria Superior de la Federación (auditoría financiera y de cumplimiento 11-3-06HCG-02-0469), en el sentido de que la SHCP en su carácter de coordinadora de sector del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), conoce y participa en la autorización de las diversas operaciones que son sometidas a la aprobación del citado órgano colegiado, y que además, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito es la CNBV quien tiene facultades de supervisión en la materia y no la SHCP. Mediante dicho oficio quedó asentado que la SHCP ha cumplido cabalmente las atribuciones que tiene conferida como coordinadora de sector, y por lo tanto, las cuestiones exhortadas por los legisladores en este sentido ya se encuentran atendidas.

QUINTO.- El artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de febrero de 2008, establece lo siguiente:

Artículo Décimo Cuarto.- Se considerarán como parte del Sistema Bancario Mexicano, por lo que quedarán sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y les será aplicable la regulación señalada en el artículo 134 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito que se adiciona por virtud del presente Decreto, los fideicomisos públicos siguientes:

I.       a IV. …

V. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda.

SEXTO.- Conforme lo establecido en el artículo 134 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, el FOVI está sujeto a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ser un fideicomiso público para el fomento económico que forma parte del Sistema Bancario Mexicano, por lo que dicha Comisión es la encargada de supervisar y evaluar las operaciones y, en general, todo lo que pueda afectar la posición financiera del citado fideicomiso.

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta pertinente dirigir la solicitud planteada por los señores diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres sólo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, enviar a esta Soberanía un informe sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, con relación al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011,respecto de las operaciones realizadas por el FOVI.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 Por ejemplo, explican que el 29 de noviembre de 2011 el Comité Técnico del FOVI autorizó al “IFNB 610” un crédito por 193.73 millones de pesos, que además no se ajustó a la política de vivienda 2007-2012 en donde se establece que la población objetivo del FOVI son familias mexicanas de bajos recursos dándoles acceso a una vivienda, ya que este crédito fue otorgado al intermediario 610 para concluir un edificio denominado Torre Barcelona del proyecto “Las Palomas”, en donde los clientes potenciales serán principalmente residentes de la Arizona, Estados Unidos, con ingresos mayores a 200 mil dólares anuales.





Que exhorta a establecer un programa integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en Tamaulipas.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que establezca un Programa Integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos, con la participación de los gobiernos estatales y de la industria automotriz nacional, asimismo, a que establezca, de manera coordinada con el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, un Programa Integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el Estado, en especial en los municipios fronterizos, suscrita por el Diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El diputado proponente señala que no se observa congruencia entre las estrategias de política industrial automotriz, presentadas por el Ejecutivo Federal en noviembre del año pasado y el resto de las políticas públicas que implementa. De manera específica, indica que las disposiciones contenidas en la Reforma Fiscal afectan directamente a dicha industria al haber reducido los montos de deducibilidad en la inversión de vehículos nuevos, generado la obligación para el pago del impuesto al valor agregado a las importaciones temporales e incrementado la tasa de este impuesto en las regiones fronterizas.

En las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo se argumenta que los precios de los vehículos nuevos en los municipios fronterizos se han incrementado como consecuencia de las medidas fiscales y han propiciado una reducción considerable en la adquisición de vehículos nuevos, fomentando una mayor importación de vehículos extranjeros usados.

Ante dichas circunstancias se plantea la necesidad de la intervención del Ejecutivo Federal para que lleve a cabo “medidas y acciones, tangibles y concretas, en el corto plazo que tengan efectos inmediatos en dos aspectos fundamentales del sector automotriz; un incremento en las ventas de vehículos nuevos y la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera.”

De forma puntual se exhorta a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se implemente un “Programa Integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos, con la participación de los gobiernos estatales y de la propia industria automotriz.” En el desarrollo de dicho programa se solicita que, por lo menos, se consideren las siguientes medidas:

a. Un descuento en las contribuciones, tenencia, verificación y  emplacamiento;

b. Un incremento en el monto de la deducibilidad, para efectos del impuesto sobre la renta;

c. Planes de financiamiento a través de la banca comercial con la participación de la banca de desarrollo;

d. Un esquema de renovación del parque vehicular o “chatarrización”, y

e. Un descuento real en los precios de los vehículos al comprador final.

En lo que se refiere a la compra de vehículos usados procedentes del extranjero, el diputado García González expone que su propuesta se origina en gran medida “por las asimetrías existentes entre los mercados de vehículos de los Estados Unidos de América, Canadá y de México, así como por la interacción económica y social que se presenta en las ciudades de la frontera norte.”

Señala que este fenómeno genera diversos problemas de tipo económico, social y medioambiental, entre los cuales se destacan los siguientes:  las pérdidas en la recaudación fiscal por parte de autoridades locales y federales; la falta de control en el registro del parque vehicular que puede ser aprovechada por los delincuentes para utilizar vehículos que no puedan ser identificados; la corrupción en los cuerpos policiacos de los diversos niveles de gobierno y en las autoridades aduaneras que de manera constante reciben ofrecimientos de soborno por parte de los propietarios de los vehículos que buscan evitar la confiscación de estos; y las irregularidades en materia de verificación ambiental y de las condiciones mecánicas, de los automóviles usados llegados del extranjero que constituyen una fuente de contaminación y riesgo grave para los ciudadanos.

Con base en las observaciones anteriores, se afirma que es urgente corregir el ingreso de vehículos usados a nuestro país y se menciona que la expedición de más de 19 instrumentos regulatorios realizada de 1978 a la fecha no ha sido suficiente  para atender el problema. En el mismo sentido, se subraya que los requisitos y formalidades existentes en el marco Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para la importación de dichos automotores, no generan las condiciones propicias para incentivar su compra legal y controlada, fomentando, por el contrario, su ingreso al margen de la ley y su importación temporal sin retorno.

En atención a lo mencionado, el proponente solicita que el Ejecutivo Federal y las autoridades del Estado de Tamaulipas implementen un “Programa Integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el Estado, en especial en los municipios fronterizos, que permitan su importación de manera definitiva a costos accesibles.” Como alternativa para llevar a cabo lo anterior, se sugiere la posibilidad de establecer una serie de medidas que han sido implementadas en años previos en el Estado de Chihuahua, mediante las cuales se logró reducir el costo en la importación de automóviles y se financió la regularización de los vehículos, “con la finalidad de que la mayoría (..) fueran importados en definitiva y emplacados.”

Se argumenta que las medidas aplicadas en Chihuahua lograron avances significativos en el ordenamiento del parque vehicular de dicha entidad y se insta a que el Estado de Tamaulipas las replique. El diputado proponente señala que con ellas se logrará que “los ciudadanos puedan utilizar y conservar sus vehículos legalmente en el país (…) y las autoridades hacendarias y de seguridad pública podrán identificar y registrar todos los vehículos que circulan” aumentando “la captación de recursos fiscales y (…) mejorando el clima de seguridad entre los tamaulipecos.”

III. CONSIDERACIONES

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen. Existe coincidencia en la inquietud que expone el diputado proponente en torno a la importancia de la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera en el Estado de Tamaulipas, pero se considera que las acciones y medidas propuestas para incentivar la adquisición de vehículos nuevos o promover la compra de vehículos importados usados no resultan viables en el marco institucional vigente.

Como se señala en la proposición con punto de acuerdo, en los últimos meses nuestro país ha generado avances considerables en los indicadores que presenta la industria automotriz, los cuales lo colocan como el 8º productor de vehículos y el 4º exportador de vehículos ligeros a nivel mundial. Las 4 estrategias de política industrial automotriz presentadas por el Ejecutivo Federal en el mes de noviembre fortalecen los logros observados desde un enfoque que promueve la eficiencia y la productividad en el sector y que es congruente con los objetivos en materia de equidad social y protección del medio ambiente que se ha planteado nuestro país.

En este sentido, el otorgamiento de mayores créditos para la compra de vehículos nuevos y la regulación de la importaciones de autos usados, la formación de una red nacional de proveedores de clase mundial en el sector, el impulso al desarrollo tecnológico y la innovación automotriz y el acceso a nuevos mercados de exportación constituyen acciones claras de política industrial que son compatibles con los lineamientos de política fiscal aprobados por el Congreso de la Unión durante el mes de octubre del año pasado y en vigor desde el primero de enero del presente año.

Si bien, la relevancia de la industria automotriz en México es indudable, consideramos que resulta equivocado, desde una perspectiva integral del desarrollo nacional, observar las medidas fiscales de nuestro país únicamente desde la visión particular de dicho sector. La política fiscal constituye un sólido instrumento del Estado para garantizar equidad entre los diversos estratos de nuestra población y dicho principio ha sido fundamental en la Reforma Fiscal aprobada el año pasado.

Cada una de las medidas que cuestiona el proponente -reducción en los montos de la deducibilidad en la inversión de vehículos nuevos, obligación del pago del impuesto al valor agregado a las importaciones temporales e incremento del impuesto al valor agregado en la franja y región fronteriza – tiene su sustento en el objetivo de equilibrar los beneficios que las exenciones y deducciones en los grupos con mayores ingresos económicos en México. Dicha visión debe ser considerada en cada propuesta que se genere para el desarrollo de la industria automotriz y evaluada a profundidad para priorizar siempre la maximización del bienestar social general.

Las medidas y acciones para la adquisición de vehículos nuevos, que se sugieren en el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizado en el primer resolutivo de la proposición con punto de acuerdo, se encuentran en alguno de los siguientes casos: su realización no constituye una atribución de la SHCP, ya se lleva a cabo por parte de alguna dependencia del Ejecutivo Federal o genera efectos sub óptimos desde una perspectiva integral del desarrollo de nuestro país.

Al tomar en cuenta cada uno de los aspectos mencionados, la Comisión dictaminadora ha determinado que la inclusión del primer resolutivo de la proposición con punto de acuerdo carece de justificación y sustento por lo cual se propone que no sea considerada.

En lo que se refiere a la creación de un “Programa Integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el Estado, en especial en los municipios fronterizos” se coincide con el proponente en la necesidad de que las autoridades federales y estatales se coordinen para llevarlo a cabo. Los problemas económicos, sociales y ambientales que se generan por la entrada ilegal de vehículos requieren ser atendidos mediante instrumentos regulatorios efectivos y el exhorto que se realiza en el segundo resolutivo de la propuesta solicita se atienda dicho objetivo.

Finalmente, en lo que respecta al exhorto que se realiza en el tercer resolutivo de la propuesta para que el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas establezca “una garantía de las contribuciones por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado de los vehículos usados en su importación definitiva, y un plan de financiamiento para los propietarios de estos vehículos que no puedan costear su importación”, la comisión dictaminadora considera que dicha medida entra en contradicción con el planteamiento del proponente para incentivar la adquisición de vehículos nuevos en el país.

Las medidas arancelarias y los requisitos administrativos establecidos en el marco del TLCAN, como la presentación del certificado de origen de los automotores por destacar el más importante, son instrumentos necesarios para verificar y regular la entrada de vehículos usados y permiten que la industria automotriz se mantenga en condiciones de competir con los importadores.

Si bien es cierto que “la entrada ilegal y la importación temporal sin retorno de vehículos usados” ocurren de manera cotidiana, consideramos que la solución a dicho problema debe llevarse a cabo por medio de la aplicación efectiva de la regulación existente en la materia. Además, el establecimiento de garantías por parte del Estado de Tamaulipas en la compra de vehículos implicaría la transferencia de recursos económicos estatales hacia ese sector afectando el presupuesto destinado a otros que podrían ser prioritarios.

Con la intención de atender al planteamiento que realiza el proponente respecto a la entrada ilegal de vehículos, se propone modificar la redacción del resolutivo en cuestión para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega de un informe sobre las medidas que actualmente se llevan a cabo en la materia. Lo anterior permitirá a la Comisión Permanente evaluar de manera clara dicha problemática y proporcionará elementos fundamentales para generar, en su caso, las propuestas legislativas necesarias sobre el tema.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Finanzas del Estado de Tamaulipas, para que de manera coordinada establezcan un Programa Integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en esa entidad federativa, y en especial en sus municipios fronterizos.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita un informe sobre la entrada ilegal y la importación temporal sin retorno de vehículos usados a nuestro país y las medidas que se están llevando a cabo para atender dicho fenómeno.

TERCERA COMISION”.






Que exhorta a emitir un estudio de calidad respecto al deterioro de agua de los Ríos Grande y Chiquito.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, al gobierno local de Michoacán y los correspondientes gobiernos municipales para aprobar y ejecutar la rehabilitación y saneamiento de los Ríos Grande y Chiquito de Morelia, suscrita por el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El proponente señala que derivado de lo que establece el artículo 4 constitucional, el derecho de acceso a agua potable y un ambiente sano, es un bien jurídicamente tutelado innegable para todos las personas en nuestro país.

En el punto de acuerdo de referencia, se establece que para atender la eficacia y el respeto hacia tal precepto, se ha establecido en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, se debe desarrollar en dos aspectos, por un lado, a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste por parte de todos los individuos y, por el otro, la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes.

En este contexto, el legislador manifiesta su preocupación por la contaminación que impera en el estado de Michoacán en los Ríos Grande y Chiquito que desembocan en el Lago de Cuitzeo, provocando como consecuencia un deterioro ambiental de los recursos hídricos de la comunidad, por lo que se solicita los estudios procedentes y las soluciones adecuadas para regenerar los afluentes dañados por tal situación, en este sentido propone lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, local de Michoacán y los correspondientes municipales para aprobar y ejecutar la rehabilitación y saneamiento de los Ríos Grande y Chiquito de Morelia, los cuales desembocan en el Lago de Cuitzeo, siempre en el marco de la eficiencia de recursos y en respeto al medio ambiente.

III. CONSIDERACIONES.

El legislador promovente del punto de acuerdo señala que dos de los ríos en el Estado de Michoacán, el Grande y el Chiquito, se encuentran contaminados y proveen de daño a la comunidad, debido a que transportan aguas negras que constituyen focos de contaminación y, en temporadas de lluvia, han presentado desbordamientos que generan un deterioro en el medio ambiente de la comunidad, situación que solicita debe ser atendida por las instancias correspondientes.

Esta dictaminadora considera pertinente citar el artículo 4 Constitucional en su párrafo sexto, que a la letra indica:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En atención a dicho precepto constitucional, el Estado por conducto de sus instituciones debe procurar la atención de los problemas que se generen como consecuencia del deterioro en la sustentabilidad del entorno ambiental, ejemplo de ello, es el contexto en el que se presenta el problema en los Ríos Grande y Chiquito, en el Estado de Michoacán.

Al respecto, es importante hacer hincapié que en el artículo 12 BIS 6 de la Ley de Aguas Nacionales, faculta a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios.

Cabe destacar, que la calidad del agua no es una característica absoluta, sino es un atributo definido en función del uso que se le piense dar al líquido; cada uso requiere un determinado estándar de calidad. Por esta razón, para evaluar la calidad del agua es necesario considerar el uso probable que tendrá.

Con el fin de evaluar la calidad o grado de contaminación del agua, la Comisión Nacional del Agua, ha desarrollado diversos índices de calidad tanto generales como de uso específico.

En este contexto, las políticas que rigen el sector de agua y saneamiento son establecidas por la Comisión Nacional del Agua, por lo que esta Comisión determina exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que se haga un estudio de calidad del agua y, en su caso, se presente el programa de saneamiento de agua correspondiente.

Asimismo, la Tercera Comisión destaca que el objetivo tercero del Plan Hídrico Nacional, referente al trabajo conjunto entre el Estado y los municipios para impulsar el saneamiento básico es coincidente con el Plan de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Morelia en su eje sexto, que hace patente la preocupación de fortalecer las prácticas sustentables y tomar acciones decididas para lograr armonía con la naturaleza y consolidar un Morelia Verde.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, emitan un estudio de calidad respecto al deterioro del agua en los Ríos Grande y Chiquito, y en su caso, propongan una estrategia para su atención y mejoramiento con la finalidad de conservar y mantener el aprovechamiento integral del recurso hídrico, así como la preservación de su cantidad y calidad.

TERCERA COMISION”.






Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Economía impulsar políticas públicas que permitan evitar incrementos en los precios de los productos que integran la canasta básica.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que impulsen las acciones y medidas necesarias a fin de evitar el aumento indebido en los precios de la canasta básica, suscrita por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. La Proposición pretende  que:

 “PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para que en el ámbito de sus atribuciones, impulse las acciones precautorias necesarias a efecto de que no se generen incrementos indebidos en los precios de los productos que integran la canasta básica.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ejercicio de sus facultades, intensifique la vigilancia a los proveedores, a efecto de que respeten los precios máximos autorizados, en defensa de los derechos de los consumidores”.

B. Basa su pretensión en la siguiente argumentación:

“México es una fábrica de pobres, en nuestro país el poder adquisitivo ha registrado una caída de 77.79 por ciento de 1987 a 2014, lo que significa que una familia puede comprar sólo 34 por ciento de una canasta de productos recomendables con un salario mínimo, según una investigación realizada en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Utilizando una canasta de 40 productos recomendables para la alimentación de las personas mexicanas, elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la cual tuvo un valor en supermercados de 195.3 pesos, 186.3 pesos en mercados públicos y 172.4 pesos en tianguis o mercados sobre ruedas, se descubrió la terrible realidad de quienes sostienen con salarios mínimos: una buena canasta básica está completamente fuera de sus posibilidades.

El salario mínimo diario general para 2014 es de 65.58, sin embargo, el ingreso que se requiere para adquirir solamente los alimentos nutricionalmente recomendados y que constituyen la canasta alimenticia recomendable tendría que ser de 184.96 pesos por día; por tanto, habría que aumentar 117.67 pesos al salario mínimo diario.

Además, el estudio señala que los trabajadores podrán comprar cada vez menos debido a la política pública de contener y regular su pago con topes salariales de no más del 4% anual en promedio, en esta situación ya se encuentran 10 millones 349 mil trabajadores que no rebasan los dos salarios mínimos diarios y que, por supuesto, no tienen acceso a alimentos de calidad.

Si a esto sumamos que, en los últimos ocho años, la población mexicana ha enfrentado alzas de precios que han provocado graves pérdidas y con esta una notable diminución (sic) en el poder adquisitivo, lo que ha logrado incluso que el aumento del salario mínimo sea inexistente si se compara con el aumento de los precios de los productos de la canasta básica, entre otros.

Es decir, aunque a finales de 2013 se aumentó el salario mínimo hasta la cantidad de 67.29 pesos, las posibilidades adquisitivas con esta cantidad son casi nulas, pues el aumento inflacionario se encuentra hoy en 59.41 pesos.

Esta flamante cantidad por supuesto no alcanza para cubrir los productos básicos de consumo para un hogar, pues con 67.29 pesos apenas se pueden adquirir: dos boletos de metro, un kilo de tortilla, dos kilos de azúcar, un litro de leche y una lata de atún.

Ahora, a estos datos se deben agregar los efectos de la Reforma Fiscal que al inicio de este 2014 se reflejó en un efecto inflacionario de 4.63 por ciento tan sólo en la primera quincena de enero.

Fue a partir de esa fecha que las familias enfrentaron mayores impuestos en productos de consumo diario como refresco y botanas, que a pesar de no ser productos recomendables por contar con un bajo o nulo nivel de nutrición, para una canasta básica sana, éste tipo de productos eran los únicos que miles de familias podían consumir por los bajos salarios que perciben, más aún en las familias en donde impera el desempleo.

Hasta el cierre del primer cuatrimestre de 2014, un salario mínimo permitía comprar 5.3 kilos de tortillas, nivel que prácticamente no ha tenido cambio desde 2007, pero sí es el más bajo desde 1984 cuando las familias podían adquirir casi 32 kilos de tortilla por la misma cantidad de dinero.

Los productos sufren alzas en sus precios y quienes menos ingresos tienen han dejado de comprar con la misma frecuencia, adquiriendo productos de baja calidad.

La conjugación de la inestabilidad en precios, resultado de la Reforma Fiscal y de los gasolinazos mensuales y, por otro lado, la inestabilidad en el ingreso y empleo en un contexto de un proceso acelerado de reformas no augura nada bueno para las familias con menos ingresos.

El transporte, la gasolina y el gas muestran incrementos importantes que tienen una ponderación muy alta en la canasta básica. Comer bien o transportarse al trabajo suele ser la disyuntiva diaria de millones de mexicanos entre ellos madres y padres de familia.

Cuando los precios de un producto suben, las familias dejan de comprarlo o lo adquieren con menor frecuencia, hoy en día, una familia mexicana con ingresos basados en dos salarios mínimos apenas puede consumir carne dos días a la semana.

Será un año difícil, pues se están conjugando la inestabilidad de precios como resultado de la Reforma Fiscal y de los gasolinazos mensuales y por otro lado, la inestabilidad en el ingreso y en el empleo, en un contexto de un México con profundas laceraciones en materia laboral.”

III. CONSIDERACIONES.

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Al respecto, se han presentado varios estudios de especialistas en la materia como David Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que de 2000 a 2012 la pérdida del poder adquisitivo fue de 47 % mientras que el poder adquisitivo acumuló una pérdida de 11 % del 1º  de diciembre de 2012 al primero de diciembre de 20131.

D. Por su parte, Eduardo Avila, subdirector de análisis económico de Grupo Financiero Monex, ha señalado “…que seis de los últimos 13 años la inflación ha estado por encima de los aumentos de los salarios mínimos, 2014 no será la excepción,  será un año más de pérdida del poder adquisitivo y por tanto, difícil para los trabajadores, debido a que se prevé una inflación entre 4.2 y 4.5 por ciento, mientras que el alza aprobada al salario mínimo para este año fue de 3.9 por ciento y para los salarios contractuales de 4.0 por ciento2.

E. Mario Correa, Director de Estudios Económicos de Scotiabank, ha señalado de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo “…que los salarios contractuales aumentaron en octubre de 2013, un 4 % nominal para el siguiente año, entonces si se toma este cuatro por ciento y se compara con la inflación de la primera quincena de enero de 4.63 por ciento, y si se supone que esto se conservará durante todo el primer mes del año, al final de cuentas las personas tendrían una pérdida de poder  adquisitivo de 0.6 por ciento”3.

F. Para Carlos Rozo, profesor de economía internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco  “…uno de los principales problemas que tiene la economía mexicana es de una baja demanda agregada y ésta se explica por la pérdida de poder adquisitivo que se da repetidamente; en los últimos 25 años ha sido muy pocas veces que el alza de los salarios supera la inflación.”4

G. Ahora bien, respecto al primer resolutivo del proponente, esta comisión considera viable la petición en virtud de que la Secretaría de Economía tiene dentro sus funciones “formular y conducir políticas generales […] de precios del país, así como promover medidas de protección al consumidor, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que a continuación se transcribe:

Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal;

II. a VI…

VII.- Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías;

VIII.- Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor;

IX.- a XXXI.- …

H. Por lo que hace al segundo resolutivo esta comisión coincide con la preocupación del proponente en virtud de que la Profeco se encarga de todo lo concerniente a la protección de los derechos del consumidor, así como vigilar que los comercios respeten los precios y tarifas establecidos, tal como lo señala el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

ARTICULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. a XII

XIII. …Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

XIV bis. a XIX …

XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento;

XX Bis. a XXIII.- …

I. Evaluando lo anterior, esta representación valora que es de atenderse la petición del autor y por tanto se formulan sendas solicitudes para implementar medidas tendentes a cuidar los ingresos de las familias.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,la Tercera Comisión de Hacienda, Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones y con el auxilio y participación de las autoridades locales, impulse políticas públicas que permitan evitar incrementos en los precios de los productos que integran la canasta básica.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus facultades, intensifique la vigilancia para regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.

TERCERA COMISION”.

1 Artículo publicado por Felipe Gazcón el miércoles 29 de enero de 2014 en “Dinero en imagen”

2 Ibidem.

3 Ibid.

4 Ibid.






Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar una campaña y acciones orientadas a la promoción de una cultura de valores universales y de la legalidad que defina y fortalezca la identidad y solidaridad en las familias mexicanas.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a fin de realizar una intensa campaña en el que se ponga de manifiesto la gran importancia que representa la familia y los valores familiares para revertir la situación de descomposición social que está viviendo nuestro país, suscrita por el Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El diputado proponente, hace mención que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Familia, en su Grupo Parlamentario, se sienten comprometidos a exaltar la importancia de preservar los valores familiares como un pilar en las relaciones armónicas de la sociedad mexicana.

Reconoce  que la familia es la base de toda sociedad, y que únicamente mediante políticas públicas eficaces se logrará fortalecer a las generaciones actuales y futuras en bien de nuestro país, y que los gobiernos y la sociedad tienen que hacer todo lo posible para tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa.

Destaca que la institución familiar, no solo ha perdurado sino que ha cambiado y evolucionado, las formas de convivencia se han diversificado, hoy en día nos encontramos con la reducción del número de hijos, el incremento en el número de divorcios y la aparición de familias mono-parentales, pero a pesar de todo, los valores familiares siguen firmes hasta nuestros días.

Para el legislador,  la familia funge como una suerte de control social, donde los niños y jóvenes son introducidos en el cumplimiento de las normas justas, con el cumplimiento de responsabilidades y obligaciones y con la búsqueda no solo de bienes placenteros sino de bienes arduos que exigen esfuerzo, constancia y disciplina.

Considera  que en el marco de la celebración del vigésimo aniversario del Día Internacional de la Familia, se presenta la oportunidad de constatar el importante papel que desempeñan las familias con respecto al desarrollo humano.

Es por lo anterior, que considera pertinente exhortar al gobierno a que elabore políticas públicas y estrategias tendientes a fortalecer a la familia, ya que estamos ciertos de que solo de esta manera se podrá dar un viraje que permita a nuestro país a llegar a buen puerto.
Debido a lo anterior, el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, propone el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades correspondientes a fin de realizar una intensa campaña en el que se ponga de manifiesto la gran importancia que representa la familia y los valores familiares para revertir la situación de descomposición social que está viviendo nuestro país.

III. CONSIDERACIONES.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Tercera Comisión, comparten la preocupación del proponente y coinciden en la necesidad de impulsar acciones que beneficien la cohesión de las familias mexicanas.

A finales de 2005, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo de la Comunicación, realizaron un amplio estudio sobre la Familia Mexicana, sus valores, intereses, retos y perspectivas en el nuevo milenio y se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Familiar (ENDIFAM 2005)1.

Algunos de los resultados más sobresalientes fueron los siguientes:

· La familia mexicana favorece el apoyo, la unión, la entrega, el amor y la alegría; su fortaleza es que la importancia de ello se percibe tanto en los momentos positivos como en los adversos.

· La familia mexicana genera en sus miembros valores comunes, tales como: sencillez, solidaridad, trabajo y esfuerzo, así como el resguardo de la tradición.

· Sin embargo, se descubrió que, en especial los jóvenes, reconocen que la familia mexicana no favorece la disciplina, ni una actitud ganadora o de aceptación del éxito: con frecuencia, refuerza una visión conformista y “perdedora” que se refleja a nivel social en conductas inseguras, a veces sumisas.

· También se reveló que a las familias en México les falta favorecer en mayor medida los valores de la honestidad, el deseo de sus miembros por superarse y el respeto a las normas comunes (puntualidad, normas sociales, etc.).

· Los miembros de la familia reconocen que en México, la familia conserva aspectos positivos con respecto a las familias en el exterior, como el mantenimiento de costumbres y tradiciones en familia, pasar el tiempo de recreación juntos y demostraciones de cariño.

· No obstante, también reconocen factores negativos en la familia mexicana con respecto a las familias en otros países: existen relaciones familiares opresivas o fiscalizadoras que no fomentan el desarrollo personal y estereotipos en contra de la educación y el desarrollo profesional de las mujeres.

Posteriormente, en 2011 el DIF realizó el levantamiento de la Encuesta sobre la Dinámica Familiar en México (ENDIFAM2011), la cual tuvo la finalidad de actualizar y complementar los resultados obtenidos en la encuesta de 2005; así como generar “información que permita inferencias de indicadores relacionados con las dimensiones y variables relacionadas con la convivencia familiar en la sociedad mexicana.”

Esta segunda encuesta arrojó los siguientes resultados2.

· La toma de decisiones importantes en las familias se da principalmente por acuerdo de sus integrantes y, en segundo lugar, por la decisión conjunta entre el jefe del hogar y alguien más.

· El principal tema de conversación con la pareja son los hijos y las cuestiones económicas. Sin embargo, la etapa en la que se encuentra la pareja influye en los temas, entre los entrevistados más jóvenes (18 a 29) se habla más de cuestiones laborales entre los adultos, de los hijos y cuestiones económicas, mientras que entre los mayores de 64 años se habla de la relación con la pareja.

· Al igual que en 2005 los asuntos económicos son el principal motivo de discusión entre las parejas. En segundo lugar los motivos de discusión son el cuidado y educación de los hijos y problemas de comunicación. En menor medida se discute por cuestiones asociadas a la relación de pareja y temas relacionados con la administración del hogar.

· En hogares jefaturados por hombres los gritos durante las discusiones son más frecuentes que en los encabezados por una mujer.

· La incidencia de conductas violentas en la resolución de conflictos es baja. Los jóvenes y adultos de 60 o más años registran relaciones menos violentas, mientras los adultos de 40 a 59 años presentan mayor incidencia en conductas agresivas.

· La cooperación en las actividades del hogar sigue marcadamente cargada a las mujeres ya que en son quienes realizan más actividades en el hogar, en lo que se observa que pese a la emergencia de las mujeres en el ámbito laboral, conservan la responsabilidad del cuidado del hogar.

En base a la primera de las anteriores encuestas, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IIS-UNAM) y el Colegio de México publicaron un conjunto de nueve artículos que, bajo el título Traumas familiares en el México Contemporáneo. Una perspectiva socio-demográfica3,  dan cuenta de los cambios más relevantes que se están dando en la formación e integración de las familias mexicanas

En los ensayos, se destaca que la tradicional e idealizada familia nuclear se enfrenta con cada vez más diferentes y numerosos tipos de familia y de organización doméstica, producto de los efectos directos que provocan fenómenos como: la migración, la disolución del vínculo conyugal por separación o divorcio, la formación de familias de segundas y terceras uniones, la formación voluntaria de familias mono-parentales o los hogares unipersonales de distinta naturaleza, desde los formados por personas solteras en busca de independencia hasta los de personas ancianas que carecen de redes y son vulnerables en extremo.

Se menciona que los cambios que han sufrido las familias mexicanas en el periodo comprendido entre mediados del siglo XX y principios del XXI; llaman la atención las funciones que ya no se llevan a cabo en el seno familiar y los diferentes y cambiantes roles que están adoptando sus miembros, lo cual incide y trastoca las clásicas posiciones de poder y autoridad, una revolución silenciosa pero contundente. El alargamiento de la vida propicia la convivencia más prolongada de varias generaciones, lo cual, sin duda, enriquece las redes familiares y sociales, pero también las complica.

Como se hizo mención anteriormente, en las anteriores encuestas destaca la participación del  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Al respecto, debemos mencionar que esta institución es la responsable de atender muchos de los asuntos relacionados con las familias mexicanas.

De acuerdo a sus facultades, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) tiene la misión de “conducir las políticas públicas de asistencia social que promueven el desarrollo integral de la familia y la comunidad, que combaten las causas y efectos de la vulnerabilidad, en coordinación con los sistemas del DIF estatales y municipales e instituciones públicas y privadas, con el fin de generar capital social”, para lo cual se ha establecido el objetivo de “fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la promoción y aplicación de políticas públicas, programas y acciones”.

El Sistema DIF está integrado por un organismo central, el DIF Nacional, que de acuerdo a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social debe coordinar las actividades en la materia, así como por 32 sistemas estatales DIF y los sistemas municipales DIF que actualmente existen en alrededor de 1,500 de los 2,414 municipios mexicanos.

Esta dictaminadora coincide en que el comportamiento de la familia ha cambiado en las últimas décadas de un esquema más autoritario y poco abierto al diálogo, a convivencias más abiertas, democráticas y en las que todos los miembros de la familia pueden desarrollarse con libertad. Sin embargo, coincide con el proponente en que es importante reforzar en las familias mexicanas los valores que las mantienen unidas y bien comunicadas para preservar su importante papel como núcleo de la sociedad.

Compartimos la preocupación del legislador en la promoción de los valores de la familia mexicana y de su preservación como institución básica de nuestra sociedad, es por ello, que proponemos que sea el  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) la instancia que dé cumplimiento a lo solicitado por el proponente.

Con base en lo antes expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), con la participación de las instituciones públicas, privadas y sociales, a realizar una campaña y acciones orientadas a la promoción de una cultura de valores universales y de la legalidad que defina y fortalezca la identidad y solidaridad en las familias mexicanas.

TERCERA COMISION”.

1 ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINAMICA DE LAS FAMILIAS, 2005. INFORME. en http://www.investigadores.cide.edu/crow/GESOC/Puebla/Informe%20ENDIFAM%202005%20(2).pdf

2 Encuesta sobre la Dinámica Familiar en México (ENDIFAM2011), en http://www.dif.gob.mx/diftransparencia/media/EncuestaNalDinamFamiliaMex2011.pdf

3 ttp://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/revista-inter/num_1_2010/Doctos/RDE_Num01_Nov2010_Art08.pdf






Que exhorta a las comisiones ordinarias de las Cámaras del Congreso de la Unión encargadas de dictaminar las iniciativas de leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de energía, a considerar el pleno respeto de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores vinculados con los sectores petroleros y de electricidad.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a fin de que en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética, se vele puntualmente por los derechos laborales y de seguridad social de las y los trabajadores petroleros y electricistas, suscrita por el Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“En el marco de las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en Materia Energética, mismas que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el pasado 30 de abril, contrario a lo esperado, el “nuevo” régimen para los trabajadores petroleros y electricistas, se esconde en el Título Quinto Bis de la iniciativa que reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH).

Título Quinto Bis que entra en abierta contradicción con el marco jurídico aplicable a los trabajadores petroleros y electricistas, incluidos los contratos colectivos, artículo 123 Constitucional, Ley Federal del Trabajo, legislación en materia de seguridad social, e instrumentos internacionales suscritos por México.

También en contra del artículo 2º. Transitorio de la Reforma Constitucional en Materia de Energía, y los transitorios que prevén el respeto de los derechos de los trabajadores, jubilados y pensionados, en las leyes de PEMEX (artículo 9º. Transitorio), CFE (artículo 10º. Transitorio) y Ley de la Industria Eléctrica (artículo 9º. Transitorio).”

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de consideraciones en las que muestra su preocupación debido a que “…Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrían un balance financiero y un balance de servicios personales (se fijará un techo presupuestal a propuesta de la SHCP con la aprobación del Congreso de la Unión)”.

Así mismo, refiere que “…en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo, se establece un régimen especial en materia de servicios personales para PEMEX y CFE, bajo el cual podrán determinar de manera autónoma la distribución del presupuesto destinado a dicho rubro (sujeto al techo ya mencionado), incluyendo la facultad de autorizar los tabuladores de remuneraciones, la estructura orgánica y las políticas de recursos humanos.

De igual manera podrán autorizar la creación, sustitución, de plazas y las nuevas contrataciones, lo que les permitirá enfrentar en las mejores condiciones posibles la competencia que se dé en los mercados en los que participen”.

