Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 26 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 22

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Abril de 2014

SUMARIO                                              


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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA GARANTIZAR LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y de los CC. Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los CC. Senadores Arely Gómez González, Oscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David Penchyna Grub y Roberto Armando Albores Gleason)

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.










































 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:14 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanas y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 3 de abril correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y siete minutos del día martes primero de abril de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veintisiete de marzo de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Se rectificó el turno de los siguientes proyectos presentados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de marzo pasado: a) Por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; b) Por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) Por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas; y d) Por el que se expide la Ley General delSistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnaron a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, Reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

2) Se autorizó el retiro solicitado por la Sen. Barrera Tapia del punto de acuerdo que exhorta a considerar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático, presentado el 18 de abril de 2013.- Se comunicó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para sus efectos.

3) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 7 ampliaciones de plazo a los asuntos que solicitó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la presentación de los dictámenes respectivos.

4) Acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.- Los 60 proyectos de decreto y la relación se publicará en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, oficio con el que informa de las reuniones que sostuvo el 24 de febrero del año en curso con representantes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y el día 31 de marzo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, quienes expresaron sus puntos de vista respecto a las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, oficio por el que informa su incorporación al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a partir del 31 de marzo de 2014.- Quedó de enterado. Se comunicó al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones por movimientos de senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo.- Fue aprobado en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013.- Se remitió a la Comisión de Energía.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2014; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2014.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la siguiente documentación:

a)Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015;

b)Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2015: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c)Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

d)La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- La Mesa Directiva informó del turno directo a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, el lunes 31 de marzo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, una adecuación al encabezado del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de gratuidad de actas de nacimiento.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento, en conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz.- Intervinieron los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD, Blanca Alcalá Ruiz del PRI y Javier Lozano Alarcón del PAN.

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Turismo y del Código Nacional de Procedimientos Penales.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencia de maternidad.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia de licencia de maternidad.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Héctor Larios Córdova, a nombre de Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma de Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIII y XIV; y se adiciona la fracción XV, todas del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 79 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la Comisión de Pesca y Acuacultura entregó una fe de erratas correspondiente a los artículos transitorios del proyecto de decreto, la cual fue aprobada por 71 votos en pro, se incorporó al texto del proyecto de decreto.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el estado que guarda la Iniciativa Mérida.- Intervino la Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates.

 

Se sometieron a consideración del dictamen dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al congreso del estado de Guerrero en torno a la creación de un municipio en la comunidad de Santa Cruz del Rincón.

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Morelos a realizar las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cuernavaca.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Javier Corral Jurado, por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificación suscrita por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, la cual se incorporó al texto del dictamen para su discusión.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Armando Ríos Piter del PRD; y Héctor Larios Córdova del PAN.

En la discusión en lo general, hicieron uso de la palabra los senadores: David Monreal Avila del PT, en contra; María Del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para razonar su voto.

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con las reservas al proyecto: Ley Orgánica del Congreso General: Senador Benjamín Robles Montoya, artículos 23, 67, 130, 131 y 132; Senador Fidel Demédicis Hidalgo, artículo 130; Senador Isidro Pedraza Chávez y Senador David Monreal Avila, artículo 132; Senador Alejandro Encinas Rodríguez, artículos 134, 137 y 138. Ley General de Medios de Impugnación: Senador Benjamín Robles Montoya, artículo 43 ter. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: Senador Benjamín Robles Montoya, artículos 125 y 128. El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 99 votos en pro, 4 en contra y 1 abstención.

En la presentación de las reservas, hicieron uso de la palabra los senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, quien presentó sus reservas, las cuales no fueron aceptadas a discusión; Benjamín Robles Montoya, a nombre del Sen. Isidro Pedraza Chávez, para presentar la reserva al artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso, la cual no fue aceptada a discusión; David Monreal Avila, presentó su reserva al artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso, la cual no fue aceptada a discusión; Benjamín Robles Montoya, quien presentó sus reservas, las cuales no fueron aceptadas a discusión; el Presidente de la Mesa Directiva informó que el Sen. Fidel Demédicis retiró su reserva.

Los artículos 23, 67, 130, 131, 132, 134, 137 y 138 de la Ley Orgánica del Congreso General, el artículo 43 ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y los artículos 125 y 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron aprobados por 72 votos en pro, 17 en contra y 1 abstención. Se declaró aprobado el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día. Con dispensa de la primera y segunda lecturas, fue puesto a discusión.

En la presentación del dictamen intervinieron los senadores: Carlos Alberto Puente Salas, por la Comisión de Juventud y Deporte, y Raúl Gracia Guzmán, por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: Zoé Robledo Aburto del PRD, Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, Daniel Gabriel Avila Ruiz del PAN, y Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI. Fue aprobado en lo general y en lo particular por 80 votos en pro y 5 abstenciones. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a informar las acciones y estrategias que implementarán para detener o amortiguar la tendencia inflacionaria, propiciada por la miscelánea fiscal aprobada para el año 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 31 comisiones estatales de derechos humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a lleva a cabo una reunión nacional con presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales e invitados internacionales a elaborar informes estatales de derechos humanos homogéneos.-Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa ejecutiva con el propósito de impulsar la creación urgente de planteles suficientes para la cobertura total de la oferta a nivel bachillerato en el país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar visas de forma temporal con un propósito específico, para los familiares de residentes mexicanos en ese país.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con treinta y nueve minutos y citó a la siguiente el jueves tres de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron comunicaciones de la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su visita oficial de trabajo a la 33ª Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, que se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, los días 20 y 21 de marzo del año en curso.

Y al Encuentro Parlamentario en ocasión de la 58ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América, del 10 al 12 de marzo de 2014.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra Castillo, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Agradecer la mención por parte de la Secretaria de la Mesa Directiva, pero también profundizar y decir, que no está inmerso o integrado un acuerdo que se tuvo, finalmente, autorizado ya por la Mesa Directiva, donde la reunión de ParlAmericas tendrá como sede la próxima en México.

Y agradecer el apoyo de la Mesa Directiva para tal efecto, ya que el mes entrante vamos a tener el encuentro de ParlAmericas aquí en el Distrito Federal, y un acto muy importante.

Eso nada más quería complementar.

Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Enhorabuena, Senadora Guerra Castillo. Esta Asamblea se da por enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el informe sobre el inicio de negociaciones formales para un Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase la documentación a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, su reporte anual de cumplimiento de actividades y metas programadas, correspondiente a 2013.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase dicha documentación a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Nada más, a ver si usted es tan amable, de darles la bienvenida a este Senado a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son más de 100 alumnos de la República, que hoy nos acompañan.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: A nombre de la Mesa Directiva, les damos la más cordial bienvenida a este grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, invitados por el Senador Jesús Casillas y la Senadora Verónica Martínez.

(Aplausos)

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.





 

PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora Presidenta.

Quiero, a nombre del grupo parlamentario del PRI, manifestarnos en relación a la celebración del 2 de abril, que a nivel mundial se ha designado como el Día de Concienciación sobre el Autismo.

Y en ese sentido, y de acuerdo con diversas investigaciones, el Trastorno del Espectro Autista, TEA, también conocido como autismo, es un trastorno neurológico muy complejo que afecta la capacidad para relacionarse y comunicarse con las personas.

Dentro de las particularidades del TEA, nos encontramos con que al día de hoy no se conoce su origen. Afecta la forma en que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y las relaciones sociales, dificulta la comprensión, el uso de lenguaje, las relaciones sociales, la imaginación y el juego.

Su incidencia es cuatro veces mayor en los hombres, pero también tenemos que mientras más temprano sea el diagnóstico y sus tratamientos adecuados, al desarrollo cognitivo, de comunicación y socialización, tienen 40 por ciento de posibilidades de tener una adecuada adaptación, inclusión al ambiente social.

Actualmente, al entrar al estudio del TEA, nos encontramos con que aunque existen muchas coincidencias en la definición del trastorno, también hay diversas definiciones sobre lo que es y cómo debe tratarse el autismo.

Asimismo, existen diferencias cuando observamos las cifras diversas de personas en México que viven con autismo. Por ejemplo, la asociación, de nombre, Clínica Mexicana de Autismo, CLIMA, en colaboración con la organización internacional Autism Speaks, señala que el autismo se presenta en uno de cada 300 niños en México, teniendo en promedio seis mil nuevos casos de autismo en la República Mexicana cada año.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, señala que en México hay un niño con autismo por cada mil.

Otras instancias e instituciones establecen que los casos de autismo son en uno de cada 160 niñas y niños, cifra que además se asemeja a la incidencia de cáncer infantil.

En materia de salud, es necesario fortalecer los esquemas destinados a la detección oportuna en niñas y niños, así como el tratamiento adecuado de las personas que viven con autismo.

En el tema educativo se deben perfeccionar las estrategias de educación dirigidas a personas con autismo y a promover en los programas de estudio la formación y desarrollo de profesionistas e investigaciones especializadas en el TEA.

Hace justo un año nos comprometimos, aquí mismo en este Senado, y con similar propósito, a analizar e informarnos mejor de este tema, conociendo de viva voz los retos que enfrentan detectando las áreas de oportunidad que existen para mejorar su condición de vida.

Ahora, nuestro compromiso es dar el siguiente paso, allanar el camino a las reformas legislativas necesarias y con ello, aludiendo el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hay que pasar más allá de la comprensión a una llamada a la acción.

De ahí la importancia de generar consciencia en la sociedad de los retos que enfrentan las personas y sus familias que viven con esta condición y de que eventos como el que el día de ayer tuvimos y que trascienden más allá de la efeméride para que la reflexión sea el motor que impulse las acciones pertinentes.

Este día, 2 de abril, y que estaremos conmemorando a lo largo de esta semana, será propicio para rescatar el exhorto del prestigiado neurolingüista Theo Peeters: “...Tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo. Cuando seamos capaces de comprender por qué la vida le resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que se hacen.

No dejemos solas a las personas que viven con autismo, pero respetemos su espacio. Hagamos el mejor esfuerzo por comprenderlas y entendamos su lógica; aceptémoslos como son y contribuyamos a organizar su mundo...”.

Quiero decirles, estimadas compañeras y compañeros, que ha sido de gran importancia que este Senado de la República, el día de ayer, haya exteriorizado su compromiso iluminando de azul, que es el color distintivo del autismo a nivel mundial, para que se haya sumado a este iluminado de edificios y monumentos que son icono en todas las ciudades del mundo para dejar muy claro a México, que el Senado de la República está comprometido con las causas sociales más importantes.

Señoras y señores, a través de los ojos de las personas con autismo, tenemos que ver a través de esos ojos para que todas ellas tengan la oportunidad de recorrer el mismo camino que nosotros.

Por su atención, pero sobre todo por su compromiso, estimadas compañeras y compañeros, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Muchas gracias, con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

El día de ayer se celebró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, con el fin de hacer un llamado a la sociedad de participar y apoyar la inclusión de las personas con este padecimiento.

Si ustedes me lo permiten les daré algunas cifras.

De acuerdo con la organización The Autism Speaks, en 2011, 1 de cada 88 nacimientos a nivel mundial registra esta enfermedad; y en México, este indicador se ubica en 1 de cada 100 nacimientos.

Bajo esta estadística y considerando solamente por hacer un cálculo, en 2011 se tuvo una natalidad de 2 millones 586 mil bebés mexicanos, de los cuales, 26 mil consideramos tienen autismo.

Por otro lado, la asociación civil denominada como Clínica Mexicana del Autismo y Alteraciones del Desarrollo, tiene también registrado hasta el año 2013, 115 mil niños autistas, cifra que se considera alarmante en comparación con niños y adolescentes con cáncer diagnosticados y atendidos durante los años de 2005 a 2010 y que fue de 3,959 casos.

Asimismo, en forma semejante tenemos que el registro de diabetes pediátrica, por poner otro ejemplo, en niños menores de 10 años, es de 3,840 casos para el año de 2011, de conformidad con el INEGI.

Como podemos observar, todavía es superior el índice de casos presentados de niños con autismo.

Pero lamentablemente este trastorno es una discapacidad severa y crónica para el desarrollo que se refleja durante los primeros años de vida; y sin embargo, uno de los graves problemas es que no se diagnostica a tiempo de manera inmediata y por ello, no es posible disminuir los efectos adversos que conlleva.

¿Por qué? Porque los niños no presentan una discapacidad física, no se puede observar a simple vista algún trastorno e inclusive algunos de los pequeños niños autistas mantienen un buen nivel académico; sin embargo, no pueden convivir de manera correlacionada con su edad por el tipo de comportamiento que tienen con otros pequeñitos.

Las personas con este padecimiento muestran también una discapacidad cualitativa de interacción social y de patrones restringidos.

Por ello es importante reflexionar sobre las necesidades que tienen, y sobre todo también por su entorno.

La inclusión de los niños con autismo es más complicada que los niños que tienen necesidades educativas especiales. Esto a razón de que el autismo presenta la triada de discapacidad de la interacción social en la comunicación y en la imaginación.

El autismo provoca una dificultad de aprendizaje y resulta difícil para ellos enfocar la atención.

El autismo afecta cuatro veces más a los hombres que a las mujeres, sin embargo, el 40 por ciento de niñas y niños que reciben tratamiento, son apenas los que se tienen identificados.

Por lo anterior, es importante que como sociedad apoyemos su integración. Y con base en lo anterior, quisiera proponer, como punto de Acuerdo, el que pudiéramos considerar en nuestro país el 2 de abril como Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo.

Además que durante todos los meses de abril se puedan implementar acciones para dar a conocer a la sociedad la importancia de incluir y de diagnosticar a tiempo a estos padecimientos, y sobre todo, poder apoyar a los pequeñitos en su inclusión a la sociedad y generar estrategias para que las niñas y niños con trastornos de autista, por supuesto, puedan seguir conviviendo en las instituciones educativas y la sociedad misma.

Por ello les convoco a todos, compañeras y compañeros, para que hagamos un esfuerzo, y que podamos también aprobar en su oportunidad este punto de Acuerdo, y que de esa manera en todo el país lo consideremos como un problema de, no de salud pública, pero sí de prioridad nacional.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Barrera Tapia. Esta Mesa Directiva recibe su propuesta.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, para hablar sobre el mismo tema, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

A nombre del Partido del Trabajo, voy a hacer algunos comentarios en relación al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dio el siguiente mensaje con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo no tiene por único objeto generar comprensión, es una llamada a la acción. Instó a todas las partes interesadas a participar en la promoción de los avances prestando apoyo a programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas que ayudan a hacer realidad nuestro ideal común de un mundo más inclusivo.

Este mensaje es claro respecto a tomar conciencia de a esta discapacidad, como la propia ONU la define, que es permanente en la vida de una persona, es un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro, que puede manifestarse durante los tres primeros años de vida, y conlleva a problemas en la comunicación verbal, no verbal y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos.

Desde el punto de vista socio-político, sabemos que puede manifestarse en los niños a lo largo de todo el mundo, independientemente de su género, condición socioeconómica o raza. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que puede traer importantes dificultades económicas a las familias, dada la falta de recursos de salud en los países en desarrollo. La estigmatización y la discriminación asociados con estas enfermedades también siguen siendo obstáculos importantes para el diagnóstico y tratamiento.

La ausencia de Trastornos del Espectro del Autismo y otros trastornos mentales entre los niños de las listas de las principales causas de muerte, ha contribuido a su abandono a largo plazo, tanto por los responsables políticos en los países en desarrollo, así como de los donantes.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en mayo de 2008. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Es una herramienta sólida para promover una sociedad inclusiva y el cuidado de todos y para garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y significativa.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

Es fundamental que esta toma de conciencia vaya acompañada de políticas y presupuesto enfocado en la atención de los sectores más vulnerables de México, los cuales ya de por sí tendrán dificultades para tener y lograr el desarrollo de proyectos de vida plenos. La toma de conciencia debe ser, antes que nadie, de los gobiernos de los diferentes países.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores; con el permiso de la Presidencia:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

México firmó y ratificó desde el año 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Dicho instrumento pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

Entre sus principios generales estipula la no discriminación, la participación, inclusión plena y efectiva en la sociedad, así como la igualdad de oportunidades, destacando su derecho a la educación, la salud y el trabajo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con la finalidad de resaltar la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren estos trastornos.

En México la guía práctica clínica de la Secretaría de Salud, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autista, establece que estos trastornos son un conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo con manifestaciones preferentemente cognitivas y comportamentales que ocasionan notables limitaciones en la autonomía personal. Se define como la presencia de alteraciones e interacción social y la comunicación, una importante restricción en el repertorio de intereses, actividades, conductas y la comunicación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el desconocimiento de las características del trastorno y cómo hacerles frente ha generado una estigmatización de las personas con autismo y mitos, como aquellos en las que se les ve como personas que no les interesa convivir, no tienen emociones, viven apartados completamente o en su mundo, pero no es así.

Se debe reconocer que los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que afecta la forma en la que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y las relaciones sociales. Dificulta su comprensión, el uso del lenguaje, la imaginación y el juego.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños padece de autismo, incidencia que se incrementa 17 por ciento cada año afectando cuatro veces más a hombres que a mujeres. La Secretaría de Salud afirma que en México no se cuenta con datos de prevalencia basados en investigaciones epidemiológicas, una de las cinco primeras causas de demanda de atención clínica en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro.

En el 2007, la Sociedad de Autismo de América reportó que en México existían 150 mil personas con este padecimiento, y se estima que hay unas 40 mil más que viven con trastorno del espectro autista. Por su parte, estudios realizados por la Clínica Mexicana de Autismo, en el año 2013, estima que la prevalencia del autismo en México es de 1 en 300 niños, por lo que se puede hablar de cuando menos 115 mil niños con autismo en México y el riesgo de que cada año nazcan 6 mil 200 niños con este trastorno.

Estos datos nos hablan de un problema tan frecuente como el cáncer infantil, la diabetes, el VIH, SIDA, de cuya magnitud no tenemos certeza, por lo que se debe reforzar las políticas de salud y educación mediante estrategias que den respuesta a las necesidades de miles de familias que requieren servicios especializados para la atención de las personas con trastornos del espectro autista.

De acuerdo con datos de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, CLIMA, A.C., el 40 por ciento de los niños que reciben terapias oportunas y efectivas logran incluirse con éxito a la educación regular, siempre que se les proporcionen los apoyos necesarios.

Es por ello que el diagnóstico temprano y el tratamiento intensivo durante los años preescolares generan un mejor pronóstico para la mayoría de los pacientes. Desafortunadamente hay estudios que revelan que el promedio de edad al momento del diagnóstico es de 6 años, con lo cual se pierde tiempo valioso para mejorar los resultados de la terapia psicopedagógicas.

Aún cuando estos trastornos son crónicos, está demostrado que con una adecuada atención médica y psicoeducativa se consiguen resultados que permiten una mejora en la funcionalidad social del individuo abriéndose la posibilidad de una inclusión educativa, social y cultural.

La Secretaría de Salud reconoce que muchos niños con trastornos del aspecto autista pueden alcanzar niveles de funcionalidad e independencia elevados en función no sólo de sus propias características o gravedad de los trastornos, sino también en función de los apoyos tanto al niño, como a la familia recibidos desde etapas tempranas.

Este padecimiento se encuentra dentro del Catálogo Universal de los Servicios de Salud e indica que el tratamiento en los trastornos generalizados del desarrollo es integral y multidisciplinario, en general, emplean medicamentos antipsicóticos y sus coadyuvantes, así como tratamientos psicosociales.

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública cuenta con una modalidad dentro de la educación básica denominada “Educación Especial”, que ofrece servicios educativos escolarizados y de apoyo a niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales por presentar una condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias, a través de los centros de atenciones múltiples y las unidades de servicios de apoyo a la educación regular.

Dentro de esta modalidad, 4 mil 724 alumnos con trastornos del espectro autista son atendidos por el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, tomando como referencia la estimación de la Sociedad de Autismo de América; estamos hablando de que la Secretaría de Educación Pública está atendiendo al 10 por ciento de la población con este padecimiento.

Una de las primeras acciones para promover los derechos de las personas con trastornos de aspecto autista y avanzar en erradicaciones de discriminación, es que las instituciones públicas de salud y educación difundan las características del trastorno y sensibilice a la sociedad sobre las necesidades que tienen los que lo padecen.

Asimismo, se requiere que promuevan los programas y acciones necesarias para identificar cualquier indicador de riesgo y así alertar a las familias para intervenir de manera temprana. Con ello se estaría coadyuvando a la identificación temprana de manifestaciones que pueden estar vinculadas a los trastornos del espectro autista, a su diagnóstico y atención oportuna.

La necesidad que tenemos de levantar la voz para decir que existe un trastorno que padecen miles de familias silenciosamente sin el apoyo institucional que requiere, que existen personas que nacen sin la habilidad necesaria para lo que las demás personas creemos tan natural y obvio, la comunicación y la socialización.

Por ello el día de hoy presento una proposición con punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías de Salud y de Educación, a implementar campañas de difusión para el conocimiento de los trastornos del espectro autista, sus características y manifestaciones, con la finalidad de sensibilizar sobre el trastorno y ayudar a una oportuna identificación, diagnóstico y atención, así como intensificar las acciones de apoyo a la inclusión educativa de los niños con autismo en educación inicial y básica, e informe a esta Soberanía sobre las acciones ejecutadas.

Asimismo, para que se informe sobre las acciones y programas que estas secretarías tienen para atender a las personas que sufren estos padecimientos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mayans Canabal. Se recibe su propuesta.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

El autismo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad.

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en las niñas, los niños, sus familias y en la sociedad en general.

El sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluido las niñas y los niños con discapacidades en su desarrollo.

Con la entrada en vigor de la Convención de las Personas con Discapacidad, se afirman el principio fundamental de la Universalidad de los Derechos Humanos. Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara, por unanimidad, el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objeto de establecer la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños, adolescentes y adultos que sufren este trastorno.

De acuerdo con información de la Clínica Mexicana del Autismo, este trastorno afecta la interacción humana de las niñas y niños, quienes tienen una forma inusual de relacionarse, pues resultan un tanto retraídos, con escaso lenguaje o poca comunicación, comportamientos repetitivos, muy extraños, apegados a rutinas, formas de juego inusual y con falta de reciprocidad hacia las personas, por supuesto.

Actualmente existe un espectro de un continuo de casos de diferentes grados que van desde grave a leve, asociados a factores genético y del ambiente que afectan el desarrollo neurológico y cuya manifestación es muy variable en la niñez, la cual se manifiesta en los primeros 18 meses de edad.

Según el informe presentado por Clínica Mexicana del Autismo, se estima que la prevalencia para el autismo en México es de 1 en 300 niños, por lo que se puede hablar de al menos 115 mil niños con autismo en México y con riesgo de que nazcan 6 mil 200 nuevos casos.

Este año el mensaje del Secretario General Ban Ki-moon, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, está dirigido a brindar una oportunidad de honrar la creatividad de las personas con trastornos del aspecto autístico y de reafirmar el compromiso para garantizarle las mejores oportunidades de educación, empleo e integración.

La educación de los niños y las niñas con autismo en México es pública y gratuita en los centros de atención múltiple. Los niños también pueden ser incluidos en la escuela pública con el apoyo de unidades de servicios de atención para escuelas reguladoras.

Adicionalmente pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones privadas u organizaciones no gubernamentales.

No obstante, muchas de estas escuelas no pueden cumplir con la inclusión en virtud de diversos factores, como son la carencia de recursos, la carencia de diferenciación, el programa de educación es muy rígido y no es flexible a cualquier adaptación o el magisterio no está suficientemente calificado para apoyar a los niños y niñas con autismo, además de las barreras culturales hacia estas niñas y niños, como lo es la discriminación.

En este marco resulta urgente que en México sumemos esfuerzos para que desde la perspectiva de la inclusión y el respeto pleno de los derechos humanos y lejos de cualquier tipo de prejuicio, estigma o discriminación, refrendemos el compromiso con las niñas y los niños que padecen autismo en México y que esta comprensión, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se traduzca en acciones concretas para la promoción y sensibilización de los derechos de las niñas y niños autistas, y con todas las personas que se enfrentan a diversas barreras por padecer autismo.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora García Gómez.

Señoras y señores Senadores, la Mesa Directiva, a nombre de la Cámara de Senadores, desea transmitir al pueblo y al gobierno de la República de Chile sus más sentidas condolencias por las víctimas fatales y los daños materiales ocasionados, como consecuencia del trágico sismo ocurrido en la zona norte de ese país el pasado martes 1° de abril.

Las Senadoras y Senadores extendemos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos y hacemos llegar nuestra solidaridad a todos los afectados por la catástrofe natural.

Manifestamos nuestra confianza en la fortaleza y unión del pueblo chileno para superar estos dolorosos acontecimientos y expresamos nuestro deseo porque logren una pronta recuperación.

A sus habitantes reiteramos nuestras más sinceras condolencias y a su gobierno encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, nuestro respaldo solidario.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar a nombre de diversos Senadores, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas normativos internos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA GARANTIZAR LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

(Presentada por el C. Senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y de los CC. Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los CC. Senadores Arely Gómez González, Oscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David Penchyna Grub y Roberto Armando Albores Gleason)

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señora Presidenta.

Quiero reconocer el interés y trabajo de los Senadores Calderón Hinojosa, Adriana Díaz Lizama, Pedraza Chávez y de René Juárez, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, quienes suscriben esta iniciativa, así como también a los Senadores Arely Gómez, Angélica Araujo, Margarita Flores, Oscar Rosas, Humberto Mayans, Raúl Pozos, Adolfo Romero, Zoé Robledo, Héctor Yunes, David Penchyna y Roberto Albores, quienes igualmente la suscribieron, representantes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, quienes coincidimos en esta iniciativa que busca reformar el todavía vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE.

La reciente reforma constitucional en materia político-electoral crea un nuevo instituto nacional que no solo es nuevo nombre, lo dota de nuevas atribuciones y competencias.

También precisa atribuciones de los partidos políticos y replantea las diversas etapas del proceso electoral; sin embargo, dentro de estas nuevas adecuaciones hay una notable ausencia, nada se dijo y nada se previó respecto a las elecciones de autoridades o representantes de formas propias de gobierno interno en los pueblos y comunidades indígenas de México.

Por otra parte, la semana pasada, en la sesión del miércoles 27 se presentaron dos iniciativas, el Senador Miguel Angel Chico Herrera, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, presentó un proyecto de Ley General Electoral; el Senador Juan Carlos Romero Hicks, con aval del grupo parlamentario del PAN, presentó un proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; tenemos ya dos iniciativas que regulan parte de la reforma constitucional electoral.

Considero oportuno entonces la iniciativa que estamos presentando representantes de once estados para reformar el COFIPE, todavía en vigor, ya que en ella hacemos un planteamiento sobre el régimen de los sistemas normativos indígenas.

Unos les llaman Sistemas Normativos Internos, otros, Elecciones Internas de Pueblos y Comunidades Indígenas o simplemente Usos y Costumbres, y no son pocos, hablando de municipios en el país, 2457 eligen a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres, consideramos ahora a los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, y podríamos continuar con todos los estados de la República, y desde luego el Distrito Federal con sus pueblos originarios y sus núcleos indígenas migrantes.

En la iniciativa se expresa que tiene especial importancia que se observe lo dispuesto por el artículo 2o. constitucional, que reconoce que los pueblos indígenas son el sustento originario de la nación; este precepto también protege sus lenguas, su cultura, en materia social y política, establece su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; también su derecho a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Además, y lo menciono expresamente, garantiza la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, y todo esto bajo un ámbito de competencia que señalo con énfasis: reservando las constituciones y leyes de las entidades federativas, establecer las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas.

Por ello el propósito de nuestra iniciativa, permítanme decirlo así, es aterrizar un mandato constitucional a una ley federal, nueva o reformada, en esta etapa de regulación de las reformas constitucionales o en lo que llamamos leyes secundarias.

Es esta la razón por la que proponemos que en el Código Federal Electoral se contemple el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a los concejales de los ayuntamientos y sus autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, y que en estas selecciones los estados garanticen la participación de las mujeres en las nuevas condiciones previstas en la Constitución.

Proponemos también la adhesión de un libro octavo en materia del proceso electoral relativo a sistemas normativos internos; se prevé que este libro, que en las entidades federativas que cuenten con legislación sobre derechos políticos electorales, libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y tengan órganos jurisdiccionales en la materia, que éstos, principalmente ellos continúen en sus funciones, y que continúen con la competencia, atribuciones y procedimientos previstos en su Constitución local y leyes de la materia, pero sobre todo, que se establezca que corresponde a los estados de la República la facultad de emitir las leyes reglamentarias relativas a los procesos electorales de este sistema de elecciones y sus propios medios de impugnación.

Es por eso, compañeras y compañeros, que en 2001 inició una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, la que reconoce un proyecto de nación sustentado en la pluralidad sobre una base de convivencia y respeto en lo diverso; garantizar que los pueblos indígenas elijan a sus autoridades o representantes de acuerdo a sus procedimientos y prácticas tradicionales, permitirá que se desarrollen digna y justamente, de esta forma se fortalecerán los procesos propios de una democracia participativa y al propio Estado mexicano.

Señora Presidenta, solicito se ordene que el contenido de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates, y se considere la posibilidad de turnarla a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, donde fueron turnadas las iniciativas de leyes electorales que referí al inicio.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los Senadores y las Senadoras Arely Gómez González, Oscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David PenchynaGrub, Roberto Armando Albores Gleason, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas normativos internos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 es la expresión política de un país que requiere construir acuerdos indispensables para generar las condiciones de gobernabilidad democrática que su sociedad exige. En ella se plasma una recomposición del sistema político-electoral del país tan relevante como la reforma de 1996; y se da cauce por la vía institucional a la resolución de problemas nacionales en materia político electoral, cuyos actores son la ciudadanía y los partidos políticos; y de la que no deben ser excluidos los pueblos y comunidades indígenas, sustento original de la nación mexicana.

Partiendo de la norma constitucional que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; y a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, la presente Iniciativa propone que en el código comicial federal se determine expresamente que es facultad de las entidades federativas la regulación de normas en pueblos y comunidades indígenas en los que se eligen concejales de los ayuntamientos y autoridades de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; y que en materia jurisdiccional, se constituyan tribunales electorales en materia indígena, en los términos que se encuentran conformados, con la competencia y procedimientos previstos en la legislación constitucional y legal de esas entidades.

MARCO JURIDICO DE LA MATERIA

Instrumentos internacionales

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Del estudio realizado a estos instrumentos internacionales, sin menoscabo de todos aquellos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, se desprende la voluntad de los Estados por reconocer el derecho a la libertad de ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Ahora bien, respecto al último instrumento y el cual México ha adoptado, para garantizar de mejor forma los derechos de los pueblos indígenas, se precisa que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación; y que dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Es oportuno mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque es una declaración no vinculatoria para los Estados, no genera obligaciones jurídicas directas, pero tiene un relevante valor político, ético y moral para todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

El Convenio 169 de la OIT establece que las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra del Estado; sus modos de vida, costumbres y tradiciones, instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social y política en general son diferentes. El Convenio reconoce estas diferencias y especificidades y busca garantizar que sean respetadas y consideradas al tomar medidas que tengan un impacto sobre ellos, ya sean administrativas o jurisdiccionales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 2º

Este precepto constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, entre otros.

Además, en los párrafos cuarto y último del apartado A, establece lo siguiente:

“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”

“Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.”

De las anteriores disposiciones constitucionales se aprecia que la materia políticoelectoral de pueblos y comunidades indígenas es un tema reservado a los Estados.

A mayor abundamiento, de la lectura del dictamen a la minuta en materia de derechos y cultura indígena de fecha 27 de abril de 2001, emitido por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en relación al apartado A del precepto constitucional en cita, se advierte:

“En sus disposiciones iniciales reconoce que la atención puntual, eficaz y eficiente de la protección de la cultura y los derechos indígenas, requiere que sean las constituciones estatales y leyes locales las que definan con precisión estos conceptos, puesto que la variedad étnica genera cosmovisiones diversas entre nuestras diversas etnias y, en consecuencia, en los territorios correspondientes en cada entidad federativa.

En el apartado A se señalan, en sus 8 fracciones, las materias sustantivas en las cuales la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas debe ser reconocida y garantizada: Formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del estado. Todo ello en los términos que precisen las constituciones y leyes de los estados, porque son los órdenes normativos que pueden recoger mejor las situaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas en cada entidad federativa.

Más adelante se apunta:

Por ello son las constituciones y las leyes de los estados las que, en forma natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros de acuerdo con sus circunstancias particulares.”

Ello explica del porqué la federación no ha reglamentado la materia política-electoral de los pueblos y comunidades indígenas, pues se insiste, es una materia reservada a los Estados; y tampoco el constituyente permanente se ha ocupado del tema indígena en las reformas en materia políticaelectoral de 1996 y 2007.

Bajo estos contextos normativos internacional y constitucional queda claro el principio fundamental del reconocimiento y la protección a la diversidad cultural; y con ello, la diversidad étnica y cultural ha dejado de ser sólo una realidad fáctica e histórica, para reconocer la titularidad de derechos colectivos a los pueblos y comunidades indígenas.

PROPUESTA

La mayoría de las entidades federativas, después de la reforma constitucional del 2001 en materia indígena, han promulgado sus leyes sobre los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, excepto Campeche, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo que se anticipar una legislar en esta materia. En relación a derechos políticoelectorales, el Estado de Oaxaca ha legislado desde 1995.

Ahora bien, analizando la reforma político electoral de 2014 y la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena de 2001, nuestro marco constitucional plasma dos sistemas políticoelectorales: el que corresponde al sistema de los partidos políticos y el que corresponde al de los pueblos y comunidades indígenas para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

El primero está delineado por nuestra carta fundamental y regulado por la legislación federal, de igual manera en los Estados, cuya finalidad es que la ciudadanía participe en la elección de los poderes ejecutivo y legislativo.

El segundo también está diseñado desde la norma fundamental, pero está reservado para que los Estados reglamenten sobre los derechos políticos-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, su libre determinación y autonomía de sus gobiernos internos, como lo son los Ayuntamientos y sus autoridades tradicionales.

Visto así, podemos afirmar que nuestro marco constitucional responde a las necesidades de la pluralidad social, cultural y política del país y de sus entidades federativas.

Por otro lado, es oportuno recordar que desde de la década de los noventa, se incluyó en la agenda nacional el tema de los derechos y cultura de nuestros pueblos indígenas; que la reforma constitucional de 1992 al entonces artículo 4 no había sido suficiente, por el contrario era limitada en comparación con la ratificación que México hizo el 5 de septiembre de 1990, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, previa aprobación del Senado el 11 julio del mismo añoy que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991. De conformidad con el artículo 38 del citado Convenio. Entró en vigor un año después de su ratificación ante la OIT, por lo que está vigente en México desde el 5 de septiembre de 1991.

A partir de esa fecha, México inicia una nueva etapa en su relación con los pueblos y comunidades indígenas.

Por lo tanto, bajo ese contexto histórico, pluricultural y normativa que se ha expuesto, se concluye que en la actual reforma reglamentaria, debe precisarse, y dejar en claro y sin lugar a dudas, que es una facultad de las entidades federativas el conocimiento y la ocupación del tema indígena, delegando a los Estados el tema de la legalidad en los casos de controversias, litigios, contiendas y de los asuntos particulares de los sistemas normativos internos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO

UNICO.- SE ADICIONA UN PARRAFO 3 AL ARTICULO 3 Y UN LIBRO OCTAVO DENOMINADO “DE LA INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS Y AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS”, COMPUESTO POR UN TITULO UNICO DENOMINADO “DEL PROCESO ELECTORAL QUE SE RIGE POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS”, AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3

1. …

2. …

3. La aplicación de las normas en los pueblos y comunidades indígenas para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a los concejales de los ayuntamientos y a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, está reservado a los Estados de la República, en términos de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los Estados, Tratados Internacionales y leyes en la materia.

En la elección de los concejales a los ayuntamientos y de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas que electoralmente se rigen por sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, los Estados deberán garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

LIBRO OCTAVO

De la integración de los ayuntamientos y las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas

TITULO UNICO

Del proceso electoral que se rige por sistemas normativos internos

Artículo 395

En las Entidades Federativas que cuenten con legislación sobre los derechos políticoelectorales y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y tengan integrados órganos jurisdiccionales en la materia, éstos continuarán en funciones, con la competencia, atribuciones y procedimientos previstos en su Constitución local y leyes de la materia, que establecerán el procedimiento para la elección e integración de dichos órganos.

En la elección de los concejales a los ayuntamientos y autoridades o representantes de los pueblos y comunidades, los indígenas tienen derecho para elegirlos, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

Artículo 396

En los términos del artículo anterior, se reserva a los Estados de la República la facultad de emitir las leyes reglamentarias relativas a los procesos electorales de la elección de los concejales a los ayuntamientos, de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los correspondientes medios de impugnación, conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los Estados, Tratados Internacionales y leyes en la materia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los Estados de la República con población indígena que no hayan emitido la normatividad en cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán de emitir su reglamentación dentro del término de ciento ochenta días naturales contados a partir de las publicación del presente Decreto, a fin de que normen los procedimientos electorales apegados a sus sistemas normativos internos, los que otorgarán a sus autoridades jurisdiccionales la competencia y procedimientos previstos en sus legislación constitucional y legal, de acuerdo a las disposiciones de su Constitución Política y Leyes respectivas, que establecerán el procedimiento para la elección e integración de dichos órganos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Adolfo Romero Lainas.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pérez Magaña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene la palabra el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, para presentar a nombre propio y de los Senadores Mely Romero Celis y Zoé Robledo Aburto, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

(Presentada por el C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán, a nombre propio y de los CC. Senadores Mely Romero Celis y Zoé Robledo Aburto)

- El C. Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, con su anuencia, señora Presidenta. Senadoras y Senadores de la República:

La presente iniciativa es presentada y suscrita por los Senadores Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional, del Senador Zoé Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, y el de la voz, a nombre del Partido Acción Nacional, con el acompañamiento de los Senadores del PAN, Salvador Vega Casillas, Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador López Brito, Víctor Hermosillo, Mariana Gómez del Campo, Elia Hernández Núñez, Javier Corral Jurado, José Rosas Aispuro y Fernando Herrera.

Nuestro país es un mosaico prolicromo de cultura, costumbres y tradiciones, su acentuada diversidad geográfica, étnica y demográfica que incuestionablemente es la esencia de nuestra gran riqueza nacional, a contrario sensu, paradójicamente se vuelve contra nosotros y se convierte en lastre para el desarrollo y el crecimiento equilibrado, armónico de nuestro país.

Sería anatémico el solo insinuar que se pretendiera legislar contra la heterogeneidad de nuestra conformación política y social; pero lo que es impostergable es saber, conocer y entender la dimensión de nuestra diversidad.

En México existen más de 2440 municipios, además de las demarcaciones del Distrito Federal, algunos como Ecatepec, con cerca de un millón 700 mil habitantes, y otros como Santa Magdalena Jicotlán, en Oaxaca, con 102 habitantes, en nuestro país tenemos municipios como San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, con un índice de pobreza del 12.8 por ciento, y otros como San Juan Tepeuxila, Oaxaca, con 98 por ciento, o Aldama, Chiapas, con 97.3 habitantes de cada 100 que viven en condiciones de pobreza.

No podemos seguir legislando con criterios de igualdad para tanta desigualdad. El Estado mexicano no puede, no debe construir políticas públicas nacionales sin tomar en cuenta tanta disparidad, no se puede seguir tratando como iguales a los desiguales, la reforma que sigue, la que exige la nación mexicana es la reforma municipal, en esta legislatura, en el Senado de la República tenemos que cumplir con el compromiso de revisar el artículo 115 constitucional, es tiempo de ocuparnos de las leyes reglamentarias del artículo 115 de nuestra Carta Magna, pero el primer paso, el primer escalón es contar con una verdadera, auténtica y actualizada tipología municipal que busque reconocer la diversidad económica, demográfica, cultural y social de las poblaciones, y establecer de acuerdo con esa realidad un sistema de organización, de gobierno y de administración consecuente con el pluralismo que distingue a los municipios mexicanos.

Es imperante generar criterios para clasificar a nuestros municipios.

A partir de sus características sociodemográficas, geográficas, económicas y culturales.

De manera que a partir de la misma, se produzca una tipología que introduzca un principio de orden que permita atender con mayor eficacia y prontitud las necesidades locales a partir de sus diferencias, particularmente en un entorno que se caracteriza por las disparidades y las excepciones. Es decir, la tipificación además de clasificar a los municipios, deberá tener un impacto informador y en algunos casos vinculatorio en la implementación de planes, estrategias y políticas públicas en cada localidad, así como en la distribución de sus competencias y la definición de fuentes presupuestales, tanto propias como provenientes de los otros órdenes de gobierno.

En síntesis, el objeto de la presente iniciativa es señalar de manera apremiante que la clasificación municipal representa un elemento básico e indispensable para el diseño de políticas públicas.

En tal virtud y dada su naturaleza orgánica, funciones y facultades, proponemos que el INEGI, teniendo la finalidad de suministrar a la sociedad, al Estado de información pertinente, veraz y oportuna a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, es el órgano que de manera más directa tiene acceso a la información necesaria para hacer una correcta clasificación municipal acorde a la realidad de nuestro país.

Por lo anterior, los Senadores que suscribimos la iniciativa en comento, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En el artículo 21, el subsistema nacional de información demográfica y social, deberá generar un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución del ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia.

Asimismo deberá, a partir de los indicadores referidos en el párrafo anterior y de las capacidades institucionales de los entes locales, generar una tipología a fin de clasificar a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Transitorios

Artículo 1º.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2º.- El INEGI generará en un plazo no mayor a seis meses la tipología municipal atendiendo a las recomendaciones que al efecto extienda la Secretaría de Gobernación.

Quienes suscribimos esta iniciativa, Senadores del PRI, del PRD y del Partido Acción Nacional, esperamos contar con el apoyo y el acompañamiento de todas y todos los Senadores. Es tiempo de comenzar a salvar la deuda histórica con la institución municipal, iniciemos con este primer paso la reforma municipal, es tiempo del municipio mexicano.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto.

Iniciativa



- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedroza Gaitán.

Sonido en el escaño del Senador Avila Ruiz.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente Cervantes, para solicitarle al Senador Octavio Pedroza si me pudiese suscribir a esta iniciativa, puesto que en el estado de Yucatán hay 106 municipios, que esto ayudaría muchísimo, indicadores municipales por parte del INEGI.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Avila Ruiz.

Sonido en el escaño de la Senadora Garza Galván, ¿para el mismo efecto?

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, para felicitar por esta iniciativa al Senador Octavio Pedroza, y si me permite sumarme a ella.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Los demás Senadores para el mismo efecto, tome nota la Secretaría.

¡Y felicidades, Senador! Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

La iniciativa con proyecto de Decreto que ponemos hoy a la consideración para que sea turnada para su revisión y trabajo de dictamen en las comisiones que tienen que ver con la materia, resulta de una enorme preocupación, sobre todo de la aplicación de una ley que en su momento fue considerada en el mundo como una ley vanguardista y no solamente por la armonización de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujere, sino sobre todo por la armonización de la Convención de Belém do Pará, que define de una manera muy puntual que la violencia contra las mujeres violenta los derechos humanos y por supuesto también configura que la violencia de género se padece en el ámbito público y en el ámbito privado.

Esto quiere decir que se logra un gran avance, desde el punto de vista de las leyes, jurídico, un enfoque totalmente garantista, vanguardista, que reconoce que la violencia de género es estructural, no solamente se padece en el hogar, con las relaciones intrafamiliares, por la pareja o con la expareja, sino sobre todo que esa forma de conducirse se refleja porque perpetra este tipo de hechos deleznables y delictivos, también se conduce en otros espacios públicos.

De ahí que se configuran modalidades de violencia además, del ámbito familiar, también en el ámbito comunitario, laboral, educativo, institucional y, por supuesto, también configura la modalidad de violencia feminicida.

La alerta de violencia de género está inscrita justamente en el mecanismo de modalidad de violencia feminicida.

Es un mecanismo que desde el ámbito Ejecutivo las autoridades deben implementar para atender de manera emergente de manera preventiva los casos de violencia de género.

Insisto, esta definición de este mecanismo en la ley fue señalada en su momento como un avance sin precedentes en la legislación en la materia en toda América Latina.

El objeto fundamental de este mecanismo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar la desigualdad producida por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Hace 7 años, a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este mecanismo se encuentra vigente en nuestro marco normativo, y hasta la fecha por desgracia no ha podido activarse, no ha podido declararse en términos como lo establece la ley, eso ha motivado que revisemos las distintas características de las respuestas que se han dado para no aceptar las distintas declaratorias de violencia de género que se han emprendido, que se han solicitado ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que está bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación y, cuya titular del Instituto Nacional de las Mujeres, cumple un papel de secretaria técnica.

Originalmente nosotras planteamos que este mecanismo coadyuva a que las autoridades estatales, para hacer frente a la violencia feminicida a través de la generación de acciones gubernamentales de emergencia, se pueda salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y la dignidad de las mujeres y de las niñas en nuestro país.

Sin embargo, las dificultades que se enfrentan para hacer esta declaratoria de la alerta de violencia de género, nos obliga a revisar su funcionamiento y, sobre todo, establecer en el precepto de la ley, con mayor rigurosidad, cuáles deben ser las características que deben seguirse para que no quede lugar a dudas.

En primer lugar, que la alerta de violencia de género, señoras y señores, no es de ninguna manera su fin ser sancionadora de los gobiernos.

No se ha entendido que al ser declarada no tiene por qué estarse usando, ni ese es su cometido, contra algún estado o contra algún municipio, sino por el contrario, es la oportunidad, desde las políticas públicas, para que haya una respuesta y detener el feminicidio dando una respuesta a la violencia feminicida.

Por eso las reformas que hoy presentamos, estamos además excluyendo dos capítulos más para garantizar que quede claramente cuáles deben ser los procedimientos que se tienen que seguir, toman algunas, efectivamente, propuestas del reglamento y, claro, ahora definimos con puntualidad el carácter de emergente, el carácter de respuesta que tiene que darse desde la política pública, desde las organizaciones para detener la violencia feminicida en determinado territorio, como dice la ley.

Además, dejamos que sea un comité de expertas que puedan analizar, desde una evaluación de riesgo, de cómo se encuentran las políticas públicas; a veces resulta que un lugar que no tiene alumbrado público pertinente, puede ser un lugar que es idóneo para perpetrar este tipo de delitos.

Pero cuando no hay una respuesta oportuna por parte de la procuración de justicia, lo único que provocamos es que haya impunidad.

Entonces, hay que atender, creemos, y creo, y ese es el sentido de esta iniciativa, que requerimos dotar de mayor elementos para que efectivamente las autoridades puedan entender la magnitud del problema y tomar las medidas conducentes para, insisto, detener el feminicidio en el país.

Además, por supuesto también señalamos algo que ha motivado a una gran cantidad de puntos de Acuerdo que se han presentado en la Cámara de Diputados, y aquí mismo en el Senado de la República, no en esta legislatura, sino desde legislaturas atrás, respecto de la necesaria y urgente revisión de la ley local para que los congresos locales incluyan la alerta de violencia de género en el ámbito local.

Por cierto, tengo que señalar que la ley general no tiene, de ninguna manera, facultad para que pueda aplicarse en el ámbito local.

Lo que establece son lineamientos para aplicarse en donde tiene su facultad, es decir, en el ámbito federal, y resulta que prácticamente todas las solicitudes de alerta de violencia de género tienen que ver con delitos del fuero común.

Por lo tanto, no es correcto que desde la Secretaría de Gobernación se inscriba una declaración de alerta de violencia de género para un estado, sin que el estado, en su momento, como tiene que ser, como es su facultad, siguiendo estrictamente el precepto constitucional, asuma sus responsabilidades que tiene conferidas desde el artículo 124 de nuestra Constitución.

Por lo tanto, es necesario que las entidades federativas, los congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal inscriban este mecanismo para que puedan atender correctamente, insisto, desde todas las esferas, no solamente la punitiva, detener, alertar que en un determinado territorio hay feminicidio, hay violencia de género que terminará en violencia feminicida.

Termino con una reflexión: “Si la alerta de violencia de género hubiese estado inscrita en la ley a principios de los años 90’s, no tendríamos ahorita, por desgracia, en una historia terrible de nuestro país, los cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y después en otras parte del país.

Si se hubiese tenido este mecanismo en su oportunidad, se hubiese aplicado en ese momento en Ciudad Juárez, y se hubiese prevenido la gran cantidad de centenas de mujeres asesinadas que hoy por desgracia constituyen una afrenta para nuestro país”.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

“La suscrita Angélica de la Peña Gómez, senadora integrante de GPPRD del Senado de la República, LXII Legislatura, del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de estaH. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DELA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que consagra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante, LGAMVLV) fue conceptualizado como un conjunto de acciones de “EMERGENCIA” para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (en adelante, Alerta de Género) es un mecanismo del ámbito ejecutivo para atender la violencia de género “sin precedentes” en el sistema legal mexicano; así como, en la región de América Latina.

Tal como se establece en la LGAMVLV, el objetivo fundamental de este mecanismo es: “garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”, artículos 22 y 23.

Hace siete años que este mecanismo se encuentra vigente en nuestro marco normativo y hasta la fecha no ha logrado activarse. La razón más evidente ha sido la mala interpretación que han hecho las autoridades locales y federales, al considerar a la Alerta de Violencia de Género como una sanción y un escrutinio público de su quehacer político y no como ¾originalmente las legisladoras plantearon¾ “un mecanismo que coadyuva a las autoridades estatales para hacer frente a la violencia feminicida, a través de la generación de acciones gubernamentales de emergencia para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y la dignidad de las mujeres y niñas en nuestro país”.

Hasta la fecha, se han solicitado en seis ocasiones la Alerta de Género para las Entidades Federativas de: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, nuevamente Guanajuato y Chiapas. Todas las solicitudes fueron consideradas improcedentes.

Sobre estas solicitudes, destaca particularmente la solicitud hecha para el Estado de México. En diciembre de 2010 las organizaciones presentaron una solicitud para el Estado de México, ante la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, SNPASEVM)1 de declarar procedente la solicitud, dichas organizaciones presentaron un amparo en el año 2011.

En febrero de 2012, el Juez Noveno de Distrito concedió el amparo a las organizaciones, ordenando a las integrantes del SNPASEVM que analizaran la procedencia de la solicitud, toda vez que se consideró que ésta cumple con los requisitos legales para dar inicio a la investigación por la violencia feminicida en el Estado de México. Ante esto integrantes del Sistema presentaron un recurso de revocación mismo que confirmo la sentencia del Juez de Distrito.

El 19 de julio de 2013, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez se reunió nuevamente el SNPASEVM para analizar la solicitud de Alerta de Género para el Estado de México; con 33 votos en contra y 3 a favor, se volvió a declarar improcedente la investigación para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Ante esta situación, las organizaciones solicitaron al Juez de Distrito que declarara el incumplimiento de la sentencia de amparo; nuevamente el Juez dio la razón a las organizaciones. Actualmente, hay un recurso de queja promovido por la Secretaría de Gobernación contra el fallo del Juez pendiente de resolver.

