Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 23 de septiembre de 2017
    
    

Última actualización: septiembre 2017
Última revisión: septiembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 21



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 01 de Abril de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:37 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 76 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Se abre la sesión del martes 1° de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con treinta y cuatro minutos del día jueves veintisiete de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes noventa y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles veintiséis de marzo de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Autorizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la ampliación de plazo para la presentación de dictámenes a dos asuntos que se le han turnado.- Los asuntos se publicaron en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador David PenchynaGrub, Informe de actividades legislativas y de gestión.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

Los Senadores integrantes de la Mesa Directiva, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 298 de Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los Senadores Enrique Burgos García, Marcela Guerra Castillo y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que el Senador Martín Orozco Sandoval deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Social y se integra a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al Senador Benjamín Robles Montoya como Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, en sustitución del Sen. Zoé Robledo Aburto, quien será integrante de la misma.- Fue aprobado en votación económica.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad a promover las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en la República, que son víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia.- Intervinieron los senadores: Omar Fayad Meneses, por la comisión, para presentar el dictamen; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y David Monreal Avila del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero en la frontera norte del país, en los que el ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz perdió la vida, a consecuencia del uso de arma de fuego por parte de un agente de la patrulla fronteriza.- Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo, por la comisión, para presentar el dictamen; Mariana Gomez del Campo Gurza del PAN; y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea siete dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo:

1) Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que informe sobre el mantenimiento y adecuación de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, en apoyo a las personas con discapacidad.

2) Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que informe sobre los avances que han tenido los programas tendientes a garantizar la movilidad urbana en el transporte público.

3) Relativo a las irregularidades de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

4) Por el que el Senado de la República felicita el trabajo del Gobierno del Distrito Federal en materia del uso de la bicicleta como medio de transporte en la capital.

5) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar el avance sobre la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la Ciudad de México.

6) Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la reforma al Código Civil para el Distrito Federal a fin de garantizar a los padres el derecho a la guarda y custodia con total imparcialidad, equidad y sin ninguna forma de discriminación.

7) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar los hechos cometidos por las fuerzas de seguridad federales y locales, suscitados durante la marcha del 2 de octubre de 2013.

Intervinieron los senadores: Mario Delgado Carrillo, por la comisión, para presentar los dictámenes. Adicionalmente, dio cuenta con una propuesta de modificación al dictamen relativo a la Línea 12 del Metro. Blanca Alcalá Ruiz, PRI, quien presentó también una propuesta de modificación al dictamen sobre la Línea 12 del Metro. Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, para referirse al dictamen sobre el mantenimiento y adecuación de instalaciones del Metro, en apoyo a las personas con discapacidad. Luz María Beristáin Navarrete del PRD, para hablar sobre el dictamen en torno a la reforma al Código Civil para el Distrito Federal. Silvia Garza Galván del PAN, para referirse al dictamen sobre residuos sólidos de la Ciudad de México.

Los anteriores dictámenes fueron aprobados en votación económica, a excepción del relativo a la Línea 12 del Metro.

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de consenso, suscrita por los Senadores Blanca Alcalá y Mario Delgado sobre el dictamen relativo a la Línea 12 del Metro, que se admitió a discusión. Para referirse a ella, intervinieron los senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Mario Delgado Carrillo del PRD; Pablo Escudero Morales del PVEM; David Monreal Avila del PT; y Dolores Padierna Luna del PRD. La propuesta de modificación se aceptó. Hizo uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. El dictamen con la modificación aceptada fue aprobado en votación económica.

(Comunicación)

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del Artículo Primero, del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Primera.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a los siguientes asuntos:

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción v al artículo 89 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en materia de emergencias obstétricas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, proposiciónconpunto de acuerdo por el Senado expresa su solidaridad con la Diputada María Corina Machado y se exhorta al Ejecutivo Federal a asumir una posición firme en contra de la reiterada violación de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a proponer al Presidente de la República el nombramiento del Coordinador General del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre al municipio de Tangancícuaro de Arista, Michoacán, por los múltiples daños y afectaciones ocasionados por el tornado del día del 22 de marzo del 2014.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados que aún no han prescrito, en el ámbito de sus atribuciones, la ley reglamentaria sobre discriminación.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para la posible ampliación de la carretera escénica actual de Acapulco, y evitar que el cobro del peaje que se aplicará por transitar en la nueva vía escénica alterna afecte la economía de los habitantes de este municipio y su zona conurbada.-Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones para proteger a la Cactácea AztekiumValdezii.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo en relación al 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 31 estados y al Gobierno del Distrito Federal a actualizar sus legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Poder Judicial de las entidades federativas a realizar convenios con las instancias adecuadas que garanticen a los indígenas un acceso pleno a la jurisdicción del Estado.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo de la promulgación del Plan de Guadalupe, ocurrido el 26 de marzo de 1813.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta y un minutos y citó a la siguiente el martes primero de abril a las once horas.

 

Fin de la sesión.”

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron hoy.

La Mesa Directiva, con el fin de homologar el turno de las iniciativas de los grupos parlamentarios, derivadas de la reforma constitucional en materia política, rectificó el turno de los siguientes proyectos presentados por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 19 de marzo pasado:

Por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas.

Y por el que se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Todos ellos quedan turnados en las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, reglamentaria de los artículos 6o. y 134 constitucionales y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; queda turnado a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Asimismo, se autorizó el retiro solicitado por la Senadora María Elena Barrera Tapia, del punto de Acuerdo que exhorta a considerar las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la elaboración de instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático, presentado el 18 de abril de 2013. Por lo que comunicará a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para sus efectos.

De la misma forma, la Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó siete ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitó la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la presentación de los dictámenes respectivos.

Por último, la Mesa Directiva acordó emitir las excitativas que dispone el artículo 214 del Reglamento del Senado, a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen; en este caso, se encuentran 60 proyectos de Decreto y la relación de estos aparecerá en la Gaceta del Senado.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos y resoluciones que ha leído la Secretaría.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.





COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, con la que informa de las reuniones que sostuvo el 24 de febrero del año en curso con representantes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y el 31 de marzo pasado, con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, quienes expresaron sus puntos de vista respecto a las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Layda Sansores San Román, por la que informa su incorporación al grupo parlamentario del PT, a partir del 31 de marzo de 2014.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Para los efectos del artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General, comuníquese al grupo parlamentario del PT y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

En otro apartado del Orden del Día, están inscritos dos Acuerdos suscritos por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que modifican la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría dé lectura al primero de ellos.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta del primer Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con el Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PT.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con el Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicho Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PT.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe Anual de Petróleo Mexicanos 2013.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/503/14
México, D.F., 28 de marzo de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 100.DGVE/062/14, la Mtra. Sharon M. T. Cuenca Ayala, Directora General de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, remite el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2013, adjuntando la documentación siguiente:

a) Acuerdo CA-022/2014, por el que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprueba el Informe Anual de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios 2013, y opina sobre la Ejecución del Programa Anual y Estratégico de Petróleos Mexicanos 2013;

b) Dictamen del Auditor Externo a los estados financieros 2012-2013 de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, elaborados conforme a Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, y

c) Reporte a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, que el Comisario de Petróleos Mexicanos elaboró en cumplimiento del artículo 71 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 82 de su Reglamento.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de sus anexos en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha documentación a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/508/14
México, D.F., 31 de marzo de 2014

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Planeación, con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del comunicado del Ejecutivo Federal mediante el cual se presenta el:

PRIMER INFORME DE EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNION.
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación, adjunto me permito presentar a ese órgano legislativo el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El informe indicado da cuenta de las acciones y resultados alcanzados durante 2013 en el marco de cada una de las cinco Metas Nacionales del Plan: i) México en Paz; ¡i) México Incluyente; iii) México con Educación de Calidad; iv) México Próspero, y v) México con Responsabilidad Global; así como en el ámbito de las tres estrategias transversales: i) Democratizar la Productividad; ii) Gobierno Cercano y Moderno, y iii) Perspectiva de Género.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Enrique Pena Nieto

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase este informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Díaz Lizama: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibió un oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de febrero de 2014; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2014.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

México, D. F a 28 de marzo de;-2014

C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de febrero de 2014.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2013.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Subsecretario,

Fernando Aportela Rodríguez.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase este expediente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Asimismo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió un oficio con documento que contiene:

Los principales objetivos de la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2015: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y la enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

México, D. F a 28 de marzo de;-2014

C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
Presente.

Con fundamento en los artículos 42 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el 4 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remito el documento que contiene:

a Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015

b Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2015: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d La enumeración de los programas prioritarios y sus montos 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

El Subsecretario,

Fernando Aportela Rodríguez

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase esta documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.






CAMARA DE DIPUTADOS

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el día de ayer se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que nos remitió la Cámara de Diputados.



Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: La Colegisladora remitió un oficio por el que informa de una adecuación al encabezado del proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o., constitucional en materia de gratuidad de actas de nacimiento, recibido en el Senado el 19 de marzo pasado.

CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3252
EXP. 2256

SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE SENADORES 
PRESENTE

En relación con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un octavo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por esta Cámara el día 13 del presente mes, me permito remitir la adecuación del artículo instructor del Proyecto de Decreto, quedando de la siguiente forma:

DICE

DEBE DECIR

Artículo Unico.- Se reforma el actual párrafo octavo y se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar comosigue:

Artículo Unico.- Se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Reitero las seguridades de mi distinguida consideración

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de marzo de 2014

Atentamente

Dip. José González Morfín

PRESIDENTE

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la conmemoración del Centenario del Natalicio de Octavio Paz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD.






PRONUNCIAMIENTOS

-El C. Senador Zoé Robledo Aburto: “Damos vueltas y vueltas en el vientre animal, en el vientre mineral, en el vientre temporal. Encontrar la salida: el poema”. Octavio Paz, libertad bajo palabra.

Con el permiso de esta Presidencia.

Es un honor para mí, a nombre del grupo parlamentario del PRD, poder hacer uso de la palabra en esta tribuna hoy que conmemoramos cien años y un día del natalicio de Octavio Paz.

Ahora que se cumplen cien años de su nacimiento en aquella vieja casona de Mixcoac, en el Distrito Federal, recordamos al niño Paz que liga su existencia a la biblioteca de su padre y a las andanzas infantiles con el abuelo Irineo Paz. Su padre y su abuelo, junto con la biblioteca, y una tía que le enseñó francés, serán decisivos en la formación del poeta, una formación que es libre y que es creativa, una formación comprometida libremente con las causas esenciales del humanismo en el sentido pleno de este término.

Octavio Paz Lozano no escribió una autobiografía, no hizo nunca una narración puntual de su vida, sino que se limitó a vivirla intensamente, aún cuando sus recuerdos constituyen un ingrediente esencial de lo que es su obra, particularmente de su poesía.

De todas maneras, Octavio Paz reconoce el valor de su vida familiar en la relación de estas vivencias con buena parte de sus obras. El poeta que nació hace cien años vio pasar ante sí una parte importante de la historia de México, vio a los hombres colgados de los postes del telégrafo con sus cuerpos vencidos y sus secuelas inquietantes.

Vivió el autoritarismo del sistema político y percibió la aparición de los pasados, a veces festivos, a veces violentos, que resucitaban de nuestras complicadas pirámides en el tiempo.

Vio, en el sentido de estudiarlo, el tiempo dorado de Sor Juana con sus poemas referentes y sus cuestionamientos a las formas de la prédica cristiana que en última instancia eran dudas sobre el fondo.

Percibió también la poesía del Valle de México y del Valle Prehispánico y se sumergió en las duras piedras de las pirámides tanto en el centro del país, como en el entorno mayense. Octavio Paz exploró el tiempo dorado de los mexicas y fue testigo de la resurrección de los dioses guerreros y sanguinarios en aquella tarde de octubre de 1968.

Hizo una poesía profunda y nos enseñó a valorar a los grandes poetas, como Ramón López Velarde, lo mismo que a la poesía cósmica de Walt Whitman, y nos trajo noticias sobre Rubén Darío y de otros modernistas como Huidobro y de sus herederos mexicanos, como Gorostiza.

Paz fue uno de los grandes poetas mexicanos de todos los tiempos y un impresionante conocedor de la poesía universal. La poesía, esa pasión predilecta de Octavio Paz, fue para él un tema del que había que guardarle el mayor de los respetos porque decía: “La poesía es la pasión humana”.

Al describir y vivir la poesía, sustrajo de la palabra libro una visión de libertad de sus vivencias nacionales y del exterior. Decía que si los gobernantes, si los políticos leyeran poesía, quizá podrían ser hombres más justos.

Con la libertad exploró nuestros diferentes tiempos e hizo una defensa monumental de la libertad, tal vez por eso se opuso sistemáticamente a toda clase de posiciones maniqueas, lo mismo de los ideólogos, que de los teólogos. Para él, ser prisionero de la ideología era tan lamentable como serlo de las invocaciones teológicas.

Para muchos mexicanos e innumerables extranjeros el gran libro sobre México es “El Laberinto de la Soledad”. Como todo gran texto, hecho de manera declarada por seres humanos, El Laberinto de la Soledad es una reflexión discutible y ya muchas veces discutida, nos habla de nuestra historia que para bien o para mal es pariente del mito o de los mitos que nos siguen a todas partes.

Para Octavio Paz los mexicanos somos prisioneros de una soledad que nace de las nostalgias por un pasado y un lugar en el que alguna vez fuimos felices. Nunca se sabrá cuándo existió ese lugar, nunca se sabrá realmente si alguna vez existió este lugar perfecto y sagrado ni dónde estuvo; pero la certeza que tenemos todos los mexicanos de que alguna vez existió, nos lleva a esta angustia de buscarlo permanentemente.

Por eso tenemos muchas cuentas pendientes con nuestros tiempos que ya se fueron, por eso los mexicanos somos tan complicados, por eso hay una huída permanente y una búsqueda cotidiana, el pasado nos persigue todos los días y a donde quiera, y nos agrade permanentemente, nos agrede como un recuerdo de lo que vimos y perdimos, y nos impacta porque los males que debemos vivir, sabemos la certeza de ellos.

Cuentan en Estados Unidos que un boxeador que rechazó ir a la guerra de Vietnam, fue victoreado como un héroe cuando portó la bandera norteamericana en una competencia deportiva; otro norteamericano que decidió no ir a la guerra se convirtió en presidente de aquel país. En México tales eventos serían no solamente difíciles, sino imposibles, porque nuestro pasado pesa mucho, hay pleitos hoy entre los seguidores de La Malinche y los del impoluto R. Cuauhtémoc, todavía hoy hay violencias entre los seguidores de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide.

Por eso Octavio Paz nos lleva a revisar nuestro pasado y a reconciliarnos con él. Para reconciliarnos con él, debemos primero conocerlo y sentir con toda libertad que el pasado ya pasó y no volverá agredirnos, por eso se necesita filosofar sobre nuestra historia y decir: “Filosofar significa llenar a nuestra historia de todas las preguntas pertinentes”.

Octavio Paz nos dejó físicamente hace poco más de una década y dejó un vacío que solamente puede cubrirse con el conocimiento de su obra. Como poeta fue el gran poeta, como intelectual crecerá en la medida que más él se conozca.

Por eso hoy desde el Senado de la República decimos: “¡Que viva en paz Octavio Paz!”.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes de la Secundaria Foránea No. 26 provenientes de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, invitados por el Senador José María Martínez Martínez. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Hace 100 años, como aquí se ha referido, el 31 de marzo nació a quien hoy conmemoramos como una figura internacional de la cultura y el pensamiento: Octavio Paz.

Un mexicano que eligió la rica lengua de la “Ñ” para desplegar al mundo su pensamiento y creatividad, que a través del idioma se formó y se convirtió en un hombre integral que asumió como propia la poesía, sin dejar pasar el ensayo, la crítica, los artículos y las cartas como vehículos para expresarse.

Un intelectual que como refería hace unos días al arrancar las actividades de este Senado de la República en conmemoración de su centenario, gustaba del debate y la discusión, de interrogar la realidad, y que veía en la palabra plural el puente para dialogar con quien se piensa distinto.

Es precisamente aquí en el espacio del Senado de la República donde concurren las distintas expresiones políticas de la realidad mexicana, donde hemos querido propiciar el encuentro con su pensamiento y con su obra.

Recordar a Paz, que fue un hombre que durante la etapa de consolidación del movimiento revolucionario transcurrió su juventud, y que es ahí donde él desafía a diferentes ideologías, lo mismo el fascismo que el comunismo, el anarquismo, y ya en su etapa de madurez su interés por asuntos de la más diversa índole que no se limitaron a nuestras fronteras. Sin duda, su paso por el servicio exterior mexicano le daría de primera mano la vivencia de otros países convirtiéndolo en un ciudadano del mundo.

Octavio Paz, compañeras y compañeros, desde temprana edad, a los 17 años, se cuestiona las influencias de la creación en el ensayo “Etica del Artista”, hasta vislumbrar aspectos del ser mexicano que no hay duda, retomaría años más tarde en “El Laberinto de la Soledad”, y que a lo largo de su desarrollo intelectual nunca dejó de abocarlos.

El joven Paz que seguía de cerca al Partido Comunista, fue cambiando su visión de esta corriente al grado del desencanto y la ruptura con la izquierda ortodoxa reflejada en la denuncia de los campos de concentración soviética.

En 1968, años más tarde, ya como embajador de la India, su enfoque y su postura de los movimientos estudiantiles sin duda lo llevarían a tener esa reflexión visionaria que más tarde aparecería en otras latitudes y lo harían renunciar a su cargo diplomático.

Por supuesto, cuando hablamos de Octavio Paz necesitamos ponerlo en su justa dimensión; no se trata, como también ya hemos referido en la publicación de este Senado, de hacer un homenaje al abuelo de bronce, por el contrario, se trata de poder recordar al Premio Nobel de Literatura que ha sido y que seguirá siendo un libre y trídico pensador.

Ver en Octavio Paz a ese mexicano, a ese intelectual, a ese poeta, a ese ensayista que con mirada aguda que le caracterizaba, observaba y vivía intensamente lo que ocurría o lo que le rodeaba. Que analizaba su entorno y que escudriñaba el mundo para poder advertir qué pasaba con sus acontecimientos.

Por ello, compañeras y compañeros Senadores, el tributo que el Senado de la República ha venido consolidando a lo largo de estos meses y que esta mañana traemos a la memoria, se trata de hacer reconocer en él a un hombre con vocación crítica, un hombre que con independencia y que, además, irrenunciable en el favor de la libertad y la democracia lograba hacer lo que decía en la propia convivencia con los demás.

Hace unos días, Jesús Silva-Herzog Márquez, en ocasión de la presentación del libro “Itinerario Crítico” señalaba: ”...La democracia no es un absoluto ni un proyecto sobre el futuro, es un método de convivencia civilizada; no se propone cambiarnos ni llevarnos a ninguna parte, pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría; que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos de los individuos”.

Compañeras y compañeros, sin duda Octavio Paz no trató de señalar premoniciones, vislumbró un mundo diferente a partir de la crítica, de la reflexión y del debate. En su poesía habló de la otra edad, de ese otro que somos nosotros mismos, pero es ese otro el que se escribe con mayúscula.

Octavio Paz pensaba en la poesía como una forma de nombrar las cosas, de crearlas de nuevo, pensaba en la literatura como esa forma en la que también se expresa la sociedad, y al expresarla también la cambia y la contradice.

Sin duda, los convoco a que sigamos en esta posición crítica, en esta posición crítica que permita el desarrollo, que permita la construcción de la libertad, que permita, sin duda, hablar de Octavio Paz, de su poesía, de sus ensayos, pero sobre todo, en el valor de la libertad.

En varias de sus obras sin duda encontramos la reflexión, en muchas otras la polémica.

Yo simplemente terminaría diciéndoles, que así como él, en su momento señaló que: La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces, este Senado puede echar raíces a favor de la libertad de todos los mexicanos.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señoras y señores Senadores:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por mi conducto, me siento muy honrado, fue este un homenaje más que merecido al gran hombre universal, al poeta, al ensayista, al diplomático, al mexicano de excelencia que fue Octavio Paz.

Durante su niñez y su juventud, Octavio Paz recibió dos grandes influencias, tanto de su abuelo como de su padre.

Ellos fueron precursores de una inteligencia sublime de Octavio Paz, que los llevó a profundizar en la esencia del ser mexicano para descubrir en dos obras fundamentales las características principales precisamente del pueblo mexicano.

Una de ellas, es el poema autobiográfico, poema “La Piedra de Sol”, y la otra es la obra cumbre, quizás, “El Laberinto de la Soledad”.

Que, como en ninguna otra, describe las características particulares del pueblo mexicano, de la mexicanidad y nos ayuda a entender y entendernos como lo que somos en nuestra sociedad.

Octavio Paz, como sabemos, es conocida la renuncia que al cargo de Embajador tuvo cuando se desempeñaba como diplomático, como nuestro Embajador en La India al conocer las infames acciones del entonces gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; y particularmente por los hechos ocurridos en Tlatelolco, en 1968.

Su obra precisamente “Posdata” es una denuncia comprometida y relacionada con estos lamentables hechos.

En 1976, funda Octavio Paz la revista “Vuelta”. Precisamente hoy hablaba Enrique Krauze en una entrevista radiofónica, y hacía referencia de que Octavio Paz era un poeta del amor, pero también de la revolución y de las libertades.

En “Vuelta” pudieron expresarse muchos en este sentido, con esta orientación.

Fue severo crítico de movimientos de izquierda cuando éstos mostraron rigidez e intolerancia, pero lo fue también con derechos intransigentes, era un crítico, lo más objetivo que podía hacia los extremos y los excesos.

Supo comprender Octavio Paz los valores de la tolerancia y de la convivencia pacífica.

Decía sobre la democracia, y esto es bien importante, compañeras y compañeros Senadores, decía, cito: “...No creo que la democracia sea una panacea universal, es una manera civilizada de convivir. Por eso, a pesar de todas sus imperfecciones, soy un partidario de la democracia”.

Y aún cuando mantuvo o tuvo una distancia prudente con los partidos políticos, particularmente con Acción Nacional, supo reconocer en Acción Nacional y en la oposición la construcción de una auténtica democracia para México.

Así se refería a la oposición que pareciera que por momentos olvidamos: “....Sin la oposición esclarecida y propositiva, no hay democracia posible...”.

Desde 1956, y hasta su muerte, Octavio Paz acumuló una gran cantidad de reconocimientos, generalmente el más importante de ellos, en 1990 cuando obtiene el Premio Nobel de Literatura.

Y al aceptarlo, encontramos a un hombre generoso que con humildad recibe este máximo galardón con las palabras siguientes, dice:

“La gracia es gratuita, es un don, aquel que lo recibe, el agraciado, si no es un mal nacido lo agradece, da las gracias. Es lo que yo hago ahora con estas palabras de poco peso, espero que mi emoción compense su levedad”.

Los verdaderos artistas son inmortales, a través de su obra proyectan a través del tiempo. Para México y los mexicanos, Octavio Paz fue, es y seguirá siendo fuente de enseñanza, su defensa de valores universales. Es Octavio Paz un mexicano universal, es trascendencia, es historia, es legado, es enseñanza y es orgullo nacional.

¡Que viva siempre Octavio Paz!

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Lozano Alarcón.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente.

Quisiera comentar a usted que voy a presentar una iniciativa diversa, es para reformar el mismo artículo de la misma ley, pero quiero comentar a usted que se han sumado a la iniciativa algunos compañeros Senadores, concretamente la Senadora Ivonne Alvarez García, la Senadora Angélica del Rosario Araujo, la Senadora María Marcela Torres Peimbert, el Senador Luis Sánchez Jiménez, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas y el Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

A efecto le haré entrega, señor Presidente, para que quede inscrito en el Diario de los Debates en los términos que la estamos presentando.

Compañeras y compañeros Senadores.

Quizá esta historia les resulte familiar.

Un usuario del transporte aéreo llega al aeropuerto con 45 minutos antes de la partida del vuelo y la persona que las atiende en el mostrador les dice: Señor, su vuelo ha sido cerrado, ya no hay manera de emitir su pase de abordar, por lo tanto, usted tiene las siguientes opciones: la primera es que se pierda el costo del boleto, que lo hacen algunas aerolíneas; la segunda es que le ofrezcan otro vuelo y hay que pagar a la aerolínea una cuota, le llaman ellos de penalización, y otro pago adicional por el cambio de tarifa, aunque sea la misma ciudad, aunque sea el mismo destino, hay que pagar una aportación adicional por cambio de tarifa.

Eso es cuando bien le va al usuario o cuando de plano ya pierde todo y se tiene que ir a su casa.

Ahora bien, las aerolíneas ofrecen no solamente el servicio de traslado de personas, sino también asumen en el servicio que ofrecen un compromiso de hora de partida y hora de llegada.

La práctica común, diría yo muy común, es que ya se hace costumbre en nuestro país los retrasos y las demoras en los vuelos que van desde la media hora, una hora, dos horas, tres horas, y lo único que ofrecen las aerolíneas, a diferencia cuando uno no llega a tiempo, es una disculpa. Una disculpa que no es suficiente para quien tiene un compromiso de llegar a una cita médica y la pierde; una disculpa que no es suficiente para quien toma un vuelo y no llega a una cita de trabajo; una cita que no es suficiente para quien tiene que trasladarse a otra ciudad para ir a un evento que ya lo pagó y que seguramente también va a perder el costo de la entrada y también se va a perder del espectáculo, si es porque va ahí.

Son diversas historias que contarán quienes hacen uso de este medio de transporte y que sufren de las demoras.

Yo lo que les quiero comentar, que en muchas ocasiones el pretexto que ponen las aerolíneas, por lo menos se dice públicamente, es que por cuestiones atribuibles a los aeropuertos o por tráfico, se demoran los vuelos sin que esto le represente al usuario ningún tipo de retribución.

Lo que estamos planteando, porque nosotros consideramos que no hay equidad entre lo que pasa con el usuario cuando no llega a tiempo, por llamarlo de alguna manera, aunque todavía esté el avión en la salida, con lo que plantea la aerolínea cuando se retrasa, no hay equidad, no es lo mismo.

Por eso lo que estamos planteando es una sanción, pero una sanción distinta a lo que comúnmente conocemos. Regularmente es una multa que va al erario.

Lo que nosotros estamos planteando es una reforma al artículo 54 de la Ley de Aviación Civil, a efecto de que la aerolínea se comprometa primero a cumplir con lo que ofrece, el traslado, pero también los horarios de salida y de llegada; y si no cumplen en los términos que ofrecieron el servicio, tendrá que resarcirse o retribuirle al usuario el equivalente al 10 por ciento del costo del boleto, por cada hora de retraso.

Si es una hora se le tendrá que reintegrar al usuario el 10 por ciento del boleto; si son dos horas, el 20 por ciento, y así sucesivamente. Inclusive si llegan a las 10 horas, pues el cien por 100 del costo del boleto.

Esto es realmente una medida justa que puede poner en una sana justicia entre el usuario y las aerolíneas.

Quiero comentar a ustedes que en el tema de tarifas ya se presentó una iniciativa por parte del Senador Miguel Romo, porque también nos parece que en muchas ocasiones son abusivas las aerolíneas cuando ofrecen los servicios y que cuando se trata de un traslado de una ciudad a otra, de un aeropuerto a otro, las tarifas cambian aunque sea el mismo trayecto, dependiendo del horario y de la demanda.

Y puede haber un vuelo que cueste en un horario 1,500 pesos y el mismo vuelo, la misma aerolínea, sólo en otro horario puede costar 5 mil.

Obviamente esto nos parece, desde la perspectiva del usuario, un abuso.

Consideramos que el servicio que prestan las aerolíneas es eso, un negocio, pero lo que no se vale es abusar y con medidas abusivas y tramposas se afecte al usuario. Porque, insisto, no puede llegar un usuario con 45 minutos antes cuando ya le están cobrando, sin embargo, ya es muy común los retrasos y no pasa absolutamente nada.

Concretamente la iniciativa con proyecto de Decreto que estamos presentando, que reforma el artículo 54 de la Ley Civil, a la letra dice:

Artículo 54.- Cuando exista retraso en el servicio de transporte aéreo, el concesionario o permisionario deberá reembolsar al pasajero el 10 por ciento del precio del boleto o billete de pasaje por cada hora de retraso respecto a la hora de llegada convenida.

Cada hora incompleta deberá ser reembolsada de manera proporcional.

En vuelos de conexión, el concesionario o permisionario será responsable, en su caso, de los daños causados a pasajeros y equipaje facturado en tránsito o retraso en el servicio de transporte aéreo, si la conexión forma parte del contrato celebrado entre el concesionario o el permisionario y el pasajero.

Transitorio.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Pongo entonces a consideración el nuevo texto de la iniciativa que ha tenido algunos ajustes en razón de que se sumaron algunos compañeros Senadores y ya han hecho una propuesta de modificación para efecto de que quede en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para felicitar al Senador Jesús Casillas, es una excelente iniciativa, creo que con esta iniciativa se le haría justicia a muchas personas que han sufrido en un momento dado la violación a sus derechos humanos por este tipo de casos que él acaba de plantear, creo que es hora de entrarle a este tema, porque sí, todos los días suceden este tipo de incidentes que son muy lamentables. Lo felicito por ser el presidente de la comisión de movilidad, por estar atento de estos temas que tienen mucho que ver con la movilidad de todos los seres humanos, de todos los mexicanos y que todos los días generan problemas serios.

Así es que, si me permite usted suscribir su iniciativa, y de veras lo felicito.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Jesús Casillas, ¿acepta la inclusión de las Senadoras y Senadores?

Sonido en el escaño de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, ¿para que asunto?

- La C. Senadora Juana Leticia Herrera Ale: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, si me lo permite, preguntarle a mi compañero Senador si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, solicito a la Secretaría tome nota, igualmente los Senadores Miguel Romo Medina, Rabindranath Salazar Solorio, Arely Gómez, Carlos Romero Deschamps, Eviel Pérez e Isaías González.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Muchas gracias, señor Presidente.

Si me lo permitiera la Presidencia, quisiera en un solo evento presentar las dos iniciativas que tengo listadas el día de hoy, señor Presidente, que corresponde a una reforma propuesta al párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, y otra sobre el mismo tema, legislación secundaria, que propone modificaciones al Código Penal Federal, a la Ley General de Turismo y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En virtud de que es una reforma reglamentaria del artículo constitucional que pretende modificar, desde luego que puede presentarlas en un mismo acto.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 (Presentada por el C. Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Carlos Medoza Davis: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores, amigos todos.

Orgullosamente provengo de un estado cuya vocación es turística, Baja California Sur, es el primer destino turístico del Pacífico mexicano, y ocupa el segundo lugar nacional en recepción de turistas extranjeros.

En el 2012 visitaron la entidad un millón 579 mil personas, representando los turistas extranjeros el 60.1 por ciento del total de los viajeros, es decir, por cada 10 turistas que visitan mi estado, 6 provienen de otros países.

Por eso, compañeras y compañeros Senadores, sé de la importancia y del impacto que el turismo tiene para la economía no solo del país, donde representa el 9 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto, sino también de los estadosy de los municipios.

He sido testigo de muchos esfuerzos, de muchas familias en mi estado y en otras entidades qué han hecho, primero, para fundar una empresa de prestación de servicios turísticos, y después para mantener en circunstancias adversas los empleos generados. Sin lugar a dudas, el turismo representa el medio para hospedar más inversiones y empleos bien pagados.

Si bien es cierto que la totalidad del territorio nacional tiene actividad y potencial turístico, en estados como Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por mencionar algunos, la actividad económica depende mayoritariamente de la actividad turística.

La Organización Mundial de Turismo calificó a México, con excepción de Estados Unidos, como el país más visitado del Continente Americano; además informó que en 2012 México recibió 43 por ciento más turistas que Canadá, así como un 48 por ciento más turistas que los que llegan conjuntamente a Brasil, Argentina y República Dominicana.

Asimismo, entre enero y junio de 2013 la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó 7 mil millones de dólares, de los cuales, el 85 por ciento fue generado por los turistas de interior y fronterizos, y el restante, casi 15 por ciento, por excursionistas fronterizos y de cruceros.

Las cifras anteriores reflejan la importancia que tiene la llamada “industria sin chimeneas” en nuestro país, en pocas palabras, el turismo es un pilar de la economía de México y sostén de millones de familias, porque a todos nos beneficia el turismo, no solamente a los hoteleros, también a los restauranteros, a los constructores, a los taxistas, a los artesanos, a los prestadores de servicios, es decir, es una cadena que se ve reflejada en los bolsillos de todos los mexicanos.

El turismo recrea, pero también emplea y da desarrollo a los estados y municipios, la lógica, estimadas compañeras y compañeros, nos dice que debemos proteger con toda la fuerza del Estado la actividad que da sustento a millones de mexicanos.

Para nadie es un secreto que la violencia y la inseguridad es la principal amenaza del turismo y del desarrollo nacional. La calidad del servicio que incluye, ineludiblemente la seguridad del turista, es determinante para que éste tome la decisión de visitar un destino.

La inseguridad, por su parte, llega a ser un elemento negativo tan poderoso que cuando afecta no puede suplirse con ninguna campaña o descuento.

Es penoso que nuestro país haya sido catalogado como un destino peligroso para los turistas, derivado del aumento de la violencia asociada a la delincuencia organizada.

En abril de 2013 la organización Human Rights Watch, elaboró diversos informes relativos a los países más peligrosos del mundo para los turistas, y considerando el crecimiento en los índices de robo, secuestro express y, sobre todo violaciones a mujeres extranjeras, colocó a México entre los cinco países más peligrosos para las mujeres turistas, a la par de India, de Brasil, de Turquía y de Egipto.