C. Concluye el proponente al señalar que:

“si los recursos presupuestales para recursos humanos, propuesto por la SHCP y aprobado por la Cámara de Diputados, son de tal magnitud que exige recortes de personal, se harán recortes masivos, si se debe reducir el contenido de beneficios de los contratos colectivos, estos se recortarán, si no hay recursos suficiente para cubrir todas y en todo su monto a las jubilaciones y pensiones, éstas se disminuirán.

En la empresa productiva se pueden hacer movimientos a estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, mediante adecuaciones presupuestales compensadas, sin incrementar el presupuesto regularizables, tanto para el presupuesto anual como subsecuente, (artículo 102, fracción V, VI párrafo II). Por lo que la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones proceden sólo si están aprobados los recursos necesarios incluidos impuestos, aportaciones de seguridad social y demás pagos y prestaciones legales. Si éstas tienen impactos futuros en gasto deberán constituirse en reservas para garantizar financiamiento.

En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las empresas privadas que obtendrán enormes dividendos, dedicadas a la exploración y extracción de hidrocarburos se les exceptúa del reparto de utilidades a los trabajadores.

Las percepciones extraordinarias (estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos), serán excepcionalmente y siempre que se hayan aprobado recursos al efecto, y evaluados los resultados. No se tomarán en cuenta para indemnizaciones, liquidaciones o prestaciones de seguridad social. (artículo 102 VIII).”

D. Con lo anterior formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Unico. “La Comisión Permanente exhorta al Congreso de la Unión, a fin de que en las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en materia Energética, se vele puntualmente por los derechos laborales y de seguridad social de las y los trabajadores petroleros y electricistas, contrario al Título Quinto Bis, de la iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que prevé el sometimiento de estos derechos sociales a los fines económicos-presupuestales de PEMEX y CFE, lo que impulsará despidos, reducción de las prestaciones, y un claro impulso del outsourcing, contrataciones por honorarios y demás formas de simulación de la relación de trabajo.”

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide parcialmente con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión se manifieste a favor de los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas.

D. El pasado 30 de abril de 2014, el Titular de Poder Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión, el paquete de iniciativas que forman parte de las leyes secundarias en materia energética.

Entre las turnadas a la Cámara de Diputados se encuentra la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública.

Entre las disposiciones que se propone adicionar a la primera legislación que se alude, se encuentra  el Título Quinto Bis que corresponde al régimen presupuestario de las Empresas Productivas del Estado, y sólo el artículo 102 incluido en dicho Título se refiere a servicios personales e incluye las remuneraciones que correspondan a los trabajadores por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias, a saber:

“Artículo 102.- La empresa productiva del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las siguientes disposiciones en materia de servicios personales:

I. Sus respectivos presupuestos deberán incluir en una sección específica, la totalidad de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

a) Las remuneraciones que correspondan a sus trabajadores por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;

b) Las aportaciones de seguridad social;

c) Las obligaciones fiscales inherentes a dichas remuneraciones, y

d) Las previsiones salariales y económicas para cubrir, en caso de ser aprobados, los incrementos salariales, la creación de plazas y las demás medidas de índole laboral;

II. Una vez aprobada la asignación de servicios personales para las empresas productivas del Estado en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá incrementarse;

III. El consejo de administración de cada empresa productiva del Estado autorizará, con base en la propuesta que realice su comité de remuneraciones, en el cual participará invariablemente un representante de la Secretaría, los tabuladores de remuneraciones y las políticas de recursos humanos de la empresa y de sus empresas productivas subsidiarias;

IV. Las contribuciones que se causen por concepto de remuneraciones a cargo de los servidores públicos de la empresa productiva del Estado y sus empresas productivas subsidiarias deberán retenerse y enterarse a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no podrán ser pagadas por las empresas en calidad de prestación, percepción extraordinaria o cualquier otro concepto;

V. El consejo de administración de cada empresa productiva del Estado autorizará, con sujeción al presupuesto de servicios personales aprobado, su estructura orgánica y la de sus empresas productivas subsidiarias, la cual deberá enviar exclusivamente para su registro a la Secretaría y la Función Pública.

Los movimientos que realicen a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizare para servicios personales del ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes;

VI. La creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente con los recursos aprobados para cubrir todos los gastos inherentes, incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones de seguridad social y demás pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas;

VII. Las percepciones extraordinarias que, en su caso, se cubran por concepto de estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y cualquier pago equivalente a los mismos, se podrán otorgar de manera excepcional a los servidores públicos de las empresas, siempre y cuando cuenten con recursos aprobados específicamente para dicho fin y condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación.

Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

VIII. Las personas contratadas bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por honorarios, en ningún caso recibirán las remuneraciones que corresponden a los servidores públicos de las empresas. Dichas contrataciones se realizarán en términos de la legislación civil y los montos totales que se eroguen por los servicios contratados, se reportarán en los informes trimestrales;

IX. Difundirán de manera permanente en su página de Internet y actualizarán trimestralmente la siguiente información:

a) El contrato colectivo de trabajo y el reglamento del personal de confianza;          

b) Los tabuladores aprobados, desglosando todos los conceptos y montos de las percepciones ordinarias y extraordinarias;

c) Las erogaciones que realicen por concepto de jubilaciones y pensiones; así como las actualizaciones del costo actuarial de su pasivo laboral;

d) Los préstamos o créditos, así como las tasas aplicables, que en su caso otorguen a sus trabajadores, jubilados y pensionados;

e) Los apoyos para el desempeño de la función y las demás erogaciones que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, que no forman parte de su remuneración;

f) Los montos mensuales erogados por contrataciones temporales o eventuales;

g) Los lineamientos aprobados por el consejo de administración de la empresa productiva del Estado, con base en los cuales se otorgan y cubren los conceptos descritos en los incisos anteriores, y

h) Los montos erogados en el trimestre que corresponda por cada uno de los conceptos descritos en los incisos b) a f) anteriores.

Lo anterior, sin perjuicio de la información que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, estén obligados a publicar en dicha página de Internet, y

X. Remitirán  a  la  Secretaría  la  información  relativa  a  la  plantilla  laboral,  con  la periodicidad, el desglose y en los términos que ésta establezca.”

En resumen, el citado texto hace referencia que en materia de servicios personales, las empresas productivas del estado y sus empresas productivas subsidiarias, se sujetarán a lo siguiente:

· En sus respectivos presupuestos, incluirán las erogaciones por servicios personales, englobando percepciones, aportaciones de seguridad social, obligaciones fiscales y previsiones salariales.

· El consejo de administración de la empresa productiva, autorizará   los tabuladores de remuneraciones, políticas de recursos humanos y la estructura orgánica de la misma y la de sus empresas subsidiarias.

· Las contribuciones de sus servidores públicos deberán retenerse y enterarse a las autoridades fiscales.

· La creación y sustitución de plaza será procedente cuando se cuente con los recursos correspondientes.

· Las percepciones extraordinarias sólo se otorgarán cuando se cuente con los recursos aprobados para ese fin.

· El personal contratado por el régimen de honorarios, no percibirá percepciones correspondientes a servidores públicos.

· Difundir información relativa al contrato colectivo de trabajo, tabuladores de percepciones, erogaciones por concepto de jubilaciones y pensiones, préstamos, créditos, contrataciones temporales, entre otros, y

· Hacer del conocimiento de la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público, la  información  relativa  a  la  plantilla  laboral de la empresa subsidiaria.

E. Como bien lo señala el diputado proponente, el tema en cuestión forma parte del conjunto de iniciativas que el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó como parte de las reformas secundarias en materia energética, de forma tal, que al no ser un acto consumado no forma parte de la ley vigente, y al no cumplir con todas las etapas del proceso legislativo que señala el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus efectos no repercuten en el marco jurídico vigente.

Esta Tercera Comisión de trabajo coincide en que Estado debe velar por el pleno respeto a los derechos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores de cualquier sector laboral al que pertenezcan.

F. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, de la cual se deriva el Título Quinto Bis de la primera de ellas que alude el proponente, por lo que, con fundamento en los artículos 80 y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, serán dichos órganos legislativos los encargados de elaborar el dictamen correspondiente, y posteriormente someterlo a la anuencia del Pleno de la Cámara de origen.

En razón de lo esgrimido anteriormente, la Tercera Comisión de Trabajo Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

Con base en lo antes expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las comisiones ordinarias de las Cámaras de Diputados y de Senadores encargadas de dictaminar las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Constitucional en Materia de Energía, a considerar el pleno respeto de los derechos laborales  y de seguridad social de las y los trabajadores vinculados con los sectores petrolero y de electricidad.

TERCERA COMISION”.






Por el que se solicita un informe respecto del proyecto del Tren Rápido Transpeninsular, entre los estados de Quintana Roo y Yucatán.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un informe detallado con toda la información respectiva al proyecto del Tren Rápido Transpeninsular entre los Estados de Quintana Roo y Yucatán, suscrita por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

La Senadora promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, señala como  motivación de la misma, lo siguiente:

“Que en el año de 2012 el Titular del Ejecutivo Federal anunció la construcción de un tren transpeninsular entre Quintana Roo y Yucatán, el cual en este año 2014 está a punto de comenzar a construirse.

Que es necesaria la creación de rutas de transporte para facilitar el traslado de los ciudadanos y turistas de un Estado a otro, ya que el transporte en dicha península es insuficiente y resulta muy difícil trasladarse, la implementación de nuevos sistemas de transporte resulta pertinente siempre y cuando se apegue a las normativas que protegen el medio ambiente y al turismo.

Que con base en lo preceptuado por el Artículo 36 de la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezar el proyecto del tren transpeninsular entre Quintana Roo y Yucatán.

Que con base en lo anterior, corresponde a dicha Secretaría esclarecer y difundir la información necesaria, y que entre los puntos que se deben dar a conocer, están;

¿Cuál es la ruta o las rutas que se tienen planeadas en ambos Estados?, así como su ubicación de las mismas, ¿Qué energías se utilizarán para el funcionamiento de los trenes?, ¿Cuándo se tiene pensado terminar el proyecto?, ¿Cómo se garantizará la preservación al medio ambiente?, ¿Hacia quién va a ir dirigido el servicio de transporte?, ¿Qué empresas participaran para el desarrollo del proyecto?, ¿Qué resultados se esperan a largo plazo?, ¿Cuantos y que empleos se esperan generar hacia los ciudadanos mexicanos?, todo lo anterior con la finalidad de conocer la viabilidad del proyecto, además de dar a conocer a los ciudadanos de toda la República toda esta información, ya que ha habido mucha desinformación por declaraciones del mismo Secretario de Comunicaciones y Transportes en los medios de información, donde anunció que se posponía este mega proyecto, contraponiéndose con lo declarado por el Titular de Ejecutivo Federal recientemente en el Estado de Quintana Roo, en donde informa que el proyecto sigue en pie, razón por la cual resulta confuso saber cómo se va a actuar y por ende debemos conocerlo ampliamente”.

Finalmente plantea la proponente, que los ciudadanos del Estado de Quintana Roo y Yucatán deben conocer los beneficios o perjuicios del proyecto en su totalidad.

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, nos sumamos al ánimo de la proponente relativa al estado que observa el proyecto del Tren Rápido Transpeninsular.

TERCERA.- Al efecto, cabe destacar que con fecha 18 de febrero del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Convenio Marco de Coordinación de Acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Yucatán”, el cual establece en su Cláusula Primera lo siguiente:

PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio Marco de Coordinación de Acciones tiene por objeto establecer las bases de coordinación de acciones de apoyo entre el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SCT" y "EL ESTADO DE YUCATAN", para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuven en forma coordinada en la consecución de los objetivos y acciones que se requieran para impulsar la construcción, operación y explotación del proyecto "Tren Rápido Transpeninsular".

De lo anterior se desprende, que evidentemente las acciones encaminadas a la puesta en marcha del  proyecto relativo al Tren Rápido Transpeninsular, se observan en el ámbito de competencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Yucatán, lo anterior, a fin de impulsar la construcción, operación y explotación de dicho Tren.

CUARTA.- No pasa inadvertido a esta Comisión, que de conformidad con lo expresado por el texto del Convenio en comento, concretamente por la fracción III del Apartado de Antecedentes, “De conformidad con el Compromiso 67 del Pacto por México, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como los representantes de los principales partidos políticos, acordaron la aplicación de una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste del país. Lo anterior con la finalidad de hacer frente al rezago de esta zona frente al resto del país en términos de crecimiento económico y humano. Esta estrategia incluye diversas acciones, como la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los Ejecutivos Estatales del Sur-Sureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión”.

QUINTA.- En este contexto, el proyecto del Tren Rápido Transpenisnular, reviste una conectividad de la mayor importancia, toda vez que prevé en una etapa preliminar una longitud aproximada de 277 kilómetros y posibles ampliaciones, iniciando su trazo en la estación terminal Mérida, con estaciones en primera fase en Izamal, Valladolid, y en Tixkokob, Cacalchén y Tunkás en la segunda, para continuar mediante vía de nueva construcción con una estación en Cobá y dos en Punta Venado, una en la autopista de Cancún-Tulum.

SEXTA.- En alcance a lo anterior, con fecha 22 de enero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Convenio Marco de Coordinación de acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Estado de Quintana Roo”, que aborda en los términos conducentes al celebrado con el Estado de Yucatán el asunto de referencia, como se desprende de la Cláusula Primera de dicho Convenio, que a la letra señala:

“PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio Marco de Coordinación de Acciones tiene por objeto establecer las bases de coordinación de acciones de apoyo entre el Ejecutivo Federal por conducto de "LA SCT" y "EL ESTADO DE QUINTANA ROO", para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, coadyuven en forma coordinada a impulsar la construcción, operación y explotación del proyecto ‘Tren Rápido Transpeninsular’ "

Como se desprende de lo antes transcrito, ambos Convenios, desagregan lo relativo a la coordinación a la construcción, operación y explotación del proyecto ‘Tren Rápido Transpeninsular’ en las Entidades Federativas de Yucatán y Quintana Roo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que esta Dictaminadora estima viable el Punto de Acuerdo de mérito.

SEPTIMA.-Los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos con la proponente en torno a la importancia de conocer toda la información respectiva al proyecto del Tren Rápido Transpeninsular, de conformidad con lo preceptuado por la Cláusula Décima Segunda del Convenio Marco en comento, que a la letra señala:

“DECIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA. "LA SCT" podrá hacer pública la información que se genere con motivo de la realización de las acciones a que se contrae el presente Convenio Marco de Coordinación de Acciones, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

‘EL ESTADO DE QUINTANA ROO’, se obliga a difundir la información que se genere con motivo del presente Convenio Marco de Coordinación de Acciones y la realización de las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto de este instrumento. Lo anterior, en términos de las disposiciones vigentes aplicables a la materia en "EL ESTADO DE QUINTANA ROO".

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que presente a esta Soberanía, un informe respecto al proyecto del “Tren Rápido Transpeninsular” entre los Estados de Quintana Roo y Yucatán.

TERCERA COMISION”.






Que exhorta a impulsar la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene como objetivo exhortar a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a impulsar la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores, suscrita por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I.- ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A.- En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“El 22 de mayo de 2013 en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas, se abordó el tema de la energía y se declaró como objetivo de la política energética el facilitar tanto a los hogares como a las empresas una energía asequible y con precios competitivos de manera segura y sostenible y acordaron hacer énfasis en incrementar el rol y los derechos de los consumidores mediante el autoconsumo de energía”.

B.- Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones en las que menciona que en México desde hace más de 25 años, contamos con una institución que tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

Asimismo, la proponente refiere que en la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la facultad de constituirse como una autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y entre sus funciones está la de promover y apoyar la constitución de organizaciones de consumidores, proporcionándoles capacitación y asesoría, así como procurar mecanismos para su autogestión.

Señala que, si se toma en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte final del tercer párrafo del artículo 28 establece que “La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”; y que el gasto en energía es una de las preocupaciones de las familias mexicanas, se logrará coincidir en la necesidad de articular las tareas propias de la CONUEE con las de la PROFECO a favor de los consumidores para que se impulse la autogeneración de energía.

C.- Concluye la proponente al señalar que:

“Esta propuesta permitiría contribuir a reducir la dependencia energética y minimizar el impacto del cambio climático, ya que existen las condiciones técnicas, socioeconómicas y ambientales en nuestro país para impulsar un desarrollo ordenado de las energías renovables en el ámbito doméstico.

Una pequeña instalación de autoconsumo permite su aprovechamiento en el mismo sitio que se produce a partir de la tecnología fotovoltaica, mineólica, minitermosolar o de biomasa y redunda en la reducción de las emisiones contaminantes de CO2, además del consumo de petróleo y gas lo que coadyuva también a la eficiencia energética al generarse la energía precisamente en el punto de consumo”.

D.- Con lo anterior,  la proponente formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

Unico.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a impulsar la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores”.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente impulsar la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores.

D. Como acertadamente lo señala la proponente, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que fue creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.

Cabe señalar que, la CONUEE parte de la estructura institucional de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) la cual nació el 28 de septiembre de 1989, como un órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipios; así como de particulares, cuando lo soliciten, en materia de ahorro y uso eficiente de energía.

Y partir del año de 1999, se inicia la restructuración de la CONAE al dejar de ser una Comisión Intersecretarial; el 20 de septiembre de 1999, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía.

Es necesario destacar que el objetivo principal de la CONUEE es promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en los diferentes sectores de la economía y la población, así como ser el articulador de las políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía del país, que logren el cambio tecnológico y del comportamiento en los usuarios finales de la energía, con la participación de los sectores público, social y privado.

E. De acuerdo con la proponente, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) ofrece asesoría y acompañamiento a los interesados en formar agrupaciones u organizaciones formales y autónomas apoyando las actividades de promoción y defensa de los derechos de los consumidores de Asociaciones de Consumidores y otras Organizaciones de la Sociedad Civil.

Cabe destacar que, las Asociaciones de Consumidores pueden y deben incidir en la toma de decisiones con el Estado Mexicano y otros sectores de la sociedad para promover, defender y exigir los derechos de los consumidores.

Ahora bien, las Asociaciones de Consumidores apoyadas por la PROFECO tienen entre algunas de sus actividades las de promocionar nuevas y mejores prácticas comerciales de los proveedores en términos de calidad y seguridad de productos y servicios, participar en los procesos de diseño y elaboración de regulación que incida en la seguridad y calidad de los productos y servicios, educar a los consumidores en una cultura del consumo responsable y saludable, entre otras.

F. Es necesario considerar quela Estrategia Nacional de Energía  (ENE) 2013-2027 tiene como Objetivos Estratégicoslos siguientes:

“Encauzar las fuerzas de la oferta y la demanda de energía de modo que se brinde viabilidad al crecimiento económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y responsable de la energía”.

Ahora bien, para consolidar un sistema energético integral y generar una cultura compartida por todos, en la ENE se establecen tres “Elementos de Integración”. “El primero de estos elementos se refiere a la sustentabilidad del sector, entendido como su capacidad de renovación. Por un lado, el sistema deberá́ renovarse constantemente a fin de mantener los flujos de energía hacia los consumidores, mientras que estos últimos, a su vez, deberán renovar la capacidad de los sistemas que emplean para hacer más eficiente su consumo. A nivel país, se puede alcanzar la sustentabilidad al ampliar constantemente la gama de energéticos primarios disponibles, enfocándose en un creciente aprovechamiento de las energías renovables”.

Como se observa los objetivos prioritarios de la ENE son: el Apoyo al crecimiento económico y la Inclusión social.

En el análisis que nos ocupa es fundamental considerar la inclusión social, ya que como se señala en la ENE:

“El acceso a la energía es un medio indispensable para mejorar la calidad de vida de la población y brindar las condiciones necesarias para que cada individuo optimice su desempeño; al igual que la salud y la educación, el acceso a la energía es uno de los principales elementos democratizadores y juega un papel relevante en el desarrollo social y humano. Por tal motivo, el acceso a la energía, oportuno y de calidad, debe ser considerado como una prioridad para el progreso de cada mexicano”.

Ahora bien, los integrantes de esta Comisión, compartimos la inquietud de la proponente, en virtud de que es cada vez más necesario el uso de algún auto generador de energía para lograr que las familias mantengan una estabilidad energética y no se corra el riesgo por alguna deficiencia en el servicio de no satisfacer necesidades de vital importancia tales como la conservación de los alimentos, la calefacción en aquellas zonas del país en donde las bajas temperaturas alcanzan niveles extremos a veces fatales, o por el contrario donde se hace imprescindible algún aparato que requiera de energía eléctrica para poder mitigar las altas temperaturas.

Por ello, es preciso que las autoridades competentes comiencen a  implementar políticas encaminadas a generar una cultura de autosuficiencia energética en la población donde se otorguen ciertos beneficios, entre otros, incentivos fiscales.

G. Esta Comisión dictaminadora concuerda con la proponente del presente Punto de Acuerdo en que sea la CONUEE en coordinación con la PROFECO quienes impulsen entre las asociaciones de consumidores esta autosuficiencia en materia energética así como en algunas de las líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de Energía como:

· Establecer programas de apoyo a la población de escasos recursos para adoptar tecnologías eficientes y/o de energías renovables.

· Revisar y modificar en lo pertinente la metodología actual de fijación del precio público, de tal manera que se genere una dinámica de bienestar en todo el país, a partir de apoyos técnicos y subsidios focalizados en la población de escasos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a impulsar de manera coordinada la autogeneración de energía entre las organizaciones de consumidores.

TERCERA COMISION”.






Por el que se solicita analizar la factibilidad de prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de diciembre de 2014.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto por la que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Titular de Caminos y Puentes Federales, a efecto de prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de Diciembre del 2015, con el propósito de seguir impulsando la economía del municipio de Acapulco y del Estado de Guerrero, mediante acciones que sirvan para incrementar la afluencia turística del puerto, presentada por el Sen. Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

El legislador proponente, reconoce que en el último año, la afluencia turística en el municipio de Acapulco de Juárez se ha incrementado gracias a las acciones que se han llevado a cabo por parte de la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento Municipal, en términos de promoción para el aumento del turismo del puerto.

En el mismo tenor, hace mención de que las vías de acceso y comunicación a un destino turístico, en caso concreto la Autopista México-Acapulco, son de suma importancia para la afluencia turística del puerto, pues en periodos vacacionales transitan miles de vehículos a la semana.

No obstante, reconoce que la llamada Autopista del Sol,  ha sido objeto de diversos cuestionamientos de carácter técnico, como una vía de comunicación cuyo estado físico hace necesario reconsiderar los criterios establecidos para definir el cobro del peaje en dicho camino.

Hace mención que debido a las tormentas Ingrid y Manuel que se presentaron en el mes de septiembre del 2013, los cuales afectaron directamente al municipio de Acapulco, provocaron un rezago en el desarrollo económico y turístico. Bajo ese contexto, el Gobierno de la República gestionó la exención del pago de cuota de peaje de la autopista del sol, en las casetas de cobro, beneficiando así la afluencia turística en el puerto, y generando una mayor derrama económica para los Acapulqueños.

Recuerda que después de los lamentables sucesos, y en atención y seguridad para los usuarios en autopistas Capufe, el Director General de Caminos y Puentes Federales, informó que en las plazas de cobro desde Cuernavaca hacia Acapulco, durante los próximos seis meses, se cobraría el 50 por ciento del peaje. Plazo que se cumple el próximo 9 de junio de este año.

Afirma que el establecimiento del precio en las tarifas en un 50% al precio original ha dado muy buenos resultados en la economía de Acapulco y de manera particular, en las bolsas de los guerrerenses. Al disminuir los precios de las casetas, se ha incrementado el aforo de vehículos dando como resultado mayor afluencia turística en el puerto.

Es por lo anterior, que considera sustancial hacer la revaloración de la tarifa de las casetas de la Autopista del Sol con el propósito de prolongar el 50% de descuento sobre el precio original de las mismas. Resulta indispensable mantener el cobro de peaje de la autopista a ese precio, de tal forma que funcione como incentivo para incrementar el número de visitas al puerto, y de esta manera se garantice el desarrollo turístico y consecuentemente económico.

Hace mención de que diversas Asociaciones y Cámaras de prestadores de servicios, han solicitado de manera formal al Presidente de la República, la permanencia del descuento hasta el mes de diciembre del 2015, ya que la baja en el costo de la tarifa del cobro del peaje es esencial para una mejor recuperación turística y económica de Acapulco.

Es por lo anterior que propone el punto de acuerdo en comento, que tiene la finalidad de coadyuvar a los trabajos y esfuerzos que han realizado, en coordinación, la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento Municipal, así como de establecer un conducto directo en este caso con los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, así como al Titular de Caminos y Puentes Federales, para que en el ámbito de sus competencias realicen lo conducente para garantizar la promoción y el desarrollo turístico de los destinos potenciales en el país.

Por lo anteriormente expuesto, el Senador Ríos Piter propone el siguiente acuerdo:

UNICO.-  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Titular de Caminos y Puentes Federales, a efecto de prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de Diciembre del 2015, con el propósito de seguir impulsando la economía del municipio de Acapulco y del Estado de Guerrero, mediante acciones que sirvan para incrementar la afluencia turística del puerto.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Tercera Comisión, comparten la preocupación del proponente y coinciden en la necesidad de impulsar acciones que beneficien el desarrollo turístico y económico de los acapulqueños.

Como es del conocimiento, el año pasado, diversas regiones del estado de Guerrero sufrieron severos daños,  que afectaron viviendas e infraestructura, destacando a la llamada Autopista del Sol. Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Manuel los días 15 y 16 de septiembre, cuando éste se localizaba al sur de la costa de Michoacán, afectaron severamente al estado en más de la mitad de su territorio, resultando afectados 59 de los 81 municipios que lo conforman. La mayoría quedaron incomunicados por bloqueos causados por deslaves y otros con cortes debido a la creciente de escurrimientos pluviales, arroyos y ríos.

El puerto de Acapulco, la ciudad más poblada de la entidad, quedó incomunicada desde el 15 de septiembre vía terrestre con otras localidades debido a cortes en las principales vías que conectan al puerto, incluyendo la Autopista del Sol, la Carretera Federal 95 y la Carretera Federal 200.

En la Autopista del Sol (Cuernavaca - Acapulco) se reportaron afectaciones en 20 tramos entre Chilpancingo y Acapulco, por lo que permaneció cerrada totalmente a la circulación vehicular entre el 15 y 20 de septiembre. En la carretera Federal 95 (Carretera Federal México-Acapulco) se registraron cinco deslaves que provocaron el bloqueo total de la vía. Por otro lado, la carretera Federal 200, en su tramo Acapulco - Zihuatanejo, también quedó interrumpida al colapsar parte de un puente cerca de Coyuca de Benítez.

Ante esta situación, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinó reducir las cuotas de peaje en un  50% en el costo de la tarifa en el tramo mencionado, esto, por un  lapso de seis meses y los usuarios sólo pagan 201 pesos por cruce. Respecto al operativo, el director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), precisó que éste concluiría el próximo 9 de junio del 2014.

Esta dictaminadora coincide con el proponente, en el sentido de que el artículo 49 de la Ley General de Vías de Comunicación, determina la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conocer de las tarifas y sus elementos de aplicación a través de la Comisión Consultiva de Tarifas.

Por otra parte, y de acuerdo a los términos de lo establecido por el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por el artículo 15 de la Ley de Planeación, es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se definan las bases para  revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal.

Asimismo, corresponde al organismo descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, proponer a las autoridades competentes, las tarifas que se aplicarán para la explotación de las vías y los servicios que presta en términos de lo establecido por el artículo 1º fracción III del decreto de creación del organismo de referencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de junio de 1963.

Como se desprende de los lineamientos legales anteriormente descritos, existe un procedimiento para determinar las tarifas en mención; mismas que esta dictaminadora conmina a que sean observadas y cumplidas a cabalidad, tal y como lo ha manifestado el proponente.

No obstante, esta dictaminadora, después de su valoración correspondiente, acordó apoyar la solicitud del proponente; con una ligera modificación al resolutivo presentado, pero respetando el espíritu del mismo. Destacando, que prolongar la vigencia hasta el 2015, como se propone, y ante la falta de ingresos, se afectaría la infraestructura y el mantenimiento de la autopista y con su deterioro se pondría en riesgo la integridad de los usuarios.

Finalmente, se coincide en que hoy el estado de Guerrero, requiere del esfuerzo colectivo, que reactive la economía de Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, y todos los centros turísticos de las dos costas de Guerrero, para así conservar las fuentes de trabajo que ya existían, y de esta forma reactivar la economía en todo el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las dependencias competentes, analicen la factibilidad de prolongar el descuento del 50% en las plazas de cobro de la Autopista del Sol, hasta el 31 de diciembre del 2014, con el propósito de seguir impulsando la economía del municipio de Acapulco y del estado de Guerrero, mediante acciones que sirvan para incrementar la afluencia turística del puerto.

TERCERA COMISION”.

Son todos los dictámenes no reservados para su discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

- La C. Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Son aprobados los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






Pasamos a desahogar los dictámenes que se reservaron para discusión. Al concluir la discusión de todos los dictámenes reservados, procederemos a votarlos en un solo acto.

El Senador Manuel Camacho Solís reservó el dictamen de la Primera Comisión, sobre la puesta en marcha del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, referida a la periodista Carmen Aristegui.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene la palabra el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros:

Voy a retomar aquí lo que planteamos en la comparecencia del Secretario de Gobernación, y para lo cual no hubo una suficiente respuesta. Nos preguntábamos, ¿por qué hemos caído tanto? En democracia se nos compara con Honduras.

En libertades estamos entre los países con mayor impunidad, respecto a los ataques a los periodistas y defensores de derechos humanos.

Estamos sólo mejor de Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Tailandia.

Con el agravante de que Colombia ha mejorado y nosotros nos hemos deteriorado.

El deterioro en las libertades es un problema de ética política grave. Pero también es un foco rojo que anuncia ingobernabilidad.

Donde hay prensa libre y donde se puede hacer con seguridad la defensa de los derechos humanos, no habrá ingobernabilidad.

En ningún país con prensa libre ha habido revolución.

En los últimos 12 años, hasta junio de 2013, según los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, se han registrado 95 homicidios, que en su inmensa mayoría permanecen impunes.

Aunque fue aprobada la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que estableció un mecanismo de protección, su puesta en marcha ha sido deficiente.

Las causas de la violencia e intimidación de los periodistas son diversas. Una parte importante de los casos está ligada a acciones del crimen organizado; pero otra parte equivalente es por razones vinculadas con la corrupción, violación de derechos humanos y asuntos políticos.

Entiendo que resolver el problema es muy complejo, pero lo peor sería quedarnos donde estamos, es decir, con una fiscalía y una ley insuficientes, con procesos de degradación social y política que siguen su curso y con nuevos riesgos que podrían agravar la situación e, incluso, desestabilizar la democracia.

Las acciones a las que han sido sometidos algunos de los periodistas y medios de mayor prestigio, deberían alertar.

Por ejemplo, el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, de Proceso, el 28 de abril de 2012, en Xalapa, que continúa impune.

¿Qué impide ir al fondo?

Nos preocupan hechos que han ocurrido en los últimos meses. Como por ejemplo, las acciones de intimidación en contra de la periodista Carmen Aristegui.

Estamos ante asuntos políticos cruciales que son responsabilidad directa del gobierno mexicano.

Si los espacios de libertad y autonomía son clausurados, ¿qué alternativa tendrán los ciudadanos, los medios, la oposición política y social, los obispos, las ONG´s de derechos humanos y las autoridades honestas para defender las libertades y preservar el orden constitucional?

Más allá de la necesaria revisión y fortalecimiento de la fiscalía y del mecanismo de protección que corresponde a la Secretaría de Gobernación, desde el Senado, respetuosamente, pido se escuche, le proponemos al Presidente de la República que haga una definición política a fondo en favor de la libertad y que ésta vaya acompañada de cinco acciones consecuentes.

¿Cuáles?

1.- Que el Presidente de la República comunique a todas las autoridades políticas del país, su decisión de dar seguimiento a los casos en curso; proceder en contra de cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos; y la determinación de su gobierno de utilizar su autoridad contra cualquier responsable político que dé cabida o protección a estas acciones.

2.- Que el gobierno aclare, un caso un caso, para sentar precedente.

Ahí está el caso de Regina, para que si hay alguna responsabilidad política, ésta sea sancionada, y si no la hay, también quede esclarecido el caso.

3.- Que el asunto de la periodista Carmen Aristegui, y cualquier otro en circunstancias semejantes, no se tome a la ligera.

Defender los espacios de libertad, hoy, es crucial para la democracia mexicana y para la estabilidad política.

4.- Que el gobierno cumpla con su compromiso contenido en la reforma constitucional de telecomunicaciones para fortalecer la competencia, mejorar los contenidos, mantener abierto el Internet, no criminalizar la protesta social y regular a fondo la publicidad gubernamental conforme al compromiso que hizo el propio Presidente de la República.

5.- Que se acepte por parte del PRI en el Senado la creación de un comité asesor externo de expertos e instancias especializadas en la defensa de las libertades y los derechos humanos para dar seguimiento a los compromisos que haga el Ejecutivo a favor de la libertad.

Eso fue lo que comentamos al Secretario.

Y yo vuelvo a preguntar: ¿Qué impide que haya una, cuando hay 95 periodistas asesinados y todos los casos están en la impunidad, qué impide, señores Senadores, Senadoras, Diputados, Diputadas, que haya una respuesta política a la altura del problema de parte del Presidente de la República, los legisladores, los procuradores, los gobernadores, los responsables de la seguridad y la justicia?

No hay tiempo que perder.

Si en el caso de la reforma energética los congresos locales la aprobaron en horas, con la misma urgencia y contundencia se deben atender estos riesgos de la política interna. Hay que contener los impulsos cortesanos y autoritarios, nada más eficaz para ello que asegurar la libertad.

Este era el punto de Acuerdo que propusieron las Senadoras Dolores Padierna, Layda Sansores, Gabriela Cuevas, Lorena Cuéllar, Adriana Dávila y Luz María Beristain.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Manuel Camacho.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo dictamen.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señor Presidente.

Solamente para puntualizar el hecho de que este punto de Acuerdo se suma a toda una serie de puntos de Acuerdos que han sido turnados a esta comisión, particularmente a la Primera Comisión, en la cual dictaminamos el día de ayer. Y sí quisiera ser muy claro al comentar que en el Senado de la República no solamente hemos sido respetuosos de las facultades, las cuales somos propietarios, sino además hemos sido responsables de las decisiones y los diferentes resolutivos que hemos emitido a efecto de exhortar a diferentes autoridades que son precisamente las facultades para llevar a cabo esas investigaciones.

Y sí me gustaría solamente clarificar que este tema, que ha sido ampliamente discutido, tiene dos vertientes, y ayer lo platicábamos con algunos compañeros y compañeras legisladores.

Por una parte, estamos ante lo que es el tratamiento de exhortar a la Procuraduría General de Justicia del gobierno del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades, lleve a cabo las investigaciones que son de preocuparnos a muchos mexicanos. Y una vez que terminen las investigaciones nos informe a este Congreso sobre los resolutivos y las medidas que se han llevado a cabo, así como de los posibles responsables y la sanción o el castigo que se les aplicará a los mismos.

Pero, por otra parte, también hicimos el exhorto a la Secretaría de Gobernación, que en este caso es la facultada para que brinde, a través de los mecanismos de protección de víctimas y también de periodistas, la protección debida a todos los posibles involucrados.

Aquí nosotros al momento no sabemos todavía pues quién fue culpable o quién fue inocente, simplemente estamos pidiendo que se les brinde la protección correspondiente a los involucrados y dejar a las autoridades facultadas para llevar a cabo las investigaciones, que hagan su trabajo, y en un momento dado, una vez finalizadas las investigaciones, nos informen.

