Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 29 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 20

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 27 de Marzo de 2014

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

- Remite minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del Artículo Primero, del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.














 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (12:34 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 94 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del jueves 27 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del día miércoles veintiséis de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes sesenta y ocho ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veinticinco de marzo de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, informe sobre la reunión que sostuvo el 20 de marzo del año en curso con representantes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, A.C.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud para la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval, fuera de los límites del país, para realizar viajes de prácticas al extranjero, del 19 de junio al 15 de julio y del 1 al 25 de julio de 2014, respectivamente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacífico" (rimpac-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Anfibio "Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

El Senador Miguel Angel Chico Herrera, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Electoral, y se reforma el artículo 50, incisos l) y m); y se adiciona el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Miguel Angel Chico Herrera, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82 y se adicionan una Sección Quinta y los artículos 115 bis y 115 ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que semodifican los artículos 14 y Séptimo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Propaganda Institucional, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.- Con dispensa de segunda lectura, intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y Silvia Garza Galván del PAN. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 76 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el dictamen, hicieron uso de la palabra los senadores Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Cristina Díaz Salazar, Presidente de la Comisión de Gobernación. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, la cual se integró al Diario de los Debates. Los posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Javier Corral Jurado del PAN. En la discusión en lo general, intervino el Senador David Monreal Avila de PT. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7º, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.- Intervinieron los senadores: Raúl Morón Orozco del PRD; y Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles entregó el texto de su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

(Iniciativa)

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma de Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del caso de la empresa Oceanografía.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial de Productividad.- Fue aprobado en votación económica.

 

El Presidente informó que la Mesa Directiva aprobó un Acuerdo para dar trámite a la solicitud de Consulta Popular, presentada por diversos ciudadanos, el 3 de diciembre de 2013, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Consulta Popular.- El Acuerdo se publicará en la Gaceta y se harán las notificaciones correspondientes.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las secretarías de seguridad pública estatales y municipales, rindan un informe sobre la situación actual que guardan las policías municipales en la República Mexicana.-Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al ciudadano Rodrigo Medina de la Cruz a suspender de manera provisional el proyecto hidráulico “Monterrey VI” hasta que el gobierno no tenga una postura clara y concisa sobre los costos que implicarán al estado de Nuevo León.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a sus homólogas estatales a rendir un informe acerca del alto nivel de endeudamiento con el que cerró el año 2013.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas de México, en el marco de la instrumentación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a presentar un informe que contenga el registro de los yacimientos probados que tiene el país de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una estimación de la cantidad y el valor comercial de los mismos; una relación de las concesiones que tienen permitido explotar este gas y los contratos que Petróleos Mexicanos ha celebrado para la transportación y compra de este gas.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente el jueves veintisiete de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que la Mesa Directiva, en su reunión de esta mañana, autorizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la ampliación de plazo para la presentación de dictámenes a dos asuntos que se les habían turnado. Dichos asuntos se publicarán en la Gaceta Parlamentaria.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda del día de hoy.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador David Penchyna Grub, con la que remite su informe de actividades legislativas y de gestión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

En el apartado de iniciativas, informo al Pleno que los integrantes de esta Mesa Directiva suscribimos un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 298 del Reglamento del Senado de la República, en materia de cabildeo, al cual daremos turno a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 298 DE REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por los CC. Senadores integrantes de la Mesa Directiva)







 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita Senadora ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los Artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral I, 169 y 175 del Reglamento del Senado, somete a consideración de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTICULO 122; con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El 27 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas electorales más importantes, la que establece las bases de las candidaturas independientes, la cual quedó regulada, en esa publicación, en el artículo 116 fracción IV inciso o) el cual a la letra señalaba lo siguiente:

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a d) ...

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución.

f) a n) ...

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

En la misma publicación del 27 de diciembre se establece lo siguiente, referenteal marco regulatorio del Distrito Federalestablecido en el artículo 122, que a la letra se transcribe:

Artículo 122. ...

BASE PRIMERA. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) al e) ...

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

Lo anterior permite visualizar la homologación que el legislador pretendió, en la regulación en materia de candidaturas independientes.

Sin embargo, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación varias reformas, igualmente en materia político- electoral, entre las cuales se adiciona un inciso n) al artículo 116 recorriendo los subsecuentes, para quedar en el mencionado extracto el siguiente texto vigente:

Artículo 116. ...

...

n)Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales;

o) y p) ...

Por lo que el texto que establece la base de las candidaturas ciudadanas quedó descrito en el inciso p).

Durante el estudio de la propuesta que dio origen a la Reforma publicada el 10 de febrero de 2014, se omitió realizar el cambio originado a partir de éstaal inciso f) de la fracción Vde la Base Primera, Apartado C del artículo 122,quedandosinefecto la obligación para la Asamblea Legislativa defijar las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votadosen forma independiente, a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de ésta Constitución, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 122. ...

C. ...

BASE PRIMERA. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) al e) ...

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

A efecto de homologar las disposiciones ya aprobadas y contribuir a la armonización normativa y la salvaguarda de las nuevas prerrogativas de los ciudadanos que fueron avaladas por éste Congreso de la Unión, solicito a ésta Cámara dar trámite de urgente resolución a la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ELINCISO F) DE LA FRACCION VDE LA BASE PRIMERA, APARTADO C DEL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 122. ...

C. ...

BASE PRIMERA. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) al e) ...

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al p) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar, a nombre propio y de los Senadores Enrique Burgos García, Marcela Guerra Castillo y Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 65 y 66 constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz, a nombre propio y de los CC. Senadores Enrique Burgos García, Marcela Guerra Castillo y Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Esta mañana quiero someter a consideración de esta Soberanía una iniciativa que tiene como propósito ampliar el periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Sin duda, señalar que con las modificaciones a los artículos 65 y 66 de la Constitución, estaríamos nuevamente haciendo una revisión a lo que en otras ocasiones ya se ha abordado.

Permítanme, no solamente externar con ustedes algunas de las razones, sino también revisar algunos de los antecedentes que en relación a este tema han surgido a lo largo de los últimos años.

Primero. Es evidente que necesitamos mejorar aún más la eficiencia en el desahogo de las tareas legislativas.

Segundo. También es importante que podamos tener oportunidad en la vigencia de los ordenamientos y de los temas que tratamos, con lo que implica el desahogo de los mismos.

En los últimos diez años, al preparar esta iniciativa, nos dimos a la tarea de revisar qué es lo que había ocurrido; y es evidente que desde hace varios años, distintos grupos parlamentarios han presentado esta propuesta.

Lo mismo lo han hecho legisladores del Verde Ecologista, que del Partido Acción Nacional, que del Partido de la Revolución Democrática, también del Partido Revolucionario Institucional.

Desafortunadamente no se han logrado construir los consensos que permitan hacer la revisión, la reflexión y la propuesta en relación con este tema.

No solo estriba la importancia de darnos a la tarea de poder abordarlo, sino sobre todo, de saber qué es lo que ganaríamos al ampliar un periodo en estos términos.

Quiero señalar que también revisamos lo que había sido la presentación de iniciativas en los últimos años, y de manera particular, en esta legislatura.

En el año seis meses que llevamos de estar sesionando, son alrededor de 600 los puntos que se han venido abonando a la agenda que nos compete, sean iniciativas, sean puntos de Acuerdo; y desafortunadamente el promedio de la aprobación, en ocasiones, no excede del 30 por ciento.

Estas iniciativas, sumadas al propio interés del Poder Ejecutivo en lo que envía para ser abordado por esta Cámara, sin duda señalan un trabajo intenso que necesitamos realizar.

Lo que les propongo es que revisemos y nos demos a la tarea de reflexionar, para saber si tendríamos que considerar la ampliación de los periodos en comento.

La propuesta, señoras y señores, habla de poder considerar que nuestro periodo abarque a partir del 15 de agosto hasta el 15 de diciembre, salvo en el caso de la elección presidencial. Y, por supuesto, un segundo periodo que abarque del 15 de febrero al 31 de mayo del año en curso.

Con esto lo que estaríamos buscando, además de poder darle la oportunidad a la discusión, sería el poder ir adecuando los calendarios político-electorales, que en breve, cuando esta Soberanía legisle en consecuencia, seguramente tendremos que también considerar.

Del mismo modo podríamos dar condiciones estables para la formulación de la política pública, que en su oportunidad, por lo que respecta a los presupuestos de ingresos y a las leyes de ingresos, tenemos que abordar.

En fin, insisto, me parece que en la revisión, que también hicimos, de lo que ocurría en otros países del mundo, nos dimos cuenta que había naciones en donde los periodos son muchos más amplios, que lo que pasa en el caso mexicano.

Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de muchos de los países, ya no hablaría solamente de Estados Unidos, que no tiene un periodo específico, sino también es el caso de Uruguay, en donde sesionan nueve meses y medio; de Argentina, con alrededor de nueve meses; de Brasil, también nueve meses en dos periodos; de Francia, con nueve meses en dos periodos; de España, con el mismo tiempo; de Colombia, con ocho meses en dos periodos; de Estados Unidos, como lo refería, todo el año sin calendario fijo; de Gran Bretaña, con 160 días y solamente en el caso de Chile o de Costa Rica, son países en donde los periodos son inferiores a lo que ocurre en el caso mexicano.

Señoras y señores, quiero dejar el cuerpo entero de la iniciativa para el análisis, sin duda, de todos los legisladores, con la confianza de que como en otros temas lo hemos realizado, con la seriedad y la responsabilidad que esto exige, podamos llegar a la construcción de un acuerdo en relación con este tema.

Gracias, señor Presidente.

Gracias, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

BLANCA ALCALA RUIZ, ENRIQUE BURGOS GARCIA, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ y RAUL AARON POZOS LANZ, integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción ii del artículo 72 constitucional y en la fracción i del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del reglamento del senado de la república, sometemos a consideración del pleno de la cámara de senadores INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 previó la necesidad de que el Congreso Federal se reuniera en dos períodos de sesiones cada año, del 16 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de abril al 31 de mayo, cinco meses en total –el texto constitucional señalaba expresamente el carácter improrrogable del segundo período, para evitar la fecundidad legislativa (según el constitucionalista José María del Castillo Velasco1). Ya desde entonces los temas que dominaban en el primer período lo constituían el Presupuesto de Egresos, la Cuenta Pública y la Ley de Ingresos. No obstante, en 1874, con la restauración del sistema bicameral, a iniciativa del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se introduce en el artículo 62 de aquella constitución, la posibilidad de prórroga de cada uno de los períodos; el primero hasta 30 días útiles, y, el segundo, hasta 15 días útiles.

La Constitución de 1917 redujo a un sólo período de sesiones el trabajo del año legislativo, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Esta situación significó un cambio en la tradición constitucional del siglo XIX, sin embargo, de acuerdo con el diario de los debates del Congreso Constituyente de 1916–1917, el precepto se aprobó sin discusión, conforme al texto propuesto por el jefe constitucionalista2. Esta decisión es interpretada por algunos especialistas como un mecanismo de fortalecimiento de la figura presidencial frente a un Congreso, que únicamente sesionaba durante cinco meses y con funciones constitucionales específicas: revisar la cuenta pública del año anterior, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de año fiscal siguiente, decretar los impuestos y “estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten y resolver los demás asuntos que le correspondan conforme a esta constitución”.

Tanto la constitución de 1857 como el texto de 1917 previeron la conformación de la comisión permanente y, entre sus facultades, la posibilidad de convocar al Congreso a solicitud del Presidente de la República para los asuntos específicamente señalados en la convocatoria. En ningún caso la comisión permanente tuvo atribuciones para el desahogo de iniciativas, dado que ésta fue una facultad de origen reservada de manera conjunta a ambas cámaras del Congreso de la Unión, salvo los casos señalados expresamente como facultad exclusiva de alguna de las Cámaras. Sin embargo, debe señalarse también que la posibilidad de fijar los asuntos de las sesiones extraordinarias del Congreso quedó depositada, en la Constitución de 1917, en el titular del Ejecutivo exclusivamente. El texto constitucional del artículo, modificado en 1923, establecía en ese momento lo siguiente:

Artículo 67. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que el Presidente de la República lo convoque para ese objeto; pero en tal caso no podrá ocuparse más que del asunto o asuntos que el mismo presidente sometiere a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria. El Presidente puede convocar a una sola Cámara a sesiones extraordinarias, cuando se trate de asunto exclusivo de ella.

El órgano del Congreso de la Unión denominado Comisión Permanente es una figura adoptada de la Constitución de Cádiz de 1812, asociada al tiempo que transcurría entre un periodo de sesiones y otro del Congreso, debido al traslado desde lugares muy apartados del territorio nacional, de los representantes de las diferentes demarcaciones territoriales de la Nación. En aquella época, los diputados electos debían dejar sus asuntos personales para atender los asuntos de orden nacional, lo cual les resultaba difícil y de ahí que la Comisión Permanente que gradualmente fuera adquiriendo mayores facultades para suplir los largos periodos de receso del Congreso.

Fue hasta 1977 cuando que el tema de la ampliación de los períodos de sesiones del Congreso volvió a discutirse. En ese momento había diputados con la intención de abrir a dos períodos durante el año legislativo, tal como se hizo en el siglo XIX, sin embargo, con motivo de valorar los tiempos de análisis de la cuenta pública y del Presupuesto de Egresos coincidieron en el proceso legislativo una iniciativa del titular del Ejecutivo y, otra, de un grupo de legisladores del Estado de Guanajuato. En el caso de la segunda, es interesante destacar que la exposición de motivos expresó lo siguiente:

“Los diputados federales electos en el estado de Guanajuato pensamos que las conveniencias de que el Congreso de la Unión se reúna en dos períodos de sesiones ordinarias durante cada año, no están cabalmente comprendidas en nuestra sociedad, que todavía concibe el trabajo del Congreso como meramente legislativo, quizá en gran parte porque es en esencia lo que la Constitución señala y lo que el Congreso ha hecho, Sólo, últimamente, y en forma especial, esta Cámara ha realizado comentarios políticos, de gran esencia parlamentaria, que no han concluido en la expedición de leyes.

“Por las anteriores razones, los suscritos opinamos que aún no están dadas las condiciones políticas y sociales que garanticen el trabajo legislativo fructífero del Congreso de la Unión dentro de dos períodos anuales de sesiones ordinarias y que quizá facilite el que se llegue a estas condiciones, la Reforma Política que el encargado del Poder Ejecutivo anunció que próximamente enviará a la consideración de vuestra soberanía.”

El texto de esa reforma aprobada adelantó la fecha de inicio del período de sesiones al 1 de septiembre de cada año y, en ese contexto, se facultó a la Comisión Permanente para recibir de parte del Ejecutivo Federal la cuenta pública. También esa fecha fue congruente con el texto del artículo 69 constitucional, bajo el cual el Presidente de la República presentaría un informe por escrito del estado que guarda la administración pública del país a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En diciembre de 1982, el Presidente de la República hizo llegar una iniciativa al Congreso de la Unión para que en el año de la elección presidencial el Congreso iniciara su período único de sesiones el 1 de noviembre. El propósito era dar mayor tiempo al último informe de gobierno del titular del Ejecutivo, armonizar la convivencia entre el Presidente en funciones y el Presidente electo, así como ampliar el plazo de los trabajos de la Cámara de Diputados para la calificación de las elecciones. La propuesta derivó finalmente en el establecimiento de dos períodos de sesiones; los argumentos de las comisiones dictaminadoras en Cámara de Diputados y del Senado de la República fueron los siguientes:

“La realidad que vivimos, precisa de mayor actividad legislativa y renovado esfuerzo por hacer del Congreso de la Unión y muy señaladamente de la Cámara de Diputados, un foro abierto al debate de los grandes problemas nacionales y la expresión de las reivindicaciones populares…”

“La comisión que suscribe considera inaplazable continuar fortaleciendo al Poder Legislativo con el fin de avanzar por la ruta de la democracia…”

“La complejidad creciente de la vida moderna hace cada vez más necesario que el Congreso celebre sesiones ordinarias por mayor tiempo del actualmente previsto y sin que entre un período y otro haya un receso tan prolongado como hasta la fecha…”

De este modo, a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 1986, hubo dos períodos de sesiones ordinarias: del 1 de noviembre al 31 de diciembre y del 15 de abril al 15 de julio, cinco meses de trabajo de pleno al año.

En agosto de 1993, nuevamente el titular del Ejecutivo envió una iniciativa para modificar los períodos de sesiones del Congreso de la Unión. Ahora la propuesta establecía un primer período del 1 de septiembre al 15 de diciembre, con la excepción de lo establecido en el artículo 83 constitucional, cuando con motivo del inicio del mandato presidencial el período se prolongaría hasta el 31 de diciembre. La iniciativa contenía además la reducción del segundo período, del 15 de febrero al 31 de marzo, para mantener el mismo número de meses de trabajo del Congreso. Sin embargo, la idea original se modificó durante el proceso legislativo de modo que el segundo período iniciara el 15 de marzo y concluyera el 30 de abril. El dictamen de la Cámara de Senadores señaló que “…se estima pertinente adecuar las fechas de inicio y término de los referidos períodos de sesiones ordinarias, con el objeto de ajustarlos mejor a la intensidad de los ritmos de trabajo legislativo, particularmente por lo que hace a las funciones que debe cumplir el Poder Legislativo Federal en diversas materias”. Además de restituir al 1 de septiembre el inicio de sesiones ordinarias del Congreso y la fecha de recepción del informe de gobierno, hubo el propósito de incrementar el número de días para el análisis del Presupuesto de Ingresos y de la Ley de Ingresos, actividades que en ese momento eran observadas por algunos grupos parlamentarios como las de mayor relevancia del Poder Legislativo. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993.

Hasta esa fecha, las iniciativas de modificación o ampliación de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión aprobadas, tuvieron como característica común ser propuestas por el titular del Ejecutivo, estrechamente relacionadas con las necesidades de análisis de la cuenta pública, la discusión del Presupuesto de Egresos del año fiscal subsecuente, el momento de presentación y análisis del informe de la Administración Pública, así como para mediar la relación cada seis años entre el presidente electo y el presidente en funciones.

Esto no quiere decir que no haya habido iniciativas de parte de los legisladores para ampliar o modificar las fechas de los períodos de sesiones, de hecho, cuando en 1986 se vuelve a la tradición decimonónica de los dos períodos, el dictamen incluyó la revisión de varias iniciativas que durante años no fueron dictaminadas. Entre ellas, la presentada por los diputados de Quintana Roo y Durango en 1918 y 1922 respectivamente; la del Diputado Flores del Villar en 1937; las presentadas por el Partido Popular Socialista en 1964, 1977, 1980, 1982, y la de 1985; la presentada por el Partido Comunista Mexicano de 1981; la presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana durante la LI Legislatura y las presentadas por el Partido Socialista de los Trabajadores y del Demócrata Mexicano en la LII Legislatura y la del Partido Acción Nacional del 2 de diciembre de 1985.

Lo anterior expresa que, a lo largo del tiempo, hubo coincidencia entre legisladores de diversos grupos parlamentarios de distintas épocas para ampliar los períodos ordinarios de sesiones, con el propósito de llevar a cabo un ejercicio eficaz de las facultades que la constitución confiere al Poder Legislativo, más allá de la discusión de la cuenta pública y la aprobación del presupuesto de egresos, atribuciones de primer orden pero que, en ninguna forma, resumen el conjunto de funciones que ya, desde entonces, desempeña el Congreso de la Unión. Muchas de las iniciativas de reforma constitucional a los artículos 65 y 66 que permanecieron sin discusión durante años, cobraron vigencia paulatinamente, en la medida en que el Congreso fue adquiriendo más facultades, no sólo para legislar sobre nuevas materias, sino respecto de las funciones de control, colaboración y fiscalización que fue demandando la consolidación democrática y la paulatina liberalización del régimen presidencial.

La última reforma que modificó los términos de los períodos ordinarios de sesiones del Congreso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2004, hace 10 años. La propuesta cambió los términos del artículo 65 con el objeto de que el segundo período ordinario de sesiones de cada año iniciara el 1 de febrero a partir de 2005. En los dictámenes que se generaron tanto en la Cámara de Diputados -Cámara de origen- y en el Senado de la República -Cámara revisora-, fueron relacionadas nueve iniciativas presentadas por integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática (6), de Acción Nacional (2) y del Partido Verde Ecologista de México (1), entre 1998 y 2004. En esa ocasión el dictamen en la Cámara de origen se señaló lo siguiente:

“…en los años recientes y en la realidad que vivimos actualmente, es evidente que se requiere de mayor tiempo de actividad legislativa continua, para que las Cámaras dispongan del tiempo necesario para tratar apropiadamente la variedad de los asuntos que competen, como la marca la propia Constitución”.

“Hoy en día la complejidad de las circunstancias de nuestro país y la notable insuficiencia del tiempo de los períodos ordinarios para cumplir con sus objetivos hacen necesario ampliar el tiempo de las sesiones ordinarias, esta situación es más evidente en el segundo período que inicia el 15 de marzo y termina el 30 de abril”.

“La inmensa mayoría de los dictámenes legislativos se discuten y aprueban en las comisiones durante los períodos de sesiones y no durante los recesos. Es más, la gran mayoría de los dictámenes legislativos de central importancia se aprueban en las comisiones durante los últimos días de los períodos de sesiones”.

“La realidad legislativa ha evidenciado que es insuficiente el tiempo el tiempo de los períodos ordinarios de sesiones para cumplir con los objetivos del Congreso, ya que los períodos legislativos tan cortos no alcanzan para analizar con detalles las diversas iniciativas presentadas al Congreso y atender sus otras obligaciones relacionadas con la fiscalización del Gasto Público, la aprobación del Presupuesto y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios…”

La entrada en vigor de la última reforma constitucional para la ampliación del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, constituye la primera propuesta aprobada por los legisladores a iniciativa de los legisladores. Como ha sido dicho, hasta ese entonces las modificaciones de las fechas del año legislativo se hicieron a solicitud de Poder Ejecutivo, con la intención de atender diferentes problemáticas plenamente justificadas, sin embargo, en ningún momento se privilegió el ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Legislativo. Incluso, sólo hasta la discusión de esta última reforma se argumentaron temas como el rezago legislativo o el desahogo de procedimientos parlamentarios como el juicio de procedencia. Además, cabe señalar que el enfoque de las diversas iniciativas relacionadas en los dictámenes a que dio lugar la reforma y en la discusión de la misma, hubo propuestas para ampliar hasta el mes de junio los trabajos del primer período o, incluso, desaparecer a la Comisión Permanente con el propósito de que las sesiones se llevarán a cabo todo el año.

Uno de los argumentos relevantes para considerar la viabilidad de la ampliación del tiempo de sesiones del pleno, es el rezago legislativo, es decir, el cúmulo de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión por los sujetos jurídicamente legitimados para ello, y que no son desahogadas por las comisiones, muchas veces, por la carga de trabajo de los cuerpos colegiados o la falta de integración del consenso necesario entre grupos parlamentarios o entre los miembros de las comisiones. El aumento en el número de iniciativas ante las Cámaras del Congreso se ha acentuado a partir del año de 1997, en virtud de las crecientes propuestas de legisladores de nuevas corrientes políticas y de grupos parlamentarios que lograron mayor presencia en el Congreso. Esta pluralidad política abrió la discusión legislativa a nuevos temas y enfoques que se tradujeron de inmediato en una carga superior de trabajo de las comisiones ordinarias. Sin duda, la pluralidad política que desde 1997 ha caracterizado a la integración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, ha ampliado los espacios de debate legislativo y ha conducido la deliberación política hacia nuevos escenarios en la búsqueda de nuevos consensos que reflejen con mayor claridad y transparencia todos los puntos de vista que concurren en la representación parlamentaria.

Cabe destacar que durante la LXI Legislatura, no obstante la entrada en vigor del Reglamento del Senado, que prevé mecanismos para eventualmente desechar iniciativas no dictaminadas en un determinado tiempo previo acuerdo de los grupos parlamentarios y las comisiones, la brecha de iniciativas presentadas respecto de las desahogadas aún sigue en incremento.

