Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 23 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 4



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Mayo de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: (11:14 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- El C. Secretario Diputado Guillermo Sánchez Torres: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISIÓN PERMANENTE

SEGUNDO RECESO
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

Sesión del 21 de mayo de 2014.

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA
DIP. LEOBARDO ALCALA PADILLA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS

DIP. AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA, DEL
DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA
DIP. RUBÉN CAMARILLO ORTEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

DIP. RICARDO CANTÚ GARZA
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE
DIP. FRANCISCO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. OMAR FAYAD MENESES
SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN
DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA
SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY
DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA
DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS
DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ
SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

SEN. ARMANDO RÍOS PITER, EN SUSTITUCIÓN DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA EN SUSTITUCIÓN DEL DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS
DIP. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

Señor Presidente, hay una asistencia de 37 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de mayo de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño; con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta.






“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
TRECE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del martes trece de mayo de dos mil catorce, con una asistencia de veintiocho legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura  del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles siete de mayo de dos mil catorce.

Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los nombramientos expedidos por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de:

1) El ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, como Consejero Profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y

2) El ciudadano Armando José Baqueiro Cárdenas, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a la Tercera Comisión, el pasado jueves 8 de mayo.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que envía una lista de cuestionamientos para elaboración de las respuestas correspondientes, a partir del informe inicial que el 27 de abril de 2011 México sometió a la consideración del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, relativo a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.- Se remitió a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, comunicación suscrita por el titular del Ejecutivo Federal, por la cual reconoce y felicita al Senado de la República con motivo del proceso de nombramiento de los comisionados del organismo garante en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y señala que no hará uso de la facultad de objeción a que se refiere el artículo 6o., Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Senadores.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero-marzo de 2014, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

 

Se recibió del Diputado Manuel Añorve Baños, por la que solicita la sustitución en la Segunda Comisión, del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, por el Diputado Leobardo Alcalá Padilla.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

(Iniciativas)

El Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presentó a nombre propio y de los Diputados Jorge Herrera Delgado, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Alma Marina Vitela Rodríguez, José Rubén Escajeda Jiménez y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 85 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de fomento de plantaciones comerciales.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, a nombre propio y del Diputados Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Abel Salgado Peña, a nombre propio y del Dip. Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Martha Sosa Govea, a nombre de la Diputada Consuelo Argüelles Loya y de diputados de diversos Grupos Parlamentarios, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 49 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

El Diputado Marco Aguilar Vega, a nombre del Diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación; y se reforman los artículos 112 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

 

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

(Acuerdo Mesa Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se designa al Diputado Leobardo Alcalá Padilla, como integrante de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente para el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio, en sustitución del Dip. Abel Octavio Salgado Peña.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica la designación que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, como Consejero Profesional en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. Fue aprobado en votación nominal. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Proposiciones)

El Senador Ismael Hernández Deras, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con los industriales azucareros del país y los productores de caña, establezcan las acciones necesarias para realizar una defensa eficaz en contra de la demanda interpuesta ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América en contra de la azúcar mexicana por posibles prácticas de dumping.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

 

El Diputados Juan Pablo Adame Alemán, a nombre propio y de la Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al congreso del estado de Guerrero generar una consulta amplia a la ciudadanía para debatir la iniciativa enviada por el gobernador de esa entidad federativa el 5 de mayo del presente año, que reforma diversos artículos al Código Penal del Estado de Guerrero y de la Ley 1212 de Salud para esa entidad federativa con relación a la despenalización del aborto.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del PAN; Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD; Senadora Laura Angélica Rojas Hernández del PAN; Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza del PAN; y Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. Fue aprobado en votación económica.

 

El Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a fin de que en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética, se vele puntualmente por los derechos laborales y de seguridad social de las y los trabajadores petroleros y electricistas.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, oficio por el que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por un periodo de 10 días, a partir del 13 de mayo de 2014.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden de Día de la Sesión. Fue aprobada en votación económica.

 

El Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió proposición con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a garantizar la seguridad pública en la red carretera nacional.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo sobre el proyecto integral Morelos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAÚL CERVANTES ANDRADE

 

Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento en torno al Día Internacional contra la Homofobia.- Hicieron uso de la palabra los legisladores: Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD; Diputada Martha Leticia Sosa Govea del PAN; Diputada Dora María Talamante Lemas de NA; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; y Diputada María de las Nieves García Fernández del PRI.

 

Se recibieron de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, dos Acuerdos en relación con solicitudes a un periodo de sesiones extraordinarias.- La Mesa Directiva dio cuenta con los acuerdos, así como con una comunicación de la Senadora María Elena Barrera Tapia y otra del Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. La Asamblea autorizó la incorporación al Orden del Día de un proyecto de decreto para convocar a las Cámaras del Congreso de la Unión a realizar sesiones extraordinarias. El proyecto de decreto fue considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación nominal. Se comunicó a las Cámaras del Congreso y se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

(Efeméride)

La Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó efeméride en conmemoración del Día del Maestro.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción IV de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

Del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV y los párrafos séptimo y octavo del artículo 223 del Código Penal Federal.- Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

 

Del Diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción I ter al artículo 14 de la Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a redoblar los esfuerzos para diseñar, instrumentar y fomentar esquemas de agricultura por contrato.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos, con la participación de los gobiernos estatales y de la industria automotriz nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar medidas de protección en favor de Carmen Aristegui y Teresa Ulloa Ziaúrriz y sus respectivos equipos de trabajo.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emprender medidas efectivas para disminuir el gasto y eliminar cualquier tipo de privilegio.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la inserción del tema “los beneficios de la lactancia materna” en las próximas ediciones de los libros de texto gratuito y en los planes curriculares de la educación primaria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a publicar los criterios a partir de los cuales verificarán y evaluarán las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de los planes de exploración y extracción de hidrocarburos, contenidos en la solicitud de asignaciones presentada por Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Luis Armando Córdova Díaz, Leobardo Alcalá Padilla y Enrique Aubry de Castro, con punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia desarrolle medidas urgentes para atender las obras de restauración del Instituto Cultural Hospicio Cabañas, monumento mexicano inscrito en la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal informe respecto al proceso de diseño, ejecución y resultados de la nueva estrategia de seguridad pública y nacional implementada.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, al gobierno local de Michoacán y los correspondientes gobiernos municipales para aprobar y ejecutar la rehabilitación y saneamiento de los Ríos Grande y Chiquito de Morelia.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Economía y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a impulsar las acciones y medidas necesarias a fin de evitar el aumento indebido en los precios de la canasta básica.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno mexicano a ofrecer al gobierno nigeriano la ayuda que juzgue conveniente ante el secuestro de las más de 200 niñas nigerianas, el pasado 14 de abril al norte de Nigeria.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Sismológico Nacional a implementar un programa de alerta sísmica que pueda ser utilizado en equipos de comunicación móviles.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a la reparación de las afectaciones en los municipios del estado de Guerrero, por el sismo de 6.6 grados en escala de Richter registrado el pasado jueves 8 de mayo de 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a realizar una intensa campaña en la que se ponga de manifiesto la gran importancia que representa la familia y los valores familiares para revertir la situación de descomposición social que está viviendo nuestro país.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República a atender demandas de quienes integran la “Tercera Marcha de la Dignidad Nacional: buscando a nuestros hijos e hijas y buscando justicia”.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Leobardo Alcalá Padilla, Luis Armando Córdova Díaz y Enrique Aubry de Castro Palomino, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a liberar los recursos aprobados a fin de que se apliquen los recursos etiquetados para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la pronta aplicación de los nuevos mecanismos de educación aprobados por la reforma en la materia.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre la manipulación de programas sociales en beneficio de funcionarios públicos del estado de Baja California Sur.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al ejecutivo estatal de Jalisco a otorgar y se agilizar la entrega de los apoyos económicos necesarios a los locatarios afectados por el incendio registrado en el “Mercado Corona”, el de 4 de mayo del año en curso, en Guadalajara, Jalisco.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el Decreto de expropiación en la comunidad de Buenavista, municipio de Tlaxco, en Tlaxcala.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer sus acciones y campañas informativas en materia de planificación familiar.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar al Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas necesarias para acelerar la entrega de recursos federales destinados a los proyectos de infraestructura cultural en estados y municipios.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la transferencia del Sistema Integral de Información de padrones de programas gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Desarrollo Social.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a esclarecer el presunto delito de corrupción y extorsión a servidores públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal por parte del ciudadano Nelson Toledo Gutiérrez.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Diputados Alliet Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ejercer la atribución que le confiere el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, y tomar las medidas convenientes para resolver la situación de los pequeños contribuyentes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre el presunto cobro de dádivas a trabajadores de diversas dependencias gubernamentales de la delegación Coyoacán.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir un decreto en el que se declare el 21 de diciembre como "Día Nacional de la Cultura Maya".- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos ante las amenazas de lluvias severas en diversas zonas del país.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Estatal Electoral del estado de Guerrero a ejecutar los resolutivos estipulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el municipio indígena de San Luis Acatlán, Guerrero, se consulte y se convoque a elección de sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos e instituciones comunitarias.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, en el marco de la Clausura de la Liga Mx 2014, realice las acciones correspondientes para promover al fútbol profesional como un medio para el cumplimiento de las finalidades previstas en artículo 2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe sobre el proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán.- Se turnó a la Tercera Comisión.

 

De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los tres ámbitos de gobierno a planificar y generar acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil y a sus homólogos estatales a implementar planes y programas preventivos para la temporada de ciclones tropicales 2014.- Se turnó a la Primera Comisión.

 

Del Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México a que, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas 2014, cumpla con el compromiso de celebrar una reunión preparatoria en México.- Se turnó a la Segunda Comisión.

 

Del Diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se condenan las declaraciones sistemáticas del Delegado Federal del Infonavit en Guerrero por estar alejadas de la Ley y golpear a la izquierda; asimismo, se exhorta al Director General del INFONAVIT a destituir al Delegado e investigar el probable uso de recursos públicos con tinte electoral y se determinen las sanciones correspondientes.- Se turnó a la Tercera Comisión.

(Efemérides)

Los Senadores integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, remitieron efeméride en conmemoración del Día Internacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Román Rosas González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ricardo Barroso Agramont y Sofío Ramírez Hernández, remitieron efeméride en conmemoración del 125o. aniversario del natalicio de Don Abelardo L. Rodríguez.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en relación con el Día Internacional contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse a la conmemoración del 15 de mayo, Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en conmemoración del Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride con motivo del Día Internacional de la Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates.

(Agenda política)

El Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió intervención para referirse al Tianguis Turístico 2014.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron intervención sobre la violencia que va en incremento en diversas entidades del país y la estrategia del gobierno para hacer frente a este fenómeno.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención en relación al fortalecimiento de la infraestructura turística del país.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates.

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con treinta y ocho minutos y citó para la siguiente sesión el día miércoles veintiuno de mayo, a las once horas.”

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobada el acta.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

 






- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Protocolo que Modifica el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta, firmado en la ciudad de Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, hecho en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Salud de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Igualmente, la Secretaría de Gobernación remitió oficio con el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecha en Castries y en la ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

 






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- El C. Secretario Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2014 desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2013.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que se informa que durante el mes de abril de 2014, únicamente se destinaron mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos legisladores:

Del Senador René Juárez Cisneros, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el lunes 12 de mayo del año en curso, se llevó a cabo la instalación de dicha comisión.








Y del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, por la que el informa que la moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y centenario luctuoso del Senador Belisario Domínguez Palencia, puesta en circulación por el Banco de México a propuesta del Senado de la República, fue galardonada como la moneda más bella del mundo, por la Conferencia Internacional de Directores de Casas de Moneda.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.








COMISION DE ADMINISTRACION
DE LA CAMARA DE SENADORES

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Para los efectos de los artículos 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de julio de 2014.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Está a discusión el Proyecto de Presupuesto. Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Proyecto de Presupuesto.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Proyecto de Presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobado el Presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de julio de 2014. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido en el mes de abril del 2014.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.






En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para presentar a nombre de Diputados de los grupos parlamentarios del PRI, del PVEM y de Nueva Alianza, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, a nombre propio y de los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, María de las Nieves García Fernández, Abel Octavio Salgado Peña, Francisco González Vargas, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Leobardo Alcalá Padilla, José Luis Flores Méndez, Dora María Guadalupe Talamente Lemas, Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, José Alberto Rodríguez Calderón, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez y Ricardo Astudillo Suárez)

- El C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna en representación de los Diputados de la Comisión Permanente del grupo parlamentario del PRI, encabezados por mi coordinador el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, así como por los Diputados compañeros del Partido Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México, para hacer y cumplir un compromiso hecho en Cámara de Diputados el pasado 15 de mayo.

Como es de todos ustedes conocido, el 15 de mayo fue aprobada en la Cámara de Diputados, en sus términos, la minuta recibida por el Senado de la República que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ese mismo día nos percatamos de una modificación al artículo 209 de la ley en comento empezaron a surgir diversas interpretaciones sobre el particular.

Una de ellas la que más nos preocupó en ese momento e inclusive el Senado de la República, por conducto del grupo parlamentario del PRI, realizaron las precisiones pertinentes a fin de que quedase total y absolutamente claro que en ningún momento la aprobación era tendiente a una pensión vitalicia o situación cercana a ella.

En pocas palabras, no existe ni existirá pensión vitalicia en el caso de los magistrados electorales, que es el caso que nos ocupa.

Ante tal circunstancia, los Diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, nuestros compañeros del Partido Verde Ecologista de México, así como del Partido Nueva Alianza, hicimos un compromiso para analizar el tema y, en su momento, presentar una iniciativa de ley que aclarase cualquier situación de una posible e indebida interpretación de la misma.

Es por ello que el día de hoy acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que modifica la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que quede perfectamente claro que el haber de retiro es sólo por determinación del Comité de Administración del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, primera premisa.

Segundo. Está limitado a dos años, dado que el artículo 101 de la Constitución prevé que durante los dos años posteriores a la conclusión del encargo, estarán inhabilitados para participar como patronos o abogados ante instancias del propio Poder Judicial de la Federación.

Debemos de hacer mención aquí que esa relación puede ser directa o indirecta, no necesariamente este servidor público tiene que acudir de manera directa al Poder Judicial de la Federación, podrá simple y sencillamente esa prohibición ampliarse bajo el entendido de no poder asesorar una empresa que tenga algún litigo, ya sea a nivel local o a nivel federal, ante la propia instancia del Poder Judicial de la Federación.

En pocas palabras, hace nugatoria la posibilidad de que estos magistrados tengan la oportunidad de trabajar durante esos dos años posteriores a la conclusión de su encargo.

En tal razón, el haber de retiro que va a determinar el propio Comité de Administración, se limita a dos años. Con eso queda perfectamente claro que en ningún momento se habló, ni se pretende hablar, de una pensión vitalicia.

Tercero. Como es de todos ustedes conocido, existe la posibilidad de que estos servidores públicos a la conclusión de su encargo vuelvan a trabajar dentro del propio Poder Judicial de la Federación.

En ese sentido, no tendrán derecho a este haber de retiro.

Esto, compañeros legisladores, acota, define y limita de manera muy clara la intención del grupo parlamentario del PRI y de los demás iniciantes para aclarar este punto en lo particular.

Deseo señalar que hemos solicitado que se turne a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Ahí analizaremos las demás propuestas, todo ello con la finalidad de que antes del 30 de junio lleguemos a un criterio definitivo, pero lo que sí podemos asegurar desde este momento, es que no hay ni habrá pensión vitalicia en este caso.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quienes suscribimos, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Manuel Añorve Baños, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, María de las Nieves García Fernández, Abel Octavio Salgado Peña, Francisco González Vargas, Ricardo Fidel Pacheco, Leobardo Alcalá Padilla, José Luis Flores Mendez, Dora María Guadalupe Talamente Lemas, Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, José Alberto Rodríguez Calderón, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez, Ricardo Astudillo Suárez, Diputados integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, a fin de que sea turnada a la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXXI, del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de lo siguiente:

El pasado 15 de mayo del presente, el Congreso de la Unión, en sesión extraordinaria, aprobó el Decreto por el que SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

El Decreto de mérito prevé la adición de una fracción XXXI al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efecto de que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conformada por tres Consejeros de la Judicatura Federal y dos Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, determine, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior del referido Tribunal.

La adición aprobada, en la parte objeto de la presente iniciativa, es del tenor siguiente:

Artículo 209. La Comisión de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

XXXI.- Determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior, y

Los suscritos firmantes de la presente iniciativa, consideramos que la adición contenida en el Decreto requiere ser precisada, a efecto de evitar interpretaciones divergentes en relación con la facultad conferida a la Comisión de Administración, y en consecuencia, en la determinación del haber de retiro previsto para los Magistrados de la Sala Superior de ese Tribunal.

Lo anterior, en razón de las siguientes consideraciones:

1.- Los haberes de retiro son una prestación que, en términos del propio marco constitucional y los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, válidamente se pueden otorgar si se cumple con los requisitos siguientes:

a). Que exista una ley que prevea la prestación de los haberes de retiro, conforme a los artículos 13, 73, fracción XI, 94, párrafo décimo segundo, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b). Que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se contengan previstas las erogaciones por este concepto, atento a lo establecido por los artículos 75 y 127 del texto Constitucional.

c).Que se les incluya en los tabuladores salariales y de prestaciones de los empleados del Poder Judicial de la Federación y se regule en los acuerdos que emita al efecto el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los numerales 99 y 127 de la Constitución, así como 186, fracción VII, y 189, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, acorde con el artículo 127 de la Constitución, el haber de retiro de los juzgadores debe estar expresamente previsto en una norma materialmente legislativa, por lo que se puede establecer como parte de los elementos y componentes de la estabilidad e inamovilidad de dichos funcionarios. El criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal establece lo siguiente:

HABER DE RETIRO. ES VÁLIDO FACULTAR AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA REGLAMENTAR Y DETALLAR SU CÁLCULO Y OTORGAMIENTO, SI ASÍ LO PREVÉN LA CONSTITUCIÓN O LAS LEYES DE LOS ESTADOS.

Acorde con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el haber de retiro de los Magistrados y Jueces locales debe estar expresamente previsto en una norma materialmente legislativa, por lo que cuando ha sido establecido en la Constitución Local, como parte de los elementos y componentes de la estabilidad e inamovilidad de los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia respectivo y, por ende, de la independencia judicial, es válido que la Ley Orgánica correspondiente determine sólo algunos referentes y habilite al órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado para regular lo relativo a su otorgamiento y cálculo.

[J]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1; Pág. 516.

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la estabilidad judicial, ha establecido:

ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN.

Conforme al artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los integran, siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los Magistrados no sean removidos sin causa justificada.

Tesis de jurisprudencia P./J. 44/2007, registro 172525, del Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Constitucional, página 1641.

Cabe destacar también que, de un análisis del artículo 127 de la Constitución Federal, la figura del “haber de retiro” no forma parte del concepto de “remuneración”, el cual es aplicable a los servidores públicos en activo y en razón de que los haberes de retiro son conceptos diferentes que se cubren al término del ejercicio del cargo, por mandato de la misma Ley Suprema, lo cual fue establecido por nuestro Máximo Tribunal al resolver la controversia constitucional 81/2010, en la cual literalmente dijo que “…, aunque tienen una relación cuantitativa importante y trascendente, el ‘haber de retiro’ no forma parte del concepto de ‘remuneración’, de modo que el principio de irreductibilidad salarial de la función judicial no es extensivo directamente al haber de retiro, puesto que se trata de conceptos diferentes por mandato constitucional…”

2.- Por lo que hace a las incompatibilidades para ejercer la profesión de licenciado en derecho después de haberse actualizado el retiro de los Magistrados, debe aclararse que, por la naturaleza de sus cargos, están sujetos a una regulación más específica y rigurosa, pues les aplican las limitaciones e incompatibilidades previstas para todos los servidores públicos (régimen general), y las específicas que el legislador dispone para el personal judicial de alto nivel (régimen especial).

De este modo, los artículos 108, primer párrafo, y 113 de la Constitución disponen que todos los servidores públicos están sujetos a las leyes sobre responsabilidades administrativas en las que se determinen sus obligaciones, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. En tal sentido, los artículos 8º, fracciones VIII, XI, XII y XXIV, y 9º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, establecen prohibiciones y restricciones para el ejercicio de la profesión ante los órganos jurisdiccionales una vez que concluyen sus encargos y hasta un año después.

Por otra parte, el artículo 101 de la Constitución establece que, quienes hayan ocupado los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de Circuito o de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Jueces de Distrito o Consejeros de la Judicatura Federal, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Con lo anterior, se advierte que es mediante una ley especial como se deben regular los impedimentos, el plazo durante el cual están vigentes, así como las sanciones aplicables; tal es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

3.- De esta forma, el otorgamiento del haber de retiro se justifica exclusivamente en aquellos casos en los que existe prohibición constitucional o legal para que los juzgadores ejerzan su profesión de manera independiente durante los años inmediatos siguientes a la fecha de su retiro, toda vez que se limita su capacidad de obtener recursos económicos para sufragar sus gastos y tener un nivel de vida digno y decoroso, en términos de lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 7º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

4.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido precedente a este respecto, pero ha publicado en el año 2013 un documento intitulado Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, en el cual alude a las remuneraciones de Jueces y Magistrados en los términos siguientes:

1. Remuneraciones

130. Existen varios instrumentos de derecho internacional que se refieren a las remuneraciones de las y los operadores de justicia. Así, de conformidad con los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura la ley debe garantizar a los jueces “una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas”252. El Estatuto Universal del Juez contempla, también, que el juez “debe recibir una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia económica”, la que “no debe depender del resultado de la actividad del juez y no debe ser reducida mientras preste servicio profesional”253. A su vez, la Directrices sobre la Función de los Fiscales, establecen que los Estados deben tomar medidas para garantizar que los y las fiscales tengan condiciones razonables de servicio, entre ellas, una remuneración adecuada254. En cuanto a defensoras y defensores públicos de acuerdo con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas desfavorecidas255. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado por su parte, que el Estado debe garantizar las consignaciones presupuestarias  adecuadas para que el sistema de asistencia jurídica sea eficaz256 y por lo tanto, los Estados deben velar por que se proporcione a la defensa de oficio las asignaciones presupuestarias y los recursos humanos necesarios257. 252 Naciones Unidas. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán el 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, principio 11. 253 Estatuto Universal del Juez, aprobado por la Unión Internacional de Magistrados el 17 de noviembre 17 de 1999, artículo 13. 254 Naciones Unidas. Directrices sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, directriz 6; y Consejo de Europa, Comité de Ministros. Recomendación Rec (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. Adoptada por el Comité de Ministros el 6 de octubre 2000 en la 724 ª reunión de Ministros, párr. 5.d. 255 Naciones Unidas. Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, principio 3. 256 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 40 del pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Georgia, CCPR/CO/74/GEO, 12 d abril de 2002, párr. 11. 257 Naciones Unidas. Informe del Comité de Derechos Humanos. Volumen 1. 103º período de sesiones (17 de octubre a 4 de noviembre de 2011) y 104º período de sesiones (12 a 30 de marzo de 2012). Asamblea General. Documentos Oficiales. Sexagésimo séptimo período de sesiones. Suplemento Nº 40 (A/67/40). IV. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto y examen de la situación en los Estados partes en ausencia de informe en virtud del artículo 70 del reglamento. Jamaica, párr. 104. C. 24).

De lo anterior es posible concluir que el haber de retiro para los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es acorde con nuestro marco constitucional. No obstante, se considera que la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, adicionada por virtud del Decreto aprobado por este Congreso de la Unión, no contiene los elementos suficientes para acotar en su justa dimensión el otorgamiento de dicho haber.

Los Diputados Federales que suscribimos la presente iniciativa, consideramos que la norma que regula la posibilidad de acceder  al haber de retiro, debe contemplar los siguientes elementos:

a). En congruencia con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución, el haber de retiro debe estar acotado exclusivamente a los dos años siguientes a la conclusión de su encargo. Ello en razón de que es dicha prohibición constitucional la que justifica el otorgamiento del haber de retiro. Por tanto, la presente iniciativa prevé incorporar expresamente el criterio temporal referido, en el entendido que, bajo ninguna circunstancia, puede entenderse dicho haber de retiro como vitalicio.

b). En este mismo sentido, en razón de que, como ya se ha dicho, el haber de retiro se justifica en la medida que los Magistrados cuyo cargo ha concluido cuentan con prohibición expresa para desempeñarse como abogados o representantes en procesos ante el Poder Judicial de la Federación, y que ello implica que durante dicho periodo no pueden allegarse de ingresos derivados del ejercicio de su profesión, en caso de que algún ex Magistrado, dentro de dicho plazo de dos años, ocupe algún cargo público en los supuestos que lo permiten las leyes aplicables, no tendrá derecho al haber de retiro, en razón de que se encuentran ya en posibilidades de obtener ingresos y por tanto, no se justifica recibir al haber de retiro referido.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XXXI del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 209....

I.a XXX. …

XXXI.- Determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior, exclusivamente por lo que hace a los dos años siguientes a la fecha de su retiro, en razón de lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los Magistrados de la Sala Superior que con posterioridad a la conclusión de su encargo y dentro de los citados dos años ocupen un cargo público, no tendrán el derecho a que se refiere esta fracción,  y

XXXII.-

TRANSITORIO

Primero.-El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de mayo de 2014

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Dip Manuel Añorve Baños.- Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza.- Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Dip. María de las Nieves García Fernández.- Dip. Abel Octavio Salgado Peña.- Dip. Francisco González Vargas.- Dip. Ricardo Fidel Pacheco.- Dip. Leobardo Alcalá Padilla.- Dip. José Luis Flores Méndez.- Dip. Dora María Guadalupe Talamente Lemas.- Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino.- Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez.- Dip. José Sergio Manzur Quiroga.- Dip. José Alberto Rodríguez Calderón.- Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández.- Dip. José Rubén Escajeda Jiménez.- Dip. Ricardo Astudillo Suárez”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Gutiérrez de la Garza. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Jorge Luis Preciado, ¿Para qué asunto Senador?

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Señor Presidente, en primer lugar, extrañados por la iniciativa por dos razones.

La primera, porque de haber habido la voluntad del PRI de parar la reforma, lo hubieran hecho en la Cámara de Diputados ante la reserva que presentó el PRD y que avaló el PAN, lo cual no hicieron.

En segundo lugar, el primer acuerdo era que se presentaría una iniciativa no para los siguientes dos años, sino que simple y sencillamente no existiría una pensión vitalicia para los magistrados.

Y en tercer lugar, se está pretendiendo hacer una reforma al artículo 209 cuando la ley en comento todavía no ha sido promulgada por el Ejecutivo Federal, entonces tenemos un problema técnico, no se puede buscar la forma de modificar determinado artículo cuando éste todavía ni siquiera entra en vigor.

Por lo tanto, yo le sugeriría, y exhorto al grupo parlamentario del PRI, que si nos acompañan en un punto de Acuerdo podríamos resolverlo de una manera más sencilla, que el Presidente de la República, ejerciendo las facultades extraordinarias que tiene para vetar parcial o totalmente una ley, pudiera vetar directamente el artículo 209.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Senador Preciado, solamente quiero aclarar que cualquier legislador tiene derecho a presentar iniciativas, de acuerdo al artículo 71 constitucional.

Es responsabilidad de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibir las iniciativas y turnarlas a las comisiones, de conformidad con lo que establecen los artículos 78 constitucional, fracción III, y el 122 de la Ley Orgánica del Congreso General. Será responsabilidad de la Comisión de Gobernación, a quien ha sido turnada esta iniciativa, para continuar su trabajo de dictaminación durante el trabajo legislativo.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Estando de acuerdo con el planteamiento, señor Presidente…

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: No ha lugar.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) El único detalle es que estamos haciendo una reforma sobre algo que todavía no existe.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: No ha lugar para debate, agradezco mucho su intervención.

Sonido en el escaño del Diputado Manuel Añorve.

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Sólo le pedimos, de manera muy respetuosa, continuar con el Orden del Día, esos son los argumentos que yo iba a comentar.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Así ha sido determinado. Queda ratificado el turno de esta Presidencia a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar a nombre propio y del Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN, un proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y SE REFORMAN EL PARRAFO QUINTO DEL ARTICULO 4 Y LAS FRACCIONES X, XI Y XII DEL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

(Presentada por el C. Senador Héctor Larios Córdova, a nombre propio y del C. Diputado Carlos Alberto García González, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

El objeto de esta iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es homologar lo que ya de hecho está en la Ley de los Derechos del Contribuyente. Hay que recordar que, primeramente, en el 2005 se legisló en torno a los derechos del contribuyente; y se materializó la defensa de los derechos del contribuyente a través de crear la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente el año siguiente, en el 2006.

En el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se establece que se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, así como los organismos federales fiscales autónomos; es decir, no solamente es lo concerniente al Servicio de Administración Tributaria, sino también se refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En la propia ley se establece que son atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hacer observaciones sobre leyes que afecten al contribuyente o que puedan ser mejoradas, pero en esos artículos no se extiende esa atribución a los organismos coordinados, como lo son el Seguro Social y el caso del INFONAVIT.

Por ello es la propuesta de esta reforma, ampliar las atribuciones, homologar las atribuciones que ya tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un instrumento que los mexicanos nos hemos dado, tiene ocho años de vida, y en esos ocho años de vida ha acreditado ponerse de lado del contribuyente, que esa es su función, y ha sido un factor esencial para poder concluir con varios errores o abusos de la autoridad fiscal en contra de un contribuyente.

Máxime ahora que se han reformado las leyes fiscales, particularmente el Código Fiscal, y que se han dado atribuciones discrecionales importantes a la autoridad fiscal, al Servicio de Administración Tributaria, nos parece que es muy importante que se fortalezca al organismo que defiende a los contribuyentes.

La iniciativa obra en poder de la Secretaría, señor Presidente, de manera que solicito solamente sea turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Es cuanto.

Iniciativa

“El Senador de la República, HEctor Larios COrdova, y el Diputado Federal, Carlos Alberto GarcIa GonzAlez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional del Senado de la República y de la Cámara de Diputados correspondientes a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se Adiciona un pArrafo tercero al artIculo 1o de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y se Reforman el pArrafo quinto del artIculo 4 y las fracciones X, XI y XII del artIculo 5 de la Ley OrgAnica de la ProcuradurIa de la Defensa del Contribuyente bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado mes de abril, la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º fracción XVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados una serie de enmiendas a las leyes que protegen los derechos de los contribuyentes, mismas que los Senadores y Diputados de Acción Nacional respaldamos y que suscribimos en la presente Iniciativa.

Con el ánimo de equilibrar la relación entre los contribuyentes y autoridades fiscales federales, este Congreso de la Unión decidió fortalecer los derechos y garantías del contribuyente con un marco de certeza jurídica y consagración legal y sistemática de esquemas de defensa y protección de los contribuyentes.

En este contexto, el 23 de junio de 2005, se publicó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en el Diario Oficial de la Federación, originada de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2003, en la que se reconoce en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que la Ley se refiere a todas las autoridades fiscales federales, y no únicamente al Servicio de Administración Tributaria.

Posteriormente, el 4 de septiembre de 2006, se publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo la organización y funcionamiento de la Procuraduría, a fin de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, por lo que asertivamente se señala, a quienes se deben considerar Autoridades Fiscales Federales, incluyendo a las autoridades coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.

La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala lo siguiente:

“Artículo 4.- […]

Se entiende por autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.”

En tal sentido, se propone una modificación al artículo 1º de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para que sea adicionado un párrafo que establezca, en congruencia con el último párrafo del artículo 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente antes transcrito, a quienes se considerarán como autoridades fiscales federales en el ámbito de la seguridad jurídica y protección de los derechos de los contribuyentes.

En razón de lo anterior, resulta necesario precisar y establecer en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que la defensa y protección de los derechos del contribuyente no sólo se limitan a las actuaciones y facultades de fiscalización que realiza el Servicio de Administración Tributaria, sino de todas las autoridades fiscales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter federal, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.

Por lo anterior, fortalecer y extender las facultades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para la defensa y protección de los intereses de los contribuyentes, es una necesidad respecto de las atribuciones consignadas en las fracciones X, XI y XII del artículo 5° de su Ley Orgánica, las cuales en sus alcances se encuentran coartadas, como a continuación se observa:

“Artículo 5.- Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:
[…]

X.- Proponer al Servicio de Administración Tributaria las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;

XI.- Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomendaciones correspondientes;

XII.- Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo solicite el Servicio de Administración Tributaria;…”

Tomando en cuenta que la redacción de las fracciones anteriores, es limitativa en cuanto a su competencia, se considera viable y necesaria la modificación para reformar las fracciones X, XI y XII del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ampliando las atribuciones en ellas contenidas, respecto de quienes son autoridades fiscales federales además del Servicio de Administración Tributaria, siendo coherente con lo que señala el artículo 4° del mismo ordenamiento y con la propuesta de modificación al artículo 1º de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Derivado de lo anterior, los Senadores y Diputados de Acción Nacional coincidimos con la propuesta legislativa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya que estamos seguros que traerá consigo beneficios directos en el fortalecimiento de la defensa de los contribuyentes, ya que los organismos fiscales autónomos, al ejercer sus atribuciones en materia fiscal, pueden realizar actos que vulneren su ámbito de garantías, y al no estar considerados como autoridades fiscales en dichas fracciones, limitan el ámbito de competencia de esa Procuraduría respecto de la emisión de opiniones, recomendaciones o identificación y propuesta de modificación a la normatividad interna que mejore la seguridad jurídica o defensa de los contribuyentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Adiciona un párrafo tercero al artículo 1° de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y se Reforman el párrafo quinto del artículo 4 y las fracciones X, XI y XII del artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1o de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para quedar como sigue:

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Artículo 1o.

Son autoridades fiscales el Servicio de Administración Tributaria, los organismos federales fiscales autónomos, así como las autoridades fiscales de las Entidades Federativas y, en su caso, las de sus Municipios, cuando estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Artículo Segundo. Se Reforman el párrafo quinto del artículo 4 y las fracciones X, XI y XII del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Artículo 4. …

I …

II. …

Son autoridades fiscales el Servicio de Administración Tributaria, los organismos federales fiscales autónomos, así como las autoridades fiscales de las Entidades Federativas y, en su caso, las de sus Municipios, cuando estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Artículo 5. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

I. a la IX. …

X. Proponer a las autoridades fiscales las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes;

XI. Identificar los problemas de carácter sistémico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a efecto de proponer a las autoridades fiscales las recomendaciones correspondientes;

XII. Emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales o aduaneras cuando así se lo soliciten las autoridades fiscales;

XIII. a la XVII. …

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 21 Días del mes de Mayo del año 2014.

Sen. Héctor Larios Córdova.- Dip. Carlos Alberto García González”.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Senador Fayad, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Quería preguntarle al orador en turno si me permitía suscribirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Tome nota la Secretaría y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de la Cámara de Diputados, como fue solicitado por el Senador Larios.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quisiera, frente a esta Comisión Permanente, aclarar que yo suscribo todo lo que aquí ha sido, planteado por el Senador Alejandro Encinas.

Presentamos la iniciativa para efectos de que sea turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y podamos discutir y concretar el acuerdo que en la propia Cámara hicimos. Y quiero aprovechar para hacer algunas reflexiones con ustedes.

Nos faltan, además de esta iniciativa, de lo que tiene que ver con lo político electoral, varias iniciativas más y, cuando menos, otros 2 periodos extraordinarios.

Y creo que deberíamos de hacer un esfuerzo en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, para tener una mayor comunicación, un mayor nivel de entendimiento y un mayor nivel de acuerdo.

Se requiere por bien del país, por bien de las instituciones, el que podamos entendernos mejor. Si la Cámara de Senadores no hubiese clausurado el día 14, pues hubiéramos tenido oportunidad, el día 15, en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados, pues haber tenido oportunidad de corregir algunas cosas y no estar hoy presentando iniciativas para tener que resolverlas en un periodo extraordinario.

No pretendo buscar culpables, simplemente planteo la reflexión de que requerimos hacer un esfuerzo por un mayor entendimiento. Y ojalá pudieran, si es posible, resolver en conferencia varios de los trabajos pendientes y varias de las iniciativas por dictaminar; o cuando menos sí establecer los mecanismos de comunicación que nos permitan tener, entre la Cámara de Diputados y entre la Cámara de Senadores, elementos suficientes y de común acuerdo para poder cada quien tomar las decisiones que corresponden.

Segundo. Compañeras y compañeros, tenemos un grave problema y una bomba de tiempo, con las poco más de 50 millones de cuentas individuales de los trabajadores de este país en las Afores.

Y tenemos una bomba de tiempo, porque de las 50 millones de cuentas que tenemos en las Afores, por desgracia, la mayoría de esas 50 millones, la absoluta mayoría no va poder cumplir los requisitos para tener una pensión.

Si en este momento se hiciese el corte, solamente 6% de esas 50 millones de cuentas individuales, cubren los requisitos para poder tener una pensión.

Requerimos arreglar eso, requerimos estudiar a fondo y modificar la legislación, las normas, para efecto de darle viabilidad, para que se logre el objetivo de que los trabajadores tengan una pensión y una pensión digna, yo creo que sí, yo creo que es menester hacerlo.

Esta es una parte de esta propuesta, contenida en las modificaciones que se hacen a la reforma de la Ley del SAR, y a un transitorio, donde se plantea que se integren un grupo de expertos que estudien de fondo las causas, los problemas que tienen las cuentas individuales en las Afores, para efecto de encontrar y recomendarle al Congreso, en seis meses, pues qué debe hacer para poder corregir de fondo, o intentar corregir de fondo, el problema que tiene este sistema que se creó de retiro individual a través de las cuentas en las Afores.

Tercero. Creamos, se aprobó en la Cámara de Diputados, el asunto de la pensión universal, empezando con 580 pesos; está aquí también en la Cámara de Senadores.

En nuestra opinión, es menester que se busque la manera de discutirlo y aprobarlo lo más pronto posible, porque eso indiscutiblemente es para beneficiar a la gente que no tuvo oportunidad de aportar, que no tiene pensión, que no tiene seguridad social y que entonces estamos ofreciendo una alternativa, a una especie de esquema, no contributivo, para efectos de que tengan algún ingreso, que en algo alivie la condición desfavorable en que se encuentran millones de adultos mayores, de más de 65 años, que no tienen otra alternativa que el monto de esta pensión universal.

No resolver, no atender estos problemas y, sin embargo, sí pretender atender el asunto de un pequeño grupo de magistrados, que se les dotó, o que se les da la facultad para que puedan otorgarse haberes de retiro, y queda, de acuerdo a como quedó la reforma en el artículo 209 fracción XXXI, pues queda abierta, queda a discreción, para que en todo caso el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, a través del subcomité de administración, pues puede decidir el tiempo de haber de retiro que se asigna.

Si no, no queda con ningún acotamiento de ninguna naturaleza. Y entonces, por lo tanto, es menester derogar esa facultad que se le está otorgando al Tribunal, porque no hay ninguna razón, ninguna base para preocuparse. Porque les pasa a los magistrados, en los dos años que supuestamente tienen los magistrados la limitante de no poder litigar contra el Poder Judicial, al que pertenecieron, pues es la única limitante que establece el artículo 101 de la Constitución. No establece otra.

Y por lo tanto, en función de eso, decir, si nosotros contemplamos ya el conjunto de prestaciones que tienen, entre ellos el propio bono de retiro que está establecido, y en el que, en un cálculo conservador, se llevarían cuando menos cuatro millones de pesos, para poder atender los dos años que en el caso, en el supuesto de que no tuviesen ningún empleo, pues tendrían perfectamente resuelto el problema de un ingreso más o menos de 150 mil pesos por mes, cada uno de esos dos años.

O sea, no hay realmente base, razón, pues de que preocuparse, ni se está cometiendo ninguna injusticia con los magistrados.

Yo lo que digo es, si alguien, si algún magistrado no le conviene este esquema de sueldo y prestaciones que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues puede, efectivamente, también renunciar para efectos de que en todo caso, otros que si estén de acuerdo, pues puedan participar y ser parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La verdad, compañeros, la reacción que se generó a partir de eso, nos llama a todos, Senadores, Diputados o toda la Permanente, a ser más sensibles frente al sentir que tiene el conjunto en la sociedad, de todos los colores y sabores, la diversidad social. El conjunto de hombres, mujeres y jóvenes frente a este tipo de privilegios, que una parte de la clase política tiene o tenemos, y que la mayoría de la población se encuentra en condiciones muy difíciles en el marco de lo que está pasando en nuestro país.

Entonces, mi exhorto, respetuoso, además de presentar la iniciativa, de pedirle al Presidente que se publique y se turne a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para efectos de discutir, debatir y, en todo caso, buscar la manera de conseguir y resolver este problema en la Cámara de Diputados, como quedamos. Además de eso, el exhorto, el llamado respetuoso a que seamos pues más sensible frente a lo que está pasando en el conjunto de la sociedad y a que arreglemos, a que reflexionemos y busquemos la manera de arreglar, de cuando menos empezar a tratar con responsabilidad estos asuntos de pensiones complejos que tenemos, estos problemas graves que tenemos en las Afores, en el asunto de la pensión universal y luego pues nos demos tiempo, si queremos, para revisar otros esquemas.

Pero hoy los magistrados no tienen necesidad, compañeras y compañeros, que les demos ninguna facultad para que se otorguen ningún privilegio, porque no lo requieren, desde nuestro punto de vista.

Y cualquier privilegio que se otorgue hoy a los magistrados, va a sonar, nos guste o no, a un soborno anticipado.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el marco de la discusión en el Congreso, durante el período extraordinario celebrado los días 14 y 15 de mayo pasados, de la legislación secundaria que reglamenta el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014, se enfrentaron serios cuestionamientos que pusieron en segundo término la relevancia de la reforma política en sí.

Como se manifestó en tribuna por diversos legisladores, en la sesión del 15 de mayo pasado en la Cámara de Diputados, los temas relevantes de la discusión y aprobación del Dictamen que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no fueron las modificaciones a las reglas de la contienda electoral, sino la inclusión de ordenamientos no contenidos en el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión, a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2014 y, en específico la incorporación de una disposición que permitiría a los Ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de determinarse a sí mismos, a través de su Comisión de Administración haberes de retiro.

En la minuta aprobada en el Senado de la República el 14 de mayo pasado, misma que fue aprobada en sus términos por la Cámara de Diputados al día siguiente, además de expedir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incorporó reformas y adiciones a las leyes General del Sistema de Impugnación de Medios en Materia Electoral, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Precisamente, el Proyecto de Decreto aprobado en ambas Cámaras del Congreso adiciona una fracción al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en que, sin justificación ni conexión con la materia electoral de que versa esta reforma a la legislación secundaria, se dota al Comité de Administración de una facultad discrecional para fijar sin criterio ni requisitos de ley haberes de retiro de los magistrados de la sala superior del Tribunal Federal de poder Judicial de la Federación.

Cabe recordar que bajo la figura del “haber de retiro”, que es utilizada tanto en el campo del derecho laboral, como en el derecho fiscal, se amparan diversas estrategias en el manejo de las nóminas de empleados tanto del sector público como privado, para manejar con mayor margen de libertad desde el punto de vista contable, sus prestaciones con respecto al pago del impuesto sobre la renta para buscar mayores exenciones fiscales para el contribuyente.

Está adición que se quiere introducir constituye la base para un régimen especial pensionario de privilegio como el que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reciben luego de 11 años de servicio un retiro vitalicio del 80% de sus ingresos totales en los dos primeros años de servicios y de un 100% en los siguientes, sumado a demás prestaciones en especie y en dinero.

Frente a la poca claridad de la propuesta de modificación, la forma en que fue incorporado el texto de la minuta desde la Cámara de Senadores, y la sospecha de las verdaderas intenciones que la motivaron, nuestro Grupo Parlamentario considera fundamental reformar el mismo texto normativo, para disipar toda duda sobre el ejercicio de esta facultad.

El argumento para crear un régimen de retiro para estos magistrados es la determinación contenida en el segundo párrafo del artículo 101 constitucional de que las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte maneja dos fideicomisos para administrar sus haberes de retiro. Los saldos acumulados hacia el 2011 ascendían a mil 13 millones de pesos. Con eso se fondean pensiones que en promedio ascienden a 94 mil pesos mensuales más otras prestaciones en especie y en dinero. Estos fideicomisos fueron fondeados con recursos fiscales.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD asumiendo el compromiso y la palabra empeñada de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN para derogar este artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante la derogación de su fracción XXXI, presentamos esta iniciativa.

ARGUMENTACION

Mantener en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una disposición como la que se ha comentado, es inconcebible. No se les puede dar facultades a los Magistrados del Tribunal Electoral para que ellos mismos acuerden, sus haberes, cuando debieran someterse, como todo servidor público al sistema de seguridad social que está previsto para ellos, y del cual ya son beneficiarios.

Suponer que el dejar de litigar durante dos años, se compensa con un haber de retiro indefinido demuestra que quienes introdujeron esta adición en un dictamen complejo y dictaminado a contrarreloj carecen de la más mínima sensibilidad frente a los problemas de los sistemas de pensiones y jubilaciones que hay en el país.

Es paradójico que el Senado tenga detenido desde octubre de 2013 una minuta de reforma constitucional y desde marzo de 2014 una minuta de reformas legales para establecer el derecho a las personas de 65 años y más a una pensión de 580 pesos mensuales. Pero en cuestión de horas, sin mayor discusión, sientan las bases para un sistema de haberes de retiro sin reglas, sin tener un esquema de financiamiento para beneficiar a algunos servidores públicos del Poder Judicial Federal, que seguramente luego del retiro pueden realizar otras labores no relacionadas con el litigio o a través de disposiciones administrativas, con ahorros propios tener algún bono o prestación de retiro que se pueda sustentar en disposiciones administrativos o de otro tipo. Los ingresos de la ministros tampoco son tan bajos como para pensar que viven al día como dos terceras partes de los asalariados que subsisten de tres salarios mínimos o menos.

Según el Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2014, el Ministro Presidente del Tribunal Electoral recibe:

  • Sueldo básico mensual de $182,440;
  • Prestaciones nominales por $64,505;
  • Prima vacacional de $58,447;
  • Aguinaldo de $363,713;
  • “Pago por riesgo” de $411,816

Como todo servidor público, los ministros están afiliados al régimen obligatorio del ISSSTE que otorga pensiones y jubilaciones de acuerdo a su ley vigente. Pero además, cuentan con un seguro de separación individualizado; este seguro se financia con descuentos de 2, 5 o 10% del sueldo base más compensación garantizada y un porcentaje equivalente que aporta el Tribunal Electoral.

Los ministros ejercen su cargo durante 9 años; en consecuencia, el pago de esta prestación puede alcanzar un monto de 3 millones 940 mil 704 pesos, equiparable al pago de los dos años en que los Ministros deben estar sujetos a la disposición de un retiro del litigio durante dos años.

También el Tribunal cuenta con un seguro colectivo de retiro. La prima mensual determinada para cada servidor público es de $21.40, del cual el Tribunal aporta $13.50 y el servidor público $7.90, mediante descuentos vía nómina. El beneficio se otorga en el momento que tramite su jubilación, con una suma asegurada que va de $12,000.00 a $25,000.00, dependiendo de los años de servicio y tiempo de cotización al ISSSTE.

Pero además no tener un sustento esta medida, queda la incertidumbre de si estamos ante, como se mencionó en el debate en la Cámara de Diputados, un “soborno anticipado”, para congraciarse ante quienes deben sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias electorales. Debemos evitar que la reforma electoral aprobada por este Congreso nazca empañada por la sombra de la duda, que confrontó a los grupos parlamentarios y que abona la desconfianza en un proceso electoral en que se probará la efectividad de esta nueva regulación.

Para nuestro Grupo Parlamentario todavía estamos a tiempo para corregir esta inequidad, para darle certeza a nuestro sistema electoral, a nuestro sistema judicial y a nuestro propio Congreso. Todavía estamos a tiempo para que el avance que se tuvo con la reforma electoral no quede condenado por un vicio de origen y por una decisión equivocada, injusta y desafortunada.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

ARTICULO UNICO. Se deroga la fracción XXXII del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 209.-

I.- a XXX.-…

XXXI.- SE DEROGA

XXXII.-…

TRANSITORIOS

ÚNICO. El Presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 21 días del mes de mayo de 2014

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Miguel Alonso Raya. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, para presentar a nombre de la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, un proyecto de Decreto que adiciona o abroga diversos artículos de la Ley Federal de Consulta Popular y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.






Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los CC. Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Angel Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Diputado Presidente.

Quisiera también solicitar su autorización para que en este mismo acto presente un proyecto de Decreto que adiciona la fracción III al artículo 255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado de la República, relativo al nombramiento de los magistrados de los tribunales electorales locales, que también está pendiente de resolución. Lo voy hacer de manera muy breve.

Primero, reconocer la iniciativa que ha presentado el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, quien participó en la mesa de discusiones de la reforma política, que da cuenta que este es un tema en el que no tuvimos acuerdo en las mesas de negociación celebradas aquí en el Senado de la República con la participación de representantes de grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, tanto del PRI, del PAN como del PRD.

Aunque prevalece, una de las diferencias de fondo que es el establecimiento, ya sea temporal o permanente, de los haberes de retiro de los magistrados. Desde la discusión, que fue una discusión que iniciamos hace tres meses, en donde no estuvo presente el tema hasta el día 12 de mayo, sostuvimos con toda claridad que ningún servidor público debería recibir emolumento alguno adicional a los establecidos en la propia ley, porque independientemente del cargo que un funcionario o un servidor público ostente, pues no debe detentar ningún tipo de privilegio adicional.