Es por ello que yo sí quiero gradecer a todas las compañeras y compañeros legisladores que han participado de manera muy activa en esta Primera Comisión, en este tipo de puntos de Acuerdo, de los cuales han sido varios los que han mostrado su preocupación. Y en el mismo sentido, todas y todos los legisladores que formamos parte de esta comisión hemos respondido con la celeridad que requiere este caso para hacer los exhortos correspondientes y las autoridades facultadas sirvan informarnos al respecto.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Lavalle.

Le concedemos el uso de la palabra, para hablar a favor del dictamen, al Diputado Ricardo Monreal.

- El C. Diputado Ricardo Monreal Avila: Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores.

Cuando un país, cuando una nación está sometida por una dictadura, cuando está sometida por un poder omnímodo, un poder unipersonal, sin controles, sin contrapesos, sin equilibrios políticos, todos, absolutamente todos padecen la privación de derechos, la privación de libertades.

México se inscribe en este panorama internacional. Nuestro país ha padecido en los últimos años una escalada de violencia y una persecución absurda, injustificada, cruel, de odio contra periodistas, contra comunicadores, contra luchadores sociales, contra personas que intentan influir en transformaciones que el país necesita.

Lo lamentable es que hoy en este clima de violencia observamos cómo se recrudece, en lo más álgido se encuentra la violencia contra ciudadanos y no escapan a esa violencia generalizada los periodistas.

El poder del neopriísmo es impresionante, pero junto con él, el hostigamiento, la persecución, el acoso, la amenaza contra aquellos comunicadores que intentan cubrir las notas de manera puntual y objetiva.

Los propios medios de comunicación están sometidos, no hay libertad de los reporteros para escribir sobre lo que desean escribir que es nota para la sociedad.

Yo tengo una experiencia personal.

Acudo de manera puntual a conferencias en el país, está la prensa, siempre nos cubre, hay 10, 20 ó 30 medios, y por supuesto otro día no sale una sola nota.

Pero lo que sucede ahora en este tema que nos ocupa, lo podemos calificar como un mal presagio para el país, un mal augurio para la libertad, un mal anuncio para la democracia.

Nosotros creemos que esto que está sucediendo en México, que está sucediendo en nuestro país, es producto de una decadencia política que no tiene fin. Esta decadencia política ha sido impulsada, enriquecida y fortalecida por la corrupción, por la impunidad, por la complicidad, que se han convertido en los ingredientes invariables de la continuación de este clima de zozobra y violencia que viven los comunicadores.

Queremos expresar nuestra solidaridad a Carmen Aristegui, a su equipo, porque están sufriendo este acoso y porque la Permanente hace bien en pronunciarse en favor de la comunicación, en favor de la libertad, en favor de la protección para periodistas veraces, objetivos, honestos, como Carmen Aristegui.

Para todos los periodistas, que ya son casi cien los asesinatos contra ellos en este país, que no tienen averiguación concluida, que no tienen responsables procesados, que no tienen a los delincuentes privados de la libertad, sino que se encuentran en plena libertad haciendo de las suyas, para todas las familias de estos periodistas nuestra solidaridad. Nos parece correcto este pronunciamiento de la Comisión Permanente, que no obstante haberse modificado el original, nosotros estamos en favor de que esta Comisión Permanente se pronuncie para que las instancias federales, en este caso la Secretaría de Gobernación, genere las condiciones propicias para la protección de la conductora de MVS y de la activista Teresa Ulloa, contra los actos de intimidación, de acoso y de persecución que están sufriendo ellas y sus familias, así como sus colaboradores.

Por eso, Movimiento Ciudadano, ciudadano Presidente, votará en favor.

El clima de violencia es impresionante, no escapa nadie. La semana pasada ocurrió un crimen, en donde quien fue secretario de obras públicas del ayuntamiento de Papantla ordenó, según las investigaciones, se asesinara a quien fue director general de obras de ese ayuntamiento.

Y no creo que esto sea un hecho aislado, es parte de la descomposición social que el país tiene. Ahora, la familia del señor Armando Gutiérrez, asesinado, solicita que el Poder Judicial, que esta Permanente también se pronuncie, porque el tribunal, los ministerios públicos lleguen hasta las últimas consecuencias del asesinato cometido contra Armando Gutiérrez, en Papantla, Veracruz.

Esto es, me parece, parte de la descomposición que hemos cuestionado, pero que el origen está en la desigualdad, en la corrupción, en la impunidad, en la complicidad. Este país está en una grave decadencia política y los órganos de justicia y de procuración están en estado de putrefacción, esa es la realidad.

Por su atención, señor Presidente y legisladores, muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Monreal.






El Diputado Leobardo Alcalá Padilla reservó dos dictámenes de la Segunda Comisión:

Uno, por el que solicita un informe sobre el registro, actualización y la forma en la que se abastece de información al Sistema Nacional de Vacunación.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)








Y el que exhorta a informar respecto de diversas acciones y programas en materia educativa.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Bajo el entendido que en cada una de las participaciones tendrá un tiempo de cinco minutos. tiene el uso de la tribuna el Diputado Alcalá, hasta por diez minutos.

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

De nuevo en esta alta tribuna, y bueno, la Senadora Ana Gabriela Guevara hace un punto de Acuerdo, por el cual solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de Salud que nos informe del registro de actualización y la forma de abastecer al Sistema Nacional de Vacunación. Decirle que nos sumamos a esa propuesta, y haríamos un pequeño sumario en razón a las estadísticas y a los antecedentes que hoy tenemos.

Prácticamente desde el año de 1991, la Secretaría de Salud convoca a una cruzada nacional, en donde existe por primera ocasión un Sistema Nacional de Vacunación. Muchos de estos temas se han quedado cortos por una serie de enfermedades y una serie de patologías virales que han venido a provocar en muchas partes del mundo epidemias, incluso pandemias, como sería la ya referida, y que pega en territorio nacional, como la influenza.

El programa en México es uno de los más completos del mundo, pero no es suficiente hasta la fecha. Existen mecanismos de seguimiento adecuados del cuadro de vacunación, y en este sentido, el Sistema Nacional de Vacunación y la Secretaría de Salud federal han puesto a disposición de todos los mexicanos una serie de cartillas, pero que en este momento no están acabadas, porque particularmente no solamente la cartilla se hizo, pareciera con exclusividad, para los niños recién nacidos, para los neonatos y para los infantes.

Pero dejamos de lado, hoy se están incorporando enfermedades como el papiloma humano, que no solamente afectan a señoras, sino afectan en este momento a niñas que empiezan a tener una serie de relaciones sexuales, y no solamente a las niñas, también a los niños que hoy de manera precoz a los 8, 9, 10, 11 años empiezan a tener relaciones sexuales.

Y cómo no decirlo, de una serie de vacunas, como la del neumococo, la propia de la influenza, que afectan tanto a niños como a grupos vulnerables y adultos mayores. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018, indica que el 48% de los niños menores de un año tienen completo el esquema de vacunación, la cobertura nacional para niños y niñas, actualmente se dice, es del 74.2 %, para la tuberculosis es del 90%; para la Cobertura Nacional de Niños de 6 años es aproximadamente del 93%, pareciera que un grado alto de responsabilidad de parte de los padres de familia empieza después de que el niño tiene más edad.

Es importante mantener, compañeras y compañeros, una vigilancia continua del desempeño de los proveedores de vacunas para evitar desabastos y retrasos en la estrategia. Y yo agregaría a este punto de Acuerdo el hecho de que las propias universidades, como es el Politécnico, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Nuevo León, ya fabrican sus propias vacunas, y que pudieran ser éstas, y en el entorno nacional, abastecedoras de una serie de vacunas que ya sabemos qué tipo de enfermedades y en qué periodos van a existir.

Si hablamos del rotavirus, es un virus que afecta el sistema gastrointestinal y que provoca vómitos y diarrea, y con ello la deshidratación y muchas veces la muerte; empieza en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Cuando hablamos de otro tipo de enfermedades, como pudiera ser la influenza, aparecen en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, etcétera.

Por ello, nosotros nos sumamos al punto de Acuerdo que presenta la Senadora Ana Gabriela Guevara, y aparte intentaríamos garantizar los recursos presupuestales suficientes para la compra de vacunas, asegurar, como ya se mencionó, el abasto, el tener en nuestro territorio nacional la mayor parte de seres humanos capacitados para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de que existiera una cobertura universal, tanto para niños como para madres de familias, para mujeres que estén en edad reproductiva o que tengan ya relaciones sexuales y para los adultos mayores.

Es cuanto, señor Presidente, en relación al primer punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado. Adelante, por favor.

- El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Iniciaríamos con el segundo, en el cual quienes presentan, y también nos sumamos, es de nuestro compañero Fernando Belaunzarán, de José Luis Muñoz Soria y de Guillermo Sánchez Torres, en el cual me parece importante hablar de algo que debe ser toral en nuestro país, que es el sistema educativo.

Hoy, un país educado tiene la posibilidad de tener un crecimiento lento, pero finalmente un crecimiento. Y hoy creo que todos los que hemos tenido oportunidad de presentar una serie de iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, muchas de ellas han venido ligadas al proceso educativo.

Lo que se trata con este punto de Acuerdo de quienes son los proponentes, es el hecho de que la Secretaría de Educación nos informe en razón de los avances que se tienen en las Escuelas de Tiempo Completo; coincidimos plenamente con la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública cumpliendo con los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad remita a esta Soberanía un informe sobre el avance de metas y objetivos de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, Habilidades Digitales para Todos, Aula Telemática, entre otras.

Como ya sabemos, la Secretaría de Educación, en el marco de la reforma educativa, se encuentra realizando acciones transversales intentando modernizar los programas existentes y diseñando nuevas estrategias.

Para cumplir con las metas nacionales de calidad, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Secretaría de Educación ha instrumentado programas de tiempo completo.

Actualmente, mis queridos amigos, amigas, existen más de 15,000 escuelas de tiempo completo, y en 7,700 escuelas de este tipo se reparten alimentos calientes.

Para muchos probablemente esta cifra no les diga nada, pero hoy México es el primer país a nivel mundial en obesidad infantil. Y si vemos el presupuesto que hoy tiene la Secretaría de Salud para todo su programa nacional, estoy hablando de números cerrados, son cerca de 150,000 millones de pesos, este dinero para el año de 2018, de continuar el tema de la obesidad, este dinero solamente se tendrá que dedicar a este particular problema que es la obesidad infantil.

Aparte, la Secretaría ejerce en este momento 9,000 millones de pesos para 21,000 escuelas de tiempo completo en el ciclo escolar 2014-2015.

Este programa está redefiniéndose para buscar la nulificación de la venta de comida chatarra.

La Secretaría de Educación ha instrumentado acciones para lograr la colectividad en las escuelas de educación básica del país, y con ello reducir la brecha digital; se han entregado ya algunas lap tops, tabletas, actualmente en el proceso público de licitación, y es un objeto que acaba con el analfabetismo digital. Para quienes nacimos en el siglo pasado, en décadas anteriores, pues me queda muy claro que el tema del analfabetismo digital para muchos de mayor era, con todo respeto lo digo, pues parecieran no estar muy actualizados, pero hoy no podemos estar generando nuevos alumnos de primaria, secundaria y bachillerato que no puedan ser competitivos con lo que en la faz de la tierra es una obligación.

Es por ello que nosotros, no solamente a título personal, sino como partido nos sumamos a que este proyecto y este programa de Escuelas de Tiempo Completo sea todo un éxito para el país y, por tanto, de la misma forma nos sumamos a los promoventes para que esta Soberanía pueda ser informada de la mejor manera.

Es cuanto, compañeras y compañeros, señor Presidente.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Leobardo Alcalá.

Saludo a nombre de esta Presidencia a nuestros amigos de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, invitados por un servidor a esta sesión de la Comisión Permanente, es un honor contar con su distinguida presencia.






La Diputada García Fernández reservó un dictamen de la Segunda Comisión, que solicita a la Secretaría de Salud información sobre las acciones de vigilancia en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la palabra la Diputada García Fernández.

- La C. Diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores.

Este es un tema fundamental, importante, ha habido varias iniciativas y puntos de Acuerdo para promover la lactancia materna, desafortunadamente el asunto es de moda, y la población debería tener mayor información sobre la lactancia materna, quitar todos los estigmas que están alrededor de por qué se tiene que promover, difundir, informar sobre los beneficios de la lactancia materna, y al contrario, romper los paradigmas que tiene la población sobre la lactancia materna. Me voy a referir a varias encuestas, y por supuesto todos sabemos que el alimento básico de los recién nacidos, desde el origen de la humanidad, pues ha sido la leche materna, la cual contiene la cantidad de nutrientes necesarios para el desarrollo de los lactantes.

La Organización Mundial de la Salud ha reportado que una fuente vital para el desarrollo de la niñez es la lactancia materna desde la primera hora de vida hasta los 24 meses de vida; de manera especial, sugiere la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros 6 meses de edad de los infantes.

Consideramos que deben de generarse mayores mecanismos de difusión sobre la importancia de brindar leche materna a los niños, esta es una tarea de Estado, obviamente, y de las organizaciones ciudadanas, toda vez que a nivel mundial menos del 40 por ciento de los lactantes menores de 6 meses reciben leche materna como alimentación exclusiva.

La OMS recomienda comunicar asertivamente lo que es lactancia exclusiva, que es no proporcionar al niño ningún otro alimento ni bebida que no sea de leche materna, al menos dentro de los 6 primeros meses de vida. Esto es importante porque en el periodo de transición entre la lactancia materna exclusiva hasta el consumo de los primeros alimentos sólidos se manifiestan los primeros problemas de nutrición.

Ese es el primer paradigma que tenemos que aclarar.

En las comunidades rurales, efectivamente, hay más desnutrición que en las comunidades rurales, pero se debe precisamente a que al momento del destete, es cuando se quita la lactancia materna al niño, que es alrededor del año, es cuando los niños presentan justamente la desnutrición, no antes, porque en las comunidades rurales es donde mayor proporción de madres les dan para amamantar la leche materna a los niños.

En México, la cifra de la lactancia materna ha ido en detrimento, el porcentaje de niñas y niños menores de 18 meses que recibieron ese vital alimento pasó del 22.3 por ciento, al 14.5 por ciento en las zonas urbanas; mientras que en el ámbito rural, las cifras apenas alcanzan un 18 por ciento.

Un dato para tomar en cuenta, y que es lo que yo comentaba de la manera de cómo piensan algunas mujeres por la falta de información sobre los beneficios de la lactancia materna, es que en las zonas urbanas redujeron el tiempo para amamantar a sus hijos, mientras que hace 6 años el promedio era de 8.5 meses, ahora es de 4.9 meses, con una media nacional de 10.4.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, reporta que las madres de entre 12 y 49 años que nunca dieron pecho a sus hijos, señalaron, entre sus razones, el desconocimiento de su importancia, poco apoyo antes del parto, no tener leche, el bebé no quiso, estar bajo prescripción médica, conservar la figura y perder peso, justamente todo lo contrario a lo que es la promoción de la lactancia materna.

El suministro de leche, y hay que decirlo, trae aparejados significados beneficios tanto para el niño como para la madre.

En el primero de los casos, aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano del recién nacido, protege a los lactantes contra enfermedades diarreicas, contra enfermedades pulmonares como neumonía, por lo cual aporta anticuerpos.

En el segundo de los casos, o sea, con la madre, funciona como un método natural de la natalidad con el 98 por ciento de protección durante los primeros seis meses de edad. Asimismo, reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el futuro.

Sin embargo, la Secretaría de Salud mencionó que entre los años 2006 y 2012, el índice de lactancia materna disminuyó notablemente.

Por ello, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del punto de Acuerdo por el cual se solicita respetuosamente a Secretaría de Salud que informe a esta Soberanía sobre las acciones de vigilancia en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, en lo concerniente a la promoción de la lactancia materna exclusiva.

Es prioritario que fehacientemente se divulguen las propiedades de la leche materna a fin de fomentar el suministro y evitar el retiro temprano de este alimento a los recién nacidos.

Sin duda, es un trabajo en conjunto, por supuesto es una responsabilidad del Estado, pero es un trabajo de manera conjunta entre los organismos públicos, la participación de las familias y toda la sociedad civil en general. Esto por supuesto que va a redundar en beneficio de la niñez mexicana.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HERCTOR HUMBERTO GUTIEREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada García Fernández.

Sonido en el escaño de la Diputada Zavala, ¿para qué efecto?

- La C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche: (Desde su escaño) Antes de que comience el siguiente tema, sólo manifestar que nosotros estamos totalmente de acuerdo con los argumentos que vertió la compañera Diputada, en cuanto a la difusión de los beneficios que trae la lactancia.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Zavala. Se toma nota de su manifestación.

Sonido en el escaño del Diputado Cantú, ¿para qué efecto?

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: (Desde su escaño) Antes de que se aborde el siguiente tema, nosotros también queremos, por la relevancia del tema que acaba de tratar la Diputada del Partido Revolucionario Institucional, queremos manifestar nuestro total y absoluto apoyo, porque es un tema muy importante y trascendental para los mexicanos, que en los primeros años de vida se tenga la leche materna.

Muchos de los problemas que actualmente se viven es porque muchas madres, por desconocimiento, le dan sustitutos de leche a los niños, desde muy pequeños los hacen adictos al azúcar y tenemos problemas de obesidad muy graves en México, así es que es un tema trascendente y queremos manifestar nuestro absoluto y total apoyo.

Gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Cantú.

Senadora Padierna, ¿para qué efecto?

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Solamente para suscribir también, sumarnos al punto de Acuerdo que presentó la Diputada, es un tema de primordial importancia, lo suscribimos plenamente.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Padierna.






La Diputada Lorenia Valles Sampedro reservó un dictamen de la Segunda Comisión, por el que se solicita al titular del gobierno del estado de Sonora a informar de la situación actual en la que se encuentra la infraestructura y establecimientos del sistema estatal de salud.

SEGUNDA COMISION

(Dictamen a discusión)



Tiene el uso de la palabra la Diputada Lorenia Valles, del grupo parlamentario del PRD.

- La C. Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Legisladoras y legisladores.

El estado de Sonora está sufriendo una grave crisis del sector salud; la población se enfrenta a la falta crónica de medicamentos, personal médico y especialistas. La situación ha tocado fondo.

Lo que comenzó con el caso de José Sánchez Carrasco, un jornalero que murió en la banqueta del Hospital General de Guaymas, Sonora, al negársele atención médica por falta de dinero para pagarla, terminó por descubrir el deplorable estado en el que se encuentra el sistema de salud público estatal.

La falta de respeto al derecho humano, a la salud, equivale a jugar con la vida de las personas, es hacer imposible el desarrollo humano, social y económico de una sociedad, es infligir enorme sufrimientos a la gente, especialmente a los más vulnerables, las mujeres, las niñas, los niños, los adultos mayores.

La salud debe ser prioridad para cualquier gobierno y se debe sancionar con todo el peso de la ley a quienes vulneren este derecho de las personas consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Es necesario saber dónde están invertidos los recursos, porque las clínicas y hospitales se encuentran en una situación crítica, sin equipo médico adecuado y suficiente, sin tratamientos, sin medicamentos ni del cuadro básico.

Las farmacias que usualmente cubrían la falta de medicamento de la institución se niegan a surtir más porque la Secretaría les adeuda sumas millonarias.

Solamente el Hospital General de Hermosillo que al inicio de esta administración tenía una deuda de 15 millones de pesos, a la fecha la ha incrementado hasta alcanzar los 380 millones.

A finales del año pasado, Diputadas y Diputados de oposición descubrieron un faltante de más de mil millones de pesos correspondiente al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTESON, la respuesta del gobierno fue una iniciativa para desincorporar bienes o inmuebles propiedad del mismo gobierno para que se pudiesen poner en venta y recuperar este monto.

Pero en este camino, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora descubrió que no eran mil millones, sino más de 2 mil 300 millones de pesos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del ISSSTESON, monto que la directora de esta institución de salud no ha podido justificar.

No hay, hasta el momento, autoridad que explique lo que sucedió con esos recursos que fueron descontados en los últimos años de las nóminas de las y los trabajadores del Estado, de los municipios, de la Universidad de Sonora y otras instituciones educativas, así como de entidades paraestatales y paramunicipales.

No es posible que un faltante de esta naturaleza permanezca sin explicación y sin deslinde de responsabilidades.

Evidentemente, el sistema de salud pública en Sonora no ha sido el beneficiario de la aplicación de esos recursos, pues hasta el momento los hospitales, las clínicas y hasta las áreas administrativas carecen de lo más indispensable, la atención y el servicio al derechohabiente ha caído a niveles nunca antes visto.

La Auditoría Superior de la Federación ha dejado en evidencia que en los hospitales de Sonora no había dinero ni para el jabón necesario para lavar la ropa de cama ni para el pago de vigilancia, que se han tenido que suspender cirugías de trasplantes de órganos, cirugías del corazón, que hay un déficit crónico de enfermeras, que los especialistas suelen laborar por contrato, elevándose enormemente el costo de sus servicios.

En este sentido, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Sonora, expresamente señaló que el sistema de salud está en crisis.

En el primer trimestre de 2014, ha habido 26 denuncias por negligencia médica; en 2013, sólo se presentaron 11 quejas y apenas vamos iniciando el año 2014.

Es un hecho público en Sonora que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de la entidad presentó una denuncia penal en contra de la directora general del ISSSTESON, Teresa de Jesús Lizárraga, y varios subdirectores por desviar recursos, realizar compras y pagar servicios que no pudieron comprobar en el ejercicio 2012.

Se les acusa de haber causado un quebranto y daño patrimonial de 42 millones 185 mil pesos más intereses.

En tal virtud, el grupo parlamentario del PRD apoya y respalda este punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora, a través de su titular, envíe a esta Soberanía un informe detallado de la situación actual en la que se encuentra la infraestructura y establecimientos del sistema estatal de salud.

Se solicita al gobierno del estado se informe sobre los avances para solventar las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, en la auditoría financiera.

Y por último, exhorta respetuosamente al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado para que realice una auditoría integral a los programas y acciones instrumentados por la Secretaría de Salud de Sonora y rinda un informe a esta Soberanía.

Y por encima de todo los expresado, es necesario decir que urge que en el estado de Sonora, en coordinación con la Secretaría de Salud, se adopten, sin pretextos y sin dilación, las medidas urgentes para poner fin al caos que padece el sistema de salud en nuestro estado, pensando en el derecho a la salud de las y los sonorenses, especialmente de los sectores de menores recursos y los grupos más vulnerables.

Muchas gracias.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Valles Sampedro.

Sobre este mismo tema, se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

El Partido Acción Nacional votó a favor y respalda el resolutivo para pedir al gobierno de Sonora informe en torno a la infraestructura, a los servicios, a los abastos en el sistema de salud del estado.

Nos parece que este informe permitirá retirar también un conjunto de afirmaciones que se hacen sin ningún sustento, y, además, nos va a permitir encontrar, al igual que en casi todo el país, los sistemas de salud de los estados que tienen carencias y requieren de mayores inyecciones de recursos. Nosotros estamos totalmente a favor.

No nos gusta, y eso ya quedó acreditado, por ejemplo, la manipulación de información.

Una persona, José Sánchez, que vivió afuera del hospital de Guaymas durante varias semanas, que recibía alimentación todos los días, que recibió diagnósticos, exámenes médicos, que se negó a ser internado y que una madrugada falleció, y esto está acreditado ya con los propios videos, y demás, los diferentes intentos porque se internara voluntariamente sin tener un padecimiento precisamente claro, se manipule la información de la manera que se ha venido haciendo.

Nosotros respaldamos el punto de Acuerdo, votaremos a favor y seguramente también esto va a permitir comparar la información con los servicios de salud de varios estados.

No tenemos ninguna duda que en esa comparación, quizás, la conclusión del Congreso sea el que encontremos los mecanismos de asignar mejores niveles de recursos a los servicios de salud, porque en todo el país sufren algunas carencias y me parece que esto ayudará a aclarar este tema.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios.






El Diputado José Luis Flores Méndez reservó un dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta a llevar a cabo las medidas que fortalezcan las acciones agropecuarias para desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que fortalezca sus acciones con el fin de desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país, suscrita por la Diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Con base en lo dispuesto en el Primer Informe de Gobierno en específico dentro del apartado titulado “ Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico”, nos señala que la ganadería sigue siendo predominantemente extensiva y en los últimos años ha enfrentado una descapitalización causada por los efectos de las contingencias climatológicas (sequias, heladas e inundaciones), por impactos que los altos precios de los insumos han tenido en la rentabilidad de las unidades de producción pecuarias y por la incidencia de epidemias de animales. Esto ha tenido un efecto inmediato en el despoblamiento de las unidades productivas …”

B. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

“ El Primer Informe de Gobierno 2012-2013, afirma que en los últimos años la disponibilidad de alimentos ha sido satisfecha de manera creciente por importaciones con una tasa media anual de crecimiento de 9% debido a que la producción ha venido aumentando a ritmos por debajo del crecimiento poblacional y nos dice que en muchos productos somos altos importadores para satisfacer el consumo nacional, y nos da unas cifras entre ellas la leche con un 16.3% y la carne de bovino un 13.1%, nos señala que las causas son diversas, destacan el minifundismo, contingencias climatológicas y sanitarias, altos precios de los insumos, baja inversión y falta de rentabilidad entre otros.

Como podemos observar el incremento a la producción en todos estos años ha sido como se ha dicho, ligero, considerando que deben fortalecerse las acciones del Estado para robustecerlo, tratando de lograr que sea suficiente para atender por lo pronto en forma completa la demanda nacional.

El diagnóstico del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el apartado “El desafío alimentario hacia 2050”, afirma que en ese año la población mundial será de 9,300 millones de personas y la “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” por sus siglas en inglés FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), estima que la demanda mundial de alimentos aumentará 60%, y que para ese año la población en México crecerá 34 millones, para alcanzar un total de 151 millones de personas.

Considera que la situación actual y los requerimientos del campo son una realidad; tanto por el interés como por las acciones del Gobierno de la República en impulsar las actividades agropecuarias, entre las que se encuentra la ganadería; no obstante subraya que es necesario emprender una campaña permanente para desarrollar a fondo dichas actividades, por lo que  se requiere apoyar a los pequeños y medianos productores, los cuales son los más numerosos del país, esto es con el fin de fortalecer el trato directo y el conocer las condiciones de las unidades productivas las cuales trabajan mayormente en unión de sus familias.

Las unidades productivas tienen sus necesidades, las cuales mayormente consisten en rehabilitación y construcción de instalaciones, rehabilitación y ampliación de praderas, implementación de equipos de riego; tanto de energía eléctrica como solar, esto es imprescindible para lograr pastos durante todo el año, en especial en época de sequía, la cual en estos tiempos se torna muy agresiva y ya no pueden depender de las temporadas de lluvia.

Otro de los aspectos de atención necesaria es la reposición de vaquillas y dotación de sementales, pero a costos accesibles y proporcionados con el incremento del apoyo económico que otorga la Federación, previamente con la verificación de pastos y capacidad forrajera en las unidades de los solicitantes; otro de los puntos es la rehabilitación y construcción de caminos, ampliación de la red eléctrica para llevar energía a las unidades que carecen de ella; otro aspecto es el impulso de proyectos productivos (que tanto se requieren para la obtención de apoyos para infraestructura), con elaboración gratuita y con resultados efectivos para su aprobación y desde luego las visitas periódicas de asesoría técnica y seguimiento, esto entre otras acciones gubernamentales.”

C. Concluye la proponente al señalar que:

“ … la importancia de la ganadería, la cual requiere impulsarse en nuestro país para satisfacer no solamente las necesidades de alimentación nacional, sino también para incrementar nuestras exportaciones, no olvidemos que en México existe cultura de la actividad ganadera, así como tenemos un territorio prodigo el cual al trabajarse debidamente con los apoyos necesarios se obtendrían exitosos resultados que beneficiarían la economía de los pequeños y medianos productores.”

D. Con lo anterior, formula el siguiente:

“PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.-. “La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que fortalezca sus acciones con el fin de desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños  y medianos productores del país, incrementando el contacto directo con los mismos, así como se visiten dichas unidades para conocer físicamente sus necesidades y se proporcionen oportunamente los apoyos necesarios que requieran para su adecuado funcionamiento, entre los que pudieran contarse: la rehabilitación y ampliación de instalaciones y praderas, implementación de sistemas de riego con energía solar y eléctrica; reposición de vaquillas a precios accesibles y proporcionales, rehabilitación y ampliación de caminos y de red eléctrica, la elaboración gratuita de proyectos productivos, así como la realización de visitas de seguimiento y asesoría a dichas unidades.”

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),  para que en el ámbito de su competencia y funciones, fortalezca las acciones agropecuarias con el fin de desarrollar las unidades ganaderas, lo anterior, dado la importancia que la industria ganadera implica para la economía del país, ya que dicha actividad es una de las que se encuentran en el sector primario.

El cuerpo técnico de la Comisión encontró en su investigación que con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2010, los principales productores de ganado en el país fueron Veracruz y Jalisco, como se puede observar en la tabla siguiente:

Principales productores de ganado, por entidad federativa (2010)

Producto

Entidad Federativa

Toneladas

% en el total nacional

Lugar nacional

Aves (b)

Veracruz de Ignacio de la Llave

287 607

10.6

2 de 32

Jalisco

304 105

11.0

1 de 32

Durango

252 087

9.3

3 de 32

Bovino (b)

Veracruz de Ignacio de la Llave

261 581

15.1

1 de 32

Jalisco

180 292

10.8

2 de 32

Chiapas

108 032

6.2

3 de 32

Caprino (b)

Coahuila de Zaragoza

5 169

11.8

1 de 28

Oaxaca

4 485

10.2

2 de 28

Puebla

3 887

8.9

3 de 28

Ovino (b)

Estado de México

8 297

15.1

1 de 32

Hidalgo

6 708

12.2

2 de 32

Veracruz de Ignacio de la Llave

4 821

9.4

3 de 32

Porcino (b)

Sonora

213 365

18.2

2 de 32

Jalisco

221 652

18.9

1 de 32

Guanajuato

110 471

9.4

3 de 32

(b) Carne en canal
FUENTE: INEGI. Perspectiva estadística. Para las 32 entidades federativas. Consultar

Como podemos advertir, la actividad pecuaria en el país es de gran relevancia, aun cuando en la mayoría de los casos los terrenos en los cuales se desarrolla no son los óptimos.

El INEGI da una estadística de la situación de México a nivel Internacional, en dicho estudio se advierte que nuestro país es el quinto lugar en producir huevo, por debajo de países como China, Estados Unidos de América, India y Japón;  el sexto lugar en la producción de miel, por debajo de países como China, Argentina, Turquía y Estados Unidos de América; y el treceavo lugar en producción de leche, situación que resulta importante revertir, ya que nuestro país es superado por países como Estados Unidos de América que produjo  85,859 toneladas de leche en 2010; India con 45,140 toneladas de leche en el mismo año, y  México alcanzó una cifra de tan solo 10, 549 toneladas.

No obstante lo anterior, en el análisis del punto resolutivo de la proponente, esta dictaminadora no considera pertinente incluir las necesidades y apoyos a las unidades ganaderas, ya que las acciones agropecuarias para impulsarlas pueden ofrecer más de las que se enuncian, por tanto, a fin de permitir un mayor número de acciones, se modificó el resolutivo, para no dejarlo limitativo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería  y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las medidas que fortalezcan las acciones agropecuarias con el fin de desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país, así como establecer campañas de visita a dichas unidades para conocer físicamente sus necesidades y se proporcionen oportunamente los apoyos necesarios que requieran para su adecuado funcionamiento.

TERCERA COMISION”.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Diputado José Luis Flores Méndez, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La Diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del grupo parlamentario de mi partido, presentó ante la Tercera Comisión este punto de Acuerdo con la idea de fortalecer las acciones para desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 127 y demás aplicables de la ley orgánica, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, y argumenta una serie de consideraciones pertinentes para tal efecto, que se sintetiza en un contexto de contingencias ambientales, descapitalización de mercados, altos insumos, en fin.

Compañeras y compañeros legisladores:

La actividad ganadera representa un activo muy importante para nuestro país.

En el sector ganaderos, están ocupados aproximadamente 6.6 millones de mexicanos, los cuales representan aproximadamente el 13 por ciento de la población ocupada de nuestro país.

En el 2013, el valor de la producción ganadera significó casi 300 mil millones de pesos que representa el 38 por ciento del valor del sector primario de nuestro país.

Cada año en México se crían 30 millones de cabezas de ganado bovino y se producen más de 6 millones de toneladas de carne de ave, bovino, porcino, caprino, entre otros, colocando a nuestro país como el séptimo productor mundial de proteínas de origen animal.

Hay claroscuros en el sector, sin embargo, México es el segundo exportador mundial de bovinos en piel debido a los elevados estándares de sanidad y calidad agroalimentaria de nuestro país.

Esta actividad se caracteriza por ser de uso intensivo de mano de obra, generando millones de empleos a millones de familias mexicanas, desde la frontera sur hasta la frontera norte, con lo cual la podemos catalogar como una actividad con un importante contenido social que representa importantes beneficios para todas las regiones del país.

En nuestro país, la situación productiva del sector primario no es la mejor. Desafortunadamente, nuestra dependencia alimentaria está en ascenso.

Como un dato, la FAO nos pide a los países tener un 75 por ciento en la producción de alimentos para considerarlos como socialmente productivos y para estar dentro de la autonomía alimentaria.

México andará por el porcentaje del 50 al 53 por ciento; significa, pues, que nuestros retos todavía por delante son altos, son grandes y hay que aplicarlos.

Las importaciones de alimentos siguen creciendo a una tasa anual del 9 por ciento, debido a que la producción ha venido aumentado a ritmos por debajo del crecimiento poblacional.

Actualmente importamos 16.3 por ciento de la leche y el 13.1 por ciento de la carne de bovino que consumimos. Las causas son diversas, desde el minifundismo, las condiciones climatológicas y sanitarias, los altos precios de los insumos, la baja inversión y la falta de rentabilidad, entre otros.

En tal virtud, nuestra compañera ha presentado un punto de Acuerdo que a la letra dice:

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que fortalezca sus acciones con el fin de desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país, incrementando el contacto directo con los mismos, así como se visiten dichas unidades para conocer físicamente sus necesidades y se proporcionen oportunamente los apoyos necesarios que requieran para su adecuado funcionamiento, entre los que pudieran contarse la rehabilitación y ampliación de instalaciones y praderas, implementación de sistemas de riego con energía solar y eléctrica, reposición de vajillas a precios accesibles y proporcionarles, rehabilitación y ampliación de caminos de red eléctrica, la elaboración gratuita de proyectos productivos, así como la realización de visitas de seguimiento y asesorías a dichas unidades”.

La Comisión Permanente hace las siguientes consideraciones, aún cuando tiene facultad para conocer este asunto, de conformidad como lo establece el artículo 78, fracción III de nuestra Constitución:

“La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de su competencia y funciones fortalezcan las acciones agropecuarias con el fin de desarrollar las unidades ganaderas; lo anterior, dada la importancia que la industria ganadera implica para la economía del país, ya que dicha actividad es una de las que se encuentran en el sector primario.