FECHA

Iniciativas presentadas en el Senado

Asuntos aprobados turnados a Cámara de Diputados

Proyectos de decreto aprobados con turno al Ejecutivo o devueltas a Cámara de Diputados

Sept dic 2013

254

24

58

Febrero abril 2013

298

42

38

Sep dic 2012

237

10

20

Febrero abril 2012

174

53

61

Sept-dic 2010

259

26

39

Feb-abril 2010

211

28

33

Sept-dic 2009

270

38

30

Feb-abril 2009

244

32

43

Sept-dic de 2008

305

44

30

Feb-abril de 2008

172

28

20

Sept-dic 2007

706

45

97

Sept de 2006 abril de 2007

357

22

56

* Información con base en los informes de actividad legislativa elaborados por la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Los datos no incluyen las iniciativas presentadas durante los recesos.

La proporción de iniciativas presentadas ante el Pleno y los asuntos aprobados turnados a la Cámara de Diputados y, más tarde, al Ejecutivo Federal, no guardan una proporción ni siquiera de tres a uno. Es importante tener presente que el proceso legislativo permite acumular en un solo instrumento más de una iniciativa, práctica parlamentaria que, a medida que avanza la legislatura, es más frecuente en los dictámenes que presentan las comisiones ordinarias. Asimismo, se destaca que la Mesa Directiva ha establecido mecanismos para desahogar el rezago de legislaturas previas mediante la convocatoria a los grupos parlamentarios para que se definan sobre la vigencia de cada una de ellas. Sin embargo, también es preciso señalar que sólo alrededor de un tercio del total de las iniciativas vigentes son sometidas a votación del Pleno del Senado. Una situación similar ocurre en Cámara de Diputados.

En otro orden de ideas, existen responsabilidades de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores cuyo desahogo por disposición de ley debe cumplir ciertos plazos que difícilmente pueden cumplirse durante el desarrollo del segundo período de sesiones. En el caso de la Cámara de Diputados, el establecimiento de un juicio político, dependiendo los plazos que estime la parte acusada para la presentación de pruebas, la admisión de las mismas, así como la declaración de procedencia a cargo de la subcomisión de examen previo, una vez que este órgano se ha integrado, hacen insuficiente un desahogo apropiado de un procedimiento de esta naturaleza en tan breve lapso de tiempo.

De la misma forma, el procedimiento de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, aúna cargo del Senado de la República, queda muy ajustado en tiempo para su desahogo razonable en el segundo período por las mismas razones. En ambos casos se trata de facultades constitucionales conferidas al Congreso de la Unión que requieren de la mayor eficacia y pulcritud en su procesamiento, de ahí que sea necesario tener presente los plazos que requerirá iniciar un procedimiento de la naturaleza de los señalados.

Con independencia de lo expuesto anteriormente, el conjunto de modificaciones al sistema jurídico nacional, que se han hecho en el marco del Pacto por México, ha dejado en claro que, al menos, este periodo de sesiones, será insuficiente para desahogar la agenda de temas relacionados con las reformas al sector energético y de telecomunicaciones. Temas de una gran relevancia y que, en la medida en que se resuelvan con prontitud, dejarán sentir sus beneficios económicos con mayor oportunidad.

De la misma forma, la reforma política recientemente aprobada requiere de adecuar el andamiaje electoral para garantizar la gobernabilidad del sistema y, al mismo tiempo, que exista un consenso en la modernización de la perspectiva democrática del país. Sin duda, el Congreso de la Unión se ha convertido en un poder que contribuye a la gobernabilidad democrática del país, garante de la institucionalidad democrática y escenario de los grandes debates nacionales que, en ningún caso, pueden quedar suspendidos durante el receso. Si bien, la Comisión Permanente contribuye en mucho a mantener vigente el debate nacional, como órgano del Estado no cuenta con las facultades suficientes para intervenir de manera decisiva en la vida pública, tal como lo prevén los mandatos constitucionales respecto del Poder Legislativo y las cámaras que lo integran.

Asimismo conviene señalar que aumentar el número de semanas del trabajo legislativo es avanzar sobre una tendencia acorde con el calendario de trabajo legislativo de muchos países. Por ejemplo, el Congreso de Uruguay trabaja 9.5 meses continuos, Argentina 9 meses, Brasil 9 meses en dos periodos, Francia 9 meses en dos periodos, España 9 meses en dos periodos, Colombia, 8 meses en dos periodos, Estados Unidos todo el año sin un calendario fijo y el Reino Unidos de Gran Bretaña un periodo promedio de 160 días, cuatro veces a la semana sin un calendario fijo. Chile y Costa Rica son países cuyos congresos trabajan menos tiempo, cuatro y seis meses, respectivamente.

De ahí que la propuesta de la presente iniciativa sea la ampliación de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, atendiendo a un principio de razonabilidad del quehacer político de los legisladores y para dar oportunidad a que la producción normativa y el análisis de sus consecuencias jurídicas, responsan al interés público en todo momento.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 72 constitucional y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la cámara de senadores el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULO 65 Y 66DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 65 y 66de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 15 de agosto de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F. a 27 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, en el escaño del Senador Javier Lozano Alarcón, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Para preguntarle a mi colega Senadora y paisana, si me permite adherirme a su muy interesante iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, ¿acepta la adhesión de los Senadores Javier Lozano, Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo, Aarón Irizar López y Omar Fayad? Pido a la Secretaría tome nota de ello, con todo gusto.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia saluda la presencia de jóvenes estudiantes de distintas instituciones educativas del estado de San Luis Potosí, invitados por el Senador Octavio Pedroza Gaitán. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Igualmente, esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Ceulver, del estado de Veracruz, invitados a este recinto por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Igualmente saludamos la visita de alumnos de la Universidad de Long Beach, al Senado de la República, invitados por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1 Del Castillo Velasco, José María, 1871, Apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional Mexicano, Facsimilar de la edición príncipe, Edición conmemorativa en el sesquicentenario de la Constitución de 1857, Senado de la República - editorial Porrúa – Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2007, pag. 138.

2 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916 – 1917, Tercera reproducción facsimilar, 2002, México, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, pag. 1260





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras Senadoras y Senadores:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada a partir de un Decreto presidencial en 1990, con el fin de promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. Originalmente creada como parte de la Secretaría de Gobernación, fue transformada en una agencia descentralizada a partir de una reforma constitucional en 1992, que le otorgó personalidad jurídica propia.

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aprobada ese mismo año, le otorgaba a la institución la posibilidad de diseñar sus propias reglas internas y administrar sus recursos. Sin embargo, el presupuesto de la CNDH aún dependía del titular del Poder Ejecutivo, quien tenía además la facultad de designar a su presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo.

Es a partir de esta reforma que el Senado comienza a realizar limitadas funciones de control respecto de la CNDH, ratificando la designación del Ejecutivo Federal.

No es si no hasta 1999, gracias a una reforma constitucional que le otorgó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos total independencia del Poder Ejecutivo que, como sabemos, constituye a la CNDH como un organismo autónomo. Hoy, tanto la persona titular de la presidencia como las y los integrantes del Consejo Consultivo son electos por el Senado de la República, previa consulta pública transparente y en los términos y condiciones que su ley determina.

Debo recordarles, señoras y señores, que estas decisiones, este Senado de la República las toma por dos tercios de sus integrantes, es decir, por votación calificada. Es muy relevante que yo enfatice exactamente la condición de esta votación.

Si bien la CNDH ha sido constituida como un organismo autónomo a fin de procurarle suficiente fortaleza para poder emitir sus recomendaciones sin presiones políticas indebidas, esto no implica que la comisión no deba tener controles o que no deba ser vigilada en su actuación y rendición de cuentas.

La misma Constitución Federal establece en su artículo 102, apartado B, que la persona titular de la Presidencia de la CNDH, deberá comparecer anualmente ante las Cámaras del Congreso de la Unión para presentar un informe de actividades.

Esta obligación del presidente de la comisión se encuentra regulada en el artículo 52 de la ley de la comisión, estableciendo que en el mes de enero de cada año el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá presentar su informe ante el Pleno de la Comisión Permanente.

En primer término, este precepto no atiende lo que establece la Constitución, ya que esta determina que el citado informe se deberá presentar ante las Cámaras del Congreso de la Unión, no ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente. Por lo que es de entenderse que el Constituyente al hacer dicha especificación, hizo explícito su deseo de que la comparecencia se llevara a cabo en ambas Cámaras, y como es lógico, en dos momentos diferentes. En ese sentido, presentar el informe ante el Pleno de la Comisión Permanente incumple lo establecido en la Constitución.

En segundo lugar, quiero señalar, el formato de comparecencia implica rendir un informe y posterior debate respecto del mismo, determinando así de manera lógica la facultad de control que el Congreso de la Unión ejercerá o debiese ejercer sobre el ente autónomo y de manera diferenciada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Esto tiene lógica debido a que, respecto de la CNDH, cada Cámara tiene atribuciones diferentes.

Por mencionar algunas:

La Cámara de Diputados, determina ni más ni menos que el presupuesto anual del ente autónomo. Mientras que el Senado de la República, designa a su presidente por dos terceras partes y a los integrantes del Consejo Consultivo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto que modifica el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que diga en la segunda parte de este artículo, que el presidente o titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparecerá en el mes de febrero ante las Comisiones de Derechos Humanos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 107 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IX DEL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Aarón Irizar López: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Vengo a esta tribuna a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de amparo.

Por obvio de tiempo, le solicito a la Mesa Directiva instruya la inclusión íntegra en el Diario de los Debates de la presente iniciativa.

La presente iniciativa se inscribe en la responsabilidad impostergable del Congreso de la Unión de actualizar la articulación normativa desde la reforma suprema, con el caso específico se refiere a la posibilidad de promover juicio de amparo en contra de omisiones de autoridades que violen tanto los derechos humanos como las garantías para la protección, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales en los que México forma parte.

Me refiero concretamente al juicio de amparo que en el derecho mexicano ha sido motivo de reformas y actualizaciones, de conformidad con la corriente internacional en materia de derechos humanos y que como se ha puesto de manifiesto, un claro ejemplo de esta actualización lo representan las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 6 de junio de 2011, así como la expedición de la propia Ley de Amparo, publicada en el Diario de la Federación, con fecha de abril de 2013.

Como se desprende lo anterior, la expedición de la Ley de Amparo resulta posterior a la reforma constitucional de la materia, por lo que el texto de la Carta Magna, no prevé que el caso que hoy nos ocupa, la procedencia del recurso de revisión en materia de amparo directo, tratándose esto en los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; regulación que por su parte si se observa prevista en la Ley de Amparo en su artículo 81, fracción II.

Dichas reformas han tenido por objeto ampliar la protección de la esfera jurídica del gobernado, incluyendo, entre otros aspectos, la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución y aquellos reconocidos en tratados internacionales en los que México ha sido y ha signado estos acuerdos.

Derivado de esta trascendente reforma, se ha venido caracterizando una problemática en el ámbito jurisdiccional precisamente en torno a los alcances para el ejercicio y defensa de los derechos humanos en el orden jurídico nacional.

De ahí la importancia de actualizar el ordenamiento jurídico mexicano, máxime tratándose de la Carta Magna, en virtud de la actuación de nuestro máximo tribunal reviste una particular importancia, toda vez que a través de su labor ordinaria y por mandato constitucional prevé y absuelve cualquier eventual contradicción en el ejercicio de interpretación.

Así, el objeto de la presente iniciativa es proponer y actualizar la fracción IX del citado artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y radica puntualmente en integrar en el supuesto normativo dicha fracción a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

De conformidad con el texto de la Ley de Amparo al que lo vincula, y a la interpretación correlativa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha actualización de nuestro máximo ordenamiento jurídico abona a la razón técnica, jurídica, legislativa toda vez que la omisión en comento no implica desde luego su inaplicación, no obstante es menester cumplir con nuestra labor primigenia y de legislar con la finalidad de dotar en congruencia jurídica al texto de la Carta Magna.

Por todo lo anterior, señor Presidente, es que me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de Decreto:

“Unico.- Se reforma la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. …

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, u omitan decidir sobre tales cuestionamientos cuando hubieren sido planteadas, y que siempre fijen el criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de los acuerdos generales del pleno. La materia del recurso se limitará a las decisiones de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Irizar López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Solamente para solicitarle al ponente si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Aarón Irízar, le solicita el Senador Fidel Demédicis adherirse a su iniciativa, con gusto. Pido a la Secretaría Parlamentaria tome nota de ello. Así también de los Senadores Martha Palafox, Miguel Romo Medina, Manuel Cavazos Lerma, Angel Chico Herrera y Omar Fayad Meneses, con todo gusto.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato de la división de derecho, política y gobierno, invitados a este recinto por el Senador Miguel Angel Chico Herrera. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD)

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Compañeros Senadores:

Nuestro país está pasando por una crisis en la cual millones de mexicanos viven en situación de pobreza. Según información en el estudio “Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”, en el año 2010 52.8 millones de personas estaban en situación de pobreza, y en el año de 2012, 53.3 millones de personas, por lo que podemos apreciar que hubo un incremento considerable.

Los desastres climatológicos, el alto índice de desempleo, la poca calidad en la educación, y las pocas oportunidades a la población, han incrementado las cifras.

La medición de la pobreza debe atender lo establecido en el artículo 36 de la Ley General Desarrollo Social en donde se expresan los indicadores que deberán atender para medir la pobreza.

Artículo 36. …

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación;

VIII. Grado de cohesión social y;

IX. Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas.

Podemos apreciar que los indicadores anteriores son fundamentales para un pleno desarrollo humano; las personas que no cuentan con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Desarrollo Social, verdaderamente necesitan un apoyo del Estado para poder estar en igualdad de oportunidades tal como lo establece el artículo 4o. constitucional.

El gobierno federal con la finalidad de erradicar la pobreza ha implementado una serie de programas y proyectos en coordinación con diversas Secretarías de la Administración Pública Federal con objetivos de desarrollo social asimismo, el titular del Ejecutivo Federal al inicio de su mandato presidencial emprendió la Cruzada Nacional contra el Hambre, con la finalidad de erradicar el hambre y lograr un México más próspero, en igualdad de oportunidades.

Miles de ciudadanos en estado de vulnerabilidad buscan tener acceso a los proyectos diseñados para brindarles un apoyo económico o en especie, esta población es considerada la más vulnerable de todo el país, por ello requiere toda nuestra atención para poderlos incluir en la sociedad y brindarles las herramientas que les den una mejor calidad de vida, esto implica diseñar nuevos y mejores programas sociales con mejores mecanismos de acceso, una mejor medición de pobreza, y por ende, crear, modificar o adicionar los cuerpos normativos en relación al desarrollo social en beneficio de las personas en estado de vulnerabilidad.

Un tema en particular que debemos atender es el de la denuncia popular, la cual está expresa en los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social.

El artículo 67 establece quién podrá presentar la denuncia y ante qué procede:

“Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley o contravenga sus disposiciones y las de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social”.

En el artículo 68 podemos apreciar lo que deberá contener la denuncia popular:

“Artículo 68.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I.- El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante”.

Los artículos 67 y 68 son los únicos preceptos que establecen lineamientos en cuanto a la regulación de la denuncia popular que refiere, que es una herramienta jurídica que protege los derechos de quien recae en el supuesto jurídico establecido en el artículo 67, de igual manera es un hecho notorio que protege a las personas en estado de vulnerabilidad, porque son quienes pueden tener acceso a los programas de la SEDESOL, es decir, las personas que son susceptibles de alguna violación por acto u omisión, que les produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la Ley General de Desarrollo Social o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social como las personas que tienen las características establecidas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

En el proceso de buscar acceso y tener el beneficio de algún programa social, y ante la posibilidad de que alguna autoridad vulnere sus derechos conforme al artículo 67, el ciudadano cuenta con la denuncia popular; sin embargo, el mecanismo establecido en la ley no es suficiente, ya que estamos hablando de los ciudadanos con menos oportunidades en el país, no podemos exigirles que su denuncia sea por vía escrita por una única vía, se deben implementar nuevos mecanismos que fomenten la denuncia popular, ocasionando que sea más fácil presentar la denuncia popular para las personas que se les haya vulnerado algún derecho.

Es conveniente recordar que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social ha destituido a varios funcionarios públicos adscritos a dicha Secretaría, como por ejemplo, las recientes destituciones de funcionarios de la SEDESOL en el estado de Veracruz.

Toda institución en cualquier parte del mundo es susceptible de que algún miembro de su personal vulnere los derechos de los ciudadanos, y nuestro país no es la excepción, nuestro país al contar con un índice muy alto de pobreza, es un país que necesita mecanismos que garanticen los derechos de quienes menos tienen, por lo que debemos mejorar este andamiaje jurídico de la denuncia popular.

La población con las características anteriores necesita de un apoyo que les brinde más oportunidades de desarrollo y de acceso a la justicia, incluso no solo a ellos se les afecta sino en ocasiones también indirectamente a sus familias.

Analizando la denuncia popular con la finalidad de mejorar esta herramienta, fomentar instituciones más funcionales con mejores servidores públicos y con menor índice de corrupción, garantizando la protección de los derechos de los beneficiarios de los programas sociales e inclusive el de sus familias, debemos facilitar el acceso a la denuncia popular, estableciendo la posibilidad de que dicha denuncia sea por vía telefónica y por vía electrónica, debemos aprovechar la tecnología en beneficio de la justicia y del país.

Es menester mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa utiliza el juicio en línea en el cual se puede llevar a cabo un juicio a través de una PC e Internet.

También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente admite denuncias vía internet en su página web.

Incluso en la nueva Ley de Amparo se regula la presentación de escritos mediante las tecnologías de la informática.

Es necesario modernizar el sistema de la denuncia popular que establece la Ley General de Desarrollo Social para que dé mayores y mejores resultados.

La implementación de la denuncia popular de manera electrónica no implica gastos mayores económicamente hablando, porque no se requiere la creación de un organismo con personal propio, sólo se requiere una pequeña inversión para la implementación del sistema electrónico.

En base a lo expuesto en la presente propuesta, es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para crear un andamiaje que fomente y facilite la denuncia popular, lo que ocasionará un mejor desempeño en las dependencias y una mejor protección de derechos a las personas en estado de vulnerabilidad.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

También, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente investigue de oficio los hechos constituidos de la denuncia.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Asimismo, la Secretaría podrá aceptar denuncias por vía electrónica con los requerimientos establecidos en este artículo, lo cual se notificará a las autoridades competentes.

La autoridad competente garantizará guardar secreto respecto de la identidad del denunciante, por razones de seguridad e interés particular.

El denunciante podrá coadyuvar aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes.

La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita la autoridad competente, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de administración de instancia.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“La suscrita LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71º fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164º numeral 1, 169º del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país está pasando por una crisis en la cual millones de mexicanos viven en situación de pobreza, según información en el estudio “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”1 en el año 2010, 52.8 millones de personas estaban en situación de pobreza y en el año 2012, 53.3 millones de personas, por lo que podemos apreciar que hubo un incremento considerable. Los desastres climatológicos, el alto índice de desempleo, la poca calidad en la educación y las pocas oportunidades a la población, han incrementado las cifras.

La medición de la pobreza debe atender lo establecido en el artículo36 de la Ley General de Desarrollo Social en donde se expresan los indicadores que se deberán atender para medir la pobreza:

“Artículo 36. …

I. Ingreso corriente per cápita;

II. Rezago educativo promedio en el hogar;

III. Acceso a los servicios de salud;

IV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

VII. Acceso a la alimentación;

VIII. Grado de cohesión social, y

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada”

Podemos apreciar que los indicadores anteriores son fundamentales para un pleno desarrollo humano, las personas que no cuentan con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Desarrollo Social, verdaderamente necesitan un apoyo del Estado para poder estar en igualdad de oportunidades tal como lo establece el artículo 4° Constitucional.

El Gobierno Federal con la finalidad de erradicar la pobreza ha implementado una serie de programas y proyectos en coordinación con diversas secretarías de la Administración Pública Federal con objetivos de desarrollo social, así mimo el Titular del Ejecutivo Federal al Inicio de su mandato presidencial emprendió la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con la finalidad de erradicar el hambre y lograr un México más próspero, en igualdad de oportunidades.

Miles de ciudadanos en estado de vulnerabilidad buscan tener acceso a los proyectos diseñados para brindarles un apoyo económico o en especie, esta población es considerada la más vulnerable de todo el país, por ello requiere toda nuestra atención para poderlos incluir en la sociedad y brindarles las herramientas que les den una mejor calidad de vida, esto implica diseñar nuevos y mejores programas sociales, con mejores mecanismos de acceso, una mejor medición de pobreza, y por ende crear, modificar o adicionar los cuerpos normativos en relación al desarrollo social en beneficio de las personas en estado de vulnerabilidad.

Un tema en particular que debemos atender es el de la denuncia popular, la cual esta expresa en los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social.

El artículo 67 establece quien podrá presentar la denuncia y ante que procede:

“Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.”

En el artículo 68 podemos apreciar lo que deberá contener la denuncia popular:

“Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.”

Los artículos 67 y 68 son los únicos preceptos que establecen lineamientos en cuanto a la regulación de la denuncia popular refiere.

La denuncia popular es una herramienta jurídica que protege los derechos de quien recae en el supuesto jurídico establecido en el artículo 67, de igual manera es un hecho notorio que protege a las personas en estado de vulnerabilidad, porque son quienes pueden tener acceso a los programas de SEDESOL, es decir; las personas que son susceptibles de alguna violación por acto u omisión, que les produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en la ley de desarrollo social o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social son las personas que tienen las características establecidas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

En el proceso de buscar acceso y tener el beneficio de algún programa social, ante la posibilidad de que alguna autoridad vulnere sus derechos conforme al artículo 67 de la LGDS, el ciudadano cuenta con la denuncia popular, sin embargo el mecanismo establecido en la Ley no es suficiente, ya que estamos hablando de los ciudadanos con menos oportunidades en el país, no podemos exigirles que su denuncia sea por vía escrita por una única vía, se deben implementar nuevos mecanismo que fomenten la denuncia popular, ocasionando que sea más fácil presentar la denuncia popular para las personas que se les haya vulnerado algún derecho.

Es conveniente recordar que la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social ha destituido a varios funcionarios públicos adscritos a dicha Secretaría, como por ejemplo las recientes destituciones de funcionarios de SEDESOL en el Estado de Veracruz.

Toda institución en cualquier parte del mundo es susceptible de que algún miembro de su personal vulnere los derechos de los ciudadanos, y nuestro país no es la excepción, nuestro país al contar con un índice muy alto de pobreza, es un país que necesita mecanismos que garanticen los derechos de quienes menos tienen, por lo que debemos mejorar el andamiaje jurídico de la denuncia popular.

La población con las características anteriores necesitan de un apoyo que les brinde oportunidades de desarrollarse y de acceso a la justicia, incluso no solo a ellos se les afecta sino en ocasiones también indirectamente a sus familias.

Analizando la denuncia popular con la finalidad de mejorar esta herramienta, fomentar instituciones más funcionales con mejores servidores públicos y con menor índice de corrupción, garantizando la protección de los derechos de los beneficiarios de los programas sociales e inclusive el de sus familias, debemos facilitar el acceso a la denuncia popular, estableciendo la posibilidad de que dicha denuncia sea por vía telefónica y por vía electrónica, debemos aprovechar la tecnología en beneficio de la justicia y del país.

Es menester mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa utiliza el juicio en línea en el cual se puede llevar todo un juicio a través de una PC e internet.

También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente admite denuncias vía internet en su página web.

Incluso en la nueva Ley de Amparo se regula la presentación de escritos mediante las tecnologías de la informática.

Es necesario modernizar el sistema de la denuncia popular que establece la Ley General de Desarrollo Social para que de mayores y mejores resultados.

La implementación de la denuncia popular de manera electrónica no implica gastos mayores económicamente hablando, porque no se requiere la creación de un organismo con personal propio, solo se requiere una pequeña inversión para la implementación del sistema electrónico.