Lo anterior demuestra como este mecanismo a derivado en un proceso sumamente complejo, en donde inclusive las organizaciones han tenido que litigar las decisiones del SNPASEVM.

Con situaciones como esta, lamentablemente, se pierde la finalidad que tiene la Alerta de Violencia de Género, como un mecanismo que permite a las Entidades Federativas contar con la cooperación y coadyuvancia de la Federación en el diseño e implementación de acciones especificas para combatir la violencia de género que viven las mujeres y niñas, generando políticas especializadas de emergencia y contando con recursos económicos para ejecutar dichas acciones. Por lo que se debe de insistir que este mecanismo NO es una sanción sino una oportunidad.

Desde la entrada en vigor de este mecanismo, hasta la fecha se han solicitado por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión por lo menos 19 proposiciones con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a declarar la Alerta de Violencia de Género. Destacando las siguientes:

DENOMINACION DEL ASUNTO

FECHA

PRESENTADA POR

  • Por la que se exhorta a la SEGOB a emitir la alerta contra feminicidios, contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los casos de feminicidios en el estado de Morelos.

10/04/2007

Sen. Mario López Valdez

  • Por la que solicita a la SEGOB a declarar alerta de violencia de género contra las mujeres en la zona de Zongolica, de Veracruz.

26/04/2007

Dip. Holly Matus Toledo

  • Por el que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de alerta de violencia de género a que se refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en ciudad Juárez, Chihuahua.

29/10/2007

Sen. Claudia Sofía Corichi García

  • Por la que exhorta al titular de Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad Triqui, en Oaxaca.

23/01/2008

Dip. AleidaAlavez Ruiz

  • Por la que exhorta a la SEGOB emita una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en Oaxaca.

30/04/2008

Dip. AleidaAlavez Ruiz

  • Por la que exhorta a las autoridades encargadas de llevar a cabo los procedimientos para declarar la alerta de violencia de género, se apeguen estrictamente a lo establecido en la Ley y el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

22/07/2009

PAN

  • Para citar a comparecer al secretario de Gobernación, con la finalidad de que explique los motivos por los cuales se desechó la solicitud de inicio de una investigación sobre actos que violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y que serían meritorios de declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado en Guanajuato.

29/07/2009

Dip. Maricela Contreras Julián

  • Por la que exhorta al presidente de la CNDH y al procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato a promover la solicitud de declaración de alerta de violencia de género y a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres por el agravio comparado cometido sistemáticamente por las autoridades locales de ese estado y que ha imposibilitado a las mujeres el libre goce de sus derechos fundamentales.

25/08/2010

Dip. Leticia Quezada Contreras

  • Por la que exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género a que se refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el estado de México.

14/12/2010

Sen. Claudia Sofía Corichi García

  • Por la que exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, declare la alerta por violencia de género en el estado de México.

26/01/2011

Dip. Esthela Damián Peralta

  • Sobre la desechada declaración de alerta de violencia de género en el estado de México.

03/02/2011

Sen. Ricardo Monreal Avila

  • Por la que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a informar la situación que guardan los mecanismos que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para su cumplimiento.

04/10/2012

Sen. Angélica De la Peña Gómez

  • Relativa a la violencia de género en Hidalgo.

30/01/2013

Dip. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja

  • Por la que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la -Alerta de violencia de género contra las mujeres-, en Guanajuato.

23/04/2013

Sen. Miguel Angel Chico Herrera

  • Por la que solicita a la Secretaría de Gobernación que inicie el procedimiento para emitir la declaratoria de alerta por violencia de género en Morelos.

12/06/2013

Dip. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja

  • Por la que se solicita a diversas instancias del gobierno del estado de México y del gobierno federal tomen medidas ante la fuerte violencia feminicida que se sufre en la entidad y se emita la declaratoria de alerta por violencia de género en el estado.

19/06/2013

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández

  • Por la que exhorta a la Secretaría de Gobernación y autoridades del ámbito local a emprender acciones en materia de alerta de violencia de género.

24/09/2013

PRI Sen. Angélica De la Peña Gómez

  • Relativo a los feminicidios en Tabasco.

20/11/2013

Dip. Lorena Méndez Denis

  • Por la que exhorta a la SEGOB, para que considere la información relativa a la situación de violencia en contra de las mujeres en Guerrero, a fin de emitir la declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad.

28/11/2013

Dip. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja

Recientemente, el 13 de febrero, el Senado aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del ámbito federal y local para emprender acciones en materia de Alerta de Violencia de Género. Entre los puntos de acuerdo aprobados destacan los siguientes:

“SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación para que, en su calidad de Presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declare las Alertas de Violencia de Género que correspondan al ámbito federal, de forma inmediata, evitando todos los prejuicios negativos que hay sobre este mecanismo (resaltado nuestro).

CUARTO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos, de aquellas entidades federativas en donde su legislación en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tenga inscrito el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, para que la declaren en los territorios donde sea solicitada, en función de lo que sus leyes establecen, dando una respuesta inmediata, eficaz y multidisciplinaria que atienda, prevenga y sancione la violencia feminicida (resaltado nuestro)”.

Dicho punto de acuerdo demuestran una voluntad política del Senado de la República para exhortar a las autoridades responsables en que emitan y acepten la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Es importante mencionar que en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (COCEDAW), celebrada el 17 de julio de 20122, se realizaron las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, en cuanto a la violencia contra la mujer y el feminicidio:

“Violencia contra la mujer y feminicidio

15. El Comité observa con preocupación que hay disposiciones claves de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del 2007, que no se han aplicado, y señala que el Estado parte ha establecido un mecanismo nacional para hacer frente a la violencia contra la mujer, pero le preocupa que la capacidad y los recursos asignados al mecanismo nacional no se hayan fortalecido lo suficiente para garantizar una coordinación eficaz entre los diferentes órganos que la componen, como por ejemplo entre el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y observa con preocupación los aplazamientos en la aplicación de los mecanismos de protección previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que son víctimas de la violencia, en particular el lento progreso en el plano estatal en la integración de las órdenes de protección en su legislación y su aplicación. También señala con preocupación las ineficacias en el procedimiento que impiden la activación del Mecanismo de Alerta de Género.

16. El Comité exhorta al estado parte a:

a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras cosas ejecutando completamente el Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y activando el Banco Nacional de datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con la participación de los 32 estados federales.

b) Revisar el mecanismo nacional en vigor para hacer frente a la violencia contra las mujeres con muras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su capacidad en los planos federal, estatal y municipal, proporcionándole suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

c) […]:

d) Adoptar urgentemente los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de Género.”

Una de las principales críticas sobre la inoperatividad de la Alerta de Género, recaía en el Reglamento de la LGAMVLV¾publicado el 11 de marzo de 2008¾ ya que sus disposiciones iban más allá de lo que establecía la Ley, principalmente porque su funcionamiento se encontraba acotado a las decisiones subjetivas y partidizadas de las y los integrantes del SNPASEVM.

Con la reciente reforma al Reglamento el 25 de noviembre de 2013 se establecen una serie de cambios, que si bien se consideran una voluntad del Poder Ejecutivo por perfeccionar este mecanismo, no se traducen en una verdadera eficacia de la Alerta de Género. Entre otras razones porque aunque se establece la integración de un grupo interinstitucional y multidisciplinario conformado por 8 integrantes, de la siguiente manera:

I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo (resaltado propio);

II. Una persona representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

IV. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;

V. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional especializada en Violencia contra las Mujeres, y

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate.

A pesar de que el Reglamento propone que sea un órgano colegiado, se puede anticipar que las facultades y atribuciones de las personas quienes lo integran no son horizontales e igualitarias; en este sentido, en caso de empate, la persona coordinadora del grupo (INMUJERES) tiene el voto de calidad, generando una situación que pudiera derivar en decisiones cuestionables. Por otro lado, se proponen una serie de acciones previas a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género lo que dilataría la afectividad de este mecanismo en dar respuesta.

Si bien, se reconocen los cambios importantes que se plasman en la última reforma del Reglamento, el marco normativo más adecuado es la propia LGAMVLV, por lo que se propone elevar los criterios de procedibilidad de la Alertad de Género a la propia Ley.

Por los razonamientos anteriores, la presente iniciativa propone una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre tendientes a hacer operativo el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género.

Se incluye reforma el artículo 5, para adicionar una fracción XI que contenga la definición de violencia sistémica, entendida como “la violencia que se traduce en hechos constitutivos de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad cometidas en contra de niñas y mujeres por razones de género”.

La comprensión política del fenómeno de la violencia sistemática contra las mujeres, debe redimensionar la violencia de género contra las niñas y mujeres como un asunto público de incumbencia de la sociedad entera. Es un llamado a la obligatoriedad de las autoridades para detener la impunidad en la que estos actos ocurren y para promover cambios culturales desarrollando políticas y programas destinados a transformar las relaciones de género, con el fin de garantizar a las niñas y mujeres su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Es por ello, que se considera de gran importancia definir la violencia sistémica a fin de que no se le den interpretaciones erróneas o restrictivas que resulten en el menoscabo de los derechos humanos de las niñas y mujeres.

El artículo 22 de la LGAMVLV se reforma para establecer una definición más amplia de lo que es el mecanismo de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, estableciendo los dos supuestos por los que puede activarse:

• Graves situaciones de violencia contra las niñas y las mujeres

• Agravio comparado

A través de la reforma al artículo 23 se propone que siga siendo la Secretaría de Gobernación la dependencia facultada en declarar o negar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, con base en el informe emitido por el Comité de Expertas.

Las finalidades del mecanismo de la Alerta de Género, en sus dos supuestos, se plasman en el artículo 24, resaltando que tratándose de graves situaciones de violencia se deberá por lo menos:

• Intervenir de manera emergente

• Eliminar la violencia;

• Garantizar el ejercicio pleno de sus derechos

• Garantizar el acceso a la justicia, que incluye la investigación y sanción de las personas responsables de violaciones a los derechos humanos;

• Garantizar que todas las actuaciones se realicen conforme a la debida diligencia;

• Realizar las acciones necesarias para reparar el daño a las víctimas u ofendidos, conforme a la legislación aplicable;

• Establecer las garantías de no repetición;

• Implementar las políticas públicas, acciones y demás instrumentos de coordinación y coadyuvancia entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno; y,

• Todas aquellas que se requieran para superar la situación de emergencia.

En el artículo 25 se amplía el catálogo de sujetos que pueden solicitar la Alerta de Violencia de Género a los siguientes: Organizaciones de la sociedad civil; Comisión Nacional de Derechos Humanos; Organismos de Protección de los Derechos Humanos de las 32 Entidades Federativas; Organismos Internacionales, o cualquier persona.

Con absoluto respeto a las competencias y facultades que tienen las Entidades Federativas para hacer frente a la violencia de género contra las niñas y mujeres; en esta iniciativa se propone recuperar la esencia primigenia que tenía el mecanismo. Tal como se advirtió en los Lineamientos Generales para el Reglamento, señalados por la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, en adelante la Red3, tratándose de la Alerta de Género el Reglamento debía especificar:

las pautas para la colaboración del ámbito federal, sin que se afecten las facultades del orden de gobierno local o municipal; por ello, era necesario que el reglamento reflejará que en aquellos lugares en donde incurrieran delitos del fuero común, la alerta se decretara por el ámbito local y definiera los supuestos y las pautas de los tiempos para determinar la actuación desde el ámbito federal para garantizar una acción inmediata de las autoridades y la procuración de justicia. Además de evitar, los prejuicios sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil que pudiesen solicitar la alerta (resaltado propio)”.4

Es por ello, que a través de la adición de un artículo 25 A se establecen los supuestos por los cuales se puede solicitar la Alerta de Género a nivel federal, en los siguientes términos:

• No se encuentre contemplada en la legislación local la figura de Alerta por Violencia de Género contra las mujeres

• La ley local contempla requisitos de procedibilidad mayores a los contemplados por la LGAMVLV.

• Se señale inactividad u omisión por parte de las autoridades locales para emitir una Alerta por Violencia de Género contra las mujeres.

• Existan indicios de que haya participación de personal del servicio público estatal o municipal en la comisión de delitos que afecten la vida, la libertad, la integridad o la seguridad de las niñas y mujeres.

• Exista inconformidad por la resolución de la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres declarada a nivel estatal.

• Trascienda al ámbito de una o más entidades federativas.

Como puede observarse, dichos supuestos son de gran amplitud para que acceder a la Alerta de Género en el ámbito federal no signifique un reto inalcanzable para quien la solicite, pero respetando la competencia en primer lugar de la autoridad local para dar una respuesta eficaz y prevaleciendo siempre una política de respeto a las atribuciones conferidas a cada uno de los órdenes de gobierno, anticipando en todo momento las políticas de coadyuvancia, de corresponsabilidad y demás convenidas mutuamente que permitan atender una preocupación común, respetando lo estipulado en el artículo 124 Constitucional.

Se adiciona un Capítulo V Bis denominado “Del Procedimiento para la Emisión de la Alerta” que contiene los artículos 26 A hasta 26 G con lineamientos y plazos puntuales para dar respuesta a las solicitudes de Alerta de Violencia de Género en sus dos supuestos, destacando lo siguiente:

• Todas las solicitudes son admitidas, si cumplen con los requisitos de forma, e investigadas.

• La solicitud se presenta por escrito ante la Secretaría de Gobernación.

• La Secretaría de Gobernación da vista sin dilación a cada una de las solicitudes que reciba al Comité de Expertas.

• Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales deberán coadyuvar proporcionando todo tipo de información y documentación que tenga relación con los hechos que se afirman en la solicitud.

• El Comité de Expertas dispondrá de 30 días naturales improrrogables para integrar una investigación sobre la solicitud de Alerta de Violencia de Género, en cualquiera de los dos supuestos, y emitir un informe.

• Tratándose de solicitudes en casos de graves situaciones de violencia, el informe deberá contener:

- la magnitud de la violencia contra las mujeres

- el lugar donde se solicita la alerta

- la metodología de análisis

- la interpretación de la información

- la conclusiones

- recomendaciones de acciones integrales de emergencia señalando puntualmente a las instituciones y dependencias encargadas de su ejecución estableciendo los plazos para su cumplimiento

• Se faculta al Comité de Expertas para solicitar a la Secretaría de Gobernación la implementación de medidas de protección y prevención en caso de graves situaciones de violencia que contengan las acciones y medidas de seguridad y justicia necesarias a fin de evitar o detenerlos hechos que motivaron la solicitud; lo anterior, con independencia de lo que el Comité resuelva en su investigación.

• La Secretaría de Gobernación dictará e implementará en el término de cinco días naturales improrrogables las medidas de protección y prevención solicitadas.

• La Secretaría de Gobernación habiendo recibido el informe del Comité de Expertas determinará en un plazo de tres días naturales improrrogables la emisión o no de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.

• El documento por el que se emite la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, cuando se emita por graves situaciones de violencia, deberá contener:

- La notificación a la autoridad responsable.

- Las políticas y acciones.

- El monto de los recursos presupuestales.

Cuando se emita por agravio comparado contiene notificación a la autoridad responsable y la propuesta de modificación de la norma o política pública, o en su caso la recomendación de su derogación.

• La notificación se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el diario de mayor circulación nacional y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate.

• La Secretaría de Gobernación, una vez declarada la Alerta por Violencia de Género por graves situaciones de violencia, contará con cinco días naturales perentorios para asignar el monto de los recursos presupuestales que se requieren para dar cumplimiento a las medidas recomendadas.

• Una vez notificada las autoridades señaladas contarán con un plazo de treinta días naturales para realizar las acciones pertinentes, rindiendo un informe a la Secretaría de Gobernación.

• Las autoridades responsables en un término no mayor a cuarenta días naturales contados a partir de la notificación deben rendir un informe sobre el cumplimiento que guardan las recomendaciones de la Alerta de Género.

Tratándose del Comité de Expertas, se propone la adición del un Capítulo V Ter, denominado “Del Comité de Expertas” compuesto por los artículos 26 H, 26 I y 26 J, en donde se establece la naturaleza jurídica del Comité como un cuerpo colegiado, con carácter honorifico, a cargo de la oficina de la persona titular de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, que tiene por objetivo recibir, analizar y emitir un informe de todas las solicitudes de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres que reciba la Secretaría. Así como, solicitar medidas provisionales de protección y prevención”.

Las integrantes del Comité de Expertas tienen, en condiciones de igualdad, voz y voto; así como las mismas funciones y autoridad respecto de sus atribuciones. Asimismo, el Comité tiene facultad para determinar la metodología que empleara para dar respuesta a cada una de las solicitudes, cumpliendo con el procedimiento establecido propuesto en las reformas. Asimismo, podrá apoyarse en la opinión de otras personas especialistas o instituciones académicas, cuando así lo considere necesario.

El Comité se conformará por personas independientes a las dependencias que integran el SNPASEVM. En el artículo cuarto transitorio se establece todo un procedimiento de selección de las integrantes y se especifican parámetros que atiendan a los más altos estándares de independencia y transparencia en la convocatoria y selección.

Las reformas a los artículos 36 y 42 atienden a las reformas, del 2 de enero de 2013, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Entre las reformas se observa la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, de Policía Federal, así como las del Sistema Penitenciario Federal y de Prevención del Delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, las acciones de seguridad pública en materia de prevención, atención, investigación y erradicación de la violencia en contra de mujeres y niñas siguen vigentes; no se extinguen con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, sino por el contrario se reorientan a las facultades y atribuciones que ahora le corresponden a la Secretaría de Gobernación.

Es importante resaltar que, las acciones y políticas en materia seguridad pública para prevenir, atender, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas siguen siendo indispensables. En este sentido, el Comité de la CEDAW, en la revisión de los informes 7 y 8 del Estado Mexicano, analizó el contexto general y de violencia de género que se vive en México, considerando que:

“[…]preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las niñas, en el disfrute de sus derechos humanos. […] preocupa profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes,haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.Al Comité le preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados”5.

En virtud de que, no pueden desaparecer las obligaciones del Estado en materia de acciones de seguridad pública para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, se deben hacer las modificaciones legislativas para adecuar todas las disposiciones normativas que se ven impactadas por esta reforma a la LOAPF en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia.

Finalmente, se reforma el artículo 49 para adicionar dos nuevas obligaciones a las entidades federativas con la finalidad de que adecuen sus marcos normativos para establecer el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, en aquellas que no cuenten con este; así como se establezca un órgano colegiado integrado por mujeres expertas que resuelvan las solicitudes de Alerta por Violencia de Género.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DELA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

único.- Se reforman los artículos 5, 22, 23, 24, 25, 36, 42 y 49. Se adicionan el artículo 25 A; el Capítulo V Bis, denominado “Del Procedimiento para la Emisión de la Alerta” con los artículos 26 A, 26 B, 26 C, 26 D, 26 E, 26 F y 26 G; y, el Capítulo V Ter denominado “Del Comité de Expertas” con los artículos 26 H, 26 I y 26 J, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XI. …

XI. Violencia Sistémica: Aquella que se traduce en hechos constitutivos de delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad o la seguridad cometidos en contra de niñas ymujeres por razones de género.

Artículo 22.- La Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo de protección de emergencia y colectiva de los derechos humanos cuando se presente:

I. Graves situaciones de violencia contra las niñas y las mujeres en un territorio determinado cuando actos de violencia sistémica afecten la vida, la libertad, la integridad o la seguridad de éstas; o,

II. Agravio comparado cuando una norma jurídica o política pública discrimine o contravenga los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, en los siguientes supuestos:

a. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio;

b. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio, o

c. Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos humanos de las mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.

Artículo 23.- Corresponderá a la Secretaría de Gobernación declarar o negar la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, con base en el informe emitido por el Comité de Expertas.

Artículo 24.- La Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres tendrá como finalidad las siguientes:

I. Cuando sea a consecuencia de graves situaciones de violencia contra las mujeres:

a) Intervenir de emergencia;

b) Eliminar la violencia;

c) Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres;

d) Garantizar el acceso a la justicia, que incluye la investigación y sanción de las personas responsables de violaciones a los derechos humanos;

e) Garantizar que todas las actuaciones se realicen conforme a la debida diligencia;

f) Realizar las acciones necesarias para reparar el daño a las víctimas u ofendidos, conforme a la legislación aplicable;

g) Establecer las garantías de no repetición;

h) Implementar las políticas públicas, acciones y demás instrumentos de coordinación y coadyuvancia entre los diferentes órdenes y niveles de gobierno; y,

i) Todas aquellas que se requieran para superar la situación de emergencia.

II. Cuando sea a consecuencia de agravio comparado, eliminar la discriminación, sea por objeto o por resultado, producida por una norma o política pública.

Artículo 25.- La solicitud de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres podrá ser presentada por:

I. Organizaciones de la sociedad civil;

II. Comisión Nacional de Derechos Humanos;

III. Organismos de Protección de los Derechos Humanos de las 32 Entidades Federativas;

IV. Organismos Internacionales, o

V. Cualquier persona.

Artículo 25 A.- La Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, a nivel federal, podrá solicitarse cuando:

I. No se encuentre contemplada en la legislación local la figura que contenga el mecanismo de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres;

II. La ley local contemple requisitos de procedibilidad mayores a los contemplados por esta Ley;

III. Se señale inactividad u omisión de parte de las autoridades locales para emitir una Alerta por Violencia de Género contra las mujeres;

IV. Existan indicios de que haya participación de personal del servicio público estatal o municipal en la comisión de delitosque afecten la vida, la libertad, la integridad o la seguridad de las niñas y mujeres;

V. Exista inconformidad por la resolución de la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres declarada a nivel estatal; o,

VI. Trascienda al ámbito de una o más entidades federativas.

Artículo 26.-…

CAPITULO V Bis

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE LA ALERTA

Artículo 26 A.- La solicitud de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres se presentará por escrito ante la Secretaría de Gobernación directamente o a través de oficinas de correos, mediante el servicio postal mexicano o mensajería.

La Secretaría de Gobernación remitirá sin dilación cada una de las solicitudes que reciba al Comité de Expertas. Dicha solicitud deberá contener los requisitos siguientes:

I. Nombre o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso, de su representante legal.

II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.

III. Adjuntar los documentos que sean necesarios para acreditar la identidad de la persona que promueve o en su caso, aquella para acreditar la legal existencia del organismo o asociación que promueva.

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar la existencia de los hechos constitutivos de delitos que afectan la vida, la libertad, la integridad o seguridad de las mujeres en un lugar determinado ,o que en dicho territorio exista un agravio comparado en términos del artículo 22.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se cuente con evidencias, elementos o instrumentos sobre los hechos que motivan la solicitud deberán ser aportados.

Artículo 26 B.- Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales deberán de coadyuvar proporcionando todo tipo de información y documentación que tenga relación con los hechos que se afirman en la solicitud, o en su caso, brindar el apoyo necesario para la realización de la investigación correspondiente.

La documentación y demás información que genere el Comité de Expertas observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales y demás normatividad aplicable en esta materia.

Artículo 26 C.- El Procedimiento para emitir la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres por graves situaciones de violencia consistirá en:

I. Recibir la solicitud de Alerta por Violencia de Género por parte de la Secretaría de Gobernación.

II. Recibida la solicitud, el Comité de Expertas dispondrá de 30 días naturales improrrogables para integrar una investigación sobre los hechos y emitir un informe que deberá contener por lo menos:

a) la magnitud de la violencia contra las mujeres,

b) el lugar donde se solicita la alerta,

c) la metodología de análisis,

d) la interpretación de la información,

e) las conclusiones y

f) las recomendaciones de acciones integrales de emergencia, señalando puntualmente a las instituciones y dependencias coadyuvantes encargadas de la ejecución, estableciendo los plazos para el cumplimiento.

Artículo 26 D.- Cuando el Comité de Expertas solicite a la Secretaría de Gobernación la implementación de medidas provisionales de protección y prevención, en caso de graves situaciones de violencia, ésta dictará e implementará en el término de cinco días naturales improrrogables las acciones y medidas de seguridad y justicia necesarias a fin de evitar o detener los hechos que motivaron la solicitud.

Estas medidas se ejecutarán en coordinación y coadyuvancia con las autoridades estatales y municipales del territorio de que se trate y se regirán por los principios de buena fe, inmediatez, urgencia y no prejuzgan sobre el resultado de la investigación realizada por el Comité de Expertas.

Artículo 26 E.- El Procedimiento para emitir la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio comparado consistirá en:

I. Recibir la solicitud de Alerta por Violencia de Género por parte de la Secretaría de Gobernación.

II. Recibida la solicitud, el Comité de Expertas contará con 30días naturales improrrogables para determinar, de manera fundada y motivada, la existencia o no de un agravio comparado, al realizar un análisis que considere los más altos estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, conforme el principio constitucional pro persona y la aplicación de la perspectiva de género.

III. Emitir un informe que contenga la propuesta de modificación de la norma o la política pública.

Artículo 26 F.- La Secretaría de Gobernación, habiendo recibido el informe del Comité de Expertas, determinará en un plazo de tres días naturales improrrogables la emisión o no de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.

El documento por el que se emite la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres deberá contener:

I. Cuando se emita por graves situaciones de violencia:

a) La notificación a la persona en la que se encuentre depositado el poder ejecutivo del Estado o jefatura de Gobierno delDistrito Federal.

b) Las políticas, acciones y demás instrumentos de coordinación y coadyuvancia para dar cumplimiento al artículo 24, fracción I, señalando puntualmente las instituciones y dependencias coadyuvantes encargadas de su implementación, estableciendo plazos para su cumplimiento.

c) El monto de los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia por la que se emite laAlerta por Violencia de Género.

II. Cuando se emita por agravio comparado:

a) La notificación a la persona en la que se encuentre depositado el poder ejecutivo del Estado, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal o presidencia municipal. En el caso de la Federación, se notificará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cuando se trate de una norma y en el caso de una política pública a la persona titular de la dependencia que se encuentre a cargo de la misma.

b) La propuesta de modificación de la norma o política pública, o en su caso la recomendación de su derogación.

La notificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, en el diario de mayor circulación nacional y en el periódico de mayor circulación de la entidad federativa de que se trate. Una vez notificada las autoridades señaladas contarán con un plazo de treinta días naturales para realizar las acciones pertinentes, rindiendo un informe a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Gobernación, una vez declarada laAlerta por Violencia de Género por graves situaciones de violencia, contará con cinco días naturales perentorios para asignar el monto de los recursos presupuestales que se requieren para dar cumplimiento a las medidas que se hayan dictado.

Artículo 26 G.- La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema, dará seguimiento al cumplimiento de las medidas que se hayan emitido para hacer frente a la contingencia motivo de la Alerta por Violencia de Género.

La persona en que se encuentre depositado el poder ejecutivo del Estado o jefatura de Gobierno del Distrito Federal, en su caso, deberán rendir a la Secretaría de Gobernación un informe sobre la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas en la Alerta por Violencia de Género, en un término no mayor a cuarenta días naturales contados a partir de la notificación.

Las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan estarán obligadas en términos de los artículos 40, 41, fracción IX y 49, fracción XXII de la Ley para dar cumplimiento a los requerimientos de información, apoyo y determinaciones que se emitan para hacer frente a la contingencia de Alerta por Violencia de Género, en el entendido de que sus omisiones, obstaculizaciones o negativas podrán ser causa de responsabilidad jurídica a la que haya lugar.

CAPITULO V Ter

DEL COMITE DE EXPERTAS

Artículo 26 H.- El Comité de Expertas es un cuerpo colegiado, con carácter honorifico, a cargo de la persona titular de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica. Tiene por objetivo recibir, analizar y emitir un informe de todas las solicitudes de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres que reciba la Secretaría. Así como, solicitar medidas provisionales de protección y prevención.

La Secretaría garantizará el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades requeridas del Comité. Asimismo, establecerá el reglamento de y demás ordenamientos jurídicos la organización y funcionamiento del Comité.

Artículo 26 I.- El Comité de Expertas se conforma por cinco mujeres con conocimiento en la perspectiva de género, con las siguientes características:

I. Una académica experta en materia de violencia contra mujeres y niñas; así como, en derecho internacional de los derechos humanos;

II. Una defensora o activista, con amplia y reconocida trayectoria, de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

III. Una experta en evaluación, diseño y reorientación de políticas públicas; así como en evaluación de la eficiencia institucional;

IV. Una experta en procuración y administración de justicia, con reconocida trayectoria por su trabajo en el acceso a la justicia para las mujeres; y,

V. Una experta en seguridad ciudadana con enfoque de seguridad humana y desarrollo humano.

Artículo 26 J.- Las integrantes del Comité de Expertas tienen, en condiciones de igualdad, voz y voto; así como las mismas funciones y autoridad respecto de las solicitudes de Alerta por Violencia de Género y las solicitudes de medidas provisionales de protección y prevención para situaciones graves de violencia.

Dicho Comité tiene facultad para determinar la metodología que emplearan para dar respuesta a cada una de las solicitudes, cumpliendo con el procedimiento establecido en esta Ley. Asimismo, podrá apoyarse en la opinión de otras personas especialistas o instituciones académicas, cuando así lo considere necesario. Sesionará al día siguiente que le sea remitida una solicitud de Alerta por Violencia de Género.

Artículo 36.- El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a II.

III. Derogado

IV. a XI.

Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I.Presidir el Sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres;

II. Implementar medidas provisionales de protección y prevención en caso de graves situaciones de violencia;

III. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

IV. Elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema;

V. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

VI. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

VII. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa;

IX. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;

X. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

XI. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres;

XII. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

XIII. Realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

XIV. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema y del Programa a los que se refiere esta ley;

XV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XVI. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres,

XVII. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

XVIII. Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

XIX. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor;

XX. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa que le correspondan;

XXI. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente, y

XXII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Sección Novena. De las Entidades Federativas

Artículo 49.- Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Crear el mecanismo de Alerta por Violencia de Génerocontra las mujeres a nivel local, que incluye la conformación de un órgano colegiado integrado por expertas que resuelvan las solicitudes de Alerta por Violencia de Género;

III. Emitir la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres, cuando corresponda;

IV. aXXVII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley.

TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el Ejercicio Presupuestal del año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá prever el aumento correspondiente en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, a fin de garantizar los recursos económicos necesarios para implentar las acciones derivadas de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género por graves situaciones de violencia, creando un fideicomiso a cargo de la Secretaría de Gobernación para la operación de dichos recursos.

CUARTO.- La Secretaría de Gobernación contará con 60 días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto, para hacer una convocatoria pública, con cobertura nacional, para integrar la primera conformación del Comité de Expertas a que refiere esta Ley. Una vez publicada la convocatoria, contará con 15 días naturales improrrogables para conformar un grupo interinstitucional que evaluará todas las solicitudes y seleccionará a las candidatas que conformarán en Comité de Expertas. Dicho grupo interinstitucional se conformará por una persona de alto nivel representante de cada una de las siguientes instituciones y poder judicial:

I. Una institución académica universitaria de alto prestigio en estudios de género;

II. El Instituto Nacional de las Mujeres;

III. La Oficina del Representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas;

IV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; y,

V. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dicho grupo contará con 30 días naturales improrrogables para hacer la selección de las candidatas que integren el Comité.

La selección de las integrantes será por un período de dos años, pudiéndose reelegir por única ocasión por otro periodo igual. La Secretaría garantizará la rotación de las integrantes de forma escalonada, conforme al reglamento aplicable.

QUINTO.- Los Congresos locales de la Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las reformas a las disposiciones legales tendientes al cumplimiento de esta Ley.

Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Sen. Angélica de la Peña Gómez”.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, para presentar, a nombre propio y de la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 476 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Ernesto Gándara Camou, a nombre propio y de la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar, a nombre propio y de mi compañera Senadora María Verónica Martínez Espinoza, así como la adhesión de mis compañeros Senadores Armando Neyra e Isaías González Cuevas, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo.

El objetivo de la presente iniciativa es armonizar la tabla de enfermedades de trabajo previstas en la Ley Federal del Trabajo con la lista de enfermedades profesionales actualizadas por la Organización Internacional del Trabajo.

Se pretende favorecer una completa y equitativa identificación y evaluación de las enfermedades laborales en aras de una adecuada protección y defensa de los derechos de seguridad social de los trabajadores.

De esta manera se agilizará, eficientará, garantizará y procurará una adecuada investigación e indemnización en los procesos de calificación de riesgos de trabajo.

Se busca con esto facilitar la adecuación periódica de las tablas por este Poder Legislativo conforme lo establece el artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo.

Como ustedes saben, las enfermedades del trabajo van a la par de la vida social, económica, política y cultural de los trabajadores, sumados, desde luego, en estas condiciones del siglo XXI, a los cambios ambientales y a las transformaciones científicas y tecnológicas.

La seguridad social es un derecho humano de los trabajadores; sin embargo, en los procesos de calificación de los riesgos de trabajo, no solo se generan evasivas, sino también constantes violaciones y omisiones, haciendo nugatorio el acceso a la justicia para los trabajadores, pese a existir un nexo causal enfermedad- trabajo.

Existen hoy en día gran número de enfermedades, que no se encuentran contempladas en las tablas de enfermedades del trabajo, debido a que a 42 años de distancia de la tabla, no ha sido modificada.

Según el informe de The Prevention of Occupational Diseases 2013, publicado en ocasión del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque las enfermedades profesionales causan un número de muertes seis veces mayor que los accidentes laborales, estos últimos reciben mayor atención.

El costo final de las enfermedades profesionales puede ser la vida humana o la discapacidad permanente, lo que daña, desde luego, a los trabajadores y a sus familias, y puede, desde luego, y así es, debilitar a la comunidad.

Los cambios tecnológicos, sociales y las condiciones económicas mundiales están aumentando los peligros para la salud existentes, y creando nuevos riesgos. Es por ello la presente iniciativa.

No hay que olvidar que México es un miembro muy activo de la OIT desde 1931, y a partir de esta fecha ha suscrito con esta organización 78 convenios, de los cuales 68 se encuentran vigentes.

De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, la expresión “enfermedad profesional” designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.

Dentro de los instrumentos internacionales destaca, como ustedes bien saben, la Recomendación 194, que surge de la necesidad de mejorar los procedimientos de identificación, registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con el fin de determinar sus causas, establecer medidas preventivas, promover la armonización de los sistemas de registro y notificación, y mejorar el proceso de indemnización, en el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, además de la imperiosa necesidad de contar con un procedimiento simple y sencillo para mantener actualizada la presente lista.

A ésta se le conoce como la recomendación sobre lista de enfermedades profesionales 2002, en la identificación y reconocimiento, la cual, fue revisada por la OIT en 2010.

El Director del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Seiji Machida, solicitó se actualizara con carácter prioritario, de conformidad con el mecanismo establecido en el párrafo tres de la propia recomendación. Y a estos efectos la OIT organizó dos reuniones de expertos nombrados por los gobiernos, empleadores y trabajadores, una en 2005 y otra en 2009.

La lista refleja los últimos avances en la identificación de estas enfermedades causadas por agentes químicos, físicos, biológicos y hasta enfermedades de origen respiratorio, trastornos del sistema osteomuscular y cáncer profesional

Por primera vez, se ha incluido de manera específica la lista de trastornos mentales y del comportamiento.

En las secciones de la lista se incluyen, además, puntos abiertos, mismos que permiten el reconocimiento del origen profesional de enfermedades que no figuran en la lista, siempre y cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición de los factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.

Por todo esto, compañeras y compañeros, y desde luego en el ánimo de siempre, estar a la altura de las circunstancias del siglo XXI y de los derechos de los trabajadores de nuestro país, proponemos reformar el artículo 476 de la Ley Federal del Trabajo, que puede quedar como sigue:

Artículo 476. Serán considerados en todo caso enfermedades de trabajo las que determine esta ley y, en su caso, la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, y ahí es donde viene la adecuación, los contemplada en la lista de enfermedades profesionales, actualizada por la Organización Internacional del Trabajo.

Nosotros consideramos que independientemente de los avances que tuvimos a la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, esto se tiene que seguir revisando en bienestar de los trabajadores, en bienestar de México.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Gándara Camou.

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Orihuela Bárcenas, ¿con qué objeto?

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Ernesto Gándara, si acepta que me sume a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Con el mismo objeto, los Senadores que están levantando la mano? Acepta el proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, para presentar, a nombre propio y de las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Martha Elena García Gómez y Dolores Padierna Luna, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE MIGRACION Y DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCION COMPLEMENTARIA, EN MATERIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS Y SEPARADOS

(Presentada por la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Martha Elena García Gómez y Dolores Padierna Luna)

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

A esta iniciativa también se suma la Senadora Silvia Garza Galván.

El día de hoy ponemos a su consideración esta iniciativa, que tiene como propósito ampliar la protección de los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados que se encuentran migrando en nuestro país.

Como ustedes saben, las y los migrantes se enfrentan a múltiples peligros y adversidades en su paso por nuestro territorio; cruzan por desiertos y ríos, padecen abusos por su condición migratoria irregular y llegan, incluso, a sufrir el acoso de las autoridades migratorias.

Todos estos problemas son graves y dolorosos, sobre todo cuando hablamos de los niños y niñas, especialmente aquellos que están migrando solos.

Durante su travesía estos niños viajan desprotegidos, dejando en el camino su seguridad y, a veces, también su inocencia.

Estan expuestos a situaciones que ponen en riesgo su vida y su desarrollo, a prácticas de racismo, a la intolerancia, a la discriminación, a la explotación, a los abusos sexuales y, en algunos casos, hasta la muerte.

Las cifras de esta problemática son alarmantes, tan solo de 2012 a 2013, el número de niños migrantes en nuestro país registró un aumento de casi el 100 por ciento.

Estos niños fueron devueltos a sus países de origen. Pasamos de 2,800 a 5,400 menores no acompañados.

Y lo mismo ocurrió con el número de niños que se alojaron en las estaciones migratorias, que pasó de 4 mil en el año de 2011, a cerca de 10 mil el año pasado.

No podemos cruzarnos de brazos ante estas injusticias de delitos y la vulneración de derechos que sufren los niños, que año con año viajan desde Centroamérica por múltiples razones.

Muchos vienen en busca de sus familiares, otros aspirando mejores condiciones y oportunidades, y otros, incluso, escapando de situaciones de violencia o de vulnerabilidad.

La migración infantil es uno de los temas que debemos colocar en la agenda legislativa, con la urgencia e importancia que amerita.

Las y los legisladores tenemos la obligación de diseñar un marco legal que asegure la protección y el respeto de los derechos de los niños migrantes durante su estadía, tránsito y eventual repatriación.

Ciertamente en los últimos años hemos aprobado reformas importantes en esta dirección. Sin embargo, algunos especialistas han advertido que en las acciones del gobierno, no prima el interés superior del niño, sino aquel interés que está superior al niño.

Pues se han registrado repatriaciones y detenciones arbitrarias; restricciones al derecho de asilo y falta de medidas orientadas a llevar el debido proceso.

Por ello pongo a consideración de esta Soberanía una iniciativa que incluye recomendaciones hechas por agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, como Appleseed, UNICEF, ACNUR, la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, a quienes agradezco, además, el tiempo que han dedicado a esta iniciativa y, sobre todo, el trabajo que realizan día a día en la defensa y promoción de los derechos humanos de miles de niños en nuestro país y en muchos rincones del mundo.

Aspectos relevantes de esta iniciativa son:

Primero.Se propone la creación de la Comisión Especializada para la Determinación del Interés Superior de la Niña, Niño o Adolescente, a fin de que sea esta comisión y no el Instituto Nacional de Migración, sea quien determine las medidas que permitan garantizar la integridad, los derechos y el desarrollo de la niñez migrante no acompañada.

Segundo. Se establece el principio de no devolución, tomando en cuenta que al regreso de los niños a su país no siempre es lo más favorable ni abona en su mejor interés.

Con ello, el Estado tendría la obligación de realizar investigaciones detalladas y profundas en las que se valore las razones por la que migra cada niño.

Tercero. Se plantea la creación de los centros de atención y protección integral los cuales estarían a cargo los sistemas DIF estatales.

Estas instituciones de alojamiento tendrán como objetivo la atención y la no privación de la libertad.

Algunos estados ya están haciendo esfuerzos importantes en esta materia, pero sin duda se vuelve muy importante su regulación.

Cuarto. Se propone un rol mucho más activo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los defensores de derechos humanos, así como la creación de un registro único que permitirá generar información relevante para avanzar en el diseño, en la implementación y en la evaluación de políticas públicas.

En suma, esta iniciativa lo que busca es erradicar el carácter punitivo de la gestión migratoria para diseñar medidas que estén alineadas con los estándares internacionales.

Este tema es de elemental congruencia. Si bien, desde México reclamamos a Estados Unidos la vigencia de derechos humanos con todos nuestros migrantes, es tiempo de que México utilice los mismos criterios que demanda cuando se trata de trabajar con los migrantes que vienen de otros países a nuestro país, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Estimadas compañeras y compañeros: Sólo si pensamos como personas y no como autoridades, vamos a estar en posibilidad de hacer una ley mucho más humana y de lograr el diseño de herramientas necesarias para que realmente se respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes, se proteja su integridad, se salvaguarden sus derechos y, sin duda, podamos tutelar incluso muchas vidas que ser han perdido.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Cuevas Barrón. Los Senadores Orihuela Barcenas, Mónica Arriola y Calderón Hinojosa, solicitan adherirse a lo presentado, ¿autoriza, Senadora? Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LA CREACION DE UNA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA COMPETENCIA ECONOMICA Y LAS RELACIONES DE CONSUMO

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Me permito someter a su consideración esta iniciativa que lo que busca es configurar una fiscalía especializada en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo en el seno de la Procuraduría General de la República.

Precisamente en el contexto del debate que se está dando en estos momentos en este cuerpo colegiado, en la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, toda vez que ustedes saben que nos ha llegado por parte de los Diputados la minuta sobre la ley reglamentaria del cambio constitucional que recientemente hicimos en materia de competencia económica.

Y precisamente por eso considero que es sumamente importante que pensemos los cambios a la Ley Federal de Competencia Económica, en un contexto mucho más amplio. Consideramos nosotros, y precisamente este es el sustento de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración, que cambiar y modificar para fortalecer la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, es un paso positivo, es un paso positivo también generar los tribunales especializados en materia de competencia económica como lo dejamos señalado en el cambio constitucional que recientemente aprobamos, pero nos parece insuficiente, especialmente de cuando lo que se trata es de inhibir, de evitar que aquellos que se han acostumbrado durante prácticamente dos décadas de abusar del bolsillo de los consumidores, no encuentren verdaderamente dientes en el contexto institucional para prevenir que se sigan dando situaciones de carácter atentatorio contra, decía yo, el bolsillo de los consumidores.

Y el debate que estamos sosteniendo, y por eso también propondremos la próxima semana una ley contra el acaparamiento de artículos de consumo popular, tiene que ver con lo que día con día vemos en los medios, el tema del limón, por citar un ejemplo de los más recientes, y que está más claro y evidente para las madres de familia, para los padres de familia que vieron cómo el kilo de limón pasó de 15 pesos hasta 80 pesos el kilo en los recientes días, pues obviamente es un asunto que nos preocupa, nos preocupa por el acaparamiento, nos preocupa por las acciones de especulación, nos preocupa porque se presentan precios excesivos que terminan lastimando el bolsillo de las amas de casa, el bolsillo de los padres de familia.

Y precisamente en ese contexto, esta fiscalía especializada lo que busca es constituirse en un elemento dentro de la Procuraduría General de la República que le dé asistencia jurídica a la Comisión Federal de Competencia Económica, en el que se busque la implementación de medidas cautelares a efecto de frenar violaciones del orden económico, que se promuevan acuerdos extrajudiciales para aquellos casos de evidentes violaciones del orden económico, y obviamente que esto se haga de coordinada forma con la Comisión Federal de Competencia Económica, y lo que estamos buscando es que la coordinación de esa nueva fiscalía nos permita fortalecer el marco institucional para prevenir aquellas acciones que terminan causando daño al bolsillo y al consumo de la gente en este país.

Las funciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Competencia Económica y las relaciones de consumo, tendría como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica mediante la investigación de aquellos delitos, y esto es importante subrayarlo, de aquellos delitos que estén claramente tipificados por ser atentatorios a la competencia económica y a las relaciones de consumo.

Solicitar a la autoridad judicial la autorización, y esto es importante subrayarlo, para conocer en el marco de investigaciones que se estén llevando a cabo, las actividades y las prácticas empresariales de personas físicas o jurídicas con primordial control de un mercado sustancial de referencias para un determinado producto o servicio, incluyendo los datos y documentos que tengan carácter confidencial de conformidad con la ley; y coadyuvar, como lo hemos dicho, con la Comisión Federal de Competencia Económica en la realización de investigaciones preliminares sobre supuestas violaciones de orden económico, así como conocer los resultados de aquellas en las que no coadyuve a efecto de iniciar las investigaciones pertinentes.

De qué se trata, compañeras y compañeros, para ponerlo de la manera más puntual, y sobre todo, que los millones y millones de consumidores que hay en este país encuentren en esta fiscalía un instrumento que les ayude a cuidar su consumo, que les ayude a cuidar el bolsillo, que les ayude a cuidar la forma en la que enfrentan a los mercados, y la forma en la que pueden tener mucho mayor bienestar, pues de tener una fiscalía que vaya en contra, de manera penal, de aquellos que están abusando en huevo, de aquellos que están abusando en leche, de aquellos que están abusando en agua, de aquellos que están abusando en medicinas, de aquellos que están abusando en carne, y que representan, compañeras y compañeros, la parte más importante de la Canasta Básica.

Aquí se habla frecuentemente de generar mejores condiciones para la gente. Pero si no logramos ir en contra de estos actores que de manera oligopólica siguen beneficiándose de los precios que logran establecer en servicios y en productos de la Canasta Básica, entonces no lograremos verdaderamente garantizar que haya bienestar en el bolsillo de la gente.

Cierro dando algunos argumentos de por qué esto es importante. La OCDE indica que el 30 por ciento del gasto de las familias en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia.

El 10 por ciento más pobre, la gente de menores ingresos en este país, que gasta alrededor de un 42 por ciento, si el promedio es de 30 por ciento los más pobres gastan en mercados monopólicos, oligopólicos que están altamente concentrados, un 42 por ciento del total de esos ingresos.

Estos temas, compañeras y compañeros, son importantes para quienes representamos, son importantes para la vida cotidiana. Venimos llegando de la presentación del Gobernador de Banco de México, y ahí queda muy claro y evidente que lo que tenemos que hacer frente a una gran reforma financiera que tanto se ha cacareado por parte de este Senado, es que a final de cuentas el padre de familia vea reflejado cuando le deposita a un hijo que tiene estudiando en otro lugar, pues que lo que le quitan del cajero no sea verdaderamente un monto tan elevado, que no se termine quedando el banco, el intermediario financiero, con un monto tan grande de lo que debería de ser en beneficio de su hijo o de lo que debería ser en beneficio de la madre para llevar a cabo el gasto.

Estas instituciones, compañeras y compañeros, son importantes para que millones de mexicanos tengan bienestar, y estamos obligados a ver no solamente la Ley Federal de Competencia Económica, sino a construir un andamiaje integral que nos permita darle mejores resultados a la gente para enfrentar aquellos abusos que se están dando en términos de mercado.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

“El que suscribe, Armando Ríos Piter, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA COMPETENCIA ECONOMICA Y LAS RELACIONES DE CONSUMO al tenor siguiente:

ANTECEDENTES

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de fecha 11 de junio de 2013, estableció la importancia de proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, en dos sectores estratégicos para la sociedad: la regulación de los contenidos y la competencia en un sector duopolio y mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica, a fin de salvaguardar los derechos de naturaleza económica de los consumidores de bienes y servicios en México.

En la Constitución Política se contienen las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Estado, pues desde sus normas se distribuyen las competencias a partir de las cuales dichos órganos podrán desplegar y realizar los actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales que les son propios, según su propia esfera competencial lo establezca. Con ello se establece una división de función para el ejercicio del poder, donde cada órgano tiene una función delimitada y precisa, siempre con miras a mantener un contrapeso y evitar así la concentración del poder de los organos del Estado frente a los derechos de los consumidores y agentes economicos.

Los órganos constitucionales autónomos no pertenecen a ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, pero ello no significa que estén aislados de la organización estatal. Más bien guardan relaciones de coordinación con los demás poderes, ya que la función que realizan requiere de independencia absoluta por ser tan trascendente en el correcto funcionamiento del país. Tampoco son creados por la ley, sino que su creación obedece a un mandato directo de la Constitución, donde también se establecerá su mínima esfera competencial.

Aunque la reforma constitucional se le otorga un nivel autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica para garantizar la libre competencia y concurrencia entre las empresas, evitar las prácticas monopólicas y lograr el adecuado funcionamiento de los mercados nacionales, no es la única instancia reguladora responsable de ejercer funciones para combatir los monopolios y oligopolios en México, sino todos aquellos órganos del Estado que, desde el ámbito de sus atribuciones tienen de alguna u otra manera competencias relacionadas con la competencia económica. En el rediseño del Estado mexicano en materia de competencia, el legislador debe tener un enfoque integral y diseñar leyes de carácter transversal en una economía ampliamente dominada por monopolios y practicas anticompetitivas.

CONSIDERACIONES

La economía pública es el conjunto de actividades de una colectividad humana, en lo que concierne a la producción, circulación, distribución y consumo de satisfactores materiales, con el mayorprovecho para la sociedad y, obviamente, para los individuos que la integran; y si se considera esta riqueza en relacióncon la sociedad del país, entonces se hace referencia a la economía nacional, que es el bien jurídicamente protegido por el Título Décimo Cuarto del Código Penal Federal, por cuanto a la economía nacional constituye una condicionante del bienestar popular.

En este sentido, la presente iniciativa de reforma busca complementar las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica, dado que la Comisión no es un órgano responsable de sancionar los delitos derivados de las prácticas monopólicas y las relaciones de consumo, se hace necesario mejorarla coordinación con la Procuraduría General de la República. Ya quelos actos que constituyen prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones injustificadas al funcionamiento eficiente de los mercados, pueden ser abordados desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho mercantil, el objetivo de este proyecto es fortalecer a la autoridad de la Procuraduría General de la República en materia de investigación de actos contra la economía y las relaciones de consumo.

La minuta de laLey Federal de Competencia Económica plasma avances en las facultades del órgano autónomo, procedimiento de investigación y sanciones de los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas, sin embargo, consideramos fortalecer un nuevo diseño institucional acorde al modelo brasileño o de los países desarrollados en mecanismos de mayor coordinación entre los entes reguladores y de investigación.

Por tal motivo, la Procuraduría General de la República debe especializarse en temas relacionados con la competencia económica y relaciones de consumo, máxime, porque en última instancia se trata de proteger los derechos de los consumidores contra el abuso del poder fáctico o de las mismas autoridades del Estado cuando son omisas en cumplir sus obligaciones, lo anterior, buscando en todo momento coordinarse en pleno respeto de las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica.