Por si fuera poco, los medios de comunicación nos informaron del penoso caso relativo a las violaciones de seis mujeres españolas en el Puerto de Acapulco, hecho que dio la vuelta al mundo y derivó en la justa exigencia del esclarecimiento del mismo.

Por su parte, de manera constante el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite recomendaciones a sus turistas sobre la peligrosidad, que a su juicio, representa visitar ciertos destinos turísticos de nuestro país.

Aunado a lo anterior, en marzo de 2013, el Foro Económico Mundial ubicó a México en el tema de seguridad en el turismo en el lugar 121 de un total de 140 países evaluados, posición que contrasta con otros rubros evaluados en el que el país destacó tales como octavo lugar por su belleza, por los recursos naturales, y el lugar 44 en el tema de competitividad turística.

La propia Organización Mundial de Turismo ha recomendado a los países a trabajar en la estructuración de planes de seguridad para el turismo, contemplando la detección y prevención de los delitos cometidos contra turistas, la protección de sitios e instalaciones turísticas contra actos ilícitos, así como la promoción, acopio y difusión de estadísticas fiables sobre los delitos cometidos contra turistas.

Un elemento esencial para disfrutar de un destino es la seguridad, el sentirse tranquilos y con la libertad de recorrer sus calles y gozar sus atractivos sin correr riesgos; debemos no solamente garantizar a los turistas nacionales y extranjeros, un regreso seguro a sus hogares, sino también que retornen complacidos.

Visitar cualquier destino de México debe ser sinónimo de confianza y garantía del Estado para cuidar de su integridad; velar por sus derechos y, en su caso, de sus bienes.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, propongo ante esta tribuna adecuar el marco constitucional y secundario a fin de ofrecer a nuestros turistas mejores condiciones para que tengan una experiencia satisfactoria y plena.

Propongo facultar a las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común cuando se trate de delitos cometidos contra turistas; la autoridad federal podría atraer los casos siempre y cuando existan los elementos suficientes que presupongan la necesidad de que la Federación investigue, persiga y sancione dichos delitos.

Es de suma importancia dejar en claro que dicha facultad de atracción no tiene el objetivo de invadir las facultades conferidas por la Constitución a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, por el contrario, pretende que la Federación se constituya en soporte y apoyo para la resolución de asuntos, que de conformidad con los límites que se establezcan en la legislación secundaria, trasciendan por su impacto o complejidad en el ámbito de las entidades federativas.

Se trata de sumar, no de restar, se trata de afrontar en conjunto y no de evadir, hablamos de vinculación y no de dispersión. No podemos escatimar en un tema que nos concierne a todos, es un asunto prioritario para el país, por tanto, es necesario conjugar esfuerzos.

Propongo, además, que la Ley General de Turismo contemple un capítulo especial donde se establezcan agravantes genéricos que se aplique a la comisión de delitos federales y locales en contra de los turistas.

Dichos agravantes se darían cuando se establecieran las siguientes hipótesis:

Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se aumentará hasta un tercio la pena establecida para tal delito.

Cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se podrá aumentar la pena hasta en una mitad.

Finalmente, se aumentará la pena hasta dos tercios cuando además la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito.

La diferencia de idiomas, cultura, el desconocimiento de las condiciones imperantes en el lugar que se visita, entre otras circunstancias, colocan en vulnerabilidad y blanco fácil de la delincuencia a los turistas.

Por ello propongo, además modificaciones y adecuaciones al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Del primero se suscribe con el objeto de que en el caso de los delitos federales cometidos contra turistas, además de la pena correspondiente, se apliquen las agravantes mencionadas que van a ser contenidas en la Ley General de Turismo.

En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, se plantea que en los casos de delitos del fuero común cometidos contra turistas, el Ministerio Público de la Federación pueda ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, teniendo a su vez los jueces federales la competencia para juzgarlos, siempre y cuando se presente alguna de las circunstancias descritas en el cuerpo de este proyecto.

Compañeras y compañeros Senadores, lo que propongo ante esta tribuna es defender nuestra fuente de riqueza, logremos que cada turista se instituya en un vocero de nuestra grandeza, de nuestra hospitalidad, de nuestra cordialidad. Contra lo que constituye el patrimonio del país no se juega, proteger a nuestros turistas es proteger inversiones, es proteger empleo y el desarrollo de muchos estados y municipios.

El turismo debe de seguir siendo fuente de bienestar; abrámosle la puerta de nuestra casa y cerremos una puerta más a la delincuencia; hagamos que México sea noticia por sus bellezas naturales, arquitectónicas, tradiciones o culturas.

Vamos a aprovechar al máximo nuestras ventajas, hagamos que cada día lleguen a nuestro país más turistas nacionales y extranjeros, que hablen bien de nosotros y que regresen.

Solicito, señor Presidente, tenga a bien ordenar incluir en el Diario de los Debates el texto íntegro de ambas iniciativas.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativas

Carlos Mendoza Davis, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De conformidad con la Ley General de Turismo, la materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos; en ese sentido, dichos procesos son considerados como una actividad prioritaria para nuestra Nación, dado que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.

La importancia a nivel internacional de la actividad turística se ha reflejado en el esfuerzo de la mayoría de los países por implementar políticas públicas integrales que tengan como propósito generar las condiciones más propicias para el desarrollo de dicha actividad en sus territorios, otorgando al turismo una posición primordial en la promoción del desarrollo.

En ese sentido, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 2013 fue un año excelente para el turismo internacional, pues a pesar de las dificultades económicas que ha experimentado el mundo, las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5 por ciento el año pasado, hasta alcanzar los 1.087 millones, superando las expectativas y proyecciones existentes.

El sector turístico ha demostrado una notable capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de los mercados, así como para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en todo el mundo, a pesar de los retos económicos y geopolíticos que persisten.

Los resultados positivos de 2013, y las mejoras económicas mundiales previstas en 2014, generan un entorno propicio para otro año de buenos resultados para el turismo internacional. En este contexto, la OMT insta a los gobiernos nacionales a que sigan formulando estrategias de apoyo al sector, así como a cumplir sus compromisos con un crecimiento justo y sostenible.

Por otro lado, en el contexto nacional, la implementación de la Política Nacional Turística busca reactivar el sector de forma estratégica y eficaz, con objeto de incrementar la participación de México en el mercado mundial y con ello generar mayor derrama económica en el país.

Del 1erInforme de Labores 2012-2013 de la Secretaría de Turismo, se desprende que al cierre del año 2012, en nuestro país, se registró la cifra de 68.1 millones de llegadas de turistas nacionales a hoteles, cifra que representa un crecimiento de 6.6 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, durante el primer semestre de 2013, se registró la llegada de 32.7 millones de turistas nacionales a hoteles, 2.6 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

De enero a junio de 2013, México recibió a un total de 38.3 millones de visitantes internacionales, de los cuales el número de turistas internacionales al país ascendió a 11.7 millones, y el número de excursionistas sin pernocta fue de 26.6 millones de llegadas.

En dicho periodo, México registró un incremento en la llegada de visitantes, siendo Estados Unidos de América, el principal emisor a nuestro país, con 3.5 millones, mientras que del Reino Unido llegaron 191.9 miles de visitantes.

Al respecto, el año pasado, Baja California Sur se ubicó en el segundo lugar nacional en recepción de turistas procedentes de Estados Unidos con poco más de 2 millones de visitantes,superando a la Ciudad de México en captación de turismo extranjero, posicionándose además como primer lugar de los destinos turísticos del Pacífico Mexicano.

De acuerdo con información publicada en junio de 2013 por la OMT, correspondiente al cierre de 2012, con excepción de Estados Unidos, México es el país más visitado del continente americano (23.4 millones de visitantes), al recibir 43 por ciento más turistas que Canadá, así como un 48 por ciento más turistas que los que llegan conjuntamente a Brasil, Argentina y República Dominicana.

Asimismo, entre enero y junio de 2013, la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó 7 mil 119 millones de dólares, de los cuales, el 85.2 por ciento fue generado por los turistas al interior y fronterizos, y el restante 14.8 por ciento por excursionistas fronterizos y de cruceros.

Las cifras anteriores reflejan la importancia económica del turismo en nuestro país, pues se coloca como una de las actividades principales, por ejemplo, en los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo de México, presentados por el INEGI en marzo de 2013, se resalta que en 2011, el turismo reafirmó su importancia en la economía nacional, contribuyendo con el 8.4 por ciento del PIB, y para el mismo año, el 6.8 por ciento de los puestos de trabajo equivalentes remunerados, se generaron en la industria turística representando un total de 2 millones 474 mil 162.

No obstante a lo anterior,existe una problemática que impacta en el desarrollo de esta actividad en el país, y que consiste en la creciente comisión de delitos contra turistas,que deriva en la percepción negativa del país como destino turístico, restringiendo el ciclo de generación de recursos provenientes del turismo, dado que la percepción de seguridad, se constituye como un factor determinante a la hora de tomar la decisión de viajar o no.

En ese sentido, es lamentable que nuestro país sea catalogado como un destino peligroso para los turistas, y que haya acaparado en los últimos años la atención de los medios por el aumento de la violencia asociada a la delincuencia organizada.

Por ejemplo, en abril de 2013, la organización Human RightsWatch elaboró diferentes informes relativos a los países más peligrosos del mundo para los turistas, así, considerando el crecimiento de robos, secuestros exprés y, sobre todo, violaciones a mujeres extranjeras, colocó a México entre los cinco países más peligrosos para las mujeres turistas, siendo los restantes India, Brasil, Turquía y Egipto.

Esto coincide con un caso muy sonado en los medios, relativo a la violación de 6 mujeres españolas en Acapulco; sin embargo, no es posible determinar la objetividad de ese tipo de clasificaciones, en razón de que no existen registros completos relativos a la comisión de delitos contra turistas en nuestro país, situación que dificulta la obtención de la dimensión real del problema.

Aunado a lo anterior, en marzo de 2013, el Foro Económico Mundial, indicó que en el tema de seguridad en el turismo, nuestro país se coloca en el lugar 121 de un total de 140, posición que contrasta con otros rubros evaluados en los que el país destacó, tales como el octavo lugar por la belleza de sus recursos naturales y el lugar 44 en el tema de competitividad turística.

Si bien estamos conscientes de que la percepción de seguridad del país como destino turístico no sólo depende de la cantidad de delitos cometidos contra los turistas, sino de otros elementos como la seguridad en general del país, conflictos sociales y fenómenos naturales, por mencionar algunos, consideramos relevante otorgar especial atención a la incidencia delictiva en contra de los turistas, atendiendo a la importancia que se le debe brindar al factor seguridad en los destinos turísticos, como componente fundamental que garantiza la calidad y sostenibilidad de esta importante actividad económica.

En ese tenor, la presente iniciativa tiene como propósito, establecer un mecanismo de excepción en el texto constitucional, mediante el cual se faculte a las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común, cuando se trate de delitos cometidos contra turistas y existan los elementos suficientes que presupongan la necesidad de que la Federación investigue, persiga y sancione dichos ilícitos.

Los delitos contra turistas requieren especial atención por parte de las autoridades locales competentes. Al respecto, es importante mencionar que varias entidades federativas han implementado acciones para mitigar la frecuente comisión de los delitos contra este grupo, tales como la creación de Agencias del Ministerio Público especializadas en atención al turista, por delitos en los que se encuentren involucrados turistas nacionales o extranjeros.

Es de suma importancia enfatizar que la propuesta de otorgar a las autoridades federales la facultad de atracción, no tiene el objetivo de invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la Federación se constituya como un soporte para la resolución de asuntos que de conformidad con los límites que se establezcan en la legislación secundaria, trasciendan en el ámbito de las entidades federativas.

A mayor abundamiento, la facultad de atracción existe en nuestro sistema jurídico como una facultad de algunas autoridades para conocer excepcionalmente de asuntos que por mandato legal le competen a otra autoridad, ya sea diversa o de distinto orden de gobierno.

Dicha facultad, se integró al texto constitucional en 1996 con la adición de un párrafo a la fracción XXI del artículo 73, donde se estableció que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales.

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, se extendió el principio de conexidad a los casos de atentados contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Tal como en el caso de delitos contra periodistas, la presente iniciativa genera un mecanismo de excepción a través del cual se faculte a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el desarrollo de la actividad turística en nuestro país, trasciendan el ámbito de las entidades federativas sin que ello implique la debilitación del pacto federal, dado que se trata de una facultad excepcional para cuya procedencia se deberá cumplir con todos los requisitos que establezca la legislación secundaria.

Esta disposición refuerza las acciones que por su parte han comenzado a emprender algunas entidades federativas como medios para dar una atención adecuada a la problemática en materia de seguridad turística y de protección de la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los turistas nacionales y extranjeros.

Los derechos de los turistas deben ser especialmente garantizados, ya que diversas razones los colocan en situación de vulnerabilidad y blanco fácil de la delincuencia. Entre ellas, podemos mencionar, distintos idiomas o cultura; o bien, el desconocimiento de las condiciones imperantes en el lugar que visita, que por lógica suelen ser distintas a aquéllas en que el visitante está acostumbrado a desenvolverse en su lugar de residencia habitual.

En ese sentido, se considera pertinente extender la facultad de atracción de la autoridad federal prevista en la Constitución, para los casos de delitos cometidos contra turistas que afectan el desarrollo de la actividad turística, atentando contra los valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde inicialmente a las entidades federativas pero que, en razón de su relevancia e impacto, así como su efecto en la imagen que se tiene del país a nivel internacional en materia de seguridad en el sector turístico, se reconoce la necesidad de que la Federación sea quien investigue, persiga y sancione esos delitos.

Finalmente, es importante mencionar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, esta iniciativa de reforma constitucional se presenta en conjunto con una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Código Penal Federal, la Ley General de Turismo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos cometidos contra turistas, misma que guarda correlación con la presente propuesta, pues contiene modificaciones a la legislación secundaria que desarrollan la facultad de atracción de las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero comúncometidos contra turistas, así como del establecimiento de agravantes a esos delitos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.…

I. …a XX. …

XXI. …

a)…

b)…

c)…

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, ó cuando se trate de delitos cometidos contra turistas.

XXII. … a XXX. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el presente Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 1 de abril del año 2014.

Sen. Carlos Mendoza Davis”.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

 (Presentada por el C. Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

Carlos Mendoza Davis, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones en materia de delitos contra turistas, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La materia turística comprende, en términos de la Ley General de Turismo, los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos; en ese sentido, dichos procesos son considerados como una actividad prioritaria para nuestra Nación, dado que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.

La importancia a nivel internacional de la actividad turística se ha reflejado en el esfuerzo de la mayoría de los países por implementar políticas públicas integrales que tengan como propósito generar las condiciones más propicias para el desarrollo de dicha actividad en sus territorios, otorgando al turismo una posición primordial en la promoción del desarrollo.

En ese sentido, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 2013 fue un año excelente para el turismo internacional, pues a pesar de las dificultades económicas que ha experimentado el mundo, las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5 por ciento, hasta alcanzar los 1.087 millones, superando las expectativas y proyecciones existentes.

El sector turismo ha demostrado una notable capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de los mercados, así como para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en todo el mundo, a pesar de los retos económicos y geopolíticos que persisten.

Los resultados positivos de 2013 y las mejoras económicas mundiales previstas en 2014, generan un entorno propicio para esperar otro año de buenos resultados para el turismo internacional. En este contexto, la OMT insta a los gobiernos nacionales a que sigan formulando estrategias de apoyo al sector, así como a cumplir sus compromisos con un crecimiento justo y sostenible.

Por otro lado, en el contexto nacional, la implementación de la Política Nacional Turística busca reactivar el sector de forma estratégica y eficaz, con objeto de incrementar la participación de México en el mercado mundial y, con ello, generar mayor derrama económica en el país.

Del 1er Informe de Labores 2012-2013 de la Secretaría de Turismo, se desprende que al cierre del año 2012, en nuestro país, se registró la cifra de 68.1 millones de llegadas de turistas nacionales a hoteles, lo que representa un crecimiento de 6.6 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, durante el primer semestre de 2013, se registró la llegada de 32.7 millones de turistas nacionales a hoteles, 2.6 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

De enero a junio de 2013, México recibió a un total de 38.3 millones de visitantes internacionales, de los cuales el número de turistas internacionales al país ascendió a 11.7 millones, y el número de excursionistas sin pernocta fue de 26.6 millones de llegadas.

En dicho periodo, México registró un incremento en la llegada de visitantes, siendo Estados Unidos de América, el principal emisor a nuestro país, con 3.5 millones, mientras que del Reino Unido llegaron 191.9 miles de visitantes.

Al respecto, el año pasado, Baja California Sur, entidad a la que tengo el honor de representar en esta Soberanía, se ubicó en el segundo lugar nacional en recepción de turistas procedentes de Estados Unidos con poco más de 2 millones de visitantes, superando a la Ciudad de México en captación de turismo extranjero, posicionándose además como primer lugar de los destinos turísticos del Pacífico Mexicano.

De acuerdo con información publicada en junio de 2013 por la OMT, correspondiente al cierre de 2012, con excepción de Estados Unidos, México es el país más visitado del continente americano (23.4 millones de visitantes), al recibir 43 por ciento más turistas que Canadá, así como un 48 por ciento más turistas que los que llegan conjuntamente a Brasil, Argentina y República Dominicana.

Asimismo, entre enero y junio de 2013, la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó 7 mil 119 millones de dólares, de los cuales, el 85.2 por ciento fue generado por los turistas al interior y fronterizos, y el restante 14.8 por ciento por excursionistas fronterizos y de cruceros.

Las cifras anteriores reflejan la importancia económica del turismo en nuestro país, pues se coloca como una de las actividades principales. Los resultados de la Cuenta Satélite del Turismo de México, presentados por el INEGI en marzo de 2013, resaltan que en 2011, el turismo reafirmó su importancia en la economía nacional, contribuyendo con el 8.4 por ciento del PIB y, para el mismo año, el 6.8 por ciento de los puestos de trabajo equivalentes remunerados, se generaron en la industria turística, representando un total de 2 millones 474 mil 162.

No obstante a lo anterior, existe una problemática que impacta en el desarrollo de esta actividad en el país, y que consiste en la creciente comisión de delitos contra turistas, que deriva en la percepción negativa del país como destino turístico, restringiendo el ciclo de generación de recursos provenientes del turismo, dado que la percepción de seguridad, se constituye como un factor determinante a la hora de tomar la decisión de viajar o no.

En ese sentido, es lamentable que nuestro país sea catalogado como un destino peligroso para los turistas, y que haya acaparado en los últimos años la atención de los medios por el aumento de la violencia asociada a la delincuencia organizada.

Por ejemplo, en abril de 2013, la organización Human RightsWatch elaboró diferentes informes relativos a los países más peligrosos del mundo para los turistas, considerando el crecimiento de robos, secuestros exprés y, sobre todo, violaciones a mujeres extranjeras. Dichos informes colocaron a México entre los cinco países más peligrosos para las mujeres turistas, siendo los restantes India, Brasil, Turquía y Egipto.

Esto coincide con un caso muy sonado en los medios, relativo a la violación de 6 mujeres españolas en Acapulco; sin embargo, no es posible determinar la objetividad de ese tipo de clasificaciones, en razón de que no existen registros completos relativos a la comisión de delitos contra turistas en nuestro país, situación que dificulta la obtención de la dimensión real del problema.

Aunado a lo anterior, en marzo de 2013, el Foro Económico Mundial, indicó que en el tema de seguridad en el turismo, nuestro país se coloca en el lugar 121 de un total de 140, posición que contrasta con otros rubros evaluados en los que el país destacó, tales como el octavo lugar por la belleza de sus recursos naturales y el lugar 44 en el tema de competitividad turística.

Si bien estamos conscientes de que la percepción de seguridad del país como destino turístico no sólo depende de la cantidad de delitos cometidos contra los turistas, sino de otros elementos como la seguridad en general del país, conflictos sociales y fenómenos naturales, por mencionar algunos, consideramos relevante otorgar especial atención a la incidencia delictiva en contra de los turistas, atendiendo a la importancia que se le debe brindar al factor seguridad en los destinos turísticos, como componente fundamental que garantiza la calidad y sostenibilidad de esta importante actividad económica.

La OMT ha resaltado que la seguridad turística es pieza clave en el desarrollo turístico, al definirla como: “la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras”.

En el plano internacional, diversos países latinoamericanos han desarrollado planes y estrategias de seguridad turística, con el propósito de fortalecer la competitividad de los destinos turísticos, tal es el caso de Colombia y su Plan Estratégico de Seguridad Turística; y, de Argentina, su Estrategia de seguridad turística diseñada por la Comisaría del Turista de la Policía Federal.

Igualmente, el gobierno de Brasil ha diseñado una estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno para reducir los índices de criminalidad a través del reforzamiento de la seguridad ciudadana y turística.

Los ejemplos anteriores se relacionan con las recomendaciones realizadas por la OMT en los diversos foros y talleres, en el sentido de conminar a los países a trabajar en la estructuración de planes de seguridad para el turismo, contemplando, entre otras, las siguientes áreas:

• Detección y prevención de delitos contra turistas

• Protección de sitios e instalaciones turísticas contra actos ilícitos

• Establecimiento de directrices para los operadores de instalaciones turísticas en caso de que se produzcan dichos actos.

• Promoción, acopio y difusión de estadísticas de investigación fiables sobre delitos contra turistas.

Por todo lo anterior, y en congruencia con el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 publicado en el DOF el 13 de diciembre de 2013, que, dentro de las acciones planteadas para elevar la competitividad del sector turístico prevé el impulso de una política de seguridad integral, con el objeto de propiciar una experiencia turística satisfactoria y plena a los visitantes.

En consecuencia, considero necesario aportar, desde el ámbito legislativo, en el tema de seguridad turística, una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones en materia de delitos cometidos en contra de turistas, mismas que a continuación se describen:

I. Modificaciones al Código Penal Federal.

La presente iniciativa contiene una modificación al Código Penal Federal para establecer en el artículo 51, que establece las reglas generales de aplicación de sanciones, “que cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se estará además, a lo dispuesto en la Ley General de Turismo”.

II. Modificaciones a la Ley General de Turismo.

Se propone adicionar una fracción XVI al artículo 2°, para incluir dentro del objeto de la ley establecer las sanciones para los delitos cometidos en contra de turistas.

Mediante la adición de un Capítulo VIII, titulado, De los delitos contra turistas, se propone establecer agravantes genéricas aplicables tanto a delitos del fuero federal como a delitos del fuero común, que se cometan en contra de turistas.

Cabe resaltar que, con la adición del capítulo en comento, no se tipifica una conducta independiente, sino que se establecen agravantes sobre conductas existentes, reguladas en los códigos penales de las Entidades Federativas, así como en el Código Penal Federal, al tenor de las siguientes condicionantes:

• Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

• Se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

• Se aumentará la pena hasta en dos tercios cuando además la victima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

Además del establecimiento de agravantes, se adiciona un artículo que prevé que el Código Nacional de Procedimientos Penales establecerá los casos en que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cometidos contra algún turista. Esto, en razón de que la presente iniciativa también tiene por objeto desarrollar la facultad de atracción de delitos cometidos en contra de turistas que deriva de otra iniciativa de reforma constitucional que será descrita más adelante.

III. Modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se adiciona dos párrafos al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposición donde se encuentra prevista la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Se plantea que en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún turista, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos.

Se propone que esta facultad se ejerza en los casos de delitos cometidos contra turistas en los que se presuma intención dolosa y cuando se presente alguna de las circunstancias siguientes:

• Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

• En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

• Se trate de delitos graves así calificados por este Código y legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa;

• La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real;

• Lo solicite la autoridad competente de la Entidad federativa de que se trate;

• El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más Entidades federativas, o

• Cuando se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra turistas.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.

Justificación.

El establecimiento de una pena más severa para los delitos dolosos cometidos en contra de turistas, tiene como propósito desincentivar la comisión de dichas conductas, que impactan negativamente en la percepción que se tiene del país como destino turístico, situación que a su vez deriva en una afectación al desarrollo del turismo, actividad primordial para la economía no sólo de las entidades federativas, sino del país en general, como lo hemos mencionado con anterioridad.

Con ello, se pretende colaborar con las políticas de seguridad integral en el turismo para proporcionar una experiencia satisfactoria y plena a los visitantes nacionales y extranjeros.

Esta propuesta atiende dos aspectos, el primero, consiste en desincentivar las conductas que afectan la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante los delincuentes que se aprovechan de los turistas en su estancia en el país.

A manera de ejemplo, podemos citar estadísticas elaboradas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que reflejan que de las 762 averiguaciones que se han iniciado por delitos contra turistas de enero de 2008 a la fecha, 666 fueron por robos variados.

De los atracos denunciados, 201 fueron robos de objetos como cajas, bolsas, portafolios, carteras, computadoras portátiles, paquetes y regalos, que se dejaron en un sitio y después ya no fueron encontrados, la mayoría de estos delitos fueron cometidos en hoteles y hostales frecuentados por los turistas.

Del informe también se desprende que la segunda modalidad de robo cometida con más frecuencia contra los turistas fueron los asaltos en estaciones del Sistema Colectivo de Transporte Metro.

El tercer robo más común contra viajeros fue el cometido en la vía pública, con algún grado de violencia, y el robo a turistas en sus traslados en taxi. Asimismo, se señala que otras modalidades de robo menos frecuentes en donde se han visto afectados turistas son los atracos en casa habitación, en negocio, en vehículo, en autobuses, en metrobús, en un banco y en las inmediaciones del aeropuerto.

Finalmente, se informa que de las averiguaciones previas iniciadas por delitos a turistas distintos al robo están actos ilícitos como el fraude, lesiones y daño en propiedad ajena.

Lo anterior, nos ofrece un panorama del espectro de delitos cometidos con mayor frecuencia en contra de turistas, sin embargo, existen casos considerados más graves y que han tenido un mayor impacto a nivel mediático, como son, los delitos cometidos en contra de turistas mujeres, como la violación de 6 turistas españolas en Acapulco, que trascienden e impactan de una forma más contundente la imagen de nuestro país ante los demás países.

El segundo aspecto que motiva las modificaciones a la Ley General de Turismo, es la percepción sobre la calidad de nuestros destinos, principalmente en el exterior, toda vez que, la seguridad, es un elemento decisivo para un turista que está seleccionando el lugar que visitará en sus próximas vacaciones, siendo los conflictos internos y el inadecuado manejo de los mismos lo que ha generado una percepción de inseguridad en el país.

Desafortunadamente, un solo incidente tiene la capacidad de potenciar las nociones negativas y afectar seriamente el prestigio de nuestro país como destino turístico.

La débil vinculación interinstitucional operativa para la seguridad del turismo, aunada al desarrollo de tecnologías que difunden los problemas políticos, sociales o naturales masivamente y en tiempo real, han impactado severamente en la percepción sobre algunos de los principales destinos turísticos del país, razón por la que se han dejado de recibir un buen número de visitantes, principalmenteinternacionales.

En ese sentido, consideramos que la propuesta contribuye a desincentivar los delitos cometidos en contra de turistas, y que sumado a los esfuerzos que por su parte han emprendido las entidades federativas en materia de prevención de delitos contra turistas y de atención adecuada a los mismos, se puede reducir el mal concepto que se tiene de nuestro país.

Es necesario mencionar que la adición la Ley General de Turismo, atiende fundamentalmente a que esta ley puede incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano y por tanto ser exigible por su naturaleza jurídica a las autoridades federales como a las de las entidades federativas.

Ello, en razón de que las leyes generales corresponden a aquellas respecto de las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas deben ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Por otro lado, con las modificaciones al Código Penal Federal se pretende que en el caso de delitos federales cometidos contra turistas, además de la pena que corresponda al delito que se trate, se apliquen las agravantes contenidas en la LGT, referidas en el numeral II.

Por su parte, las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen por objeto reglamentar la facultad de atracción por parte de autoridades federales, respecto de los delitos cometidos en contra de turistas, iniciativa de reforma constitucional que presento en conjunto con esta iniciativa.

Con lo anterior, se considera que se contaría con una estructura jurídica viable, que permitiría a las autoridades federales atraer los delitos del fuero común cometidos contra turistas, sin rebasar los límites establecidos en la constitución y respetando la soberanía y las facultades de las entidades federativas.

Dado que el artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, establece que una propuesta que involucre disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra para la legislación secundaria, y con el objeto de indicar la correlación entre mis dos propuestas, a continuación procedo a describir el contenido de la iniciativa de reforma constitucional.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa tiene como propósito, establecer un mecanismo de excepción en el texto constitucional, mediante el cual se faculte a las autoridades federales para conocer de los delitos del fuero común, cuando se trate de delitos cometidos contra turistas y existan los elementos suficientes que presupongan la necesidad de que la Federación investigue, persiga y sancione dichos ilícitos.

A efecto de integrar la Facultad de atracción de las autoridades federales de los delitos cometidos contra turistas, es necesario que ésta se encuentre prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de no vulnerar las facultades de las entidades federativas en materia penal y evitar un menoscabo en la soberanía de los estados.

Lo anterior en atención de la distribución de competencia entre la Federación y los estados, que se basa en el principio de facultades residuales contenido en el artículo 124 constitucional, que establece que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

En ese contexto, esta reforma constitucional permite la creación de un ámbito de competencia para que la Federación pueda atraer los delitos del orden común cometidos en contra de turistas, sin que esto implique la federalización de los tipos penales, reafirmando la esfera de competencia de las legislaturas estatales, y por ende, los delitos de que se trata seguirán siendo regulados por los códigos penales de las entidades federativas.

En consecuencia, se propone reformar el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 73.…

I. …a XX. …

XXI. …

a)…

b) …

c) …

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuerocomún, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, ó cuando se trate de delitos cometidos contra turistas.

XXII. … a XXX. …

La modificación en comento, no tiene el objetivo de invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la Federación se constituya como un soporte para la resolución de asuntos que de conformidad con los límites que se establezcan en la legislación secundaria, trasciendan en el ámbito delas entidades federativas.

A mayor abundamiento, la facultad de atracción existe en nuestro sistema jurídico como una facultad de algunas autoridades para conocer excepcionalmente de asuntos que por mandato legal le competen a otra autoridad, ya sea diversa o de distinto orden de gobierno.

Dicha facultad, se integró al texto constitucional en 1996 con la adición de un párrafo a la fracción XXI del artículo 73, donde se estableció que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales.

Posteriormente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, se extendió el principio de conexidad a los casos de atentados contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Tal como en el caso de delitos contra periodistas, la presente iniciativa genera un mecanismo de excepción a través del cual se faculte a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el desarrollo de la actividad turística en nuestro país, trasciendan el ámbito de las entidades federativas sin que ello implique la debilitación del pacto federal, dado que se trata de una facultad excepcional para cuya procedencia se deberá cumplir con todos los requisitos que establezca la legislación secundaria.

Esta disposición refuerza las acciones que por su parte han comenzado a emprender algunas entidades federativas como medios para dar una atención adecuada a la problemática en materia de seguridad turística y de protección de la vida, la salud, la integridad física, psicológica y económica de los turistas nacionales y extranjeros.

Los derechos de los turistas deben ser especialmente garantizados, ya que diversas razones los colocan en situación de vulnerabilidad y blanco fácil de la delincuencia. Entre ellas, podemos mencionar, distintos idiomas o cultura; o bien, el desconocimiento de las condiciones imperantes en el lugar que visita, que por lógica suelen ser distintas a aquéllas que privan en donde el visitante tiene su lugar de residencia habitual.

En ese sentido, se considera pertinente extender la facultad de atracción de la autoridad federal prevista en la Constitución, para los casos de delitos cometidos contra turistas que afectan el desarrollo de la actividad turística, atentando contra los valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde inicialmente a las entidades federativas pero que, en razón de su relevancia e impacto, así como su efecto en la imagen que se tiene del país a nivel internacional en materia de seguridad en el sector turístico, se reconoce la necesidad de que la Federación sea quien investigue, persiga y sancione esos delitos.

Finalmente, es importante reiterar que la presente iniciativa contribuye con las políticas de seguridad necesarias para fortalecer el Turismo en nuestro país, por tratarse de una actividad prioritaria que por su naturaleza dinámica y descentralizadora es capaz de generar inclusión social, a través de la creación de fuentes de empleo de calidad, contribuyendo a mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo económico de México.

De la técnica legislativa.

En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa:

a) Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 51 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51.- …

Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se estará además, a lo dispuesto en la Ley General de Turismo.

ARTICULO SEGUNDO. Se adicionan una fracción XVI al artículo 2 y un Capítulo VIII al Título Quinto de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. …a XIV. …

XV.…y

XVI. Establecer sanciones para la comisión de delitos contra turistas.

CAPITULO VIII

De los delitos contra turistas

Artículo 74. Sin perjuicio de las penas establecidas en la legislación penal aplicable para el tipo de delito que se cometa, tratándose de aquellos cometidos en contra de algún turista, se estará a las reglas siguientes:

I. Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún turista, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito.

II. Se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

III. Se aumentará la pena hasta en dos tercios cuando además la victima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

Artículo 75. El Código Nacional de Procedimientos Penales establecerá los casos en que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cometidos contra algún turista.

ARTICULO TERCERO. Se reforma el párrafo primero y seadicionan los párrafos tercero y cuarto, pasando el anterior tercero a ser el párrafo quinto, del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresióny de los delitos cometidos contra turistas.

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún turista, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos.

Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las circunstancias que establecen las fracciones I , II, III, IV, V y VIII de este artículo, o cuando se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra turistas.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La autoridad federal conocerá de los delitos cometidos contra turistas, de acuerdo con las reglas de conexidad previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales, hasta en tanto apliquen las relativas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 1 de abril del año 2014.