En base a lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para crear un andamiaje que fomente y facilite la denuncia popular, lo que ocasionará un mejor desempeño de las dependencias y una mejor protección de derechos a las personas en estado de vulnerabilidad.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 68 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

UNICO: Se REFORMA el artículo 68º de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y contenga:

I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su caso, de su representante legal;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

También, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Asimismo, la Secretaría podrá aceptar denuncias por vía electrónica con los requerimientos establecidos en este artículo, la cual se notificará a las autoridades competentes.

La autoridad competente garantizará guardar secreto respecto de la identidad del denunciante, por razones de seguridad e interés particular.

El denunciante podrá coadyuvar, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes.

La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita la Autoridad competente, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. La Secretaria de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 6 meses realizará las medidas necesarias y pertinentes para garantizar la denuncia vía electrónica.

Tercero. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 27 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luz María Beristain Navarrete. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y del Código Penal Federal.

1http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS Y DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo haciendo uso de mi derecho a presentar ante ustedes una iniciativa de reformas con el largo nombre que escucharon ahorita mencionar al Presidente de la Mesa Directiva, que tiene por objeto analizar y reformar uno de los temas en materia de procuración de justicia que me parecen de la mayor actualidad y de los más relevantes por las implicaciones que trae consigo.

Vengo a someter a su consideración que de una vez por todas reformemos la ley respecto de la famosa figura de los testigos protegidos.

Mucho hemos señalado que en los últimos años las autoridades competentes, quizás por la falta de regulación en el mejor de los casos, quizá por el desconocimiento en otros casos, o abusando por corrupción, quizá en otros, abusaron de esta figura que me parece que es fundamental para el procedimiento penal mexicano, pero que no podemos dejar al libre albedrío de las autoridades su uso o abuse. Por eso vengo a proponerles esta reforma a la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, a la de Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Trata de Personas y Protección y Asistencia a Víctimas del Delito y al Código Penal Federal.

¿Qué pretende esta propuesta que hoy vengo a formularles? El objetivo, amigas y amigos Senadores, es que logremos distinguir para la protección que debe brindar el Estado, en la que estamos totalmente de acuerdo, entre los testigos de los presuntos delincuentes y los delincuentes que se acogen a un programa para la investigación del delito, para la procuración de justicia, que son cosas muy distintas.

Vamos a distinguir con esta reforma quiénes son testigos, que son personas que pudieron presenciar hechos o tener conocimientos de hechos que ayudarán a resolver los casos en los tribunales, que ayudarán a llegar a la verdad histórica de la investigación; y otros muy distintos, que son delincuentes que han delinquido o cuando menos presuntos delincuentes, si es que no existe sentencia condenatoria alguna sobre ellos, y están sujetos o pueden estar sujetos a una investigación. Y en lo que creo que debemos de coincidir todos, es una figura completamente distinta que persigue otra cosa, y en la que desgraciadamente estos delincuentes, presuntos o verdaderos delincuentes llegaron a señalar en el pasado a personas inocentes y se le dio valor probatorio a su dicho por instituciones como la Procuraduría de la República, o por los mismos tribunales.

Tenemos que establecer claramente esa diferencia, y hoy vengo a proponer que reformemos la ley para que no sea pretexto el que es insuficiente la legislación, el que no está clara, el que no está bien regulada, el que quedan lagunas o espacios que le permitan a los delincuentes hacerse o valerse de ellos, para beneficios propios.

Creo que resulta hoy una reforma de la mayor trascendencia; la diferencia principal debe radicar en que el testigo como individuo es una persona que pudo presenciar hechos ajenos a su voluntad o interviene en las diligencias, ojo, no solamente como personas, sino como servidor público, en muchas ocasiones por intervenir en actuaciones en las que se pone en riesgo su seguridad personal y la de sus familias, mientras que el delincuente o presunto delincuente incurre en actuaciones, o le constan los hechos porque fue parte de los mismos, o porque participó de manera activa o tuvo por acción o por intervención directa.

Quiero dejar muy claro este término, ya lo podrán ustedes consultar ahora que el texto completo de mi iniciativa irá a la Gaceta Parlamentaria y para que en las comisiones correspondientes a quien se turne, que desde ahora le pido, evidentemente al Presidente de la Mesa, que deban participar cuando menos las Comisiones de Justicia; y de Seguridad Pública, por tratarse de un tema tan relevante para ambas materias.

Estoy proponiendo crear la figura de colaborador para denominar al delincuente o presunto delincuente que pretenda colaborar con la autoridad para combatir a la delincuencia organizada, denunciado o incriminando a otros miembros de la delincuencia organizada; ojo, no les llamemos más a los delincuentes testigos protegidos, porque no es la misma figura, simplemente denominémosles colaborador.

Hay que establecer en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el procedimiento para tratamiento de colaborador a los miembros de la delincuencia organizada; retirar del Programa de Protección de Testigos a los colaboradores, dejando únicamente como beneficios para el colaborador la reducción de la condena de conformidad con el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin desproteger a los verdaderos testitos de los beneficios de una nueva identidad, reubicación y aseguramiento de una forma honesta de vivir.

Y hay que incrementar la pena de aquellos que se digan colaboradores, y que falseen sus declaraciones para poder obtener un beneficio que establece la ley o para poder lograr que se incrimine a un inocente.

Hay que suprimir la calidad de prueba de valor plena de cualquier dicho, de cualquier delincuente. Es un tema complejo, tendrá que tener candados, y para el acceso de los colaboradores al beneficio de la reducción de la condena, tiene que haber requisitos.

Uno. Que esto es muy importante y que era lo que no venía ocurriendo hasta hoy, debe de comprobarse la veracidad del hecho, no es posible que un inocente entre a la cárcel por la declaración de un pillo, de un delincuente; no es justo que en una sociedad como la nuestra, que en un sistema de derecho como este, permitamos tal barbaridad, si un delincuente acusa a un servidor público de cualquier nivel, o a un ciudadano, antes de darle cualquier beneficio o de que sus declaraciones puedan hacer prueba, debe de comprobarse la veracidad de lo que el delincuente colaborar aporte.

Que su dicho redunde en que se logre una sentencia condenatoria para alguno o algunos de los miembros de la delincuencia organizada.

Y propongo que se denomine colaborador y no como delincuentes colaboradores; el término correcto debe ser solo colaborador, en virtud de que el delincuente ya debe de haber sido sentenciado, y así cabe la posibilidad de que un sentenciado colabore, entonces, sería delincuente colaborador, pero si está siendo procesado en ese momento, creo que, en protección también de lo que es justo, debemos de cuidar la figura, por eso la denominación.

Yo espero que vean con interés esta propuesta de reforma para que acabemos definitivamente con una figura que es importante en el procedimiento penal mexicano, pero que tanto lastimó a la sociedad por el abuso que se cometió de ella, quizá por la falta de precisión, quizá por una legislación adecuada, aquí está ahora una propuesta de legislación más precisa, que pretenda de una vez por todas regular de manera correcta y diferenciar al testigo protegido que al presunto delincuente que colabora.

Por el apoyo que pueda tener esta propuesta, gracias anticipadas a las y los Senadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad Meneses. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos.

Esta Presidencia saluda la presencia de profesores y alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, invitados por el Senador Manuel Bartlett Díaz. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que el Senador Martín Orozco Sandoval deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Social y se integra a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.



Este Acuerdo está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

También recibimos de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se designa al Senador Angel Benjamín Robles Montoya como Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste en sustitución del Senador Zoé Robledo Aburto, quien será integrante de la misma.



Está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA E INICIATIVA PREFERENTE

(Dictamen de primera lectura)



Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta parlamentaria de este día, por lo cual está a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que con fundamento en el artículo 193 y 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo que exhorta a promover las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas de la República.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Ahora vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública a presentar el dictamen que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad para que, en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promueva las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas de la República que son o pueden ser víctimas de la delincuencia organizada.

Es indudable que en el ejercicio de las profesiones, la de los periodistas y la de las instalaciones de los medios de comunicación, han sido una de las más golpeadas por la delincuencia, y en virtud de ello se presentó un punto de Acuerdo en el que originalmente se exhorta a diversas autoridades responsables de la seguridad pública para que en coordinación adoptaran acciones adicionales para garantizar la vida, la integridad corporal y las libertades, como la libertad de expresión, de las personas que colaboran en el periódico “El Siglo de Torreón”, en Coahuila, así como investigar y perseguir los delitos cometidos contra periodistas en virtud de los ataques de que habían sido objeto instalaciones y trabajadores.

La opinión que se ha dado de partidos políticos, medios de comunicación, la opinión pública en general y la academia, entre muchas otras, consideran con acierto que la libertad de expresión es de gran importancia para la vida democrática de un país, punto en el que coincidimos los miembros de la Comisión de Seguridad Pública.

Ante ello, esta comisión en consideración de las facultades que establece el Reglamento del artículo 182, numeral 2, consideró en un ejercicio de responsabilidad que no es menester el dotar únicamente a un medio de comunicación de la seguridad que requiere para ejercer plenamente sus labores y garantizar la libertad de expresión, por lo que se determinó ampliar la proposición enfocada hacia la seguridad de todos los medios de comunicación y centrar el exhorto en la Comisión Nacional de Seguridad como órgano coordinador de las acciones que se plasman en el punto de Acuerdo por ser facultad de la Secretaría de Gobernación, auxiliada por esta instancia, el realizar las acciones que garanticen la seguridad pública, determinación que tomamos con base en las siguientes consideraciones:

Primero. Que es innegable la obligación del Estado mexicano de garantizar la protección de las instalaciones, patrimonio, vida, integridad corporal y libertades de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en toda la República, que sean víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia organizada.

Segundo. Se encontró en la búsqueda de la materia que sustentará el dicho del proponente y el razonamiento del sentido del dictamen, que existen diversos hechos registrados en notas periodísticas revelando que los diversos ataques y amenazas a ese medio de comunicación no son un hecho único y aislado, sino más bien es un fenómeno delictivo que arremete en todo el país.

Ejemplo de ello han sido los siguientes asuntos: doble ataque a medio de comunicación en Ciudad Juárez, medios condenan ataques a periódicos de Nuevo León y Tamaulipas, crecen ataques a medios; 172 ataques contra medios de comunicación y periodistas en el 2011; tres ataques con explosivos contra medios de comunicación; detienen a nueve por ataques a medios de comunicación; condena el Consejo Coordinador Empresarial ataques a medios de comunicación; el Senado Armará padrón de ataques contra medios de comunicación, entre muchísimos otros, denotando que estos empleados y profesionales trabajan en un clima de violencia y acoso de modo que de 10 años a la fecha se están recrudeciendo los ataques y omisiones, amenazas y homicidios en agravio de comunicadores.

Tercero. Que es tal la preocupación por este fenómeno, que el Senado de la República creó una Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas, presidida por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, quien ha sido el promoverte de esta proposición con punto de Acuerdo en materia del presente dictamen y que todos los miembros integrantes de la Comisión de Seguridad Pública apoyamos.

Ante todo ello, se considera necesario que en todo el territorio nacional, los tres órdenes de gobierno establezcan políticas públicas que atiendan esta población victimada y exigente de protección, logrando así una eficiente coordinación entre normas, protocolos, manejo de recursos humanos, estructuras e infraestructuras, equipo, financiamiento, partidas presupuestales, áreas especializadas en inteligencia y certificación de policías, etcétera.

Por consiguiente, reducir esto a un solo caso concreto y local, como era originalmente la propuesta del punto de Acuerdo, y atender solamente el caso de un diario, producirían acciones menores e insuficientes, carentes de apoyo y recursos mínimos indispensables, que al final de cuentas no garantizarían la protección, ni confiabilidad que deben ofrecer, máxima que pese a las denuncias presentadas, quedan pendientes en la atención del riesgo que en realidad presenta hasta lograr aminorar las agresiones que con la delincuencia somete a los medios de comunicación.

Por lo tanto, en conclusión, en la reunión de la Comisión de Seguridad Pública, y aprobado por unanimidad, se determinó centrar el objeto materia de la presente proposición, a un resolutivo que particulariza la propuesta externada de la manera en que sigue:

Unico.-Se exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promuevan las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en la República, que son víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia organizada.

Considero que la coincidencia que encontramos en el seno de la comisión, será avalada por todos y cada uno de los presentes, porque a lo largo de esta legislatura, una de las prioridades que han encontrado consenso en todos los grupos parlamentarios, es la protección y garantía que deben tener los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión.

Por lo que solicito, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, el voto aprobatorio al dictamen que se presenta.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Omar Fayad Meneses.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen, hasta por 5 minutos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

El punto de Acuerdo que pone a consideración la Comisión de Seguridad Pública, y que nos ha detallado el Senador Omar Fayad, a propósito de un punto de Acuerdo presentado por el Senador Marco Antonio Blásquez, me parece que tiene que ser aprobado, incluso en sus términos; aún cuando pudiéramos tener discusión respecto de los alcances específicos que se plantean en el punto de Acuerdo; me refiero a lo siguiente:

La mayoría de los casos que tienen que ver con violaciones a medios de comunicación, a sus dueños, a sus instalaciones, a empleados, a periodistas o reporteros de los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, también en el ejercicio de su trabajo, tienen que ver con asuntos del fuero común.

Cuando se tratan de asuntos de delincuencia organizada, no hay duda, es una competencia del ámbito federal. Pero el problema está, insisto, en su mayoría en el ámbito local.

Si hacemos un recuento de las solicitudes que el mecanismo de periodistas y de defensores de derechos humanos, a propósito de la ley en la materia, la mayoría de los casos que llegan, también tienen que ver con asuntos que tienen su espacio de actuación en el ámbito local, y son asuntos que se aducen, son principalmente de agentes del Estado, por cierto, no solamente de la delincuencia, sino agentes del Estado, y casi siempre del ámbito municipal o de la policía estatal, se aduce, son cuestiones que determinan la persecución, y a veces, incluso, asesinato de periodistas en las entidades federativas.

Vamos a tener que presentar próximamente un punto de Acuerdo que resuelva el asunto de Goyo en Veracruz, pero así podemos hacer una lista larga.

Hoy mismo, el mecanismo de periodistas y defensores de los derechos humanos está viviendo una situación muy crítica que no podemos dejar de observar desde el Senado de la República, puesto que han sido temas en los que nos hemos ocupado de manera muy relevante, de manera destacada, no sólo a partir de la reforma constitucional de la ley en la materia, sino además de reformas que hemos emprendido desde el principio de esta legislatura, a cuatro ordenamientos, de tal manera que el ámbito federal, sobre todo la Procuraduría General de la República, tenga determinado cuáles son los supuestos en que la Federación tendría que atraer los casos de violaciones a los derechos de periodistas y medios de comunicación en el ámbito local que no sean atendidos.

Por lo tanto, es importante que aprobemos este punto de Acuerdo. Pero yo quiero dejar constancia en esta plenaria, que también tenemos que ocuparnos debidamente, en primerísimo lugar, de que con nuestros buenos oficios, el Senado de la República contribuya a que el mecanismo funcione adecuadamente. Por lo tanto, se atienda lo que las organizaciones no gubernamentales están planteando de manera pública.

Que desde la Secretaría de Gobernación se atienda debidamente cada una de las solicitudes que han inscrito y de los señalamientos y de las faltas que todavía están pendientes de resolución, y por supuesto lo más importante, que las autoridades locales no sean omisas en la atención de los asuntos que tienen que ver con su ámbito; y por supuesto que la policía federal, que está adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad, efectivamente, como dice el punto de Acuerdo, atienda de manera general, aunque, y con eso termino, destaco que lo que motivó el punto de Acuerdo del Senador Blásquez Salinas, fue un caso específico en “El Siglo de Torreón”.

Yo creo, señoras y señores Senadores, que tenemos que empezar a ponerle nombre y apellido a los asuntos, y no solamente generalizar, porque cuando lo hacemos así no ponemos relevancia particular, expresa y concreta en los casos que nos motivan a que aprobemos puntos de Acuerdo para apoyar, insisto, específicamente casos que hoy están siendo alevosamente dañados, perseguidos, en conclusión, afectándoles sus derechos constitucionales, y por supuesto a las personas de carne y hueso, violaciones a sus derechos humanos.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

He de agradecer las expresiones vertidas aquí por el Senador Omar Fayad, por la Senadora Angélica de la Peña, y por los Senadores que sé, me van a suceder en el turno, y que tendrán una preceptiva, una visión muy similar a las que ya se ha expresado aquí.

Como promovente de este punto de Acuerdo, quiero decir algo que cada vez que puedo lo digo: ejercí el periodismo durante 29 años, de hecho no conocí otra profesión, hasta que en algún tiempo estuve en una campaña política, que fue la que me trajo a esta gran Soberanía legislativa.

Quiero decir que este exhorto es, sin duda, la primera encomienda que el Poder Legislativo pone en el escritorio del señor comisionado.

Y hay que pedirle de una manera contundente al señor comisionado, que recientemente le dimos aquí su ratificación, que se tome esto como algo muy en serio; porque no es posible que nosotros estemos contando por centenares las pérdidas de los compañeros reporteros; no es posible que en algunas ocasiones que se abren las investigaciones, nos pongamos a investigar la vida del periodista y no a investigar los hechos que ocasionaron el homicidio del compañero periodista.

Ha dicho aquí la compañera Angélica de la Peña, sobre la crisis que vive el mecanismo en la Secretaría de Gobernación. Es una situación vergonzosa lo que está ocurriendo, porque es un organismo que se creó con el concurso del Poder Legislativo, en el que participaron diversas asociaciones, no solo de periodistas, de activistas, de defensores de los derechos humanos que se tomaron en serio la labor, no solo de crear la reforma, sino de aterrizar en un mecanismo ejecutivo que administrara las funciones de estos compañeros cuando estuvieran en situación de riesgo.

Sin embargo, ahora vemos que este organismo está acéfalo, y no solamente eso, sino que hay una serie de despidos, que hay un ambiente laboral muy intenso dentro de él, y esto no puede ser en un país en donde cada 26 horas con 50 minutos hay una agresión, ya sea a un periodista o a una instalación de medio de difusión.

Por lo cual, anticipo a esta Asamblea que el próximo martes que se convoque a una nueva asamblea ordinaria, presentaré un punto de Acuerdo donde voy a exhortar al ciudadano Secretario de Gobernación, para que en la inmediatez resuelva esta crisis que se está dando en el mecanismo defensor de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, quiero establecer que el martes pasado presenté tres iniciativas con proyecto de Decreto, que me serví a explicar de una manera muy breve. Porque creo que en este contexto, los compañeros legisladores que me escuchan, pudieran en algún momento apoyarlas.

La primera tiene que ver con el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes informativas. Como presidente de esta comisión extraordinaria, recibo frecuentemente llamadas de auxilio de compañeros de todo el país que son requeridos por los juzgados; pero no solo requeridos, hostigados por los juzgados en procura de la identidad de sus fuentes informativas.

Un periodista no puede, no debe revelar la identidad de sus fuentes, mucho menos cuando este es un juicio contencioso; y mucho menos cuando se trata de personas relacionadas con el crimen organizado.

La segunda tiene que ver con que las amenazas a los medios de difusión, a los periodistas, sean incluidas dentro del catálogo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Porque, por ejemplo, cuando hay una amenaza a una Embajada, a un diplomático o a una instalación estratégica, esto se convierte en un asunto de seguridad nacional.

Y yo lo que estoy solicitando es que toda amenaza, todo riesgo probado a una instalación periodística o a un periodista, sea incluida en este catálogo.

Y el tercer punto es que esta comisión que se creó con el concurso de todos ustedes, lo cual les agradezco, sea ya una comisión ordinaria con capacidad de dictaminación.

Y yo sostengo, que nunca hubiera querido que una comisión para dar seguimiento a las agresiones a los medios de difusión y periodistas, ni siquiera hubiera querido pedirles que se convirtiera en una comisión ordinaria. Pero es tan frecuente la agresión, son cada vez más las agresiones que sí creo que no una comisión, sino este Senado de la República, así como dictamina en materia de seguridad, como dictamina en materia hacendaria, como dictamina en cuestión de derechos humanos, creo que también ya, desafortunadamente lo digo, pero es necesario, debe dictaminar también en materia de libertad de expresión.

Es cuanto y por supuesto, mi voto será a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes provenientes de la Universidad Anáhuac Mayab, del estado de Yucatán, invitados por los Senadores Angélica del Rosario Araujo y Emilio Gamboa Patrón. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Para la discusión sobre el mismo dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar a favor del mismo.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

Ojalá y que este tipo de dictámenes sirvan de antecedente para una estrategia más integral en defensa de la integridad de los derechos de la propiedad, no solamente de este sector tan importante por la actividad, el de los medios de comunicación, sino para otros más, en el marco que estamos viviendo a lo largo y ancho de nuestro país.

Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política Federal, establecen plenamente la libertad de expresión, como un derecho fundamental inherente a todo ser humano.

Sin embargo, cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzadas y en el peor de los casos, la muerte.

Nuestro país está cayendo en un hoyo sin fondo en materia de protección a los periodistas, diversos indicadores internacionales catalogan la violación de este derecho fundamental, como algo verdaderamente alarmante.

El mundo ha puesto los ojos en México, y se ha dado cuenta de que existen grandes casos de impunidad contra aquellos que violan este derecho fundamental.

Hacen falta instituciones que defiendan y promuevan la defensa de este derecho. Tan solo el pasado 14 de febrero de 2013, el coordinador del Comité para la Protección de los Periodistas, anunció en la sede de la Organización de Naciones Unidas, que en los últimos 6 años más de 50 periodistas han sido asesinados o desaparecidos en México

Lo mismo en el norte, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, que lo mismo sucede en el sur, en Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca.

En este país el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas. Hoy en día desarrollar esta profesión es una situación sumamente vulnerable a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

Cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones y atentados.

Tan sólo del año 2001 al 2012, se registraron 109 periodistas asesinados, lo que provoca un debilitamiento a la democracia, ya que en dicha forma de gobierno es preferible la pluralidad de los medios de comunicación a fin de que los ciudadanos se mantengan informados en medios alternativos de comunicación.

Es claro que México no garantiza la libertad de expresión. Los reporteros en México no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer su profesión.

Por tal razón, el Senado de la República no puede hacerse de oídos sordos ante tan terrible problemática que prevalece en nuestro país.

Debemos de impulsar y garantizar el pleno ejercicio del periodismo libre, pues como sabemos, hoy en día los medios de comunicación juegan un papel determinante en la toma de decisiones de los ciudadanos.

Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas representan un lastre en nuestro país que refleja la lamentable condición de un estado fallido en el que la barbarie, la inseguridad y la impunidad son sólo algunos ingredientes.

Por tal razón, mi voto será a favor de esta exhortativa al Comisionado Nacional de Seguridad, para que promueva las acciones necesarias a fin de garantizar las instalaciones de los medios de comunicación, de sus empleados y de los periodistas de la República Mexicana, que son víctimas de ataques y amenazas por diferentes organizaciones.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que este Senado condena energéticamente los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero en la frontera norte del país, en los que un ciudadano mexicano perdió la vida.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.




 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Compartimos más de 3 kilómetros de frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Fuertes vínculos nos llevan a un espacio donde los conflictos no son ajenos. Ambos gobiernos hemos puntualizado que en el marco del respeto a las legislaciones nacionales, podemos discutir sobre un acuerdo básico.

Deseamos una migración ordenada, legal, segura y en donde se respeten de manera irrestricta los derechos humanos.

El día 25 de marzo de 2014, en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, fue aprobado por unanimidad el dictamen con punto de Acuerdo que condena el asesinato del migrante mexicano Jesús Flores Cruz, a consecuencia del uso de arma de fuego por parte de un agente de la patrulla fronteriza.

Se trata de un caso más en una larga lista de maltrato, vejaciones y atentado a los derechos humanos, en los que la Border Patrol se ha visto involucrada de manera recurrente.