Por eso, hemos insistido en que debe de eliminarse cualquier prebenda que diferencia al resto de los servidores públicos, porque el asunto no es como lo señalaba el Magistrado Flavio Galván, del Tribunal Superior de Justicia, que el bono era una garantía para garantizar la imparcialidad del Tribunal Federal Electoral.

Los recursos económicos no son una garantía, y el actuar con imparcialidad y con apego a la ley es una obligación de los servidores públicos, que con bono o sin bono, con haber de retiro o sin haber de retiro deben apegarse en todo tiempo a los principios de legalidad, de imparcialidad y de certeza en los procesos electorales.

Y mantenemos nuestra posición, ningún servidor público debe recibir mayor emolumento económico que los establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al igual que cualquier otro trabajador en nuestro país, y menos aún, otorgar mayores privilegios a una burocracia ya de por sí privilegiada.

Basta ver cuál es el régimen salarial de prestaciones de bonos y de privilegios que ostentan hoy los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. Reciben percepciones mensuales netas, a partir de un sueldo base y de compensación garantizada.

Otros ingresos como parte de su salario: prima vacacional, aguinaldo, pago por riesgo, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada con aportaciones del 10 por ciento de su salario y el equivalente por parte del Tribunal, auto y celular, viajes en primera clase en compañía de alguna persona, que incluye renta de auto y viáticos, así como un bono adicional en el año electoral y gastos de representación.

Eso representa, por ejemplo, que el actual Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibe un sueldo base mensual de 182,440 pesos; prestaciones nominales por 64,505; prima vacacional por 58,447 pesos; que con su aguinaldo de 163,713 pesos le lleva a obtener, bueno, más un pago por riesgo por 411,000 pesos, le lleva a tener un ingreso anual de 5 millones 985,000 pesos, que contemplan los ingresos y las prestaciones.

Si lo comparamos con los cargos equivalentes en otros países, vamos a tener un referente del abuso que significan estos privilegios.

Por ejemplo, el Tribunal de la Suprema Corte de los Estados Unidos percibe 3 millones 295,000 pesos al año, muy por debajo de los casi 6 millones anuales del presidente de tribunal; y en el caso del Presidente del Tribunal Supremo de España, tiene una percepción anual de 2 millones 303,000 pesos.

Por eso, nosotros insistimos que debe de eliminarse la fracción XXXI del artículo 292, en donde se estableció indebidamente este privilegio adicional a los magistrados y que sus prestaciones se sujeten estrictamente a lo establecido en la ley.

La iniciativa que acaban de presentar Diputados del PRI, señala que puede establecerse el haber de retiro respecto a los dos años en que están impedidos para litigar, no para desempeñarse profesional o laboralmente en otra área, y la primera pregunta sería, en ese caso ¿ese haber temporal de dos años contemplará, por ejemplo, este concepto de prima de riesgo? ¿A qué riesgo se enfrenta un magistrado electoral?

Pues no hay un riesgo mayor que los presidentes municipales de este país, que a la fecha van 64 asesinados; no hay un nivel de riesgo mayor que en muchos de los periodistas que han sido asesinados, no hay un riesgo mayor que muchos legisladores locales y federales; son magistrados, no son bomberos ni policías judiciales ni gente que realiza actividades de alto riesgo menos en el bunker en el que se encuentran cubiertos allá en el sur de la ciudad.

Por eso nuestra propuesta, y la propia que harán nuestros compañeros del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados plantean, con toda claridad y precisión la derogación de este artículo que no fue resultado de negociación alguna y que tanto, hay que reconocer, las representaciones de Acción Nacional como las del PRD rechazamos en el momento en el que se presentaron e indebidamente fueron llevadas al dictamen que se discutió el 14 de mayo en la Cámara de Diputados, y que al día siguiente despertó una enorme indignación, con sobrada razón, no sólo en la Cámara de Diputados, sino en toda la sociedad mexicana.

Y finalizo también haciendo la presentación de la propuesta de la reformas al Reglamento del Senado de la República para incorporar como facultades del Senado el nombramiento de los magistrados electorales que integran los órganos jurisdiccionales locales, en donde estamos planteando un procedimiento que surge a partir de la emisión de una convocatoria por parte de la Junta de Coordinación Política, donde se establecerán las reglas claras para que puedan participar quienes aspiran a estos cargos.

En que la instancia competente dentro del Senado de la República estará la Comisión de Justicia, quien hará la valoración de los documentos que presenten los distintos aspirantes y desde su derecho de audiencia presenten ante el Pleno del Senado una propuesta que deberá ser aprobada por mayoría calificada.

Debo recordar que hay mandato constitucional expreso para que antes del 30 de septiembre de 2014 estén nombrados todos los magistrados de las entidades donde habrá proceso electoral local, que son 17: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Creo que esto debe resolverse a la brevedad e independientemente de que se publique pronto o no lo que fueron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, tomar las previsiones hoy para que las comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados, a las que compete ese dictamen, puedan ir avanzando en la elaboración de un dictamen que pueda emitirse al momento de la publicación de los Decretos de estas dos leyes; y en un próximo periodo extraordinario de sesiones resolver este litigio que jamás debió haberse presentado porque nunca fue un tema discutido, negociado y acordado en la mesa de negociaciones.

Espero que sin el purismo legislativo que está planteado tomemos esas medidas para resolver este que es un hecho bochornoso frente a la enorme y difícil situación que enfrentan la inmensa mayoría de los mexicanos y que es indigno establecer privilegios a quienes ya gozan de los mismos en este país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativas

"Quienes suscriben, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas RodrIguez, Dolores Padierna Luna, BenjamIn Robles Montoya, Luis SAnchez JimEnez, Armando RIos Piter e Isidro Pedraza ChAvez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, párrafo 1, fracción I; 164,169y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracciOn XXXI del artIculo 209 de la Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece tres principios fundamentales sobre los que se erige el sistema electoral mexicano: el de periodicidad en la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo; el de libertad en la expresión de la voluntad popular para elegir a sus representantes, y el de autenticidad de los procesos electorales que se instrumentan con ese fin. Los tres principios son sustento importante del carácter democrático de nuestra República representativa.

La propia Constitución dota al Estado, a través las autoridades electorales, de la función de organización de los procesos electorales, en los que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son principios rectores. Y para garantizar su vigencia pero, sobre todo, la de los principios fundamentales del sistema electoral, los artículos 94 y 99 constitucionales establecen al Tribunal Electoral, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

Así, por jerarquía judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral es garante última de los caracteres democrático y representativo de la República. Por ello, sus determinaciones conllevan el riesgo permanente, en mayor o menor grado, de desequilibrar el sensible vínculo de legitimidad subyacente en la relación sociedad y poderes públicos. Un vínculo cuya estabilidad es indispensable en una relación de constante tensión, cuyo agravamiento puede generar la desestabilización del Estado con graves implicaciones.

Por ello, quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral, precisan de un alto compromiso con la democracia y, para ello, de una profunda vocación para la defensa de los principios constitucionales de libertad, periodicidad y autenticidad en los procesos electorales. Y precisan también de una alta sensibilidad respecto del impacto que conllevan sus determinaciones en la vida política democrática de la Nación.

Precisamente para acrecentar y mejorar los mecanismos jurídicos de resguardo de dichos principios, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales implementaron un proceso de reforma a diversos artículos de la Constitución Federal con dirección a una transformación profunda del sistema electoral nacional. Tras un vasto trabajo de búsqueda y conformación de acuerdos, el pasado 10 de febrero fue publicado el decreto correspondiente, mismo que contó con un importante apoyo de las diversas fuerzas políticas.

Para la emisión de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión emprendió una nueva etapa de búsqueda y conformación de consensos. El Senado de la República instaló una mesa de trabajo entre grupos parlamentarios y gobierno federal, cuyo desarrollo incluyó arduas jornadas de discusión y labores técnicas con un resultado que concitó, nuevamente, un amplio acuerdo, mismo que fue procesado al seno de las comisiones unidas mediante el formato de un dictamen legislativo el cual, una vez aprobado en lo general, fue elevado al Pleno senatorial, manteniendo en todo momento los canales de comunicación y discusión entre los grupos a efecto de depurar los alcances finales de algunos temas específicos.

Sin embargo, una vez publicado el dictamen en el orden del día de la sesión extraordinaria destinada a su discusión, surgió un disenso entre grupos parlamentarios respecto de un asunto de relevancia: la incorporación de una fracción XXXI al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que concede la atribución a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral para, expresamente, "determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior".

El desacuerdo no puedo ser solventado por la discusión entre fuerzas políticas, por lo que la atribución descrita fue finalmente aprobada por el Senado, quedando patente la discrepancia en una reserva en lo particular que fue incorporada al Diario de los Debates.

Suerte semejante corrió el asunto en la colegisladora en donde, a pesar del coincidente rechazo por los diversos grupos parlamentarios, debió ser aprobado en conjunto con todo el proyecto en aras a la celeridad que exigen los plazos constitucionales para la emisión de las leyes reglamentarias.

Pero, si el disenso fue creciente al seno del Poder Legislativo, se tradujo de manera inmediata en un sonoro rechazo por parte de la opinión pública. Los diversos medios de comunicación social dieron cuenta con agilidad del otorgamiento de una pensión vitalicia de excesiva cuantía a favor de los magistrados electorales; un dispendio presupuestal injustificable a la luz de las magras condiciones económicas por las que atraviesa el país; pero, sobre todo, una prestación millonaria agraviante para los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana que sufren de por sí condiciones graves de inequidad social.

Los escasos argumentos a favor de un haber de retiro para quienes integran el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral son considerados carentes de racionalidad, frente a las altas remuneraciones que ya ostentan en aras a la función democratizadora que les es atribuida.

El hecho, por ejemplo, de que el artículo 101 constitucional les prohíbe desempeñar la labor del litigio ante órganos del Poder Judicial durante los dos años siguientes a la fecha de su retiro no alcanza a justificar la dotación de un haber que, por su discrecional determinación, puede ser vitalicio o puede sumar cuantías exorbitantes; ello, porque la capacidad de previsión económica de los magistrados es vasta, en la misma medida en que lo es la retribución que reciben por su cargo durante nueve años.

Se aduce, por otro lado, que la expectativa de un haber de retiro funge como incentivo para la incorruptibilidad de los magistrados, dada su exposición permanente a los intentos de soborno por la naturaleza de los asuntos de que se ocupan. Sin embargo, el actuar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia es una obligación constitucional de los juzgadores, en tanto que son servidores públicos, cuyo estricto cumplimiento no precisa de incentivos económicos, sino de la probidad, profesionalismo y compromiso que se espera de ellos en función del encargo que les es conferido. Su remuneración atiende al desempeño de sus funciones y debe ser proporcional a sus responsabilidades, conforme lo ordena el artículo 127 de la Constitución Política mexicana.

Frente a todo lo anterior, es oportuno considerar que la representación popular no puede ser ajena a la opinión pública, mucho menos cuando ésta se torna una legítima crítica social al quehacer legislativo; por el contrario, esta Soberanía se retroalimenta de las discusiones que se gestan en el espacio público político para delinear los parámetros de su actividad representativa.

Al ser justa la demanda popular, por la racionalidad que entraña en sus múltiples expresiones, el Congreso de la Unión está llamado a rectificar en su previa consideración respecto del asunto que nos ocupa y corregir el texto jurídico que empaña el amplio acuerdo conseguido en esta nueva generación de reformas electorales, eliminando la porción normativa que genera controversia.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo derogar la recién creada fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el presente Proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 209. ...

I. y II. ...

III. a XXX.

XXXI. Derogado.

XXXII.

ARTICULO TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 21 de mayo de 2014.

Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Isidro Pedraza Chávez".






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION III AL ARTICULO 255 Y UN ARTICULO 256 BIS AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por el C. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los CC. Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Angel Benjamín Robles Montoya, Luis Sánchez Jiménez, Armando Ríos Piter e Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD)

“Quienes suscriben, Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Encinas RodrIguez, Dolores Padierna Luna, BenjamIn Robles Montoya, Luis SAnchez JimEnez, Armando RIos Piter e Isidro Pedraza CHAVEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, párrafo 1, fracción I; 164, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracciOn III al artIculo 255 y un artIculo 256 Bis al Reglamento del Senado de la RepUblica, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la emisión de las leyes reglamentarias ordenadas por la reforma constitucional en materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, el nuevo sistema electoral del Estado mexicano adquirió plena vigencia, con lo que se actualizan una serie de obligaciones que la federación y las entidades federativas deben cumplimentar para salvaguardar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben caracterizar a la función estatal de organización de los procesos electorales.

Una de dichas obligaciones se refiere al nombramiento por el Senado de la República de los nuevos titulares de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. La reforma constitucional ordenó la instalación o, en su caso, renovación de todas las magistraturas que conforman los tribunales electorales locales, señalando en el numeral 5º del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 del mismo ordenamiento superior los criterios generales de uniformidad en la integración y designación de estos órganos, en los términos siguientes:

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Así mismo, el artículo Décimo transitorio del decreto referido, estableció un plazo que debe observar el Senado para realizar los nombramientos que permitan la renovación de las magistraturas electorales locales, de la siguiente forma:

DÉCIMO.- Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este Decreto.

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo nombramiento.

Como se aprecia en el texto citado, el precepto transitorio constitucional transcrito ordena al Senado desarrollar el nombramiento de los magistrados electorales locales antes de que inicie en cada entidad federativa el proceso electoral que culmina en 2015, mismo que, dependiendo de cada entidad, inicia entre octubre del presente año y marzo del año entrante. Lo que da oportunidad al Senado de realizar sucesivos procesos de designación.

Por otro lado, el Constituyente Permanente se previno contra la posibilidad de un eventual vacío institucional, que de otra manera pudiera haber vulnerado el principio de certeza, al ordenar la permanencia en el cargo de los magistrados que estuvieren en funciones al momento de entrada en vigor de la reforma constitucional hasta en tanto sean realizados los nuevos nombramientos por el Senado, salvaguardando, además la posibilidad de que dichos funcionarios judiciales sean considerados en el proceso de renovación, a solicitud expresa.

Ahora bien, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció un título referente a las autoridades electorales jurisdiccionales locales que contiene las normas relativas a la integración de tales órganos, al proceso de elección de sus magistrados, a los requisitos para su nombramiento, a sus atribuciones y a los supuestos de remoción, entre otras cosas.

La Ley General dispone en su artículo 106 que los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, conforme al proceso enunciado en la misma ley. Y el artículo 108 ordena al Senado establecer en su propio Reglamento el procedimiento para la elección de los magistrados locales, señalando como órgano competente para decretar su inicio a la Junta de Coordinación Política, que deberá emitir la convocatoria para ocupar dichos cargos. La norma referida señala a la letra:

Artículo 108.

1. Para la elección de los magistrados electorales que integren los organismos jurisdiccionales locales, se observará lo siguiente:

a)La Cámara de Senadores emitirá, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, la convocatoria pública que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento respectivo, y

b)El Reglamento del Senado de la República definirá el procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria respectiva.

2. El magistrado presidente será designado por votación mayoritaria de los magistrados del organismo jurisdiccional correspondiente.

Visto lo anterior y considerando la urgencia de realizar los nombramientos de los magistrados que integraran los órganos jurisdiccionales electorales de las diecisiete entidades federativas que celebrarán procesos electorales durante 2015, se propone adicionar el Reglamento del Senado de la República a efecto de establecer los pormenores del procedimiento en comento, así como los plazos que deben observarse para tener adecuadamente instaladas las magistraturas electorales locales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el presente Proyecto de

DECRETO

Unico. Se adiciona una fracción III al artículo 255, recorriendo en su numeración las fracciones subsecuentes, y un artículo 256 Bis, ambos al Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 255

1. Conforme lo disponen los artículos relativos de la Constitución, el Senado realiza los nombramientos para los siguientes cargos:

I. y II. …

III. Magistrados electorales que integran los organismos jurisdiccionales locales;

IV. Dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal;

V. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma; y

VI. Magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios.

2. y 3.…

Artículo 256 Bis

1. El pleno del Senado designará a los magistrados electorales que integren los organismos jurisdiccionales locales conforme a lo dispuesto por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de la Constitución y por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo al siguiente procedimiento:

I.La Junta de Coordinación Política emitirá la convocatoria para la elección de los magistrados que correspondan, cuando menos con 30 días de anticipación a la fecha en que deba asumir sus funciones el magistrado de que se trate y contendrá cuando menos los siguientes elementos:

 

a)Su fundamentación legal y reglamentaria;

b)El cargo vacante en el órgano local correspondiente;

c)El plazo de designación como magistrado;

d)Los requisitos legales que deben cumplir los aspirantes y los medios de comprobación admisibles;

e)El formato en que deben entregar su documentación los aspirantes;

f)Las modalidades y plazo de recepción de la documentación de los aspirantes;

g)La comisión competente para el desahogo del proceso de nombramiento;

h)Las fechas en que se celebrarán las comparecencias de los aspirantes que cumplan con dispuesto en la convocatoria, así como el señalamiento de su carácter público;

i)La fecha límite de emisión del dictamen de la comisión competente, y

j)La fecha límite de discusión del dictamen por el pleno del Senado.

 

II.La convocatoria será publicada en la Gaceta del Senado, se mantendrá accesible en el portal electrónico del Senado de la República desde su publicación y hasta el vencimiento del plazo de recepción de candidaturas y será publicada en un medio escrito de mayor circulación nacional y uno de mayor circulación en la entidad federativa correspondiente a la jurisdicción del nombramiento;

III.Será competente para conducir el proceso de nombramiento la Comisión de Justicia;

 

IV.Recibidas las candidaturas, la Comisión de Justicia verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual podrá solicitar el auxilio de las dependencias y entidades de las dependencias y organismos federales y locales que correspondan;

V.Los aspirantes que hayan omitido la presentación de los documentos que amparen el cumplimiento de los requisitos de ley, será prevenidos para presentarlos en el plazo que determine la Comisión, en caso de no subsanar su omisión, la candidatura no será considerada;

VI.Todos los aspirantes que cumplan los requisitos de Ley, serán citados a comparecer ante el pleno de la Comisión de justicia para exponer los motivos de su postulación y lo que a su derecho convenga;

VII.Desahogadas las comparecencias de todos los aspirantes, las comisiones emitirán dictamen proponiendo al candidato idóneo para cubrir la vacante;

VIII.El magistrado electoral de que se trate será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores;

IX.En caso de no alcanzarse la mayoría requerida, el dictamen será devuelto a la Comisión de Justicia para que presente a la brevedad el dictamen que contenga una nueva propuesta, y

X.Aprobado el dictamen, se turna a las autoridades locales electorales, al Diario Oficial de la Federación y al periódico oficial local que corresponde y surte efectos desde la fecha de inicio del encargo o en su caso, desde el día siguiente de su publicación.

TRANSITORIOS.

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Tercero. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la primera designación de las autoridades electorales jurisdiccionales de cada entidad federativa, se estará a las siguientes reglas:

I.Con antelación al inicio del proceso electoral inmediato siguiente, se procederá al nombramiento de tres o cinco magistrados, según lo establezca la Constitución de cada estado o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

II.Con el objeto de asegurar el escalonamiento previsto en el numeral 2 del artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Senado de la República realizará los nombramientos de los primeros Magistrados en cada uno de esos órganos observando lo siguiente:

a)Para las entidades federativas cuya legislación prevea un órgano integrado por tres magistrados, uno será nombrado por un periodo de tres años, uno por cinco años y uno por siete años.

b)Para las entidades federativas cuya legislación prevea un órgano integrado por cinco magistrados, uno será nombrado por un periodo de tres años, dos por cinco años y dos por siete años.

III.Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral que se encontraban en funciones hasta la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, podrán participar en los procesos de selección, debiendo observar los mismos requisitos que los demás aspirantes conforme a lo establecido por la convocatoria respectiva.

Cuarto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014,la elección de los magistrados electorales que integren los organismos jurisdiccionales locales de las entidades federativas que tengan elecciones durante el año 2015 se efectuará en los plazos siguientes:

I.Para Baja California Sur, antes del 30 de septiembre de 2014;

II.Para Campeche, antes del 30 de septiembre de 2014;

III.Para Colima, antes del 30 de septiembre de 2014;

IV.Para Chiapas, antes del 15 de diciembre de 2014;

V.Para el Distrito federal, antes del 30 de septiembre de 2014;

VI.Para Guanajuato, antes del 30 de septiembre de 2014;

VII.Para Guerrero, antes del 30 de septiembre de 2014;

VIII.Para Jalisco, antes del 30 de septiembre de 2014;

IX.Para el Estado de México, antes del 30 de septiembre de 2014;

X.,Para Michoacán, antes del 30 de septiembre de 2014;

XI.Para Morelos, antes del 30 de septiembre de 2014;

XII.Para Nuevo León, antes del 30 de septiembre de 2014;

XIII.Para Querétaro, antes del 15 de diciembre de 2014;

IXV.Para San Luis Potosí, antes del 30 de septiembre de 2014;

XV.Para Sonora, antes del 30 de septiembre de 2014;

XVI.Para Tabasco, antes del 30 de septiembre de 2014, y

XVII.Para Yucatán, antes del 30 de septiembre de 2014;

En los demás casos, el Senado de la República realizará el nombramiento de los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, antes de la conclusión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la LXII Legislatura.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 21 de mayo de 2014.

Sen. Miguel Barbosa Huerta.- Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Benjamín Robles Montoya.- Sen. Luis Sánchez Jiménez.- Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Por lo que corresponde a las primeras de las iniciativas presentadas por el Senador Alejandro Encinas, túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, me refiero a la reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que corresponde a la segunda de ellas, túrnese a las Comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos del Senado de la República.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCION V AL ARTICULO 43 Y SE REFORMA LA FRACCION II DEL ARTICULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Diputado Ricardo Astudillo Suárez: Con su permiso, señor Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, presentamos el día de hoy esta iniciativa que tiene que ver con reformar dos artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y que sin duda son muy importantes para nuestro grupo.

Todos conocemos y sabemos que el Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente que se encarga de trabajar a favor de nuestro país,  que da la cara por la nación y que son los responsables de ejecutar la política exterior.

Para nosotros es muy importante que sea tomada en cuenta esta reforma a los dos artículos.

Si bien es cierto que nuestro país se ha fortalecido en las relaciones exteriores en los últimos años, y en el que en nuestro partido reconocemos el trabajo decidido del Presidente Enrique Peña Nieto, en el que ha puesto fundamental interés en cuatro pilares muy importantes para nuestro país: fortalecer las relaciones, ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México en el extranjero y velar por los intereses de nuestros connacionales en el exterior.

Para nosotros, esta propuesta ha sido una propuesta consensuada, ha sido una propuesta que hemos abierto a las universidades, ha sido una propuesta que hemos abierto a las presidencias municipales o a los gobiernos de los estados.

Nuestra propuesta es muy clara, completa y sencilla.

Estamos buscando que en las 77 embajadas de nuestro país, en las 68 oficinas consulares que tenemos alrededor del mundo, de las cuales cerca de 48 están en Estados Unidos, bueno, pues nosotros lo que queremos es que se promueva también y se adicionen elementos que puedan fortalecer todo lo que tenga que ver con el aspecto económico, cultural, científico, académico y de medio ambiente.

Estas propuestas que nosotros hacemos, no son otra cosa sino que las embajadas también funcionen para promover específicamente las presidencias municipales, las zonas arqueológicas, los jóvenes emprendedores que tenemos en las universidades y que carecen de oportunidades para poder fortalecer sus proyectos y que con esta reforma podamos buscar ese encuentro cultural, científico y académico para que las embajadas y consulados no solamente se utilicen en la promoción turística, sino que se ayude y se apoye a fortalecer las economías locales en los municipios, en las comunidades, los lugares estratégicos en donde sabemos que se detona la economía de los estados y qué mejor que el resultado no sea distinto en donde hay ex gobernadores, ex presidentes municipales y si ustedes saben del valor que se puede alcanzar a nivel internacional promoviendo específicamente y buscando enlazar esta cadena productiva que tiene que ver con los artesanos, con los artistas, con los jóvenes universitarios que presentan proyectos emprendedores, pero que difícilmente tienen la oportunidad de poder concretar sus proyectos en el extranjero.

Esa sería la propuesta de nuestro partido y fundamentalmente en enaltecer lo más importante que tiene nuestro país que no son las zonas arqueológicas y las áreas naturales protegidas, lo más importante para nosotros es la calidad humana de los mexicanos y que esa calidad es la que tenemos que promover para que se tengan mejores oportunidades productivas a lo largo y ancho de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, RICARDO ASTUDILLO SUAREZ, Diputadointegrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Servicio Exterior Mexicano es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado el cual se encarga de representarlo en el extranjero, además es el responsable de ejecutar la Política Exterior de México siguiendo los principios normativos de la Política Exterior mexicana, los cuales son: la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacifica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, entro otros.

Entre las facultades del Servicio Exterior Mexicano están las de promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los Estados extranjeros; proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero; velar por el prestigio del país en el exterior; coadyuvar a la mejor inserción de México en el mundo e intervenir en la celebración de tratados.

Nuestro país detenta un papel trascendental en el escenario internacional, por ejemplo, según datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, México ocupa el lugar 11° en cuanto a número de habitantes, emigración neta el 5°, migrantes en los Estados Unidos el 1°, en cuanto al PIB ocupamos el lugar 14°, sitio patrimonio de la humanidad el lugar 6°, visitantes extranjeros el 11°, esto nos convierte en un actor que merece respeto y atención.

Derivado de esta situación,  nuestro país cuenta con un cuerpo de servicio exterior profesional, cualificado y robusto, con alrededor de 68 oficinas consulares, de las cuales cerca de 48 se encuentran en los Estados Unidos de América, el número más alto de oficinas de esta naturaleza que una nación ha establecido en un país extranjero, esto debido a la gran cantidad de connacionales que habitan y trabajan en nuestro vecino del norte, de igual manera contamos con 77 embajadas alrededor del orbe.

Los cuatro pilares en materia de Política Exterior del gobierno que preside Enrique Peña Nieto son: el fortalecer la presencia de México en el mundo; ampliar la cooperación internacional; promover el valor de México en el mundo y el de velar por los intereses de México y todos los mexicanos en el extranjero.

En este sentido se considera que el poder que tiene la cultura, ciencia y el intercambio académico pueden contribuir a facilitar la consecución de los objetivos marcados por una nación y que muchas veces son subestimados, y es que elementos como, la popularidad de la producción artística, gastronómica, musical de un país, su prestigio científico y educativo, su atractivo turístico, son ingredientes cuya capacidad de movilización de voluntades sigue en línea ascendente; se trata de una forma indirecta de ejercer poder.

A esto se le conoce como Poder Blando, concepto acuñado por Joseph Nye, y donde se promueve la utilización de factores como la diplomacia, la cultura y los valores para influir en otros Estados, en contraposición de la fuerza militar y el poderío económico, cuyos efectos son más dañinos para la imagen del país que los utiliza.

Por esta razón es la que se propone adicionar los elementos económicos, culturales, científicos y académicos, entre las funciones de los jefes de misión y jefes de oficinas consulares, con la finalidad de que la imagen de nuestro país tenga una mayor promoción y prestigio en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

ARTICULO UNICO: Se adiciona un inciso V) del artículo 43o. al Capítulo VIII;  se reforma el inciso II) al Capítulo VIII del artículo 44º y se adiciona un artículo 44-°Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 43o.- Corresponde a los jefes de misión:

I. al IV. …

V. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales, científicas y académicas entre México y el Estado receptor.

Artículo 44o.- Corresponde a los jefes de oficinas consulares:

I.       …

II. Fomentar en sus respectivas circunscripciones consulares, el intercambio comercial, económico, cultural, científico y académico y el turismo con México e informar periódicamente a la Secretaria al respecto.

Artículo 44 Bis.- Las oficinas consulares promoverán mediante campañas informativas dentro de sus circunscripciones consulares el “derecho a la información sobre la asistencia consular”, por medio  del cual, si el interesado lo solicita, el Estado receptor deberá informar sin retraso alguno cuando un ciudadano mexicano sea detenido.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de mayo del año 2014.

Dip. Ricardo Astudillo Suárez”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Astudillo. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO 13 DEL ARTICULO 87 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

(Presentada por el C. Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de los CC. Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Silvano Aureoles Conejo, Arturo Escobar y Vega, Ricardo Monreal Avila, María Sanjuana Cerda Franco, Tomás Torres Mercado y Lilia Aguilar Gil)

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, Diputado Presidente.

Quienes suscribimos la presente iniciativa, el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, el Diputado Silvano Aureoles Conejo, el Diputado Arturo Escobar y Vega, el Diputado Ricardo Monreal Avila, la Diputada Sanjuana Cerda, el Diputado Tomás Torres Mercado, la Diputada Lilia Aguilar y el de la voz, su servidor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta Asamblea, a fin de que sea turnada a la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos.

La Ley General de Partidos Políticos aprobada por el Congreso de la Unión estableció un capítulo específico relativo a regular las coaliciones que los partidos políticos nacionales podrán formar en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de Senadores y de Diputados por el principio de mayoría relativa.

Es de destacar que uno de los temas más relevantes en materia de coaliciones, tiene que ver con el conteo y distribución de votos respecto de los partidos coaligados, mismos que se deberán de darse para la asignación de Diputados y Senadores de representación proporcional y, en consecuencia, otras prerrogativas inherentes al número de votos recibidos para cada partido político.

En ese sentido, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 87 establece en su párrafo 13 lo siguiente:

Los votos en los que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto, y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas.

De lo anterior es de advertirse que dicha disposición es una antinomia respecto de la naturaleza de las propias coaliciones, es decir, al establecer que los votos recibidos por los partidos políticos coaligados no serán tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional rompe con el principio propio de las coaliciones netamente electorales que la Constitución y dicha ley les reconoce.

Por ello, la iniciativa que se pone a consideración de esta Asamblea tiene como objetivo fundamental establecer con toda claridad que tratándose de partidos coaligados, en el escrutinio y cómputo si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, así sin importar que en la boleta electoral se marque uno u otro emblema de los partidos políticos coaligados, contarán con un solo voto que le será atribuido al candidato en la coalición.

Por otro lado, se propone aclarar que para el cómputo distrital de la votación para Diputados y Senadores, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

En ese sentido, lo relevante de esta reforma radica en precisar que la suma distrital de los votos emitidos se distribuirá igualitariamente entre los candidatos que integran la coalición y este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

 Es de advertir que esta precisión resulta sumamente relevante, pues tal y como está planteado en el texto vigente de la ley, los votos obtenidos por los partidos políticos coaligados no serían tomados en cuenta para la asignación de Diputados o Senadores de representación proporcional, lo cual claramente resulta contrario al objeto mismo de la coalición.

En suma, de aprobarse esta reforma legal daremos certidumbre jurídica a los partidos políticos que deseen coaligarse para efectos de elecciones federales o locales, al tiempo que corregiremos una disposición que genera una antinomia en el texto de la propia ley.

Queremos dejar patente que con esta iniciativa, los Diputados de los diferentes grupos parlamentarios que la suscribimos honramos nuestro acuerdo político pactado durante el periodo Extraordinario pasado, donde por haber cerrado ya el Senado el periodo extraordinario, la Cámara de Diputados no estaba en condiciones de hacer una medicación que pudiera cumplir con el procedimiento para obtener la eficacia necesaria, y por ese motivo hoy presentamos la presente iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Quienes suscribimos, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Silvano Aureoles Conejo, Arturo Escobar y Vega, Ricardo Monreal Avila,  MarIa Sanjuana Cerda Franco, Ricardo CantU Garza, TomAs Torres Mercado y Lilia Aguilar Gil, Diputados integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, a fin de que sea turnada a  la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el pArrafo 13, del artIculo 87 de la Ley General de Partidos PolIticos, al tenor del siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Con dicho Decreto el Constituyente Permanente dispuso en sus disposiciones transitorias la obligación del Congreso de la Unión para expedir, entre otras cosas, la ley general que regulara los partidos políticos nacionales y locales.

En cumplimiento al referido mandato Constitucional, el Congreso de la Unión aprobó en el pasado periodo extraordinario de sesiones, las leyes generales en materia de delitos electorales, sobre instituciones y procedimientos electorales, así como de partidos políticos.

Con la expedición de dichas leyes, se dio cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del referido Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala lo siguiente:

“SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

a)  a e) …

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales;

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas;

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral;

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos;

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse, y”

En razón de lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos aprobada por el Congreso de la Unión estableció un capítulo específico relativo a regular las coaliciones que los partidos políticos nacionales podrán formar en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa.

También se prevén las reglas respecto de las coaliciones que los partidos políticos locales podrán formar para las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Así, es de destacar que uno de los temas más relevantes en materia de coaliciones, tiene que ver con el conteo y distribución de votos, respecto de los paridos coaligados, mismos que servirán de base para la asignación de diputados o senadores de representación proporcional y, en consecuencia, de otras prerrogativas inherentes al número de votos recibidos para cada partido político.

En este sentido, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 87, establece en su párrafo 13 lo siguiente:

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

De lo anterior, es de advertirse que dicha disposición es una antinomia respecto de la naturaleza de las propias coaliciones, es decir, al establecer que los votos recibidos por los partidos políticos coaligados no serán tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional rompe con el principio propio de las coaliciones netamente electorales que la Constitución y dicha Ley les reconoce.

Por ello, la iniciativa que se pone a consideración de esta asamblea tiene como objetivo fundamental establecer, con toda claridad, que tratándose de partidos coaligados, en el escrutinio y cómputo si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de coalición, así sin importar que en la boleta electoral se marque uno u otro emblema de los partidos políticos coaligados, contarán como un solo voto que le será atribuido al candidato de la coalición.

Por otro lado, se propone aclarar que para el cómputo distrital de la votación para diputados y senadores, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. En este sentido, lo relevante de esta reforma radica en precisar que la suma distrital de los votos emitidos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición y este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Así, la propuesta consiste en lo siguiente:

TEXTO LGPP

TEXTO PROPUESTO

Artículo 87.

Artículo 87.

1 al 12 …

1 al 12 …

13.Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

13. En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Para el cómputo distrital de la votación para diputados y senadores, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. Este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

14 al 15 …

14 al 15 …

Es de advertir que esta precisión resulta sumamente relevante, pues tal y como está planteado en el texto vigente de la Ley, los votos obtenidos por los partidos políticos coaligados no serían tomados en cuenta para la asignación de diputados o senadores de representación proporcional, lo cual claramente resulta contrario al objeto mismo de la coalición.

En suma, de aprobarse esta reforma legal daremos certidumbre jurídica a los partidos políticos que deseen coaligarse para efectos de elecciones federales o locales, al tiempo que corregiremos una disposición que genera una antinomia en el texto de la propia ley.

Los Diputados Federales que suscriben la presente iniciativa asumen con absoluta responsabilidad el compromiso de perfeccionar nuestro orden jurídico y corregir aquellas normas que por su contenido pudieran generar inequidad, desigualdad e inseguridad jurídica. Por ello, la presentación de esta reforma se suma a los compromisos que como legisladores hemos asumido para contar con elecciones equitativas y transparentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO 13, DEL ARTICULO 87 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo 13, del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 87.

1 al 12 …

13. En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Para el cómputo distrital de la votación para diputados y senadores, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. Este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

14 al 15 …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de mayo de 2014

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Dip. Silvano Aureoles Conejo.- Dip. Arturo Escobar y Vega.- Dip. Ricardo Monreal Avila.- Dip. María Sanjuana Cerda Franco.- Dip. Ricardo Cantú Garza.- Dip. Tomas Torres Mercado.- Dip. Lilia Aguilar Gil”.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Cantú Garza. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.





Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Verónica Martínez Espinoza, para presentar a nombre de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre de la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Senadoras, Senadores:

A nombre de mi compañera Hilda Esthela Flores Escalera, presento la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

Las enfermedades cardiovasculares pueden describirse de forma general como afecciones del aparato circulatorio, destacando de entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva, entre otras.

Estos padecimientos son importantes causas de discapacidad, morbilidad y muerte prematuras, además de impactar considerablemente en las finanzas de las naciones, pacientes y de sus familias.

La Organización Mundial de la Salud reporta que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 millones de muertes.

En México representan la primera causa de muerte, como lo reportó el INEGI en el año 2012, donde se reportaron un total de 602 mil 354 muertes, de las cuales 144 mil 798 defunciones fueron a consecuencia de una enfermedad circulatoria.

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión es un factor de riesgo preponderante.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la hipertensión afecta a 3 de cada 10 adultos mexicanos, es decir, su prevalencia es de 31.5 por ciento y es más alta en adultos con obesidad y/o diabetes.

Por ello la importancia de promover entre los sectores público, privado y social aquellas acciones que fomenten la prevención, el diagnóstico y el control de este padecimiento, y de las enfermedades cardiovasculares en general.

Diagnosticar y tratar a tiempo estas enfermedades nos permitirán disminuir los índices de morbilidad y mortalidad entre los mexicanos, así como algunos tipos de discapacidad, problemas familiares por falta de ingresos, impactos negativos en las finanzas del sistema de salud y baja productividad económica.

En México, una fracción muy importante del presupuesto económico destinado al sector salud es, sin duda, principalmente absorbido por las enfermedades crónicas esenciales en el adulto y sus complicaciones.

El costo de su atención es sumamente elevado y se trata de padecimientos controlables por lo que requieren de atención médica y tratamiento farmacológico de por vida.

Por ello, esta iniciativa tiene por objeto que desde el ámbito de la educación para la salud se impulsen aquellas actitudes, valores y conductas que permitan a los mexicanos y mexicanas prevenir, diagnosticar y controlar las enfermedades cardiovasculares.

Al incluir la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares dentro de los objetivos de la educación para la salud, se propiciará la formulación y desarrollo de programas en los que se difundan los factores de riesgo, metas de salud de los pacientes, conocimiento de las enfermedades, sus complicaciones discapacitantes y fatales, la importancia de un diagnóstico oportuno y lo indispensable de su adecuado tratamiento, así como la forma de retrasar o prevenir estos males desde edades tempranas.

A través de la educación para la salud enfocada a enfermedades cardiovasculares podremos promover la colaboración de múltiples interesados: gobierno, sociedad civil, instituciones académicas y la industria de alimentos y bebidas para retrasar, prevenir y controlar estos padecimientos.

Podremos difundir y orientar a la población sobre los estilos de vida que disminuyan la probabilidad de la incidencia de hipertensión y, consecuentemente, de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo: desincentivar el tabaquismo, mantener una dieta con bajo contenido de grasas, sodio y alcohol, promover la práctica constante de actividad física moderada, incentivar la reformulación de alimentos industrializados para mejorar su perfil nutricional.

Por lo anterior, y convencida de que las enfermedades cardiovasculares representan un problema de salud pública de gran magnitud que requiere de una mayor atención y participación de todos los sectores de la sociedad, se presenta para el correspondiente análisis, estudio, consideración , aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto.

UNICO. Se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Articulo 112, fracción III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Por su atención, muchas gracias.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCION III DEL ARTICULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE EDUCACION PARA LA SALUD PARA LA DETECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las enfermedades cardiovasculares pueden describirse de forma general como afecciones del aparato circulatorio, destacando de entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebro vascular y la enfermedad hipertensiva entre otras. Estos padecimientos son importantes causas de discapacidad, morbilidad y muerte prematuras, además de impactar considerablemente en las finanzas de las naciones, pacientes y de sus familias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 millones de muertes.

En México representan la primera causa de muerte, cómo lo reportó el INEGI en el año 2012, donde se reportaron un total de 602 mil 354 muertes, de las cuales  144 mil 798 defunciones fueron a consecuencia de una enfermedad circulatoria (clasificación CIE10).

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión es un factor de riesgo preponderante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la hipertensión afecta a 3 de cada 10 adultos mexicanos, es decir, su prevalencia es de 31.5% y es más alta en adultos con obesidad y/o  diabetes.

La referida encuesta revela además que de los adultos con hipertensión diagnosticada por un médico, sólo el 73.6% reciben tratamiento farmacológico y menos de la mitad de estos tienen la enfermedad bajo control. Sin embargo, hay una cifra aún más preocupante, pues del 100% de adultos hipertensos 47.3% desconoce padecer esta condición. Es decir, es una enfermedad silenciosa que rara vez produce síntomas en las primeras etapas y en muchos casos no se diagnostica. Si no se controla, la hipertensión puede provocar infartos de miocardio, accidentes cerebro vasculares, insuficiencia renal, ceguera, deterioro cognitivo, entre otros padecimientos.

Por ello, la importancia de promover entre los sectores público, privado y social aquellas acciones que fomenten la prevención, el diagnóstico y el control de este padecimiento, y de las enfermedades cardiovasculares en general. Diagnosticar y tratar a tiempo estas enfermedades nos permitirán disminuir los índices de morbilidad y mortalidad entre los mexicanos, así como algunos tipos de discapacidad, problemas familiares por falta de ingresos, impactos negativos en las finanzas del sistema de salud y baja productividad económica.

Respecto del impacto económico que estas enfermedades generan, la OMS prevé que durante el periodo 2011-2025 la pérdida acumulada de producción asociada con las enfermedades no transmisibles en los países de ingresos bajos y medianos será de 7 mil 028 billones de dólares. La pérdida anual de aproximadamente 5mil millones de dólares a causa de las principales enfermedades no transmisibles representa alrededor del 4% del producto interno bruto en esos países. Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la hipertensión, son motivo de casi la mitad del costo.

En México una fracción muy importante del presupuesto  económico destinado al sector salud es, sin duda, principalmente absorbido por las enfermedades crónicas esenciales en el adulto y sus complicaciones  (aterotrombosis, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía aterosclerosis o isquémica, diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca, ceguera, amputaciones, trastornos neuropsiquiátricos degenerativos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad vascular cerebral entre otros). El costo de su atención es sumamente elevado y se trata de padecimientos controlables por lo que requieren de atención médica y tratamiento farmacológico de por vida. 

Por ello, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, esta iniciativa tiene por objeto que desde el ámbito de la educación para la salud se impulsen aquellas actitudes, valores y conductas que permitan a los mexicanos y mexicanas prevenir, diagnosticar y controlar las enfermedades cardiovasculares.

La Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, define a la educación para la salud como un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo.

Actualmente, la Ley General de Salud contempla como uno de los objetivos de la educación para la salud el de orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Sin duda, todos estos rubros de la salud son sumamente importantes pues comprenden la mayor parte de los padecimientos que aquejan a la sociedad mexicana. Sin embargo, las cifras antes expuestas sobre la prevalencia, incidencia y complicaciones de las enfermedades cardiovasculares demuestran que la Ley General de Salud está haciendo una gran omisión respecto del ámbito que debe comprender la educación para la salud.

Al incluir la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares dentro de los objetivos de la educación para la salud, se propiciará la formulación y desarrollo de  programas en los que se difundan los factores de riesgo, metas de salud de los pacientes, conocimiento de las enfermedades, sus complicaciones discapacitantes y fatales, la importancia de un diagnóstico oportuno y lo indispensable de su adecuado tratamiento, así como la forma de retrasar o prevenir estos males desde edades tempranas.

A través de la educación para la salud enfocada a enfermedades cardiovasculares podremos promover la colaboración de múltiples interesados, gobierno, sociedad civil, instituciones académicas y la industria de alimentos y bebidas para retrasar, prevenir y controlar estos padecimientos.

Podremos difundir y orientar a la población sobre los estilos de vida que disminuyan la probabilidad de la incidencia de hipertensión, y consecuentemente de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo: desincentivar el tabaquismo, mantener una dieta con bajo contenido de grasas, sodio y alcohol, promover la práctica constante de actividad física moderada; incentivar la reformulación de alimentos industrializados para mejorar su perfil nutricional.

También podremos incentivar a todos los adultos a medirse la presión arterial y averiguar si un familiar cercano ha padecido o padece hipertensión, porque este factor puede aumentar el riesgo. Asimismo contribuiremos a que la hipertensión se trate desde el primer nivel de atención a fin de que sea asequible y sostenible.

En síntesis, estaremos en posibilidad de emprender todas aquellas acciones que nos permitan disminuir la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, sus consecuencias mortales, y el impacto que tienen en las familias y el desarrollo del país en general.

Por lo anterior, y convencida de que las enfermedades cardiovasculares representan un problema de salud pública de gran magnitud que requiere de una mayor atención y participación de todos los sectores de la sociedad, presento para el correspondiente análisis, estudio, consideración y, aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se modifica la fracción III del Artículo 112de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112.

I.y II. …

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

TRANSITORIO

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
MARCOS AGUILAR VEGA

- El C. Presidente Diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Martínez Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.


Organización Panamericana de la Salud. Consultable en: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&sectionid=96&id=809&Itemid=338

Información General sobre Hipertensión en el Mundo. Día Mundial de la Salud 2013. Organización Mundial de la Salud, 2013.






Se concede ahora el uso de la palabra al Diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un proyecto de Decreto que deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quisiera, frente a esta Comisión Permanente, aclarar que yo suscribo todo lo que aquí ha sido, planteado por el Senador Alejandro Encinas.

Presentamos la iniciativa para efectos de que sea turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y podamos discutir y concretar el acuerdo que en la propia Cámara hicimos. Y quiero aprovechar para hacer algunas reflexiones con ustedes.

Nos faltan, además de esta iniciativa, de lo que tiene que ver con lo político electoral, varias iniciativas más y, cuando menos, otros 2 periodos extraordinarios.

Y creo que deberíamos de hacer un esfuerzo en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, para tener una mayor comunicación, un mayor nivel de entendimiento y un mayor nivel de acuerdo.

Se requiere por bien del país, por bien de las instituciones, el que podamos entendernos mejor. Si la Cámara de Senadores no hubiese clausurado el día 14, pues hubiéramos tenido oportunidad, el día 15, en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados, pues haber tenido oportunidad de corregir algunas cosas y no estar hoy presentando iniciativas para tener que resolverlas en un periodo extraordinario.

No pretendo buscar culpables, simplemente planteo la reflexión de que requerimos hacer un esfuerzo por un mayor entendimiento. Y ojalá pudieran, si es posible, resolver en conferencia varios de los trabajos pendientes y varias de las iniciativas por dictaminar; o cuando menos sí establecer los mecanismos de comunicación que nos permitan tener, entre la Cámara de Diputados y entre la Cámara de Senadores, elementos suficientes y de común acuerdo para poder cada quien tomar las decisiones que corresponden.

Segundo. Compañeras y compañeros, tenemos un grave problema y una bomba de tiempo, con las poco más de 50 millones de cuentas individuales de los trabajadores de este país en las Afores.

Y tenemos una bomba de tiempo, porque de las 50 millones de cuentas que tenemos en las Afores, por desgracia, la mayoría de esas 50 millones, la absoluta mayoría no va poder cumplir los requisitos para tener una pensión.

Si en este momento se hiciese el corte, solamente 6% de esas 50 millones de cuentas individuales, cubren los requisitos para poder tener una pensión.

Requerimos arreglar eso, requerimos estudiar a fondo y modificar la legislación, las normas, para efecto de darle viabilidad, para que se logre el objetivo de que los trabajadores tengan una pensión y una pensión digna, yo creo que sí, yo creo que es menester hacerlo.

Esta es una parte de esta propuesta, contenida en las modificaciones que se hacen a la reforma de la Ley del SAR, y a un transitorio, donde se plantea que se integren un grupo de expertos que estudien de fondo las causas, los problemas que tienen las cuentas individuales en las Afores, para efecto de encontrar y recomendarle al Congreso, en seis meses, pues qué debe hacer para poder corregir de fondo, o intentar corregir de fondo, el problema que tiene este sistema que se creó de retiro individual a través de las cuentas en las Afores.

Tercero. Creamos, se aprobó en la Cámara de Diputados, el asunto de la pensión universal, empezando con 580 pesos; está aquí también en la Cámara de Senadores.

En nuestra opinión, es menester que se busque la manera de discutirlo y aprobarlo lo más pronto posible, porque eso indiscutiblemente es para beneficiar a la gente que no tuvo oportunidad de aportar, que no tiene pensión, que no tiene seguridad social y que entonces estamos ofreciendo una alternativa, a una especie de esquema, no contributivo, para efectos de que tengan algún ingreso, que en algo alivie la condición desfavorable en que se encuentran millones de adultos mayores, de más de 65 años, que no tienen otra alternativa que el monto de esta pensión universal.

No resolver, no atender estos problemas y, sin embargo, sí pretender atender el asunto de un pequeño grupo de magistrados, que se les dotó, o que se les da la facultad para que puedan otorgarse haberes de retiro, y queda, de acuerdo a como quedó la reforma en el artículo 209 fracción XXXI, pues queda abierta, queda a discreción, para que en todo caso el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, a través del subcomité de administración, pues puede decidir el tiempo de haber de retiro que se asigna.

Si no, no queda con ningún acotamiento de ninguna naturaleza. Y entonces, por lo tanto, es menester derogar esa facultad que se le está otorgando al Tribunal, porque no hay ninguna razón, ninguna base para preocuparse. Porque les pasa a los magistrados, en los dos años que supuestamente tienen los magistrados la limitante de no poder litigar contra el Poder Judicial, al que pertenecieron, pues es la única limitante que establece el artículo 101 de la Constitución. No establece otra.