La presente iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para darle facultades en materia de investigación de delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo.

La creación de una Fiscalía Especializada en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, sería el área encargada de investigar los delitos generados precisamente contra la competencia económica, las relaciones de consumo y demás conductas monopólicas prohibidas por las leyes de la materia. Además de que en todo momento estaría coordinada con la Comisión Federal de Competencia Económica para solicitar información relacionada con actividades y prácticas empresariales que fueran objeto de investigación o de un procedimiento administrativo.

En una económia global, la protección al consumidor no puede ser una política aislada. Dicha politíca debe estar articulada con la política de competencia, apoyando al crecimiento economico y el bienestar de la población, especializan doce en la protección al consumidor y complementando a la política de competencia.

En este sentido, presentamos un proyecto de iniciativa para complementar el debate referente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal para que la Procuraduria General de la República cuente con un Fiscalía Especial para la atención de delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, que funja como la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de la economía nacional, realice una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos de la materia, además de que promueva una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados a la economía nacional y Coordinarse con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, a fin de coadyuvar en la investigación de los ilícitos competencia de esta Fiscalía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea el estudio, discusión y en su caso, aprobación del presente Proyecto Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los términos siguientes:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción XX al artículo 5, la fracción XI del artículo 6; los artículos 8, 9 y 10todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, recorriéndose los actuales, para quedar como sigue:

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I al XIV. …

XV. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en:

a) a e) …

f) Los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los delitos que son cometidos contra la competencia económica y las relaciones de consumo.

Artículo 6.- Son atribuciones indelegables del Procurador General de la República:

I. al X. …

XI. Crear consejos asesores y de apoyo que coadyuven en la solución de la problemática propia de las distintas actividades de la Procuraduría General de la República;

XII. Asistir a las reuniones de la Comisión Federal de Competencia a efecto de coordinar las investigaciones en materia de delitos contra la Competencia Económica y las relaciones de consumo,y

XIII. Las demás que prevean otras disposiciones aplicables.

CAPITULO II

De las Facultades de la Procuraduría General de la República en materia de competencia económica y relaciones de consumo

Artículo 8. En el ámbito de sus atribuciones y autonomía el Ministerio Público se coordinará con la Comisión Federal de Competencia para el cumplimiento de sus funciones en la materia de competencia económica y protección de los derechos consumidores mediante:

I. La asistencia jurídica a la Comisión Federal de Competencia, y la representación de la misma ante instancias jurisdiccionales;

II. Los arreglos para la ejecución judicial de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia y el Tribunal Federal en Competencia Económica;

III. La implementación de medidas cautelares a efecto de frenar violaciones del orden económico;

IV. La promoción de acuerdos extrajudiciales para los casos de violaciones del orden económico, sujeto a la autorización previa de la Comisión Federal de Competencia.

V. Velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Competencia Económica, y

VI. La emisión de los reglamentos, lineamientos y normas administrativas internas para el cumplimiento de sus facultades.

Artículo 9. El Procurador General de la República asistirá a las reuniones de la Comisión Federal de competencia, sin derecho a voto, para la atención de temas relacionados con la investigación coordinada de casos contra personas físicas y morales o funcionarios públicos por actos contra la competencia económica y las relaciones de consumo.

Artículo 10. El Procurador General de la República, designará a un Fiscal Especializado en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, para atender los casos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, el cual deberá tener amplia experiencia en el ámbito del derecho económico.

La Fiscalía Especializada en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo tendrá las facultades siguientes:

I. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Competencia Económica, mediante la investigación de los delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo;

II. Solicitar a la autoridad judicial la autorización para conocer, en el marco de investigaciones en curso,las actividades y las prácticas empresariales de personas físicas o jurídicas con primordial control de un mercado sustancial de referencia para un determinado producto o servicio, incluyendo los datos y documentos que tengan carácter confidencial de conformidad con la ley;

III. Coadyuvar con la Comisión Federal de Competencia en la realización de investigaciones preliminares sobre supuestas violaciones de orden económico y conocer los resultados de aquellas en las que no coadyuvé, a efecto de iniciar las investigaciones pertinentes;

IV. Dar vista a la comisión respecto de las averiguaciones previas en curso relacionadas con la probable comisión de delitos de orden económico.

V. Adoptar medidas preventivas para la cesación del acto caracterizado como una violación del orden económico, y establecer el plazo para su cumplimiento;

VI. Asesorar al público de las diversas formas de delitos al orden económico, así como los medios para denunciarlos, y

VII. Las demás que la ley señale.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Albores Gleason, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Roberto Armando Albores Gleason: (Desde su escaño) Si acepta el orador suscribirme a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aceptado. Gracias, Senador.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 210, SE REFORMA EL ARTICULO 212 Y SE MODIFICA EL ARTICULO 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con su venia, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

La iniciativa que hoy pongo a su consideración parte de mi preocupación por el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el derecho a la alimentación nutritiva y el derecho a la salud, ambos contenidos en el artículo 4o. de nuestra Constitución, en el cual se establece la responsabilidad ineludible del Estado mexicano en la generación de las condiciones que hagan posible a las mexicanas y mexicanos al ejercicio pleno de estos derechos.

En este mismo sentido, la Ley General de Salud previene en la fracción II de su artículo 115, que es facultad de la Secretaría de Salud, normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos más vulnerables de igual manera la fracción IV establece como una de sus facultades; normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Si bien la ley no preveé, la realidad es que no se está cumpliendo con el mandato constitucional de promover una alimentación nutritiva, pues el sobrepeso y la obesidad se han posicionado en los últimos años como el mayor problema de salud pública en nuestro país.

Ante este fenómeno, se han impulsado una serie de esfuerzos aislados o poco articulados para combatirla; sin embargo, organizaciones no gubernamentales y expertos han insistido en la necesidad de exigir una política integral que lo ataque de raíz, ya que de no tomar medidas urgentes, millones de mexicanos y mexicanas enfrentan el riesgo de caer en un espiral de enfermedades provocadas por el desconocimiento del contenido del alimento a ingerir.

Ante las propuestas más destacadas está la de la Alianza por la Salud Alimentaria, que promueven medidas orientadas al establecimiento de regulaciones efectivas, tales como un etiquetado de alimentos para brindar información veraz a los consumidores; la protección de los niños de la publicidad de comida chatarra; el establecimiento de medidas fiscales para desincentivar el consumo de refrescos, misma que ya se está aplicando; y campañas para favorecer el consumo de alimentos saludables, garantizando el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos.

Si bien, todas son importantes, creo que una de las más urgentes y más viables se refiere a la regulación del etiquetado y la publicidad de alimentos y bebidas procesados, misma de que es objeto la presente iniciativa, pues a pesar de las normas establecidas no se ha logrado que las etiquetas ofrezcan al consumidor información clara que le permita tomar una decisión enterada sobre los productos que consume.

Actualmente vemos que la declaración nutrimental en el etiquetado no es respetada y se observan claramente productos que no cumplen la normatividad vigente. Un ejemplo de lo anterior serían los empaques que promuevean o incentiven la compra de alimentos que prometen ser de mejor calidad que los productos originales, usando términos como light o ligero, bajo en grasas, alto en fibra, o cualquier otra afirmación, en ocasiones sin fundamento real.

Cambiar esta situación es precisamente el propósito de la presente iniciativa ante la ausencia de una cultura de información sobre los contenidos y las porciones adecuadas de alimentos que deben consumir las personas, propongo que el etiquetado ofrezca información clara, completa, útil y precisa acerca de los valores nutricionales de los alimentos.

Asimismo, que se incorpore en los casos que sea necesario una leyenda que informe con claridad los riesgos que derivan de su consumo excesivo o recurrente.

Para ello, los datos que deben aparecer en la etiqueta tienen que indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados deben ostentar la información obligatoria en el idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas.

En concreto, y para hacer de las previsiones mencionadas un mandato de ley, la iniciativa plantea plasmar en la Ley General de Salud las disposiciones para el cumplimiento obligatorio de las normas implementadas por la Secretaría de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas pre-envasadas. Con esta medida se evitará el sesgo en su aplicación y lograremos que se estandarice para constituirse como un verdadero apoyo en la toma de decisiones del consumidor, al seleccionar alimentos que posean un adecuado valor nutricional y así coadyuvar a una dieta saludable y al sano desarrollo de la población.

Con este fin, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 210de la Ley General de Salud, en la cual se expone que el objeto del etiquetado nutricional es proporcionar más herramientas a los consumidores, para que puedan seleccionar los alimentos de forma responsable e informada, haciendo uso de su derecho a la libre elección y a recibir una información veraz y oportuna sobre los productos que adquiere; asimismo tener la posibilidad de conocer la cantidad de calorías, grasas y azúcares que están consumiendo para prevenir enfermedades.

Se reforma el segundo párrafo del artículo 212,en el cual se expone que la información sobre los componentes de los alimentos ha sido siempre importante para el control de la calidad de los mismos, y en este sentido, el alto consumo de bebidas se asocia a una ingesta más baja de numerosas vitaminas, minerales y fibra, siendo riesgos importantes y factores de salud que contribuyen sin duda a fenómenos de enfermedades.

En este mismo sentido, se propone modificar el artículo 301 para incorporar la disposición que establezca la obligación de que los alimentos procesados deberán incorporar, aparte de la información nutricional, una etiqueta que cubra un porcentaje del empaque con una advertencia sobre los riesgos del consumo en exceso de grasas, azúcar, sal y calorías.

Compañeras Senadoras y Senadores, considero que es una medida urgente y necesaria el poner al alcance de los consumidores la información sobre los efectos negativos que pudiera tener la salud en el consumo de ciertos alimentos y bebidas. Las medidas y acciones que se han tomado hasta el momento han resultado insuficientes y se requiere hacer más.

Con esta iniciativa se busca reforzar la ley en la materia para contribuir a que la población tome sus decisiones de manera informada.

A su consideración, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

“La que suscribe, Mónica T. Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura,del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 210, SE REFORMA EL ARTICULO 212 Y SE MODIFICA EL ARTICULO 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho universal a la alimentación y a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se dispone que: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Esta disposición se concreta en la responsabilidad ineludible del Estado Mexicano, que lo obliga a establecer las condiciones que otorguen a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos básicos, en este caso el de alimentación nutritiva tal y como está establecido en la Constitución.Asimismo, la Ley General de Salud establece en la fracción II del artículo 115, que es facultad de la Secretaría de Salud, “Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos más vulnerables”. y de igual manera en la fracción IV, ”Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas”.

Sin embargo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y diversas instituciones, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en los últimos años, en el mayor problema de salud pública, alcanzado a 7 de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños en nuestro país, este problema dependiendo de su gravedad y de su duración, puede ser causante de otras enfermedades, especialmente las crónico degenerativas como la diabetes y cardiovasculares.

Ante esta situación, los esfuerzos realizados para combatir sus causas han sido aislados o poco articulados, destacan por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria en el 2010 (ANSA). No obstante, este acuerdo representó un esfuerzo que no mostró acciones efectivas a favor de la salud, en virtud de que no fue una ley, ni una norma, ni un reglamento, tan sólo fue un acuerdo y Como tal, no obligaba ni sancionaba, estableciéndose bajo el principio de la buena voluntad.

En este contexto, organizaciones no gubernamentales y expertos integrantes dela Alianza por la Salud Alimentaria, se han sumado a la demanda de investigadores y académicos, para exigir una política integral que ataque la raíz de este grave problema de salud, ya que de no tomar medidas urgentes “nuestro país caerá en un espiral de enfermedades provocadas por el sobrepeso y obesidad, con graves consecuencias para la salud’’. Las propuestas de la Alianza por la Salud Alimentaria, se orientan a la necesidad de desarrollar una política integral, basada en el establecimiento de regulaciones efectivas que ordenen el etiquetado de alimentos para brindar información veraz a los consumidores; proteger a los niños de la publicidad de comida chatarra; establecer medidas fiscales para desincentivar el consumo de refrescos (medida que se contempla en la Ley de Ingresos aprobada en el mes de octubre de 2013) y favorecer el consumo de alimentos saludables, garantizando el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos y el desarrollo decampañas efectivas de orientación alimentaria.

De éstas medidas, creo que una de las más urgentes y más viables se refiere a la regulación del etiquetado y la publicidad de alimentos y bebidas procesados que se expenden en los establecimientos mercantiles. En el caso de estos productos, a pesar de las distintas normas establecidas no se ha logrado que las etiquetas ofrezcan al consumidor una información clara que le permitan tomar una decisión sobre su consumo.

Por el contrario, la Procuraduría Federal del Consumidor ha observado diversas irregularidades en el etiquetado, al no cumplir con lo que en ellas se declara. Así, en al menos nueve de las muestras analizadas, se detectaron edulcorantes sintéticos no calóricos que no se mencionan; en seis más hubo conservadores que nunca se mencionaron en la etiqueta, y en seis productos más se ofrecen menos mililitros de los que afirma tener.

Es evidente que las empresas hacen uso de etiquetados engañosos y de la publicidad, para promover el consumo de sus productos, sin tomar en cuenta los efectos de éstos sobre la salud, es práctica común que las tablas de ingredientes, componentes y la cantidad contenida en diversos alimentos y bebidas presentan una información poco clara que le permita al consumidor tomar una decisión sobre el consumo responsable de estos.

Es urgente que las autoridades intervengan en la regulación, de tal manera que se puedan modificar estas prácticas en el etiquetado con el fin de que le permita al consumidor realizar elecciones saludables.

Como ya se mencionó, actualmente vemos que la declaración nutrimental en el etiquetado, no es respetada, y se observan claramente productos que no cumplen la normatividad vigente; un ejemplo serían los empaques que promueven o incentivan la compra de alimentos que prometen ser de mejor calidad que los productos originales usando términos como lighto “ligero”, “bajo en grasas”, “alto en fibra”, o cualquier otra afirmación, en ocasiones sin fundamento real.

Con un etiquetado que ofrezca información clara, completa, útil y precisa acerca de los valores nutricionales de los alimentos, se cumple con una función social importante, al contribuir en la educación alimentaria y nutricional de la población, además de ser útil al consumidor para el cuidado de la salud.

Ese es el objeto de la presente iniciativa, misma que cobra mayor importancia, ante la ausencia de una cultura de información sobre los contenidos y las porciones adecuadas de alimentos que deben consumir las personas.

Asimismo, la leyenda que se pretende integrar con esta propuesta legislativa, al etiquetado de todos los alimentos y las bebidas azucaradas y carbonatadas, tiene el objeto de informar con claridad los riesgos que derivan del consumo excesivo o recurrente de dichos productos.

Para ello, los datos que deben aparecer en la etiqueta tienen que indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información aplicable, a menos de que la etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados deben ostentar la información obligatoria en el idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas debe aparecer también en español, cuando menos con el mismo tamaño y de manera igualmente ostensible.

La información de las etiquetas debe ser escrita o gráfica y debe contener elporcentaje de los valores nutrimentales de referencia ( VNR )y laingesta diaria recomendada ( IDR ) así como el tamaño de la ración detalladamente y legible, bajo el título “ Información nutricional “como se muestra en el siguiente ejemplo :

Información Nutrimental.

Nutrimento/unidad de medida

VNR

IDR

IDS

Proteína g/kg de peso corporal

1

Fibra dietética g

30

Vitamina A μg (equivalentes de retinol)

568

Vitamina B1 μg (Tiamina)

800

Vitamina B2 μg (Riboflavina)

840

Vitamina B6 μg (Piridoxina)

930

Niacina mg (equivalente a Acido nicotínico)

11

Acido fólico μg (Folacina)

380

Vitamina B12 μg (Cobalamina)

2,1

Vitamina C mg (Acido ascórbico)

60

Vitamina D μg (como colecalciferol)

5,6

Vitamina E mg (equivalente a tocoferol)

11

Vitamina K. μg

78

Acidopantoténico mg

4,0

Calcio mg

900

Cobre μg

650

Cromo μg

22

Flúor mg

2,2

Fósforo mg

664

Hierro mg

17

Magnesio mg

248

Selenio μg

41

Yodo μg

99

Zinc mg

10

Grasa

15

Colesterol

25

Dicha etiqueta debe contener además, las instrucciones de uso cuando sean necesarias incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica preenvasado y cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, evitando ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor. Asimismo debe indicar que el alimento o bebida no alcohólica preenvasado no afecta el ambiente.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa plantea plasmar en la Ley General de Salud, las disposiciones para el cumplimiento obligatorio de las normas implementadas por la Secretaría de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas para que de este modo se evite el sesgo en su aplicación y se logre estandarizar el mismo, y así constituya un verdadero apoyo a la población en general para la toma de decisiones al seleccionar alimentos que posean un adecuado valor nutricional y coadyuve a una dieta saludable, promueva el óptimo desempeño intelectual, el sano desarrollo de la población y apoye la lucha contra la obesidad.

Se propone adicionar un segundo párrafoal artículo 210 de la Ley General de Salud, en el cual se expone que el objeto del etiquetado nutricional es proporcionar más herramientas a los consumidores, para que puedan seleccionar los alimentos de forma responsable e informada, haciendo uso de su derecho a la libre elección y a recibir una información veraz y oportuna sobre los productos que adquiere, asimismo tener la posibilidad e conocer la cantidad de calorías, grasas o azúcares que están consumiendo, para prevenir enfermedades como la obesidad o las de carácter cardiovascular.

Se reforma el segundo párrafo del artículo 212, en el cual se expone que la información sobre los componentes de los alimentos ha sido siempre importante para el control de la calidad de los alimentos y de las bebidas saborizadas, que hoy en día constituyen productos de alto consumo en todo el mundo, especialmente entre la población joven, lo que representa un problema importante para la salud, no sólo por el contenido, sino también por los alimentos que desplazan de la dieta.

El alto consumo de bebidas saborizadas, se asocia a una ingesta más baja de numerosas vitaminas minerales y fibra. Siendo un factor de riesgo importante para la salud en general, ya que contribuyen, sin lugar a duda, con el incremento del fenómenos del sobrepeso y la obesidad. A la vez que incrementan el riesgo de osteoporosis, problemas dentales, gástricos, renales y cardíacos entre otras enfermedades.

Considero necesario poner al alcance de los consumidores, información de los efectos que sobre su salud puede tener el consumo excesivo de las bebidas saborizadas no alcohólicas o refrescos, es cierto que las autoridades han instaurado diversas medidas y acciones; pero hasta el momento haresultado insuficiente; se requiere hacer más. En esta iniciativa se busca reforzar la ley en la materia para contribuir a que la población tome sus decisiones de manera informada.

En este mismo sentido, se propone modificar el artículo 301 para incorporar la disposición que establezca la obligación de que los alimentos procesados deberán incorporar, aparte de la información nutricional, una etiqueta que cubra un porcentaje del empaque con una advertencia sobre los riesgosdel consumo en exceso de grasas, azúcar, sal y calorías.

Con base en los considerandos expuestos y fundadas en mi calidad de Senadora de la República de la LXII Legislatura, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 210, SE REFORMA EL ARTICULO 212 Y SE MODIFICA EL ARTICULO 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Unico.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 210, se reforma el artículo 212 y se modifica el artículo 301de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 210.- …..

Se establece con carácter de obligatorio incorporar en las etiquetas la declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, necesaria para informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasada.

Artículo 212.-…..

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional e información sobre su composición y tipo de endulzantes y aditivos reales, tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población y, en su caso, se pueda consumir una porción que no constituya un factor de riesgo para la salud nutricional.

…….

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud; la publicidad para las bebidas no alcohólicas con azúcar, que deberán presentar en la etiqueta o contra etiqueta el mensaje “El consumo frecuente o excesivo de este producto contribuye al aumento de peso, e incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares”; las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Tercero. Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrada en vigor para que fabricantes, embotelladores, comercializadores, distribuidores o establecimientos mercantiles que ofrecen alimentos y bebidas no alcohólicas con azúcar o sustancia afín para que puedan hacer las adecuaciones pertinentes en el etiquetado, contra etiquetado o envase de este tipo de productos, así como las modificaciones en la publicidad a fin de acatar lo establecido.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Sen. Mónica Tzasna. Arriola Gordillo”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Arriola Gordillo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Recibimos otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que propone cambios en comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: En consecuencia está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se a prueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 71 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, señora Presidenta. Senadoras y Senadores de la República:

El día de hoy vengo a hacer uso de la palabra para presentar ante esta Soberanía una iniciativa de reforma constitucional que pretende dotar al Poder Judicial de la Federación la posibilidad de presentar iniciativas o Decretos cuando se relacionen con su estructura y funcionamiento orgánico.

Para este efecto, propongo reformar la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que las actuales fracciones III y IV se conviertan en fracciones IV y V, al tenor de las siguientes consideraciones:

Es indudable que la concepción y práctica del estado de derecho se transforma y evoluciona al ritmo de las finalidades de las comunidades políticas que lo integran.

La estructura orgánica de los poderes del Estado se va configurando como respuesta a las exigencias que plantea una sociedad plural cada vez más participativa en los grandes procesos de la democracia.

El Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de responder y hacer valer los principios del estado de derecho, dentro de los cuales se encuentra la división de funciones, la colaboración armónica entre los órganos fundamentales que lo integran para así actuar y articular cada una de sus competencias constituciones en el ámbito de sus atribuciones.

Sin embargo, esta potestad originaria de organización que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos configura en sus líneas fundamentales, debe ejercerse con arreglo a los principios del propio estado de derecho y, por lo tanto, sin prevalencia de un poder frente a otro.

Aún cuando es exacto que la función jurisdiccional representa la actividad preponderante del Poder Judicial de la Federación, también lo es que en su correcto ejercicio presupone, por definición, la existencia de una estructura organizada, articulada en correspondencia con los fines, extensión y objetivos de la misma, cuya administración y regulación interna igualmente se le confiere.

Es por ello, compañeras y compañeros Senadores, que la iniciativa que hoy presento tiene como propósito conferir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de presentar iniciativas de ley o Decreto en lo que se refiere a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Estoy convencido que pertenece a dicho poder como árbitro natural de las exigencias orgánicas de su función, la valoración de sus estados organizativos, el impulso de sus transformaciones para la necesaria congruencia entre los recursos humanos y materiales a su servicio, dependiendo a la satisfacción de los mandamientos constitucionales en materia de impartición de justicia.

Actualmente, después de los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, es el Ejecutivo Federal quien ejerce mayormente dicha potestad, evidentemente por razones de carácter técnico y de vivencia inmediata de los intereses públicos que debe satisfacer.

De la misma manera el Poder Judicial Federal debe contar con dicha prerrogativa en lo que hace al ámbito de sus funciones.

Nuestra legislación positiva, la mayoría de los congresos locales han conferido a favor de los tribunales superiores de justicia, la facultad de iniciar leyes o Decretos con relación a su propia organización y funcionamiento.

A nuestra tradición constitucional tampoco le es desconocida dicha propuesta, ya que vale la pena recordar que la tercera de las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, dispuso que la iniciativa de las leyes correspondiera también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la administración de su ramo.

El artículo 63 del primer proyecto de una nueva Constitución Política, fechado el 25 de agosto de 1842, así como el artículo 53 del segundo proyecto de la misma, fechado el 2 de noviembre del mismo año, establecieron a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho de iniciar leyes en lo relativo a la administración de su ramo.

El artículo 53 de las bases orgánicas de la República Mexicana del 14 de junio de 1843, también dispuso dicha facultad de iniciativa a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta prerrogativa concedida al máximo tribunal de la República desapareció de los textos constitucionales en nuestro país, luego que su propuesta de inclusión en la Constitución de 1857 no apareciera, tampoco se hizo mención de ella en los trabajos del Constituyente de 1917.

En fechas recientes, esta propuesta de devolver a nuestro máximo órgano jurisdiccional esta atribución, ha cobrado mucho interés.

Considero que la propuesta de atribuir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciar leyes en torno a su organización, es el medio idóneo para fortalecer al Poder Judicial de la Federación.

Aclaro que esta atribución constituiría una potestad y un poder jurídico limitado por su objeto, ya que se limitaría al campo de su organización, por lo que no podrá ocuparse de otras materias.

En consecuencia, se elimina la posibilidad de interferencias o de contradicciones en el ejercicio primordial de función de juzgadora y garante de la supremacía de la Constitución.

Señoras y señores Senadores, por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren las actuales fracciones III y IV para quedar como IV y V.

Artículo Unico. Se reforma la fracción III al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren las actuales fracciones III y IV para quedar como IV y V.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o Decretos compete:

III. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exclusivamente en lo relativo a las leyes que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Las fracciones IV. Sería, a la Legislatura de los Estados; y la V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal, etc.

Transitorios.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para finalizar, señora Presidenta, ruego a usted que el texto íntegro de la iniciativa que hoy presento quede inscrito en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

Teófilo Torres Corzo, Senador de la República por la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE RECORREN LAS ACTUALES FRACCIONES III Y IV, PARA QUEDAR COMO IV Y V, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es indudable que la concepción y práctica del Estado de Derecho se transforma y evoluciona al ritmo de las finalidades de las comunidades políticas que lo integran. La estructura orgánica de los poderes de Estado, se va configurando como una respuesta a las exigencias que plantea una sociedad plural y compleja, cada vez más participativa en los grandes procesos de la democracia.

En este sentido, el Poder Judicial de la Federación tiene la responsabilidad de mantener y hacer prevaler los principios del Estado de Derecho, dentro de los cuales se encuentra la división y colaboración de los órganos fundamentales que lo integran, haciéndolos actuar y articular sus competencias constitucionales en el ámbito de sus atribuciones.

Sin embargo, esta potestad originaria de organización que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos configura en sus líneas fundamentales, debe ejercerse con arreglo a los principios del propio Estado de Derecho, y por lo tanto sin prevalencia de un poder en perjuicio de otro, pues todos ellos se encuentran sometidos, en la esfera de sus atribuciones, a la norma constitucional que los establece.

Aun cuando es exacto que la función jurisdiccional representa la actividad preponderante del Poder Judicial de la Federación, también lo es que su correcto ejercicio presupone, por definición, la existencia de una organización articulada en correspondencia con los fines, extensión y contenido de la misma, cuya administración y regulación interna igualmente se le confieren.

Es por ello que la presente iniciativa tiene como propósito conferir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el más alto depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 94 constitucional, la facultad de presentar iniciativas de leyes o decretos en lo que se refiere a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

La concurrencia de ambas facultades en un mismo órgano del Estado, la propiamente jurisdiccional y la de normatividad interna y de administración material, se consignan en los artículos 94, 100, 103, 104, 105 y 107 constitucionales, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta exacto y muy oportuno que dicho Organo del Estado pueda proponer al Congreso sus propias normas de funcionamiento.

Con arreglo a estas disposiciones, pertenece a dicho poder, como árbitro natural de las exigencias orgánicas de su función, la valoración de sus estados organizativos, el impulso de sus transformaciones o adecuaciones y la necesaria congruencia entre los medios personales y materiales a su servicio, en orden a la satisfacción de los mandamientos constitucionales en materia de impartición de justicia.

Es claro que la experiencia directa y conocimiento de la gestión orgánica del Poder Judicial de la Federación compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior de este Poder y máximo intérprete de la Constitución y no parece cuestionable ni reprochable que, según los postulados del derecho general de organización, al ejercicio adecuado de las competencias constitucionales y legales deba corresponder una organización que permita el adecuado funcionamiento de la misma.

En este sentido, es necesario que el régimen orgánico del Poder Judicial de la Federación, valorado como un conjunto unitario de órganos que realizan la función jurisdiccional conforme a la Constitución y las leyes, pueda proponerse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien el ordenamiento constitucional confía y exige el cumplimiento de esa actividad del Estado. Quién mejor que el propio Poder Judicial federal para conocer y proponer mejoras en su organización y funcionamiento.

Así, en una perspectiva muy amplia de evolución del derecho público hacia su modernización, no puede dejar de señalarse que se ha modificado substancialmente la exclusividad del Poder Legislativo en la iniciación de leyes. Actualmente, después de los diputados y senadores al Congreso de la Unión, es el Ejecutivo Federal quién ejerce mayormente tal potestad, por razones de carácter técnico y de vivencia inmediata de los intereses públicos que debe satisfacer. De la misma manera, el Poder Judicial Federal debe contar con dicha prerrogativa en lo que hace al ámbito de sus funciones, en razón de su especialización.

Es importante resaltar, que la presente propuesta en forma alguna trastoca las facultades conferidas al Congreso de la Unión en cuanto a la potestad de conocer y aprobar las leyes o decretos en dicha materia, ya que la facultad que se somete a su consideración es sólo para proponer dichas modificaciones al Congreso quién, en ejercicio de sus propias atribuciones, decidirá en definitiva sobre la pertinencia de las mismas.

Sirva como apoyo a lo expuesto, el hecho de que en nuestra legislación positiva la mayoría de los Congresos Locales han conferido a favor de los Tribunales Superiores de Justicia la facultad de iniciar leyes o decretos en torno a la propia organización y funcionamiento.

A nuestra tradición constitucional tampoco le es desconocida dicha propuesta ya que convine recordar que la Tercera de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, aprobada el 30 de diciembre de 1836, en su artículo 26, fracción II, dispuso que la iniciativa de las leyes correspondiera “…a la Suprema Corte de Justicia en la administración de su ramo”.

El artículo 63, fracción II, del Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado el 25 de agosto de 1842, así como el artículo 53 del Segundo Proyecto de la misma, de fecha 2 de noviembre del mismo año, establecieron a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el derecho de iniciar leyes en lo relativo a la administración de su ramo.

El artículo 53 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 14 de junio de 1843, dispuso también dicha facultad de iniciativa a favor de la Suprema Corte. Esta prerrogativa concedida al máximo Tribunal de la República desapareció después de los textos constitucionales en nuestro país, ya que su propuesta de inclusión en la Constitución de 1857 no prosperó, y tampoco se hace mención de ella en los trabajos del Congreso Constituyente de 1917.

En fechas recientes, esta propuesta de devolver a nuestro máximo Organo jurisdiccional esta atribución ha cobrado interés. De 2003 a la fecha se han presentado no menos de cinco iniciativas en la materia, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, cada una de ellas con su propio matiz; sin embargo, han sido desechadas en términos de la normatividad de abatimiento al rezago parlamentario.

Por lo que hace al derecho comparado, aún matizadas por su relación con el contenido y finalidades de cada país, la iniciativa de leyes a favor de los órganos superiores de la actividad judicial la encontramos en los textos constitucionales de diferente naciones como Colombia (artículo 156), El Salvador (artículo133), Honduras, (artículo 213), Nicaragua (artículo 140), Panamá (artículo 165), Perú (artículo 107) y Venezuela (artículo 204).

Así entonces, la propuesta de atribuir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de iniciar leyes en torno a su organización, no solamente no pugna con nuestra tradición constitucional ni con el derecho conferido en torno a ello en otras latitudes, sino que, en la práctica del actual Estado de Derecho, es necesaria su consagración como medio de fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, pues una manifestación de su autonomía reside en que únicamente al mismo compete el conocimiento de sus circunstancias orgánicas, valoradas en relación con el mejoramiento de sus funciones.

Debe precisarse que tal atribución constituye una potestad y un poder jurídico limitado por su objeto; esto es, que la congruencia de la iniciativa con el sistema de competencias constitucionales, exige que el contenido de la potestad de iniciar leyes por la Suprema Corte se limite al campo de su organización, sin poder ocuparse de otras materias, evitando así la posibilidad de interferencias o contradicciones en el ejercicio de su primordial función de juzgadora y garante de la supremacía de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE RECORREN LAS ACTUALES FRACCIONES III Y IV, PARA QUEDAR COMO IV Y V.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona una Fracción III al Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren las actuales fracciones III y IV,para quedar como sigue:

Artículo 71.-…

I a II…

III. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exclusivamente en lo relativo a las leyes que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación;

IV. A las Legislaturas de los Estados; y

V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Sen. Teófilo Torres Corzo”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Torres Corzo.

Sonido en el escaño del Senador Orihuela Bárcenas, ¿con qué objeto?

- El C. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: (Desde su escaño) Si me permite adherirme a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo. También el Senador Rosas Aispuro. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para presentar, a nombre propio y del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre propio y del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señora Presidenta.

Rogándole en principio pudiese usted incorporar a los Senadores Demédicis Hidalgo y Zoé Robledo, que me han planteado suscribir esta iniciativa.

Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, a lo largo de la historia los indígenas han tenido que luchar contra la vorágine privatizadora que invaden sus territorios para despojarlos de sus tierras y de sus recursos naturales.

Algunas veces, ciertamente con engaños, y otras, lamentablemente, a través de la fuerza, hechos con los cuales se violenta su derecho de autodeterminación, toda vez de que se les impide mantener la integridad de sus territorios; acceder también de una manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos, y sin duda alguna, a preservar su identidad cultural.

Sin duda, compañeras y compañeros, existen muchos ejemplos de esta situación, la construcción de presas hidroeléctricas, la industria minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social, la propiedad privada, a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales, proyectos turísticos, entre otros.

Frente a esas arbitrariedades, los pueblos y comunidades indígenas han tenido que buscar la manera de defenderse y resistir a esos embates, al grado que, quiero recordarlo, en 1994, por ejemplo, en el estado de Chiapas, se levantaron en armas exigiendo el reconocimiento y su respeto a la cosmovisión de su territorio, de sus bienes y también de sus instituciones.

Así pues, compañeras y compañeros, y a pesar de que no existe una ley secundaria que regule el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas, establecido en nuestra Carta Magna, la comunidad, por ejemplo, rarámuri, en el estado de Chihuahua, reclamó recientemente que autoridades federales, estatales y municipales violentaron sus derechos al planear y ejecutar el proyecto turístico llamado "Barrancas del Cobre", sin consultarlos. Otro ejemplo es el pueblo Cucapá, en Baja California, en que señaló este grupo que no se le permitía pescar en los lugares que acostumbraban hacerlo porque el sitio quedó ubicado dentro del área del núcleo de reserva de la biosfera de la región del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, decretada también sin consultarlos. O el pueblo Wixárika, en el estado de Jalisco, que asevera que la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro de su territorio afectando su derecho a realizar sus peregrinaciones y actos espirituales y culturales. O mis paisanos zapotecas, de los valles centrales de Oaxaca, que alegaron la emisión de un Decreto de veda del acuífero de valles centrales, sin también que se les haya consultado, quienes incluso, quiero recordarlo, porque lo he planteado ya en esta tribuna, ganaron un juicio de amparo en el que se ordena a la Comisión Nacional del Agua iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados, a efecto de abrogar o modificar dicho Decreto de veda.

En estos cuatro casos, por mencionar algunos, los demandantes, compañeras y compañeros, alegan que se violentó su derecho al territorio y el acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes, así también como a mantener su identidad cultural y sus derechos reconocidos en la legislación positiva nacional e internacional.

Es en razón a todo esto, compañeras y compañeros, que hoy vengo a someter a la consideración de esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo de que este derecho de los pueblos originarios sea por fin instrumentado, obligando al Estado a que medie entre los diferentes derechos e intereses enfrentados, pugnando por alcanzar consensos que beneficien a todos, siguiendo, por supuesto, los criterios de necesidad, de proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática y pluricultural.

He de rogarle, señora Presidenta, por supuesto, que el detalle de la iniciativa que presento, junto con mis compañeros Senadores Ríos Píter, Fidel Demédicis y Zoé Robledo, sea incorporada en completo en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los suscritos, Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Piter, senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Con la Conquista se inauguró el infortunado proceso que hasta nuestros días ha despojado a los habitantes indígenas y sus pueblos originarios de lo que hoy es América, de sus bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles.

Con ella, se impuso la dominación bajo la organización económica individualista de las empresas de los conquistadores por encima de los principios jurídicos y teológicos de la época que, inmediatamente, reaccionaron vía la Iglesia y el poder Real para reformar y detener la actitud tiránica que implicaba el malentendido derecho de conquista imperante entre los recién llegados y que el propio Cortés trataba de explicar por la "codicia de aquellos los españoles que no llevan el intento que como cristianos deben llevar, no sólo no ayudan a la pacificación, más antes estorban y buscan ocasiones, y aun las dan, para que no se pacifiquen…"

Las leyes de Indias, con el fin de preservar y difundir la religión, prohibieron que se despojase a los habitantes indígenas de sus propiedades, tratando de matizar la conquista, llamando a este proceso pacificación.

Así pues, desde ese entonces, cada vez son más los pueblos y comunidades indígenas que tienen que luchar contra la vorágine privatizadora de los gobiernos y de la iniciativa privada nacional y extranjera, quienes sin control alguno invaden sus territorios para apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales, algunas veces con engaños y otras a través de la fuerza. Hechos con los cuales se violenta su derecho a la autodeterminación, toda vez que se les impide mantener la integridad de sus territorios, a acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.

Sin duda, existen muchos ejemplos de esta situación: la construcción de presas hidroeléctricas, la industria minera, los parques eólicos, el cambio de régimen social a propiedad privada a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales y proyectos turísticos, entre otros.

Cabe señalar que la mayoría de las veces, estas empresas cuentan con la anuencia de las autoridades federales, estatales y, en algunos de los casos, municipales, quienes descaradamente evaden su obligación de vigilar que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades afectadas, otorgando licencias y permisos aun estando fuera de toda norma.

Frente a estas arbitrariedades, los pueblos y comunidades indígenas han buscado la manera de defenderse y resistir estos embates, al grado de que en 1994, en el estado de Chiapas, se levantaron en armas, exigiendo el reconocimiento y respeto de su cosmovisión, de su territorio, de sus bienes y de sus instituciones.

Uno de los logros obtenidos por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional fue el establecimiento, en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del derecho de consulta previa, como un instrumento jurídico para evitar que sus derechos, bienes, su territorio y sus recursos naturales sean indiscriminadamente violentados.

Así pues y a pesar de que no existe una legislación federal que regule el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas establecido nuestra Carta Magna, la comunidad rarámuri de Huetosachi, en el estado de Chihuahua, reclamó que autoridades federales, estatales y municipales habían violentado sus derechos al planear y ejecutar el proyecto turístico "Barrancas del Cobre" sin consultarlos; el pueblo cucapá, en Baja California, señaló que no se les permitía pescar en los lugares que acostumbran hacerlo, porque el sitio quedó ubicado dentro del área núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Región del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, decretada sin consultarlos; el pueblo wirrárika, en el estado de Jalisco, asevera que la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro de su territorio, afectando su derecho a realizar sus peregrinaciones y otros actos espirituales y culturales; y los zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca alegan la emisión de un Decreto de Veda del Acuifero de Valles Centrales sin que se les haya consultado, y quienes incluso ganaron un juicio de amparo en el que se ordena, a la Comisión Nacional del Agua, iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a efecto abrogar o modificar el decreto de veda.

En los cuatro casos, los demandantes alegan que se viola su derecho al territorio y el acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes, así como a mantener su identidad cultural, derechos reconocidos en la legislación positiva nacional e internacional. Prueba de ello son los instrumentos siguientes:

Convenio Núm. 169 OIT1

El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico internacional vinculante y que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Este instrumento surge como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tribales, por lo que en él se establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos. Asimismo, impone que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas, es decir, se deberá consultar a los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades deberán acatar los resultados de dicha consulta.

Para la Organización Internacional del Trabajo, el espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio núm. 169. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Es de destacar que la consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo u obra pública en específico, sino también con temas de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas en la vida y administración pública.

Así pues, el propio Convenio establece los lineamientos generales sobre los que deberá basarse la consulta a los pueblos y comunidades indígenas:

• La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas, de acuerdo a sus sistemas normativos internos;

• Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

• El principio sine quanón de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas radica precisamente en que este proceso debe desarrollarse de manera apropiada, es decir, de acuerdo a las particularidades de las instituciones u organizaciones indígenas que son verdaderamente representativas de esos pueblos y comunidades.

Por otro lado, la consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes involucradas, las cuales deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto, inclusión y participación, a efecto de que los pueblos y comunidades indígenas influyan en la decisión que pretende adoptarse y sobre todo que decidan sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural.

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas2

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene como predecesoras a la Convención 169 de la OIT.

La Declaración postula que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y que por ende, se debe reconocer su derecho a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.

En este sentido establece que los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas y que por tanto, constituyen el patrimonio común de la humanidad, no obstante que gozan del derecho a la libre determinación, por lo que los Estados deberán respetar y cumplir de manera íntegra con todas sus obligaciones para con los pueblos Indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados.

Acuerdos de San Andrés Larraínzar3:

Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. Sin embargo, aún y cuando estos no han sido cumplidos, dieron pie a la reforma del artículo 2 Constitucional y a una serie de luchas por la dignidad de los pueblos indígenas en el sentido de lograr su inclusión en el proyecto de desarrollo nacional de manera equitativa, pero sin lesionar su identidad.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

El artículo 2, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el gobierno debe "consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen". Como en dichos planes se incorporan las acciones de gobierno, se entiende que la Constitución Federal, al expresar que se les consulte durante su elaboración, determina que deben consultarse con ellos las acciones que puedan afectarlos de manera positiva o negativa. La expresión "y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen" no debe entenderse como una facultad discrecional que la Constitución otorga a las autoridades federales para que unilateralmente decidan si incorporan o no las propuestas de los pueblos indígenas, sino el deber de incorporar todas aquellas que sean acordes con los derechos reconocidos a los pueblos, pues de otra manera la consulta resultaría una actividad sin efecto alguno.

CONCLUSIONES:

La realidad es que hoy, a pesar de todos estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, los pueblos indígenas no gozan de un derecho a ser consultados sobre la pertinencia o no de determinadas acciones administrativas o legislativas que pudiesen afectar directamente su esfera jurídica.

Por citar un ejemplo, no tiene derecho a vedar o impedir aquellas propuestas o decisiones del Estado que les pueda afectar.

De aprobarse la iniciativa que planteo, se estarían estableciendo requisitos de consulta que por una parte, limitan el poder del Estado y que, por otra parte, promueven el diálogo intercultural y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.

El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas encuentra su sustento en el ejercicio de una serie de derechos humanos y colectivos fundamentales, incluyendo el derecho a la libre determinación y el derecho a la integridad cultural. El deber de consultar y el derecho a ser consultado representan un limitante al ejercicio del poder estatal.

El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales e indígenas.

Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta.

En todos los casos en que se aplica la consulta con los pueblos indígenas, el principio de buena fe implica una negociación en donde todas las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y ceder en sus posiciones, y defender sus legítimos intereses, y en el que los acuerdos alcanzados vinculen a ambas partes.

Así pues, corresponde al Estado mediar ante los diferentes derechos e intereses enfrentados, pugnando por alcanzar propuestas que beneficien a todos, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos dentro de una sociedad democrática.

Los pueblos y comunidades indígenas pudieran no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado no demostrara adecuadamente que los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto propuesto, o que no demostrara que los impactos negativos fueran debidamente mitigados.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

DECRETO

UNICO.- Se crea la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para quedar como sigue:

Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

Título I

Disposiciones Generales

* Es derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos.

* La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

* Son objetivos de esta Ley:

I. Señalar las obligaciones de los gobiernos, federal, de las entidades federativas y de los municipios en la materia;

II. Establecer instituciones responsables de garantizar el derecho a la consulta;

III. Determinar el proceso de consulta;

IV. Estipular quienes serán las autoridades vinculadas con el resultado;

V. Instruir el procedimiento de aplicación de los resultados; y

IV. Fijar las consecuencias jurídicas de no respetar el derecho a la consulta, de no desarrollarlo como esta ley lo prevé o de no acatar los resultados de la consulta.

* El ejercicio del derecho de consulta a que se refiere esta ley se sujetará a los siguientes principios:

I. Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.

II. Autonomía. Atender el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación para establecer su condición política y los mecanismos para lograr su desarrollo económico, social y cultural;

III. Buena fe. Disposición de quienes participan de la consulta, de arribar a acuerdos provechosos y cumplirlos;

IV. Diversidad cultural. Reconocer que los pueblos y comunidades indígenas son portadores de culturas diferentes, con diversas cosmovisiones que coexisten en la sociedad nacional;

V. Equidad. Condiciones para que la consulta incluya a los diversos sujetos de los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con la materia de la consulta;

VI. Flexibilidad. La consulta deberá desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características específicas de los pueblos y comunidades indígenas involucrados;

VII. Información oportuna. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a recibir por parte de las entidades federales, estatales y municipales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación.

VIII. Interculturalidad. Reconocimiento y respeto a las diferencias culturales, en un ambiente de inclusión;

IX. Participación. Derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas de intervenir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;

X. Plazo razonable. Periodos de tiempo que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y comunidades indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta.

XI. Transparencia. Las autoridades garantizarán que la información respecto a la materia de la consulta, los actos preparatorios, el desarrollo y los resultados de la consulta sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.

* Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Afectación directa. Posibles cambios, positivos o negativos, que una medida administrativa o legislativa puede producir directamente sobre la vida y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, afectando su existencia física, así como su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro;

II. Comunidades indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio determinado y que cuentan y reconocen autoridades propias de acuerdo a sus sistemas normativos internos;

III. Consejo consultivo. El que establece Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IV. Consentimiento previo, libre e informado. La aceptación o rechazo, previo el conocimiento pleno de los beneficios y contras, de las medidas administrativas o legislativas desarrollados por la administración pública federal, estatal o municipal;

V. Derecho de consulta. Proceso de diálogo entre las instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales, con objeto de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de los primeros sobre medidas administrativas o legislativas que los segundos pretenden realizar y pueden causar afectaciones directas a su identidad cultural, su territorio, su patrimonio y su futuro ;

VI. Instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas. Las que tradicionalmente las representan y ellos eligen de acuerdo con sus sistemas normativos internos;

VII. Institución responsable. Los organismos de cada una de las dependencias de la administración pública federal, de los gobiernos estatales o municipales, así como de los congresos federal y estatales, que pretenden emitir o llevar a cabo un acto administrativo o legislativo que pueda afectar directamente a los pueblos o comunidades indígenas;

VIII. Organismo técnico. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y

IX. Pueblos indígenas. Los descendientes de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Título II

Sujetos de la Consulta

Capítulo I

Titulares del Derecho de Consulta

* Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.

* Tienen derecho a solicitar la consulta y a ser consultados:

I. Los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas;

II. Las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento para obtener la acreditación, a través de acta de asamblea o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional; y

III. Las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la legislación de la entidad respectiva.

* Las autoridades o integrantes de instituciones representativas de los pueblos o comunidades indígenas que soliciten la consulta o participen en ella, deberán acreditar su personalidad y mandato, según lo establezca la legislación de la entidad respectiva o, si se careciera de procedimiento legal para obtener el reconocimiento, a través de acta o documento similar expedido por el pleno de la asamblea u órgano de gobierno tradicional, ante la institución responsable o el organismo técnico, según el caso, con cualquier acto fehaciente realizado de acuerdo con sus propios sistemas normativos.

* Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, deben realizar la solicitud correspondiente a la institución responsable de la medida legislativa o administrativa correspondiente.

Las autoridades indígenas o sus instituciones representativas, deberán solicitar la consulta o participar en ella de manera directa, pudiendo acompañarse de asesores o personas de su confianza, cuando así lo consideren pertinente.

Capítulo II

Organismos Responsables de la Consulta

* Son responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente.

* Para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a los respectivos poderes ejecutivos, incluido el municipal, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas.

* Cada dependencia o entidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal, de las entidades federativas y de los municipios deberá crear en su estructura un área que se encargue del seguimiento de la aplicación de la consulta indígena.

* Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y tendrá al menos el nivel de unidad, con la participación de la institución responsable; quien tendrá bajo su responsabilidad:

I. Elaborar los lineamientos generales en que se basará la consulta;

II. Incluir en su presupuesto de egresos, los montos necesarios para la realización de las consultas;

III. Recibir de la institución responsable o de los pueblos o comunidades indígenas, según el caso, la solicitud para que se realice la consulta;

IV. Comunicar a las partes involucradas la solicitud que se le formule;

V. Calificar la procedencia de la consulta solicitada;

VI. Brindar la asistencia que requiera la institución responsable y los pueblos y comunidades indígenas, con respecto a la consulta;

VII. Sistematizar los resultados y entregarlos a la institución responsable, así como a los pueblos y comunidades indígenas interesados; y

VIII. Resolver los recursos administrativos que las partes les presenten durante la consulta.

Capítulo III

De la Materia de la Consulta

* Se considerará que existe afectación directa a los pueblos y comunidades indígenas:

I. Cuando el acto o actos que se pretenden emitir violen o menoscaben de alguna forma los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la legislación nacional y estatal, así como en instrumentos internacionales de losn que México es parte;

II. Cuando la medidas legislativas o administrativas afecten su desarrollo; y

III. Cuando las acciones de los poderes públicos afecten directa o indirectamente sus tierras, bienes y territorios o los recursos naturales existentes en ellos.

* Las consultas a los pueblos y comunidades indígenas tendrán como finalidad alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento previo, libre e informado de los consultados respecto de:

I. Iniciativas de ley o reformas de éstas que puedan afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;

II. Reformas de las instituciones encargadas de la atención a los pueblos y comunidades indígenas;

III. Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a pueblos y comunidades indígenas; y

IV. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios, o los recursos naturales existentes en ellos.

* Tratándose de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la legislación secundaria o de iniciativas que así lo ameriten, participarán en la consulta todos los pueblos indígenas del país. Para este caso, la consulta se realizará, previa convocatoria que emita el Congreso de la Unión.

* Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez.

* Previo a la elaboración de los planes nacional de desarrollo y de las entidades federativas y sus municipios, así como de los respectivos de desarrollo indígena, las instituciones responsables deberán consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas para incorporar sus propuestas y recomendaciones.

* El titular del ejecutivo, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los órganos autónomos y sus homólogos de las entidades federativas, así como en los Ayuntamientos, deberán presentar sus propuestas con un tiempo razonable para que los pueblos y comunidades indígenas puedan conocerlas antes de la consulta.

* La consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres ámbitos de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar las posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos o amortiguarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación.

* Las propuestas de reformas institucionales deberán ser consultadas con los pueblos y comunidades indígenas correspondientes para que opinen sobre ella y la mejor forma de realizarla.

* No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:

I. Los programas de combate a epidemias;

II. Los programas de auxilio en desastres;

III. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención de pueblos indígenas. Sin embargo, para el nombramiento de los delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se tomarán en cuenta las propuestas y opiniones de las autoridades representativas de los pueblos indígenas correspondientes, así como la del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IV. La Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la miscelánea fiscal del ejercicio de cada año;

V. Las facultades exclusivas de los Poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y

VI. Las demás que se deriven de la presente ley.

Título III

De la Consulta

Capítulo I

De los actos previos

* Deberá solicitar la realización de una consulta la institución responsable que pretenda realizar actos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, o en su defecto, éstos cuando exista presunción de la realización de tales actos.