Sen. Carlos Mendoza Davis”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto lo haremos, Senador Mendoza Davis.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador si me permite sumarme a su maravillosa iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, solicito a la Secretaría tome nota de ello.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Píter, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, como representante de un estado turístico, felicitar al Senador Mendoza Davis y preguntarle si me es posible sumarme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto, Senador Ríos Piter. Gracias. Solicito a la Secretaría tome nota de ello, igualmente los Senadores Isaías González, María Beristain, Eviel Pérez, Ricardo Barroso Agramont, Daniel Avila, Rosa Adriana Díaz Lizama, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca, Marco Antonio Blásquez Salinas, David Monreal y Ernesto Ruffo.

Daremos el siguiente turno a estas iniciativas: el proyecto de reformas al artículo 73 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera; y el proyecto de reformas al Código Penal Federal, a la Ley General de Turismo y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar unainiciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencia de maternidad.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, señor Presidente.

Voy a presentar junto con el Senador Armando Ríos Píter dos iniciativas en esta sola participación, señor Presidente, lo comento para el efecto del tiempo que tiene que ver con reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación secundaria en materia de regulación de derechos sobre las licencias de maternidad y paternidad para trabajadores burocráticos y no burocráticos.

Esas son las iniciativas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante, Senador, le pido nada más que nos ajustemos, tiene un lapso no mayor a 10 minutos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LICENCIA DE MATERNIDAD

 (Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Compañeras y compañeros Senadores:

La protección de la maternidad se ha definido como una institución jurídica compleja, formada por reglas, principios y valores orientados a la supresión de las conductas de discriminación a la mujer en razón de su condición de madre y a la promoción y salvaguarda de la relación materno- filial y de las relaciones familiares en general.

La maternidad a nivel mundial cuenta con el respaldo de numerosas disposiciones de organismos nacionales e internacionales, las cuales expresan su importancia y beneficio para poder disfrutar de la licencia de maternidad.

La protección de la licencia por maternidad en nuestro país para estar garantizada como derecho se ha estipulado en el artículo 123, Apartado A, fracción V y Apartado B, fracción XI inciso c) de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, en la medida en que los roles sociales y laborales de la mujer y el hombre han ido cambiando, la legislación se ha visto limitada para proteger de manera integral a quienes en el desarrollo de sus actividades quedan de alguna manera desprovistas de mecanismos que garanticen el goce pleno de estos derechos, tanto los hombres como las mujeres y especialmente el derecho de la infancia y de los infantes.

Requiere hoy de mayores garantías para transitar hacia un desarrollo más integral de la familia moderna.

En el contexto internacional, el interés superior del menor y de la madre ha encontrado apoyo en diversos instrumentos convencionales y regulatorios que protegen los derechos humanos a la niñez, a la maternidad de las mujeres trabajadoras, ambos derechos constituyen hoy el principal interés de la Organización Internacional del Trabajo, que entre otros han dado origen al actual Convenio 183.

Este convenio mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad establecidos por la organización, pero amplía al campo de aplicación a todas las mujeres empleadas y su protección ante todos los hechos que, como consecuencia del embarazo, del parto y el posparto se puedan dar.

En el actual siglo XXI la maternidad en México vive una redefinición y un proceso de desmistificación ante la cada vez más creciente inserción de las mujeres en la economía y la política, el control natal y la resolución asistida, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el incremento de mujeres cabezas de familia y por las restricciones económicas que afectan la economía familiar.

La gran reflexión nos conduce a determinar, en todo caso, cuáles han sido las consecuencias positivas o negativas de esta evolución.

En primer lugar, el número de mujeres que trabajan en sus años de crianza está aumentando, una realidad que hace aún más imperativa la adecuada protección de la maternidad.

Actualmente los principios de maternidad y atención médica no sólo son fundamentales para que las mujeres mantengan o recobren la salud o puedan volver al trabajo en condiciones de estabilidad física, sino que además se ha hecho indispensable suplir los ingresos que corresponden a los periodos de permiso.

Otra consecuencia la ubicamos en la propia contradicción existente entre los contenidos del artículo 123 constitucional, en su Apartado A, fracción V y el Apartado B fracción XI inciso c); ambas disposiciones de forma inexplicable e injustificada establecen una condición discriminatoria al diferir en el tiempo que se les otorga de licencia por maternidad a las madres trabajadoras, ya que en el primero abarca un total de 84 días y en el segundo uno de 90 días, lo que motiva una de las razones que justifican la presente iniciativa de reforma bajo el principio de la igualdad y la justicia laboral: “A trabajo igual, derecho igual”.

Esta condición discriminatoria ahora se pretende modificar con la iniciativa de mérito; sin embargo, se ha trasladado del texto constitucional a la legislación reglamentaria, tanto en el artículo 170, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, como en el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Primero.- Sobre el sentido de la desigualdad de las madres trabajadoras.

Segundo.- Sobre otro de los motivos de la presente iniciativa que va más allá de la simple homologación de los tiempos otorgados por la licencia de maternidad.

Busca la homologación de ese derecho con las disposiciones internacionales, que hoy también hablan de su incremento en mejores condiciones.

Por esta razón se propone reformar la fracción II del artículo 170, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer:

“Que la trabajadora gozará de 45 días previos al parto, y 90 días posteriores al mismo”.

Asimismo, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponde, o en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, podrá transferir hasta 38 días de licencia para disfrutarla con posterioridad al parto, suprimiéndose la opinión del empleador, ya que este es un derecho que le compete a la futura madre una vez que el médico autorice, debido a que considera que no existe riesgo de salud para la madre, ni para el bebé.

Con esta modificación constitucional y legal, estaremos haciendo realidad un viejo anhelo y una muy sentida y justificada demanda de las mujeres trabajadoras, que hasta hoy han visto limitado su derecho a disfrutar de la maternidad plena y el adecuado cuidado de sus hijos.

Por una condición de tiempo, que no sólo resulta insuficiente bajo las condiciones actuales, sino desproporcionado del contexto internacional, que muchos países reconocen este derecho como una garantía prioritaria para el seno familiar y el sano desarrollo de los infantes.

Nuestro país está obligado a superar esta regulación discriminatoria en el trato a la mujer embarazada que se convierte en madre, ya que todas las mujeres embarazadas sin importar su condición social, origen étnico o nacional, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil o nivel educativo, se encuentren en un plano de igualdad como se establece en nuestra Constitución, en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en diversos instrumentos internacionales que regulan el derecho de igualdad de las mujeres y el derecho de niñas y niños.

Otra modificación propuesta a favor de las mujeres trabajadoras, con las que estamos enteramente comprometidos, deviene del hecho de que por alguna razón médica la trabajadora no puede disfrutar del periodo previo al parto que le corresponde legalmente o del periodo solicitado por ella para tener un parto prematuro, podrá disfrutar de los 135 días contados a partir de la fecha del parto, de lo contrario, se realizará el ajuste de tiempo correspondiente.

Es indispensable reconocer que la protección a la salud es un derecho humano prioritario para el ejercicio de otros derechos, que se entiende como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su máximo bienestar.

Es en tal sentido, que la iniciativa que presentamos propone reformar la última parte de la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para establecer que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o de enfermedad que requiera atención médica con cuidados especiales, el descanso podrá ser hasta 30 días más posteriores al término de la licencia por maternidad, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Varios países ya prevén en su legislación medidas destinadas a tener en cuenta las situaciones y los problemas particulares que se plantean, sobre todo la hospitalización del recién nacido después del parto, o de la madre.

México no puede permanecer rezagado en este tema tan importante para nuestra sociedad.

En ese sentido, también adicionar a la iniciativa de mérito un tercer y cuarto párrafo en la fracción II del artículo 170 del citado ordenamiento legal, y la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer la licencia de maternidad para madres de niños prematuros que requieran atención de incubadora.

Asimismo, considerando que la trabajadora en el curso del embarazo puede sufrir un aborto o parto prematuro no logrado, debe otorgársele de igual forma una licencia de hasta 30 días con goce de sueldo derivado de sus condiciones de salud para que se recupere plenamente, antes de reincorporarse a sus labores.

Si bien es cierto que el médico puede otorgarles una incapacidad, lo cierto es que este tipo de asuntos deben ser tratados de acuerdo a su naturaleza con el máximo respeto y el derecho de reproducción y salud de la mujer.

Por otra parte, se propone una reforma a la fracción II Bis de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que en caso de adopción, la licencia de maternidad se incrementará al mismo término otorgado para la madre biológica posteriormente al parto, es decir, de 90 días de la misma manera.

La licencia por paternidad, que es otro tema planteado, ha sido adoptada desde 1974 en varios países de Europa y de América Latina.

Estamos planteando de esta forma el contenido del artículo 4o., constitucional en su primer párrafo, el cual coloca al varón y a la mujer en un plano de igualdad ante la ley para otorgar protección a la organización y desarrollo de la familia en relación con el contenido del párrafo octavo, el cual establece que se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez.

Garantizando de manera plena sus derechos, es que la presente iniciativa propone reformar disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para incorporar la licencia de paternidad con goce de sueldo por un periodo de 30 días, lo que se encuentra plenamente justificado a la luz de las garantías de la prevalencia de los derechos de los niños en la medida que esta licencia se instituye en beneficio del niño, y no propiamente del padre.

Es un valioso aporte para la reconstrucción de núcleos familiares sólidos.

Al mismo tiempo, la presente iniciativa propone adicionar en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado disposiciones tendientes a otorgar licencias posteriores al nacimiento del hijo o hija, al padre que no tenga cónyuge o concubina y tenga a su cargo el cuidado directo de éste, otorgarle los mismos derechos, previsiones y garantías establecidas en el caso de la licencia de maternidad, así como para otorgar licencia al padre en el caso de que fallezca la madre durante el parto o puerperio, el patrón del padre que tenga en forma directa el cuidado del hijo o hija, le concederá el derecho a gozar de una licencia por el periodo equivalente al tiempo que falte para expirar el periodo de la licencia de maternidad posterior al parto.

Con la finalidad de dar fuerza legal a estas disposiciones y hacer realidad el cumplimiento de estas garantías constitucionales y legales, es que además se ha propuesto reformar el contenido del artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los patrones que no cumplan con lo establecido en materia de licencias de maternidad y paternidad, se harán acreedores a una multa equivalente de 50 a 2 mil 500 veces el salario mínimo general.

Finalmente, la presente iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Compañeras y compañeros Senadores:

El bienestar y el interés superior de la niñez es la razón de ser del sistema de licencias parentales que se propone, en este periodo en el que son más necesarios los cuidados que requiera su crecimiento y madurez con la presencia de dos personas adultas a cargo de su crianza.

Los resultados de investigaciones sobre el desarrollo infantil, ponen de relieve, que si bien, cada una de las etapas de la vida tiene su importancia, ninguna es más trascendental que la de los primeros tres meses para modelar el desarrollo futuro de una persona en trazar el rumbo que tomará su existencia.

Por su atención y su paciencia, mi estimado señor Presidente, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativas

“El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA: FRACCION V, APARTADO A, INCISO C), DE LA FRACCION XI DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MISMA QUE SE PRESENTA EN CONJUNTO CON LAINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA: FRACCION XXVII Y XXVII BIS DEL ARTICULO 132, FRACCION II Y II BIS DEL ARTICULO 170 Y 995 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO; ARTICULO 85 PARRAFO SEGUNDO, ARTICULO 94 FRACCIONES I, II Y III Y ARTICULO 101 PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; ARTICULO 39 FRACCIONES I, II Y III DE LALEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y ARTICULOS 151 Y 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII TER Y XXVII QUATER DEL ARTICULO 132; Y LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; FRACCION VIII BIS, VIII TER, VIII QUATER, VIII QUINQUES, 43 DELEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO; FRACCION IV ARTICULO 94 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; FRACCION IV DEL ARTICULO 39 DE LALEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, COMO REGLAMENTACION SECUNDARIA DE LAS DISPOSICIONES SUPERIORES QUE RESULTAN DE LA PRESENTE, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

La maternidad es un estado natural, la cual requiereprotección legal para garantizar este derecho, como se estipula en el artículo 123 apartado A fracción V y B fracción XI, inciso c) de nuestra carta magna, sin embargoen la medida en que los roles sociales y laborales de la mujer y del hombre van cambiando, las leyesquedan limitadas para proteger de manera integral a quienes en desarrollo de sus actividades quedan de alguna manera desprovistos de mecanismos que garanticen el goce pleno de los derechos tanto de hombres como mujeres y especialmente en el tema que nos ocupa, el derecho delos infantes.

La maternidad a nivel mundial cuenta con el respaldo de numerosas disposiciones de organismos nacionales e internacionales, las cuales expresan la importancia y los beneficios al poder disfrutar de la licencia de maternidad, estos beneficios, que se ven reflejados tanto en la salud de la madre como del recién nacido se podrían enunciar de la siguiente manera:

a) Se fortalecen en gran medida la salud emocional y física de la madre, el padre y el bebé;

b) Los primeros días y meses de vida del bebé, es un tiempo único e irrepetible, en el cual se pueden detectar síntomas de enfermedades o si algo funciona mal en el bebé y la madre;

c) Cuando nace el bebé, inmediatamente existe una etapa de ajuste entre su madre y él, haciendo imperioso contar con un tiempo entre madre, padre e hijo (s) para desarrollar de manera efectiva los lazos familiares, emocionales y afectivos entre el nuevo núcleo familiar.

Por lo que en aras del interés superior del menor y de la madre, y teniendo en cuenta los diversos instrumentos internacionales que protegen a la niñez y la maternidad de las mujeres trabajadoras, se viene constituyendo en el principal interés de la Organización Internacional del Trabajo, desde su creación en 1919. Es en este año, donde se dio el primer avance en este tema y fue el Convenio número 3, que determinó los principios fundamentales de la protección a la maternidad en cuanto a prestaciones en dinero y prestaciones médicas, y el derecho a la seguridad del empleo y a la no discriminación.

Convenio que se ha revisado y acoplado en dos oportunidades en 1952, el cual se resume en el 103, y que complementa y adiciona temas como la asistencia médica para los nueve meses de embarazo, el parto y el posparto, las horas de lactancia como parte de las horas de trabajo y su debida remuneración. De igual manera, a través de la recomendación (núm. 95) que acompaña al Convenio, se incrementó el descanso de maternidad a un periodo de 14 semanas.

En junio de 2000, en la 88ª Conferencia Internacional del Trabajo, se procedió a la revisión del Convenio 103, el que dio origen al actual Convenio 183. Este convenio mantiene los principios fundamentales de la protección de la maternidad establecidos por la organización, pero amplía el campo de aplicación a todas las mujeres empleadas y su protección ante todos los hechos que como consecuencia del embarazo, del parto y posparto se puedan dar.

A comienzos del siglo XXI la maternidad en México vive una redefinición y proceso de desmitificación ante la cada vez más creciente inserción de las mujeres en la economía y la política, el control natal y la reproducción asistida, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el incremento de mujeres cabeza de familia y por las restricciones económicas que afectan la economía familiar.

El tópico de que los hombres mantienen a las mujeres y a los niños está actualmente superado, y en todo el mundo la mayor parte de los hogares depende ya de dos sueldos para mantener un nivel de vida adecuado. En muchos países, los ingresos de las mujeres resultan fundamentales para la supervivencia de las familias. Un estudio reciente muestraque un 59 por ciento de las trabajadoras europeas y un 55 por ciento de sus homólogas de los Estados Unidos aportaban la mitad o más de los ingresos del hogar familiar, y que en Europa una de cada cuatro mujeres aporta la totalidad de los ingresos del hogar. En la India, se estima que 60 millones de personas están viviendo en hogares mantenidos por mujeres. En todo el mundo, las mujeres aportan la principal fuente de ingresos en un 30 por ciento de los hogares, mientras que la gran mayoría de los hogares dirigidos por hombres cuentan con miembros femeninos que contribuyen con su trabajo, sus ingresos y otras formas de apoyo.

¿Cuáles son las consecuencias de esta evolución? En primer lugar, el número de mujeres que trabajan en sus años de crianza está aumentando, una realidad que hace aún más imperativa la adecuada protección de la maternidad. Actualmente, los permisos de maternidad y la atención médica no sólo son fundamentales para que las mujeres mantengan o recobren la salud y puedan volver al trabajo, sino que además se ha hecho indispensable (para el bienestar de la madre, del hijo y de toda la familia) suplir los ingresos que corresponden a sus periodos de permiso.

Entre los países que otorgan las licencias pagadas de maternidad se encuentran:

Menos de 12 semanas: Túnez (30 días); Líbano, Qatar (40 días); Papua Nueva Guinea (6 semanas*); Bahrein, Emiratos Arabes Unidos (45 días); Egipto, JamahiriyaArabe Libia (50 días); Nepal (52 días); Bahamas, Uganda, Singapur, Sudán, Suiza (8 semanas); Bolivia, República de Corea, Eritrea, Guinea-Bissau, Iraq, Islandia, Kenya, Malasia, Mozambique, Filipinas, Yemen (60 días o 2 meses); Arabia Saudita, Honduras, Jordania, Kuwait, Santo Tomé y Príncipe (70 días o 10 semanas); República Arabe Siria (75 días).

12 semanas: Bangladesh, Barbados, Belice, Botswana, Burundi, Colombia, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Fiji, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, India, Israel, Jamaica, Lesotho, Marruecos, Mauricio, México, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Rwanda, Sri Lanka, Sudáfrica, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Turquía, Uruguay, Zambia.

13 semanas: Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Camboya, China, Etiopía, Granada, Guyana, Indonesia, República Islámica del Irán, República Democrática Popular Lao, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, Zimbabwe.

14 semanas: Alemania, Argelia, Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Côted'Ivoire, Djibouti, Gabón, Guinea, Irlanda, Japón, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, Nueva Zelandia, Panamá, Portugal, Reino Unido, Senegal, Seychelles, Somalia, Suecia, Togo.

15 semanas: Mongolia (101 días), Bélgica, Congo, Eslovenia, Finlandia.

16 semanas: Austria, Chipre, Costa Rica, España, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumania.

17 semanas y más: Brasil, Bulgaria, Canadá (17 semanas); VietNam (4-7 meses); Azerbaiyán, Belarús, Chile, Cuba, Dinamarca, Estonia, Ucrania, Venezuela (18 semanas); Federación de Rusia (20 semanas); Italia (5 meses); Hungría (24 semanas); Croacia (6 meses y 4 semanas); República Checa (28 semanas); Noruega (38-48 semanas); Australia (52 semanas).

En 31 países,la duración legal de la licencia es inferior a 12 semanas. Es superior,en más de la mitad de los países (119), y en 62 países, esto es, el 41 por ciento de los países, la duración es de 14 semanas, periodo propuesto en la Recomendación núm. 95 (que coincide con la licencia mínima establecida por la directiva aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea a la que se ha hecho referencia), o superior a las 14 semanas.

Cabe señalar además que en la práctica la negociación colectiva, cuya importancia en la materia ya se ha destacado, permite con frecuencia aumentar la duración de la licencia. Tal es el caso en México, donde la duración legal de la licencia es de 12 semanas (84 días), apartado A, fracción V del artículo 123 Constitucional. En virtud de los convenios colectivos en vigor, en dos establecimientos bancarios (Banco Inverlat y Banco Unión SA) y en la Compañía de Energía y Electricidad del Norte, por ejemplo, las trabajadoras tienen derecho a una licencia de 90 días y 110 días, respectivamente. En España, en virtud de un acuerdo aplicable a los docentes de los establecimientos privados de enseñanza del País Vasco, que ampara a 12.000 personas, las mujeres tienen derecho a una licencia de 17 semanas; con arreglo a otro acuerdo relativo al personal de los establecimientos públicos de enseñanza de la misma región, que se aplica a unas 18.000 personas, tienen derecho a una licencia de maternidad de 18 semanas, es decir, una y dos semanas más respectivamente de lo previsto por el régimen general. En Kenya, las mujeres que trabajan en la industria de la construcción tienen derecho a 12 semanas de licencia de maternidad, es decir, cerca de un mes más de lo previsto en la legislación. En el Reino Unido, los resultados de una encuesta efectuada en 1995 en 240 establecimientos indican que en el 85 por ciento de los mismos se aplican disposiciones relativas a la licencia de maternidad que son más ventajosas que las previstas en la legislación. En Suiza, la duración de la licencia de maternidad prevista en los convenios colectivos varía en función de la antigüedad en el servicio, lo cual se inspira en la legislación, y es en promedio de 7,1 semanas durante el primer año de servicio, de 9,6 semanas durante el segundo año, de 10,7 semanas durante el tercero y el cuarto año de servicio, de 14,6 semanas entre el quinto y el noveno año de servicio, etc.En comparación con esto, la duración de la licencia acompañada de una compensación financiera corresponde legalmente a tres semanas en el transcurso del primer año de servicio y, posteriormente, a "un periodo más largo fijado de manera equitativa".

La prolongación de la licencia de maternidad comprobada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones desde 1965, y posteriormente por el Consejo de Administración en 1982, ha proseguido hasta ahora. Así, en 1995, la duración legal de la licencia pasó de 14 a 15 semanas en Bélgica, y de 90 días a 14 semanas en Portugal. En Mozambique, el Comité Consultivo del Trabajo examinó recientemente la posibilidad de aumentar la licencia de maternidad de 60 a 90 días. Las políticas que se han aplicado en diferentes países durante los últimos quince años con miras a mejorar la protección de la maternidad han tendido de manera evidente a prolongar la licencia de maternidad.

Por eso la presente iniciativa propone por un lado aumentar el periodo de licencia de maternidad, a 135 días,45 días anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 90 días posteriores al mismo; proponiendo ademásla reforma al artículo 123 apartado A, fracción V y apartado B, fracción XI, inciso c), para homologar los tiempos, ya que el artículo vigente de acuerdo a la forma como está regulado considera 84 días para las mujeres quepor su situación laboral les aplica el apartado A, mientras que para las que les aplica el apartado B se les otorgan 90 días, así mismo la que se rigen con éste último apartado cuentan conel disfrute de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles, y no asílas madres cuya situación laboral se rigen por el apartado A

Como se encuentra regulado actualmente es un acto dediscriminación en el trato de la mujer embarazada que se convierte en madre, ya queante el Estado, todas las mujeres embarazadas, sin importar su condición social, origen étnico o nacional, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o nivel educativo, se encuentran en un plano de igualdad, tal como lo establece elartículo 24 del Pacto de San José, Artículo 3, 6 apartado 2, 15 apartado 1 y 3 inciso a) del Pacto de San Salvador, 19 apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; artículo 2 inciso d), e) y f), 11 inciso f), de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; artículo 5 inciso f), 6 inciso a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de seguridad social y artículo 3 apartado 1 y 2 dela Convención Sobre los Derechos del Niño.

Lo primero que aprendemos sobre los derechos fundamentales es el principio de igualdad, juristas como Kelsen, Tocqueville o Bobbio, señalan que un trato igualitario a personas que estén en situaciones desiguales solo perpetúa las desigualdades, impidiendo la erradicación de la injusticia.

El derecho a la igualdad está consagrado en la Convención Americana y en la Declaración Americana de derechos del hombre, y en ellas se prohíbe a los estados toda discriminación por razones de sexo tanto en la ley como de hecho a través de sus agentes.

El principio de igualdad contiene una prohibición específica de no discriminar; esto es, la tutela antidiscriminatoria al señalar que nadie puede ser discriminado por ninguna razón. En materia de igualdad y discriminación, podemos afirmar que el no ser discriminado constituye un derecho derivado del principio de Igualdad.

Los derechos económicos, sociales y culturales implican una adopción de medidas por parte del Estado, para garantizar el bienestar general de los ciudadanos, son: el derecho al trabajo, a la salud y seguridad social, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, a la familia.

Es por lo anterior que se hace necesario reformar el artículo 123 constitucional en las fraccione señaladas, a fin de no entrar en contravía no solo con los derechos consagrados en ella, sino para evitar caer en alguna clase de discriminación.

Esta propuesta se articula en torno a la igualdad y no discriminación en los derechos que tienen las mujeres de gozar de una licencia de maternidad, sin importar el sector en el que laboran, así como la conciliación de la vida laboral, y familiar, con el objeto de que la madre cuente con mayor tiempo para su recuperación, convivencia y construcción de su relación materno-filial.

Los convenios de la OIT y los datos de los países que han regulado la licencia de maternidad, que la han ampliado por diversas circunstancias,se señalan en la presente exposición de motivos como referencia a fin de mostrar lo que sucede en otros Países y sensibilizar a las senadoras y senadores de que este tema, no obstante de los avances que hemos logrado en México, aún no son suficientes y sigue siendo uno de los pendientes a favor de la salud de las madres y de los hijos e hijas, así como del bienestar de su desarrollo, el de la familia y el de la sociedad.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue en el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción V, del apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123…

A…

I al IV…

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de 45 días anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 90 días posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

VI al XXXI…

B…

I al X…

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) al b)…

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de cuarenta y cinco días de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de noventa días después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Las madres o padres trabajadores que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren gozando de los derechos que se establecen en la Constitución, vigentes, podrán solicitar al patrón y a las instituciones de seguridad social correspondientes, la ampliación y otorgamiento de los beneficios a que hace referencia el presente decreto.

Dado en el salón de Pleno de la Cámara de Senadores, a los 1º de abril del año 2014.

Sen. Raúl Morón Orozco”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, EN MATERIA DE LICENCIA DE MATERNIDAD

 (Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA: FRACCION XXVII Y XXVII BIS DEL ARTICULO 132, FRACCION II Y II BIS DEL ARTICULO 170 Y 995 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO; ARTICULO 85 PARRAFO SEGUNDO, ARTICULO 94 FRACCIONES I, II Y III Y ARTICULO 101 PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; ARTICULO 39 FRACCIONESI, II Y III DE LALEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y ARTICULOS 151 Y 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII TER Y XXVII QUATER DEL ARTICULO 132; Y LOS PARRAFOS TERCERO Y CUARTO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 170 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; FRACCION VIII BIS, VIII TER, VIII QUATER, VIII QUINQUES, 43 DELEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO; FRACCION IV ARTICULO 94 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; FRACCION IV DEL ARTICULO 39 DE LALEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, MISMA QUE SE PRESENTA EN CONJUNTO CON LA INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA: FRACCION V, APARTADO A, INCISO C), DE LA FRACCION XI DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO LA PRESENTE UNA CONSECUENTE REGLAMENTACION DE LAS DISPOSICIONES SUPERIORES QUE EN ELLA SE CONTIENEN, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La protección a la maternidad se podrá definir como una institución jurídica compleja formada por reglas, principios y valores, orientados a la supresión de las conductas de discriminación a la mujer en razón de su condición de madre, y a la promoción y salvaguarda de la relación materno-filial y de las relaciones familiares en general.

La maternidad a nivel mundial cuenta con el respaldo de numerosas disposiciones de organismos nacionales e internacionales, las cuales expresan la importancia y los beneficios al poder disfrutar de la licencia de maternidad, estos beneficios,se ven reflejados tanto en la salud de la madre como del recién nacido.

En nuestro País se establece en el artículo 123 Constitucional apartado A fracción V y apartado B fracción XI, inciso c), apartados que difieren en el tiempo que se les otorga de licencia a las madres, ya que en el primero abarca un total de 84 días y en el segundo uno de 90 días, lo que deviene discriminatorio, por tal motivo en iniciativa diversa se propone su reforma. Asimismo se encuentra reguladoen el artículo 170 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal Burocrática, sin embargoambas disposiciones devienen discriminatorias por las mismas razones señaladas en el caso de la regulación constitucional, por tal motivo en la presente iniciativa no solo se propone homologar los tiempos, sino además incrementarlos,por lo quese propone reformar la fracción II del artículo 170, y 28 de la Ley Federal burocrática, para establecer que la trabajadora gozará de 45 días previos al parto y 90 días posteriores al mismo, asimismo previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, podrá transferir hasta treinta y ocho días de licencia para disfrutarla con posterioridad al parto, suprimiéndose la opinión del empleador, ya que éste es un derecho que le compete a la futura madre una vez que el médico autorice, debido a que considera que no existe riesgo de salud ni para la madre ni para el bebe.

El periodo prenatal de la licencia y el periodo posterior al parto, así como su duración mínima u obligatoria, determinan a la vez la duración efectiva de la licencia (particularmente en caso de error en cuanto a la fecha prevista del parto) y el margen de libertad que tiene la mujer para distribuir la licencia de maternidad.La duración de la licencia prenatal se establece con relación a la fecha presunta del parto. Habitualmente, cuando el parto tiene lugar antes de lo previsto y la duración mínima global de la licencia de maternidad está reglamentada, la duración del periodo de licencia posterior al parto se debe prolongar por un periodo igual al transcurrido entre la fecha prevista del parto y la fecha en que efectivamente tuvo lugar.

En este sentido se propone que si por alguna razón médica la trabajadora no puededisfrutar del periodo previo al parto que le corresponda legalmente o del periodo solicitado por ella, por tener un parto prematuro, podrá disfrutar de los 135 días contados a partir de la fecha del parto, de lo contrario se realizará el ajuste de tiempo correspondiente, considerando que no existe método para fijar con exactitud la fecha del mismo, ya que por razones de naturaleza biológica o contingencia médica, puede ocurrir antes o con posterioridad a la fecha que aproximadamente fija el médico, y la madre debe de quedar protegida legalmente ante tal incidencia.

Sirve de sustento de lo anterior el artículo 10 apartado 1, del Pacto de San Salvador y el contenido del artículo 4.5 del Convenio 183 de la OIT, el cual establece literalmente.

“5. El periodo prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un periodo equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier periodo de licencia obligatoria después del parto.”.

Asimismo los argumentos establecidos en la resolución de la CNDHNo. 74/2013, SOBRE EL CASO DE LIMITACION A LA LICENCIA DE MATERNIDAD, EN PARTOS PREMATUROS, POR PARTE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN AGRAVIO DE V1 Y SU MENOR HIJO. México, D.F., a 18 de diciembre de 2013 y la resolución del Amparo en Revisión 114/2011, por haber vulnerado los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad, al trato digno y a la protección de la salud, lo anterior a razón de los siguientes antecedentes:

1. El 27 de febrero de 2013, V1 ingresó al Hospital de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con antecedentes de preeclampsia severa + edad avanzada con embarazo del alto riesgo.

2. El 1 de marzo de 2013, después de estabilizar a V1, se interrumpió el embarazo mediante cesárea, dando a luz a V2, niño con pagar 7/8, capurro de 35 semanas, que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el 18 de los mismos mes y año.

3. El 3 de marzo de 2013, AR1 determinó que V1 presentó mejoría clínica, por lo que la dio de alta, con diagnóstico de puerperio quirúrgico mediato/preeclampsia y le otorgó la Licencia Médica número 200LM2614148, por 60 días naturales, del 27 de febrero al 27 de abril de 2013.

4. El 22 de abril de 2013, V1 presentó un escrito ante AR2 Encargada de la Dirección de la Clínica Médico Familiar “B”, de la Subdelegación Médica de la Delegación Estado de México, donde solicitó la ampliación de la Licencia Médica número 200LM2614148, por 30 días más, porque V2 requería de cuidados especiales debido al retardo que tuvo en el desarrollo intrauterino, por lo que era necesario proporcionar terapias de estimulación temprana especializada para impulsar su óptimo desarrollo motriz y neuro-cerebral.

5. Al respecto, AR2 Encargada de la Dirección de la Clínica Médico Familiar “B”, de la Subdelegación Médica de la Delegación Estado de México, el 29 de abril de 2013, mediante oficio 1520700/CMFN/269/2013, indicó a V1, que cuando el producto es prematuro o se solicita la Licencia Médica por Maternidad con posterioridad al parto, únicamente se otorga por un periodo de 60 días naturales para cuidados maternos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Bajo esa óptica, el descanso para la mujer embarazada, tiene por objeto preservar la salud de la madre y del bebé, pues de acuerdo a estudios médicos existentes, el descanso viene a contribuir al total desarrollo del producto, lo que disminuye el riesgos para que el embarazo llegue a término, permitiendo a su vez, la preparación de la madre para dar a luz y el desarrollo armónico con el bebé; mientras que el descanso posterior al parto, constituye una etapa de adaptación entre la madre y el producto, ya que se requiere de un trato especial para ambos, pero principalmente, para el producto de la gestación, cuya subsistencia depende en su totalidad de la atención que la madre le brinde.

De lo anterior se desprende la justificación de establecer en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal burocrática, la disposición de la obligación de otorgarle el periodo de licencia a la madre que la ley establece posterior al parto, evitando con ello, la violación de éste derecho como aconteció en el caso que se indica líneas anteriores y que la víctima se vio en la necesidad de tramitar queja y amparo para que se le reconociera su derecho fundamental.

En este caso seviolaron los derechos fundamentales de V1 y V2, en razón de que el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, va más allá de lo establecido en la Carta Magna, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud y Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al limitar la expedición de la licencia médica de maternidad a que las trabajadoras tienen derecho, por tal motivo en la iniciativa se propone reformar la fracción XXVII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y la fracción VIII Bis de la Ley Federal burocrática, para establecer:que se debe proporcionar a las mujeres embarazadas la protección y el respeto al ejercicio de los derechos que se establecen en la Constitución, en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro País, en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Es indispensable reconocer que la protección a la salud, es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, que se entiende como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su máximo bienestar, en tal sentidola iniciativapropone reformar la última parte de la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal burocrática, para establecer que en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad que requiera atención médica con cuidados especiales, el descanso podrá ser de hasta treinta días más, posteriores al término de la licencia por maternidad, previa presentación del certificado médico correspondiente.

Varios países prevén en su legislación medidas destinadas a tener en cuenta las situaciones y los problemas particulares que plantean, sobre todo la hospitalización del recién nacido después del parto o la de la madre, o incluso el fallecimiento de uno de ellos.