Y por lo tanto, en función de eso, decir, si nosotros contemplamos ya el conjunto de prestaciones que tienen, entre ellos el propio bono de retiro que está establecido, y en el que, en un cálculo conservador, se llevarían cuando menos cuatro millones de pesos, para poder atender los dos años que en el caso, en el supuesto de que no tuviesen ningún empleo, pues tendrían perfectamente resuelto el problema de un ingreso más o menos de 150 mil pesos por mes, cada uno de esos dos años.

O sea, no hay realmente base, razón, pues de que preocuparse, ni se está cometiendo ninguna injusticia con los magistrados.

Yo lo que digo es, si alguien, si algún magistrado no le conviene este esquema de sueldo y prestaciones que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues puede, efectivamente, también renunciar para efectos de que en todo caso, otros que si estén de acuerdo, pues puedan participar y ser parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La verdad, compañeros, la reacción que se generó a partir de eso, nos llama a todos, Senadores, Diputados o toda la Permanente, a ser más sensibles frente al sentir que tiene el conjunto en la sociedad, de todos los colores y sabores, la diversidad social. El conjunto de hombres, mujeres y jóvenes frente a este tipo de privilegios, que una parte de la clase política tiene o tenemos, y que la mayoría de la población se encuentra en condiciones muy difíciles en el marco de lo que está pasando en nuestro país.

Entonces, mi exhorto, respetuoso, además de presentar la iniciativa, de pedirle al Presidente que se publique y se turne a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para efectos de discutir, debatir y, en todo caso, buscar la manera de conseguir y resolver este problema en la Cámara de Diputados, como quedamos. Además de eso, el exhorto, el llamado respetuoso a que seamos pues más sensible frente a lo que está pasando en el conjunto de la sociedad y a que arreglemos, a que reflexionemos y busquemos la manera de arreglar, de cuando menos empezar a tratar con responsabilidad estos asuntos de pensiones complejos que tenemos, estos problemas graves que tenemos en las Afores, en el asunto de la pensión universal y luego pues nos demos tiempo, si queremos, para revisar otros esquemas.

Pero hoy los magistrados no tienen necesidad, compañeras y compañeros, que les demos ninguna facultad para que se otorguen ningún privilegio, porque no lo requieren, desde nuestro punto de vista.

Y cualquier privilegio que se otorgue hoy a los magistrados, va a sonar, nos guste o no, a un soborno anticipado.

Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el marco de la discusión en el Congreso, durante el período extraordinario celebrado los días 14 y 15 de mayo pasados, de la legislación secundaria que reglamenta el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014, se enfrentaron serios cuestionamientos que pusieron en segundo término la relevancia de la reforma política en sí.

Como se manifestó en tribuna por diversos legisladores, en la sesión del 15 de mayo pasado en la Cámara de Diputados, los temas relevantes de la discusión y aprobación del Dictamen que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no fueron las modificaciones a las reglas de la contienda electoral, sino la inclusión de ordenamientos no contenidos en el Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión, a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2014 y, en específico la incorporación de una disposición que permitiría a los Ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de determinarse a sí mismos, a través de su Comisión de Administración haberes de retiro.

En la minuta aprobada en el Senado de la República el 14 de mayo pasado, misma que fue aprobada en sus términos por la Cámara de Diputados al día siguiente, además de expedir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incorporó reformas y adiciones a las leyes General del Sistema de Impugnación de Medios en Materia Electoral, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Precisamente, el Proyecto de Decreto aprobado en ambas Cámaras del Congreso adiciona una fracción al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en que, sin justificación ni conexión con la materia electoral de que versa esta reforma a la legislación secundaria, se dota al Comité de Administración de una facultad discrecional para fijar sin criterio ni requisitos de ley haberes de retiro de los magistrados de la sala superior del Tribunal Federal de poder Judicial de la Federación.

Cabe recordar que bajo la figura del “haber de retiro”, que es utilizada tanto en el campo del derecho laboral, como en el derecho fiscal, se amparan diversas estrategias en el manejo de las nóminas de empleados tanto del sector público como privado, para manejar con mayor margen de libertad desde el punto de vista contable, sus prestaciones con respecto al pago del impuesto sobre la renta para buscar mayores exenciones fiscales para el contribuyente.

Está adición que se quiere introducir constituye la base para un régimen especial pensionario de privilegio como el que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reciben luego de 11 años de servicio un retiro vitalicio del 80% de sus ingresos totales en los dos primeros años de servicios y de un 100% en los siguientes, sumado a demás prestaciones en especie y en dinero.

Frente a la poca claridad de la propuesta de modificación, la forma en que fue incorporado el texto de la minuta desde la Cámara de Senadores, y la sospecha de las verdaderas intenciones que la motivaron, nuestro Grupo Parlamentario considera fundamental reformar el mismo texto normativo, para disipar toda duda sobre el ejercicio de esta facultad.

El argumento para crear un régimen de retiro para estos magistrados es la determinación contenida en el segundo párrafo del artículo 101 constitucional de que las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte maneja dos fideicomisos para administrar sus haberes de retiro. Los saldos acumulados hacia el 2011 ascendían a mil 13 millones de pesos. Con eso se fondean pensiones que en promedio ascienden a 94 mil pesos mensuales más otras prestaciones en especie y en dinero. Estos fideicomisos fueron fondeados con recursos fiscales.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD asumiendo el compromiso y la palabra empeñada de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN para derogar este artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante la derogación de su fracción XXXI, presentamos esta iniciativa.

ARGUMENTACION

Mantener en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una disposición como la que se ha comentado, es inconcebible. No se les puede dar facultades a los Magistrados del Tribunal Electoral para que ellos mismos acuerden, sus haberes, cuando debieran someterse, como todo servidor público al sistema de seguridad social que está previsto para ellos, y del cual ya son beneficiarios.

Suponer que el dejar de litigar durante dos años, se compensa con un haber de retiro indefinido demuestra que quienes introdujeron esta adición en un dictamen complejo y dictaminado a contrarreloj carecen de la más mínima sensibilidad frente a los problemas de los sistemas de pensiones y jubilaciones que hay en el país.

Es paradójico que el Senado tenga detenido desde octubre de 2013 una minuta de reforma constitucional y desde marzo de 2014 una minuta de reformas legales para establecer el derecho a las personas de 65 años y más a una pensión de 580 pesos mensuales. Pero en cuestión de horas, sin mayor discusión, sientan las bases para un sistema de haberes de retiro sin reglas, sin tener un esquema de financiamiento para beneficiar a algunos servidores públicos del Poder Judicial Federal, que seguramente luego del retiro pueden realizar otras labores no relacionadas con el litigio o a través de disposiciones administrativas, con ahorros propios tener algún bono o prestación de retiro que se pueda sustentar en disposiciones administrativos o de otro tipo. Los ingresos de la ministros tampoco son tan bajos como para pensar que viven al día como dos terceras partes de los asalariados que subsisten de tres salarios mínimos o menos.

Según el Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2014, el Ministro Presidente del Tribunal Electoral recibe:

  • Sueldo básico mensual de $182,440;
  • Prestaciones nominales por $64,505;
  • Prima vacacional de $58,447;
  • Aguinaldo de $363,713;
  • “Pago por riesgo” de $411,816

 

Como todo servidor público, los ministros están afiliados al régimen obligatorio del ISSSTE que otorga pensiones y jubilaciones de acuerdo a su ley vigente. Pero además, cuentan con un seguro de separación individualizado; este seguro se financia con descuentos de 2, 5 o 10% del sueldo base más compensación garantizada y un porcentaje equivalente que aporta el Tribunal Electoral.

Los ministros ejercen su cargo durante 9 años; en consecuencia, el pago de esta prestación puede alcanzar un monto de 3 millones 940 mil 704 pesos, equiparable al pago de los dos años en que los Ministros deben estar sujetos a la disposición de un retiro del litigio durante dos años.

También el Tribunal cuenta con un seguro colectivo de retiro. La prima mensual determinada para cada servidor público es de $21.40, del cual el Tribunal aporta $13.50 y el servidor público $7.90, mediante descuentos vía nómina. El beneficio se otorga en el momento que tramite su jubilación, con una suma asegurada que va de $12,000.00 a $25,000.00, dependiendo de los años de servicio y tiempo de cotización al ISSSTE.

Pero además no tener un sustento esta medida, queda la incertidumbre de si estamos ante, como se mencionó en el debate en la Cámara de Diputados, un “soborno anticipado”, para congraciarse ante quienes deben sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias electorales. Debemos evitar que la reforma electoral aprobada por este Congreso nazca empañada por la sombra de la duda, que confrontó a los grupos parlamentarios y que abona la desconfianza en un proceso electoral en que se probará la efectividad de esta nueva regulación.

Para nuestro Grupo Parlamentario todavía estamos a tiempo para corregir esta inequidad, para darle certeza a nuestro sistema electoral, a nuestro sistema judicial y a nuestro propio Congreso. Todavía estamos a tiempo para que el avance que se tuvo con la reforma electoral no quede condenado por un vicio de origen y por una decisión equivocada, injusta y desafortunada.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 209 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

ARTICULO UNICO. Se deroga la fracción XXXII del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 209.-

I.- a XXX.-…

XXXI.- SE DEROGA

XXXII.-…

TRANSITORIOS

ÚNICO. El Presente Decreto entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 21 días del mes de mayo de 2014

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Miguel Alonso Raya. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, para presentar a nombre de la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT, un proyecto de Decreto que adiciona o abroga diversos artículos de la Ley Federal de Consulta Popular y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA O ABROGA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, a nombre de la C. Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del PT)

- La C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Gracias, señor Presidente. Muy buen día, Honorable Asamblea:

A nombre de la Senadora Layda Sansores, presento esta iniciativa que deroga y adiciona artículos de la Ley Federal de Consulta Popular, que fue promulgada el 14 de marzo pasado.

El artículo 4, excluye a los mexicanos en el exterior de participar en la consulta popular de 2015, ya que sólo es parcialmente permitido en aquellas consultas populares que coincidan exclusivamente con la elección presidencial, como así está originalmente en el artículo 313 del antiguo Cofipe.

El dictamen aprobado por el Congreso el pasado periodo extraordinario, y listo para su promulgación, excluye a los mexicanos en el exterior del voto, en el artículo 329 del ahora LGIPE.

Al no poder votar en las consultas populares en las elecciones intermedias, se permite la participación exclusivamente en elecciones sexenales, Presidente, Senadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y gobernadores, que ya existía en el año 2012. Esto último en la mira de elección única en el plan sexenal.

Esa es una obligación directa a los derechos constitucionales establecidos en los artículos 1o., ,35 y 36, y puede ser revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el TRIFE, con las tesis existentes al respecto.

El 8 de abril pasado, un grupo plural de Senadores presentó una iniciativa sobre el voto en el extranjero que incluía a Diputados. Esta propuesta fue negociada y modificada en comisiones y el derecho a votar por Diputados en el exterior quedó excluido en el dictamen final.

Varios Senadores y Diputados durante el periodo extraordinario, en vía de las reservas, solicitaron se incluyera a Diputados en el artículo 329, pero fueron desechados en ambas Cámaras, así como lo hicieron ver la Senadora Layda Sansores y la Diputada Amalia, en estas reservas específicas del artículo 329.

Adicionalmente, esta iniciativa propone el uso de la matrícula consular que permite la participación de 20 millones de electores residentes en el exterior en la Consulta Popular anunciada y que se está trabajando para el 2015.

Esta propuesta está basada en los propios artículos transitorios de la Ley Federal de Consulta Popular, en cuanto que por única vez se dispensen los trámites, como lo indica el artículo quinto Transitorio de la Ley Federal de Consulta Popular.

En este caso, viendo la imposibilidad de poder obtener la credencial antes de septiembre- diciembre del 2014, requisito de la ley para poder participar en la elección del siguiente año, en este caso en 2015.

La propuesta de esta iniciativa, también en el Artículo Quinto Transitorio, es que por única vez se permita el uso de la matrícula consular en caso de que las fechas fatales impidan la participación electoral de la comunidad en el exterior.

Es decir, que se haga lo posible por credencializar a los mexicanos elegibles en el exterior, pero en el caso de que los tiempos no alcancen para lograrlo, entonces se permita, como una sola ocasión, el uso de la matrícula consular que, por cierto, cumple con todos los requisitos que exige la ley, incluyendo medidas de seguridad de alta tecnología.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“LAYDA SANSORES SAN ROMAN, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente  a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo; con  fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los artículos 8°,1 fracción I, 164,1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a  consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA O ABROGA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:

“La democracia debe entenderse como una tarea permanente de ampliación de los mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad.  No hay distancia ni tiempo transcurrido  que pueda privar a un compatriota del derecho a sufragar”.

Michelle Bachelet, 2014.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Introducción

La propuesta de iniciativa sobre el “VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR”, que se presenta ante un inminente período extraordinario de sesiones para resolver sobre la reforma Político Electoral, pretende:

Exponer la contradicción existente entre el reconocimiento tácito que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 35 y 36, para que los mexicanos en el exterior hagan uso pleno de sus derechos políticos, con la restricción palmaria de esos derechos en la ley secundaria, descrita en el numeral 4° segundo párrafo de la Ley Federal de Consulta Popular, así como con el artículo 313 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Misma contradicción que recoge y subsanan diversos Grupos Parlamentarios, en la Iniciativa de ley, presentada ante el pleno del Senado de la República y turnada a comisiones el 08 de abril del presente.

[A menos de un mes de haberse aprobado la Ley Federal de Consulta Popular]

Esta Iniciativa consensada por varias corrientes políticas reconoce y fortalece la autonomía del Instituto Nacional Electoral1 (INE) como un órgano con personalidad jurídica propia y facultad para celebrar Convenios con el Estado mexicano o entidades de la Administración Pública Federal, a fin de cumplir con uno de sus objetivos: otorgar la credencial para votar a los ciudadanos mexicanos radicados en el exterior o reconocer para los mismos efectos la Matricula Consular expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores con objeto que se pueda formar la lista nominal de los mexicanos en el exterior.
[Más del 95% de los ciudadanos mexicanos en el exterior cuenta con este documento]

 II.Derecho Comparado México/Chile 2

Jefa de Estado promulgó ley que permite el sufragio de chilenos en el extranjero.

“Hoy damos realidad a una aspiración antigua y justa. Compatriotas, se terminan las fronteras políticas. Bienvenidos a construir en todo el mundo la suerte de Chile”, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet durante la ceremonia en La Moneda.

“Este es un día muy importante para el país, porque miles de chilenos que viven en el extranjero, a partir de las próximas elecciones presidenciales, tendrán voz y voto para elegir a la autoridad máxima”, afirmó la Mandataria, Michelle Bachelet, durante la ceremonia de firma de la promulgación de la reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de ciudadanos que se encuentran fuera del país.

En el acto, que se realizó en el Salón O’Higgins del Palacio de La Moneda, la máxima autoridad, detalló que “además podrán votar en las primarias presidenciales, en los plebiscitos nacionales, refrendando así su compromiso con el destino de nuestra patria”.

La Jefa de Estado recordó que esta iniciativa nació de proyectos de los diputados Carlos Dupré en 1991 y Mario Palestro en 1993; y fue aprobada el pasado 22 de abril, con un amplio apoyo en la Cámara Alta: 28 votos a favor, 5 en contra y tres abstenciones. Además, agradeció a la presidenta del senado, Isabel Allende, y sus pares, Alberto Espina, Hernán Larraín, Patricio Walker y la ex senadora, Soledad Alvear, la moción parlamentaria que originó la ley que se promulgó hoy.

“Triunfaron dos ideas esenciales: la primera es que la democracia debe entenderse como una tarea permanente de ampliación de los mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad. Y la segunda, es que no hay distancia ni tiempo transcurrido que pueda privar a un compatriota del derecho a sufragar. Todos somos chilenos, todos somos ciudadanos, no importa donde estemos ni por cuántos años”, dijo la Presidenta.

Y añadió que “estamos dando este paso, porque creemos profundamente en los valores de la democracia. Por eso, la semana pasada enviamos el proyecto de ley de reforma al binominal, que nos permita por fin tener un sistema electoral que represente de manera adecuada a las personas y deje íntegramente en las manos de las personas, el poder elegir a sus representantes”.

En la ceremonia, la Jefa de Estado envió un “abrazo afectuoso y solidario a quienes hoy son protagonistas de este cambio, los más de 800 mil chilenos y chilenas que han sido tenaces, que no han renunciado ni un sólo momento a ser parte de los asuntos de su patria. Ellos y ellas, con sus campañas, sus votaciones simbólicas, con su porfía, pero en el buen sentido, con su amor por esta tierra y su compromiso, nos recuerdan que aunque  diseminados por el mundo, seguimos siendo nuestra patria, tal como Pablo Neruda escribió Perseguidos y en el destierro: ‘Si llueve en Lota, sobre mí cae la lluvia; si en Lonquimay la nieve resbala de las hojas, llega la nieve donde estoy’.

La Mandataria hizo referencia a las colonias más grandes de coterráneos en el mundo, Argentina, México, Suecia, Canadá o Australia, y afirmó: “Hoy damos realidad a una aspiración antigua y justa. Compatriotas, se terminan las fronteras políticas. Bienvenidos a construir en todo el mundo la suerte de Chile”, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet.

SUFRAGIO DE LOS CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

El 30 de abril de 2014, S.E. la presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó la promulgación de la reforma constitucional que permite el ejercicio del sufragio de ciudadanos que se encuentran fuera del país. El tenor de la reforma es el siguiente:

Artículo único.- Intercálese, en el artículo 13 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto: Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.

Cabe señalar que el proyecto de reforma fue aprobado por el Congreso Nacional con fecha 22 de abril y tuvo su origen en una moción que presentaron los senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, Alberto Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker, en junio de 2013.

III. Fundamento Constitucional. 

  1.  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 05 de febrero de 1917.

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán…

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República.

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 37.

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

IV. Fundamento Legal.

  1.  Ley Federal de Consulta Popular, 14 de marzo de 2014.

Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

  1.  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,

14 de enero de 2008.

Artículo 313. 1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  1.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 20 de mayo de 1981.

Artículo 25.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

  1.  Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus  Familiares, 13 de agosto de 1999.

Artículo 41.

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

Artículo 42.

(…)

2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades locales.

3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos.

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, emitió en 2003 una recomendación en este sentido:

“Reformar la legislación electoral, a fin de incorporar una ley de partidos, la reglamentación del voto de los mexicanos en el extranjero, optimizar la fiscalización de los gastos de campañas y precampañas electorales, la reducción del financiamiento a los partidos, garantizar el carácter ciudadano, autónomo y profesional de la autoridad electoral”.

  1.  Carta de Derechos de Trabajadores Indocumentados, 1980.

Artículo I. Derecho a la residencia legal, demostrando simplemente su calidad de trabajador y contribuyente, para lo que se les otorgará su visa de residente permanente.

Artículo II. Derecho a un procedimiento justo y legal que garantice la inviolabilidad de su domicilio, la privacidad de su persona y otros derechos civiles para el trabajador y su familia, suspendiéndose totalmente las redadas fabriles, domiciliarias y en lugares públicos, así como todo tipo de deportaciones y prácticas anticonstitucionales.

Artículo III. Derecho a la reunificación de las familias para todo trabajador con o sin documentos que así lo desee. Se podrá trasladar al cónyuge, hijos y padres sin más trámites que demostrar su calidad de trabajador y contribuyente en la sociedad estadunidense.

Artículo IV. Derecho automático a legalizar su residencia sin tener que regresar a su lugar de origen, como la exige actualmente la Ley de Inmigración de Estados Unidos.

Artículo V. Derecho de gozar plenamente de derechos sindicales, sociales y económicos que disfruta el resto de los trabajadores ciudadanos.

Artículo VI. Derecho a la vivienda en condiciones de higiene y seguridad adecuadas para todo trabajador cíclico o por obra determinada.

Artículo VII. Derecho a los servicios de salud y atención médica gratuita y adecuada, guarderías y demás beneficios en las mismas condiciones que los recibe cualquier ciudadano estadunidense.

Artículo VIII. Derecho a recibir educación pública adecuada en el idioma materno, utilizando el inglés como segunda lengua y acceso sin restricciones a la cultura de su país de origen.

Artículo IX. Derecho a disfrutar de los seguros de incapacidad (parcial o permanente), por accidente de trabajo, enfermedades profesionales, vejez o muerte. En caso de fallecimiento, los gastos de traslado a su lugar de origen correrán a cargo del patrón, y los beneficios de los seguros correspondientes serán entregados a los familiares no importando su lugar de residencia.

Artículo X. Derecho a la organización sindical. Ya sea ingresando a sindicatos ya existentes o formando nuevos, para la defensa de sus derechos laborales y el mejoramiento de sus salarios y sus condiciones de vida y de trabajo.

(A) Derecho de negociaciones colectivas para los trabajadores agrícolas y trabajadores públicos para garantizar su derecho a la organización sindical.

Articulo XI. Derecho al uso de la lengua materna en los tribunales cualquiera que sea el carácter de estos, para adquirir la ciudadanía en procesos judiciales y en todo arreglo contractual público o privado.

Artículo XII. Derecho a que se le otorguen plenas facilidades para el ejercicio del voto en las elecciones federales de su país de origen. Este derecho se ejercerá a través de consulados y todo lugar (sindicatos, escuelas, demás) designado por autoridades competentes.

Articulo XIII. Derecho, desde el momento de legalizar su residencia y sin necesidad adquirir la ciudadanía estadunidense, de ejercer el voto en las elecciones locales y estatales en Estados Unidos. Este derecho nace de su condición de contribuyente, de trabajador y de residente.

 V. Antecedentes Legislativos.

1a Iniciativa

El 05 de octubre de 2001, en la LVIII Legislatura, el diputado Gregorio Urías Germán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa que expone que se debe emprender la tarea de legislar, sobre los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos avecindados en el extranjero, terminada la hegemonía del régimen de partido de Estado, obstáculo que históricamente impidió el reconocimiento y puesta en práctica de esas prerrogativas ciudadanas en la formación de un nuevo régimen democrático; hoy existen posibilidades para que se reconozcan e institucionalicen los derechos políticos y electorales de nuestros compatriotas residentes en el extranjero, lo que constituye  un acto fundamental de primera importancia.

Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos (EU), Perú, República Dominicana y Venezuela, cuentan con una legislación que específicamente consigna ese derecho político: votar desde el exterior.

2a Iniciativa

El 24 de julio de 2002, los diputados Miguel Bertolini Castillo, Ramón León Morales y los senadores Jesús Ortega Martínez y Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, integrantes del Grupo Parlamentario del (PRD), presentaron iniciativa que expone que en los últimos diez años la sociedad mexicana, especialmente los migrantes, partidos políticos, organismos civiles, académicos, analistas y legisladores,  coinciden que es necesario reconocer jurídicamente y reglamentar el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

3a Iniciativa

El 14 de septiembre de 2004, en la LVIII Legislatura, el diputado Juan José García Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que expone que una de las vertientes de la transición democrática mexicana es la ampliación de los derechos políticos de todos los mexicanos. La democracia y la legitimación del poder, requieren que la totalidad de los ciudadanos tengan los mismos derechos, en el caso de los derechos políticos, aún quedan espacios donde no hay plenitud en la igualdad de derechos para todos.

México somos los mexicanos, nuestra cultura y nuestras tradiciones, nuestros valores sociales, nuestras instituciones, y también nuestro territorio y riquezas naturales. La nación mexicana es su territorio, población (dondequiera que esté) y gobierno (resumen de la democracia de todos los ciudadanos mexicanos).

El reconocimiento de los derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior, será también una importante palanca para empoderar a nuestra comunidad en el exterior. Particularmente, los mexicanos que radican en EU, que no ejerce, en su mayoría, derechos políticos plenos en aquella nación y que en tales condiciones sufre de una discriminación frente a la población estadounidense o incluso frente a otras comunidades migrantes.

4a Iniciativa

El 30 de junio de 2005, se promulga en el DOF la reforma y se adicionan los Artículos 273 al 300 todos relativos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la denominación del Libro Sexto y quedar como sigue:

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

De ser necesario, con la participación del Instituto, el Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecerá los acuerdos necesarios para coadyuvar al cumplimiento de lo establecido en el Artículo Transitorio anterior.

5a Iniciativa

El 22 de noviembre de 2005, en la LIX Legislatura,  los diputados Benito Chávez Montenegro y Hugo Rodríguez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una iniciativa que propone la creación de una Sexta Circunscripción Electoral derivada de los mexicanos en el extranjero que, como se dijo anteriormente, hayan ejercido su derecho al voto pero no tan sólo para elegir presidente de México, sino también representantes de mexicanos en el extranjero que, como todos lo sabemos, tienen el mismo derecho que nosotros de decidir por quién o quiénes dirigirán los destinos de nuestro país, ya que los efectos de esa dirección puede mejorar la situación general de nuestra nación y traer como consecuencia que los mexicanos en el extranjero regresen a su tierra y en ella consigan el trabajo que antes no tuvieron mejorando la calidad de vida tanto del votante como de su familia.

Lo anterior, parte de un principio básico: con la aprobación del voto de los mexicanos en el extranjero, no existe razón válida que evite que a esos mismos votantes se les reconozca tanto el derecho de votar como de ser votados para tener representantes en el Poder Legislativo.

No es por demás señalar que la iniciativa parte de la demanda que inicia una vez terminado el movimiento armado de la Revolución Mexicana en 1910, primero con la exigencia de votar en las elecciones presidenciales y hoy, con el reclamo de votar y ser votados en las elecciones federales a fin de tener representación en este cuerpo legislativo.

6a Iniciativa

El 04 de octubre de 2007, en la LX Legislatura,  el diputado Alberto Amaro Corona, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa que expone que en el año 2007, el Banco Mundial (BM) presentó el Informe: “Indicadores del Desarrollo Mundial”, que incluye información de 185 países asociados al BM, donde ubica a México como el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta.

Derivado de lo anterior, el Principio de Representación Proporcional y el Sistema de Listas, se deben mantener sin cambio para las cinco circunscripciones en que se divide el territorio nacional para efectos electorales.

En el caso de la Sexta Circunscripción se propone establecer en la Ley fundamental, para hacer posible “el ejercicio pleno de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero”. De la naturaleza de los puestos que se asignan a los representantes de esos mexicanos, se desprende el método de su elección, prácticamente similar en términos generales al establecido para la elección de los 200 diputados plurinominales; es decir, mediante el Sistema de cociente natural y resto mayor de la votación, para distribuir los puestos de diputados entre los partidos contendientes, siguiendo el orden de la lista registrada por los propios partidos.

7a Iniciativa

El 18 de noviembre de 2008, en la LX Legislatura, los diputados José Jacques y Medina, Alberto Amaro Corona, David Mendoza Arellano y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron una iniciativa que expone que México tiene que actualizar su marco constitucional y legal, respecto a la ampliación de los derechos políticos para nuestros paisanos residentes en el extranjero, ya que nuestro país,  según datos del BM, es el mayor expulsor de trabajadores migrantes del planeta.

La iniciativa propone las reformas a los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 constitucionales, y a los artículos 313, 315, 316, 318, 322, 323, 331, 332, 333, 334 y 337, del Código Federal de Instituciones Y Procedimientos Electorales, tiene el propósito de establecer y desarrollar plenamente los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero.

8a Iniciativa

El 17 de junio de 2009 en la LX Legislatura, el diputado José Murat, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa que expone que los derechos políticos de los mexicanos son inherentes a su nacionalidad sin importar que residan en otros países, en razón de ello, la Constitución Política debe garantizar el pleno goce y ejercicio de tales derechos.

De esta manera México, en materia de “voto en el extranjero”, forma parte de los más de 40 países que cuentan con esta modalidad de votación; lo que amplía la idea del Sufragio Universal y por lo tanto, representa un pilar que permite avanzar en la construcción de un Sistema Representativo Democrático en nuestro país.

9a Iniciativa

La iniciativa del 15 de diciembre de 2009, presentada por el Partido Acción Nacional, establece en su Exposición de Motivos, que la iniciativa está motivada, encaminada y dirigida a la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero. Establece que después de las elecciones de 2006, el IFE procedió a realizar un conjunto de evaluaciones en términos del voto en el extranjero, de las cuales surgió un documento público o libro blanco que emitió, entre otras, las siguientes recomendaciones específicas para fortalecer el voto de los mexicanos residentes en el exterior:

  1. El IFE deberá llevar a cabo programas de credencialización fuera del territorio nacional para dotar a un mayor número de migrantes de la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio; y
  1. La coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, el IFE deberá reiniciar su funcionamiento en el primer mes del año previo a la elección, a fin de participar en los procesos de planeación y presupuestaria. 

Señala que otro de los grandes retos que permanecen en materia del voto exterior, es la de consolidar no sólo el derecho a votar, sino el derecho a ser votados. Así como la legislación electoral ya prevé mecanismos y normas expresas para garantizar la equidad de los géneros de igual manera, se podrán incorporar disposiciones para asegurar que mediante el Principio de Representación Proporcional, lleguen a las Cámaras del Congreso de la Unión, liderazgos de los emigrantes que abanderen las causas de la población radicada en el extranjero.

10a Iniciativa

El 13 de abril de 2010 en la LXI Legislatura, los diputados Francisco Rojas Gutiérrez, Emilio Chuayffet Chemor y  César Augusto Santiago Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa que propone crear la Sexta Circunscripción, por lo que reforma, adiciona y deroga los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Constitución. La iniciativa señala que el derecho al voto de los mexicanos en el exterior, se considera desde 2005, un logro en la extensión de los derechos ciudadanos en México.

Si bien, el derecho al voto de los mexicanos en el exterior se circunscribe a los comicios presidenciales, salvo las estrategias de los partidos políticos para incluir en las listas nominales a los residentes mexicanos en el exterior, no tienen la posibilidad de ser sujetos pasivos del sufragio y acceder a un cargo de representación legislativa: Senadores o Diputados. Por ello, la iniciativa plantea crear una Sexta Circunscripción en la forma siguiente:

1.Eliminar las palabras “regionales” o “regionales” de los Artículos 52, 53 y 54;

2. El Artículo 53, párrafo segundo, debe decirse que habrá cinco circunscripciones dentro del país, y una sexta para los mexicanos residentes en el extranjero; y

3.Modificar el segundo párrafo del Artículo 55, sobre los requisitos para poder figurar como candidatos en las listas.

11a Iniciativa

La iniciativa presentada el 27 de abril de 2010, por los diputados Gerardo Leyva Hernández y Ramón Jiménez Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, fundamenta principalmente a la poca o nula participación en la elección presidencial de 2006, de aproximadamente 20 millones de mexicanos que viven en el exterior, la mayoría en los EU, únicamente votaron 32 mil 632, buena parte de las razones de la bajísima participación, es debido a las dificultades que los mexicanos en el exterior encontraron al intentar ejercer su derecho al sufragio y no a la falta de interés.

Otra medida que considera la iniciativa, es que se permitirá al IFE realizar campañas de expedición de credenciales para votar en el exterior, con los que se proporcionará a los mexicanos la posibilidad no sólo de votar, sino también de tramitar por primera vez o recuperar esa identificación, que es la de uso más  generalizado en México, por lo que les será útil en sus visitas al país o en un eventual regreso; con esta medida se podrán implementar medios como la urna o el voto electrónico, como mecanismos de voto, a diferencia del voto postal.

La iniciativa además propone, eliminar la prohibición absurda de realizar campañas electorales en el exterior, puesto que son parte fundamental de la democracia, es ahí donde se debaten las ideas, las propuestas y las personalidades de quienes nos gobernaran y representarán.

12a Iniciativa

El 05 de abril de 2011, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa que establece que el Estado mexicano tiene una deuda histórica y una obligación ineludibles con los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior. Si bien existen órganos del Estado para proteger sus derechos y prerrogativas, persiste la imposibilidad de que los mexicanos residentes en el exterior puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales, manifiesta que sólo se les ha reconocido el derecho a votar en elecciones presidenciales; sin embargo, existe una falta de representación legislativa que dificulta la solución de muchos problemas particulares en ese sentido, la migración de millones de mexicanos, ha derivado en los hechos en la cancelación del ejercicio de sus derechos políticos.

La iniciativa señala que la dificultad para que los mexicanos en el exterior ejerzan plenamente sus derechos político-electorales radica primordialmente en la ausencia de consensos sobre diversos procedimientos, mismos que corresponde de manera exclusiva al órgano político autónomo, hoy convertido en Instituto Nacional Electoral.

Así, las prerrogativas de votar y ser votado se encontrarían salvaguardadas, independientemente de que se encuentren fuera del país.

13a Iniciativa

El 13 de Enero de 2012, los asambleístas del Gobierno del Distrito Federal celebraban la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de permitir el voto de los chilangos que viven en el extranjero por medio del internet para elegir al próximo Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

14a Iniciativa

El 14 de noviembre de 2013, los suscritos Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hick y Laura Angélica Rojas Hernández, integrantes del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura.

Proponen por un lado, la emisión de la credencial para votar con fotografía fuera de México y por el otro, que la solicitud de registro para participar en el proceso electoral, sea por vía electrónica.

La credencial contempla expedirse bajo dos modalidades: la presencial y la virtual. En la forma presencial se podrá tramitar la credencial a través de los  Consulados y/o Embajadas. Y la forma virtual, se obtiene por la vía electrónica en un formato digital. Ambas credenciales tienen las mismas características y requisitos legales que las expedidas por el Instituto Nacional Electoral en México. Una tendrá la presentación en plástico y la otra de formato digital.

Además pretende eliminar la previsión de que habrá una lista nominal temporal de residentes en el extranjero, que se tiene que destruir una vez terminado el proceso para la cual se elaboró y en vez de ello, crear dentro del Padrón Electoral, una Sección de Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero del que se desprenda la Lista Nominal.

A esta sección también se podrán inscribir los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero de manera temporal, siguiendo un procedimiento similar para quienes residen de manera permanente, aunque con tiempos menos restrictivos.

Plantea que el sufragio se haga por vía electrónica, el procedimiento para el ejercicio del voto  estará sujeto a la habilitación de herramientas electrónicas; el sistema estará abierto durante los tres días anteriores a la jornada electoral y cerrará a las dieciocho horas del día de la elección.

Dicha modalidad, por vía electrónica, se complementará con la instalación de dispositivos en Consulados, escuelas, centros comunitarios o espacios públicos en donde estadísticamente se tenga registro de una alta concentración de connacionales.

15a Iniciativa

Diversos Grupos Parlamentarios integrados por Senadoras y Senadores como Angélica de la Peña Gómez y María Beristaín Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Peter, Benjamín Robles Montoya, Fidel Demédicis H, Isidro Pedraza Chávez y Zoé Robledo Aburto del Partido de la Revolución Democrática; Lilia Guadalupe Merodio Reza y María Cristina Díaz Salazar del  Partido Revolucionario Institucional; y Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde Ecologista Mexicano; pertenecientes a la LII Legislatura del Congreso de la Unión. Presentaron el 08 de abril pasado, una Iniciativa de Ley que reforma o abroga los artículos 4° de la Ley Federal de Consulta Popular  y 313 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales para que se reconozcan plenamente los derechos político-electorales que contempla la Constitución en sus artículos 35 y 36.

Dicha reforma abroga entre otras, la temporalidad del voto y la participación en las consultas populares, únicamente durante las elecciones para Presidente de la República.

La Exposición de Motivos del proyecto, subraya de manera articulada el desarrollo indispensable de cinco pasos fundamentales que debe cumplir el INE en su función como un Órgano Autónomo de tal manera que facilite a los mexicanos radicados en el exterior un efectivo ejercicio del sufragio para votar y ser votados, como sigue:

1. Credencial en el Exterior
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral, deben de instalar dentro de los Consulados asentados en el exterior, módulos permanentes para la tramitación de la credencial para votar y poder integrar las listas nominales de los mexicanos radicados en el exterior.

La credencial de elector para mexicanos residentes en el exterior, deberá contener la dirección del domicilio en el extranjero y la referencia de la última residencia en México. (sic)

2. Acceso Pleno al registro electoral/Inscripción en la lista nominal

Bajo las condiciones actuales, cada proceso de votación se tiene que iniciar desde cero, por ello el Instituto Nacional Electoral debe constituir por ley, una lista nominal permanente de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. (sic)

Es preciso garantizar, sin importar el lugar de residencia, el acceso pleno al registro electoral. Lógicamente para llevar ese control e integración de la lista nominal permanente, es necesario contar con la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, por las circunstancias de tiempo, lugar y presupuesto para las elecciones de 2015 puede ser utilizada, la Cédula Consular emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso este documento cuentan con sellos de seguridad más confiables que la misma credencial del INE.    

3. Modalidades de Votación

Los mecanismos ineficaces, entre ellos la vía postal, para ejercer el voto desde el exterior, inhibe la participación ciudadana. 

En este tenor, la situación se allana con la modalidad presencial de votantes en los Consulados y Embajadas, o la utilización de medios electrónicos como el internet.    

4. Campañas Políticas en el Exterior

Para difundir la plataforma electoral, el proselitismo de los Partidos Políticos como de los Candidatos Independientes, se puedan promocionar en eventos públicos en el extranjero, y haciendo uso de las franquicias telegráficas y postales para enviar información a sus ciudadanos, sujetándose a la legislación vigente del país correspondiente, previo aviso al Instituto Nacional Electoral.

5. Derechos Políticos, Elegibilidad y Representación

A efecto de hacer efectivo el pleno derecho al voto de los mexicanos en el exterior, se debe establecer un procedimiento que permita la postulación y elección nominal y de representación proporcional de Diputados y Senadores.

Además, se debe reconocer el derecho de los mexicanos residentes en el exterior de votar y ser votados en las elecciones federales por el Presidente, Diputados Federales, Senadores y Gobernadores, Diputados y Autoridades municipales cuando se trate de elecciones locales.

Así como la participar en los procesos de Consulta Ciudadana.

Esta disposición plantea la necesidad de reformar el marco jurídico de las diversas  entidades que integran la federación.

CONSIDERANDO

Que la discusión de los derechos políticos de los mexicanos radicados en el exterior tiene sus antecedentes desde la fundación del Partido Liberal Mexicano precursor de la Revolución de 1910, sin embargo, resurgió en la década de los 70s como una inquietud de los migrantes. Que culmina en 1980 con la “I Conferencia Internacional por los Derechos Plenos de los Trabajadores Indocumentados” donde el mosaico político del país suscribe “La Carta de Derechos de los Trabajadores Indocumentados”, que incluye los derechos políticos en ambos lados de la frontera. Pero fue retomada hasta las elecciones presidenciales de 1988, por la participación de organizaciones político-sociales de la comunidad de mexicanos en el exterior, quienes bajo la denominación de “Impacto 2000”, sostuvieron reuniones con todos los candidatos presidenciales del sexenio 1988-1994. Participando en las votaciones en urnas especiales colocadas a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

Que en 1996 la Campaña de Participación Ciudadana llamada la “Coordinadora 96”, compuesta de organizaciones de la comunidad mexicana residentes en el exterior y beneficiarios de la Ley de Amnistía de 1986 (IRCA-86), para entonces elegibles para la ciudadanía estadounidense; convocaron conjuntamente con la LVI Legislatura del Congreso mexicano a la “II Conferencia Internacional por los Derechos Plenos de los Trabajadores Emigrantes” donde fue suscrito por legisladores de todos los partidos el  llamado “Pacto de las Californias”, en Tijuana, B.C. el 09 y 10 de agosto de 1996.

Que en cumplimiento a los acuerdos del “Pacto de Las Californias”, la LVI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la iniciativa que reforma el Artículo 37 constitucional; decreto que la LVII Legislatura aprobó por unanimidad reconociendo: Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Esto abrió la posibilidad para “la doble nacionalidad” con la protección de los derechos patrimoniales e histórico-culturales de la comunidad residente en el exterior.

Que la prohibición de que los mexicanos, en el exterior puedan ser privados de su ciudadanía, y reconociendo que los derechos políticos de los residentes en el exterior están tutelados hoy particularmente, por el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como los diversos Tratados Internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Que desde la promulgación en 2005 de las adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, se limitaron los derechos políticos electorales de la comunidad residente en el exterior, como lo es el de votar -cada seis años- exclusivamente para Presidente de la Republica.

Que actualmente con la promulgación de la Ley Federal de Consulta Popular el pasado 14 de marzo de 2014, se continúa conculcando los derechos políticos de los mexicanos residentes en el exterior, reconocidos en los artículos 1o, 35, 36 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar el lugar de residencia.

Que han pasado nueve años desde la promulgación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Instituto Público Autónomo IFE/INE, no ha entregado una sola credencial en el exterior y han pasado 2 elecciones para presidente de la Republica (2006 y 2012).

Que la expedición de la credencial para votar es un documento básico para ejercer los derechos políticos y que ha constituido el principal impedimento para que la comunidad mexicana residente en el exterior pueda ejercer a plenitud sus derechos políticos.

Que en la propuesta de decreto sobre el voto de los mexicanos en el exterior que actualmente dictamina las Comisiones Unidas del Senado de la Republica, se explica de manera sucesiva y escalonada, que sin credencial para votar no se podrá: integrar la lista nominal permanente de electores en el exterior; implementar las modalidades del voto; hacerse campañas; lograrse los derechos políticos; la elegibilidad; y la representación de los ciudadanos mexicanos que se encuentren radicados fuera del territorio nacional.

Que al respecto, la Comisión de Expertos contratados por el entonces Instituto Federal electoral (lFE) para este propósito determino:

  1. Los elementos que impiden el voto en el exterior son:

La exigencia de la credencial para votar con fotografía; y la

Falta de credencialización en el exterior del residente en el exterior.

  1. Sobre la credencial para votar con fotografía, el estudio señala:

Es un instrumento que nace en un contexto de desconfianza hacia el poder público y de desconfianza hacia las prácticas usuales del país; en el que la impunidad, la piratería y la falsificación de documentos son una realidad cotidiana, por tal razón continua siendo de carácter temporal y se enmarca en la persistente suspicacia que muestran los partidos políticos.

Que en este sentido por los procedimientos y los mejores tiempos de justicia electoral para la integración de la lista nominal permanente en el exterior, sería la elección de 2015, acelerando las modalidades del registro con la opción del uso de la Matricula Consular, documento que cumple con las medidas de seguridad similares a la credencial para votar con fotografía expedida por el INE.

Que a falta de una credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral, en tanto se definen las nuevas reglas y la recredencialización; puede utilizarse la Matricula Consular expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores para el pleno ejercicio de los derechos políticos.

La Matrícula Consular mexicana es un documento oficial emitida por el gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior. La emisión de estos documentos es reconocida en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares.  Los Consulados mexicanos han otorgado estos certificados a sus nacionales desde 1871.

Que la Matrícula Consular cuenta con todo la información elemental como son nombre, lugar y fecha de nacimiento, dirección permanente en el exterior, fotografía y todas las medidas de seguridad exigidas por la ley.

Que más del 95% de los mexicanos residentes en el exterior, cuentan con la Matrícula Consular.

Que de acuerdo con el censo 2010, para el año 2012 se estimó residían en Estados Unidos 32.5 millones de mexicanos, de los cuales 20,8 nacieron en EU y 11.7 millones en México. De los 32.5 millones nacidos en EU y México aproximadamente 20.1 millones están en edad de votar; se desconoce cuántos están con la doble nacionalidad. De los 11.7 millones nacidos en México, 10.7 millones  tiene edad de votar, que calificaban para la elección de 2012. En el resto del mundo suman 159,140 electores.

Que la población de migrantes es de aproximadamente 32.5 millones de mexicanos y el 98% se asientan en Estados Unidos.

Que es medianamente imposible que la autoridad en tiempo breve expida más de once millones de credenciales.

Que la falta de un documento oficial para votar inhibe a los mexicanos en el exterior de una participación política en los asuntos de trascendencia nacional.

Que los migrantes contribuyen al desarrollo económico del país aportando a través de remesas, gran porcentaje del Producto Interno Bruto, después de los ingresos del petróleo.

Que el 14 de noviembre de 2013, los grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura. Propusieron por un lado, la emisión de la credencial para votar con fotografía fuera de México y por el otro, que la solicitud de registro para participar en el proceso electoral, sea por vía electrónica.

Por lo anteriormente expuesto:

SE SOMETE A CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA O DEROGA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AL TENOR DEL SIGUIENTE:

ARTICULO UNICO.- SE ADICIONA Y DEROGA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR Y LOS ARTÍCULO 313, 316 y 322 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, COMO SE INDICA:

Ley Federal de Consulta Popular.

Artículo 4.

(…)

Derogado.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 313.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular durante la elección de Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, de Diputados federales y locales, de Senadores y  Gobernador o Jefe de Gobierno de la entidad federativa de su origen.

2. Los Organismos Públicos Locales Electorales, adoptaran las disposiciones necesarias para recibir los votos de los mexicanos residentes en el exterior para lo cual pueden convenir con el Instituto Nacional Electoral la organización y los procedimientos especiales de recepción del voto en el marco de la celebración de procesos electorales local.

Artículo 316.

  1. La solicitud de incorporación al Padrón Federal de Electores residentes en el exterior incluye la solicitud de tramitación de la credencial para votar de los ciudadanos que no cuenten con ésta, pero podrán participar en la inscripción y posible elección inmediata con la Matricula Consular expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

(…)

Artículo 322.

1. La Matricula Consular que ampara los trámites de obtención de la Credencial para votar tramitadas fuera del territorio nacional, será remitida a las oficinas del Instituto Nacional Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores disponga para continuar con su tramitación.

2. La Credencial para votar y Matrícula Consular tramitadas desde el extranjero, se expedirán en  territorio nacional.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO. El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año siguiente a la aprobación del presente decreto, asignara los recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral, para iniciar el proceso de credencialización en el extranjero.

ARTICULO TERCERO. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaria de Relaciones celebraran los convenios de colaboración necesarios para instalar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los módulos o buzones de atención al ciudadano, según correspondan por la concentración  de mexicanos en el exterior.

ARTICULO  CUARTO.  El Instituto Nacional Electoral establecerá dentro de los 60  días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de carácter general a que hace referencia el artículo 317. 

ARTICULO QUINTO. Por única ocasión los requisitos relativos a la integración de la lista nominal permanente en el exterior podrá basarse en la Matrícula Consular expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual cumple con todas las características de información y seguridad requeridos por le ley.

ARTICULO SEXTO. El Instituto Nacional Electoral establecerá dentro de los 120 días siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, los reglamentos relativos a las modalidades de votación de los mexicanos residentes en el extranjero.

REFORMA VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR

 

DICE ACTUAL

 

LEYES REFORMADAS

 Ley Federal de Consulta Popular
Artículo 4°.
(…)

 

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 313.
Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto exclusivamente para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

 

 

 

 

 

Artículo 316.

1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores tendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

(…)

 

Artículo 322.

 

1.  A más tardar el 15 de marzo del año de la elección presidencial, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2.  Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, señalando hechos y casos concretos e individualizados, hasta el 31 de marzo, inclusive.

3.  De las observaciones realizadas por los partidos políticos se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia a más tardar el 15 de mayo.

4.  Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 194 de este Código y en la ley de la materia.

5.  Si no se impugna el informe o, en su caso, una vez que el Tribunal haya resuelto las impugnaciones, el Consejo General del Instituto sesionará para declarar que los listados nominales de electores residentes en el extranjero son válidos.

 Ley Federal de Consulta Popular
Artículo 4°.
(…)

 

Derogado

 

 

 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 313.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular durante la elección de Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, de Diputados federales y locales, de Senadores y  Gobernador o Jefe de Gobierno de la entidad federativa de su origen.

2. Los Organismos Públicos Locales Electorales, adoptaran las disposiciones necesarias para recibir los votos de los mexicanos residentes en el exterior para lo cual pueden convenir con el Instituto Nacional Electoral la organización y los procedimientos especiales de recepción del voto en el marco de la celebración de los procesos electorales locales.

Artículo 316.

La solicitud de incorporación al Padrón Federal de Electores residentes en el exterior incluye la solicitud de tramitación de la credencial para votar de los ciudadanos que no cuenten con ésta, pero podrán participar en la inscripción y posible elección inmediata con la Matricula Consular expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores.
(…)

 

Artículo 322.

 

La Matricula Consular que ampara los trámites de obtención de las Credenciales para votar tramitadas desde territorio exterior, será remitida a las oficinas del Instituto Nacional Electoral que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores disponga en territorio nacional, para continuar con su tramitación.

Las Credenciales, Matrículas Consulares con dirección en el extranjero para votar tramitadas desde el exterior, se producirán en  territorio nacional.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 21 de mayo de 2014.

Sen. Layda Sansores San Román”.