* En cualquier caso, la solicitud se presentará ante el organismo técnico, con los documentos que acrediten la personalidad de quien promueve, lo mismo que la inminencia del acto a consultar, detallando la forma en que afectaría los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

* Si el acto que se considera afecta los derechos indígenas ya se estuviera realizando al momento de la solicitud, el organismo técnico ordenará a la institución responsable se suspenda, hasta en tanto se realiza la consulta y se conozcan los resultados.

* Recibida la solicitud, el organismo técnico valorará la personalidad de los solicitantes para determinar si tienen derecho a solicitar la consulta. De la misma manera valorará la naturaleza del acto para determinar si es consultable. Si alguno de estos requisitos resultara negativo lo comunicará a los solicitantes, si ambos resultan positivos abrirá el proceso de consulta y lo comunicará a las partes interesadas.

Capítulo II

Del Proceso de Consulta

* Abierto el proceso de consulta, el organismo técnico elaborará el programa de consulta, que deberá contener, al menos, las siguientes etapas:

I. Integración de información y definición de acuerdos básicos;

II. Planeación de la consulta;

III. Jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.

IV. Realización de la consulta;

V. Sistematización de los resultados;

VI. Entrega de los resultados a las partes; y

VII. Seguimiento y evaluación de los resultados.

El contenido del programa de consulta deberá consensuarse con las partes involucradas.

* La integración de información, definición y acuerdos incluirá, al menos:

I. Institución, pueblo o comunidad indígena que solicita la consulta o que se verá afectada;

II. Acto susceptible de afectar directamente a los pueblos o a las comunidades indígenas; y

III. Objetivos de la consulta.

* La planeación de la consulta deberá incluir, al menos;

I. Las bases de participación, tanto de la institución responsable como de los pueblos y las comunidades indígenas interesados;

II. Los instrumentos técnicos de consulta;

III. Calendario para desarrollar las jornadas de información a los pueblos y comunidades indígenas, en las cuales se tendrán que exponer opiniones en pro y en contra de los actos materia de la consulta.

III. Sedes y fechas de celebración de la consulta;

IV. Formas de comunicación, incluidos los intérpretes y traductores; y

V. Los demás elementos que se consideren necesarios.

* Las técnicas y metodologías de las consultas se ajustarán al objeto de ellas, al acto que genera la consulta, a las necesidades de coberturas territoriales y a los actores que deban ser consultados; tendrán que ser culturalmente adecuadas, en relación con el acto consultable y sus impactos en los derechos y la vida de los pueblos y comunidades indígenas.

* Los pueblos y comunidades indígenas, o sus instituciones representativas en su caso, deben contar con el tiempo suficiente para analizar internamente la información que el organismo técnico les proporcione y la que ellos puedan allegarse, a efecto de dar una respuesta adecuada al Estado. Además de la información que el organismo técnico les proporcione al abrir la consulta, deberá realizar los estudios técnicos necesarios si así se acuerda durante la consulta.

* Todos los actos de la consulta deberán costar en actas.

* El organismo técnico convendrá con las partes el tiempo de duración de cada una de las etapas, según la naturaleza de ellas, lo mismo que el de la consulta en general.

* La consulta podrá suspenderse:

I. Porque la institución responsable y los pueblos o comunidades indígenas interesados lleguen a algún acuerdo; y

II. Porque la institución responsable suspenda el acto susceptible de afectar directamente a los pueblos y a las comunidades indígenas o sus derechos.

Capítulo III

De los Resultados de la Consulta

* Los resultados de la consulta son vinculantes, por lo que la institución responsable deberá implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas.

* El acto consultado podrá realizarse tal como se propone si los pueblos indígenas y sus comunidades dan su consentimiento pleno. Se entiende que hay consentimiento pleno cuando los consultados por mayoría absoluta y dentro del alcance de sus facultades lo aceptan.

* Cuando los pueblos o comunidades indígenas consultados aceptan la realización del acto, a condición de que previamente se realicen otros que mitiguen sus efectos nocivos, la institución responsable deberá, en el marco de sus facultades y los derechos de los pueblos indígenas reconocidos, tomar las medidas para que estos se realicen.

* Cuando los pueblos o comunidades indígenas acepten la realización del acto, a condición de que previamente se fijen los beneficios que obtendrán por ello, la institución responsable deberá acordar la manera en que esto se llevará a cabo.

* En todos los casos la institución responsable antes de realizar el acto deberá agotar todos los mecanismos de conciliación a su alcance para llegar a un acuerdo con los pueblos o comunidades indígenas.

* El organismo técnico vigilará que cuando la realización del acto quede condicionada o sujeta a alguna modalidad, éstas se realicen respetando los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas.

Título IV

Capítulo Unico

De los Efectos de los Resultados

* Los resultados de la consulta tendrán el carácter de cosa juzgada.

* Cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuarán, en un plazo de noventa días, las leyes correspondientes, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Tercero. En el caso de que alguna entidad federativa no cuente con una institución especializada en materia indígena, el órgano responsable de la consulta en la entidad federativa o el ayuntamiento, podrá solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas su colaboración como órgano técnico para efectos de la consulta.

Cuarto. El titular del poder ejecutivo federal dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenara su difusión en sus comunidades.

Dado en el salón de sesiones, a 3 de abril de 2014.

Suscriben

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya.- Sen. Armando Ríos Piter".

1 http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf

2 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

3 "Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en el contexto de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Americanos".SAMANO R. Miguel Angel y otros

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Torres Graciano, a nombre de los Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL Y DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Fernando Torres Graciano, a nombre de los CC. Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señora Presidenta.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en este Senado, a través de mi conducto, viene a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Como todos sabemos, después de la reforma político-electoral que a nivel constitucional llevamos a cabo, el pasado 10 de febrero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación estas reformas, pero este camino va a la mitad, porque como en muchas de las reformas constitucionales falta una parte sustancial, las leyes secundarias, y quizá son tan importantes, o más, en algunos casos que las propias reformas que en la Constitución hicimos en diferentes materias.

Es bien sabido que en las leyes secundarias es donde vamos a plasmar el detalle de la forma de operar estas grandes reformas; y en el detalle, como dice el dicho, “se encuentra el diablo”, por eso es fundamental la atención que debemos de poner en estas leyes secundarias, si bien ya se han presentado aquí en este Pleno, diversas iniciativas por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como fue la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que presentó el Senador Romero Hicks, y la Ley General de Partidos Políticos que ha presentado también el Senador Héctor Larios, hoy venimos a presentar ante esta Soberanía la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el Tribunal Electoral pueda cumplir con las atribuciones que le ha encomendado nuestra Constitución.

En este sentido, la reciente reforma constitucional en materia político-electoral estableció un nuevo modelo del sistema administrativo sancionador en lo que toca a nuestro propio sistema electoral.

Se trata de un modelo mixto en el entendido de que por un lado faculta a la autoridad electoral administrativa, es decir, al Instituto Nacional Electoral para recibir y sustanciar las quejas y denuncias que se presenten por presuntas violaciones a lo previsto en la fracción III del artículo 41 y el párrafo octavo del artículo 134 de nuestra Constitución, a las normas que sobre propaganda política se den y también sobre los actos anticipados de precampaña o de campaña; y por otro lado contempla la imposición de sanciones respectivas que corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En relación a lo anterior, no sólo es necesario definir la estructura con la cual el Tribunal Electoral deberá de atender los procedimientos especiales sancionadores, sino que también se requiere revisar y adecuar la tramitación correspondiente.

Por ello, esta iniciativa contempla una serie de reformas y adiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral con la finalidad de hacer efectivos los procedimientos y las formas en las que éstos se deberán de realizar.

Esta propuesta se concentra en algunos puntos a los que haré mención.

Uno. Se contempla la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en los procedimientos de materia político-electoral y el control de convencionalidad en su aplicación.

Dos. Se determina en forma clara y precisa la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los lineamientos establecidos en el texto constitucional con los que el Instituto Nacional Electoral pondrá a disposición las investigaciones que puedan constituir una sanción.

Tres. Se propone la creación de una sala regional en materia administrativa-electoral que resolverá en forma definitiva y deberá de imponer las sanciones a que haya lugar en los procedimientos de sanción.

Cuatro. Se establece también en las reglas que deberá de seguir el Tribunal Electoral para resolver los procedimientos sancionadores en los que se ha propuesto un sistema eficaz, eficiente y justo.

Cinco. En concordancia con la Constitución, el proyecto de reformas que se somete a su consideración señala los criterios para clasificar y definir las causales de nulidad de una elección. En ese sentido se establece:

1.- Que una violación es grave cuando por su magnitud y características o calidad afecten valores o bienes jurídicos fundamentales en materia político-electoral.

Una conducta es dolosa y afecta el resultado de la elección cuando de la misma se haya realizado en contra de lo dispuesto a la Constitución, la normatividad electoral y de los criterios definitivos emitidos por las autoridades electorales, y una violación será determinante para el resultado de la elección cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el 1º y el 2º lugar sea igual o menor al 5 por ciento de la elección impugnada.

Y por último. La iniciativa que tengo el honor de presentar, contempla las adecuaciones necesarias para incorporar a la figura del Instituto Nacional Electoral en esta ley, es decir, armonizar esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también la de partidos políticos con esta iniciativa que hoy proponemos.

Como todos sabemos, no sería deseable contar con una ley para sustanciar y presentar los medios de impugnación, porque esto quiere decir que no habría impugnaciones en este país, lo deseable sería no contar con leyes de este tipo, porque eso representaría que México vive a plenitud una democracia.

Sin embargo, aún estamos construyendo y se vuelve fundamental que las sanciones, las irregularidades que se cometan antes de una precampaña a una campaña, se puedan sustanciar y resolver con oportunidad, con eficacia y que realmente haya sanciones justas y eficaces para que no se sigan cometiendo irregularidades durante los procesos electorales constitucionales o internos o precampaña.

Por su atención, muchas gracias, y solicitamos a la Mesa Directiva se pueda incluir en el Diario de los Debates el texto íntegro de la propuesta que hoy aquí hemos presentado.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Torres Graciano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene el uso de la palabra el Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

Me permito poner a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que tiene como objetivo establecer indicadores para la medición de la cohesión social en México.

¿Qué es la cohesión social? La cohesión social plantea la aplicación de políticas públicas a partir de un enfoque sistémico que contiene cuando menos los siguientes componentes: inclusión social y económica, perfeccionamiento de las instituciones, rendición de cuentas en los programas sociales, fomento de la cultura cívica y de la solidaridad.

Asimismo contempla un conjunto amplio de políticas e indicadores que giran en torno a los siguientes elementos: reducir la brecha de ingresos, garantizar un mayor acceso al empleo, la educación y la salud, enraizar en las comunidades conceptos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia, la solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos.

¿Cuál es su propósito y su utilidad social? Crear sociedades con instituciones eficaces para procesar las demandas de las personas con el fin de acceder a una vida mejor.

Reestablecer el tejido social y fortalecer la participación y las vías de exigibilidad de los ciudadanos con el fin de respetar y atender sus derechos.

Reducir la divergencia entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones a través de la promoción económica y social.

Que los ciudadanos y el gobierno, logremos enfocar nuestros esfuerzos en un modelo de sociedad basado en la justicia social.

Posibilitar el establecimiento de consensos en cuanto a la canalización del gasto público, los servicios sociales, la seguridad, las políticas de inclusión, la protección social y la generación de empleos y superar los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos.

La propuesta de esta iniciativa pretende, primero, lograr la medición de los componentes de la cohesión socialpara hacer posible la construcción de políticas públicas exitosas; se busca entonces adicionar al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para establecer que en el subsistema nacional del información demográfica y social se genere un conjunto de indicadores que incorpore componentes fundamentales de la cohesión social tales como la inclusión, la equidad social, el sentido de pertenencia, la participación, la solidaridad, la tolerancia y la justicia social.

Asimismo, se propone reformar el artículo 29 de esta ley para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuente con un coordinador en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, a fin de que se pueda aportar una visión respecto al ordenamiento territorial y esquemas autosustentables en materia de vivienda para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social de las zonas urbanas y de las comunidades rurales.

Compañeras y compañeros Senadores:

Si logramos establecer indicadores para la medición de la cohesión social en México, lograremos convertirla en una herramienta efectiva para consolidar la política social, entrelazar a la sociedad, unir a las comunidades, evitar el conflicto y la división, lograr una reciprocidad entre autoridades y ciudadanos con el objeto de disminuir las tenciones y los problemas sociales, tales como la exclusión social, la pobreza y la violencia.

México requiere remontar el tiempo perdido.

Las reformas estructurales son un camino que estamos próximos a consolidar para poner a México en movimiento.

Sin embargo, pensar en reestablecer el tejido social y lograr el fortalecimiento de un estado social capaz de redistribuir la riqueza y consolidar programas sociales vinculados a un nuevo modelo económico que tome en cuenta los emprendimientos surgidos desde las propias comunidades, es indispensable para acabar con la desesperanza social y convertir a los más pobres en verdaderos agentes del cambio.

El encono, la violencia, la desesperanza, el desencuentro, la exclusión social, no pueden ser características recurrentes en ninguna sociedad.

Por ello me parece fundamental que iniciemos la construcción de una verdadera cultura de la cohesión social que le permita a este país la reconciliación, el reencuentro, la armonía social, la paz y el progreso.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito, René Juárez Cisneros, Senador de la República por el Estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La cohesión social se refiere a los lazos que unen a la sociedad para que sea cada día más solidaria, más justa y equitativa, para que los ciudadanos ejerzan sus derechos de acuerdo a la normatividad establecida, y que los gobiernos electos democráticamente sean justos, transparentes y responsables de sus acciones.

Hablar de cohesión social es construir ciudadanía ya que cuando ésta existe, se producen sociedades con instituciones eficaces para procesar las demandas de las personas, y con ello, generar un avance sustancial en el propósito de la sociedad para acceder a una vida mejor.

En México es necesario restablecer el tejido social y salir del grave déficit respecto de aquellas políticas públicas que hagan posible la cohesión social. De no lograrlo, estaremos acotando la participación social y las vías de exigibilidad de los ciudadanos para el respeto y atención a sus derechos.

El término cohesión social ha sido malinterpretado y, a pesar de ser un término muy común en las políticas públicas y en las investigaciones académicas, no ha sido utilizado con todo su potencial para convertirla en una herramienta efectiva de política social para lograr entrelazar a la sociedad, unir a las comunidades para evitar el conflicto y la división, y lograr una reciprocidad entre autoridades y ciudadanos para disminuir las tensiones y los problemas sociales, tales como: la exclusión social, la pobreza y la violencia.

La cohesión social tiene por objeto reducir la divergencia entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones a través de la promoción económica y social. Es un elemento del desarrollo social para promover un mayor grado de consenso entre las comunidades e integrar los diferentes grupos y regiones para fortalecer la estabilidad política y económica.

Conjugar el crecimiento con equidad para un mayor bienestar social, exige la aplicación de un enfoque sistémico que apunte, entre otras cosas, a la inclusión socioeconómica, el reconocimiento de la diversidad, el perfeccionamiento de las instituciones y la rendición de cuentas de los programas sociales, además del refuerzo de la cultura cívica y de la solidaridad.

Estas consideraciones demuestran que los problemas de cohesión social son multifacéticos y tienden a ser absorbidos por otros de género próximo, como son la equidad, la inclusión social y el bienestar.

Entender a la cohesión social como un conjunto amplio de políticas e indicadores que giran en torno a reducir la brecha de ingresos, garantizar un mayor acceso al empleo, la educación y los servicios de salud, al tiempo de asociarla con ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia, la solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación y en proyectos colectivos, nos ayudará como sociedad a distinguir este componente como un fin y un medio a la vez.

Como fin, tiene que ver con las políticas sociales en la medida en que éstas apuntan a que todos los miembros de la sociedad se sientan parte activa de ellas en dos sentidos: como aportantes al progreso y como beneficiarios del mismo.

Como medio, porque las políticas a largo plazo destinadas a igualar oportunidades requieren de un contrato social que les otorgue fuerza y continuidad, y un contrato de tal naturaleza supone el apoyo de una amplia gama de actores dispuestos a negociar y consensuar amplios acuerdos.

Podemos apreciar entonces, que la cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión social, así como las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que estos operan.

Si queremos como país avanzar hacia un nuevo estadio en el desarrollo, resulta fundamental quela visión entre ciudadanos y gobierno en un modelo de sociedad basado en la justicia social sea capaz de posibilitar el establecimiento de consensos en cuanto a la canalización del gasto público, los servicios sociales, la seguridad, las políticas de inclusión, la protección social y la generación de empleo, todo ello, con el propósito de superar los problemas de pobreza y desigualdad en la distribución de los ingresos.

En este sentido, lograr la medición de los componentes de la cohesión social hará posible construir políticas públicas exitosas, ya que estarán construidas a partir de una identidad común que brindará confianza entre autoridades y ciudadanos para resolver los problemas de fondo y articular el esfuerzo colectivo a partir de los consensos.

Hoy se abre un nuevo panorama para que los mexicanos podamos acabar con la polarización y evitar la confrontación social. Por ello, es importante hacer de la cohesión social el eje rector de las políticas públicas, el elemento fundacional de la actividad política, y factor aglutinante y creativo para el desarrollo social y la institucionalización de las políticas públicas para el desarrollo regional.

El propósito del Presente Proyecto de Decreto es lograr la medición de los componentes de la cohesión social para hacer posible la construcción de políticas públicas exitosas.

Es este sentido, se plantea adicionar el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para establecer que en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, se generen un conjunto de indicadores que incorporen componentes fundamentales de la cohesión social tales como: la equidad, la inclusión social, el sentido de pertenencia, la participación, la solidaridad, la tolerancia y la justicia social en dos dimensiones:

Una dimensión objetiva, donde se destaque el impacto que el crecimiento económico y el acceso a los servicios públicos tienen en la equidad y la integración social, y

Una dimensión subjetiva, asociada a percepciones y sentimientos de satisfacción personal, de sentidos compartidos y de construcción de comunidad por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.

Asimismo, se propone reformar el artículo 29 de esta Ley para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuente con un coordinador en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, a fin de que pueda aportar una visión respecto al ordenamiento territorial y esquemas autosustentables en materia de vivienda, para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social de las zonas urbanas y de las comunidades rurales.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONALA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA.

Artículo único.-Se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I y II al Artículo 21 y se reforma la fracción I del Artículo 29, ambos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:

Artículo 21. …

Asimismo, se deberá generar un conjunto de indicadores que incorporen componentes fundamentales de la cohesión social, con el objetivo de medir conceptos como equidad, igualdad, redistribución, inclusión social, sentido de pertenencia, participación, solidaridad, dignidad, tolerancia y justicia social, diferenciándose analíticamente en dos dimensiones:

I.- Una dimensión objetiva, donde se destacará la importancia de las instituciones y las organizaciones sociales, así como el impacto que el crecimiento económico y el acceso a los servicios públicos tienen en la equidad y la integración social, y

II.- Una dimensión subjetiva, asociada a percepciones y sentimientos de satisfacción personal, de sentidos compartidos y de construcción de comunidad por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.

ARTICULO 29. …

I. Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Seguridad Pública; de Desarrollo Social; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, así como del Poder Judicial;

II a III. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Suscribe,

Sen. René Juárez Cisneros”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos.

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño de la Senadora Flores Sánchez, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Margarita Flores Sánchez: (Desde su escaño) Para pedirle al Senador adherirnos a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Acepta el proponente?

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con gusto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Ruego a la Secretaría registre a las Senadoras y Senadores que se adhieren a esta iniciativa.

Se concede el uso de la palabra al Senador Luis Fernando Salazar Fernández, para presentar, a nombre propio y del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 115 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION III DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y del C. Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, señora Presidenta.

Los cuerpos de bomberos cumplen funciones vitales para la sociedad, en especial la contención y combate de incendio de todo tipo, tanto urbanos como forestales, el rescate de personas y el servicio de primeros auxilios para los heridos.

Los bomberos se organizan, según el país, estado o municipio en por lo menos tres clases distintas atendiendo a su relación laboral con sus patrones, a saber: voluntarios, profesionales o pagados por la administración pública, y privados, estos últimos pertenecen empresas, minas, clubes privados, colonias y sectores de personas con recursos suficientes que decidieron contar con este tipo de servicio y pagarlo.

Los bomberos no solo extinguen fuegos, al contrario, su servicio a la comunidad incluye el auxilio de todo tipo de desastres naturales como terremotos, tormentas e inundaciones, y en todos los desastres ocasionados por la mano del hombre, ya sea por acción consciente o por negligencia.

Pero en contra parte a la enorme aportación que le hacen a la sociedad, debemos de afrontar una amarga realidad, los bomberos, en muchos casos, son grupos de personas en situación de desventaja y desprotección laboral, representan mujeres y hombres que ofrecen su vida y trabajo de forma voluntaria en las estaciones, con el único fin de tener la oportunidad para salvar una vida, de salvar los bienes de las personas y brindar ayuda en momentos de tragedia.

En la conformación de estos cuerpos de rescate se vulnera, como en pocos casos, el principio de igualdad consagrado en la Constitución General, artículo 1o. de la República Mexicana en su aspecto de trato, derechos y obligaciones iguales para personas que se ubican en las mismas circunstancias y, de paso, los principios del derecho laboral mexicano, y citamos:

I.- El derecho a un trabajo remunerado.

II.- A no prestar servicios de forma gratuita.

III.- El derecho a percibir un ingreso igual al que perciben los que están en las mismas circunstancias.

IV.- El derecho a vivir de la profesión ejercida o aprendida.

V.- El derecho a la seguridad social y sus familias.

Desde luego que hay cuerpos de bomberos que gozan de prerrogativas laborales y estabilidad, pero a la par de éstas están los que dependen casi de forma absoluta de patronatos y donaciones voluntarias, y peor aún, los que trabajan y arriesgan sus vidas sin percibir ingreso alguno jamás, son los llamados cuerpos voluntarios de tiempo completo.

Y atendiendo al más elemental de los derechos constitucionales y laborales antes mencionados, salta a la vista un régimen inequitativo, injusto y arbitrario para las mujeres y los hombres que eligieron esta humanitaria y muy peligrosa labor.

El municipio mexicano, de acuerdo a la Constitución General, cuenta con el deber de proporcionar diversos servicios, entre los que se encuentran: el alumbrado público, el agua potable, la limpieza, los parques, rastro, seguridad pública, entre otros.

Los municipios, cualquiera que sea su tamaño, poseen una nómina y una plantilla de personal, en todos los niveles, que independientemente de cuál sea la situación financiera de los ayuntamientos, siempre reciben su salario en forma garantizada, pues es un derecho constitucional cuyo cumplimiento por parte del patrón representa, incluso, un delito, lo anterior de acuerdo a la legislación laboral mexicana y a la mayor parte de los códigos penales.

Sin embargo, frecuentemente vemos con frustración noticias sobre los problemas que enfrentan los cuerpos de bomberos de muchos municipios, entre otros, falta de equipo para realizar su trabajo, patronatos que ya no pueden contribuir a la erogación de los sueldos o apoyos para los bomberos, municipios que sencillamente han dejado de pagarles alegando crisis financieras, municipios que no les han otorgado un incremento salarial en años y, cuerpos de bomberos, muchos cuerpos de bomberos que trabajan gratis, mientras muchos ayuntamientos se dan el lujo de inflar nóminas, crear nuevas dependencias, aumentar sueldos y realizar gastos innecesarios.

Esto es, como si los bomberos fuesen menos importantes o útiles que el resto de los empleados municipales, como si su labor fuera de adorno o poco necesaria.

Todo lo anterior, en violación a nuestra Carta Magna, que prevé en su artículo 5o. que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.

Y en su artículo 123 dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

Para trabajar igual, debe corresponder un salario igual.

Los cuerpos de bomberos existen en una especie de limbo jurídico e institucional.

En nuestro país no están previstos en su mayoría en las legislaciones municipales, aunque la mayor parte de estos tienen su estación de bomberos.

Los bomberos mexicanos tienen derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad social, y al bienestar para sus familias.

Por lo anterior, resulta justo, necesario y urgente que los bomberos formen parte de la administración municipal, que gocen de derechos laborales y reciban el trato digno que se merecen por su servicio y su trabajo.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto.

Artículo Primero:Se modifica el contenido del inciso i) y recorre de forma íntegra su contenido actual al inciso j) que se crea de la fracción III del artículo 115 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 115….

i) Protección civil y bomberos.

El inciso i) se recorre al inciso j).

Es cuanto.

Iniciativa

“Los que suscriben, Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ y CARLOS MENDOZA DAVIS, Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFCA EL CONTENIDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los cuerpos de bomberos cumplen funciones vitales para la sociedad, en especial la contención y combate de incendios de todo tipo, tanto urbanos como forestales, el rescate de personas y el servicio de primeros auxilios para los heridos. Se dice, según los historiadores, que el primer cuerpo de bomberos fue creado en Roma, por el emperador César Augusto. Las evidencias encontradas por los arqueólogos datan de hace más de 1,650 años.

Los bomberos se organizan, según el país, estado, provincia, municipio o condado en por lo menos tres clases distintas atendiendo a su relación laboral con sus patrones, a saber: voluntarios, profesionales o pagados por la administración pública, y privados; estos últimos pertenecen a clubes privados, campiñas o colonias y sectores de personas acaudaladas que decidieron contar con este tipo de servicio y pagarlo; pero no hay muchos de ellos en el mundo a excepción de los que son conformados al interior de las empresas yminas.

El 22 de agosto celebramos el día del bombero en México,los primeros grupos de este tipo datan de la época de La Colonia.

Los bomberos no solo extinguen fuegos, al contrario, su servicio a la comunidad incluye el auxilio en todo tipo de desastres naturales como terremotos, tormentas e inundaciones, y en todos los desastres ocasionados por la mano del hombre, ya sea por acción consciente o por negligencia.

Pero, en contra parte a la enorme aportación que le hacen a la sociedad, en este caso a la mexicana, debemos de afrontar una amarga realidad: los bomberos, en muchos casos, son grupos de personas en situación de desventaja y desprotección laboral y financiera, mujeres y hombres que ofrecen su vida y trabajo de forma voluntaria en las estaciones, con el único fin de tener la oportunidad de salvar una vida, de salvar los bienes de las personas y estar ahí en esos momento de tragedia.

En la conformación de estos cuerpos de rescate se vulnera, como en pocos casos, el principio de igualdad consagrado en la Constitución General (Art 1º) de la República en su aspecto detrato, derechos y obligaciones iguales para personas que se ubican en las mismas circunstancias, y, de paso, los principios del derecho laboral mexicano, y citamos:

I.- El derecho a un trabajo remunerado.

II.- A no prestar servicios de forma gratuita.

III.- El derecho a percibir un ingreso igual al que reciben los que están en las mismas circunstancias.

IV.- El derecho a vivir de la profesión ejercida o aprendida.

VI.- El derecho a la seguridad social que tiene todo trabajador y todo servidor público en México.

VII.- El derecho a la seguridad social que tienen las familias de los trabajadores y funcionarios públicos. Y;

VIII.- El derecho a no estar contemplado en un régimen laboral discriminatorio o con notables desventajas en relación a los otros regímenes.

Desde luego que hay cuerpos de bomberos que gozan de prerrogativas laborales y estabilidad. Pero, a la par de estos están los que dependen casi de forma absoluta de patronatos y donaciones voluntarias, y peor aún, los que trabajan y arriesgan sus vidas sin percibir ingreso alguno jamás, los llamados cuerpos voluntarios de tiempo completo (además).

Atendiendo al más elemental análisis de los derechos constitucionales y laborales antes mencionados, salta a la vista un régimen inequitativo, injusto y arbitrario para las mujeres y hombres que eligieron esta humanitaria y muy peligrosa labor.

El municipio mexicano, de acuerdo a la Constitución General, cuenta con el deber de proporcionar los servicios siguientes:

Artículo 115…..

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Los municipios, cualquiera sea su tamaño, poseen una nómina y una plantilla de personal, esto incluye servidores de alto nivel, como los directores de área y los subdirectores; coordinadores (en muchos casos), inspectores, ejecutores (fiscales), asesores, secretarias, recepcionistas, empleados administrativos como los pertenecientes a la tesorería y la contraloría, personal de mantenimiento, personal de limpieza, agentes de policía y agentes de tránsitos. Y, cualquier que sea la situación financiera de los ayuntamientos, la nómina siempre se paga y se garantiza, pues es un derecho de los empleados, de hecho es delito no pagar los sueldos o retenerlos indebidamente, esto de acuerdo a la legislación laboral mexicana y a la mayor parte de los códigos penales estatales.

Sin embargo, por todos lados, podemos ver noticias sobre los problemas que enfrentan los cuerpos de bomberos de muchos municipios; entre otros: falta de equipo para realizar su trabajo, patronatos que ya no pueden contribuir a la erogación de los sueldos o apoyos para los bomberos, municipios que han dejado de pagarles alegando “crisis financiera”, municipios que no les han otorgado un incremento salarial en años, y, cuerpos de bomberos que trabajan gratis y lo han hecho así por siempre, mientras muchos ayuntamientos se dan el lujo de inflar nóminas, “crear nuevas dependencias”, aumentar sueldos y hacer gastos no prioritarios o suntuarios.

Esto es, como si los bomberos fuesen menos importantes o útiles que el resto de los empleados municipales, como si su labor fuese de adorno o poco necesaria.

Irónico todo esto a la luz de nuestra Carta Magna, y cito:

Artículo 5o…..

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale…..

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil….

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad……

Los cuerpos de bomberos existen en una especie de limbo jurídico e institucional en nuestro país, no están previstos en su mayoría en las legislaciones municipales, aunque la mayor parte de estos tienen su estación de bomberos.

Prestan un servicio real y necesario las 24 horas del día, los 365 días del año, no se trata de cuerpos de apoyo OCASIONALES O TEMPORALES, no, ellos están ahí todo el año,e incluso en sus horas de asueto deben estar disponibles para emergencias, abandonando sus actividades o descanso a la hora que sea del día o la noche.

Los bomberos mexicanos tienen derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad social, y al bienestar para sus familias.

Por los antecedentes históricos ya mencionados, por la labor vital que prestan a la sociedad, por la enorme desventaja en que se ubican con respecto a otros servidores públicos municipales y en relación a cualquier tipo de trabajador protegido por la legislación laboral, es justo, necesario y urgente que los bomberos formen parte de la administración municipal, que gocen de derechos laborales y reciban el trato digno que merecen por su servicio y trabajo.

Y, como la protección civil también es parte de los deberes de los municipios en los términos de la Ley General de Protección Civil, consideramos oportuno incluirla como parte de las atribuciones municipales a la par de los bomberos.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO: Se modifica el contenido del inciso i) y recorre de forma íntegra su contenido actual al inciso j) que se crea, de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 115…..

I……

II……

III……

a) al h)…….

i) Protección civil y bomberos; y

j) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera……..

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Los municipios que actualmente cuentan con cuerpos de bomberos, deberán hacer los ajustes necesarios a sus presupuestos de egresos a más tardar el 31 de diciembre de 2014, para incorporar a los integrantes de estos cuerpos al servicio público municipal en los términos de las disposiciones laborales establecidas en la legislación municipal de cada entidad federativa.

ARTICULO TERCERO.- En los términos del artículo 115 constitucional, los municipios que no puedan hacerse cargo de sus cuerpos de bomberos en los términos de la presente reforma, podrán solicitar al Poder Ejecutivo del estado que corresponda que asuma la función señalada.

Asimismo, dos o más municipios podrán celebrar convenios entre sí para compartir las responsabilidades financieras derivadas de la presente reforma.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a 3 de abril de 2014.

Atentamente,

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Carlos Mendoza Davis”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Fernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández: Señor Presidente, solicito se turne también a la Comisión de Protección Civil.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con opinión la podemos incluir, en virtud de que ya hay tres comisiones dictaminadoras, con mucho gusto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, para presentar, a nombre propio y del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SUBINCISO 3, DEL SUBINCISO II), DEL INCISO B) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 107 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

 (Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor Presidente.

El Senador Armando Ríos Piter y su servidora, presentamos esta iniciativa, bajo las siguientes consideraciones:

El artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que a más tardar el 30 de junio de cada año, la Secretaría de Hacienda debe de entregar al Congreso, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Ordena que se deben establecer los montos que el Erario deja de recaudar por conceptos de exenciones, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, estímulos, etcétera.

En 2013 la Secretaría de Hacienda estimó en 643 mil millones de pesos lo que deja de recaudarse por el Erario, que por estos conceptos significa el 41 por ciento de los ingresos tributarios y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

Para 2014, la Secretaría de Hacienda estima una pérdida de ingresos por 552 mil millones de pesos, el 31 por ciento de los ingresos tributarios.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el Presupuesto de Gastos Fiscales ha venido disminuyendo, como lo muestran estos datos, pero aún así representa una pérdida en la estructura fiscal muy grande.

En todos los rubros ha habido disminuciones significativas, excepto en el Impuesto Sobre la Renta para personas físicas.

El artículo 29 de la Ley del SAT, establece que el SAT debe de publicar anualmente los estudios de evasión fiscal, no habla de elusión fiscal, y que deben de hacerse por dos instituciones de prestigio.

El SAT no ha cumplido con este ordenamiento de su propia ley, porque a la fecha no nos ha entregado ningún estudio sobre la evasión fiscal.

En el último estudio que se hizo en el 2008, se estimó una evasión fiscal de 23.4 por ciento de potencial recaudatorio. Es decir, una suma de 319 mil millones de pesos, el 32 por ciento de los ingresos tributarios que se captaron en ese año, fueron de evasión fiscal.

El estudio señala que la eficiencia recaudatoria siguió siendo muy baja, a pesar de que pasó de 39 a 32 por ciento, entre el 2000 y el 2008.

En relación a la elusión y los créditos fiscales, otro concepto que no considera el Presupuesto de Gastos Fiscales, es el de la elusión fiscal, que corresponde a recursos no recaudados por incumplimiento, por inconformidad o por la aplicación de prácticas pseudolegales por parte de los contribuyentes.

Estas prácticas pseudolegales las utilizan principalmente las grandes empresas para no enterar al fisco. Los créditos fiscales forman parte de la elusión fiscal. A diciembre de 2013, fue una suma de 516 mil millones de pesos, entre créditos controvertidos y no controvertidos, que representan el 33 por ciento de los ingresos tributarios.

Del total de los créditos fiscales, es decir, de estos 315 mil millones de pesos, el 61 por ciento se encontraba en litigio. La posibilidad de recuperación de estos créditos es muy baja, depende la eficiencia administrativa del SAT, que en 2013 logró recuperar solo el 10 por ciento de los créditos y eso por la aplicación del programa de Ponte al Corriente.

La eficiencia va aumentando, pero sigue siendo bajísima, apenas un 10 por ciento

En el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, se establece que se extingue por prescripción, en un término de cinco años, los créditos fiscales; pero incluye una fracción que establece que el plazo se interrumpe con cualquier gestión de cobro que haga el gobierno.

Un crédito fiscal se extingue si durante cinco años la autoridad no realiza gestiones de cobro, y con este pretexto se han extinguido miles de millones de pesos que no entran al Erario, solo porque el SAT no hace ninguna gestión de cobro.

En la Ley de Ingresos de 2013, se establecieron condonaciones especiales para la condonación de créditos fiscales, el llamado Borrón y Cuenta Nueva, que se aplicó a créditos fiscales vigentes.

La Secretaría de Hacienda les aplicó un megadescuento al pagar inmediatamente y solo se logró recuperar una mínima parte.

Esta medida tuvo un impacto en el costo fiscal, pero con un monto muy insignificante. Esto manda una señal, de que nadie paga impuestos, que pasen cinco años y simplemente se deja de aplicar la medida, salvo que sean potentados. Porque si son potentados, entonces la Secretaría de Hacienda no hace ningún movimiento y prescribe el pago y terminan por no pagar.

En los informes trimestrales no se da la información sobre la evolución de los créditos fiscales. Tampoco hay información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales que se suman cada año.

Son muchos los conceptos, pero lo que estamos solicitando en esta ley, es que se establezca una serie de información que debe de estar integrada a los informes trimestrales.

Y pide, la iniciativa en comento, que establezca que en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se agregue un punto tres, con información sobre cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados, detallando los siguientes aspectos:

El saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior.

La recuperación efectuada en el trimestre.

El monto de los créditos fiscales extinguidos en ese periodo.

La cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad o por insolvencia.

La condonación de créditos fiscales.

Los nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre.

Y el saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual.

La información que contenga el informe al que se refiere este artículo, deberán ser acorde con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

También se propone agregar en el artículo 29 de la Ley del SAT, que además del estudio de evasión, se incluya un estudio de elusión fiscal.

Para terminar, yo haría adicional a esta propuesta de iniciativa de ley, las siguientes recomendaciones:

Se tiene que combatir la evasión y la elusión fiscal. Y esto se tiene que reflejar cada año en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Que cuando la Secretaría de Hacienda presente este Presupuesto de Gastos Fiscales 2014, que está por ocurrir, deba hacerse un análisis detallado de cada uno de los conceptos que lo contienen, para ver este Congreso, cuáles conceptos quita.

Y exigir a la Secretaría de Hacienda y al SAT, de que cumplan con la ley, que a la fecha no han cumplido con el artículo 29 del SAT.

Solicitar también, un estudio sobre elusión fiscal actualizado.

Y solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe del impacto de la recaudación, en la recaudación por el programa Ponte al Corriente.

Exhortar también, a la Secretaría de Hacienda para que incluya en los informes trimestrales, en el próximo que está por entregarnos, una información detallada de los créditos fiscales, sobre todo, a raíz del pacto fiscal que el Secretario Videgaray comprometió con sectores económicos, sin tomar en cuenta al Congreso de la Unión.

Muchas gracias.

Es cuanto.

(Aplausos)

Iniciativas

“Los suscritos, Senadora Dolores Padierna Luna y Armado Ríos Piter integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SUB SUBINCISO 3, DEL SUBINCISO II), DEL INCISO B), DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 107 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación dispone que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

En este sentido, los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, que son adeudos que conoce la autoridad, pero que no han sido enterados por encontrarse en litigio o por simple incumplimiento del contribuyente, así como la no localización del mismo, por insolvencia, o por otras prácticas que forman parte de la elusión fiscal.

Las grandes empresas y corporativos adeudan cerca de 450 mil millones de pesos al fisco por concepto de impuestos no pagados durante 2013, los cuales representan 86 por ciento de la cartera de créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año pasado. Los adeudos de impuestos catalogados como créditos fiscales sumaron 516 mil 504.1 millones de pesos, de los cuales 422 mil 742.3 millones los debían personas morales, más otros 25 mil 811.3 millones provenientes de personas físicas con actividad empresarial, revelan datos estadísticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.1

Al diciembre de 2013, de los 516 mil millones de pesos que el Sistema de Administración Tributaria, tenía registrados como créditos fiscales, eran equivalentes al 3.2 por ciento del PIB y al 33.1 por ciento de los ingresos tributarios2.

 

2010

2011

2012

2013

SALDO DE LOS CREDITOS FISCALES (MILL $)

611,914

743,784

668,544

516,504

Controvertidos

359,428

448,387

409,960

314,755

No controvertidos

252,486

295,397

258,584

201,748

Factibles de cobro

140,970

129,026

122,988

91,739

Baja probabilidad de cobro

111,515

166,371

135,597

110,009

Hay que precisar, que en 2013 los créditos fiscales disminuyeron 22.7 por ciento, respecto al monto de 2012. Esta reducción se puede explicar en buena medida, por la aplicación del programa “Ponte al Corriente”. Del total de créditos fiscales, 315 mil millones, el 61 por ciento, se encontraban en litigio y no podrán cobrarse hasta que haya una resolución judicial. El 82 por ciento de los créditos fiscales corresponden a empresas y el 18 por ciento a personas físicas.

Para el presente año de 2014, el monto de los recursos catalogados como créditos fiscales equivale a 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) calculado por Hacienda para este año, que fue presentado en su marco macroeconómico utilizado para elaborar el paquete económico 2014, y que se eleva a 17 billones 876 mil 800 millones de pesos. Los grandes contribuyentes, que cuentan con capacidad económica para financiar litigios en contra de la autoridad fiscal, el año pasado pelearon en tribunales 314 mil 755.6 millones de pesos, que representan casi 61 por ciento del total de la cartera de créditos fiscales registrados por la autoridad hacendaria.3

A lo anterior debe sumársele que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años si durante este lapso de tiempo la autoridad fiscal no realiza gestiones para su cobro y las hace del conocimiento del deudor, estableciendo que “... El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. ...”

Asimismo, en el Código también se establece en el artículo 146-A que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, siendo que la cancelación de los créditos a que se refiere dicho artículo no libera de su pago.

Para tratar de disimular su deficiente acción recaudadora, la autoridad fiscal ha establecido programas supuestamente enfocados a recaudar fondos de cartera vencida de los contribuyentes que presentan adeudos, siendo que, al condonar créditos fiscales o al reducir los mismos, se dejan de percibir cuantiosas cantidades para la hacienda pública. El caso más emblemático de la actualidad fue el programa “Ponte al corriente”, con el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 39 mil 572 millones de pesos y condono créditos fiscales por 260 mil millones de pesos.4

Esto representa que las empresas con adeudos con el SAT, catalogados como créditos fiscales, únicamente pagaron 15 centavos por cada peso que debían al fisco; es decir, que los causantes morosos lograron evitar el pago de unos 220 mil 428 millones de pesos, equivalente a casi 85 por ciento del total.5

Como ya se ha enunciado, la aplicación de este tipo de medidas especiales se origina en la incapacidad de la autoridad para hacer cumplir con sus obligaciones a los contribuyentes que si han cumplido con sus responsabilidades hacendarias. Así mismo, manda una señal a todos los contribuyentes de que existe la posibilidad de que en ejercicios posteriores, se vuelva a aplicar dicha medida, desincentivando el cumplimiento de sus obligaciones.

En los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaría de Hacienda no presenta información completa sobre la evolución de los créditos fiscales, además de que no se informa sobre las cancelaciones o los nuevos créditos otorgados, por lo cual es menester de esta Soberanía el incluir un apartado en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que, dentro de dichos informes, se detallenlas cancelaciones y los nuevos créditos fiscales que Hacienda haya otorgado en el trimestre que se está reportando, derivado de que dichos créditos constituyen una forma mediante la cual los contribuyentes eluden sus responsabilidades fiscales, siendo en muchos casos, solapados bajo la mirada tácita de la autoridad recaudatoria.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el sub subinciso 3, del subinciso ii) del inciso b) de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

UNICO. Se reforma el sub subinciso 3, del subinciso ii), del inciso b), de la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo 107.- ...

I. ...

Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de esta Ley.

...

...

a) ...

b) ...

i) ...

II) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de los ingresos petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las estimaciones de recaudación y una explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las participaciones federales para las entidades federativas.

Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en relación con las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos.

Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan:

1. Avance en el padrón de contribuyentes.

2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales.

3.Información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados detallando los siguientes aspectos:

a) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior;

b) Recuperación efectuada en el trimestre;

c) Monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo;

d) Cancelación de créditos fiscales;

I. Por incosteabilidad;

II. Por insolvencia;

a) Condonación de créditos fiscales;

b) Nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre;

c) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual;.

La información que contenga el informe al que se refiere este sub subinciso deberá ser acorde a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Se recorre la numeración de los demás sub subincisos a partir del número 4.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Armando Rios Piter”.

1 Cardoso, Victor, Adeudan grandes empresas $450 mil millones por impuestos no pagados, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2014/02/12/economia/027n2eco

2 SHCP. Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

3 Op. Cít.

4 Cardoso, Victor, Condonó el SAT $260 mil millones de impuestos vía el plan Ponte al corriente, La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2013/06/13/economia/026n1eco

5Idem





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 29 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN MATERIA DE COMBATE A LA ELUSION FISCAL

(Presentada por la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 29 DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN MATERIA DE COMBATE A LA ELUSION FISCAL , de conformidad con la siguiente:

Exposición de motivos

El concepto de elusión fiscal no es un concepto ampliamente conocido para el ciudadano común de este país, a diferencia del concepto de evasión fiscal, que es un término técnico más popular para la sociedad. En una pequeña definición, se puede describir a la elusión fiscal como la maniobra para evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias legales, es decir, las personas que practican la elusión fiscal emplean las lagunas que existen en las Leyes fiscales para obtener un beneficio propio.

Tanto las empresas como los profesionistas dedicados a la determinación de los impuestos, acuden a la planeación o ingeniería fiscal como un mecanismo legal para aprovechar los espacios jurídicos que las leyes hacendarias no hayan cubierto y así eludir el pago de impuestos. Este mecanismo, cabe señalar, no viola las leyes, pero éticamente no es correcto, ya que las empresas o personas obligadas al pago de una contribución buscan la manera de no cumplir con su responsabilidad tributaria sin cometer un delito fiscal1. La ingeniería fiscal lo utilizan principalmente las grandes empresas para no enterar al fisco los impuestos que les corresponde pagar, mediante la promoción de litigios, que en el peor de los casos les permiten diferir su pago, sin que se constituya un delito fiscal como el caso de la evasión.

En este sentido, la legislación mexicana ofrece facilidades, diferimientos, regímenes fiscales, tasas reducidas, deducciones y hasta exenciones que generan una pérdida en la recaudación fiscal del Estado, lo cual se traduce en problemas económicos para el país. Tengamos en cuenta, que históricamente, la recaudación tributaria en México, sin considerar los ingresos petroleros ni las contribuciones de seguridad social, sólo ha rondando aproximadamente el10 por ciento del PIB.

En cambio, en los países miembros de la OCDE, de la cual México es uno de sus 34 integrantes, es de entre 19 y 25 por ciento. Lo ideal es una recaudación de entre 16 y 18 por ciento del PIB, sin incluir los ingresos petroleros, pues permitiría al Estado mexicano cumplir sus compromisos en materia de gasto y deuda.2

De acuerdo con el informe de Estadísticas tributarias en América Latina, la captación de impuestos (incluye los derechos por hidrocarburos) de México alcanzó un nivel de 19.6 por ciento del PIB en 2012; sin embargo, en 2008 esa proporción fue de 20.9 por ciento.El informe de los organismos internacionales también reveló que pese a ser una de las economías más grandes de América Latina, México tiene una captación por debajo del promedio y casi la mitad menos de lo que recaudan los países líderes de la región. La recaudación promedio de América Latina (AL) fue de 20.7 por ciento en 2012, lo que es superior a 19.6 por ciento de México. Sin embargo, cuando se compara con las naciones con mayores registros México queda muy por debajo.Argentina es el país líder de la región, pues por ingresos tributarios obtiene el equivalente a 37.3 por ciento de su PIB, es decir, casi del doble de lo que el gobierno mexicano recauda. Por su parte, Brasil reportó un nivel de 36.3 por ciento, mientras que Uruguay llegó a 26.3 por ciento.3

Por consiguiente, es necesario destacar que los créditos fiscales forman parte de la elusión fiscal. Los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, que son adeudos que conoce la autoridad, pero que no han sido enterados por encontrarse en litigio o por simple incumplimiento debido a la no localización del contribuyente, por insolvencia económica u otras causas.

A diciembre de 2013, el Servicio de Administración Tributaria tenía registrados 516 mil millones de pesos como créditos fiscales, equivalentes al 3.2 por ciento del PIB y al 33.1 por ciento de los ingresos tributarios4. En 2013, los créditos fiscales disminuyeron 22.7 por ciento, respecto a 2012, por la aplicación del programa “Ponte al Corriente”. Del total de estos créditos, 315 mil millones, el 61 por ciento, se encontraban en litigio y no podrán cobrarse hasta que haya una resolución judicial. El 82 por ciento de los créditos fiscales corresponden a empresas y el 18 por ciento a personas físicas. La posibilidad de recuperación de estos recursos depende de la eficiencia administrativa y legal de la administración tributaria, que en el pasado reciente ha sido muy baja.

Por otra parte, no existe la debida transparencia en relación con la cancelación de créditos fiscales que permita analizar el comportamiento de estos y así poder de-terminar la eficiencia de la autoridad en su manejo.

Aunado a lo anterior, en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2013, se establecieron condiciones especiales para la condonación de créditos fiscales, que es una especie de “borrón y cuenta nueva”, aplicable a los créditos fiscales vigentes de aquellos contribuyentes que llegaran a un acuerdo con la SHCP para cubrir sus adeudos, aplicándoles un descuento si los pagaran de manera inmediata. También se cancelarían los de más de 5 años a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones durante los últimos tres años.

Esta disposición tiene el objetivo de incentivar la regularización de los contribuyentes que tengan adeudos vencidos, lo que tiene un impacto positivo en la recaudación. Sin embargo, significó un costo fiscal, cuyo monto debió informar la SHCP a más tardar en diciembre pasado, como se estableció Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013.

Es importante señalar que la aplicación de este tipo de medidas y/o programas especiales, se origina en la incapacidad de la autoridad hacendaria para que los contribuyentes morosos cumplan con sus obligaciones en el pago de sus respectivos impuestos, pero en esta perspectiva, representa un trato inequitativo para los contribuyentes cumplidos. Así mismo, se genera incentivos perversos, al mandar una señal a todos los contribuyentes de que existe la posibilidad de que en ejercicios posteriores, se vuelva a aplicar este tipo de medidas y/o programas, desincentivando el cumplimiento de los contribuyentes al fisco.

Si bien, como se ha mencionado, existen diversos mecanismos para que los contribuyentes puedan eludir sus responsabilidades, no solamente por vía de los créditos fiscales, es menester hacer referencia a los mismos debido a la gran pérdida de recursos que dejó de percibir la hacienda pública con el citado programa “Ponte al Corriente”, mismo que benefició, como siempre ocurre, a las grandes empresas que, de una forma u otra, dejan de pagar cantidades millonarias en clara complicidad con la autoridad federal.

En este sentido, hay que señalar que dentro de la Ley del Servicio de Administración Tributaria se hace referencia al concepto de elusión fiscal. Dentro de las atribuciones que la Ley le confiere al SAT destaca lo especificado en la fracción VI del artículo 7 de la Ley en comento:

Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

I a V (…)

VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera;

Asimismo, el artículo 7º también establece en la fracción XIII lo siguiente:

XIII. Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como política de administración tributaria y aduanera el conjunto de acciones dirigidas a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.

Por su parte, el artículo 10 de la citada Ley dispone en su fracción VIII, que la Junta de Gobierno del SAT tendrá la atribución de:

VIII. Analizar las propuestas sobre mejora continua que incluyan los aspectos relacionados con la disminución de los costos de recaudación, la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando y la corrupción, la mejor atención al contribuyente, la seguridad jurídica de la recaudación y del contribuyente, la rentabilidad de la fiscalización y la simplificación administrativa y reducción de los costos de cumplimiento, que sean elaboradas por las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria.