Hasta donde tenemos conocimiento, ningún agente de la patrulla fronteriza ha sido encontrado culpable de los homicidios cometidos en contra de los migrantes mexicanos. Que en la cuenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suman 21 del 2010 a la fecha.

Pero sí han ejecutado a muchos mexicanos aplicando la pena de muerte, violando sentencias internacionales como el Caso Avena, donde se han negado derechos de asistencia consular en procesos criminales a connacionales; o donde el estado de Texas adelanta la fecha de ejecución para el próximo 9 de abril contra el connacional Ramiro Hernández Llanas, pese al recurso de certiorai interpuesto ante la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se tiene que valorar como apelación su discapacidad intelectual y falta de capacidad para comprender sus actos de conducta, y que ejecutándolo sin esa evidencia, se está demostrando una vez más su incongruencia jurisdiccional.

Con hechos como los que estamos comentando, queda evidenciada la actitud xenofóbica y racista de la citada patrulla fronteriza y de las autoridades norteamericanas que solapan estos crímenes contra connacionales que en la mayoría de los casos han quedado impunes por la actitud indolente de quienes deberían de juzgar a los que cometen estos actos criminales. Pero también por la pasividad de las autoridades mexicanas que son incapaces de exigir justicia.

La pregunta es: ¿Cuántos mexicanos y mexicanas más tienen que matar los agentes de la patrulla fronteriza para que el gobierno de México eleve su exigencia ante las cortes internacionales para que se pare esa matanza de mexicanos en la frontera?

Lo más grave de todo es que estos actos nos cuestionan y confrontan ante esta desigualdad.

¿De qué valen los compromisos sobre la buena vecindad y excelente desempeño del intercambio comercial entre dos socios estratégicos como México y Estados Unidos?

La conducta de algunos agentes de la patrulla fronteriza dista de los protocolos que sobre el uso de la fuerza letal han sido recomendados tanto por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos como el foro ejecutivo de investigación de la policía del país vecino. Acaso ellos no presumen de su estricto apego a la legalidad.

Entonces, ¿qué está pasando?

¿Es deliberar el asesinato de nacionales en la frontera?

Y en consecuencia, también es deliberado el solapamiento por las autoridades y por la justicia norteamericana.

Hemos constatado que los migrantes mexicanos sufren maltrato e incluso han perdido la vida; la lógica de conducta de algunos agentes de la patrulla fronteriza es la misma, se provocan incidentes para justificar el uso de sus armas de fuego y asesinar impunemente a los migrantes que han entrado sin documentación migratoria a territorio de Estados Unidos o lo que es más grave, se cometen estos actos de asimetría de fuerza incluso en el territorio mexicano, lo que es inaceptable.

Compañeros Senadores, nos preocupa y alarma que el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza en contra de migrantes mexicanos, se consolide como el patrón de conducta por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Estamos solicitando su voto para expresar nuestra enérgica condena ante los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero, respecto de la muerte del connacional Jesús Flores Cruz y, al mismo tiempo, exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a insistir ante las autoridades de Estados Unidos de América sobre la realización de investigaciones efectivas que culminen en el deslinde de responsabilidades de estos lamentables sucesos y en este en especial que estamos comentando.

No podemos tolerar acciones que tienen tintes discriminatorios y genocidas.

Solicitamos también que la Cancillería haga lo posible por agotar los instrumentos diplomáticos con que cuenta para que se garanticen los derechos humanos de los migrantes mexicanos a fin de prevenir la reiteración de estos reprobables hechos.

La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, acordó darle puntual seguimiento a esta resolución.

Dentro de lo más profundo del espíritu latinoamericano, seguiremos luchando para que el imperio entienda que no son los dueños del mundo, y que si quieren respeto, primero tienen que otorgarlo para hacer efectiva la máxima juarista: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz”.

Compañeros Senadores, esperamos contar con su voto favorable a este punto de Acuerdo que lastima a nuestra nación y a los migrantes mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Para hablar a favor del dictamen, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero celebro que estemos ya dictaminando este punto de Acuerdo que presenté hace aproximadamente un mes. El 18 de febrero conocimos este caso dramático de un migrante más asesinado a manos de un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.

El agente le disparó porque supuestamente el migrante le arrojó una piedra. Este caso se suma a más de 20 asesinatos similares en los últimos 3 años.

El tema de migrantes sometidos por policías fronterizos y la brutalidad con que está actuando el gobierno de los Estados Unidos, debe alarmarnos y generar una reacción enérgica por parte del gobierno mexicano.

Por lo que en el Senado estamos obligados a levantar la voz; bajo ninguna circunstancia es permisible que se violen los derechos humanos de las personas migrantes, y mucho menos que se atente contra su vida por su simple condición indocumentada.

Esa es justamente la proclama establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la declaración sin distinción de su origen nacional y de ninguna otra condición.

En 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión respecto de la consulta del gobierno mexicano, considerando que es una obligación de los estados respetar y garantizar los derechos fundamentales evitando tomar medidas que trasgredan un derecho fundamental y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

En los últimos doce años, y como lo reconoce el dictamen, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, había expresado oportunamente mediante comunicados su condena por el uso de la fuerza excesiva de agentes de la patrulla fronteriza en contra de migrantes mexicanos.

Lamentamos, de manera profunda que en este caso la Cancillería haya abandonado ese ejercicio de reclamo institucional, ya que no existe un comunicado de la Cancillería respecto al caso del asesinato de Jesús Flores Cruz.

Lo único que se puede encontrar es un posicionamiento de la Embajada de México en Estados Unidos que implica reducirle importancia.

Un día después del asesinato, el 19 de febrero, tuvo lugar la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde participaron los jefes de gobierno de Canadá, Estados Unidos y México.

En ningún momento se incluyó en la agenda ni en los discursos ni en las reuniones bilaterales la condena tan lamentable de un hecho como éste.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, elaborado por el gobierno federal, señala respecto al tema migratorio que la política pública debe atender las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como la inseguridad y los derechos humanos.

También afirma que velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero es un deber central de una política exterior responsable.

Desde el Senado de la República le pedimos al gobierno federal que sea congruente, que cumpla con su obligación y con lo que se ha fijado como metas, eso implica actuar con contundencia para evitar que sigan ocurriendo violaciones evidentes a los derechos humanos de nuestros connacionales.

Y quiero aprovechar el espacio para recordarles lo que este fin de semana que acaba de pasar, escuchamos la voz de legisladores de Venezuela, como la de la Diputada María Corina Machado, con señalamientos que hace mucho no escuchábamos, lamentando la tibieza del gobierno mexicano ante la violencia que vive ese país. Extrañando el papel de México como país hermano ante organismos internacionales como la OEA.

Celebro que en este Senado de la República estemos cumpliendo con nuestra obligación de incidir en la política exterior de nuestro país, y que con dictámenes como el que estamos discutiendo, impulsemos que el gobierno federal haga su trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Para la discusión en este mismo dictamen, se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a sumarme a este dictamen. El tema de los migrantes es un tema altamente sensible para todos los mexicanos, pero más para los de algunos estados de la República Mexicana, por lo que hace a los estados expulsores, y lo que hace a los estados receptores, que somos los estados de la frontera norte, no se diga Baja California.

Quisiera desde aquí alertar a las autoridades federales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Secretaría de Gobernación, porque el Presidente Barack Obama puso en operación un mecanismo ejecutivo llamado “DREAM Act”; esto significa dar una especie de permisividad a las personas, a los jóvenes que hayan ingresado a los Estados Unidos, antes de los 16 años, obviamente de manera indocumentada, y a condición de que registren una serie de requisitos como el ser estudiantes, el no tener antecedentes penales se les permite vivir y estudiar en los Estados Unidos, son los llamados dreamers, los soñadores.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos, por un lado generosas, por otro no, al parecer han estado deportando a los familiares, léase, padres y hermanos de esos dreamers. Y la consecuencia es: de que nos preguntamos, ¿de qué sirve un mecanismo ejecutivo que está respaldando la buena fe, la inocencia de estos jóvenes que fueron llevados por sus padres a los Estados Unidos, que se comportan bien, que tienen un buen carácter moral, de que serviría si les están quitando la parte del sostén financiero? Si es difícil que en un país un estudiante termine sus estudios profesionales con sus padres, imagínense un estudiante en un país ajeno sin sus padres y condicionado a que si no tienes buenas notas te deporto, es prácticamente una trampa de muy mal gusto.

Como consecuencia de esto, los padres y los hermanos de estos dreamers se están presentando en el puerto fronterizo de Otay, en Tijuana, y se están entregando. Esto es algo muy peligroso y es lo que yo quisiera hacer notar, porque una portaestandarte de la migración, la michoacana Elvira Arellano, célebre porque se refugió con su hijo en una iglesia ante la amenaza de ser deportada, entró dentro de esas 150 personas, las tengo contadas, que se entregaron en el puerto de Otay.

A esta mujer, con un niño de cuatro meses en sus brazos nacido en México, la liberaron bajo palabra y esto ha hecho creer que ella ya pasó los filtros y que Estados Unidos relajó su sistema migratorio, y eso es falso.

Es por ello que yo quisiera que las autoridades tomaran nota de quiénes son esos jóvenes dreamers que se han hecho merecedores a esa visa de estudios y que se cree un programa social que les dé becas, que los apoye, porque son mexicanos, aún en el exterior son mexicanos y tienen la necesidad de recursos y están expuestos a situaciones inusuales en un estudiante.

Y por otro lado, también sería conveniente que la Secretaría de Relaciones Exteriores hiciera un censo de estos padres que fueron deportados, que tienen hijos dreamers en los Estados Unidos, y también les puedan dar algún tipo de apoyo para que ellos solventen los estudios de sus hijos en lugar de irse a entregar a los puertos fronterizos de los Estados Unidos.

Simple y sencillamente, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, una segunda deportación son 20 años de cárcel, si la ley se aplica como es, y si esta persona tiene antecedentes penales son 30, 40 o más años de cárcel, es a lo que se exponen.

Quisiera, aprovechando este tipo de Acuerdo que se presenta, hacer este exhorto porque muchas veces nosotros hablamos de los migrantes como héroes nacionales cuando se trata de contabilizar las remesas que envían, cuando se trata de contabilizar en miles de millones los dineros que se envían desde Los Angeles, desde Chicago, desde Nueva York, son héroes. Pero cuando se trata de apoyarlos, en este caso a sus hijos, a los dreamers, que es imposible que un presidente extranjero, como Barack Obama, esté dando el primer paso para que estos jóvenes completen sus estudios, y nosotros, nuestro gobierno, los exponga a este tipo de circunstancias.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.

Habiéndose agotado la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de siete dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al cuarto dictamen.







 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al quinto dictamen.







 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al sexto dictamen.







 

COMISION DEL DISTRITO FEDERAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al séptimo dictamen.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. En primer término, se le concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar los dictámenes a nombre de la comisión.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente, le solicito su consideración, voy a presentar en una sola participación todos los dictámenes que se han puesto a consideración el día de hoy.

Compañeras y compañeros Senadores: Presentamos hoy un grupo de puntos de Acuerdo, trabajo de la Comisión del Distrito Federal, que hay que decirlo, se desarrolla siempre bajo mucha cordialidad y tratando de impulsar los acuerdos.

Como ya se ha descrito aquí, el primer punto que tenemos en el Orden del Día tiene que ver con la preocupación de algunos Senadores de la República, para que en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, pueda haber cada vez más instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad.

Sabemos que esta población es de alrededor de 10 por ciento en el país, y en nuestra ciudad prácticamente todas las líneas del Metro se construyeron, se diseñaron y funcionan sin haber pensado en disposiciones y facilidades para las personas con discapacidad, la única excepción es la línea más reciente, la Línea 12, donde es la única línea totalmente compatible para las personas con discapacidad.

Entonces, la solicitud respetuosa al gobierno de la ciudad es solicitarles información para ver el mantenimiento y adecuación de instalaciones en el Metro que sean de apoyo a las personas con discapacidad.

Tenemos otro punto de Acuerdo, donde se refleja la inquietud de los Senadores por proponer, por estar al pendiente de los programas de movilidad urbana y de transporte público para nuestra ciudad.

Sabemos que es un tema clave en las ciudades, no solo en la zona metropolitana de la ciudad, sino el resto de las zonas metropolitanas, poder tener un programa integral de movilidad y de transporte público, la comisión, bueno, quiere conocer, y la respetuosa petición que se hace al jefe de gobierno, es a que nos informe a esta Soberanía sobre los avances que han tenido estos programas tendientes a garantizar la movilidad urbana y el transporte público, y a fortalecer acciones para disponer de un sistema de movilidad integral en la ciudad, esa es la petición que hacemos.

El tercer punto de Acuerdo que se está poniendo a su consideración, es respecto de las supuestas irregularidades en la Línea 12 del Metro, y aquí quiero dejar claro que tuvimos un acuerdo en la comisión de que vamos a ser muy respetuosos y profesionales en el trabajo que va a hacer la comisión, como en otros temas, sobre el que estamos discutiendo.

Primero que nada, en un ejercicio de responsabilidad, y para que el Senado no caiga en esta dinámica que hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación, de descalificar una obra, la obra de ingeniería, la obra pública más grande que ha tenido este país en los últimos 30 años, en un ejercicio de responsabilidad hay ocho puntos que se aprobaron en la comisión, atendiendo distintos puntos de Acuerdo respecto de información.

Por ejemplo, está solicitando el Senado de la República al Gobierno del Distrito Federal, de manera muy respetuosa, un informe pormenorizado de las fallas, que llevaron a suspender el servicio, es decir, antes de hablar o de calificar la obra se quiere tener información precisa de cuales fueron el origen de las fallas y a partir de que fechas.

Segundo. Conocer el proyecto de la Línea 12 del Metro. Los integrantes de esta comisión quieren conocer todo el desarrollo de esta gran obra, desde su diseño hasta su puesta en operación, que incluya todo el proceso de contratación, de pagos, observaciones y recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en fin, queremos conocer el proyecto integral aquí en el Senado.

Tercero. Se exhorta también respetuosamente a que se tenga información respecto del mantenimiento que se le ha dado a la Línea 12 del Metro así como a los trenes, desde que fue puesta en operación el 30 de octubre de 2012; y también conocer el dictamen, como ya lo mencioné, que motivó la suspensión del servicio.

El cuarto punto es: Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que dé un informe detallado respecto de las acciones de mantenimiento mayor que se le dará a la Línea 12 del Metro, su fecha de contratación, su cronograma de ejecución, y la fecha estimada para reanudar el servicio y los costos que van a tener dichas obras. Es decir, cuál es el plan para poner en marcha otra vez a esta línea.

El quinto punto que se ha aprobado, es conocer y pedirle al jefe de gobierno, exhortando respetuosamente a las autoridades, que gire instrucciones a las autoridades competentes para que se realicen todas las investigaciones conducentes, todas las investigaciones que deban hacerse en este caso, por la suspensión de la Línea 12 del Metro.

El sexto punto es un exhorto a la función pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que nos puedan mandar copia, nos puedan dar información respecto de las auditorías practicadas y los resultados que se han tenido tanto de los fondos locales como de los fondos federales que se utilizaron en esta obra.

Sabemos que ha habido por lo menos diez auditorías, de las cuales son cinco federales y cinco locales, que generaron más de cien observaciones que fueron solventadas de manera oportuna, queremos conocer, tener el archivo en primera mano para conocer este proceso de observaciones.

En séptimo lugar, también es un exhorto para que una vez que se termine el programa para rehabilitar las instalaciones, se garantice y avale en su totalidad el funcionamiento adecuado de la Línea Dorada con plena seguridad de los usuarios del servicio.

En el punto octavo del dictamen en comento, se está sugiriendo una modificación de la redacción que está incluida en el proyecto que hoy fue publicado, por que hay distintas consideraciones de varios Senadores de los distintos partidos donde no queremos poner al Senado de la República en una decisión donde prejuzgue, lo correspondiente que estamos haciendo ahora es solicitar información y pedir que se hagan las investigaciones necesarias.

Por eso el punto octavo que se propone es un exhorto, lo leo textual: Se exhorta al Procurador General de la República a fin de que se inicie una investigación respecto a la posible comisión de delitos en el proyecto de la Línea 12 del Metro, Línea Dorada.

Esa es la propuesta de modificación que le dejo al Presidente para que sea incorporada y sometida a la consideración de las y los legisladores, pero vamos a ser muy responsables en este tema antes de caer en un juego de descalificaciones, lo que necesitamos es información para conocer qué está pasando.

Bueno, continúo con los dictámenes, el siguiente punto a consideración pues es una felicitación al jefe de gobierno por el trabajo que se ha hecho en materia de uso de la bicicleta como medio de transporte en la capital de la República en la última década.

Los números del uso ya famoso sistema ECOBICI, son verdaderamente impresionantes.

En ECOBICI se hacen 5.5 viajes por bicicleta y un promedio de 158 viajes por cada mil habitantes, lo que lo coloca como uno de los cuatro primeros lugares en el mundo, el sistema está ubicado entre los cuatro más usados en el mundo.

Desde su inicio en febrero de 2010, se han registrado 2 millones 200 mil viajes, de los cuales, el 52 por ciento se unió durante 2013, hay inscritos 120 mil usuarios, y hoy la bicicleta ya es parte de lo cotidiano en la ciudad y, por fortuna, conocemos que los planes de ampliación de ECOBICI por parte del gobierno de la ciudad, están en aumento hacia otras colonias.

También piden los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, que se siga expandiendo esta infraestructura, que haya mayor seguridad y que toque a delegaciones como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y otras.

El tercer punto dentro de este dictamen es darle mayor seguridad a los usuarios de la bicicleta, esto es, hacer un exhorto respetuoso para que dentro del reglamento de tránsito metropolitano, haya la obligatoriedad del uso de casco, de luces delanteras y traseras, así como el uso de catadióptricos traseros, laterales y en los pedales, espejo retrovisor y claxon, todo ello buscando la seguridad de los ciclistas en la ciudad.

El quinto dictamen que está a su consideración, tiene que ver con la preocupación que existe respecto de los residuos sólidos en la capital de la República y en la zona metropolitana.

En el Distrito Federal, cada uno de nosotros generamos 1.5 kilogramos de residuos sólidos.

El manejo y disposición de estos residuos cuesta a la ciudad 3 mil millones de pesos al año, y se han hecho una buena cantidad de medidas, la más importante, el cierre del bordo poniente, pero desde el punto de vista de la comisión, se tiene que trabajar de manera permanente en la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos en al ciudad, y es por eso que se pide información respecto del plan estratégico para el manejo integral de residuos sólidos así como de los avances que se tienen en localizar estos predios.

El sexto y penúltimo dictamen que se pone a su consideración, es un exhorto a la Asamblea Legislativa para que dentro de sus facultades considere la reforma al Código Civil, a fin de garantizar a los padres el derecho a la guarda y custodia con total imparcialidad, equidad y sin ninguna forma de discriminación.

Es parte de la agenda de la ciudad, de los derechos de la equidad y creo que viene muy a tono con la agenda liberal y de izquierda que hay en la ciudad.

Y el último punto es una solicitud respetuosa que hace este Senado de la República respecto de los hechos de violencia ocurridos durante la marcha del 2 de octubre de 2013. Ahí la petición es que a través de las autoridades competentes, se investigue qué ocurrió en esta marcha del pasado 2 de octubre.

Son los dictámenes que están a su consideración, que son parte del trabajo que se realiza en la Comisión del Distrito Federal con una activa participación de Senadoras y Senadores de todos los partidos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Delgado Carrillo. Le ruego nada más que pueda suscribir la propuesta, Senador, y solicito a la Secretaría que dé lectura a la misma para ver si se admite a discusión, que es la propuesta que tiene que ver con el tercer dictamen sobre la Línea 12 del Metro.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.Debe decir:

“OCTAVO.- Se exhorta al Procurador General de la República, a fin de que se inicie una investigación respecto a la posible comisión de delitos en el proyecto de la Línea 12 del Metro, Línea Dorada”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Consulte, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño)Yo quisiera poner a consideración de esta Asamblea, otra propuesta, y la propuesta va en el tenor de que me parece que antes de enviárselo al Procurador, tendríamos que solicitar en todo caso que es una competencia de la Auditoría Superior de la Federación, que nos puedan dar los resultados de lo que implican los temas, antes de que se envíe a la Procuraduría.

Me parece que como aquí ya se ha señalado en el debate, no podríamos precisar esa situación.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Blanca Alcalá, le pido sólo que la presente, por escrito, en tanto damos seguimiento a la propuesta presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo.

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño)Apoyando la propuesta de la Senadora Blanca Alcalá en ese sentido, toda vez de que la Procuraduría no puede actuar de oficio sin que medie una denuncia y aquí el Senado lo está planteando, puede presentar una denuncia, en este caso, que sea la Auditoría Superior de la Federación y la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal que les haga primero una investigación para ver si hay la presunción o no de una omisión o de un delito.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Ruego, por favor a la Secretaría que dé lectura al dictamen para que vea los términos en que se planteó y cuál sería la opinión de ustedes.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente, el dictamen dice de la siguiente forma:

“OCTAVO.- Se exhorta al Procurador General de la República, a fin de que se inicie una investigación respecto a la posible comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio indebido del servicio público, todos contenidos en el Código Penal Federal, respecto al proyecto de la Línea 12 del Metro Línea Dorada”.

Y debe decir, que es la propuesta:

“OCTAVO.- Se exhorta al Procurador General de la República, a fin de que se inicie una investigación respecto a la posible comisión de delitos en el proyecto de la Línea 12 del Metro, Línea Dorada”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Consulte, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión, y luego le damos trámite a la propuesta que ha hecho la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente, no se si el proceso legislativo en el desahogo de este asunto lo permitiera, que pudiéramos por unos minutos suspenderlo y poder hablar entre grupos parlamentarios para hacer una propuesta en común.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con todo gusto.

Yo le preguntaría nada más a la comisión y, desde luego al Pleno, si acepta que podamos, inclusive, separar este dictamen y votemos el resto, en virtud de que pueda haber el tiempo necesario para que dialoguen las Senadoras y Senadores.

Por favor, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si está de acuerdo en esta propuesta que hace el Senador Miguel Barbosa.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de separar los temas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En virtud de ello, sacaremos este dictamen y votaremos los seis dictámenes restantes.

Las primeras dos participaciones, la de la Senadora Mariana Gómez del Campo, y del Senador David Monreal, tienen que ver con la Línea 12, y en virtud de que se ha sacado de la agenda ese tema, así lo ha acordado el Pleno.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño)Aprovechar para hablar sobre el resolutivo del punto de Acuerdo sobre la adecuación de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para personas con discapacidad.

- El C. Presidente Aispuro Torres: ¿Qué dictamen es?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño)¡No es el del Metro! Es diferente al que se está discutiendo aquí, es otro dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Si es para un tema diferente al que ya se ha sacado de la agenda, se le concede el uso de la palabra.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo, efectivamente tiene que ver con el Metro de la ciudad, pero no es exclusivo de la Línea 12 del Metro.

Y aquí yo tenía interés de poder decir, primero, que celebro que podamos estar presentando este tipo de puntos de Acuerdo en los que, lo que debemos hacer desde el Senado, entre los diversos exhortos que desde aquí impulsamos, es hacer lo necesario para poder garantizar la accesibilidad de forma paulatina en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Hay que tomar en cuenta que 20 de cada 100 personas con alguna discapacidad del país viven en el Distrito Federal y en el Estado de México. Esto lo pueden consultar y revisar en el INEGI.

Y en el Distrito Federal tenemos la cifra de medio millón de personas con alguna discapacidad que desafortunadamente si deciden utilizar este transporte público, como el Metro, no se cuenta con la infraestructura, no se cuenta con las adecuaciones necesarias, con la accesibilidad para que pueda ser utilizado. Y les pongo algunos ejemplos que nos llaman la atención.

Primero. Si hablamos de placas en Sistema Braille, hay 355 placas en 25 estaciones, si tomamos en cuenta que contamos con 175 estaciones.