- El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Senadora Guevara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

1 El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y el Distrito Federal. Evolucionamos a una nueva autoridad electoral de carácter nacional: Instituto Nacional Electoral.
La reforma constitucional en materia política-electoral aprobada por el H. Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los Estados, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, rediseña sustancialmente nuestro régimen electoral. Su objetivo principal es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral. El aspecto más sobresaliente de la reforma es la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional Electoral (INE).
Página Web. http://www.ine.mx/portal/site/ifev2/Acerca_del_INE/ (Consultada 01 de mayo de 2014)

2 El Derecho comparado suele ser calificado como una disciplina o método de estudio del Derecho que se basa en la comparación de las distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos planteados (esto dentro de una perspectiva funcionalista). Por este motivo, suele discutirse si resulta propiamente una rama del Derecho o como una metodología de análisis jurídico.
El Derecho comparado como método puede ser aplicado a cualquier área del derecho, realizando estudios específicos de ciertas instituciones. A este tipo de análisis se le denomina micro comparación. Por su parte, si se estudia las diferencias estructurales entre dos sistemas jurídicos se le denominará análisis macro comparativo.
Página Web. http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comparado (Consultada 05 de mayo de 2014)

Presidenta Michelle Bachelet  Comunicado 30/04/14. Jefa de Estado promulgó Ley que permite el Sufragio de Chilenos en el Extranjero. Prensa Presidencia de la República de Chile.
Página Web. http://www.chilesomostodos.gov.cl/voto-en-el-extranjero.html (Consultada 05 de mayo de 2014) dprensa@presidencia.cl. Dirección de Prensa. Presidencia de la República. (56-2) 26904484 - 26904472.

Boletín N°9069-07. Id.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE.  Última reforma publicada DOF. 10/02/2014.
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ (Consultada 27 de abril de 2014)

Id.

Id.

Artículo 4° de la Ley Federal de Consulta Popular.  TEXTO VIGENTE. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014.

Artículo 313. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. TEXTO VIGENTE. Nuevo código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008. Declaración de invalidez de artículos por sentencia de la SCJN DOF. 03/10/2008. Votos particulares y concurrentes a Sentencia de la SCJN DOF. 07/04/2009.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el 20 de mayo 1981.  Página Web. http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm (Consultada 01 de mayo de 2014)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Página Web. Dehttp://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm (Consultada 01 de mayo de 2014)
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 45/158 de 18 de diciembre de 1990 en Nueva York, EUA. Ratificación por México el 08 de marzo de 1999. Decreto de Promulgación en el  Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1999.
Página Web. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D21.pdf (Consultada 01 de mayo de 2014)

Jacques y Medina, José, “De Mojado a Diputado: Memoria Gráfica y Documental”, LX Legislatura del Congreso de la Unión (2006-2009), México 2009, p.33. 
Vid. Carta de Derechos de los Trabajadores Indocumentados. Comisión Internacional Coordinadora. México, D. F. abril de 1980. Primera Conferencia Internacional por los Derechos Plenos de los Trabajadores Indocumentados.
Página Web. http://bicentenariopueblo.blogspot.mx/2010/10/carta-de-derechos-para-los-trabajadores.html (Consultada 04 de mayo de 2014)

Jacques y Medina, José, op. cit. pp. 32 y 34.  

Id.    

Ibid., 36-40.

LVII Legislatura del Congreso de la Unión. Segunda reforma al Artículo 37 de la Constitución General. 20 de marzo de 1997.
Página Web. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm (Consultada 04 de mayo de 2014)

Reforma del 10 de junio de 2011. Denominación del Capítulo I de la Constitución de la República.

Libro de Expertos. El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), presentaron el libro “Cambiar México con Participación Social”, el cual contiene: análisis y propuestas de solución sobre temas trascendentes de México por parte académicos e intelectuales que formaron parte del Foro Nacional, Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación.
Página Web. www.ife.org.mx/.../ifev2/menuitem.92faac40ea85399517bed910d08600 (Consultada 05 de mayo de 2014)

La Matrícula Consular mexicana es un documento oficial emitido por el Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior. 
Página Web. http://www.ime.gob.mx/es/estadisticas-de-mexicanos-en-el-exterior (Consultada 11 de mayo de 2014)

Libro de Expertos… op.cit.

Id.






Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes emitidos por las comisiones, que contienen puntos de Acuerdo y sobre los cuales no hay reservas.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con ellos.

- El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy cuenta de los dictámenes. Tenemos siete de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:

Que exhorta remitir un informe trimestral al Congreso de la Unión de los avances que se obtengan en el combate y prevención al delito en el estado de Tamaulipas.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H.ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Presidente de la República Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Tamaulipas el Ingeniero Egidio Torres Cantú, para implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad en el Estado de Tamaulipas, y el combate incipiente a los hechos delictivos, presentada por el Diputado José Alejandro Llanas Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 7 de mayo de 2014.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

METODOLOGÍA

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminarían conforme al siguiente procedimiento:

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

ANTECEDENTES

  • En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de mayo del 2014, el Diputado José Alejandro Llanas Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Presidente de la República Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ingeniero Egidio Torres Cantú, para implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad en el Estado de Tamaulipas y el combate incipiente a los hechos delictivos.
  • En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

En la propuesta se señala que la delincuencia en Tamaulipas ha llegado a tal nivel de sofisticación que rebasa todo control gubernamental, sus vínculos con diversos sectores sociales y económicos hacen de su actividad la mejor muestra de corrupción, control e impunidad. No es nada nuevo para los mexicanos que la delincuencia organizada registra en sus nominas a empresarios, funcionarios, informantes y todo aquel individuo que tenga un precio para permitir que se siga violentando a la sociedad y Tamaulipas no es la excepción.

Relata como eventos relevantes de los últimos 4 años como los 72 cuerpos en San Fernando, las 8 fosas con 72 cuerpos en el Ejido de la Joya, los 14 cuerpos mutilados y 9 colgados en Nuevo Laredo, los 19 cuerpos en Ciudad Mante, 21 cuerpos más en Soto la Marina y diversos ataques y atentados a ciudadanos y periodistas a nivel estatal, siendo Tamaulipas el primer lugar en materia de secuestros y extorsión independientemente de la actividad del narcotráfico y sus secuelas como las que últimamente se viven en Tampico, Reynosa, Ciudad Mier y Matamoros, que se han convertido en una ciudades sometidas.

Argumenta que la preocupación más sensible de los ciudadanos que radican en entidades con esta grave problemática es el tener mayor seguridad para ellos y sus familias. Arguye que ante la grave realidad que se vive sólo se conoce por los medios de comunicación las estrategias de Gobierno para combatir la delincuencia:

  • En la pasada visita a Tamaulipas del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde aseguró el esfuerzo conjunto y el apoyo a Tamaulipas para la agencia antisecuestros.
  • El Procurador General de la República Jesús Murillo Karam anunció que “se está preparando una estrategia mayor” para atender la problemática que enfrenta la entidad.

Desafortunadamente parece que solo son buenas intenciones, un conjunto de reacciones tardías mientras los tamaulipecos están desesperados por la ineficiencia o ineficacia del Sistema de Seguridad Pública Estatal, la gente tiene miedo y no se le escucha, por lo que no pretendemos que sea la misma gente que tome la solución en sus manos como sucede en Michoacán pero tampoco que sigan pereciendo inocentes para poder justificar una política de seguridad.

Con base en lo anterior, propuso el siguiente punto de acuerdo:

“Único. Se exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ing. Egidio Torre Cantú para implementar una Estrategia Integral de Seguridad Pública de manera urgente ante la creciente inseguridad en Tamaulipas y el combate incipiente a los hechos delictivos.”

CONSIDERACIONES

La Comisión dictaminadora considera que es de suma importancia que exista una eficaz Estrategia Integral de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas que proteja a los habitantes del Estado y garantice seguridad y paz.

Cabe señalar, que estamos en presencia de un problema de inseguridad en el Estado de Tamaulipas que aqueja a todos sus habitantes; que datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública se han referido a los acontecimientos del Primer trimestre del presente año, manifestando que Estados de la República mexicana como Guerrero, Tamaulipas y Morelos, han registrado más denuncias que el Estado de Michoacán en delitos homicidio, secuestro o extorsión, debido a que se presenta un nivel bastante grande de descomposición en la entidad.

Como respuesta del Gobierno Federal ante la situación antes descrita, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonginformó realizará un cambio en la estrategia de seguridad en Tamaulipas a partir del pasado 13 de mayo, ante los hechos violentos que se han registrado en esa entidad durante los últimos días.

Conforme a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera pertinente realizar un cambio en la redacción del punto de acuerdo en estudio, debido al anuncio hecho por el Secretario de Gobernación sobre el tema planteado.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primara Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea los siguientes:

RESOLUTIVO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que remita un informe trimestral al Congreso de la Unión, de los avances que se obtengan en el combate y prevención al delito en el Estado de Tamaulipas.

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 20 días del mes de mayo de 2014.

PRIMERA COMISION”.






Para dar cumplimiento al Decreto del 14 de junio del 2002, por el que se mandata que las entidades federativas y municipios expidan las leyes o realicen las modificaciones sobre responsabilidad patrimonial de los estados y municipios.

PRIMERA COMISION

(Dictamen a discusión)

“PRIMERA COMISION

H. ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Campeche, de Coahuila, de Chiapas, de Durango, del Estado de México, de Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de Oaxaca, de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, de Tabasco, de Tlaxcala, de Yucatán y de Zacatecas a dar cumplimiento al Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las entidades federativas y municipios a expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la responsabilidad patrimonial de los estados y municipios, suscrita por la Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

  • I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.
  • II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

    III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

    IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

    ANTECEDENTES

    La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 07 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

    CONTENIDO

    A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

    El día 14 de junio de 2002, fue publicado el Decreto donde se desprende que la federación, las entidades federativas y los municipios contarán con un período comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según fuera el caso, a fin de promover la responsabilidad patrimonial.

    B. Enseguida, la proponente refiere una serie de precisiones referentes a que la inclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en junio de 2002, se inscribe en un largo y complicado proceso, pero a la vez constante, de incorporar dicha institución reparadora en las Constituciones de Hispanoamérica, a fin de crear un perímetro de protección fundamental de los derechos de los gobernados, cuando se ven afectados en sus personas, patrimonios y derechos.

    Con la llegada del siglo XXI, el tema cobró mayor magnitud, propiciándose un movimiento en favor de una nueva y mejor regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado, mediante propuestas legislativas al interior de la Cámara de Diputados y de Senadores, de modificación a la Constitución Federal, así como de proyectos de leyes, segregándolo del régimen del Código Civil, a fin de crear un sistema de responsabilidad estatal objetiva y directa, basado en los principios e instituciones del derecho público mexicano.

    A partir de esta premisa, se entiende que la reforma sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, mediante la adición de un segundo párrafo al Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  busca asegurar que la responsabilidad patrimonial del Estado, genere en los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, la preocupación de que sus actos no causen afectaciones en la esfera particular.

    La responsabilidad del Estado por su actividad en la administración pública, es un medio auxiliar de la jurisdicción administrativa, siempre que los tribunales administrativos estén expresamente facultados para determinar que la ejecución de un acto administrativo, causó daños y perjuicios en el patrimonio pecuniario o moral de un particular, y por lo tanto se deba proceder a condenar al Estado.

    Por otra parte, la responsabilidad del Estado, pertenece al ámbito del derecho público, por ende, debe tratarse de forma diferente a la responsabilidad de categoría civil, pues debe preservarse principalmente el interés público, así como el de los habitantes del país a efecto de proteger a los gobernados y evitar demandas contra el Estado, ya que es uno de los derechos subjetivos peor regulados en México.

    Derivado del análisis jurídico previo, debemos señalar que a partir de la reforma en comento, el poder legislativo y posteriormente el Ejecutivo Federal, dieron un paso preponderante en materia de protección de los derechos de los particulares y en la efectividad del estado de derecho respecto de las actividades públicas.

    La promovente hace hincapié que en el caso de Quintana Roo y de otras entidades federativas, no se ha dado cumplimiento al decreto, mediante la adecuación de las disposiciones jurídicas en sus Constituciones Locales, ni se han expedido las leyes secundarias, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

    ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON UNA
    LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

    ESTADO

    CONSTITUCION

    LEY

    Aguascalientes

    Si

    Si

    Baja California

    Si

    Si

    Baja California Sur

    Si

    Si

    Campeche

    No

    No

    Coahuila

    Si

    No

    Chiapas

    No

    No

    Distrito Federal

    No

    Si

    Durango

    Si

    Si

    Estado de México

    No

    No

    Guanajuato

    Si

    Si

    Guerrero

    No

    No

    Hidalgo

    No

    No

    Jalisco

    Si

    Si

    Michoacán

     

    No

    Morelos

    NA

    No

    Nayarit

    Si

    Si

    Nuevo León

    Si

    Si

    Oaxaca

    No

    No

    Puebla

    Si

    No

    Querétaro

    No

    Si

    Quintana Roo

    No

    No

    San Luis Potosí

    Si

    Si

    Sinaloa

    Si

    No

    Sonora

    No

    No

    Tabasco

    Si

    No

    Tamaulipas

    Si

    Si

    Tlaxcala

    No

    No

    Veracruz

    No

    Si

    Yucatán

    No

    No

    Zacatecas

    No

    No

    Fuente: Elaboración propia a través de los portales de los Congresos de los Estados. Abril de 2014

    C. Concluye la proponente al señalar que:

    Que es inadmisible que a diez años de la expedición de decreto, los congresos locales hayan omitido la debida integración de este mandato, con esta acción se está bloqueando y afectando la integridad del derecho, con el que cuentan todos los particulares para reclamar la reparación del daño y/o una indemnización por los daños derivados de la acción administrativa irregular, donde el Estado de Derecho se observa severamente transgredido a causa de las actividades públicas dirigidas por los servidores públicos”.

    D. Abunda la proponente en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formula el siguiente:

    “Punto de Acuerdo:

    Único. “La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a los Congresos de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a dar cumplimiento con el Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las Entidades Federativas y Municipios, deberán expedir las Leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la Responsabilidad Patrimonial de los Estados y Municipios”.

    CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

    A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con los planteamientos de la autora de la proposición que se dictamina por lo que considera procedente su propuesta, haciendo algunas precisiones al respecto.

    Cabe señalar que en la Comisión Permanente se encuentra en funciones, y en ese sentido la proposición con punto de acuerdo debe dirigirse a la misma. 

    Con base en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el pasado 14 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

    PODER EJECUTIVO
    SECRETARIA DE GOBERNACION

    LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL, Y PREVIA LA APROBACION DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO LA MAYORIA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, D E C R E T A:

    SE APRUEBA EL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACION DEL TITULO CUARTO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

    ARTICULO UNICO.-Se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

    Título Cuarto
    De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.

    Artículo 113. ..........

    La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

    TRANSITORIO

    UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.

    La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes:

    a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y

    b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.

    Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo no sería menor a un año ni mayor a dos.

    Del anterior decreto se desprende que la federación, las entidades federativas y los municipios contarían con un período no mayor a dos años, comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según fuera el caso, a fin de darle el más estricto cumplimiento al mandato, si tomamos en cuenta que el decreto se publicó en 2002, la expedición de las leyes o modificaciones necesarias debió haberse realizado a más tardar en 2003.

    Toda vez que dicho plazo ha concluido, esta Comisión Dictaminadora considera procedente con pleno respeto a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al Pacto Federal, exhortar a los Congresos de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas,  a expedir las Leyes o realizar las modificaciones necesarias, para promover la Responsabilidad Patrimonial de los Estados y Municipios.

    La dictaminadora no incluye dentro del resolutivo a los congresos de los estados de Durango y Morelos, ya que éstos cuentan con legislación en materia de responsabilidad patrimonial de estados y municipios, tal como se señala a continuación:

    • Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Durango y sus Municipios, publicada en el decreto 523, en el Periódico Oficial 97, del 5 de diciembre de 2013.
    • Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, decreto publicado el 14 de diciembre de 2011, en el Periódico Oficial.
    •  Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    RESOLUTIVO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al Pacto Federal, solicita en el marco de sus responsabilidades a los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento con el Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las Entidades Federativas y Municipios, deberán expedir las Leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la Responsabilidad Patrimonial de los Estados y Municipios.

    Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de mayo de 2014.

    PRIMERA COMISION”.






    Por el que solicita al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un informe acerca de los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 de abril, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    El 7 de mayo del 2014 fueron turnadas a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, tres Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se exhorta a distintas instancias del gobierno federal, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que rindan un informe y en su caso, procedan contra quien resulte responsable de presuntas irregularidades cometidas durante un operativo implementado por autoridades del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con elementos de la Policía Federal y la Policía del Estado de Tabasco, el pasado 30 de abril en la Comunidad Chacamac en el municipio Emiliano Zapata, Tabasco.

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

    METODOLOGIA

    La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

    I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

    II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

    III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

    IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

    ANTECEDENTES

    a. Con fecha 7 de mayo de 2014 la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Seguridad (policía federal), a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco información respecto a la agresión y aseguramiento durante un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y Policía Estatal de Tabasco, en la Comunidad de Chacama, Municipio Emiliano Zapata, en el Estado de Tabasco ocurrido el día 30 de abril del presente; para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a compartir a esta institución la información que obtengan referente a la agresión y aseguramiento, durante dicho operativo.

     b. Con fecha 7 de mayo de 2014 los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Jorge Luis Lavalle Maury presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Instituto Nacional de Migración, a la Policía Federal, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que lleven a cabo diversas acciones ante las presuntas violaciones a los Derechos Humanos de personas migrantes durante el operativo realizado en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Tabasco.

    c. Con fecha 7 de mayo de 2014 los Senadores Armando Ríos Piter y Angélica de la Peña Gómez, presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que realice una investigación y deslinde responsabilidades en torno a los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 de abril por el Instituto Nacional de Migración en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

    d. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión pasa su estudio y análisis mediante los oficios con No. CP2R2A.-55, CP2R2A.-93, CP2R2A.-104, respectivamente.

    CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

    Las tres proposiciones se refieren al operativo implementado por autoridades del Instituto Nacional de Migración en coordinación con elementos de la Policía Federal (PF) y la Policía del Estado de Tabasco, celebrado el pasado 30 de abril, el cual fue conocido a través de diversos medios de comunicación y de las redes sociales, en virtud de que se presume que se detuvo un grupo de alrededor de 300 migrantes de diversas nacionalidades; dicho operativo se realizó en la comunidad denominada Chacamac en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

    Los proponentes señalan que en las notas periodísticas se informó que en el operativo resultaron agredidas varias personas migrantes, así como los defensores de derechos de personas migrantes Rubén Figueroa, fray Tomás González y fray Aurelio Montero Vásquez.

    Asimismo, citan el boletín de prensa No. 026/14 con fecha 2 de mayo, emitido por el Instituto Nacional de Migración, en el que  se informa que el miércoles 30 de abril, alrededor de las 20:00 horas se llevó a cabo un operativo de control y verificación con apoyo de la Policía Federal, en parajes cercanos a la comunidad antes referida “donde se identificó a un grupo de 291 extranjeros que no pudieron acreditar su estancia legal en el país”. En dicho comunicado se informa que los 291 extranjeros fueron presentados ante la autoridad migratoria para iniciar el “procedimiento administrativo” correspondiente que permita el retorno asistido a los nacionales provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

    Por otra parte, los proponentes mencionan que con fecha 2 de mayo del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió el comunicado CGCP/123/14, donde se informa que la CNDH abrió una investigación por el multicitado operativo, en la que se recabaron un total de 21 denuncias por el maltrato recibido por  parte de policías federales y agentes federales de Migración.

    Asimismo, argumentan que la organización Amnistía Internacional en nuestro país, solicitó a autoridades federales realizar una investigación sobre los abusos denunciados por algunos migrantes durante el operativo realizado por autoridades federales y estatales efectuado el pasado 30 de abril; además de que dicha organización, solicitó conocer el paradero y condición de las personas migrantes detenidas.

    Adicionalmente a lo anterior, los proponentes señalan que la Red denominada Todos los Derechos para Todos y Todas, solicitó al Secretario de Gobernación, no realizar ninguna deportación de las personas migrantes detenidas durante el operativo realizado por el INM, a fin de garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño de las posibles víctimas del abuso de la autoridad migratoria y de elementos de las corporaciones policiacas que participaron en la detención. 

    La proposición de los senadores Mariana Gómez del Campo, Layda Sansores y Jorge Luis Lavalle, arguyen que en el artículo primero de nuestra Carta Magna se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta  y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Del mismo modo, señalan que ese mismo artículo mandata que,
    “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

    En ese mismo sentido citan otro párrafo del mismo artículo primero:

    “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

    Por otro lado, señalan que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en los principios generales, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Esto, sostienen los proponentes, ha dado lugar a ciertos principios generales en los que debe de sustentarse la política migratoria del Estado Mexicano, y mencionan los siguientes:

    • Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

    • Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

    • Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

    • Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

    • Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

    • Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente, en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades.

    • Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

    • Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

    • Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

    • Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

    • Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de la cultura y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

    • Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

    • Que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

    Por su parte, los Senadores Ríos Piter y Angélica de la Peña, señalan que la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha indicado que todas las autoridades deben tener presente que, “circular por el territorio mexicano sin pasaporte ni documento que acredite estancia legal, no es un delito ni una falta administrativa” de tal suerte, dicen los proponentes, el que en el operativo del pasado 30 de abril se haya utilizado la detención de manera automática y obligatoria, viola el derecho de las personas migrantes a la libertad personal, además de ser una medida de criminalización contra las y los migrantes.

    Del mismo modo, en esta proposición se subraya que el uso discriminatorio, excesivo y desproporcionado de la fuerza durante operativos de control migratorio; la detención administrativa de migrantes; y deportaciones masivas e inmediatas, imposibilitan el acceso a la justicia y son formas de criminalización contra las personas migrantes en México.

    Por último, las tres proposiciones mencionan el Programa Especial de Migración que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del presente año en el cual se manifiestan lineamientos y posturas contrarias a lo que presuntamente sucedió durante la detención de las personas migrantes en Tabasco, toda vez que este documento establece como un objetivo superior de la política migratoria del Estado mexicano, el bienestar del migrante, el disfrute de sus derechos, centrado principalmente en el bienestar de la persona.  

    Proposición de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Seguridad (Policía Federal), a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia Y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco, información respecto a la agresión y aseguramiento durante un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración, Policía Federal Y Policía Estatal de Tabasco, en la Comunidad de Chacama, Municipio Emiliano Zapata, en el Estado de Tabasco ocurrido el Día 30 de abril del presente.
    SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a compartir a esta institución la información que obtengan referente a la agresión y aseguramiento, durante un operativo realizado por el instituto nacional de migración, policía federal y policía estatal de tabasco, en la comunidad de Chacama, Municipio Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco ocurrido el día 30 de abril del presente. La observación derivada y sensible de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es pertinente para la comprensión acabada de esos hechos.
    TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a el Instituto Nacional de Migración a encauzar esfuerzos institucionales para la detección y protección de migrantes menores de edad que aborden el ferrocarril conocido como “la bestia” para evitar accidentes como el ocurrido el pasado 29 de abril.

    Proposición de los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Jorge Luis Lavalle Maury

    PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que a la brevedad remita a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un informe detallado con los fundamentos y motivaciones del operativo realizado el 30 de abril del 2014 en la comunidad de Chacamac en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Tabasco, en el que se incluyan los oficios de comisión del personal que participó en el operativo, la orden de verificación o de revisión respectiva y el documento a través del cual se solicitó a la Policía Federal y en su caso, a la Policía del Estado de Tabasco, su colaboración para el mismo.
    SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que se abra una investigación y en consecuencia se inicien los procedimientos a que haya lugar, por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los activistas y de las personas migrantes detenidas por parte de agentes federales de migración y elementos de la Policía Federal que participaron en el operativo, y a que mientras tanto, no se deporte a las personas afectadas, a fin de que se garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño.
    TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que derivado de las pesquisas que realice, emita a la brevedad las recomendaciones que conforme a derecho procedan por violaciones a los derechos humanos de los activistas y de las personas migrantes, cometidos por servidores públicos que participaron en el operativo realizado el pasado 30 de abril en la comunidad de Chacamac en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Tabasco.
    CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado al Gobierno Federal, particularmente a la Secretaría de Gobernación, a poner en práctica los valores que plantea en el Plan Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del presente año.

    Proposición de los senadores Armando Ríos Piter y Angélica de la Peña Gómez

    UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a efecto de que se realice una investigación y deslinde responsabilidades en torno a los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 de abril por el Instituto Nacional de Migración en el Municipio de Emiliano Zapata, estado de Tabasco, en el cual se cometieron diversos abusos en contra de migrantes y se agredió a diversas personas defensoras de sus derechos que cuentan con medidas cautelares a solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

    Primera.- La primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, estima conveniente que la dictaminación de estas tres proposiciones con Punto de Acuerdo se realice de manera conjunta en un mismo dictamen en virtud de que las tres presentan múltiples similitudes tanto en su parte considerativa como en la resolutiva. Además de que las propuestas han sido realizadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios y se estima pertinente elaborar un solo dictamen que satisfaga las tres propuestas.

    Segunda.- Esta Comisión comparte la preocupación de los proponentes en cuanto al respeto y garantías de los derechos del hombre de todas las personas que habiten o transiten por el país, y en particular un grupo poblacional vulnerable como lo es el de los migrantes.

    Esto es así, toda vez que desde la reforma constitucional del 2011 en nuestra Constitución se establecieron los derechos humanos como el eje principal que rige todo nuestro marco jurídico y obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y por el otro prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, es por ello que en el último párrafo del artículo 102 apartado B de Nuestra Carta Magna se dota de facultades a cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en concordancia con dicho precepto, investigue a  las autoridades e instituciones e informe a detalle sobre cualquier acción que presuma algún tipo de violación a estos derechos. 

    Tercera.- Debido a que es menester conocer los detalles de este operativo así como las motivaciones y fundamentaciones que las autoridades involucradas consideraron para actuar del modo en que hasta ahora se ha conocido a través de los medios de comunicación, y en tanto que en las tres proposiciones los legisladores plantean la necesidad de que las instancias correspondientes amplíen la información, esta comisión hará esta solicitud a la Secretaría de Gobernación, por ser la instancia superior del Instituto Nacional de Migración así como el mando central de la Policía Federal, que habría sido el principal brazo ejecutor de las acciones que se presume afectaron los derechos de estas personas.

    Cuarta.- Toda vez que existe testimonio de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideramos relevante que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión conozca de estas, así como cualquier otra información que este organismo considere pertinente para el esclarecimiento de este caso. Por lo anterior, es que se le solicitará a esta que remita a esta soberanía dichos expedientes.

    RESOLUTIVO

    UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe acerca de los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 de abril por elementos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, en el Municipio de Emiliano Zapata en el Estado de Tabasco.

    Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de mayo de 2014.

    PRIMERA COMISION”.






    Por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por la integridad de la maestra Teresa Ulloa Ziáurris, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas:

    a)  La “Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer las investigaciones relacionadas con la supuesta red de trata de mujeres dirigida presuntamente por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como a las autoridades competentes a adoptar medidas para garantizar la seguridad de las víctimas”, suscrita por los  Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Durazo-Monreal.

    b) La “Proposición con Punto de Acuerdo sobre la presunta existencia de una red de trata de personas en la Ciudad de México y las medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad de la Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Maestra Teresa Ulloa Ziáurriz y su equipo de colaboradoras y colaboradores” suscrita por la  Diputada Martha Lucía Mícher Camarena y el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD); a la que en lo sucesivo se denomina proposición Mícher-Belaunzarán.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

    METODOLOGÍA

    I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

    II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

    III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

    IV..RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

    ANTECEDENTES

    A. En la sesión del miércoles 7 de mayo de 2014, se presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente tanto la proposición de Durazo-Monreal; como la proposición Mícher-Belaunzarán, enunciadas en el proemio del presente.

    B. Ambas proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo.

    C. Las propuestas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 2, de la Comisión Permanente, del 7 de mayo de 2014.

    CONTENIDO

    A. La proposición de Durazo-Monreal; pretende:

    1. Que la Comisión Permanente del Congreso exhorte a la Procuraduría General de la República para que a través de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada atraiga las investigaciones relacionadas con la supuesta red de trata de mujeres dirigida presuntamente por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente con licencia del PRI en el DF.

    2. Se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, para que en apego a sus facultades adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de las víctimas, sus familiares, así como de la directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, su equipo de trabajo y familiares, en el caso relacionado con la supuesta red de trata de mujeres en el PRI del DF.

    3. Se exhorte al Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que en su calidad de coordinador de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, reciba a una comisión de organizaciones relacionadas con la protección de las víctimas de esta supuesta red de trata de mujeres a fin de coordinar medidas de protección y seguridad de las víctimas y sus familiares.

    B.  Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

    “A raíz de la presunta red de prostitución operada por el presidente con licencia del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sale a la luz pública un grave problema como lo es la trata de personas y la explotación sexual. Sin embargo, más allá de verlo como un mero escándalo, es una oportunidad para que las autoridades actúen de  manera diligente y efectiva para poner un alto a la impunidad que priva en este tipo de casos, mandar señales de la correcta aplicación de la ley y garantizar que las víctimas se sientan seguras para poder denunciar, y con ello comenzar a desenredar la maraña de tramas y complicidades que generalmente se involucran en delitos de esta naturaleza.

    El tema dado a conocer recientemente debido a una investigación periodística, es sólo la punta del iceberg de una situación que lamentablemente viven miles de mujeres y niñas en el Distrito Federal y en México y pone como tema de fondo la aparente “decisión” de las mujeres para estar en situación de prostitución, interpretación que puede resultas (sic) muy conveniente para los que se benefician de la explotación de sus cuerpos.

    Es decir, esas mujeres que vemos todos los días en zonas como La Merced, Sullivan, el “corredor sexual” Buenavista en donde está la calle Puente de Alvarado (donde se ubica la sede del PRI-DF), en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, son mujeres que dicen estar ahí “porque quieren”, “porque así lo han decidido”.  Con esa respuesta las autoridades competentes, tanto delegacionales como del Gobierno del DF, y del ministerio público federal han evadido su responsabilidad en el asunto y no han mirado las causas estructurales del problema de prostitución en la Ciudad de México y en el país, como lo son las condiciones socioeconómicas del entorno que ponen a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

    Como ejemplo está que en el reportaje que detonó el escándalo, se menciona que entre las mujeres que “trabajan” con Cuauhtémoc Gutiérrez, la mayoría de ellas son madres solteras, divorciadas o estudiantes. Mujeres que necesitan trabajar en una Ciudad que no garantiza oportunidades de trabajo decente (según la definición de la OIT) para todas y todos.

    Esa misma condición de vulnerabilidad, ubica a las mujeres víctimas de explotación sexual en la imposibilidad de enfrentarse o confrontarse a la intrincada red de complicidades que las mantienen en esa situación.

    En razón de ello, es muy importante que las autoridades actúen de manera diligente ante casos como el dado a conocer recientemente por la investigación periodística, y que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional, para dar certeza, sobretodo (sic) a las víctimas, de que se está actuando para poner un alto a los delitos en materia de trata de personas, y para la correcta aplicación de la ley, en otras palabras, que se hace justicia. Cabe decir que no se buscan chivos expiatorios, sino que las autoridades competentes actúen y se resuelva lo conducente conforme al Derecho.

    Este tema ha puesto en la lupa de la opinión pública, pero sobre todo de muchas mujeres víctimas que no pueden alzar la voz, a las autoridades responsables de atender el tema de los delitos en materia de trata de personas, en todas sus formas y manifestaciones de esclavitud, explotación y servidumbre y es urgente que actúen de manera correcta.

    En los casos dados a conocer se configuran muchos elementos contemplados en la ley para que se considere el delito de trata de personas y explotación de la prostitución ajena, y con ello se proceda de oficio sin mediar denuncias. Baste con ver la definición del tipo penal contenido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos:

    Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

    Se entenderá por explotación de una persona a:

    III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

    Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

    I. El engaño;
    II. La violencia física o moral;
    III. El abuso de poder;
    IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

    Para mayor abundamiento, la propia ley señala que:

    Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

    XII. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.

    XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas.

    Ante la presunción de estos elementos (prostitución ajena, explotación sexual, abuso de poder, y publicidad engañosa) sacados a la luz por una investigación periodística, en el caso que involucra a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, “el Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.”, conforme a la fracción III, del Artículo 7º de la mencionada ley.

    Es sabido por declaraciones propias del Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, que se han iniciado investigaciones sobre el tema, aunque también ha señalado que no hay denuncias por parte de víctimas. Ante esta situación, consideramos que es importante que las investigaciones sean atraídas por el Ministerio Público Federal, y se implementen los mecanismos que garanticen la protección y seguridad de las posibles víctimas, a fin de que las denuncias puedan ser presentadas.

    De acuerdo a la información conocido, existen elementos suficientes para que la  Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, atraiga las investigaciones relacionadas con la presunta red de trata de mujeres liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues de la investigación periodística se presume que hay más de una persona involucrada en dicha red, (Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Adriana, quien es la que entrevista por primera vez a las jóvenes y Priscila Martínez, quien las entrevista por segunda vez antes de pasarlas con el dirigente del PRI-DF, además del responsable de la nómina del PRI-DF) por lo que se puede considerar delincuencia organizada, de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, que en su artículo 2º establece que:

    Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

    En virtud de que la propia Ley General para la Prevenir, Erradicar y Sancionar los delitos en Materia de Trata de Personas establece que:

    Artículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

    V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

    Existen consideraciones motivadas y fundadas para exhortar a la Procuraduría General de la República atraiga dichas investigaciones.

    Por otra parte, uno de los principales objetivos de la ley general, es la protección y asistencia a las víctimas de delitos de trata de personas, partiendo de la intrincada red de complicidades que envuelven al delito que evitan que las víctimas acudan a denunciar y/o solicitar ayuda. En tal razón, la ley establece varios principios para garantizar la seguridad y protección de las víctimas como son:

    Artículo 3o. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios:

    I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

    V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

    Para mayor claridad sobre a quienes corresponde garantizar la protección y asistencia a las víctimas, y sus allegados, la ley establece que:

    Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

    I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los estados y del Distrito Federal, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.

    En tal sentido, y dadas las condiciones de vulnerabilidad, de exposición pública, y estar involucradas figuras públicas en el caso que se ha denunciado sobre la presunta red de trata de personas en el PRI del Distrito Federal, existe sobrada fundamentación para exhortar al Ministerio Público Federal a que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la protección y seguridad de las víctimas y sus familiares.

    En este mismo marco, se han hecho públicas declaraciones contra Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, experta en la materia desde hace 45 años, quien ha estado dándole seguimiento al caso para proteger a las posibles víctimas de esta red de trata,  por lo que es necesario extender la garantía de protección y seguridad a dicha defensora, sus colaboradores, y familiares, en tanto vienen siendo difamadas, intimidadas y presionadas para que desistan de su compromiso en la defensa y protección de las víctimas.

    Además es de tomarse en cuenta que la propia Ley General en la materia, establece en su Artículo 40 que “El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal”, y que entre las agravantes que se prevén en el Artículo 42 se encuentra:

    “Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando:

    IX. El delito comprenda más de una víctima;

    X. Cuando el autor del delito:

    • Sea miembro de la delincuencia organizada;…

     

    e) Sea funcionario público,

    f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas.

    Como es el caso, ya que existe un laudo laboral de una demanda interpuesta por despido injustificado de tres edecanes por negarse a sostener relaciones sexuales con Cuauhtémoc Gutiérrez, Líder con Licencia del PRI-DF, a quienes les tuvo que cubrir el PRI un millón de pesos, cuyo laudo se constituye en prueba plena y documental pública.

    Pero aún más, por el uso ilegal de los recursos públicos con los que las mujeres eran contratadas para el supuesto “Harem” de Gutiérrez de la Torre y sus co-religionarios, sino para actividades partidistas que son producto del pago de los impuestos de todas y todos los mexicanos.

    Finalmente, y buscando trascender el caso que ahora se plantea, es necesario que la Secretaría de Gobernación, como responsable de coordinar los trabajos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, de acuerdo con el Artículo 89, fracción I, donde se establece que:

    I. La Secretaría de Gobernación coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, en materia de las políticas públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas de este delito, incluyendo apoyar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de testigos y sus familias y demás agentes vinculados a la comisión del delito. 

    Y además en la fracción III, del artículo 88 específica que la Comisión Intersecretarial tendrá entre sus funciones y competencias:

    III. Establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del Programa Nacional;  

    Sostenga una reunión de trabajo con la organización involucrada en este tema, a fin de conocer los antecedentes y proceder al diseño e implementación de medidas de protección y seguridad de posibles víctimas y también coordinar el mecanismo para la protección de defensores y defensoras.

    Finalmente, es importante remarcar las responsabilidades que el Poder Ejecutivo Federal y del D.F. tienen para el cumplimiento de la Ley General para la Prevención, Erradicación y Sanción de los delitos en Materia de Trata de Personas, y los tratados internacionales ratificados por nuestro país en concordancia con el Artículo 1º. de nuestra Carta Magna, en tanto la línea que divide la explotación de la prostitución ajena y la prostitución es tan delgada que ningún ser humano debería estar en esta situación, porque las personas no son objetos que se puedan comprar, vender, alquilar, usar, ni se debe perpetuar los estereotipos que reducen a las mujeres a objetos sexuales para la satisfacción de los hombres.  Este país debe retomar los postulados del General Lázaro Cárdenas primer Presidente abolicionista de éste país, y no sólo invocarlo para justificar el Despojo a la Nación.

    C. La proposición Mícher-Belaunzarán pretende:

    1. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el caso de la presunta existencia de una red de trata de personas y explotación sexual liderada por el C. Cuauhtémoc Gutiérrez, lleve a cabo el desglose de los hechos y remita a la Procuraduría General de la República aquellos que resulten ser de competencia federal.

    2. Que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata De Personas de la Subprocuraduría De Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en el caso de la presunta red de trata de mujeres en la Ciudad de México, liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez y  de acuerdo a sus competencias  adopten las medidas de protección adecuadas para garantizar la vida y seguridad de las víctimas, sus familiares, así como de la directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Mtra. Teresa Ulloa, y de su equipo de colaboradoras y colaboradores.

    3. Que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente  a la Procuraduría General de Justicia del Distrito  Federal para que inicie una investigación sobre las presuntas amenazas en contra de Aída Beltrán, presidenta del PRI en la delegación  Azcapotzalco, y de Leticia Álvarez, presidenta del PRI en la delegación Cuauhtémoc para que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

    D. La proposición Mícher-Belaunzarán se basa en el siguiente argumento:

    En días recientes tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación de una investigación periodística, que mostró a la opinión pública la  existencia de una presunta red de trata de personas y explotación sexual presumiblemente operada por el presidente con licencia del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

    En el contexto de esos hechos,  los medios de comunicación también dieron  cuenta de las declaraciones de Aída Beltrán, presidenta del PRI en Azcapotzalco, y de Leticia Álvarez, presidenta del PRI en la delegación Cuauhtémoc, quienes denunciaron supuestas amenazadas vía telefónica  por parte de la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, quien aparentemente les exigió que declararan en contra del presidente con licencia del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y quienes afirmaron también que el auto de una de ellas fue rayado con la frase “puta declara o te chingas”.

    Al respecto, la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC, por sus siglas en inglés), desmintió las acusaciones y negó categóricamente dicha afirmación. Manifestó desconocer a ambas mujeres, hasta el pasado 23 de abril fecha en la que  señaló se presentaron ante su organización con nombres falsos para solicitar ayuda, fingiendo ser víctimas en un asunto muy grave que aparentemente llevarían a litigio.

    Posteriormente, la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz y su equipo sufrieron las acusaciones en su contra así como otras situaciones intimidatorias que consideramos inaceptables y que deben ser investigadas por las autoridades competentes.  

    La manera en la que se han desarrollado estos hechos, nos hacen presumir que es una estrategia deliberada que busca  desprestigiar a la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz,  quien es una respetable y conocida abogada, con una impecable trayectoria de más 45 años de trabajo en el tema de formas contemporáneas de esclavitud, así como en la atención y defensa de las personas víctimas de trata y explotación sexual, esfuerzo que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales e incluso su experiencia y conocimiento han sido gran aporte durante los trabajos legislativos para conformar el marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar el flagelo de la trata de personas en México.

    Sabemos que toda esta situación ha colocado  a la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz y a su equipo de colaboradoras en un estado de mayor riesgo y alta vulnerabilidad, pues es muy probable que ese montaje y las difamaciones formen parte de una estrategia que busca inhibir  el trabajo de las defensoras de derechos humanos y desprestigiar a la organización CATWLAC para generar desconfianza y así evitar que las mujeres víctimas de esta presunta red de trata liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez, se atrevan a declarar.

    Consideramos que este asunto ha generado situaciones delicadas que requieren ser atendidas de inmediato ya que han colocado en grave riesgo tanto a las probables víctimas como a sus defensoras, aunado a que de la información pública que se conoce del caso se desprende la existencia de elementos suficientes para que la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, atraiga las investigaciones relacionadas con la presunta red de trata de mujeres liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas despliegue las medidas de protección a las víctimas y sus defensoras.

    CONSIDERACIONES

    A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. Esta Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. Esta representación consideró pertinente resolver ambos proposiciones en un solo acto, considerando que parten del mismo caso concreto, se trata de pretensiones muy similares y en aplicación del principio de economía procesal.

    D. Respecto a la pretensión 1 de la proposición Durazo-Monreal y la pretensión 1 de la proposición Mícher-Balaunzarán; esta representación considera que la facultad de atracción tiene su base en el penúltimo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales y en los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

    Esta facultad de atracción de la Procuraduría General de la República, tiene varios elementos:

    1. Es una facultad.

    2. Consiste en asumir la conducción de la indagatoria de actos presuntamente delictivos del fuero común en cualquiera de los siguientes supuestos:

    •  Que tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de imprenta.
    •  Cuando sean cometidos por tres o más personas que se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer: terrorismo; acopio y tráfico de armas; tráfico de indocumentados; tráfico de órganos; corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; asalto; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho; robo de vehículos; delitos en materia de trata de personas y Delitos en Materia de secuestro.

    En ese tenor la facultad de atracción es un acto volitivo que debe ejercerse de forma independiente y autónoma de presiones y pareceres por parte de quien posee el privilegio de su ejercicio para que, ponderando los elementos con que cuenta cavile respecto a su ejercicio o no.

    En ese sentido, esta representación considera que exhortar, sugerir o insinuar cualquier decisión a esa representación por parte de quien no tiene conferido el derecho al ejercicio de esa facultad podría viciar la determinación libre y autónoma de esa potestad. De hecho, dejaría de ser facultad para convertirse en una respuesta mediática y política, si respondiese a esas presiones.

    En tal sentido, no considera conveniente acceder a las pretensiones de las propuestas blandidas por las proposiciones Durazo-Monreal y Mícher Belaunzarán.

    F. Por cuanto hace a las pretensiones numeradas como 2 de ambas proposiciones, relativas a la garantía y protección de la vida y seguridad de las víctimas, sus familiares así a la Maestra Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, esta representación considera que por cuanto hace a la averiguación previa FAE/A/T1/52/14-04 por la presunta comisión de delitos de trata de personas cometida presuntamente por el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre de la Procuraduría General del Distrito Federal da lugar, con toda razón a una petición de protección a todas las personas que intervienen en tal indagatoria conforme a la Ley Federal de Protección a las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, acciones que no requieren de petición de parte sino que deberían ser contempladas en forma obligatoria por las autoridades. Sin embargo, por cuanto a la protección a la Maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, conforme a la legislación vigente,  debería tener carácter de denunciante, víctima, testigo o interviniente de algún modo en alguna averiguación previa para ser acreedora a tal protección, lo cual no consta a esta representación. No obstante lo cual, si la maestra tiene calidad de denunciante o participante en otra averiguación previa, sí amerita el pronunciamiento en ese sentido pese a la notoria obligación de la autoridad de cautelar su resguardo conforme a la citada norma.

    En tal sentido y dado que esta representación no puede ni debe actuar sobre supuestos sino que su conducción se cimenta sobre la verdad sabida y cimentada en la buena fe, se considera conveniente exhortar a la autoridad a cumplir con la  Ley Federal de Protección a las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal en el caso del expediente FAE/A/T1/52/14-04 y solicitar que, en el caso de la maestra Ulloa haga lo propio en caso de actualizarse alguno de los supuestos de la Ley antes citada.

    G. Respecto a la pretensión 3 de la proposición Mícher –Belaunzarán respecto de exhortar a la procuraduría capitalina para iniciar una averiguación previa por la probable comisión del delito de amenazas, esta representación considera conveniente recordar que conforme al artículo 282 del Código Penal del Distrito Federal, el delito de amenazas como el resto de las delitos correspondientes a los delitos contra la paz y seguridad de las personas, son conductas cuyo inicio de la actividad jurisdiccional requieren de querella necesaria por lo que exhortar a una autoridad a iniciar una averiguación previa vulneraría un principio legal procesal que no es dable ni ético realizar a una representación constitucional como esta, por lo que no considera procedente obsequiar.

    H. Por otra parte, considerando que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley Orgánica del Congreso, confieren a este la facultad de un seguimiento informado pero que la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, considera de reserva as averiguaciones Previas, esta comisión considera procedente solicitar la información correspondiente al caso que no vulnere tales disposiciones respecto a la secrecía y discreción de la información contenida en esas actuaciones.

    I. Respecto al tercer exhorto propuesto por Durazo – Monreal, es dable  señalar que dentro de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas presidida por el Secretario de Gobernación, no se encuentra la de recibir o atender comisiones de organizaciones relacionadas con la protección de las víctimas del delito de trata.

    Lo anterior se observa con claridad en el artículo 88 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en el que las atribuciones y competencias de dicha Comisión Intersecretarial están dirigidas a la elaboración de políticas públicas en materia de trata, al establecimiento de bases de coordinación entre los poderes y órdenes de gobierno, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, pero no para llevar a cabo acciones específicas para un caso concreto. De conformidad con lo anterior, se estima que esta proposición no es procedente.

    Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; solicita respetuosamente al Procurador General del Distrito Federal, Licenciado Rodolfo Ríos Garza, a que en el ámbito de sus facultades, se sirva dar la protección a los intervinientes en la Averiguación Previa FAE/A/T1/52/14-04.

    SEGUNDO.- Esta representación comunica su genuina preocupación por la integridad de la Maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, por lo que solicita respetuosamente al Procurador General de Justicia del Distrito Federal para que le brinde la protección y salvaguarda en términos de la de Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.

    TERCERO.- Esta representación, solicita respetuosamente al Procurador General de Justicia del Distrito Federal se sirva brindar a esta representación los avances del caso del expediente FAE/A/T1/52/14-04 que, sin vulnerar el principio de reserva y confidencialidad de tales actuaciones, puedan dar luz a los legisladores para realizar el seguimiento informado que tienen encomendado constitucionalmente.

    Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de mayo de 2014.

    PRIMERA COMISION”.






    Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a informar las acciones emprendidas en relación con los hechos acaecidos en el municipio de las Margaritas, el 2 de mayo del año en curso.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a investigar los hechos ocurridos entre militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-H) y bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad de la Realidad y fincar responsabilidades pertinentes, el 7 de mayo de 2014.

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

    METODOLOGÍA

    La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

    I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

    II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

    III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

    IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

    ANTECEDENTES

    a .En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de mayo del 2014, los Diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentaron la “Propuesta con punto de acuerdo en la que solicitan la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, para que investigue lo relacionado al enfrentamiento entre los Integrantes del Ejercito Zapatista y los miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, en la comunidad de la Realidad, localizada en el Municipio de las Margaritas, Edo, Chiapas.

    b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

    CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

    El pasado viernes 2 de mayo, en la comunidad de La Realidad, localizada en el municipio de las Margaritas, Chiapas, ocurrió un enfrentamiento entre militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Histórica y bases de apoyo del EZLN, dejando como resultado a más de una docena de heridos y la muerte de José Luis Solís López, integrante del movimiento zapatista.

    El punto pretende exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, con la finalidad de que inicie una investigación y finque responsabilidades por el enfrentamiento ocurrido el  día 2 de mayo del presente año, en el cual, se presume que integrantes del EZLN fueron agredidos con armas de fuego y objetos punzo cortantes; cabe destacar que el Sr. José Luis Sánchez quien formaba parte de la representación del grupo zapatista perdió la vida durante el enfrentamiento. Asimismo, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, emitió un comunicado en el que confirma el enfrentamiento entre los miembros del EZLN y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica, donde a demás, se conformó una Comisión en la Zona para levantar un informe detallado de los hechos.

    Por lo anterior se propuso lo siguiente:

    “ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a investigar lo sucedido entre militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Histórica (CIOAC-H) y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad de La Realidad y fincar las responsabilidades pertinentes”

    CONSIDERACIONES

    Esta Primera Comisión lamenta los hechos sucedidos en las Margaritas, Chiapas y la muerte de José Luis Solís López, integrante del movimiento zapatista. En ese sentido, se considera que el delito de homicidio, que refiere el punto de acuerdo, se solicita sea investigado, es un delito de naturaleza oficiosa. En ese sentido, es obligación del Ministerio Público y consecuentemente, de la Procuraduría del estado de Chiapas el haber iniciado la investigación correspondiente por los delitos de lesiones y el de homicidio, conforme a la legislación aplicable en el Estado.

    En ese sentido, sin duda es de gran relevancia para el contexto nacional el saber qué es lo que sucedió y que se castiguen a los responsables de los ilícitos de los cuales derivó la muerte de José Luis Solís López. Es necesario que en la Averiguación previa correspondiente se lleve a cabo las investigaciones necesarias a fin de obtener las pruebas que le permitan acreditar la responsabilidad de los que resulten responsables. En su caso, de existir un procedimiento penal en contra de alguna persona por los delitos antes citados, ese juicio se lleve a cabo bajo todos los principios que establece la Constitución.