El artículo 21 dispone que el SAT deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua para el combate a la elusión fiscal, así como el aumento esperado de la recaudación por la menor elusión fiscal:

Artículo 21. Anualmente, el Servicio de Administración Tributaria deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua que establezca metas específicas sobre los siguientes aspectos:

I. Combate a la evasión y elusión fiscales;

II. Aumento esperado de la recaudación por menor evasión y elusión fiscales;

Con base en lo anterior, resulta inexplicable que, si bien con las disposiciones antes referidas se faculta al SAT para buscar mecanismos de combate a la elusión fiscal, no se especifica que la autoridad recaudadora deba de presentar anualmente un estudio sobre los casos en los que se da la elusión fiscal. En este contexto, es menester de esta Soberanía el establecer en el marco legal que el SAT deba entregar un estudio donde, además de analizar la evasión fiscal, analice los casos de elusión fiscal, para con ello buscar mecanismos que vayan encaminados a terminar con una práctica que tanto daño le hace a las finanzas públicas y, por ende, a todas y todos los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en materia de combate a la elusión fiscal.

UNICO: Se reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en materia de combate a la elusión fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 29. Con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión y elusión fiscal en el país, el Servicio de Administración Tributaria deberá publicar anualmente estudios sobre la evasión y elusión fiscal. En dichos estudios deberán participar al menos dos instituciones académicas de prestigio en el país. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio.

Transitorios

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Por única ocasión, el Servicio de Administración Tributaria deberá entregar el estudio sobre la elusión fiscal a más tardar sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Padierna Luna.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Javier Corral, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Para los efectos del artículo 76 del Reglamento, numeral 2, fracción I. Observaciones al Orden del Día.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Permítame dar turno a la iniciativa que presentó la Senadora Padierna Luna.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Le he pedido el uso de la palabra conforme al Reglamento, no está en su potestad o no otorgármela.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Me permite dar turno a la iniciativa que presentó la Senadora Dolores Padierna?

Daremos los turnos a los asuntos presentados por la Senadora Padierna. El proyecto de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Compañeras y compañeros Senadores: informo a ustedes que nuestro apartado de dictámenes a discusión, por acuerdo de la Comisión de Turismo y de la Senadora Luz María Beristain, se retira el dictamen relativo a los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos en Quintana Roo.

En consecuencia, pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Turismo, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

1 Hinojosa Cruz,Adriana Verónica, Ponencia “Evasión y elusión fiscal: su abordaje a través de la integración de una nueva estrategia educativa”, presentada en el Congreso Virtual Interinstitucional Los Grandes Problemas Nacionales, Septiembre de 2008, véase texto completo en http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal/CVI-15-08.pdf

2 Piz, Victor, México, en una crisis de recaudación, El Financiero, http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexico-en-una-crisis-de-recaudacion-1.html

3 Verdusco, Mario Alberto, Recaudación en México, debajo del nivel de 2009: OCDE, El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/recaudacion-en-mexico-debajo-del-nivel-de-2009-ocde-107584.html

4 SHCP. Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del sur-sureste de México, presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 18 de septiembre de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del sur-sureste de México.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo propicie las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados de Sur-Sureste de México.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remueva las restricciones que detienen los flujos turísticos.

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales a tener una mayor coordinación en sus políticas y estrategias y con ello detonar el desarrollo turístico nacional.

CUARTO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a presentar un Plan Estratégico de Turismo Nacional en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo a celebrarse el 27 de septiembre que genere las condiciones para crear, facilitar, impulsar y fomentar la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Menciona el promovente que de acuerdo a la publicación “Barómetro Mundial del Turismo 2013” de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2012 México recibió 23.4 millones de turistas, misma cantidad que en 2011; pero aún así quedó fuera de la lista de los diez países más visitados por los turistas, colocándose en el décimo tercer lugar, lo cual significa una caída de tres lugares en el ranking mundial con respecto al 2011, donde se ubicó en el décimo lugar.

No obstante lo anterior, señala que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el turismo ha crecido en el presente año, pues durante el primer trimestre de 2013 el indicador trimestral del Producto Interno Bruto Turístico creció 2.1 por ciento en términos reales, respecto al mismo período en el año 2012; también menciona que el consumo de los turistas nacionales fue el más elevado, con un incremento de 2.7 por ciento en términos reales, comparado con el período de enero a marzo del año anterior.

Así, dado que el turismo ha sido y es un sector estratégico de la economía nacional, ya que además de generar ingresos a los estados y ofrecer 2.4 millones de empleos a los mexicanos, tiene un importante valor social, cultural y político, considera necesario continuar impulsando las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México.

El promovente resalta la importancia de apoyar esta región de nuestro país, dado que según datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Yucatán, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Guerrero, aportaron el 33.70 por ciento del Producto Interno Bruto del Sector Turístico, por lo que la región es de suma importancia para el desarrollo económico nacional.

Asimismo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal a presentar un Plan Estratégico de Turismo Nacional que genere las condiciones para crear, facilitar, impulsar y fomentar la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México.

En el mismo sentido, para continuar detonando el desarrollo turístico nacional propone exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a tener una mayor coordinación en sus políticas y estrategias.

Finalmente, para impulsar el arribo de turistas internacionales propone exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remueva las restricciones que detienen los flujos turísticos.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, es fuente de crecimiento, herramienta para el combate a la pobreza y promotor de la igualdad de oportunidades; es una actividad generadora de 2.5 millones de empleos directos y 5 millones indirectos, participando mayoritariamente jóvenes y mujeres.

Asimismo, reconocen que la región Sur-Sureste de México, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, cuenta con gran potencial, su gran costa rodeada por el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe que suma casi 4,000 kilómetros de litorales genera grandes bondades en materia turística y comercial.

La aportación de la región Sur-Sureste al Producto Interno Bruto, fue del 23 por ciento, centrándose las cadenas productivas de esta región en actividades correspondientes a los sectores: turístico, minero y agropecuario (maíz, café, caña de azúcar, miel y carne de res).

Se debe tener presente que esta región aportó en 2010 el 23 por ciento del Producto Interno Bruto, y que como lo señala el promovente en 2011, esta región aportó el 33.70 por ciento del Producto Interno Bruto Turístico.

Dada la importancia del sector, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el legislador promovente, en el sentido de que es prioritario continuar propiciando las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México, máxime cuando el turismo tiene un gran potencial para combatir los rezagos sociales que afectan a diversos municipios y localidades de esta región, que tienen alto grado de marginación.Los integrantes de la Comisión de Turismo, reafirman que las bondades del turismo, son un elemento adecuado para ir cerrando la brecha que existe entre esta región y otras zonas de la República Mexicana.

Teniendo presente que la Organización Mundial de Turismo prevé que el número de llegadas de turistas internacionales crecerá un 3.3 por ciento al año, entre 2010 y 2030, y que América Latina será de los principales receptores de turistas, se hace necesario continuar implementando acciones para que aumenten los flujo turísticos hacía nuestro país.

En este sentido, implementar políticas de facilitación migratoria es determinante para que México vuelva al top ten de los países más visitados del mundo.

Esta Comisión Legislativa reconoce que en la presente administración federal se han puesto en marcha acciones que facilitan los flujos turísticos hacía nuestro país, tales como: la aceptación de la visa estadounidense como requisito suficiente para ingresar al país como turista, la puesta en marcha del Sistema de Autorización Electrónica (SAE) que permite a los brasileños, rusos y ucranianos obtener autorización electrónica para viajar a México con fines de turismo, tránsito o negocios, sin necesidad de obtener una visa.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, estas medidas, de enero a junio de 20131, han propiciado un aumento en el número de visitantes procedentes de diferentes nacionalidades, respecto al mismo período en 2012.

En virtud de lo anterior, esta Comisión de Turismo considera pertinente exhortar respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de Turismo a continuar trabajando para implementar medidas que faciliten los flujos turísticos hacía México.

El aprovechar todo el potencial turístico de México para generar un mayor desarrollo social y económico que beneficie a las diferentes regiones de nuestro país, implica que los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal trabajen de manera coordinada, a fin de que el turismo sea un verdadero motor de desarrollo.

En este sentido, es necesario reconocer la intensa vinculación del Gobierno Federal con los gobiernos de las Entidades Federativas en temas como: las campañas de promoción de los atractivos turísticos de México; el levantamiento del inventario de productos turísticos para incorporarlos al Atlas Turístico de México; los Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico; los programas de asistencia técnica a Estados y Municipios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; el trabajo de líneas de productos regionales en la frontera norte y la región del mundo maya; entre otros.

Sin duda, estos trabajos coordinados deben continuar para alcanzar los objetivos que en materia turística se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, se debe mencionar que el 13 de febrero de 2013, el titular del Ejecutivo Federal dio a conocer la Política Nacional Turística, misma que sustenta en cuatro directrices: ordenamiento y transformación sectorial; innovación y competitividad; fomento y promoción, y sustentabilidad y beneficio social.

Asimismo, destaca el que con objeto de conducir la planeación del sector la Secretaría de Turismo Federal llevó a cabo, del 26 de julio al 9 de octubre del 2013, siete Foros Regionales de Consulta para la elaboración del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, el cual será la hoja de ruta que guie la política turística del país, misma que contendrá objetivos claros, estrategias innovadoras y viables, a fin de impulsar la transformación y transversalidad del sector turismo para convertirlo en una verdadera palanca de desarrollo y bienestar social y económico.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera dejar sin materia el cuarto resolutivo que planteaba el punto de acuerdo de mérito.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Turismo y Economía se continúen implementado acciones que impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados de la región Sur-Sureste de México.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Turismo a continuar trabajando para implementar medidas que faciliten los flujos turísticos hacía México.

Tercero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que continúen coordinando sus acciones en materia de turismo.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”

1 SECTUR, 1er Informe de Labores 2012 -2013,p. 25, consultado el 28 de octubre de 2013, recuperado en: http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/5784/1/images/1er_%20Inform%20de%20Labores%20PRINT%20FINAL%20FINAL.pdf





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente:

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo en el estado de Guerrero, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los titulares el Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a realizar lo correspondiente para reactivar e impulsar el turismo en el estado de Guerrero, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 17 de octubre de 2013, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo en el estado de Guerrero, mismo que fue suscrito por la Senadora Luz María Beristain Navarrete.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- El 28 de noviembre, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a realizar lo correspondiente para reactivar e impulsar el turismo en el estado de Guerrero.

4.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo del Senador Sofío Ramírez Hernández propone lo siguiente:

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemple un programa de estímulos fiscales que contemple los meses de septiembre a diciembre de 2013 en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíen el período de nulidad de peaje de la Autopista del Sol hasta el día 7 de enero de 2014.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se establezca un programa emergente de actividades artísticas y culturales para los meses de noviembre y diciembre de 2013 en el Estado de Guerrero que fomente y atraiga el turismo nacional e internacional.

El punto de acuerdo del Senador Armando Ríos Piter propone lo siguiente:

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que se agilicen las medidas de promoción turística comprometidas en Acapulco el pasado 21 de septiembre en reunión con prestadores de servicios del ramo. Así como, incluir en dichas acciones a los destinos del Triángulo del Sol, Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, con el fin de apoyar e impulsar la actividad turística en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO.Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de Caminos y Puentes Federales a no cobrar peaje en la Autopista del Sol hasta el 15 de diciembre para incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el turismo en el Puerto y en el Estado de Guerrero en general.

CONTENIDO DEL PROYECTO

La proposición del Senador Sofío Ramírez Hernández menciona que los impactos causados por los fenómenos meteorológicos, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel el pasado mes de septiembre, han afectado gravemente y en mayor medida al estado de Guerrero.

Por ello, el turismo, principal fuente de recursos del Estado ha resultado muy afectado. Especialmente para Acapulco, que junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo forman el denominado “Triángulo del Sol”, entre otras.

Asimismo, refiere que el estado de Guerrero posee grandes riquezas históricas, naturales, culturales, arqueológicas, religiosas y gastronómicas que hacen de Guerrero un destino incomparable para el turismo nacional e internacional.

Señala, por ejemplo, los vestigios arqueológicos de las zonas de Orgamera y Tehuacalco, los caminos empedrados de Azoyú, donde se encontraban las piedras labradas de épocas prehispánicas, el patrimonio cultural que se exhibe en el Museo Comunitario Irineo German.

Da cuenta el promovente de que en Cuajinicuilapa, Guerrero, se encuentra el primer museo de influencia africana en México, el Museo de la Tercera Raíz. Por su parte en Tlalpa se puede visitar al Cristo del Nicho, el cual tiene su fiesta el 23 de octubre, en el atrio del Santuario de San Agustín, siendo un monumento colonial que data de 1535, donde se puede apreciar la fastuosa danza de los Doce Pares de Francia, así como la danza de Los Archaeros.

Dentro de las bellezas naturales de Guerrero se encuentran las lagunas y mares de Marquelia, Punta Maldonado Florencio Villarreal, Copala y San Marcos; las aguas termales de Atotonilco de Horcasitas en San Luis Acatlán.

Agrega que en tierra caliente se realiza la Feria del Sombrero y se puede visitar el Templo de San José o admirar la enorme roca monolítica en la cual Federico Canessi esculpió, en 1977, una monumental cabeza del General Lázaro Cárdenas.

El promovente menciona que el turismo a nivel nacional aporta poco más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto; y que a pesar de que la participación que se lleva Guerrero es de sólo el 2.5 por ciento de ese total nacional, el ingreso proveniente del sector turismo en las finanzas estatales, representa un 25 por ciento, es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a Guerrero proviene del turismo.

Dada la importancia de este sector económico para Guerrero, establece que es necesario impulsarlo para que este Estado salga adelante.

Por su parte, la proposición del Senador Armando Ríos Piter, refiere que Guerrero fue uno de los más afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid yManuel del pasado mes de septiembre. Hasta el momento el Gobierno Federal por medio de diferentes instancias, los legisladores y la sociedad civil han puesto en marcha acciones para recuperar de alguna forma las pérdidas causadas por las lluvias.

También señala que se requieren recursos económicos para atender la emergencia que vive Guerrero, que se necesita ayuda inmediata que fluya directamente y tenga impacto a largo plazo, siendo una herramienta para lograrlo el turismo.

Bajo este contexto menciona que ir de vacaciones a Guerrero es una forma de ayudar a la reconstrucción de la infraestructura y la economía.

Menciona que incluir a los destinos que forman parte del Triángulo del Sol en las campañas publicitarias que el Gobierno Federal ha de implementar para que todo el mundo se entere que Acapulco está de pie para recibir turistas, es una forma efectiva y directa para reactivar la economía de las diferentes zonas de Guerrero, y por ende generar empleo en las zonas aledañas a dicho puerto turístico.

Finalmente menciona que es necesario generar incentivos para que la gente vaya al puerto de Acapulco, por lo que propone que no se cobre peaje en la autopista del Sol hasta el 15 de diciembre para incentivar el flujo de visitantes.

CONSIDERACIONES

En virtud de que ambas propuestas con Punto de Acuerdo, hacen referencia a la problemática del estado de Guerrero derivado de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, esta Comisión Legislativa estima pertinente dictaminarlas en conjunto.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el estado de Guerrero es uno de los principales referentes destinos turísticos de México en el extranjero, es una región que ofrece múltiples maravillas naturales, históricas, arqueológicas y culturales.

Asimismo, tienen presente que el sector turístico es una de las actividades económicas que más recursos deja a la entidad, pues aporta $30,689,750 pesos, empleando a 140,000 trabajadores, lo que lo hacen pilar de la economía de las familias guerrerenses.

Esta Comisión Legislativa, manifiesta su reconocimiento a la sociedad civil, a las Secretarías de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Turismo, así como a la Policía Federal, la Cruz Roja, Protección Civil y los gobiernos de los estados afectados, quienes implementaron importantes medidas para ayudar a la población, emprender la reconstrucción de la infraestructura dañada y contribuir a la normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible.

Comparten con los promoventes de los puntos de acuerdo que el turismo es una actividad que debe ser fortalecida en Guerrero, a fin de ayudar en la reconstrucción de la infraestructura y mejorar la actividad económica de los guerrerenses.

Es de destacarse el hecho de que el Presidente de la República haya instruido a la titular de la Secretaría de Turismo, a emprender una campaña de reposicionamiento del puerto de Acapulco, la cual asegure que dicho destino se encuentra en buenas condiciones y así fomentar la llegada de viajeros; y que en el marco del día mundial del turismo la titular de la Secretaría de Turismo anunciara una campaña de relanzamiento de Acapulco, para la cual se invirtieron 40 millones de pesos.

En el mes de diciembre de 2013, se llevó a cabo una campaña de relanzamiento del estado de Guerrero, la cual tuvo como eje fundamental el Triángulo del Sol que conforma las ciudades de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, por lo que se considera la petición del Senador Sofío Ramírez atendida.

Por lo que se refiere a los exhortos a fin de que no se cobre peaje en la Autopista del Sol hasta el 15 de diciembre de 2013 o el 7 de enero de 2014, a fin de incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el turismo en el puerto y en el estado de Guerrero, esta Comisión Legislativa establece que el Gobierno Federal anunció a principios de diciembre de 2013 que se cobraría el 50 por ciento del peaje para el transporte terrestre que tuviera como destino Guerrero en la época de vacaciones invernales,por lo que igualmente se considera que la petición queda sin efecto.

Por otro lado, es necesario mencionar que los integrantes de esta Comisión Legislativa comparten con el Senador Sofío Ramírez Hernández, su propuesta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contemple un programa de estímulos fiscales para el estado de Guerrero, a fin de que la planta productiva pueda reactivarse, y de esta forma, preservar las fuentes de empleo.

No obstante lo anterior, es importante señalar que el 24 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2013.

El decreto en mención considera apoyar a los contribuyentes de las zonas afectadas, a fin de que cuenten con liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, por lo que es pertinente eximirlos de la obligación de efectuar pagos provisionales de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, así como por el segundo cuatrimestre de 2013, según se trate; también se contempla eximir a quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes del pago de dichas contribuciones y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al cuarto y quinto bimestres de 2013; también se permite el entero en parcialidades del impuesto sobre la renta retenido por salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013; también permite el pago en parcialidades del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013; por último, planteapermite que los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, presenten mensualmente las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al segundo semestre de2013, así como autorizar la deducción inmediata y hasta por el 100 por ciento de las inversiones que se realicen en las zonas afectadas en el período comprendido del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 2013.

En virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso en marcha diversos beneficios fiscales, como lo pedía el Senador Sofío Ramírez Hernández, se considera que su petición ya fue atendida.

Finalmente, por lo que respecta al exhorto a la Secretaría de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para establecer un programa emergente de actividades artísticas y culturales para los meses de noviembre y diciembre de 2013 en el estado de Guerrero que fomente y atraiga el turismo nacional e internacional, esta Comisión Dictaminadora considera adecuado el exhorto para que se implementen una serie de programas de actividades culturales y turísticas que fomenten que más personas visiten los atractivos que oferta Guerrero, sin embargo, estas acciones debieran ser permanentes a lo largo de este año para seguir generando confianza en el turista y en los prestadores de servicios turísticos.

Esta Comisión Dictaminadora reconoce el trabajo del Gobierno de la República para contrarrestar los daños causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel y restablecer las condiciones de normalidad en el estado de Guerrero. El anuncio de inversión de 67 mil 835 millones de pesos, como parte del Plan Nuevo Guerrero, da cuenta de los esfuerzos conjuntos para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de Guerrero.

Esta Comisión de Turismo destaca el que dentro del Plan Nuevo Guerrero, el Gobierno Federal y el Gobierno de Guerrero trabajan para que los guerrerenses alcancen mejores condiciones de vida mediante la reconstrucción de caminos y puentes, nuevos sistemas de operación hidráulica, reubicación y remodelación de escuelas, apoyos para los productores del campo, entre otros.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo:

a) Se continúen implementando medidas de promoción turística para el estado de Guerrero.

b) Se continúe con la promoción turística a los destinos que conforman el Triángulo del Sol: las ciudades de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, a fin de impulsar la actividad turística en el Estado de Guerrero.

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública, así como al Gobierno del estado de Guerrero para que implemente un programa emergente de actividades artísticas y culturales para 2014, a fin de que se continúe fomentando el turismo nacional e internacional.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”





 

COMISION DE TURISMO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE TURISMO

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para el desarrollo del municipio de Zirándaro de los Chávez en el estado de Guerrero, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen.

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio.

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos.

ANTECEDENTES

1.- El 10 de octubre de 2013, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para el desarrollo del municipio de Zirándaro de los Chávez en el estado de Guerrero.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

OBJETO DEL PROYECTO

El punto de acuerdo propone lo siguiente:

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para implementar la solución a la problemática de azolvamiento de la presa “La Calera” ubicada en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero, a través de las dos vías propuestas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la de establecer un anexo al vaso, a través de la implementación de un dique de goma llamadoRubber Dam, el cual estaría alzando más el vaso vertedor de agua y en segundo término, un programa de desazolvado de dicha presa para poder prevenir inundaciones que ponen en peligro la vida de cientos de guerrerenses, así como de su patrimonio como lo suscitado por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), se diseñe e implemente un programa de aprovechamiento turístico en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero, a través de la capacitación de la población, equipamiento turístico y un programa agresivo de promoción de la pesca deportiva.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Menciona el promovente que el 22 de mayo de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró la presa La Calera sobre el río del Oro, el cual es una afluente del río Balsas; como parte complementaria a la presa, fue construida la Unidad de Riego La Calera, ambas se localizan en el municipio de Zirándaro de los Chávez, en el estado de Guerrero.

Dicha Unidad cuenta con infraestructura que domina una superficie de riego con una capacidad cercana a 1,500 hectáreas; la cual se encuentra enclavada en una cañada, con alto grado de dispersión y pendientes fuertes.

La presa La Calera riega mediante canales, regaderas y algunos entubamientos una superficie aproximada de 750 hectáreas, de las mil 500 que son factibles de sembrar. Los principales cultivos que se desarrollan en la Unidad son: maíz y sorgo forrajero y pastos mejorados.

Refiere además que por la misma constitución topográfica, en donde las pendientes son muy prolongadas, tras las lluvias se arrastran importantes cantidades de sedimentos que ocasionan la generación de azolves en la presa, razón por la cual cada año, antes de que se termine la temporada de lluvias, personal de la CONAGUA le pone unas agujas a la presa con la finalidad de almacenar unos 9 millones de metros cúbicos para ser utilizada por los agricultores de la zona; sin embargo, estos trabajos no son suficientes para las necesidades de los agricultores, por lo que se hace indispensable poner en marcha proyectos alternativos para almacenar más agua en la presa La Calera.

Finalmente, señala el promovente que Zirándaro de los Chávez, por la misma presa tiene un potencial turístico que no se ha explotado, representado por las corrientes de los ríos y el vaso de la presa La Calera que permite aprovechar el lugar como un centro de sano esparcimiento, para practicar deportes acuáticos, pesca deportiva y disfrutar de la gastronomía regional, por lo que propone que la Secretaría de Turismo diseñe e implemente un programa de aprovechamiento turístico en el municipio de Zirándaro de los Chávez, estado de Guerrero, a través de la capacitación de la población, equipamiento turístico y un programa agresivo de promoción de la pesca deportiva.

Asimismo, propone que se exhorte a la Cámara de Diputados para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para implementar la solución a la problemática de azolvamiento de la presa “La Calera” ubicada en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero.

CONSIDERACIONES

El municipio de Zirándaro de los Chávez se localiza al noroeste del estado de Guerrero, en la región de tierra caliente. Colinda al norte con el estado de Michoacán, al sur con los municipios de Coyuca de Catalán y Coahuayutla de José María Izazaga, al oriente con el municipio de Coyuca de Catalán y al poniente con el municipio de Coahuayutla.

Este municipio ha sido cuna de personajes destacados, dentro de ellos Ignacio Chávez Sánchez, precursor de la cardiología en México y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Rodolfo Chávez Sánchez, jurista que ejerció el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe hacer mención que fue en honor a estos personajes, que al municipio de Zirándaro se le agrego de los Chávez, en 1971.

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocen que al hablar de tierra caliente, es necesario hacer referencia a una localidad donde los paisajes naturales y el clima cálido invitan al turista a entrar en contacto con la naturaleza, a realizar caminatas, ecoturismo, campismo y excursiones.

Además de las bellezas naturales de tierra caliente, también se pueden apreciar particulares manifestaciones culturales de la región, tales como “los sones y gustos calentanos”, los que acompañados del violín y la tamborita, representan la música tradicional de tierra caliente, la cual puede verse acompañada con los alegres zapatedados de los bailarines de Guerrero.

Asimismo, los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo comparten con el promovente del punto de acuerdo el que el río Balsas y la presa La Calera, pueden ser centros de esparcimiento que puede aprovechar el turismo, para detonar el desarrollo económico de la zona, toda vez que pueden practicarse deportes acuáticos, pesca deportiva y disfrutar de la rica gastronomía del estado de Guerrero.

Los integrantes de esta Comisión Legislativa no pierden de vista que la región de tierra caliente en el Estado de Guerrero, fue afectada gravemente por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, asimismo, mencionan que la presa La Calera, no pudo contener el agua suficiente y Zirándaro quedó incomunicado y con cuantiosas pérdidas.

Teniendo presente que el turismo es motor de desarrollo, herramienta para combatir la pobreza y promotor de infraestructura, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran oportuno emitir un exhorto a la Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero, para que se diseñen e implementen los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el municipio de Zirándaro de los Chávez.

Por lo que hace al resolutivo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para implementar la solución a la problemática de azolvamiento de la presa “La Calera” ubicada en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero, esta Comisión Dictaminadora, señala que debido a que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación el 14 de noviembre de 2013 , considera improcedente la propuesta.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero, para que en conjunto diseñen e implementen los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado de Guerrero con impacto en el municipio de Zirándaro de los Chávez.

Salón de comisiones del Senado de la República, a 3 abril de 2014.

COMISION DE TURISMO”

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta.

Quiero referirme al primero de los dictámenes que se presentan por parte de la Comisión de Turismo.

Bien dicen, compañeras y compañeros, quienes se dedican a las estadísticas y a la producción de datos, de estudios, de diagnósticos, que el objetivo final de una investigación nunca debe ser el número en sí mismo, es decir, el resultado numérico final, puro y duro, sino en todo caso el análisis y la interpretación, así como las tendencias y el comportamiento de esos números en el tiempo, en la comprobación de hipótesis, así como su utilidad práctica en lo social, en lo económico y en lo humano.

Y digo esto, compañeras y compañeros, porque en materia turística, por ejemplo, en los últimos meses han sucedido una serie de anuncios no sólo de números, y no más que números, en los cuales se desea dar la impresión de que el país se encuentra en un momento excepcional en cuanto al turismo se refiere.

Por ejemplo, según datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el mercado nacional cerró en el 2013 con 70 millones de cuartos de hotel, y aún para el año 2014 se espera un incremento adicional de 2.7 por ciento.

Por su parte, hace algunas semanas, el Banco de México informó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales al país, sólo en enero del presente año, fue de 1,442 millones de dólares, es decir, 17.4 por ciento más que en el mismo periodo del año 2013.

Según estas cifras, compañeras y compañeros, cifras ciertamente provisionales de la Secretaría de Turismo Federal, de enero a septiembre del 2013 se recibieron un total de 8,757,534 turistas extranjeros por vía aérea, cifra también superior en un 8 por ciento respecto al mismo periodo del año 2012, y 15 por ciento en relación al año 2011.

Como pueden ustedes notar, esta danza de números en los que he incluido el volumen de turistas, la ocupación hotelera y llegada de visitantes extranjeros, podrían forjar la ilusión de que el sector turístico nacional camina y camina dando pasos agigantados.

Pero el problema, compañeras y compañeros legisladores, de esta danza, es que se pretende trasmitir la certeza de que el turismo, escrito con mayúsculas, se agota en hacer que los turistas vengan y se hospeden en algún sitio como si se tratara solamente de seres, en el mejor de los casos, autónomas o fríos. Pero solamente para mi esto implica el turismo con minúsculas.

Porque el turismo con mayúsculas, compañeras y compañeros, a mi parecer, debe buscar en todo caso que el alma del lugar que se visita, es el que debe ser conocido.

En el caso mexicano, por supuesto, vienen a un lugar con un extraordinario escenario natural, con un patrimonio cultural excepcional, y un poderoso sentido hospitalario en la gente; eso es lo que se encuentra en nuestro país, que ya lo quisieran muchas otras naciones que se yerguen como potencias en esas mediciones internacionales del sector turístico.

Sin embargo, yo quiero aquí acotar que nuestro problema sigue siendo la falta de una política nacional que garantice la perspectiva turística, y ésta que sea atendida en los planes, programas y proyectos de los gobiernos de todos los niveles, pero principalmente en el gobierno federal.

Para mí, esta ausencia de política explica la razón por la cual la inversión en el ramo turístico sigue siendo una asignatura pendiente, de ahí la importancia del dictamen que está a nuestra consideración.

Porque no puede haber inversión si antes no se miden en conjunto las razones económicas, sociales y humanas que la actividad turística representa, y ese, compañeras y compañeros, es el gran déficit con el cual nos topamos en la realidad mexicana.

Porque, yo pregunto, ¿de qué sirve que vengan más turistas, si no hay carreteras y caminos para que acudan a los tesoros con los que contamos en numerosas entidades del interior del país?, o ¿cuál es la utilidad de que se incremente el número de divisas producidas en el sector si éste no va a recibir a cambio inversión de mejoras en destinos y también en infraestructura?

O por qué saber de dónde vienen o de dónde provienen los turistas si a la par y como consecuencia de esas cifras no emprendemos políticas, por ejemplo, de enseñanza de idiomas, estudios culturales, hospitalidad y capacitación.

Para mí la danza de números entonces revela su lado más inmóvil y silencioso, porque no puede ocultarse que en México aún estamos lejos de pensar desde el turismo que implemente con toda seriedad un ambicioso programa de crecimiento alrededor de esta industria, misma que por otro lado tiene un gran potencial para intervenir en el desarrollo nacional, pero sobre todo en el bienestar tangible de personas y comunidades.

Y me quiero referir, para concluir, en el caso de Oaxaca, mi estado, una entidad excepcionalmente bella, con atractivos múltiples desde ciudades, hasta playas o sitios arqueológicos, pero en que nos encontramos con esta misma realidad, la falta de recursos y de inversión, las que solamente, por razones obvias pueden provenir de la Federación y que han impedido desdoblar esos atractivos en verdaderos polos de desarrollo para la gente de mi tierra.

Por mencionar un ejemplo, en Oaxaca de Juárez, la capital, cuyo centro histórico es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que es un símbolo de la arquitectura mundial, solamente fue posible en el año 2013 llegar a un promedio de 40 por ciento de la ocupación hotelera. En Puerto Escondido un 27 por ciento y en Huatulco un 52 por ciento, y estos datos, compañeras y compañeros, se explican de muy diversas formas, incluyendo el escaso monto de inversión, pero sobre todo de gran infraestructura con el cual no hemos podido contar en los últimos años.

O ahí está el caso emblemático de Juquila, donde se reúnen más de 110 mil feligreses cada año para venerar a la Virgen del lugar. Según datos estatales oficiales, pues hace falta una inversión seria y correspondiente con importancia de este destino, pero sobre todo con el potencial que representa uno de los santuarios más relevantes, no sólo en el país, sino en todo el mundo.

Y es así que podría yo enumerar casos concretos, pero agotado el tiempo de la intervención, sólo quiero acotar algo que me parece fundamental, el caso de la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que había sido un compromiso personal e institucional del Ejecutivo Federal, aún no se concluye y se han evitado pronunciamientos y definiciones sobre este tema a últimas fechas.

Sin embargo, señora Presidenta, este panorama resulta motivo suficiente para exhortar con mucho respeto, con firmeza también al gobierno federal, para que fomente e impulse la inversión en el ramo turístico, para que en base en una política nacional bien cimentada, propicie el aprovechamiento de nuestros recursos y el bienestar de las familias y de las comunidades del país.

Concluyo señalando que el turismo, como todos lo reconocemos, es prioritario para las instituciones, para las empresas que realizan sus actividades en el ramo, pero sobre todo, compañeras y compañeros, es prioritario para quienes forman, esto que yo denomino, el alma de México, es decir, para la gente que desea compartir su cultura, sus recursos y sus productos con el mundo.

Fomentemos entonces, el crecimiento de las personas, como lo es nuestra última razón y nuestro último desafío.

Muchísimas gracias por su tolerancia.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para referirse también al dictamen sobre la región sur-sureste, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con todo gusto, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Yo no sé ustedes, pero en lo personal, en lo más antiguo de mis recuerdos y en lo más profundo de mis aspiraciones por representar al estado de Chiapas, siempre estaba la posibilidad que hoy se presenta para discutir desde esta altísima tribuna un tema como el que hoy se está discutiendo gracias a este punto de Acuerdo que vamos a votar, promovido por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, y que tiene que ver justamente con impulsar de manera mucho más acentuada las inversiones en el ramo turístico de los estados del sur-sureste de nuestro país.

Y lo hago por supuesto no sólo por la afinidad geográfica que nos une a los del sur, sino porque también es una extraordinaria oportunidad para intentar robarles un minuto de su atención y explicarles por qué en Chiapas y en el sur-sureste queremos vivir del turismo.

Como aquí ya se ha mencionado, los nueve estados del sur-sureste aportan a la nación una tercera parte del Producto Interno Bruto turístico, es decir, el 33.7 por ciento, en comparación con el 23 por ciento del PIB que le aportamos a todos los otros sectores; es decir, a pesar de que en el sur-sureste hay estados petroleros y que esa carga petrolera, que no es reflejo del ingreso ni del nivel de bienestar de la población, situación que aquí los Senadores de Campeche seguramente conocen muy bien, nos va mejor haciendo turismo que explotando recursos naturales, por eso es que nos queremos dedicar al turismo en el sur.

Hoy el turismo en todo el sur-sureste ya es una actividad preponderante en la región, pero no lo es porque haya habido una política turística específica para el sur que sea exitosa, de ninguna manera se podría decir eso. El sur es potencia turística por una razón muy simple, porque tiene un subsidio natural para esta condición.

¿Cuál es este subsidio natural? Su clima, sus playas, sus bellezas escénicas y naturales, la mayor diversidad del país que se concentra en esta región y que la hace sumamente atractiva para viajeros internacionales. También la mayor diversidad de culturas, de culturas vivas y de herencia prehispánica con toda la herencia no solamente maya, sino de otras culturas prehispánicas. Y además otro subsidio natural, que es la afabilidad y la hospitalidad, característica de la gente del sur.

El turismo ha significado también para la región una alternativa de desarrollo; pero déjenme darles un dato, vamos a poner el ejemplo de Quintana Roo, qué lástima que se tuvo que retirar el dictamen que tenía que ver con acceso a las playas en Quintana Roo, pero vamos hablar de Quintana Roo, estado que vive de manera casi absoluta de la actividad turística y que en esta sub-región del sur-sureste, de los nueve estados del sur-sureste, es el estado con mayor índice de desarrollo humano de la región.

Es decir, los de Quintana Roo son los ricos del sur, pero es el último lugar nacional en exportaciones, para poner solamente ese dato. En el sur-sureste, reitero, queremos vivir del turismo, pero de ese turismo que respeta, que admira nuestra naturaleza, que valora nuestra historia y que valora nuestra cultura.

Hay evidencia, hay suficientes investigaciones, diagnósticos, estudios académicos que plantean de qué manera el turismo puede ser la mejor palanca para el desarrollo económico de una región que está deprimida económicamente. Cuando una región está en recesión, cuando tiene grados de pobreza muy altos el turismo es una opción, ¿por qué? Porque incorpora a sectores que son muy vulnerables al desempleo.

Dos ejemplos: los jóvenes y las mujeres. Muchas veces también, y este es un fenómeno que lo vemos aquí en el Distrito Federal de manera muy marcada, el turismo también se presenta como una salida para el flujo migratorio que contribuye a la actividad económica y le da presiones de otro tipo y de otras regiones de nuestra nación.

Creo, compañeros Senadores, que aquí no me daría tiempo suficiente para hablarles de los atractivos turísticos de mi estado, muchos de ustedes los conocen, la zonas arqueológicas de Palenque y de Bonampak en la Selva Lacandona, la de Yaxchilán o de Toniná en donde existe la pirámide de mayor altura, incluso más alta que la del Sol de Teotihuacán; o las maravillas naturales, como las cascadas de Agua Azul, las lagunas de Montebello, las cascadas del Chiflón, la laguna de Miramar o los extraordinarios destinos de playa de Puerto Arista y de Playa Linda, sin dejar de hablar, por supuesto, de San Cristóbal de las Casas, de Zinacantán, de la ruta del café.

Son tantas las atracciones turísticas de nuestro estado que aunque tuviera cinco horas no podría parar de hablar de ellas.

Ojalá que esta intervención sirva aunque sea para que alguno de ustedes elija Chiapas como su próximo destino turístico en el próximo periodo vacacional.

Pero no quiero terminar sin aclarar que este altísimo potencial turístico que tienen Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Tabasco, para que se desarrolle, para que se traduzca en beneficios tangibles, no va a ocurrir de manera espontánea.

Ha ocurrido así en los últimos años de manera muy irresponsable por muchos gobiernos, pero no va a potenciarse el atractivo turístico de la región sin carreteras, sin acceso a comunicación y sin inversiones.

Es necesaria la infraestructura y también el capital privado que amplíe la oferta de servicios de hospedaje, de alimentación, de transporte, de recreación y de comercialización, además de toda la necesidad de capacitar a la población que quiere dedicarse de manera permanente al sector turístico.

Por ello, compañeras y compañeros, es que estoy a favor de este punto de Acuerdo y ojalá sea el primer paso ya no para hacer caso a otro punto de Acuerdo, sino para escuchar qué dice el diagnóstico de la Auditoría Superior de la Federación sobre políticas públicas en materia de turismo.

Este es un exhorto, que es un buen inicio, pero plantea a la auditoría que se debe de tener una mucho mejor regulación para que la competencia de las inversiones del gobierno federal sean más parejas y volteen por fin al sur.

Hace unos momentos el Senador Benjamín Robles Montoya recordó el levantamiento zapatista en 1994. Hoy queremos que este sea el tipo de llamados de atención para que otra vez la Federación voltee al sur y voltee al sector turístico como una posibilidad y una palanca de desarrollo.

No es una concesión generosa, mucho menos un trato privilegiado, más bien, es el acto de justicia que hemos esperado para los que menos tienen, para que los que más aportan reciban algo a cambio. Es hora ya del sur-sureste.

Muchas gracias por su consideración.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los dos dictámenes sobre promoción turística para el estado de Guerrero, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señora Presidenta.

Al igual que mis compañeros integrantes de la Comisión de Turismo, vengo a sumarme a favor de estos dictámenes y particularmente por la vocación turística que tenemos en el estado de Guerrero.

El pasado 17 de octubre presentamos un punto de Acuerdo donde proponíamos que se establecieran todas las medidas necesarias para poder establecer acciones que coadyuven, que fomenten el turismo en Guerrero y también reconocer que mi compañero Armando Ríos Piter el pasado 28 de noviembre, también presentó un exhorto donde hacía referente a la importancia de cómo podemos reactivar el turismo en Guerrero.

Los estados del sur-sureste, particularmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, tenemos grandes riquezas naturales, tenemos una gran vocación turística. Nada más en Guerrero tenemos 500 kilómetros de litoral del Pacífico, sin considerar los muchos kilómetros que tiene Oaxaca, que tiene Chiapas, que tiene el estado de Michoacán, como Pacífico Sur. Y es por eso que consideramos muy importante que debemos de emprender acciones que nos puedan permitir para promover a México como la capital del turismo internacional y, desde luego, que nos permitan que Acapulco sea la casa de todos ustedes para poderla visitar con su familia y que Acapulco siga siendo el lugar preferente para el turismo nacional, para el turismo internacional.

En este tenor, es importante mencionar las cifras que hace un rato compartían mis compañeros Senadores de la derrama de divisas que por turismo en México se ha alcanzado de los ya llamados 13 mil 819 millones de dólares para el 2013, y de los cuales nos informan que cerca de 3.4 por ciento fueron superiores al 2008, y que en ese año fue considerado uno de los mejores años para el turismo en nuestro país.

México sigue siendo considerado a nivel internacional como un punto importante del turismo. Pero volvemos a reiterar, no hay que medir a México nada más con lo que pueda corresponder a los puntos de destino turístico ya tradicionales, consideramos que es importante emprender acciones para el sur-sureste.

Y queremos también compartir que el turismo a nivel nacional aporta poco más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto, del cual la participación que lleva el estado de Guerrero tan sólo es del 2.5 por ciento y de eso corresponde aproximadamente para el sector turístico en las finanzas estatales aproximadamente un 25 por ciento.

Como lo saben mis compañeros Senadores Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, Guerrero recibe una cantidad muy importante de turistas y eso nos da la oportunidad de fortalecer nuestra economía local, generar empleos, llevar ingresos a las familias, fortalecer la hacienda pública estatal de donde dependen en gran medida los 81 municipios que tiene nuestro estado como entidad federativa.

Y en esta actividad turística tenemos a lo que se le conoce como el Triángulo de El Sol, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Taxco. Pero consideramos muy importante que en esta propuesta de cómo podamos explorar nuevos destinos turísticos desde las playas importantes de la costa grande, desde las playas importantes de la costa chica, que comprenden estos 500 kilómetros de litoral del Pacífico, desde Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia, Copala, Cruz Grande, San Marcos, pasando por Acapulco, Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Tecpan de Galeana, tierra de mi compañero Armando Ríos Piter, así también como Petatlán, Zihuatanejo y, desde luego, con la colindancia al estado de Michoacán en el municipio de la Unión.

Es por eso que, compañeras y compañeros Senadores, consideramos muy importante que debemos de hacer del turismo el gran espacio promotor de las economías y particularmente para el estado de Guerrero.

Y asimismo dentro de esta nueva exploración de destinos turísticos, vayamos al aprovechamiento de los recursos naturales.

Hace un rato mis compañeros Senadores de Oaxaca y de Chiapas, Benjamín Robles y Zoé Robledo, mencionaban de las grandes riquezas naturales y culturales que tenemos en nuestras entidades federativas.

En Guerrero debemos de impulsar el ecoturismo y aprovechar esas grandes riquezas naturales que tenemos en la región de la montaña. Esas grandes riquezas naturales que tenemos en la sierra de Guerrero.

Pero también abrir un nuevo capítulo del turismo, el turismo histórico, el turismo que promueva nuestra cultura, nuestra historia, nuestros valores cívicos, como lo es particularmente el caso de Iguala, cuna de la bandera desde donde se dieron los campos de batalla, donde se consumó la Independencia. Compartiéndoles de que debemos de seguir aprovechando esos recursos naturales que tenemos en el sur-sureste y que de esta manera podamos seguir trabajando.

Es tan grande la importancia que representa para nosotros, para los estados del sur el turismo, hemos inscrito en el Orden del Día un punto de Acuerdo donde le solicitamos a la Secretaría de Turismo para que de acuerdo a la distinción que otorgó la Organización Mundial del Turismo en este año para México, se pueda designar Acapulco como Sede Mundial del Día de Turismo.

Concluyo compartiendo nuestro reconocimiento al trabajo que viene desarrollando nuestra paisana Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu.

Muchas gracias y muy buenas tardes.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Ramírez Hernández.

Tiene el uso de la palabra el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, desde su escaño.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Para comentar como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterisos Sur y Secretario de la Comisión Especial Sur-Sureste, la coincidencia que tenemos el grupo parlamentario del PRI, los Senadores del sur-sureste de dicho grupo, sobre los puntos de Acuerdo y los planteamientos que se han hecho por el Senador Benjamín Robles, Zoé Robledo y Sofío Ramírez, para impulsar el turismo en la región sur-sureste.

Coincidimos, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de que para hacer realidad este impulso al turismo en el sur-sureste, es necesario contar, como se dijo, con infraestructura física moderna, con carreteras, puertos, aeropuertos que impulsen, desde luego, por su modernidad la competitividad turística del sur-sureste.

Decirles que el gobierno federal, junto con los Senadores de estas dos comisiones, hemos venido trabajando de manera conjunta para hacer un planteamiento de desarrollo del sur-sureste desde el punto de vista de la infraestructura física, la educación, la cultura y, desde luego, el turismo.

Necesitamos también, y ya se trabajó por parte de los gobernadores de la región del sur-sureste, con la Secretaría de Turismo, retomar e impulsar todo el programa turístico del mundo maya, que abarca los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

El mundo maya, desde el punto de vista cultural, indica una gran tradición histórica y una riqueza cultural importantísima de interés mundial para el turismo, que hace turismo cultural, y desde luego con los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, e impulsar de nuevo, ya se hizo la reunión, ya está trabajando la Secretaría de Turismo en ello, con los señores gobernadores para impulsar de manera contundente, definitiva, esta parte de la iniciativa turística para el sur-sureste, que consideramos sumamente importante y que coincide con los planteamientos de los Senadores Robles Montoya, Zoé Robledo y Sofío Ramírez.

Por lo tanto, queremos sumarnos a estos puntos de Acuerdo y suscribirnos, si nos lo autorizan y nos lo permiten, y confirmar que el gobierno federal está trabajando, y muy pronto, a fines de abril, habrá un planteamiento integral sobre el desarrollo del sur-sureste y particularmente sobre el tema turístico para hacer realidad la demanda que hemos tenido por años quienes habitamos en el sur-sureste del país, para generar un desarrollo más equilibrado y un desarrollo más armónico y abatir los niveles de pobreza, creando mejores y mayores empleos.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para referirse también a los dos dictámenes sobre promoción turística para Guerrero.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Compañeras y compañeros.

Sosteníamos un breve debate al interior de mi bancada sobre este tema, y me parece que es indispensable subrayar el por qué para nosotros los guerrerenses, y eso estamos hermanados con el Senador Sofío Ramírez, es indispensable subrayar, por qué es muy importante el fomento del turismo, no solamente del sur-sureste, sino de manera particular en el estado de Guerrero.

Hace seis meses, hace medio año ya, en esta tribuna nos tocó subir para convocar a la Federación, para convocar a la solidaridad de todos los estados de la República; hace seis meses los huracanes Manuel e Ingrid golpearon duramente a Acapulco, golpearon duramente la costa grande y la costa chica, la tierra caliente, la zona norte, la montaña y la zona centro de Guerrero.

Se perdieron, amigas y amigos, más de mil 100 kilómetros de caminos en Guerrero, se perdieron más de 150 puentes que comunicaban a distintas comunidades, desde las más marginadas hasta las propias del puerto de Acapulco, se perdieron alrededor de 25 mil hogares de familias guerrerenses, y precisamente por este antecedente, compañeras y compañeros, para nosotros es indispensable no solamente poner el marco general de lo importante que es para los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas el fomento del turismo, como lo han dicho mis compañeros, sino para que en el horizonte de corto plazo, ahora que estamos a escasos días de que empiece la Semana Santa, la Federación volteé los ojos en la promoción de los distintos puntos turísticos del estado de Guerrero.

Guerrero ha tenido un proceso difícil de reconstrucción, hemos estado los legisladores, tanto Diputados como Senadores del Partido de la Revolución Democrática insistentes en que la federación canalice de manera oportuna los recursos para la reconstrucción, no solamente, porque esto es importante, para recibir, como estamos ya listos para hacerlo en la próxima Semana Santa a los turistas, sino porque este es el principio para volver a tener un momento de convocatoria hacia adelante en el estado de Guerrero.

Hay un plan instalado por parte del gobierno federal, que es el Plan Nuevo Guerrero, y ha habido una importante danza de miles de millones de pesos en los cuales desde el Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Social, el Secretario de Desarrollo Agrario han venido planteando, tal vez en bitácora, tal vez solamente en documentos, el avance y el aterrizaje de dichos recursos.

¿Pero qué es lo que estamos viendo en el campo, compañeras y compañeros? ¿Qué es lo que estamos viendo en las comunidades? Pues que esas cifras no las está viendo la gente, no las están recibiendo con contundencia, aquí está la Presidenta del DIF de Marquelia, bienvenida, pero ella sabe, y saben en la costa chica que esos recursos que están destinados para la gente afectada hoy todavía no están destinándose de manera clara, o no les está llegando a la gente afectada.

Entonces, qué queremos, compañeras y compañeros, queremos, primero que nada, decirles desde esta tribuna que Guerrero está listo para recibir en Semana Santa a toda la gente que nos quiera visitar, sin duda alguna, ha sido un importante trabajo de muchos hombres y mujeres de allá, del estado de Guerrero, pero necesitamos que la Federación, más allá del debate o del discurso nacional, ponga cronogramas claros respecto a cuándo van a aterrizar esos dineros que mejoren los puentes que están afectados, esos recursos que garanticen que las carreteras estén mejoradas.

Esos recursos que garanticen que aquellos que perdieron su casa sepan, con nombre y apellido, sepan con fecha clara cuando es cuándo su problema va a ser resuelto.

De tal manera que insistiremos que el fomento al turismo, en un estado como Guerrero, que depende, compañeras y compañeros, el 90 por ciento de su Producto Interno Bruto del turismo, insistiremos en que se coloque como un tema fundamental para la prioridad en términos de fomento, pero sobre todo a seis meses de la tragedia, a seis meses de ocurrir los hechos que dañaron a muchos millones de familias allá en el estado de Guerrero, que ese fomento nos permita fortalecer una visión de cara a la Semana Santa, pero sobre todo, amigas y amigos, de cara a los próximos 10 y 20 años para que Guerrero siga siendo el lugar que siempre los recibirá con una sonrisa y que estaremos siempre listos para que de toda la República y del mundo entero lleguen a nuestros queridos destinos.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, Senador Ríos Piter.

A nombre del Senado de la República, esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a 14 Diputados locales del Congreso de Aguascalientes, que están en este recinto y han sido invitados por el Senador Miguel Romo. ¡Muy bienvenidos!

(Aplausos)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaría. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Informo al Pleno de los dictámenes recibidos.

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, en materia de Seguro Popular.

Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual.

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de diagnóstico oportuno de displasia del desarrollo de cadera.

Y proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, en materia de control de sobrepeso.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los cuatro dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren los cuatro dictámenes a los asuntos de hoy. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza su incorporación, señora Presidenta.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Los dictámenes están disponibles en sus escaños.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS TITULOS TERCERO BIS Y DECIMO OCTAVO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de Septiembre de 2013, se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite propuesta del Presidente de la República Enrique Peña Nieto con fundamento en los Artículos 71 y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud.

Con fecha 10 de Septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 22 de Octubre de 2013, se discutió y aprobó la Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud, con la siguiente votación:

EN LO GENERAL

EN LO PARTICULAR

  • 390 votos a favor
  • 361 votos a favor
  • 20 votos en contra
  • 32 votos en contra
  • 25 abstenciones
  • 13 abstenciones

En la misma fecha se remitió a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.

4. Con fecha 23 de Octubre de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de los Títulos Tercero Bis y Décimo Octavo de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, del Senado de la República para su análisis y Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente Minuta, hace mención de lo siguiente:

Señala que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), deberán financiar y coordinar eficiente, oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de salud.

Así mismo precisa las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia.

Por otra parte determina que los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), deberán incluir como mínimo:

• Las modalidades orgánicas y funcionales de los REPS

• Los conceptos de gasto

• El destino de los recursos

• Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema;

• El perfil que los titulares de los regímenes deben cubrir.