Las salvaescaleras, hay 24 plataformas en 6 estaciones.

Hoy en día, una persona con silla de ruedas, no puede hacer uso de las instalaciones del Metro, tiene que ir acompañada por una o dos personas para poderse subir a las diferentes líneas del Metro.

Efectivamente, se hizo un esfuerzo en la Línea 12 del Metro, pero, bueno, hoy contamos solamente con 11 líneas y media en nuestra ciudad.

Yo espero que desde este Senado de la República, impulsemos diversas acciones para poder contar con la accesibilidad que merecen los capitalinos; con la accesibilidad en el transporte público que merecen también todos los que viven en esta zona metropolitana.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, para referirse a reformas al Código Civil para el Distrito Federal.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores:

El día de hoy discutimos un dictamen importante con base a un evidente retrazo en materia de igualdad, de equidad y, por ende, derechos fundamentales.

Actualmente, la diversidad sexual sufre de discriminación.

A pesar de que los derechos fundamentales existen de manera igualitaria en nuestras leyes, la realidad es que el colectivo LGBTTTI, es decir, Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual, sufren de discriminación por el hecho de su orientación sexual y/o identidad sexo-genérica.

Una de las problemáticas discriminatorias que sufre la comunidad LGBTTTI, es que en ocasiones son sujetos a violaciones de sus derechos de paternidad.

Existen casos de separación y/o divorcio en nuestro país, donde los cónyuges pierden la guardia y custodia de sus hijos bajo el argumento de una orientación sexual y/o identidad de género diversa, esto es totalmente discriminatorio, ya que la paternidad es un derecho inalienable a la orientación sexual y es una obligación natural.

Es por ello que la normatividad de nuestro país debe atender las coyunturas sociales actuales para poder dar seguimiento y hacer eficaz lo establecido en nuestra Carta Magna.

Es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el matrimonio es una figura regulada jurídicamente entre las personas, sin distinción de sexo, orientación sexual y/o identidad sexo-genérica.

Es imperante terminar con las violaciones a los derechos de paternidad, derechos de paternidad, óigase bien, de toda la comunidad lésbico gay, y de esta forma garantizar el derecho y la responsabilidad de ejercer la patria potestad, está más allá de la orientación sexual.

En conclusión, el dictamen en sentido positivo al que me refiero, causará un beneficio directo a los ciudadanos que integran la diversidad sexual.

Por lo anteriormente expuesto, me manifiesto a favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Luz María Beristain Navarrete.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, para referirse al dictamen sobre residuos sólidos.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Primero que nada, agradezco mucho a mis compañeros Senadores de la Comisión del Distrito Federal, que tuvieron a bien atender y considerar procedente la solicitud que propuse para que el Gobierno del Distrito Federal informe a esta Soberanía sobre los avances e identificación de posibles sitios para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de México.

El tema de los residuos sólidos municipales es un tema muy interesante y también preocupante.

La generación de dichos residuos en este país alcanza aproximadamente más de 84 mil toneladas diarias, de los cuales, el 15 por ciento de esa cantidad es generada en el Distrito Federal, y solamente superada por el Estado de México, por eso es mi preocupación.

Cuando traje este punto de Acuerdo a esta Soberanía, aun se seguia tirando desechos o basura, comúnmente llamada, en el Bordo Poniente.

Mi preocupación era, que aún que en el 2007, el entonces subdirector de Agua, Saneamiento y Drenaje de la CONAGUA, alertó sobre si se rebasaba el talud de 12 metros a 17 metros de basura en Bordo Poniente, iba a quebrar la estructura hidráulica y por lo pronto, poner en riesgo a los habitantes aledaños de esa zona.

En el 2010 se llegó al acuerdo y se cerró este sitio, pero empezó la clausura a partir del 1º de enero. Entiendo que es difícil repartir más de 12 mil 740 toneladas de basura que genera esta ciudad, en sitios aledaños al Estado de México y a Morelos. Y siguió todavía la primera parte de 2012, casi todo el 2012 recibiendo basura.

Hoy estamos enterados que a partir de 2013, afortunadamente ya no se recibe nada de basura y por eso también felicito al Gobierno del Distrito Federal, por tener esta solución definitiva para esta estructura.

Por lo tanto, quiero decirles que tenemos que continuar con la cultura de separar la basura, independientemente de que la recolección sea común. Y esto es una cultura que debemos de atenderla en todos los estados de la República, porque esto es a favor, en primer lugar, de nosotros mismos, y en segundo lugar, a favor del ambiente.

La basura es mucho dinero. La basura y su reciclaje garantizan el ahorrar o el proteger muchísimos recursos naturales.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Silvia Garza Galván.

En virtud de que no hay más oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban estos seis dictámenes, dejando pendiente el que están las comisiones ahorita proponiendo una redacción.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica…

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Solicito, señor Presidente, que sea votado uno por uno los dictámenes.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría que hagamos la votación.

Votaríamos el primer dictamen, que se refiere a la solicitud al Gobierno del Distrito Federal, a que informe sobre el mantenimiento y adecuación de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, en apoyo a las personas con discapacidad.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen relativo al Sistema de Transporte Colectivo Metro, en relación con las personas con discapacidad. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese el mismo.

Pido que ahora el segundo, que se refiere a la solicitud al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que informe sobre los avances que han tenido los programas tendientes a garantizar la movilidad urbana en el transporte público.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que informe sobre los avances que han tenido los programas tendientes a garantizar la movilidad urbana en el transporte público. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

El tercero, es el relativo a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, el cual se reserva, para que en función del acuerdo que haya, se vote posteriormente.

Pasamos al cuarto punto resolutivo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo por el que el Senado de la República felicita el trabajo del Gobierno del Distrito Federal en materia del uso de la bicicleta como medio de transporte en la capital. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

El siguiente, que se refiere al exhorto del Gobierno del Distrito Federal a informar el avance sobre la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la ciudad de México.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar el avance sobre la identificación de sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la ciudad de México. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

El siguiente, que se refiere al exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, a fin de garantizar a los padres el derecho a la guarda y custodia con total imparcialidad, equidad y sin ninguna forma de discriminación.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la reforma al Código Civil para el Distrito Federal, a fin de garantizar a los padres el derecho a la guarda y custodia con total imparcialidad, equidad y sin ninguna forma de discriminación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

El último de los dictámenes, que se refiere al exhorto al titular del Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar los hechos cometidos por las fuerzas de seguridad federales y locales, suscitados durante la marcha del 2 de octubre de 2013.

Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba este Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar los hechos cometidos por las fuerzas de seguridad federales y locales, suscitados durante la marcha del 2 de octubre de 2013. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Informo a la Asamblea que la comisión ha hecho llegar ya a esta Mesa Directiva, la propuesta de modificación al resolutivo número octavo.

Por lo cual, solicito a la Secretaría dé lectura al mismo, y consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite para su discusión.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al resolutivo.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba. Ahorita ya fue el dictamen en su conjunto, con la modificación que hemos realizado.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente, con el objeto de hablar sobre esta modificación a este resolutivo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está a discusión. Tiene el uso de la palabra.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

Bueno, primero dejar claro que si se hizo una petición expresa a la Procuraduría General de la República, concretamente en el caso de la Línea 12 del Metro. Estamos basándonos por supuesto en diversas leyes, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, primero y, segundo, también en el Código Penal Federal.

Me queda claro y hemos sido insistentes, y yo celebro que estemos en este momento discutiendo ya, hablando sobre la Línea 12 del Metro, que espero, además, se pueda dar un rico debate, porque pareciera que algunos compañeros Senadores no quisieran hablar del tema, pareciera que algunos compañeros Senadores tienen temor de que discutamos aquí el qué fue lo que pasó con la Línea 12 del Metro.

Las irregularidades que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, y digo a través de los medios de comunicación, porque desafortunadamente no contamos con la información.

Me parece increíble escuchar aquí al presidente de la Comisión del Distrito Federal y escucharlo decir, a través de uno de los resolutivos del punto de Acuerdo, que vamos a solicitar información sobre la Línea 12 del Metro, sobre en qué consiste la Línea 12 del Metro, cómo está la Línea 12 del Metro.

Esa información considero que la debiéramos haber tenido desde hace mucho tiempo y que debimos haber puesto atención a puntos de Acuerdo que estaban ya en la Comisión del Distrito Federal.

Yo quiero seguir insistiendo en la necesidad de que para este tema podamos hacer uso de nuestras instituciones.

Y yo he reiterado ya en diversas ocasiones, que las instituciones que deben involucrarse sean las instituciones a nivel federal. Por eso la petición a la Auditoría Superior de la Federación; por eso la petición a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, porque en el Distrito Federal desafortunadamente las instituciones son juez y parte.

Tenemos a una contraloría que depende del Jefe de Gobierno y que nombra el Jefe de Gobierno.

Tenemos también un Procurador de Justicia del Distrito Federal que depende del Jefe de Gobierno y que nombra el Jefe de Gobierno.

Y tenemos también a la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa que hace auditorías a conveniencia, que hace auditorías en estas delegaciones sí, en estas delegaciones no, dependiendo de la tribu que gobierne en cada una de ellas.

Yo sí quiero pedir aquí y en esta modificación que están haciendo al resolutivo, que no dejemos fuera a la Procuraduría General de la República, que tiene sustento jurídico.

Y quiero leer la carta que hicimos llegar la Senadora Pilar Ortega y la de la voz, solamente con la parte de los fundamentos.

“Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público deberá ser perseguida y sancionada de acuerdo a la legislación penal, solicitamos al Procurador que en términos del artículo 4o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se inicie una investigación respecto a la licitación, elaboración y ejecución del proyecto de la Línea 12 del Metro. Así como las pesquisas necesarias que lleven a determinar a los servidores públicos responsables del Gobierno del Distrito Federal, que incurrieron en la comisión de los probables delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio indebido de servicio público, todos contenidos en el Código Penal Federal”.

Estamos hablando de los artículos 214, 217 y 220.

Lo único que queremos es que el Procurador General de la República emprenda cuanto antes las investigaciones necesarias que permitan sancionar a quienes, derivado de sus actuaciones, han afectado gravemente el patrimonio del Distrito Federal y de los contribuyentes.

Bajo ninguna circunstancia pueden permitirse tales agravios en contra de los capitalinos.

Y yo le solicitaría además al Presidente de esta Mesa Directiva, si pudiera la Secretaría dar lectura al resolutivo que aprobamos en comisiones.

Por favor, señor Presidente, si pudiera hacer caso a esta petición.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que dé lectura a dicho resolutivo.

Y nada más le comento que el tiempo se ha agotado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura.

OCTAVO.- Se exhorta al Procurador General de la República, a fin de que se inicie una investigación de oficio respecto a la posible comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y ejercicio indebido de servicio público, todos contenidos en el Código Penal Federal, respecto al proyecto de la Línea 12 del Metro, Línea Dorada.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, Secretaria. Solamente con esto y cierro, señor Presidente, quiero dejar claro que lo único que estamos buscando es transparencia, rendición de cuentas y que los servidores públicos que hicieron mal su trabajo, paguen por ello.

Que dejen de echarse la bolita el anterior Jefe de Gobierno y el actual Jefe de Gobierno.

Los capitalinos, por ser además la obra más importante en esta ciudad en los últimos años, queremos una respuesta puntual.

Hoy se están viendo afectadas 450 mil personas que no tienen una respuesta por parte del gobierno capitalino.

Exigimos transparencia, exigimos al PRD, tal y como lo piden para otros temas y toman la tribuna, exigimos exactamente el mismo trato. No sean tapadera de su propio gobierno.

Es cuanto.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño)Para alusiones personales, por favor, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: No se mencionó.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Sí, con nombre y apellido.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le conceda el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para alusiones.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

Es muy sencillo lo que estamos debatiendo aquí. O hacemos un trabajo serio o convertimos esto en un circo.

Y según lo que acordamos en la Comisión del Distrito Federal, fue hacer un trabajo serio. Pedir información.

Por supuesto que estamos de acuerdo con la transparencia y la rendición de cuentas, pues hay ocho puntos donde se pide desde el proyecto integral hasta los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, porque ya basta de decir que es un proyecto que no ha sido auditado.

Hay cinco auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación que no controla ni de cerca el gobierno de la ciudad. Además de las auditorías que ha hecho la Contaduría Mayor, que controla la Asamblea Legislativa, donde por cierto hay Diputados y Diputadas que yo respeto mucho de Acción Nacional, y que comparten la supervisión de este trabajo. Y además, hubo observaciones por parte de la Auditoría Superior, mismas que fueron subsanadas y que no llegaron a convertirse en irregularidades, pero por eso se está pidiendo tener aquí esa información para que la podamos verificar.

Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo en que se solicite información; se comenta aquí que hay irregularidades que se han conocido a través de los medios, porque no hemos tenido información, pues precisamente, por eso estamos pidiendo información el día de hoy.

Y de ninguna manera se deja fuera a la PGR, como se ha mencionado; que participe la PGR, pero todos sabemos cuál es el procedimiento en este caso, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades, así lo sanciona, y concluye que puede dar lugar a la comisión de delitos, entonces, sí se tiene que dar vista a la PGR, la cual tiene que ejercer acción penal.

Es el caso, por ejemplo, de Oceanografía, que aquí podríamos convertirnos de una vez en jueces y dictaminar una enorme corrupción y demás, porque en ese caso sí hay, observaciones de la Auditoría Superior donde la PGR no ejerció la acción penal. Son casos muy distintos.

Lo que yo he dicho, es que hagamos con mucha seriedad este proceso, porque a veces se piensa que se daña al gobierno de la ciudad, no se daña con esta descalificación a las empresas mexicanas, a la industria de la construcción, a la ingeniería nacional que fue quien desarrolló esta obra, y quienes donde participaron varias instituciones internacionales e incluso instituciones como la UNAM o el Politécnico Nacional.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Me permite un momento Senador Mario Delgado.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Para preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Señor orador, ¿acepta una pregunta de la Senadora Mariana Gómez del Campo?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Sí, adelante.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo: (Desde su escaño) Muchas gracias. Senador, solamente para decirle, ahorita usted menciona el tema de Oceanografía, a mí sí me gustaría, y por la importancia de este asunto, si estaría dispuesto el PRD, y usted como presidente de la Comisión del Distrito Federal, a que pudiéramos conformar una comisión exclusiva para la Línea 12 del Metro, tomando en cuenta que la participación federal asciende a los 12,500 millones de pesos.

Sería todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo.

Adelante, Senador Mario Delgado, tiene el uso de la palabra para dar respuesta.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Usted como Senadora de la República conoce perfectamente el procedimiento, esas comisiones las determina el Pleno.

Continuando, y quisiera, por último, terminar recordando las palabras que hizo el presidente Calderón en la inauguración de la Línea 12 del Metro, donde decía:

“...Hay que felicitar, me sumo a las y a los ciudadanos que lo hicieron posible a las y a los ingenieros, a los arquitectos, urbanistas, a los topógrafos, a los soldadores, a los electricistas, a los trabajadores, a todo el personal que durante 3 años estuvo involucrado plenamente en la construcción del trazo más largo del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, una longitud de 25 kilómetros, y que ha superado con solvencia y con eficacia todos los retos que se le presentaron.

Es evidente que el Sistema del Metro de la ciudad de México, y en particular esta Línea 12, la Línea Dorada, es una obra de ingeniería que compite con las mejores del mundo...”.

Es decir, queremos conocer qué pasa, queremos conocer por qué se suspendió el servicio, y esa información además del trabajo que ha hecho la Auditoría Superior en esta obra, es lo que se está solicitando.

Es amplio el menú de información que se está pidiendo, y que es lo que se pide a esta Soberanía aprobar el día de hoy.

Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mario Delgado.

Informo a la Asamblea que esteán inscritos los Senadores David Monreal Avila, Dolores Padierna Luna, y Pablo Escudero Morales.

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Me registro para rectificación de hechos, y quiero hacer nada más una precisión para aclarar a la Asamblea, no me tardo nada, y mi amigo el Senador David Monreal, siempre es muy generoso con nosotros.

Es verdad que en la Comisión del Distrito Federal votamos otra cosa, en ese momento así lo creímos conveniente los Senadores que integramos esa comisión; después de pláticas con algunos compañeros Senadores, nos han hecho ver que a lo mejor lo que conviene es esperar a tener toda la información, poderla revisar, y luego acudir a la Procuraduría General de la República, me parece que la petición es sensata, estamos de acuerdo en acompañarlos así, y lo que sí, es que pedimos también la intervención de nuestros compañeros para que de manera inmediata nos hagan llegar toda la información que necesitemos para que una vez, después de haber estudiado cada uno de los documentos en un tema tan delicado que afecta a más de 450,000 ciudadanos del D.F., nos podamos pronunciar. Pero sí necesitamos la información, estudiarla, leerla y luego nos pronunciamos.

Es cuanto, y esta sería la postura por parte del Partido Verde.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pablo Escudero.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila, para el mismo asunto.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente.

El Sistema de Transporte Colectivo, Metro, es el medio de transporte que permite el buen funcionamiento de la ciudad de México, es decir, es la columna vertebral para la movilidad de los capitalinos.

Tan solo en el año 2012, el Metro transportó a 1,608 millones 865,177 usuarios diariamente. Dicha cifra refleja la magnitud de este medio de transporte. El Metro para los capitalinos es de suma importancia, ya que se ha caracterizado por ser un medio económico, eficaz y amigable con el medio ambiente.

Por tal razón, la pasada administración del Distrito Federal, en septiembre de 2008 puso en marcha las obras de la Línea 12 del Metro con una inversión de más de 24,000 millones de pesos; se inauguró el día 30 de octubre de 2012, y arrancó su funcionamiento con 21 trenes, y 20 estaciones a lo largo de 26 kilómetros.

Sin embargo, el día 12 de marzo del presente año, sorpresivamente el Gobierno del Distrito Federal anunció el cierre parcial de la llamada Línea Dorada. Este paro de actividades será de al menos 6 meses en 11 de sus 20 estaciones, a causa de graves fallas en su operación, y así poder corregir el daño estructural prematuro a las vías férreas, las cuales corren de Culhuacán a Tláhuac, y una vez más se pone de manifiesto las enormes carencias y dificultades que tiene el Estado mexicano para hacer correctamente las obras públicas en términos de costos, tiempos, calidad y eficiencia.

También se ha vuelto a evidenciar que al Estado se le dificulta comunicarle a la sociedad su responsabilidad ante dichos malestares, ya que esto ha hecho entrar a una confrontación de dimes y diretes al consorcio constructor ICA, CARSO y ALSTOM con el gobierno de la ciudad de México.

El cierre de la Línea 12 dejó de la noche a la mañana a casi 200,000 personas sin acceso a un medio eficaz, que le ahorraba la mitad del tiempo en su traslado.

Hoy en día trasladarse del oriente de la ciudad hasta el centro, toma dos horas para los habitantes del sur de Iztapalapa y el poniente de Tláhuac.

El cierre de la línea se ha traducido en un deterioro súbito de su calidad de vida. La Línea 12 del Metro ha generado un enorme problema para la calidad de vida de cientos de miles de personas al tiempo de dañar seriamente la credibilidad del gobierno capitalino, que hace apenas unos meses a cambio de una mayor tarifa prometió un mejor servicio, pasando así de 3 pesos a 5 el costo de cada viaje bajo el auspicio de que la mayoría de los usuarios estaban a favor del incremento.

Paradójicamente no existió transparencia por parte del gobierno capitalino durante la aplicación de la llamada encuesta para esta medida. La realidad muestra que existe un cabal descontento por parte de los usuarios hacia el incremento del costo del boleto del Metro; reflejo de esto lo encontramos con las constantes manifestaciones que se han suscitado en el centro de la ciudad de México y que han sido objeto de represión por parte de la policía capitalina.

El gobierno del Distrito Federal está obligado a rendir cuentas y dar transparencia a este problema junto con el gobierno federal, que co-financió la inversión de la Línea 12 del Metro. Se trata de una enorme obra, cuyos problemas afectan a miles de personas en la capital; sin embargo, lo acontecido con la Línea 12 no es cualitativamente distinto de lo que ocurre en otras obras públicas.

Estoy completamente convencido que la rendición de cuentas fortalece la democracia, por ende, estoy a favor del dictamen ya que por medio de él, el Gobierno del Distrito Federal informará a esta Soberanía del origen de las fallas de la Línea 12 del Metro, así como el informe del proyecto en cuestión y el mantenimiento que ha tenido en estos pocos meses de operación.

Además permitirá determinar responsabilidades a los funcionarios públicos que hayan cometido fallas u omisiones y que deban de responder frente a las autoridades correspondientes. Este será seguramente un buen momento para la rendición de cuentas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

La transparencia y la rendición de cuentas deben ser la divisa de cualquier gobierno, sin importar distingo ideológico, más aún cuando hablamos de un gobierno democrático, progresista, de izquierda, como el que nos enorgullece tener en la ciudad de México.

En esta perspectiva y con toda responsabilidad, debemos asumir el tema de la Línea 12 del Metro, hoy suspendida en su servicio en once estaciones por un plazo, según ha dicho el director del Metro, de alrededor de seis meses. Lo más importante es que a la brevedad vuelva a darse el servicio a sus usuarios.

Lo primero que demanda el asunto, es que el gobierno capitalino y las empresas involucradas en la construcción entreguen la información técnica, clara, precisa, oportuna sobre la situación que guarda la Línea 12 del Metro.

El hecho de haber tomado la determinación de suspender el servicio debió partir de un diagnóstico integral por parte de las autoridades capitalinas. Este diagnóstico debiese estar a disposición de la opinión pública y, obviamente, de los representantes populares, incluido el Senado de la República.

El gobierno de la ciudad ha informado que tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los usuarios y nadie puede poner en cuestionamiento que lo primero que debe de salvaguardarse es la seguridad de los usuarios. Sin embargo, salta a la vista que hay visiones y versiones divergentes entre los directamente responsables, gobiernos, empresas, sobre el origen del problema, las responsabilidades, la forma y los tiempos para resolverlo.

Esto es público, está en diversos medios de comunicación; por eso insistimos, debemos poner por delante la información técnica, la claridad, la transparencia. Es necesario cerrarle el paso a la especulación, a la mala fe, a las malas intenciones contra la izquierda y contra el golpeteo mediático, y sólo los informes técnicos, los diagnósticos permitirán deslindar responsabilidades y tener claridad sobre las soluciones para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de la Línea 12 del Metro.

Desde el PRD estamos comprometidos en esta ruta, el interés público está por encima de cualquier cálculo o interés político específico. La ciudadanía merece claridad en un tema de gran relevancia para la capital del país; los recursos públicos y la seguridad de la ciudadanía son, primero que nada, la prioridad para nosotros.

En su momento se deberán deslindar responsabilidades y se deberá actuar en consecuencia, pero no podemos prejuzgar, aquí no caben impunidades ni omisiones, pero tampoco la elucubración, la irresponsabilidad y la actuación por fobias, como aparece en la solicitud. Trabajemos de la mano con las autoridades locales.

El organo legislativo de la ciudad está haciendo lo propio; nuestro partido, el PRD, gobierna con la legitimidad y la fuerza que le brindan el respaldo mayoritario de la ciudadanía capitalina en los destinos de la capital del país. Nunca nos prestaremos al linchamiento mediático y a la especulación sin fundamentos ni al uso de las instituciones con fines políticos.

Siempre hemos actuado con transparencia, con responsabilidad, con congruencia a favor del interés de la ciudad y de sus habitantes, y esta ocasión no será la excepción.

El punto de Acuerdo que está sometido a su consideración no prejuzga, pide que la información se solicite a la instancia correspondiente que investigue, y sólo en caso de encontrarse irregularidades, se pedirá a las instancias de sanción que actúen en consecuencia.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen con la modificación que se ha presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen con la modificación aceptada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Solamente corregir. Se aprobó la modificación que se hizo, ahora vamos a la discusión del dictamen, por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se aprobó el dictamen con la modificación que el Pleno…

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Lo que habían sometido a consideración es la modificación. Yo solicito, y pedí el uso de la palabra para hablar por el dictamen como tal.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Estaba a discusión el dictamen, por eso ahorita usted hizo uso de la palabra cuando estaba precisamente a discusión. O sea, en el momento que yo le doy la palabra es cuando se somete a discusión.