El cuerpo técnico de esta comisión encontró en su investigación, con datos del INEGI, que los principales productores de ganado en el país fueron Veracruz y Jalisco, como se observa o como se tiene conocimiento en diferentes investigaciones.

No obstante el contenido del punto de Acuerdo al que nos hace referencia nuestra compañera, la idea de la Comisión Permanente, en su Tercera Comisión, no deja este punto como tal ni lo hace limitativo, tal como debiera de ser para llegar a la siguiente redacción.

“Unico. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de su competencia lleve acabo las medidas que fortalezcan las acciones agropecuarias con el fin de desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país, así como establecer campañas de visita a dichas unidades para conocer físicamente sus necesidades y se proporcionen oportunamente los apoyos necesarios que requieran para su adecuado funcionamiento”.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado, una pregunta. ¿Es una modificación al dictamen? Es de apoyo nada más. Ok, gracias.

Esta Presidencia les comunica que hemos recibido diversas manifestaciones por parte de los grupos parlamentarios, de la posibilidad de adicionar un tema en la agenda política. Dado los tiempos, que en este momento estamos dentro de este procedimiento, esta Presidencia rogaría a los demás que van a hacer uso de la palabra, nos atengamos a los cinco minutos de tiempo con la finalidad de que efectivamente lleguemos al punto de agenda política, dado que con posterioridad al desahogo de dictámenes veremos proposiciones de punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, y posteriormente agenda política.






El Diputado Abel Salgado reservó un dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta a redoblar esfuerzos para diseñar y fomentar esquemas de agricultura por contrato para la cadena productiva del agave.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto por la que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para redoblar los esfuerzos para diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de agricultura por contrato, suscrita por el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I.- ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“México cuenta con un esquema de agricultura por contrato, el cual es apoyado por instancias gubernamentales y que durante la última década ha tenido un éxito considerable. La intervención gubernamental permite, a compradores y productores, asegurar transacciones convenientes para ambos, a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Pese al éxito del programa de apoyo a la agricultura por contrato, aún existen áreas de oportunidad para que sea un motor del desarrollo de todo el sector agropecuario y de la industria agroalimenticia. La inyección de más recursos, la ampliación hacia otros productos y la difusión de las ventajas de este esquema, son solo algunos de los retos que el país debe afrontar en los próximos años, para alcanzar mejores niveles de desarrollo en los sectores involucrados.”

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la agricultura por contrato se define como “el sistema de producción agrícola llevado a cabo según un acuerdo entre un comprador y campesinos, el cual establece condiciones para la producción  y la comercialización de uno o varios productos agrícolas” (FAO, 2012). En este tipo de contratos, los productores antes de iniciar el ciclo agrícola se comprometen a que cuando éste finalice, entregarán una cantidad preestablecida de algún producto al comprador, quien a su vez pagará al productor un precio igualmente determinado a priori. En algunos casos, el comprador también apoya al productor a través de apoyo técnico o proveyendo insumos para la siembra, con lo cual asegura la calidad del producto que le será entregado.

La agricultura por contrato cuenta con dos virtudes principales; en primer lugar, es una forma de asegurar el abasto de productos para la cadena agroalimentaria y, al mismo tiempo, permite que pequeños productores tengan acceso a colocar sus productos en el mercado. Para lograr que este tipo de esquemas tengan éxito, la FAO ha establecido algunos principios rectores, entre los que se encuentran los siguientes:

a. Propósito común: Dentro del acuerdo entre ambas partes, se debe promover la producción agrícola y garantizar un mercado seguro para el producto.

b. Apego al marco legal: Las partes deben especificar en el contrato, el objeto del mismo y las responsabilidades de productores y compradores. Además, las condiciones del contrato deben de ser completamente legales.

c. Apertura total: Ambas partes deben realizar una apertura total de la información necesaria para alcanzar el acuerdo. Los contratos deben establecer con claridad, cantidades, estándares de calidad, formas de pago y monto a pagar.

d. Transparencia en la determinación del precio: La negociación del precio debe llevar a una cantidad mutuamente satisfactoria. Se recomienda que el contrato establezca medios de renegociación del precio ante circunstancias no previsibles.

Siguiendo estos principios básicos, se puede alcanzar de forma adecuada el potencial que tiene la agricultura por contrato, el cual ha sido definido de la siguiente manera:

La agricultura por contrato puede mejorar el acceso de agricultores a mercados nacionales e internacionales y ayudar a incrementar el ingreso en zonas rurales remotas. De la misma manera, desde la perspectiva de las empresas de agro-negocios […] la agricultura por contrato podría asegurar un abasto estable de productos agrícolas con los requerimientos de calidad necesarios, además de ver reducidos sus costos administrativos.

En términos generales, esa es la promesa de la agricultura por contrato, alcanzar una situación ganar-ganar entre productores y empresas de agro-negocios, en la que los primeros alcancen mejores ingresos y las segundas reduzcan sus costos de producción y por tanto también maximicen sus ganancias”.

C. Concluye el proponente al señalar que:

“ … la necesidad de redoblar esfuerzos en la producción de distintos cultivos, muy particularmente en lo que se refiere al agave, nos obliga a llamar la atención de las dependencias públicas para fomentar la agricultura  por contratación, a fin de aprovechar al máximo las ventajas de este instrumento y minar las afectaciones de las especiales condiciones económicas prevalecientes.”

D. Con lo anterior, formula el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.-. “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para redoblar esfuerzos para diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de agricultura por contrato que atiendan: (i) la ampliación de la participación de productores y compradores de agave weber variedad azul; (ii) el otorgamiento equilibrado de apoyos a lo largo del territorio en el que se produzca Tequila y otros productos finales a partir del agave; (iii) la inclusión de nuevos productos finales elaborados a partir de agave, dentro del esquema de apoyo, para garantizar el abasto correspondiente a la producción de Tequila, y (iv) el establecimiento de mecanismos de control de la oferta de agave a partir de las ventajas que ofrece la agricultura por contrato .”

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),  para que en el ámbito de su competencia y funciones, fortalezca los esquemas de agricultura por contrato en materia de agave.

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha establecido los principios rectores para las operaciones responsables de agricultura por contrato, y señala que “…los contratos, formales o informales, son uno de los principales instrumentos que se usan para coordinar transacciones en las cadenas de valor agroalimentarias. En particular, los contratos se usan para vincular a los agricultores con los procesadores, reducir la incertidumbre en las transacciones que se llevan a cabo en los mercados abiertos, donde los precios, la calidad y la cantidad son muy imprevisibles. Si un procesador necesita un suministro constante de materias primas agrícolas, con un calendario planificado de entregas y que cumplan normas de calidad estrictas, puede realizar contratos con los agricultores para asegurar que sus necesidades se satisfagan lo mejor que sea posible. A los agricultores, por otra parte, puede interesarles establecer contratos con los procesadores para garantizar un mercado para sus productos o tener acceso a recursos financieros y tecnología. Si bien los contratos no están exentos de posibles desventajas para las partes contratantes, si están bien formulados y aplicados pueden contribuir significativamente al desarrollo agro empresarial. La FAO trabaja con cuestiones de la agricultura por contrato a través de las actividades de sus tres grupos técnicos: gestión, comercialización y finanzas”1:

Los principios a que hace referencia la FAO fueron elaborados por la División de Infraestructura Rural y Agroindustria (AGS) y son:

1) Objetivo común.

En la celebración del contrato los compradores y agricultores deben tener el mismo objetivo. Las cláusulas deben basarse en el principio de que lo contratado protegerá a las partes de los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución del contrato.

El ánimo en la celebración del contrato debe ser promover la producción agrícola y garantizar un mercado seguro, en una relación de ganar-ganar tanto para compradores como para agricultores.

2). Apego a las disposiciones legales en agricultura.

El contrato será válido siempre y cuando cumpla con diversos requisitos como lo es la capacidad legal y el consentimiento para obligarse por medio del contrato. En caso de que el contrato se realice con persona moral o una agrupación debe quedar claro el nombre del representante legal de la misma. Debe señalar de manera clara los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Incluir el precio y forma de pago, entre otros.

3) Celebrarse por escrito.

A fin de dar claridad a los derechos y obligaciones de las partes, así como a las condiciones de la contratación.

4) Lenguaje claro y sencillo.

El contrato debe ser redactado de manera clara y de fácil lectura para cualquier persona, a fin de no dejar en estado de indefensión a los agricultores.

5) Debida atención y revisión.

Los compradores deben dar tiempo suficiente a los agricultores para la revisión de las condiciones del contrato.

6) Información.

Compradores y agricultores deben poner a disposición del otro la información necesaria para la conclusión del contrato. Los contratos deben indicar claramente la cantidad de la mercancía que se suministrará por el agricultor durante un período de tiempo, los estándares de calidad requeridos y los medios para evaluar éstos.

7) Transparencia en la determinación del precio.

Precios y pago constituyen un elemento clave de cualquier contrato, y estos puntos deben ser claramente entendidos y acordados por el agricultor y el comprador. Es aconsejable que las partes negocien con el fin de acordar un precio que sea satisfactorio para ambas, y que ambas partes cumplan estrictamente este acuerdo.

8) Transparencia y equidad en las cláusulas relativas a la calidad.

Los contratistas esperan que los agricultores se involucren en las prácticas de producción y los procedimientos que conduzcan a la producción de productos de buena calidad.

9) Transparencia y la equidad en las cláusulas relacionadas con el suministro de insumos y uso.

El contrato debe estipular que parte será responsable por el suministro y aplicación insumos agrícolas.

10) La equidad en la distribución de riesgos: fuerza mayor y la flexibilidad contractual.

Los contratos deben contemplar la posibilidad de renegociación. Asimismo, deben especificar la cuestión del reparto de los riesgos de producción y de mercado entre las partes.

11) Prevención de las prácticas abusivas en las relaciones comprador-agricultores.

Los contratos no deben prohibir o desalentar a los agricultores de la asociación con otros agricultores para comparar las cláusulas contractuales o para responder a sus preocupaciones o problemas.

12) Respeto a los términos contractuales.

Agricultores y compradores deben ser leales uno al otro. La confianza mutua y el respeto son factores importantes para el éxito de las operaciones de  agricultura por contrato.

13. Diálogo abierto.

El diálogo entre agricultores o sus representantes con los compradores es fundamental para la estabilidad de las operaciones de agricultura por contrato.

14) Mecanismos claros para resolver conflictos.

Los agricultores y los compradores deben acordar en el contrato que  un tercero neutral los asista en caso de litigio.

Cuando surgen disputas contractuales, ambas partes deben esforzarse para  resolverlas amistosamente.

Con base en  lo anterior esta dictaminadora considera pertinente la petición del proponente y sugiere solicitar a la SAGARPA a través de la autoridad que corresponda, que en materia de agricultura por contrato se observen los principios a los que ya se ha hecho referencia y que la FAO ha establecido para beneficio tanto de compradores como de agricultores.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería  y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de su competencia redoble esfuerzos para diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de agricultura por contrato que atiendan: (i) la ampliación de la participación de productores y compradores de agave weber variedad azul; (ii) el otorgamiento equilibrado de apoyos a lo largo del territorio en el que se produzca Tequila y otros productos finales a partir del agave; (iii) la inclusión de nuevos productos finales elaborados  a partir de agave, dentro del esquema de apoyo, para garantizar el abasto correspondiente a la producción de Tequila, y (iv) el establecimiento de mecanismos de control de la oferta de agave a partir de las ventajas que ofrece la agricultura por contrato.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería  y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ámbito de su competencia verifique que en la agricultura por contrato se observen los principios que para tal efecto ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para beneficio tanto de agricultores como de compradores.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

1 Agricultura por contrato. www.fao.org

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Abel Salgado, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con el permiso de la Presidencia.

Hago uso de la palabra para reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros legisladores de la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente, no solamente por aprobar la proposición con punto de Acuerdo que hace algunas semanas presentamos con la finalidad de solicitar respetuosamente a la SAGARPA el redoblar esfuerzos para la instrumentación del esquema de agricultura por contrato para la producción de agave, sino por enriquecer y ampliar esa propuesta.

En efecto, un segundo punto resolutivo solicitará que en el diseño e implementación de la agricultura por contrato se observen los principios que para tal efecto ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el propósito de beneficiar tanto a agricultores como a compradores.

Por referir algunos de estos principios, vemos que la agricultura por contrato deberá perseguir un objetivo común, deberá apegarse a las disposiciones legales que rigen la agricultura, deberá celebrarse por escrito y en un lenguaje claro para evitar incertidumbre en la interpretación, deberá ser transparente en la determinación del precio de los productos y equitativo en las cláusulas relativas a la calidad.

En fin, una serie de principios que estoy seguro habrán de ayudar a resolver en mejor medida el problema que hemos planteado con relación a la producción de agave.

Amigas y amigos legisladores, como sabemos, la agricultura por contrato es un esquema que permite a los agricultores contar con ingresos seguros y a los compradores un retorno garantizado de su inversión.

México cuenta ya con un esquema de agricultura por contrato, el cual es apoyado por instancias gubernamentales y que durante la última década ha tenido un éxito considerable. La intervención gubernamental permite a compradores y productores asegurar transacciones convenientes para ambos, a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Pese al éxito del programa de apoyo a la agricultura por contrato, aun existen áreas de oportunidad para que sea un motor de desarrollo de todo el sector agropecuario y de la industria agroalimentaria.

Entre las oportunidades que tiene la agricultura por contrato, en el país vemos que es necesario, primero, ampliar la participación de productores y compradores; segundo, balancear los apoyos a lo largo del territorio nacional;  y, tercero. incluir nuevos productos dentro del esquema de apoyo.

En lo que se refiere al tema del agave, el gobierno federal y los productores han comenzado a estudiar la conveniencia de incluir ese producto dentro del esquema de la agricultura por contrato.

En efecto, tanto la SAGARPA como el Consejo Regulador del Tequila han observado que el ciclo económico del agave muestra fluctuaciones periódicas derivadas del exceso y defecto en la oferta. Su ciclo pasa por un muy alto precio derivado de la escasez del producto, mismo que se traduce en un incentivo para las plantaciones desmedidas y descontroladas que cubren en demasía la demanda de agave, tanto del tequila como de otros productos.

Naturalmente, este exceso de oferta provoca una disminución pronunciada en los precios, disminuyendo el interés de agricultores de agave en continuar con dicha plantación, generando nuevamente escasez. Esta volatilidad periódica afecta el precio que paga el consumidor final, y en la misma medida a la industria en su conjunto.

En este contexto de fluctuaciones constantes, es que adquiere un papel relevante la posibilidad de fomentar el esquema de la agricultura por contrato para el cultivo del agave.

Quisiera decirles, amigas y amigos legisladores, que la venta de tequila genera tres mil millones de pesos al fisco federal por los impactos que repercuten en el pago de IVA y del IEPS. Igual de importante es la producción e importancia para la economía de las zonas protegidas por la denominación de origen del tequila.

El tequila forma parte de la riqueza económica nacional, pero también de la riqueza cultural no solamente de todos los mexicanos, sino de manera muy particular de los que habitamos en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas.

Su tradición y producción histórica afecta rubros tan importantes como el turismo y es por ello que debemos promover su conservación y crecimiento.

Por todo esto que he mencionado, compañeras y compañeros legisladores, en nombre de los productores de agave, de los industriales del tequila y del consejo regulador, les agradezco el apoyo que puedan brindar con su voto a este punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Abel Salgado.






Les informo que la Diputada Talamante retiró su reserva al dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a publicar los criterios a partir de los cuales verificará y evaluará las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a publicar los criterios a partir de los cuales verificarán y evaluarán las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de los planes de exploración y extracción de hidrocarburos, contenidos en la solicitud de asignaciones presentada por Petróleos Mexicanos, suscrita por la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II.- CONTENIDO.

A.- En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

“En cumplimiento con lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, el organismo público descentralizado Petróleos Mexicanos entregó el pasado 21 de marzo del año en curos (sic) a la Secretaría de Energía, su solicitud para la adjudicación de las áreas en exploración y extracción de los campos en producción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, a través de asignaciones gubernamentales.

Esta solicitud se presentó dentro del marco de la Ronda Cero, cuya base legal es el artículo sexto transitorio, en el que se establece que en el periodo de transición durante el cual Pemex dejará de ser un organismo público descentralizado para convertirse en una Empresa Productiva del Estado, tanto la actual paraestatal, como sus organismos subsidiarios, podrán recibir asignaciones para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos.

El mandato constitucional dispone que la Secretaría de Energía debe revisar la solicitud de Petróleos Mexicanos, contando con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitir su resolución en un plazo de 180 días naturales, mismo que concluye el 21 de septiembre del presente año.”

B.- Enseguida, la proponente refiere una serie de consideraciones, en las que menciona que tratándose de asignaciones para exploración de hidrocarburos, se determina que Petróleos Mexicanos podrá continuar con sus trabajos por tres años (plazo prorrogable por 2 años más), en las áreas en las que ya hayan realizado descubrimientos comerciales o inversiones; y por lo que hace a las asignaciones de extracción, se establece que PEMEX mantendrá sus derechos en los campos que se encontraban en producción a la fecha del Decreto de reformas constitucionales en materia energética, siempre y cuando presente un plan de desarrollo de dichos campos que incluya una descripción delos trabajos y de las inversiones a realizar.

Asimismo, la proponente refiere que en aras de una mayor transparencia en la exploración y explotación del sector petrolero mexicano, es fundamental que todos los documentos relacionados con la asignación gubernamental de las áreas en exploración y los campos en producción de petróleo que PEMEX ha solicitado y que la Secretaría de Energía resuelva adjudicar o no a dicha empresa, sean publicados en su integridad en el Diario Oficial de la Federación.

C.- Concluye la proponente al señalar que:

“Se trata de información que hoy se encuentra en posesión de entidades y organismos del Poder Ejecutivo Federal y que debe ser difundida, por estar relacionada con el manejo de recursos públicos nacionales, en términos de lo dispuesto en el artículo 6° constitucional, así como por el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dada la trascendencia que tiene el sector petrolero para la economía y el desarrollo nacional y para el futuro del país, resulta imprescindible que en el desarrollo de dicho sector se consolide bajo criterios de transparencia y máxima publicidad, no solamente hacia los actores que intervendrán próximamente en el mercado de hidrocarburos, sino también, y sobre todo, hacia los ciudadanos.”

D.- Con lo anterior,  la proponente formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo:

 “UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA Y AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS, PARA QUE PUBLIQUEN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EN LA GACETA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE Y EN SUS PAGINAS ELECTRONICAS, LOS CRITERIOS A PARTIR DE LOS CUALES VERIFICARAN Y EVALUARAN LAS CAPACIDADES TECNICAS, FINANCIERAS Y DE EJECUCION DE LOS PLANES DE EXPLORACION Y EXTRACCION DE HIDROCARBUROS, CONTENIDOS EN LA SOLICITUD DE ASIGNACIONES PRESENTADA POR PETROLEOS MEXICANOS.”

III. CONSIDERACIONES

 A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide en lo general con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente conocer las asignaciones que efectué la Secretaría de Energía con la asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, relativas a las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos en las cuales, PEMEX manifieste su interés en seguir operando.

D. Como acertadamente lo señala la proponente, el pasado 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, en el cual se establece en el artículo sexto transitorio lo siguiente:

“Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución.

El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado.

b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva.

Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación.

En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de Energía.

Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de Energía, para su autorización, la migración de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución.

Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la Secretaría del ramo en materia de Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del ramo en materia de Hacienda será la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, la administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán a los contratos suscritos por el Estado.”

Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional, consigna lo siguiente:

“Artículo 27. …

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

…”

De los artículos citados anteriormente se desprende que PEMEX deberá someter a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas de exploración y extracción que tenga interés y capacidad de operar, a través de asignaciones.

Para tal efecto, la paraestatal deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Para ello se estableció el plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del Decreto citado.

Posteriormente la Secretaría, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, la cual se cumple el 17 de septiembre de 2014.

En caso de que la resolución sea favorable a PEMEX, la Secretaría de Energía deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1.- Para asignaciones de exploración, en las áreas en que PEMEX haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible que continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos años, y

2.- Para asignaciones de extracción, PEMEX mantendrá sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, para ello presentará un plan de desarrollo justificando su adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva.

E.- Que con información de la paraestatal difundida a través de su portal de internet, se puede advertir lo siguiente:

El proceso que constituye la denominada Ronda Cero, permitirá a Petróleos Mexicanos contar con los recursos petroleros para asegurar un nivel de inversión en exploración, desarrollo y extracción sostenible, además de estar en posibilidad de acceder a nuevas áreas como resultado de las rondas de licitación que posteriormente se emitan.

Adicionalmente, la Ronda Cero definirá los recursos petroleros con los que contará el Estado para multiplicar la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos en el país, a través de rondas de licitación abiertas a la participación de la industria petrolera, con el fin de incrementar la seguridad energética de México.

Dentro del plazo previsto en el Sexto Transitorio de la reforma constitucional en materia de energía, el 21 de marzo de 2014, Petróleos Mexicanos realizó una solicitud para someter a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción que está en capacidad de operar, a través de asignaciones.

La paraestatal asegura que en el mismo acto entregó la documentación que respalda la solicitud, detallando sus capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. En este sentido, presentó un plan de desarrollo de las áreas y campos requeridos, el cual incluye descripciones de los trabajos e inversiones a realizar.

En extracción, PEMEX ha solicitado los campos en producción que desea mantener. En exploración propone operar las áreas en donde cuenta con descubrimientos comerciales, incluyendo las aguas profundas del Golfo de México.

En las Cuencas del Sureste, Petróleos Mexicanos solicita las principales áreas de exploración donde cuenta con inversiones en proyectos de exploración.

En el caso de Chicontepec, PEMEX ha optado por concentrarse en áreas con una gran actividad y liberar importantes áreas para la participación de particulares en futuras rondas, conservando los contratos integrales con terceros.

En áreas de lutitas, solicitó una fracción de los recursos prospectivos del país con el fin de desarrollar capacidades tecnológicas para su futuro desarrollo.

En resumen, Petróleos Mexicanos solicita el 83% de las “reservas 2P” y el 31% de los recursos prospectivos.

F. De acuerdo con la paraestatal, el propio 21 de marzo de 2014 los titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de Petróleos Mexicanos, suscribieron un acuerdo de colaboración con el objeto de establecer un mecanismo mediante el cual PEMEX dará acceso remoto o en sitio a la Secretaría y a la Comisión, a los expedientes, al portal y, en su caso, al sistema de tecnología de información, mismos que contengan la información que deberá proporcionar, relacionada con la solicitud referida en el sexto transitorio del Decreto.

Mediante dicho mecanismo, la Secretaría y la Comisión acreditarán por escrito a los servidores públicos autorizados que tendrán acceso a la información contenida en los expedientes.

G. A pesar de lo anterior, hasta la fecha de elaboración del presente Dictamen,  la Secretaría no ha hecho del conocimiento público los criterios o elementos en los cuales basará la resolución a que se refiere el multicitado artículo sexto transitorio del Decreto.

Con fundamento en el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º. fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta Comisión considera pertinente solicitar que sean publicadas las bases en las que la Secretaría de Energía fundamentará, motivará y razonará la resolución que emita derivado de la solicitud de Petróleos Mexicanos de adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción que está en capacidad de operar, a través de asignaciones, derivado el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de diciembre de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, fracción III, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, debe publicarse lo siguiente:

“ARTICULO 3º.- Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación:

I a II…

III.- Los acuerdos, circulares y órdenes de las Dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;

IV a VIII…”

La Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales establece como una obligación del Ejecutivo Federal “publicar en el Diario Oficial de la Federación, los ordenamientos y disposiciones […] señaladas en el artículo 3° mencionado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Energía, para que en ejercicio de sus facultades, publique en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet de la dependencia, los criterios a partir de los cuales verificará y evaluará las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos, necesarias para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones.

TERCERA COMISION”.

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Dora Talamante Lemas, para referirse al dictamen de la Segunda Comisión, que solicita al titular de gobierno del estado de Sonora a informar de la situación actual en que se encuentra la infraestructura y establecimientos del sistema de salud.

- La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Gracias, señor Presidente.

En el grupo parlamentario Nueva Alianza, trabajamos de manera permanente en la búsqueda de la protección y respeto a los derechos humanos de cada individuo.

Bajo este contexto, en el estado de Sonora han ocurrido hechos que evidencian que los servicios médicos atraviesan una profunda y severa crisis; lo que afecta directamente a miles de sonorenses.

En este sentido, la secretaría de salud estatal no está cumpliendo con la obligación de garantizar la protección de la salud de los habitantes.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON, presenta graves deficiencias en la prestación de los derechos humanos, a poco más de 180 mil derechohabientes con que cuenta.

De tal forma que los miles de pacientes que diariamente son atendidos en los diversos hospitales y clínicas, se enfrentan a la continua falta de medicamento, equipos obsoletos o en mal estado, médicos y enfermeras que están haciendo milagros para poder brindarle la atención a quienes lo requieren.

Aunado a la carencia en equipo, medicamento e infraestructura, se encuentran las denuncias por irregularidades administrativas.

Bajo este panorama, el grupo parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, a efecto de que se informe de la situación actual en la que se encuentran los hospitales, clínicas y demás dependencias que integran el sistema estatal de salud; así como de los avances para solventar las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en el informe de resultados de la cuenta pública 2012.

Con nuestro voto a favor de este dictamen, Nueva Alianza reafirma su compromiso por los derechos de los mexicanos y las mexicanas a mejores condiciones laborales, de seguridad social y de salud.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Talamante Lemas.






La Diputada Alliet Bautista Bravo reservó un dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta a verificar las facilidades tecnológicas y administrativas para resolver la problemática que presentan los contribuyentes.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION


H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, ejerza la atribución que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y se tomen las medidas convenientes para resolver la situación de los pequeños contribuyentes, suscrito por los Diputados Alliet Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los proponentes señalan que el Régimen de Pequeños Contribuyentes por sus características de capital, tecnología y operación, no cuentan con posibilidades de llevar una contabilidad compleja, por lo que debiesen ofrecerles un trato distinto como contribuyentes.

Derivado de la Reforma Hacendaria de 2014, el tema de los Pequeños Contribuyentes se reformó en los términos del nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, mismo que ha implicado diversos obstáculos para este sector, entre los cuales destacan, el alto costo en gastos administrativos, la falta de orientación en las oficinas de los sistemas del Servicio de Administración Tributaria, la complejidad de los trámites y la baja penetración en los sistemas informáticos a efecto de que se dé cumplimiento con las obligaciones fiscales.

Asimismo, expresan que las dificultades para declarar y la inflexibilidad de la norma, aumentan la incertidumbre de los contribuyentes, debido al riesgo que representa el incumplimiento en la presentación de las declaraciones bimestrales que se derivan de la aplicación del párrafo segundo de la fracción VII del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en este sentido proponen lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, ejerza la atribución que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, y se tomen las medidas convenientes para resolver la situación de los pequeños contribuyentes.

III. CONSIDERACIONES.

El punto de acuerdo refiere las dificultades administrativas respecto de las declaraciones correspondientes a los pequeños contribuyentes y la incertidumbre por la aplicación de sanciones en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Al respecto, el artículo 39, en su fracción II, del Código Fiscal de la Federación, faculta al Ejecutivo Federal para “Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimento de las obligaciones de los contribuyentes”.

En este contexto, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos pertinente solicitar la intervención del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, a fin de simplificar los trámites para la declaración de los pequeños contribuyentes.

Por otra parte, los proponentes exhiben su preocupación por el acceso a los servicios de tributación así como por el desconocimiento del proceso de tramitación, también indican que la complejidad del trámite se ha convertido en un procedimiento costoso debido a los esquemas de validación, con ello, se abre la posibilidad a la aparición de intermediarios, encareciendo el servicio.

Por lo anterior, esta dictaminadora comparte la preocupación de los legisladores en aras del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, a difundir de manera clara y precisa el funcionamiento de la o las plataformas que deberán utilizarse para la realización de las declaraciones.

La Tercera Comisión acompaña a los Diputados en su propuesta a fin de optimizar los procedimientos para que estos se realicen de forma ágil y dentro de los plazos establecidos, lo que permitirá a los contribuyentes atender a la normatividad expedida al respecto.

Cabe destacar, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración  Tributaria, mediante comunicado del 3 de mayo de 2014, informó a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que las declaraciones que corresponden al primero y segundo bimestres de 2014 podrán presentarse en julio de este año, debido a diversos problemas presentados tanto en las oficinas del servicio como en la plataforma en línea.

Por todo lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas al proemio del presente dictamen, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a verificar si las facilidades tecnológicas y administrativas que se han instrumentado y emitido para la debida atención y cumplimiento de obligaciones en el Régimen de Incorporación Fiscal son suficientes para resolver las problemáticas que presenten los contribuyentes, o en su caso, analizar si es factible que se otorguen otras facilidades adicionales, para que puedan estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones fiscales.

TERCERA COMISION”.

Tiene el uso de la tribuna, Diputada Bautista.

- La C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Vengo a tribuna con el propósito de reconocer el trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, al dictaminar positivamente el punto de Acuerdo por el que exhorta al Servicio de Administración Tributaria, que revise la eficacia de las respuestas que ha proporcionado para atender la problemática que presentan los pequeños contribuyentes.

Esto, pues como resultado de la reforma del año 2014, que reubicó al régimen de incorporación fiscal.

Es muy positivo este dictamen, ya que ayuda a generar los espacios para el estudio y análisis de la situación que afecta a este sector de personas físicas y microempresas, que conforman a los millones de pequeños contribuyentes, que por las restricciones de acceso a financiamiento, por los bajos requerimientos de tecnología, que por el tamaño de sus negocios, en muchos casos, sólo les permiten emplear a integrantes de sus propias familias, cooperan en un alto porcentaje en zonas marginales y que por lo mismo tienen problemas para llevar una contabilidad compleja.

Son, en conjunto, un muy amplio y disperso número de posibles contribuyentes, que por sus características diferentes requieren recibir, como sucede en muchos países, un trato fiscal diferente.

¿Por qué un trato diferente? Porque la norma general implicaría, en muchos casos, forzarlos a la informalidad, con todos los riesgos que eso implica en términos de estabilidad social. Ese trato diferente también se deriva, de lo que significa, en términos de costos-beneficios, dedicar esfuerzos de la autoridad al fiscalizarlos, a perseguirlos, distrayendo la posibilidad de obtener más y mejores resultados, se analizan y se hace el trabajo de fiscalización necesario para que los grandes contribuyentes cumplan correctamente con sus obligaciones.

Si no se da una atención adecuada al sector de los pequeños contribuyentes, se corre el riesgo real de alejarlos de la posibilidad de operar formalmente.

La experiencia ha demostrado que el tránsito de la informalidad a la formalidad pasa por la generación de confianza, la inducción de beneficios reales en materia de calidad y costo de los servicios públicos.

Por ello es muy importante y tenemos una gran responsabilidad, al poder dar un adecuado tratamiento al llamado régimen de pequeño comercio, llamado Repecos.

Haciendo solamente una política que pueda darle confianza, puede esto permitir que los contribuyentes estén dispuestos a contribuir aportar impuestos en la medida de sus posibilidades y, por supuesto, al ordenamiento y desarrollo de nuestra economía.

Por ello, pues llamo la atención a que desde el ámbito legislativo, de igual manera hay varias iniciativas, y que éste es un avance, éste es un paso, porque hay varias propuestas de varios partidos políticos, de poder tener una adecuada fiscalización para el pequeño comercio.

Por ello, agradezco a la Tercera Comisión que haya dictaminado este punto a favor.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Bautista Bravo.

Sobre el mismo tema, le concedemos el uso de la palabra al Senador Héctor Larios, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

El PAN respalda este punto de Acuerdo, en donde solicitamos al Servicio de Administración Tributaria informe si tiene la capacidad tecnológica para atender las nuevas obligaciones que se derivaron de la reforma fiscal, al eliminar el régimen de pequeños contribuyentes e incorporarlos a lo que se denomina ahora el régimen de incorporación fiscal, como lo ha dicho aquí, quien me precedió el uso de la palabra, la Diputada Bautista.

Se estableció, a diferencia del régimen anterior de pequeños contribuyentes, que tenían una obligación de pagar un porcentaje de sus ingresos brutos con periodicidad, y en donde estaban inscritos más de cuatro millones de contribuyentes; en donde están los pequeños abarrotes, los pequeños negocios, el amigo o la señora que expende jugos en el mercado, cualquier puesto del mercado, estaban incorporados en este régimen.

Se estableció que con el ánimo de incorporarlos a la formalidad, se les eliminaba las obligaciones de pagar impuestos. Esta pequeña cuota que pagaban, de manera bimensual, se elimina.

Pero se establecen otras obligaciones.

La primera obligación, es darse de alta de forma electrónica en el SAT.

Los contribuyentes fueron al SAT a darse de alta y encontraron con que les daban cita para dentro de un mes, es decir, después del vencimiento del plazo para incorporarse.

Se estableció que el primer pago de IVA lo iban a hacer el 17 de marzo. Luego se prorrogó para los últimos días de mayo, y actualmente se ha vuelto a prorrogar para los últimos días de julio, metiendo una enorme incertidumbre a más de cuatro millones de personas.

Ahora se les estableció la obligación de que para que sean deducibles sus pagos, para que no tengan obligación de pagar ningún impuesto, todos los pagos los tienen que hacer o por transferencia electrónica o por cuenta de cheques.

Y, bueno, la mayor parte de ellos no tienen cuenta de cheques y ahora incurren en costos adicionales.

Pero lo más grave aún no han podido darse de alta en el sistema electrónico de SAT, porque no les han abierto espacio, porque no hay capacidad tecnológica, y ya tienen la obligación de mandar su primer informe de gastos y egresos.

Pero adicionalmente tienen que establecer los registros de contribuyentes de los proveedores. Y en muchos de ellos, por ejemplo, quien se dedica al comercio de fruta, pues compra en el mercado de abastos y el proveedor no le da ninguna factura; entonces, no pueden hacer esa información y están buscando, incluso, darse de baja, porque no pueden estar en la formalidad.

Finalmente, cada bimestre, el único impuesto que tienen que enterar es el IVA. No lo pudieron enterar el 17 de marzo porque el SAT no estaba listo. No pudieron enterar a final de mayo porque el SAT no estaba listo, y seguramente no lo van a poder enterar, o en teoría tendrían la obligación de ir a enterar, de manera electrónica, el pequeño abarrotero de la esquina va a tener que, por vía de la página electrónica del SAT, informar de sus finanzas y egresos, y no va a pagar de manera electrónica el entero del IVA de tres bimestres que no ha podido hacerlo, no porque no quiera, sino porque no hay capacidad tecnológica del SAT.

Por eso nos parece que este es un punto de Acuerdo que merece respaldarse, porque es ahorita uno de los temas más sensibles del país.

Hay más de cuatro millones 200 mil familias que viven en absoluta zozobra porque saben que tienen ahora obligaciones que no pueden materialmente cumplir por causa de las capacidades técnicas del gobierno, pero tampoco pueden cumplir, ni podrán cumplir, porque no existe formalidad de la mayor parte de la economía en donde se mueve.

De tal forma que, si del informe del SAT puede deducirse que no tiene esa capacidad, valdría la pena echar para atrás esta medida.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Larios.






La Senadora Silvia Garza Galván reservó un dictamen de la Tercera Comisión, que exhorta a suspender la autorización del desarrollo Cabo Dorado, en el área de influencia del Area Natural Protegida Cabo Pulmo, en Baja California Sur.

TERCERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“TERCERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con Punto por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a denegar autorización respecto a la manifestación de impacto ambiental para la construcción del desarrollo "Cabo Dorado" en el área de influencia del área natural protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur en tanto permanezcan vigentes las resoluciones administrativas relacionadas con esta área natural protegida y los juicios interpuestos en contra de las mismas, suscrita por los diputados Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de mayo de 2014.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO.

Los diputados proponentes, hacen mención que el Parque Nacional Cabo Pulmo, fue decretado como Area Natural Protegida por el gobierno federal el 6 de junio de 1995;  la superficie  de conservación es de 7,111 hectáreas la cual incluye  el único arrecife coralino  vivo de Norteamérica.  El sitio es además lugar de anidación de tortugas marinas y hábitat de 226 de las 891 especies de peces de Golfo de California, 154 especies de invertebrados marinos, así como lobos marinos, delfines y ballenas.

Plantean además que la compañía inmobiliaria española “Hansa Urbana” a través de su filial mexicana “Hansa Baja Investments”,  obtuvo  de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorización a su Manifestación de  Impacto Ambiental (MIA) para la construcción y operación del proyecto turístico “Cabo Cortés” con infraestructura para 3,814 hectáreas de construcción en Cabo Pulmo, consistentes en la edificación de 3,655 cuartos de hotel, 7,816 casas, dos campos de golf, una marina con capacidad de 490 posiciones, un sistema de canales y lagos artificiales, planta desalinizadora y 2 campos de golf.

Asimismo, que desde 2008 el “Centro Mexicano de Derecho Ambiental”  y la Organización  “Defensa Ambiental del Noroeste” presentaron recursos de revisión en contra de la Autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental.  Los argumentos se enfocaron en la violación a los programas de ordenamiento ecológico y planes de desarrollo urbano, fragmentación del proyecto y ecosistemas. Como consecuencia del recurso de revisión interpuesto, se declaró la nulidad de la autorización de la MIA por lo que respecta a la construcción de la marina y las medidas de mitigación propuestas por el desarrollador.

Los proponentes argumentan además, que en marzo de 2011 la SEMARNAT obsequió una nueva autorización  de la MIA referente  a la construcción de la marina y las medidas de mitigación propuestas por el desarrollador lo que despertó la inconformidad de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.

En su exposición, los proponentes plantean que el 15 de junio de 2012 el Presidente Felipe Calderón Hinojosa ordenó cancelar toda autorización del proyecto “Cabo Cortés”  afirmando que la sustentabilidad de un área tan importante para la conservación del medio ambiente en nuestro país se encontraba en riesgo.

Asimismo, los diputados advierten que se pretende reimpulsar un desarrollo similar al de “Cabo Cortes” pero con diferente nombre y con diferentes inversionistas y socios extranjeros y que la ubicación geográfica de los proyectos “Cabo Cortés y “Cabo Dorado” es la misma, que se trata de los mismos predios pero con una diferencia de 10 hectáreas en la superficie, ya que el proyecto Cabo Cortés comprendía una superficie de 3,780.646 hectáreas; y Cabo Dorado  3,770.5 hectáreas del proyecto en la misma área de influencia.

En su exposición los legisladores comentan que mediante el juicio contencioso administrativo 1682/13-EAR-01-10/1ac, interpuesto ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, La Rivera Desarrollos BCS, S. de R. L. de C. V., se demandó la nulidad de las resoluciones administrativas  de junio de  2012 que  emitiera el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental y  el Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para nulificar  las autorizaciones ambientales del proyecto “Cabo Cortés”.

Los diputados Belaurazarán y Zárate en sus consideraciones informan sobre el impacto que traerá este complejo turístico en el Area Natural Protegida Cabo Pulmo debido a la propia urbanización de un espacio natural que tiene una baja densidad de población humana y una muy baja disponibilidad de agua para consumo humano.

Asimismo, refuerzan sus consideraciones en que el juicio contencioso administrativo antes aludido actualmente sigue su trámite, por lo que las resoluciones administrativas impugnadas se encuentran sub júdice es decir, no han cesado sus efectos lo que significa que la resolución administrativa que tuvo por efecto declarar la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Cabo Cortés no ha cesado sus efectos, pues para que cesen los efectos se requiere que se destruyan todas las consecuencias de la citada autorización en materia de impacto ambiental de manera total e incondicional.

Es con base en lo anterior que los diputados promoventes plantean la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

UNICO.- La Comisión Permanente  del Congreso de la Unión  LXII Legislatura con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta a la  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a denegar autorización  respecto a la  Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del desarrollo “Cabo Dorado ” en el área de influencia del Area Natural Protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur en tanto permanezcan vigentes las resoluciones administrativas  relacionadas  con esta Area Natural Protegida y los juicios interpuestos en contra de las mismas.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Los integrantes de esta Tercera Comisión coinciden en la necesidad de proteger Cabo Pulmo como un área protegida ubicada al sur de la Península de Baja California ya que sus 7,111 hectáreas comprenden el único arrecife de coral vivo del Golfo de California y es considerado por algunos científicos como una de las áreas protegidas más exitosas de México y el mundo.

Cabo Pulmo se ubica a menos de dos horas de Los Cabos, en Baja California Sur. Está catalogado como el arrecife coralino que tiene la ubicación más septentrional en el Pacífico Este y es, actualmente, uno de los de mayor cobertura de corales en el Golfo de California. En 1995 fue decretado Area Natural Protegida.

Cabo Pulmo fue decretado Parque Nacional en junio de 1995, y es un caso muy inusual de una comunidad que elige por sí misma dejar de pescar y proteger un área. La recuperación en estos años ha sido un caso de éxito a nivel internacional. Tras casi dos décadas de protección, esta comunidad es la protagonista de una historia muy distinta a lo que ocurre en otros sitios de la región: este ecosistema se ha recuperado y muestra hoy condiciones muy alejadas a otros sitios del Golfo de California, donde el deterioro es evidente.

Además de los compromisos adquiridos por México en las Convenciones Ramsar y Patrimonio de la Humanidad, la obligación de prevenir y reducir la contaminación marina y proteger ecosistemas frágiles como Cabo Pulmo, está contenida en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas,  Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la Resolución de Naciones Unidas 64/71, la Convención de Cartagena para la protección del medio marino de la Región Gran Caribe,  Convenio de la Diversidad Biológica, Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes, Protocolo relativo al convenio para prevención de la contaminación del mar por el vertimiento de desechos.

De conformidad con el Artículo 133 de la Constitución, México debe cumplir con las obligaciones internacionales que éste haya adquirido, tal y como si se tratara de legislación secundaria. México es Estado Parte Contratante de la Convención de Humedales de Importancia Prioritaria Internacional Ramsar, cuyo Artículo 2.6 obliga a cada parte contratante a tomar en cuenta responsabilidad de carácter internacional con respecto a conservación, gestión y uso racional de poblaciones migratorias de aves acuáticas tanto al designar como modificar.

Conforme al Artículo 4 de la Convención Ramsar, el Estado Parte deberá tomar medidas necesarias para la custodia de humedales, así como una política nacional de humedales, lineamientos para examinar leyes e instituciones para promover la conservación y uso racional, lineamientos para examinar leyes e instituciones para promover la  conservación y evaluación de riesgo, por lo que deberá tener en cuenta sus responsabilidades de carácter internacional con respecto a la conservación, gestión y uso racional de las poblaciones migratorias de aves acuáticas.  Debe también tomar las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista Ramsar, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. 

Cabo Pulmo es un ecosistema único, respecto al paisaje es de belleza escénica; también su arrecife coralino es hábitat de especies en riesgo y altamente migratorias, por lo cual es de un valor universal.  México está obligado a actuar por su propio esfuerzo y hasta el máximo de recursos de que se disponga, y llegando el caso mediante asistencia y cooperación internacional que se beneficia.

Al incorporar Cabo Pulmo como sitio patrimonio de la humanidad, México se comprometió a realizar un incremento de recursos humanos, medidas y gastos para conseguir su protección y defensa. Particularmente, que la autoridad supervise que el promovente revise los Lineamientos Operativos para la Aplicación de la Convención UNESCO. Sin embargo, al autorizar estos proyectos sin la precaución y prevención adecuada, se contravienen leyes nacionales e internacionales.

Esto se refuerza con los informes de 2009 de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación en donde se evalúa el desempeño de la SEMARNAT, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a la ejecución de los tratados en materia de medio ambiente.  En tales informes se tiene que México no adoptó medidas para el seguimiento de la implementación de tratados, no hay normas generales de control interno, no se programan metas, no adecuan la legislación interna con los textos de los tratados internacionales y que no existe un sistema de información que permita dar seguimiento a esta ejecución de compromisos internacionales.

En el año 2012 se cancelaron  los permisos ambientales al mega desarrollo hotelero Cabo Cortés en la zona protegida de Cabo Pulmo, al no demostrar su sustentabilidad ni la certeza de que no generaría un daño irreversible a esta zona declarada patrimonio natural de la humanidad. Sin embargo, existe un nuevo proyecto para esa misma zona, ahora denominado Cabo Dorado, ingresado a la Semarnat  el pasado 14 de marzo a partir de una coinversión de inversionistas estadounidenses y asiáticos.

Especialistas medioambientales consideran que la construcción de la marina de Cabo Cortés, provocaría graves impactos al ecosistema de Cabo Pulmo debido a que se requiere de un inmenso movimiento de tierra, incluyendo el dragado submarino de arena que sería arrastrada hacia el arrecife por las corrientes, poniendo en peligro la vida de los organismos que ahí habitan.

De igual forma, la operación cotidiana de la marina, incluyendo el posible derrame de aceites y combustibles, el tráfico en la superficie y el ruido de motores, representan una perturbación muy aguda del ecosistema, especialmente para especies en tránsito como las tortugas marinas o las ballenas jorobadas. En su dictamen técnico la Comisión Nacional de Areas naturales Protegidas (CONANP) señala estas irregularidades (pág.6):

“… Los estudios de corrientes, mareas y el modelo que emplean para la predicción de la dirección de corrientes no es científicamente el método idóneo para el sitio… los estudios llevados a cabo, no son significativos ni representativos de la hidrodinámica del área. La aseveración de que las corrientes corren únicamente hacia el norte es bastante débil y carente de mediciones sólidas… (el modelo) no refleja las condiciones imperantes en un área particular, por lo que es poco recomendable basarse en los resultados que se presentan en la información adicional.”

 “El impacto de la marina sobre Cabo Pulmo… se presupone mediante un modelo numérico que sólo considera las corrientes de marea y de oleaje y no se presenta un estudio que verifique el impacto sobre el Area Natural Protegida contigua…”  (Dictamen Técnico de la CONANP, p.6-7).

Por otro lado, la construcción y operación de la desaladora podría tener impactos que no son analizados debidamente en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).  Cabo Cortés pretende obtener el 65% del agua que utilizará a partir de la desalación de agua salada, para lo que planea construir una planta desaladora que produzca 750 litros por segundo.

La operación de una planta de esta magnitud, si no es planeada con gran cuidado y bajo los criterios ambientales adecuados, puede causar enormes daños a los ecosistemas marinos, particularmente a los organismos que no se pueden mover para huir de la contaminación, como los corales.

La MIA reconoce que la planta desaladora será una de las acciones que mayor impacto pueden tener sobre el ecosistema marino, dada la alta concentración salina del agua de rechazo. En la MIA, la empresa promovente no ofrece más que explicaciones generales de los criterios que utilizará para construir la desaladora.  Más grave aún, es que incluso esas explicaciones están basadas en supuestos falsos e información errónea sobre las corrientes marinas de la zona. Debido al patrón de corrientes, la salmuera será conducida al área protegida.  La zona más afectada será la zona norte del Parque, que incluye al sitio conocido como Las Tachuelas. Esta forma parte de la zona núcleo del parque y es la región con mayor cobertura de coral vivo.

En la opinión técnica que hemos citado anteriormente, la CONANP también señala este punto (p.6):

“Una de las principales preocupaciones es que los estudios  de determinación de los patrones de dispersión de la pluma salina, no son significativos ni representativos de la hidrodinámica del área. Así mismo, la aseveración que hacen de que las corrientes corren únicamente hacia el norte es bastante débil y carente de mediciones sólidas”.

No se ha sometido a evaluación la totalidad de los impactos que tendrían las actividades que se van a realizar. La legislación mexicana exige que los desarrolladores sometan a consideración de la autoridad todas las actividades que se pretenden desarrollar y que pudieran tener un impacto en el medio ambiente. En este caso, la Manifestación de Impacto Ambiental se queda corta al presentar un análisis completo.

Es también evidente, que la construcción y operación de un desarrollo de este tipo, conlleva a un crecimiento poblacional importante, alimentado por la demanda de mano de obra. Dada la baja densidad poblacional de la región, es previsible que este crecimiento de la población corresponda a trabajadores de otros estados. Si bien la MIA considera la infraestructura para alojar y dotar de servicios a estos trabajadores, no considera el impacto social inmenso de multiplicar varias veces la población en una región como esta.

Todo nuevo desarrollo y crecimiento viene también acompañado de asentamientos irregulares que no son provistos de  drenaje y recolección de basura. El ejemplo más claro de esto lo tenemos en Cabo San Lucas y San José del Cabo. Estos asentamientos irregulares se dan en arroyos y zonas de riesgo. De ser así, cada temporada de lluvias habría una fuente de contaminantes que desembocarían directamente en el área protegida. El proyecto adolece de medidas de control necesarias para prevenir estos efectos negativos en el área marina y ecosistemas vecinos.  (Opinión técnica CONANP, pág.25):

“La manifestación de impacto ambiental carece de programas de contingencia efectivos, no prevé las acciones que se tomarán en caso de siniestros climatológicos (avenida de arroyos, inundaciones, crecidas de marea, huracanes e incendios forestales) latentes en la zona.”  (Opinión Técnica CONANP, pág. 24).

La MIA no considera la capacidad de carga del arrecife. No se considera el incremento de las actividades de pesca y tránsito marítimo en el área protegida, porque el proyecto no prevé que se fomente su uso directo.

Tratándose de un proyecto de estas dimensiones,  la afluencia de turismo y el crecimiento de la población que se va a asentar en la zona colindante al Parque Marino, aumentará la presión sobre los recursos pesqueros (pesca comercial, deportiva y furtiva), el uso del parque para actividades recreativas y la circulación de embarcaciones. Esto provocaría un impacto significativo en el arrecife y las poblaciones de peces.

Las playas donde se desarrolla el proyecto y las colindantes con el proyecto son vitales para el ciclo de vida de las poblaciones de tortugas marinas. La MIA no observa propuestas que garanticen la continuidad de las condiciones ambientales necesarias que hacen posible la anidación de las tortugas marinas en la zona donde se planea en proyecto.

Esta es una de las escasas zonas del país que cuenta con una base de datos confiable, con información sistematizada y comparable respecto al ciclo de anidación de tortugas. De hecho, el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos prohíbe la construcción de desarrollos en zonas de desove de tortugas marinas.

La construcción del espigón y del rompeolas de la marina va a ocasionar fuertes alteraciones en el transporte litoral a nivel regional, significando la pérdida de playa y con ello la afectación al ciclo reproductivo de las tortugas que llegan a desovar a estas playas.

Los espigones y rompeolas llegarán a separarse casi 300 m de la línea de costa, por lo que, si consideramos que las corrientes marinas circulan tanto hacia el norte como hacia el sur, la arena se acumulará a ambos lados del espigón. Esto provocará la realización de dragados como parte del mantenimiento de la marina y la arena será transportada lejos de su zona de origen. Como consecuencia la cantidad de arena disponible para la formación de las playas irá disminuyendo año con año. Esto puede tener consecuencias drásticas para las construcciones aledañas a la costa y en los organismos que dependen de estas playas para desarrollar su ciclo de vida.

En el dictamen técnico la CONANP explica (p. 24 ):

“El impacto de la marina sobre Cabo Pulmo y la determinación de la modificación de la línea de costa, se presupone mediante un modelo numérico que solo considera las corrientes de mareas y de oleaje y no se presenta un estudio que verifique el impacto sobre el Area Natural Protegida contigua, ni los efectos en presencia de huracanes.”

No existe en la MIA referencia a los Tratados Internacionales relacionados con la región que México ha firmado. La comunidad internacional ha reconocido la importancia de Cabo Pulmo como Patrimonio Natural de la Humanidad (UNESCO 2005) y como un humedal de importancia internacional (Convenio Ramsar 2008), otorgándole    la protección correspondiente. Esta protección es quebrantada con la aprobación de la MIA de Cabo Cortés.

Al aprobar la MIA, la SEMARNAT ignoró sus propias recomendaciones. Como se ha mencionado en los puntos anteriores, antes de aprobar el proyecto de Cabo Cortés, la SEMARNAT solicitó la opinión técnica de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP). La CONANP emitió una opinión técnica negativa al proyecto, misma que no fue valorada adecuadamente por la SEMARNAT. En puntos anteriores, hemos reproducido algunos fragmentos de esta opinión. Aquí hay otros que también ilustran el punto:

· La CONANP  considera  no apropiada la realización del proyecto tal y como se pretende,  “ya que adolece de una visión integral y sustentable del desarrollo del sur de BCS y en consecuencia del parque marino.”

· “… la metodología bien planteada pero mal aplicada, por lo que los resultados y su presentación dejan muchas dudas, lagunas e inconsistencias, sin alcanzar el objetivo propuesto.”

· “…el estudio de impacto ambiental presentado integra muchas variables por lo que sus consideraciones son ambiguas y basadas sólo bajo modelos numéricos, sus consideraciones de la fauna son escasas, buscando coberturas y propuestas limitadas…”

La construcción de Cabo Cortés violaría las disposiciones legales que regulan el desarrollo costero. La Constitución, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, el Plan de Ordenamiento Ecológico para el Golfo de California, el ordenamiento ecológico del Municipio de Los Cabos y demás ordenamientos legales, planes, normas y programas aplicables, constituyen el marco jurídico fundamental al que se tienen que apegar los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos en general, incluyendo a las empresas como la que pretende desarrollar Cabo Cortés.

Fragmentación de ecosistemas. Diversas especies que habitan en Cabo Pulmo son sujetas de regulación especial debido a que se encuentran amenazadas o en categoría especial de riesgo, reguladas por la NOM-059-SEMARNAT-2001; tal es el caso de la ballena jorobada, tiburón ballena, tiburón, coral y tortugas.

Los Artículos 35 de la LGEEPA y el artículo 44 del REIA imponen la obligación a la SEMARNAT que al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría deberá considerar los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación; así como la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.  No se puede desasociar con lo que rodea al coral.

En conclusión esta Comisión dictaminadora establece que de llevarse a cabo el proyecto Cabo Dorado impone serias amenazas al Parque Nacional Cabo Pulmo, el cual alberga el ecosistema más rico y con mayor abundancia del Golfo de California, y que representa además, uno de los más claros éxitos de restauración de un área marina en el país.

Asimismo, el proyecto de Cabo Cortés no es congruente con lo dispuesto por los ordenamientos ecológicos vigentes en la región, tales como el Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos y el Programa de Manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo.

Por otro lado el proyecto también violenta compromisos internacionales adquiridos por México, al poner en riesgo un ecosistema designado como sitio prioritario para la conservación de humedales (Convenio Ramsar) y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Dentro de los principales impactos de este proyecto se encuentran la sedimentación del arrecife provocada por la construcción de una marina para 490 embarcaciones, afectaciones a la vida marina causados por las descargas de la desaladora y otros desechos, alteración a la línea de costa por la modificación de dunas y pérdida de playas importantes para la anidación de tortugas marinas.

El 35 % del agua que va a requerir Cabo Cortés proviene del acuífero Santiago, el único acuífero en la parte sur del estado que  no ha sido sobreexplotado. La cantidad total de agua que se ha concesionado a Cabo Cortés equivale al consumo de una ciudad de aproximadamente 82 mil habitantes. Esto, en una región donde el agua es escasa.

Asimismo, refuerzan sus consideraciones en que el juicio contencioso administrativo antes aludido actualmente sigue su trámite, por lo que las resoluciones administrativas impugnadas se encuentran sub júdice es decir, no han cesado sus efectos lo que significa que la resolución administrativa que tuvo por efecto declarar la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto Cabo Cortés no ha cesado sus efectos, pues para que cesen los efectos se requiere que se destruyan todas las consecuencias de la citada autorización en materia de impacto ambiental de manera total e incondicional.

Es con base en lo anterior, que los integrantes de esta Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, coinciden en el planteamiento de los promoventes en el sentido de exhorta a la  Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a denegar autorización  respecto a la  Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del desarrollo “Cabo Dorado” en el área de influencia del Area Natural Protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur en tanto permanezcan vigentes las resoluciones administrativas  relacionadas  con esta Area Natural Protegida y los juicios interpuestos en contra de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la  LXII Legislatura, exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que en el ámbito de sus facultades suspenda la autorización por un plazo razonable, en tanto no se informe a esta Soberanía en los términos en los que se solicita, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del desarrollo Cabo Dorado en el área de influencia del Area Natural Protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur.

Asimismo, se solicita que la información comprenda como mínimo la relativa a las empresas e inversionistas relacionados con esta solicitud de autorización, así como su porcentaje de participación y el estado actual de los procedimientos judiciales y/o administrativos referentes a la solicitud correspondiente.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

TERCERA COMISION”.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

Por supuesto que respaldamos este punto de Acuerdo de los compañeros Fernando Belaunzarán y Fernando Zárate.

El ambiente no tiene colores, compañeros y compañeras legisladores, México tiene compromisos internacionales como, por ejemplo, la Convención de Ramsar, donde en el 2008 fue declarado sitio Ramsar Cabo Pulmo. Y no solamente eso, en el año 2000, Cabo Pulmo fue declarado patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO.

Los compromisos internacionales que tiene México los debe de cumplir. Hay obligaciones de prevenir y reducir la contaminación marina y proteger los ecosistemas frágiles, como es Cabo Pulmo.

La protección y la conservación de las tortugas, la protección de la diversidad biológica y la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos.

Cabo Pulmo, podemos decir que es el arrecife más antiguo del Pacífico americano. La importancia que tiene es que se encuentran alrededor de 25 especies de coral, que son sitios de anidación de innumerables especies de invertebrados como de vertebrados, incluyendo los visitantes como la ballena jorobada, tres tipos de delfines, mantarrayas y una serie de especies; pero tiene cinco de las siete especies en peligro de las tortugas que existen en el mundo.

Se le conoce como el acuario del mundo, tiene una productividad biológica de cinco veces mayor al promedio de los arrecifes del Golfo de California, pero también de los arrecifes en México.

22 científicos de 18 instituciones académicas, nacionales e internacionales, enviaron una misiva a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, advirtiendo que este desarrollo ocasionará un daño irreversible a este único y vulnerable arrecife. Y que para colmo es un Area Natural Protegida que no sabemos cómo está actuando la SEMARNAT, y por supuesto también la PROFEPA.

Los científicos destacaron algo que todos sabemos. Al concretarse ese desarrollo vendrá más población, drenado de arena, los desechos de la desalinadora irán a parar a algún lado, los desechos de las plantas tratadoras de agua igual.

Y los corales son muy sensibles a la temperatura, a la calidad de agua, a la salinidad y a la turbidez.

Por eso hoy solicitamos al Secretario de la SEMARNAT, al igual que el procurador, no le dé la espalda a los recursos de todos los mexicanos, nuestros recursos naturales, porque tenemos pendientes también en México, y sólo menciono algunos, Dragon Mart, también Puerta del Mar, que están rellenando el manglar para la construcción de 1,300 viviendas que ya se han denunciado, cuando el manglar es una especie que está tipificado en el Código Penal Federal.

Pónganse a hacer su chamba señores.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Garza Galván.

Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del PRD, que inclusive ha informado a esta Presidencia que se va a proponer una modificación al propio resolutivo.

- El C. Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente.

Efectivamente, se va a proponer una modificación a la propuesta que ya votamos en comisión y que ya expuso de manera genérica la Senadora Garza Galván.

Y, bueno, el tema de Cabo Dorado es uno de esos temas inentendibles en México, incomprensibles, y nosotros aplicamos la lógica y el uso del sentido común. Un área natural, un área protegida, la riqueza de México, de los mexicanos, que quiere subsumirse en intereses económicos. Nadie entiende por qué, ni nadie sabe por qué nos vamos a dejar.

Sin embargo, el proyecto de Cabo Dorado pretenden llevarlo a cabo y en esencia representa la misma afectación y el mismo daño potencial a esta Area Natural Protegida del país, como ya quedó descrito.

Lo que cambia es el nombre del predio, no su ubicación. Lo que cambia es el nombre, el perfil y nacionalidad de los inversionistas extranjeros.

Los anteriores fueron españoles, los actuales son chinos. Por cierto, acusados de fraude en Australia, Nueva Guinea y en la Comunidad Europea.

Por cierto, en el Banco Mundial aparecen como inelegibles para obtener cualquier tipo de crédito; no creo que sea por lo puros y por el interés para los mexicanos.

Cabo Dorado es casi una copia fiel de Cabo Cortés. Tan lo es, que la empresa desarrolladora tuvo que iniciar un juicio en contra de la resolución administrativa derivada de la determinación del Presidente Calderón de cancelar el proyecto. Por lo que nunca se debió haber dado entrada al proceso de una nueva evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, se hizo.

Estamos ante un juicio sub júdice, jurídicamente un juicio no resuelto al cual debemos esperar para que exista una resolución firme y entender cuál pudiera ser el alcance y, sobre todo, las consecuencias de este asunto.

No obstante, es de reconocerse una virtud en el resolutivo propuesto por la dictaminadora, ya que esta Soberanía solicita la suspensión de la actualización ambiental en tanto no analicemos la información que esperemos se nos otorgue con la necesaria prontitud, que ya lo explicó también la Senadora Garza Galván.

Es menester prever un escenario de discusión con información que, insisto, en este momento es pública, como también son públicas las opiniones del gobierno del estado y de la Comisión Ramsar de las Naciones Unidas respecto a las afectaciones del proyecto.

En nuestra opinión, a Cabo Dorado no lo ampara ni la razón jurídica ni la razón técnico-ambiental.

Queremos poner a consideración de esta Asamblea un ligero cambio a la redacción a fin de darle precisión en términos de las atribuciones correspondientes a las dependencias de la Administración Pública Federal y a la SEMARNAT, específicamente porque la información que solicitamos a la SEMARNAT dicha secretaría no está facultada ni tiene atribuciones para dar información sobre el perfil y las características de los inversionistas extranjeros.

La SEMARNAT tiene facultades específicas acorde con nuestra legislación orgánica de la Administración Pública Federal y no es una de ella la información en los términos técnicos y financieros.

Por ello, esa información debiera recabarla y concentrarla la Secretaría de Economía. Esa es la dependencia a quien le tenemos que hacer la petición específica y exigir la solicitud relativa a la información sobre los inversionistas extranjeros, que ya los describimos, sobre Cabo Dorado.

Incluso, en ánimo de precisión, lo que deberíamos solicitar a la Secretaría de Economía no es la información de los inversionistas, que nosotros la pudiéramos conseguir, sino que exprese una postura respecto al listado actualizado que tiene el Banco Mundial de empresas que han sido detectadas con prácticas fraudulentas y, por tanto, inhabilitadas para realizar negocios con proyectos con algún tipo de financiamiento de esta institución.

No estamos prejuzgando hechos, el boletinaje del Banco Mundial para inhabilitar empresas está sustentado en una exhaustiva investigación cuya metodología deberíamos implementar en nuestros propios procesos de investigación.

Cabo Dorado no va a ser ni el primer ni el único proyecto que queramos ejercer soberanía y los intereses mexicanos por encima de los intereses económicos. Hay varios actos de suspensión, que nosotros requerimos una metodología, requerimos exhaustividad y, sobre todo, un instrumento por el cual vamos analizar cuáles son los inversionistas que pretenden llevar a cabo sus proyectos.

Por lo tanto, señor Presidente, como usted así lo anticipó, se propone una modificación específica al dictamen que estamos poniendo a consideración de la Comisión Permanente, en los términos siguientes, es bastante sencillo, no altera el sentido en ninguno de sus términos y sí complementa la propuesta original y recoge la intención de esta Soberanía.

"Unico.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus facultades suspenda la autorización, por un plazo razonable, en tanto no se informe a esta Soberanía en los términos en los que se solicita, respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción del desarrollo Cabo Dorado en el área de influencia del Area Natural Protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur y el estado actual de los procedimientos judiciales y administrativos referentes a la solicitud correspondiente. Y aquí viene el complemento y modificación específica; asimismo, se solicita a la Secretaría de Economía información relativa a las empresas e inversionistas relacionados con esta solicitud de autorización, así como su porcentaje de participación y el reporte del Banco Mundial respecto a presuntas prácticas fraudulentas en las que han incurrido”.

Compañeras y compañeros legisladores, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, nosotros creemos que este punto y este complemento y modificación pudiera avanzar sin problema, y sí generar una soberanía y específico interés de nuestra representación al proyecto específico de Cabo Dorado.

Muchísimas gracias, y a su consideración.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la modificación propuesta por el Diputado Zárate, a fin de que al final se incorpore en el documento a votación.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación presentada por el Diputado Fernando Zárate . Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario.

Al final se votarán los dictámenes en sus términos, y en este caso con la modificación del Diputado Zárate aprobada por la Asamblea.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que se acaban de discutir; y el de la Tercera Comisión, al que se le retiró la reserva, relativo a las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Petróleos Mexicanos.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.






En el apartado de proposiciones, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar un punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal declare en México el 28 de mayo como el “Día Nacional por la Salud de la Mujer”, precisamente el día de hoy.

PROPUESTAS

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La mujer en México juega muchos roles que a veces pasan desapercibidos por ser parte de la vida cotidiana; son esposas, compañeras, madres, hijas. Como madres son pilar fundamental para el desarrollo de la familia y, sobre todo, son quienes están a cargo de que los integrantes de ella gocen de salud en el hogar, procuran el bienestar integral, físico, mental y social, tal como lo menciona Vicenta en una reunión con la Secretaria de Salud, y que ella ejerce la función de ser promotora en su estado natal de Oaxaca.

Y que cito: “Porque nosotras somos las que tenemos siempre el café listo y echamos tortillas para que pueda comer nuestra familia; preparamos los alimentos; vamos a la plaza; vamos por agua al río o al pozo; cargamos en nuestras espaldas la leña; limpiamos nuestra casa; lavamos la ropa; le damos de comer a nuestros hijos, a nuestros animalitos también y atendemos a los niños. Cosemos la ropa y estamos atentas a lo que pueda faltar porque somos siempre nosotras las que estamos atentas para que nuestros hijos, nuestros esposos y nuestros padres no se enfermen, y cuando se enferman, los cuidamos hasta que se curan y si no se curan de todos modos siempre los cuidamos. Cuidamos que las enfermedades no entren a la comunidad, cuidamos la salud y amamos la vida”, cierro la cita.

La anterior es una expresión que se agrega y se apega totalmente a la realidad mexicana, por ello, no es exagerado decir que las mujeres son las principales protagonistas en el hogar. Para la madre nada hay tan importante como la salud de sus hijos y, en general, de sus familiares.

Una enfermedad, como sabemos, tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida: en lo emocional, en lo físico, en lo social, en lo laboral, en lo económico. La afectación de la mujer que atiende a su familia cuando se enferma alguno de ellos es enorme, porque asume con una gran responsabilidad, y como responsabilidad propia, el que se tenga buena salud en el hogar.

Pero no hemos ni nos hemos preguntado, ¿qué hacemos el resto de los integrantes de la familia cuando la mujer de la casa, la madre, la compañera, la esposa o la hija, enferma? ¿Qué sucede en el interior de la familia? Sin duda alguna, el hogar no es el mismo, se ve totalmente alterado por la falta plena de esa mujer al cargo del hogar. Esta ausencia es más notoria cuando el padre asume los roles de padre y de madre.

La verdad es que hacemos poco por ellas. Es cierto que hay programas de salud dirigidos a las mujeres, sobre todo cuando se trata de enfermedades mortales, como el cáncer de mama o el cervicouterino, hoy en la campaña de cáncer de ovario, que cobra miles de vidas cada año. Pero es cierto, también, que siguen muriendo miles de mujeres durante el embarazo, durante su parto o en la cuarentena, como decimos cotidianamente. Y es cierto, también, que ocupamos el primer lugar de embarazos en adolescentes dentro de los países que integran la OCDE.

Las acciones de los sistemas de salud tienen que ir más allá, como lo señala la Organización Mundial de la Salud en su 67ª Asamblea Mundial, que fue realizada apenas hace unos días en Ginebra el 24 de mayo donde hace un llamado para afrontar, y qué bueno que hoy se tocó también este tema aquí en la Comisión Permanente, el problema de la violencia; en particular contra las mujeres y las niñas.

Y cito: “Los Estados miembros trabajarán en fortalecer el papel de los sistemas de salud en abordar la violencia. La Organización Mundial de la Salud desarrollará un plan de acción mundial para fortalecer este papel de los sistemas de salud dentro de una respuesta multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra mujeres, contra niñas y niños. En el mundo, cada año cerca de 1.5 millones de personas pierden su vida por la violencia; mujeres y niñas experimentan formas específicas de violencia que se suelen esconder”.

El plan también llama a los países de todo el mundo a lograr, por lo menos, bajar a 10 muertes, es decir, entre 1,000 nacidos vivos para el año 2035, porque anualmente mueren 3 millones de bebés en su primer mes de vida y 2.6 millones de bebés por nacer mueren en los últimos tres meses del embarazo o en el parto.

Muchas de estas muertes, señoras, señores, amigos legisladores, son prevenibles. Y son prevenibles si tuvieran acceso a los servicios de salud.

Hoy pareciera que ya no sucede nada cuando escuchamos que las mujeres tienen a sus bebés en el patio, en la calle, en el jardín y no sucede nada. Es una noticia más.

Por eso, también el plan prevé que cada país haga inversiones en el cuidado médico antes, durante y después del parto para cada embarazada y para el pequeño recién nacido.

Donde una vez más tenemos que recordar que el binomio madre-hijo es fundamental para la democratización de la salud en cualquier país.

Datos de la Secretaría de Salud muestran algunas de las principales causas de muerte de mujeres en nuestro país. Y si las observamos van a decir, y me van a comentar, que muchas de ellas también las padecen los hombres. Sin embargo, podemos decir que algunas de ellas, por los cambios hormonales que tenemos las mujeres, son más propensas también que se presenten en las mujeres, tal es el caso de la obesidad, tal es el caso de la diabetes mellitus tipo dos, o bien dentro de aquellas que solamente son exclusivas de nuestro género, como son las complicaciones terminatales, la desnutrición cuando tenemos que, efectivamente, amamantar a nuestros pequeños o bien la anemia por cuestiones también de nuestro propio género y debido a la menstruación y que no tenemos una alimentación adecuada.

Es también importante mencionar que todas las enfermedades por las que morimos las mujeres y los hombres se pueden prevenir; hoy la Organización Mundial de la Salud establece 9 indicadores para medir los progresos e implementación del plan de acción comprobable.

Como todos sabemos, y con ello voy a concluir, el día 28 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Salud de la Mujer, que en realidad la designación oficial es el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Por ello, por lo anterior y con esa misma finalidad, someto a la consideración de todos y cada uno de ustedes, y con el mismo ánimo de la comunidad internacional, a establecer el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Con el presente punto de Acuerdo se propone que se declare en México el 28 de mayo como Día Nacional por la Salud de la Mujer como un día para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas y para proponer acciones concretas en favor de la salud de las mujeres en México.