La prolongación de la licencia de maternidad Complicaciones o enfermedades están expresamente previstos por la legislación de ciertos países:

Menos de un mes Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Botswana (es posible prolongarla más), Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Côted'Ivoire, Djibouti, Estonia, Filipinas, Gabón, Ghana, Lesotho, Madagascar, Malí, Mauritania, Marruecos, Mongolia, Níger, Federación de Rusia, Senegal, Togo, Túnez y Ucrania.

Uno a tres meses Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Camerún, Costa Rica, Fiji, Francia, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Israel, República Democrática Popular Lao, Jamahiriya Arabe Libia, Malta, Papua Nueva Guinea, Portugal, Reino Unido, Swazilandia, Tailandia (no remunerada) y Uganda (no remunerada).

Más de tres meses Ecuador (no remunerada), Emiratos Arabes Unidos (no remunerada), Iraq, Jamaica (es posible prolongarla por otras 3 semanas), Kuwait (no remunerada), Países Bajos y República Arabe Siria (incluida la licencia de maternidad).

El tiempo que sea necesario Chile, El Salvador, Honduras (no remunerada), Islas Salomón, México y Venezuela.

Un periodo no determinado Antigua y Barbuda, Belice, Benin, Bolivia, República Dominicana (no remunerada), Eritrea, Filipinas, Guineacuatorial, Italia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, Seychelles, Sudán, Zambia y Zimbabwe (noremunerada).

Nacimientos múltiples

Menos de un mes: Afganistán, Azerbaiyán, Belarús, China, España, Estonia, Georgia, Ghana, Guinea, República Islámica del Irán, Israel, Noruega*, Ucrania y Yemen.

Uno a dos meses: Alemania, Armenia, Austria, Cuba, Islandia*, Japón, Luxemburgo, Mongolia, Federación de Rusia, VietNam*.

Más de dos meses: República Checa, Finlandia*, Francia, Iraq, Polonia y Suecia*.

En este sentido se adicione a la iniciativa un tercero y cuarto párrafo a la fracción II del artículo 170 del citado ordenamiento legal, y se reforma el artículo 28 de la Ley Federal burocrática, para establecer la licencia de maternidad para madres de niños prematuros que requieran atención de incubadora, hospitalización o cuidados especiales, se incrementará para que la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, sea sumado a los 135 días otorgados por Ley. Cuando se trate de madres con Parto Múltiple, la licencia de maternidad se ampliará por 14 días más.

Asimismo considerando que la trabajadora en el curso del embarazo puede sufrir un aborto o parto prematuro no logrado, debe otorgársele de igual formauna licencia de hasta treinta días con goce de sueldo, derivado de sus condiciones de salud, para que se recupere plenamente antes de reincorporarse a laborar, si bien es cierto que el médico puede otorgarle una incapacidad, lo cierto es que a éste tipo de asuntos debe tratársele en base a su naturaleza, por respeto al derecho de reproducción yla salud de la mujer.

Finalmente se propone una reforma a la fracción II Bis, de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que en caso de adopción la licencia de maternidad se incrementará al mismo término otorgado a la madre biológica, 90 días, con el objeto de que la madre cuente con el mismo tiempo para los cuidados del bebe y la construcción de la relación materno-filial.

De lo anterior se aprecia que la iniciativa reconoce igualdad de condiciones al padre y a la madre que adoptan, para equiparar sus licencias con los padres biológicos. Y aumenta los días de licencia para casos de parto múltiple, siguiendo tendencias modernas que indican la cantidad de casos que, por tratamientos de fertilidad, aumentan las posibilidades de tener varios hijos como consecuencia de un solo embarazo, generando múltiples complicaciones que deben ser atendidas con esta licencia de tipo extraordinaria.

El rol del papá no es menos importante en este vínculo; a él le corresponde aportar el sostén afectivo para la mamá, y contribuir en los cuidados y atención afectiva del bebe, como continuación de la relación que seconstruyó desde el vientre.

La licencia por paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas.

En Europa esta medida se ha extendido; en 1984, Dinamarca implantó la licencia por paternidad, y en 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia, el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte, en su nueva Ley de Igualdad, incluye un permiso de paternidad de 15 días, con la cual más de 400 mil hombres pueden pedir, cada año, dicho permiso.

En el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8.

En México se otorga un permiso de 5 días s laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; Sin embargo, instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal han instaurado para sus empleados, recientemente, la primera licencia de paternidad.

El consejo de dicho organismo aprobó nuevos lineamientos generales de trabajo y, en el marco del Programa de Equidad de Género, determinó un descanso para los hombres por el alumbramiento de sus esposas, situación parecida a la incapacidad que se da a las mujeres después del parto.

"Se estableció un permiso de 10 días con goce de sueldo por nacimiento de hijo o hija para los varones", informó el ombudsman Emilio Alvarez Icaza.

De igual forma, el Instituto Nacional de las Mujeres aprobó, durante la primera sesión ordinaria de 2008 de su Junta de Gobierno, otorgar una prestación similar a los empleados varones de dicho Instituto.

Estas nuevas medidas implementadas por dos instituciones diferentes, una del Gobierno del Distrito Federal y otra del federal, se encuentran acordes con la igualdad, la no discriminación y la equidad, principios rectores de nuestra Constitución Política.

En México ya contamos con una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha ley, sobre todo si tomamos en cuenta que los padres son sujetos de derechos y actualmente se encuentran con algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que esta ley tutela. Por ello es necesario adecuar las leyes e implantar políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en todos los ámbitos.

De esta forma y considerando el contenido del artículo 4 primer párrafo constitucional, el cualcoloca al varón y a la mujer en un plano de igualdad ante la Ley, paraotorgar protección a la organización y desarrollo de la familia, en relación el contenido del párrafo octavo, el cual establece que se velara y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, en este sentidola presente iniciativapropone reformar la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, así como la VIII Ter, dela Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para incorporar la licencia de paternidad con goce de sueldo por un periodo de 30 días, (ya que actualmente se regula en el primero de los ordenamientos legales un permiso de 5 días, el cual es insuficiente para los fines propuestos), lo quese encuentra plenamente justificado a la luz de la garantía de la prevalencia de los derechos de los niños, en la medida en que estalicencia se instituye en beneficio del niño y no propiamente del padre; es un valioso aporte para la reconstrucción de núcleos familiares sólidos, bajo el principio de solidaridad, el apoyo y el respeto mutuo, que a su vez apunta a dignificar y fortalecer el papel que debe cumplir el hombre frente a sus hijos y su esposa o compañera, la que requiere de un apoyo y comprensión especial en los días que preceden al parto.

Lo anterior se sustenta en el artículo 15 apartado 1 y 16 del Pacto de San Salvador; artículo tercero apartado 1 y 2 de la Convención de los Niños. También sirve de apoyo a la presente exposición de motivos, el contenido del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

En materia laboral, la principal norma de carácter internacional es el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo que fue aprobado en el año 1958 que ha sido ratificado por México, entrando en vigor el 15 de junio de 1960.

A las responsabilidades familiares se deben muchas discriminaciones contra la mujer. En algunos lugares se piensa que las mujeres deben quedarse en casa para cuidar a los niños y, por ello,se les trata como trabajadores de segunda clase, aun cuando exista la tendencia de que la mujer se incorpore a las diversas tareas productivas en mayor porcentaje y a veces con mejores y mayores rendimientos que los hombres. El cual no excluye tanto a los hombres como a las mujeres de estar en condiciones de combinar el trabajo con sus funciones familiares, para lo cual han sido creados en la mayoría de los Países diversos sistemas de licencias parentales.

De acuerdo con la OIT, los Países deben generar las condiciones para que se fomente la igualdad de oportunidades y se contribuye en la construcción de sociedades más justas y se abate la discriminación y desigualdad en el ámbito del trabajo.

Por otra parte, se tiene que el punto 15 de la Declaración de Beijing, en el marco de la cuarta Conferencia mundial sobre la mujer celebrada en 1995, establece que la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos, son indispensables para el bienestar de la mujer y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia.

Por tal motivo la presente iniciativa propone adicionar en la Ley Federal del Trabajo las siguientes fracciones: XXVII Ter. Para otorgar licencia posterior al nacimiento del hijo o hija al padre que no tenga cónyuge o concubina y tenga a su cargo el cuidado directo de éste, otorgándole los mismos derechos, previsiones y garantías establecidas en el caso de la licencia de maternidad; asimismo la fracción XXVII Quáter. Para otorgarle licencia al padre en el caso de que fallezca la madre durante el parto o puerperio, el patrón del padre que tenga en forma directa el cuidado del hijo o hija, le concederá el derecho a gozar de una licencia por el periodo equivalente al tiempo que falte para expirar el periodo de la licencia de maternidad posterior al parto; de igual forma se propone adicionar las fracciones VIII Quáter y VIII Quinquies al artículo 43 de la Ley Federal Burocrática, en los mismos términos.

De acuerdo con la OIT, a través de esta iniciativa estamos colaborando en la construcción de sociedades más justas y seguimos luchando contra la discriminación y desigualdad en el ámbito del trabajo, fomentando la igualdad de oportunidades.

En la medida que los hombres vayan asumiendo su parte en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, las mujeres podrán ir integrándose al empleo de calidad, lo que redundaría en la economía y en una sociedad más justa y equilibrada, así como la asunción de una nueva masculinidad en la que los hombres asuman una paternidad afectiva y participativa.

Se propone reformar el contenido del artículo 995 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los patrones que violen el contenida de los artículos 132 fracciones XXVII, XXVII Bis, XXVII Ter y XXVII Quáter y 170, se harán acreedores a una multa equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general, supuestos que se adicionan a otros contenidos en el artículo vigente.

Asimismo la presente iniciativa propone reformar los artículos 85 párrafo segundo, 94 fracciones I, II y III y 101 párrafos primero y segundo y se adicionan la fracción IV al artículo 94 de la Ley del Seguro Social; Se reforma el artículo 39 fracciones I, II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y reforman los artículos 151 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo anterior con el objeto de homologar y hacer compatibles con el servicio de seguridad social, las reformas y adiciones propuestas en el artículo 123 Constitucional, así como en los artículos relativos expuestos en la Ley Federal del trabajo y en la Ley Federal burocrática, referidos en la presente exposición de motivos.

El bienestar y el interés superior de la niñez es la razón de ser del sistema de licencias parentales que se propone, pues es en este periodo en el que son más necesarios los cuidados que requerirá su crecimiento y madurez, con la presencia de las dos personas adultas a cargo de su crianza. Los resultados de investigaciones sobre desarrollo infantil ponen de relieve que si bien cada una de las etapas de la vida tiene su importancia, ninguna es más trascendente que la de los primeros tres meses para modelar el desarrollo futuro de una persona y trazar el rumbo que tomará su existencia. Por otra parte, encaminarnos hacia una mayor paridad en la crianza de los/las niños/as, será un instrumento eficaz para fomentar la paridad entre los sexos. La adopción de medidas específicas encaminadas a crear un equilibrio entre la vida profesional y familiar es esencial para garantizar oportunidades de empleo para las mujeres.

Esta propuesta se articula en torno a la igualdad y no discriminación, a la colaboración y corresponsabilidad de los padres para contribuir en los cuidados de sus hijos recién nacidos, así comola conciliación de la vida laboral, y familiar.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue en el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ARTICULO PRIMERO. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII y XXVII Bis del artículo 132, la fracción II y II Bis del artículo 170 y 995 y se adicionan las fracciones XXVII Ter y XXVII Quáter al artículo 132 y los párrafos tercero y cuarto a la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132…

De la I a la XXVII…

XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección y el respeto al ejercicio de los derechos que se establecen en la Constitución, en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro País, en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

XXVII Bis. Otorgar licencia de paternidad de 30 días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas o hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

XXVII Ter. Otorgar licencia posterior al nacimiento del hijo o hija al padre que no tenga cónyuge o concubina y tenga a su cargo el cuidado directo de éste, otorgándole los mismos derechos, previsiones y garantías establecidas en el caso de la licencia de maternidad.

XXVII Quáter. En caso de que fallezca la madre durante el parto o puerperio, el patrón del padre que tenga en forma directa el cuidado del hijo o hija, le concederá el derecho a gozar de una licencia por el periodo equivalente al tiempo que falte para expirar el periodo de la licencia de maternidad posterior al parto.

Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ..

II. Disfrutarán de un descanso de cuarenta y cinco días anteriores y noventa días posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, podrá transferir hasta treinta y ocho días de licencia para disfrutarla con posterioridad al parto. Si por alguna razón médica la trabajadora no puededisfrutar del periodo previo al parto que le corresponda legalmente o del periodo solicitado por ella, por motivo de nacimiento prematuro, podrá disfrutar de los 135 días, contados a partir de la fecha del parto, de lo contrario se realizará el ajuste de tiempo correspondiente. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad que requiera atención médica con cuidados especiales, el descanso podrá ser de hasta treinta días más posteriores al término de la licencia por maternidad establecida en este artículo, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

La licencia de maternidad para madres de niños prematuros que requieran atención de incubadora, hospitalización o cuidados especiales, se incrementará para que la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, sea sumado a los 135 días que se establecen en la presente fracción; cuando se trate de madres con Parto Múltiple, la licencia de maternidad se ampliará por 14 días más.

La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no logrado, tiene derecho a una licencia de hasta treinta días con goce de sueldo.

II Bis. En caso de adopción disfrutarán de un descanso de noventa días con goce de sueldo, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del infante que se adopta.

Artículo 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 132 fracciones XXVII, XXVII Bis, XXVII Ter y XXVII Quáter, 133 fracciones XIV y XV, 170 y demás normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general. 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 28 y se adicionan las fracciones VIII Bis, VIII Ter, VIII Quáter y VIII Quinquies al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las madres trabajadoras disfrutarán de un descanso de cuarenta y cinco días anteriores y noventa días posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, podrá transferir hasta treinta y ocho días de licencia para disfrutarla con posterioridad al parto. Si por alguna razón médica la trabajadora no puede disfrutar del periodo previo al parto que le corresponda legalmente o el solicitado, podrá disfrutar de los 135 días, contados a partir de la fecha del parto, de lo contrario se realizará el ajuste de tiempo correspondiente. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o enfermedad que requiera atención médica con cuidados especiales, el descanso podrá ser de hasta treinta días más posteriores al término de la licencia por maternidad establecida en este artículo, previa presentación del certificado médico correspondiente. Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos.

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I a la VIII…

VIII Bis. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección y el respeto al ejercicio de los derechos que se establecen en la Constitución, en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro País, en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

VIII ter. Otorgar Licencia de paternidad de 30 días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijas o hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante;

VIII Quáter. Otorgar licencia posterior al nacimiento del hijo o hija al padre que no tenga cónyuge o concubina y tenga a su cargo el cuidado directo de éste, otorgándole los mismos derechos, previsiones y garantías establecidas en el caso de la licencia de maternidad.

VIII Qunquies. En caso de que fallezca la madre durante el parto o puerperio, el patrón del padre que tenga en forma directa el cuidado del hijo o hija, le concederá el derecho a gozar de una licencia por el periodo equivalente al tiempo que falte para expirar el periodo de la licencia de maternidad posterior al parto.

ARTICULO TERCERO. Se reforman los artículos 85 párrafo segundo, 94 fracciones I, II y III y 101 párrafos primero y segundo y se adicionan la fracción IV al artículo 94 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 85. …

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de los cuarenta y cinco días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta Ley.

Artículo 94. …

I. Servicio médico, asistencia obstétrica y medicinas;

II. Ayuda en especie por seis meses para lactancia;

III. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico, y

IV. Servicio de guarderías infantiles, para madres o padres trabajadores, que sean asegurados y tengan a su cargo el cuidado directo de los hijos.

Artículo 101.La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y cinco días anteriores al parto y noventa días posteriores al mismo.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por noventa días posteriores al mismo, sin importar que el periodo anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por periodos vencidos que no excederán de una semana.

ARTICULO CUARTO. Se reforma el artículo 39 fracciones I, II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 39. …

I. Servicio médico, asistencia obstétrica y medicinas necesarias a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional;

II. Ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de alimentarlo;

III. Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, cuyo costo será señalado periódicamente por el Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva, y

IV. Servicio de guarderías infantiles, para madres o padres trabajadores, que sean asegurados y tengan a su cargo el cuidado directo de los hijos.

ARTICULO QUINTO. Se reforman los artículos 151 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 151. El personal militar femenino y la esposa o la concubina en su caso, del individuo de tropa, tripulación o a falta de éstas, la persona que tenga a cargo el infante, tendrá derecho a recibir una canastilla al nacimiento del mismo, así como servicio de guarderías infantiles, para madres o padres trabajadores, que sean asegurados y tengan a su cargo el cuidado directo de los hijos.

Artículo 152. El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de cuarenta y cinco días de licencia anterior a la fecha probable del parto, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal, y de noventa días posteriores al mismo para la atención del infante. En ambos casos con goce de haberes.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

Tercero. Las madres o padres trabajadores que a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren gozando de los derechos que se establecen en las leyes del trabajo y de seguridad social vigentes, podrán solicitar al patrón y a las instituciones de seguridad social correspondientes, la ampliación y otorgamiento de los beneficios a que hace referencia el presente decreto.

Cuarto. En un plazo no mayor a 120 días contados a partir del día de la publicación del presente Decreto, deberán armonizarse todas las disposiciones legales que se contravengan con el contenido del presente Decreto.

Dado en el salón de Pleno de la Cámara de Senadores, a 1º de abril de 2014.

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco.

Daremos el siguiente turno a estas iniciativas: el proyecto de reformas al artículo 123 constitucional, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Y el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del ISSSTE y a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se turna a las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para presentar, a nombre de Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

(Presentada por el C. Senador Héctor Larios Córdova, a nombre de los CC. Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Como ustedes saben, en diciembre pasado aprobamos una reforma constitucional en materia político-electoral; y pusimos en el transitorio, que las leyes secundarias, que son varias, tienen que estar aprobadas antes del 30 de abril; nos pusimos como fecha.

Ciertamente tenemos muchos otros temas que también tienen la misma fecha. Sin embargo, el no cumplir con la aprobación de las leyes reglamentarias en materia político-electoral, sí tiene consecuencias.

Hay que recordar que en base al transitorio del artículo 105 constitucional, 90 días antes de que empiece el proceso electoral, que seguramente empezará en septiembre, no puede aplicarse reformas al siguiente proceso electoral. Es decir, si nosotros no modificamos antes del día último de mayo, no tendrán efectos en las elecciones de 2015.

Pero no solamente basta que el Congreso Federal modifique, también se requiere que los congresos de los estados hagan las adecuaciones, como por ejemplo, el establecer que la fecha de las elecciones no va ser el primer domingo de julio, sino el primer domingo de junio, tal como establece la Constitución.

Por eso es imprescindible que este Senado de la República y la Cámara de Diputados nos aboquemos, cuanto antes, a construir los acuerdos para procesar los temas de reglamentación en materia político-electoral.

Por eso el PAN presentó el martes pasado, suscrito por todos los Senadores, en la persona del Senador Romero Hicks, una iniciativa de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que abroga al COFIPE y establece las nuevas prácticas electorales de manera general, con el nuevo marco del Instituto Nacional Electoral.

Ahora me corresponde a mí presentar una iniciativa suscrita por todos los Senadores y los Diputados de Acción Nacional, de una Ley General de Partidos Políticos.

Hasta ahorita el COFIPE tiene un capítulo destinado a los partidos políticos, y ahora, de acuerdo con el transitorio de la reforma constitucional, hay que hacer una ley específica, la Ley General de Partidos Políticos.

Insisto, una ley que obliga a regular los partidos políticos que tienen registro federal, como también a los partidos que tienen registro local, tanto partidos como coaliciones.

Y déjenme llamar su atención, con un solo dato de lo que está pasando ahorita en un proceso electoral, en uno de los dos estados que van a tener elecciones en este año.

En Coahuila el congreso local se compone de 25 Diputados; hay 16 distritos de mayoría, y arrancan proceso electoral la última semana de mayo, para tener la elección el primer domingo de julio. Y hay nueve Diputados de representación proporcional, que de acuerdo con las reglas, se asigna uno a cada partido o coalición que haya sacado más del 1.5 por ciento de la votación.

¿Qué paso? Que hay nueve partidos locales, y el PRI ha hecho coalición con todos ellos, parcial, cediéndole el 1.5 por ciento de la votación.

De manera que es previsible, que por ejemplo el PAN, pueda repetir la situación que vive ahorita, que sacó en el proceso electoral el 37 por ciento de los votos, y tiene el 3 por ciento de los espacios del congreso, es decir, un Diputado.

Puede volver a suceder lo mismo, porque ahora con la nueva reforma constitucional, deberíamos de modificar la ley de partidos, para evitar este tipo de fraudes a la ley, y que adicionalmente contravienen lo que establecimos, de que no puede haber un partido que tenga una sobrerepresentación de más del 8 por ciento; pero sobre todo, que tampoco exista un partido que tenga una subrepresentación de más del 8 por ciento

El PAN se encamina en Coahuila tener una subrepresentación; la sociedad que vota por el PAN, de más del 30 por ciento. Lo cual es verdaderamente absurdo, es una práctica totalmente antidemocrática y eso lo pretende corregir esta Ley General de Partidos Políticos, que obligará tanto a la constitución, mantenimiento y desaparición de los partidos políticos federales, como también de los estatales.

Establece diversas normas, simple y sencillamente resaltar, que hoy en día el COFIPE establece la obligación de los partidos, de destinar el 2 por ciento de sus ingresos a la formación y capacitación de mujeres que puedan ser candidatas.

El PAN presenta una propuesta, de incrementar este porcentaje del 2 al 3 por ciento en la Ley General de Partidos Políticos.

Asimismo, establecemos las obligaciones mínimas y máximas que tienen los afiliados, como la forma de resolver, mediante órganos colegiados, las disputas internas que existen en todos los partidos políticos.

Adicionalmente medidas específicas, tanto de transparencia como de obligatoriedad a los partidos, de conformidad a la reforma que hicimos al artículo 6o. constitucional, para entregar información pública que le sea solicitada por los ciudadanos, los mecanismos mediante los cuales se tendrá que cumplir con esta obligación de transparencia.

Finalmente, la forma de disolver los partidos, de concordancia con la reforma constitucional, el partido que no saque el 3 por ciento de la votación efectiva, no va a conservar el registro.

Y esto vamos hacerlo también, desde luego, para los partidos locales, que lamentablemente pululan en varios estados sin tener ninguna representatividad y que son solamente instrumentos para manipular la conformación de los congresos, y que impiden que en este país existan contrapesos en los estados y se erijan gobernadores como auténticos virreyes, que son capaces, como en Coahuila, de multiplicar por cien la deuda pública y su congreso se lo aprueba, porque absolutamente todo está bajo su control.

Muchas gracias por su oportunidad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda a un grupo de vecinos de la Colonia Nativitas, de la Delegación Benito Juárez de esta capital, invitados a este recinto por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIII y XIV; y se adiciona la fracción XV del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV; Y SE ADICIONA LA FRACCION XV DEL ARTICULO 20 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

En función de que este dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y de que las comisiones han manifestado su acuerdo para que pueda dispensarse la segunda lectura, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura para que se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para su discusión en lo particular, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que se recibió por parte del Senador Benjamín Robles Montoya, su intervención sobre el dictamen que nos ocupa, el cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIII y XIV; y se adiciona la fracción XV del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el estado que guarda la Iniciativa Mérida.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES;
Y DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El dictamen que está a consideración de este Pleno fue propuesto por la Senadora Cristina Díaz en septiembre de 2012, todavía gobernaba Felipe Calderón, y a penas el día de hoy está pasando a este Pleno. No ha perdido vigencia y me permito hacer un posicionamiento a nombre de mi grupo parlamentario.

La Iniciativa Mérida se presentó en un marco bilateral de cooperación en seguridad entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Esta iniciativa se anunció por George W. Bush y Felipe Calderón el 22 de octubre de 2007; impone un modelo militarizado de lucha contra el narcotráfico y encamina al país hacia un estado policiaco.

Se ha caracterizado por la falta de transparencia, por una profunda desinformación pública en torno a sus motivos, sus orígenes y programas concretos que se realizan mancomunadamente entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México en el territorio mexicano. La propuesta forma parte de un financiamiento militar, lo grave es que se parece mucho al tipo de financiamientos que utiliza Estados Unidos en Irak y en Afganistán, países que terminaron invadidos militarmente.

Dicho de otra manera, es una estrategia del gobierno de Estados Unidos que en forma subordinada aceptó el gobierno mexicano sin que el Senado de la República conozca los términos del documento. Se le ha ocultado al Senado y a la sociedad mexicana su contenido y los alcances de la Iniciativa Mérida.

Ha sido unilateral e impuesto de manera vertical, constituye una intensificación de la política exterior de Estados Unidos en nuestra región, caracterizada por su intervencionismo, el espionaje, la militarización. Es una política hegemonista y agresiva, una estrategia que debe revisarse, analizarse y evaluarse.

El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto lo asumió, lo acató a críticamente sin evaluar sus resultados. Y luego hace poco vino John Kerry al Senado de la República e informó que se tenía una reunión con el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, para afinar y signar 20 proyectos de cooperación entre ambos países con el objetivo de combatir la inseguridad causada por el crimen organizado.

Los acuerdos referidos ascienden a un monto de 100 millones de dólares, según nos dijo John Kerry, los cuales se suman a los mil 600 millones de dólares que hasta el 2013 el Congreso de Estados Unidos ha destinado para la Iniciativa Mérida. Asimismo, el embajador Anthony Wayne afirmó que se tiene prevista una partida de más de mil 900 millones más para la Iniciativa Mérida.

Por otro lado, el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, defendió en el Congreso la petición presupuestal del año fiscal 2015 para la Iniciativa Mérida con México, luego de que un legislador demócrata opinó que había que dar más recursos.

El demócrata por Texas Henry Cuellar afirmó que, en la parte de seguridad, tengo la preocupación de que gastamos tanto en Estados Unidos, que preferiría gastar un poco de dinero en la otra parte, es decir, en México. Eso representaría una menor carga para nosotros, dijo el Senador. Tal vez le faltó señalar a este Senador norteamericano que cuando Estados Unidos se acabe el enorme mercado de drogas y de armas, se acabará también el flagelo del narcotráfico en México.

La visión norteamericana se basa en un enfoque meramente policiaco del problema del narcotráfico, y lanza a los demás las responsabilidades que solo ellos tienen.

Asimismo, la Casa Blanca solicitó al Congreso un presupuesto de al menos 115 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, bajo un supuesto enfoque de combate y desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Dicho presupuesto del año fiscal 2015 se divide en dos partidas: 80 millones de dólares bajo el rubro de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, el INCLE; y otros 35 millones de dólares al Fondo de Apoyo Económico destinado a fortalecer la construcción de reformas para mejorar la aplicación de la ley en materia de derechos humanos y el fortalecimiento de las comunidades.

En este tenor de ideas, es menester hacer observaciones precisas acerca de las implicaciones que se tienen con el otorgamiento de más recursos a un proyecto que desde sus inicios sólo ha generado inseguridad, muerte y destrucción del tejido social.

La Iniciativa Mérida ha impuesto un modelo militarizado para combatir el narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país a un estado policiaco.

Derivado de las concesiones otorgadas con motivo de la Iniciativa Mérida, deja o se permite operar a las agencias de seguridad norteamericanas; el tema de seguridad se cambió por el de injerencia en asuntos internos y el espionaje violatorio del derecho internacional.

Es así que las agencias de seguridad de Estados Unidos como la DEA, la ATF, la CIA, el FBI, crecieron en presencia, en funciones y operaciones y han estado capacitando e instruyendo a los cuerpos policiacos y militares de nuestro país, sin que dicha estrategia haya rendido fruto positivo alguno. En este contexto se gestaron los nefastos operativos Rápido y Furioso y Receptor Abierto.

Los funcionarios de Estados Unidos entregaron miles de armas a cárteles mexicanos; asimismo, agentes estadounidenses encubiertos recibieron con total libertad, para operar al margen de toda ley, se reunieron con narcotraficantes mexicanos sin que el gobierno fuera notificado; se permitió el uso de drones para sobrevolar el espacio aéreo nacional y se creó Centro de Fusión México, para realizar actos de espionaje contra ciudadanos mexicanos.

Cabe destacar que en el marco de estas operaciones ocurrieron los ataques en contra de los agentes de la CIA, que supuestamente participaban en un programa de adiestramiento conjunto con la Marina ocurrido en Tres Marías, en el estado de Morelos; y el ataque a funcionarios norteamericanos en San Luis Potosí, todo esto realizado bajo el silencio o complicidad tácita del gobierno mexicano.

Al inicio de la administración priísta se habló de modificar la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno anterior, pero lo único que se demuestra es la continuidad, ya que debido a la ineficiencia de la autoridades mexicanas, se maneja el discurso de que solamente con el apoyo de Estados Unidos se puede poner fin al clima de inseguridad en nuestro país.

Coincidimos con la Senadora Cristina Díaz, en que se requiere un informe detallado de todos los acuerdos y proyectos que se han firmado con las agencias de seguridad de Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, y el mismo, yo agregaría, el mismo documento de la Iniciativa Mérida es necesario que lo conozca el Senado de la República Mexicana.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, relativa al dictamen sobre la Iniciativa Mérida, que se integrará al Diario de los Debates.

En virtud de que no hay más oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Municipal, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.






COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.








COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al siguiente dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria, En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes con punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los mismos.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA E INICIATIVA PREFERENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Esta Presidencia saluda a un grupo de 20 personalidades de Orizaba, Veracruz, invitados a este recinto por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente saludamos a personas provenientes del estado de Querétaro, invitados por la Senadora Marcela Torres Peimbert. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

Se presenta ante este Pleno, con algunas modificaciones respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativas, Segunda.

Es importante mencionar que este dictamen responde a la obligación establecida por la reforma constitucional publicada el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho Decreto determinó que el Congreso de la Unión expidiera la legislación secundaria relativa a la Iniciativa Ciudadana y la Iniciativa Preferente.

Con las reformas planteadas se pretende abrir nuevos cauces a la participación directa de los ciudadanos, a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos, fortaleciendo así el sistema democrático de México.

Respecto de la Iniciativa Ciudadana, esta es considerada como una figura representativa de la democracia directa que faculta a los ciudadanos a proponer iniciativas de ley, así como Decretos de reforma.

Esta figura permite lograr un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder público, mediante la inclusión y alineación en la agenda legislativa de los intereses y preocupaciones que se presentan en la vida cotidiana de las personas.

A su vez, la Iniciativa Ciudadana representa un contrapeso en el ejercicio del poder político y en la toma de decisiones sobre los temas trascendentales del país.

Mediante la inclusión de esta figura, los ciudadanos podrán pasar de meros observadores del trabajo de los órganos legislativos, a tomar parte en la construcción de la agenda legislativa e incorporar a los ciudadanos convirtiéndolos en sujetos activos de la promoción de iniciativas y permite que sean atendidas de primera mano sus preocupaciones.

En este sentido, el dictamen que hoy se presenta propone la adición del Título Quinto denominado “De la Iniciativa Ciudadana y Preferente” a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dividida en dos capítulos.

El capítulo primero se titula “De la Iniciativa Ciudadana” y comprende de los artículos 130 al 133; y en dicho capítulo se establece el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes o Decretos, ciñéndose al procedimiento legislativo dispuesto por la ley del congreso y los reglamentos de las Cámaras, así como la intervención de la autoridad electoral para la validación de la identificación de los ciudadanos que acompañan la iniciativa y sus firmas.

En cuanto a la Iniciativa Preferente, el dictamen propone diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de regular su correcta tramitación.

Estas reformas impactan sobre las atribuciones de la Mesa Directiva, de su Presidente, de la Junta de Coordinación Política y de las comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión para el trámite de la Iniciativa Preferente.

Este instrumento surge a favor del Poder Ejecutivo, permitiéndole generar una nueva relación entre poderes, donde el Congreso tome determinaciones en el mismo periodo ordinario de sesiones en que fuera presentada hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, de manera que el Poder Ejecutivo tenga el respaldo legislativo para ejercer sus facultades y atender la demanda social de acuerdo con sus planes y programas propuestos al inicio de su gestión.

Finalmente, es importante resaltar que estando de acuerdo en mayoría, materialmente con el proyecto de Decreto enviado por la Cámara de origen, estas comisiones unidas proponemos las siguientes modificaciones al texto de Decreto:

En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 23, numeral 1, inciso q; artículo 67, numeral 1, inciso n); artículo 130, numeral 3; artículo 131, numeral 1, inciso b) y párrafo final; artículo 132, numeral 1, incisos a), b) y c); artículo 133, numeral 4; artículo 138, numeral 1, inciso b).

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al artículo 43 Ter, numerales 1 y 2, y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 128, numeral 3, incisos a) y b), y la adición de un Artículo Tercero Transitorio.

Las modificaciones advertidas atienden a cinco cuestiones fundamentales:

Primera.- Son adecuaciones de técnica normativa y legislativa que por virtud de la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero del presente año, las funciones asignadas al Instituto Federal Electoral se trasladan al Instituto Nacional Electoral, toda vez que el primero dejará de existir en cuanto inicie la vigencia del Decreto que crea el INE, así como el de la legislación secundaria que determina su funcionamiento.

En este sentido, las referencias hechas al Instituto Federal Electoral se propone sean modificadas con el nombre del ahora Instituto Nacional Electoral, así como la transcripción de los artículos 130 al 135 que pasan a ser artículos 139 a 144 y parten del capítulo sexto.