Si tiene usted duda, tenemos la versión estenográfica del trámite que se le dio y obviamente que se abrió a discusión y no hay ninguna duda de ello.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente, usted presentó los siete dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, se votó uno a uno, se deja fuera el de la Línea 12 del Metro y se sometió a consideración esa modificación que se le hizo a un resolutivo, no se hablaba de todo el dictamen.

Yo solicito el uso de la palabra para hablar sobre el dictamen, como tal, el de la Línea 12 del Metro, independientemente del resolutivo que se sometió a consideración.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, le informo que el dictamen fue votado ya con la modificación; o sea, lo sometimos a consideración del Pleno, el trámite ya se agotó, fue dado el trámite conforme al Reglamento.

Si, Senadora Blanca Alcalá, ¿para que asunto?

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Sobre este mismo tema, señor Presidente. Efectivamente se había descartado la votación de este dictamen por la modificación que propuse, modificación que acabamos de votar, tiene razón, me parece que la Senadora Gómez del Campo que lo que pretende es continuar con la discusión del dictamen y poder agotar en este sentido lo que estamos conversando.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Mario Delgado, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) A ver, el Presidente del Senado sometió a votación la redacción que se propuso de manera conjunta y se votó, y posteriormente pasamos a la discusión del dictamen, que es lo que acaba de ser votado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Perdón, ¿cuál fue la propuesta? no escuché bien.

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Que es un trámite agotado, se votó el dictamen, fue lo que estábamos discutiendo porque ya se había votado la redacción que había sido propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) No recuerdo las palabras textuales de la Secretaria de la Mesa Directiva, pero más o menos dijo lo siguiente: Que sometía en votación económica el dictamen con la modificación aprobada, y así fue como votamos. Nada más.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Señor Presidente, yo solamente pido respeto, porque así no fueron las cosas, el dictamen que estamos discutiendo, de entrada tiene ocho resolutivos, el resolutivo que usted dijo que empezaríamos a discutir fue exclusivamente el que tenía que ver con la Procuraduría General de la República. Yo le pido, señor Presidente, que podamos ser serios en nuestro trabajo, que podamos dar lectura a cada uno de los resolutivos y, por supuesto, que se pueda abrir al debate, es lo único que estamos solicitando, esa discusión fue exclusiva de un resolutivo, el que tiene que ver con la Procuraduría General de la República. Pido un debate serio, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, le informo que sometimos a la consideración si se admitía a discusión, se admitió y posteriormente consultamos a la Asamblea si aprobaba el dictamen con la modificación que el propio Pleno había hecho.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Entonces yo solicito, señor Presidente, que se respete, yo estaba registrada para hablar a favor del dictamen, y solamente me dieron la palabra para hablar a favor, o para discutir el punto que sometió aquí a consideración la Senadora Blanca Alcalá.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora, el procedimiento se hizo conforme al Reglamento, se le consultó al Pleno, y el Pleno fue el que dijo que aprobaba dicho dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá.

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Señor Presidente, me parece que sería una solicitud respetuosa si nuestros compañeros del grupo del PRD no tienen inconveniente que se reponga el procedimiento en cuanto al debate del dictamen, y con ello no generaría un mayor conflicto que simplemente escuchar las posiciones que sobre el tema tengan los grupos aquí representados.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza Chávez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Señor Presidente, en este tema, yo creo que es muy claro el Reglamento, habría que leerle a la compañera la parte del Reglamento que dice cómo se discuten estas producciones que estamos viendo, cómo se abrió el debate, cómo subió a la tribuna, cómo argumentó, cómo pidió que le leyeran la parte inicial del documento, y que ahora se abrió el debate y se discutieron, hubo tres oradores, hubo alusiones personales, y este asunto ya está totalmente concluido.

Yo solo le pediría que le haga saber que este punto se ha concluido, y que reiniciemos con la discusión.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, en aras de que hay varias propuestas.

Senador Francisco Domínguez, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Para lo mismo, señor Presidente, yo creo que en la voz de la Senadora Mariana Gómez del Campo, y ahora de la Senadora del PRI, Blanca Alcalá, pudiera reponerse el proceso.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sí, por eso voy a pedir que se consulte a la Asamblea para que no haya ninguna duda de lo que está aprobando este Pleno, y desde luego para que pueda mantenerse la comunicación, la armonía en este Pleno, en este Senado. Así es que, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, si autoriza a que esta parte del procedimiento se vuelva nuevamente a discutir.

Sonido en escaño del Senador Mario Delgado Carrillo, ¿para que asunto?

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Antes, señor Presidente, de que consulte a la Asamblea, quisiera pedirle atentamente que la Secretaría pueda dar lectura a la versión estenográfica de cuando se refirió a qué es lo que íbamos a votar, lo último que votó este Pleno. Por favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Nada más le informo que no se tiene en este momento la versión estenográfica, en virtud de que habría que esperar unos momentos para que se tenga la misma, o se podría desde luego hacer eso, pero técnicamente es imposible que se tenga al instante, por eso estamos pidiendo al Pleno nuevamente que sea el que decida si se abre la discusión, el análisis sobre este punto, concretamente.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Sin duda que el propósito de abrir el debate es para crear aquí una controversia, y no porque nosotros estemos negados a controvertir, ese es el propósito, decir con todo respeto a la Mesa Directiva que la normatividad no se somete a la consulta de la Asamblea, la Asamblea se rige por la normatividad.

Pero yo muy respetuoso de la Mesa Directiva, acepto lo que usted proponga, señor Presidente, como una muestra de civilidad en el trato, pero sin duda advertimos cual es el propósito. De verdad yo pediría también a todas y a todos un nivel de equilibrio, qué ganamos con abrir aquí los señalamientos y las acusaciones cruzadas, pregunto, ¿qué ganamos? De verdad, es un asunto que ya está así, yo agradezco la disposición de la Senadora Mariana Gómez del Campo, porque ella tuvo la anuencia de hablar conmigo de cómo darle una salida de redacción a este punto de Acuerdo, en que momento se perdió el comentario, la ruta que habíamos trazado, personalmente la Senadora Mariana Gómez del Campo y su servidor, no sé en que momento pasó esto, pero desde luego el trámite está terminado, pero yo respetuoso acepto la salida que le dan, pero indudablemente la veo innecesaria porque de aquí no vamos a sacar nada, solamente intentar posiciones mediáticas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Agradezco la prudencia y la consideración del Senador Miguel Barbosa Huerta, indudablemente para esta Mesa Directiva no hay duda de que el trámite parlamentario que se le dio, es el que está apegado al Reglamento, pero en aras, reitero, de mantener esta comunicación, la voluntad de construir acuerdos, es que se consulta a la Asamblea, si autoriza que se pueda discutir nuevamente solo esta parte, donde quedó la duda para que el acuerdo que se tome aquí en el Senado quede totalmente claro, y nadie considere que no se le dio el objetivo, o que no se le dio también el derecho de poder opinar.

Consulte la Secretaría a la Asamblea.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se reponga esta parte del procedimiento y se vuelva a discutir. Quienes estén porque nuevamente se discuta, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se discuta, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se autoriza el que se vuelva a discutir, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Yo lo único que pido es que seamos serios en el trabajo parlamentario, en ningún momento se busca violentar la normatividad, pero sí dejar claro que aquí se dijo que se votaría un resolutivo y de repente nos sorprenden con ocho resolutivos a los que ni siquiera se había dado lectura para someterlos a consideración de esta Asamblea.

Qué bueno, gracias por permitirme tomar el uso de la palabra para hablar sobre este tema, y sí ser clara también con el coordinador del PRD en este Senado, por supuesto que encontramos una ruta para desahogar estos puntos de Acuerdo, pero encontrar una ruta no significa callar ante lo que está ocurriendo en la ciudad con respecto a la Línea 12 del Metro.

Me queda claro también que vamos a seguir discutiendo este tema, hay mucho qué decir sobre este tema, y yo sí quiero solamente hacer hincapié a un punto que nos inquieta a los Senadores de Acción Nacional, primero, quién va a resarcir las horas hombre perdidas a los trabajadores y a los estudiantes que hoy no están llegando a tiempo a su destino.

Y, sobre todo, no tienen el recurso si no logran subirse a unos de los 300 camiones que dispuso el gobierno de la ciudad, no cuentan con el recurso para poder llegar a su destino.

Y hablando también sobre la tarjeta electrónica, en qué tarjeta electrónica, yo me preguntaría, le van a reembolsar las tres a cinco horas perdidas al día en el tránsito a los vecinos de la Delegación Tláhuac.

Y quién va a pagar este daño millonario a la imagen de la ciudad de México, son muchos cuestionamientos los que nos hacemos hoy. Yo quiero hablarles solamente sobre el sobrecosto que equivale a los 7 mil millones de pesos y quiero equipararlo y compartirles a ustedes que pudo esto haber alcanzado para construir 16 hospitales como el hospital general de Tláhuac, hubiera alcanzado para construir casi dos segundos pisos como el de periférico que, por cierto, aquí se habla de transparencia, se habla de rendición de cuentas, y yo quiero decirles que hoy en día todavía no conocemos la información, porque está reservada sobre los segundos pisos; y por último, también hubiera permitido pagar por dos años el programa de apoyo a madres solteras y un año y medio del programa de apoyo a adultos mayores a más de 350 mil personas.

Yo espero que podamos tener un debate más adelante en este Senado sobre la Línea 12 del Metro, y si tanto nos inquieta, también muchos otros temas de posible corrupción, la posibilidad también de tener aquí una comisión que se encargue de investigar lo que está ocurriendo en línea 12 del metro.

Es cuanto, y gracias por darme el uso de la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

No habiendo más oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba este dictamen con la modificación que el propio Pleno autorizó en su momento.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba este dictamen con la modificación aprobada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea de la comunicación que nos remite la Honorable Cámara de Diputados.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la comunicación de la Colegisladora.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos tercero y cuarto de los artículos transitorios del Artículo Primero del Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en el Orden de Día, se turnaran directamente a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La que suscribe, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La urgencia o emergencia obstétrica se define como aquel estado de salud que pone en peligro la vida de la mujer y/o al producto y que además requiere de atención médica y/o quirúrgica de manera inmediata.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente a nivel mundial de 15 a 20 por ciento de los embarazos puede complicarse aún sin causa aparente, favoreciendo una emergencia obstétrica.

A pesar de los esfuerzos realizados desde la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo (1987), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que las tasas de mortalidad materna continúan siendo inaceptables en un número importante de países (Ramson, 2002), por ello existe un renovado interés mundial en disminuir este tipo de mortalidad. En septiembre de 2002 los miembros de la ONU adoptaron la Declaración del Milenio; el gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales el número 5 establece la meta de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990.

La Organización mundial de la Salud (WHO, 2004ª; WHO, 2004b) ha centrado su estrategia para abatir la mortalidad materna en la atención universal del embarazo, parto y post-parto por personal profesional o calificado, considerando como tal a médicos ginecobstetras, médicos generales, parteras profesionales y enfermeras obstetras, excluyendo a las parteras tradicionales que son las mujeres que atienden partos en la comunidad, que son independientes del sistema de salud y no han sido entrenadas formalmente. Se argumenta que la atención profesionalizada del parto asegurará la detección y tratamiento oportuno de las emergencias obstétricas, tanto en el primero como en el segundo nivel de atención. Este enfoque considera que todas las mujeres embarazadas pueden presentar una complicación, lo cual ha llevado a modificar la propuesta de atención y obliga a disponer de dos estrategias: una privilegia el cuidado profesional del parto, y otra que pone énfasis en la atención obstétrica de emergencia (AOE) para evitar la muerte materna. Ambas propuestas están siendo impulsadas por dos instancias internacionales involucradas en la promoción de una maternidad segura (Freyermuth 2004).

Con fecha 28 de mayo del 2009 se contempló en un convenio general de colaboración firmado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios Sociales al Servicio del Estado, avanzar a la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud (I). Dicho convenio específica en los siguientes párrafos la fundamentación para establecerlo:

III. La mortalidad materna, constituye un grave problema de salud pública, frente al cual México se ha comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducirla en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. Actualmente, estas acciones se llevan a cabo sin una efectiva coordinación entre las distintas instituciones públicas de salud y con un financiamiento dispar.

IV. En congruencia con lo que establecen los artículos 6, fracción I, 7, fracción X y 33, fracción II, de la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud las coordinación del Sistema Nacional de Salud, el cual tiene entre sus objetivos primordiales proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, así como promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud, a fin de mejorar la prestación de sus servicios a través de la atención médica, con la finalidad de efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno a los pacientes.

V. De conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud y los artículos 71 a 75, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los establecimientos que brinden servicios de atención médica, están obligados a tomar las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido a otra unidad médica con el fin de preservar la vida y la integridad física de las personas, sin restricciones de ningún tipo.

VI. Con fecha 14 de marzo de 2003, las partes suscribieron el Convenio General de Colaboración Interinstitucional en materia de prestación de servicios de salud, el cual tiene por objeto establecer las bases, términos y condiciones que regirán a las partes para el mejor aprovechamiento de su infraestructura de salud, a fin de lograr la óptima operación interinstitucional en beneficio de los usuarios o derechohabientes de las mismas, bajo criterios de calidad, equidad, eficiencia y protección financiera a efecto de incrementar la cobertura de sus servicios.

VII. Con fecha 2 de octubre de 2001, celebraron un Memorando de Entendimiento para la Optimización del Sistema Nacional de Salud, en virtud del cual se comprometieron a desarrollar las acciones necesarias para facilitar la colaboración entre ellas, mediante la planeación conjunta, la participación de recursos humanos, el aprovechamiento de instalaciones, el uso de recursos técnicos y tecnológicos, así como la prestación coordinada de servicios, a efecto de garantizar y facilitar el acceso a los servicios médicos que prestan o sus derechohabientes o usuarios.

No obstante lo anterior, el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias que signan este convenio no se ha concretado por lo que es necesario agilizar la atención de las emergencias obstétricas con la Coordinación de todas las instituciones de salud para evitar y abatir la mortalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en materia de emergencias obstétricas, para quedar como sigue:

Artículo 89:

I…

II…

III…

IV…

V. Prestarán atención expedita con criterios de calidad, eficacia y resolutividad a las mujeres en periodo de gestación que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o por la referencia de otra unidad médica, independientemente de su derecho habiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

TRANSITORIO

PRIMERO.- La presente iniciativa se ceñirá al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de marzo de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.





 

PROPUESTAS

De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de las entidades federativas a realizar convenios con las instancias adecuadas que garanticen a los indígenas un acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.







 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, que contiene punto de Acuerdo por el Senado expresa su solidaridad con la Diputada María Corina Machado y se exhorta al Ejecutivo Federal a asumir una posición firme en contra de la reiterada violación de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo de Venezuela. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA DIPUTADA MARIA CORINA MACHADO Y SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ASUMIR UNA POSICION FIRME EN CONTRA DE LA REITERADA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES DEL PUEBLO DE VENEZUELA.

“Mónica T. Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, por el Partido Nueva Alianza, y con fundamento en los artículos 8, numeral 1 fracción II; 76, numeral 1; fracción IX; 87 numeral 5; 95, numeral 1; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta, con pleno reconocimiento y respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, a respetar las libertades civiles,los derechos humanos y los valores democráticos, privilegiando en todo momento el dialogo en la resolución de los conflictos y diferencias que han dado lugar a las movilizaciones sociales a partir del mes de febrero del presente año; expresa su solidaridad con la Diputada María Corina Machado y se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de la secretaria de relaciones exteriores, asuma una posición firme en contra de la reiterada violación de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo de Venezuela:

Exposición de Motivos

El día jueves 20 de febrero de 2014, se presentaron en este recinto de la LXII Legislatura una serie de pronunciamientos de los grupos parlamentarios que la conforman, relativos a los sucesos ocurridos en la República de Venezuela.

Los eventos que originaron esa reacción de hermandad y solidaridad continúan hasta la fecha, obligándonos a retomar el asunto para buscar una solución inmediata, y darle una efectiva atención y colaboración a los conflictos que enfrentan nuestros hermanos venezolanos.

El Estado Mexicano, explícitamente republicano y democrático, pionero en una constitución de corte social, congruente con el espíritu democrático y garantista de nuestro texto constitucional, estamos obligados a manifestar un firme pronunciamiento sobre la terrible situación que viven.

Como un país en el que se ha dado una incesante lucha por la libertad de expresión y de la protección de las libertades civiles, estamos obligados, a emitir posturas de rechazo a toda violación, nacional o internacional, en contra de los derechos de las y los ciudadanos.

Toda forma de violencia e intolerancia que amenace o ponga en riesgo la democracia y sus instituciones, como lo han señalado ya los países que conforman el bloque MERCOSUR, debe ser reprobado con extrema determinación.

El mismo gobierno venezolano ha emitido comunicaciones donde establece la necesidad de resolver todos los problemas por medio del diálogo, las instituciones democráticas y el principio de derecho, por lo que convocamos a que sus actos en contra de las actuales manifestaciones sean congruentes con sus pronunciamientos.

Calificar o juzgar los actos del gobierno de Venezuela, no es una atribución que nos abroguemos, resolver y deslindar las responsabilidades sobre los actos de las autoridades y fuerzas del orden del gobierno de Venezuela corresponde a los tribunales y autoridades competentes de esa nación; sin embargo, la defensa de los derechos fundamentales de las personas, cimiento de toda convivencia social armónica y pacífica, sin duda, es una responsabilidad de la cual no nos podemos deslindar, aún en materia internacional.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha admitido que han existido excesos policiales en el marco de las protestas que se desarrollan en el país desde hace más de un mes contra el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

"En el tema de la violación a los derechos humanos, sí ha habido excesos policiales…”, dijo durante una entrevista al canal privado Televén.

En el mismo sentido, una ex-magistrada y catedrática jubilada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), resaltó que no se puede arrestar o detener a nadie sin orden judicial, a menos que esté cometiendo un delito y sea sorprendida in fraganti.

“El ordenar detenciones y allanamientos en abierta violación a la normativa constitucional, como lo hace el presidente Nicolás Maduro, revela que estamos en una situación peor que en un Estado de Excepción porque allí al menos hay reglas”; agregó que ninguna ley faculta al jefe de Estado a ordenar detenciones y allanamientos a la propiedad privada, y sentenció que hacerlo, es entrometerse en el ámbito judicial, “una gran arbitrariedad inaceptable en una sociedad democrática”.

Representantes de la ONG, Foro Penal Venezolano, se reunieron con la fiscal, y la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a las que presentaron 42 casos de supuestas torturas de detenidos en las protestas producidas hasta entonces, sobre todo a manos de la Guarda Nacional de ese país.

Desde que se iniciaron las protestas hace más de un mes, se calculan 35 personas fallecidas, 450 resultaron heridas, y más de un millar detenidas.

Aunque el gobierno venezolano atribuye estos decesos a mercenarios opositores, es urgente una posición firme por parte de nuestro gobierno, donde expresemos una firme isión garantista de los derechos humanos y las libertades civiles, con actuaciones gubernamentales apegadas al derecho internacional.

Los argumentos que establecen la infiltración de grupos que intentan la desestabilización del gobierno venezolano, no pueden ser tomado como válidos para actuaciones al margen del sistema normativo que culminen en la muerte de personas ejerciendo un derecho elemental.

Las manifestaciones en territorio venezolano obedecen a hechos como el reportado por el Banco Central de Venezuela, donde informa que durante el mes de enero el nivel de escasez en el país superó el 26%; de igual manera las encuestadoras independientes sitúan la cifra de desabastecimiento de alimentos regulados en 42%.

En paralelo a lo anteriormente expuesto, la inseguridad y pobreza que lacera ese país, se han reportado interrupciones en el servicio de internet, y fuerte presencia militar en sus principales enclaves urbanos.

Existiendo clamor por la no represión, el presidente Nicolás Maduro llevo a cabo una convocatoria por la paz abierta a todos los sectores políticos, pero las denuncias de abusos continuaron y resuenan los acontecimientos de la noche del 19 de febrero, cuando fuerzas del Estado reprimieron a manifestante con violencia nunca antes vista durante los años del chavismo.

Asistidos por la propia historia de nuestro país, México requiere asumir una posición de mucho mayorénfasis en beneficio de los derechos humanos y las libertades civiles cumpliendo, así, con nuestra naturaleza republicana y democrática, apoyada y fundamentada en el derecho internacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta, con pleno reconocimiento y respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, a respetar, de manera absoluta, las libertades civiles, los derechos humanos, y los valores democráticos, a que se privilegie el diálogo para la resolución de las diferencias y los conflictos sociales derivados de las movilizaciones que se han suscitado a partir del mes de febrero del presente año.

SEGUNDO. El Senado de la República, expresa su solidaridad a la Diputada María Corina Machado, reconoce su compromiso con la democracia y su valor en la defensa de las libertades del pueblo de Venezuela.

TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, asuma una posición firme en contra de la violación de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de marzo de 2014.

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a proponer al Presidente de la República el nombramiento del Coordinador General del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION A PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR GENERAL DEL MECANISMO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

“EL SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del partido del trabajo en la lxii legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción ii, 108, 109 y 276 del reglamento del senado de la república, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO CON MOCION DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCION, AL SECRETARIO DE GOBERNACION PARA QUE PROCEDA A LA BREVEDAD POSIBLE A PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR GENERAL DEL MECANISMO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, con base en las siguientes,

Consideraciones

Parálisis en el Mecanismo de Protección.

Desde el 15 de marzo del año en curso se encuentra acéfala la Coordinación General del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos se encuentran sin titular cuatro áreas importantes. La Subdirección de Atención a Derechos Humanos, la Subdirección de Atención a Periodistas y la Subdirección de Seguimiento y Análisis no tienen a nadie al frente. Esta situación anómala resulta delicada en cualquier organización pero en el ámbito de la protección a personas adquiere características de mayor gravedad. La ausencia de los principales directivos impacta directamente en la marcha general de la institución ya que las facultades de dirección, apego y avance en el cumplimiento de metas y objetivos así como supervisión general de las actividades de los servidores públicos simplemente no se registran. La distorsión organizacional trae aparejada la puesta en peligro de defensores de derechos humanos y periodistas. La vida, la libertad y la integridad personal de los activistas y periodistas pierden como bienes jurídicos la tutela específica. Hombres y mujeres que luchan por los derechos humanos y la libertad de expresión quedan prácticamente al descubierto valiéndose por sus propios medios en el entorno de violencia extrema que se vive en el país, situación que era precisamente la que se quería evitar cuando se estudió, debatió y finalmente aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

De hecho la protección prometida queda en entredicho pues se enervan los esquemas diversos a través de los cuales se salvaguarda la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos y periodistas de nuestro país. En la práctica cotidiana la ley de la materia deja de surtir efectos y, con ello, principalmente las medidas preventivas, de protección quedan en meras buenas intenciones. Las medidas urgentes no pueden ser validadas por la instancia superior. De conformidad con el artículo 7º de la ley de la materia, la Junta de Gobierno sesiona de manera regular una vez al mes, periodicidad que pone de manifiesto la imperiosa necesidad de que a la brevedad se haga el nombramiento correspondiente para retomar los trabajos cuanto antes. Es importante destacar que la Junta de Gobierno cuenta, entre otras facultades, con la de determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, las cuales constituyen la comuna vertebral que dan sustento y en torno a la cual gira la totalidad del sistema de protección previsto en el ordenamiento rector.

De la Trascendencia de la Coordinación General.