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres; ni enfermas ni muertas, por un embarazo saludable.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE EN MEXICO EL “28 DE MAYO, COMO DIA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”

“La que suscribe, MARIA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE EN MEXICO EL “28 DE MAYO, COMO DIA NACIONAL POR LA SALUD DE LA MUJER”, como un día para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, y para proponer acciones concretasen  favor de la salud de las mujeres en México, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“Porque nosotras tenemos siempre el café listo y echamos tortillas para que pueda comer nuestra familia. Preparamos los alimentos. Vamos a la plaza. Vamos por agua al río o al pozo. Cargamos en nuestras espaldas la leña. Limpiamos nuestra casa. Lavamos la ropa. Le damos de comer a nuestros animalitos. Atendemos a nuestros hijos. Cosemos la ropa y estamos atentas a lo que pueda faltar. Porque somos nosotras, siempre nosotras, las que estamos atentas para que nuestros hijos, nuestros esposos y nuestros padres no se enfermen y cuando se enferman, los cuidamos hasta que se curan y si no se curan, de todos modos siempre los cuidamos. Cuidamos que las enfermedades no entren a la comunidad. Cuidamos la Salud y amamos la Vida.”1

La anterior es una expresión que se apega totalmente a la realidad mexicana. La mujer en México, juega muchos roles, que a veces pasan desapercibidos por ser parte de la vida cotidiana, son  esposas, compañeras, madres, hijas. Como madres son el pilar fundamental para el desarrollo de su familia, y sobre todo son quienes están a cargo de que los integrantes de la familia gocen de salud en el hogar. Procuran que el bienestar integral, físico, mental y social.

Por ello no es exagerado decir que las mujeres son las principales protagonistas en el hogar. Para la madre nada hay tan importante como la salud de sus hijos y en general de sus familiares.

Una enfermedad, como sabemos, tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, como el emocional, físico, económico, laboral y  social. La afectación de la mujer que atiende a su familia cuando se enferma alguno de ellos es enorme, por que asume como una responsabilidad propia el que se tenga buena salud en el hogar.

Pero nos hemos preguntado, qué hacemos el resto de los integrantes de la familia cuando la mujer de la casa,  la madre, compañera, esposa o hija, está enferma. ¿Qué sucede al interior de la familia? Sin duda alguna el hogar no es el mismo, se ve totalmente alterado por la falta plena de esta mujer a cargo del hogar. Esta ausencia es más notoria cuando el padre asume los roles de padre y madre.

La verdad es que hacemos poco por ellas. Es cierto que hay programas de salud dirigidos a las mujeres, sobre todo cuando se trata de enfermedades mortales, como el cáncer de mama o cervicouterino, que cobra miles de vidas cada año. Pero es cierto también que siguen muriendo miles de mujeres por falta de atención y seguimiento oportuno durante el embarazo, parto y puerperio.

Las acciones de los sistemas de salud tienen que ir masallá, como lo señala la OMS en su 67ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra el 24 de mayo pasado. Donde hace un llamado para afrontar el problema de la violencia; en particular contra mujeres y niñas.

Y cito “Los estados miembros trabajarán en fortalecer el papel de los sistemas de salud en abordar la violencia. La OMS desarrollará un plan de acción mundial para fortalecer este papel de los sistemas de salud dentro de una respuesta multisectorial para abordar la violencia interpersonal, en particular contra mujeres, niñas y niños. En el mundo, cada año, cerca de 1,4 millones de personas pierden sus vidas por la violencia. Mujeres y niñas experimentan formas especificas de violencia que se suelen esconder. En el mundo, una de cada tres mujeres ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual al menos una vez en su vida”

Los Estados miembros apoyaron el plan para terminar las muertes prevenibles de recién nacidos para 2036. El plan llama a los países de todo el mundo a lograr menos de 10 muertes de recién nacidos por 1000 nacidos vivos para 2035. Anualmente mueren 3 millones de bebes en su primer mes de vida y 2,6 millones de bebes por nacer (mueren en los últimos tres meses de embarazo o en el parto). Muchas de estas muertes son prevenibles con acceso a servicios de salud, entre otras, por eso el plan prevé que cada país haga inversiones en cuidado médico antes, durante y después del parto para cada embarazada y su recién nacido”2

Donde una vez más la atención del binomio madre-hijo es fundamental para la democratización de la salud en cualquier país.

Datos de la Secretaría de Salud muestran que en nuestro país algunas de las principales causas de muerte en mujeres, son3:

-Diabetes Mellitus.

- Enfermedades del corazón.

- Enfermedades cerebrovasculares.

- Enfermedades pulmonares.

- Complicaciones perinatales.

- Hipertensión arterial.

- Cirrosis hepática.

- Desnutrición.

- Cáncer de útero, mama, hígado, estómago y pulmón.

- Accidentes.

- Anemia.

Es importante mencionar que todas estas enfermedades se pueden prevenir. Hoy la OMS establece 9 indicadores para medir los progresos en la implementación del Plan de Acción Global contra Enfermedades No Transmisibles; un marco global para el monitoreo de la nutrición de madres, lactantes y niños pequeños; y un plan que prevé que cada país haga inversiones en cuidado médico antes, durante y después del parto para cada embarazada  y su recién nacido.4

Con una atención oportuna preventiva, se puede hacer realidad el  derecho que tienen las mujeres a la salud, recibiendo una atención digna y con el pleno ejercicio de sus derechos humanos, como se establece en Nuestra Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. El derecho a la salud debemos recordar es un Derecho Humano.

Como todos sabemos el día 28 de mayo, se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Salud de la Mujer, que en realidad la designación oficial es“28 de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”,  que tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, en Costa Rica, a propuesta de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, como un día para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, así como para proponer acciones a favor de la salud de la población femenina mundial.5

Sin embargo casi en todos los países ha sido una fecha que pasa un tanto desapercibida, quizás porque refiere solo  a la salud de las mujeres, que en apariencia se enferman poco, porque los hace visible solo cuando hay afectaciones mayores. En México se tiene conciencia de la importancia de atender a la mujer, de ahí las intensas campañas, sobre todo con enfermedades que producen cáncer de útero o mama, pero no existe en la conciencia colectiva la necesidad de una atención más amplia de prevención para salud integral, como un derecho humano que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a lo largo de todas las etapas de su vida y de forma integral, con calidad y respeto a su dignidad.

La salud de todas las mujeres es una responsabilidad del Estado Mexicano, en donde la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, la sociedad y las instituciones privadas deben de trabajar en forma conjunta. Es necesaria la participación de todos para hacer realidad el derecho humano de la Salud de la mujer, que vaya más allá de la atención a las enfermedades terminales y de los ciclos reproductivos. Que atienda de forma preventiva e integral a la mujer, como el mejor medio de acceder a una mejor calidad de vida.

Con base a al anterior exposición de motivos y con la misma finalidad que en su momento animó ala comunidad internacional a establecer “28 de Mayo, como día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, con el presente Punto de Acuerdo se propone que se declare en México el “28 de Mayo, como día Nacional por la Salud de la Mujer”, como un día para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, y para proponer acciones concretas en favor de la salud de las mujeres en México.

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados, someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que declaren México el “28 de Mayo, como día Nacional por la Salud de la Mujer”, como un día para reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, y para proponer acciones concretas en favor de la salud de las mujeres en México.

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de Mayo de dos mil catorce.

Sen. Maria Elena Barrera Tapia”.

1 Vicenta. Promotora de la Salud en Oaxaca, http://www.mujerysalud.gob.mx/marzo2004.htm

2 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647%3Aworld-health-assembly-closes&Itemid=1926&lang=es
4 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9647%3Aworld-health-assembly-closes&Itemid=1926&lang=es

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Se le concede el uso de la palabra la Diputada María de las Nieves.

- La C. Diputada María de las Nieves García Fernández: (Desde su escaño) Quiero felicitar a la Senadora María Elena Barrera por este punto de Acuerdo, creo que es fundamental e importante, es una de las acciones afirmativas justamente de género que vale la pena tomar en cuenta; fundamental e importante la promoción de la acciones a favor de la salud de las mujeres y, sobre todo, porque así como hay feminización de la pobreza, así hay feminización del problema de las enfermedades, las más pobres, las más analfabetas, las más enfermas siempre son las mujeres, y sobre todo aquellas que están en las zonas rurales, por eso es fundamental e importante, y yo la felicito y me quiero adherir a este punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada García Fernández. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se le concede el uso de la palabra al Diputado Abel Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a diseñar o intensificar campañas de información sobre los graves daños a la salud que trae como consecuencia el consumo del tabaco.

- El C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción, pero actualmente mata a 1 de cada 10 adultos en todo el mundo.

En otras palabras, el consumo de tabaco y las enfermedades asociadas con él serán la razón del fallecimiento del 10 por ciento de la población.

Y la crudeza de los datos es alarmante. La epidemia mundial de tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600,000 son no fumadores, que mueren por respirar humo ajeno, es decir, fumadores pasivos, desde luego, entre este grupo predominan las niñas y los niños familiares de fumadores.

Se calcula que para el año 2000, se habían acumulado ya en el mundo 70 millones de defunciones relacionadas con el tabaco. De continuar el consumo como hasta el día de hoy, la epidemia matará a más de 8 millones de personas para el año 2030. Para ese mismo año tendríamos un total acumulado de 220 millones de muertes, más del 80 por ciento de éstas se producirán entre las poblaciones de los países de bajos ingresos, medianos y en vías de desarrollo.

Para el caso del Continente Americano, el tabaco es responsable del 15 por ciento de las muertes por enfermedades cardiovasculares, del 26 por ciento de las muertes por cáncer y del 51 por ciento de las muertes por enfermedades respiratorias.

En nuestro país, el 17 por ciento de la población adulta fuma tabaco, mientras que en jóvenes entre 13 y 15 años el porcentaje alcanza casi el 20 por ciento, según datos de la propia Organización Mundial de la Salud.

Ante esta desoladora realidad, la Organización Mundial de la Salud, desde 1987, ha promovido y conmemorado el día 31 de mayo de cada año como el Día Mundial sin Tabaco. En este día se busca resaltar los riesgos para la salud, algunos de los cuales ya he mencionado, y promover políticas eficaces para reducir su consumo.

Para este 2014, la Conmemoración del Día Mundial sin Tabaco se fijó el objetivo de inhibir su comercialización mediante el aumento de impuestos a su consumo.

Desde luego que esta es una medida que anualmente evalúa el Congreso de la Unión y que seguramente habremos de seguir abordando con oportunidad y con responsabilidad.

No obstante, el Estado mexicano, en todos sus niveles y órdenes de gobierno, debe establecer diligentemente los mecanismos que considere más idóneos para disminuir el consumo de tabaco.

En este contexto es que se plantea el presente punto de Acuerdo.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos claro que el objetivo primigenio de la conmemoración de un Día Mundial sin Tabaco es crear conciencia entre la población fumadora, activa y pasiva, al tiempo que se busca proteger y prevenir a las futuras generaciones sobre las graves consecuencias derivadas del consumo de tabaco.

En este contexto, y en atención a que la materia de salud es de carácter concurrente, es que sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la solicitud respetuosa a los gobiernos federal, estatales y municipales para que en el ámbito de sus atribuciones reglamentarias, legales y constitucionales diseñen e intensifiquen campañas de información sobre los graves daños a la salud que trae aparejado el consumo de tabaco.

Adicionalmente, estamos solicitando su apoyo para exhortar a los tres órdenes de gobierno a que durante este próximo 31 de mayo, es decir, el próximo sábado, Día Mundial sin Tabaco, establezca los mecanismos que inhiban su venta, tanto mayorista como minorista, así como su consumo en el ámbito de su competencia.

Consideramos que se trata de una medida mucho más que simbólica y altamente efectiva para disminuir, por lo menos durante algunas horas, el consumo de tabaco, a la par que se difundan con mayor intensidad las campañas sobre los altos costos tanto económicos como en materia de salud que van aparejados a la epidemia del tabaquismo.

Lo que pretendemos es que del mismo modo como en aquellos casos en que el interés público exige que se dicten medidas legales y administrativas para limitar la venta y el consumo de alcohol, lo que todos conocemos como la “ley seca”, en este caso por ser de interés público, para la salud de las y los mexicanos, se promueva desde las instancias públicas la restricción temporal para la venta y consumo de este producto tan nocivo.

Amigas y amigos, les pido que no dejemos en el mero discurso una conmemoración tan relevante para la salud púbica de los habitantes de nuestro país.

Les pido que dotemos de contenido y de acciones concretas lo que será un día de reflexión y de acción a nivel internacional.

Les pido que al votar este punto, pensemos y actuemos en nombre de aquellas personas que sin ser fumadores se encuentran en una posición de franca vulnerabilidad, como son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adultos mayores.

Que pidamos respetuosamente la colaboración de municipios, estados y Federación para lograr la enorme tarea de procurar mejores condiciones ambientales para el desarrollo de nuestra población.

Que demos constancia al mundo de que estamos valorando como sociedad al preocuparnos y actuar en beneficio de nuestros representados por encima de cualquier interés de índole comercial o político.

Finalmente, ciudadano Presidente, le solicito a usted, respetuosamente, que el presente punto de Acuerdo sea sometido a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, como de obvia y urgente resolución.

Por su atención, pero sobre todo por el voto a favor de esta proposición, agradezco a todos ustedes.



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Como fue solicitado y con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No teniendo oradores sobre este tema en lo particular, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Senadora Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Ahora tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, para presentar a nombre propio y de la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, un punto de Acuerdo que exhorta a instrumentar de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del bullying.

Sonido en el escaño del Senador Fayad.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Si es tan amable registrar la Mesa Directiva lo siguiente.

Yo felicito al compañero Pablo Adame, quien subirá a la tribuna para presentar un punto de Acuerdo sobre un tema que creo que es de interés de todos los mexicanos, que es el tema del famoso bullying en este país. Quisiera, por lo que respecta a nosotros, como la práctica parlamentaria y las condiciones en las que está pactado el debate del día de hoy, pues sólo se registró este tema, yo quiero conminarlo a que en el Diario de los Debates se pueda registrar completo el que presentó su servidor también sobre el mismo tema, pero además comentarle que anticipo que pudiéramos hacer un esfuerzo conjunto con el compañero Adame, si él está de acuerdo, para que al final a las adiciones que propongamos, hagamos una redacción única y pudiéramos ir, ojalá todos los miembros de la Comisión Permanente, a favor de lo que está proponiendo Pablo Adame, a favor de lo que su servidor Omar Fayad y, en su caso, Ana Gabriela Guevara y algunos otros compañeros interesados, pudiera devenir en un texto de consenso para la Comisión Permanente.

 - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Primero, esta Mesa Directiva sin ningún problema aprueba que esté en el Diario de los Debates, que se consigne la participación, así como la propuesta; y en el momento en que esta Asamblea determine si se considera de urgente u obvia resolución, poner a consideración de ustedes el tratar de llegar a una redacción conjunta, que estoy seguro, y tal como lo ha manifestado el propio Diputado Adame, no creo que haya inconveniente sobre el particular.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Adame Alemán.

- El C. Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Muchas gracias, señor Presidente.

Y coincidiendo con el compañero Fayad, es un tema de interés nacional, es un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos.

La Comisión Permanente no puede tener oídos sordos a lo que está pasando en las escuelas y lo que están pasando también las comunidades de nuestro país.

Cuando se planteó la reforma educativa, en el centro estaban los alumnos, las escuelas y la integración de los padres de familia, por lo tanto, se plantearon las escuelas como comunidades de paz y de valores.

Por lo tanto, nosotros como legisladores condenamos todo tipo de violencia que se dé en las escuelas. La violencia, que la tenemos que entender en todas sus formas, es de demasiados factores: violencia familiar, violencia escolar, violencia que sucede en el barrio, que sucede también a todos los niveles. Por lo tanto, no podemos circunscribirla a sólo un tipo de violencia.

Pero la violencia escolar, que la tenemos que entender y que la tenemos que estudiar, debe de ser materia de estudio.

Pero cuando hablamos del estudio de la violencia y de lo que está pasando en las escuelas, tenemos que pensar en los instrumentos que ya tenemos actualmente.

Mencionaba al inicio de la reforma educativa, porque precisamente en la ley que nosotros ya votamos, se establecen ya medidas para que las escuelas, a través de políticas públicas, puedan atender el tema de la violencia escolar.

Y déjenme darles algunos ejemplos de los artículos que nosotros votamos y aprobamos en la Ley General de Educación.

El artículo 30 establece los indicadores que deben de ser generados por las escuelas para dar avances sobre la aplicación y métodos para prevenir y eliminar la violencia, indicadores.

Artículo 33, las actividades que podrán desarrollar por medio de programas, cursos y actividades para la propia prevención de la violencia escolar desde el hogar. Las actividades que ya también se pueden generar en las escuelas.

Artículo 42, los cursos a los profesores sobre los derechos de los educandos. Los propios profesores tienen la responsabilidad, pero además nuestro apoyo, para que puedan ser precisamente ellos un factor indispensable, y lo son, para que la escuela y el salón de clases sea un lugar de paz.

El artículo 65, que ya establece también los derechos de los padres.

El artículo 67, que establece también las atribuciones de las asociaciones de padres.

En el artículo 69, que son los consejos escolares de participación social. Y quisiera ahondar en este tema de los consejos de participación social.

Cuando un padre recibe a su hijo después de la escuela, después de varias semanas en que lo puede notar raro, que puede recibir violencia ya dentro de la misma escuela, y que ya no sólo se queda en la violencia en la escuela, sino que pasa las siguientes horas por las redes sociales, el padre se preocupa.

Pero, ¿cuál es la preocupación y la responsabilidad que puede tener el padre, y que ya se le da en el artículo 69 de esta ley? Que él pueda participar dentro de estos consejos de participación social para poder dar sus opiniones, para poder también hacer sus quejas y para poder dar su elemento de valor sobre este tema, que para todos nos preocupa y nos debe de ocupar.

Por lo tanto, el llamado y las atribuciones ya se le dan a los profesores, ya se les dan también a los padres de familia.

Y cuando cuidamos a nuestros niños y cuando vemos esas escenas que desgraciadamente han salido en las últimas semanas, pues es aquí en donde nosotros no podemos, sino hacer otra cosa que pedir que se cumpla la ley, la ley que ya votamos, la ley que ya aprobamos.

Y tampoco nos podemos cerrar a pensar en que podemos tener una ley específica sobre este tema, en que, sin duda, se tienen que hacer foros de consulta para encontrar las mejores prácticas de modificaciones a la ley que ya tenemos, insistiendo que se tiene que cumplir con la que ya votamos, pero también con la política pública que debe desarrollar ya la Secretaría de Educación Pública, que se debe de desarrollar desde el aula para que esto pueda ser posible y para que podamos solucionar este tema tan grave y tan peligroso en nuestro país.

Por último, quisiera leerles los resolutivos de este punto de Acuerdo, insistiendo en que sus adiciones serán bien valoradas y bien recibidas, porque todo lo que pueda abonar a este tema será, sin duda, en beneficio de los niños.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, a instrumentar de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del bullying; asimismo, a que implementen, desde el ámbito de sus respectivas competencias, un protocolo de atención para atender de manera eficaz la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a efecto de que a través del Canal del Congreso se difunda una campaña en contra de la violencia dirigida a las niñas, niños y adolescentes y a favor de la defensa y protección de sus derechos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, DEL DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPALES A INSTRUMENTAR DE MANERA URGENTE UNA CAMPAÑA NACIONAL PERMANENTE SOBRE LA PREVENCION, ATENCION Y ERRADICACION DEL “BULLYING”; ASIMISMO A QUE IMPLEMENTEN, DESDE EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, UN PROTOCOLO DE ATENCION PARA ATENDER DE MANERA EFICAZ LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

“Los que suscriben, Diputada Federal CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA y el Diputado JUAN PABLO ADAME ALEMAN integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

No agredo, no pego y sí respeto’

La semana pasada fuimos informados por los medios de comunicación de un hecho muy lamentable derivado del llamado “bullying” o violencia escolar,  la muerte de un menor de edad en Ciudad Victoria Tamaulipas, un caso que nos conmovió a todos y que nos obliga a trabajar de manera urgente y responsable hacia esta problemática. La intolerancia, la violencia y la falta de atención son, en gran parte, responsable de esta problemática que va en crecimiento.

Son tan graves estos hechos, que no pueden quedarse sólo en una condena por lo que hoy solicitamos al Gobierno Federal a que, en coordinación con los estatales y municipales y con las autoridades educativas en el país, comiencen un intenso programa de prevención y orientación en contra del “bullying” a nivel nacional, pues los esfuerzos realizados a la fecha no han dado los resultados deseados.

Estos hechos nos demuestran que actualmente nos vemos ante una deficiente política pública en materia de atención a niñas y niños maltratados, y que además no existen programas de identificación y detección de menores de edad en situación de maltrato. Sólo se atienden los casos que llegan por denuncia y se atiende de manera precaria e insuficiente. Es vergonzoso que estos casos salen a la luz gracias a las redes sociales y que son atendidos porque la ciudadanía lo exige.

Las cifras lo demuestran de manera contundente, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “Estimaciones realizadas por organismos internacionales señalan “que todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, escuela, comunidad, calles y situaciones de trabajo.” Asimismo, informa que “En nuestro país, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (incorporada al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) señala que en 2009 se registró el maltrato de 21 mil 060 niñas y de 19 mil 089 niños.”

A partir de los datos del Instituto desagregados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, en el módulo de niños, se observa que 12.7% de las niñas y niños respondieron que sus compañeros les habían pegado alguna vez en los meses previos a la entrevista; por sexo los porcentajes varían, ya que en las niñas el porcentaje fue de 11.5%, mientras que esta situación se presentó en 13.7% de los niños. Se concluye que los niños están más expuestos al maltrato físico por parte de sus compañeros de escuela que las niñas. 

En cuanto a acciones de intimidación o victimización resaltan los siguientes: avergonzar, 9.7% para niñas y 6.1% para niños; y no invitar a hacer algo juntos, 28% para niñas y 24.9% para niños.  

Datos de la segunda Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación Media Superior (ENEIVEMS) 2009, muestran que de los adolescentes que cursan la educación media superior y tienen de 15 a 17 años, 76.4% declararon haber tenido por lo menos un episodio de maltrato físico, exclusión, humillación o intimidación por parte de sus compañeros. El porcentaje en mujeres es de 72.9% y en los hombres de 81 por ciento.

Los testimonios anteriores son graves, porque solo denotan una parte del problema que se mantiene invisible. No podemos permitir que un fenómeno como este siga cobrando vidas. Si bien, ha habido foros, estudios, campañas y hasta el momento no tenemos los resultados que quisiéramos ver. Hay que comenzar por la orientación desde la casa, desde la familia, pero también hay una responsabilidad de parte de los maestros y de las autoridades educativas.

Ante los hechos ocurridos creo que las autoridades no pueden quedarse cruzadas de brazos. Tenemos que emprender acciones eficaces y está dentro del área de responsabilidad del Ejecutivo federal y de los estatales, comenzar una intensa campaña para evitar que se sigan registrando tragedias de este tipo.

Tanto el “bullying” como el maltrato infantil son dos graves fenómenos que desafortunadamente se siguen registrando en México y no podemos seguir observando estos casos sin hacer nada. 

En el Estado de México hace apenas unos días, se denunció el maltrato a un menor de edad que ha impactado en las redes sociales bajo el hashtag #salvemosaowen, un niño que comentan ha sido golpeado y torturado por el concubino de su madre y cuyo caso en su momento no fue atendido de manera correcta por las autoridades debido a que esta última, según se informa, es una mujer policía, la cual ya ha sido procesada, sin embargo casos como estos se dan desafortunadamente día a día.

Otro caso más, fue el de una adolescente fue humillada, golpeada y obligada a ofrecer disculpas de rodillas, presuntamente por haber propagado rumores. El hecho, ocurrió en Zacatecas, el cual fue grabado por sus propios agresores, quienes constantemente se ríen.

Ante estos lamentables casos, es que desde el Congreso alzamos la voz y denunciamos estos casos que merecen toda la atención, pronta y eficaz, de las autoridades. Más allá de exigir justicia y castigo para quienes hayan incurrido en esos delitos, creo que tenemos la urgencia de hacer algo para que nuestra sociedad deje de registrar estos casos.

Por ello, instó a las autoridades a atender dichos asuntos y a que, en conjunto, se integre un plan nacional en contra de estos  fenómenos que incluya mecanismos de denuncia a fin de proteger a los menores de edad, pero también de prevención y orientación a quienes conocen de estos casos.

Aquella campaña, originada por autoridades de protección civil ante sismos como la de ‘no corro, no grito, no empujo’, ha sido eficaz y creo que es el mejor ejemplo de los mecanismos que debemos aplicar para evitar el bullying y el maltrato. ‘No agredo, no pego y sí respeto’, puede ser el inicio de un plan nacional en donde todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, ponga en marcha bajo la difusión y supervisión de las autoridades locales y federales en materia de educación. Ese trabajo tendrá que estar acompañado por una guía a los padres de familia o tutores que, desde la casa, deberán apoyar. 

Asimismo, nos sumamos al dolor del menor de edad fallecido en Tamaulipas, al caso del niño maltratado por su madre policía en el Estado de México, y a la niña golpeada en Zacatecas, por tanto demandamos la intervención de las autoridades, a fin de que reciba la atención necesaria y se castigue a quienes le hayan hecho ese daño. 

Las y los legisladores también emprendemos las acciones legislativas necesarias para contribuir a erradicar esta problemática que tanto afecta a las niñas, niños y adolescentes. Por ello, es que reiteramos nuestro compromiso de impulsar toda iniciativa que vaya dirigida a la protección del ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Es urgente la promoción a nivel nacional y la apertura del diálogo a todos los niveles gobiernos, comunidades, familias y los propios niños para fomentar las actitudes y prácticas que protejan a la infancia. Un país que no protege a sus niñas y niños es un país sin futuro. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a los Gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales a instrumentar de manera urgente una campaña nacional permanente sobre la prevención, atención y erradicación del “bullying”; asimismo a que implementen, desde el ámbito de sus respectivas competencias, un Protocolo de Atención para atender de manera eficaz la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a efecto de que a través del Canal del Congreso se difunda una campaña en contra de la violencia dirigida a las niñas, niños y adolescentes y, a favor de la defensa y protección de sus derechos.

Comisión Permanente Senado de la República, a 28 de mayo de 2014

Atentamente

Dip. Carmen Lucía Pérez Camarena.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Adame Alemán.

Tal como ha sido solicitado por el Diputado Juan Pablo Adame, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Esta Presidencia tiene registrada a la Diputada Dora Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para hablar sobre este punto en lo particular; y de igual modo registramos al Senador Fayad y a la Senadora Guevara, todos a favor.

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Talamante Lemas.

- La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Me parece de suma importancia, con el permiso de la Presidencia, que toquemos este tema tan delicado que está caminando, que está trastocando el ámbito de la escuela, pero que llega a las familias de nuestro país y que de alguna manera causa un gran dolor y una gran problemática.

Porque, si bien es cierto que tenemos los casos donde han llegado a fallecer niños, que es lamentable, hay niños que no denuncian, hay niñas que no se ven y que están siendo víctimas de bullying en los centros escolares y en su entorno.

La participación que hoy expongo a ustedes, se basa en los temas que lamentablemente se han apropiado en el plano internacional, y particularmente en las niñas, niños y adolescentes de nuestro país: el acoso escolar, conocido como bullying.

Es una realidad, por todos conocida, que el clima de violencia generalizada que se vive a lo largo y ancho de nuestro país, impacte en los grupos por su condición de edad, que resultan vulnerables a la apabullante cultura de la violencia y la ilegalidad que hace evidente la crisis de valores y contenidos humanísticos, tanto en casa como en el entorno escolar y en la sociedad en general.

En este sentido, investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, detallan que de los poco más de 26 millones de estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, alrededor de 60 y 70 por ciento han sufrido bullying.

Datos hoy muchos, la estadística refleja que el problema nos rebasó, y que tan sólo basta hacer un ejercicio en la búsqueda de las redes sociales y en sitios de videos para dimensionar la problemática en que hijos, padres de familia, maestros y sociedad en general nos encontramos.

Compañeras y compañeros legisladores:

Hoy estamos ante una situación en donde nuestras niñas y niños se encuentran en riesgo, pero también estamos ante una gran oportunidad de lograr, en el ámbito de nuestra competencia, acciones reales que aseguren al educando la protección y los cuidados necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto de su dignidad.

Definitivamente, el grupo parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que no se trata de señalar culpables, ni de fomentar la cultura y la sanción sin motivo ni causa, tanto a padres de familia, a la víctima, al agresor, al profesor ni directivos, al contrario, apostamos a combatir el problema desde la raíz con una estrategia integral que involucre los ámbitos social, económico, cultural, y jurídico, político y asuntos individuales, familiares y colectivos que lo motiva.

Coloquemos en el eje central de estrategia a las niñas, niños y jóvenes, como lo acaba de mencionar el Diputado Adame. Velemos su desarrollo armónico, démosles las herramientas como la cultura, el deporte, las artes, para promover su sano desarrollo y canalizar sus inquietudes, sin descontar ya lo aprobado en la reforma educativa, sólo así lograremos ayudar a millones de niñas, niños y adolescentes que quizá, en este momento, estén expuestos a convertirse en víctimas o victimarios del bullying.

Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario de Nueva Alianza asume con responsabilidad y compromiso la adopción de medidas reales, articuladas y permanentes que involucren la participación de todos; a autoridades educativas, familias, medios de comunicación, maestros, organizaciones sociales, etc., y asumir que restringir su tratamiento al ámbito escolar sólo servirá, en el mejor de los casos, para su contención, pero no solucionarán un fenómeno que claramente se origina en los centros educativos y que está en nuestras manos, hoy en la Comisión Permanente, de que podamos darle el cauce, apoyando definitivamente la proposición del Diputado Adame.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Talamante Lemas.

Ahora le concedemos el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al mismo tema.

- El C. Senado Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, miembros de esta Comisión Permanente.

Como lo expresé al inicio de la presentación de este punto de Acuerdo, que me parece fundamental por razones que, si ustedes me permiten, vamos a esgrimir en este momento.

Creo que es un tema de obvia y urgente resolución, de muy urgente resolución, no sólo en la Comisión Permanente, es de urgente resolución en el país el tema del bullying, el bullying o la violencia o acoso escolar, como se le conoce, que ha utilizado este anglicismo porque de manera muy sencilla lo refiere y lo refleja, ha atacado, sin duda, y afectado principalmente a niñas y a niños de entre 12 y 15 años, sin que sea privativo específicamente de esta edad, pero que las cifras reflejan que esta es una edad en la que tenemos que poner especial atención para atender esta situación.

En la mayoría de los casos se cuenta con el silencio y la complicidad del resto de la comunidad escolar, a veces en el aula, a veces en toda la escuela, e influida, a veces, la participación de los maestros, y por eso resulta un tema fundamental.

Sabemos que este tema, según los datos que se arrojan al respecto, afecta a 18.7 millones de alumnos, 44.5 por ciento de los estudiantes admite haber vivido al menos una experiencia de violencia verbal, psicológica, ó física, y ahora hasta a través de las redes sociales.

40 por ciento declara haber sido víctima de acoso, 25 por ciento de insultos y amenazas, y el 17 por ciento declara haber sido golpeado. No me parece un tema menor, al contrario, esto está reflejando la urgencia de atenderlo, y de atenderlo como podemos hacerlo los mexicanos, no sólo desde el punto de vista legislativo.

Aquí en el Congreso hay seis leyes, cuatro en el Senado, dos en la Cámara de Diputados, que refieren al tema. Aquí hemos hecho un esfuerzo por reformar la Ley General de Educación que contempla aspectos necesarios para enfrentar este problema, pero tiene que ser una simbiosis porque también tiene que ir acompañado de la política pública necesaria para hacerlo efectivo, y no sólo eso, por eso decidí venir a hacer una adición a esta tribuna, porque creo que lo más importante es que si hoy se han dado casos, estos no queden impunes, y tenemos que encontrar el mecanismo para darle seguimiento a los casos que se han suscitado, en los más graves, porque esto nos va a permitir determinar si la ley es suficiente o no, si tenemos que legislar a nivel nacional, si tienen que legislar los estados de la República o qué se tiene que hacer, pero acompañemos las medidas legislativas de políticas públicas para enfrentar este importante hecho.

Les pido que por un minuto se pongan en los zapatos de una madre o de un padre que ha perdido a un menor, niña o niño, de 12 años, y piensen claramente qué es lo que quisieran que ocurriera después de un hecho tan lamentable, sin caer, por un lado, en las exageraciones y satanizar algunas conductas de niños y maestros, pero no permitiendo que algunas de ellas queden impunes, no se vale.

No se vale que la respuesta a una madre afligida sea: perdón, estaban jugando, eso es un juego. Creo que tiene que haber la reacción necesaria de la sociedad para poder lograr el efecto que queremos, y el efecto lo vamos a lograr si no hay impunidad.

Bueno, pues aquí tenemos los casos, que esta Comisión Permanente encuentre el mecanismo adecuado para darle seguimiento a estos casos que no queden impunes y que ello nos permita saber el alcance de la ley.

Ya las Comisiones de Educación en el Senado y en la Cámara de Diputados están haciendo un esfuerzo a través de foros que han convocado, apoyémoslos, sigamos adelante con ese trabajo que parece importante; pero en este tema en particular de los hechos ya acontecidos, la sociedad no está esperando como respuesta que hagamos un foro, la sociedad no está esperando como respuesta que convoquemos a especialistas, la sociedad está esperando una respuesta concreta con dos tipos de acciones:

La primera, legislativa, si acaso hace falta algo que reformarle a la ley, y si hace falta hagámoslo de inmediato, pronunciémonos porque las comisiones en ambas Cámaras resuelvan las seis iniciativas que tienen pendientes.

Y segundo lugar, el seguimiento específico a este caso y a este hecho tan lamentable que se ha dado en Tamaulipas y que costó la vida a “Héctor Alejandro Méndez Ramírez”, en Ciudad Victoria, sirva de guía para que no queden impunes ninguno de los hechos relacionados con este tipo de violencia.

Finalmente, este es un tema de educación y de cultura, tenemos que incitar para que la educación, a través del sector educativo federal y estatal contemplen las medidas necesarias para trabajar de lleno en un tema que verdaderamente es de interés para México y los mexicanos.

Por ello, señor Presidente, haremos una redacción conjunta que por obvio de tiempo ya no leo en esta tribuna, pero que contempla esta petición de su servidor, que con los otros puntos de Acuerdo que se habían presentado para hoy, y que algunos de ellos no habían sido considerados de urgente resolución, se sumen a uno solo, con la voluntad política de todas las fuerzas aquí representadas, la voluntad del PRI, mi grupo parlamentario, y del Senado queda manifiesta esta intención en un tema tan delicado como éste, no politizarlo, sino hacer un esfuerzo conjunto por salir a darle una respuesta de solución a México y a los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LAS JUNTAS DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA CREACION DE UNA COMISION CONJUNTA CON APROBACION DE LA COMISION PERMANENTE, QUE DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR CONOCIDA COMO “BULLYING”, SE CONVOQUE DE INMEDIATO A UN FORO CON ESPECIALISTAS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ESTABLECER UNA LEY NACIONAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL “BULLYING” Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO A LA COMISION PERMANENTE SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO EN LAS ESCUELAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR ESTAS CONDUCTAS.