    Por lo anterior, esta Primera comisión presenta el siguiente:

    RESOLUTIVO

    ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas para que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado y sin vulnerar el principio de confidencialidad, contenido en la Ley que garantiza la transparencia el Derecho a la Información Pública para el mismo estado, para que en estricto respeto al ámbito de su competencia informe a esta Soberanía las acciones emprendidas en relación con los hechos acaecidos en el Municipio de las Margaritas, Estado de Chiapas, el 2 de mayo del presente año, garantizando en todo momento los Derechos Humanos previstos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

    Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de mayo de 2014.

    PRIMERA COMISION”.






    Por el que se desecha la proposición que exhorta el titular del Ejecutivo Federal a establecer mecanismos tendientes a reducir la problemática de robo de vehículos.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION








    Y por el que se desechan dos proposiciones respecto a la transmisión y clasificación de programas de televisión.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fueron turnadas dos  Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, uno en el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; para que se revise y en su caso proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas “Laura”, televisado en la frecuencia XEW-TV Canal 2, y el titulado “Cosas de la vida” de XHDF-TV canal 13; en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a la legislación en la materia; asimismo y fue turnado un segundo Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que modifique el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión.

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

    METODOLOGÍA

    La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

    I La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

    I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

    II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

    III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

    IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

    ANTECEDENTES

    a. En sesión celebrada el 7 de mayo de 2014, la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; para que se revise y en su caso proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas “Laura”, televisado en la frecuencia XEW-TV Canal 2, y el titulado “Cosas de la vida” de XHDF-TV canal 13; en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a la legislación en la materia.

    b. En la sesión celebrada el 7 de mayo de 2014 la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que modifique el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión.

    c. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, turnó dicha Proposición a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia por medio de los oficios CP2R2A.-84 y CP2R2A.-81  para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

     

    CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

    Las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo tienen como objeto realizar modificaciones en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como proceder conforme a derecho por la transmisión de programas que por su contenido podrían estar violando la Ley Federal de Radio y Televisión.

    Por esta razón, y dado que las consideraciones en ambos son similares, se expone a continuación una síntesis en la que se utiliza como base el punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaria de Gobernación a clasificar todos los programas de televisión, pues en sus consideraciones se encuentra el fundamento legal para dictaminar el  punto de acuerdo que se refiere a los programas “Laura y “Cosas de la vida”.

    En las consideraciones, la Diputada Raquel Jiménez hace un análisis detallado de la Ley Federal de Radio y Televisión, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y el Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.

    La diputada se refiere a la Ley Federal de Radio y Televisión y al Reglamento de la misma para definir que la televisión constituye una actividad de interés público y corresponde al estado vigilarla y protegerla para el debido cumplimiento de su función social, el cual, expone, es el de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

    Por ello, considera que en las transmisiones televisivas debe procurarse afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares, elevar el nivel cultural de la sociedad y evitar influencias nocivas o perturbadoras; precisa que es por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites de las disposiciones legales aplicables bajo la premisa de que, de no atender este ordenamiento, se podrá ser acreedor a una sanción por medio de procesos administrativos.

    Posteriormente cita el “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados”, que entre los Criterios Generales destaca lo siguiente:

    1. Los medios de comunicación, en particular la televisión, deben ser espacios responsables de información, entretenimiento, cultura y convivencia, que juegan un papel determinante en la sociedad y coadyuvan al proceso formativo de la infancia evitando influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.

    La Diputada señala que si bien el artículo 53 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que El derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes.” El artículo 63 del mismo ordenamiento prohíbe todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen.

    Posteriormente refiere que el Reglamento de la Ley en comento establece en el artículo 36 lo que deberá considerarse como corrupción del lenguaje, y el artículo 37, particularmente en su fracción II, explica cuáles son las buenas costumbres que los programas de televisión “Cosas de la Vida” y “Laura” contravienen:

    Artículo 37.- Se consideran contrarias a las buenas costumbres:

    I. […]

    II. La justificación de las relaciones sexuales ilícitas o promiscuas y el tratamiento no científico de problemas sociales tales como la drogadicción o el alcoholismo.

    III. el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, establece en el artículo 24 la clasificación para las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados de la siguiente manera:

    I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

    II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas;

    III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas;

    IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas, y

    V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.

    La Secretaría de Gobernación, previa opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión, emitirá los criterios generales de clasificación. Estos criterios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para la clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.

    La Secretaría de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier hora e independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática u otras razones similares.

    Esta clasificación se mantiene en el artículo 6 del “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados. “

    Por esta razón, la Diputada Raquel Jiménez considera de urgente y obvia resolución exhortar al Titular de la Secretaría de Gobernación para modificar el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión con el fin de que los todos programas de televisión sean sujetos de clasificación de contenido.

    En la proposición con punto de acuerdo que se refiere los programas “Cosas de la vida” y “Laura”, transmitidos de lunes a viernes por canal 13 y 2 en horarios de 15:00 y 18:00 respectivamente, la diputada ostenta que estos programas tienen como base la participación de personas que exponen problemáticas personales de índole familiar, social, laboral, penal, de salud o problemas relativos a relaciones sexuales promiscuas, adicciones como la  drogadicción o el alcoholismo, lo que viola el artículo 63 de la Ley en la Materia, en relación con la fracción III del artículo 37 de su Reglamento.

    La Diputada considera que lo anterior no se mantiene dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal, a la moral y que viola los derechos de las personas que, frecuentemente, son acusadas en estos programas de cometer delitos tales como robo, violación, estupro, entre otros, pues en la mayor parte de los casos estas personas no han sido juzgadas por la autoridad pertinente ni se les ha hallado culpables, sin embargo, a través de la exposición de estos casos se les expone al escarnio público.

    Entonces concluye que los programas en comento claramente se encuentran fuera del marco legal que regula las transmisiones televisivas, como lo es la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados”.

    CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN

    La Comisión Permanente es un órgano del Congreso de la Unión que funciona durante sus recesos, de conformidad con lo previsto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Institución constituye un elemento tendiente a conseguir el equilibrio de los poderes durante los periodos de receso del Órgano Legislativo.

    Fundado en lo anterior, los integrantes de esta Comisión estiman que la Cámara de Diputados no es  el órgano debe presentar el exhorto, sino la Comisión Permanente.

    Asimismo, es necesario señalar que, de conformidad con el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad y obligación del Presidente:

    I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia.

    De lo que se desprende que la publicación y reforma de los Reglamentos que tienen validez en el ámbito de la Administración Pública Federal corresponde al Presidente de la República, pues “ejecutar una ley es poner los medios para su aplicación y esto se logra mediante dos clases de actos: administrativos y reglamentarios. La función del reglamento es, en consecuencia, ejecutar la ley, hacer posible su aplicación concreta, particularizándola, detallándola, pero sin rebasar su contenido sustantivo.”1

    Lo anterior implica que en el exhorto que la Diputada propone se sustituya a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la unión por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo anterior.

    Por otro lado, y toda vez que la fracción I del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece las competencias de la Secretaría de Gobernación, particularmente la fracción I. en la que se establece que está dentro de sus facultades Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos.

    En ese tenor, el Reglamento de la Ley en el artículo 7º establece que las atribuciones de la Ley Federal de Radio y Televisión otorga a la Secretaría de Gobernación deben ser atendidas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, mismas que enumera en el artículo 9º resultando de nuestro interés la fracción IV que a la letra dice:

    V. Resolver las solicitudes de clasificación para transmitir películas cinematográficas, series filmadas, telenovelas y teleteatros, producidos en el país o en el extranjero, así como vigilar su observancia;

    Al respecto, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, establece en el artículo 24 la clasificación para las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados de la siguiente manera:

    CLASIFICACIÓN

    PÚBLICO

    HORARIO

    A

    Apto para todo público

    Cualquier horario

    B

    Apto para adolescentes y adultos

    20:00 horas

    B-15

    Apto para adolescentes mayores de 15 años y adultos

    21:00 horas

    C

    Aptos para adultos

    22:00 horas

    D

    Aptos para adultos

    Entre las 0:00 y las 5:00 horas

    Esta clasificación se mantiene en el artículo 6 del “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados. “

    En esa línea, los programas de radio y televisión que se autorizan y clasifican son responsabilidad Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que es el ente encargado de resolver las solicitudes de autorización para transmitir públicamente el material grabado o filmado para televisión, mismos que se encuentran estipulados en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, como sigue:

    Artículo 34. La Dirección General de Radio, televisión y Cinematografía tendrá las siguientes atribuciones:

    […]

    IV. Regular los contenidos de las transmisiones de radio y televisión;

    Para ese efecto, la Dirección General realiza la clasificación de programas considerando el “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados. “

    La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía indica en su página lo siguiente:

    La labor de clasificación se realiza sin hacer juicio alguno sobre aspectos estéticos, técnicos o ideológicos de los programas, solamente se considera el tema y tratamiento del contenido, esto es, los programas se analizan en su conjunto, teniendo como referencia el contexto de los mismos, así como las escenas, capítulos, tomas o segmentos que puedan tener un impacto específico durante su desarrollo.

    El programa “Laura” y “Cosas de la vida” son transmitidos de lunes a viernes en un horario de 15:00 a 18:00 horas y se son del género de los reality shows, pues estos programas reflejan la realidad dentro de ellos; sin embargo la legislación vigente en nuestro país no contempla este género, por lo que puede ser transmitido a cualquier hora del día sin restricciones.

    Es de suma importancia, como bien señala la Dip. Raquel Jiménez en sus consideraciones, que los programas que se transmiten en radio y televisión estén orientados a enaltecer los valores ciudadanos y contribuir a su cultura y educación,  asimismo es necesario darle atribuciones a la Secretaría de Gobernación para que pueda clasificar los contenidos de la programación que se transmite en horario infantil, sin dejar de considerar que la OCDE estima que los niños pasan en la escuela 562 horas anuales y 1,569 frente al televisor, lo que, como legisladores, nos obliga a tomar medidas.

    Estas preocupaciones han sido expresadas por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos, que con la reforma al artículo 73 Fr. XVII que faculta al Congreso para:

    Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

    Pues la Iniciativa en comento señala que el Congreso de la Unión debe asegurar el derecho de las audiencias, que  incluye, entre otros, el de acceder a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión de información imparcial, objetiva y oportuna; igualmente, se conciben como parte de estos derechos, los de contenidos de sano esparcimiento, ecología audiovisual y la no discriminación, por citar algunos.

     Las audiencias masivas de los medios de comunicación en muchas ocasiones no son consideradas como sujetos activos e interactivos con éstos, sino como un índice cuantitativo de comercialización. Bajo este esquema, las personas se reducen a una simple operación mercadológica, como puntos de rating.

    En virtud de que la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones está en proceso de discusión y dado que los contenidos de las transmisiones de radio y televisión están contemplados en dicha Reforma, los integrantes de esta Comisión consideran que no es viable el exhorto que propone la Diputada Raquel Jiménez en tanto que habrá que esperar la legislación secundaria en la materia.

    Dadas las consideraciones anteriormente expuestas, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia considera que la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; para que se revise y en su caso proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas “Laura”, televisado en la frecuencia XEW-TV Canal 2, y el titulado “Cosas de la vida” de XHDF-TV canal 13; en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a la legislación en la materia” es inviable.

    La primera observación es que debe ser la Comisión Permanente quien realice el exhorto. Como segunda observación, y en virtud de que las consideraciones de este órgano Dictaminador ha encontrado que la legislación en la materia sólo contempla la clasificación de contenido de las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados, los integrantes de esta Comisión estiman improcedente la solicitud de la Diputada Raquel Jiménez, toda vez que  su transmisión no resulta una violación a la legislación aplicable puesto que los reality shows no están considerados dentro del esquema de clasificaciones establecidos por el Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, por lo que no hay materia para cumplir con la solicitud en comento.

    Asimismo, es necesario señalar que el Punto de Acuerdo para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Telecomunicación de la Diputada Raquel Jiménez está motivado por esa razón, dado que en el texto ella indica que sólo se hace referencia a las películas, series filmadas, telenovelas y teleteatros grabados y no a los reality shows o a algún otro género de programa.

    En cuanto a la “Proposición con Punto de Acuerdo por la que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; para que se revise y en su caso proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas “Laura”, televisado en la frecuencia XEW-TV Canal 2, y el titulado “Cosas de la vida” de XHDF-TV canal 13; en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a la legislación en la materia” debe sustituirse por Comisión Permanente el sujeto que exhorta.

    La Comisión estima que las consideraciones de la Diputada en torno a la clasificación de contenidos de los programas transmitidos por radio y televisión son relevantes toda vez que esto elevaría el nivel y calidad de la misma, sin embargo este tema se encuentra en discusión en la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, donde se está elaborando el dictamen de las leyes secundarias que se derivan de la reforma constitucional en esta materia.

    Es por ello que esta Comisión considera que realizar un exhorto al Gobierno Federal a la vez que se encuentran en proceso legislativo las leyes secundarias en la materia, toda vez que el Ejecutivo Federal ha mostrado su intención de trabajar este tema mediante la iniciativa que envió al Senado de la República el pasado 11 de marzo de 2013.Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas al proemio del presente dictamen, se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

    RESOLUTIVO

    PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; para que se revise y en su caso proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas “Laura”, televisado en la frecuencia XEW-TV Canal 2, y el titulado “Cosas de la vida” de XHDF-TV canal 13.

    SEGUNDO. La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la Proposición con Punto de Acuerdo que exhortaba al Ejecutivo Federal a modificar el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, a fin de que se clasificaran respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión.

    TERCERO.- Archívense los asuntos y téngase como total y definitivamente concluidos.

    PRIMERA COMISION”.

    1 NAVA, Negrete Alfonso, “Los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado”, consultado en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/76/pr/pr4.pdf, el 12 de mayo de 2014.





    Tenemos también 14 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de Acuerdo:

    Que exhorta a los tres niveles de gobierno a planificar y generar acciones y campañas informativas en materia de planificación familiar.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo la restauración del inmueble denominado Hospicio Cabañas.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)



     






    Que exhorta al Consejo Nacional para las Culturas y las Artes a tomar las medidas necesarias para considerar la entrega de recursos federales destinados a los proyectos de infraestructura cultural en estados y municipios.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes liberar los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para el Festival Internacional del Cine de Guadalajara.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que, en el marco de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, se siga apoyando el proceso preparatorio de dicha Conferencia.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir un Decreto en el que se declare el 21 de diciembre como Día Nacional de la Cultura Maya.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover y difundir los alcances, objetivos y principios de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a atender la problemática de los integrantes de la comunidad indígena de Cucapáh.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a considerar la creación de un consejo redactor plural e interinstitucional para la elaboración de una propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Por el que la Comisión Permanente condena el secuestro de niñas ocurrido en Borno, Nigeria.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar de las medidas, políticas, proyectos y acciones que esa dependencia ha emprendido para que los programas sociales del gobierno federal se realicen con pleno respeto a la dignidad humana y sin discriminación.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Que exhorta a la Secretaría de Salud  a promover una campaña de diagnóstico médico oportuno y tratamiento adecuado a la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








     Y por el que la Comisión Permanente felicita al cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso del Alba Aguayo, por haber obtenido la Medalla de Oro del Premio Nacional de la Administración Pública, con la propuesta relativa al centro de primera respuesta consular.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Tenemos también 12 dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:

    Que exhorta a llevar a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el que violen los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que, en el ámbito de su competencia y facultades, lleven a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el país; debido a la existencia de presuntas violaciones a los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte,  suscrita por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES

    La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    CONTENIDO

    A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

    “En la actualidad, bajo el pretexto de ser consideradas trabajadoras independientes, las empresas promotoras de la lucha libre han buscado formas en que la contratación de los profesionales del ring y, en especial del sector femenil, no representen una obligación laboral para los dueños, violando con ello las disposiciones jurídicas que nuestro país ha tenido a bien implementar para proteger los derechos humanos en materia laboral de este sector productivo de forma vanguardista desde el año de 1970 que se incluyó en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el Título Sexto, Capítulo X.”

    B. Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su argumentación entre los que destacan los siguientes:

    “…la participación femenil en el pancracio se convirtió en una constante que encumbró a mujeres de la talla de Magdalena Caballero, Martha “La Sarapera”, Chabela Romero, Toña La Tapatía, “La Jarochita” Rivero, Irma Aguilar, Lola González, Martha Villalobos, las hermanas Moreno, “Lady Apache” y muchas otras más.

    Sin embargo, a pesar de la entrega, profesionalismo y grandes dividendos que este sector ha generado para empresarios de lucha libre, a la fecha prevalecen prácticas que vulneran sus derechos y no les permiten mantener una estabilidad laboral que redunde en mejores condiciones para sus familias y, mucho menos, poder conciliar de forma digna su doble rol como madres y mujeres trabajadoras.

    Bajo la consigna de encubrir la relación laboral entre los empresarios y las luchadoras profesionales, se han implementado prácticas de contratación opuestas a derecho que vulneran las garantías mínimas que debe gozar todo trabajador aun cuando sea considerado independiente; máxime si se trata de deportistas profesionales como en el presente caso.

    Dichas prácticas ilegales van desde los tratos de palabra que no se cumplen, hasta los vetos a los que son sujetos las luchadoras para no poder participar en algunas de las empresas luchísticas que operan en nuestro país, orillándolas a aceptar las desventajosas condiciones de trabajo por la urgencia de obtener un ingreso que les permita mantener a sus familias dignamente.

    El testimonio de la gran mayoría de las luchadoras profesionales refiere que los empresarios, por un lado, no emiten contratos que estipulen las condiciones como pago, jornada, lugar y demás responsabilidades de las partes. Por otro lado, aseguran que los dueños de esas empresas no reconocen relación laboral alguna bajo la consigna de que los luchadores son independientes y no trabajan de forma permanente con esas personas.

    Al respecto, es preciso señalar que en la 95ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar en 2006, se señaló de forma precisa que aun cuando se consideren trabajadores independientes, se debe entender que existe una relación laboral por parte de empleadores y deportistas por la naturaleza de la propia actividad y no, como indebidamente suele hacerse en estos casos, una basada en las disposiciones civiles o mercantiles de contratación de servicios profesionales. Incluso en el Informe V, la Conferencia define la relación de trabajo de la siguiente manera:

    “La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal con la que se hace referencia a la relación que existe entre una persona, denominada «el empleado» o «el asalariado» (o, a menudo, «el trabajador»), y otra persona, denominada el «empleador», a quien aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la manera en que se la haya definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, y continua siendo, el principal medio de que pueden servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los empleadores, como también de sus obligaciones respecto de los trabajadores”. [2]

    En el presente caso la relación de trabajo entre un empresario de lucha libre y un luchador profesional subsiste en atención al principio de realidad el cual consiste, respecto de la materia laboral, en que “…la determinación de la existencia de una relación de trabajo debe ser guiada por los hechos de lo que realmente fue convenido y llevado a cabo por las partes, y no por la manera como una de las partes o las dos partes describen la relación de trabajo” [3]. Esto es, que bajo el esquema en que realizan su trabajo los luchadores profesionales, la relación laboral con los empresarios existe y, con ello, todas las prestaciones que al efecto establece la Ley Federal del Trabajo.

    Ahora bien, en el ámbito de la lucha libre, se ha vuelto recurrente la presencia de luchadores independientes, es decir, que sin pertenecer al elenco permanente de alguna de las empresas de dicho deporte, prestan sus servicios para determinadas funciones y espectáculos específicos. Sin embargo, aún bajo ese esquema, el deportista se encuentra sujeto a una relación laboral en atención a la dependencia económica.

    “A esto hay que añadir el fenómeno del trabajo «económicamente dependiente», que se sitúa a medio camino entre el trabajo independiente y el dependiente. Los trabajadores son formalmente independientes pero su ingreso depende de unos pocos «clientes» o de uno solo.” [4]

    Aunado a ello otros factores como la relación de subordinación, las herramientas de trabajo, el pago sujeto a llevar a cabo cierta actividad en horas preestablecidas por el patrón, el lugar de prestación del servicio (el cual es propiedad del empresario), entre otras que marca la ley y los criterios jurisdiccionales. Bajo estas condiciones laborales nos encontramos ante un caso de doble discriminación que debe de atenderse por el Estado mexicano, ya que además de las precarias condiciones laborales que tienen que sufrir al practicar este deporte, tienen que luchar contra la discriminación por razón de género, toda vez que las remuneraciones entre hombres y mujeres no son las mismas, además de no contar con seguridad social mínima que les permita dar lo mínimamente necesario a sus familias en las cuales son, mayoritariamente, las principales proveedoras.

    Al respecto, tanto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), señalan la inequitativa situación que sufren las mujeres en cuanto al pago de salarios, lo cual queda evidenciada en el caso de la lucha libre femenil en la que la remuneración obtenida por las mujeres practicantes es considerablemente inferior a la de sus pares masculinos. De forma precisa, la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo de 2010 arrojó que, en promedio, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el desempeño de las mismas actividades fue de 8.2% en detrimento del sector femenino, considerando que en algunas actividades la diferencia promedio rebasa los 40 puntos porcentuales. Incluso, permitir que las luchadoras profesionales sigan en una posición inequitativa por calidad de género es violatorio del artículo 7º  del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre de 1966, y que a la letra señala:

    Artículo 7

    Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

    a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

    i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

    ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

    b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

    c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

    d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

    Asimismo, el tema de la seguridad social reviste mayor importancia en este tipo de actividades profesionales en atención a la propensión de percances que pueden sufrir las luchadoras, por lo que es preciso orientar a este sector femenil para que se allegue de los elementos y condiciones necesarias para contar con dichas prestaciones en el ámbito de los ordenamientos legales de nuestro país, así como con base en  los ordenamientos jurídicos internacionales, tales como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  sobre Normas mínimas de Seguridad Social, signado por nuestro país el 12 de octubre de 1961, en el cual se prevé la protección de todos los trabajadores en esa materia, la cual debe ser suministrada por el Estado y los actores intervinientes en el mercado laboral.

    Por otro lado, bajo los objetivos del presente Punto de Acuerdo, las inspecciones solicitadas a las dependencias mencionadas deben considerar, condenar y sancionar las condiciones de veto a las que son sujetas las trabajadoras de la lucha libre profesional, por no aceptar las condiciones deplorables de trabajo que ofrecen las empresas de lucha libre en el país al adherirse de forma exclusiva a alguna de ellas, situación que es violatoria del artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recientemente referido, y que establece:

    Artículo 6

    1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

    2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

    C. Concluye la proponente al señalar que:

    “ …el objetivo de este Punto de Acuerdo, es que: Los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, lleven a cabo las inspecciones y visitas dentro del ámbito de sus facultades para que, en caso de encontrar violaciones a derechos laborales y de seguridad social en la contratación y acceso a los servicios de seguridad social de las luchadoras profesionales, se sirvan sancionar a las empresas que actúen fuera del marco de la ley para que, de esa manera se garantice el goce de las condiciones mínimas que debe contar este sector en la práctica de su actividad profesional.”

    D. Con lo anterior, formula el siguiente:

    “Punto de Acuerdo:

    UNICO.-. “Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, en el ámbito de su competencia y facultades, lleven a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el país, debido a la existencia de presuntas violaciones a los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte.”

    CONSIDERACIONES.

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. Esta Tercera  Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión exhorte a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social,  para que en el ámbito de sus competencias y facultades, lleven a cabo inspecciones y visitas y en el caso de encontrar violaciones a derechos laborales y de seguridad social, sancionen a las empresas involucradas.

    Cabe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional y demás relativos, así como las que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos. 

    En cuanto al exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, se considera procedente ya que de encontrarse irregularidades o violaciones a disposiciones laborales y de seguridad social en las trabajadoras de las empresas de lucha libre, se les estaría dejando sin uno de los derechos fundamentales de cualquier persona y que es el de seguridad social.

    El fundamento para que el IMSS realice este tipo de visitas de inspección en los lugares de trabajo se encuentra en el artículo 15, fracción V, de la Ley del Seguro Social que establece como una obligación de los patrones permitir las inspecciones y visitas domiciliarias.

    Artículo 15. Los patrones están obligados a:

    I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles;

    II.     a IV…;

    V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos;

    El registro de los trabajadores en el IMSS, así como permitir las inspecciones, al ser una obligación de los patrones, da pie a una sanción por incumplimiento, tal como lo establece el artículo 304 A, fracción II, de la Ley del Seguro Social.

    Artículo 304 A. Son infracciones a esta Ley y a sus reglamentos, los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación:
    I.  …;

    II. No inscribir a sus trabajadores ante el Instituto o hacerlo en forma extemporánea;

    III. a IX…;

    X.           Obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona, las inspecciones o visitas domiciliarias, así como el procedimiento administrativo de ejecución, que ordene el Instituto;

    XI. a XXII…

    La seguridad social es básica para el desarrollo óptimo de cualquier persona y tiene como finalidad “…garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado,  de acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Seguro Social.

    En cuanto a las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, es menester señalar que los Inspectores de Trabajo son aquellos facultados para llevar a cabo inspecciones a fin de verificar que las normas laborales se cumplan de acurdo a la normatividad.

    Estas inspecciones están reguladas por le Ley Federal del Trabajo en los artículos 540 al 550.

    Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, en el ámbito de su competencia y facultades, lleven a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el país que violen los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.






    Por el que se solicita un informe a los directores del IMSS y del ISSSTE sobre las estrategias que están llevando a cabo para abatir el problema de desabasto de medicamentos en instituciones de salud.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que brinden un informe sobre el desabasto de medicamentos, presentada por los Diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión se abocaron a su revisión, análisis y estudio por lo que, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    En sesión celebrada el 7 de mayo de 2014, los diputados Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo en comento.

    En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión “Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas”, para su estudio y dictamen correspondiente.

    CONTENIDO.

    La proposición con punto de acuerdo en estudio plantea exhortar a los titulares del IMSS e ISSSTE a comparecer ante esta Soberanía, para dar un informe detallado sobre el problema de desabasto de medicamentos en el país, así como las estrategias que se están llevando a cabo para abatirlo.

    Argumentan los promoventes de la proposición, que en México aún existen poblaciones que carecen de acceso oportuno y suficiente a las medicinas y que el desabasto de medicamentos es frecuente en México debido a las crisis económicas, la desorganización y la falta de transparencia del sector, entre otros factores.

    De acuerdo a su exposición, los promoventes plantean que en los últimos años el desabasto de medicamentos ha disminuido, pero que sigue siendo un problema en las zonas rurales y en las regiones marginadas, por lo que resulta importante recalcar que como legisladores tienen la preocupación de responder a las necesidades reales que diversos grupos de población están teniendo frente a una insatisfacción de sus necesidades básicas como lo es la salud.

    Es por ello que día a día se busca contribuir en acciones que permitan a la población tener acceso a la salud, a través de la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos necesarios. El derecho a la salud se va desarrollando a través de las demandas sociales de los ciudadanos.

    Continúan diciendo que durante las últimas décadas se han implementado diferentes estrategias para subsanar el déficit de medicamentos, entre las que destacan: “Satisfacer la demanda de medicamentos en el Sector Salud” propuesta por la Secretaría de Salud en 2004; “Hacia una política farmacéutica integral para México” documento elaborado por la Secretaría de Salud en 2005; “Programa Sectorial de Salud 2007-2012” del que derivó en diciembre de 2007, la creación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos, organismo orientado a disminuir las disparidades de precios de un mismo medicamento y promover el ahorro en las instituciones de salud.

    En el marco del Sistema Nacional de Salud y dada la descentralización de los Servicios de Salud hacia las entidades federativas, cada Secretaría de Salud estatal es responsable de operar los servicios públicos de salud que se ofrecen a la población de su demarcación territorial, inclusive, de prever lo necesario a fin de abastecer de medicamentos suficientes a las instalaciones de salud respectivas, con el propósito de que los usuarios de los servicios obtengan sus tratamientos completos.

    CONSIDERACIONES.

    Primera.- Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente dictamen.

    Segunda.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud, elaborados por el Ejecutivo Federal, establecen las estrategias y acciones necesarias para solucionar el desabasto de medicamentos.

    Dicho Plan reconoce que muchos mexicanos enfrentan una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas; que el 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema; que el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector salud ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención; que no han permeado políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud; y que, en la rectoría y arreglo organizacional vigentes, prevalece la participación de instituciones verticalmente integradas y fragmentadas que limitan la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública.

    Para corregir esta situación, el Ejecutivo Federal se ha comprometido a poner especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud, sean un factor determinante en su desarrollo.

    Como muestra de lo anterior, al señalar como Meta Nacional alcanzar un México Incluyente, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó los objetivos de asegurar el acceso a los servicios de salud para llevar a la práctica el derecho establecido en el artículo 4° constitucional y ampliar el acceso a la seguridad social.

    Para alcanzar los objetivos mencionados, el Plan establece el compromiso de garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros, e implementar programas de distribución de medicinas que alineen los incentivos de las instituciones de salud pública, los proveedores de medicamentos y los usuarios.

    Por su parte, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, describe la problemática existente respecto del surtimiento de medicamentos.

    Los problemas de surtimiento, sin embargo, se presentan en paralelo con casos de sobre prescripción. Esta situación alerta sobre la necesidad de llevar a cabo acciones para mejorar el abasto de medicamentos y, al mismo tiempo, para fomentar el uso racional de los mismos. El tema de abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, afirma el Programa, está en lo más alto de la agenda gubernamental.

    Tercera.- Esta Comisión dictaminadora coincide con los argumentos expuestos por los promoventes, en el sentido de que el desabasto de medicamentos no se ha abatido en su totalidad.

    La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), en el rubro denominado “Surtimiento y gasto en el acceso a medicamentos en instituciones públicas: asignaturas pendientes”, da cuenta de la situación en que se encuentran las deficiencias en el surtimiento de recetas y el impacto que ello tiene en la situación económica de la población usuaria de los servicios de salud, sean estos a cargo de instituciones de seguridad social o proporcionados a la población abierta por instituciones públicas.

    Así, los resultados de la ENSANUT 2012 muestran que persisten diferencias importantes en la probabilidad de obtener medicamentos, dependiendo de la institución pública que proporcione la atención.

    En comparación con los resultados de 2006, la tasa de surtimiento completo disminuyó para todos los usuarios de servicios públicos. Por el contrario, el porcentaje de usuarios con surtimiento de sólo alguno o ninguno de sus medicamentos, se incrementó significativamente.

    Cuarta.- El Instituto Nacional de Salud Pública propone tres acciones para enfrentar esta problemática:

    1. Fortalecer el suministro de medicamentos en el sector público, incluyendo la utilización de sistemas de información para el monitoreo y la evaluación, y vinculándolos al otorgamiento de incentivos.

    2. Promover el uso costo-eficiente de los medicamentos con especial énfasis en la revisión y homogenización de cuadros institucionales vinculados a guías de prescripción basadas en la evidencia científica y el desarrollo de intervenciones a partir de estudios de utilización de medicamentos.

    3. Mejorar el acceso equitativo y la asequibilidad de medicamentos en el sector privado, promoviendo el uso de medicamentos genéricos así como información sobre la calidad de medicamentos.

    Quinta.- Resulta indispensable contar con elementos objetivos e información suficiente que permita conocer la situación actual que prevalece en el surtimiento de medicamentos a la población usuaria, a través de las instituciones públicas.

    Es por ello que los legisladores de esta Tercera Comisión estimamos conveniente que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitan un informe a esta Soberanía sobre los avances que han tenido y las estrategias que están llevando a cabo para abatir el desabasto de medicamentos.

    Lo anterior, sin demérito de la obligación que tienen por mandato legal de presentar al Congreso de la Unión anualmente, a más tardar el 30 de junio, un informe sobre el estado que guarda la administración de dichos Institutos, conforme lo dispuesto en los artículos 273 de la Ley del Seguro Social y 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitir un informe detallado sobre las estrategias que están llevando a cabo dichos organismos para abatir el problema de desabasto de medicamentos en las citadas instituciones.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”






    Que exhorta a observar el cumplimiento del calendario del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que tiene como objetivo exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a acelerar el ejercicio del gasto público, autorizado por la Cámara de Diputados, para el Ejercicio Fiscal 2014, presentada por la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    1.- En sesión celebrada el 7 de mayo de 2014, la Dip.  Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a acelerar el ejercicio del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2014.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO.

    La diputada Magdalena Núñez Monreal argumenta que la economía mexicana se encuentra en crisis. Sea por factores externos, internos, o por la combinación de ambos, pero cada día hay más desempleo, la inflación aumenta y la incertidumbre social se generaliza.

    Indica la proponente que para el año 2014 las proyecciones económicas no son muy alentadoras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció una perspectiva de la economía mexicana no mayor al 3%.

    Considera que el problema de fondo de la economía mexicana es el modelo neoliberal implementado desde la década de los ochenta, y que en los últimos 19 años el crecimiento del producto interno de México registra una tasa promedio del 2.7%.

    Afirma que ante este panorama tan desalentador y la negativa a modificar el modelo económico, es apremiante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acelere la activación de la economía para impulsar la generación de empleos y favorecer el crecimiento económico del país, alentando mediante el ejercicio del gasto público las actividades productivas más relevantes y de mayor influencia sobre la economía.

    La legisladora manifiesta su preocupación por la situación económica de la gran mayoría de las familias mexicanas, por lo que considera que es urgente que el gobierno federal reconozca que, para que avance el país, se debe acelerar el ejercicio del gasto público.

    Reconoce que existe un amplio sentir popular de que la política económica que se instrumenta no está contribuyendo a corregir la injusta distribución de la riqueza nacional y es el momento de actuar con responsabilidad; afirma que a pesar de que se anuncien programas de inversión como el de infraestructura por 7.7 billones de pesos, éstos no rendirán los resultados esperados en cuanto a creación de empleos.

    Finalmente, argumenta que es a los pequeños y medianos empresarios a los que se debe favorecer con el gasto público, para que de esta manera, sea posible impulsar inversiones y generar empleos suficientes y dignos.

    Por lo que propone el resolutivo siguiente:

    Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que acelere el ejercicio del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2014.

    CONSIDERACIONES.

    De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

    Esta Comisión comparte la preocupación de la proponente respecto a que el problema de fondo de la economía mexicana es el modelo neoliberal implementado desde hace varios años, y el escaso crecimiento económico de los últimos lustros.

    Por otra parte, esta dictaminadora considera que es apremiante impulsar la generación de empleos y favorecer el crecimiento económico del país alentando, mediante el ejercicio del gasto público, las actividades productivas más relevantes y de mayor influencia sobre la economía.

    De igual manera, los integrantes de esta Tercera Comisión coinciden con la proponente y comparten su preocupación por la situación económica de la gran mayoría de las familias mexicanas, por lo que consideran que es importante que el Gobierno Federal debe ejercer oportunamente el ejercicio del gasto público.

    Al respecto, es necesario mencionar que la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 23, mandata la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a elaborar el calendario de erogaciones y la obligación de informar sobre los avances del gasto público.

    Dicho artículo menciona que: “en el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

    De igual manera, “las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura.”

    Asimismo, ordena que “los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación.”

    De igual manera, “la Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa.”

    Finalmente, el artículo en mención mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reportar “en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios.”

    Como se puede observar, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define los lineamientos para el ejercicio del gasto público y las formas de su seguimiento y control. Es por lo anterior, que de aprobarse en sus términos el punto de acuerdo, se apartaría del mandato legal.

    No obstante, esta Comisión dictaminadora comparte la preocupación de la proponente, y considera conveniente hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el gasto público se ejerza de acuerdo a lo programado.

    Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que observe el cumplimiento del calendario del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2014.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.






    Que exhorta a enviar un informe sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoria Superior de la Federación con relación al Informe de Resultados de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H.ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las investigaciones correspondientes sobre las irregularidades señaladas por el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), suscrita por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    1. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada en el Senado de la República el día 7 de mayo de 2014, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron el Punto de Acuerdo en comento.

    2. En misma fecha, la Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a la Tercera Comisión “Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas”, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

    3. En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO.

    La proposición con punto de acuerdo se sustenta, en su primer resolutivo, en exhortar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a realizar las investigaciones correspondientes sobre las irregularidades señaladas en el Informe de la Cuenta Pública 2012 a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).

    A su vez, en su segundo resolutivo, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que envíe un informe pormenorizado sobre la situación financiera de la SHF y el FOVI entre 2008 y 2012.

    Los promoventes señalan que del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se desprenden diversas irregularidades relativas a la gestión de la cartera crediticia, particularmente en instituciones relacionadas con la gestión de programas de acceso a la vivienda.

    Destacan las actividades de la SHF y del FOVI. En primer lugar, hacen referencia a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), institución perteneciente a la Banca de Desarrollo que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social. Los programas de crédito, ahorro y garantías de SHF deben buscar la promoción de condiciones adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas urbanas y rurales, tengan acceso al crédito hipotecario y puedan disfrutar de viviendas dignas.

    Aclaran que la SHF fue concebida como un banco de segundo piso, por lo que no atiende directamente al público, sino que para su funcionamiento se apoya en intermediarios financieros, a través de los cuales canaliza los recursos para que lleguen a la gente. Son estos intermediarios los encargados de otorgar y administrar los créditos, desde su apertura hasta su conclusión.

    En segundo lugar, se refieren al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), fideicomiso público administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con la finalidad de otorgar apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de vivienda de interés social canalizando los recursos a través de intermediarios financieros, siendo éstos las instituciones de banca múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) del ramo hipotecario e inmobiliario, registradas ante el FOVI.

    En el Informe que citan los proponentes se destaca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó revisiones orientadas a fiscalizar la gestión financiera de la administración de la cartera crediticia de la SHF y del FOVI, haciendo referencia a distintas irregularidades.

    En referencia puntual al FOVI se destaca la elevada cartera vencida de la institución, que sus utilidades fueron utilizadas como colchón en el saneamiento financiero, la opacidad en la determinación de su viabilidad financiera, y las graves deficiencias de la institución en materia de control interno.

    En el caso de la SHF, los principales resultados del Informe destacan los elevados traspasos de cartera de Intermediarios Financieros no Bancarios (Sofoles) a la SHF producto de un rescate financiero, y la grave opacidad en el proceso de transferencia de la cartera traspasada por las Sofoles como dación de pago a la SHF a través de fideicomisos no regulados con carácter de privados.

    La Auditoría Superior de la Federación recalca que el rescate de las instituciones de intermediación financiera no bancarias (Sofoles) genera presiones sobre el capital de la SHF, aunque se desconoce el impacto que tendrá este rescate en la estructura financiera de la SHF, debido a la falta de información soporte actualizada.

    Al 31 de diciembre de 2012 la Cartera de Crédito Vencida “Primer Piso” recibida como dación en pago ascendió a 28 mil 518.0 millones de pesos, que representó el 151.4% del capital contable de la institución.

    CONSIDERACIONES.

    Esta comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorar el mismo, deliberar e integrar el presente dictamen.

    Los integrantes de ésta Comisión compartimos la preocupación del proponente porque se conozcan las posibles irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 respecto de las operaciones realizadas por la SHF y el FOVI.

    Respecto a las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, establece

    Segundo.- Las modificaciones previstas en el presente decreto para los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia de anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

    Atendiendo lo establecido, y considerando que aún no se encuentra el funciones el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, debemos referirnos al texto del artículo 37, fracciones I, III, IV, V y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar posibles conductas indebidas de servidores públicos.

    I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;

    III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

    IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

    XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.

    Por su parte, la Ley Orgánica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece, en su artículo 2:

    Art. 2.- La Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

    También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.

    En el artículo 4 de la misma Ley se establecen las competencias de la CNBV:

    IX. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan al sistema financiero, que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros;

    XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitar de inspección a los presuntos responsables;

    XIX. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas y, en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero;

    XIX Bis. Realizar, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio Público Federal, como coadyuvante de dichas dependencias, actividades de investigación en entidades financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con propósitos de detección de recursos y obtención de información para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como para la persecución de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie, para la comisión del delito previsto en los artículo s 139 y 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código. […]

    En artículo 12, establece que corresponde a la Junta de Gobierno de la CNBV:

    IV. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, así como a las disposiciones que emanen de ellas. Dicha facultad podrá delegarse en el Presidente, así como en otros servidores públicos de la Comisión, considerando la naturaleza de la infracción o el monto de las multas. A propuesta del Presidente de la Comisión, las multas administrativas podrán ser condonadas parcial o totalmente por la Junta de Gobierno;

    Las responsabilidades de los servidores públicos y las sanciones que pudieran aplicarse se enmarcan en los términos del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Por otra parte, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece los asuntos cuyo despacho corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

     VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.

    XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional.

    XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados.

    XVIII. Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal.

    XIX. Coordinar [conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública] la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables.

    XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación.

    XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

    En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente Punto de Acuerdo resulta procedente conforme a lo establecido en los distintos ordenamientos legales.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),a enviar a esta Soberanía un informe sobre la situación que guardan las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, con relación al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, respecto de las operaciones realizadas por la SHF y el FOVI.

    SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que envíe un informe pormenorizado sobre la situación financiera de la SHF y el FOVI entre 2008 y 2012.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.






    Por el que se solicita información sobre los programas y proyectos forestales que se están realizando o estén por realizar, relacionados con el Mecanismo Internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga del conocimiento público el destino de los recursos que ascienden al menos a 735 millones 750 mil dólares desde 2008 a la fecha, que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada (Redd+) y discutir la estrategia nacional Redd+, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES

    1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO

    A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, los proponentes manifiestan sustancialmente lo siguiente:

    “I. A iniciativa de Noruega, Redd+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero derivadas de las deforestación y la degradación forestal, así como incentivar el papel de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono a través de acciones que repercuten en la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan las regiones forestales y la condición de los ecosistemas. Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas por parte de los países del Norte que tiene compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.

    Éste parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.

    Como resultado de la COP 16 celebrada en Cancún, Quintana Roo, surgió un texto resolutorio conocido como Acuerdos de Cancún donde se definió que la implementación de acciones Redd+ se dará en tres fases:

    1ª. Fase: Desarrollo de capacidades y de estrategias nacionales.

    2ª. Fase: Implementación de políticas y medidas que ofrezcan resultados Redd+

    3ª. Fase: Pago por resultados.

    Además, los Acuerdos de Cancún definieron una serie de elementos que los países deberán desarrollar para contar con un mecanismo Redd+:

    • Un plan de acción o estrategia nacional. 
    • Un nivel de referencia nacional de emisiones relacionadas a la deforestación y, si procede, como medida provisional, niveles de referencia subnacionales.  
    • Un sistema nacional de monitoreo y reporte y, si procede, como medida provisional, sistemas subnacionales.  
    • Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardas referidas en los Acuerdos.  

    Derivado de la gran variedad de actividades vinculadas con Redd+ que actualmente se desarrollan en diversas partes del planeta, esta iniciativa ha sido entendida cada día más como un proceso de fortalecimiento de la gobernanza local sobre los territorios y recursos forestales.

    En marzo de 2010, se formalizó la creación del Comité Técnico Consultivo (CTC Redd+) como con un espacio abierto de reflexión y discusión de la sociedad civil, organizaciones sociales, gobierno y especialistas del sector forestal y rural con el objetivo de generar recomendaciones y propuestas a la Comisión Nacional Forestal, responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional Redd+ de México.

    En diciembre de 2010, durante la COP16 en Cancún, el Gobierno mexicano presentó el documento Visión de México sobre Redd+ hacia una estrategia nacional donde estableció los primeros criterios para el desarrollo de la ENAREDD+.

    Este primer documento fue respaldado por las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Desarrollo Social (SEDESOL); de Comunicaciones y Transportes (SCT); de Energía (SENER); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de Salud (SS); de Economía (SE); de Gobernación (SEGOB); de Relaciones Exteriores (SRE) y de Turismo (SECTUR), dado que la alineación de políticas públicas y programas gubernamentales es una condición esencial para que Redd+ cumpla con  sus objetivos.”

    B. Enseguida, los proponentes refieren que “…de acuerdo con información proporcionada a Contralínea (periodismo de investigación), por el Banco Mundial, a petición del Gobierno mexicano, el organismo financiero internacional autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con Redd+ y donó 28.8 millones de dólares más.

    Que la suma de recursos –695.8 millones de dólares– se gestionó a través de fondos e instrumentos del Banco Mundial. De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), manejado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Para el control operacional de los programas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) usa el Sistema de Gestión de Apoyos (Siga).

    Plantea que el primer proyecto con financiamiento del Banco Mundial involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

    Asimismo, el Banco Mundial informó que el préstamo es una operación de inversión a nivel nacional para apoyar al Gobierno de México en dos áreas principales: el fortalecimiento institucional y colaboración interinstitucional, y el apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, el manejo sostenible de los bosques y la remuneración de servicios ambientales y refiere que el agente financiero del proyecto de bosques y cambio climático es Nacional Financiera, quien además está a cargo de los procesos de desembolso del préstamo, de administrar la cuenta bancaria y de proveer apoyo a la ejecución de la Conafor.

    El segundo préstamo es por 17 millones de dólares y los recursos provienen del Programa de Inversión Forestal (FIP, por su sigla en inglés). Éste comprometió 42 millones de dólares en México, 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito.

    El Banco Mundial considera que las inversiones del FIP en México son de carácter “innovador”, pues se enfocan en las “áreas de acción temprana” de Redd+ y se aplican en “discernir lecciones” y verificar su potencial de “replicabilidad” a través del SIL.

    El tercer préstamo es de 300 millones de dólares. Los recursos provienen del fondo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) y tiene por objeto planear la adaptación al cambio climático a nivel estatal; reducir los riesgos de desastre y desarrollo territorial a nivel municipal, y el manejo forestal comunitario sustentable.

    Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó a México un donativo de 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (Enaredd+)”.

    Cabe señalar, que a decir del Banco Mundial, el proyecto SIL-FIP tiene tres componentes:

    El primero tiene por objeto el diseño de la política de aplicación de Redd+ y el fortalecimiento institucional. Dentro de los acuerdos institucionales para el manejo financiero se estableció que, para este componente, todos los pagos serán operados directamente por la Conafor.

    El segundo busca otorgar el apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Para este componente, se establece que los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios de los programas puestos en marcha por la Conafor bajo reglas de operación definidas.

    El tercero se enfoca en la innovación en áreas de acción temprana Redd+. Dicho componente requiere de pagos a diversos beneficiarios, incluyendo organizaciones como las agencias de desarrollo local (ADL), los agentes técnicos locales (ATL), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las cuales llevan a cabo subproyectos con base en acuerdos interinstitucionales que son acordados y firmados por la Conafor.

    El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012, por la Junta de Directores del Banco Mundial y está previsto que sea ejercido en un lapso de 5 años.

    “Además de los préstamos solicitados al BM, el Plan de inversión forestal (elaborado por la Conafor) revela que a través del Programa de Inversión Forestal, las autoridades mexicanas también solicitaron recursos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al menos, 18 millones de dólares para destinarse a dos proyectos.

    El primero, de 15 millones de dólares, 5 millones a manera de donativo y 10 millones como préstamo para “la creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”. El segundo, de 3 millones de dólares: 1.5 millones en calidad de préstamo y 1.5 millones en calidad de donativo. Se enfoca en el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales.

    Con el objeto de asistir a los países para participar en el mecanismo Redd+, el Sistema de Naciones Unidas creó el programa ONU-Redd, conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.”

    Cabe señalar que el Programa ONU-Redd integra 29 países miembros, de los cuales se desprenden “nueve experiencias piloto” que son directamente apoyadas financiera y técnicamente para preparar y ejecutar estrategias nacionales Redd+.

    “El Programa ONU-Redd ha promovido indirectamente intercambios de experiencias, orientaciones de política, capacitaciones, etcétera, que han contribuido al proceso de desarrollo de la Estrategia [Redd] en México.

    No obstante, reconoce que el PNUD ha gestionado tres contribuciones financieras para apoyar el fortalecimiento de las políticas forestales y la preparación de Redd+ en México.

    La primera de ellas, en 2010, con la aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012; la iniciativa Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, ejecutada por el PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility); y, con el financiamiento de aproximadamente 15 millones de dólares del Gobierno de Noruega, el PNUD apoya el desarrollo del proyecto Fortalecer el Proceso de Preparación de Redd+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur.

    Refiere el PNUD que, a través de la figura “asociado en la implementación” [sic], la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la CONAFOR administran y rinden cuentas por la gestión de los recursos, además de que “monitorean”, evalúan las actividades y verifican el logro de los objetivos.”

    C. Concluyen los proponentes al señalar que hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Información que se publica en las páginas de Internet que reportan estas cifras no coinciden, pese a que, de acuerdo con información del PNUD, más de 40 países están en proceso de diseño de sus estrategias y políticas nacionales para Redd+, sin embargo los organismos internacionales, así como las naciones, no están obligados a informar sobre los avances, uso de los recursos, donaciones o préstamos en portales confiables de consulta pública.

    Los proponentes señalan con base en información del portal de Internet VoluntaryRedd+ Database que ha México se le ha destinado 1 mil 537 millones de dólares para proyectos y acciones relacionados con Redd+, para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

    La base de datos también revela que con más de 1 mil 500 millones de dólares, México es el país al que más recursos se le han asignado.

    En un el boletín de prensa fechado el 14 de febrero de 2013, la CONAFOR señala que, “a través de diversos préstamos y donativos englobados en el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático, el organismo internacional [Banco Mundial] destina a México casi 700 millones de dólares”.