También pone las bases a las que se sujetarán a dichos regímenes y establece que cuando una entidad federativa incumpla en el pago por la prestación de servicios, la Secretaría de Salud (SS) destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados, cuyos recursos provendrán de los correspondientes a la entidad deudora.

Un punto toral, indica que la transferencia de recursos a los estados podrá ser en Numerario, mediante depósitos en las cuentas que los REPSS instauren en la Tesorería de la Federación o en Especie.

Cabe hacer mención, que establece que los recursos del Sistema estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de salud.

Desaparece el Consejo Nacional de Protección Social en Salud, y atribuye al Secretario de Salud la facultad de proponer al candidato a Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud.

Por último establece una pena de 4 a 7 años de prisión y multa de 1,000 a 500,000 días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, a quien desvíe el objeto de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan la necesidad de regular en materia del Sistema Nacional de Protección Social en Salud.

De lo mencionado se desprende el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

B. La Minuta en comento es incumbencia de este órgano legislativo y se deriva de la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, que tiene como propósito reestructurar en algunos rubros, el sistema del Seguro Popular.

La creación y puesta en vigor del Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente conocido como Seguro Popular, tiene como objetivo principal, que toda la población tenga acceso igualitario al cuidado de su salud.

Es el instrumento a través del cual se da el impulso de la protección económica y financiera para todos aquellos ciudadanos que no contaban con seguridad social.

C. Desde hace años nuestro país ha hecho lo posible para tener un objetivo primordial en la salud de los mexicanos y universalizar la cobertura en salud, por ello cabe destacar el origen del Sistema de Protección Social en Salud, mismo que fue durante 2001-2006, cuando se puso en marcha el Programa “La Democratización de la Salud en México”, y tras una prueba en cinco entidades federativas, entre las que se encuentran (Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco), es que a partir de ello se adicionó el Título Tercero Bis en la Ley General de Salud, mediante reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley General de Salud, el cual entró en vigor el 1º de enero de 2004, y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud como materia de Salubridad General, fortaleciendo con ello el derecho de la población a la protección de la salud, Derecho Humano reconocido en el artículo 4º Constitucional.

Mediante esta reforma se concede a todos los mexicanos el derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud con la garantía del Estado al acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción a la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y de aceptabilidad social.

Es a partir de dicha reforma que:

• Se otorga la prestación de los servicios de salud ofrecidos a la población afiliada contenidos en el Catálogo Universal de servicios de salud;

• Se otorga el tratamiento de los padecimientos de alta especialidad y alto costo que representan un riesgo financiero o gasto catastrófico, mediante el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos;

• La previsión presupuestal, a través del Fondo de Previsión Presupuestal, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, que contempla recursos para:

• Infraestructura y equipamiento en zonas de mayor marginación social.

• Cobertura de servicios esenciales de salud en las entidades federativas.

D. El Objetivo primordial del Seguro Popular es:

1. Ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo de seguridad social acceso a servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin detrimento a su bolsillo, que favorezca la igualdad social en materia de salud;

2. Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos;

3. Abatir las desigualdades en salud; y

4. Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

E. El modelo financiero del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) se sustenta en un esquema tripartito con aportaciones; 1) Del Gobierno Federal, 2) de las Entidades Federativas y 3) Contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica.

Los beneficiaros del SPSS al cierre del ejercicio 2012, ascendían a 52,908,011[1] personas y el presupuesto asignado al programa federal también conocido como Seguro Popular, para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a $66,791,938,639[2]. Así mismo para el 2014 se produjo un incremento, con un presupuesto total de 72 mil 330 mdp.

F. Por lo que respecta a esta Minuta incumbencia del presente dictamen, está entre muchas otras propuestas, el establecimiento de una serie de elementos, que permitan consolidar a la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud; hacer efectivos los beneficios que otorga la Ley a los beneficiarios del Sistema, y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del Sistema, actualmente ejercidos por las entidades federativas.

Entre las reformas propuestas destacan las siguientes:

1.- En el art. 77 bis 2; Se define de manera detallada que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), serán aquellas estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

Así mismo estos regímenes tendrán la obligación de garantizar las acciones, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud. Con ello se le da un lugar y certeza jurídica a esta figura, además que se hace más clara la definición de los REPSS, ya que anteriormente se confundía con la definición de SPSS y desvincula la función de administración de los recursos, de la prestación de los servicios de salud a los usuarios, evitando con esto, la confusión del papel que debe desempeñar cada instancia;

2.- Por otro lado, el art. 77 bis 5; plantea la posibilidad de realizar la transferencia de recursos en “especie”, por lo que se requiere que su entrega además de realizarse en los plazos establecidos, atienda a otros criterios de conveniencia y mérito, por ello el término oportunidad es más amplio que puntualidad, toda vez que el primero además de hacer referencia a cuestiones de tiempo comprende, entre otros aspectos, a cuestiones de lugar. En consecuencia se coincide con la Colegisladora que es mejor plasmar el término oportunidad.

Respecto al inciso A) fracción IV del mismo precepto, se homologa el término de entidad federativa y especifica el destino de los recursos a que hacen referencia el artículo 77 bis 15 y las demás disposiciones aplicables del Capítulo III del Título al que pertenece la Protección Social en Salud.

La homologación del término entidad federativa y la eliminación de "estado y Distrito Federal", se realiza en los siguientes artículos 77 bis 5, inciso A) fracción VIII, IX, XII, XVI77 bis 5, inciso B), 77 bis 6, 77 bis 977 bis 11, 77 bis 1277 bis 1377 bis 1477 bis 1577 bis 1677 bis 1877 bis 2077 bis 31 y 77 bis 32 fracciones I, II, III, y se considera pertinente, ya que el artículo 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994, señala:

ARTÍCULO 2o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus propias actividades y funciones.

Así mismo en el inciso A) fracción XV del mismo artículo, que incorpora el término establecimientos de salud, para sustituir a centros públicos que se pueden acreditar para ser inscritos al SPSS. Dicha modificación se basa en que los “establecimientos de Salud” tienen una definición en la Ley General de Salud, caso contrario a los “centros públicos prestadores de servicios”, es por ello que además de armonizar la legislación mencionada, se da certeza jurídica a los términos plasmados en dicha Ley.

Por otro lado en su inciso A) fracción XVI, define las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de dicha secretaría es importante, en atención a la participación que dicha dependencia del Ejecutivo Federal tiene en la determinación de la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal mediante la distribución del Fondo de aportaciones para los servicios de Salud a la persona que cada año se aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así mismo en dicha fracción se agrega un párrafo que a la letra dice: Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a las obligaciones de pago entre entidades federativas, destinar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud acreedor, el monto del pago que resulte por la prestación de servicios de salud que correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente Título deben transferirse directamente a las entidades federativas, o entregarse a la entidad federativa cuyo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, sea considerado deudor.

Al respecto se señala que, si bien existen convenios de colaboración interestatal en los que las entidades federativas adquirieron la responsabilidad de cumplir sus compromisos pactados en materia de prestación de servicios interestatales, también lo es, que no todas las entidades lo asumen con la oportunidad debida, lo cual descapitaliza a las entidades acreedoras, en este sentido se ha buscado que sea la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud quien coordine el pago de dichos compromisos, sin embargo, a la fecha no existe disposición en la Ley General de Salud que faculte expresamente a realizar dichas acciones, por tal motivo y considerando que la Secretaría de Salud, como todo ente de carácter público, está sujeta a que el orden jurídico nacional le faculte expresamente a realizar determinadas acciones, es imprescindible que se adicione el párrafo que se comenta a fin de fortalecer el esquema de compensación económica interestatal.

En el inciso B) fracción I, la reforma incorpora al reglamento y a las disposiciones de la Ley General de Salud, a lo que estipula el Titulo Tercero Bis, de la misma Ley, en cuanto a en qué términos se deben proveer los servicios de salud por parte de las entidades federativas.

Ello posiciona dentro de un marco regulatorio apropiado a los servicios de salud del SPSS, que antes solo se enmarcaba en el título que lo crea, lo cual dejaba fuera las disposiciones reglamentarias y las propias de la Ley General de Salud.

El 77 bis 5, inciso B) fracción II, precisa que los beneficiarios del SPSS, son incorporados por conducto de los REPSS.

Estamos de acuerdo con esta modificación ya que en la redacción actual pareciera que los beneficiarios son incorporados a los REPSS y no al SPSS.

El 77 bis 5, inciso B) fracción III, precisa la forma y los tiempos en que los recursos, una vez radicados en la entidad federativa, deben ser transferidos a los REPSS incluyendo los rendimientos que se pudieran generar, además los REPSS deberán informar a la Secretaría de Salud sobre los montos recibidos por parte de las entidades.

Unas de las más recurrentes observaciones en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a los recursos del Seguro Popular, son que los recursos son transferidos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, y que estos y sus rendimientos no son transferidos con oportunidad a los REPSS[3]. Por esta razón, la inclusión de estas precisiones en cuanto a la forma y al tiempo en que deben ser transferidos los recursos a los REPSS, así como la ratificación de recepción por parte de estos últimos, ayudará a evitar el desvío de recursos a otras acciones diferentes para los que fueron ministrados.

El 77 bis 5, inciso B) fracción VIII, establece que las entidades federativas, por conducto de los REPSS, lleven el adecuado control y registro de los recursos en numerario que le sean transferidos y cooperar con los órganos de fiscalización en cuanto a proporcionar información que les sea solicitada.

Esto abonará al control y fiscalización de los recursos transferidos y a fortalecer a la Secretaría de Salud como ente coordinador y rector del SPSS.

3.- Por lo que respecta al art. 77 bis 6, establece los requisitos mínimos que deben contener los acuerdos de coordinación, incorporando el perfil que debe cubrir el titular del REPSS.

Con ello se pretende evitar que los encargados de los REPSS sean designados por compadrazgos, filias partidistas o el pago de favores, en la Comisión de Salud coincidimos con esta medida que apoyará la profesionalización de la función.

Así mismo se enfatiza que para la parte operativa se dirigirá hacia los Lineamientos que en términos del artículo Sexto Transitorio, deberán emitirse en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del Decreto de reforma.

Por lo que respecta al perfil del titular se menciona que al ser los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, estructuras administrativas de carácter local, se coincide con la Colegisladora que el perfil debe establecerse en la forma propuesta, a efecto de no vulnerar la autonomía que los artículos 40, 116 y 122 de la Constitución reconoce a las entidades federativas.

En este artículo las comisiones dictaminadoras tienen una observación por lo que se refiere al primer párrafo, ya que tiene exclusivamente la facultad la Secretaría de Salud para establecer el modelo nacional a que se sujetarán los acuerdos entre la federación y los estados, por ello se considera que dicha facultad imperante, a la realización de dicho modelo se debe tomar en cuenta la opinión de las entidades federativas. Es por lo anterior que se realiza el siguiente cambio:

TEXTO VIGENTE

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 77 BIS 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

4.- Por lo que respecta a la modificación que se contiene en el artículo 77 bis 10, la cual establece que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se ajustarán ciertas bases.

Se justifica que en cuanto a garantizar el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud se tiene que mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2013 y 2014, en su artículo 36 faculta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a emitir disposiciones generales o lineamientos sobre el destino de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas para el fortalecimiento de la infraestructura médica.

Por lo que actualmente la manera en la que se garantiza el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura en salud se contempla en los anexos IV “Conceptos de Gasto” de los Acuerdos de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, suscritos entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y las diferentes entidades federativas.

Por otra parte, se ha consolidado el Plan Maestro de Infraestructura Física a cargo de la Secretaría de Salud, mediante el cual se emiten certificados de necesidad con elementos técnicos, tomando en cuenta las necesidades reales de las regiones geográficas y situación epidemiológica de las mismas con el objeto de hacer más eficiente el ejercicio de los recursos en la infraestructura sectorial existente.

5.- En cuanto al art. 77 bis 11, establece que el Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios. Así mismo los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, en cualquiera de sus modalidades, deberán computarse como parte de la cuota social o de la aportación solidaria federal. Y en los casos de incumplimiento a las obligaciones de pago por la prestación de servicios de salud a la persona, establecidas en los convenios de colaboración celebrados entre las entidades federativas, la Federación, por conducto de la Secretaría de Salud, de los recursos a los que se refiere el presente Título, correspondientes a la entidad federativa deudora, podrá destinar a la entidad federativa acreedora, el monto que representa el pago de los casos validados y no rechazados por concepto de compensación económica.

Al respecto, se coincide con el espíritu de esta reforma, ya que como lo menciona el párrafo segundo de la fracción XVI del apartado A del artículo 77 bis 5 de la Minuta, si bien existen convenios de colaboración interestatal en los que las entidades federativas adquirieron la responsabilidad de cumplir sus compromisos pactados en materia de prestación de servicios interestatales, también lo es que no todas las entidades lo asumen con la oportunidad debida, lo cual descapitaliza a las entidades acreedoras, en este sentido se ha buscado que sea la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud quien coordine el pago de dichos compromisos, sin embargo, a la fecha no existe disposición en la Ley General de Salud que faculte expresamente a realizar dichas acciones, por tal motivo y considerando que la Secretaría de Salud, como todo ente de carácter público, está sujeta a que el orden jurídico nacional le faculte expresamente a realizar determinadas acciones, es por ello imprescindible que se adicione el párrafo en este precepto a fin de fortalecer el esquema de compensación económica interestatal.

6.- En cuanto al art. 77 Bis 15 se establece que la transferencia de los recursos federales podrá́ hacerse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Tratándose de los recursos en numerario, éstos serán administrados por las autoridades locales mediante cuentas bancarias productivas específicas para dicho fin y, a través de depósitos en la Tesorería de la Federación, quien mediante instrucción de los Regímenes Estatales de Protección en Salud, podrá́ realizar los pagos a los proveedores de los bienes y servicios que determinen dichos Regímenes, con cargo a los referidos depósitos.

A efecto de que las secretarías de finanzas de las entidades federativas lleven el adecuado control y registro de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación, los mencionados Regímenes deberán dar aviso de las instrucciones que giren a la Tesorería de la Federación.

Cabe señalar que estas Comisiones Dictaminadoras consideran viable dicho precepto, sin embargo, en cuanto a la fracción III del artículo en comento, la cual hace referencia a la entrega de recursos, es que se propone adicionar dos párrafos, mismos que darán certeza e inclusión a las entidades federativas en cuanto a los precios de referencia que deberán ser establecidos por la SSA y a los recursos que se transfieran en especie, mismos serán acordados en el anexo que corresponda. Con ello dar mayor transparencia en el propio sistema. Es por ello que realizan la siguiente modificación:

TEXTO VIGENTE

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de familias incorporadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. ….

 

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes Estatales de Protección en Salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme los lineamientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, y adicionalmente, se sujetará a lo siguiente:

 
  • La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

 
  • La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y

 
  • Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

 

Cuando una persona elegible beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento, el monto correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a los recursos a transferirse al respectivo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría.

7.- En lo que respecta al artículo 77 bis 16, el cual en su tercer párrafo hace referencia a que “En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan.”Las comisiones dictaminadoras tienen la observación de lo anterior, de que si existe dicho supuesto en primer término, no exista cobro de intereses ya que repercutiría de forma trascendental en la economía del estado y en este rubro y en segundo término, si existe el supuesto que establece el artículo, se realice sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona, con ello siempre respetando el bien jurídico tutelado del ciudadano que es el derecho a la salud consagrado por el precepto 4to constitucional.

Es por lo anterior que se modifica de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA COMISIONES DICTAMINADORAS

Artículo 77 bis 16. Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16. Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismaspodrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16. …

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

 

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan.

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título y demás disposiciones aplicables.

Las entidades federativas llevarán la contabilidad y presentarán la información financiera respecto a los recursos a que se refiere este Título, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

8.- En los artículos 77 bis 2277 bis 23 y 77 bis 24, se eliminan el destino específico de las cuotas hacia la adquisición de medicamentos, equipo y otros insumos de la salud, establecen que los lineamientos para erogación serán definidos en disposiciones reglamentarias.

9.- El 77 bis 30, incluye además de a los centros regionales, a los demás prestadores públicos de salud de alta especialidad, para poder recibir recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para el fortalecimiento de su infraestructura. El objetivo es que con esto se abone a mejorar la calidad y ampliar la oferta de los servicios de alta especialidad que ofrece el SPSS.

10.- El 77 bis 31 y 77 bis 32, establecen la regulación de los órganos de fiscalización y las obligaciones de rendición de cuentas y se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos.

Esta reforma concuerda con lo que la OCDE recomienda:

Mejorar el buen gobierno del sistema, fortaleciendo los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas de todas las instituciones e invirtiendo en la capacidad de gestión a todos los niveles del sistema.

Con relación a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en específico en su artículo 74.

11.- El artículo 77 bis 35, elimina, en congruencia con la derogación del artículo 77 bis 33, la necesidad de recoger la opinión de los miembros del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, para la designación del titular de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud.

12.- Respecto de la adición del artículo 469 Bis estas Comisiones Dictaminadoras la estiman necesaria, y coinciden con el cambio hecho por la Colegisladora en aumentar la pena, con ello se garantizará el sentido estricto de la misma y evitar en medida de lo posible el desvío de los recursos del fin para el cual se destinaron originalmente.

Cabe señalar que en general, las comisiones dictaminadoras están de acuerdo con esta tan importante reforma, que lo que busca es entre muchas adiciones nobles, transparentar los recursos y darle mayor fortaleza al Seguro Popular. Sin embargo, realizan modificaciones ya señaladas en este apartado de Consideraciones y en conjunto se muestran en este cuadro comparativo.

TEXTO VIGENTE

MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS 22-Oct-2013

PROPUESTA FINAL ACORDADA EN REUNION, JUEVES

20 MARZO DE 2014

TITULO TERCERO BIS
De la Protección Social en Salud

TITULO TERCERO BIS
De la Protección Social en Salud

TITULO TERCERO BIS
De la Protección Social en Salud

Artículo 77 BIS 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, entre otros, los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos.

Artículo 77 bis 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos,tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de familias incorporadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 bis 15. ….

 

 

I…

 

II…, y

 

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

 

Artículo 77 bis 16. Los recursos de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran a los estados y al Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos de los estados podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16. Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Artículo 77 bis 16. …

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

 

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los intereses que correspondan.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

  • Es por todo lo anterior, que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos que la Minuta en estudio es viable, debido a que la propuesta impulsa medidas para fomentar una mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, sobre todo las que aseguran que los recursos que se transfieran a los Sistemas de Protección Social en Salud, así mismo establece claramente la separación de funciones entre el financiamiento que se debe realizar por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y la prestación de servicios; además, fortalece los mecanismos de información y los marcos de rendición de cuentas. Sin embargo, se realizan modificaciones que fortalecen la misma propuesta y por ello se presenta un dictamen viable con modificaciones.

Por lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable la aprobación de la Minuta, con modificaciones, y con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 77 bis 2; 77 bis 5, inciso A), fracciones I, IV, VIII, IX, XII, XV, XVI y XVII, así como el inciso B), párrafo primero y las fracciones I, II y III VIII; 77 bis 6; 77 bis 9, párrafo segundo; 77 bis 10; 77 bis 11; 77 bis 12, párrafo tercero; 77 bis 13, párrafo primero, así como la fracción I; 77 bis 14; 77 bis 15; 77 bis 16; 77 bis 18, párrafos primero a tercero; 77 bis 19; 77 bis 20, párrafos primero y segundo; 77 bis 22; 77 bis 23; 77 bis 24; 77 bis 30, párrafos primero, tercero y quinto; 77 bis 31; 77 bis 32, párrafo primero, así como las fracciones I, II, párrafo primero, III y IV, párrafos primero, segundo y tercero; 77 bis 35, así como la denominación de los capítulos VII y VIII, del Título Tercero Bis; se ADICIONAN al artículo 77 bis 13, un párrafo quinto y el artículo 469 bis, y se DEROGAN los artículos 77 bis 33 y 77 bis 34, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 bis 2.- Para los efectos de este Título, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud a las acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud entendiéndose por éstos, a las estructuras administrativas que provean dichas acciones, que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en materia de salud en las entidades federativas.

La Secretaría de Salud coordinará las acciones de protección social en salud, que lleven a cabo los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en sus respectivas jurisdicciones, los cuales contarán con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en este Título y demás disposiciones aplicables.

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud garantizarán las acciones a que se refiere el párrafo anterior, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la persona del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales deberán realizar su actividad de manera independiente de la prestación de servicios de salud.

Artículo 77 bis 5.-…

A)

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases para la regulación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para lo cual formulará el plan estratégico de desarrollo del Sistema y aplicará, en su caso, las medidas correctivas que sean necesarias, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas a través del Consejo Nacional de Salud;

II. y III. …

IV. Transferir con oportunidad a las entidades federativas, los recursos que les correspondan para operar, por conducto de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos del artículo 77 Bis 15 y demás disposiciones aplicables del Capítulo III de este Título.

V. a VII. …

VIII. Definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos federal y local;

IX. Diseñar, desarrollar y suministrar el instrumento para evaluar la capacidad de pago de los beneficiarios para efectos del esquema de cuotas familiares a que se refiere el artículo 77 Bis 21, en las entidades federativas;

X. y XI. …

XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban las entidades federativas, entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios;

XIII. y XIV. …

XV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de los establecimientos de salud prestadores de los servicios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud;

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a las obligaciones de pago entre entidades federativas, destinar al Régimen Estatal de Protección Social en Salud acreedor, el monto del pago que resulte por la prestación de servicios de salud que correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente Título deben transferirse directamente a las entidades federativas, o entregarse a la entidad federativa cuyo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, sea considerado deudor, y

XVII. Evaluar el desempeño de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y la fiscalización de los recursos que se les transfieran o entreguen, para llevar a cabo las acciones del Sistema de Protección Social en Salud en su respectiva jurisdicción, incluyendo aquéllos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I. Proveer los servicios de salud en los términos de este Título y demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad;

II. Identificar e incorporar por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, para lo cual ejercerán actividades de difusión y promoción, así como las correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración, administración y actualización del padrón de beneficiarios en su entidad, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Salud;

III. Aplicar, de manera transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren.

Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como a lo siguiente:

a) Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad federativa de que se trate en los términos del artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, y

b) El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, deberá informar a la Secretaría de Salud, dentro de los tres días hábiles siguientes el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad federativa.

IV. a VII. …

VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, la documentación justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos en numerario que le sean transferidos, en términos del presente Título, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les sea solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y

IX.…

Artículo 77 bis 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

En dichos acuerdos se estipulará como mínimo lo siguiente:

I. Las modalidades orgánicas y funcionales de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud;

II. Los conceptos de gasto;

III. El destino de los recursos;

IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema, y

V. El perfil que los titulares de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deben cubrir.

Artículo 77 bis 9.-…

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, gineco obstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

Artículo 77 bis 10.- Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud se ajustarán a las bases siguientes:

I. Tendrán a su cargo la administración y gestión de los recursos que en términos de los Capítulos III y IV de este Título, se aporten para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud; en el caso de los recursos transferidos por la Federación a que se refiere el artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, deberán abrir cuentas bancarias productivas específicas para su manejo;

II. Verificarán que se provean de manera integral los servicios de salud, los medicamentos y demás insumos para la salud asociados, siempre que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones;

III. Fortalecerán el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, a partir de los recursos que reciban en los términos de este Título, destinando los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud;

IV. Deberán rendir cuentas y proporcionar la información establecida respecto a los recursos que reciban, en los términos de esta Ley y las demás aplicables, y

V. Las demás que se incluyan en los acuerdos de coordinación que se celebren.

Artículo 77 bis 11.- El Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios en los términos de este Capítulo y el Capítulo V.

Los recursos que se transfieran por la Federación para el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, en cualquiera de sus modalidades, deberán computarse como parte de la cuota social o de la aportación solidaria federal a que se refieren los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de esta Ley, respectivamente.

En los casos de incumplimiento a las obligaciones de pago por la prestación de servicios de salud a la persona, establecidas en los convenios de colaboración celebrados entre las entidades federativas, la Federación, por conducto de la Secretaría de Salud, de los recursos a los que se refiere el presente Título, correspondientes a la entidad federativa deudora, podrá destinar a la entidad federativa acreedora, el monto que representa el pago de los casos validados y no rechazados por concepto de compensación económica.

Artículo 77 bis 12.-…

La aportación a que se refiere este artículo se entregará a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas efectuarán aportaciones solidarias por persona beneficiaria conforme a los siguientes criterios:

I. La aportación mínima de las entidades federativas por persona será equivalente a la mitad de la cuota social que se determine con base en el artículo anterior, y

II.…

La composición y forma de entrega de los recursos correspondientes a las aportaciones a que hace referencia este artículo se determinarán en las disposiciones reglamentarias y serán incluidos en los acuerdos respectivos.

Artículo 77 bis 14.- Cualquier aportación adicional a la establecida en el artículo anterior de los gobiernos de las entidades federativas para las acciones de protección social en salud, tendrán que canalizarse directamente a través de las estructuras de los servicios estatales de salud.

Artículo 77 bis 15.- El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud.

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes Estatales de Protección en Salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme los lineamientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, y adicionalmente, se sujetará a lo siguiente:

I. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

II. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo, podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, quedando éste obligado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y

Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente.

La Secretaría establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.

Cuando una persona elegible beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento, el monto correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a los recursos a transferirse al respectivo Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría.

Artículo 77 bis 16.- Los recursos en numerario o en especie de carácter federal a que se refiere el presente Título, que se transfieran o entreguen, según sea el caso, a las entidades federativas, no serán embargables, ni los gobiernos de las mismas podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlos, afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente previstos en el mismo.

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por las entidades federativas, conforme a esta Ley y, en lo que no se oponga a la misma, de acuerdo con sus respectivas leyes, así como con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto. Los gobiernos de las entidades federativas deberán incluir en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, los recursos destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título.

En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere este artículo se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad federativa reintegre los recursos a la Tesorería de la Federación, sin que se suspendan, parcial o totalmente, los servicios de salud a la persona.

El control y la fiscalización del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título y demás disposiciones aplicables.

Las entidades federativas llevarán la contabilidad y presentarán la información financiera respecto a los recursos a que se refiere este Título, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 77 bis 18.- De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 3 por ciento de dichos recursos para la constitución de una previsión presupuestal, aplicando, a través de un fondo sin límite de anualidad, dos terceras partes para las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y una tercera parte, sujeta a anualidad, para atender las diferencias imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal.

Con cargo a esta previsión presupuestal, que será administrada por la Secretaría de Salud, se realizarán transferencias a las entidades federativas conforme a las reglas que fije el Ejecutivo Federal mediante disposiciones reglamentarias.

En caso de que al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, existan remanentes en la previsión presupuestal destinada a la atención de las diferencias imprevistas en la demanda de servicios, la Secretaría de Salud canalizará dichos remanentes al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

Artículo 77 bis 19.- Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en el presente Título.

Artículo 77 bis 20.- El Gobierno Federal establecerá un Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad, mediante el cual se aportarán recursos que serán ejercidos, en los términos que disponga el Reglamento, por la Secretaría de Salud y las entidades federativas para llevar a cabo las acciones relativas a las funciones de rectoría y la prestación de servicios de salud a la comunidad, conforme a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud, y de conformidad con los acuerdos de coordinación que para el efecto se suscriban.

La Secretaría de Salud determinará el monto anual de este fondo, así como la distribución del mismo con base en la fórmula establecida para tal efecto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley. Dicha fórmula deberá tomar en cuenta la población total de cada entidad federativa y un factor de ajuste por necesidades de salud asociadas a riesgos sanitarios y a otros factores relacionados con la prestación de servicios de salud a la comunidad.

Artículo 77 bis 22.- Las cuotas familiares se recibirán, administrarán y aplicarán conforme a las disposiciones de esta Ley y serán destinadas específicamente a los conceptos de gasto que determinen las disposiciones reglamentarias de la misma y que sean necesarios para el Sistema de Protección Social en Salud.

Artículo 77 bis 23.- Las cuotas familiares y reguladoras, que en su caso se establezcan, serán recibidas, administradas y ejercidas por los servicios estatales de salud, a través de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, conforme a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.

Artículo 77 bis 24.- Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud deberán presentar a la Secretaría de Salud, conforme a los lineamientos que la misma establezca, los informes que sean necesarios respecto del destino, manejo y comprobación del ejercicio de los recursos correspondientes a las cuotas familiares.

Artículo 77 bis 30.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidos como centros regionales de alta especialidad o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito, que provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.

Los centros regionales y demás prestadores públicos de servicios de salud de alta especialidad podrán recibir recursos del fondo a que se refiere este Capítulo para el fortalecimiento de su infraestructura, de conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría de Salud, en los que se incluirán pautas para operar un sistema de compensación y los elementos necesarios que permitan precisar la forma de sufragar las intervenciones que provean los centros regionales.

No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en los términos del presente Capítulo las instalaciones médicas de alta especialidad que no cuenten con el Certificado de Necesidad que para el efecto expida la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro a que se refiere el párrafo anterior.

CAPITULO VII

De la Transparencia, Supervisión, Control y Fiscalización del Manejo de los Recursos del Sistema de Protección Social en Salud

Artículo 77 bis 31.- Los recursos del Sistema de Protección Social en Salud estarán sujetos a lo siguiente:

A) Considerando el financiamiento solidario del Sistema de Protección Social en Salud, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública gubernamental.

Para estos efectos, tanto la Federación como los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a través de los servicios estatales de salud, difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Sistema.

Asimismo, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud dispondrán lo necesario para recibir y evaluar las propuestas que le formulen los beneficiarios respecto de los recursos que éstos aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes.

B) Para efectos del presente Título, la supervisión tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de protección social en salud, así como solicitar en su caso, la aclaración o corrección de la acción en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda. Estas actividades quedan bajo la responsabilidad en el ámbito federal, de la Secretaría de Salud, y en el local, de las entidades federativas, sin que ello pueda implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

C) Además de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar la información a que se refiere el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Salud dará a conocer al Congreso de la Unión, semestralmente de manera pormenorizada la información y las acciones que se desarrollen con base en este artículo.

Artículo 77 bis 32.- El control y la fiscalización del manejo de los recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas en los términos de este Título quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. Recibidos los recursos federales por las entidades federativas, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades competentes de control, supervisión y fiscalizaciónsean de carácter federal o local.

III. La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas, será efectuada por el Congreso Local que corresponda, por conducto de su órgano de fiscalización conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades del Ejecutivo Local aplicaron dichos recursos para los fines previstos en esta Ley, y

IV. La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos a que se refiere este Título, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Cuando las autoridades federales o locales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión, conozcan que los recursos federales señalados no han sido aplicados a los fines que señala la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación.

Por su parte, cuando el órgano de fiscalización de un Congreso Local detecte que los recursos federales señalados no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades a que se refiere el párrafo anterior.

CAPITULO VIII

De la Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Artículo 77 bis 33.- Se deroga.

Artículo 77 bis 34.- Se deroga.

Artículo 77 bis 35.- El Sistema de Protección Social en Salud contará con una Comisión Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigne su reglamento interno. El titular de la Comisión Nacional será designado por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Salud, que dispondrá para la operación de la Comisión de los recursos previstos para la misma en el presupuesto de la Secretaría de Salud.

Artículo 469 bis.- Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero bis de la presente Ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa.

La pena prevista en el presente artículo es sin perjuicio de las sanciones administrativas u otras penas que puedan determinarse conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero.- Las obligaciones pendientes de pago que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, existan por la prestación de servicios de salud a la persona y se encuentren reconocidas en términos de los convenios de colaboración celebrados entre entidades federativas, serán pagadas conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que se generaron.

Cuarto.- Los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en que se hubiere incurrido con motivo de la desviación de recursos federales recibidos y que al entrar en vigor este Decreto se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse conforme a las disposiciones legales aplicables con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto.- El Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el presente Decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo.

Sexto.- La Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que alude el presente Decreto, en un plazo que no excederá de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo.

Séptimo.- Los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 6 de la Ley General de Salud, deberán ser suscritos dentro de los 90 días siguientes al de la publicación de las disposiciones reglamentarias a que se refiere el presente Decreto.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 157 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de abril de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Legisladora proponente, señala que además del VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual muestran tasas de contagio que van a la alza en gran parte del mundo y nuestro país no es la excepción y que en atención a dicha alerta, es importante que al igual que el VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual sean consideradas en la Ley General de Salud.

Por ello, la Senadora formula la siguiente propuesta:

Ley General de Salud, Vigente

Ley General de Salud Propuesta

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA.

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México, por lo que se encuentran debidamente facultada para legislar en materia de enfermedades de transmisión sexual.

B. Se conocen como Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS, tanto a las infecciones como a las enfermedades transmitidas por vía sexual, sus complicaciones y sus secuelas, a través del tiempo y de acuerdo con la publicación de ONUSIDA, denominada Enfermedades de Transmisión Sexual: políticas y principios de prevención y asistencia, realizada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, señalan que la morbilidad por ETS, no sólo se da en la edad adulta, sino que su presencia en jóvenes y adolescentes, pueden dar lugar a complicaciones con secuelas tales como esterilidad masculina y femenina, embarazos ectópicos, cáncer cervical, mortalidad prematura, sífilis congénita, pérdidas fetales, bajo peso al nacer, nacimientos prematuros y oftalmia neonatorum.

De acuerdo con la OMS, según estimaciones de 2005, cada año se producen en el mundo 448 millones de nuevos casos de ETS curables como la sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis, en personas que van desde los 15 hasta los 49 años de edad, a dicha cifra falta sumar los casos de VIH/SIDA.

Existen más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes transmisibles por vía sexual, algunos de los cuales como el VIH y los treponemas causantes de la sífilis, también se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto o bien a través de transfusiones de sangre y trasplantes de tejidos.

Enfermedades de Transmisión Sexual, OMS

Bacterias/ (Enfermedades)

Virus/(Enfermedades)

Parásitos/(Enfermedades)

  • Neisseria gonorrhoeae(gonorrea o infección gonocócica);
  • Chlamydia trachomatis(clamidiasis);
  • Treponema pallidum(sífilis);
  • Haemophilus ducreyi(chancroide);

Klebsiella granulomatis(antes llamadaCalymmatobacterium granulomatis, (granuloma inguinal o donovanosis).

  • Virus de la inmunodeficiencia humana (sida);
  • Virus del herpes simple de tipo 2 (herpes genital) ;
  • Papilomavirus humanos(verrugas genitales y, en el caso de algunos tipos de estos virus, cáncer del cuello del útero en la mujer);
  • Virus de la hepatitis B(hepatitis, que en los casos crónicos puede ocasionar cáncer de hígado);

Citomegalovirus (inflamación de diferentes órganos, como el cerebro, los ojos y los intestinos).

  • Trichomonas vaginalis(tricomoniasis vaginal);

Candida albicans(vulvovaginitis en la mujer y balanopostitis [inflamación del glande y el prepucio] en el hombre).

De acuerdo con la OMS, se recomienda la abstención sexual para evitar las ETS, o bien, tener una pareja sexual mutuamente monógama, aunado a ello, el uso correcto del condón masculino de látex, puede ser eficaz en la reducción de la transmisión del VIH y otras ETS, como la gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis.

C. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su boletín Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud, de agosto de 2012, señaló que conforme a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009, el 61.8 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años de edad que son sexualmente activas, declararon no haber utilizado algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual; en el mismo sentido, el 75 por ciento de las jóvenes de 25 a 29 años de edad declaró no haber utilizado algún método anticonceptivo.

Dichas cifras nos lleva a dos consecuencias principales que se pueden derivar de la falta de uso de métodos anticonceptivos, la primera de ellas, puede ser un embarazo no deseado a temprana edad y la segunda, un posible contagio de alguna de las enfermedades de transmisión sexual, señaladas anteriormente, ambas pueden ser causantes de muerte o menoscabo en la calidad de vida de las personas.

Las dificultades con el uso, acceso o disponibilidad de métodos de protección entre los jóvenes incrementan su exposición a otra serie de enfermedades, como son las enfermedades de transmisión sexual, que en caso de no ser detectadas o tratadas a tiempo, pueden generar complicaciones a largo plazo, como ya lo señalamos en el dictamen anteriormente. De acuerdo con el INEGI, entre 2005 y 2010, la candidiasis urogenital y el Virus del Papiloma Humano (VPH) fueron las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años de edad, siendo aún mayor entre los jóvenes de 20 a 24 años, sin tendencia a disminuir y con posibles consecuencias en su salud a mediano y largo plazo, sin dejar de mencionar otras enfermedades que también tuvieron incidencia pero en menor medida como el Chancro blando, herpes genital y sífilis adquirida.

Aunado a ello existe evidencia que señala que el padecimiento de una ETS, aumenta la probabilidad de infección por VIH. A nivel mundial se estima que 11.8 millones de personas de 15 a 24 años viven con esta enfermedad, de los cuales 7.7 millones son mujeres y 4.5 millones son varones, con alrededor de 6 mil jóvenes infectados a diario. En México la principal forma de transmisión para VIH/SIDA según casos acumulados a marzo de 2012, es la vía sexual, siendo el grupo de 25 a 29 años de edad, el más afectado, con 27 mil 449 casos acumulados, de acuerdo con cifras del INEGI y el Registro Nacional de Casos de SIDA, de la Secretaría de Salud.

Finalmente de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, durante dicho año se reportaron 118 casos de sífilis congénita, 3038 casos de sífilis adquirida y 1389 casos de infección gonocóccica genitourinaria. Datos más alarmantes sobre la misma Encuesta demostraron que en 2011, se reportaron 36 mil 333 casos de Virus de Papiloma Humano, de los cuales el 96 por ciento se dieron en mujeres.

D. De acuerdo con la Ley General de Salud, dentro del Título Octavo, De la Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, Capítulo II, De las Enfermedades Transmisibles, establece en su Artículo 134, que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles como, fracción VIII, Sífilis, infecciones gonocócicas y otras enfermedades de transmisión sexual, y fracción XIII, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Acertadamente como complemento de lo anterior, el Artículo 157 Bis de la Ley en comento, establece que:

“La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA.”

No obstante, y a pesar del gran avance que se obtuvo el 15 de diciembre de 2008, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó la fracción II del Apartado A del Artículo 13 y se adicionó una fracción XVII Bis al artículo 3º y un Artículo 157 Bis a la Ley General de Salud, todos enfocados a la Prevención, Atención y Control del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, se omitió integrar en el Artículo 157 Bis a las demás Enfermedades de Transmisión Sexual, muchas de las cuales tienen tendencias de incremento, como el Virus del Papiloma Humano y otras que ya se señalaron a través del dictamen y cuya prevención con el uso correcto del condón, como lo señala el precepto, puede evitar consecuencias en la salud de la población mexicana.

Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras, consideran viable la propuesta de la Legisladora, con la sugerencia de un cambio con el que se pretende integrar a todas las Enfermedades de Transmisión Sexual y que consiste en la palabra “demás”, para quedar como sigue:

Iniciativa Propuesta

Decreto Propuesto por las Comisiones Dictaminadoras

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.

Lo anterior, otorga mayor fundamento jurídico que permite a las autoridades correspondientes, llevar a cabo las acciones pertinentes que conlleven evitar el contagio no sólo del VIH/SIDA, como hoy lo dispone el precepto en comento, sino que las acciones en favor del uso correcto del condón, se extiendan a las demás enfermedades de transmisión sexual, como lo establece el Artículo 134, fracción VIII y así de manera integral, se puedan evitar las diversas consecuencias que se pueden derivar en la salud de la población mexicana, por el contagio de alguna de las ETS o el VIH/SIDA.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el Artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual para quedar como sigue:

ARTICULO 157 BIS. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 64 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de Displasia de Cadera.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de Marzo de 2013, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de Displasia de Cadera.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Legislador proponente pretende establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, del diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de un ultrasonido de cadera, o bien, una radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, con lo cual se puede identificar dicho padecimiento.

Además dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán las acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Sabemos que en la salud pública, la atención materno-infantil es de suma importancia, toda vez que la prevención y atención médica temprana durante la infancia es parte medular para mejorar la calidad de vida en un futuro de todas las personas, así como es beneficio directo para el desarrollo del sistema en salud de nuestro país.

No es ajeno a ello la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado como “Displasia en el desarrollo de la Cadera”.

Esta enfermedad conocida anteriormente como luxación congénita de la cadera, comprende anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral de los infantes, incluyendo el borde anormal del acetábulo (displasia) y mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, y que afecta el desarrollo de la cadera durante los períodos embriológicos, fetal o infantil.

C. Se ha encontrado que los factores de riesgo de esta enfermedad, son la historia o antecedente familiar que incrementa el riesgo de padecerla en un 10 a 25 por ciento; es de tres a ocho veces más frecuente en las mujeres que en los hombres; además, cuando existe presentación pélvica al nacimiento y en los casos en los que existe una fuerte asociación con otras anormalidades músculo-esqueléticas como el pie equino varo aducto congénito), tortícolis congénita, metatarso aducto y calcáneo valgo, así como cuando se presenta el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con las extremidades inferiores en extensión y aducción (juntas).

D. En nuestro país se estima que hasta el 2 por ciento de la población puede llegar a tener este padecimiento diagnosticándose como luxación congénita de cadera. La cadera luxada, que es su forma más grave, tiene una prevalencia promedio de 1.5 por cada 1000 recién nacidos y es mayor su incidencia en niñas. Por cada niño existen de 5 a 7 niñas con cadera luxada.

Aproximadamente cuatro de cada 1000 nacimientos en México, presenta alteraciones en la cadera, lo que se traduce en 480,000 mexicanos con este padecimiento, considerando el último censo nacional del INEGI.

E. Cabe señalar que en el período de 2013 a 2023, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, se espera que nazcan 24 millones 194 mil 350 niñas y niños de los cuales, conforme al histórico estadístico; al menos 96,777 presentarán este grave padecimiento, con pocas posibilidades de diagnosticarse y atenderse a tiempo, y sobre todo en zonas rurales y de alta marginación en donde las condiciones precarias de los padres impiden el acceso fácil a un ultrasonido o radiografía para reconocer este padecimiento y evitar sus secuelas, la artrosis y la destrucción de la articulación.

F. Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana.

G. El ultrasonido representa un estudio médico, que actualmente es relevante para la detección oportuna del problema de displasia de cadera en las primeras semanas de vida.

Sin embargo, sabemos que en nuestro sistema hospitalario no puede al 100 por ciento realizar este tipo de estudios por ello es que para la detección de la displasia se recomiende la radiografía, considerando que tiene ciertas características que la convierten en una alternativa adecuada.

H. Cabe referir, que países como Chile toman este estudio como parte de su Guía de Medicina Preventiva y practican el tamizaje radiológico a los tres meses de edad.

I. Con esta reforma la detección oportuna y atención temprana de la displasia de cadera, será un paso más en el tema de prevención en la salud materno-infantil. Considerado como parte fundamental, dentro del marco legal como estrategia de mayor atención y cuidado de la salud y en beneficio del desarrollo de la niñez con la finalidad de constituirse en política pública de los servicios de salud de atención materno-infantil.

Es por ello que estas comisiones dictaminadoras coinciden en la iniciativa con el objetivo de darle prioridad a la salud de la niñez.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V, recorriéndose dicha fracción vigente, para pasar a ser la fracción VI del artículo 61 de la Ley General de Salud; así como la fracción III Bis del artículo 64 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual;

III. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro;

IV. La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados;

V.- El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto mes de vida, y

VI. La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis.- Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años;

III Bis.- Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera, durante el crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, y

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 Y 301 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SOBRE CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 2 de Diciembre de 2013, las y los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Héctor Larios Córdova, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Guadalupe Garza Galván, José María Martínez Martínez, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Senadora independiente, Fernando Enrique Mayans Canabal y Adolfo Romero Lainas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, todos Integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud para el Control del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone una serie de reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud así como a la Ley de Educación, en materia del control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Con ello contrarrestar el grave problema de salud pública.

Los proponentes hacen mención que la Encuesta Nacional de Salud ENSANUT 2012, reveló datos que son alarmantes, ya que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8 por ciento en 1988 a 9.7 por ciento en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12 por ciento en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Así mismo hacen énfasis que dicho tema al ser de interés público, debe tomarse en cuenta y como prioridad, es por ello que se pretende legislar de una forma integral y someter a la Ley sanitaria diversas reformas que podrán combatir el tema de sobrepeso, obesidad y la bulimia y anorexia que hoy en día están sumamente enquistadas en nuestra sociedad, afectando a los niños, niñas y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. La nutrición y la salud son partes fundamentales de nuestra vida. Una correcta nutrición es vital. Si no nos nutrimos adecuadamente nuestra salud se deteriora en forma progresiva. Así mismo estos dos conceptos están conectados a una buena alimentación. A una alimentación balanceada. Ya que el ser humano puede ingerir muchos tipos de alimentos, pero eso no significa que se esté nutriendo de manera adecuada.

Una buena nutrición en la infancia, es parte toral del desarrollo del menor, en esta etapa los infantes pueden adquirir los hábitos correctos, para el cuidado de su salud e integridad física. Si el menor está bien alimentado durante los primeros años de vida puede tener un efecto positivo en su salud a largo plazo, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar, socializarse y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

C. Cabe señalar que el sobrepeso y la obesidad en los menores, ha ganado terreno de forma negativa, ello se ha traducido en un grave problema en diversos países del mundo y aún más en nuestro país.

D. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la obesidad y al sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, son el quinto factor principal de riesgo, de defunción en el mundo. Un dato alarmante que señala esta Organización, es que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además también se le atribuyen como la causa de la diabetes en 44 por ciento, de cardiopatías isquémicas en 23 por ciento, y algunos cánceres entre el 7 por ciento y el 41 por ciento.

Datos fuertes marcan que mil millones de adultos tienen sobrepeso. Si no se actúa, esta cifra superará los 1500 millones en 2015. Aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos ingresos, en la actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos.

La obesidad infantil es uno de los problemas más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen más probabilidades de sufrir a edades más tempranas diabetes y enfermedades cardiovasculares.

E. Además de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 el problema de la obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 2008, mil 400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente, ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

Es por lo anterior y todavía más preocupante que a la fecha la población no esté consciente que, de prevenir el sobrepeso o la obesidad, se pueden librar de consecuencias en su salud que pueden ser mortales.

F. Es por ello que en México este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, que se reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue entonces que se colocaron entre los problemas de salud pública más importantes.

La ENSANUT 2012, reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8 por ciento en 1988 a 9.7 por ciento en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12 por ciento en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

G. Para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4 por ciento (19.8 por ciento de sobrepeso y 14.6 por ciento de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, de los cuales 36.9 por ciento son niños y 32 por ciento son niñas. Aunque la prevalencia no aumentó de 2006 a 2012, según lo indica la ENSANUT, tampoco disminuyó y es un número muy grande de la población que está siendo afectada, lo anterior, representa a la tercera parte de la población infantil, en este rango de edades.

Así mismo la ENSANUT 2012, señala que el 35 por ciento de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6, 325, 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. De dicha cifra 35.8 por ciento son mujeres y 34.1 por ciento son hombres, tendencia que cambia cuando vemos que de los 5 a los 11 años las cifras de las niñas están por debajo de los niños.

Así mismo de acuerdo con la multicitada encuesta, de un universo de 66, 849, 80 adultos, el 69.4 por ciento son mujeres el 73 por ciento son hombres con sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. La obesidad abdominal en mujeres tiene una prevalencia de 82.2 por ciento y en hombres de 64.5 por ciento.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 por ciento a 35.3 por ciento y la obesidad de 9.5 por ciento a 35.2 por ciento.

Como podemos observar todo lo anterior, son datos alarmantes por los efectos que van a tener a corto y mediano plazo, que tiene que ver con los infantes en su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades, y, en los adultos con el rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y económico de nuestro país.

Sabemos que el Gobierno Federal ha hecho esfuerzos, prueba de ello es que en Octubre de 2013 se presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, como medida para reducir la incidencia de la diabetes.

La Estrategia Nacional establece cuatro premisas:

• La salud debe de estar presente en todas las políticas públicas.

• El enfoque de atención debe estar basado en determinantes sociales, bajo un abordaje integral, que incluye desde la promoción de la salud hasta la atención médica.

• Privilegia la suma de esfuerzos y alineación de acciones de todos los sectores y todos los actores.

• Son elementos esenciales para su correcto funcionamiento la medición del impacto de las acciones y la rendición de cuentas.

El objetivo de la Estrategia consiste en mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Sin embargo, se considera que se deben redoblar esfuerzos, continuar con la prevención y concientización de las consecuencias que provoca el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

H. Para frenar la epidemia de obesidad son necesarias acciones y una estrategia poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural, las estrategias constituyen una hoja de ruta para el establecimiento y fortalecimiento de iniciativas de vigilancia, prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, entre ellas el sobrepeso y la obesidad.

• Es por ello, que dicha iniciativa incumbencia del presente Dictamen presenta una propuesta la cual pretende prevenir, y combatir de manera frontal desde el ámbito de la Ley la obesidad, el sobrepeso y los transtornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia.

J. Cabe mencionar, que la Iniciativa trata de reformar diversos preceptos en los cuales se pretende que estos problemas de salud mencionados como lo son la obesidad, el sobrepeso y los transtornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia, sean materia de salubridad pública establecidos en el artículo 3º de la Ley General de Salud.

En el artículo 6 de la Ley General de Salud, se pretende que el sistema nacional de salud tenga por objetivo diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien y promuevan cambios hacia una alimentación correcta y contrasten eficientemente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y transtornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia.

En el art. 7 se pretende promover e impulsar los programas y campañas sobre la información y buenos hábitos alimenticios sin embargo las comisiones unidas coinciden y agregan la activación física parte importante de solución a la problemática.

Por otro lado, en el art. 27 de la Ley General de Salud, se introduce como servicio básico de salud la orientación alimentaria y la alimentación correcta, para el mejoramiento de la nutrición. Así mismo, se pretende que la educación para la salud entre otros rubros tenga por objeto también el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Se coincide en el artículo 111, 112 y 113 en cuanto agregar la orientación alimentaria así como la alimentación correcta, sin embargo de igual forma la activación física es importante para las comisiones dictaminadoras y lo propone.

En este sentido, en el artículo 115 de le Ley citada, se establece que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo diferentes atribuciones, en entre ellas, se propone establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria.

Y un tema que no puede quedar fuera, son los establecimientos donde se maneja la modalidad de refill o relleno que no es más que “Relleno Gratis” o “Refresco Sin fin”, esto se utiliza mucho como herramienta de marketing en casi todos los restaurantes de América del Norte, donde uno puede “saciar” su sed con toda la bebida que apetezca sin costo adicional, es decir, paga por su bebida una sola vez y puede tomar y rellenar su vaso, de forma ilimitada.