“El suscrito, Senador OMAR FAYAD MENESES, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito tenga a bien someter a la consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que SE EXHORTA A LAS JUNTAS DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA CREACION DE UNA COMISION CONJUNTA CON APROBACION DE LA COMISION PERMANENTE, QUE DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR CONOCIDA COMO “BULLYING”, SE CONVOQUE DE INMEDIATO A UN FORO CON ESPECIALISTAS PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ESTABLECER UNA LEY NACIONAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL “BULLYING” Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO A LA COMISION PERMANENTE SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO EN LAS ESCUELAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR ESTAS CONDUCTAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El llamado bullying es un anglicismo, que ha cobrado gran uso para referirse a una forma de acoso escolar y maltrato físico, verbal o psicológico que se produce, principalmente entre alumnos  de escuelas de educación básica, pero de forma persistente y prolongada.

Por ello, se estima que este tipo de violencia afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, aunque no es privativo de estas edades.

En la mayoría de las ocasiones, el agresor o acosador afecta a su víctima contando con el silencio o complicidad del resto de la comunidad escolar.

Si bien es cierto, el fenómeno puede comenzar con burlas, se puede llegar a transformar en golpes o agresiones físicas, e incluso en verdaderos ataques contra la integridad, la salud y la vida de la víctima.

Los casos de bullying encierran un abuso de poder, en el que el acosador y la víctima se perciben como fuerte y débil respectivamente, independientemente de si tal apreciación es real o subjetiva.

En los últimos años, se han incrementado los casos de este tipo de acoso escolar en diversas regiones del país, sobre todo en zonas urbanas, lo cual, es preocupante ya que denota varias problemáticas.

Entre ellas, el avance de la descomposición familiar y social, que permite a niños y jóvenes crecer en ambientes de violencia y repetir el esquema con compañeros de escuela; la falta de controles en los planteles escolares para detectar, atender o canalizar a los agresores y en última instancia para sancionarlos; y de igual forma, pone de manifiesto la ausencia de un marco legal o reglamentario para que desde el ámbito educativo pueda ser prevenido y erradicado el problema.

Según el estudio "¿Qué hace exitosas a las escuelas? Recursos, políticas y prácticas", realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2013, México ocupa el primer lugar de violencia entre pares a nivel primaria y secundaria, ya que afecta a 18.7 millones de alumnos.

Las cifras indican que de ese universo, 44.5% de los estudiantes admite haber vivido al menos una experiencia de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales; 40% declara haber sido víctima de acoso; 25% de insultos y amenazas; 17% golpeado.

A la par de este incremento de incidencias, algo que preocupa a la sociedad, y que debe ponernos en alerta a todos los padres de familias, lo mismo que a las instituciones educativas y a nosotros como legisladores, es el aumento del nivel de violencia empleado en el acoso y las consecuencias cada vez más serias que tiene en los afectados, las cuales, llegan a costar vidas.

Aunque no existe una estadística oficial que refiera qué porcentaje de suicidios se puede atribuir al fenómeno de bullying, es claro que sí se encuentra entre una de las causas.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud (SSA) enviado a la Cámara de Diputados, en las tres últimas décadas, ha crecido en 300% el número de suicidios en el país, siendo la población joven la que más se quita la vida.

El fenómeno se ha incrementado rápidamente entre los adolescentes y constituye una de las primeras causas de muerte: 10% de los hombres jóvenes de entre 14 y 19 años muere por esta causa y 18% de las mujeres en ese rango de edad.

Según datos del DIF Nacional, en el Distrito Federal, una de cada seis víctimas de bulliying se suicidan. 

En este contexto, compañeras y compañeros legisladores, mención especial merecen los casos que hemos visto en las últimas semanas, en algunos estados del país, que llaman la atención primero por el resultado mortal de la agresión, después por la  participación de más de un agresor y finalmente por la deficiente actuación de personal docente y ciertas autoridades educativas para prevenir y sancionar los casos.

El pasado 20 de mayo, el estudiante Héctor Alejandro Méndez Ramírez de la escuela secundaria número 7 “Eleazar Gómez”, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 12 años fue declarado muerto, luego sufrir de traumatismo craneoencefálico por las lesiones que le causaron sus compañeros de clase el 14 de mayo tras azotarlo varias veces contra la pared.

Ese día Héctor estaba en su última clase, la clase de español; su maestra Denise Serna Muñiz se encontraba revisando unos cuadernos cuando cuatro de sus compañeros lo comenzaron a molestar; el menor lo hizo del conocimiento de la maestra, ella no le hizo caso y sus compañeros lo aventaron contra la pared, provocándole una fractura en el cráneo.

Al terminar la clase, Héctor fue llevado con la subdirectora Sandra Luz García Garza, quien no hizo nada y le pidió a la hermana del menor que se lo lleve a su casa.

El resultado fue que Héctor estuvo siete días en terapia intensiva y finalmente falleció de traumatismo craneoencefálico.

Si bien los maestros y directivos de la secundaria fueron separados de su cargo para llevar a cabo las investigaciones y fueron detenidos una trabajadora social y dos prefectos, estos últimos fueron liberados el 26 de mayo después de pagar una fianza de 70 mil pesos.

De acuerdo con declaraciones del propio Procurador General de Justicia de Tamaulipas Ismael Quintanilla, los presuntos responsables se encontraban en la institución y fueron omisos a “prestarle la atención correspondiente al menor, además de que incumplieron con el protocolo de seguridad que les marca la Secretaría de Educación Pública en estos casos”.

Estas tres personas, junto con la subdirectora de la institución Sandra Luz García Garza y la maestra Denise Serna Muñiz, son investigadas por coparticipar por omisión en la muerte del menor.

A esta última ya le fue girada una orden de aprehensión por el delito de homicidio pre intencional sin embargo aún no ha sido localizada.

El caso, plantea un análisis del sistema de justicia para adolescentes ya que en esa entidad la ley no permite que menores de 14 años sean recluidos o enviados a prisión, incluso a un consejo tutelar.

Queda claro, que un gran número de jóvenes en las instituciones educativas del país, son susceptibles de sufrir acoso, violencia de todo tipo, e incluso de ver comprometida su salud y su vida.

También es claro, que el personal docente, administrativo e incluso el directivo del sector educativo nacional, no está registrando la dimensión del fenómeno de acoso escolar y debido a la incidencia no están siendo sensibilizados ni capacitados para prevenir y atender estos casos.

La situación derivada de la violencia y el acoso en los centros educativos es delicada y es necesario tomar medidas urgentes que permitan prevenir, sancionar y erradicar a los responsables, dentro del marco de la ley.

La información ya no se puede esconder, los casos son reportados de manera inmediata gracias a los avances tecnológicos y al uso de las redes sociales, que nos dan cuenta de los hechos, lamentablemente, y si bien en muchos casos la información es cierta, se corre por una parte el riesgo de que la información sea falseada o distorsionada, máxime si consideramos que muchas veces las agresiones son grabadas con los teléfonos celulares y subidas al Internet, lo que denota el grado de desinterés de los menores por evitar este tipo de conductas que como ya se ha dicho, nos lleva a lamentar la pérdida de vidas humanas.

Para ello, se requiere contar con estudios serios que nos permitan conocer la realidad de lo que está ocurriendo, para realizar las adecuaciones a la ley que se requieran, por lo que se solicita ante lo urgente de la situación y por acuerdo, la creación de una Comisión Conjunta con aprobación de la Comisión Permanente a propuesta de las Juntas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que realice un balance serio y detallado de lo que está ocurriendo, para que las conductas derivadas de estos acontecimientos se esclarezcan, no queden impunes y se haga justicia, dotándola a su vez, del informe de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, lo que permitirá a la Comisión y en general a las y los legisladores, a realizar un trabajo pronto y expedito para controlar esta situación.

Por los puntos anteriormente expuestos, suscribe esta proposición, poniendo a consideración de la Comisión Permanente como asunto de urgente y obvia  resolución, su aprobación conforme al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS JUNTAS DE COORDINACION POLITICA DE LA CAMARA DE SENADORES Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS Y EMITAN UN ACUERDO, PARA LA CREACION DE UNA COMISION CONJUNTA, CON APROBACION DE LA COMISION PERMANENTE ANTE LO URGENTE DE LA SITUACION, PARA QUE ANALICE Y DE SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR CONOCIDOS COMO “BULLYING” Y CUYO OBJETIVO PRINCIPAL SEA QUE LAS CONDUCTAS DERIVADAS DE ESTOS ACONTECIMIENTOS SE ESCLAREZCAN, NO QUEDEN IMPUNES Y SE HAGA JUSTICIA; ASI COMO AGILIZAR EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA PRESENTADA POR MI GRUPO PARLAMENTARIO EN LA MATERIA.

SEGUNDO.- SE CONVOQUE DE INMEDIATO A UN FORO CON ESPECIALISTAS, PARA DETERMINAR LA NECESIDAD O NO DE ESTABLECER UNA LEY NACIONAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, PARA QUE RINDA UN INFORME DETALLADO A LA COMISION PERMANENTE, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO EN LAS ESCUELAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS CASOS DE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR CONOCIDOS COMO “BULLYING”.

Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil catorce.

Sen. Omar Fayad Meneses”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Fayad.

Le concedemos el uso de la palabra, sobre el mismo asunto, a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del PT.

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente.

Ya se han vertido aquí varias posiciones en torno a este dramático tema que nos han traído a exponer hoy a esta tribuna.

Sin duda, lo que ha expuesto el Diputado Adame, lo que existe ya en la ley, pero sigue siendo una de las incógnitas y una de las preguntas constante dentro de la sociedad, ¿cuándo la ley se cumple y cuándo la vamos hacer cumplir? Y que aterrice en los problemas y en las situaciones reales de lo que vive la sociedad.

Nuevos elementos críticos están anunciado esta crisis institucional. En donde los maestros, incluso, también se ven rebasados por el fenómeno; donde los horarios y lo que está estipulado dentro del programa educativo y cómo se lleva a cabo este programa educativo.

Quizás también lo mencionado por la Diputada hace un momento en su exposición, todas las actividades extracurriculares que deberían ayudar para evitar todo esto en las aulas.

Lo que nos ha traído hoy, lo decía el Senador Fayad, ha sido lo recientemente pasado en Tamaulipas; pero hace aproximadamente unos tres o cuatro meses sucedió en el DF, con una niña indígena; y hace algunos meses también pasó en Sonora. Lamentablemente, el suceso de Tamaulipas, que es la pérdida de la vida de un joven, que tal vez fue por juego o no fue juego, es cómo vamos a caer en esta situación de que tenemos que meter a la cárcel también a los niños, para reincorporarlos a una sociedad, donde lo que vemos y se promueve mayormente en los medios de comunicación es la violencia.

O sea, violencia genera violencia. De hecho no existen, y no son visibles si las hay, y hasta ¿cuándo se les da a los niños esas optativas donde desfoguen esa energía?.

Decía el Presidente, antes de llegar aquí a la tribuna, no corras; eso deberíamos de poner a los niños, más ejercicio, y que esa energía se convierta en algo positivo y no en un reactivo que provoca violencia, que lamentablemente estamos viendo mucha en las redes sociales, la pérdida de vida y que no se han tomado tampoco medidas para atacar esto.

Cuántos casos vemos en las redes, de niños que incluso graban cuando lo están haciendo, cuando están golpeando a una niña o cuando están golpeando a un niño. Y circulan por la red como algo chusco, en realidad es una problemática social y que tenemos que trabajar en ello.

Me sumo a lo que han dicho aquí mis compañeras y compañeros legisladores, en que apuremos y que haremos aplicable lo que ya existe en la ley; y lo que no exista, se lo adicionemos.

Como Senadora, como una mexicana sensible y preocupada por lo que está pasando, me sumo a este llamado y a transformarlo en algo prioritario y urgente, no sólo por la situación mediática que se maneja, sino algo que verdaderamente nos lleve a traer paz, y que no regresemos, otra vez, a esta tribuna o hasta que empiece el siguiente periodo, para seguir en el tema, encontrando cada vez más problemáticas.

Señor Presidente, solamente le pido si adhiere mi punto de Acuerdo a lo aquí expuesto.

Muchas gracias.

Es cuanto.

Propuesta

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION ACUERDE SUMARSE A LA CONVOCATORIA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LEGISLAR EN TORNO AL TEMA DEL ACOSO ESCOLAR Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y URGENTES PARA LLAMAR A LAS COMISIONES PERTINENTES DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE ELABORACION DE DICTAMENES, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1.- Uno de los elementos críticos que está anunciando una crisis institucional, es cuando, dentro de la composición social, alguno de los fenómenos negativos que la conforman está adquiriendo una presencia continua, regular e ingobernable, y lo peor, soslayable. En este caso me refiero al acoso escolar. El acoso escolar conocido como bullying está describiendo una sintomatología de la sociedad, precisamente en uno de los sectores más delicados para cualquier civilización, los niños y jóvenes. La violencia en los educandos, en escuelas y entornos escolares mexicanos está imponiendo abiertamente sus códigos ante la incapacidad de los sistemas escolares que, concentrados en administrar planes educativos, no disponen de una legislación, ni herramientas, ni adiestramiento para detectar, enfrentar, contener e inhibir sistemáticamente el acoso escolar. De hecho no existe o no es visible, un instrumento psicopedagógico maduro que permita comprender este fenómeno de violencia que casi siempre se trata con tácticas de concertación débiles que, lejos de frenarlo, está haciendo comprender que es posible la impunidad en caso de un acoso escolar. Es necesario que un acoso escolar concluya en tragedia para que se alerte el sistema y se comience a tomar medidas paliativas, casi siempre urgentes pero no con cualidades sistémicas. Un evento trágico de esta naturaleza siempre se da en una recurrencia, en un ambiente donde el acoso es “normal”. Esa violencia, ya hecha costumbre en las escuelas, no es entendida por el propio alumnado ni por los padres de familia, sobre todo los parientes de los victimarios, como una conducta altamente negativa, así sea en menores de edad; genera una alta conflictividad entre las autoridades escolares, acotados a un reglamento que no comprende la complejidad del problema y padres de familia. Es necesario, entonces, acelerar una plataforma legislativa que conceptualice y sancione adecuadamente el acoso escolar y sea tratado como un tema complejo en donde intervenga un sistema institucional, no sólo las autoridades y profesores de la escuela que en muchos de los casos encausan gran parte de la energía en formar a los educandos aparte de ser encargados de controlar la disciplina escolar visible.

2.- Diversas entidades sociales ya han alertado sobre ello; hay todo un elenco de posiciones, propuestas e ideas; hay materia legislativa en forma de iniciativas en sendas cámaras: hace falta legislar ya en la materia de acoso escolar. Estamos ante una escalada del acoso escolar que está generando tragedias y los vacíos legislativos son una traba.

Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició la investigación por los agravios cometidos contra una adolescente que fue víctima de violencia en Zacatecas, Zacatecas, situación que fue difundida por medios de comunicación. En un video grabado por los mismos atacantes, se aprecian escenas donde la víctima es agredida por un grupo de jóvenes

Ante ello la Comisión Nacional manifestó su preocupación por el índice de violencia en el entorno escolar que se presenta en todo el país y hace un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que de manera prioritaria se legisle al respecto, se cierren filas para detectar conductas de violencia, prevenirlas y erradicarlas, sumando a ello los esfuerzos de la familia.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar mundial en acoso a nivel secundaria, y que en primaria 40 por ciento de los alumnos han sido víctimas alguna vez de robos, insultos o amenazas de sus compañeros. Nuestro llamado es sumarnos a este llamado y transformarlo en legislación prioritaria, urgente. Afrontemos esta crisis social con nuestras facultades. Compañeros, respetuosamente: apuremos el paso.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION ACUERDA SUMARSE A LA CONVOCATORIA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LEGISLAR EN TORNO AL TEMA DEL ACOSO ESCOLAR Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y URGENTES PARA LLAMAR A LAS COMISIONES PERTINENTES DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y EL SENADO DE LA REPUBLICA PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE ELABORACION DE DICTAMENES EN TORNO AL ACOSO ESCOLAR (BULLYING).

ATENTAMENTE

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Ana Guevara.

Esta Presidencia no tiene más oradores registrados para este tema. Mas sin embargo, como fue mencionado hace unos momentos, la intención es proponer un resolutivo conjunto, que estamos en espera del mismo.






Si esta Asamblea tiene a bien autorizar, le concederíamos el uso de la palabra a la Diputada Lorenia Valles Sampedro, para que presente su proposición con punto de Acuerdo, y una vez concluida su intervención y que esta Mesa Directiva tenga la modificación al resolutivo, ponerlo a consideración de la Asamblea, para continuar con esta sesión.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Diputada Lorenia Valles.

- La C. Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Como representantes populares es nuestro deber escuchar y atender las diversas solicitudes de las y los ciudadanos, más aún cuando se trata, como hoy, de un tema tan sensible, el incendio en la Guardaría ABC, en Hermosillo, Sonora.

Una herida abierta para las familias afectadas y, por supuesto, para todo el pueblo de México. Un hecho que nos duele y que lamentamos profundamente.

Hoy están con nosotros y nosotras, una representación de esos padres, hombres y mujeres valientes a quienes les hacemos un reconocimiento por su fortaleza, por su valentía, para seguir luchando por justicia.

A unos días de que se cumplan cinco años de la tragedia, en aquel triste 5 de junio de 2009, seguimos esperando que se haga justicia, que se castigue a los culpables, sin distinto de jerarquías y se conozcan las verdaderas causas que suscitaron este hecho, que derivaron, ante todo, de la corrupción y la violación a la ley, provocando que 24 niñas y 25 niños inocentes perdieran la vida y decenas resultaron heridos de gravedad.

El año pasado, un grupo de padres de familia de estos niños y niñas, se acercó a esta Soberanía, y manifestó su desacuerdo con la investigación por parte de la Procuraduría General de la República, la cual han calificado de lenta e inexacta.

En virtud de estar a escasos días de que se cumplan los cinco años de esta tragedia, estamos hoy exigiendo que se retome el asunto.

Se ha abierto una línea nueva de investigación, sin resultados conocidos hasta el momento, a pesar de que los propios padres de familia afirman haber aportado pruebas que apuntan a que se confirme la teoría que se ha manejado ya, sobre que el incendio, que costó la vida de sus hijos e hijas, habría sido un acto deliberadamente provocado.

Asimismo, mencionan que la Procuraduría General de la República, por conducto de su titular en aquel momento, en el 2009, el licenciado Arturo Chávez Chávez, declinó tener en consideración el informe final de la comisión investigadora, emitido en ejercicio de la facultad de investigación 1/2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar violentados sus derechos y los de sus menores hijos, al respecto de sus garantías individuales.

Han pasado ya tres procuradores generales sin que se haya resuelto este gravísimo caso, que lacera a la sociedad mexicana en su conjunto y que toca las fibras más sensibles de toda la sociedad: la niñez.

Por otra parte, el hecho de que los niños y niñas fallecidos y lesionados se encontraran bajo el cuidado del Estado mexicano, por virtud de una prestación derivada del derecho a la seguridad social de sus padres, generó una responsabilidad indeclinable e irrenunciable de las diversas autoridades; así como la inobservancia de las leyes y reglamentos en la materia, que trajo como consecuencia estos hechos tan lamentables.

Recordemos que los derechos consagrados en nuestra Constitución, en el artículo 4o., párrafos séptimo, octavo y noveno,, son especial y específicamente en bien de la niñez mexicana.

Que las autoridades estatales violen los derechos de los niños y las niñas es algo muy grave, pero que estas violaciones se lleven a cabo en contra de niñas y niños absolutamente indefensos y vulnerables, constituye un hecho extremadamente grave, y precisamente eso fue lo que ocurrió en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, el día 5 de junio de 2009.

Desafortunadamente, el dictamen de reparación del daño, expuesto en la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido ignorado por los representantes principales de esta tragedia, el gobierno del estado de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se hace necesario retomarlo y actuar en consecuencia.

No debemos, no podemos permanecer inmóviles, insensibles e indiferentes, ante la falta de atención de quienes están al frente de estas instituciones, continuar haciéndolo nos haría cómplices. Debemos impulsar la búsqueda y la aplicación de la justicia y la legalidad, que es un reclamo constante de la ciudadanía en México.

Recordar lo que señalaba ya un Ministro de la Suprema Corte: "Si la muerte de 49 niñas y niños, y las decenas de heridos no es suficiente, ¿qué deberá suceder para que el Estado mexicano actúe con energía y haya plena justicia, sin complicidades, por encima de cualquier corrupción y cualquier interés?"

Es necesario subrayar que es fundamental fortalecer la protección civil con un enfoque preventivo y no meramente reactivo para evitar la repetición de tragedias como la de la Guardería ABC.

Esperamos que este punto de Acuerdo de verdad lo consideren, lo analicen, lo reflexionen más allá que como legisladores y legisladoras, como seres humanos, como padres y madres de familia que muchos de nosotros y nosotras somos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que informe a esta Soberanía a la brevedad sobre el estado actual de las investigaciones del caso de la Guardería ABC, S.C. de Hermosillo, Sonora, a fin de determinar las responsabilidades de los involucrados.

Segundo.- Se exhorta al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que den cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de noviembre de 2010, en el que se establece que ambas autoridades tienen la obligación de la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de las y los niños en el incendio de la Guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Apelamos a su sensibilidad y quisiéramos recordarles que Ana Paula, Andrés Alonso, Andrea Nicole, Aquiles Drenet, Ariadna, Axel Abraham, Brayan Alexander, Camila, Carlos Alan, Dafne Yesenia, Daero Mar, Daniel Alberto, Daniel Rafael, Daniela Guadalupe, Denis Alejandra, Emilia, Emily Guadalupe, Fátima, Germán Paul, Yanizak, Javier Angel, Jesús Antonio, Jesús Julián, Jonathan de Jesús, Jorge Sebastián, Juan Israel, Juan Carlos Rascón, Juan Carlos Rodríguez, Julio César, Lucía Guadalupe, Luis Dense, María Magdalena, María Fernanda, María Ximena, Martín Raymundo, Monserrat, Nallely Estefanía, Paulette Daniela, Ruth Naomi, Santiago Corona Carranza, Santiago de Jesús, Sofía, Valeria, Ximena Alvarez, Ximena Yánez, Zuleta Emanuel, Yazmín Pamela, Jocelyn Naomi y Jocelyn Valentina, no debieron morir.

Y en memoria de cada una de ellas y ellos debemos seguir exigiendo justicia hasta que se esclarezca el caso y se castigue a los verdaderos culpables.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA PARA QUE PROCEDA DE MANERA EXPEDITA AL ESCLARECIMIENTO DEL CASO DE LA GUARDERIA ABC S.C. DE HERMOSILLO, SONORA; AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A FIN DE QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION AL RESOLVER LA FACULTAD DE INVESTIGACION NUMERO 1/2009, MEDIANTE DICTAMEN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE AMBAS AUTORIDADES TIENEN LA OBLIGACION DE LA REPARACION DEL DAÑO CAUSADO POR EL FALLECIMIENTO Y LAS LESIONES DE LOS MENORES EN EL INCENDIO DE LA GUARDERIA ABC DE HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 5 DE JUNIO DE 2009, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL GP PRD.

"La suscrita, Diputada LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Como representante popular es mi deber escuchar y atender las diversas observaciones y peticiones de los ciudadanos y más aún, cuando se trata de voces que hablan por los menores que son el presente y futuro de nuestro país, es por tanto que desde que se sucinto el incendio en la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora he estado al tanto del desarrollo del caso.

Un grupo de padres de familia de esos menores, se acercó desde el año pasado a ésta Soberanía y manifestó su desacuerdo con la investigación por parte de la Procuraduría General de la República la cual califican de lenta e inexacta, en virtud de estar a escasos meses de que se cumplan cinco años de la tragedia que costó la vida de niños y marcó la de muchos otros sin que hasta la fecha se conozca de manera fehaciente las causas y motivos del incendio.

Se ha abierto una nueva línea de investigación sin resultados conocidos hasta el día de hoy, a pesar de que los propios padres afirman haber aportado pruebas que apuntan a que el incendio que costó la vida de sus hijas e hijos habría sido un hecho deliberadamente provocado.

Así mismo mencionan que la Procuraduría General de la República por conducto de su titular en aquel momento, Licenciado Arturo Chávez  Chávez, declinó tener en consideración el Informe Final de la Comisión Investigadora emitido en ejercicio de la Facultad de Investigación 1/2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en abierta violación de sus derechos humanos y sus garantías.

Han pasado ya tres Procuradores Generales sin que se haya resuelto este gravísimo caso que lacera a la sociedad mexicana en su conjunto ya que toca las fibras más sensibles de toda sociedad: la niñez.

Por otra parte el hecho de que las y los niños fallecidos y lesionados se encontraran bajo el cuidado del Estado Mexicano, por virtud de una prestación derivada del derecho a la seguridad social de sus padres, así como la inobservancia de las diferentes leyes y reglamentos en la materia, generó una responsabilidad indeclinable e irrenunciable de las diversas autoridades,  frente a la pérdida de vidas humanas y la huella indeleble en las frágiles e incipientes criaturas que tuvieron la oportunidad de ser salvadas.

Los derechos consagrados en nuestra Constitución Federal en el artículo 4° párrafos séptimo, octavo y noveno son especial y específicamente en bien de la niñez.

Que las autoridades estatales violen los derechos de las y los niños es algo muy grave, pero que esas violaciones se lleven a cabo en contra de menores absolutamente indefensos y vulnerables constituye un hecho extremadamente grave y precisamente eso fue lo que ocurrió en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el día 5 de Junio de 2009.

Desafortunadamente, el Dictamen de reparación del daño expuesto en la Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido ignorado por los representantes principales de esta tragedia, el Gobierno del Estado de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se hace necesario retomarlo y actuar en consecuencia.

No debemos permanecer inmóviles, insensibles e indiferentes ante la falta de atención de quienes están al frente de nuestras instituciones, continuar haciéndolo nos haría cómplices de ello. Debemos seguir impulsando la búsqueda y la aplicación de la justicia y legalidad que es una petición reiterada de nuestros ciudadanos en todo el país.

CON BASE EN TODO LO EXPUESTO SOMETO A ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República para que proceda de manera expedita, al pleno esclarecimiento del caso de la Guardería ABC S.C. de Hermosillo, Sonora y se deslinden las correspondientes responsabilidades de todos los involucrados.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Sonora y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que den cumplimiento a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la facultad de investigación número 1/2009, mediante el Dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 18 de Noviembre de 2010, en el que se establece que ambas autoridades tienen la obligación de llevar a cabo la reparación del daño causado por el fallecimiento y las lesiones de los menores en el incendio de la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 5 de Junio de 2009.

TERCERO. La Comisión Permanente exhorta a todas las autoridades del país de los tres niveles, a tomar, de manera coordinada, las acciones necesarias para prevenir hechos como el sucedido en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de mayo de 2014

Suscriben,

Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro".



- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada Valles. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta. No habiendo legisladores para hablar sobre el particular, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se aprueba en los términos que le dio lectura la propia proponente, que contiene una modificación al resolutivo primero.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con su modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Ha llegado a esta Presidencia la propuesta de modificación al punto de Acuerdo relativo al bullying.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Doy lectura a la propuesta de modificación al punto de Acuerdo relativo al bullying.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario.

Sonido en el escaño del Senador Romero Hicks, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Solamente para una clarificación del cuarto punto.

Ambas Comisiones de Educación de las Cámaras ya tenemos previsto los foros. Si quiere hacer un exhorto adicional, con mucho gusto lo recibimos, pero  ya está programado.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: ¿Modifica en algún punto la propuesta presentada? No hay modificación. Gracias, Senador Romero Hicks.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada, en los términos leídos por esta Secretaría.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada en los términos antes leídos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Antes de pasar al siguiente asunto, quiero apelar a su comprensión.

De acuerdo a los registros que tiene esta Presidencia, estamos a nueve minutos de que concluyan las cuatro horas de duración de la sesión correspondiente. A fin de estar dentro del plazo para solicitar su ampliación, es decir, no con posterioridad a la conclusión de estas cuatro horas, y no quisiera que fuese alguna situación de carácter procedimental, esta Presidencia somete a consideración de la Asamblea, si acepta continuar con la sesión conforme al Orden del Día presentado.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si acepta la ampliación del plazo de esta sesión.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la ampliación del plazo de esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias.






Le concedemos ahora el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses en el sector energético.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: En obvio de tiempo, también voy a solicitar que se ponga en el Diario de los Debates el punto de Acuerdo completo, sólo quiero mencionar algunos datos de un hecho sumamente grave, delicado y documentado, que por eso el PRD el día de ayer, nuestro grupo parlamentario interpuso ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia para que se investigue al Secretario de Energía, se incurre en conflicto de interés.

No se puede ser titular de la Secretaría de Energía, que por sus funciones es al mismo tiempo Presidente del Consejo de Administración de PEMEX, siendo contratista de PEMEX.

De conformidad, y esto lo dice la auditoría externa practicada a los estados contables de PEMEX, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los servidores públicos están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución, de asuntos en los que tenga algún interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pudiera resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad familiar hasta el cuarto grado.

Esto señala la auditoría, y digo textual: “El licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y Presidente del Consejo de Administración de PEMEX, participa con anterioridad, a su nombramiento de fecha 1º de diciembre de 2012, en el capital social de varias empresas, mismas que han firmado contratos de franquicias con PEMEX Refinación para la compraventa de gasolina, compraventa de productos y prestación de servicios relacionados”, y cierro comillas.

Esta auditoría fue practicada para el año 2013, y relata los porcentajes en los cuales él participa como accionario a nombre de las empresas, registro de las empresas, y es una información muy amplia y detallada que tengo aquí en la curul y puedo entregar a la Mesa Directiva.

La existencia de estos negocios del titular de la Secretaría de Energía provocan un serio conflicto de intereses, y constituyen una violación grave a la ley. La existencia de estos negocios no sólo abarca las franquicias de gasolinas, sino también el uso de información privilegiada del Estado en beneficio propio o de la familia del Secretario de Energía.

El Décimo Transitorio del Decreto Constitucional señala que, entre las nuevas atribuciones de la Secretaría de Energía será: establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones, la selección de las áreas contractuales que sucederán a los privados, el diseño de los contratos, los lineamientos y bases de las licitaciones para el otorgamiento de contratos privados, entre muchas otras que por obvio de tiempo no leo.

Las iniciativas de leyes secundarias, en materia energética, también contemplan la creación del consejo de coordinación del sector energético, que presidiría el Secretario de Energía, que a su vez coordinaría a los dos órganos reguladores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Si no padeciéramos impunidad crónica, como padece nuestro país, esto no sucedería en México. El sector energético se ha vuelto una mina de oro y trampolín de muchos políticos para convertirse en grandes empresarios del sector, en detrimento de la función pública.

A pesar de la profusión e insistencia con la que se han dado a conocer éste y otros casos del sector energético, ello no ha causado ni alarma, nadie se inmuta, ninguna autoridad actúa ante estos actos de corrupción y ante evidentes conflictos de intereses. Sólo impera la impunidad, la falta de transparencia, la nula rendición de cuentas y eso es lo que hace crecer la corrupción.

O como dijera la prestigiada periodista Denise Dresser, y cito: “En México, el conflicto de intereses ni siquiera es conflicto. No es motivo de preocupación. No es área de regulación. A pocos les inquieta o les quita el sueño un tema central para el florecimiento de la corrupción en el país. Es una costumbre arraigada. Una práctica avalada. Una tradición aceptada”.

Nosotros en el PRD seguiremos insistiendo en hacer valer la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por eso acudimos a la Secretaría de la Función Pública a interponer una denuncia anexando las pruebas correspondientes, y solicitamos al titular de la Secretaría de Energía que valore su separación del cargo para garantizar la imparcialidad de la investigación, o bien al titular del Ejecutivo Federal para que de manera inmediata separe de su cargo al actual Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, por incurrir en un claro y evidente conflicto de interés.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO RESPECTO DE CORRUPCION, TRAFICO DE INFLUENCIAS Y CONFLICTO DE INTERESES EN EL SECTOR ENERGETICO.

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución respecto de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de intereses en el sector energético, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos quince años, hemos escuchado una gran cantidad de casos de corrupción y manejos indebidos en el sector energético del país. Se ha vuelto común escuchar el nombre de casos como elPemexgate, Oceanografía, la conspiración de César Nava, los conflictos de interés de Georgina Kessel y Juan José Suárez Coppel, sólo por mencionar algunos. Todos ellos, señal clara de que el sector energético se ha vuelto la mina de oro y trampolín de muchos políticos para convertirse en grandes empresarios del sector, en detrimento de la función pública. En ese sector se ha renunciado a ver por el bienestar social y se ha optado por la generación de riqueza, de utilidades privadas.

En términos concretos el combate a la corrupción en el sector ha estado fuera de las propuestas de reforma constitucional y legislación secundaria y se ha dejado su tratamiento a un asunto de  buenas intenciones de las empresas energéticas, así como de los reguladores y empresas productivas del Estado. Esto, es un claro llamado de atención para un sector que en tantos países han sido acusadas por casos de corrupción e incluso ataques graves contra la soberanía nacional. En México, lo anterior causa una mayor alarma, por la historia que existe en cuanto a conflictos de interés, corrupción, falta de transparencia e impunidad en la vida pública.

Especial mención, en este momento merece el informe de la auditoría realizada por el despacho Castillo Miranda y Compañía a los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos y Organismos Financieros, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2013 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo, correspondientes al año 2013.Este informe refiere en el numeral 21, relativo a las partes relacionadas, que:

De conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores  Públicos, todos los trabajadores de PEMEX están obligados a excusarse de intervenir, por motivo  de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los  que se tenga un interés personal, familiar, o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda  resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el  cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,  laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas  antes referidas formen o hayan formado parte.

El término de partes relacionadas incluye a personas físicas y morales que no pertenecen al  grupo PEMEX, pero que, como consecuencia de su relación con PEMEX, pueden tomar ventaja de  estar en una situación privilegiada. Del mismo modo, esto se aplica a los casos en los que

PEMEX pudiera tomar ventaja de alguna relación privilegiada y obtener beneficios en su posición  financiera o resultados de operación.

Las principales transacciones con la alta dirección que PEMEX ha identificado son las siguientes:

El Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos participa con anterioridad a su nombramiento de fecha 1º de diciembre de 2012 en el capital social de las siguientes sociedades, mismas que tienen celebrados contratos de franquicias con PR para la compraventa de gasolina y otros productos, así como para la prestación de otros servicios relacionados.

60% de las acciones de Servicio Cozumel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 1º de febrero de 1994.

En esta sociedad también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con un porcentaje del 20% cada uno.

40% de las acciones de Planta de Combustible Cozumel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 1º de febrero de 1994.

En dicha empresa también participa el C. Fausto Nassim Joaquín Ibarra, padre del Secretario de Energía, con un porcentaje del 60%.

40% de las acciones de Gasolinera y Servicios Juárez, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 14 de diciembre de 1995.

En esta sociedad también participan los CC. Fausto Nassim Joaquín Ibarra e Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, padre y sobrino del Secretario de Energía, respectivamente, con porcentajes del 40% y 20%, en su orden.

20% de las acciones de Combustibles Caleta, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 19 de noviembre de 2001.