Segunda.- Son modificaciones que tienen como finalidad atender la preocupación ciudadana de que las iniciativas presentadas por ellos sean atendidas en tiempo y forma por las Cámaras del Congreso, evitando con ello que se queden archivadas y sin ser discutidas en el Pleno de éstas.

De esta manera, la Mesa Directiva deberá inscribir en el Orden del Día de la sesión inmediata posterior a la conclusión de los plazos, si no hubiera dictamen por parte de las comisiones designadas por ello.

Tercero.- Son modificaciones de tipo operativo con la finalidad de que los procesos tanto de verificación del porcentaje de firmas, como de identificación de los ciudadanos firmantes en el trámite de la iniciativa al instituto, verificará a través de la dirección ejecutiva del registro federal de electores dentro del plazo de 30 días que los nombres de quienes hayan suscrito la Iniciativa Ciudadana aparezcan en las listas nominales de electores y que la misma corresponda en un número equivalente a cuando menos 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Y posteriormente harán un ejercicio muestral para verificar la autenticidad de la firma de estos y así garantizar su validez.

Cuarto.- Para garantizar el acceso pleno de los ciudadanos en el proceso de discusión y análisis de sus iniciativas, se considera necesario proponer un cambio que permita a un representante de los promoventes, participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones en la etapa de análisis y discusión previo a la deliberación, y asimismo se propone que las Cámaras, a través de las oficinas de atención ciudadana, instaure un servicio de apoyo a la presentación de iniciativas.

Quinto.- Respecto a la Iniciativa Preferente, se propone un cambio en el inciso b) del numeral 1 del artículo 138, a efecto de que una vez que la Cámara Revisora reciba el proyecto para los efectos de los incisos d) o e) del artículo 72 constitucional, tenga 15 días para su resolución.

Conclusión. Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la necesidad de establecer mediante las modificaciones propuestas, un mecanismo efectivo que permita a los ciudadanos el efectivo ejercicio de su derecho fundamental a la presentación de iniciativas de carácter legislativo; y por otro lado garantizar el trámite que ha de llevarse acabo al interior de las Cámaras del Congreso para cumplir con la obligación constitucional de resolver sobre las propuestas hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal con el carácter de Iniciativas Preferentes.

Con ello damos cuenta del cumplimiento del Decreto constitucional de reforma política electoral.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Al final de los posicionamientos de las comisiones, habremos de someter a la consideración del Pleno las modificaciones que ha presentado la Presidenta de la Comisión de Gobernación, Senadora Cristina Díaz Salazar.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores, seré muy breve.

El dictamen de la minuta que hoy presentamos cuatro comisiones ordinarias de este Senado, ha sido analizado concienzudamente. Durante su revisión se señalaron varias observaciones y reservas al proyecto de minuta que nos envío la Colegisladora; hemos recuperado en el proceso varias de las observaciones y propuestas específicas que distintos grupos organizados hicieron llegar a través de distintos Senadores de la República para mejorar el dictamen, trabajo que significó varios meses y se hizo con cuidado, por que observamos un afán de poner trabas desde la ley a una de las formas de la democracia directa, la Iniciativa Ciudadana.

Debo decir que el dictamen recoge las reservas y propuestas que varios Senadores y Senadoras del Partido Acción Nacional, así como del PRI y del PRD, presentaron en el curso de la discusión.

Quisiera recordar que las figuras que fueron analizadas surgieron de una reforma constitucional en el año 2012, tanto la Iniciativa Preferente del Ejecutivo Federal como la Iniciativa Ciudadana surgieron de dicha reforma en la que participamos varios Senadores que en su momento éramos Diputados.

Nuestra democracia tiene varias limitaciones, una de ellas es la baja participación de la sociedad en asuntos políticos, lo que ha ocasionado que la política sea cosa de unos cuantos; que la sociedad perciba a los asuntos públicos como cosa de iniciados, o lo que es peor, como el secuestro de lo público para beneficio de unos privilegiados.

El “dictum” antiguo era un estribillo que resumía el desinterés, “no participo en política porque soy persona decente”; la falta de interés social por asuntos públicos tiene varios efectos, entre otros, la carencia de debates públicos que atraigan a la sociedad en su conjunto; la falta de participación social en la política ocasiona el alejamiento del ciudadano de la vida política del país; efecto de dictaduras, unas perfectas y otras imperfectas, del paternalismo y el corporativismo que durante siglos y decenios han moldeado a nuestra sociedad donde el ciudadano desaparece y lo sustituye el acarreado.

Fomentar la democracia en este aquí, y en este ahora, pasa necesariamente en alentar la participación ciudadana. Que en determinados asuntos se consulte directamente al pueblo y que en otros sean los ciudadanos directamente, sin la intermediación del sistema de partidos, que presenten proyectos legislativos sobre temas trascendentales para la vida de la República, como también que se escuche al pueblo en aquellas demandas que solicitan al poder formal.

Por eso mis compañeros de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y los de las demás comisiones tomamos la decisión de mejorar la minuta de la Colegisladora, de eliminar las trabas, los requisitos a los ejercicios de una de las figuras de la democracia directa y ayudar a que se lleven acabo.

Convencidos que las diferentes formas de la democracia directa amplían el interés de la sociedad en la vida política; esto hace que la sociedad se articule y sea más actuante, lo que a la postre hará a nuestra democracia de mayor calidad, porque lo legal y lo legítimo se comunican ampliamente y esto trae como resultado que los políticos seamos más sensibles a los apremios y a las aspiraciones del pueblo.

En efecto, la democracia directa no va en colisión con la democracia representativa, sino que ambas se complementan. El ejercicio de figuras como la Iniciativa Ciudadana o como la consulta popular, que aprobamos también en semanas anteriores, abre nuevos canales de comunicación entre el ciudadano y los órganos del Estado.

La instrumentación de la forma de democracia no va a desprestigiar o desplazar a los partidos políticos, porque éstos seguirán siendo las correas fundamentales de transmisión de grupos de ciudadanos en forma permanente, y la democracia directa son por naturaleza excepcionales, pero también contundentes.

La democracia directa no puede sustituir a la democracia indirecta, pero sí puede ayudar a estructurar o alentar la construcción de una sociedad desinteresada en la vida política; favorece la responsabilidad ciudadana, fomenta la educación política y estimula la participación electoral.

En varios países que tienen tiempo realizando ejercicios de democracia directa, la responsabilidad política de la clase política ha aumentado, y también la de los medios masivos de comunicación; propician la creación de foros públicos para debatir temas nacionales críticos.

El hecho que el debate se aumente, alienta su impulso, ya que nada hay más civilizado que argumentar para tomar conciencia de los problemas sociales.

Parlamentario desde hace ya varios años, estoy convencido que la Iniciativa Ciudadana se convertirá también en un acicate para el Poder Legislativo Federal y estimulará el desahogo y la discusión de los proyectos propios.

Dentro de las mejoras que se incorporaron a la minuta de la Cámara de Diputados, se incorporó la representación del colectivo ciudadano que plantea una iniciativa para que a lo largo del proceso de discusión de la iniciativa puedan participar con voz, obviamente no con voto, pero hacer valer, defender la propuesta de la Iniciativa Ciudadana, dice el proyecto de dictamen, hasta antes del proceso de deliberación y de dictamen.

Esto significa que durante todas las reuniones de trabajo de esas comisiones, donde se estén discutiendo los contenidos, un representante ciudadano podrá defender sus argumentos.

Este hecho constituye lo que llamo el acicate al trabajo legislativo del propio Congreso.

Estas razones que he expresado en esta tribuna sintetizan nuestra participación en el dictamen, y por ello les pido su voto a favor del dictamen que ahora se presenta.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, vengo a fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto a la reforma a diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Código Federal de Procedimientos Electorales.

Como han señalado ya anteriormente los presidentes de otras comisiones, esta no ha sido una discusión sencilla y no solamente por el turno para dictaminar a cinco comisiones de manera simultánea una iniciativa de esta trascendencia.

Yo creo que lamentablemente ha sido una mala mezcla de presentar en una sola minuta el dictamen de la Iniciativa Preferente y la Iniciativa Ciudadana que por su propia naturaleza son, no solamente jurídica, sino políticamente distintas, ya que por un lado la Iniciativa Preferente busca fortalecer las facultades legislativas del Ejecutivo Federal en tanto la Iniciativa Ciudadana busca crear, darle consistencia a la reforma constitucional que motivó la creación de una de las figuras típicas de la democracia directa que es la Iniciativa Ciudadana cuyo objetivo fundamental es fortalecer la incorporación de los ciudadanos a los asuntos de interés público, más aún, frente a la muy difícil situación y crisis de credibilidad de las instituciones públicas que derivan de la democracia representativa, de los órganos de representación popular y de los partidos políticos.

Yo creo que, independientemente de esta mala mezcla, vale la pena destacar que efectivamente se han realizado diversas modificaciones a la minuta remitida por la Cámara de Diputados en la materia, tanto en los temas de Iniciativa Ciudadana como los de Iniciativa Preferente.

Yo quisiera destacar que se realizaron distintos tipos de modificaciones, en primer lugar, modificaciones de forma y de adecuación de la técnica legislativa derivadas de la reforma constitucional que se hizo en materia político-electoral y que ya se publicó el 10 de febrero del presente año, donde por ejemplo, se crea el Instituto Nacional Electoral que sustituye al actual Instituto Federal Electoral, por lo cual, todas las modificaciones al IFE se modifican en la redacción respecto al Instituto Nacional Electoral, así como se transcriben los artículos 130 al 135 que pasan a ser los artículos del 139 al 144.

Son asuntos de forma y de procedimiento legislativo que requerían adecuar la minuta ya en sí enviada por la Cámara de Diputados.

Pero hubo cambios y modificaciones más importantes, y a nuestro juicio sustantivas, que en primer lugar atendieron la preocupación de los ciudadanos respecto a las iniciativas que éstos pudieran presentar, para que realmente fueran atendidas por las Cámaras del Congreso, evitando que éstas fueran archivadas, se enviaran al cajón del archivo muerto sin ser discutidas en las comisiones legislativas y menos en el Pleno.

En tercer lugar, se realizaron también modificaciones de carácter operativo, a fin de que en los procesos tanto de verificación del porcentaje de firmas como de identificación de los ciudadanos promoventes de las iniciativas, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores, dentro de un término de 30 días, verifique que los nombres que hayan suscrito la Iniciativa Ciudadana, aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma correspondiente cumpla con el requisito establecido en la Constitución de cuando menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores para que posteriormente en un ejercicio muestral y no necesariamente la evaluación de todas las firmas, se acredite la autenticidad de las firmas de éstos para garantizar su validez.

Y finalmente, se hicieron modificaciones a la minuta para garantizar el acceso pleno de los ciudadanos en el proceso de discusión y análisis de sus propias iniciativas, para lo cual se consideró necesario modificar la minuta y permitir que un representante de los ciudadanos promoventes pueda participar con derecho a voz en las sesiones de las comisiones dictaminadoras en el análisis de discusión antes de la votación que puedan admitir las comisiones al tiempo que se propone que en cada una de las Cámaras que integramos el Congreso de la Unión se cree la oficina de atención ciudadana en donde se instaure un servicio de apoyo a la presentación de las iniciativas que quieran promover los ciudadanos.

De esta manera, y a manera de conclusión, se incluye un procedimiento de dictamen que otorga certeza y eficacia a la Iniciativa Ciudadana, a través del estricto cumplimiento de los pasos reglamentarios de dictamen o en comisiones, o en su defecto, si las comisiones no dictaminan estas iniciativas de los ciudadanos serán turnadas directamente al Pleno para su conocimiento, discusión y votación.

Se incluye además un procedimiento de prevención a los ciudadanos promoventes de acuerdo al cual, habiéndose cumplido con el requisito constitucional, de existir falla, en el número de firmas que no exceda el 20 por ciento, éstas podrán ser subsanadas antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Se incluye además un procedimiento muestral de las firmas por la autoridad electoral y se modifica el requisito de identificación de los ciudadanos promoventes de la iniciativa a fin de eliminar excesos como la exigencia de la clave de elector y del número de identificación óptico conocido como el OCR y se establece el principio de buena fe en la comprobación de las firmas, según el cual la autoridad electoral no podrá desechar una firma por errores formales si los datos aportados por los promoventes permiten la identificación plena del ciudadano que participe en el requerimiento de la consulta.

Es muy importante destacar que no se impone limitación alguna a la posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciativas de modificación, adición o derogación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por el contrario, el párrafo segundo del artículo 130 reconoce a los ciudadanos la potestad de presentar iniciativas en las mismas materias de competencia del Congreso de la Unión, es decir, en aquellas en que pueden presentar iniciativas los legisladores federales.

Yo creo que se trata sin lugar a dudas de un avance, aunque lamentablemente, si bien es un avance, esta legislación queda muy debajo de algunas constituciones y legislaciones en las entidades, ya que si bien se flexibilizan los requisitos, se eliminan trámites, se otorga el derecho a subsanar errores, entre otros casos, pues sigue estableciéndose un proceso burocrático para acreditar firmas, para hacer la solicitud, etcétera.

Cuando hay constituciones, como la del Estado de México, que en el artículo 51, en su fracción V, establece que el derecho de iniciar leyes y Decretos corresponde, no solamente al gobernador del estado, a los Diputados, al Tribunal Superior de Justicia o a los ayuntamientos, sino también a los ciudadanos del estado, y no se quiere ningún requisito adicional.

Y si bien, solamente se ha utilizado en una ocasión esta Iniciativa Ciudadana, pues vale la pena traer a memoria, porque esta iniciativa y este recurso se utilizó en el Estado de México en 1981, cuando Alfredo del Mazo González, siendo gobernador electo del Estado de México, antes de tomar posesión de su cargo constitucional, en su calidad de ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, a fin de iniciar su gubernatura con una nueva organización administrativa.

Ahí sí, sin ninguna restricción, sin existir incluso la figura de Iniciativa Preferente, esta iniciativa fue aprobada de inmediato por la XLVIII Legislatura del Estado de México, y se promulgó el 17 de septiembre de 1981, el día posterior a la toma de posesión del candidato electo.

Yo no veo, si esto haya funcionado en otras entidades, ¿por qué seguir estableciendo, no solamente requisitos, sino mayores facilidades a la Iniciativa Preferente, fortaleciendo la iniciativa del Ejecutivo Federal, en lugar de fortalecer los mecanismos de la democracia directa?

Yo creo que hay avances, sin embargo, se ha reservado en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el artículo 138, que tendrá impacto en los artículos 132 y 134 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de acotar el alcance de la Iniciativa Preferente para que esta no sea en demérito de lo que son las facultades y atribuciones del Congreso de la Unión.

Por su atención, el trabajo de las comisiones unidas, y la participación de las compañeras y compañeros Senadores en el proceso, les doy la mayor de las gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Antes de darles el uso de la palabra a los diversos grupos parlamentarios, procederemos a desahogar la propuesta que hiciera la Senadora Cristina Díaz Salazar en su condición de Presidenta de la Comisión de Gobernación.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación que anunció la Presidenta de la Comisión de Gobernación al iniciar la presentación del dictamen, misma que viene suscrita por los presidentes de las comisiones dictaminadoras del proyecto en materia de Iniciativa Ciudadana y la Iniciativa Preferente, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore al texto en el dictamen que está a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a propuesta de modificación.

Artículo 67, numeral 2, dice:

“e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar”.

Debe decir:

“e) Inmediatamente después de concluido el plazo de la comisión o comisiones para dictaminar, incluir el asunto en el Orden del Día para su discusión y votación”.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza su incorporación al texto del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza para incorporarse al dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, la discusión del proyecto será con la ampliación de la modificación que acaba de ser autorizada por esta Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, será en orden creciente, y por un tiempo máximo de 10 minutos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con la autorización del señor Presidente, vamos a hacer el planteamiento de la fracción del PT, en contra.

Independientemente de que ya nos están acostumbrando a adendums que se van a incorporar sobre la marcha y que es lo más negativo que puede suceder, vamos a hacer un comentario general.

Entiendo que ya en sí la reforma constitucional que tanto han presumido es bastante limitada, y el peligro que existe en este tipo de acciones, que en términos generales parecen grandes avances hacia la apertura democrática, en realidad no lo son.

No es todo culpa de las comisiones que han dictaminado, sino que ya viene totalmente restringida desde la reforma constitucional.

Y considero que una reforma constitucional está mal, es restringida, es en gran medida demagógica, porque habla de un avance democrático que no es, todavía las leyes secundarias, como hay que reglamentar, siguen manteniendo esa línea y esa vocación limitativa, y más que nada resulta demagógica, con todo y el esfuerzo que aquí se ha descrito que hicieron las comisiones dictaminadoras.

En primer término, y esto se dijo, y lo estuvimos machacando cuando se discutió la reforma laboral, o la reforma antilaboral de Calderón y Peña Nieto, porque se sumó ¿verdad?, se hizo un trabajo olvidándose de que había que reglamentar esa Iniciativa Preferente, no les importó, violaron la Constitución, las leyes, y ahora aparece esta reglamentación que debió haberse hecho antes de dictaminar y aprobar reformas preferentes.

La reforma preferente es una aberración, es una aberración porque el sólo planteamiento que hace es contradictorio.

Dice: “Es una reforma para garantizarle al Ejecutivo, que tenga la garantía y el apoyo para que sus proyectos tengan una posición preferente en el trabajo legislativo”.

Y sin embargo, lo que está haciendo, es interferir en la labor legislativa, imponiendo el Ejecutivo Federal, una vez más sus propios objetivos. Y ahora con esta reforma, su propia reglamentación.

Una Iniciativa Preferente tiene toda clase de preferencias, aunque se diga y saben ustedes, pueden no aprobarse; pero toda la presión que ejerce esta reglamentación que habrá que verla, desde el Presidente de la Mesa está obligado a señalarle que es urgente hacerlo, el Presidente de la Mesa tiene que hacer rápidamente los arreglos en comisiones para que se atienda, el Presidente de la Mesa va a ejercer una presión permanente sobre las comisiones, para que las iniciativa que quiere el Ejecutivo Federal, salgan antes de lo que quiera el Legislativo.

Está rompiendo la división de poderes, una vez más.

Si ya sabemos cuál es el peso del Ejecutivo, con toda la tradición, la historia y todos estos mecanismos, el dominio y la aplicación de los recursos públicos, ahora tenemos una Iniciativa Preferente del Ejecutivo.

Es absolutamente contradictorio con la división de poderes. Y todo lo que leemos ahora en esta legislación, es todavía peor que la propia Constitución.

Porque de lo que se trata es hacerla preferente, a fuerza, forzar para que sea preferente. Y eso que nos están presentando como una reglamentación, que lejos de ser neutral, es una reglamentación a favor del poder del Presidente de la República, que es el que se ha apoderado de este Congreso, como lo hemos ya señalado. Una más.

Otro tema con el que estamos totalmente en contra, es el de la Iniciativa Ciudadana, y esto lo vamos a desarrollar más a través del inciso e).

Fíjense, con todo y estas correcciones que nos han descrito, la Iniciativa Ciudadana queda en circunstancias mucho muy inferiores a la iniciativa del Presidente de la República.

Entonces, eso de que estamos equilibrando con la participación ciudadana, el poder del Ejecutivo Federal, el poder de las mayorías en el Congreso, pues no es cierto. Hay una enorme diferencia entre lo que son, con todo el esfuerzo que aquí nos han platicado se está haciendo, para equilibrar un poco la Iniciativa Ciudadana, no se logran.

Entonces, volvemos, otra vez, a ver que lo que hay siempre en estas supuestas medidas sociales y de participación democrática, es la presencia permanente de los intereses oligárquicos y mayoritarios.

Y ahí está, desde el punto de la cantidad de apoyos que necesitan. Díganme ustedes si puede ser, y me van a decir que viene desde la Constitución. Se necesita para una Iniciativa Ciudadana, con todo lo que aquí se ha dicho de las ventajas de que los ciudadanos participen y se vinculen al trabajo legislativo, se necesitan 100 mil firmantes.

¿Quién puede hacer una Iniciativa Ciudadana, realmente con 100 mil firmantes? sin recursos particulares que tengan, sin el apoyo que requerirán? Apenas y los partidos políticos lo pueden recibir, lo pueden montar.

Entonces, es una Iniciativa Ciudadana que desde la Constitución ya viene condenada a que no exista. Vamos a ver quién de los señores Senadores aquí va a conseguir 100 mil ó 120 mil firmas, para que se tome en cuenta su Iniciativa Ciudadana.

Es una demagogia total, y no se corrige con lo que aquí nos han planteado.

La Iniciativa Preferente del Presidente de la República o el Ejecutivo siempre arriba del Legislativo, esa tiene el mandato del Presidente, para que se ocupe de que la atiendan y que le den la atención que debe tener.

La otra, con todas estas correcciones, se nos queda corta.

Yo estoy de acuerdo con el Senador Alejandro Encinas. El Senador Alejandro Encinas, que ha hecho un gran esfuerzo en comisiones, nos dice al terminar, que al final de cuentas, no se logra lo que se quisiera. Nos da ejemplos de otros países.

Incluso el Estado de México, imagínense a los mexiquenses, como son, ya la tenían, no lo han usado, por razones que conocemos, pero ahí está.

Entonces, a final de cuentas no sirve.

Entonces, yo digo, si la reforma constitucional está mal, ya en sí hinchada, y todavía hacemos una legislación que impulsa una y trata de sacar la otra, pues es realmente más demagogia que otra cosa.

Quiero terminar con un tema también muy importante que aquí aparece, que es el manejo del Canal del Congreso.

El Canal del Congreso es el mejor instrumento de comunicación que tiene el Congreso de la Unión.

Como estamos manipulados por las televisoras, que han establecido una dictadura mediática y han inventado una realidad virtual que no existe, el Canal del Congreso es realmente el único instrumento que nos permite salir, y sale y no se limitan, no acallan las voces que no les gustan a las televisoras o a los medios que están alineados.

Entonces, el Canal del Congreso debe de ser impulsado más. Y fíjense ustedes, no se le impulsa.

Hace años que éste es el mejor instrumento que tenemos, y se le mantiene en cable. No se le ha permitido estar en la televisión abierta del Congreso, para poder tener realmente un auditorio comparado con el poder o por ahí cercano al poder de las televisoras.

¿Y saben por qué no se amplía? Teniendo la facultad para hacerlo el Congreso, porque quedarían mal con las televisoras. Mejor hay que mantener al Canal del Congreso bajito, pero no vayamos a molestar a las televisoras que gobiernan este país.

En esta reforma, se vuelve a manejar la misma posición elitista, mayoritaria y dominante. Se crea una Comisión Bicamaral, porque el Canal del Congreso pertenece a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

No tienen aquí, en el Senado, ni siquiera un lugar para que se hagan las entrevistas. Tiene que estar trabajando en las escaleras, no recibe el mayor apoyo, por los que les platiqué, no vaya a ser que no les guste a las televisoras comerciales.

Entonces, ahora va a haber una Comisión Bicamaral.

Y esa Comisión Bicamaral está formada por tres Senadores y tres Diputados. Otra vez se reserva a la Santísima Trinidad el manejo del Canal del Congreso.

¿Y por qué? Si la estructura de gobierno, si la estructura de gobierno del Senado, es la Junta de Coordinación Política, digo para cuando la citen, porque luego se hacen guajes y no la citan y se arreglan en el café. Por ahí la Santísima Trinidad decide las cosas y no citan a la comisión, pero en fin, formalmente el Senado tiene un órgano plural en donde están los grupos parlamentarios representados.

¿Por qué ahora, nada más, tres son los que van a representar al Senado de la República? Es una grave violación a la estructura plural del Senado de la República.

¿Por qué tres? Bueno, yo sé por qué. Pero no deja de ser una total violación al sentido plural del reglamento que establece la gobernación de este Senado de la República.

Por todas esas razones y pese al esfuerzo que han hecho por ir a la democracia directa, que no van, lo único que hacen es fortalecer el dominio del Poder Ejecutivo sobre el Congreso de la Unión, votaremos en contra.

Y muy agradecido por su atención.

Es cuanto, señor Presidente

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para hacer el posicionamiento de este grupo, hasta por diez minutos.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En esta ocasión me permitiré disentir de lo expuesto por mi compañero y amigo el Senador Manuel Bartlett, porque creo que pese a las insuficiencias que pueda tener esta iniciativa que hemos venido discutiendo, esta minuta que nos mandaron los Diputados, considero que hay avances importantes, y a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito exponer que votaremos a favor, no solamente subrayando que hay, como lo comentaba el Senador Alejandro Encinas, varias cuestiones que insistiremos en las reservas correspondientes, pero dado el tema del que estamos hablando, y con algunos de los antecedentes que en esta misma legislatura ya hemos llevado a cabo, me parece que la iniciativa en materia de participación ciudadana y la parte preferente es algo positivo para el avance de la democracia directa.

El descrédito del que sufren los partidos políticos, compañeras y compañeros, es brutal, y por eso me parece que, antes que todo, tenemos que hacer un ejercicio autocrítico de las enormes limitaciones que ha tenido nuestro sistema de partidos, y sobre todo de los avances que posibilitan las reformas en materia constitucional que se hicieron en la legislatura anterior. Varios de los que estamos aquí fuimos Diputados en aquella legislatura y votamos por avances en materia de lo que se llamaron cartas ciudadanas.

La Iniciativa Ciudadana, la consulta popular, las propias candidaturas independientes quedaron incorporadas en los artículos de nuestra Constitución, y hoy precisamente el debate que estamos sosteniendo, es un avance importante para renovar y para fortalecer la vida interna, incluso también de los partidos políticos.

En el PRD estamos convencidos de que es a través de la participación de los ciudadanos, incorporando sus visiones, sus ideas a la agenda nacional, como es posible salirnos de esa visión muchas veces limitada que tiene el monopolio de partidos actualmente. ¿Por qué? Porque las cúpulas partidistas se han quedado con la agenda nacional, y se ha limitado la posibilidad de que sean los ciudadanos y las ciudadanas organizados las que incorporen los temas que les interesa a la agenda que se debate en este Congreso de la Unión.

Y por eso comentaba yo que disiento de lo dicho por el Senador Manuel Bartlett, porque hace tan sólo dos semestres, cuando se debatía, precisamente en este Senado de la República, un importante grupo de ciudadanos y ciudadanas presentaron por cuenta propia, con 125 mil firmas, el planteamiento de que se tuviera Internet para todas y para todos los mexicanos.

Y fueron organizaciones de distinto tipo, muchas de ellas de las que no se ven tradicionalmente en los medios formales, sino que se escuchan y se dejan sentir en las redes sociales del Internet, que tienen presencia en Twitter, que tienen presencia el Facebook, y que hoy están organizados y que vieron en el debate de telecomunicaciones una importante área de oportunidad para exigir algo que es un derecho que debe de ser para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Y que precisamente por esa participación, por esa primera Iniciativa Ciudadana con 125 mil firmas, fueron parte de un ejercicio que trasladó su visión, su propuesta, su participación en un cambio de orden constitucional.

Hoy gracias a esa participación, entre muchos otros actores, el artículo 6o. de la Constitución incorporó el acceso a la banda ancha, el acceso al Internet como un derecho de acceso universal.

¿Qué sigue? No solamente desde nuestro punto de vista avanzar, como consideramos que esta minuta permite avances importantes en Iniciativa Ciudadana, sino continuar ese avance en la discusión en materia de telecomunicaciones.

¿Cuáles fueron los puntos finos de un debate, que me parece, que nos debe de dar luces de un buen trabajo legislativo en las comisiones que aquí han participado? Cuando nos convocaron hace tres semanas al debate para buscar aprobar el dictamen casi en los términos que venía por parte de la Cámara de Diputados, quisimos poner un alto en el camino porque nos parecían indispensables mejoras que hoy se han alcanzado y que le dan certeza y eficacia al proceso legislativo, pero sobre todo le dan certeza y eficacia a la participación de los propios ciudadanos.

El artículo 71 en materia constitucional señalaba, simplemente en su fracción IV, que los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalaban las leyes, sería quienes corresponderían, junto con el Presidente, junto con los Senadores y Diputados, y junto con las legislaturas locales, la posibilidad de iniciar leyes.

Pero la minuta que nos mandaron los Diputados posibilitaba, como desafortunadamente y con gran preocupación veían muchos ciudadanos que se acercaron en el Senado, que sus iniciativas se quedaran durmiendo el sueño de los justos, que pese a que se organizaran 125 mil personas, como el ejemplo que les hablo de Internet para todos, pues llegara, la Mesa Directiva la retomara, se mandaran a comisiones y se quedaran, repito, durmiendo el sueño de los justos.

Ahí, sin atender, sin darles prioridad, sin ponerla bajo el mismo peso que merece una organización tan importante, como la que exige la Constitución con más de cien mil personas.

Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado en este dictamen? Hemos logrado que se incluya un procedimiento de dictaminación que, como decía, otorga certeza y eficacia a las iniciativas presentadas por los ciudadanos y las ciudadanas a través del estricto cumplimiento de los plazos reglamentarios de dictaminación en comisiones, o en su defecto, del conocimiento directo de la iniciativa por el Pleno. Es decir, si de pronto las comisiones, como suele ocurrirnos muchas veces aquí en el Senado, no se convocan, no se reúne el pleno necesario, no se tiene el quórum, pues entonces legítimamente gracias a este proceso que está establecido, podremos llevar inmediatamente a la discusión en el Pleno aquello que los ciudadanos están demandando.

Por otro lado, se facilitan los procedimientos, venían una serie de mecanismos, desde nuestro punto de vista, y fueron reservas que hizo el Partido de la Revolución Democrática, equivocadas por el exceso de requerimientos que se les ponían a los ciudadanos.

Y nosotros siempre hemos dicho, y siempre hemos planteado que si la gente se organiza y si la gente logra conjugar las firmas correspondientes, no deben de ser los legisladores burócratas los que les pongan trabas a los ciudadanos. No deben de ser los actores políticos tradicionales los que impidan, que habiendo sido los ciudadanos que se hayan organizado, les pongan requisitos, tras requisitos para evitar que esas iniciativas puedan fluir.

De tal manera que se modifican los requisitos de identificación de los ciudadanos que firman la iniciativa para eliminar excesos, así como la exigencia de la clave de elector y del número de identificación óptico, el famoso OCR, además de establecer un principio de buena fe, porque entendemos que si los ciudadanos se están organizando, pues hay que partir de un principio de esa naturaleza.

Fortalecer la organización ciudadana en lugar de estar planteando que lo están haciendo los ciudadanos con fines mezquinos, con fines maniqueos, con fines distorsionantes.

De eso se trata, compañeras y compañeros, la reforma constitucional que fue aprobada en la legislatura anterior, y es a lo que estamos obligados en esta legislatura, a fortalecer la participación ciudadana en la consulta popular, en las iniciativas ciudadanas, en la parte de candidaturas independientes, si es que verdaderamente queremos fortalecer nuestro sistema democrático.

Un sistema representativo como el nuestro tiene que encontrar en los mecanismos de democracia directa complementos que le den fortaleza, complementos que mejoren y evolucionen la forma en que los políticos nos estamos relacionando con la gente.

Ahí está esa iniciativa, la iniciativa de Internet para todos; fueron 125 mil personas que ya nos dieron muestra aquí en el Senado y en el Congreso de la Unión, de que la organización de la gente puede y es capaz de presentar instrumentos para involucrarse e incluir sus puntos de vista en la agenda.

Qué bueno que les estamos dando carácter prioritario en el proceso legislativo a lo que presenten los ciudadanos, y precisamente por eso en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aún cuando mantenemos varias reservas, vamos a votar a favor de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN, hasta por 10 minutos.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

Me parece que se ha comentado aquí con amplitud las reformas que se están sometiendo a aprobación. Es una ley para reglamentar dos cambios que se hicieron al artículo 71, en el 2012, se publicaron el 10 de agosto de 2012, y se estableció un año para hacer la ley reglamentaria.

El primer cambio, que también es un cambio en el artículo 35 constitucional, es permitir que los ciudadanos cuando completan el 0.13 por ciento de la lista nominal, pueda presentar una Iniciativa Ciudadana.

Y el segundo, es el de la Iniciativa Preferente, que es el último párrafo del artículo 71.

Yo lo primero que quisiera hacer es resaltar la trascendencia de la posibilidad de que un grupo de ciudadanos presenten una iniciativa.

¿Quiénes tienen facultad en este país de presentar una iniciativa?, el Presidente de la República, los Diputados y Senadores, los congresos de los estados, y hasta entonces, nadie más.

Durante muchos años se ha debatido la posibilidad de darle a la Suprema Corte de Justicia derecho de iniciativa en su materia, y siempre el Congreso ha encontrado argumentos y razones por el cual no concede este derecho de iniciativas.

Y en el 2012 se les dio el derecho de iniciativa a los ciudadanos. Qué es lo que hace en la ley reglamentaria, se ha dicho aquí con amplitud, hace que sea lo más simple y sencillo, y me adelantaría a algunas de las posibles objeciones que se han hecho.

Primero. Se establece que van a presentar su intención de presentar una iniciativa, y si en algún documento se equivoca, el representante tiene 15 días para reponerlo.

Se completan las firmas y entran al IFE que tiene 30 días para verificar que el número que dieron del registro esté en el padrón, y luego mediante un sistema de muestra acredite que fueron firmas que corresponden a esos ciudadanos.

Si hubiera firmas que faltan, ¿cuánto tiempo tiene para reponerlas?, todo el resto del periodo, y si se acaba el periodo, el siguiente periodo; hay quien ha dicho, por qué no le ponemos un plazo de 30 días para darle más derecho a los ciudadanos, me parece que sea limitarlos, porque hoy tienen todo el periodo para suplir las firmas que hayan sido rechazadas.