Sin embargo, como bien sabemos el agua es el líquido que trae las propiedades para saciar la sed no así una bebida gaseosa y azucarada. Hoy en día en nuestro país, según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, solamente 37 por ciento de los jóvenes entre 12 y 29 años consumen frutas diariamente y 36 por ciento verduras, lo que es similar al consumo de refrescos que alcanza el 37 por ciento. Esto se suma al 60 por ciento de los jóvenes mexicanos que no practica ninguna actividad física, además de la falta de consumo de alimentos que proporcionen nutrientes y no solamente azúcar y grasas. México es el principal consumidor de refrescos en el mundo, con 163 litros de refresco en promedio por personas al año, 40 por ciento más que en Estados Unidos de Norteamérica.

Es por lo anterior, que se propone en el artículo 115 en su fracción IV, que en los tipos de establecimientos que enuncia el artículo en comento, no se podrá expender aquellas bebidas con alto contenido calórico, en la modalidad de relleno o “refill”.

Por otra parte, en aras de que los infantes de México tengan un mayor control en su nutrición se pretende que la Secretaría de Salud, para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevarán a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

Así mismo, ante la grave situación que vive la población infantil en cuanto al sobrepeso y la obesidad, es en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional donde existe la oportunidad de modificar patrones conductuales de alimentación a través de la renovación en la oferta de productos alimenticios, junto con acciones de orientación y educación sobre los hábitos alimentarios que se mantendrán en las diferentes etapas de la vida; acciones con las cuales debe establecerse la corresponsabilidad de la comunidad escolar para ofrecer alimentos y bebidas nutritivas que favorezcan la salud de los estudiantes.

Lo anterior, también deberá estar acompañado por la responsabilidad de los padres y hacer lo mismo en el seno del hogar, pues no se debe olvidar que la escuela es sólo complemento de la formación, por lo tanto, padres y escuela deben ser copartícipes en la formación de hábitos adecuados de alimentación de los niños mexicanos.

Las elecciones de los niños, su dieta y el hábito de realizar actividades físicas dependen del entorno que les rodea. El desarrollo socioeconómico y las políticas agrícolas, de transporte, de planificación urbana, medioambientales, educativas, y de procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos influyen en los hábitos y las preferencias dietéticas de los niños, así como en su actividad física. Estas influencias están fomentando cada vez más un aumento de peso que está provocando un aumento continuo de la prevalencia de la obesidad infantil.

Una dieta saludable puede contribuir a prevenir la obesidad y se puede:
1) Mantener un peso saludable, 2) Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las grasas saturadas por las insaturadas, 3) Aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, 4) Reducir la ingesta de azúcar y sal.

Al ser un tema primordial la alimentación que se suministra por parte de los educandos en los centros escolares, se considera que es ahí la parte medular para comenzar a atacar el gran problema de salud pública ya mencionado, es por ello que se pretende que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación propongan, los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados que se expendan o distribuyan de manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibrados teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición. Así mismo, se deberá informar a los padres de familia o tutores de la población escolar, los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

Sin embargo las comisiones dictaminadoras coinciden en la propuesta pero realizan una mejor redacción para abarcar de una forma general dichas fracciones, como se muestra en el cuadro comparativo de este apartado.

Hoy en día los consumidores no tienen la suficiente información nutrimental en la publicidad o empaques de los productos, o tal vez muchas veces no se entiende.

Como bien sabemos se ha intentado tanto por parte del Poder Ejecutivo Federal como en el Poder Legislativo, regular y modificar el etiquetado en los alimentos para conocer la cantidad de calorías que consumen las persona, es por ello que se pretende regular las etiquetas de los productos, para que se especifique por empaque o envase individual y por contenido calórico, y por porciones, en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las Normas Oficiales Mexicanas o disposiciones aplicables así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

De igual forma las comisiones dictaminadoras consideran viable dicha propuesta pero se realizan modificaciones como se expresa en el cuadro comparativo de este apartado.

En cuanto a la reforma que se pretende; que en “Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos.

Estas comisiones difieren ya que el 20 febrero de 2014, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen que modifica diversos artículos de la Ley de Educación y las comisiones propusieron modificar el artículo tercero transitorio, con el propósito de establecer un plazo máximo de dieciocho meses para que los planteles educativos particulares instalen bebederos, bajo la supervisión de las autoridades competentes. Regresando de esta forma a la Cámara de Diputados para su correspondiente dictamen. Así mismo el 11 de marzo de 2014 dicha Minuta fue aprobada por la Comisión de Educación de la Colegisladora y el 20 de marzo por el Pleno de Diputados. En dicha reforma se propone la misma inquietud de la proponente. Es por ello que se encontrará ya regulado.

Por otra parte, coincidimos que los trastornos de la conducta alimentaria como lo es la bulimia y anorexia se ha arraigado más en nuestra sociedad atacando en su mayoría a las adolecentes. Por ello la iniciativa pretende que en ningún caso en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, se vendan laxantes a menores de edad. Sin embargo se considera viable porque dicha propuesta se encuentra ya regulada en las normas oficiales correspondientes.

En otro tenor de ideas, se coincide con la propuesta que en los centros escolares los educandos no tengan a la vista la publicidad de alimentos con bajo contenido nutricional, ya que ello, es incentivo para su consumo por ello la propuesta prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Se coincide que en la escuela, es donde se da el aprendizaje, donde se absorben los hábitos y donde se tornea la educación para el futuro del educando, y por ello se observa la reforma en donde se pretende incorporar dentro del programa de educación básica la asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria.

Sin embargo, estas comisiones no están de acuerdo ya que dicha pretensión debe realizarse impactando los preceptos de la Ley General de Educación y con ello se estaría acorde en la estrategia nacional ya mencionada así mismo jurídicamente encuadra de mejor forma en dicho ordenamiento.

En este tenor de ideas se coincide con la proponente sin embargo por lo ya expresado se presenta un dictamen con cambios los cuales se expresan en el siguiente cuadro comparativo.

CUADRO COMPARATIVO

Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

Ley General de Salud (VIGENTE 2014)

PROPUESTA DE INICIATIVA

PROPUESTA DE DICTAMEN

Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

Artículo Primero: Se reforma los artículos; 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212, 226, 301, 421 y se adiciona el artículo 115 bis., todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Proyecto de Decreto que reforman los artículos; 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I.

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.-

IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I a IX …

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficiente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y transtornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia.

Artículo 6o.-

I. a VII.

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud;

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud;

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud, y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIV. a XV.

Art. 7º.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII…

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición.

XIV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud, y

XV. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Art. 7º.- …:

I. a XIII.

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física.

XIV. y XV.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a VIII.

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a VIII…

IX. La orientación alimentaria y la alimentación correcta;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas; y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Artículo 27.- ...

I. a VIII.

IX. La promoción de un estilo de vida saludable;

X. y XI.

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición;

III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático;

IV. Salud ocupacional, y

V. Fomento Sanitario

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición y orientación alimentaria;

III. a V.

Artículo 111.-

I.

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. a V.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II; y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición hacia una alimentación correcta, actividad física para la salud, salud mental (TCA), salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 112.-

I. y II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación correcta, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, con énfasis en el consumo de alimentos que conduzcan a la alimentación correcta y así mismo impulsen la actividad física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación correcta y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

...

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. III.

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. a VIII.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

  • Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria. Que cuantifique y analice periódicamente la prevalencia de la obesidad y el impacto de las estrategias implementadas;

II. a III.

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Así mismo no se podrá expender en estos establecimientos bebidas gaseosas y/o azucaradas en la modalidad de relleno o “refill”.

V. a VIII.

IX. Para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta y en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, llevará cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta; y

  • En coordinación con la Secretaría de Educación proponer, los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados que se expendan o distribuyan de manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibrados teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición. Así mismo, se deberá informar a los padres de familia o tutores de la población escolar, los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

Así mismo dentro de estos centros escolares, se eliminará el consumo y expendio de alimentos y bebidas con alta densidad energética y bajo contenido nutrimental.

Artículo 115.-

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de la conducta alimentaria;

II. y III.

IV.

Asimismo, no se podrá expender en estos establecimientos bebidas con alto contenido calórico en la modalidad de relleno o “refill”.

V. a VII.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas;

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta, y

XI. Expedir en coordinación con la Secretaría de Educación Pública los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

(NO EXISTE)

Artículo 115 Bis.- Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

INVIABLE

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, especificando por empaque o envase individual y por contenido calórico, y por porciones, en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones Reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. a VI.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. a VI.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, y en ningún caso se venderán laxantes a menores de edad.

INVIABLE

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Artículo 301.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421.Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266,301, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413

INVIABLE

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I.- a XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y

XIII.- Incorporar dentro del programa de educación básica la asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; así como beneficios de la actividad física constante; y

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.

INVIABLE

K. Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la propuesta viable con modificaciones, y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212 y 301, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 6o.-

I. a VII.

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud;

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud;

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Art. 7º.- …:

I. a XIII.

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física;

XIV. y XV.

Artículo 27.- ...

I. a VIII.

IX. La promoción de un estilo de vida saludable;

X. y XI.

Artículo 111.-

I.

II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;

III. a V.

Artículo 112.-

I. y II.

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación correcta, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación correcta y a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.

...

Artículo 115.-

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de la conducta alimentaria;

II. y III.

IV.

Asimismo, no se podrá expender en estos establecimientos bebidas con alto contenido calórico en la modalidad de relleno o “refill”;

V. a VII.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas;

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta; y

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

Artículo 212.- …

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones Reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Artículo 301.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

COMISIONES UNIDAS DE SALUD,
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de ellos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura de los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Quedan de primera lectura.

Tiene la palabra el Senador Javier Corral Jurado, para presentar, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.





 

PROPUESTAS

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señora Presidenta.

Pues finalmente puedo hacer uso de esta tribuna para presentarles una propuesta con punto de Acuerdo que suscribimos los siguientes Senadores: Jorge Luis Preciado, Ernesto Ruffo Appel, Laura Rojas Hernández, Víctor Hermosillo y Celada, Martín Orozco Sandoval, Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Avila, Juan Carlos Romero Hicks, Martha Elena García Gómez, José Rosas Aispuro, Fernando Yunes Márquez, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Salvador Vega Casillas, Silvia Garza, Octavio Pedroza, Sonia Mendoza Díaz y Adriana Díaz Lizama.

Se trata de lo siguiente, el segundo párrafo del artículo 93 constitucional establece que las Cámaras del Congreso de la Unión podrán convocar a los titulares de los órganos autónomos para que se informen, cuando se discuta una ley concerniente a sus respectivos ramos, para que respondan a preguntas o interpelaciones.

Dice la Constitución:

“Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.

Como todos sabemos, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos de esta Cámara, analizan y discuten diversas iniciativas en materia de telecomunicaciones y particularmente la que fue enviada la semana pasada por el Ejecutivo Federal para reglamentar la reforma constitucional publicada en junio del año pasado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

El décimo cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución hizo del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, el órgano constitucional autónomo encargado de todo el proceso de supervisión, de administración, de regulación y de sanción de las telecomunicaciones y de la radiodifusión; le concedió amplias facultades, incluso en materia de competencia económica, en el décimo quinto párrafo del artículo 28 de la Constitución se le dio, incluso, la facultad para ordenar la desincorporación de activos, imponer límites a la concentración nacional o regional de frecuencias, al concesionamiento para imponer límites y reglas a la propiedad cruzada de medios para ordenar medidas de desinversión.

Se creó uno de los órganos del Estado más poderosos que se hayan construido en los últimos años en el constitucionalismo mexicano.

El IFETEL, ni más ni menos, será el órgano encargado de la aplicación de la legislación secundaria que ordenó realizar la Constitución, en las recientes audiencias públicas que se han abierto en el seno de las comisiones unidas y en la sesión del lunes pasado, donde se aprobó el calendario de trabajo, se informó que pese a que se les hizo una invitación a participar en el foro de consultas para la reforma de las telecomunicaciones, los comisionados del IFETEL decidieron no venir a comparecer, sino que advirtieron, enviarán un escrito con sus puntos de vista sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

Los legisladores que construimos la reforma de telecomunicaciones no sólo queremos recibir y conocer de los comisionados del IFETEL un escrito, queremos del intercambio la interlocución que merece la legislatura que los dotó de amplias facultades para regular a ese sector poderoso económica y políticamente.

Los legisladores de Acción Nacional queremos que comparezcan bajo la fórmula de la Constitución, no bajo un intercambio epistolar, sino que respondan preguntas o interpelaciones, como dice la Constitución, y que aquí protesten decir verdad, en cuanto a sus posiciones y posturas.

Varios expertos y analistas que ya han estudiado la iniciativa presentada por Peña Nieto al Senado, coinciden con quienes suscribimos este punto de Acuerdo en que el proyecto de Peña invade varias de las facultades que la Constitución le otorgó a este órgano.

En distintos tramos, en materia de concesionamiento, se dan ingerencias indebidas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la materia de vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión, así como en la vigilancia y supervisión de publicidad y de administración de tiempos de Estado, el Ejecutivo Federal pretende concentrar para sí y en exclusiva facultades que la Constitución le otorgó en el artículo 28 al IFETEL y en varios de los artículos transitorios de la reforma constitucional.

Por lo anterior, propongo a esta Asamblea, y pido a la Mesa Directiva el siguiente trámite, conforme a Reglamento, se ponga inmediatamente a discusión del Pleno por tratarse ni más ni menos que de la hipótesis prevista de urgente resolución.

Y dos, que para preguntar a la Asamblea, o consultando a la Asamblea sobre si se admite o no a discusión, pido se someta a votación nominal conforme al artículo 99, numeral 2 del Reglamento del Senado, proposición que tendría que ser apoyada por cinco Senadores del Pleno de esta Cámara. La propuesta consiste en lo siguiente:

Unico.- El Senado de la República cita al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, y a los Comisionados Fernando Borjón Figueroa, Adolfo Cuevas Teja, María Elena Estavillo Flores, Ernesto Estrada González, Mario Germán Fromow Rangel y Adriana Sofía Labardini Inzunza, para que comparezcan ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con el propósito de conocer su postura sobre las iniciativas de Decreto que que pretende reglamentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Espero, compañeras y compañeros, que ante un asunto tan relevante, no sólo estemos dispuestos a discutirlo, sino a votarlo a favor para que vengan a darnos su opinión los miembros del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Un signo contrario, sería desesperanzador. Una respuesta negativa, realmente sería una señal desesperanzadora en una de las instituciones más poderosas que hemos creado en los últimos años, en la Constitución General de la República.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE CITA A LOS COMISIONADOS DEL IFT, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA Y A LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA QUE COMPAREZCAN Y MANIFIESTEN SU POSTURA EN RELACION CON LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION.

JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL, LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARTIN OROZCO SANDOVAL, FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ VALENZUELA, FERNANDO HERRERA AVILA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARTHA ELENA GARCIA GOMEZ, JOSE ROSAS AISPURO TORRES, FERNANDO YUNES MARQUEZ, DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ Y SALVADOR VEGA CASILLAS , Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I, fracción II; 95; 109; 110; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República presentamos, con el carácter de urgente resolución, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS SIETE COMISIONADOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE DEN A CONOCER SU POSTURA SOBRE LA INICIATIVA QUE PRESENTO EL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 11 de junio de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Dicha reforma tiene como principal objetivo generar más competencia y calidad en los servicios en radiodifusión y telecomunicaciones, para dar acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, que deben ser garantizados por el Estado, como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea celebrada el 1 de junio de 2011, al declararlo como un derecho humano fundamental, por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, por lo cual, se exhortó a los gobiernos a facilitar el acceso a la internet a todos los individuos, como ya sucede en Francia, Finlandia, Grecia y Costa Rica, países que han adoptado el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para lograr una prestación efectiva de los servicios, el Estado está obligado a generar las condiciones necesarias de competencia, que permitan aumentar los proveedores y la calidad en los servicios de información. Lo anterior, plantea grandes retos para el Estado mexicano, limitando la concentración y aumentando la competencia.

Con la finalidad de atender la obligación del Estado el Decreto establece la creación de un órgano constitucional autónomo denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el objeto de desarrollar de manera eficiente la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la legislación. Para tal efecto la Carta Magna dota de atribuciones para tener a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, con la finalidad de garantizar lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, la Exposición de Motivos del Decreto de reformas constitucionales señala que: “tanto la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones, en su funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, teniendo entre sus funciones las siguientes:

• Plena independencia en sus resoluciones.

• Ejercicio autónomo de su presupuesto.

• Emisión de su propio estatuto.

• Expedición de disposiciones administrativas de carácter general para el cumplimiento de su función regulatoria.

• Las Leyes garantizarán la separación entre la autoridad que conoce la etapa de investigación y la que resuelve los procedimientos en forma de juicio.

• Los órganos de gobierno cumplirán con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán por mayoría de votos, sucesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público.

• La impugnación de las normas, actos u omisiones que realicen dichos órganos será a través del juicio de amparo indirecto, del que conocerán los jueces y tribunales especializados. No se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales.

• Los titulares de los órganos presentaran un informe anual de actividades mediante comparecencia ante las cámaras del congreso.

• Estos órganos se regirán bajo los principios de gobierno digital y datos abiertos.

• El salario que perciban los comisionados será igual a la presupuestada para los ministros de la Suprema Corte de la Nación”.

Los pormenores reglamentarios de la reforma Constitucional, son materia de la legislación secundaria, que de conformidad con el artículo Tercero Transitorio debió expedirse en ciento ochenta días naturales siguientes a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, esto es el 9 de diciembre de 2013.

En ese sentido diversos legisladores presentaron iniciativas antes del plazo fijado por la reforma constitucional, con la intención de cumplir con los tiempos establecidos y dotar de la certeza jurídica en la prestación de los servicios y sobre todo de la actuación del órgano regulador de la materia.

El pasado 24 de marzo, el Ejecutivo Federal, es decir 105 días después de concluido el plazo, presentó su propuesta de reformas secundarias. Una propuesta en la que reduce significativamente las facultades que el IFT debiera tener de conformidad con el texto constitucional, transfiriéndolas a las Secretarias de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, a la de Educación y a la de Salud, como lo establece el actual esquema de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960.

De esta forma y de conformidad a lo dispuesto por el párrafo décimo cuarto del artículo 28 Constitucional, el IFT, como Organo Autónomo, tiene por objeto el “desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones [el cual] tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.” También indica que el IFT tiene facultades para regular, promover y supervisar “el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales”.

En la Iniciativa del Ejecutivo Federal se pretende acotar la autonomía constitucional otorgada al IFT a partir de intromisiones de dependencias de la Administración Pública Federal.

La SCT: en el artículo 9 se otorga facultad a la Secretaría, como es el caso de la fracción V, para coordinar un Comité que promueva “el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet…”, y en la fracción XXI del mismo artículo, que atribuye capacidad a la SCT para “interpretar esta Ley en el ámbito de su competencia”, cuando en términos de la disposición constitucional se trata de una facultades reservadas al IFT, en su calidad de órgano regulador. Otra injerencia francamente indebida se ubica en la fracción XVIII, que otorga a la SCT facultades para “formular las recomendaciones que considere pertinentes no vinculantes, al programa anual de trabajo del Instituto y el informe trimestral previstos en la fracción VIII del artículo 28 de la Constitución”.

Es el mismo caso, el artículo 44 no sólo pretende irrumpir ilegalmente en las facultades del IFT, sino que a través de la SCT, el órgano regulador atienda de manera prioritaria asuntos en los que el Ejecutivo Federal “tenga interés”, bajo el argumento de un supuesto interés social y orden público.

En lo que corresponde al otorgamiento de concesiones para ocupación y explotación de recursos orbitales según el artículo 97 de la iniciativa, el trámite se inicia ante el IFT, quien debería enviarlo a la SCT para que emita opinión técnica no vinculante dado que se trata del otorgamiento de una concesión; sin embargo, el cuarto párrafo del artículo señala que el envío a la citada dependencia tiene por finalidad que “…la Secretaría determine la procedencia de la solicitud”, lo que rompe con el principio constitucional.

No conforme con lo anterior, el quinto párrafo señala que en caso de que la SCT autorice la solicitud “lo notificará al Instituto, fijando el monto de la fianza o carta de crédito a favor del Gobierno Federal y del Instituto. De lo contrario, la Secretaría notificará las razones de la improcedencia al Instituto quien dará respuesta al interesado”, es decir, que se rebaja al IFT a “simple mensajero” de las decisiones de la SCT. La única facultad que el texto constitucional confiere a dicha dependencia está relacionada con el otorgamiento, revocación, autorización de cesiones o cambios de control accionario, así como sobre la titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

A la Secretaría de Gobernación (SeGob): En el caso de esta dependencia del Ejecutivo, es más grave la invasión de la regulación y supervisión que la Constitución otorga al Consejo Consultivo del IFT en materia de contenidos de los servicios de radiodifusión. De ninguna manera pueden atribuirse todas las facultades, que son propias del órgano regulador, a esta dependencia del Ejecutivo Federal, como lo pretende la propuesta, en virtud de que los contenidos son los activos principales de la radio y la televisión y no pueden estar en manos de la dependencia que ejecuta la política pública presidencial mediante criterios de carácter político.

Como lo precisa la fracción III del artículo 6º Constitucional, Apartado B, que las transmisiones, además de inscribirse en un entorno de competencia y calidad, deben brindar “los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución”. Son estas finalidades regulatorias las que deben orientar la función social de estos servicios.

El artículo 218 asigna las atribuciones de la SeGob que actualmente tiene y en este sentido se pretende que conserve en materia de supervisión y monitoreo y sanciones de los contenidos. Dentro de los contenidos, los Tiempos de Estado, dada su naturaleza, cuentan con beneficios que deben distribuirse entre los diversos entes públicos que conforman al Estado Mexicano, así como en los distintos órdenes de gobierno, de ahí que se trate de un tema relevante que debe abordarse desde una perspectiva que impida que el Ejecutivo Federal los siga administrando. Mucho menos debe mantenerse lo establecido en la propuesta (Articulo 252) en el sentido de que la administración de los tiempos de estado se hará escuchando “previamente al concesionario y, de acuerdo con ellos, fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión”.

Por otra parte, lo dispuesto por los artículos 306 y 307, referido al régimen de sanciones constituye una invasión a la autonomía del IFT al pretender que sea SeGob la que imponga las sanciones correspondientes.

Además, la totalidad del título décimo primero de la iniciativa refiere a la competencia de la SeGob respecto al tema de los contenidos audiovisuales dejando fuera de esa supervisión y regulación al IFT a pesar de que la Constitución le señala como el órgano regulador de esos servicios. Tampoco debe corresponder a la SeGob imponer multas por violaciones a los tiempos de Estado como lo señala la fracción I del artículo 306, apartado B.

Debe recordarse que en términos del artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto, “para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al IFT (y no a la SeGob) de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales”.

Así mismo a la SeGob se le encomienda la atribución de “Monitorear los tiempos máximos para la transmisión de publicidad en las trasmisiones de radio y televisión, e informar al Instituto sobre los resultados del monitoreo para efectos del ejercicio de sus facultades de vigilancia” ni de “establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, como lo señalan la fracciones IX y X del artículo 218. Esta hipótesis se reitera indebidamente en el cuarto párrafo del artículo 295, que se localiza en el Título Décimo Quinto (Régimen de sanciones).

Adicionalmente, la sola mención al artículo 221 de la iniciativa deja clara una inusitada injerencia en la autonomía constitucional: cuando refiere que “El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, dará vista al Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervención para los efectos legales procedentes en términos del Decreto”.

Por otra parte cuando se refiere a la televisión restringida y aplicando disposiciones que actualmente se encuentran reguladas en el reglamento de la TV y audio restringido, el artículo 234 dispone que los operadores deberán reservar gratuitamente para la distribución de las señales de televisión que indique el Ejecutivo Federal, por conducto de la Segob una serie de canales de acuerdo a la capacidad de cada reddesde uno hasta tres canales para la transmisión de la programación que indique la Secretaría de Gobernación, ignorando que el órgano regulador para la administración del espectro y las redes de telecomunicaciones es el IFT.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER): En su artículo 51, se acota la capacidad regulatoria del IFT al obligarlo al análisis e impacto de la COFEMER que es un órgano circunscrito a la Administración Pública Federal.

Estas indebidas intromisiones, violentan el marco de actuación que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al IFT, por lo que es importante, conocer la visión de los actuales comisionados del Instituto y generar un intercambio de preguntas y respuestas con los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, que son las encargadas de emitir el dictamen correspondiente.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Cámaras del Congreso de la Unión podrán convocar a los titulares de los órganos autónomos “para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”. Es por ello que dada la relevancia del asunto, los legisladores conozcamos el punto de vista de los comisionados del IFT y desahoguemos las dudas que los legisladores tengamos para robustecer y enriquecer nuestra opinión con respecto a las iniciativas que habremos de discutir y votar en las Comisiones Unidas.

Finalmente, debemos recordar, que las Comisiones Unidas, a propuesta del Presidente de la Mesa Directiva, acordaron por mayoría presentar el dictamen para su discusión y votación para el 21 de abril de 2014, en ese sentido y dada la premura, solicitamos que la presente propuesta sea con carácter de obvia y urgente resolución de conformidad con el artículo 109, del Reglamento del Senado de la República.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de la Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República cita al Comisionado Presidente Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar y a los Comisionados Fernando Borjón Figueroa, Adolfo Cuevas Teja, María Elena Estavillo Flores, Ernesto Estrada González ,Mario German Fromow Rangel y Adriana Sofía Labardini Inzunza del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que comparezcan ante las Comisiones Unidas de de Comunicaciones y Transportes, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con el propósito de conocer su postura sobre la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dado en la ciudad de México, a 3 de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.-Sen. Víctor Hermosillo y Celada.-Sen. Martín Orozco Sandoval.-Sen. Francisco Búrquez Valenzuela.-Sen. Fernando Herrera Avila.-Sen. Juan Carlos Romero Hicks.-Sen. Martha Elena García Gómez.-Sen. José Rosas Aispuro Torres.-Sen. Fernando Yunes Márquez.-Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.-Sen. Salvador Vega Casillas”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Corral Jurado. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico para consultar a la Asamblea si el asunto se admite a discusión en el entendido de que se requieren dos terceras partes de los presentes.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, no se admite a discusión, no reúne las dos terceras partes.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Solicito a la Secretaría informe sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con las proposiciones que se turnarán a comisiones:





 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo en torno al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO EN TORNO AL DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO

“La que suscribe, Martha Elena García Gómez Senadora integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACION SOBRE AL AUTISMOal tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en las niñas y los niños, sus familias y en la sociedad en general.

El Sistema de las Naciones Unidas, ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos las niñas y los niños con discapacidades en su desarrollo. Esta Convención fue aprobada por la Asamblea de la ONU en diciembre de 2006 y entró en vigor en 2008, convirtiéndose en el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI en entrar en vigencia en todo el mundo y señalando en su artículo 1º que las personas con discapacidad incluyen todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Con la entrada en vigor de esta Convención, se reafirma el principio fundamental de la universalidad de los derechos humanos. Es por ello, que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objeto de establecer la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños, adolescentes y adultos que sufren este trastorno.

De acuerdo con información de la Clínica Mexicana del Autismo (CLIMA), este trastorno afecta la interacción humana de las niñas y niños, quienes tienen una forma inusual de relacionarse pues resultan un tanto retraídos, con escaso lenguaje o poca comunicación, comportamientos repetitivos extraños, apegados a rutinas, formas de juego inusual y con falta de reciprocidad emocional hacia las personas. Actualmente, existe un espectro de un continuo de casos de diferentes grados, que van desde grave a leve asociados a factores genético y del ambiente, que afectan el desarrollo neurológico y cuya manifestación es muy variable en la niñez, la cual, se manifiesta en los primeros 18 meses de edad.

Según el informe presentado por CLIMA, múltiples investigaciones sobre el Espectro Autista se han desarrollado recientemente, y los estudios revelan datos importantes alrededor del mundo. En Estados Unidos se reporta 1 niño o niña con autismo en cada 88 según el Instituto Nacional de Salud Mental NHI 2012. Asimismo, un estudio en la Ciudad de Cambrige, en el Reino Unido ha encontrado entre niños de edad entre los cinco y nueve años un niño en el espectro autista por cada 66. En Korea, se reportaron datos de prevalencia autista de un niño por cada 34 niños.

Con apoyo de la Red Internacional de Estudios Epidemiológicos del Autismo, es que en 2010, la Clínica Mexicana del Autismo, realiza un primer estudio de prevalencia del autismo realizado en la Ciudad de León Guanajuato, para identificar el número de niñas y niños que podían identificarse en una población de 35,000 niñas y niños en edad escolar. Es estimado de prevalencia para el autismo en México es de 1 en 300 niños, por lo que se puede hablar de al menos 115 mil niños con Autismo en México y con riesgo de que nazcan 6200 nuevos casos.

La educación de niños y niñas con autismo en México es pública y gratuita en los Centros de Atención Múltiple (CAM). Los niños también pueden ser incluidos en la escuela pública con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). Adicionalmente, pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones privadas u organizaciones no gubernamentales.

Este Año, el mensaje del Secretario General Ban Ki-moon con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, está dirigido a brindar una oportunidad de honrar la creatividad de las personas con trastornos del espectro autístico y de reafirmar el compromiso para garantizarles las mejores oportunidades de educación, empleo e integración.

Ya que la educación y el empleo son fundamentales para todas las personas, en palabras del Secretario General “la escuela conecta al niño con su comunidad, y el empleo conecta al adulto con su sociedad”. Además que las personas con autismo merecen recorrer el mismo camino bajo un enfoque de igualdad de oportunidades y en este marco incluir en las escuelas ordinarias y especializadas a niñas y niños con diferentes capacidades de aprendizaje.

De acuerdo con datos del Foro Mundial de Educación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000), se comentó que todos los niños, sin importar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la educaciónbásica. Sin embargo, de acuerdo a Anthony Lake (UNESCO, 2011), el director ejecutivo de UNICEF, “demasiados niños son abandonados, despojados de su propio derecho a prosperar y brillar, simplemente porque nacieron siendo niñas, con una discapacidad o viven en uno de los lugares más pobres y desolados del mundo”. Lake (UNICEF, 2011) También agregó que “un tercio de 72 millones de niños de edad primaria no asisten a la escuela debido a una discapacidad”.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 3, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación e sobre todo la inclusión plena y efectiva en la sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad.

De igual manera, hace un especial énfasis al derecho a la educación, la salud y al empleo en sus artículos 24, 25 y 27. Esto debe traducirse en un ejercicio pleno de los derechos humanos a la luz de la reforma de junio de 2011 en donde el Estado Mexicano otorga la supremacía de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y el principio pro persona con el que la interpretación de los derechos debe beneficia en todo tiempo a la persona.

Así mismo, la Convención de los Derechos del Niño, establece en su artículo 2 que sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales, los Estados Partes deberán velar por los derechos enunciados en la Convención. Asimismo, se establece que los Estados Parte, garantizarán en la medida de lo posible la supervivencia y el desarrollo del niño (artículo 6), cuidando en todo momento el interés superior de la niñez (artículo 21).

En este marco de derechos, la Convención (artículo 28), reconoce el derecho del niño a la educación, a fin de que se pueda ejercerla progresivamente en condiciones de igualdad de oportunidades.

Estos derechos, son reconocidos oportunamente en nuestro marco jurídico nacional, en los artículos primero, tercero y cuarto constitucionales y en la legislación federal y estatal en diversos ordenamientos. La Ley General de Educación en su artículo 41 estipula que los servicios para las Necesidades Especiales Educativas deberían servir a cualquier niño que requiere apoyo en el aprendizaje. Todos los niños tienen el derecho a la educación y sus familias tienen el derecho a elegir la mejor opción para ellos.

De acuerdo a la guía de normas de la UNESCO (UNESCO, 2009) la educación inclusivaes un proceso que involucra la transformación de las prácticas educativas de las escuelas y otros centros de aprendizaje que es provista a todos los niños incluyendo niños y niñas, estudiantes de las minorías étnicas y lingüísticas, poblaciones populares, a aquellosinfectados por el VIH y SIDA, y a aquellos con discapacidades y dificultades del aprendizaje y para proveer oportunidades de aprendizaje para todos los jóvenes y adultos.

Los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan intentando incluir a los niños con trastornos del espectro autista. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (2006) declaró que México sigue en el proceso de la integración de los niños dentro de las escuelas regulares.

De ahí que el concepto de inclusión en México se relaciona más a la idea de la integración educativa, la cual implica la provisión de educación a cada niño con esta discapacidad en las escuelas regulares. No obstante, muchas de estas escuelas no pueden cumplir con la inclusión en virtud de diversos factores como lo son la carencia de recursos, la carencia de diferenciación de estilos de enseñanza, el programa de educación es muy rígido y no es flexible a cualquier adaptación o el magisterio no están suficientemente calificado para apoyar a los niños y niñas. Además de las barreras culturales, hacia las niñas y niños con autismo como la discriminación.

En este marco, resulta urgente que en México sumemos esfuerzos para que desde la perspectiva de la inclusión y el respeto pleno de los derechos humanos y lejos de cualquier tipo de prejuicio, estigma o discriminación refrendemos el compromiso con las niñas y los niños que padecen autismo en México, y que esta comprensión en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se traduzca en acciones concretas para la promoción y sensibilización de los derechos de las niñas y niños autistas.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, a implementar mecanismos para la educación inclusiva de niñas y niños con trastornos del espectro autista en las escuelas de educación básica, así como fortalecer las acciones para la capacitación de facilitadores y maestros que apoyan en la educación de niñas y niños que padecen estos trastornos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 3 de abril de 2014.

Sen. Martha Elena García Gómez”.





 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas que aún permiten contraer matrimonio a menores de edad, a reformar su legislación, estableciendo como requisito que los pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos, el cual se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.







 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a destinar parte de los recursos obtenidos por el incremento al precio del boleto, en adecuaciones necesarias para personas con capacidades diferentes en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, que se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DESTINAR PARTE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL INCREMENTO AL PRECIO DEL BOLETO EN ADECUACIONES NECESARIAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

“Los suscritos Senadores María Verónica MartInez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DESTINAR PARTE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL INCREMENTO AL PRECIO DEL BOLETO EN ADECUACIONES NECESARIAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

CONSIDERACIONES

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue creado por decreto presidencial en 1967 y la primera línea, que corre de la estación Chapultepec a Zaragoza, fue inaugurada en 1969 por el entonces regente Alfonso Corona del Rosal.

Desde entonces y hasta la fecha se han construido 12 líneas de El Metro que cruzan prácticamente toda la Ciudad de México y llegan a algunos municipios del estado de México transportando en promedio 3.9 millones usuarios cada día.

Sin embargo, la mayor parte de esta infraestructura de transporte se encuentra prácticamente sin mantenimiento o modernización en el tema de escaleras con lijas anti deslizantes, pasamanos o barandales, señalamientos de seguridad en los andenes y mucho menos se han construido aditamentos para personas con capacidades diferentes, como lo son los usuarios en silla de ruedas, andaderas, muletas o bastones.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2012, el 6.6 por ciento de la población del país reporta tener alguna discapacidad, el 51.4 por ciento de estos son adultos mayores. El principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar.

Los esfuerzos para alcanzar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad están plasmados en diversos ordenamientos jurídicos como: la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, proclamada por la Naciones Unidas en el 2005 y adoptada por nuestro país en el 2008; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1, Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, entre otros.

La noción de discapacidad ha ido evolucionado al dejar el enfoque médico-biológico, en el que las enfermedades y/o las deficiencias corporales juegan un papel central, para lograr una visión más integral y contextual, donde la discapacidad es el resultado de la interacción de múltiples factores tanto de orden médico-biológico como contextuales (las características del entorno físico, social, cultural, personal, familiar, etc.). El cambio conceptual se expresa claramente con la publicación, en el año 2001, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (mejor conocida como CIF) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual busca catalogar de forma exhaustiva la diversidad de aspectos que afectan el funcionamiento del ser humano: deficiencias en funciones y estructuras corporales, dificultades para realizar actividades y participar en la sociedad y, barreras del entorno físico y social.

A pesar del reciente incremento del precio en el boleto de El Metro de 3 a 5 pesos, decretado en diciembre pasado, no se perciben obras de mejoría en la infraestructura, que en algunos casos tiene una antigüedad de más de 40 años. Los pisos y escaleras de mármol en algunas estaciones están tan desgastados que son muy peligrosos para los usuarios, sobre todo los de la tercera edad.

Sumado a ello sólo en cinco de 195 estaciones existen elevadores o rampas especiales para personas con algún tipo de discapacidad, ello a pesar de que en la Ciudad de México, de acuerdo al último censo del INEGI del año 2010, viven alrededor de 450 mil personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales el 40 por ciento tienen limitantes motrices.

El reciente caso de la Línea 12 de El Metro, que se encuentra en un impasse su funcionamiento en gran parte de sus estaciones ante la incompatibilidad de los trenes con la obra inaugurada hace poco más de un año, también evidenció severas fallas en la infraestructura escaleras eléctricas descompuestas, faltas de acceso a escaleras para discapacitados y ausencia de señalizaciones.

La Ciudad de México con su amplia red de estaciones de El Metro ha sido por muchos años un ejemplo mundial por su bajo costo a los usuarios, eficiencia y bajo nivel de accidentes. Eso no es logro de un partido o gobierno en particular. El Metro funciona y muy bien desde los años 70´s y la mayor parte se construyó en los 80´s y 90´s.

Pero con el crecimiento de la Ciudad de México aumentó también la demanda de mejores servicios y su adecuación para sectores como quienes tienen alguna discapacidad, así como para los adultos mayores.

Desplazarse por la ciudad de México es una odisea para una persona con discapacidad. Solo uno de cada siete autobuses cuenta con acceso universal y únicamente cinco estaciones de Metro - Indios Verdes, Centro Médico, Universidad, Tacubaya y Pantitlán- tienen la infraestructura adecuada para la gente en muletas o silla de ruedas.

Una ciudad de vanguardia, como se presume que debe ser la capital del país, no puede dejar al margen a la población con capacidades diferentes. Los 229.9 kilómetros de El Metro con sus 12 líneas y sus 195 estaciones no pueden ser terreno vedado o prohibido para quien utiliza silla de ruedas, muletas o bastón.

Es cierto, en la Ciudad de México cada vez hay más infraestructura -transporte, calles, parques, plazas- con accesibilidad para personas con discapacidad, pero este segmento–un 8.9 por ciento de la población, según el INEGI– todavía es víctima de discriminación.

Otro ejemplo de la forma en que esta infraestructura a favor de la población con alguna discapacidad se ha descuidado es lo que ocurre en la Línea B de El Metro. Entre 2011 y 2012 se construyeron ocho elevadores para la población con alguna discapacidad en las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Ecatepec y Villa de Aragón. Ello con costo de más de 23 millones de pesos. Sin embargo nunca se han puesto en operación.

Ello a pesar de que a esas estaciones llegan muchos usuarios en sillas de ruedas o con andaderas que son pacientes de la Clínica 92 del IMSS y del Hospital Fidel Velázquez. Estas personas tienen que esperar horas a que alguien los ayude a subir las escaleras cargando a ellos y sus sillas de ruedas.

Pareciera que se trata de opacar o minimizar las inversiones millonarias o las obras de gobiernos anteriores, paradójicamente aunque sean de su propio partido o signo político.

Desde el 2008 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) evidenció esta situación en un Informe especial de los derechos de las personas con discapacidad.

Este informe señala que el Distrito Federal tiene eslabones de accesibilidad aislados, es decir, adaptaciones que no son constantes ni integrales. Ejemplo de ello es que haya una rampa de un lado de la calle pero no del otro lado, o que algunas estaciones del metro tengan indicaciones en braille y otras no cuenten con ellas.

Este importante destacar que la Senadora María Cristina Díaz Salazar, presentó un punto de acuerdo similar desde el 31 de julio del 2013, donde también solicitaba se exhortara al Gobierno del Distrito Federal para que adecuara o diera mantenimiento a las instalaciones del Transporte Colectivo Metro, para que toda persona con discapacidad pueda hacer uso adecuado de este medio de transporte; dicha propuesta viene en sentido positivo al dictaminarse.

De acuerdo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se prevé obtener este año 2 mil 700 millones de pesos adicionales por el aumento en el pasaje del Metro, por lo que una parte de esos recursos deben etiquetarse para dicho fin.

Ante éste panorama nos permitimos presentar al Honorable Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a las autoridades del Sistema del Transporte Colectivo Metro a destinar parte de los recursos que están obteniendo por el reciente incremento al boleto en revisar, modernizar o en su caso construir la infraestructura necesaria en escaleras, pasamanos, barandales, instalación de lijas anti deslizantes, así como medidas de seguridad y personal capacitado para apoyar a la población con algún tipo de discapacidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Ernesto Gándara Camou”.





 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Presidente del Congreso de dicho estado, a incluir en los sistemas y programas educativos y deportivos estatales, a la Primera Escuela de Fútbol y Oficios, que se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO, PARA QUE INCLUYAN DENTRO DE LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS ESTATALES, A LA PRIMER ESCUELA DE FUTBOL Y OFICIOS, Y PARA QUE GESTIONEN ANTE EL GOBIERNO FEDERAL, SU INCLUSION EN EL PROXIMO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION QUE SEA DISCUTIDO Y APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS Y PUEDA SER INSTRUMENTADO A PARTIR DEL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.

“La suscrita, Senadora Marcela Guerra Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO, PARA QUE INCLUYAN DENTRO DE LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS ESTATALES, A LA PRIMER ESCUELA DE FUTBOL Y OFICIOS Y PARA QUE GESTIONEN ANTE EL GOBIERNO FEDERAL, SU INCLUSION EN EL PROXIMO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION QUE SEA DISCUTIDO Y APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS Y PUEDA SER INSTRUMENTADO A PARTIR DEL PROXIMO EJERCICIO FISCAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En la Sesión Ordinaria que tuvo lugar el 22 de octubre del año 2013, presente ante el Pleno de esta H. Cámara, la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la creación de Programas, Planes de Estudio y Centros de desarrollo de talento, habilidades, creatividad y capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mismo que fue turnado en la misma fecha a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen.

En dicha proposición la suscrita expuse de manera sucinta, la necesidad y los beneficios que generarían para el Estado de Nuevo León y para toda la Federación, la implementación de programas, sistemas e instituciones como el Centro de Alto Rendimiento para el desarrollo de Talentos de Nuevo León y la Primer Escuela de Fútbol y Oficios del Mundo.

En esta ocasión me referiré a esta última, y que lo es la Escuela de Futbol y Oficios que tiene como misión participar en el desarrollo del país, proveyendo a los niños y jóvenes de Nuevo León, y en su momento, a todos los mexicanos de educación y capacitación de excelencia en los oficios de mayor demanda en las industrias y además, asegurando su buen estado de salud física, mental y emocional a través de la promoción y la práctica constante y cotidiana del deporte del Fútbol como herramienta de integración, que les permita desarrollar aptitudes y actitudes para trabajar en equipo.

Dicha Escuela de Fútbol y Oficios, podría convertirse, si cuenta con los apoyos presupuestarios necesarios, en la mejor institución de educación, capacitación y entrenamiento de oficios y que destaca por su sistema único, ya que integra la teoría y la práctica propia de cada oficio con el ejercicio del Futbol como método para desarrollar en sus alumnos aptitudes y actitudes de trabajo en equipo, disciplina y valores universales.

No debemos pasar por alto, que el sistema educativo del país, debe contemplar áreas de oportunidad en sus planes de educación dirigidos a la capacitación y entrenamiento de jóvenes en diversos oficios demandados por empresas, industrias y mercado en general nacional y extranjero, pero desgraciadamente se ha minimizado la práctica del deporte como herramienta de desarrollo humano.

México necesita Instituciones que ofrezcan educación de excelencia en el nivel primaria, secundaria y nivel superior, que cuenten con instalaciones cómodas, modernas, equipadas con tecnología de vanguardia, y que brinden la integración del estudio y el deporte de manera gratuita, en caso de que dicho sistema se integre a los programas y planes educativos públicos o a un precio accesible si se tuviera que cobrar una colegiatura.

Es por ello que la Escuela de Futbol y Oficios podría ser una de las mejores opciones para educar, formar, capacitar y entrenar a los jóvenes en los oficios más demandados por las distintas empresas de la región desde el punto de vista nacional e internacional para integrarse al mercado comercial y de servicios global, y también brinda la oportunidad de ser emprendedores y convertirse en dueños de sus propios negocios, lo que conlleva un beneficio por que generaría fuentes de trabajo formales.

Dicha escuela tiene por objetivo proveer a los jóvenes de los conocimientos teórico-prácticos de los oficios más demandados por la industria y sociedad en general, lo que permitiría que al egresar se integren de manera global en la sociedad económicamente activa, de igual forma, fomenta en los jóvenes el gusto por la práctica del deporte en general y del futbol en lo particular, además de la práctica de buenos hábitos alimenticios, de estudio, descanso y recreación.

La Escuela de Futbol y Oficios se ha concebido como una institución que ofrece educación, formación, capacitación y entrenamiento de excelencia, además de que a mediano y largo plazo, generará profesionales que integren el deporte a su vida como parte integral para su desarrollo y como ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país.

De llegar a concretarse la implementación de esta Escuela de Futbol y Oficios, permitiría que los adolescentes y jóvenes de Nuevo León y del resto del país,tengan acceso a educación de excelencia, con maestros expertos en sus oficios, impartiendo teoría el 40 por ciento del tiempo y práctica en talleres el 60 por ciento restante, además de fomentar con el ejercicio del Futbol que podría incluir la impartición y adquisición de conocimientos de Directores Técnicos Titulados, para asimilar las actitudes de trabajo en equipo, la disciplina y otros valores universales buscados por el mercado, la industria y las empresas.

De igual forma, se puede incluir la participación en la Escuela de Fútbol y Oficios de diversas empresas e industrias a efecto de que se pudiera contar con una bolsa de trabajo que ofrezca empleos a los egresados, además de orientación en caso de que deseen emprender su propio negocio.

Asimismo, el presente proyecto, es coincidente con los principios y directrices contenidos en la Reforma Educativa planteada por la presente Administración y ya que no debemos pasar por alto que el sector educativo, demanda instituciones comprometidas con el desarrollo, la formación y la capacitación de jóvenes adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, para que egresen hombres y mujeres con vocación de servicio e integridad en el desempeño de sus oficios y como seres humanos.

No se tiene conocimiento de que exista en el país alguna institución educativa que ofrezca el mismo plan integral de estudios y desarrollo humano a través del Fútbol, ya que dicho proyecto integra el conocimiento, brinda capacitación y entrenamiento de excelencia para aprender los oficios más demandados por el mercado y el fomento de la salud y del desarrollo humano por medio del fútbol, la duración de estos estudios es de 18 meses a diferencia de los 24 o 36 meses que duran los estudios técnicos en otras escuelas.

Este proyecto abre la posibilidad de que se implemente en un sistema de estudio que pudiera contemplar el pago de dinero por parte de los padres de los adolescentes o jóvenes que quieran integrarse a este sistema, con precios muy por debajo de las colegiaturas que cobran las escuelas particulares y no se realizarían gastos en uniformes, ya que sólo se solicitaría de manera obligatoria para los alumnos, el uso de una camiseta de entrenamiento y una camiseta escolar, lo que permitiría que Familias con ingresos medios que tuvieran hijos adolescentes ojóvenes con secundaria terminada, pero que ya no continuaron sus estudios, o que no lograron ingresar a preparatoria, o la dejaron inconclusa por diversas razones, puedan acceder a educación y a capacitación para aprender oficios y volverse buenos jugadores de fútbol.

Pero para materializar este sistema, se necesitan recursos económicos para la construcción y/o renta de instalaciones (terreno, salones, talleres, oficinas, canchas, vestidores, baños, comedor, estacionamiento), así como para el equipamiento de mobiliario, maquinaria, computadoras, equipo deportivo, etc., cuya inversión se estima en cerca de $25 millones de pesos.

Es así, que el Profesor Jorge Alberto Hernández Herrera, creador del sistema que da pie a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios, ha desarrollado un proyecto que contempla todos los tipos de impacto, entre los que se incluyen el económico y el social, para posibilitar echar a andar este proyecto que sirve para cubrir en parte, la necesidad imperante de educación de calidad bajo un modelo educativo innovador, sustentado en los modelos humanistas, desarrollando la inteligencia emocional a través de la práctica del fútbol y la técnica de un oficio mediante la teoría y la práctica impartida en el aula.

La Escuela de Fútbol y Oficios tiene todo lo necesario para convertirse en una institución que brinde educación técnica-humana integral de la mejor calidad, egresando a personas con alto sentido de la integridad, el servicio y con calidez humana, que cubra la demanda de técnicos profesionales de la industria en general, por lo que se solicita el apoyo de las Autoridades Federales y Locales para clarificar y definir mejor este proyecto y para que sea beneficiado con los fondos federales y estatales para instituciones educativas, de tal forma que en el corto plazo se esté en aptitud de aperturar la matrícula de la 1er Escuela de Futbol y Oficios del Mundo y en un mediano plazo, replicar este modelo de institución en otros estados de la república mexicana.

Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, y al Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, a efecto de que implementen en dicho estado, la Primer Escuela de Fútbol y Oficios, ya que dicho proyecto representa la oportunidad de potenciar las habilidades, la creatividad y la capacidad intelectual y deportiva de los adolescentes y jóvenes del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. El Senado de la República con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, para que a través de la dependencia correspondiente, realice los estudios que resulten necesarios para determinar la factibilidad y viabilidad de integrar a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios, como parte de las acciones, programas, sistemas e instituciones educativas y deportivas estatales, y para que a la brevedad se realice una reunión de trabajo, con la participación del Profesor Jorge Alberto Hernández Herrera, creador del sistema que da pie a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios, para intercambiar ideas que enriquezcan, fortalezcan y amplíen la viabilidad del programa, toda vez que la aplicación de dicho sistema generará un beneficio social y servirá de medio para canalizar las destrezas de nuestros jóvenes Neoleoneses.

TERCERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz y al Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, a efecto de que gestionen ante el Gobierno Federal, la inclusión en el presupuesto de egresos que se remita a la Cámara de Diputados, la necesidad de dirigir y disponer recursos económicos al proyecto de la Primer Escuela de Fútbol y Oficios y el mismo pueda ser implementado a partir del próximo ejercicio fiscal, por los beneficios que representa para las futuras generaciones de Neoleoneses.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo”.





 

Del Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta a implementar medidas de manejo, para que las comunidades pesqueras del estado de Baja California Sur, tengan preferencia en la explotación de los recursos pesqueros de Bahía Magdalena, el cual se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.



Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron hoy en la mañana. La Mesa Directiva autorizó las ampliaciones de turno solicitadas por la Comisión de Justicia, para los siguientes asuntos:

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, presentado el 19 de marzo pasado.

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General Electoral y que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado el 26 de marzo, por lo que su turno queda en las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

De la misma forma, se dio cuenta con el informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictámenes sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas, el cual se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y contiene 39 movimientos.

Asimismo, la Mesa Directiva autorizó la ampliación de plazo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la presentación del dictamen de un asunto que se le ha turnado.