    D. Abundan los proponentes en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formulan el siguiente:

    Punto de Acuerdo:

    UNICO. A fin de transparentar los recursos que ascienden al menos a 735 millones 750 mil dólares desde 2008 a la fecha, ya que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición, para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+; se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales C, Juan José Guerra Abud, haga del conocimiento público la información concerniente a Redd+ bajo las consideraciones siguientes:

    • La evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y las causas. 
    • El estudio de viabilidad para operar los proyectos de Redd+ en el país. 
    • Las Reglas de Operación de la Estrategia Nacional Redd+ 
    • El nombre y número de fondos; así como el total de recursos ya sean de financiamiento o donaciones a Redd+. 
    • El destino de los más de 735 millones 750 mil dólares identificados, mismos que 57 millones 250 mil dólares corresponden a donativos y a préstamos solicitados al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 667 y 11.5 millones de dólares; respectivamente. 

    CONSIDERACIONES

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, sin embargo, realiza las siguientes observaciones:

    Los proponentes solicitan que la información planteada en el Punto de Acuerdo se haga del conocimiento público, no obstante ello, esta información ya es pública con base en lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

    El derecho de acceso a la información favorece la transparencia en el gobierno y la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, lo cual mejorará la eficiencia de las instituciones federales y la calidad de sus servicios.

    A partir del 12 de junio del 2003, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, obliga a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto, entre otras cosas, a su forma de trabajo, al uso de los recursos públicos, sus resultados y desempeño. Cualquier persona puede solicitar información a las instituciones federales y obtenerla en forma rápida y sencilla, sin necesidad de identificarse, ni justificar el uso que dará a la misma.

    Por otro lado, respecto a la información de los proyectos y programas que se realizan en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esta dictaminadora considera viable la solicitud dado que resulta relevante para el trabajo de las comisiones vinculadas con la materia.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe por los medios conducentes sobre los programas y proyectos forestales que se estén realizando, o estén por realizar, relacionados con el Mecanismo Internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+).

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.






    Que exhorta a informar sobre los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma Menadril 1.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    "TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), C. Emilio Lozoya Austin, rinda un informe detallado sobre el pago de 108.1 millones de pesos (IVA incluido), equivalente aproximadamente a 9.1 millones de dólares por la movilización de la plataforma “Menadril I”, en contravención del contrato 421001802, en el que se estableció que PEMEX no pagaría conceptos de movilización sobre plataformas localizadas en aguas del Golfo de México, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    I. ANTECEDENTES.

    1.- La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de Mayo de 2014.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada Proposición y expresaron sus observaciones y comentarios sobre la misma.

    II. CONTENIDO.

    A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

    1° En junio de 2012, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el plan de negocios de Pemex para el periodo 2010-2024, que definió 4 líneas de acción en los rubros de crecimiento, eficiencia, responsabilidad corporativa y modernización de la gestión; dentro de éstos se encuentra los de incrementar las reservas de hidrocarburos, sostener y aumentar su producción, así como la generación de valor.

    2° Para el alcance de extracción de hidrocarburos, el Activo Integral Cantarell 2010 contaba con 6 plataformas propias y 11 de arrendamiento, las cuales eran insuficientes para atender los requerimientos de intervención de pozos establecidos en los programas operativos, por lo que en su estrategia incluyó el arrendamiento de plataformas auto elevables sin opción de compra.

    3° El 26 de octubre de 2010, Pemex Exploración y Producción instrumentó la Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, para el arrendamiento de tres plataformas de perforación marina auto elevables con la finalidad de realizar la perforación terminación y reparación de los pozos localizados en las estructuras TET-Akal-TR y TET-Balam-TB y del Activo Integral Cantarell.

    4° Mediante la Licitación Pública Internacional 18575088-506-11, se adjudicaron tres contratos, entre los que se encuentra el número 421001802, asignando en forma conjunta a dos empresas para operar en aguas del Golfo de México, las cuales nombraron un representante común que actuaría como líder (operadora) en ejecución y administración de dicho contrato, en tanto la otra empresa proporcionaría la plataforma y brindaría asesoría.

    5° El contrato 421001802 se formalizó el 1 de marzo de 2011 con fecha de término 15 de febrero de 2013, por un monto total de 81.39 millones de dólares más IVA.

    B. Enseguida, los proponentes refieren:

    Mediante oficio número ISO-PEP-432  del 9 de marzo de 2011, el representante común de las empresas contratadas para la ejecución del contrato número 421001802, solicitó la sustitución de la plataforma “Hull-110” por la plataforma “Menadril I”, la primera ubicada en los Emiratos Árabes Unidos y la segunda en aguas del Golfo de México.

    Por lo anterior, el 6 de Abril de 2011, se firmó el convenio modificatorio número uno del contrato 421001802, mediante el cual PEMEX y las empresas contratadas para su ejecución convinieron sustituir la plataforma denominada “Hull-110”, que a esa fecha no se había movilizado desde Port Khalid Shalid, Emiratos Árabes Unidos por la plataforma “Menadril I”, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, referente a la presentación de la plataforma, a más tardar dos días antes de la fecha de arrendamiento y de la presentación de los servicios pactados (14 de marzo de 2011 con vigencia hasta el 15 de febrero de 2013); cabe señalar que el costo de la movilización pactada en el contrato rescindido (421000819) era de 3.75 millones de dólares más IVA, mientras que por la misma plataforma PEMEX pacto y pago 7.89 millones de dólares más IVA con base en los estipulado en el contrato original (421001802).

    C. Concluyen  los proponentes al decir que “…el 23 de junio de 2011, la Gerencia de Tesorería de Petróleos Mexicanos pagó a las empresas a las que se les adjudicó el contrato número 421001802, la cantidad de 108.1 millones de pesos (incluye IVA), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadrill I” al sitio del Pozo para el inicio del arrendamiento; este pago se considera improcedente por que dicha plataforma ya se encontraba ubicada en el Golfo de México al momento que PEMEX aceptó la sustitución de la plataforma “Hull-110”, por lo que debió aplicarse lo estipulado en el quinto párrafo del Concepto 1 “Movilización de la plataforma auto elevable al sitio del pozo para inicio del arrendamiento” del Anexo C del contrato número 421001802, que indica que la entidad proporcionará el traslado único de la plataforma dentro de aguas mexicanas del Golfo de México, en cuyo caso no se generará el pago de concepto de movilización.”

    D. Por todo lo anterior los proponentes formulan el siguiente:

    Punto de Acuerdo:

    Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director de Pemex C. Emilio Lozoya Austin, envíe en un plazo no mayor de 10 días hábiles un informe detallado sobre los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadril I”, respecto a:

    La falta de inclusión de elementos para acreditar la capacidad financiera de los licitantes en las Bases de Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, que originó la adjudicación del contrato número 421001802 con dos empresas que presentaron propuesta conjunta, de las cuales una de ellas carecía de capacidad  financiera y la otra únicamente participaría en la capacitación y asesoría.

    El pago del 20 de marzo de 2012, en el que no se aplicaron las deductivas de 2011 a las empresas contratadas, por 189.5 miles de dólares, ni las correspondientes a periodos posteriores, originadas por no subsanar dos anomalías detectadas en la inspección tipo checklist de la plataforma “Menadrill I”.

    El pago de 108.1 millones de pesos (IVA incluido), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadrill I” que ya se encontraba en aguas del Golfo de México, en contravención al contrato 421001802.

    El status de la investigación administrativa de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión consideraron procedente el pago de la movilización de la plataforma “Menadril I”, por 108.1 millones de pesos (IVA incluido), siendo que la plataforma se encontraba en aguas del Golfo de México; ordenada por la Auditoría Superior de la Federación.

    III. CONSIDERACIONES.

    A. La Comisión permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. Esta Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta antes descrita, por lo que comparte la preocupación y motivación de los proponentes con base en las siguientes observaciones:

    Que el Congreso de la Unión está consciente de la importancia de PEMEX para nuestro país, es por eso que se ha trabajado arduamente para llevar a cabo las reformas en materia energética y fortalecer a Pemex, así como modernizar los procesos para la extracción de petróleo.

    Que es primordial para los mexicanos un sistema de transparencia y de rendición de cuentas de la empresa más importante de nuestro país.

    Que esta comisión dictaminadora no contó con los elementos necesarios como son copias de los contratos mencionados por los proponentes para poder emitir una resolución con base en ellos, sin embargo, con la facultad que nos confiere el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos la información expuesta en el punto de acuerdo.

    Que esta Comisión dictaminadora con base a los artículos señalados no tenemos facultad para poner un plazo a la entrega de la información solicitada, por lo cual no podemos establecer el término de 10 días hábiles que plantean los proponentes para el envió de la información solicitada.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,  somete a la consideración del Pleno el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director de Pemex C. Emilio Lozoya Austin, envíe un informe detallado sobre los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadril I”, respecto a:

    •  La falta de inclusión de elementos para acreditar la capacidad financiera de los licitantes en las Bases de Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, que originó la adjudicación del contrato número 421001802 con dos empresas que presentaron propuesta conjunta, de las cuales una de ellas carecía de capacidad  financiera y la otra únicamente participaría en la capacitación y asesoría.
    •  El pago realizado el 20 de marzo de 2012, en el que no se aplicaron las deductivas de 2011 a las empresas contratadas, por 189.5 miles de dólares, ni las correspondientes a periodos posteriores, originadas por no subsanar dos anomalías detectadas en la inspección tipo checklist de la plataforma “Menadrill I”.
    •  El pago de 108.1 millones de pesos (IVA incluido), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadril I” que ya se encontraba en aguas del Golfo de México, en contravención al contrato 421001802.
    •  El status de la investigación administrativa de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión consideraron procedente el pago de la movilización de la plataforma “Menadril I”, por 108.1 millones de pesos (IVA incluido), siendo que la plataforma se encontraba en aguas del Golfo de México; ordenada por la Auditoría Superior de la Federación.

    TERCERA COMISION".






    Que exhorta a tomar en cuenta una mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 para el estado de Coahuila.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    "TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar mayores recursos al Estado de Coahuila de Zaragoza en el recién anunciado Plan Nacional de Infraestructura para el período 2014-2018, suscrita por los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    I. ANTECEDENTES.

    La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente, a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    II. CONTENIDO.

    El Senador  Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, plantea que el presupuesto destinado al Estado de Coahuila en el Plan Nacional de Infraestructura es menor al que se asignó a estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Colima y Baja California Sur y para estados que contribuyen menos al PIB nacional como Zacatecas y Nayarit.

    Señala que el Estado de Coahuila se ubica en el penúltimo lugar nacional en inversiones de infraestructura y ha sido golpeado financieramente por el endeudamiento que se generó en la entidad durante la pasada administración estatal. En este sentido plantea que el INEGI dio a conocer que Coahuila cerró el primer trimestre de 2014 con alza en el desempleo, lo que coloca a la entidad con la segunda tasa de desempleo más alta del país. Además, apunta que “la cifra de pobres aumentó en esta entidad federativa. De 2010 a 2012, más de 23 mil personas se sumaron a la población que vive en situación de pobreza en el estado”.

    En el documento se puntualiza que a pesar del escenario que vive el Estado de Coahuila sólo se destinaron “$3,028 millones de pesos para el estado de Coahuila, y en cambio se proyectan $34,181 millones de pesos para Chihuahua, 63,148 millones de pesos para Nuevo León, y $121,263 millones de pesos para Tamaulipas”. En este marco, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que destine mayores recursos al Estado de Coahuila de Zaragoza en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, y al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que realice las gestiones necesarias, a fin de que el Gobierno Federal aumente los recursos asignados a esta entidad federativa.

    III. CONSIDERACIONES

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, sin embargo, realiza las siguientes observaciones:

    Si bien los argumentos que plantean los senadores son relevantes para atender las inquietudes de la sociedad coahuilense respecto a los recursos asignados para la realización de obras en esta entidad federativa,  en el marco del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, la aprobación del Punto de Acuerdo en sus términos no implicaría un incremento presupuestario para la entidad.

    Lo anterior, en función de que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene facultades para distribuir el presupuesto destinado para el Plan Nacional de Infraestructura. Tal facultad le corresponde a la Cámara de Diputados, misma que, al aprobar al Presupuesto de Egresos de la Federación en ejercicio derivada de su facultad constitucional –Art. 74 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, autoriza los recursos que serán destinados al desarrollo de los programas federales del Poder Ejecutivo, contando con la atribución de modificar la propuesta del Ejecutivo, asignando los recursos en función de las prioridades que determine dicha Cámara.

    Adicionalmente, resulta relevante explicar que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI 2014 -2018) es una propuesta de política pública elaborada bajo criterios claros y objetivos que atiende las necesidades de inversión en la materia desde una visión de Estado claramente definida. Las opiniones de los diversos sectores y entidades federativas fueron considerados para su elaboración, y al día de hoy se ha concretado en el en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

    El PNI 2014 - 2018 se alinea a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus objetivos, estrategias y líneas de acción se ordenan y homologan al proyecto nacional que, con base en sus atribuciones legales y de acuerdo a una visión integral del desarrollo del país, ha planteado la actual administración. El programa se sustenta en un amplio diagnóstico que considera las condiciones particulares de cada entidad federativa en su contexto regional, evaluando la viabilidad y prioridad de sus proyectos a partir de los beneficios y equilibrios que podría generar en el conjunto de la población mexicana.

    En este sentido, la definición de los criterios aplicados para la selección y distribución de los proyectos se fundamenta en el impacto esperado que la inversión en materia de infraestructura pueda tener en la generación de desarrollo y crecimiento económico y en el incremento de la competitividad.

    Aunque las explicaciones que se presentan sobre las condiciones que mantiene el estado de Coahuila en diversos sectores son relevantes; bajo una visión integral del desarrollo nacional y a partir de los beneficios buscados en materia de inversión en infraestructura, es necesario precisar que en comparación con otras entidades ésta presenta indicadores positivos.

    Como se señala en el Índice de Competitividad Estatal 2010, desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., Coahuila mantiene un nivel positivo en su competitividad global al ubicarse en el  cuarto lugar nacional para dicho año. En forma similar, de acuerdo con el Informe sobre “La Competitividad de los Estados Mexicanos 2012, la ruta hacia el desarrollo” realizado por la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en septiembre de 2012, dicha entidad se encontraba en la posición nacional número seis.

    Esta información nos permite observar que si bien en Coahuila, como en muchas otras entidades, existen necesidades específicas en materia de infraestructura; los objetivos del programa y las notables carencias de otras entidades han obligado la delimitación de los tipos de programas a desarrollar en la entidad. Dos aspectos resultan determinantes para comprender dicha situación: la priorización regional de los proyectos de infraestructura y la consolidación sectorial de inversiones específicas.

    Respecto al primer punto, es fundamental destacar que las entidades federativas que se ubican en la frontera mantienen mejores indicadores de competitividad e infraestructura en comparación con las entidades del Sur-Sureste del país, las cuales se ubican en las últimas posiciones en los diversos índices en las últimas, con excepción de los estados de la península de Yucatán. Esta situación ha sido observada como un problema que afecta las condiciones de todo el país al impedir la apertura de canales de distribución de productos y comunicación entre regiones, por lo que se ha dado especial importancia a los proyectos de la Región Sur- Sureste.

    Es importante destacar el objetivo de lograr que el fortalecimiento de esta zona económica tenga implicaciones positivas en todo el país, al permitir la apertura de mercados y la competencia de empresas que desarrollan sus productos en la región del norte. Se espera que los proyectos que se desarrollen permitan la consolidación de industrias tan importantes como la que ha florecido en la región lagunera al facilitar la conectividad eficiente de las empresas de esta zona con los consumidores e insumos del sur del país. La observación integral del PNI 2014-2018 es fundamental para comprender los beneficios que cada entidad federativa puede adquirir, no en función solamente de los proyectos que se desarrollarán en su territorio, sino de las oportunidades de negocio que permitirán con el resto del país.

    En lo que se refiere al tema de la consolidación sectorial de las inversiones, debe remarcarse el énfasis que se da a cada sector y la justificación que se presenta de los recursos otorgados. Desde dicha perspectiva, la inversión que habrá de beneficiar de manera directa a Coahuila es mayor a la que señalan los senadores proponentes, porque en adición a los proyectos enunciados explícitamente para el Estado, éste participará de dos grandes proyectos regionales en materia de infraestructura: el impulso de obras que permitan mejorar el abasto y calidad del agua en la Región Lagunera; y la exploración y extracción de hidrocarburos en la región Norte. El primero de dichos proyectos involucra a los estados de Coahuila y Durango con una inversión de 114 millones de pesos y el segundo a Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León con una inversión de 305,474 millones de pesos. Lo anterior constituye un ejemplo claro de las determinaciones que han sido realizadas en la planeación de los proyectos y es muestra de la lógica adoptada para el desarrollo de los proyectos de infraestructura.

    Como mencionamos en un inicio, la solicitud de recursos para el incremento presupuestal de los proyectos en materia de infraestructura no es viable al no ser una atribución legal del Poder Ejecutivo; de forma adicional y como ha sido explicado, el diseño actual del PNI 2014-2018 mantiene una justificación sólida y objetiva a partir de criterios legales y económicos claros.

    Dichas condiciones permiten a los integrantes de ésta Comisión considerar que el presente punto debe ser modificado para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a vigilar y observar  el cumplimiento del calendario del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014, en lo que respecta a la consecución del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

    Lo anterior, a partir de un enfoque integral, transversal y social, con el objetivo de promover la inversión pública y privada y detonar el desarrollo de las diferentes regiones en todo el país, así como generar mayor bienestar en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana.

    Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015, se pueda tomar en cuenta una mayor partida presupuestal dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 para el Estado de Coahuila.

    SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que observe el cumplimiento del calendario del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2014, en lo que respecta a la consecución del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, a partir de un enfoque integral, transversal y social, con el objetivo de promover la inversión pública y privada y detonar el desarrollo de las diferentes regiones en todo el país, así como generar mayor bienestar en cada una de las entidades federativas de la República Mexicana.

    TERCERA COMISION"






    Que exhorta a informar sobre el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013, para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION
    H. ASAMBLEA

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía y al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), hagan del conocimiento público el avance del plan y proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), que derivó del Decreto que emitió el Ejecutivo Federal el 11 de octubre de 2009, suscrita por los Diputados, José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    CONTENIDO.

    Los diputados promoventes de la Proposición con Punto de Acuerdo, señalan como  motivación de la misma, lo siguiente:

    “Que conforme al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE):

    • Necesita revisar y reforzar el marco normativo que regula el proceso de desincorporación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), a efecto de que las facultades del personal que interviene en el proceso de liquidación, estén debidamente expresadas y autorizadas en lineamientos y procedimientos.
    • No contó con mecanismos de control a efecto de recuperar oportunamente los recursos derivados de los compromisos del convenio del 11 de octubre de 2009, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
    • No contó con mecanismos de seguimiento y control a fin de exigir el cumplimiento del convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el cobro de los recursos en favor de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta, primer párrafo, del convenio celebrado entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 15 de febrero de 2011”.

    Finalmente destacan los proponentes que en su caso se  instrumenten mecanismos adecuados que permitan continuar con los avances en el proceso de liquidación de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, por lo que proponen el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Energía, que en su carácter titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación de LFC, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y la de aquellos a los que no se les han cubierto.

    Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que en su carácter de órgano liquidador, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013, para la liquidación de LFC, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y la de aquellos a los que no se les han cubierto, así como el listado del inventario valuado de LFC.

    CONSIDERACIONES

    PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de Antecedentes del presente dictamen.

    SEGUNDA.- Los integrantes de la Tercera Comisión, nos sumamos al ánimo de los promoventes respecto de la importancia que reviste hacer del conocimiento público el avance del plan y el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, derivado del Decreto emitido por el entonces titular del Ejecutivo Federal, con fecha 11 de octubre de 2009.

    Se coincide con los proponentes en la importancia de conocer de fuentes oficiales el estado que guarda dicho proceso de liquidación, y en su caso, los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo, con el objeto de dar continuidad a la transparencia y la rendición de cuentas respecto del mismo.

    TERCERA.- Es inconcuso que derivado del Decreto “Bases para el Proceso de Desincorporación del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, expedido por el Titular del Ejecutivo de la Unión, y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de octubre de 2009, se extingue el organismo público descentralizado “Luz y Fuerza del Centro”, tal y como lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al encontrar constitucional dicho Decreto.

    CUARTA.- En virtud del Decreto presidencial citado, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el “Liquidador” tiene a su cargo la liquidación del hoy extinto organismo público en comento, de conformidad con las disposiciones aplicables, como se desprende de la Base Segunda del propio Decreto.

    Es por ello, que esta Comisión no estima correcto exhortar a la Secretaría de Energía para que haga del conocimiento público el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y la de aquellos a los que

    no se les han cubierto, tal y como lo piden los promoventes, ya que si bien la Secretaría es la responsable del proceso de desincorporación de la extinta, es precisamente el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el que tiene a su cargo el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

    QUINTA.- No pasa inadvertido a este órgano colegiado, la obligación establecida para el Liquidador en la Base Tercera numerales 3 a 6 que a la letra señalan:

    Tercera. El Liquidador deberá:

    1. a 2. …

    3.- Informar mensualmente a la Subsecretaría de Electricidad, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", y a la Secretaría de la Función Pública, sobre el avance y estado que guarde el proceso, así como sobre las acciones a realizar.

    4.- Elaborar y someter al dictamen del auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública, los estados financieros inicial y final de liquidación, así como los anuales intermedios que correspondan.

    5.- Proceder a la liquidación de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, podrá elaborar y presentar a la Subsecretaría de Electricidad, para su aprobación, el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá implementar. Para efecto de lo anterior, solicitará la participación que corresponda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

    Lo establecido en este numeral estará sujeto a lo dispuesto en la fracción II del artículo 4 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 y sus correlativos en los ejercicios fiscales subsecuentes.

    De manera previa a que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes presente a la Subsecretaría de Electricidad el esquema de indemnización antes mencionado, deberá recabar la opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas competencias.

    6.- Pagar las pensiones que correspondan a los jubilados. Para tal efecto, someterá a la aprobación de la Subsecretaría de Electricidad el plan correspondiente, y conforme a las disposiciones aplicables. Dicha Subsecretaría, previo a su aprobación, someterá el plan para opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social.

    SEXTA.-Por cuanto hace al plazo para dar respuesta a este cuestionamiento, esta representación considera sin fundamento dar 10 días al funcionario, ya que no existe facultad alguna en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que nos permita establecer un plazo para la entrega de la información solicitada.

    Con base en lo antes expuesto, los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos plenamente con los argumentos vertidos por los promoventes en torno a la importancia de informar sobre las acciones llevadas a cabo en torno a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, particularmente, por cuanto hace al estado que guarda el pago de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del extinto organismo.

    Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de octubre del 2009, concretamente respecto de las obligaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de “Liquidador”, nos permitimos poner a la consideración de esta Asamblea las siguientes:

    MODIFICACIONES
    ACUERDO

    ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que en su carácter de órgano liquidador, informe a esta Soberanía sobre el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y de aquellos a los que no se les han cubierto, así como el listado del inventario valuado de Luz y Fuerza del Centro.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que en su carácter de órgano liquidador, informe a esta Soberanía sobre el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013 para la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y de aquellos a los que no se les han cubierto, así como el listado del inventario valuado de Luz y Fuerza del Centro.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.






    Por el que se solicita información sobre las acciones efectuadas respecto a la implementación de procedimientos de control que aseguren que la información reportada en el rubro cartera de crédito de primer piso sea confiable.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal a informar sobre el programa de recuperación de cartera y su avance, suscrita por los diputados José Luís Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión se abocaron a su revisión, análisis y estudio, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO.

    A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, los autores manifiestan sustancialmente lo siguiente:

    “Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) tiene el carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, que forma parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; entre sus fines se encuentra impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de viviendas de interés social (preferentemente), al canalizar los recursos a los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.”

    B. Asimismo, los proponentes refieren una serie de consideraciones, en las que mencionan que de 2008 a 2012, los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) apoyados tuvieron problemas económicos y de liquidez, mismos que desencadenaron en la falta de pago a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) de los créditos que ésta les otorgó, situación que arrojó la celebración de convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago firmados en 2009, 2010, 2011 y 2012, mediante los cuales los IFNB cedieron a SHF los derechos de 8 fideicomisos (de cartera en administración), para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

    C. Concluyen los proponentes al señalar que:

    “Al celebrarse los Convenios de Dación en Pago las SOFOLES o SOFOMES, cedieron la cartera y bienes (patrimonio de los fideicomisos) hasta entonces privados a SHF. Al pasar a la SHF como dación en pago, la cartera se registró en el Rubro de Cartera de Crédito, la cual constituye el Activo principal de la SHF, y ascendió a 60,604.2 millones de pesos (mdp) al 31 de diciembre de 2012.

    Con la aceptación de la dación en pago, la SHF absorbió las deudas de los IFNB y asumió la carga de administrar la Cartera de Crédito con problemas de recuperación por medio de Administradores Primarios y Maestros, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2012, ascendió a 28,518.0 millones de pesos, la cual se integró por 75,437 créditos, los cuales, al momento de su aceptación, tenían hasta 129 mensualidades vencidas (11 años).”

    D. En la proposición en estudio, se abunda en detallar y resaltar algunos comentarios sobre lo anterior y formulan el siguiente:

    “Punto de Acuerdo:

    Único. “La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal haga del conocimiento público, la documentación de 14,027.5 mdp que recibió por dación en pago de seis Intermediarios Financieros No Bancarios, y sobre los cuales la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Sociedad Hipotecaria Federal, careció de información que asegurara los derechos de cobro a su favor.”

    CONSIDERACIONES

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide parcialmente con la preocupación y motivación de los proponentes, considerando conveniente y procedente que este órgano se encuentre mejor informado sobre la situación actual de la recuperación de cartera de crédito y dación de pago.

    Sin embargo, en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación señaló que en dicho ejercicio, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) obtuvo ingresos por intereses, comisiones, tarifas cobradas y otros productos, por $12,323,658.6 los cuales fueron suficientes para cubrir los gastos, comisiones y participaciones en empresas subsidiarias y asociadas, lo que le permitió obtener un resultado neto (utilidad) por $723,684.2, por lo que la SHF contó con solvencia para enfrentar sus obligaciones de pago, al mantener un índice de 1.2 pesos de activo total por cada peso de pasivo.

    E. Por otro lado, esta Tercera Comisión considera necesario conceder a la Sociedad Hipotecaria Federal la oportunidad de ser escuchada y manifestar lo que a su derecho convenga por lo que hace a la cartera de crédito y dación de pago con los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), así como conocer los términos en que las partes celebraron los convenios de reconocimiento de adeudo y dación de pago entre los años de 2009 y 2013.

    F. Cabe señalar que la cartera de crédito se integra por los créditos otorgados a los acreditados, los intereses devengados y los importes de los convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago efectuados por los IFNB a la SHF.

    Al respecto, el principal activo de esta última se encuentra registrado en la cartera de crédito, por $60,604,265.1, en donde los créditos otorgados por SHF a IFNB se clasifican como cartera de crédito de segundo piso, por $32,086,216.2 y cartera de primer piso por $28,518,048.9.

    G. Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación determinó que la información reportada en el saldo de la cartera de crédito de primer piso correspondiente a las daciones de pago citadas no es confiable, en el mismo informe en que los peticionarios basan su proposición, la propia Auditoría emite la recomendación 2-2-06HKI-02-0419-01-005, a efecto de que la SHF establezca un plan sistemático con acciones concretas, responsables, metas de recuperación y fechas de compromiso, para implementar procedimientos de control que aseguren que la información reportada en el rubro cartera de crédito de primer piso sea confiable, que los importes registrados correspondan a adeudos con derechos de cobro en su favor, y para que la información analítica contenida en la base de datos permita contar con información de los acreditados para realizar las acciones de recuperación y, en su caso, realice los procedimientos administrativos y legales que correspondan.

    H. Frente a este escenario, esta Comisión dictaminadora considera pertinente solicitar información sobre las acciones implementadas por la Sociedad Hipotecaria Federal y el avance en las mismas, por lo que hace a las recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación como resultado del informe de la fiscalización superior de la cuenta pública 2012.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal, informe a esta Soberanía sobre las acciones efectuadas así como el progreso de las mismas, respecto a la implementación de procedimientos de control que aseguren que la información reportada en el rubro cartera de crédito de primer piso, sea confiable, y que los importes registrados corresponden a adeudos con derechos de cobro en su favor.

    TERCERA COMISION”.






    Que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a presentar un informe sobre el Programa IMSS-Oportunidades.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada una Proposición con Punto de Acuerdo que tiene como objetivo exhortar al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de Internet del Instituto, lo relativo al “Programa IMSS-Oportunidades” e implemente las acciones que garanticen la cobertura a los estados que presentan el índice más alto de la población sin acceso a los servicios de salud; asimismo, implemente indicadores de calidad de los servicios médicos y adecúe los indicadores de capacitación y participación en las comunidades, con la finalidad de que sean evaluados puntualmente, suscrita por los Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    1.- En sesión celebrada el 7 de mayo de 2014, los diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de Internet del instituto, lo relativo al “Programa IMSS-Oportunidades” e implemente las acciones que garanticen la cobertura a los estados que presentan el índice más alto de la población sin acceso a los servicios de salud; asimismo, implemente indicadores de calidad de los servicios médicos y adecúe los indicadores de capacitación y participación en las comunidades, con la finalidad de que sean evaluados puntualmente.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO.

    Los legisladores proponentes, manifiestan que el Programa IMSS-Oportunidades es un programa del Gobierno Federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social cuyo propósito es contribuir a garantizar el derecho a la salud de la población que carece de seguridad social y que vive en condiciones de marginación en las entidades donde cuenta con infraestructura.

    El programa proporciona servicios médicos preventivos y curativos a nivel ambulatorio y hospitalario, en unidades de primer y segundo nivel de atención y es vinculado a la acción comunitaria mediante estrategias de comunicación educativa para formar y actualizar a los voluntarios encargados de organizar a su comunidad y efectuar labores de prevención, promoción y autocuidado de la salud, siendo gratuitos todos los servicios prestados.

    La operación del Programa se sustenta en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), el cual articula las acciones médicas con las comunitarias con el fin de propiciar entornos saludables. Asimismo, los proponentes manifiestan que el presupuesto asignado y ejercido por el programa, se ha ido incrementando en los últimos años.

    Consideran que en la Valoración Integral del Desempeño de los Programas Sociales 2012–2013, el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), determinó que la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó 7.7 puntos porcentuales en 2012 respecto a 2010, esto representó una reducción de 8.2 millones de personas que no tenían derecho a recibir servicios médicos de alguna institución pública que los presta.

    De igual manera declaran que, no obstante a que el IMSS-Oportunidades es el Programa de salud más progresivo del Gobierno Federal, y para 2012 en la evaluación del CONEVAL el desempeño mostrado fue adecuado ya que la mayoría de los indicadores superaron las metas o valores de referencia; se observó que la mayoría de los indicadores de gestión miden productividad y no incluyen indicadores de calidad de los servicios médicos y los indicadores de capacitación en las comunidades.

    Por otra parte, señalan que el CONEVAL en la evaluación al programa sugirió al IMSS garantizar que toda la información proporcionada por el programa sea pública y de fácil acceso a través del sitio de internet del programa o la dependencia.

    En cuanto a la asignación presupuestal, refieren que se detecta que no obstante a que el presupuesto autorizado al Programa IMSS-Oportunidades en los últimos años ha ido incrementando, mismo que se corresponde con el presupuesto ejercido, no se ve reflejado en el impacto de la cobertura y la calidad del servicio.

    Indican que la información sobre el presupuesto asignado será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto.

    Es debido a lo anterior, que los legisladores proponentes plantean el siguiente resolutivo:

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, C. José Antonio González Anaya, haga del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de Internet del Instituto, lo relativo al “Programa IMSS Oportunidades”; asimismo, a lo siguiente:

    • Implemente los indicadores de calidad de los servicios médicos y adecúe los indicadores de capacitación en las comunidades y los indicadores de participación, a fin de que estos puedan ser evaluados puntualmente.
    • Implemente las acciones que garanticen la cobertura del Programa a los estados que presentan el índice más alto de población sin acceso a los servicios de salud.

    CONSIDERACIONES.

    De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

    Esta Comisión comparte la preocupación de los proponentes, por conocer los indicadores de calidad de los servicios médicos que se proporcionan a través del Programa “IMSS-Oportunidades”; asimismo, por mejorar la atención a la población que se ubica en los estados con más alto índice de marginación.

    Cabe mencionar que la operación del Programa IMSS-Oportunidades está regulada por la legislación básica aplicable, las Reglas de Operación, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) concernientes al Catálogo de Servicios del Programa, las Circulares de Desarrollo de las Reglas de Operación; y en su caso, los documentos normativos del IMSS.

    En lo referente a la cobertura, cabe destacar que la distribución de unidades de atención del Programa, se ubican principalmente en los estados de mayor rezago social, como se puede apreciar en el  siguiente cuadro:

    Distribución de unidades del Programa IMSS-Oportunidades1

     

    Delegaciones

    Nivel de Atención IMSS - Oportunidades

    Total

    Hospitales
    Rurales

    Unidades
    Médicas
    Rurales

    Unidades
    Médicas
    Urbanas

    Brigadas
    de Salud

    Nacional

    4,160

    79

    3,589

    270

    222

    Baja California

    16

    1

    11

    4

    Campeche

    48

    2

    39

    4

    3

    Coahuila

    92

    3

    78

    8

    3

    Chiapas

    597

    10

    557

    12

    18

    Chihuahua

    162

    3

    144

    4

    11

    Distrito Federal

    21

    21

    Durango

    173

    3

    163

    2

    5

    Guanajuato

    11

    11

    Guerrero

    38

    1

    15

    22

    Hidalgo

    236

    4

    215

    6

    11

    Jalisco

    9

    9

    México

    37

    2

    27

    8

    Michoacán

    385

    7

    335

    15

    28

    Morelos

    4

    4

    Nayarit

    88

    1

    79

    4

    4

    Nuevo León

    3

    3

    Oaxaca

    519

    9

    469

    21

    20

    Puebla

    343

    7

    305

    13

    18

    Querétaro

    4

    4

    San Luis Potosí

    238

    4

    202

    6

    26

    Sinaloa

    125

    3

    103

    5

    14

    Sonora

    5

    5

    Tamaulipas

    117

    4

    103

    10

    Tlaxcala

    3

    3

    Veracruz Norte

    333

    3

    291

    19

    20

    Veracruz Sur

    287

    3

    229

    36

    19

    Yucatán

    99

    4

    83

    12

    Zacatecas

    167

    5

    141

    9

    12

    De igual manera, y de acuerdo al CONEVAL, el Programa se implementa en 1,469 municipios del país, en 18,641 localidades; mismas en las que se atiende a 6,032,360 mujeres y a 5,771,454 hombres.2

    En relación a las acciones de evaluación y desempeño, corresponde a la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades, la definición de los aspectos que regulan la ejecución del Programa. Dentro de sus facultades destaca: determinar, operar y coordinar los Sistemas de Información del Programa IMSS-Oportunidades que coadyuven en los procesos de evaluación de desempeño: internos, externos y sectoriales, entrega de información a diversas instancias gubernamentales para cumplir con el mandato de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.3

    De acuerdo a la misma fuente, en relación a la evaluación del Programa IMSS-Oportunidades y la contribución a la mejora de las condiciones de salud de la población, el Programa será evaluado en sus diferentes componentes para fortalecer la rendición de cuentas. La evaluación proporcionará elementos para la mejora en el diseño, operación y estructura del Programa.

    La evaluación será responsabilidad del Programa, en apego al Sistema de Evaluación del Desempeño mediante el monitoreo y valoración sistemática de los componentes e indicadores de IMSS-Oportunidades incluidos en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

    Al respecto, mensualmente la Unidad del Programa IMSS-Oportunidades realizará el seguimiento de los indicadores de desempeño y realizará el monitoreo de los mismos. Dichos resultados que serán remitidos a los diferentes niveles de conducción del Programa, deberán acompañarse de acciones de mejora y de la socialización de las acciones exitosas entre las delegaciones.

    También se realizará una  evaluación externa, realizada, de acuerdo con los criterios del Programa Anual de Evaluación (PAE) emitido por el CONEVAL, la SHCP y la SFP, que contribuirá a la identificación y análisis de áreas de oportunidad en la operación del Programa, lo que permite mejorar los procesos de planeación y toma de decisiones. Dicha evaluación es asignada a expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, con reconocimiento y experiencia en la materia. Su coordinación y contratación se realizará de acuerdo con lo señalado en el PAE.

    Los resultados de la evaluación externa deberán hacerse públicos y enviados a la H. Cámara de Diputados, la SHCP, el CONEVAL y las autoridades del IMSS, en su calidad de administrador del Programa. La evaluación externa será seguida de acciones de mejora a desarrollar en los diferentes niveles de conducción del Programa.

    No obstante lo anterior, el CONEVAL en su informe4, manifiesta que el programa no cuenta con evaluaciones de impacto debido a cuestiones relacionadas con:

    • Se eliminó la evaluación de impacto considerada en los Aspectos Susceptibles de Mejora 2012 debido a la cancelación del proyecto "Incubadoras de evaluaciones de impacto de Programas Sociales.”
    • El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar resultados atribuibles completamente a la intervención del programa.

    De igual manera, el CONEVAL manifiesta en su Informe que el desarrollo y cumplimiento de metas caracterizan al IMSS-Oportunidades como un Programa consolidado. El incremento del presupuesto se refleja en la infraestructura y equipamiento. Sin embargo, no cuenta con estudios de impacto que permitan identificar la contribución específica del Programa.

    Según la misma instancia evaluadora, el Programa presenta un desempeño adecuado y logro efectivo de las metas programadas. No obstante lo anterior, algunos indicadores de componentes y actividades miden sólo productividad, y considera que se requiere: 1. Un marco poblacional bien definido para evaluar cobertura. 2. La adecuación de indicadores para medir efectividad y calidad de los servicios médicos y de acción comunitaria.

    En cuanto al avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores, el CONEVAL reconoce que la evaluación de impacto es un aspecto de mejora que no presentó avances debido a la cancelación por parte del CONEVAL del Proyecto "Incubadoras de evaluaciones de impacto de Programas Sociales".

    Como se puede desprender de las anteriores consideraciones, esta dictaminadora coincide con los proponentes y con el mismo CONEVAL de que se hace necesario que se conozcan documentos de trabajo e institucionales. Asimismo, las posiciones institucionales y de avances que permitan elucidar a través de los años, los aspectos que han sido resueltos, sus porcentajes de alcances y los pendientes para resolver.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    UNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que presente a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el Programa IMSS-Oportunidades; así como las acciones en materia de indicadores de calidad de los servicios médicos y para garantizar la cobertura del programa en entidades federativas que presentan el índice más alto de población sin acceso a los servicios de salud.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.

    1 Fuente: Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-Oportunidades para el ejercicio fiscal 2014, en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326727&fecha=17/12/2013

    2Informe de la Evaluación específica de Desempeño 2012-2013, en http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Especificas_Desempeno2012/IMSS-%20OPORTUNIDADES/IMSS-OPORTUNIDADES_Ejecutivo.pdf

    3 Ibid.

    4 Informe de la Evaluación específica de Desempeño 2012-2013, en http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Especificas_Desempeno2012/IMSS-%20OPORTUNIDADES/IMSS-OPORTUNIDADES_Ejecutivo.pdf






    Por el que se solicita información relativa al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Federación 2011.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    "TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente al Director de Pemex, C. Emilio Lozoya Austin, rinda un informe detallado sobre la “Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz, Baja California Sur”, por un monto de178.08 millones de pesos aprobados y no ejercidos en 2011, y por 10.4 millones de pesos correspondientes a penas convencionales no aplicadas al mismo ejercicio; así como a la empresa “I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.”, encargada de la construcción del muelle, rinda un informe sobre el destino de los recursos en mención,  suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión se abocaron a la revisión, análisis y evaluación de dicha proposición, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    A.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

    B.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    C.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO.

    A. La proposición pretende:

    1. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al director de Petróleos Mexicanos C. Emilio Lozoya Austin, para que envíe en un plazo no mayor de 10 días hábiles un informe a esta Soberanía, que contenga:

    • El documento mediante el cual se le da la facultad a “I.I.I. Servicios S.A. de C.V.”, para realizar licitaciones a nombre de Pemex; así como los nombres y puesto por quienes fue firmado;
    • El avance que a la fecha presenta el Proyecto “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz Baja California Sur”;
    • El importe de las penas convencionales cobradas y por ejercer, respecto del retraso en el avance de obra;
    • El status actual de los 178.08 millones de pesos asignados en el presupuesto 2011, para la construcción del muelle;
    • Los rendimientos financieros que se han generado a la fecha, respecto del importe presupuestado en 2011.

    2. Que la Comisión Permanente exhorte a la empresa “I.l.I. Servicios S.A. de C.V.”, y que en su carácter de persona moral administradora y ejecutora de recursos públicos, envíe un informe sobre el grado de avance que a la fecha representa el proyecto “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz Baja California Sur”; el importe de recursos económicos que a la fecha ha recibido por parte de Pemex, importe de penas convencionales pagadas y pendientes de pago por el retraso de avances; así como la fecha estimada para entrega de la obra concluida al 100%.

    B. Para ello, esgrime el siguiente argumento:

    “1° La terminal de Pemex Refinación de la Paz, Baja California Sur, se compone de dos muelles con una disposición en “T”, que están estructurados a base de pilotes de concreto armado al igual que la superestructura. Los muelles 1 y 2 fueron construidos en 1943 y 1979 respectivamente; estos son utilizados para la descarga de combustóleo y combustibles depositados en las instalaciones de almacenamiento y distribución ubicados en la parte noroeste de la terminal.

    2° La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario (GOMP), es la que se encarga entre otras funciones, de mantener, controlar y mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento y obras de sus centros de trabajo y, de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de las terminales marítimas.

    3° En 2007, la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario, registró el proyecto número 0718T4M0005 “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias la Paz, Baja California Sur”, a fin de cubrir la necesidad de no contar con terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias con muelles en buen estado, debido a que son un factor determinante en el costo de la distribución.

    4° La naturaleza del proyecto surgió con la finalidad de garantizar el abastecimiento de productos y el cumplimiento de programas de suministros con calidad, cantidad y oportunidad establecidas, con la tendencia de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de la Residencia de Operaciones Marítimas de La Paz, Baja California Sur, y en congruencia, maximizar la rentabilidad de su operación, cuidando cumplir los aspectos de seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional.

    5° El proyecto residencia de operación de terminales marítimas portuarias, muelle de Pemex, se encuentra ubicado en la carretera a Pichilingue kilómetro 8.5, Código Postal 23010, Punta Prieta, La Paz, Baja California Sur.

    6° En 2008 Pemex Refinación convocó a la Licitación Pública Internacional número 18576176-018-08 para la ejecución de la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, lo anterior de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

    Artículo 28. El carácter de las licitaciones públicas, será:

    II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y
    III…

    7° La licitación número 18576176-018-08 fue declarada como desierta por no contar con proposiciones solventes, con lo que se dio origen a que el 1° de marzo de 2011, se llevara a cabo convocatoria para el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Mixta núm. 18400004-002-11, de conformidad con el artículo 28, fracción tercera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público párrafo tercero como dice:

    III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:

    •  Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o

    b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.

    En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta.

    8° El 26 de noviembre de 2010 Pemex Refinación adjudicó directamente a “Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A de C.V.”, filial de Pemex, el contrato número GCM-SC-III-048/10, para ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su total terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y control de la obra para la construcción del muelle La Paz, con un monto de 347.9 millones de pesos y un periodo de ejecución de 698 días naturales del 26 de noviembre de 2010 al 23 de octubre de 2012.

    9° Con base en el Convenio Marco celebrado el 5 de enero de 2010 entre Pemex y “I.I.I. Servicios S.A. de C.V.”, para establecer las bases generales sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos y gestoría, la empresa “I.I.I. Servicios S.A. de C.V.” llevó a cabo en representación de ésta última el 1 de marzo de 2011, la convocatoria correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta número 18400004-002-11, para la ejecución de la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, para atracar buques tanque hasta de 50 MTPM; procedimiento que fue declarado desierto el 6 de mayo de 2011, debido a que la totalidad de las 11 proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en las bases de licitación.

    10° El 6 de mayo de 2011, “I.I.I: Servicios, S.A. de C.V.” inicio el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número IO-018TXS001-N66-2011, para la realización de la obra, y adjudico el contrato III-EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio de 2011, al consorcio “Blastinaval de México, S.A. de C.V.”, “Oceanografía, S.A. de C.V.” y “Proyectos y Medio Ambiente, S.A. de C.V:”, por un monto de 229.6 millones de pesos más IVA y un periodo de ejecución de 560 días naturales, comprendido del 7 de junio de 2011 al 17 de diciembre de 2012.

    CONSIDERACIONES.

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. Esta Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la revisión de la Cuenta Pública, está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoya en la Auditoría Superior de la Federación:

    “Artículo 3.- La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta.

    La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

    Artículo 4.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias de control competentes.

    La fiscalización tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.

    Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

    I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:

    a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;…

    b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales;…

    Derivado de la fiscalización la Auditoría Superior de la Federación también podrá emitir recomendaciones, tal como lo establece el artículo 13, fracción II, de la Ley en comento.

    Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en:

    I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político, y

    II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño…

    D. De lo anterior se advierte que el procedimiento de responsabilidad administrativa, tiene las siguientes fases:

    a) La emisión de la Cuenta Pública.

    b) La Fiscalización de esa cuenta pública mediante la auditación aleatoria de los egresos.

    b) El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año que se trate.

    c) La formulación de solicitudes de aclaración, observaciones y acciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación a las entidades fiscalizadas, en caso de errores, inconsistencias u omisiones.

    d) Solvataciones, aclaraciones y atención de los elementos señalados en el punto anterior a cargo de las entidades fiscalizadas.

    e) Finamiento de pliego de observaciones para las irregularidades no atendidas, aclaradas o solventadas.

    f) Aprobación de la Cuenta Pública.

    g) Formulación de observaciones fundadas en materia económica por parte de  las comisiones ordinarias de dictamen hacia la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tomando en consideración el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para efectos de la asignación del presupuesto de egresos.

    E. En el caso que nos ocupa, la Auditoría Superior de la Federación, en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Federación 2011”, dio cuenta de la auditoría de inversiones físicas 11-1-18T4M-04-0218, aplicada a Pemex refinación por la Construcción de Muelle en le Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California Sur.

    G. Derivado de los de la auditoría, la Auditoría Superior de la Federación estableció 3 observaciones, 1 solicitud de aclaración y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

    H. Las 3 observaciones son:

    La recomendación 11-1-18T4M-04-0218-01-001:
    Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos de control necesarios a efecto de verificar que las unidades responsables de reportar en la Cuenta Pública los montos aprobados, modificados y ejercidos en los programas y proyectos de inversión a cargo de la entidad, correspondan con los realmente autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en las adecuaciones presupuestarias correspondientes, que aseguren la confiabilidad de dichos registros en cumplimiento de la normativa aplicable. [Resultado 1]

    La recomendación 11-1-18T4M-04-0218-01-002:

    Para que Pemex Refinación implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, las unidades responsables de elaborar, revisar y formalizar los contratos que se celebren, verifiquen que se realicen con fundamento en las modalidades establecidas en la normativa aplicable. [Resultado 2]

    La recomendación 11-1-18T4M-04-0218-01-003:

    Para que Pemex Refinación, en el ámbito de sus atribuciones, se cerciore de que las modificaciones a los contratos se formalicen oportuna y adecuadamente mediante el convenio correspondiente, y de la misma manera, en caso de incumplimiento del programa de obra, se apliquen las penalizaciones a las que las empresas contratistas responsables de la ejecución de los trabajos se hagan acreedoras de conformidad con las cláusulas contractuales y con la normativa aplicable. [Resultado 5]

    I. La solicitud de aclaración es:

    Solicitud de Aclaración 11-1-18T4M-04-0218-03-001.- Para que Pemex Refinación aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del destino de los 178,080.2 miles de pesos asignados en el presupuesto 2011 para la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, B.C.S., ya que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, en el formato correspondiente a Programas y Proyectos de Inversión Concluidos en Proceso y por Tipos, no se reportó monto ejercido, por lo que se aprecia un subejercicio por dicha cantidad. [Resultado 1]

    J. Las Promociones de responsabilidad establecen:

    Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11-9-18T4M-04-0218-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión contrataron a III Servicios, S.A. de C.V., para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional Mixta núm. 18400004-002-11, bajo una modalidad que no está prevista en la normativa aplicable, y sin respetar el Convenio Marco celebrado entre ambas entidades, que no facultaba a ésta última para realizar actividades relacionadas con la adjudicación y contratación de ningún tipo de obras. [Resultado 2]

    Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11-9-18T4M-04-0218-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que formalizaron el contrato GCM-SC-III-048/10 relativo a la contratación, supervisión, seguimiento, y control de la obra para la Construcción del Muelle de La Paz B.C.S., no previeron penalizaciones por atrasos en el programa durante la ejecución de los trabajos.

    Asimismo, por la falta del convenio para formalizar la reprogramación autorizada mediante notas de bitácora en el contrato núm. III-EST-COP-053-11, celebrado con el consorcio Blastinaval de México, S.A. de C.V., Oceanografía, S.A. de C.V. y Proyectos y Medio Ambiente S.A. de C.V., para modificar el programa de ejecución, el cual experimenta un atraso significativo sin que a la fecha la supervisión externa Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., hayan realizado acciones para corregir dicha problemática o sancionar al señalado consorcio. [Resultado 5]

    K. En ese sentido, queda muy claro para esta representación que la siguiente etapa señalada por la Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas, corresponde por un lado a la Entidad de Transparencia y Anticorrupción por cuanto al fincamiento de responsabilidades, y a la Cámara de Diputados por cuanto a la aprobación de la Cuenta Pública 2011, y las comisiones ordinarias de dictamen de la misma Cámara en la formulación de observaciones para el presupuesto de Egresos de la Federación.