En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con porcentajes del 20% cada uno.

 Asimismo, participan los CC. Fausto Nassim Joaquín Ibarra e Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, padre y sobrino del Lic. Pedro Joaquín Coldwell, respectivamente, con porcentajes del 20% cada uno.

 25% de las acciones de Combustibles San Miguel, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 12 de mayo de 2008.

 En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Secretario de Energía, con porcentajes del 25% cada uno.

 De igual forma, participa el C. Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, sobrino del Lic. Pedro Joaquín Coldwell, con un porcentaje del 25%.

 25% de las acciones de Combustibles Tatich, S. A. de C. V., una sociedad localizada en Cozumel, Estado de Quintana Roo, que se constituyó el 27 de diciembre de 2009.

 En esta empresa también participan los CC. Pedro Oscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del Pedro Joaquín Coldwell, con porcentajes del 25% cada uno.

 De igual forma, participa el C. Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, sobrino del declarante, con un porcentaje del 25%. 1

 Las franquicias citadas están documentadas en un contrato que contienen los mismos términos y condiciones generales que PR otorga a todos sus franquiciatarios.

Estos negocios del Titular de la Secretaría de Energía en el sector provocan unclaro conflicto de intereses, así como sospechas graves en cuanto a la objetividad de las autoridades y actores del sector energético para actuar en beneficio de la sociedad mexicana. La existencia de estos negocios que no sólo significan Franquicias de gasolineras, sino también la celebración de actos jurídicos con Pemex Refinación obligan a que exista una explicación sobre el posible uso de información privilegiada en beneficio propio y de sus familiares de dicho servidor público.

En respuesta a la denuncia que la suscrita hizo de estos hechos en los medios de comunicación, la Secretaría señaló:

La participación accionaria del secretario Joaquín Coldwell de ninguna manera constituye conflicto de interés ni viola ordenamiento legal alguno, en virtud de que, se trata de derechos accionarios adquiridos durante los años 1994, 1995, 2001, 2008 y 2009 con anticipación a su nombramiento como titular del Ramo de Energía.

Las franquicias citadas están documentadas en contratos que contienen los mismos términos y condiciones generales que Pemex Refinación otorga a todos sus franquicia arios.

Deseo hacer notar que la familia Joaquín Coldwell ha participado legalmente desde 1960 en la venta de primera mano de gasolina en la Isla de Cozumel. Este es un hecho público en la región.2

Por si fuera poco, los negocios de la familia Coldwell están estrechamente vinculados con los cambios que se proponen en la reforma energética y puede pensarse que se está legislando en favor de los intereses comerciales de la familia del titular de la Secretaría de Energía toda vez que la iniciativa de Ley de Hidrocarburos contempla la liberalización del mercado de las gasolinas paulatinamente hasta 2020, con lo que al contar con el monopolio de las gasolineras en Cozumel que seguramente se mantendría al acceder sin límites a las licencias para distribuir gasolinas de marcas distintas a Pemex, podría manipular los precios y el abasto de gasolina en la isla en detrimento de la sociedad cozumeleña.

Por otra parte, encontramos el aspecto regulatorio de la misma reforma, ya que el artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética señala en su inciso a) las nuevas atribuciones con que contará la Secretaría de Energía en el nuevo escenario energético, a saber:

a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará su cumplimiento.

Asimismo, la iniciativa de Leyde los Organos Coordinados en Materia Energética contempla la creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético como mecanismo de coordinación entre los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Secretaría de Energía y demás dependencias del Ejecutivo Federal (artículo 20). Este Consejo, será es presidido por el Titular de la Secretaría de Energía, es decir, por Pedro Joaquín Coldwell, quien obviamente podría afectar los programas de trabajo anual de dichos órganos y su ejecución o incidir en el análisis de los casos concretos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas en la materia (artículo 21 iniciativa de Ley de los Organos Coordinados en Materia Energética), resolviendo en favor de sus propias empresas la supervisión de los órganos reguladores coordinados.

Cabe advertir que en el discurso de presentación de las iniciativas de leyes secundarias en materia energética, el mismo Coldwell señaló que, los comisionados de los órganos reguladores coordinados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés, e incluso podrían ser removidos por esta causal.3 Es extraño que esto sólo opere para el regulador pero no para el encargado de definir la política pública sobre la que habrán de trabajar dichos organismos.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contempla en el artículo 8, fracciones XI y XX que todo servidor público debe:

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos

XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

Con fundamento en lo anterior, el Titular de la Secretaría debe excusarse de la elaboración, negociación e interlocución con el Poder Legislativo de las reformas en materia energética, así como de la participación en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que preside. De lo contrario, podría estar incurriendo en casos de responsabilidad administrativa, actuando en beneficio personal, pero además significando un riesgo latente para el buen desempeño del sector energético en beneficio de las y los mexicanos. No es posible que, ante un cambio de tal naturaleza que afectará uno de los pilares del Estado mexicano, no se continúe el camino de la consolidación de la transparencia y objetividad de las decisiones, sino que se inicie desde la opacidad y la falta de claridad en las y los servidores públicos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Ejecutivo Federal a que, de manera inmediata, separe de sus cargo al actual Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell , así como a las y los servidores públicos de los órganos antes señalados que puedan encontrarse relacionados con operaciones similares a las de sus atribuciones, o en su defecto informe las razones por las que se puede evitar el surgimiento de conflictos de intereses en sus labores.

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión requiere a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus atribuciones realice una auditoría amplia y detallada por los posibles casos de conflicto de interés entre las y los funcionarios de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, como es el caso del presentado respecto al titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión requiere a la Secretaría de la Función Pública a informar si el Titular de la Secretaría de Energía Federal informó debidamente de los negocios que tiene él y su familia en el sector de hidrocarburos, y si el mismo se ha excusado de conocer los asuntos en que se han discutido temas relacionados con el objeto de dichas empresas.

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos un informe detallado respecto de los franquiciatarios de gasolineras en el territorio nacional, precisando su localización.

Dado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 25 de mayo de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Petróleos Mexicanos, “Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y Compañías Subdsidiarias Estados Financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 e informe de los auditores independientes” http://www.ri.pemex.com/files/content/Pemex_Estados_Financieros_Dictaminados_2013.pdf, consultado el 20 de mayo de 2013

2 “Niegan conflicto de interés de Coldwell en sector energético” en El Economista, 20 de mayo de 2014, http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/05/20/niegan-conflicto-interes-coldwell-sector-energetico, consultado el 25 de mayo de 2014

3 Palabras del C. Secretario Energía, Pedro Joaquín Coldwell en la presentación del paquete de reforma energética secundaria. Disponible en : http://sener.gob.mx/webSener/portal/Default.aspx?id=2845 consultado el 20 de Mayo de 2014.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Padierna Luna. Túrnese a la Tercera Comisión.

Esta Presidencia ha recibido una propuesta de los diversos grupos parlamentarios para incluir un nuevo asunto en el espacio de la agenda política, referente a la situación económica nacional, propuesto por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por tal motivo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si acepta incluir este nuevo asunto, conforme al resolutivo Décimo Primero de nuestro Acuerdo para el desarrollo de las sesiones.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la inclusión de este nuevo asunto dentro de la agenda política. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se acepta su inclusión.






En consecuencia, se le concede el uso de la tribuna a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para someter a deliberación el tema que hemos hecho mención.

INTERVENCIONES

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

El Secretario de Hacienda no fue capaz de dar la cara a los mexicanos el día que el gobierno tuvo que admitir públicamente la reducción de las expectativas del crecimiento de la economía para este año, del 3.9 por ciento  al 2.7 por ciento. Y hoy, bajo el amparo de los colegas legisladores del PRI, elude venir a dar la cara al Congreso, que no se le toque ni con el pétalo de una rosa.

¿Por cuánto tiempo cree, el responsable de la conducción de la economía de nuestro país, que podrá seguir evadiendo rendir cuentas al pueblo de México? ¿Cuál es el problema de venir a comparecer, hablar con los legisladores sobre el tema más sensible para los ciudadanos?

Señor Secretario, desde aquí le decimos que no tenga miedo, no nos interesa dañar la imagen del Ministro de Finanzas del Año. El PAN quiere ayudar, el PAN quiere que a México le vaya bien, el PAN quiere que haya empleos bien pagados para todos los mexicanos. El actual gobierno federal recibió la economía mexicana con mejores niveles de crecimiento.

En los tres últimos años de gobierno del Presidente Calderón, México alcanzó un promedio del 4 por ciento de crecimiento del PIB. Al asumir la Presidencia de la República, en 2012, el gobierno de la República emprendió una campaña para posicionar el momento que vivía nuestro país como un punto de quiebre que nos situaría entre los países de mayor crecimiento y prosperidad. Se hablaba en esos días, aquí y en el extranjero, con gran entusiasmo del momento mexicano, pero de esa algarabía hoy ya no nos queda más que el recuerdo.

El gobierno de la República, y en particular la Secretaría de Hacienda, ha cometido una serie de desaciertos que han provocado una fuerte desaceleración económica, situándonos prácticamente en un escenario de recesión. El sexenio comenzó con el error de un anuncio precipitado para modificar la política de vivienda de un día para otro, y el resultado fue la crisis y quiebra de varias empresas constructoras, minando así el sector que tradicionalmente más empleos genera para el país.

Sumado a ello, el gobierno tuvo un subejercicio inexplicable del gasto gubernamental que generó también un freno drástico en la economía. Por ello, el pronóstico de crecimiento para 2013 de 3.5 por ciento que había garantizado el Secretario Videgaray, terminó en un raquítico 1.1%.

No contento con esos desaciertos, el Secretario Videgaray y el titular del Ejecutivo, junto con el PRI y parte del PRD en el Congreso, aprobaron una reforma fiscal que castigó a la clase media y al sector empresarial, principalmente a los pequeños y medianos empresarios que son los que generan más fuentes de empleo.

Y, vaya, ni hablar ya de los cientos de negocios que han cerrado en la frontera por el incremento del IVA.

Pero legisladores de Acción Nacional advertimos de forma reiterada que ese no era el camino, que se generaría inflación, pérdida de empleos y se desaceleraría la economía; sin embargo, quisieron vender los espejos de la financiación de varios programas sociales que nada resuelven de fondo los problemas de millones de familias mexicanas, en vez de afrontar con responsabilidad y eficacia la conducción de la economía.

Los legisladores del PAN insistimos, en su momento, que esa reforma fiscal golpearía el espíritu emprendedor y sería un obstáculo para la competitividad. Y hoy, nuestra economía vuelve a estar rezagada frente a otros países del mundo y de nuestra región, porque no es verdad, como lo ha dicho en días recientes el Secretario Videgaray, que 2.7 por ciento de crecimiento es más que lo proyectado en países como Bolivia, que crecerá 5.1 por ciento de acuerdo con la proyecciones del Fondo Monetario Internacional; como Chile, que crecerá 3.6 por ciento;  como Colombia, que crecerá 4.5 por ciento; Guatemala, 3.5 por ciento; Honduras, 3 por ciento; Nicaragua, 4 por ciento.

Y mejor ya ni le sigo, hay que voltear a ver qué es lo que están haciendo bien esos países.

La reforma fiscal fallida ha dejado como resultado que los ciudadanos y las empresas dejen de invertir, que las personas físicas con actividad empresarial y profesionistas dejen de utilizar sus tarjetas de crédito y que la ciudadanía deje de obtener productos de la canasta básica a un precio justo.

Es claro, entonces, que esta administración está haciendo mal su tarea de conducción económica.

Y hay que decirlo claramente, el sello de los gobiernos del PRI han sido las crisis económicas recurrentes. Y ahí está la historia, volteemos a ver los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, de De la Madrid, de Salinas y Zedillo, pero hoy, compañeros, el gobierno tiene la oportunidad de modificar su propia historia.

Quiero terminar diciendo que no es sólo contradictorio, sino penoso, que en un estado democrático el gobierno se niegue a dialogar con el Congreso, y no porque eludan la votación de los puntos de Acuerdo para que el Secretario de Hacienda comparezca, sigue siendo urgente que venga a explicarnos a nosotros, y a todos los mexicanos, por qué se equivocaron otra vez, pero sobre todo, queremos que venga a explicar qué medidas urgentes va a tomar para que la economía mexicana retome su ritmo de crecimiento.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: En efecto, el viernes pasado la Secretaría de Hacienda dio a conocer la reducción de la tasa de crecimiento de la economía; con las propias cifras que informa la Secretaría de Hacienda, los documentos oficiales, la economía nacional continúa el comportamiento mediocre que ha tenido desde hace 30 años en que se impuso el modelo neoliberal.

En los 5 trimestres que lleva la administración de Enrique Peña Nieto, el Producto Interno Bruto ha sido sólo de 1.2 por ciento promedio anual; y en términos per cápita, de 0.1 por ciento, es decir, prácticamente cero.

Con base en el mal comportamiento de la economía, este primer trimestre del año, la secretaría revisó a la baja su expectativa de crecimiento, de 3.9 por ciento que estableció en los criterios de política económica, a 2.7 por ciento.

El subsecretario Aportela argumentó varias cosas, la economía de Estados Unidos, el clima, etcétera, pero en realidad, en efecto, hay varias consideraciones.

En primer lugar, que la reforma fiscal sí ha tenido repercusiones que paralizan la actividad económica, porque tiene un impacto negativo en empresas, en la sociedad y que debemos revisarla y quitarle todas las aristas regresivas que ésta tiene.

Pero la verdadera causa de la disminución de la economía obedece al modelo monoexportador hacia un solo país que tenemos, que ese es el modelo económico que nos han impuesto desde siempre.

Recientemente Estados Unidos, por las circunstancias que ahorita no voy a comentar, redujo su compra de petróleo a México, y no ha querido México ver hacia otros países y mucho menos ha querido destinar cantidades importantes para la transformación de los hidrocarburos en nuestro propio país y atender nuestro mercado nacional.

En el caso del sector primario, se explica un crecimiento por fenómenos estacionales y a que, por obvio de tiempo no voy a decir muchas, pero voy a decir, que se tiene que hacer con urgencia el impulso y la reactivación del mercado interno; una política industrial que agregue valor a nuestras exportaciones, una dinámica económica que genere empleos de calidad y de cantidad suficiente fortaleciendo nuestra planta productiva nacional, reactivando el campo, entre muchas otras actividades; si no se reactiva el mercado interno, el país está condenado a crecimientos mediocres o al estancamiento económico.
´
Decía el Secretario de Hacienda, antier, que es porque no se le han aprobado sus reformas estructurales, ya se le aprobaron la mayoría, ya sólo quedan dos, pero aún aprobándoselas, él dice que veremos los impactos hasta dentro de 30 años. Eso mismo dijo Carlos Salinas hace 30 años, que al privatizar las 1,200 empresas estatales que se privatizaron, los teléfonos, los fertilizantes, las carreteras, los bancos, etcétera, etcétera; que privatizando, en 30 años se vería el crecimiento económico. Ya pasaron los 30 años y estamos peor que cuando Carlos Salinas recibió la economía.

Y ahora nos piden otros 30 años más. Una circunstancia, o argumentos de este tipo, no pueden ser serios, y hacemos un llamado al Secretario de Hacienda para que mejor en sus propias cifras que él nos da encuentre la razón de por qué no crece nuestra economía; los indicadores financieros y monetarios que él nos informa, es que el peso se depreció 5.2 por ciento durante los primeros cuatro meses del año debido a la salida de capitales especulativos del país.

Que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores cayó 9.2  por ciento en estos primeros cuatro meses del año.

En los ingresos públicos, a pesar de que aumentaron por la reforma hacendaria, no fue por la recuperación económica, sino fue justamente por una mayor recaudación de impuestos que subieron de 3.8 a 10.7 por ciento. Ese es el impacto que está pagando la sociedad.

El gasto programable aumentó 15.2 por ciento; el gasto corriente, y vean aquí una cifra muy importante, sólo aumentó 9 por ciento, no debió haber aumentado nada; y el gasto de capital, por primera vez nos da una cifra alentadora, aumentó a 40.2 por ciento, y se destaca la inversión física que aumentó 46.5 por ciento; sin embargo, este gasto en inversión fue producto financiado con deuda pública, los requerimientos financieros del sector público crecieron o se ubicaron en marzo en 96 mil 552 millones de pesos. Esto significa que la deuda del sector público a marzo de 2014, aumentó de 5.2 billones de pesos a casi 7 billones de pesos, es decir, la deuda pública creció a 36.5 por ciento en marzo de 2014.

Son muchos los datos, pero la economía va muy mal.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 - El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Padierna.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.

Primeramente, reconocer el acuerdo de los diferentes grupos políticos, para que en la sesión de la Permanente abramos un espacio, que ahora será muy breve en el tiempo, de debate político.

Nosotros tenemos una responsabilidad de confrontar nuestras ideas y me parece que todos ganamos cuando confrontamos las ideas.

Creo que es un tema real el que se debate el día de hoy, el tema de desempeño de la economía.

Ha sido suficientemente clara mi compañera que ha presentado este tema, la Senadora Laura Rojas, y no quisiera abundar mucho sobre ello.

Solamente hacer tres o cuatro puntualizaciones que me parecen muy de destacar.

Primero, este país en el transcurso de los años, nos hemos dado algunas instituciones a las cuales les otorgamos autonomía, y que es indispensable respetar esa autonomía, una de ellas es el Banco de México, otra es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El INEGI tiene la facultad, la atribución, la obligación de llevar las estadísticas y las mediciones de desempeño prácticamente de todos los ámbitos de la vida económica y geográfica del país. Hace algunos años, por ejemplo, la inflación, el Indice Nacional de Precios al Consumidor le correspondía al Banco de México llevarlo, hoy le corresponde al INEGI.

Se trata de tener un órgano autónomo que sea el que mide el desempeño de la inflación, por ejemplo, y poder tener números ciertos de los cuales confiarnos.

Es verdaderamente lamentable de resaltar que incluso el propio Presidente de la República haya denostado la información que dio el INEGI como una información catastrófica, es simplemente una información objetiva, y me parece que en este país tenemos que respetar esa autonomía, lo mismo que la del Banco del México.

Segundo, el hecho de que se necesiten hacer ajustes al crecimiento del Producto Interno Bruto no es solamente para etiquetar pesimismo o proyectar optimismo, si fuera a la baja o a la alza, es porque de ahí se derivan consecuencias.

Por ejemplo, el ajuste que la Secretaría de Hacienda ha hecho al pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, implica que la estimación de ingresos e impuestos va a bajar en 18 mil millones de pesos, y eso deriva en una conclusión, se va a pedir 18 mil millones de pesos más de deuda; en un año, el Congreso autorizó, con el voto en contra de nosotros, un endeudamiento neto del 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, 700 mil millones, que es la deuda más alta contratada desde el año de 1989, hace 25 años no se contrataba una deuda de ese tamaño y ahora baja la expectativa de generar ingresos; y el gobierno tiene la disyuntiva de qué hacer: venir al Congreso a solicitar más deuda o reducir los gastos. Me parece que la respuesta debería de ser obvia. No se trata simplemente de cambiar las estadísticas, se trata de que ahí derivan consecuencias y es malo, nadie quisiera en este país que la economía baje, que el pronóstico de la economía baje, no es que queramos, se que tiene consecuencias y lo que queremos es dialogar para también atender las causas que han generado esta baja.

Fundamentalmente, algunas ya no tienen remedio, como señaló la Senadora Rojas, la política de vivienda se destruyó e hizo que el año pasado bajara 8 por ciento la industria de la construcción en buena parte es la razón por la cual bajó la economía del año pasado; en lo que va del año, la industria de la construcción ha decrecido, sobre lo que ya había bajado el año pasado, ha decrecido 2 por ciento adicional, bueno, eso ya pasó.

Pero lo que no ha pasado es el efecto de la reforma fiscal, y sí vale la pena, con humildad, venir y sentarse a dialogar, si quieren en privado, porque sí hay medidas que han desalentado de manera importante la economía.

Por ejemplo, cuántas empresas, incluso algunas que no son propiamente utilitarias o buscan beneficio, como escuelas, que ahora les subimos el costo en la nómina al no hacer deducible en la totalidad las prestaciones, están cerrando, son entes económicos que no tienen necesariamente fines de lucro, pero que están cerrando porque se vuelven incosteables porque no atendían a un sector de la economía de estudiantes que pudieran pagar un incremento en la colegiatura.

Pasó eso, y afortunadamente se ha corregido, por la vía administrativa, en la industria maquiladora de exportación, en la industria manufacturera de exportación.

¿Qué efectos ha tenido el eliminar la deducción inmediata de inversiones? Pues que ha caído en la formación de inversión bruta en el país. Esto no ocurría hace muchísimos años, y eso tiene un efecto en el futuro de la economía, vale la pena evaluarlo, nos podemos equivocar en normas fiscales y no importa nada si las corregimos y a este país le va mejor y a los mexicanos les va mejor.

Hay muchas normas fiscales que se establecieron, hace rato hablábamos de la eliminación de los Repecos que han generado un enorme desánimo en una cantidad importante de ciudadanos del país, cuando menos la quinta parte tiene que ver con la economía de los Repecos que ahora son el régimen de incorporación fiscal y que están en verdadera angustia.

Vale la pena revisarlo y corregir lo que se tenga.

El llamado del PAN es a que revisemos lo que pueda ser revisado, porque todos queremos que a la economía de México le vaya bien, le vaya mejor, que este gobierno sea el más exitoso en ello y para ello tenemos que hacer correcciones.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senador Héctor Larios Córdova.

A continuación, tiene el uso de la tribuna el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Amigas y amigos legisladores.

Sin ningún ánimo de caer en provocaciones y en descalificaciones personales que, con todo respeto lo digo, creo que no ha lugar a partir de la información y la disposición que en todas las materias, no sólo en la materia económica, este gobierno siempre ha tenido disposición, venimos a esta tribuna en representación de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional con la misma preocupación del descenso de la tasa de crecimiento.

Pero creo que nadie en este país, como lo dijo el Senador Larios, puede venir a señalar aquí, y también lo señaló la Senadora Dolores Padierna, que nuestro país no esté alcanzando la tasa de crecimiento mínima aceptable que necesita nuestra economía.

De hecho, en los últimos 14 años, sólo por señalar un caso, el promedio de crecimiento anual es por debajo de la expectativa de crecimiento ya corregida por este gobierno.

En los últimos 14 años, México no ha promediado arriba del 2.3 por ciento, de hecho tampoco podría yo celebrar que este año vaya a ser de más del 2.3 por ciento de ese promedio de 14 años.

Información trimestral, puntual de la Secretaría de Hacienda.

Nadie, Senador Larios, ha denostado al INEGI. El INEGI, por producto de esta Soberanía, tiene autonomía, una autonomía que llegó tarde a México y que es un referente importante en el nivel de los indicadores como instrumento de medición no sólo para los políticos o los que hacen la política pública, sino para el sector privado en general, para el desarrollo de una sana economía de México.

Inmediatamente después del reporte de INEGI, de las expectativas del Banco de México, como siempre se hace, la Secretaría de Hacienda, a través de todos los titulares de las áreas responsables de mediciones de crecimiento, salieron a decir: “Tenemos que corregir la tasa de crecimiento”.

No hay ninguna pretensión, ninguna intención de ocultar la información.

Crecer al 2.7 por ciento es totalmente insuficiente, como ha sido insuficiente en los últimos 14 años crecer en promedio 2.3 por ciento.

Y aquí se dice, ¿qué medidas urgentes se estarán tomando?

Yo creo que las medidas más urgentes que se están tomando en este país, son las que hemos tomado en esta Soberanía: las de cambiar de fondo temas estructurales porque el país no puede continuar así.

Decía Albert Einstein: “Si se hacen las mismas cosas de la misma manera, el resultado va a ser el mismo”.

Y yo celebro que este Congreso se ha atrevido a hacer cambios estructurales de fondo, a reformas que todavía tienen un tramo de discusión fundamental para poder implementar cambiar un modelo.

Yo quisiera también, Senadora, tener varitas mágicas, no para compararme con Colombia, no para compararme con Bolivia, que son economías incomparables con la mexicana, y lamentablemente tenemos que compararnos con economías como Estados Unidos y la zona Euro, que van a crecer menos que nosotros, y ese es un problema que tenemos que enfrentar con seriedad y con responsabilidad.

Nadie está contento con la tasa de crecimiento y por eso debemos de acelerar el paso.

Por eso las reformas estructurales no pueden esperar, porque sin la legislación secundaria del cambio constitucional, que nos hemos dado en democracia, no es posible alcanzar los objetivos, afirmar lo contrario sería una demagogia; y me refiero al sector de las telecomunicaciones, al sector de la reforma energética, en donde hay objetivos claros a realizar, pero que si se quedan frenados en la expresión constitucional no va a haber la instrumentación necesaria para poder alcanzar esos objetivos.

Se afirma que estamos en recesión. Yo quisiera recordar, sin aludir a fuentes gubernamentales, que fueron las altas organizaciones nacionales del sector empresarial que salieron de manera contundente a rechazar que México está en una recesión.

Se ha acelerado, como nunca, el ejercicio del gasto en el primer trimestre.

Se ha acelerado, precisamente, para que de una política contracíclica evitemos el entorno desfavorable, en lo que seguimos tratando de arreglar el cambio estructural que México necesita.

Hoy hay indicadores que nos deben de dar aliento para entender que vamos por buen camino, y que llegando la instrumentación de la legislación secundaria de los cambios estructurales económicos que hemos promovido, sin duda alguna podamos alcanzar tasas de crecimiento muy superiores a las de la última década o a las de los últimos 14 años, que es menor a la esperada en este año.

El sector de la producción industrial marca una tendencia favorable.

El sector automotriz ha recuperado su vigor a partir de la realidad de los inventarios del mercado internacional.

Estamos en una recuperación de las exportaciones, además de haber tenido un trimestre como pocos vistos antes en generación de empleo.

El crédito al consumo con la reforma financiera que se aplicó desde este Congreso, sin duda tiene que ser rebasado por el crédito del sector empresarial y no sólo el del consumo en sí mismo, porque sería estar hablando de una trampa económica.

Estamos trabajando desde el Congreso y desde el Poder Legislativo.

Trabajemos más allá de la descalificación, que frenó en otro tiempo los acuerdos.

Si hemos superado la mezquindad en temas tan profundos que divide la opinión de los mexicanos, no frenemos el ritmo para poderle dar cuenta a nuestros hijos y poder transformar lo que está mal, no de hoy, de hace mucho tiempo.

Con provocaciones y con descalificaciones no lo vamos a lograr. Logrémoslo con lo que nos ha distinguido a nosotros como Parlamento en la división de las ideas y en la diversidad de opiniones, porque se vale estar en desacuerdo, pero lo que no se vale es que, por cálculo político, frenemos la marcha del país.

Reconocemos la insuficiencia del crecimiento.

No tenemos pena de venir aquí a decirlo, pero estamos trabajando para cambiar una realidad de muchos años, que México exige con responsabilidad del futuro de nuestros hijos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Dígame, Senadora, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Para alusiones personales.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Adelante, Senadora Padierna, tiene 3 minutos.

Sí, Senadora Rojas Hernández, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: (Desde su escaño) Para alusiones personales también, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Con todo gusto, queda registrada su solicitud.

Adelante, Senadora Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Nosotros no estamos gobernando, nos quieren responsabilizar a nosotros de la marcha de la economía.

Lo más grave es que en esta nueva cifra a la baja que da el gobierno federal, de la nueva expectativa de crecimiento, tampoco se va a alcanzar.

Es evidente, porque dice la Secretaría de Hacienda, apuesta todo a que la economía de Estados Unidos crezca, en lugar de apostarle a que la nuestra crezca, está esperando a que Estados Unidos crezca para que así aumenten nuestras exportaciones y esa visión es la que ha hecho mucho daño.

Pero, sin embargo, para alcanzar la tasa de crecimiento nueva, esta meta pírrica de 2.7 por ciento, se requeriría que el crecimiento de las exportaciones fuera de 7 por ciento y que en los 3 trimestres siguientes del año la economía creciera, cada trimestre, 3 por ciento, para alcanzar que las exportaciones suban 7 por ciento.

¿Realmente ustedes creen que, y ya estamos en el segundo trimestre, ya nada más nos queda un mes, en este trimestre vamos a crecer 3 por ciento? Evidentemente que no.

¿En los 2 trimestres que seguirían vamos a crecer 3 por ciento para que las exportaciones aumenten 7 por ciento?

¡No! Evidentemente no.

Pero, déjenme dar el propio dato que da el Secretario de Hacienda en el informe trimestral.

El dice que las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron, en este trimestre, 5.2 por ciento.

En concreto, las exportaciones hacia Estados Unidos, que representan el 80 por ciento del total, crecieron 7.8 por ciento, pero las exportaciones hacia otros países cayeron 4.3 por ciento, por eso no alcanzamos la meta de ni siquiera 7 por ciento.

Pero aunque crecieran las exportaciones a ese nivel, la economía no crece.

Entre 2008 y 2010, las exportaciones crecieron 6.7 por ciento, casi 7 por ciento, pero la economía sólo creció 1.7 por ciento.

Es decir, que con el esquema que ustedes ven, en la esperanza de que Estados Unidos nos resuelva los problemas, están en un grave error.

Lo que se tiene que hacer es potenciar nuestro mercado interno y ver al mercado exterior como complemento del potencial productivo de nuestro país, no el del otro país para que jale al nuestro.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas.

- La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente.

Bueno, se ha dicho aquí, en esta tribuna, que las provocaciones y las descalificaciones no ayudan a la construcción de acuerdos.

Solamente decir que yo no puedo compartir que el señalar los desaciertos del gobierno pueda ser considerado como una provocación o como una descalificación.

Hay que recordar que una de las funciones principales del Congreso es la fiscalización del gobierno, es ser contrapeso del gobierno, para eso estamos aquí, para eso nos pagan a todos, incluyendo a los legisladores del PRI.

Y quiero, también, reiterar que de ninguna manera lo que he dicho el día de hoy es una descalificación personal en contra de ningún funcionario.

Lo que estamos haciendo es señalar desde nuestro punto de vista, los errores del gobierno que afectan a millones de familias en este país.

Y reiterar que el PAN ha demostrado en los hechos, como siempre, la disposición a construir acuerdos, a trabajar de la mano con el gobierno para seguir haciendo de este país un mejor país.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Laura Angélica Rojas.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Cantú Garza.

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, señor Presidente.

Es muy frecuente que en los criterios generales de política económica, que nos presenta la Secretaría de Hacienda cada año al Congreso de la Unión, posteriormente tenga que modificarse el criterio del crecimiento del Producto Interno Bruto, y yo creo que el promedio que sacó el Diputado del PRI, de hace 12 años, 14 años, hay que sacarlo desde más atrás, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, desde la implementación del modelo eoliberal en México, que no hemos crecido como crecíamos antes.

Antes del modelo neoliberal crecíamos al 6, al 7, al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, y a partir de la implementación del modelo neoliberal, que son las políticas del Consenso de Washington, lo que firmaba el gobierno mexicano en las cartas de instrucción del Fondo Monetario Internacional, lo que hemos tenido es un estancamiento económico, hemos crecido lo mismo que ha crecido la población, pero con una desigualdad cada vez mayor en la distribución de la riqueza, y esto es lo que nos tiene en este deterioro social que tanto ha afectado a la mayor parte de los mexicanos.

¿Y en qué consiste este modelo económico? Pues en lo que les señalaba la Senadora Dolores Padierna, en que queremos crecer en base a las importaciones, a las exportaciones, en detrimento de la economía interna; queremos competir con mano de obra barata y eso deteriora la economía interna, el consumo interno, que es lo que deberíamos de fortalecer porque eso nos daría mayor autonomía en nuestra economía, estaríamos menos dependientes de lo que sucede en el extranjero y nos permitiría tener una mayor calidad de vida de los mexicanos. El desarrollar una economía interna fuerte nos daría independencia, terminaría con la dependencia a la que nos ha llevado este modelo neoliberal y no aprendemos de las enseñanzas de los países latinoamericanos.

Argentina fue uno de los países que siguió las indicaciones al pie de la letra con el gobierno de Menem, hizo todas las reformas estructurales que le pedían el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consenso del Washington, ¿y qué pasó?, entró en una crisis muy profunda, que la única manera que pudo salir de ella es haciendo a un lado al Fondo Monetario Internacional, haciendo a un lado las exigencias que responden a los intereses de las empresas transnacionales, a las grandes corporaciones transnacionales y que desafortunadamente ese es el camino que estamos siguiendo en México, respondiendo a los intereses de las transnacionales que quieren venir a seguir explotando nuestra riqueza minera, nuestra riqueza petrolera, energética, y que va a suceder lo que con los bancos, una vez extranjerizados, las utilidades se van al extranjero, no se quedan en México.

Así está sucediendo con las empresas mineras transnacionales y es lo que va a suceder con las empresas que van a explotar nuestro petróleo y nuestro sector energético.

Entonces, es muy importante que realmente veamos cuáles son los verdaderos intereses de México, que rectifiquemos el rumbo y que cambiemos nuestras políticas económicas porque de otra manera vamos a seguir profundizando el mismo modelo que en los últimos 30 años no nos ha traído desarrollo, no nos ha traído empleos, no nos ha traído un beneficio para nuestro pueblo.

Creo que tenemos que ver con claridad esto, aprender de las experiencias de otros países latinoamericanos que afortunadamente ya han rectificado el rumbo; Argentina rectificó el rumbo, Uruguay rectificó el rumbo, Brasil está rectificando el rumbo, Bolivia rectificó el rumbo, Ecuador rectificó el rumbo, El Salvador, Nicaragua, ya la mayor parte de los países latinoamericanos han rectificado el rumbo, ya no siguen las instrucciones del Consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, y están teniendo mejores resultados en el combate a la pobreza, en mejorar las condiciones de vida de sus pueblos. Es tiempo de que rectifiquemos, es importante que el Secretario de Hacienda entre en un diálogo con el Congreso de la Unión, con la Permanente y que analicemos fríamente los números desde la implementación del modelo neoliberal para ver si efectivamente vamos por el camino correcto o tenemos que rectificar.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Cantú.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Víctor Manuel Manríquez, del grupo parlamentario del PRD, hasta por tres minutos para rectificación de hechos.

- El C. Diputado Víctor Manuel Manríquez González: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Finalmente Hacienda aceptó oficialmente que no se va a cumplir la meta pronosticada del 3.9 por ciento, corrigió que la expansión de la economía se reducirá a 2.7 por ciento para este año, de crecimiento, lo que significa que habrá una menor creación de empleos a los esperados.

El anuncio oficial lo hizo el Subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, sólo después de que el INEGI reportó una pírrica mejoría en el indicador de actividad económica del 1.8 por ciento de crecimiento el primer trimestre.

Un tema fundamental del estado que guarda la Administración Pública Federal, es el hacendario financiero, la hacienda pública es un instrumento de política pública con el cual se pueden enfrentar las carencias, la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación.

Al grupo parlamentario del PRD en esta Comisión Permanente nos preocupa el estado de la economía. El año pasado, en la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, se le cuestionó por qué el crecimiento pronosticado no cumplió con las expectativas planteadas, y la respuesta que obtuvimos del Secretario era porque había un año de transición, un cambio de poderes y que por eso existía una variación.

En el grupo parlamentario del PRD, esperamos que en esta próxima comparecencia ante esta Comisión Permanente, el Secretario de Hacienda ahora no tenga excusas y nos pueda dar una respuesta más clara y sensata con el