Son todos los asuntos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica los turnos y resoluciones que ha leído la Secretaría.





 

EXCITATIVAS

Compañeros Senadores, a petición de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, esta Presidencia emite atenta excitativa a la Comisión de Salud, para que presente los dictámenes correspondientes a los siguientes puntos de Acuerdo: El relativo al equipo de acelerador lineal tomógrafo computarizado para el Hospital de la Mujer, presentado el 9 de diciembre de 2013.

“Martha Palafox Gutiérrez
SENADORA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

México D: F: a 1 de Abril de 2014

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, solicito atentamente se formule una excitativa a la Comisión de Salud, para que se sirva dictaminar el siguiente Punto de Acuerdo:

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que requiera a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para que comparezcan e informen a la Comisión de Salud del Senado y expliquen las razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalaciones en el Hospital de la Mujer, presentado por la suscrita el 5 de diciembre de 2013 y turnado a la Comisión de Salud de este Senado el día 9 de diciembre del mismo año.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente”.





 

Exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, presentado el 20 de noviembre de 2013.

 “Martha Palafox Gutiérrez
SENADORA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

México D: F: a 1 de Abril de 2014

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA
PRESENTE.

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, solicito atentamente se formule una excitativa a la Comisión de Salud, para que se sirva dictaminar el siguiente Punto de Acuerdo:

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación y Auditoria general de la Secretaría, de su estructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, presentada el 12 de noviembre de 2013 y turnada a esa Comisión el día 20 de noviembre de dicho año.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente”.

Hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnaran a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO H) AL ARTICULO 27 Y SE REFORMA EL INCISO I) DEL ARTICULO 38 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)







 

PROPUESTAS

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implementar en los hospitales de segundo nivel del país centros de atención integral del paciente con diabetes. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL A IMPLEMENTAR DENTRO DE TODOS LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL PAIS LOS “CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE CON DIABETES”

“La suscrita Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 fracción 1 y 2 del Reglamento del Senadode la República, somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL A IMPLEMENTAR EN LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL PAIS “CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE CON DIABETES”, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) representan el 63 por ciento del número total de muertes anuales a nivel mundial, principalmente en los países de ingresos bajos y medios1, dentro de estas enfermedades se encuentra la Diabetes Mellitus (Diabetes Tipo II), comoenfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina; gradualmente afecta órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo (sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida) y a la inactividad física, tanto en adultos como en niños.

Cada 10 segundos se registran tres nuevos casos de diabetes en el mundo, lo que representa gran preocupación y reto para los sistemas de salud, pues se estima que para 2030 la cifra se elevará a 552 millones de enfermos.2

México lamentablemente enfrenta en materia de salud las consecuencias del elevado número de habitantes con sobrepeso y obesidad, mismas que son determinantes en el incremento de enfermedades crónicas y fallecimientos por estas causas, de donde se destaca la Diabetes Mellitus Tipo II que refleja en cifras alarmantes3

Cabe subrayar que en el país existen más de 10 millones de personas con diabetes; por lo que en 2012, la diabetes paso a ser la segunda causa de muerte entre la población4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) reporta que México tiene la tasa más alta de obesidad en adultos de los países que agrupa.5 Es por ello que la diabetes forma parte de los retos que el estado debe afrontar al ser constituida como una emergencia sanitaria.

Son cifras que no podemos pasar por alto, por ello es imperativo que el Estado dote a la población de mecanismos que contrarresten este problema y mejoren la calidad de vida y salud de los mexicanos.

Más aun cuando el Derecho a la Salud se consagra en el texto del párrafo tercero, artículo cuarto de nuestro máximo ordenamiento jurídico, y en igualdad de importancia los convenios y tratados internacionales firmados por México con la finalidad de respetar y proteger los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud.

Por lo anterior; es urgente trabajar para fortalecer uno de los pilares de la sociedad, como lo es la mejoría de su salud.

En la última década la Diabetes Mellitus se ha convertido en un problema de salud pública y es la primera causa de incapacidad prematura y muerte; además, de daños colaterales al afectar a los miembros de la familia y por el gasto de bolsillo; en la esfera del desarrollo económico por la disminución en la productividad así como de las recurrentes incapacidades laborables; y, un gasto excesivo en el sistema de salud mexicano.

Hablando de cifras nacionales:

México gasta 15 por ciento del presupuesto de salud en la diabetes, siendo el país que más porcentaje destina en el mundo. De cada 100 pesos que se gastan en la atención de esta enfermedad, 52 lo aportan los pacientes, 30 el IMSS, 11 la Secretaría de Salud y 7 el ISSSTE.6

Entre 2006 y 20127 cerca de 500 mil personas fallecieron por diabetes y de continuar así para el año 2018 se esperan alrededor de 800 mil.

Los costos entre 2000 y 20087pasaron de 35,500 millones de pesos a 67,000 millones de pesos. De continuar con esa tendencia, el gasto podría aumentar a más de 150,000 millones de pesos para el 2017.

Además, el costo indirecto estimado por pérdida de productividad derivada de muertes prematuras asociadas a la obesidad, fue de más de 25 mil millones de pesos en 2008, el cual tiene un crecimiento anual del 13.5 por ciento. En el caso de que no se solucione este problema con prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo puede alcanzar los 73 mil millones de pesos para el año 20177

En México, existen los recursos para la atención de la Diabetes Mellitus e independientemente de ello, se propone que en los hospitales de segundo nivel existan “Centros de atención integral del paciente con diabetes”, bajo las siguientes premisas:

1. Coordinación, articulación e integración delos servicios de diagnóstico, tratamiento, relaciones públicas y trabajo social que intervienen en la atención del paciente con Diabetes Mellitus Tipo II y de sus secuelas.

Propósito: atención integral colegiada y oportuna en el tratamiento del paciente a un tiempo.

Beneficio: mejoría del paciente a menor tiempo; menos ausencias laborales; disminución de desplazamientos y del gasto de bolsillo en la familia; regulación del gasto institucional.

2. Propiciar el enlace entre las unidades médicas de primer contacto con el hospital para el seguimiento de pacientes.

Propósito: seguimiento de pacientes a fin de evitar que abandonen el tratamiento; evitar las complicaciones y secuelas de la Diabetes Mellitus.

Beneficio: Disminución en la duplicidad de servicios que genera el abandono del tratamiento y regulación del gasto.

3. Promover la visión integral en la atención del paciente diabético como un problema de salud pública a partir de los esquemas de formación de los profesionales de la salud en los niveles técnico-universitario.

4. Es fundamental impulsar políticas públicas específicas para atender este problema de salud pública con la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno, involucrando al sector privado y social.

Sin duda, las acciones de prevención y detección son prioritarias para que niños y jóvenes no desarrollen esta enfermedad; así como la atención hospitalaria para limitar los daños orgánicos, laborales, económicos y principalmente para que la diabetes deje de ser una de las primeras causas de fallecimientos de alguno de los miembros de nuestras familias mexicanas.

CONSIDERACIONES

UNICO. En mérito de las necesidades de la población se propone implementar los “Centros de atención integral del paciente con diabetes” en los hospitales de segundo nivel del país para contrarrestar el ritmo elevado de ocurrencia de diabetes en la población, logrando con ello, la mejora en la calidad de vida de la población, el respeto a la dignidad humana y el desarrollo equilibrado del país.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a implementar dentro de todos los hospitales de segundo nivel del país los Unidad de Atención Integral al Paciente Diabético.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones correspondientes a fin de sancionar a quien resulte responsable del delito de fraude a Caminos y Puentes Federales. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y DERIVADO DE LAS DENUNCIAS E INVESTIGACIONES A PROBABLES FRAUDES REALIZADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES POR FUNCIONARIOS PUBLICOS, SE AMPLIE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE SANCIONAR A QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE, ASIMISMO QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA REALICE UNA AUDITORIA INTEGRAL DEL PERIODO 2006 A 2012, PARA DESLINDAR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION EN EL ORGANISMO.

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción II, VII y X Y 72 XII del reglamento del Senado de la República, pone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 18 de Febrero del presente año, Caminos y Puentes Federales, organismo de la Secretaría de Caminos y Transportes, dio a conocer por medio de un comunicado que presentó una denuncia de hechos, presuntamente constitutivos de delitos, ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte responsable.

Ante la denuncia de hechos presentada en el mes de septiembre del año pasado, el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos, autoridad competente para conocer de dicha denuncia, con número de expediente AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/57A/2013 ejerció acción penal el pasado 10 de febrero del presente año, dando a conocer que solicitó las órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero por una probable cantidad de más de 60 millones de pesos, así como por los delitos de delincuencia organizada que se practica al interior de la dependencia.

Como derivado de las diligencias practicadas para llevar a cabo las investigaciones bajo derecho por la denuncia, la PGR dio a conocer que como resultado se han girado 13 órdenes de aprehensión contra funcionarios, exfuncionarios y particulares; donde, hasta el momento solo se ha logrado la detención de cinco presunto culpables de los delitos señalados, dos de ellos aún en funciones dentro de Capufe.

Asimismo, los medios de comunicación han dado a conocer que estos actos de corrupción se dieron, según señala la averiguación previa radicada en la PGR, durante un periodo de cinco años.

De las mismas notas periodísticas se da a conocer que los exdirectores no figuran en la denuncia presentada por los abogados de Capufe, por ello la importancia de ampliar las investigaciones a fin de señalar a posibles responsables de los delitos de complicidad por fraude y asociación delictuosa.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que en el ámbito de sus atribuciones, y derivado de las denuncias e investigaciones a probables fraudes realizados a Caminos y Puentes Federales por funcionarios públicos, se amplié las investigaciones correspondientes a fin de vincular a posibles cómplices del delito de fraude.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública a que en el uso de sus facultades legales realice una auditoría integral del periodo 2006 a 2012, para deslindar presuntos actos de corrupción en el organismo de Caminos y Puentes Federales.

Dado en el salón de sesiones del Senado, a 3 de abril de 2014.

Atentamente”.





 

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Salvador López Brito, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Oscar Román Rosas González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ricardo Barroso Agramont y Sofío Ramírez Hernández, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a la realización de una sesión solemne para conmemorar el 125 aniversario del natalicio del ex presidente Abelardo L. Rodríguez. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA A LA REALIZACION DE UNA SESION SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 125 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL EX PRESIDENTE ABELARDO L. RODRIGUEZ

“Los suscritos, Senadores ERNESTO RUFFO APPEL, SALVADOR LOPEZ BRITO, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ,CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO Y RICARDO BARROSO AGRAMONT del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, todos integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA DE ESTA CAMARA, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PROPONGA A ESTE PLENO LA REALIZACION DE UNA SESION SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 125 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL EX PRESIDENTE ABELARDO L. RODRIGUEZ, ASI COMO A LA MESA DIRECTIVA A QUE AUTORICE LA REEDICION DE SU OBRA “AUTOBIOGRAFIA”. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Abelardo L. Rodríguez, ha sido sin duda, uno de los políticos más sobresalientes en la historia de nuestro país. Nació en San José de Guaymas, Sonora, el 12 de mayo de 1889. Proveniente de una familia humilde, Abelardo L. Rodríguez siempre se caracterizó por tener un espíritu de lucha y superación, ya que desde muy joven desempeñó diversos trabajos como ayudante industrial.

En 1913, ingresó como teniente de caballería al Ejército Constitucionalista, bajo las órdenes del general Alvaro Obregón. Debido a su brillante participación en diversas batallas, se hizo merecedor del título de teniente coronel, por lo cual, siete años más tarde fue galardonado y ascendido a general de brigadier.

Posteriormente, en 1921 fue nombrado Comandante militar del territorio Norte de Baja California, del que también fue gobernador de 1923 a 1929. Durante este periodo, Abelardo L. Rodríguez centró los ejes de su gobierno a la protección de la clase obrera, creando así un salario mínimo justo y la obligación de las industrias de emplear mayoritariamente a los mexicanos. Así mismo, propició la educación pública y protegió los sectores agrícolas e industriales.

Por su invaluable participación en la vida política mexicana, el 21 de enero de 1932 fue designado Secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Dentro de sus gestiones en dicho cargo, se encuentra la propuesta de creación de una empresa estatal dedicada a la explotación del Petróleo: PETROMEX, antecedente de lo que actualmente es PEMEX.

Al renunciar el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio a su cargo, el Congreso designó por votación unánime a Abelardo L. Rodríguez como presidente sustituto del periodo de 1932 a 1934. A pesar de sus escasos dos años de gobierno, éste se caracterizó por la creación de diversas instituciones que hoy en día se mantienen vigentes, como son la Comisión Federal de Electricidad, Banco Hipotecario y de Obras públicas, Nacional Financiera, Banco Mexicano de Occidente, entre otras. Dichas instituciones lograron consolidar un ideal, hasta ese momento inalcanzable, de generar y garantizar la estabilidad económica, jurídica y social de nuestro país.

Comprometido con la transformación política y democrática del Estado mexicano, el gobierno de Abelardo L. Rodríguez se caracterizó por llevar a cabo diferentes reformas a la Constitución en materia electoral. Fue así como se estableció la no reelección inmediata de todos los cargos públicos de elección popular y sobre todo, se ratificó la no reelección absoluta del Presidente de la República.

Mención especial merece el impulso al desarrollo pesquero logrado durante las diferentes gestiones políticas desempeñadas por Abelardo L. Rodríguez. Se decretó la ampliación de las fronteras litorales a 50 km, además hubo un desenvolvimiento de la industria pesquera, especialmente a lo que se refiere a empaque de productos. Se otorgaron contratos para pesca y cultivo que se traducirían en la inversión de una cantidad de $215,000.00 para diversas obras materiales más las de $ 2,000,000.00 ya invertida en Plantas Empacadoras.

Asimismo, se fijó por primera vez que los pescadores podrían organizarse en agrupaciones para mejorar sus condiciones sociales y económicas. Dichas organizaciones gozarían de una protección directa del Estado, al crearse en 1933 Ley General de Sociedades Cooperativas. Cabe destacar que la creación de esta ley propició el fortalecimiento de dichas organizaciones, por lo que hoy en día se creó la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera S.C de R.L (CONACOOP) con objetivo de promover, implementar, coordinar y vigilar los programas de trabajo de las Federaciones Regionales de Cooperativas Pesqueras. Estas Federaciones asocian 2,685 Cooperativas, conformadas por 180 mil pescadores, representando el 52 por ciento de la población económicamente activa de este sector.

Es por ello que a lo largo de estos años, los pescadores han podido superar diversas crisis económicas, biológicas y climáticas que han afectado a este sector. No debemos pasar por alto el reconocimiento que merece la pesca como una actividad extractiva generadora de riqueza, empleo y bienestar para la población mexicana.

Posteriormente a su ejercicio bianual al frente de la Presidencia de la República, en 1943 fue elegido como gobernador de Sonora, cargo en el cual también destacó, abocándose a temas educativos, resultado de lo cual fundó la Universidad de dicho Estado.

Su salida de los asuntos públicos se registró en el año 1948, cuando renunció a la Gubernatura de Sonora, por cuestiones de salud.

Testimonio de todas y cada una de las acciones de gobierno que hizo, quedaron registradas en la obra “Autobiografía”, de su propia autoría, que fue editada en 1962 por la Editorial Castillo, con un pequeño tiraje de ejemplares, misma que merece ser retomada por esta Cámara de Senadores, para dar difusión entre las nuevas generaciones, sobre las aportaciones que este mexicano ejemplar, hizo al sistema gubernamental de nuestro país.

Por todas las aportaciones que hizo el ex Presidente Abelardo Rodríguez al Gobierno de Baja California, al de Sonora y al país en general, a 125 años de su natalicio, de manera adicional a la reedición de su Autobiografía, solicitamos la celebración de una sesión solemne para honrar y exaltar su memoria.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política, tenga a bien someter a consideración del pleno de esta soberanía, la celebración de una sesión solemne, con el objeto de honrar y exaltar la memoria de Abelardo L. Rodríguez, como uno de los políticos más sobresalientes de nuestro país.

SEGUNDO.- Se solicita a la Mesa Directiva de esta Cámara que autorice la reedición del libro “Autobiografía” escrito por el ex Presidente Abelardo L. Rodríguez, como un homenaje a su memoria.

Sen. Ernesto Ruffo Appel”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes sobre las irregularidades en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de que se apliquen las penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO CARRETERO DURANGO-MAZATLAN DURANTE EL AÑO 2012, A FIN DE SE APLIQUEN LAS PENAS Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES.

“Los integrantes del Grupo Parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO CARRETERO DURANGO-MAZATLAN DURANTE EL AÑO 2012, A FIN DE SE APLIQUEN LAS PENAS Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La infraestructura del transporte es crucial para el crecimiento económico, la competitividad y la integración social de nuestro país. Por lo anterior es importante ampliar y mejorar la cobertura de las autopistas de nuestro país, pues además de reducir los tiempos de recorrido, también brindan mayor seguridad y comodidad a los usuarios, todo en beneficio del bienestar social.

De la misma manera, es importante que en la construcción, ampliación y mejoramiento de las carreteras ya existentes, los recursos destinados sean utilizados de manera responsable y con total transparencia, teniendo como interés supremo el bienestar de la población mexicana.

A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública es la encargada de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sancionando a los que incurren en la comisión de irregularidades. Para el ejercicio de sus funciones, entre otras, lleva a cabo las siguientes acciones:

• Promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.

• Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.

• Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.

La Auditoría Superior de la Federación es la instancia de fiscalización de los recursos de la Cuenta Pública de la Federación, en este marco el pasado 20 de febrero de 2014 presentó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 la cual tiene como objetivo analizar la forma en que se ejercieron los recursos federales durante ese periodo de tiempo.

Por lo que respecta al sector carretero, la Auditoria Superior de la Federación hizo público el sobrecosto de la construcción de autopistas en 2012, destacando lo relativo al dictamen de fiscalización del gasto en la autopista Durango-Mazatlán, el cual fue calificado como negativo al presentar 45 observaciones e incurriendo en la generación de sobrecostos del 30 por ciento de lo invertido.

Hasta el momento, de las 45 observaciones sólo 1 ha sido solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 44 restantes generaron: 1 Recomendación, 15 Solicitudes de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 26 Pliegos de Observaciones.

El proyecto referido consistió en la construcción de una autopista de cuota de altas especificaciones con dos carriles de circulación de 12 metros de ancho en una longitud de 222 km y cuatro carriles en una longitud de 8 km, con 61 túneles y 43 puentes, incluyendo el puente Baluarte con una extensión de 1,124 metros y una altura de 390 metros.

El periodo de ejecución original del proyecto fue de 2002 a 2010 y su fecha de conclusión se modificó a 2013, con un monto de inversión original de 8,889.9 millones de pesos, el cual fue modificado a 22,100.2 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2012, se habían ejercido 23,385 millones de pesos. La autopista se puso en operación en octubre de 2013.

En su informe, la entidad fiscalizadora precisó que en el proyecto no se evaluó correctamente el costo por financiamiento presentado en la propuesta del contrato de iluminación y no se autorizaron los precios unitarios extraordinarios dentro del plazo establecido por la ley.

Después del análisis, se determinaron observaciones por un importe de 1,616 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errónea integración de precios unitarios extraordinarios, incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos, falta de ajuste del costo del financiamiento por los anticipos concedidos y por la variación de la tasa de interés, así como por intereses de pagos anticipados.

La Auditoría Superior de la Federación señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto la Dirección General de Carreteras y de los Centros SCT Durango y Sinaloa, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes:

• 479,359.7 miles de pesos por diferencias de volúmenes.

• 1, 112,403.1 miles de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios.

• 16,159.2 miles de pesos por el incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos.

• 4,672.7 miles de pesos debido a que en el costo por financiamiento no se consideraron los anticipos otorgados, ni la variación de la tasa de interés promedio mensual.

• 963.7 miles de pesos por sanciones a trabajos de mala calidad.

• 2,394.5 por concepto de intereses de obra pagada no ejecutada.

Asimismo, la Auditoria Superior de la Federación detectó 26 posibles daños a la Hacienda Pública Federal por montos que van desde un par de cientos de miles hasta cientos de millones de pesos. Entre los probables daños a la Hacienda Pública Federal, destacan los siguientes:

• El Pliego 12-0-09100-04-0067-06-012, en el que se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $354,550,756.92 (trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil setecientos cincuenta y seis pesos 92/100 M.N.).

• El Pliego 12-0-09100-04-0067-06-020, en el que se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $271,131,481.36 (doscientos setenta y un millones ciento treinta y un mil cuatrocientos ochenta y un pesos 36/100 M.N.).

• El Pliego 12-0-09100-04-0067-06-019, en el que se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $242,655,607.19 (doscientos cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos siete pesos 19/100 M.N.).

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo cual consideramos fundamental que las irregularidades que generaron el sobrecosto en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante 2012, sean investigadas para que los responsables de dichos ilícitos no queden en la impunidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones conducentes sobre las irregularidades en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de se apliquen las penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 3 de abril de 2014”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera conjunta, instrumenten un programa para regularizar el abasto y evitar la volatilidad del precio del limón en el país. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y A LA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA INSTRUMENTEN UN PROGRAMA PARA REGULARIZAR EL ABASTO Y EVITAR LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DEL LIMON EN EL PAIS

“Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del Senado la presente proposición con Punto de Acuerdo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A nivel mundial México es el principal productor de limón con más de 86,000 hectáreas plantadas y un volumen de producción superior a 1 millón 121 mil toneladas. De acuerdo a la superficie, le siguen en importancia la India y Perú con 30,000 y 17,500 hectáreas respectivamente. Los principales estados productores son Colima, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Yucatán localizados en las costas mexicanas.

En México se producen principalmente a dos variedades: limón persa o sin semilla, y el limón mexicano con semilla, el primero contribuye al 30 por ciento de la producción total, mientras que el segundo representa el 70 por ciento.

La importancia de los dos tipos de limón, que se producen en el país, es sobre todo por la complementariedad con que participan en el mercado. Ya que el limón persa es destinado principalmente para la exportación, mientras que el limón mexicano es el principal abastecedor del consumo doméstico.

Se considera que el limón producido en México tiene ventaja comparativa con respecto al resto del mundo, esto hace que nuestro país sea uno de los principales productores en este mercado. De igual manera, la producción del limón representa una fuente considerable de ingresos para los agricultores mexicanos.

En el caso del consumo, México ha mostrado constancia en los últimos años. Se ha podido observar que a partir de los noventa los niveles de consumo de limón se han mantenido constantes.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) entre 2003 y 2011 el consumo per cápita de limón en nuestro país fue de 17.63 kilogramos en promedio, teniendo un consumo máximo de 20.05 kg/habitante en 2008 y 16.3 kg/habitante en 2010.

Asimismo la SAGARPA señala que de la cadena productiva del Limón Mexicano dependen más de 25 mil familias en todo el país, y están involucrados proveedores de insumo y prestadores de servicio, productores y trabajadores involucrados en los procesos productivos de sanidad y certificación, operadores de las empresas empacadoras, agroindustria, transporte, comercializadores e investigadores, por lo que esta actividad impacta en los diferentes sectores de la economía.

La Universidad de Colima destaca que el valor de la cadena limón es de importancia estratégica para nuestro país, por su capacidad generadora de empleo y divisas, constituyéndose también en factor de desarrollo de las regiones tropicales, en las cuales se concentra una gran proporción de la población que vive en condiciones de pobreza.

En el año 2012 el INEGI señaló que el precio promedio del grupo que incluye limón mexicano y limón persa a granel durante el periodo enero agosto de 2012 se ubicó en 9.2 pesos por kilogramo en la zona metropolitana de la ciudad de México y en 9.0 pesos por kilogramo en la ciudad de Guadalajara. En la primera de estas ciudades la tasa media mensual de crecimiento (TMC) del grupo de limones fue de -3.3 por ciento y de -0.7 por ciento en la segunda.

En el periodo de referencia el precio promedio del limón agrio a granel registró tasas de crecimiento mensual negativas (TMC) en las tres ciudades más grandes del país: Ciudad de México -2.6 por ciento, Guadalajara -3.8 por ciento y Monterrey 4.9 por ciento. El precio promedio del limón persa a granel en la ciudad de México mostró una TMC de 4.6 por ciento y en Guadalajara de 3 por ciento.

Con lo señalado anteriormente, lo que hoy preocupa es el alto precio del cítrico, toda vez que en centros comerciales, mercados populares y centrales de abasto de algunas ciudades de la República Mexicana, el kilogramo del limón se ha elevado a más de 50 pesos. La PROFECO en su revista "Quien es quien en los precios", detalla que el kilogramo de limón se ubicó en los centros comerciales hasta en 45.86 pesos.

Es importante señalar que el 18 de marzo del presente año, la SAGARPA emitió comunicado donde señala que se reunieron con representantes de productores de limón y analizaron los factores por los cuales se han alterado los precios del cítrico, destacando la alta intermediación en la cadena productiva. Asimismo, se mencionó que otros factores que influyen en el comportamiento del precio del limón mexicano son:

a) La estacionalidad. Cada año se da una ventana natural de menor producción de limón entre los meses de diciembre y marzo.

b) Afectación por lluvias tardías. Los productores de los principales estados reportaron lluvias en sus huertas en los meses de noviembre y diciembre, lo que tiene repercusiones en la floración y caída de frutos. El retraso en la maduración ha provocado que se postergue la disponibilidad del producto.

c) Fitosanidad. Las lluvias tardías generan, entre otros efectos, la plaga conocida como antracnosis, la cual reduce temporalmente el rendimiento de la producción.

d) Plaga Huanglongbing (HLB), enfermedad que ataca a los cítricos y que está siendo atendida desde hace más de cinco años con actividades de control, fortalecimiento de laboratorios de diagnóstico, paquetes tecnológicos, capacitación, investigación y certificación de viveros, entre otras acciones, lo anterior es con la finalidad de que en el corto, mediano y largo plazos se eviten mayores daños a la citricultura nacional.

Ahora bien, es importante que se considere que la producción y el comercio del limón con la Unión Europea es fundamental para los productores mexicanos, ya que productores nacionales tienen acceso a los países europeos,considerando que cuentan con la competencia de producción de limón amarillo de España e Italia.

Es por ello que se debe tener en consideración que los productores de limón se podrían ver afectados de manera significativa con la especulación de los precios del limón. Esto se debea que al subir los precios los mercados extranjeros preferirán comprar en un mercado más cercano; en éste caso en el Europeo.

En este escenario es oportuno destacar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Economía coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de proteger y beneficiar a la ciudadanía mexicana, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO.

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones garanticen la adecuada distribución y comercialización del limón y de esta forma se evite la volatilidad del precio de este cítrico.

Dado en el Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Atentamente”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación al sistema penitenciario de la ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS O A INSTRUMENTAR, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RELACION AL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Los que suscriben Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la proposición con punto Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del distrito federal, para que presente a esta Soberanía un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendacionesemitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación al sistema penitenciario de la ciudad de México, en razón de las siguientes:

Consideraciones

La iniciativa Mérida es un programa de cooperación que reconoce responsabilidades compartidas en temas prioritarios para México y Estados Unidos, destaca la certificación al Sistema Penitenciario nacional bajo estándares internacionales por la Asociación Americana de Prisiones (ACA) fundada en 1980 con el objeto de mejorar el sistema de justicia.

La Certificación por parte de la ACA consiste en acreditar 138 estándares internacionales, 39 de ellos obligatorios, enmarcados en siete rubros: seguridad; orden; protección; necesidades básicas, programas de reinserción y actividades, administración; gestión de forma profesional y responsable. Para los estándares no obligatorios, el centro penitenciario deberá presentar un plan de acción con estrategias definidas para su cumplimiento. En caso de buscar una reacreditación deberá cumplir con el 95 por ciento de los requerimientos no obligatorios, asimismo evidencias de su cumplimiento durante el periodo de acreditación.

En el año 2012, los penales federales de Occidente en Jalisco, Altiplano en el Estado de México, el Rincón en Nayarit y el de Noroeste en Tamaulipas, fueron certificados al cumplir con los requisitos establecidos. Y en el 2013 lo hicieron los del (Noreste en Durango; Norponiente en Sinaloa; el de Oriente en Veracruz y el de Huimanguillo en Tabasco) y cinco estatales.

En este año, el Gobierno del Distrito Federal ha hecho público su interés para incorporarse en estos programas de certificación internacional, que le dé el respaldo para ser modelo a nivel federal e internacional.

Sin embargo, del 2005 a la fecha la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ha emitido diversas recomendaciones al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, sin que ninguna se haya concluido hasta el momento, y las cuales son:

• Recomendación 8/2005, sujeta a seguimiento por la restricción, negativa u obstaculización de atención médica y al derecho a la salud, en agravio a internas del centro femenil de readaptación social Santa Martha Acatitla. En el que se violaron los derechos de las personas privadas de su libertad a garantizar el bienestar físico, a proporcionar atención médica, atención ginecológica periódica y a atención médica pediátrica, así como el derecho a la salud y a tener atención medica integral de calidad, asegurar asistencia médica y sanitaria y a tener la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

• La recomendación 12/2008, identifica desprotección de las niñas y niños que viven con sus madres en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, por lo que se violaron los el derecho a la vida, madres privadas de libertad y sus hijos e hijas, derecho a la seguridad jurídica e información etc.

• Recomendación 19/2009, por tratos crueles o tortura por el Grupo Táctico Tiburón, personal de Seguridad y Custodia a internas e internos adultos y adolecentes de los Centros de Reclusión del Distrito Federal, acontecimientos que propiciaron las violación de los derechos a la integridad personal, de las personas privadas de su libertad y de la Niñez.

• En el mismo sentido la recomendación 04/2010, identificó violencia institucionalizada de género, es decir, hostigamiento sexual y trata de internas en el sistema penitenciario del Distrito Federal, actos que derivaron en la violación de derechos fundamentales como el de una vida libre de violencia, de las personas privadas de la libertad por la abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física, así como al debido proceso por el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa y al derecho a la seguridad jurídica.

• En esta relación de recomendaciones realizadas al Gobierno del Distrito Federal, también se encuentra la 07/2011 por violaciones a los derechos de las mujeres privadas de su libertad,de disfrute del más alto nivel posible de salud, así como el derecho a la vida, y a una vida libre de violencia. Todo ello en agravio de una interna del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

• Finalmente se encuentra la recomendación 06/2012, por falta de protección a su integridad psicológica y exposición ante los medios de comunicación de una interna del Cefereso, por lo que se violaron los derechos a la honra y dignidad, de las personas privadas de libertad, así como el derecho de las personas privadas de libertad, al debido proceso y a la salud.

Ante la poca atención por parte de las autoridades del Distrito Federal por cumplir estas recomendaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), instrumentará una supervisión permanente en los penales observados, con el objeto de hacer valer las garantías de los internos. Aunado a esto, se deben atender problemas de sobrepoblación, maltrato y corrupción, hechos públicos por distintos medios de comunicación en las últimas semanas.

Si bien es cierto, es importante que el Sistema Penitenciario del Distrito Federal cuente con la certificación de la ACA, antes es fundamental que sea un verdadero garante de los Derechos Humanos en estas instalaciones.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de garantizar el respeto de los hechos humanos de las personas que se encuentran en recluidas en el Sistema Penitenciario del Distrito Federal, acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que presente a esta Soberanía un informe detallado de las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que presente a esta Soberanía, un informe pormenorizado de las acciones implementadas o a instrumentar, con la finalidad de incorporar al Sistema Penitenciario del Distrito Federal al programa de certificación de la Asociación Americana de Prisiones (ACA).

Dado en el recinto del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Atentamente”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, información y atención físico-psicológico pertinentes, ante el aumento del número de casos de embarazos en adolescentes que se han presentado en el territorio nacional. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCION, INFORMACION Y ATENCION FISICO-PSICOLOGICO PERTINENTES, ANTE EL AUMENTO DEL NUMERO DE CASOS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

Los que suscriben Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCION, INFORMACION Y ATENCION FISICO-PSICOLOGICO PERTINENTES, ANTE EL AUMENTO DEL NUMERO DE CASOS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN EL TERRITORIO NACIONAL, en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años ha incrementado el número de incidencia de embarazos en adolescentes, lo cual representa por sus impactos económicos y sociales un problema de salud pública, pero a la vez se constituye como área de oportunidad para que las instituciones del gobierno, instrumenten las acciones necesarias con la finalidad de disminuir esta tendencia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia se presenta de los 10 a los 19 años de edad, esto con base en los comportamientos de morbilidad y mortalidad. Sin embargo para fines operantes se ha dividido esta etapa de la vida en adolescencia temprana de 10 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años, en este periodo se da un crecimiento corporal, aumento de la masa muscular, desarrollo sexual y aspectos psicosociales, es decir, cambios puberales, psicológicas y biológicos.

De acuerdo con el estudio “Maternidad en la niñez, enfrentar el reto del embarazo en adolescentes” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el mundo 20 mil adolescentes dan a luz todos los días y 70 mil pierden la vida al año por complicaciones en el embarazo y parto.

Esta situación se vuelve problemática debido al gran número de casos que se han dado en todo el territorio nacional, ya que según el Instituto Nacional de Perinatología el 26 por ciento o 1 de cada 4 de los embarazos en el país son de adolescentes.

Sólo el año pasado, el estudio “Maternidad en la Niñez del Fondo de Población de Naciones Unidas” arrojó que de los estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México contaba con la tasa de natalidad más alta con 64.2 de cada 1 mil nacimientos.

Según el informe, la causa más importante es la aceptación del matrimonio infantil en algunas comunidades, que se traduce en presiones sociales por parte de amigos, familiares e incluso de los padres mismos a procrear a una edad temprana. A estos factores deben sumarse que en nuestro país se han implementado malas políticas de prevención y nulas políticas de salud por parte del gobierno entre el 2000 y 2012, debido a que se limitaron a la abstinencia.

Lo anterior llevó a una falta de información generalizada, pocos canales de información familiar, carencia de servicios y deficientes mecanismos de acceso de salud. Esta desinformación en relación al uso de métodos anticonceptivos queda evidenciada en la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut)”, debido a que 33 por ciento de las mujeres y 15 por ciento de los varones entrevistados declaró no haber utilizado ningún método; de las mujeres entrevistadas el 51.1 por ciento mencionó haber estado embarazada alguna vez y el 61.5 por ciento que su pareja usó condón.

En el mismo sentido, la “Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012”, de un muestreo estadístico a más de 5 mil jóvenes de toda la república obtuvo los siguientes resultados:

• 57.7 por ciento declaró haber sostenido relaciones sexuales alguna vez.

• 70 por ciento de los jóvenes entrevistados, dijo haber tenido su primera relación sexual entre los 15 y 19 años.

• 32.4 por ciento mencionó no utilizar algún método anticonceptivo, de los cuales el 39.5 por ciento informó no utilizarlos porque no le gusta.

Los embarazos de éste sector poblacional, están marcados por los múltiples riesgos que giran en torno a la madre adolescente, por la alta posibilidad de presentar complicaciones debido a que su cuerpo todavía está en proceso de formación, como generar anemia o preclampsia, así como prematuridad con bajo peso del producto al nacer, o bien, problemas psicológicos que van desde la reacción depresiva hasta el suicidio y obstáculos sociales como escazas oportunidades para su escolarización e inserción laboral.

Expertos en la materia concluyen que esta situación debe ser tratada de manera multidisciplinaria, debido a su complejidad, ya que además de afectar la vida social, laboral y educativa, también, de no ser atendida adecuadamente puede derivar en complicaciones fatales para la madre e hijo.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Soberanía, estamos preocupados por dotar de los elementos necesarios para el pleno desarrollo de las y los adolescentes de México, por lo que consideramos elemental garantizar la información necesaria y pertinente, así como el tratamiento físico-psicológico adecuado para apoyar a las madres adolescentes.

Esta situación debe ser atendida desde una perspectiva de derechos humanos, cumpliendo con los tratados internacionales e instrumentos jurídicos en la materia, pero más importante aún, procurando que las adolescentes desarrollen todo su potencial, para así promover mejores niveles de calidad de vida entra la población.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de atender un problema de salud pública y con el objetivo de impulsar una sexualidad responsable e informada, que permita a los adolescentes tomar conciencia del uso adecuado de los métodos anticonceptivos y evitar embarazos no deseados, acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las Dependencias del Sector Salud de las Entidades Federativas, para que fortalezcan las acciones de prevención, información y atención físico-psicológico pertinentes, ante el aumento del número de casos de embarazos en adolescentes que se han presentado en el territorio nacional.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Atentamente”.





 

Del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de información, ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas durante la temporada de calor. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, PARA QUE EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SECTOR, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y FOMENTO SANITARIO, ASI COMO LAS CAMPAÑAS DE INFORMACION, ANTE EL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMATOLOGICAS DURANTE LA TEMPORADA DE CALOR.

“Los que suscriben Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en razón de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Durante los meses de calor que comprende de marzo a septiembre, aumentan las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades producidas por la exposición excesiva al calor como insolación y los golpes de calor.

Debido al aumento en la temperatura, los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareos, así como sensación de boca seca, ojos hundidos y somnolencia, en el peor escenario el peor escenario las personas pueden enfermar de cólera, salmonela, hepatitis, diarrea y parasitosis.

De acuerdo a la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, en el año 2013 se presentaron 1 millón 114 mil 412 personas enfermas en todo el territorio nacional, en lo que va del 2014 se han presentado 839 mil 978 casos de enfermedades infecciosas intestinales, de los cuales 102 mil 434 fueron durante la semana del 9 al 15 de marzo.

Anteriormente estos padecimientos ya habían afectado a la población, durante las últimas décadas se han manifestado de la siguiente manera:

• En el año 2000, ocurrieron más de 1.35 eventos de diarrea por habitante.

• De las enfermedades gastrointestinales en el 2001 ocupaban el lugar 14 dentro de las causas de fallecimiento.

• 4 mil 556 decesos por infecciones intestinales se reportaron en el año 2003.

• Fueron necesarias más de 2 millones 188 consultas en el 2008, para atender a las personas enfermas.

• En el 2013, el estado de Guadalajara presentó aumentos de hasta el 80 por ciento en relación a las personas que acuden al médico por un malestar relacionado con alguna enfermedad gastrointestinal.

Dos ejemplos claros de estas enfermedades son la Diarrea y el Cólera, en este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que en el mundo se dan cada año más de 1 mil 700 millones de casos diarreicos, siendo un problema de salud pública por los gastos que representa para el Estado y las familias de los enfermos.

El propio organismo enfatiza en que debido a que se trata de una infección que se trasmite vía oral o por el consumo de agua y alimentos contaminados todas las personas somos propensas a enfermarnos, empero es preciso señalar que los niños menores de 5 años y personas de la tercera edad son los que más adolecen esta situación.

Para dimensionar la problemática, sólo en la población menor a 5 años, estos padecimientos constituyen una de las principales causas de la morbilidad, hasta con el 10 por ciento de las hospitalizaciones pediátricas según el Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Infecciosas Intestinales de la Secretaría de Salud.

Por su parte, el cólera en el año 1995 alcanzó los 16 mil 430 casos y lamentablemente 142 personas perdieron la vida, por lo que ha representado un problema de salud pública permanente.

Estas enfermedades son prevenibles y tratables, por ello para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es prioridad redoblar los esfuerzos encaminados a instrumentar las campañas de información y concientización en relación a este tema.

Para los legisladores del PRI, esto sólo es posible a través de materiales educativos accesibles que incluyan recomendaciones como son: evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, ingerir constantemente líquidos, utilizar ropa fresca y mantenerse en lugares frescos, así como consumir alimentos bien cocidos para evitar padecimientos diarreicas, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño.

Por lo que es fundamental que la Secretaría de Salud y sus homologas en los Estados de la República, instrumenten diversas acciones para robustecer las campañas de vacunación y las medidas sanitarias para evitar más contagios. Estamos conscientes que las condiciones climatológicas actuales provocan el aumento de casos, de ahí la importancia de establecer de manera coordinada y oportuna entre los tres órdenes de gobierno acciones de detección temprana, atención oportuna y tratamientos efectivos.

Igual de importante, es la vigilancia y monitoreo en establecimientos mercantiles donde se comercializan alimentos, con la finalidad de garantizar el buen estado de los productos y así evitar intoxicaciones.

Aunado a estas acciones, es imprescindible informar permanentemente a la población a través de los medios de comunicación, de las acciones de vigilancia y atención que las dependencias de gobierno en coordinación con el sector social instrumentan, para garantizar el derecho constitucional a la salud, con énfasis en los meses de abril y hasta octubre, que son los meses en el que el calor aumenta en el territorio nacional.

Las acciones instrumentadas durante la presente administración han sido las adecuadas, sin embargo, estamos convencidos de que es necesario fortalecerlas. Por lo anteriormente expuesto, a fin de prevenir, informar, concientizar y atender coordinadamente el aumento de casos de malestares relacionados al aumento de calor acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las dependencias de las Entidades Federativas del sector, fortalezcan las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de información, ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas durante la temporada de calor.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 3 de abril de 2014.

Atentamente”.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a informar sobre la situación del trastorno del espectro autista en México e implementar acciones en favor de las personas con este padecimiento. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y EDUCACION DEL GOBIERNO FEDERAL SOBRE LA SITUACION DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN MEXICO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON ESTE PADECIMIENTO.

“El que suscribe, Dr.Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8, numeral 1, fracción II; el Artículo 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y EDUCACION DEL GOBIERNO FEDERAL SOBRE LA SITUACION DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN MEXICO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON ESTE PADECIMIENTO; al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece en el artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

2. México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, mismos que se ratificaron el 17 de diciembre de ese año.

Dicho instrumento, pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Entre sus principios generales estipula la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; así como la igualdad de oportunidades, destacando su derecho a la educación, la salud y el trabajo.

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con la finalidad de resaltar la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

4. La Organización Mundial de Salud, en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), cataloga los Trastornos Generalizados del Desarrollo como el “… conjunto de trastornos caracterizado por deterioros cualitativos de las interacciones sociales recíprocas y de los modos de comunicación, como también por la restricción del repertorio de intereses y de actividades que se aprecia estereotipado y repetitivo. Estas anormalidades cualitativas constituyen un rasgo que afecta el funcionamiento de la persona en todas las situaciones”.

Dentro de estos trastornos se incluyen el Autismo en la niñez; Autismo atípico; Síndrome de Rett; Trastorno desintegrativo de la niñez; Trastorno hiperactivo asociado con retraso mental y movimientos estereotipados; Síndrome de Asperger; otros trastornos generalizados del desarrollo, y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

Por su parte, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV TR) de la Asociación Psiquiátrica Americana,también están catalogados como Trastornos Generalizados del Desarrollo e incluye el Trastorno autista; Trastorno de Rett; Trastorno desintegrativo infantil; Trastorno de Asperger, y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.

En México, la Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de Salud Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autista, basándose en las clasificaciones internacionales, establece que estos trastornos son un “…conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo con manifestaciones preferentemente cognitivas y comportamentales que ocasionan notables limitaciones en la autonomía personal (…) Se definen por la presencia de alteraciones en la interacción social y la comunicación, una importante restricción en el repertorio de intereses, actividades y conductas y la comunicación”.

5. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el desconocimiento de las características del trastorno y cómo hacerles frente, ha generado una estigmatización de las personas con autismo y mitos como aquellos en los que se les ve como personas que no les interesa convivir, no tienen emociones, viven apartados completamente o en su mundo. Pero no es así.

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que afecta la forma en la que una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y las relaciones sociales; dificulta su comprensión, el uso del lenguaje, la imaginación y el juego.

6. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños padece TEA y su incidencia se incrementa 17 por ciento cada año, afectando 4 veces más a hombres que mujeres.

La Secretaria de Salud afirma que en México no se cuenta con datos de prevalencia basados en investigación epidemiológica, pero que los TEA son una de las cinco primeras causas de demanda de atención clínica en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”.

En 2007, la Sociedad de Autismo de América (Autism Society of America), reportó que en México existían 150 mil personas con este padecimiento y se estima que hay unos 40 mil niños que viven con TEA.

Por su parte, estudios realizados por la Clínica Mexicana de Autismo, al año 2013, estima que la prevalencia del autismo en México es de1en 300 niños, por lo que se puede hablar de cuando menos115milniñoscon Autismo en México y el riesgo de que cada añonazcan6,200 niños con este trastorno1.

Estos datos nos hablan de un problema tan frecuente como el cáncer infantil, la diabetes y el VIH/SIDA, de cuya magnitud no tenemos certeza, por lo que se deben reforzar las políticas de salud y educación mediante estrategias que den respuesta a las necesidades de miles de familias que requieren servicios especializados para la atención de las personas con TEA.

7. De acuerdo con datos de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo A. C. (CLIMA, A.C.), el 40 por ciento de los niños que reciben terapias oportunas y efectivas logran incluirse con éxito a la educación regular, siempre que se les proporcionen los apoyos necesarios.

Es por ello que, el diagnóstico temprano y el tratamiento intensivo durante los años preescolares generan un mejor pronóstico para la mayoría de los pacientes. Desafortunadamente, hay estudios que revelan que el promedio de edad al momento del diagnóstico es de 6 años, con lo cual se pierde tiempo valioso para mejores resultados de la terapia psicopedagógica.

8. La Secretaría de Salud señala que, aun cuando estos trastornos son crónicos, está demostrado que con una adecuada atención médica y psicoeducativa se consiguen resultados que permiten una mejora en la funcionalidad social del individuo, abriéndose la posibilidad de su inclusión educativa, social y cultural.

Reconoce que muchos niños con Trastornos del Espectro Autista “pueden alcanzar niveles de funcionalidad e independencia elevados, en función no sólo de sus propias características o gravedad de los trastornos (C.I. bajo o normal, existencia o ausencia de lenguaje funcional), sino también en función de los apoyos, tanto al niño como a la familia, recibidos desde etapas tempranas”.

El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) indica que el tratamiento de los trastornos generalizados del desarrollo es integral y multidisciplinario. En general, se emplean medicamentos antipsicóticos y sus coadyuvantes así como tratamientos psicosociales (psicoeducación y psicoterapia cognitivo-conductual, ambiental).

La intervención incluye consultas de evaluación diagnóstica, consultas de control, control farmacológico y los tratamientos psicosociales.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, cuenta con una modalidad dentro de la Educación Básica, denominada Educación Especial, que ofrece servicios educativos escolarizados y de apoyo a niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales por presentar una condición de discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias, a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM)y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Los CAM brindan atención escolarizada integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. Las USAER son instancias que proporcionan apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales orientados a garantizar una atención de calidad a la población escolar con necesidades educativas especiales dentro de las escuelas de educación regular.

La Secretaría de Educación Pública, con datos correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, reporta un total de 27 mil 988 escuelas de Educación Básica Regular que cuentan con apoyo de algún servicio de EducaciónEspecial, lo que representa el 14 por ciento del total escuelas de Educación Básica Regular; 3 mil 858 USAER y 1,529 CAM, a nivel nacional.

Indica que4 mil 724 alumnos con TEA son atendidos por el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, de un total de 143 mil 122 alumnos con discapacidad que cubre.

Tomando como referencia la estimación de la Sociedad de Autismo de América, estamos hablando de que la SEP está atendiendo al diez por ciento de la población con este padecimiento.

9. Una de las primeras acciones para promover los derechos de las personas con Trastornos del Espectro Autista y avanzar en la erradicación de su discriminación, es que las instituciones públicas de salud y educación difundan las características del trastorno y sensibilice a la sociedad sobre las necesidades que tienen quienes lo padecen.

Asimismo, se requiere que promuevan los programas y acciones necesarios para identificar cualquier indicador de riesgo y así, alertar a las familias para intervenir de manera temprana.

Con ello, se estaría coadyuvando a la identificación temprana de manifestaciones que pueden estar vinculadas a los Trastornos del Espectro Autista, a su diagnóstico y atención oportuna.

Necesitamos levantar la voz para decir que existe un trastorno que padecen miles de familias silenciosamente sin el apoyo institucional que requieren; que existen personas que nacen sin las habilidades necesarias para lo que las demás personas creemos tan natural y obvio: la comunicación y la socialización.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salud y Educación, implementar campañas de difusión para el conocimiento de los Trastornos del Espectro Autista, sus características y manifestaciones, con la finalidad de sensibilizar sobre el trastorno y coadyuvar a una oportuna identificación, diagnóstico y atención, así como a intensificar las acciones de apoyo a la inclusión educativa de los niños con autismo en educación inicial y básica, e informe a esta Soberanía sobre las acciones ejecutadas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que presente a esta Soberanía un informe sobre la situación de los Trastornos del Espectro Autista en el país, el número de casos diagnosticados y su prevalencia, así como los programas, acciones y presupuesto destinado para su atención.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe ante esta Soberanía sobre los programas y acciones dirigidos al personal docente de educación inicial y básica para la detección y canalización oportuna a las instituciones de salud de niños que presenten manifestaciones que puedan estar vinculados a Trastornos del Espectro Autista.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 3 de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal”.

Informo a la asamblea que la efeméride inscrita en el orden del Día se insertará en el Diario de los Debates.





 

EFEMERIDE

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en ocasión del “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”.

“DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO
02 DE ABRIL

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

Tener autismo, ser autista es vivir en otro mundo. Tener un universo propio y único que la ciencia, de momento, no ha conseguido descifrar.

El día 2 de abril, ha sido declarado por el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, a fin de informar y hacer reflexionar a la población mundial sobre esta enfermedad.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad.

Como ya se expuso anteriormente, el número de niños y adultos con autismo sigue en aumento en todos los países y en todos los grupos raciales, étnicos y sociales; pese a que cada vez se presta mayor atención al autismo en el mundo de las ciencias, la medicina y la asistencia, la opinión pública no es muy consciente de la enfermedad. 

La realidad para una persona autista es una masa confusa de acontecimientos, gente, lugares, sonidos y objetos. No parece haber límites, orden o significado claro en nada, una gran parte de sus vidas la pasan intentando dilucidar el patrón existente tras cada cosa.

Por desgracia, nos damos cuenta que aún existe una escasez de datos en lo que se refiere al autismo, no sólo en cuanto al número de personas que lo padecen sino también en lo referente a otros aspectos como las causas o el tratamiento más adecuado para una situación que es crónica. Algunos estudios recientes establecen que se ha producido en los últimos años un gran incremento de la tasa de casos identificados, desconociéndose también la causa de este aumento.

En sí, nadie sabe realmente qué causa el autismo. Sin embargo, se piensa que los factores genéticos desempeñan un papel crucial. Investigaciones también han asociado este trastorno a una variedad de enfermedades que afectaban el desarrollo del cerebro antes, durante, o poco después de nacimiento.

En la celebración de este día, defendamos el derecho de los niños discapacitados a una vida digna y plena, y la importancia de detectar los síntomas y un diagnóstico a tiempo,  para que los niños reciban el tratamiento adecuado en tiempo y forma.

Jueves 03 de Abril de 2014, H. CAMARA DE SENADORES

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo martes 8 de abril a las 11:00 horas.

Buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 14:46 horas)

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