    L. No obstante lo anterior, y en ejercicio del seguimiento informado que corresponde a este Congreso, se considera viable y se resuelve solicitar al titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX) información para determinar el nivel de cumplimiento de las 3 observaciones, la solicitud de aclaración y las 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria formuladas por la ASF en relación con este caso.

    M. Por cuanto hace al plazo para dar respuesta a este cuestionamiento, esta representación considera sin fundamento dar 10 días al funcionario, ya que no existe facultad alguna en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, que nos permita establecer un plazo para la entrega de la información solicitada.

    N. Finalmente, por cuanto a que la Comisión Permanente de Congreso haga una solicitud de información a la empresa “Instalaciones Inmobiliarias para Industrias S. A. de C. V.”; esta representación considera  si bien es cierto que la fracción I de la letra A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una obligación de transparencia a los particulares —personas físicas o morales—, que reciban y ejerzan recursos públicos; también lo es, que tal precepto no da facultad al Congreso o a su representación para pedir información directamente, habida cuenta el principio de legalidad constitucional establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, en interpretación integral y armónica con el principio de facultad expresa a las autoridades federales establecido en el 124 de la Carta Magna.

    En ese sentido, esta representación considera improcedente la solicitud y por tanto resuelve desecharla, no obstante lo cual queda a salvo el derecho de los promoventes de acudir en lo particular al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Federal, para solicitarla.

    Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, sirva brindar a la brevedad, la información relativa al cumplimiento de las recomendaciones, la solicitud de aclaración y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Federación 2011 a saber:

    • Recomendación 11-1-18T4M-04-0218-01-001.
    • Recomendación 11-1-18T4M-04-0218-01-002.
    • Recomendación 11-1-18T4M-04-0218-01-003.
    • Solicitud de Aclaración 11-1-18T4M-04-0218-03-001.
    • Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11-9-18T4M-04-0218-08-001.
    • Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 11-9-18T4M-04-0218-08-002.

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISION”.






    Que exhorta a vigilar y hacer cumplir los derechos humanos en el ámbito laboral.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    "TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto con el objeto de hacer un exhorto al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en el marco de sus respectivas atribuciones impulsen las acciones y reformas necesarias al mundo del trabajo, para recobrar el respeto a los derechos humanos laborales, en bien de los trabajadores, sus familias y la nación, suscrita por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión se abocaron a la revisión, análisis y evaluación por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    I. ANTECEDENTES.

    La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

    II. CONTENIDO.

    A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente:

    “Apenas unos días atrás, se conmemoró el Día del Trabajo, que haya su raíz en el sacrificio en el año de 1886 de los llamados Mártires de Chicago. Es decir, han transcurrido 128 años de las luchas heroicas de los trabajadores por una jornada de 8 horas, por un salario digno, por empleo suficiente, por adecuadas condiciones de seguridad e higiene.

    Sin embargo, basta echar una mirada al estado actual que padecen los trabajadores en México para darse cuenta de que la rueda de la historia se ha ido en reversa, extinguiendo gran parte de los derechos que el sacrificio de los Mártires de Chicago, que la lucha del movimiento obrero nacional e internacional, hicieron una realidad. Extinción no sólo fáctica, sino como consecuencia de la contrarreforma a la seguridad social de por lo menos parte del año de 1992 y la contrarreforma del 2002.”

    B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los siguientes:

    “La jornada de 8 horas, aparece cada vez más como un sueño imposible; los trabajadores para obtener los recursos necesarios para sobrevivir se ven obligados a desempeñar dos o más empleos, o desgastarse en la creciente prestación de tiempo extraordinario, o dobleteo de turno. En tal razón los trabajadores apenas tienen tiempo para ingerir alimentos, o para atender a su familia; todo esto en grave afectación de su salud física, mental y social.

    El desempleo aumenta, y los empleos son cada vez más precarios, baste recordar que el 60% de los empleos son informales y, que marzo de este año, tuvo una tasa de desempleo de 4.80%,  más elevada que la del mismo mes del 2013 (INEGI).

    Sumado al creciente empleo del outsourcing, la simulación de las relaciones de trabajo bajo formas civiles y mercantiles, y una brutal flexibilización de la relación de trabajo. Concretamente, en el país el déficit de empleo asciende a 34 millones de plazas (Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, CAM).

    En cuanto al empleo de niñas y niños, además de los 3 y medio millones que son explotados diariamente; según cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación y del Sistema DIF Nacional, por lo menos 70 mil menores son víctimas del tráfico de personas,  de las peores formas de trabajo infantil, ¡qué fuerza moral puede tener el Estado Mexicano frente a la comunidad internacional, con estas cifras de horror en perjuicio de nuestras niñas y niños!

    Nuestro salario, es de vergüenza, ya muy inferior al de China, uno de los más bajos del mundo. De manera que los salarios de 1987 a la fecha han acumulado una pérdida de 77.79 % (de acuerdo a datos del CAM).

    Los derechos a la sindicalización, contratación colectiva y huelga, son perseguidos sistemáticamente, están en franca extinción.

    El proponente plantea que las  llamadas reformas estructurales han contribuido a ahondar el maltrato de los derechos humanos laborales: la reforma educativa fue ante todo una reforma laboral para acabar con los derechos de los profesores, igualmente la reforma financiera desconoció derechos básicos de los trabajadores al servicio de la Banca de Desarrollo, así como las reformas en materia de telecomunicaciones y energética lo harán con los trabajadores de ese sector. Para no hablar del mal llamado seguro de desempleo que se pretende cubrir con los ahorros de vivienda de los propios trabajadores; o la reciente propuesta de arrebatar 5.2  millones de viviendas a los trabajadores, so pretexto de acabar con el problema de las casas abandonadas, que Estado y empresas del ramo han provocado.

    Todo esto es el caldo de cultivo de un mercado interno cada vez más reducido, de una pobreza creciente e inadmisible, de violencia y crecientes conflictos sociales que tienen en un tris la viabilidad nacional.”

    C. Concluye el proponente al señalar que:

    “En suma, el mundo del trabajo resiente decenas de años de injustica, por lo que se exigen acciones urgentes para impedir que los trabajadores y sus derechos continúen hundiéndose en claro incumplimiento de lo ordenado por el artículo 123 Constitucional, así como por los instrumentos internacionales de los que México es parte.

    Esto exige la revisión de las contrarreformas laboral y a la seguridad social, una política sistemática para elevar el poder adquisitivo de los salarios para aumentar el número de empleos formales y dignos, suprimir el empleo de los niños y niñas menores de catorce años y las peores formas de trabajo infantil, impulsar la sindicalización y la contratación colectiva, a fin de lograr un mayor equilibrio entre los factores de la producción y, por tanto, una mejor distribución de la riqueza nacional, recobrar la seguridad social solidaria, poniendo fin, especialmente, al lucro descarnado de las Afores. Sólo así México recobrará mayores índices de crecimiento y desarrollo económicos”.

    D. Con lo anterior, el proponente formula el siguiente:

    “Punto de Acuerdo:

    ÚNICO. La Comisión Permanente, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en el marco de sus respectivas atribuciones impulsen las acciones y reformas necesarias al mundo del trabajo, para recobrar el respeto a los derechos humanos laborales, en bien de los trabajadores, sus familias y la nación.”

    III. CONSIDERACIONES.

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. La Tercera  Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta antes descrita y coincide con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para que en el marco de sus atribuciones realicen las modificaciones pertinentes en materia laboral, con las siguientes observaciones:

    Que desde la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, mediante el cual además de poner fin a la Primera Guerra Mundial, estableció la creación de la Organización Internacional del Trabajo, en su apartado XIII.

    Que en la sección I de la parte XIII del citado Tratado, la Liga de las Naciones Unidas  señaló lo siguiente:

    “Siendo el objeto de la Liga de las Naciones el establecimiento de la paz universal y no pudiendo ser ésta un hecho sin hallarse basada sobre la justicia social;

    Y siendo así que las condiciones del trabajo existentes suponen, para gran parte del pueblo, injusticias, penalidades y privaciones que por efecto del gran estado de inquietud que producen, ponen en peligro la paz y la armonía del mundo; y siendo requerida con gran urgencia una mejora de aquellas condiciones: por ejemplo, mediante la reglamentación de las horas de trabajo, incluso el establecimiento de un máximum por día y por semana, la reglamentación de las ofertas de empleo, las medidas para evitar la falta del mismo y para proporcionar salarios suficientes, las medidas de protección del obrero contra las enfermedades y accidentes del trabajo, de los niños, de los jóvenes y de las mujeres, las disposiciones relativas a la vejez y la incapacidad, la protección a los intereses de los obreros empleados en países distintos de los suyos, el reconocimiento del principio de la libertad de asociación, la organización de la educación técnica según la vocación individual, y otras medidas;

    Considerando además que el hecho de dejar una nación cualquiera de adoptar condiciones humanas de trabajo constituye un obstáculo a la marcha de las otras naciones que deseen mejorar las suyas;

    Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente del mundo, acuerdan…

    Que fue así como se dio origen a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que se encarga entre otras cosas de promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo.

    Que con relación al exhorto que se busca hacer al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, esta Comisión considera reformular el resolutivo, ya que lo que el proponente solicita es en términos generales, fortalecer los derechos laborales a través de acciones y reformas las disposiciones legales correspondientes.

    Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y  Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    ACUERDO

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus respectivas atribuciones vigile y haga cumplir los derechos humanos en el ámbito laboral.

    SEGUNDO.-La Comisión Permanente exhorta al Congreso de la Unión para que impulse nuevas acciones y reformas legislativas que permitan fortalecer los derechos humanos en el ámbito laboral.

    TERCERA COMISION"

    Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes con puntos de Acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Aprobados, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

     






    Pasamos a desahogar los dictámenes que se reservaron para discusión. Al concluir la discusión de todos los dictámenes reservados, procederemos a votarlos en un solo acto.

    La Diputada Dora Talamante Lemas reservó los siguientes:

    De la Primera Comisión, el que exhorta a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a impulsar las gestiones legislativas para incorporar en sus legislaciones locales el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION

    H. ASAMBLEA

    A la Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión fueron turnadas  el pasado 7 de mayo del 2014 dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se exhorta a los Congresos Estatales a incluir la paridad de género en materia electoral en sus marcos jurídicos locales, en razón de la reciente reforma constitucional en la materia.

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

    METODOLOGÍA

    La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

    I. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

    II. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo de los proponentes.

    III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

    ANTECEDENTES

    a. Con fecha 7 de mayo de 2014 el Senador Benjamín Robles Montoya presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a las Legislaturas de los Congresos Locales para que en el marco de la reforma política-electoral, así como de la aprobación las Leyes Secundarias en la materia, consideren la inclusión de la paridad de género en el acceso de los cargos de elección popular, específicamente en las listas de ayuntamientos y alcaldías. 

    b. Con fecha 7 de mayo de 2014 la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los Congresos Estatales a incorporar en sus constituciones locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral.

    c.  La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dichas propuestas se turnaran a esta Primera Comisión mediante el oficio No. CP2R2A.-63 y CP2R2A.-88, respectivamente. 

    CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

    II. a Proposición del Senador Benjamín Robles Montoya.

    El proponente plantea que la inclusión de las mujeres en las relaciones de poder es un factor determinante en la construcción de cualquier régimen político contemporáneo.

    Asimismo, argumenta que en el marco de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el pasado mes de febrero, se contempló en el artículo 41 apartado D y en el Segundo Transitorio, garantizar por parte de los partidos políticos la paridad de género en las candidaturas a legisladores tanto federales como locales.

    A efectos de lo anterior, el senador señala que existen diversos instrumentos del derecho internacional que mandatan la paridad de género. Menciona que la Convención de Viena de 1993 establece que, los derechos humanos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible  de los derechos humanos universales”.

    De igual modo, aduce que de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la paridad de género consiste en que mujeres y hombres deben ocupar el mismo número de posiciones en toda organización, toda vez que se  debe incluir la participación significativa tanto de hombres como mujeres.

    No obstante todo lo anterior, el legislador sostiene que a pesar de la reforma constitucional que ha tenido lugar en nuestro país, lo cual reconoce como un gran avance en los procesos democráticos y de representación  política para México, esta modificación no obliga ni considera que los congresos estatales se pronuncien bajo los criterios de paridad de género en la integración de las listas concejales a los ayuntamientos.

    A más de lo anterior, el proponente asegura que de acuerdo a datos del Instituto Mexicano de las Mujeres (INMUJERES), el porcentaje de Presidentas Municipales en el año 2000 fue de 3.5% en comparación con el 5.9% en el año 2012, lo cual valora como un mínimo aumento en el número de la participación femenina en el aspecto de gobierno municipal.

    De este modo, es que el proponente señala que toda vez que la diferencia en la proporción de Presidencias Municipales encabezadas al día de hoy por mujeres es menor en relación con la que las que dirigen hombres, es necesario exhortar a los congresos estatales a adoptar criterios de paridad de género en la conformación de las listas de ayuntamientos y alcaldías, a fin de evitar que la discriminación y la violencia impidan la plena incursión de las mujeres en cargos de toma de decisión.

    II.b Contenido de la proposición de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena.

    Al igual que el Senador Robles, la Diputada Mícher señala la trascendencia de la de la reforma al artículo 41 constitucional en lo que a paridad de género respecta. Sobre esto, arguye que a pesar de que este es un cimiento importante para el desarrollo de la política de igualdad de oportunidades en nuestro país, esto no es suficiente para permear con este principio los marcos jurídicos de los estados.

    La proponente indica que para establecer una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en todos los estados de nuestro país, debe de considerarse el contenido del artículo 7 de la de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), del cual México es parte, que establece lo siguiente:

    “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país."

    Del mismo modo, la diputada argumenta que hoy en día, ni el proceso de democratización que se ha llevado a cabo en el país ni las llamadas transformaciones estructurales del Estado han tenido un impacto significativo en la participación política de las mujeres.

    Así,  fundamenta en que si bien es cierto que el Congreso de la Unión registra una representación inédita en el número de legisladoras toda vez que de 500 curules en la Cámara de Diputados, 184 son ocupadas por mujeres; y por su parte se cuenta con 42 senadoras de 128, que representa el 36.8% y el 33% del total respectivamente es claro -señala la proponente-  el rezago que persiste en la realidad a nivel local ya que en 2013, el promedio nacional de escaños ocupados por mujeres en los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era de 27 por ciento además de que, de acuerdo a datos del INEGI, de 2,285 municipios, solo 176 son gobernados por mujeres, es decir el 7.7%.

    Acorde con lo dicho en el párrafo previo, la Diputada proponente sostiene que para avanzar en una profunda reforma social orientada hacia una liberación de los roles y cargas tradicionales que limitan y estigmatizan a las mujeres, es menester que las entidades federativas lleven a cabo un proceso de armonización legislativa a fin de garantizar la incorporación de los avances legislativos que en materia de igualdad de género se han aprobado a nivel federal, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de todas las mujeres mexicanas.

    Con base en todo lo anterior, la proponente exhorta a los congresos locales a que en sus constituciones estatales incorporen, en congruencia con la Constitución Federal, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral.

    II.c  Resolutivos de los proponentes.

    Proposición del Senador Benjamín Robles Montoya.

    UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Congresos Locales para que en el marco de la publicación de la Reforma Constitucional en materia política-electoral y las leyes secundarias en la materia, consideren la inclusión de la paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, específicamente en las listas de ayuntamientos y alcaldías.

    Proposición de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena

    UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las 32 Entidades Federativas, para que en armonía con el artículo 41 constitucional, impulsen las gestiones legislativas necesarias para incorporar en sus Constituciones Locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral.

    III. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION.

    Primera.- La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, estima conveniente que la dictaminación de estas dos proporciones con punto de acuerdo sean dictaminadas de manera conjunta, en virtud de que ambas contienen diversas similitudes tanto en la parte considerativa como en la resolutiva. 

    Segunda.- Esta comisión comparte la preocupación de los legisladores proponentes por garantizar el principio de paridad de género entre hombres y mujeres no sólo en el ámbito electoral, sino en todos los ámbitos de la vida social y política de nuestro país. Del mismo modo, consideramos que para fines de armonización del marco jurídico de los estados en relación con la reforma constitucional en la materia, sería relevante que las entidades llevaran a cabo un proceso reformatorio a fin de contar con una completa congruencia entre los esquemas jurídico-electorales, federales y estatales.

    Tercera.- No obstante lo señalado en el numeral anterior, esta comisión se pronuncia por el respeto al federalismo y la autonomía de los poderes estatales establecido en el artículo 40 constitucional.

    Bajo ese precepto, debemos señalar que la reciente reforma al artículo 41 de nuestra constitución en cuanto al principio de paridad entre hombres y mujeres, es específico en tanto que estipula que esta se llevará a cabo sólo en los poderes legislativos federales y estatales, tal y como se cita a continuación:

    Artículo 41.

    Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

    Derivado de lo anterior, esta comisión estima que la propuesta del Senador Benjamín Robles Montoya no es congruente con lo estipulado en la reciente reforma constitucional en materia político-electoral, tal y como en su propuesta lo argumenta. Lo anterior es así toda vez que de ser considerada su proposición como positiva, esta soberanía instaría a los congresos estatales a legislar sobre un tema que la reciente reforma constitucional no contempló, en virtud de que como ya fue señalado, esta dejó fuera al ámbito ejecutivo y/o municipal, que es un elemento que el mismo proponente reconoce en las consideraciones de su propuesta. 

    Cuarta.- Por otra parte, esta comisión estima que la proposición de la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena es más general y congruente con el texto Constitucional vigente, respecto a instar a las legislaturas estatales a la armonización jurídica de sus constituciones locales con la federal,  a fin de que en estas exista el principio de paridad de género tal, y como fue estipulado con la reforma  constitucional en materia político-electoral.

    De este modo, la propuesta de la Diputada coincide en gran medida con la inquietud planteada por el senador Benjamín Robles Montoya, ya que partiendo de la obligación constitucional recientemente publicada, sería viable que las legislaturas estatales inicien un proceso de armonización constitucional, en virtud de que contribuye a una adopción en todo el país del principio de paridad entre hombres y mujeres en el ámbito electoral, lo cual podría derivar en el mediano y largo plazos en que este principio fuera tocante a las candidaturas en ayuntamientos y presidencias municipales, tal y como lo sugiere el Senador Robles. 

    Quinta.- Esta dictaminadora, estima que la reforma constitucional en materia político-electoral, modificó de manera sustancial la correlación entre los ordenamientos locales y federales en la materia, toda vez que los procesos electorales estatales habrán de ser regidos por un solo ordenamiento de carácter federal, que contempla nuestra carta magna respecto a que impere en los estados la paridad de género en materia electoral específicamente en el ámbito legislativo. De tal modo que la adecuación a la que los proponentes instan a las legislaturas estatales, basándose en la reciente reforma constitucional en la materia, es viable y acorde al espíritu del texto constitucional vigente respecto a la paridad de género en el ámbito electoral.

    Sexta.- Acorde con el numeral anterior, esta comisión considera que el contenido en el artículo 1 numerales 2 y 3  del dictamen por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, refuerza las consideraciones de esta comisión y de las proposiciones de los legisladores proponentes, toda vez que en el artículo primero de este proyecto, se dice a la letra:

    Artículo 1

    1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en la materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.

    2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución.

    3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley.

    Séptima.-Del mismo modo, el exhorto que se propone es congruente con lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto recientemente aprobado en el Congreso de la Unión, de la Ley General de Partidos Políticos en el que se estipula lo siguiente:

    Artículo Tercero.- El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014.”

    Octava.- Con base en los numerales previos, es que esta comisión considera que estas proposiciones son de aprobarse de manera conjunta, basándose en el resolutivo de la Diputada Mícher Camarena, en virtud de que llamar la atención de las legislaturas estatales para adoptar las medidas recién aprobadas, coadyuvará a la adopción del principio de paridad en las Constituciones locales, así como a la agilización en el cumplimiento del plazo estipulado en artículo tercero transitorio de la aún no publicada Ley General de Partidos Políticos.

    Novena.- Esta comisión estima conveniente modificar parcialmente la redacción del Punto de Acuerdo, en primera instancia debido a que el número de legislaturas a las que la Diputada Mícher Camarena propone exhortar, toda vez que en nuestro país sólo existen 31 Constituciones y mismo número de Congresos locales facultados para llevar a cabo la adecuación que se sugiere; asimismo, se contempla agregar la mención al artículo tercero transitorio en lo que a la adecuación del marco jurídico-electoral local.

    RESOLUTIVO

    UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con plena observancia a los principios del pacto federal, a los Congresos de las 31 Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que impulsen las gestiones legislativas necesarias e incorporen en sus legislaciones locales, el principio de paridad entre hombres y mujeres en materia electoral, así como a atender lo estipulado en el artículo tercero transitorio del decreto aprobado por el Congreso de la Unión de la Ley General de Partidos Políticos.

    Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de mayo de 2014.

    PRIMERA COMISION”.






    De la Segunda Comisión, el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar la inserción del tema “los beneficios de la lactancia materna” en las próximas ediciones de los libros de texto.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)



    Tiene usted el uso de la palabra, Diputada Talamante, para referirse a los dos dictámenes.

    - La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia.

    Con las aprobaciones de las leyes secundarias en materia político-electoral, damos un gran paso para la democratización de nuestro sistema político. Entre los avances que se incluyen podemos resaltar el tema de la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales.

    Es indudable reconocer la imperante responsabilidad de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para garantizar la efectiva observancia de este mandato legal. Este gran avance legislativo no concluye con esa reforma, pues nos obliga a establecer los cambios necesarios en el estatuto de los partidos políticos, para que en el menor tiempo posible se haga realidad esta medida.

    En Nueva Alianza estamos a favor de seguir avanzando en el camino de la igualdad, y por ello votamos a favor de este dictamen que exhorta a los congresos locales y a la Asamblea del DF, desde sus ámbitos de competencia, para que den cabal cumplimiento a este mandato legal. Tenemos que reconocer que la paridad es un factor que incide en el incremento de mujeres en cargos de elección popular, pero también nos recuerda la obligación de seguir aportando para la construcción de la igualdad sustantiva.

    Es en el anhelo de todas las democracias donde la paridad y la igualdad son una realidad cotidiana en la familia, en la educación, en el ámbito laboral, cultural, social y político. Estas acciones afirmativas estoy segura permitirán erradicar los múltiples obstáculos que aún subsisten en el acceso y permanencia de las mujeres en los espacios de poder y cargos de representación política.

    A pesar de que nuestra Constitución y leyes reglamentarias recientemente aprobadas establecen las bases para lograr la plena incorporación de las mujeres a la toma de decisiones y en la vida política de nuestro país, es necesario incorporar mecanismos específicos para cerrar las brechas jurídicas que impiden el cabal y efectivo cumplimiento de la paridad de género.

    En Nueva Alianza estamos atentos a que la norma electoral, que será aplicada en los próximos procesos electorales, no sólo se plasme en la representación paritaria, sino que los partidos políticos en general trabajen en la formación de liderazgos de las mujeres para ampliarnos espacios de participación política, pero sobre todo en la esfera de la toma de decisiones, pues de esta forma será como se cristalice la efectiva representación de género en la política mexicana.

    Es cuanto, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Les pido, por favor, guarden silencio y escuchen a la Diputada.

    Continúe con el siguiente dictamen, por favor.

    - La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Gracias.

    El dictamen que se somete a consideración de este Pleno resulta de la mayor relevancia para la salud de las futuras generaciones, promueve los beneficios de la lactancia materna desde la educación básica y permitirá conocer de manera científica los aportes nutricionales que la madre puede transmitir a sus hijas e hijos a través de la leche materna.

    Las estadísticas son claras sobre este aspecto. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se muestra que el porcentaje de madres que no amamantan a sus hijos es de un 85%, y sólo el 14% amamantan a sus hijos de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

    Lejos de estigmatizar a las mujeres que por alguna razón no proporcionan leche materna a sus bebés, debemos enfocarnos en generar una cultura de alimentación saludable en sus primeros días. Los diversos estudios sobre el tema coinciden que la lactancia materna es esencial en los primeros seis meses de vida, ya que asegura un pleno desarrollo de las y los niños protegiéndolos de enfermedades.

    Se considera que la leche materna es el alimento idóneo para el buen crecimiento de las niñas y niños, ya que fue hecha especialmente por el cuerpo de su madre para cubrir las necesidades del bebé. En cambio, las fórmulas lácteas contienen azúcar añadida en cantidades elevadas, desde el 28 al 54%, lo que en el transcurso de los años puede generar sobrepeso y obesidad infantil.

    En comparación a nivel internacional, nuestro país se encuentra dentro de los países de América Latina con menor índice de lactancia materna, como consecuencia de la ausencia de políticas dirigidas a la protección materno infantil y de regulaciones que limiten la industria de la promoción de los sustitutos de leche materna.

    Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza resulta fundamental la promoción de la lactancia materna como un tema de salud pública, por ello, consideramos adecuado el exhorto para que la Secretaría de Educación Pública considere, desde un aspecto pedagógico, la inclusión de los beneficios de la lactancia materna en los libros de texto y en los planes curriculares de la educación primaria. Asimismo, consideramos que una mayor promoción de estos beneficios deben de estar plasmados en los derechos de las trabajadoras para propiciar la leche materna en sus hijos e hijas y cuenten con infraestructura, en sus trabajos, adecuadas para ello.

    Es cuanto, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputada Talamante.






    El Diputado Abel Octavio Salvado Peña reservó los siguientes dictámenes:

    De la Primera Comisión, el que solicita a los gobiernos locales y al Distrito Federal informar sobre las acciones que se han realizado en el marco de la homologación de la Ley General de Víctimas.

    PRIMERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “PRIMERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura , fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a los gobiernos y congresos estatales a que, en el marco de sus responsabilidades, homologuen el marco normativo de sus entidades con la Ley General de Víctimas, suscrita por los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 7 de mayo de 2014.

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

    METODOLOGÍA

    La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al siguiente procedimiento:

    I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

    II.  CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

    III.  CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

    IV.  RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.

    ANTECEDENTES

    a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 07 de mayo del 2014, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo, que exhorta a los gobiernos y congresos estatales a que, en el marco de sus responsabilidades, homologuen el marco normativo de sus entidades con la Ley General de Víctimas.

    b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fue turnada a la Primera Comisión-Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

    CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

    La proposición en estudio sustenta que la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, establece un marco de  derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como acciones  concretas para garantizar su protección, atención y la reparación del daño.

    Además, reconoce un amplio catálogo de derechos de las víctimas, los cuales incluyen recibir ayuda  y trato humanitario, atención para ellas y sus familiares, conocer la verdad, tener acceso a la  impartición de justicia, reparación del daño y conocer sobre el proceso penal contra sus agresores.

    La Ley General de Víctimas contempla la creación de instancias para la atención de las víctimas como es el Sistema Nacional de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, el órgano de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas dependiente de la Comisión Ejecutiva y como parte fundamental de esta normatividad, se encuentra el Registro Nacional de Víctimas, que  facilitará el acceso a la ayuda que faculta la ley; además, se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas.

    Con la finalidad de establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral, en todas la entidades federativas.

    Los promoventes señalan que se ha vencido el plazo legal que expresa el Transitorio Séptimo para que las entidades federativas de la República armonicen sus legislaciones internas con la Ley General de Víctimas y existen estados que no han realizado las adecuaciones para cumplir con el mandato legal.

    La propuesta señala que de acuerdo al Informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a  Víctimas (CEAV), los estados que han mostrado un mayor compromiso y que registran avances significativos en la adecuación de sus normas legales son 11: Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

    Los estados con una condición de mediano cumplimiento, es decir, que sus avances son  irregulares, no presentan una consistencia importante en sus acciones para cumplir con lo dispuesto  en la Ley y sus informes son incompletos, confusos o parciales, se encuentran: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas y los estados que no han avanzado en prácticamente ningún rubro, de los que se  carece de información oficial sobre su actual situación en esta materia, que han sido omisos en un  alto porcentaje respecto de sus obligaciones en la actualización de sus legislaciones en favor de las  víctimas son: Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas.

    Por las consideraciones anteriores los Diputados someten a consideración de la Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

    PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores y Congresos locales de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas para que en el marco de sus responsabilidades conformen las comisiones ejecutivas estatales, los registros estatales de víctimas, los fondos de ayuda, asistencia y reparación integral del daño, así como los centros de asesoría jurídica victimal en cada una de las entidades, para homologar el marco normativo de sus entidades con la Ley General de Víctimas, a fin de cumplir con lo establecido por dicha ley.

    SEGUNDO. Exhorta a los gobernadores y Congresos locales de Baja California, Coahuila, Estado de  México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz a que, en el marco de sus responsabilidades, continúen con la homologación de la Ley General de Víctimas al marco normativo de sus entidades, a fin de concluir con dicho proceso en beneficio de las víctimas.

    CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISION

    Los integrantes de la Primera Comisión señalan que la necesidad de una Ley General de Víctimas se hizo manifiesta en México puesto que la falta de un marco regulatorio de este tipo puso en evidencia que las instituciones que existían previa la publicación del cuerpo legal no eran suficientes para atender las demandas de las víctimas, en ese sentido se reconoce la importancia de que los titulares del poder ejecutivo estatal deben impulsar las adecuaciones de la leyes locales para incorporar las medidas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos reconocidos a las víctimas como lo es recibir ayuda, asistencia y atención, para ellas y sus familiares, por parte del Estado.

    Esta Primera Comisión analizó la información disponible en los sitios Web de los congresos de los estados y el Informe presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que su propósito es identificar el cumplimiento a la obligación dada en la Ley General de Víctimas, respecto a la estructura orgánica que cada entidad federativa debe tener para la cabal observancia de la ley y sus respectivos ordenamientos estatales, a fin de estandarizar el análisis institucional que materialice la atención a las víctimas.

    El diagnóstico presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que se encuentra publicado en su página Web, es un primer ejercicio de monitoreo y rastreo oficial de información pública disponible y de un análisis técnico sobre el contenido y alcances de las legislaciones existentes en cada entidad relacionadas con la atención y protección de los derechos de las víctimas. En el diagnóstico se muestra si las entidades federativas cuentan con una ley local de atención a víctima; si la legislación o norma en la materia con la que cuenta el estado restringe los derechos de las víctimas; si cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con una Comisión Ejecutiva autónoma, un registro de víctimas y si incluye víctimas de derechos humanos; si el estado cuenta con Asesoría Jurídica y si cuenta con fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas.

    Como resultado del monitoreo, los estados que han mostrado un mayor compromiso y que registran avances significativos en la adecuación de sus normas legales son 11: Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

    Los estados con una condición de mediano cumplimiento, es decir, que sus avances son  irregulares, no presentan una consistencia importante en sus acciones para cumplir con lo dispuesto  en la Ley y sus informes son incompletos, confusos o parciales, se encuentran: Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

    Finalmente, en este mismo estudio existen estados que no han avanzado en prácticamente ningún rubro, se encuentran: Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, dicha información está actualizada hasta el 30 de abril del presente año.

    Los legisladores de esta Primera Comisión coinciden en que el análisis no pretende descalificar o minimizar los esfuerzos que se han hecho en diversos estados en la materia. Se trata de un primer acercamiento con las entidades para visibilizar el estatus de cada uno y al tratarse de disposiciones legales que se deben acatar en todas las entidades y niveles de gobierno sin excepciones, tienen que adecuar sus marcos normativos locales para atender a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

    Los integrantes de la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente de la H. Congreso de la Unión, reconocen la importancia de que los titulares del poder ejecutivo estatal deben impulsar las adecuaciones de la leyes locales, para incorporar las medidas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos reconocidos a las víctimas, recibir ayuda, asistencia y atención, para ellas y sus familiares, por parte del Estado, tomando en consideración que ya venció el plazo estipulado en el Séptimo Transitorio de la Ley General de Victimas, para que los Congresos Locales armonicen todos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley.

    Por tal motivo, se considera pertinente realizar un cambio en la redacción del Punto de Acuerdo en estudio, con la finalidad de conocer exactamente las acciones que están realizando en cada una de las entidades federativas, ya que no toda la información se encuentra disponible y es recomendable solicitar a los gobernadores y a los Congresos estatales en el marco de sus responsabilidades un informe de lo que hasta hoy en día han realizado derivado de la publicación de la Ley General de Victimas y las adecuaciones que están realizando para adecuar sus normas locales a favor de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos.

    Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, es procedente la aprobación de la propuesta con punto de acuerdo con las modificaciones que se plantean en la redacción del texto siguiente:

    RESOLUTIVO

    ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los gobernadores,  Congresos locales así como al Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que en el marco de sus responsabilidades, remitan un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones que se han realizado en el marco de la homologación de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, y que establezcan la fecha en que se llevará a cabo en cada una de las entidades dicha homologación.

    Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de mayo de 2014.

    PRIMERA COMISION”.






    De la Segunda Comisión, el que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar una campaña nacional de difusión para los padres de familia para garantizar la primacía del interés superior de los niños y adolescentes en casos de separación o divorcio.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    De la Tercera Comisión, el que exhorta a implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    "TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a La  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, a implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados y a revisar de manera conjunta con las agrupaciones de productores la posible liberación de cupos de importación , suscrita por las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Fomento Económico.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    I. ANTECEDENTES.

    1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de mayo de 2014.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    II. CONTENIDO.

    Refieren los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de Fomento Económico que el virus de la Diarrea Epidémica Porcina (DEP), fue primeramente reconocido en el Reino Unido en 1971, durante el 2013, se han tenido reportes en Europa y Asia. En el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se confirmó el diagnostico por primera vez el 17 de mayo de 2013 en Iowa.

    Por su parte en México, se confirmó el primer diagnóstico el día 30 de julio de 2013, y fue el día 8 de agosto cuando se emitió un diagnostico confirmatorio de la Comisión México-Americana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA). Al día de hoy se tienen otros casos positivos en la zona centro de México, mismos que están por confirmarse mediante pruebas moleculares.

    Señala la propuesta que la presentación de la Diarrea Epidémica Porcina (DEP) en cerdos neonatos es más grave debido a que la morbilidad y mortalidad puede ser de ochenta al cien por ciento. Las pérdidas económicas se deben directamente a la mortalidad generada y los costos de producción se incrementan por la vacunación y aspectos relativos a la bioseguridad. Cabe mencionar que hasta el momento no existe un tratamiento efectivo contra esta enfermedad.

    Asimismo, se plantea que la Diarrea Epidémica Porcina no se encuentra en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), por lo que no existen medidas de cuarentena o restricciones en el movimiento de porcinos a nivel internacional y/o interestatal.

    Desde septiembre del año pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), integró un grupo técnico de sanidad porcina para dar seguimiento a las acciones de prevención y control a la Diarrea Epidémica Porcina en México.

    Mencionan que a partir de junio del año 2013, la SAGARPA a través del SENASICA, ha tomado diversas medidas para proteger a la porcicultura mexicana y prevenir el ingreso de esta enfermedad al territorio nacional:

    1).- Restringió la importación de cerdos vivos o en pie provenientes de Estados Unidos de América, con el objeto de revisar caso por caso y requerir las garantías de sanidad  necesarias.

    2).- El servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), solicitó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) remita información técnica sobre el brote y las medidas contra epidémicas que se aplican, así como las de mitigación de riesgo que implementaría para sus exportaciones.

    3).- Se extremaron las acciones de vigilancia epidemiológica en zonas porcícolas, a fin de identificar incremento anormal en la mortalidad de cerdos en el caso de que sucediera.

    4).- Por lo agudo de la enfermedad y su sintomatología, es muy baja la probabilidad de que los cerdos importados antes del 17 de mayo de 2013 presenten DEP, no obstante, estos animales se encuentran en cuarentena y en vigilancia extrema.

    5).- Los técnicos del SENASICA realizan investigaciones en los predios en donde existen lotes de cerdos importados durante los últimos tres meses,-antes del primer reporte de USDA- y a la fecha no se tiene ningún caso de esta enfermedad en México.

    Se exalta que Estados Unidos de América está siendo afectado por la DEP y hasta el momento gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal, se encuentran aparentemente controlados los brotes que pudieran existir en nuestro país.

    No obstante lo anterior, existe un desabasto de carne de cerdo a nivel internacional por la presencia de la DEP lo que coloca a nuestro país en una coyuntura que se debe de analizar desde dos vertientes:

    • México es deficitario en un 35% en carne de cerdo.
    • Hasta el momento se ha logrado contener la epidemia a nivel nacional.

    En virtud de lo anterior, es imperativo que se generen en nuestro país las condiciones que nos permitan no sólo disminuir el déficit comercial porcícola, sino aprovechar la ventana de oportunidad que se presenta ante el desabasto internacional.

    Se destaca que es necesario estar expectantes a la evolución en las posibles afectaciones a la producción porcícola de los Estados Unidos de América, en virtud de que se reflejarán los primeros  efectos de la DEP en los próximos meses y antes de liberar cupos de importación libres de arancel. De igual forma,  para satisfacer el déficit es necesario hacer una consulta al sector productivo, y que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, implementen un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados, así como revisar de manera conjunta con las agrupaciones de productores la posible liberación de cupos de importación.

    III. CONSIDERACIONES

    A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

    C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, sin embargo, realiza las siguientes observaciones:

    Los integrantes de la Tercera Comisión nos sumamos al ánimo legislativo de los promoventes respecto de la importancia de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Economía, implementen un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados.

    Ante la amenaza que representa  para la salud pública y la economía del país enfermedades como la Diarrea Epidémica Porcina (DEP) entre otras, la SAGARPA por medio del SINASICA, en coordinación con la Organización de Porcicultores del país y la Confederación de Porcicultores Mexicanos, han promovido la integración del Grupo Técnico de Sanidad Porcina, para dar seguimiento a las medidas de prevención, control e información sobre esta problemática.

    Lo anterior ha permitido frenar el brote, ya que se generaron medidas de información a través de manuales, esquemas de certificación, lavado y desinfección de vehículos a fin de evitar la propagación del virus, al tiempo de mantener un monitoreo a través de SENASICA de la enfermedad en los lechones.

    Se señala por último, que los daños por la enfermedad en la población porcina no superó el 3 por ciento de la producción interna y tampoco repercutió en el abasto nacional.

    Por otra parte, el día 7 de abril del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Comisión Ejecutiva para la Productividad de la Cadena Porcícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuya misión es incrementar la producción de alimentos y elevar las condiciones de calidad, sanidad e inocuidad al más alto nivel.

    En tal virtud, esta Tercera Comisión destaca la importancia que tiene el implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que, mediante  el esfuerzo de la nueva Comisión Ejecutiva para la Productividad de la Cadena Porcícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, permita aprovechar el momento coyuntural por el que pasa el mercado extranjero.

    Tras la declaración de los Estados Unidos de América (nuestro principal abastecedor de la carne de cerdo), refiriéndose a  que la Diarrea Epidémica Porcina afectó seriamente su producción, la Secretaría de Economía tomó la decisión de abrir cupos a la importación de carne de cerdo de Brasil, Dinamarca y Chile, pues afirma que es necesaria dicha medida debido a la insuficiencia de los productores mexicanos para cubrir el abasto nacional.

    Frente a esta medida se ha generado incertidumbre entre los productores nacionales.

    Al respecto, la Tercera Comisión se une al interés de los promoventes en el sentido de que la Secretaría de Economía escuche los argumentos de las organizaciones de porcicultores en el país, así como los posicionamientos técnicos, estadísticos y científicos de la SAGARPA, antes de la liberación de cupos de importación libres de aranceles para diversos productos porcícolas.

    Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

    ACUERDO

    PRIMERO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaria de Economía, a implementar un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados, apoyándose para tal efecto, en la nueva Comisión Ejecutiva para la Productividad  de la Cadena Porcícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

    SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que antes de la liberación de cupos de importación libres de aranceles para diversos productos porcícolas, sean escuchados los argumentos de las organizaciones de porcicultores del país y los posicionamientos técnicos, estadísticos y científicos de la SAGARPA.

    TERCERA COMISION".

    Tiene el uso de la palabra el Diputado Abel Octavio Salgado.

    - El C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

    Estamos de acuerdo en la necesidad de que los procedimientos, instancias y principios de la Ley General de Víctimas se vean reproducidos y detallados de acuerdo a las atribuciones de las entidades federativas, esa es justamente la finalidad de una ley general.

    Con la publicación de la Ley General de Víctimas se estableció un marco de derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, así como acciones concretas para garantizar su protección, atención y la reparación del daño. La publicación de esta ley, recordemos, fue uno de los primeros actos de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto anunciado desde el día en que protestó el cargo.

    Al igual que el gobierno federal y varias entidades federativas, que ya han dado cumplimiento a lo establecido en dicho ordenamiento, estamos a favor de que se realicen las medidas legislativas adecuadas para garantizar los derechos fundamentales de quienes han sido víctimas de algún ilícito.

    Vamos a votar a favor de este punto de Acuerdo, como ya lo hicimos el día de ayer en la Primera Comisión, pero debemos dejar claro el hecho de que la Comisión Permanente solicite cierta información a las entidades federativas y al Distrito Federal, no busca imponerla como un superior jerárquico de los estados y los poderes locales.

    Bien sabemos que entre el ámbito federal y el ámbito local no hay jerarquía, sino distribución competencial establecida por la propia Constitución Política y su cláusula federal.

    Estamos a favor de los derechos de las víctimas, del establecimiento de los mecanismos y las instituciones para su protección y del respeto y cumplimiento a la garantía de reparación del daño; pero respetamos, al mismo tiempo y en la misma medida, el principio de soberanía de las entidades federativas.

    Votaremos a favor de este punto de Acuerdo, insisto, únicamente para conocer el grado de avance en la homologación de leyes, pero respetando las atribuciones legales y constitucionales con que cuentan los poderes de los estados de la República y el Distrito Federal.

    Contar con esta información nos habrá de servir para el mejor diseño y normativa a nivel federal y, desde luego, para proponer las mejoras que sean necesarias al diseño normativo e institucional en la atención a los afectados por hechos ilícitos y violaciones de los derechos humanos.

    Refiero ahora, compañeras y compañeros legisladores, al punto de Acuerdo que respetuosamente solicita al DIF Nacional a realizar una campaña de difusión para las madres y los padres de familia sobre la importancia de privilegiar la resolución no violenta de conflictos y garantizar la primacía del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y yo les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, ¿qué es más grande o importante que el bienestar de nuestras hijas e hijos?

    Creo que todos tenemos la responsabilidad, el orgullo y la dicha de ser padres y madres, y podemos responder en el mismo sentido, absolutamente nada puede estar por encima del sano desarrollo, la salud y la felicidad de nuestros hijos; apoyamos en todo momento la integración familiar como núcleo fundamental y primigenio de la sociedad mexicana, independientemente de la integración o de sus miembros, es en la familia el lugar en el que se moldearán nuestros hijos e hijas.

    Desde luego, un sano entorno familiar dotará a los individuos de las suficientes herramientas de convivencia social y emocional para enfrentar y procurarse un camino próspero en el andar de los años. Sin embargo, debemos reconocer que existen casos en que por la dinámica en la convivencia de pareja o por la fractura del vínculo entre padres, se llega a la necesidad de iniciar y promover un divorcio y la separación definitiva.

    Desearíamos que la estadística de separaciones fuera en decremento, pero no es el papel del Estado dirigir de forma paternalista los destinos de las relaciones interpersonales.

    Estamos convencidos que cada individuo es libre de formar la comunidad de vida con quien así desee hacerlo, y por supuesto dejar de hacerlo en el momento en el que esa comunidad no sea deseada conveniente o sana.

    No obstante, sí es papel del Estado, por mandato constitucional, promover y garantizar el interés superior de la infancia como principio rector de las políticas públicas que se diseñen en el Ejecutivo, de las leyes que construyamos como legisladores y a resolver controversias desde el Poder Judicial, los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos y, en particular, en temas de protección a la niñez, así lo reiteran.

    Por ello es que deseamos respaldar la propuesta hecha por nuestra compañera la Diputada Mirna Velásquez, y ampliada y aprobada por la Segunda Comisión, en el sentido de solicitar con toda responsabilidad, diligencia y respeto al DIF Nacional, y siempre cuidando la intimidad de las familias, la realización de campañas de difusión para las madres y los padres sobre la importancia de privilegiar la resolución no violenta de conflictos y garantizar la primacía del interés superior de nuestra infancia en los casos de separación y divorcio.

    La niñez mexicana, en cualquier medio o condición en que se encuentre, tiene el derecho humano a vivir en armonía y en paz, alejados de la traumatizante o violenta separación de sus padres y del mismo modo se les debe garantizar la salvaguarda de todos los derechos que el Estado mexicano le reconoce.

    Finalmente, quiero, con el permiso de la Presidencia, referirme al punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa integral en el fortalecimiento de la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de la carne de cerdo y sus derivados.

    Derivado de las enfermedades porcinas como la diarrea epidérmica porcina que está afectando la producción de este cárnico en Estados Unidos, nuestro país ha impuesto políticas para dar seguimiento a las acciones de prevención y control con el fin de extremar la vigilancia epidemiológica en zonas políticas y prever de esta forma el ingreso de cabezas o de carne de cerdo contaminadas con dicha enfermedad.

    Esta enfermedad provocó un desabasto de carne de cerdo en el mercado mundial y coloca, como lo recuerda la promovente, a nuestro país en un déficit del 35 por ciento, aunque se ha logrado contener la epidemia a nivel nacional.

    Este déficit impone la necesidad de importar carne de cerdo en condiciones de salubridad que le permitan ser utilizados para consumo humano y fuera de cualquier riesgo sanitario.

    Tal como lo reconoce el dictamen que ahora comentamos, esto obligó a la Secretaría de Economía a tomar la decisión de abrir los cupos de importación a la carne de cerdo procedente de Brasil, Dinamarca y Chile. Esta medida era necesaria ante la insuficiencia en el abasto nacional.

    En nuestro país, la producción de carne de cerdo en 2013 fue de poco más de 1 millón 200,000 toneladas, y en ese mismo periodo, se importaron alrededor de 516,000 toneladas para cubrir la demanda nacional.

    El consumo de carne de cerdo per cápita en México es de 15.7 kilos por persona al año; cuando en países como de la Unión Europea rebasan los 75 kilos, en España 54 kilos y en los Estados Unidos 22 kilogramos.

    En síntesis, la carne de cerdo nacional es de primera calidad y la producción nacional tiene un valor de 40,000 millones de pesos; genera 350,000 empleos directos y 1.7 millones de empleos de forma indirecta exportando 71,000 toneladas de carne, por lo que es necesario apoyar la cadena productiva de la carne de cerdo.

    Por todo lo anteriormente expuesto y compañeras, compañeros, es que aprobamos y apoyamos los legisladores del grupo parlamentario del PRI, los dictámenes a los que me he referido con anterioridad, y los invito a todas y a todos ustedes a que con su voto a favor puedan también respaldar la aprobación de los mismos.

    Es cuanto, compañero Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Aguilar Vega: Muchas gracias, Diputado Salgado.

    El Diputado Leobardo Alcalá Padilla reservó los siguientes dictámenes.






    De la Segunda Comisión, el que exhorta a los órganos encargados de implementar la reforma constitucional en materia educativa a realizar las acciones necesarias a efecto de que se cumpla cabalmente con lo aprobado.

    SEGUNDA COMISION

    (Dictamen a discusión)








    Y de la Tercera Comisión, el que exhorta al gobierno federal a coadyuvar con el gobierno de Jalisco y el municipio de Guadalajara a la pronta reconstrucción y rehabilitación del Mercado Corona.

    TERCERA COMISION

    (Dictamen a discusión)

    “TERCERA COMISION

    H. ASAMBLEA:

    A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas dos proposiciones con Punto de Acuerdo que tienen como objetivo exhortar al Gobierno Federal, para que coadyuve con el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara, a la pronta reconstrucción y rehabilitación del “Mercado Corona”; asimismo, para que se otorgue y agilice la entrega de los apoyos económicos a los locatarios afectados por el incendio registrado el pasado 4 de mayo del presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, suscritas por los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

    Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

    ANTECEDENTES.

    1.- En sesión celebrada el 7 de mayo de 2014, el Dip.  Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara, para la pronta reconstrucción y rehabilitación del “Mercado Corona”, proveyendo la canalización extraordinaria de recursos económicos, y la asunción de compromisos, a través de las dependencias competentes y sus programas de apoyo a los emprendedores, a fin de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014.

    2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición antes citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    3.- En sesión celebrada el 13 de mayo de 2014, el Dip.  Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal y Ejecutivo Estatal, a efecto de que se otorguen y se agilice la entrega de los apoyos económicos necesarios a los locatarios afectados por el incendio registrado en el “Mercado Corona”, el pasado de 4 de mayo del presente año, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

    4.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición antes citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

    5.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.

    CONTENIDO.

    Los legisladores proponentes coinciden en que el pasado domingo 4 de mayo el “Mercado Corona” de la Ciudad de Guadalajara sufrió un incendio que consumió la mayor parte del inmueble en su segundo y tercer piso, provocando el colapso del mismo y, desgraciadamente, la imposibilidad de salvar el edificio ante las altas temperaturas que se registraron.