Después de la facilidad de presentarlo, se establece un tiempo máximo para dictaminar, ni siquiera la Iniciativa Preferente del Presidente, que es el único caso de excepción, tiene una circunstancia de este tipo.

¿Cuánto tiempo tiene? Una vez recibida, la presidencia la turna a comisiones, y el reglamento del Senado de la Cámara de Diputados, establece que tiene 30 días para dictaminar.

Puede solicitar una ampliación de 15 días, si a los 45 días no se ha dictaminado, se trae al Pleno a votar tal cual la iniciativa de los ciudadanos.

Solamente ahorita vamos a discutir ese tema, y con algunas objeciones por parte de algún partido, el derecho de Iniciativa Preferente, pero me parece que es importante que sopesemos el avance que estamos dando, no se manda, como dijo aquí, a las calendas griegas, al sueño de los justos esa iniciativa.

La posibilidad de argumentar, cuando se recibe, la comisión convoca a una sesión exclusivamente para escuchar los argumentos del representante de los proponentes para que argumente lo que a su favor de la iniciativa corresponda. Y tiene derecho a participar con voz en las sesiones de dictaminación, por ejemplo, dictaminar ésta nos llevó tres sesiones de comisiones unidas, de cuatro comisiones unidas tenemos que tener tres reuniones para construir el dictamen.

Finalmente, se establece que ambas Cámaras, en su oficina de atención al ciudadano, tendrá que posibilitar el apoyo que requieran los ciudadanos para facilitarles la elaboración de iniciativas.

De tal manera que no hay un solo tema, en mi opinión, que algún grupo de ciudadanos, alguna ONG esté reclamando de que se haya quedado corto; no creo que haya otra legislación más flexible, porque incluso va más allá de la capacidad de cada uno de ustedes como Senadores, ustedes presentan una iniciativa y no tiene fecha de clausura, puede tener dos, tres años en la congeladora, y no dictaminarse, no sucederá eso con los ciudadanos.

Termino con el tema de la Iniciativa Preferente.

También en el 2012 se legisló en materia de Iniciativa Preferente.

¿Qué quiere decir, Iniciativa Preferente?

Que el Presidente tiene derecho de mandar hasta dos iniciativas, exactamente el primer día que empieza un periodo de sesiones.

Yo quisiera que no perdieran de vista que un periodo de sesiones dura, el corto, tres meses y el que termina el 15 de diciembre, tres meses y medio.

Dice la Constitución, en el Artículo 71: La Cámara de origen, la que reciba, tiene 30 días para conocer del dictamen, si en 30 días no se ha dictaminado, la siguiente sesión o sea el día 32, si es de martes a jueves, o el 35, si es de jueves a martes, se tiene que presentar al Pleno para votar, y luego pasa a la Cámara revisora, que tiene el mismo plazo, 30 días, y si no, también a la siguiente sesión, dos o cinco días después tiene que someterse a votación.

Pero no cancela lo que establece el artículo 72 constitucional, ¿qué pasa si la Cámara revisora modifica el dictamen?, tiene que regresar a la Cámara de origen para que el dictamen sea revisado exclusivamente en las modificaciones por la Cámara de origen, y como es una Iniciativa Preferente, y no ha perdido su carácter de preferente, tiene que establecerse un plazo que no lo establece la Constitución, que lo establece la ley reglamentaria, que lo establecimos en 15 días.

La Cámara de origen tiene 15 días para considerar si aprueba o rechaza las modificaciones que hizo la Cámara revisora.

Las que acepta o rechaza la manda a la Cámara revisora otra vez para concluir el trámite, y el pronunciamiento de si se ratifican o no esas modificaciones por la Cámara revisora, y tiene otros 15 días, de manera que da un periodo completo de sesiones para que se cumpla el propósito que la iniciativa que presentó con carácter de preferente el Presidente, tenga en el periodo conclusión total de aceptación, de rechazo o de aceptación con modificaciones.

Hay un supuesto del artículo 72, que es el que me parece que ha generado diferendos.

Dice el artículo 72: La Cámara de origen aprueba una iniciativa, la manda a la revisora, y la revisora la rechaza total o parcialmente.

Dice el artículo 72: Tiene que regresar a la Cámara de origen, y la Cámara de origen tiene que volverla a someter a votación, y sometida a votación, si insiste, va otra vez a la Cámara revisora, que la vuelve a someter a votación, y puede pasar que ahí se acaba el trámite o queda aprobada.

Bueno, aquí el diferendo es, si perdería el carácter de preferente, a mí me parece que el carácter de preferente está, que se dictamine, que se concluya totalmente en un periodo de sesiones; si lo aprueba la cámara de origen en 30 días, la Cámara revisora lo rechaza en 30 días, regresa a la Cámara de origen, de acuerdo con el artículo 72, si mal no recuerdo el inciso d), regresa a la y la Cámara de origen le damos los mismos 15 días que le dimos para la revisión, si insiste la Cámara otra vez revisora tiene otros 15 días, y antes de que concluya el periodo de sesiones, estará totalmente concluida, aprobada, rechazada o aprobada parcialmente.

Ese es el propósito de la Iniciativa Preferente, que en un periodo de sesiones quede totalmente concluida una Iniciativa Preferente.

Por eso el PAN va a respaldar exactamente como viene la minuta, manteniendo el carácter de preferente de toda iniciativa en cualquiera de los supuestos, si se aprueba, totalmente en la Cámara de origen y si aprueba totalmente la Cámara revisora, se publica por el Ejecutivo; si el Ejecutivo la veta, mantiene entonces el carácter de preferente los 15 días para revisarla.

En fin, todos los supuestos del artículo 72 tienen que mantenerse bajo el carácter de preferente, siempre y cuando sea dictaminado en el mismo periodo; alguien decía, es que se puede ir otro mes y otro mes; no, los periodos de sesiones, el más largo dura tres meses y medio, que es del 1o. de septiembre al 15 de diciembre, no hay ninguna posibilidad material que una Iniciativa Preferente trascienda un periodo de sesiones, porque el Presidente tiene la obligación de presentarla exactamente el día que inicia el periodo de sesiones.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova.

Una vez que hemos concluido el posicionamiento de los grupos parlamentarios, iniciaremos la discusión en lo general de este dictamen, y con fundamento en el artículo 199 de nuestro Reglamento, informo a la Asamblea que se han inscrito los siguientes Senadores para la discusión en lo general: David Monreal Avila, del PT, en contra; María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, a favor; Angel Benjamín Robles Montoya, del PRD, a favor; Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, a favor; Dolores Padierna Luna, del PRD, para razonar su voto; y Fidel Demédicis Hidalgo, para razonar su voto. Con todo gusto y con esto cerramos la lista de oradores para la discusión en lo general.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Yo quisiera tener la misma certeza y tranquilidad que muchos de nuestros oradores en esta iniciativa han expuesto ya, y quiero expresar el reconocimiento, como dicen ellos o algunos, se avanzó poquito. Yo estoy a favor de la Iniciativa Ciudadana, pero estoy en contra de este dictamen.

Me parece, como lo hemos expuesto ya, que estamos dejando pasar una extraordinaria oportunidad, ha habido diferentes momentos como la Ley de la Consulta Popular, hoy esta de la Iniciativa Ciudadana, para empoderar al ciudadano, para dar paso a una democracia participativa que venga a fortalecer la vida democrática de nuestro país.

Le hace falta a los diferentes sectores productivos, a los partidos, al Estado mexicano, el talento, la capacidad y el reconocimiento de su pueblo, de su gente. Mucho tiene que aportar el pueblo de México.

Y me parece, que habríamos de hablar con sinceridad, porque qué mejor que esta iniciativa para poder mostrar los contrastes y evidenciar de qué manera en una la preferente se le está empoderando y se le reconoce facultades y atribuciones especiales al Ejecutivo Federal, rompiendo inclusive con ese principio de equilibrio en los poderes y que lo hace con la sola aprobación de esta Iniciativa Preferente, superior al Poder Legislativo.

Y por el otro, mandas a peregrinar en un recorrido tortuoso, burocrático, al ciudadano en el interés de influir en la vida pública de este país.

A este ciudadano que pudiera aportarle en muchos de los temas que hoy le urgen solucionar a nuestro pueblo y que lo estás prácticamente orillando y condenando a la burocracia en este procedimiento.

México desea y necesariamente requiere transitar a una verdadera vida democrática. La toma de decisiones de los poderes públicos deberá contar con la mayor pluralidad posible, empoderando, como ya se ha exhortado anteriormente, a la ciudadanía.

Al respecto, Rousseau, el gran defensor de la democracia directa, indicó: “No siendo la soberanía, sino el ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse y que el soberano que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado si no por él mismo, el poder se transmite, pero no la voluntad”.

A pesar de esto, el dictamen que se discute esta tarde refleja de forma muy clara cómo se continúa protegiendo los intereses de las minorías y no así promoviendo y consolidando el derecho de las mayorías, aún cuando el 0.13 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal presenten una Iniciativa Ciudadana, ésta podrá sin mayor problema seguir durmiendo el sueño de los justos, ya que podrá ser guardada en la congeladora legislativa sin que realmente se atienda de manera prioritaria o preferente la intención de un gran número de ciudadanos, sino simplemente seguirá el procedimiento legislativo ordinario.

Es decir, una Iniciativa Ciudadana después de enfrentar el viacrucis procedimental para poder ser presentada, sin problema alguno podrá ser o no atendida por las Cámaras del Congreso cayendo en el limbo de miles de iniciativas que están guardadas en el cajón de un escritorio.

Caso contrario se observa con la Iniciativa Preferente; las iniciativas que presente el Ejecutivo Federal mediante tal denominación se les dará un trato que no se da las reformas de la ley que hayan impulsado aproximadamente 103 mil 292 mexicanos. Es decir, ahí se puede ver y apreciar claramente la intencionalidad de esta iniciativa.

Además, las modificaciones legales en materia de Iniciativa Preferente que hoy se votan permitirán que se violente todo el proceso legislativo legalmente constituido. Esto es, se hará caso omiso a las discusiones y decisiones que se tomen al interior de las propias comisiones ordinarias de trabajo. Adicionalmente no se respetará el trámite de primera y segunda lectura en términos llanos, se legaliza el albazo legislativo.

¿Acaso tiene mayor valor una iniciativa de reforma de ley presentada por el Ejecutivo Federal que la que presenten los miles de ciudadanos? Aquí pudiéramos ver que si en verdad hay una intención de avance de empoderar al ciudadano, no dejemos pasar esta oportunidad y llevémosla esta Iniciativa Ciudadana equiparándola y llevándola en las mismas condiciones como lo reza en su apartado segundo del artículo 136 en relación a las Iniciativas Preferentes.

Si queremos en verdad la participación del ciudadano, hagamoslo en los hechos, en la intención en esta ley y en esta iniciativa que hoy se presenta.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

En Acción Nacional reconocemos un México democrático y plural que hoy enfrenta retos diversos en el contexto nacional; y es por ello que no podemos ignorar la voz y la voluntad ciudadana al enfrentarlos. Es por ello que hoy estamos, en este momento, manifestando nuestro voto a favor del presente dictamen, de esta reforma que, por cierto, ha sido una de las banderas del Partido Acción Nacional a lo largo de su historia.

Un elemento esencial de la democracia participativa es la Iniciativa Ciudadana, mediante la cual se faculta a los ciudadanos a promover iniciativas de ley, así como Decretos de reforma al marco normativo del país.

Es claro que la inclusión de esta figura en nuestro marco jurídico permitirá un mayor acercamiento entre la ciudadanía y el poder público mediante la inclusión y alineación de la agenda legislativa, de los intereses y preocupaciones que se presentan en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Con la introducción de la Iniciativa Ciudadana en el marco legal mexicano, los ciudadanos se convierten en partícipes activos de la agenda legislativa, otorgándoles el poder de proponer soluciones reales a los problemas nacionales.

Sin duda, a partir de ahora, y gracias a este instrumento de la figura de la Iniciativa Ciudadana, los ciudadanos tienen la posibilidad de consolidarse como un verdadero contrapeso a la política tradicional, ya que se podrá hacer llegar al Congreso de la Unión de manera directa el sentido claro de las preocupaciones sociales.

Es importante mencionar que durante el proceso legislativo en que participamos varias comisiones de este Senado, tuvimos la oportunidad de escuchar las inquietudes y propuestas de asociaciones de ciudadanos interesados en este tema, y que por cierto me dicen que el día de hoy varias de ellas se encuentran en este Senado, y a quienes saludamos.

Ellos tuvieron la oportunidad de manifestar sus dudas y sus aportaciones para mejorar el proyecto de dictamen, y de esa manera quiero felicitar la apertura de las comisiones unidas para incluir diversas previsiones que la minuta remitida por la Colegisladora no contemplaba, pero que a la luz de las aportaciones ciudadanas se logró mejorar el texto que el día de hoy se pone a su consideración.

Esta reforma permitirá, por ejemplo, que los ciudadanos sean escuchados durante la discusión de sus iniciativas, además de que el Senado y la Cámara de Diputados promoverán los apoyos necesarios para que los mismos preparen sus iniciativas, entre otros cambios que se contemplaron a la minuta.

En esta reforma que contempla la Iniciativa Preferente y la Iniciativa Ciudadana, destacan los siguientes aspectos: se establece el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes o Decretos en un número equivalente a cuando menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores de conformidad con lo señalado por la Constitución.

Se enumeran las formalidades que debe contener la Iniciativa Ciudadana. El Instituto Federal Electoral, a través del Secretario Ejecutivo, realizará un informe detallado a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión sobre el resultado de la revisión relativa a la verificación del requisito porcentual de la lista nominal de electores.

De acuerdo con el proyecto de Decreto y a fin de garantizar la seguridad jurídica, se dispone que finalizada la verificación de las firmas, el informe del Instituto Federal Electoral contendrá el número total de ciudadanos firmantes que se encuentran en la lista nominal de electores y su porcentaje, el número de ciudadanos firmantes que no se encuentran en la lista nominal y el número de ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal.

Si la autoridad electoral determina que no se cumple con este porcentaje, se dará cuenta al Pleno de la Cámara que corresponda y procederá a su archivo, para el caso de que la iniciativa sea turnada a la comisión competente, el presidente del órgano legislativo convocará al representante designado por los ciudadanos para acudir a una reunión de dicha comisión, e informar sobre el contenido de su propuesta como un elemento adicional para elaborar y emitir el dictamen correspondiente.

Se dispone que la iniciativa no será vinculante para resolver en sentido positivo, pero sí se estima que en el mismo proyecto se establecen las facilidades para que el dictamen sea discutido y analizado y, por supuesto, se escuche la voz de los ciudadanos.

Por otro lado, en este dictamen también se incluye la Iniciativa Preferente, misma que ya ha sido recogida y establecida por nuestra Constitución. Este no es un mecanismo a favor del titular del Ejecutivo Federal, es un instrumento que facilita el procesamiento de leyes que el Poder Ejecutivo considera prioritarias para el desarrollo y el ejercicio de sus facultades, planes y programas, pero el peso, la decisión de las mismas, la discusión y análisis, y finalmente la toma de decisiones siguen correspondiendo al Congreso de la Unión.

Es por ello que el día de hoy manifestamos nuestro voto a favor de estas reformas. Acción Nacional votará a favor del dictamen porque abrirá un camino para que los ciudadanos tengan voz y voto más allá de cada proceso electoral, y nosotros como legisladores atendemos sus demandas.

Reconocemos, vivir en democracia; y es justo atender también a lo que opina, lo que piensa y lo que requiere la ciudadanía.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortega Martínez.

Esta Presidencia quiere saludar la presencia del doctor Maurizio Viroli, catedrático de la Universidad de Texas, y máximo biógrafo de Nicolás Maquiavelo, invitado a este recinto por el Senador Zoé Robledo Aburto. ¡Sea usted bienvenido!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Permítanme ser franco, y espero que mi opinión no sea tomada mal por los integrantes de esta Asamblea, sobre todo aquellos que enarbolan que esta reforma es una que implica un gran avance democrático, y que habrá de permitir, nos han explicado, una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos a través del mecanismo denominado Iniciativa Ciudadana.

Con toda honestidad, compañeras y compañeros, con todo convencimiento les digo, no comparto esa postura.

Yo creo firmemente que las reformas que hoy estamos discutiendo, en particular las que se refieren a la Iniciativa Ciudadana, no son reformas de vanguardia, antes lo contrario, distan mucho, pero mucho de serlo; y para sustentar mi opinión, quiero remitirme al ejemplo de la legislación del estado que orgullosamente represento, el estado de Oaxaca.

Miren ustedes. En el artículo 50 de la Constitución Política de Oaxaca, se establece que los ciudadanos tienen el derecho, y permítanme subrayarlo, el derecho de iniciar leyes y Decretos; y quiero decirles, compañeras y compañeros, que el ejercicio de este derecho es muy sencillo; el artículo 73 del Reglamento Interior del Congreso de Oaxaca señala que cuando un ciudadano oaxaqueño presenta una iniciativa, y vuelvo a subrayar, que se trata solo de un ciudadano, no de un porcentaje inalcanzable en la lista nominal de electores, entonces el Diputado que representa el distrito electoral que corresponda debe intervenir libremente en pro o en contra para pedir que la iniciativa sea admitida o no, otros dos Diputados también pueden pedir la palabra para argumentar en sentido contrario. Y una vez concluidas las tres intervenciones, la asamblea es cuestionada si la iniciativa se turna o no a las comisiones, informándosele en consecuencia al ciudadano de la decisión de esa asamblea. Ese es todo el trámite que se somete en una Iniciativa Ciudadana en el estado de Oaxaca.

Por eso, con todo respeto, vengo a decir que a mí me parece incomprensible que con mecanismos tan sencillos y accesibles previsto en la legislación oaxaqueña, pero cuya regulación solamente hizo falta incorporarla en un solo artículo, el Congreso de la Unión al contrario esté optando por establecer un procedimiento burocrático y engorroso que obstaculiza al ciudadano el ejercicio de este derecho al exigirle el respaldo del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores que son algo así como 100 mil 500 ciudadanos incluyendo la clave de elector, la designación de un representante y señalar en la parte superior de cada hoja el nombre del Decreto después del cual se remitiría al Instituto Nacional Electoral, para como dice el dictamen, se verifique en un plazo de 30 días, que las firmas recabadas constituyen el porcentaje requerido de la lista se cotejen los nombres de los firmantes y se realice un muestreo para verificar la autenticidad de las firmas y, en su caso todavía dice el dictamen, se realice un muestreo más para verificar la autenticidad de las firmas y repito, sin menoscabar que en caso de que se determine que no cumple con el porcentaje, el ciudadano, dice el dictamen, podría impugnar ante el Tribunal Electoral.

Compañeras y compañeros, a mí esto me parece verdaderamente incomprensible, fíjense ustedes nada más la manera en que el Congreso de la Unión está convirtiendo el ejercicio del derecho de una Iniciativa Ciudadana, lo está convirtiendo en un molesto y tedioso trámite burocrático lleno de formalidades sin sentido.

A mí me parece que lo único que nos faltaría agregar, y permítanme el chascarrillo, es que como requisito, los ciudadanos tuviesen que presentarán tres corcholatas y 10 pesos para que entonces se haga válido este ejercicio.

No, compañeras y compañeros, esta no es una legislación de vanguardia, lo tengo que decir directa y respetuosamente, no es una legislación de vanguardia, sino una legislación diseñada para obstaculizar a toda costa el ejercicio del derecho del ciudadano a presentar iniciativas.

Y para garantizar precisamente ese ejercicio, el inalcanzable porcentaje de la lista nominal fue establecido, pues ni más ni menos, que en la propia Constitución General de la República.

Por eso desde aquí me atrevo a preguntarles, compañeras y compañeros, ¿para qué imponer el requisito del 0.13 por ciento de la lista nominal?, a caso legislar no es la principal función del Congreso de la Unión.

¿Por qué el Congreso condiciona y subordina el ejercicio de su facultad soberana de legislar y el derecho de un ciudadano a participar a un requisito que es arbitrario y sin sustento a todas luces?

¿Por qué nos impedimos a nosotros mismos legislar respecto de un buen proyecto, sólo porque éste fue presentado por uno, dos o diez ciudadanos? A mí me parece que estamos cayendo en el menosprecio por los ciudadanos.

Por eso afirmo y concluyo, señor Presidente, que este no es un proyecto de vanguardia, sino un proyecto que obstaculiza al ciudadano.

No voy a votar, lo quiero aclarar, en contra de esta reforma, porque no quiero ser quien retrase la reglamentación de la Iniciativa Preferente que ha sido uno de los grandes pendientes de este Congreso desde el 2012, pero desde aquí, señor Presidente, le pregunto a usted y a todas mis compañeras y compañeros, si estamos dispuestos, si tenemos voluntad para simplificar los requisitos y los trámites de la Iniciativa Ciudadana, si estamos dispuestos a reformar la fracción IV del artículo 71 constitucional para eliminar ese requisito del 0.13 por ciento del la lista nominal y establecer en consecuencia un trámite sencillo, accesible y que no sólo facilite, sino que potencialice el ejercicio de este derecho para los ciudadanos tal y como se hace en la legislación del estado de Oaxaca, y estoy seguro que en otras entidades más de la República.

Gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy somos partícipes de un avance trascendental en el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia, gracias a este dictamen que en su discusión sobre la minuta que establece diversas disposiciones regulatorias en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente, a través de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Fueron estas comisiones en las cuales se discutieron estas iniciativas con el objetivo de darle un fondo y un marco a la actuación en esta gran reforma política para encontrar los caminos de participación ciudadana de manera directa y poder empoderar a los mexicanos reconociéndoles el derecho de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión.

En esta iniciativa destacan en materia ciudadana y de manera trascendente las siguientes disposiciones; el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes o Decretos, siempre que así lo solicite un número equivalente en cuanto al menos 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, 100 mil 897 ciudadanos.

Asimismo, se deberá validar el cumplimiento, el requisito del número de ciudadanos firmantes de la iniciativa a través de la autoridad federal, que es, en este caso, la autoridad electoral.

Una vez validado se iniciará el procedimiento legislativo y con esto se inicia y se conforma un gran avance para nuestro país por lo que respecta a las Iniciativas Ciudadanas.

Y a diferencia de lo que se comentó en esta tribuna, yo no podría compartir que con esto no se está logrando un gran avance.

Es un avance en nuestra democracia participativa, es un avance de nuestro sistema de darle una mayor participación a todos los ciudadanos mexicanos.

Por otro lado, el proceso de Iniciativa Preferente establece que ésta será sometida ante el Congreso por el Presidente de la República y que no podrán tener carácter preferente la iniciativa de adición o reformas a la Constitución.

El Presidente de la República podrá presentar hasta dos Iniciativas Preferentes al inicio de cada periodo ordinario, la Iniciativa Preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender varios ordenamientos cuando exista conectividad en los temas.

Para su dictamen, en la Cámara de origen se tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de su presentación.

Compañeras y compañeros Senadores, debemos reconocer y debemos de abonar por la defensa de la participación institucional, con estas nuevas consideraciones nuestro país avanza; con estos nuevos cambios en el marco legal estaremos reforzando nuestras instituciones de una democracia más representativa, una democracia más cercana, una democracia que funcione, una democracia sensible y que nos sirva a los mexicanos para lograr nuestro derecho de la autodeterminación de cada uno de nosotros en nuestra estructura social, donde la dinámica adecuada y socio-política es la que sin duda se estará alcanzando con estos avances.

México más que nunca necesita representantes políticos a la altura de su potencial, como nación, necesitamos dar esos avances, como nación reconocemos en el Presidente Enrique Peña Nieto que con esto se confirma lo que él siempre ha venido diciendo, vamos juntos por la unidad y la grandeza de México, es hora de ser responsables y tomar decisiones.

Por eso, en el Partido Verde Ecologista de México asumimos nuestra responsabilidad, asumimos y la compartimos con el Presidente Peña y por lo tanto vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Melgar Bravo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

La discusión que estamos dando en este momento en relación a un asunto importantísimo para que el pueblo pueda iniciar leyes, sin duda que se inscribe en la lucha que mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, ha dado desde su nacimiento, cuando le expusimos al pueblo que el proyecto alternativo de nación que sacaría adelante al país, no es otro que el estado social democrático y de derecho.

En la parte del estado democrático, desde el Partido de la Revolución Democrática, no concebimos que las grandes decisiones que afectan a este país sean tomadas por una cúpula. Hemos insistido que se requiere la participación del pueblo para tomar estas decisiones.

Por eso cuando discutimos la consulta popular, planteábamos con mucha energía que si el pueblo pone a los representantes populares, si el pueblo les paga, lo más normal es que el pueblo mande, y que nos parecía un verdadero absurdo que los empleados, o sea, los Senadores de la República, pretendieran ponerle reglas al patrón, pero así están las cosas en este país.

Decirles que la lucha del PRD para hacer más democrático a México, se seguirá dando para que el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato sea una realidad en este país.

Cuando instauremos en México la participación ciudadana en todos estos aspectos, entonces sí, entonces sí podremos decir que México es un país en donde se aplica a cabalidad el artículo 39 de nuestra Constitución, y en donde el pueblo realmente ejerce el poder que le otorga el artículo citado.

La Iniciativa Popular es una lucha que el Partido de la Revolución Democrática ha dado, y reconocemos su importancia y su valía. Por eso vamos a votar a favor de la misma.

Sin embargo, en lo particular, por supuesto que señalaremos los aspectos que desde nuestra visión obstruyen, porque pareciera un gato pardismo, cuando se hacen las cosas como se están haciendo en este momento; es decir, cambiar para no cambiar, y que siga siendo más de lo mismo.

No voy a reiterar aquí lo que ha venido a decir el compañero David Monreal, del Partido del Trabajo, en donde señala con mucha puntualidad cuáles son las trabas que tiene que superar la ciudadanía para inscribir una iniciativa de ley.

Tampoco voy a repetir aquí lo que ha venido a decir el compañero Benjamín Robles, y que tiene razón cuando plantea que Oaxaca tiene una legislatura mucho más avanzada en este sentido.

Y yo quiero referirme también, a que no sólo Oaxaca, otras entidades federativas, como el caso de Morelos, en donde el artículo 19 Bis de la Constitución de mi estado, plantea con mucha claridad que sólo se requiere que un ciudadano vaya al Congreso del estado y presente una iniciativa de ley para que el Congreso la recoja, la turne a comisiones, se analice su procedencia o su improcedencia sin andar pidiéndole al órgano electoral a que ratifique o a que revise firmas, porque estas firmas sólo van a servir para que, desde ese órgano, si la iniciativa, desde la visión de quien manda en este Congreso, es decir, del Presidente de la República, es procedente, entonces se dejará pasar porque no toca un asunto toral o fundamental de la vida de la República.

Pero si esa iniciativa no conviene a los intereses de quien gobierna, entonces simplemente se dirá: Los requisitos de las firmas no cumplen, y por lo tanto el Instituto Nacional Electoral rechaza por improcedente lo que los ciudadanos han planteado.

Decirles, compañeros Senadores, que a pesar de la burocracia y de las trabajas para que la sociedad participe, el hecho de que ya se encuentran en las leyes respectivas la figura de Iniciativa Popular, desde el PRD consideramos esto un triunfo innegable de la izquierda, porque hemos venido planteando esto desde nuestro nacimiento como instituto político reconocido, y siempre lo hemos hecho con la intención de que el pueblo pueda ejercer a plenitud sus derechos, y no bajaremos la guardia hasta que suceda de manera cabal.

Por los argumentos aquí vertidos, mi voto en lo general será a favor de este Decreto.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Informo a la Asamblea que una vez agotada la discusión en lo general, se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes Senadores de los Estados Unidos Mexicanos:

Por lo que hace a la Ley Orgánica del Congreso General, se reservaron los siguientes artículos:

Por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya: los artículos 23, 67, 130, 131 y 132.

Por el Senador Isidro Pedraza Chávez: el artículo 132.

Por el Senador David Monreal Avila: el artículo 132.

Por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez: los artículos 134, 137 y 138.

En cuanto a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya reservó el artículo 43 Ter.

Y por lo que se refiere al COFIPE, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya reservó los artículos 125 y 128.

¿Algún Senador o Senadora desea inscribirse para la discusión en lo particular?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Yo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Qué artículo?, Senador Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) El artículo 130 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Queda reservado el artículo 130 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Isidro ya está usted inscrito para la discusión en lo particular.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 99 en favor, 4 en contra y una abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Para la discusión en lo particular de los artículos reservados, informo a la Asamblea el procedimiento que seguiremos para conocer y desahogar las propuestas de modificación.

Primero, harán el uso de la palabra los Senadores que hayan reservado los artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e inmediatamente procederemos a consultar si se aprueban las propuestas.

Una vez resueltas todas las propuestas de modificación, realizaremos la votación nominal de los artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean modificados o en los términos del dictamen.

Posteriormente, procederemos a la consulta de los artículos reservados de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, bajo el procedimiento aplicado para la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la misma forman se desahogarán las reservas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Iniciamos con la discusión de los artículos reservados de la Ley Orgánica General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a los artículos 134, 137 y 138 del proyecto de Decreto.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, esta es una discusión que iniciamos en comisiones unidas, particularmente en torno al artículo 138 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que consideramos que en los términos en que viene planteando el Decreto, incurre en un exceso y configura el carácter metaconstitucional de esta propuesta.

Toda vez que la Iniciativa Preferente, de acuerdo a lo que está establecido actualmente en la Constitución, debe ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de origen, en un plazo máximo de 30 días naturales, si no fuera así, la iniciativa pasaría en sus términos y sin mayor trámite a la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación, una vez aprobada o modificada esta Iniciativa Preferente en la Cámara de origen, debería de enviarse a la Cámara revisora el proyecto de ley o de Decreto, y establece la Constitución, con toda claridad, los tiempos y los plazos en que la Cámara revisora debe discutirlo y aprobarlo, siguiendo las mismas reglas en un plazo no mayor de 30 días.

La Constitución no contempla, en ningún caso, y ésta es la diferencia que hemos tenido con el Senador Héctor Larios, desde un principio, ningún tiempo adicional, en caso de que la Cámara revisora modificara la minuta enviada por la Cámara de origen.

Y a nuestro juicio, el trámite al que debe sujetarse la Iniciativa Preferente, si es modificada la minuta por la Cámara revisora, debe apegarse estrictamente a los incisos d) y e) del artículo 72 de la Carta Magna, en el cual no se establece plazo alguno.

Y por lo tanto, en ese momento, la Iniciativa Preferente sigue el curso ordinario dentro de la Cámara de origen.

De ahí nuestra propuesta de que sea derogado el artículo 138, con lo cual implicaría modificaciones, y por lo tanto, la derogación de fracciones de los artículos 134 y 137, donde se señala, que al regreso de la Cámara revisora, se mantendría el carácter preferente de la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Yo creo que este planteamiento metaconstitucional va en demérito de las facultades de atribuciones del Congreso de la Unión. No puede generarse un régimen de excepción preferente dentro ya la excepción preferente de las que gozan las iniciativas del Ejecutivo Federal presentadas, dos de éstas, al inicio de cada periodo de sesiones, y debemos ceñirnos estrictamente al texto constitucional, para que no solamente no limitemos y conculquemos nuestras atribuciones, si no se siga fortaleciendo las facultades legislativas de iniciación de leyes por parte del Ejecutivo Federal.

Dejo la propuesta en lo particular, tanto de las modificaciones a los artículos 134, 137 y 138, en la Secretaría, para que se someta a la consideración de este Pleno.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas presentadas por el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta.

Artículo 134. Propuesta. Eliminar el punto número 2.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura al artículo 137.

Artículo 137.

1. Para las minutas sobre Iniciativas Preferentes aprobadas y remitidas a la Cámara revisora para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

f) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

III. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, incisos d) o e) de la Constitución.

Artículo 138, se desecha.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se aceptan a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No se admiten para su discusión.

En consecuencia, iniciaremos la discusión de los artículos 132, 134 y 137 y se reservarán de manera conjunta para su votación con los artículos no reservados.

Tiene la palabra el Senador Isidro Pedraza, quien ha reservado el artículo 132 pero ha pedido disculparse por tener que atender una reunión de comisión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para referirse al artículo 132.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Angel Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Sólo por procedimiento haría yo un comentario respecto de la propuesta del Senador Isidro Pedraza en este momento.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Por eso le estaba concediendo la palabra a él, yo pensé que usted iba asumirla la propuesta de él. Si es así…

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Sí, el Senador Isidro se fue a comisiones y me pidió que hiciera algún comentario.

- El C. Presidente Aispuro Torres: El dejó el texto escrito, si usted quiere referirse a ella se le concede la palabra, y si no, procederíamos a desahogar a los oradores que están inscritos.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Sí, porque me encomendó mucho el Senador Isidro Pedraza, y lo quisiera hacer desde acá porque este es un tema muy puntual.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tiene el uso de la palabra para referirse al artículo 132.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente.

El dictamen que estamos discutiendo, nos comenta el Senador Isidro Pedraza en su reserva, establece que cuando el INE determine que no se cumple ese porcentaje del 0.13 por ciento, la Iniciativa Ciudadana se estaría archivando como un asunto totalmente concluido.

Coincidimos con él en que esto es un asunto que se vuelve un agravio en contra del ciudadano, y por eso la propuesta del Senador Isidro Pedraza es muy concreta, y es la que quiero defender en este momento.

Plantea él, que debe de dársele vista a los ciudadanos para subsanar la deficiencia, en todo caso, en un plazo de 30 días. Nos parece que en un ejercicio democrático es lo menos que se le puede otorgar a los ciudadanos, que apegándose, en caso de que sea aprobado este artículo, pues debe dársele también la oportunidad de subsanar, como sucede en otros términos de otros asuntos igualmente importantes.