Ante la situación anterior, miembros del Consejo Consultivo han expresado que 88 solicitudes de protección no han sido analizadas por la Junta de Gobierno, lo cual representa un 57.8% del total de las peticiones presentadas ante el Mecanismo. Cabe mencionar que corresponde a la Coordinación, la cual se encuentra acéfala, la vinculación con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos, en términos del artículo 17 de la ley de la materia. De ahí que en razón de que el Mecanismo no presta los servicios de protección por sí mismo sino que recurre a dichas dependencias, resulta preocupante la tardanza para hacer el nombramiento requerido. En realidad, la Coordinación del Mecanismo es la instancia que hace funcionar los esquemas de protección. Basta con examinar las facultades que tiene a su cargo para darnos cuenta de que la toma de decisiones se encuentra altamente centralizada y pasa necesariamente por él área hoy vacía. El precepto atingente establece lo siguiente:

Artículo 18. La Coordinación contará con las siguientes atribuciones:

I. Recibir y compilar la información generada por las Unidades a su cargo y remitirla a la Junta de Gobierno con al menos cinco días naturales previo a su reunión;

II. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades encargadas de su ejecución;

III. Administrar los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de esta Ley;

IV. Proveer a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo los recursos para el desempeño de sus funciones;

V. Elaborar y proponer, para su aprobación a la Junta de Gobierno, los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;

VI. Facilitar y promover protocolos, manuales y en general instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de esta Ley a entidades federativas, dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos;

VII. Instrumentar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;

VIII. Diseñar, con la colaboración del Consejo Consultivo, su plan anual de trabajo;

IX. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del Mecanismo;

X. Dar seguimiento e implementar las decisiones de la Junta de Gobierno, y

XI. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno su informe anual de actividades incluyendo su ejercicio presupuestal.

La falta del Coordinador provoca que no se respeten los plazos para definir los planes de protección definitivos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley.

Por otra parte, el Mecanismo tiene la virtud de que se ha convertido por mandato de ley y en la desempeño de las funciones cotidianas en un centro articulador de los esfuerzos de las dependencias que tienen competencia inmediata y directa con las agresiones a las personas. Así, la ausencia de un líder de proyecto fractura la coordinación con las dependencias siguientes:

• La Secretaría de Gobernación;

• La Procuraduría General de la República;

• La Secretaría de Seguridad Pública;

• La Secretaría de Relaciones Exteriores;

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Del contexto de violencia.

La existencia del Mecanismo responde además al cumplimiento en materia de derechos humanos del Estado mexicano a observaciones emanadas de organismos internacionales. La recepción del Derecho Internacional de Derechos Humanos en el orden jurídico nacional a través de la reforma constitucional publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 10 de julio del 2011 implica por su propia naturaleza la protección de los luchadores por los derechos fundamentales. No se trata de conceder medidas que eleven el nivel de seguridad de persona alguna en particular ya que las y los defensores de derechos humanos y las y los periodistas encarnan, por medio de sus actividades cotidianas, en buena medida la vigencia efectiva de nuestras libertades. Por lo que hace a la libertad de expresión, es considerada en círculos políticos y académicos como un derecho que posibilita otras libertades como la de asociación y manifestación sobre las cuales se construye nuestro sistema de partidos políticos que da sustento a la vida democrática de la república.

La ola de violencia que azota al país no deja indemnes a los defensores de derechos humanos ni a los periodistas. Al contrario, dichas personas se convierten en blanco preferido de la delincuencia y de funcionarios públicos de perfil autoritario ya que para prevalecer e imponer su contra-cultura de explotación requieren precisamente de eliminar los obstáculos democráticos de los cuales aquellos son uno de los principales baluartes.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos. Diversas organizaciones de periodistas luchan día a día para mantener a los profesionales de la comunicación a salvo. La asociación denominada Artículo 19 contabilizó 330 ataques durante 2013, lo cual representa un incremento del 59% respecto al año anterior. Varios periodistas han sido secuestrados y privados de la vida en los primeros meses de este año. Muchos más continúan desaparecidos.

Por lo expuesto, con la finalidad de no lacerar más la dignidad de los periodistas y lograr un entorno seguro para el ejercicio de la libertad de expresión en beneficio del derecho a la información del pueblo de México, me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta, con toda atención, al secretario de gobernaciön para que proceda a la brevedad posible a proponer al presidente de la república el nombramiento del coordinador general del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo en relación al 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Se turna a la Comisión de atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL 9º PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Antecedentes

El 30 de abril de 2002, por acuerdo del Congreso de la Unión y atendiendo a la necesidad de escuchar las opiniones de niñas, niños y adolescentes de México se comprometieron a realizar anualmente el Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Desde el año 2003 a 2014 se han llevado a cabo nueve Parlamentos Infantiles en el Congreso de la Unión, en los cuales, en ejercicio de sus derechos, niñas y niños de México han expuesto, analizado, opinado, discutido y deliberado en un ámbito de pluralidad, respeto e igualdad, los temas de su interés bajo el esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo.

Este ejercicio democrático, tiene como objetivo fomentar la cultura cívica y el respeto a la diversidad de opiniones, a partir del entorno social, económico y cultural en favor de que el Interés Superior de la Niñez sea tomado en cuenta y puesto a consideración por sus principales beneficiarios.

Los organizadores de este loable esfuerzo son:

• Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión,

• Secretaría de Educación Pública (SEP),

• Instituto Federal Electoral (IFE),

• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

II.- 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México:

Del 24 al 28 de febrero pasados, se llevó a cabo en la H. Cámara de Diputados el 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que tuvo como participantes a 300 niñas y niños de 10 -12 años (194 niñas y 106 niños).

Cabe señalar que el número total de legisladores se obtiene en relación al total de distritos electorales a nivel Federal que hay en México (300 en todo el país).

Las atribuciones de los legisladores infantiles son:

a. Representar a las niñas y los niños de su Distrito Electoral Uninominal.

b. Participar en el proceso de insaculación (sorteo) para conformar la Mesa Directiva de la sesiones de trabajo del Parlamento a realizarse en la ciudad de México en la fecha que establece esta convocatoria.

c. Formar parte de una de las comisiones de trabajo y asumir el cargo para el que resulte electo al interior de la misma.

d. Expresar, debatir y acordar soluciones y recomendaciones que se turnarán a las autoridades correspondientes.

e. Rendir cuentas de su participación en el Parlamento.

f. Participar en por lo menos dos eventos, en los ámbitos locales o distritales, socializando los resultados del trabajo en el parlamento y promoviendo la participación de sus pares en acciones vinculadas a los mismos. Esto durante el año de vigencia del cargo de las y los Legisladores infantiles.

g. Entregar el informe correspondiente a cada acción realizada a la Junta Distrital Ejecutiva del IFE que le corresponda.

Para esta edición, por acuerdo del comité organizador y como un sensible homenaje a un personaje histórico cuya entrega y lucha coadyuvó en hacer de México una nación independiente, las Comisiones de trabajo se denominaron en relación a los nombres de los principios plasmados en “Los Sentimientos de la Nación” por José María Morelos y Pavón.

Los nombres de las Comisiones fueron:

• Independencia

• Respeto

• Paz

• Libertad

• Cooperación

• Honestidad

• Justicia

• Unidad

• Legalidad

• Igualdad

• Valentía

• Orden

• Soberanía

• Lealtad

• Sinceridad.

a).- Declaratoria:

Sin duda alguna, una de las grandes aportaciones de este Parlamento, es la Declaratoria final, en la cual los 300 legisladores infantiles participan y simboliza el trabajo en Comisiones, así como sus experiencias y demandas.

En esta novena edición, la Declaratoria es la siguiente:

EDUCACION

• Que realmente se tome en cuenta el derecho a la educación, que sea 100% gratuita, con un nivel académico bueno, maestros capacitados y responsables.

• Al ser la educación un derecho que los niños y niñas para poder ser alguien en la vida, todos debemos ser aceptados en las escuelas sin importar diferentes maneras como nos expresamos.

• La educación es un derecho fundamental que debemos tener todos los niños, pero en ocasiones las condicionesde la familia no permiten que todos asistan, por lo que solicitamos al presidente otorgue becas a los niños de bajos recursos y a los de buen aprovechamiento académico escolar, hasta concluir sus estudios.

• Que se creen empleos bien pagados en las zonas rurales para que los padres puedan mandar a los niños a la escuela y no los pongan a trabajar.

• Garantizar el cumplimiento del Artículo 3 constitucional en todos los estados del país, con un nivel de calidad y planeación para tener bases firmes de conocimiento, asegurando nuestro futuro y el de México.

• Considerando que la educación es un derecho universal y fundamental, el cual nos abre puertas para una mejor calidad de vida, pedimos que el gobierno disminuya las colegiaturas, debido a que son demasiado altas y cada vez hay más niños en las calles que no asisten a la escuela.

• Que las autoridades estén pendientes de dar mantenimiento a las escuelas, para mantenerlas limpias y en buen estado, y que los maestros sean constantemente capacitados para atender niños con diferentes necesidades.

DISCRIMINACION

• Que se respete la ley que promueve la igualdad en género, cultura, preferencias sexuales y religión.

• La SEP y la CNDH crearán foros con expertos para que las niñas y los niños expongamos nuestras problemáticas de discriminación, primero en los municipios, después en los estados, hasta llegar a nivel nacional, y que nuestras propuestas concluyan en iniciativas de ley claras y fáciles de aplicar, para que toda población las pueda respetar.

Impartir talleres recreativos para padres, donde se fomente el respeto y controlen sus emociones, así evitarán palabras discriminatorias en la familia, reconociendo sus errores, para que se pongan en los zapatos de sus hijos, con la intención de que los escuchen y puedan ayudarlos.

• Que las autoridades promuevan campañas en contra de la discriminación dirigidas a padres, maestros y niños y así evitar la baja autoestima.

EXPLOTACION INFANTIL

• Evitar la explotación de las niñas y niños, y los que son expuestos por los trabajos que realizan a peligros que dañan su salud física, psicológica y mental se les dé protección.

• Crear una campaña nacional que se llame “Niñas y Niños al rescate”, con apoyo de las instituciones que ya trabajan a favor de las y los niños que sufren explotación laboral, para que se les brinde educación y cubran sus necesidades básicas.

• Que la SEP otorgue apoyos a los niños que trabajan y ayudan a sus papás por la necesidad económica de la familia, para que puedan terminar sus estudios y logren alcanzar una vida de mejor calidad.

MALTRATO INFANTIL

• Crear más instituciones de ayuda psicológica y campañas de denuncia en contra del maltrato, para evitar que los niños se escapen de su casa por miedo a sus padres.

• Exigimos que las personas que maltraten a los niños sean encarceladas, ya que en muchos casos, los niños se quedan callados por miedo, y como consecuencia aprenden a ser violentos.

• Para resolver el maltrato infantil, que el agredido y el agresor reciban ayuda psicológica de calidad, de fácil acceso, con personas especializadas, de manera gratuita en general y no solo en casos graves.

FAMILIA

• El gobierno dará ayuda psicológica a las familias, dando pláticas para que los padres tomen conciencia, rectifiquen y entiendan lo que es tener una familia.

• Para que no haya niños de la calle sin familia, que sean rescatados en casas hogar; porque nadie debe ser maltratado, todos merecemos respeto.

• Las familias más necesitadas recibirán ayuda de quienes tengan recursos con despensas, ropa y servicios médicos.

ACOSO ESCOLAR

• Para que no haya bullying hay que hacer conciencia entre los que lo hacen. Los maestros tienen que vigilar a la hora del recreo y deben tomar en cuenta lo que dicen los niños cuando les piden ayuda.

• Generar leyes que garanticen la protección de las y los niños ante el acoso infantil.

POBREZA

• Para que en el país no haya pobreza es importante que las niñas y los niños de nuestro país reciban educación, para que cuando sean grandes puedan acceder a tener un buen trabajo, para que las mujeres y los hombres sean de futuro.

MEDIO AMBIENTE

• Respetar las normas de protección de animales, plantas y recursos naturales, con el fin de que no sean explotados por extranjeros.

RECREACION

• Que en todas las comunidades se construyan espacios recreativos, acondicionados con aparatos para realizar ejercicio, cuenten con vigilancia y mantenimiento, ya que de esta manera se promueve el juego, la convivencia y comunicación considerándolos un medio para combatir la delincuencia.

SEGURIDAD

• Las autoridades mejorarán la capacitación de todos los policías que estén encargados de brindarnos seguridad y aplicarán castigos más severos a los secuestradores y violadores que lastimen a cualquier niño o niña de nuestro país.

SALUD

• Todas las escuelas del país contarán con servicio médico gratuito y todos los alumnos tendrán un expediente para que haya el seguimiento permanente a sus problemas de salud.

III.- Conclusiones:

Es indudable que la participación de niñas y niños en este tipo de ejercicios beneficia a la construcción democrática y de inclusión del país; sin embargo, resulta fundamental que además los trabajos, conclusiones o, como en este caso, declaratorias sean informados a todo el país y, más aún, sean sometidos a una evaluación estricta y seguimiento continuo a través del cual se observe que las opiniones han sido tomadas en cuenta.

Lo anterior, de la mano del principio del interés superior de la niñez, fomentando que la voz de las niñas y niños de México, representada en las Legisladores Infantiles, sea analizada y cumpla con uno de los objetivos de todo Parlamento: Incidir en la vida nacional y opinión pública del país.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno dentro de sus ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial a publicitar, así como a darle puntual seguimiento, a la Declaratoria del 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de marzo de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.





 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la Peña Gómez, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones para proteger a la Cactácea Aztekium Valdezii. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA PROTEGER DE MANERA EFECTIVA A LA CACTACEA AZTEKIUM VALDEZII Y PARA QUE INVESTIGUEN POSIBLES CASOS DE SU TRAFICO ILEGAL.

“Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA PROTEGER DE MANERA EFECTIVA A LA CACTACEA AZTEKIUM VALDEZII Y SE REALICE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE PARA IDENTIFICAR SI LA MISMA SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCION Y PARA QUE INVESTIGUEN LA EXISTENCIA DE POSIBLES CASOS DE TRAFICO ILEGAL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Las Cactáceas son plantas dicotiledóneas pertenecientes al Orden Caryophyllales y a la Familia Cactaceae, se distribuyen exclusivamente en el continente americano desde el norte de Canadá hasta la Patagonia al sur de Argentina, y desde el nivel del mar, en dunas costeras, hasta los 5,100 metros sobre el nivel del mar, así como en diversas zonas de Perú (Bravo-Hollis y Scheinvar, 1999), se dan en zonas áridas y semiáridas de América comprendiendo 125 géneros con más de 1900 especies y México es el país con mayor diversidad de cactáceas, con la peculiaridad de que algunas de estas especies pueden vivir hasta 500 años.

Dentro de la familia Cactaceae se agrupa una gran diversidad de plantas, destacando los cactus columnares (viejitos y tetechos); los cactus candelabriformes (cardones, órganos y pitayas); las biznagas y biznaguitas (chilitos); algunas trepadoras como los nopalillos (Heliocereus spp.); las pitahayas (Hylocereus spp.), y una gran variedad de nopales, entre otras.

Se estima que este tipo de plantas aparecieron hace 80 millones de años (Gibson y Nobel, 1986) y estas cactáceas pueden vivir en diversos ecosistemas, incluyendo selvas tropicales, donde se encuentran como epifitas (Rhipsalis baccifera), pero la mayoría de ellas se desarrollan en ambientes áridos y semiáridos, dominados por zonas de alta presión atmosférica con corrientes descendientes de aire seco (Bravo-Hollis y Scheinvar, 1999).

Las formas de crecimiento y la densidad de las poblaciones de las cactáceas varían de un sitio a otro, por lo que en lugares como el desierto de Sonora (península de Baja California y planicie costera de Sonora), se presentan cactáceas arbóreas que llegan a tener gran tamaño como los cardones y el Sahuaro (cardón pelón o gigante-Pachycereus pringlei; el cardón espinoso o hecho-P. pecten-aboriginum; sahuaro-Carnegiea gigantea), que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura.

También en las zonas desérticas se dan las senitas (Lophocereus spp.); algunas especies de nopales (Opuntia spp.), chollas (Cylindropuntia spp), biznagas (Echinocactus polycephalus y Ferocactus chrysacanthus, F. cylindracesus y F. diguetii, entre otras), y una gran diversidad de pequeños organitos semi-postrados con tallos de consistencia semisuave del género Echinocereus (E. barthelowanus, E. brandegeei, E. engelmannii, E. laui, entre otros), que son llamativos por sus grandes flores de color escarlata, rosa purpúreo, amarillo o amarillo verdoso (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1978).

En el desierto de Chihuahua y en ambientes muy áridos de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México e Hidalgo, abundan las biznagas (Ferocactus spp., y Echinocactus platyacanthus), cactáceas pequeñas como el “peyote cimarrón” (Ariocarpus spp.) y otras pertenecientes al género Astrophytum y Coryphantha, además de las biznaguitas o chilitos pertenecientes al género Mammillaria;también se encuentran grandes nopaleras formadas por poblaciones de diversas especies (O. Streptacantha, O. leucotrich) y Xoconoxtles o cardones (Cylindropuntia spp) y en algunas regiones de San Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo, encontramos garambullos (Myrtillocactus geometrizans), pitayos (Isolatocereus dumortieri spp) y chilayos (Marginatocereus marginatus) (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1978).

En ambientes un poco más húmedos como los bosques caducifolios que se encuentra en la vertiente del Pacífico y en algunas regiones del Golfo como San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, crecen cactáceas arbóreas como los pitayos, y otros órganos de los géneros Neubuxbaumia, Pachycereus y Cephalocereus, que crecen intercalados con otros árboles como el mezquite (Prosopis spp.), palo mulato (Bursera spp.) y Acacia spp., entre otros (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1978).

En la parte sur cercana al eje Neovolcánico donde también hay porciones áridas, como el valle de Tehuacán-Cuicatlán (Puebla y Oaxaca), se han registrado 81 especies (25% de las cuales son endémicas), así como las Cuencas de los ríos Balsas y Tehuantepec con especies como los viejitos (Cephalocereus columna-trajani), poblaciones de las columnares tetetzos o teteches (Neubeobuxbaumia macrocephala, N. mezcalaensis, N.tetetzo), de garambullos (Myrtillocactus geometrizans), pitayas comestibles, xoconoxtles (Stenocereus spp.), chendes (Polaskia spp.) y órganos (Pachycereus spp.).

De entre los diversos tipos de cactáceas sobresale, el Cardón o Candelabro por su gran tamaño ya que puede alcanzar hasta 15 metros de altura, otro lugar que cuenta con gran diversidad de cactáceas se encuentra a unos 70 Kilómetros al Norte de Pachuca, dentro de la Barranca de Metztitlán en el estado de Hidalgo, que cuenta con 70 especies con poblaciones importantes de otra especie de viejito endémico (Cephalocereus senilis); el órgano dorado (N. polylopha); poblaciones importantes de otros órganos (I. dumortieri y de M. marginatus); una gran variedad de biznagas como la biznaga grande (Echinocactus platyacanthus); otras del género Ferocactus, y algunas especies de globosas pequeñas de los géneros Mammillaria y Coryphantha, las especies características y endémicas de esta zona, son la liendrilla (Astrophytum ornatum) y la globosa (Turbinicarpus horripilus), que llama la atención por sus grandes flores de color púrpura (Semarnap, 1999).

En Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, crece como especie endémica, el órgano Backebergia militaris (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1978) y debido a las características anatómicas y fisiológicas, las cactáceas han evolucionado y colonizado los ambientes áridos, toda vez que la estructura de sus troncos, les permite acumular gran cantidad de agua en sus tejidos, sus hojas se han reducido para disminuir la evapotranspiración y la fotosíntesis se lleva a cabo en la superficie de sus tallos.

Las flores de las cactáceas son hermafroditas y su forma, tamaño y color varían en función de los hábitos de los animales que actúan como polinizadores, sus frutos varían y sirven de alimento a animales como murciélagos, aves de percha y pequeños mamíferos, estas plantas son muy importantes en los ecosistemas secos (áridos) ya que dan protección a gran cantidad de especies como aves, reptiles y mamíferos que utilizan sus ramas, troncos y raíces para hacer sus nidos y madrigueras, además, protegen el suelo contra la erosión y captan el agua y la humedad.

México es el centro más importante del mundo en concentración de cactáceas, ya que cuenta con 913 taxones, conformando 669 especies, las cuales se encuentran agrupadas en 63 géneros, y se reconocen 244 subespecies, el estado de San Luis Potosí posee una mayor diversidad, con un registro de 151 especies, siguiéndolo los estados de Coahuila con 126 especies y Nuevo León y Oaxaca con 118 especies cada uno.

Vale la pena mencionar que muchas especies de cactáceas se encuentran en riesgo de extinción debido al endemismo de sus poblaciones, ya que estas sólo se encuentran en una determinada área geográfica, el 80% de los taxones (grupos de organismos emparentados) que habitan nuestro país no se encuentran en ningún otra parte del mundo, pero actualmente la actividad humana ha afectado mucho las zonas en donde se encuentran estas plantas, lo que ocasiona pérdida de los ecosistemas naturales.

Otra de las causas que ha puesto es riesgo a las cactáceas, es el hecho de que algunas especies son muy apreciadas por los coleccionistas y son buscadas por su rareza, por lo que son objeto de tráfico ilegal.

Como ya lo mencionamos, el Estado de Nuevo León, ha sido señalado como un estado con una alta riqueza de diversas especies y géneros, y colocado en segundo o tercer lugar a nivel nacional por su mayor número de especies de cactáceas, como es el caso de las inmediaciones de la Sierra Madre Oriental y la Planicie Costera del Golfo, donde se localizan géneros endémicos como Geohintonia, Aztekium y Digitostigma (Del Conde et al, 2009; Anderson, 2001; Velazco y Nevarez, 2002).

De las especies mencionadas resalta la cactácea Aztekium Valdezii, que es pequeña y morfológicamente homogénea con plantas globoso deprimidas, cortamente cilíndricas y que se caracteriza por una combinación de caracteres morfológicos como tallos cortos, menores de 10 a 15 centímetros de diámetro, verde grisáceos, con costillas bien definidas, angostas y estriadas longitudinalmente, las aréolas muy próximas entre sí, con espinas restringidas a las aréolas apicales, cortas, aplanadas y recurvadas, cuyas flores emergen en el ápice de tallo, el pericarpelo y el tubo receptacular desnudos, los tépalos y estambres escasos, las semillas menores de 0.8 milímetros de longitud y con estrofiolo (Boedeker, 1929; Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991; Anderson, 2001; Hunt, 2006), dichas características hacen que esta cactácea sea buscada por coleccionistas, por lo que ha sido una de las especies que ha sido objeto del tráfico ilegal.

Esta cactácea fue encontrada y descubierta por el biólogo Mario Valdez Marroquín a finales del año 2010 y un año más tarde se le reconoció como una nueva especie dentro del género de las Aztekium, anteriormente sólo se conocían dos tipos: la ritteri (descubierta en 1928) y la hintonii (1991), esta última también del estado de Nuevo León.

Esta cactácea se encontró en el sur de Nuevo León, anclada en la ladera de la Sierra Madre Oriental, tiene la forma de una estrella vista desde arriba, pero cuando se le observa de forma horizontal simula la Pirámide del Sol teotihuacana.

Se le considera como la estrella de las cactáceas, y a nivel nacional figura como uno de los descubrimientos más importantes en los últimos 20 años, la Aztekium Valdezii mide poco menos de dos centímetros de largo, y su flor es color magenta brillante, peso a su importancia, su descubrimiento no fue muy difundido en publicaciones de Instituciones Académicas y Científicas Nacionales, caso distinto a la difusión que se dio de las fotografías de la especie y datos de su investigación que circularon en distintos foros de internet.

En el mes de junio del 2013, esta planta ya era vendida por 500 euros desde República Checa, situación que fue dada a conocer por su descubridor, el Biólogo Mario Valdez, quien expuso que la venta de la Aztekium Valdezii en internet desde Europa levanta demasiadas sospechas, especialmente porque se utilizaron fotografías y datos que él envió a la Revista Mexicana de Biodiversidad, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo a declaraciones realizadas por el biólogo Mario Valdez Marroquín en diversos medios noticiosos, las fotografías que había mandado a la revista ya estaban circulando por Europa, sin que el artículo hubiera sido publicado en la Revista de Biodiversidad, por lo que el 13 de noviembre de 2013, interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por el saqueo de la nueva especie de cactáceas Aztekium valdezii.