Ese es el planteamiento del Senador Isidro Pedraza.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta del Senador Isidro Pedraza, hecha a través del propio Senador Angel Benjamín Robles Montoya, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta.

Artículo 132.-

c) En el caso de que el Instituto Nacional Electoral determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva informará al representante de los ciudadanos la cantidad de firmas faltantes para que en un plazo máximo de 30 días se entreguen a la Cámara respectiva, la cual las hará llegar al Instituto Nacional Electoral.

Si transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, no se entregan las firmas faltantes, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, notificando a los promoventes por conducto de su representante.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se reserva para su votación nominal de manera conjunta con los demás artículos reservados.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para referirse también al artículo 132 de la citada ley.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

La Iniciativa Ciudadana es un mecanismo de la democracia directa que consiste, a groso modo, en que un grupo de ciudadanos de forma organizada pueden presentar su iniciativa o reforma de ley, es decir, el derecho a crear, reformar o derogar leyes.

La Iniciativa Ciudadana permite la conjugación de un grupo de ciudadanos que tiene un interés en común, y su funcionamiento se basa en la presentación de un proyecto de reforma o creación de una ley ante le Poder Legislativo.

Esta figura de democracia directa da pie a que el ciudadano participe en la formación y transformación de alguna ley, este mecanismo se diferencia del referéndum o el plebiscito porque sólo una parte de los ciudadanos participa.

Ahora bien, es importante señalar que la iniciativa popular es un canal de expresión por medio del cual la sociedad civil complementa el sistema de partidos, pero de ninguna forma sustituye la función del Poder Legislativo.

Este mecanismo fortalece las relaciones de los grupos de ciudadanos que se reúnen para debatir y deliberar la iniciativa de ley o reforma que pretenden someter a votación en el Congreso de la Unión.

En resumen, la Iniciativa Ciudadana es la manifestación de una facción de ciudadanos que le exigen al Poder Legislativo la reglamentación de algún asunto de interés colectivo.

El dictamen que ponen a nuestra consideración, contempla lo que se encuentra establecido en la Constitución Política Federal, la cual en su ordenamiento 71 estipula que los ciudadanos podrán emitir su propia propuesta de iniciativa, y para ello se necesita un número equivalente al menos del 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, poco más de 100 mil firmas de ciudadanos.

Desafortunadamente no le otorga el carácter preferencial, lo que puede provocar que las iniciativas emitidas por los ciudadanos se queden en la congeladora legislativa. A pesar de que el pueblo es el titular de la soberanía y fuente de todo poder, la iniciativa popular no tiene un trato preferencial dentro del proceso legislativo; es decir, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, artículo 39 de la Constitución Política Federal.

Con base en este precepto, la Iniciativa Ciudadana debe de tener un proceso legislativo sin mayores trámites. Paradójico resulta que si se le otorga el carácter preferencial a las iniciativas del Ejecutivo Federal, y no a las que tengan el aval de más de 100 mil ciudadanos.

Por tal razón, la presente reserva tiene como único objetivo que una vez cumplidos los requisitos que se exige por la Constitución y por las leyes reglamentarias a las iniciativas presentadas por los ciudadanos, se les otorgue el carácter preferencial, esto con la única finalidad de garantizar al menos la discusión por parte del Congreso de la Unión, y con ello atender las demandas sociales.

Derivado de lo anterior, estamos sometiendo a consideración de la Asamblea esta siguiente reserva. Si en verdad queremos enviarle un buen mensaje al ciudadano, me parece que esta es la oportunidad para darles el mismo carácter a esta Iniciativa Ciudadana, se le dé el mismo tratamiento que las Iniciativas Preferentes, y garantizar que cuando menos esté en discusión en este Congreso y en este Senado de la República.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Solicito a la Secretaría que ponga a la consideración del Pleno la propuesta presentada por el Senador David Monreal Avila, que se refiere al artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta.

Artículo 132.

d) En el supuesto de que se verifique el cumplimiento de porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo previsto en el numeral 2 del artículo 136 de esta ley.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se reserva para su votación de manera conjunta con los demás artículos reservados.

Informo a la Asamblea que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo ha retirado su propuesta de modificar el Artículo 130 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto se reserva para su votación nominal de manera conjunta con los demás artículos reservados.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para referirse a los artículos 23, 67, 130, 131, 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y también en el mismo acto hará uso de la palabra para referirse al artículo 43 Ter, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a los artículos 125 y 128 del COFIPE.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente he decidido presentar mis ocho reservas en un solo acto, porque realmente considero que esta es la mejor manera de establecer con claridad la finalidad que persiguen las propuestas de un servidor.

Inicio reiterando que ya he expresado en esta tribuna mi más claro y absoluto convencimiento que este proyecto contiene una regulación para la Iniciativa Ciudadana que no es vanguardista, y que por el contrario, obstaculiza la presentación de iniciativas por parte de los ciudadanos.

No voy a repetir el engorroso y enmarañado procedimiento que se establece para la presentación y tramitación de Iniciativas Ciudadanas; creo que ya todos lo tenemos totalmente claro.

Pero lo que sí creo, señor Presidente, que vale la pena repetir, es el procedimiento establecido en la legislación oaxaqueña que hemos tomado como referencia para la presentación de estas reservas.

La legislación de mi estado, compañeras y compañeros Senadores, prevé que una iniciativa sí puede ser presentada por un solo ciudadano sin que sea necesario el respaldo de un porcentaje inalcanzable de la lista nominal de electores que hoy en día equivaldría a más de 100 mil firmas.

Una vez presentada dicha iniciativa, el Diputado que represente el distrito electoral que corresponda tiene la posibilidad de intervenir libremente a favor o en contra para pedir que la iniciativa, en el caso de nuestra legislación, sea admitida o no a trámite.

Para equilibrar, otros dos Diputados pueden también pedir la palabra para argumentar en sentido contrario, y una vez concluidas estas intervenciones se consulta a la Asamblea si la iniciativa se turna o no a comisiones informándose, como ya lo expresaba antes al ciudadano, de la decisión de la Asamblea. Así de sencillo es el procedimiento.

Por ello, compañeras y compañeros, con las presentes reservas lo que nosotros estamos proponiendo es establecer un mecanismo semejante en el proyecto de Decreto que estamos discutiendo. Un mecanismo que resulté, mucho más sencillo y más accesible al ciudadano, un mecanismo que permite incentivar así su participación activa en los asuntos públicos desde el ámbito del Poder Legislativo Federal

Quiero decirles también que estoy convencido de que el procedimiento que se pretende establecer en el presente dictamen, no solamente es complejo y sinuoso, sino que la verdad impide que el propio Congreso de la Unión pueda allegarse de propuestas legislativas valiosas provenientes del ámbito social.

Y, desde esta tribuna vuelvo a cuestionar, con respeto, pero los cuestiono; ¿por qué mejor no establecemos un procedimiento sencillo que nos permita presentar propuestas valiosas de los ciudadanos?

¿Por qué no nosotros permitimos que los legisladores puedan adoptarlas, inclusive impulsarlas?

¿Qué caso tiene, con respeto, lo reitero, solicitar más de 100 mil firmas para legislar sobre una propuesta ciudadana?

Les pregunto ¿vale más una mala iniciativa formada por más de 100 mil personas que una excelente iniciativa firmada por 5?

Yo los invito, con todo respeto, a la reflexión.

Estas propuestas, compañeras y compañeros, no solamente pretenden simplificar el trámite, sino que también pretenden potencializar la facultad soberana fundamental de este Congreso para que se pueda legislar. A mí me parece que esto permitiría que ambas Cámaras pudiesen allegarse de propuestas legislativas valiosas provenientes desde el ámbito social, reitero, sin la obstaculización de un procedimiento burocrático, engorroso y poco expedito.

Dejo, compañeras y compañeros, a su consideración las reservas que habrá de leer la Secretaría de la Mesa Directiva, pero también les dejo mi postura en este tema, invitándolos a reflexionar sobre el valor y la necesidad de establecer un mecanismo que facilite al ciudadano el ejercicio de su derecho a presentar iniciativas que al final, no es otra cosa, compañeras y compañeros, que el ejercicio del pueblo a participar en los asuntos públicos.

Una vez más, gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas presentadas por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, y lo haremos artículo por artículo, tanto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley de Medios de Impugnación y las reformas también al COFIPE.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 23. Debe decir: “...Las demás que le atribuyen la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria....”.

Artículo 67, debe decir:...“ Las demás que le confieran esta ley y el reglamento...”.

Artículo 130. Debe decir: “3. Una vez turnadas a las comisiones correspondientes, las Iniciativas Ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta ley y los reglamentos en cada Cámara, cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente...”.

Artículo 131, debe decir:

“...b). En este requisito se observará el principio de buena fe.

c). Nombre completo y domicilio de representante para oír y recibir notificaciones.

d). Se elimina...”.

Ultimo párrafo, se elimina.

Artículo 132, debe decir: “....Cuando se dé cuenta de la Asamblea de una Iniciativa Ciudadana, un Diputado del distrito electoral o un Senador de la entidad que corresponda, según sea el caso, deberá intervenir en pro o en contra para pedir que la iniciativa sea o no admitida.

En contra de la opinión de dicho Diputado, Senador, podrán hablar otros dos tras lo cual se preguntará a la Asamblea si la iniciativa se turna o no a comisiones, debiendo informar, en todo caso, al representante designado por los ciudadanos del resultado de la decisión que hubiere tomado la Asamblea”.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se reservarán para su votación de manera conjunta con los demás artículos reservados.

Continúe con las siguientes propuestas.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a las propuestas de modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 43 Ter.- se elimina.

Artículo 125.- se elimina.

Es cuanto, señor Presidente.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Doy lectura a la propuesta de modificación al artículo 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 128.- se elimina.

Fracción IV.- se elimina.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se reservan para su votación de manera conjunta con los demás artículos reservados.

Antes de realizar la votación nominal de los artículos reservados, informo a la Asamblea que las comisiones remitieron una modificación en la página 15 del dictamen, en la parte relativa a la descripción de los proyectos que sobre la materia de Iniciativa Ciudadana se han presentado en el Senado. Esta modificación no altera en modo alguno la parte resolutiva del proyecto a votación.

háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 23, 67, 130, 131, 132, 134, 137 y 138 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 43 Ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Y los artículos 125 y 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Compañeras y compañeros Senadores, esta Presidencia les ruega permanecer en sus lugares, ya que continuaremos con el desahogo de los siguientes asuntos, el dictamen relativo a la Ley General de Cultura Física y Deporte; y una fe de erratas al dictamen de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Así como la votación económica a un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Por lo tanto, se les ruega que permanezcan en este recinto. Gracias.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos a favor 17 en contra y una abstención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 23, 67, 130, 131, 132, 134, 137 y 138 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 43 Ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 125 y 128 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite y desahogo correspondiente.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, el dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Dictamen de primera lectura)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y de inmediato se ponga a discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Se le concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- El C. Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores. Con la venia de la Presidencia.

El deporte encarna los principios más loables de los hombres, solidaridad, disciplina, respeto a las reglas, trabajo en equipo, juego limpio, competencia leal, pasión, y uno de los puntos más relevantes: fomenta la convivencia entre padres e hijos.

Sin embargo, en los últimos años la pasión desbordada ha desatado en las personas los impulsos más nocivos como la violencia y la agresión, ante esta realidad el presente dictamen tiene como fin único erradicar la violencia en el deporte a través de dos vías: la prevención y la sanción de tales conductas.

El mensaje que les queremos dar a los padres y madres de familia es que lleven a sus hijos a los eventos deportivos, que puedan acudir a los estadios, que su seguridad y la de sus hijos va a estar debidamente garantizada, que todos los que asistan a un estadio, a un evento, espectáculo deportivo público, pasarán un momento agradable sin ser agredidos o lesionados, que no correrán ningún peligro.

¿Cómo lo vamos a lograr, compañeras y compañeros?

El dictamen que está a discusión en este momento gira en torno a cuatro ejes que buscan devolver la seguridad y la paz a los eventos deportivos.

Primero. Establece la obligación de una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia en los eventos deportivos.

Segundo. Fortalece la comisión especial contra la violencia en el deporte, comisión establecida ya en la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte que aprobamos en este Senado hace algunos meses.

Se refuerza esta comisión al proponer que su contenido se replique en cada una de las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, al crear una comisión local contra la violencia.

Asimismo, dicha comisión especial tendrá la obligación de elaborar un programa anual de trabajo para prevenir esta práctica dañina. La obligación de erradicar la violencia deportiva es de todos los que intervienen en la realización de los eventos deportivos.

Tercero. Se plantea crear el padrón de aficionados violentos, en el que se inscribirán todas las personas que hayan sido sancionadas con la prohibición de acudir a los eventos deportivos. Este padrón se conformará con base en los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y podrá ser consultado por las autoridades de seguridad pública y por los organizadores de los espectáculos deportivos.

Cuarto. Propone la creación de un delito denominado “violencia en el deporte”, su función no es criminalizar a los deportistas o a los aficionados, el objeto es castigar la conducta violenta.

La ley y las penas son severas para evitar que se sigan presentando actos vergonzosos de violencia en los estadios y en los espectáculos deportivos. Para ello se adiciona un nuevo artículo para especificar las conductas que encuadran su violencia en eventos deportivos, así como sus sanciones.

A los que lancen objetos contundentes se les impondrá una sanción de seis meses a dos años de prisión. A aquellos que ingresen sin autorización a los terrenos de juego, y agredan a las personas o causen daños materiales, serán sancionados con seis meses a tres años de prisión.

A aquellos que participen activamente en riñas tendrán una sanción de seis meses a cuatro años de prisión; y aquellos que inciten a la violencia, causen daños materiales, introduzcan a las instalaciones deportivas armas de fuego o explosivos, tendrán una sanción de un año seis meses hasta cuatro años y medio de prisión.

Compañeras y compañeros, es tiempo de actuar, los señalamientos, la repartición de culpas y las descalificaciones deben de quedar atrás; demos un paso adelante para tener un México en paz, un México tranquilo y libre de violencia.

Hoy es necesaria la intervención del derecho para contribuir a solucionar un problema que ha agravado en los últimos años, nuestra responsabilidad como legisladores es establecer el marco jurídico que coadyuve a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en el establecimiento de políticas que permitan solucionar la violencia en el deporte.

Actuemos ahora para que el deporte en nuestro país no llegue a casos extremos como lo que ocurre en otros países hermanos.

Concluyo mi intervención con la siguiente reflexión: en los últimos años hemos visto una generación de deportistas y atletas talentosos que han puesto el nombre de México muy en alto en diversas competencias nacionales e internacionales, con ellos hemos gritado y hemos vibrado; es una generación que nos inspira a ser más competitivos, que nos alienta a dar lo mejor; son atletas que trabajan a diario para estar en los primeros lugares; los niños y los jóvenes mexicanos ven reflejados sus sueños y aspiraciones en esos atletas exitosos.

Por este motivo, en la Comisión de Juventud y Deporte estamos convencidos que hoy estamos legislando a favor de la niñez, reconozco la cooperación y la colaboración de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, para poder dictaminar con la celeridad que hoy requiere nuestro país el presente dictamen.

El Congreso de la Unión, desde el ámbito de su competencia, da un paso más para comunicar a la sociedad valores y principios, como la unidad familiar, la educación en casa, la convivencia pacífica y la paz social.

Compañeras y compañeros, aprovechemos este espíritu competitivo para erradicar la violencia en el deporte, hagamos que el deporte se convierta en el generador de capital social que requiere nuestro país para su transformación y para así ser una potencia deportiva.

Muchas gracias a todos ustedes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Puente Salas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, señor Presidente.

Creo que hay que recordar por qué estamos legislando este tema con tanta celeridad, porque alguien perdió su vida, y no es un caso aislado, tenemos que el caso de la violencia en espectáculos deportivos, y sobre todo en el deporte más popular en este país, que es el fútbol, se ha incrementado.

El día de hoy estamos legislando correctamente, teniendo un reclamo, pero es un tema que no se detiene el día de hoy en el marco legislativo; hoy damos solamente un primer paso por la urgencia del caso, pero me queda el análisis del dictamen que hoy aprobaremos, que no es suficiente.

Creo que hay que analizar las causas y no únicamente el penalizar con mayor severidad estos temas. Va a inhibir estas conductas, ¿por qué?, porque las acciones que hoy nos tienen legislando este tema van a ser penadas; pero no estamos acabando con el tema de las barras bravas.

Al final del día una riña simple entre dos aficionados sería raro que generara una situación catastrófica, hay que evitarla, hay que generar nuestro mejor ambiente familiar para nuestros niños en los estadios, pero no es lo que nos tiene el día de hoy, nos tiene el tema de verdaderas batallas campales entre seudo aficionados, entre seudo porristas, yo creo que hay que apoyar esta reforma, pero creo que tenemos que tener claro que nos estamos quedando cortos y que con mayor detenimiento, con menos prisa, tendremos que abonar este tema, porque si no estaremos en seis meses, en un año, volviendo a discutir que en este tipo de batallas campales alguien perdió su vida.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Gracia Guzmán.

Procederemos al posicionamiento de los grupos parlamentarios tal y como lo establece el artículo 199 de nuestro Reglamento.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar a nombre del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente; con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores:

Ya se ha dicho aquí, pero siempre hay que reiterar, lo que el deporte es por su esencia una actividad benéfica, una actividad sana, competitiva en muchos casos, pero siempre ajustada a reglas.

Del deporte se vive un concepto noble, el deportivismo, es decir, el comportamiento correcto, amistoso en la práctica de una disciplina deportiva. Sin embargo, tampoco hay que olvidar jamás que el deporte en muchas de sus expresiones es también un negocio, un negocio legal, legítimo, pero negocio al fin, donde los valores deportivos casi nunca prevalecen a los valores económicos.

Los deportes profesionales, pero en nuestro país señaladamente el fútbol, es un negocio muy grande y de eso se trata también lo que hoy estamos discutiendo aquí, un negocio de miles de millones de pesos en publicidad, en derechos de transmisión, en comercialización de indumentaria deportiva, intercambio de jugadores y un larguísimo etcétera.

El fútbol como negocio requiere por tanto generar interés, es un negocio del entretenimiento deportivo y en esa lógica para atraer espectadores y consumidores y para ello exaltar la venta de este entretenimiento se han generado una serie de estrategias; estrategias que muchas veces exaltan la competitividad, exaltan la confrontación y exaltan la rivalidad, una forma, una estrategia de las que menciono que han encontrado los clubes de fútbol en México para expresar ese ánimo de rivalidad y a la vez de identificarlo con su equipo, son los conocidos como grupos de animación o lo que antes se conocían como las porras y que hoy se identifican asimismo como las barras deportivas, la Rebel de la UNAM, la Monumental del América, la barra 51 del Atlas, Los de Arriba de León, la Perra Brava de Toluca, Libres y Locos de los Tigres, La Masacre de Tijuana o la Legión 1908 de Las Chivas del Guadalajara son, entre otras, ejemplos de este tipo de organizaciones.

Ahora, lo que hay que decir y qué bueno que estamos discutiendo este tema, es que las barras, no siempre, ojo, no siempre son expresiones auténticas de aficionados, no siempre son expresiones abiertas o espontáneas, sino más bien son organizaciones promovidas, patrocinadas y también toleradas por los propios clubes deportivos.

A las barras, hay que decirlo, se les facilita muchas veces el lugar que van a ocupar en el estadio, se les facilita un boleto gratuito, el transporte, el ingreso con instrumentos de banderas que a otros aficionados no se les permite, todo con una condición, no cesar sus gritos y no cesar los cantos de apoyo al equipo, una condición que tiene que ver con la idea de hacer ver al equipo como un equipo de arrastre, de amplia simpatía y de amplio apoyo, quizás es una estrategia que suene familiar aquí en el Senado de la República y con hombres y mujeres que han estado cerca de los procesos electorales; y es que las barras en el fútbol, si me permiten la expresión, son el equivalente al grupo previamente organizado y transportando que grita y que echa porras y que hace sonar la matraca en el mitin político, esto con la misma intención, que el candidato o partido parezca más popular de lo que en realidad es. En pocas palabras, las barras son al partido de fútbol lo que los acarreados al mitin político.

Y esto, compañeras y compañeros, no es un juicio de valor, ni siquiera es una denostación, es simplemente la descripción de una estrategia, pero una estrategia que se ha convertido en una estrategia muy peligrosa que ya ha empezado a cobrar vidas.

Lo malo de esta estrategia, particularmente en el fútbol, es que los grupos de animación han rebasado los límites, límites que comprometen la seguridad de quienes asisten a los estadios y han exacerbado el espíritu competitivo y la rivalidad deportiva para traducirse en violencia. Y eso es simplemente inaceptable.

El apoyo de los clubes es válido y no debe de ser interpretado como impunidad; la violencia en los estadios es y será siempre inaceptable, no hay razón deportiva ni razón extradeportiva para admitirla, no hay resultado, ni circunstancia que dentro o fuera de la cancha amerite la violencia en la tribuna.

Al final parece perderse de vista algo que es obvio, el fútbol es algo que es sólo un juego; un juego que genera muchas ganancias, lo más importante de lo menos importante se le ha llegado a decir, pero es un juego al fin; un juego en el que alrededor habitan muchísimos intereses, pero ninguno de esos intereses puede estar por encima de salvaguardar la seguridad y la integridad de quienes acuden a presenciarlo.

Los estadios de fútbol no son espacios extraterritoriales en donde quienes acuden a ellos pueden subvertir el orden o realizar expresiones discriminatorias como ya ha acontecido en otros momentos.

En la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, deben sumarse absolutamente todos los elementos, los de seguridad, los de protección civil, los de profesionalización de los cuerpos policiales, los de manejo de multitudes y protocolos de atención a disturbios, deben concurrir todas las autoridades, federales, estatales y municipales y deben de establecerse que los espectadores tienen el derecho de ver su deporte favorito, pero también tienen el deber de acatar las normas de comportamiento y seguridad que son aplicables.

Y coincido con el Senador Gracia Guzmán, tenemos que seguir legislando en el tema, porque el otro gran responsable son los clubes o las empresas que hacen el negocio legítimo con el fútbol y con otros deportes y con otro tipo de espectáculos.

Debe quedar claro que la competencia siempre será sana, pero con un manejo irresponsable y tolerante de sus aficionados violentos, pueden transformarse de manera muy fácil, como acaba de acontecer, en agresión, en violencia y muerte, y en ese sentido son corresponsables de lo que ocurre en los estadios, los grupos de animación que patrocinan y consienten lo que ahí se realiza.

Por ello, compañeras y compañeros, a nombre del grupo parlamentario del PRD, es que expreso sin duda nuestro apoyo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero con esa nota, que sigamos buscando la mejor legislación para que estos eventos se conviertan en espacios sanos de rivalidad, pero sobre todo, seguros para todos los aficionados.

Creemos que es un paso adicional lo que estamos hoy aquí votando en el sentido correcto, un mensaje necesario a la sociedad de que la violencia en cualquier espacio es inaceptable y de que quien la ejerce, la promueve, la aliente directa o indirectamente, merece una sanción ejemplar, así forme parte de cualquiera de las barras y de su equipo favorito de fútbol.

El deporte es la antítesis de la violencia; el deporte debe de llevar el mensaje permanente de la superación personal, y esto que está ocurriendo en los estadios de fútbol en nuestro país, es todo lo contrario.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para fijar su posicionamiento, a nombre del grupo parlamentario del PT.

Les ruego su comprensión. Si bien es cierto que de acuerdo al Reglamento, son hasta 10 minutos, en virtud de que las comisiones ya explicaron las razones del objetivo de esta reforma, les rogaría que pudiésemos ser lo más breve posible en atención a la Asamblea. Gracias.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Usted manda. Yo nada más soy un obrero aquí en la Asamblea, señor Presidente. Bien, muy breve.

El fútbol, que es el que está dando este problema, es curiosamente el deporte al que más se le invierte, en el que más se consume, el que tiene los tiempos más privilegiados en los medios de difusión, y es el que menos conquistas deportivas, si hacemos un análisis, tiene a nivel internacional.

Hemos sido campeones casi en todo, lo mismo en deportes de conjunto, que en materia individual.

Como un caso honroso es mi compañera Ana Gabriela Guevara, que fue campeona mundial de los 400 metros planos, y ya hubiera querido Ana Gabriela Guevara, y ya hubieran querido tantos campeones individuales o de conjunto haber tenido si quiera un 10 por ciento del apoyo económico que tienen estos señores del fútbol, ya no hablemos de sus sueldos y sus prestaciones.

A mí me parece que es conveniente aprobar estas reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, porque no quisiéramos, al menos es mi percepción, como uno de 128 en esta Soberanía, que pasara por aquí la oportunidad de frenar esta violencia y nosotros quedarnos inmóviles. Creo debiéramos, y por lo menos es la convicción de mi bancada, apoyar esta iniciativa.

Sin embargo, me queda el apunte de que no somos nosotros en el Poder Legislativo, ni en la Cámara baja, ni en la alta, los que vamos a frenar la violencia con leyes, esta es una cuestión que tiene que ver con la prevención.

Me extraña, por ejemplo, que los compañeros de los medios de difusión, llamémosle como se les dice, las televisoras se espantan de la violencia, si son ellos mismos los que la promueven.

Cuántas veces hemos visto nosotros, previo a un clásico, previo a un partido de los llamados de 6 puntos y esas cosas que activan los afanes, las emociones encontradas de artistas, o vedettes, que muchas tienen, e inclusive enfrentan, enconan a las porras, y más allá, a las ciudades. Porque no es un secreto que ha habido problemas muy fuertes entre ciudades como Monterrey y Torreón por ese encono deportivo, enfermizo que hay entre dos equipos.

O que por ejemplo, hay un encono muy peligroso que se da entre el Club de Fútbol América y los Pumas, que prácticamente las porras ya no pueden asistir.

Entonces, yo creo que este no es un asunto que se pueda resolver con legislación, este es un asunto donde los involucrados en el fútbol, los que tienen los derechos de transmisión, y consecuentemente los que usufructúan las riquezas que se dan, que son muchas en este deporte, tienen que tomar nota de lo que está ocurriendo.

Asimismo, creo que esta es materia del orden municipal, ¿por qué? Porque es precisamente el primer contacto deportivo, el primer contacto de gobierno el que tiene la mayor parte de las potestades sobre los espectáculos y los eventos deportivos que se registran en una comuna.

Entonces, yo creo que también aquí es trabajo de los municipios, de sus reglamentos, de su policía, para que ellos puedan por un lado prevenir con su fuerza pública, organizar.

Nadie ha hablado, por ejemplo, por lo menos, no sé si me distraje, del consumo de alcohol en los estadios. O sea, es notorio que por ahí del minuto 30 de la segunda mitad, cuando ya llevan algunas en el sistema digestivo, es cuando se empiezan a registrar los problemas, porque para entonces ya se pasaron 7, 8, 10 cervezas, o no sé cuántas.

Entonces, esto no pasa por nosotros, compañeros. Yo creo que nosotros estamos haciendo lo correcto.

Me parece que es la medida justa, es el límite de nuestras facultades y atribuciones como legisladores; pero, ¿Quién entra? ¿Cómo entra? ¿Por dónde entra? ¿En dónde se sirve el trago? ¿En dónde no se sirve trago?

Eso no lo podemos definir nosotros, esas son cuestiones que tienen que ver con los órdenes municipales de gobierno; que tienen que ver con los organizadores, léase los concesionarios, los directivos de las ligas; y sobre todo algo muy importante, que tiene que ver también con la conciencia de los aficionados que, bueno, vamos a un espectáculo deportivo, pero también tenemos que asumir que estos grupos ya no se entienden ni se conciben como el “chiquitibum a la bim bom ba”, que nos tocaba a nosotros cuando éramos niños, algunos de aquí todavía no nacían, tú, por ejemplo, Yunes, todavía no nacías cuando esas eran las porras en los estadios, sino que ahora, como atinadamente dice Zoé: “Se ubican e identifican como tribus urbanas”.

¡Mucho cuidado!

Nosotros cumplimos. Ojalá que las demás entidades responsabilizadas de esto lo hagan en su momento.

Espero no haber rebasado el límite. Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Daniel Gabriel Avila Ruiz: Con su permiso, señor Presidente José Rosas Aispuro Torres, Senador del estado de Durango. Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer las principales razones por las que votaremos a favor de la propuesta de reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte que hoy está a nuestra consideración, con la finalidad de remediar, de una vez por todas, el fenómeno social de la violencia en los espectáculos deportivos, particularmente la violencia en los estadios, un mal que desde hace años afecta a muchos países, incluyendo al nuestro, en donde poco se ha hecho para solucionar este problema.

Lamentablemente para poner el tema sobre la agenda del Congreso, hemos tenido que ser testigos de los salvajes actos de barbarie cometidos recientemente en un estadio de Guadalajara, Jalisco, en días pasados, en donde un reducido grupo de policías fueron casi linchados por un tumulto de verdaderos criminales, que deben ser castigados con todo el peso de la ley penal vigente.

Hay que decirlo: no es la primera vez que pasa, es lo último de una larga historia de violencia en estadios en este país. Se trata de conductas reprochables, totalmente opuestas a los fines del deporte, la fiesta deportiva, el esparcimiento, la recreación, la integración familiar, la convivencia y la cohesión social.

En este contexto debemos reconocer que el deporte mexicano tiene una buena ley vigente creada apenas el año pasado, la cual contiene un capítulo especial, el Capítulo VI, para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, el cual contempla una comisión especial contra la violencia en el deporte. Sin embargo, también debemos reconocer que ha sido rebasada por estos actos atroces.

Ahora vemos la necesidad de enriquecerla para fortalecer la prevención y establecer sanciones penales para aquellas personas que cometan conductas que ponen en peligro la integridad de las personas que se encuentran en un evento deportivo.

Las principales virtudes que encontramos en este dictamen son:

Que prevé una mayor coordinación y colaboración entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos, además de la participación de los organizadores de los eventos.

Establece sanciones administrativas, como la expulsión inmediata de las instalaciones deportivas y multa de 10 a 90 días de salario mínimo, entre otras, a quienes violenten las disposiciones de las autoridades encaminadas a preservar la seguridad y tranquilidad de los asistentes.

De manera destacada, se crea el tipo penal denominado “delito de violencia en eventos deportivos”, por los que se sancionará hasta con cuatro años seis meses de prisión a quien encontrándose en el interior de los recintos donde se celebra el evento, en sus instalaciones anexas, en sus inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, realice por sí mismo o incitando a otros cualquiera de las siguientes conductas:

Lance objetos contundentes, que por sus características pongan en riesgo la salud o la integridad de las personas.

Ingrese, sin autorización, a los terrenos de juego y agreda a las personas o cause daños materiales.

Participe activamente en riñas.

Incite o genere violencia.

Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el propio recinto deportivo o en sus instalaciones anexas o en las inmediaciones.

Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables.

Estamos seguros que con estas adecuaciones a la ley, damos pasos importantes en el desarrollo de la práctica deportiva y otorgamos mayores garantías de seguridad a las familias mexicanas que acuden a los eventos deportivos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Avila Ruiz.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del grupo parlamentario del PRI, para fijar su posicionamiento, a nombre de este grupo parlamentario.

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La violencia es un problema que se ha instalado en los estadios de fútbol profesional en México, y esto genera importantes desafíos para la construcción de políticas públicas y de la legislación en la materia, buscando una regulación adecuada para erradicarla de los eventos deportivos.

México es el cuarto país en el mundo que mayor público atrae a sus estadios, solo por debajo de Alemania, Inglaterra y España, y es el primero en América Latina.

Asimismo, nuestro país cuenta con 10 de los 100 clubes que más aficionados convoca a sus juegos, con un promedio de 35 mil personas por partido.

La violencia ha secuestrado los estadios de fútbol en México.

Desafortunadamente se está convirtiendo en un grave problema de seguridad pública.

En ese sentido, los Senadores de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, cuya finalidad es sentar las bases para eliminar las prácticas violentas en los eventos deportivos.

Los Senadores de las comisiones dictaminadoras de esta minuta, compartimos con los Diputados Federales, que la violencia asociada a los eventos deportivos es totalmente reprochable y lamentable, ya que atenta contra la seguridad y libertad de los ciudadanos y se contrapone con los fines de la práctica deportiva.

Con esta reforma a la ley, se establecerán sanciones para aquellas personas que ejerzan violencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondieran.

Además de las sanciones establecidas para los participantes de un espectáculo deportivo, directivos, directores técnicos, deportistas y árbitros, se contemplan sanciones para aficionados, asistentes o espectadores en general, considerando la gravedad de la conducta.

Las sanciones van desde multas, hasta la suspensión del acceso a eventos deportivos de uno a cinco años.

Se creará el padrón de personas sancionadas, con suspensión de derecho a asistir a eventos deportivos, el cual formará parte de la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, deja en claro que deben promoverse los mecanismos y acciones encaminadas a prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar su desarrollo pacífico.

Para ello, la coordinación entre las instancias federal, estatal, del Distrito Federal y de los municipios, en los casos en que fuera necesario, resalta de primera importancia.

También contempla la capacitación de los cuerpos de policías y demás autoridades encargadas de seguridad pública en técnicas y tácticas especiales para resolver conflictos y extinguir actos de violencia que pudieran suscitarse.

Y se fortalecerá a la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, la cual se estableció en el 2013, cuando los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presentamos a esta Soberanía la iniciativa de la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que quedó aprobada por este Pleno y posteriormente por la Colegisladora.

Compañeras y compañeros Senadores, el deporte nacional nos ha dado numerosas satisfacciones como nación, gracias a todos los deportistas mexicanos que ponen en alto el nombre de México en importantes justas internacionales.