De igual forma el Biólogo Mario Valdez comentó que a través de los reportes de la revista Xerophilia, editada en Rumania, se ha enterado que los datos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), sobre la ubicación exacta de la cactácea, están siendo ofertados a través de foros especializados sobre el tema y que incluso, en la página cuyo origen es la República Checa, un usuario que se hace llamar "Gerardo" con el dominio http://www.gerardo.cz/es/aztekium/20046-aztekium-valdezii-5-seeds.html, pone a la disposición de los interesados la Aztekium Valdezii, cuyo venta de una de estas plantas y sus semillas pueden alcanzar hasta los 500 euros, además de que promueve la venta de otras especies endémicas de Nuevo León y de otras partes del país.

Es de hacer notar que en México está prohibida la venta de la Aztekium Valdezii y que la Dirección de Parques y Vida Silvestre del Estado de Nuevo León no ha aprobado su distribución, por lo que resulta necesario evitar que dicha especie de cactácea se siga vendiendo y así evitar su extinción, además de que se sancione a la persona o personas que pretendan vender o que hayan vendido dicha planta, por estar protegida por las leyes mexicanas.

De acuerdo a información generada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), de un total de 108,519 especies registradas en México, 2,556 están en riesgo.

De igual forma, el Fondo Nacional para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y la Alianza para Extinción Cero (AZAE por sus siglas en inglés), derivado de una investigación realizada en 2010, reportaron la localización de 587 sitios en el mundo con una concentración de 920 especies en peligro de extinción y México es el país con más lugares críticos en el planeta.

Dentro del mismo estudio, Oaxaca ocupó el primer lugar de los estados con mayor cantidad de sitios con especies en peligro de extinción en el país.

Es sumamente lamentable y alarmante que dichas organizaciones internacionales hayan detectado que en diversas regiones de México, como el Distrito Federal y los Estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Jalisco, Yucatán, Durango, Tamaulipas y Coahuila, que albergan a animales en peligro de extinción como el jaguar, la tortuga caguama, el ajolote mexicano, la guacamaya roja, el oso negro, la vaquita marina, el manatí de las Antillas, el lobo mexicano, el conejo de los volcanes y el tapir, tengan poblaciones con el menor número de ejemplares en México, que van desde los 20 hasta los 12,000 aproximadamente.

México es considerado uno de los países con mayor pluralidad de especies, casi el 70% de la diversidad mundial, debido a que muchas de ellas no se encuentran en otros países, por lo que resulta imperante que las acciones que despliegue el Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales resulten efectivas para evitar la extinción de tan valiosas especies.

Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, a efecto de que instruya a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con las autoridades Estatales y Municipales del Estado de Nuevo León, para que instrumenten las acciones y medidas que resulten necesarias, para proteger de manera efectiva a la especie de cactácea Aztekium Valdezii descubierta en 2010, y se realice el estudio que corresponda, para identificar si la misma debe ser considera como especie en peligro de extinción o amenazada, o sujeta a protección especial, con los efectos jurídicos que dicha clasificación genere.

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta a los Titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se avoquen al trámite e investigación acuciosa y profunda de los hechos contenidos en la denuncia presentada el 13 de noviembre de 2013, por el Biólogo Mario Valdez Marroquín, descubridor, de la especie de cactácea Aztekium Valdezii sobre la venta ilegal de dicha planta que por internet realiza un usuario que se hace llamar "Gerardo" a través de un dominio con origen en el país de Europa Central denominado “República Checa” y se ponga fin al tráfico ilegal de dicha planta, dando la intervención que corresponda a las autoridades que procuran y administración justicia en nuestro país y en las instancias internacionales e efecto de que se castigue a los responsables.

Asimismo, se solicita que se remita a esta Soberanía un informe detallado sobre la tramitación de la denuncia que ha quedado señalada en el párrafo que antecede y de la investigación que se genere en torno a dicho caso.

TERCERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz y al Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Diputado Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, a efecto de que a través de las instancias que correspondan, realicen las gestiones y acciones administrativas y legislativas que resulten necesarias, para brindar protección y preservación efectiva a la especie de cactácea Aztekium Valdezii, considerada endémica de dicha entidad y para que en coordinación con las Autoridades Federales, colaboren en la investigación de la denuncia que ha sido mencionada en el resolutivo que antecede y se ponga fin al tráfico ilegal de dicha planta.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de marzo de 2014.

Suscriben

Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen.Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen.Graciela Ortiz González.- Sen.Angélica de La Peña Gómez”.





 

De la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre al municipio de Tangancícuaro de Arista, Michoacán, por los múltiples daños y afectaciones ocasionados por el tornado del día del 22 de marzo de 2014. Se turna a la Comisión de Protección Civil.







 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados que aún no han prescrito, en el ámbito de sus atribuciones, la ley reglamentaria sobre discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS QUE AUN NO HAN PRESCRITO EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LA LEY REGLAMENTARIA SOBRE DISCRIMINACION.

“La suscrita Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

Posterior a la reforma realizada al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el derecho a la no discriminación, se han elaborado importantes esfuerzos contra ella desde el ámbito legal, institucional y social.

Un ejemplo es la promulgación en 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la creación en 2004 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), órgano del Estado mexicano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades.

En seguimiento a esto se han realizado esfuerzos como la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2005), que permitió a la sociedad mexicana y sus instituciones reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, y en razón de la necesidad de contar con nuevos datos estadísticos para conocer de mejor manera este fenómeno en sus diferentes expresiones, se diseñó esta encuesta con el apoyo del área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A través de la Enadis2010, se actualiza el panorama de discriminación que persiste en México y se profundiza el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le relacionan. Se brindan elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población en general y desde los distintos grupos que viven situaciones que les hacen vulnerables a la discriminación: mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas con discapacidad, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar.

En el artículo 1° en su párrafo quinto se establece claramente la prohibición de discriminar, el cual a la letra reza:…”Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación regula el derecho a la no discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, además de promover la igualdad de oportunidades y de trato.

El Estado mexicano ha suscrito o ratificado decenas de instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos en el marco del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos ellos aplicables al derecho a la igualdad y a la no discriminación, tanto del sistema internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones unidas (ONU), como del sistema Interamericano, integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El gobierno hare conocido la competencia de órganos internacionales y regionales de orden jurisdiccional para valorar el nivel de cumplimiento del Estado en relación con los compromisos asumidos en diversos tratados. En el ámbito del sistema de la ONU algunos de los instrumentos internacionales aplicables en materia de igualdad y no discriminación son los instrumentos de derechos humanos básicos y especializados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos. Algunos de los instrumentos regionales aplicables, aprobados en el seno de la OEA, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador.

Es decir, el marco normativo y las obligaciones en materia del derecho a la no discriminación, es amplio y diverso.

La discriminación es una práctica cotidiana que radica en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Existen grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

México es un país multicultural, existen una gran diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. El rompecabezas nacional estará incompleto si alguien se queda fuera o proscrito al no reglamentar este tema tan importante. Ya que hasta la fecha de las32 entidades federativas, solo 26 cuentan con leyes locales en la materia.

Por lo anteriormente mencionado es que someto a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO: Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados que faltan de prescribir la Ley Reglamentaria sobre Discriminación a que cumplan lo antes posible con este deber.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de marzo de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.





 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 31 estados y al Gobierno del Distrito Federal a actualizar sus legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 31 ESTADOS Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE ACTUALICEN SUS LEGISLACIONES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN EVENTOS MASIVOS, ASI COMO ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS QUE LLEVAN A CABO LAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE CADA ENTIDAD ANTE ACTOS DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS ANTISOCIALES POR PARTE DE AFICIONADOS EN LOS ESTADIOS DE NUESTRO PAIS.

“El que suscribe, Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo,al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En las últimas décadas el futbol soccer se ha posicionado como uno de los deportes más populares en México y el mundo. Es una actividad en la que convergen dos grandes procesos, por un lado está lo acontecido en el terreno de juego, y por el otro lado, lo relativo a las tribunas.

Si bien es cierto la pasión forma parte de toda práctica deportiva, dicha pasión no debe traducirse en conductas violentas ni delictivas que deriven en daños patrimoniales, lesiones físicas e incluso en la muerte. No hay paliativos válidos para permitir que la violencia se convierta en parte de la cotidianidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

En este sentido, en el marco del encuentro entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Atlas de Guadalajara correspondiente a la jornada 12 del torneo de Clausura 2014 de la Liga Mx, el pasado 22 de marzo del año en curso se presentó un capitulo gris dentro de la historia del deporte nacional.

Aficionados de la porra “rojiblanca” que apoyaban al Club Deportivo Guadalajara encendieron y lanzaron bengalas a los espectadores, y después sometieran a elementos de seguridad pública que trataron de contener dichas conductas, dejando como saldo ocho elementos de seguridad lesionados, de los cuales dos se reportaron de gravedad.

Hasta el momento se ha puesto a disposición de las autoridades ministeriales de la entidad a ocho jóvenes, quienes son acusados de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, pandillerismo y daños, sanciones económicas para los ambos Clubes, entre la que destaca la clausura del inmueble.

Aunque la presencia de violencia y conductas antisociales por parte de los aficionados en los estadios de nuestro país no son algo nuevo, es de llamar la atención que tan sólo en los últimos meses se han presentado, entre otros, los siguientes acontecimientos:

• El 26 de febrero del 2013, integrantes de la porra de Gallos Blancos llamada “la Resistencia” protagonizó hechos violentos en las inmediaciones del estadio La Corregidora en el Estado de Querétaro, teniendo como resultado de los hechos 22 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

• El 12 de diciembre de 2013 diversos aficionados invadieron la cancha de juego durante el partido Cruz Azul- Toluca, por lo que el Club Cruz Azul fue multado con 3 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y lo vetó por un partido.

• 22 de marzo 2014, durante la jornada 12 en un encuentro entre los equipos Cruz Azul y León, se evidenció diversos actos de racismo por parte de aficionados contra un jugador del equipo del club León, actos que penosamente se han repetido en un sin número de ocasiones.

Sucesos como los antes referidos, nos obligan a tomar medidas ejemplares, que van desde el fomento de valores cívicos básicos como son: respeto y tolerancia, hasta la aplicación efectiva de la legislación.

No debemos esperar a que ocurra una tragedia de dimensiones mayúsculas como ha pasado a lo largo de la historia, como las que destacan las siguientes:

• 23 de junio de 1968, en Buenos Aires, Argentina aficionados del Club Atlético Boca Juniors lanzaron antorchas encendidas a fanáticos del Club Atlético River Plate, quienes en su afán de escapar del fuego arroyaron produjeron el deceso de 75 personas y alrededor de 150 resultaron con lesiones.

• El 29 de mayo de 1985 en estadio Heysel de Bélgica, 39 personas resultaron muertas al desplomarse una pared que dividía a las hinchadas del Liverpool y la Juventus, quienes disputaban la copa Europea.

• El 9 de mayo de 2001, en Accra, Ghana hubo 126 muertos y alrededor de 150 heridos por incidentes al final de un partido de fútbol del Campeonato de Ghana, en el estadio de Accra, entre los Hearts of Oak y los Ashanti Kotoko.

Fernando Segura Trejo, doctor en sociología y docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala en su estudio y análisis sobre la creciente violencia en los estadios del futbol mexicano, que se debe trabajar en políticas públicas antes de que pase una tragedia más grave.

Para ejemplificar el tema, señala que en Inglaterra ocurrieron dos tragedias muy graves y se atacó dicho problema. En Argentina, uno de los países con más “barras bravas” han ocurrido múltiples tragedias y el problema sigue estando ahí, sin ser atendido, con respecto a México menciona que parece ser que en tendrá que ocurrir una tragedia para que inicie una catarsis mediática.

Por ello la importancia de que cada congreso actualice sus marcos legales correspondientes donde se pueda prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento, no solo en el fútbol.

De la misma forma, cada Estado debe actualizar los protocolos con los que los titulares de seguridad pública de cada entidad actúan para garantizar la integridad física y psicológica de cada asistente a eventos masivos de espectáculo, deportivos o cualquier otra índole.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 Estados y al Gobierno del Distrito Federal, a fin de que actualicen sus legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que instruyan a las dependencias y áreas correspondientes la revisión y actualización de los protocolos de seguridad en los estadios de nuestro país.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 27 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Miguel Romo Medina”.





 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para la posible ampliación de la carretera escénica actual de Acapulco, y evitar que el cobro del peaje que se aplicará por transitar en la nueva vía escénica alterna afecte la economía de los habitantes de este municipio y su zona conurbada. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA POSIBLE AMPLIACION DE LA CARRETERA ESCENICA ACTUAL DE ACAPULCO, Y EVITAR QUE EL COBRO DEL PEAJE QUE SE APLICARA POR TRANSITAR EN LA NUEVA VIA ESCENICA ALTERNA AFECTE LA ECONOMIA DE LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO Y SU ZONA CONURBADA.

“El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

Exposición de Motivos:

El Estado de Guerrero y en particular el Puerto de Acapulco, constituyen para la actividad económica y turística un importante polo de desarrollo regional en el sur de la República Mexicana. Es por ello que consideramos importante dotar de nueva infraestructura a la ciudad de Acapulco para lograr otorgar mayor comodidad y fluidez a la vialidad en beneficio de sus habitantes y de los turistas que lo visitan. Con ello, se logrará disminuir los tiempos de traslado de la zona diamante al Acapulco dorado y tradicional.

El Puerto de Acapulco requiere de nueva infraestructura física en vialidades que evite taponamientos vehiculares que dificultan el tránsito de personas y bienes, y la integración de áreas que son complementarias y que son parte de una estrategia de carácter regional de desarrollo económico y social.

Es por ello que actualmente se construye la obra vial Escénica Alterna del Puerto de Acapulco, que busca integrar la zona central de Acapulco con la zona diamante. La obra vial tendrá 8 kilómetros de longitud y consiste en la construcción de una vialidad con una longitud de 4.7 kilómetros y un macrotúnel de 3.3 kilómetros de longitud, además de tres entronques principales y cuatro distribuidores viales: uno en Joyas de Brisamar, otro ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, un tercero en Llano Largo y el último en el corazón de la zona diamante.

Se contempla también la realización de trabajos de terracerías, drenaje menor, obras inducidas, viaductos, puentes, pasos vehiculares, señalamientos, obras complementarias y trabajos diversos.

Con esta obra se espera aminorar los problemas de tránsito, ya que contendrá vías alternas que harán más ágil el tráfico vehicular. Sin embargo, la concesión de dicha obra vial tendrá aparejado el cobro del peaje.

El valor estimado del proyecto será de 3 mil 500 millones de pesos que incluyen los costos de las obras, los gastos asociados al proyecto y los costos financieros. Se trata de una coinversión entre el Gobierno del Estado Guerrero y el Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

El FONADIN sirve como un vehículo de coordinación entre la Administración Pública Federal con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, y es auxiliar en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes, donde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), en su calidad de mandatario del Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encargan de promover y fomentar la participación de los sectores público, privado y social en el desarrollo de infraestructura.

El proyecto se desarrollará bajo una concesión estatal por un plazo de 30 años, incluidos 2 años de construcción y 28 de operación. Las condiciones del proyecto estiman un nivel de saturación de 13, 500 vehículos, por lo que una vez alcanzado este volumen, el licitante ganador se obliga a construir un segundo túnel y el Gobierno del Estado de Guerrero ampliará el plazo de la concesión para que el licitante ganador recupere las nuevas inversiones.

A pesar de las bondades que se espera con esta obra vial, existe una demanda de los pobladores de Acapulco y de la zona conurbada, así como de organizaciones productivas del sector privado que han manifestado su preocupación por el cobro que se realizará por transitar en el macrotúnel de 3.3 kilómetros que conectará a la zona que inicia a la altura de Icacos y que concluye en el entronque con la zona diamante o con el libramiento de Acapulco.

Las diferentes organizaciones de la sociedad y de los organismos productivos del sector privado, se han manifestado para evitar que este cobro afecte el desarrollo de la economía y repercuta en los costos del transporte de personas y bienes.

Es por ello, que en esta oportunidad hacemos nuestra la demanda ciudadana para coadyuvar a que la autoridad federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda examinar de manera conjunta con el Gobierno del Estado de Guerrero, una solución que permita resolver la demanda de movilidad e infraestructura vial, pero sin descuidar el requerimiento social para no afectar la economía de las familias, la actividad turística y al sector de los transportistas, que cotidianamente se desplazan de la zona dorada a la zona diamante del Puerto de Acapulco debido a sus actividades comerciales y de prestación de servicios.

En este sentido, consideramos que sería oportuno ampliar la carretera escénica actual en beneficio de todos aquellos que deseen transitar de la zona dorada y tradicional, a la zona diamante del Puerto de Acapulco y viceversa, sin pago de cuota a través de las rutas tradicionales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, a realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para la posible ampliación de la carretera escénica actual de Acapulco, y evitar que el cobro del peaje que se aplicará por transitar en la nueva vía Escénica Alterna afecte la economía de los habitantes de este municipio y su zona conurbada.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a l27 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

Las efemérides inscritas en el Orden del Día se insertarán en el Diario de los Debates.





 

EFEMERIDES

Del grupo parlamentario del PRI, con motivo de la promulgación del Plan de Guadalupe, ocurrido el 26 de marzo de 1813.

“EFEMERIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON MOTIVO DE LA PROMULGACION DEL PLAN DE GUADALUPE,
OCURRIDO EL 26 DE MARZO DE 1813.

En la Sexagésima Segunda Legislatura, del Senado de la Republica, conmemoramos el centésimo primer aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe, firmado en Coahuila el 26 de marzo de 1913.

Documento de dimensiones mayúsculas redactado por el General Venustiano Carranza y suscrito, entre otros, por Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco y Francisco Sánchez, y en donde están plasmados los más grandes principios de la Revolución Mexicana: libertad, justicia e igualdad.

Surgió en medio de desestabilidad política, jurídica, social y económica de nuestro país, después del homicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el 19 de febrero de 1913, en su carácter de Gobernador de Coahuila, Don Venustiano Carranza se levantó en armas para derrocar a Victoriano Huerta, para lo cual el Plan de Guadalupe resulto fundamental toda vez que contenía las siguientes premisas:

Primera. Se desconoce al Gral. Victoriano Huerta como Presidente de la República.

Segunda. Se desconocen también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

Tercera. Se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual administración, treinta días después de la publicación de este Plan.

Cuarta. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará "Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila.

Quinta. Al ocupar el ejército constitucionalista la ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército o quien lo hubiere sustituido en el mando.

Sexta. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.

Séptima. El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los estados cuyos gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales después que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubiesen sido electos para desempeñar los altos poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.

En virtud de la naturaleza de los principios plasmados en el Plan de Guadalupe, éste representa uno de los principales cimientos del constitucionalismo mexicano y en consecuencia de nuestro sistema político y jurídico.

El Plan de Guadalupe representa la unión del pueblo en contra de conductas individualistas, representa una lucha social que tiene como objetivo alcanzar un México con pleno respeto a los derechos humanos, con libertad e igualdad entre la población.

Compañeras y compañeros legisladores

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la importancia de celebrar el centésimo primer aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe estriba en que al hacerlo, conmemoramos a las mujeres y hombres que con su vida hicieron posible el éxito de la Revolución Mexicana.

En el marco de esta celebración es oportuno trabajar de manera conjunta para generar consensos que permitan fortalecer nuestra democracia y condiciones que hagan asequible el pleno desarrollo de la población mexicana.

Hoy, hacemos el llamado a continuar legislando en favor de México, como ocurriera con el Plan de Guadalupe, privilegiemos el interés común a los individuales y egoístas, sigamos haciendo de nuestro país una nación garante de los derechos humanos y que se conduce a través de los cauces institucionales.  

Por su atención muchas gracias

Es cuanto senador Presidente”.





 

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, en ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis.

“EFEMERIDE
DEL SENADOR DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN OCASION DEL DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS.

El 24 de marzo de 1882 el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. Cien años después, bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias se conmemoró por primera vez el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, con la finalidad de concientizar a la sociedad y los gobiernos sobre las catastróficas consecuencias económicas y su devastador impacto en la salud y así, alinear las agendas políticas, económicas y sociales, hacia la prevención y control de la tuberculosis en el mundo.

La tuberculosis es una infección bacteriana causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que ataca generalmente a los pulmones, pero puede dañar otros órganos. Se disemina a través del aire, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo y, aunque sólo una pequeña proporción desarrolla la enfermedad, en el año 2012 se diagnosticaron en el mundo 8.6 millones de casos nuevos y 940 mil muertes, lo que la convierte en una de las enfermedades infecciosas más mortíferas.

A ello se suma que el 95% de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medianos; además de ser una de las tres principales causas de fallecimiento en las mujeres cuya edad oscila entre los 15 y los 44 años1.

Aunque puede afectar a cualquier persona, se han identificado grupos de población que presentan tasas de morbi-mortalidad más elevadas que el resto de la población. En México, son los grupos más pobres y vulnerables, como los migrantes, los habitantes de zonas urbanas marginadas y rurales, los individuos privados de su libertad, las personas con VIH/SIDA, las poblaciones indígenas, los menores de 5 años y los adultos jóvenes mayores de 20 años.

En este sentido, las características socioculturales, las limitaciones en el acceso a los servicios de salud y protección social, la condición económica, el nivel educativo, la marginación y la exclusión social, son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad.

Aunado a lo anterior, se agrava la situación por el desarrollo de cepas de la bacteria resistentes a los medicamentos (Tuberculosis Multidrogorresistente, TB-MDR) y a la comorbilidad con enfermedades como la diabetes mellitus, desnutrición y el VIH/SIDA.

De acuerdo con los datos más recientes de la OMS para México, se estima que en el año 2012 hubo 27 mil nuevos casos de los cuales al menos mil seiscientos estaban infectados con VIH y 480 son casos de Tuberculosis Multidrogorresistente.

La problemática se agrava si consideramos el subregistro que existe de la enfermedad. Se calcula que la tasa de detección en América latina es de 79% de los casos estimados. De ahí que la OMS haya establecido como una de las acciones prioritarias durante los años 2014 y 2015 para el control de la tuberculosis el detectar, tratar y curar TODOS los casos, ya que una persona puede infectar entre 10 y 15 personas al año.

Otras acciones son el fortalecimiento del control de la Tuberculosis Multidrogorresistente; acelerar la respuesta a la coinfección TB/VIH; incrementar los recursos económicos nacionales; e, introducir nuevos métodos diagnósticos e iniciativas innovadoras.

Además de estas acciones de atención a la salud, no debemos dejar de lado que hay más probabilidades de contagio y desarrollo de la tuberculosis en aquellos organismos con sistemas inmunológicos debilitados, por lo que atender los determinantes sociales como la pobreza y la malnutrición resulta imprescindible para el control de esta enfermedad.

No olvidemos que, de acuerdo con cifras del CONEVAL, en México hay 53.3 millones de personas en pobreza y 11.5 millones en pobreza extrema, lo que representa que más del 55% de la población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad ante este y otros padecimientos.

Si el doctor Robert Koch viviera, se escandalizaría de ver la magnitud que ha alcanzado una enfermedad que es curable con la adecuada supervisión y apoyo del paciente por un agente sanitario, además de que se puede prevenir.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias para que se realice el también imperioso el acceso universal a la salud de calidad, priorizando la atención de las poblaciones vulnerables. Como señala el lema de la Organización Panamericana de la Salud para este año: En muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades, la tuberculosis no siempre es diagnosticada: Diagnóstico y tratamiento para todos.

Senado de la República, a 27 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal”.


1 Organización Mundial de la Salud, en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 1º de abril a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:51 horas)

Directorio

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