No permitamos que acontecimientos violentos y lamentables empañen el deporte nacional.

En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tenemos la certeza que el establecimiento de una regulación clara en la materia, permitirá a nuestra población recuperar la tranquilidad que durante años fue la característica principal de los espectáculos deportivos en México.

La seguridad en los recintos deportivos ha dejado de ser un asunto exclusivo de los directivos.

En el PRI estamos convencidos que la construcción de políticas públicas que atienden de manera oportuna esta problemática, garantizará el sano esparcimiento y servirá como un sano ejemplo para las futuras generaciones de nuestro país.

No permitamos que la violencia en los estadios de fútbol mexicano los mantengan secuestrados y aleje a la familia mexicana de acudir a un lugar de encuentro, de esparcimiento, de convivencia y recreación, espacios de integración familiar.

Por ello los convoco a votar a favor, y de manera urgente este dictamen, y así contribuir a que haya sanciones ejemplares a los seudo aficionados que lastiman y denigran al fútbol y al deporte mexicano; regresando con ello la seguridad a las familias que acuden a los estadios.

Evitemos una tragedia en el deporte y en las familias.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Merodio Reza.

En virtud de que no hay más oradores registrados en lo general, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que la Comisión de Pesca y Acuacultura hizo llegar a esta Mesa Directiva una fe de erratas al proyecto de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura que aprobamos hace un momento, misma que sometemos a su consideración. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a dicha propuesta.






FE DE ERRATAS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa, que es la fe de erratas que ha aprobado este Pleno.



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 71 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se aprueba la modificación a los artículos del régimen transitorio del proyecto de reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, incorporándose el texto del proyecto aprobado hace unos momentos por esta Asamblea, para su devolución a la Cámara de Diputados.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden de Día, se turnaran directamente a comisiones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por el C. Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del PRI)

“El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, Senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los siguientes requisitos para desempeñar todos los servicios de practicaje: se requiere tener la calidad de mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.

En concordancia con este precepto Constitucional, por reforma de fecha 23 de enero de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación al artículo 2º de la Ley de Navegación Comercio Marítimos, se adicionó la fracción XIV que define el servicio de pilotaje o practicaje como:“la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”, de igual forma, se adicionó una fracción XV, con la finalidad de establecer la zona de pilotaje, misma que comprende los espacios siguientes:

“XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.”

Como se desprende del contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje está dirigido a garantizar la seguridad de la vida humana, del puerto, de las instalaciones portuarias, del buque y del medio ambiente, además de que esa actividad está catalogada como un servicio ligado a la soberanía de la Nación, por ello la exigencia constitucional de que el piloto o práctico de puerto sea mexicano por nacimiento y no adquiera otra nacionalidad.

El artículo 55 de la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos, establece en su primer párrafo, que el Pilotaje o Practicaje, es un servicio de interés público, y el artículo 56, en la parte media del primer párrafo señala: El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional”, por lo que es concluyente que las maniobras de Pilotaje o Practicaje, constituyen un servicio público que se presta en los puertos y vías navegables; zonas bajo jurisdicción federal.

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo establece en su Titulo Sexto: “Trabajos Especiales”, Capítulo VII: “Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal”, artículo 265, lo siguiente:

Artículo 265.Las disposiciones de éste artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y trasbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos.

“El atraque”, es una sola de las maniobras que constituyen el practicaje; pues como se advierte de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el servicio de pilotaje o practicaje consiste en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones.

El referido numeral 265 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia al concepto de atraque, como una maniobra de servicio público, misma que sólo puede estar a cargo del piloto o práctico de puerto. Dicho concepto significa la acción y efecto de atracar una embarcación; maniobra correspondiente al practicaje, que se hace en un muelle, con la finalidad de embarcar o desembarcar personas o cosas.

En efecto, el concepto de atraque que contempla el mencionado numeral 265, no describe por sí mismo todas las maniobras que comprende el servicio público de pilotaje o practicaje, dado que atendiendo al contenido de la fracción XIV del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Pilotaje o Practicaje:

Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”,

La fracción XV del citado artículo establece que la zona de pilotaje incluye a los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables delimitadas y aquellas en las que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Por las consideraciones anteriores, proponemos que en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se sustituya el concepto de atraque, por el de practicaje, que es el término que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 32, para reservar la calidad de mexicano por nacimiento a quien desempeñe todos los servicios de practicaje, y porque las maniobras que comprende dicho servicio se precisan en el artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, con lo cual se obtiene lo siguiente:

a. Congruencia y concordancia con el término señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “practicaje”

b. Se incluye un concepto que comprende todas las maniobras que implican la prestación de tan importante servicio público.

c. Se armoniza el artículo con el contenido del artículo 2º de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

UNICO: Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, practicaje, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos.

TRANSITORIO

UNICO: La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 1°de abril de 2014.

Atentamente

Sen. Ricardo Barroso Agramont”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; sometoa la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan algunas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con lo siguiente

Exposición de Motivos

La Carta Magna en su artículo 40 establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios que enmarca la ley fundamental de mérito.

De esta manera, la forma de gobierno en nuestro país se enmarca en unsistema federal que está instituido en tres esferas o ámbitos jurídicos: el federal, el estatal y el municipal. En consecuencia, también son tres los ámbitos de la administración pública, en correspondencia con los primeros.

La principal ventaja de este sistema consiste en integrar a las diversas regiones, grupos e individuos que se encuentran dispersos en un territorio, pero que comparten rasgos comunes como lengua, historia, tradiciones y costumbres. Mediante esta unión se alcanzan diversos beneficios comunes para los integrantes del pacto.

Asimismo, nuestro máximo ordenamiento jurídico en su artículo 90 estipula que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal de conformidad con la Ley Orgánica específica.

Son estos dos aspectos, el sistema federal y la administración pública centralizada, las causas de una infinidad de debates en torno a los límites que se deben anteponer entre ellos para que no se vulnere ninguno de estos dos principios fundamentales.

En lo que corresponde a la época contemporánea por todos es conocido que los regímenes que han gobernado el país han dirigido la balanza hacia una centralización, a veces, recalcitrante que ha acotado el desarrollo oportuno del federalismo.

Sin embargo, el proceso por delinear sus límites no ha descansado y al paso del tiempo se han logrado avances relevantes en el fortalecimiento del federalismo a través de la implementación de políticas públicas encaminadas a destrabar el marcado centralismo sin que se quebrante la esencia de este principio.

El propósito de la presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer el federalismo sin que la esencia centralista de la administración pública federal se diluya.

Incluso, pensamos que el presente trabajo es primordial ya que en la revisión de la norma que pretendemos reformar notamos que en aras de respetar el sistema federal se estaba minimizando el carácter centralista del que hemos hablado. Sin embargo, creemos y sostenemos que estos dos fundamentos pueden coexistir armónicamente en la implementación de políticas públicas, este precisamente es el objetivo que perseguimos con la propuesta actual.

La materia que nos ocupa es la seguridad pública, estamos conscientes de las situación tan preocupante que vive el país por los altos índices de inseguridad que se presentan en diversos puntos del territorio nacional. Para todos es conocida la situación de algunas de las entidades con respecto al tema de inseguridad, así como las medidas que se han tenido que implementar a efecto de dar una respuesta contundente a todas las circunstancias que apremian.

Pero no podemos pensar que las soluciones van a implicar solamente ese tipo de medidas, por el contrario, necesitamos aceptar que las enmiendas deben de comenzar desde la implementación de políticas públicas que establezcan los mecanismos para poder abatir la problemática y no esperar a tomar decisiones acotadas por la premura y gravedad de los hechos.

La seguridad pública es una responsabilidad del Estado y son las instancias que lo conforman las que deben trabajar de manera permanente en la construcción de las acciones que den cabal cumplimiento al fin de la seguridad pública.

El artículo 21 de nuestra Constitución consagra la atribución obliga al Estado en materia de seguridad pública, al tenor siguiente:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Derivado de esta disposición se elaboró su ley reglamentaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del año 2009. La ley reglamentaria en materia de seguridad pública se instituyó que su objeto enmarcaría en lo siguiente:

Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

A su vez, se determinó que el Sistema referido contaría con para su funcionamiento y operación con:

“Las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública”.

En el precepto secundario quedó tutelada la importancia de la coordinación como eje básico para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, al disponer que las acciones a efectuar en la materia deban de realizarse a partir de una:

“Coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

La integración del Sistema se conformó bajo la siguiente estructura:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El objeto de la propuesta que venimos realizando se centrará sobre la conformación de los Consejos Locales y de las Instancias Regionales en materia de Seguridad pública, ya que creemos que es necesario que estas instancias sean sujetas de mayor definición por lo que respecta a esta Ley, a efecto de fortalecer el federalismo a través de una norma generada desde el centro.

Es decir, buscamos dotar a los gobiernos estatales de un papel de mayor relevancia en su participación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgándoles facultades para ello a través de los Consejos Locales.

El artículo 34 de la ley de mérito en señala en lo conducente:

En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En virtud de esta disposición y ante la situación que vive el país en este tema, queremos proponer que los Consejos Locales cuenten con una mayor definición en su quehacer, participación y responsabilidad en la materia que nos ocupa.

De manera que sus funciones queden homologadas con las del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se depositan en el artículo 14 de le Ley en comento, del siguiente tenor:

El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública;

IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;

X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;

XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;

XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;

XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;

XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;

XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;

XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y

XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

Asimismo, advertimos la necesidad de que la figura del Secretario Ejecutivo para lo que hace a las instancias locales, quede consagrada en el ordenamiento jurídico y se establezcan los mecanismos para su nombramiento y los requisitos respectivos, así como sus responsabilidades; todo lo anterior d conformidad con los que establece la norma para el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional.

Para pronta referencia citamos los artículos que tutelan lo expuesto en el párrafo que antecede:

Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de treinta años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;

IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y

V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

Artículo 18.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su Presidente;

II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema;

III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización;

IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;

VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;

IX. Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;

X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;

XI. Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;

XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley.

XIII. Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;

XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional;

XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;

XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;

XVIII. Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;

XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;

XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;

XXI. Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;

XXII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;

XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema;

XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y

XXV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.

Por último quisiéramos hacer una precisión desprendida de la revisión del Capítulo VIII, De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación, por lo que nos permitimos exponer el siguiente cuadro, a efecto de hacer notar la necesidad de derogar dos párrafos del artículo 34 ya que la sustancia de los mismos es redundante entre sí, y con lo establecido en el artículo 37 del Capítulo en cita.

Tercer párrafo artículo 34

Cuarto párrafo artículo 34

Primer párrafo artículo 37

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.

Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

Notamos que las tres disposiciones hablan sustancialmente de la forma en que deberán organizarse los Consejos Locales y las Instancias Regionales, por lo que proponemos la derogación del tercer y cuarto párrafos del artículo 34, ya que es suficiente que se encuentre contemplada la sustancia del precepto en el primer párrafo del artículo 37.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo, se suprimen los párrafos tercero y cuarto; y se crea un nuevo párrafo al artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 34.- En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional y contarán con las atribuciones que establece el artículo 14 de esta Ley en sus respectivos ámbitos de competencia.

… (párrafo tercero se suprime).

… (párrafo cuarto se suprime).

Los consejos locales tendrán como invitados permanentes a dos representantes del poder legislativo que corresponda para cada entidad y el Distrito Federal.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 35 creándose los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el actual para quedar como quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 35.- Los Consejos Locales se integrarán por los Gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y un representante del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La presidencia de los Consejos Locales recaerá en los gobernadores de la entidad de que se trate y en el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los cuales podrán nombrar y remover libremente a su Secretario Ejecutivo.

El nombramiento del Secretario Ejecutivo de cada Consejo Local tendrá que apegarse a los requisitos establecidos en el artículo 17 de esta Ley.

Asimismo, las facultades de los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Locales serán de conformidad al artículo 18 de la Ley, en sus ámbitos de competencia.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 36.- Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter permanente, en las que participarán los gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.

Artículo Cuarto. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes del artículo 37 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 37.- Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones en los términos del artículo 14 de esta Ley para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.

De conformidad con el párrafo anterior los Consejos Localesy las Instancias Regionales someterán a discusión y aprobación en el seno de los mismos, los lineamientos para su organización y funcionamiento.

TRANSITORIOS

Unico. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






PROPUESTAS

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía a informar las acciones y estrategias que implementarán para detener o amortiguar la tendencia inflacionaria, propiciada por la miscelánea fiscal aprobada para el año 2014. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE ECONOMIA A INFORMAR A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARAN PARA DETENER O AMORTIGUARLA TENDENCIA INFLACIONARIA, PROPICIADA POR LA MISCELANEA FISCAL APROBADA PARA EL AÑO 2014

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los Estados necesitan de recursos financieros para poder funcionar, y por esté medio los gobernadores cumplan con la encomienda que les confirió el pueblo al momento de ser electos; por tal razón, los Estados establecen mecanismos para adquirir recursos públicos, ya sea por medio del cobro de impuestos, la venta de activos y prestación de servicios, endeudamiento público y emitiendo su moneda nacional.

Con lo que respecta al cobro de impuestos en México, la Constitución Política Federal señala en la fracción IV del Artículo 31, la obligación de los mexicanos a:“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras.

Sin embargo, el problema de recaudación fiscal no es nuevo; desde hace tres décadas, la carga tributaria se sentó en los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dando paso a beneficios fiscales, la evasión legal de impuestos y regímenes especiales para las grandes empresas, llenando este vacío tributario de recaudación por medio del ingreso petrolero y la recaudación fiscal de las clases medias.

Frente a este escenario, y en el marco de la Reforma Energética impuesta desde la Presidencia de la República y aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013, se propuso una reforma Fiscal que subsanara los vacíos que dejaría la apertura al sector privado en materia de energéticos.

Es decir, ante el inminente vacío en la recaudación fiscal que se generará en las arcas del fisco mexicano, el Gobierno Federal propuso y el Congreso de la Unión aprobó el desmesurado incremento en gravar diversos bienes y servicios que perjudicarán directamente en el bolsillo de todos los mexicanos.

A tres meses de que entraron en vigor las nuevas disposiciones de la reforma fiscal, los bolsillos de la clase media menguaron en 3 mil 400 pesos en promedio, es decir, mil 700 pesos por mes, que equivale a 14 por ciento del gasto bimestral de estos hogares.1

Sólo con la aplicación del IVA a la enajenación de mascotas y sus alimentos, a los chicles y al transporte terrestre foráneo, los hogares mexicanos de clase media (deciles de ingreso sexto al noveno), gastarán entre 11 mil 902.6 y 22 mil 466 pesos anuales más; es decir, 992 a mil 872 pesos extra cada mes.2

Dicha erogación se traduce en un 5.6 por ciento del gasto al mes del sexto decil, cuyo ingreso promedio es de 10 mil 400 pesos mensuales y representa 6.4 por ciento del gasto mensual del noveno decil, que tiene ingresos mensuales promedio de 22 mil pesos.

La situación se agudiza en las entidades que colindan con la frontera con Estados Unidos, ya que según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP),con la homologación del IVA en dicha zona implicará un alza anual del gasto de los hogares del decil sexto de 12 mil 632 pesos anuales, o mil 52 pesos al mes, que representan 6.0 por ciento de su gasto total mensual, mientras que para las familias del noveno decil; el será de 6.5 por ciento de su gasto al mes.3

El nuevo gravamen a los refrescos, pan de dulce, cigarrillos, bebidas energéticas y el IVA homologado en los estados con la frontera llevaron a la inflación a 4.63% a tasa anual en la primera mitad de la cuesta de enero. En los primeros 15 días del mes del año, los precios al consumidor aumentaron 0.68% más que lo estimado por el consenso de analistas, que esperaban 0.63%, sobre todo por el efecto de los cambios fiscales aprobados en la reforma hacendaria.4

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mencionan que los productos de la canasta básica se dispararon en la primera quincena de enero 1.33 por ciento y 6.46 por ciento en variación anual, En tanto, la inflación anual en frutas y verduras fue de 12.4 por ciento y en energéticos, de 9.67 por ciento.5

Es importante mencionar que una de las garantías que rige el derecho tributario es el principio de proporcionalidad, el cual se logra mediante el establecimiento de una tarifa progresiva de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos; es decir, que más tribute quien más gana, consecuentemente que menos tribute quien menos gana estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos.

Lamentablemente en México, el Gobierno Federal es muy bueno para crear y cobrar nuevos impuestos, pero muy malo para administrarlos en beneficio del pueblo mexicano. Ya que la Administración Federal, no ha sido capaz de presentar una reforma hacendaria congruente, que satisfaga los enormes cambios originados por la globalización y las demandas sociales y económicas nacionales.

Año tras año proponen lo mismo, gravar más el IVA e ISR, así como crear nuevos impuestos, sin embargo estas reformas han provocado un estrangulamiento financiero entre la clase trabajadora.

Por tal razón, el presente Punto de Acuerdo tiene como objeto solicitar a las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, rindan un informe detallado sobre las acciones y estrategias que implementarán para detener o amortiguarla tendencia inflacionaria de este año.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que rindan un informe detallado a esta soberanía sobre:

a) Las acciones y estrategias que implementará en el presente año para detener o amortiguar la tendencia inflacionaria.

b) Cómo la miscelánea fiscal ha mejorado el crecimiento y la estabilidad de la economía de la clase media.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al 1 del mes de abril de 2014”.






De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 31 comisiones estatales de derechos humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a lleva a cabo una reunión nacional con presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales e invitados internacionales a elaborar informes estatales de derechos humanos homogéneos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL LAS 31 COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL A UNA REUNION NACIONAL DE REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS Y LA DEL DISTRITO FEDERAL, CON PRESENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES E INVITADOS INTERNACIONALES, CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR CONSENSOS SOBRE POSIBLES CRITERIOS Y CONCEPTOS PARA ELABORAR INFORMES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS HOMOGENEOS PARA CONSTITUIRSE EN UNA HERRAMIENTA PARA EL CONOCIMIENTO Y LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276,208 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LAS 31 COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL A UNA REUNION NACIONAL DE REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS Y LA DEL DISTRITO FEDERAL, CON PRESENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, E INVITADOS INTERNACIONALES A ELABORAR INFORMES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS HOMOGENEOS, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Las reformas a la Constitución mexicana de junio de 2011 en materia de derechos humanos ha propiciado, no sólo la modificación sustancial del sistema de control constitucional en nuestro país, como suscribe acertadamente la guía conceptual sobre derechos humanos del Senado de la república, generada por el Instituto Belisario Domínguez, implica también, para decirlo de una manera más descriptiva de la que define la guía como un reto cultural, una ruptura epistemológica. El texto del Senado dice, “aprender a desaprender” porque supone superar implicaciones teóricas, praxis y lógicas. A esto nos referimos con una ruptura epistemológica porque las generaciones de operadores del derecho tendrán que repensar el derecho anterior con respecto al nuevo derecho que supone el puntal sobre el que ahora se sostiene y gravita uno de los ejes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los derechos humanos. Para ello se requiere también una estructura informativa idónea que sea cultivo para llevar a su máxima potencialidad los cambios necesarios.

2. Esta representación ha promovido dos puntos de acuerdo sobre este tópico porque la preocupación estriba en que no se observa aún la construcción de una plataforma de información necesaria sobre la cual se pueda echar a andar la colosal energía de un cambio de paradigma en los poderes constitutivos del Estado, en referencia exclusiva a uno de los frentes conflictivos más importantes: las comisiones estatales. Estas instituciones muestran desarrollos en desequilibrio respecto unas de otras, desequilibrios que van desde la capacidad de generar distintos instrumentos, hasta las dotaciones presupuestales. Por ejemplo, en las reacciones de un exhorto emitido por esta institución que solicitaba a los congresos locales elaborar un diagnóstico estatal sobre la situación que guardan los derechos humanos en su estado, se recibieron respuestas que mostraron una diferenciación sustantiva. De hecho no todos las comisiones estatales respondieron, pero las que respondieron dejaron ver que no hay un instrumento para medir con criterios racionalmente pertinentes la situación de los derechos humanos en cada estado, y que esa medición sea exactamente compatible y que se articule con la que arrojen las demás comisiones estatales para establecer rangos de comparación, estadística, irregularidades legislativas, procesos de desarrollo que inhiban los desequilibrios, estudios presupuestales y un conocimiento del que se pueda extraer información en bien del respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. Se requiere, entonces, un principio de acuerdo entre todas las comisiones estatales para, en primera instancia, lograr un acuerdo para utilizar un instrumento de medición idéntico para todos los estados que pueda servir a los diversos organismos nacionales e internacionales; instituciones sean del Estado como no-gubernamentales y a todo el interesado en el estudio de los derechos humanos tal como lo mandata, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La propuesta de esta representación implica, para lograr ese momento de búsqueda de consensos, de adopción de criterios de medición que se tornen obligatorios, una reunión nacional de representantes de las comisiones estatales de derechos humanos y la del Distrito Federal, con presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales, e invitados internacionales, con el objetivo de alcanzar consensos sobre posibles criterios y conceptos para los informes estatales de derechos humanos que llegarán a ser una herramienta imprescindible para el conocimiento y la progresividad de los derechos humanos en México.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA A LAS 31 COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL A UNA REUNION NACIONAL DE REPRESENTANTES DE LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS Y LA DEL DISTRITO FEDERAL, CON PRESENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, E INVITADOS INTERNACIONALES, CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR CONSENSOS SOBRE POSIBLES CRITERIOS Y CONCEPTOS PARA ELABORAR INFORMES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS HOMOGENEOS PARA CONSTITUIRSE EN UNA HERRAMIENTA PARA EL CONOCIMIENTO Y LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO”.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa ejecutiva con el propósito de impulsar la creación urgente de planteles suficientes para la cobertura total de la oferta a nivel bachillerato en el país. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESTABLEZCAN UNA MESA EJECUTIVA CON EL PROPOSITO DE IMPULSAR LA CREACION URGENTE DE PLANTELES SUFICIENTES PARA LA COBERTURA TOTAL DE LA OFERTA A NIVEL BACHILLERATO EN EL PAIS.

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación a través de los siglos ha sido parte fundamental para el desarrollo de las naciones, ya que ayuda a eliminar las brechas de marginación y desigualdad en las sociedades, generando mejores y mayores oportunidades.

En México para el ciclo escolar 2012-2013, la matrícula total del sistema educativo nacional fue de 35 millones 251 mil 68 alumnos, de los cuales 30 millones 645 mil 390 pertenecen a instituciones públicas y 4 millones 605 mil 678 pertenecen a escuelas privadas1.

Del total de matrícula que hay en el país, 25 millones 891 mil 104 comprenden al nivel básico, 4 millones 443 mil 792 al medio superior, 3 millones 300 mil 348 a la educación superior y 1 millón 615 mil 824 al tipo capacitación para el trabajo.

De los más de 6 millones de jóvenes que se encuentran en edad para cursar el nivel medio superior, casi el 45%, es decir un millón 800 mil no asisten a la escuela2. Lo anterior debido en gran parte a que no terminaron la secundaria o por diversas razones abandonan el bachillerato.

El número de escuelas que imparten educación en dicho nivel asciende a 15 mil 990 centros escolares, es decir una tasa de cobertura del 51.9%; de los cuales 1,397 son por sostenimiento federal; 7,999 por sostenimiento estatal; 850 autónomo y 5,744 son particulares3.

Sin duda la baja cobertura y la deserción escolar son dos grandes factores que impiden el desarrollo educativo de los jóvenes en nuestro país. En el primero de los casos, la escasez de matrícula muchas veces es generada por la falta de escuelas o de docentes; y en el tema de la deserción escolar, inciden entre otros factores la falta de recursos económicos de los jóvenes para continuar con sus estudios.

Para ejemplificar mejor lo anterior, podemos mencionar lo que ocurre en el estado de Guerrero, en donde de cada 100 personas de 15 años y más, solo 16.6 finalizaron la educación media superior.

La educación en México sin duda enfrenta demasiados retos, pero si hablamos de la educación media superior nos referimos a un nivel que a diferencia de la básica y la superior, no ha vivido “una suerte de edad de oro”, como lo mencionó recientemente el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán.

En este sentido, 378 municipios del total del país carecen de planteles y servicios educativos en el nivel medio superior, lo que equivale a un total de casi 67 mil jóvenes entre 16 y 18 años sin la posibilidad de acceder al bachillerato4; además de que 700 municipios cuentan solo con un plantel en dicho nivel.

A pesar de lo establecido en el artículo 3° y 31 de nuestra Carta Magna en donde se establece la obligatoriedad de la educación media superior, es urgente atender el rezago que presenta dicho nivel en México, debido a la gran vulnerabilidad que llegan a tener estos jóvenes de entre 15 y 18 años, quienes ante la falta de oportunidades y empleo son presa fácil de la delincuencia.

Ante este panorama es necesario contener el abandono escolar, aumentar la matrícula de alumnos, invertir en infraestructura, así como generar incentivos que impulsen a los jóvenes de México a continuar con sus estudios.

Apostarle a nuestros jóvenes es apostarle al progreso y al bienestar de México, es construir los cimientos que habrán de soportar nuevos vientos sin temor a que se debiliten, de ahí que nuestro compromiso sea convertir la educación en el eje rector del desarrollo de la niñez y juventud mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezcan una mesa ejecutiva con el propósito de impulsar la creación urgente de planteles suficientes para la cobertura total de la oferta a nivel bachillerato en el país.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoinformen a ambas cámaras del Congreso de la Unión, antes de septiembre del presente año, las acciones necesarias a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 para lograr el objetivo planteado.

Cámara de Senadores, a 1° de abril de 2014.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.






Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar visas de forma temporal con un propósito específico, para los familiares de residentes mexicanos en ese país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.








Las efemérides inscritas en el Orden del Día se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del grupo parlamentario del PRI, en ocasión del centésimo aniversario del natalicio de Octavio Paz Lozano, ocurrido el 31 de marzo de 1914.

“EFEMERIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON MOTIVO DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE
OCTAVIO PAZ LOZANO, OCURRIDO EL 31 DE MARZO DE 1914

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, celebramos el natalicio del brillante ensayista y poeta mexicano que se encuentra entre los más grandes escritores del siglo XX.

A cien años de aquel 31 de marzo de 1914 en que la Ciudad de México lo viera nacer, recordamos con respeto y admiración al máximo exponente de la literatura de nuestro país, a un crítico de la realidad social y a uno de los referentes más importantes de la literatura latinoamericana.

En 1937 participó en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Anti-fascistas que se llevó a cabo en Valencia, España. En 1938, fue uno de los fundadores de la revista Taller, que marcó el surgimiento de una nueva generación de escritores en México, así como una nueva sensibilidad literaria.

En 1943 obtuvo la beca Guggenheim por lo cual viajó a los Estados Unidos para adentrarse en la poesía modernista Anglo-Americana. Posteriormente, se incorporó al servicio Diplomático mexicano y después fue enviado a Francia, donde escribió su obra maestra, “El laberinto de la Soledad”.

Fue un hombre adelantado a su época, recodado por sus aportaciones a la literatura, a la cultura y a la diplomacia, desempeñándose de manera brillante en cada una de sus facetas y siempre distinguiéndose por buscar el beneficio de nuestro país.

Dentro de sus primeras publicaciones están el poemario dedicado a la guerra civil española ¡No pasarán!; Raíz del hombre; Bajo tu clara sombra; Entre la piedra y la flor; y A la orilla del mundo. Posteriormente, en la década de los cincuentas, publicó cuatro obras más: Libertad bajo palabra; El laberinto de la soledad; ¿Aguila o sol?; y El arco y la lira.

Asimismo, su vasta obra se integra por numerosos poemarios y libros ensayísticos, entre los cuales resaltan: Cuadrivio; Ladera este; Discos visuales; El signo y el garabato; Mono gramático; Pasado en claro; Sombras de obras; y La llama doble.

En el ámbito de la cultura, fue fundador y director de las revistas Plural y Vuelta; Miembro de El Colegio Nacional, la American Academy of Arts and Letters, la Academia Mexicana, el Consejo de Crónica de la Ciudad de México, la comisión de literatura del CONACULTA y de la Real Academia de Bélgica.

Este gran mexicano fue miembro del Servicio Exterior Mexicano; director de organismos internacionales de la Secretaria de Relaciones Exteriores; embajador en la India; ministro plenipotenciario de la Embajada de México en París.

Por su impecable trayectoria caracterizada por la congruencia entre palabras y acciones, recibió numerosos premios y condecoraciones, entre los que sobresalen: Premio Xavier Villaurrutia (México); Premio Miguel de Cervantes (España); Premio Internacional Alfonso Reyes; Premio Alexis de Tocqueville (Instituto Europeo de Administración Pública); y Premio Ollin Yolitztli (México).

En el ámbito académico recibió la distinción Doctor honoris causa por parte de las Universidades de Boston; la UNAM; Harvard; Nueva York; Universidad de Murcia; Universidad de Texas; y la de Roma.

Para dimensionar la grandeza de Octavio Paz, basta decir que junto a José Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química en 1995 y Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz en 1982, con su Premio Nobel de Literatura obtenido de 1990, es uno de los tres mexicanos con tan magna distinción.

Compañeras y compañeros legisladores

Hablar de Octavio Paz, es hablar de la máxima representación intelectual y literaria de nuestro país, y por supuesto de un extraordinario legado, mismo que consiguió gracias a su inteligencia, empatía, sensibilidad y enorme visión, atributos que se encuentran plasmados en cada una de sus obras.

Sus tres grandes convicciones, el impulso a la democracia, la libertad de crítica y el diálogo, sin duda enriquecieron el debate de las ideas y fortalecieron el proceso de la transición política en México. En este sentido, debemos también darle valor en su rol de intelectual público, comprometido con su tiempo y su espacio.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es importante que su obra continúe trascendiendo a través del tiempo, y que, como hasta ahora, siga siendo un pilar fundamental de la literatura mundial.

Octavio Paz estaba convencido de que “Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.” Y “Sin democracia la libertad es una quimera.” Visión que reconocemos, compartimos e incorporamos a nuestra actividad como legisladores. 

Hoy, a cien años de su nacimiento, es motivo de orgullo decir que a través de su pensamiento, Octavio Paz, se mantiene vigente.

Por su atención muchas gracias

Es cuanto senador Presidente”.






Del grupo parlamentario del PRI, en ocasión del 185 aniversario de la toma de posesión como Presidente del General Vicente Guerrero, ocurrida el 1 de abril de 1829.

“EFEMERIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON MOTIVO DEL CIENTO OCHENTA Y CINCO ANIVERSARIO
DE LA TOMA DE POSESIÓN COMO PRESIDENTE DEL GENERAL
VICENTE GUERRERO, OCURRIDA EL 01 DE ABRIL DE 1829

Hoy conmemoramos el ciento ochenta y cinco aniversario de la toma de posesión como Presidente del General Vicente Guerrero Saldaña, acontecimiento que ocurrió el 01 de abril de 1829 y que constituye uno de los pasajes más emblemáticos en la historia nacional. A pesar de que estuvo menos de un año como titular del Ejecutivo Federal, sin duda, es un día que no puede pasar inadvertido en el Senado de la República.

En el marco de esta celebración es oportuno recordar al mexicano ejemplar, al patriota, al guerrero, al ferviente defensor de la soberanía nacional y los valores de la independencia: libertad, igualdad y justicia. Sin duda, el General Vicente Guerrero es reconocido como uno de los más grandes constructores y precursores del México independiente.

Por su rechazo a las injusticias e inequidades, en 1810 se incorporó a las tropas independentistas, donde desde el principio puso de manifiesto su gran potencial por lo que fue ascendiendo vertiginosamente dentro del movimiento y en 1821 ya había alcanzado el grado de General de división.

Uno de los momentos cúspides del General Guerrero, fue cuando él e Iturbide llevan a cabo la redacción y promulgación del Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, el cual proclamaba la independencia de nuestro país y el establecimiento de un Gobierno nacional.

En 1824 fue miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo, hasta que el General Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente constitucional.

Sin duda, el acontecimiento que hoy recordamos también forma parte de los pasajes más trascendentes en la vida de Vicente Guerrero, al tomar posesión como Presiente de la República Mexicana el 1 de abril de 1829, se materializaron todos los esfuerzos de este prócer de la patria.

Desafortunadamente, como varios de los más celebres hombres de nuestra historia, el General Vicente Guerrero fue víctima de la traición de quien fungía como Vicepresidente, el General Anastasio Bustamante, quien a través del Plan de Jalapa del 4 de diciembre de 1829 y con el apoyo de los Generales Melchor Múzquiz y Luis Quintanar, desconoció el régimen de Guerrero.

Por lo anterior, 16 de diciembre del mismo año dejó la Presidencia y a su vez el Congreso lo declaró imposibilitado para gobernar la República. Finalmente, en enero de 1831 fue aprehendido en “El Colombo”, siendo condenado a muerte por lo que el 14 de febrero de 1831 fue fusilado.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI es importante recordar acontecimientos de esta naturaleza, pues al mirar hacia el pasado tomamos mayor conciencia de lo que representa México como nación libre e independiente.

Asimismo, nos invita a recordar a mexicanos ejemplares como lo fue el General Vicente Guerrero, sin duda, su participación fue crucial para que hoy en nuestro país el bien común sea una realidad, en síntesis, para que México sea un país con autodeterminación, soberano y sin estar supeditados a otros Gobiernos.

Desde esta soberanía nacional reconocemos que su compromiso, patriotismo, determinación y valentía le permitieron materializar los anhelos de tantos y tantos héroes nacionales que dieron sus vidas por hacer posible la independencia de nuestro país.

Finalmente, hacemos el exhorto a que igual que el General Vicente Guerrero, en todo momento tengamos presente que la patria es primero”.






CITA

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 3 de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 16:39)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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