    El incendio dejó daños estructurales muy serios en un área de 80 por 60 metros, en los que se ubicaban 160 locales de pescaderías, carnicerías, fruterías, taquerías y herbolaria, que se quemaron totalmente. Destacan que dicho mercado abastece a miles de familias que compran o se mantienen de su actividad comercial en este mercado.

    Mencionan que en sus cerca de 600 locales trabajaban de forma regular más de 1,500 personas, entre locatarios, dependientes, proveedores, comerciantes semifijos, más aquellos de carácter eventual.

    Reconocen que el impacto crítico que esto tendrá en la economía de estas personas y sus familias es evidente, pero sin duda, este hecho afectará la economía y el modo de vida de muchas mujeres y hombres de forma indirecta por los daños y las pérdidas.

    Mencionan además, que en relación a la reconstrucción y rehabilitación del inmueble, algunos cálculos conservadores estiman que pudiera ascender a más de 100 millones de pesos.

    No obstante, el último reporte dado por el Titular de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara, y declaraciones hechas por el alcalde de Guadalajara, reportan que se deberá reconstruir el mercado en su totalidad ya que tiene daños en un 70% y es mejor construir un nuevo mercado.

    Debido al alto costo, los legisladores creen firmemente que los esfuerzos que se puedan sumar desde otras instancias y órdenes de Gobierno, son también muy necesarios para resarcir el daño a las víctimas y ayudarlos a superar esta contingencia.

    Es debido a lo anterior, que el diputado Abel Octavio Salgado Peña propone el siguiente resolutivo:

    UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara, para la pronta reconstrucción y rehabilitación del Mercado Corona, proveyendo la canalización extraordinaria de recursos económicos, y la asunción de compromisos, a través de las dependencias competentes y sus programas de apoyo a los emprendedores, a fin de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014.

    Por su parte, el diputado Leobardo Alcalá Padilla, hace la siguiente propuesta:

    UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y estatal, a efecto de que se otorguen y se agilice la entrega de los apoyos económicos necesarios, a los locatarios afectados por el incendio registrado en el “Mercado Corona”, el pasado 4 de mayo del presente año, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

    CONSIDERACIONES

    De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

    Esta Comisión comparte la preocupación de los proponentes respecto a los sucesos ocurridos en pasado 4 de mayo en el “Mercado Corona”, y consideran que existen las condiciones suficientes para que el Gobierno Federal realice, en coordinación con el Gobierno de Jalisco y el Municipio de Guadalajara, las acciones necesarias para rehabilitar el edificio; o en su caso, la construcción de otro, si las condiciones así lo requieren.

    Igualmente, los integrantes de la dictaminadora, consideran que existen las condiciones para realizar una asignación extraordinaria de recursos para revertir esta lamentable condición, y colocar a los pequeños y medianos empresarios, y a toda la comunidad trabajadora del “Mercado Corona” y sus familias, en la situación en que se encontraban hasta antes del lamentable suceso: el ser una comunidad altamente productiva y preservar la expresión de la cultura, las tradiciones, la gastronomía y hasta la herbolaria propias del Estado de Jalisco.

    Es por lo anterior, que para los participantes de esta Tercera Comisión, resulta muy importante que se otorguen apoyos a aquellos comerciantes y locatarios que se vieron afectados por el incendio, con la finalidad no solo de que en este tiempo de reactivación del espacio afectado puedan salir adelante, sino que se les otorgue un financiamiento de los diversos programas sociales,  para que recuperen sus locales y la materia prima y así puedan volver a su actividad de forma normal.

    Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

    ACUERDO

    PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que coadyuve con el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara, a la pronta reconstrucción y rehabilitación del “Mercado Corona”, proveyendo una partida extraordinaria de recursos económicos a fin de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014.

    SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno de Jalisco y al Municipio de Guadalajara, para que a través de las dependencias competentes, beneficien con los programas sociales de apoyo a los locatarios afectados.

    TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a que se otorguen y se agilice la entrega de los apoyos económicos necesarios, a los locatarios afectados por el incendio registrado en el “Mercado Corona.”

    Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas:

    TERCERA COMISIÓN”.

    Tiene el uso de la palabra el Diputado Leobardo Alcalá.

    - El C. Diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su venia, Diputado Presidente.

    Y ante esta alta tribuna trataré de ser lo más didáctico posible para el mejor entendimiento de lo que hoy en nuestro país está ocurriendo en el tema de la no planificación familiar.

    Hoy, cuando hablamos de planificación y cuando volteamos a hace 15 años, debo decirles que entre 1995 y 1997 se embarazaban, por lo general, según la Organización Mundial de la Salud, 7 por ciento de niñas menores de 19 años. Para el año 2005, esta cifra se incrementó cerca del 16 por ciento, y para el 2010-2012, las últimas estadísticas nos hablan de cerca del 24 al 30 por ciento. Esto quiere decir que hoy en nuestro país, y en muchos países latinoamericanos, por desgracia, las niñas están teniendo niños.

    Yo con mucho respeto digo que cualquier mujer, hay antecedentes de una niña de 9 años en la ciudad de Guadalajara, mi ciudad natal, una niña de 9 años tuvo su bebé.

    El grave problema, señoras y señores Diputados, Senadoras, Senadores, es que este tipo de niños, cuando no existe un proceso de planificación, cuando éstos nacen son rechazados en el seno familiar y son rechazados por la sociedad, y esto va a ser una carga impresionante para los programas de salud pública en el país, porque estos niños cuando crecen, cuando son adolescentes o mayores de edad, se convierten en automático en personas que rechazan a la sociedad que los rechazó a ellos.

    El tema de la planificación, y por eso nos sumamos a los promoventes, no solamente ayuda a planificar, no solamente ayuda a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud, a poder fomentar el mayor nivel en los procesos educativos desde las primarias.

    Hoy es lamentable que muchas niñas o jóvenes en edad de bachillerato estén truncando sus procesos educativos por la desfortuna de haber tenido un bebé no deseado.

    La mayor parte de jóvenes adolescentes en este momento no están casadas, la mayoría, por arriba del 80 por ciento, viven en unión libre y esto provoca que los abuelos se conviertan en papás viejos, y los jóvenes padres de familia se conviertan prácticamente en hermanos de ellos.

    La planificación familiar como beneficio tiene el hecho de que podamos prevenir la mortalidad materna-infantil; hoy en nuestro país, si nos comparamos con países desarrollados, no deberíamos de tener una sola muerte materna, y por desgracia siguen existiendo una serie de subregistros a lo largo y ancho de la República.

    Combatiría en mucho la pobreza y la desigualdad en razón de lo ya explicado, de que muchos de estos jóvenes, de estos niños, son, por desgracia, no aceptados en la misma.

    El tema de prevenir los embarazos no deseados, el tema de mejorar la calidad de vida de las familias, entre tantas cosas, esto provocaría un beneficio no solamente económico al país, sino un beneficio y una integración a nivel social.

    Es por ello que nos adherimos a la misma iniciativa que hoy se presenta, que hoy estamos comentando y que, por tanto, el grupo parlamentario del PRI y en lo personal nos sumamos a la misma.

    En este punto, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, el primer punto en razón a planificación familiar quedaría saldado.

    El segundo, si usted me lo permite, es en relación al Mercado Corona.

    Miren, Guadalajara es una ciudad de más de un millón 600 mil habitantes, Guadalajara en el siglo XX y XXI tenía y tiene como parte importante de su comercio el estado de Colima, y particularmente los muelles de Nayarit.

    Guadalajara se convirtió a lo largo de su historia en el paso obligado del pacífico antes del puerto de San Blas en Nayarit, en el paso obligado de comercio, cuando es fundada Guadalajara en 1542 por Beatriz Hernández, a un costado, quienes conocen del Teatro Degollado, en el centro de Guadalajara, se convirtieron en mercaderes; hoy la ciudad de Guadalajara tiene 92 mercados, de los 92 mercados se mantienen más de medio millón de seres humanos.

    Hace algunos días hubo una desgracia, un desastre, un incendio en el Mercado Corona, que está a un costado de palacio municipal, a un costado de la catedral, en el centro de esa ciudad, antes fue un hospital, de los únicos que tenían y prácticamente en 1760 este hospital tuvo que ser removido por una epidemia, Guadalajara se queda con cerca de 25 mil habitantes al cierre de 1789 aproximadamente.

    Hoy trato de poner en atención este tema, porque son 512 locatarios, 512 familias que se mantienen ahí; si hablamos de seres humanos, son cerca de 2 mil, y de manera directa o indirecta, de esos mercados se mantienen más de 10 mil personas.

    Hoy acudimos y agradecemos el que haya sido votada esta iniciativa presentada por el Diputado Abel Salgado y el de la voz, agradeciendo, porque es de humanos el poder ayudar, es de humanos y es de legisladores el poder extender la mano, y hoy hacemos un exhorto respetuoso al gobierno federal, al gobierno de mi estado y al gobierno de mi municipio a que puedan ayudar no solamente en lo económico a los mismos locatarios, sino que también puedan accesar todos los locatarios del mercado Corona a los programas tanto federales, estatales como municipales.

    Hoy para ellos que viven la desgracia, es un desastre no registrado en nuestras propias leyes, pero finalmente es un desastre para ellos como locatarios, para ellos como seres humanos, pero también para sus propias familias.

    Por tanto, no solamente agradezco, creo que si nos escuchan en la ciudad de Guadalajara, también ellos les agradecerían la bondad de haber votado esto por unanimidad.

    Muchas gracias por su atención.

    PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
    RAUL CERVANTES ANDRADE

    - El C. Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Alcalá.

    Se concede ahora la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para referirse al dictamen de la Primera Comisión, que solicita un informe acerca de los acontecimientos derivados del operativo realizado el pasado 30 de abril por elementos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, en el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco.

    - El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor Presidente.

    La verdad es que el dictamen es correcto; pedir información, tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre esos lamentables hechos.

    Pero es necesario hacer relevancia a lo que ocurrió, no se está acusando de cualquier cosa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya pidió a las autoridades mexicanas investigar, mostró su preocupación y es algo verdaderamente grave.

    El pasado 30 de abril, un grupo de alrededor de 300 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, se trasladaban a pie hacia el municipio de Emiliano Zapata en Tabasco, entre ellos había dos mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

    De acuerdo con los reportes, el grupo fue interceptado por agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Policía Estatal de Tabasco en las cercanías de la comunidad de Chacamac y que fueron detenidos de manera violenta.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información de que Fray Aurelio, de que además hay tres defensores de los derechos humanos que fueron lesionados y agredidos, son Fray Tomás González, Fray Aurelio Montero y Rubén Figueroa, por cierto, son defensores de derechos humanos que ya habían recibido, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los beneficios de las medidas cautelares desde el 19 de abril de 2013, es decir, pedían a las autoridades mexicanas que tuvieran protección por su labor a favor de los migrantes.

    Pues bueno, el 30 de abril fueron agredidos y lastimados también los defensores de los derechos humanos. La acusación es que, incluso, separaron a los niños de las madres ahí, lo cual, por supuesto, es una grave agresión.

    El dictamen, lo que está pidiendo es información oficial al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es correcto.

    Pero hay información por parte de ONG´s de Derechos Humanos, por ejemplo, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otros, que nos hablan de que la agresión fue, pues, violando, incluso, la ley, porque hay que recordar que el transitar por el territorio nacional sin el pasaporte o sin una carta de residencia no debe ser considerado delito, eso ya está establecido.

    Lo leo tal cual: “Circular por el territorio mexicano sin pasaporte, ni documento que acredite la estancia legal no es un delito, ni una falta administrativa”, y sin embargo se actúo en el municipio de Emiliano Zapata con saña, con agresión.

    Y la verdad es que, ¿con qué cara, con qué autoridad moral podemos nosotros reclamarle a los Estados Unidos respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes, si nosotros no podemos dárselos a los migrantes centroamericanos en nuestro territorio?

    ¿Con qué autoridad moral podemos hacerlo?

    Y es terrible, la verdad es que el problema para muchos de estos migrantes no es cuando cruzan la frontera, sino el paso por México, ese es su verdadero infierno para los migrantes, porque no hay nadie más vulnerable que un migrante.

    Y si ese migrante, además, es mujer o es menor de edad, es todavía más vulnerable que un migrante, por supuesto, sin papeles.

    Por eso, y yo diría de incongruencia plena porque pedimos un trato en Estados Unidos para nuestros migrantes, que no les otorgamos a los migrantes centroamericanos, es que quise hacer resaltar este punto de Acuerdo que presentaron la Senadora Angélica de la Peña y el Senador Armando Ríos Piter.

    Vamos a pedir y esperamos que pronto llegue la información oficial del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    Por supuesto, también tendremos que analizar la que venga de las propias organizaciones, las ONG´s que se dediquen a esto, y que tomemos cartas en el asunto.

    No podemos ser pasivos ante la violación de derechos humanos a los migrantes centroamericanos.

    Y una cuestión que deberemos de reflexionar es: ¿si no debiéramos pensar en una nueva política migratoria hacia el sur?

    La verdad es que, no somos, tenemos que aceptarlo no somos capaces de mantener la frontera sellada, digamos, evitar que entren migrantes sin papeles, no podemos evitarlo, pero lo que sí podemos buscar es que no entren por los caminos de las redes del crimen organizado, en donde en muchos casos ya los entregan para ser extorsionados, secuestrados o para la trata de personas.

    Podemos evitar que entren por la puerta de atrás, podríamos buscar que entraran por la puerta de adelante y que sólo con su pasaporte pudieran entrar y tener un permiso para que estén en el país por 1 ó 2 meses, que entren por la puerta grande y no por las vías donde el mismo crimen organizado, insisto, los extorsiona, etcétera; y, por supuesto, revisar bien las policías porque hay también denuncias en donde la policía de migración está coludida con algunas organizaciones del crimen.

    Se han dado casos así, y que estas mismas las ponen a quienes luego los extorsionan, los llevan a la trata de personas, etcétera.

    La matanza de San Fernando, en Tamaulipas, es parte de la historia universal de la infamia y que son cosas que, la verdad, es que no puede ser que con unas simples declaraciones, con declaraciones sentidas y la indignación de momento, ya le demos vuelta a la página. Necesitamos, insisto, una nueva política migratoria.

    Pero bueno, analicemos este caso de Emiliano Zapata, que no quede impune; si hay sanciones, que haya resarcimiento a las víctimas y tomaremos, estoy seguro, en la Primera Comisión, con mucha seriedad esto.

    Esperamos que con oportunidad las autoridades, tanto el Instituto Nacional de Migración, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hagan llegar la información correspondiente y podamos tomar cartas en el asunto y, como digo, no quede impunidad en este hecho, que debe ser catalogado como grave y que nos obliga a actuar en consecuencia.

    Es cuanto, señor Presidente.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Belaunzarán. En virtud de haber agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores 7 dictámenes.

    - La C. Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes ya discutidos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Son aprobados, señor Presidente.

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

     






    Solicito a la Secretaría dé lectura a una comunicación que nos hizo llegar el Diputado José Sergio Manzur Quiroga.

    COMUNICACIONES

    - La C. Secretaria Senadora Barrera Tapia: Doy lectura a la comunicación del Diputado Manzur Quiroga.



    Es todo, señor Presidente.

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Secretaria.

    - El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias. Compañeros Diputados; compañeros Senadores:

    Debemos de honorar la cortesía parlamentaria, el trato entre políticos profesionales y resaltar la labor que se hace en las Cámaras.

    Hoy pide licencia un Diputado amigo nuestro, el Diputado Manzur, y de parte del grupo parlamentario de Senadores del PRD, le damos nuestro reconocimiento y le deseamos todo el éxito en esta labor en bien de la gobernanza de su estado, el Estado de México.

    Enhorabuena, señor Diputado.

    Gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Senadora Rojas, por favor.

    - La C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente.

    Pues, igualmente, a nombre del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y de Senadores, desearle el mayor de los éxitos, Diputado Manzur.

    Yo, como mexiquense, especialmente le deseo el mayor de los éxitos.

    Muchas felicidades.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de los Diputados, allá arriba, por favor.

    - El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: Pido la palabra, señor Presidente.

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Senador Gamboa.

    ¿Desde tribuna o en el escaño?

    - El C. Senador Emilio Gambo Patrón: Desde tribuna, señor Presidente.

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Gamboa.

    - El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros de la Comisión Permanente:

    He pedido hacer el uso de la voz, porque el día de hoy pide licencia, como Diputado federal, el amigo José Manzur, para irse a unas nuevas tareas de gran importancia en su estado.

    Yo quiero dejar testimonio de reconocimiento al Diputado Manzur, que hasta hace rato era el Presidente de la Comisión de Presupuesto, una comisión vital en la vida nacional.

    Quiero reconocer su trabajo serio y responsable.

    Quiero reconocer el cariño que le tienen sus compañeras Diputadas federales, sus compañeras Senadoras de la República, así como mis compañeros Senadores y sus compañeros Diputados.

    Yo le deseo mucho éxito en esta nueva etapa, que acompaña al gobernador Eruviel Avila en una tarea compleja y difícil pero estoy seguro saldrán airosos de esta nueva encomienda.

    Enhorabuena y mucho éxito.

    Muchas gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gamboa.

    Voy a dar el orden de los oradores:

    El Diputado Manuel Añorve, el Diputado Abel Octavio Salgado, el Diputado Leobardo Alcalá, el Diputado Miguel Alonso Raya, el Diputado Alfonso Durazo, el Diputado Belaunzarán y la Senadora Barrera.

    - El C. Diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor Presidente.

    A nombre del grupo parlamentario del PRI, a nombre del coordinador de los Diputados priístas, el Diputado Manlio Fabio Beltrones, queremos felicitar, por supuesto, a nuestro amigo José Manzur, quien a raíz de las responsabilidades que tuvo en el grupo parlamentario, tuvimos la oportunidad, no solamente de conocerlo, sino de saber su capacidad para poder generar los acuerdos en esta importante Comisión de Presupuesto.

    Y que en dos tramos de responsabilidad, hallamos prácticamente por unanimidad, en su momento, le dimos al país el Presupuesto de Egresos y, por supuesto, este es un trabajo coordinado por quien en este momento deja de ser el presidente de la comisión, una de las comisiones más importantes en la Cámara de Diputados.

    Yo te quiero decirlo algo, Pepe, y te lo digo de corazón: Te deseamos mucho éxito.

    Como dijo mi amigo el Senador Gamboa, te deseamos que esta nueva etapa de tu vida sea de éxito, en beneficio de tus paisanos. Y, por supuesto, no tengo la menor duda que lo vas a lograr y lo vas a lograr con esa pulcritud, como amigo que eres.

    Muchas gracias y muchas felicidades.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Declinó el Diputado Octavio Salgado y el Diputado Alcalá.

    Tiene el uso de la tribuna el Diputado Miguel Alonso Raya, por favor.

    - El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras, compañeros:

    Hago uso de esta tribuna, para reconocer el trabajo, la actitud del compañero, la tolerancia, la apertura con la que hemos podido debatir y superar las diferencias en el marco de una comisión, no sencilla, como el caso de la Comisión de Presupuesto, y en general en el debate en la Cámara de Diputados, nuestro reconocimiento al trabajo de Pepe Manzur, lo vamos a extrañar seguramente en la Cámara de Diputados.

    Y desearle que tenga todos los éxitos, para bien de los ciudadanos y ciudadanas del Estado de México, en la nueva responsabilidad que emprende. Y que pueda contribuir, pues, a hacer mejor las cosas, a tener una mejor interlocución con los diferentes actores en el Estado de México y a buscar construir acuerdos para bien del Estado de México y de los ciudadanos.

    Muchas gracias. Felicidades, Pepe.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Alonso Raya.

    Sonido en su escaño del Diputado Durazo.

    - El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: (Desde su escaño) Gracias, compañero Presidente. Compañeras legisladoras y legisladores:

     He pedido la palabra para sumarme a estas expresiones de reconocimiento al Diputado José Manzur.

    Quiero señalar que durante su desempeño como Diputado, tuvimos muchas diferencias; muchas diferencias en asuntos no sólo superficiales, sino también estructurales. Sin embargo, mi reconocimiento se debe a que, al margen de ellas, encontramos siempre una sensibilidad política imprescindible para conducir, no obstante las diferencias, los problemas hacia una solución adecuada.

    Por eso es que hoy le expreso al Diputado Manzur mi reconocimiento personal y, en virtud del deseo de que las cosas vayan mejor en el Estado de México, también éxito en su futura tarea.

    Gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Durazo. .

    Sonido en el escaño de la Diputada Talamante, por favor.

    - La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

    A nombre de mi grupo parlamentario Nueva Alianza, también nos queremos unir a la felicitación y nos congratulamos enormemente por la decisión de la posición que el Diputado Manzur tomará en unas pocas horas.

    De verdad, compañero Diputado, le vamos a extrañar en el Congreso; pero queremos desearle el mayor de los éxitos.

    Sabemos que el Estado de México irá de la mano con un buen hombre y con un buen funcionario, que es lo que necesita.

    Felicidades, y en enhorabuena, a nombre del grupo parlamentario Nueva Alianza.

    Gracias, señor Presidente.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputada Talamante.

    Tiene el uso de la palabra la Senadora Barrera Tapia.

    - La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Compañeros de la Comisión Permanente.

    Con mucha sensibilidad les puedo comentar que no me extrañan las muestras de afecto, que en lo institucional y en lo personal tiene a un hombre de entrega, de compromiso, de trabajo.

    Que le ha servido a nuestro país, que ha servido a México desde su trinchera en la Cámara de Diputados, y que sí es cierto esa gran capacidad de llegar acuerdos, de negociación y de beneficiar a muchos.

    Ha cumplido y se va con la frente muy en alto. Y estoy cierta que por ello y por los resultados que hasta ahora mi amigo, mi paisano, ha tenido para su país, y es que también se le llama la patria chica, porque somos mexiquenses, por parte de mi provincia, y va seguir sirviendo a México, acompañando a nuestro querido gobernador Eruviel Avila Villegas.

    Enhorabuena, Pepe, y hoy solamente será un paso más hacia el éxito, que estoy segura que ya lo tienes.

    Muchísimas gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Pues de todos modos tendremos que pasar a la formalidad legal de la votación.

    Tiene el uso de la tribuna el Diputado Belaunzarán.

    - El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Pues simplemente para sumarme, conozco al Diputado José Manzur, he tenido el privilegio de tratarlo en la Cámara de Diputados.

    Es un Diputado que construye acuerdos. Lo cual es correcto, porque también no se debe legislar generando acuerdos con otras fuerzas, también se tiene que gobernar generando acuerdos y estoy seguro que así lo hará en su nuevo encargo.

    Le deseamos mucho éxito. Y por supuesto, cuenta con nosotros para buscar la mejoría de un estado tan importante, como el Estado de México.

    Mucho éxito.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputadas, Diputados, Senadores y Senadoras. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    "UNICO.- Se concede licencia al Diputado José Sergio Manzur Quiroga para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 21 de mayo de 2014."

    Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

    - La C. Senadora Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Es aprobado, señor Presidente.

    - El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Señor Diputado José Sergio Manzur Quiroga, esta Presidencia felicita a los mexiquenses por la atinada designación de su persona y también lo felicito por el reconocimiento de sus compañeros Diputados y Diputadas, sólo habla de su calidad y su nivel de política.

    En consecuencia, se concede licencia al Diputado José Sergio Manzur Quiroga, para separarse de sus funciones legislativas, a partir de este día 21 de mayo de 2014. Comuníquese a la Cámara de Diputados. El mayor de los éxitos Diputado.






    Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva una comunicación suscrita por la Senadora Ninfa Salinas Sada, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir de este día 21 de mayo.



    Esta Asamblea se da por enterada y se comunicará a la Cámara de Senadores.

     






    En el apartado de proposiciones, se concede la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del Instituto Nacional de Migración a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que son repatriados hacia México.

    PROPUESTAS

    - La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

    Presento punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al Instituto Nacional de Migración a fin de implementar las acciones correspondientes que garanticen los derechos de las niñas, los niños y adolescentes repatriados hacia México.

    La Organización internacional para las Migraciones, a través de su Sistema de Información Estadística sobre Migraciones en Mesoamérica, dio a conocer que la población latinoamericana representa alrededor del 52 por ciento de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuales más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57 %) y centroamericano (13 %).

    En el 2007, en la frontera sur, más de 5 mil 700 niños, niñas y adolescentes centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y, desde luego, México.

    El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, señala que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes.

    De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, cada año alrededor de 40 mil niñas y niños emigran y son repatriados desde Estados Unidos a México; de éstos, 18 mil viajan solos.

    El mismo reporte menciona que en su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son vulnerables a la explotación, a la trata y a ser víctima de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para el mandato de UNICEF en México.

    En el caso de nuestro país, la Ley de Migración establece que los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior del niño.

    Actualmente, el Instituto Nacional de Migración cuenta con 543 Oficiales de Protección a la Infancia en las 32 delegaciones regionales. Los Oficiales de Protección a la Infancia, son seleccionados de conformidad con el perfil elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

    Por su parte, el DIF, a través del programa de Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados, ha atendido entre el 2007 y 2013 un promedio anual de 16 mil 800 niñas, niños y adolescentes.

    Es por ello la importancia de que sean la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración quienes lleven a cabo la implementación de medidas correspondientes, a fin de capacitar a las autoridades que se encuentran en las 32 delegaciones regionales del DIF, en materia de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes repatriados en nuestro país.

    Por todo lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de Acuerdo.

    Primero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar las acciones correspondientes que garanticen los derechos de las niñas,  niños y adolescentes repatriados hacia México.

    Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de fortalecer la capacitación de los Oficiales de Protección a la Infancia en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes repatriados en México.

    Es todo, señor Presidente.

    Muchas gracias.

    Propuesta

    CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, ASI COMO AL DEL INSTITO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A FIN DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS HACIA MEXICO.

    “El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

    Exposición de motivos:

    La Organización Internacional para las Migraciones, a través de su Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica, dio a conocer que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuales más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%). En 2007, en la frontera sur, más de 5,700 niños, niñas y adolescentes centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) desde México.

    El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) señala que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos. Al mismo tiempo, en el 2007, 5,771 niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen.

    El mismo reporte menciona que en su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para el mandato de UNICEF en México.

    Como meta, la UNICEF busca asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, y que les sean respetados sus derechos y a fin de que vuelvan a reunirse con sus familias.

    Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas en México, señala que los niños y niñas que cruzan la frontera sin compañía sufren graves violaciones a su integridad física y a sus derechos, tales como: accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas.

    Los menores que son repatriados, se encuentran en un estado permanente de violación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en familia, entre otros.

    En el caso de nuestro país, la Ley de Migración establece que los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos, así al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal les corresponde proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección.

    Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración cuenta con Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) mismos que son Agentes Federales de Migración y que tienen como principal tarea garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial de los no acompañados.

    Actualmente, el INM cuenta con 543 OPIS en las 32 Delegaciones Regionales. Los OPIS son seleccionados de conformidad con un perfil elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y reciben capacitación continua y especializada.

    La problemática persiste, ya que las cifras de repatriados que proporciona el Instituto Nacional de Migración (INM) indican que en 2012 ocurrieron 17 mil 129 eventos de repatriación de menores de 18 años provenientes de Estados Unidos, el 79.3% no iban acompañados al momento de su repatriación. El mismo Instituto señala que la estadística de repatriados se refiere sólo a eventos, debido a que una misma persona pudo haber sido repatriada en más de una ocasión en el año de referencia y únicamente considera los casos en que hubo personal encargado de registrar su reingreso al país.

    Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con los Sistemas Estatales DIF, a través del programa Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados, ha atendido entre 2007 y 2013 un promedio anual de 16,800 niños, niñas y adolescentes que viajaban hacia el norte con la intención de internarse en los Estados Unidos sin la compañía de un familiar adulto que se haga responsable de sus cuidados.

    Lo anterior es en razón de que el DIF y la UNICEF señalan que las autoridades migratorias de México y de Estados Unidos persiguen, maltratan, discriminan, segregan e inclusive dan trato inadecuado a niños migrantes indocumentados en la frontera norte del país, en ese sentido advierten sobre el riesgo de que los menores formen en la comisión de delitos como el tráfico de drogas o de personas, mientras están expuestos al tráfico de órganos, a las redes de explotación sexual, prostitución y pornografía infantil, además de ser sometidos a la explotación laboral y en condiciones insalubres.

    Es por ello la importancia de que sean la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, quienes lleven a cabo la implementación de medidas correspondientes, a fin de capacitar a las autoridades, que se encuentran en las 32 delegaciones regionales del INM, en materia de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes repatriados en nuestro país.

    Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

    PUNTO DE ACUERDO

    Primero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar las acciones correspondientes que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes repatriados hacia México.   

    Segundo. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de fortalecer la capacitación de los Oficiales de Protección a la Infancia en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes repatriados a México.

    Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de abril del año 2014.”

    PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
    HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

    - El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Gastélum Bajo. Una pregunta, ¿no hay solicitud que sea de urgente y obvia resolución?

    - La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Una omisión que cometí, señor Presidente, es que solicito que por la importancia del asunto se considere de urgente y obvia resolución.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senadora, y gracias por darme la oportunidad de hacer la precisión.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, para ver si con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, este asunto se considera de urgente resolución.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias. En consecuencia, está a discusión la propuesta.

    Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sosa Govea.

    - La C. Diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, señor Presidente. Distinguidas Senadoras, Senadores; compañeros Diputados.

    He pedido hacer uso de la voz para expresar, en nombre del grupo parlamentario de mi PAN, nuestra posición respecto a este punto que hoy se discute y se votará, seguramente en unos momentos, por unanimidad.

    Felicitar a la proponente, la Senadora Diva Hadamira, con quien hemos tenido oportunidad de compartir este tema en algunos foros y eventos, y decir que Acción Nacional se pronuncia también porque hagamos todo el esfuerzo, toda la legislación, toda la armonía legislativa que deba haber, para asegurar y garantizar en todos los escenarios, en todos los momentos, el interés superior de la niñez.

    Se ha avanzado mucho en la garantía, el cuidado y la protección para los niños, niñas y adolescentes de este país. En este tema, como en ningún otro, las legislaturas nos hemos esforzado por respetar los tratados internacionales y porque México esté a la altura de todos los parámetros que suscriben estos tratados, y que en estas entregas y en esas revisiones que se hacen en los organismos internacionales, México dé nueva cuenta del cuidado para su niñez.

    Así es de que, enhorabuena, nos sumamos a este punto de Acuerdo que tendrá, sin duda, el voto a favor de todos los Diputados y Senadores del PAN.

    Muchas gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Sosa Govea. ¿Algún otro orador u oradora inscrito para este efecto?

    No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta correspondiente.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Aprobada la propuesta, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






    Tiene la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, para presentar a nombre propio y del Senador Héctor Larios Córdova, así como del Diputado Juan Pablo Adame Alemán, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo que exhorta al INEGI y al Ejecutivo Federal a investigar sobre los datos presentados por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

    - El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores:

    Desde el Congreso de la Unión hemos dado un mensaje claro de congruencia política y de compromiso por mejorar los diferentes ámbitos en los que nuestro país ha requerido de reformas, a fin de ofrecer a los mexicanos, según sea el caso, mejores servicios, mejor protección de sus derechos, mejores condiciones laborales y, por supuesto, en materia de transparencia y rendición de cuentas.

    Uno de estos temas ha sido el de la educación, en el que aprobamos importantes modificaciones a nivel constitucional, así como también en materia de leyes secundarias. En este sentido, uno de los principales factores que se aportaron para elevar la calidad de educación de todos los mexicanos fue la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual habría de ser abastecido de información por parte del INEGI mediante la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el famoso CEMABE, cuyo objeto principal consistió en mantener en una sola base de datos las cifras necesarias para la operación del sistema educativo.

    Ahora bien, el 31 de marzo de 2014, el Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Eduardo Sojo, y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, presentaron los resultados definitivos del CEMABE, asegurando que los datos y elementos presentados permitirían emprender acciones concretas y eficaces por parte de todos los agentes educativos para llevar la calidad de educación en nuestro país, señalando, entre otras cosas, que los resultados estarían al alcance de cualquier ciudadano interesado.

    De suerte que, con base en el CEMABE, el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un estudio llamado “Mapa de Educación Básica en México”, en el cual se pueden apreciar datos sumamente relevantes para mejorar nuestro sistema educativo, así como también severas inconsistencias en diversas entidades del país. Y destaco algunos: existe una minoría de los maestros que perciben sueldos inexplicablemente altos y hay docentes que superan los 100 años de edad y a la fecha siguen cobrando.

    Que 7 mil 183 docentes de entre 26 y 91 años de edad, ganan más de 100 mil pesos mensuales, sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones, y que de ellos 70 maestros ganan más de 193 mil 400 pesos al mes, es decir, tienen un salario promedio superior al del Presidente de la República.

    Que un profesor gana más de 600 mil pesos al mes, mientras que hay mil 440 registros en nómina de personas, todas, al parecer, con fecha de nacimiento del 12 de diciembre de 1912, entre otros datos más que pudiéramos seguir mencionando. Ante esto, desafortunadamente algunas autoridades educativas estatales y federales han señalado la falsedad de estos datos, no obstante el IMCO señala que son claras las inconsistencias en los registros de las nóminas estatales y lo reportado a la SEP.

    Asimismo, compañeras y compañeros, el mismo IMCO ha hecho saber que al día siguiente de la publicación de su estudio remodificaron y reemplazaron los archivos, en los cuales se sustentó su informe, y que los nuevos archivos aparentemente ya no presentan datos que se mencionaban. Primero que nada, el IMCO no inventó nada, se basa en informes claros y oficiales de algunos gobiernos estatales, así como también de información oficial proporcionada en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública.

    Número dos, el gobierno no puede salir a desacreditar instituciones que simplemente difunden datos oficiales, y menos, y esto me parece lo más grave, a desaparecer estos datos para evitar dar explicaciones. Hay una realidad aquí, no contamos con un sistema de información veraz en el sector educativo, y tal como lo dijo ayer Claudio X. González, Presidente de “Mexicanos Primero”, hay un desorden absoluto en la nómina magisterial.

    Compañeros y compañeras, como representantes del Poder Legislativo debemos solicitar que esto se aclare, y es lo que estamos pidiendo a través de este punto de Acuerdo. La información que difunda el gobierno y cualquier institución pública debe forzosamente ser veraz y oportuna, y cada una de las instancias del gobierno deben y tienen que responder por ello.

    Los integrantes de esta Legislatura hemos sido participantes de un proceso reformador, que sin duda será, y está siendo, histórico, y ese proceso partió de la intención de solucionar los problemas nacionales de manera profunda y seria. Por tanto, insisto, no podemos dejar de pasar esta situación y debemos solicitar que todo esto se aclare.

    El elemento central de toda sociedad es la educación, y si hemos emprendido la tarea de mejorar las condiciones de nuestro sistema educativo debemos continuar vigilando el cumplimiento de la ley con veracidad y transparencia.

    Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de todas y todos ustedes el siguiente punto de Acuerdo:

    Primero. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, investigue e informe a esta Soberanía sobre los datos presentados en la integración de las bases datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; así como también el ocultamiento, cambio o modificación de los mismos, después de presentado el estudio del “Mapa del Magisterio de Educación Básica en México” por el Instituto Mexicano para la Competitividad; y en ese caso, se apliquen las sanciones correspondientes a quienes pudieran resultar responsables del mismo.

    Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, a realizar las acciones correspondientes para normalizar y armonizar la nómina educativa de las entidades federativas a fin de que persistan criterios de mayor equidad y eficacia que impulsen la mejor utilización de los recursos públicos.

    Les agradezco a todos su atención, y también por lo mismo y la relevancia de este hecho, señor Presidente, solicito sea sometido para que sea de urgente y obvia resolución.

    Muchas gracias.

    (Aplausos)

    Propuesta

    PUNTO DE ACUERDO PARA QUE INVESTIGUE EL SUPUESTO SUMINISTRO DE DATOS FALSOS EN LA INTEGRACION DE LAS BASES DATOS DEL CENSO DE ESCUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y ESPECIAL (CEMABE); ASI COMO EL OCULTAMIENTO, CAMBIO O MODIFICACION DE LOS MISMOS DESPUES DE PRESENTADO EL ESTUDIO “MAPA DEL MAGISTERIO DE EDUCACION BASICA EN MEXICO” POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD.

    “Los suscritos Senadores HEctor Larios COrdova, Jorge Luis Lavalle Maury y el Diputado Juan Pablo Adame AlemAn, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con arreglo a las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    El 26 de febrero del año 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    A través del mismo, se instituye para el Estado la obligación y las bases para garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

    Lo anterior ha significado un avance sin precedentes en materia educativa para nuestro país. Hoy, nuestro sistema normativo considera mecanismos importantes en el funcionamiento del Sistema Educativo Nacional con el objetivo primordial de lograr que la niñez y la juventud mexicana obtengan las habilidades y aprendizajes necesarios para enfrentar los retos que la vida impone.

    Con dicha reforma se pusieron en marcha varios cambios legislativos y administrativos para transformar al Sistema Educativo Nacional, que conllevan una serie de procesos encaminados al lograr el objetivo de las modificaciones constitucionales aprobadas.

    Así, dentro de los mandatos de la reforma constitucional para lograr garantizar la calidad en la educación obligatoria, se señaló, en la fracción I del artículo quinto transitorio del decreto señalado, la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa, y al efecto, durante el año 2013, la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que entre sus fines estaría el permitir a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo.

    En relación con lo anterior, es relevante mencionar que la Ley General de Educación señala en la fracción X de su artículo 12, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa; y en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 13, que las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa.

    El 31 de marzo de 2014, el Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Eduardo Sojo Garza Aldape y el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, presentaron los resultados definitivos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), que tuvo su periodo de levantamiento del 26 de septiembre al 29 de noviembre del 2013.

    El CEMABE se realizó para conocer estadísticamente el sistema educativo nacional mediante la ubicación geográfica de todos los planteles, el conocimiento de la situación de la infraestructura instalada, equipamiento y mobiliario escolar, el registro de todos y cada uno de los docentes, personal administrativo y supervisores. Asimismo, se integró un registro nacional de alumnos, centrando atención en quienes tienen alguna discapacidad o necesidades especiales de aprendizaje.

    A decir de la Secretaría de Educación Pública y el INEGI, los datos y elementos del CEMABE permitirán emprender acciones concretas y eficaces por parte de todos los agentes educativos para elevar la calidad de la educación en nuestro país, y garantizar el pleno acceso a este derecho a todas las y los niños.

    Los resultados del Censo son públicos, es decir, todos los ciudadanos que tengamos el interés de consultarlos lo podemos hacer. Su consulta, como fuente de información, contribuye a la transparencia y rendición de cuentas, incentivando el ejercicio ciudadano de velar por los intereses comunes de la sociedad, como lo es la educación de calidad.

    En tanto ello, varias organizaciones de la sociedad civil han realizado estudios para aproximar las primeras demandas ciudadanas sobre la situación actual del Sistema Educativo Nacional, y así exponer los grandes retos educativos que el gobierno tiene por atender en materia de calidad educativa. Tal fue el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien presento el estudio "Mapa del magisterio de educación básica en México"1.

    El IMCO reporta que este estudio lo realizó a través de la consulta de datos oficiales, específicamente el sitio de internet con la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, las bases de datos de nóminas magisteriales del último trimestre del 2013.

    En él dio a conocer numerosas irregularidades en la nómina magisterial del país. El análisis indica que “existe una minoría de los maestros que percibe sueldos inexplicablemente altos” y que hay docentes que superan los 100 años de edad y siguen cobrando.

    Con base en los datos analizados, el IMCO descubrió, por ejemplo, que siete mil 183 docentes de entre 26 y 91 años de edad, ganan más de 100 mil pesos mensuales, sin considerar bonos, aguinaldos y prestaciones. De ellos, 70 maestros ganan más de 193 mil 400 pesos al mes, es decir, tienen un salario promedio mayor al del Presidente de la República de acuerdo con datos del propio instituto.

    Destaca asimismo, el caso de un profesor de Oaxaca que gana más de 600 mil pesos al mes, mientras que en Hidalgo hay mil 440 registros en nómina de personas, todas con fecha de nacimiento el 12 de diciembre de 1912, lo que supondría que tiene 101 años cada una, entre otras irregularidades.

    El primer “Mapa de Educación Básica en México” da cuenta también de que Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas no entregaron a la SEP la nómina de sus maestros, por lo que están violando el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mientras Baja California Sur, Coahuila, Durango, Tabasco, Chiapas, Colima, Sinaloa y Michoacán entregaron información incompleta.

    Además, el estudio hace notar que cada estado ha creado diferentes categorías salariales. Por ejemplo, Zacatecas tiene mil 843. Sonora es la entidad con menor número de esas categorías salariales, con un total de 157.

    A raíz de la publicación de este estudio se han pronunciado algunas autoridades educativas de las entidades federativas, como es el caso de Hidalgo, Oaxaca2 y Tamaulipas3, arguyendo, en algunos casos, la falsedad de los datos, y en otros, “justificando” los datos expuestos por el estudio. Al respecto, el IMCO señala que son claras las inconsistencias en los registros de las nóminas estatales y lo reportado a la SEP4.

    Aunado a lo anterior, es relevante mencionar que el propio IMCO dio cuenta el 15 de mayo de 2014, -al siguiente día de la publicación de su estudio-, de que se habían modificado y reemplazado los archivos en los cuales se sustentó su informe, y en los cuales aparentemente ya no existen estas anomalías5.

    De ser cierto lo anterior, resultaría verdaderamente grave, pues se atentaría contra los más altos principios democráticos, al alterarse la información pública que se ha hecho oficial a través de un instrumento como el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y las bases de datos de nóminas magisteriales del último trimestre del 2013.

    Por otra parte, los datos que reflejan estudios como el realizado por el IMCO, nos hacen ver la urgencia de llevar a cabo las acciones necesarias para normalizar y armonizar las nóminas del personal educativo de las entidades federativas, en aras de hacerla más equitativa y transparente, ante las desigualdades e inconsistencias observadas.

    Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN, reconociendo su deber de velar por la transparencia, veracidad y acceso de la información pública en materia de educación publicada en el Censo y las nóminas magisteriales; como herramienta que permita alcanzar una mejor utilización de los recursos públicos destinados la educación, se presenta el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    Primero. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, investigue sobre el supuesto suministro de datos falsos en la integración de las bases datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE); así como el ocultamiento, cambio o modificación de los mismos, después de presentado el estudio “Mapa del magisterio de educación básica en México” por el Instituto Mexicano para la Competitividad; y en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables conforme a derecho.

    Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, a realizar las acciones correspondientes para normalizar y armonizar la nómina educativa de las entidades federativas a fin de que persistan criterios de mayor equidad y eficacia que impulsen la mejor utilización de los recursos públicos.

    Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, el 21 de mayo de 2014.

    Sen. Héctor Larios Córdova.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán”.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Lavalle Maury. Como ha sido solicitado por usted, instruyo a la Secretaría para que, en votación económica, pregunte a la Asamblea si esta proposición con punto de Acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato, con fundamento en los artículos referidos anteriormente.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Algún orador que desee hacer uso de la tribuna.

    Compañero Diputado Raya, adelante, para hablar a favor, y la Diputada Beatriz Zavala a favor.

    Antes de iniciar, Diputado Raya, está solicitando el uso de la palabra el Senador Lavalle, quien fue el promotor de esta propuesta.

    Sonido en el escaño del Senador Lavalle.

    - El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Para proponer, en acuerdo con algunas compañeras y compañeros legisladores, la modificación de una palabra en el punto de Acuerdo para efecto de la aprobación del mismo.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Escuchamos cuál sería el cambio de texto, sobre todo porque hay oradores para hablar sobre el contenido y para que tengan las providencias conducentes.

    - El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) La propuesta, señor Presidente, solamente eliminar del primer punto de Acuerdo la palabra “investigue”, quedando de la siguiente manera: “Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, informe a esta Soberanía sobre los datos presentados en la integración de las bases de datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial”, y ya lo demás continuaría como queda.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Lavalle,

    Lo único que le solicitaría es si por escrito lo presenta a esta Presidencia, y en el momento oportuno lo someteremos a su consideración.

    Ahora sí, Diputado Raya, tiene usted el uso de la palabra.

    - El C. Diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente. Compañeras; compañeros:

    Yo creo que todos hemos abonado y hemos venido construyendo instituciones para poder garantizar la información y la transparencia de todo mundo, lo preocupante, en casos como los datos que da el IMCO, es que, a partir del muestreo, del mapeo que hace de la información del INEGI, el asunto de la estridencia y de cómo, en todo caso, se termina golpeando en general a la escuela pública y a los maestros.

    ¿Quiénes manejan la nómina de los maestros? Son las autoridades actuales, las anteriores, ¿las actuales no sabían de esta cantidad de irregularidades en la nómina?, ¿no tenían conocimiento, cuando hay doble cheque o cuando se expide un cheque por salarios caídos, como es el caso del profesor de Oaxaca y otros muchos más?

    Es absurdo que no se investigue con seriedad y se diga que hay un maestro en Oaxaca que gana 600,000 pesos al mes; y resulta que el cheque es por salarios caídos, de un año, y se debió precisar que también a ese maestro, además, le cobraron 100 mil y tantos pesos de impuestos a la hora de entregarle el cheque.

    Son cosas elementales, básicas, que se deben plantear y que se deben reconocer.

    Todos queremos que se transparente y se acabe con las irregularidades en la nómina, y por eso se ha aprobado, ya el INEGI hizo todo un estudio, levantó un censo, y nos debería preocupar, ¿cuántas escuelas hay sin baños?, ¿cuántas escuelas hay sin agua?, ¿cuántas escuelas no tienen la infraestructura mínima básica?, ¿cuántas escuelas no tienen el equipo elemental, indispensable, para funcionar?; bueno, y ahí, ¿dónde está la autoridad?, ¿dónde está la responsabilidad de la autoridad en la política pública para poder atender la infraestructura educativa?

    Porque hay algo que es preocupante, compañeras y compañeros, hay un tufo, hay un sesgo y hay una intencionalidad de debilitar, de desprestigiar lo público, si lo que hoy tenemos en la escuela, en el Sistema Educativo Nacional y en la escuela pública como tal, en básica, en media superior, en superior, simplemente no podríamos explicar este país sin reconocer el avance que se tiene y el crecimiento de la escuela pública, universidades, preparatorias, bachilleratos, educación secundaria, educación preescolar, primaria, no podríamos tener o explicarnos el país que hoy tenemos. Tiene fallas, tiene errores, sí, indiscutiblemente que las tiene, ¿dónde está el Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para que los maestros puedan permanentemente estarse actualizando?

    ¿Sabe cuánto tiene destinado cada maestro para la actualización? 300 pesos al año; con 300 pesos se va a poder actualizar al magisterio nacional para que pueda responder de manera adecuada. No.

    ¿Cuánto dinero se tiene para actualizar a los maestros de educación media superior?

    Cero pesos, no hay un solo centavo destinado a eso. ¿Cómo se va a corregir, cómo se va a enfrentar al problema?

    Entonces, requerimos indiscutiblemente exigirnos la información, yo respaldo que se dé la información, que la tengamos justamente para tomar decisiones respecto a cómo reorientar o cómo establecer medidas en el presupuesto y garantizar que el dinero llegue a las escuelas.

    El sistema educativo nacional, compañeras y compañeros, se diseñó para el control administrativo y político, no para fortalecer, no para apoyar a la escuela y son parte de las cosas que hay que corregir.

    Lamentablemente, el supervisor va a las escuelas a ver a quién, en todo caso, encuentran en un algún mal paso, pero no para superar las deficiencias que tiene cada escuela, no para apoyar a los maestros o maestras a que generen mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para ver, en todo caso, cómo le pagan el favor a la falta que localiza, cómo le pagan los maestros la falta administrativa que localizó en su recorrido.

    Son parte de los asuntos que desgraciadamente existen, y entonces el problema es, está instrumentándose, ¿cuál es la respuesta de la autoridad frente a los datos que ya arrojó el INEGI?, y ¿cuál es la respuesta a la autoridad frente a la irregularidad en la nómina que se tiene, a cuántas autoridades, a cuántos funcionarios va a cesar, va a llamar a rendir cuentas para efectos de corregir de fondo la corrupción que se detecta en la instrumentación y aplicación de la nómina? Porque la autoridad tiene que saber cuántos cheques expide, a quién expide y quiénes van y cobran o cuáles son los duendes que firman los cheques si el personal no existe o no está trabajando.

    O sea, yo creo que no requerimos quebrarnos mucho la cabeza para ubicar; yo simplemente lo que digo, con toda claridad, el asunto de esas irregularidades no es responsabilidad de los maestros, y menos de los auténticos maestros, es responsabilidad de la autoridad, que cumplan con su función, que cumplan con su tarea y que se le aplique todo el peso de la ley a quien sea responsable del informe que se rinda, por eso la importancia de que se entregue como tal.

    Muchas gracias.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Muchas gracias a usted, Diputado Alonso Raya. Se le recuerda a los compañeros Diputados que conforme al Reglamento están previstos cinco minutos, favor de apegarse lo más posible al tiempo.

    Diputada Beatriz Zavala Peniche, tiene usted el uso de la tribuna para hablar a favor de la propuesta presentada por su compañero el Senador Lavalle.

    - La C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias. Con el permiso de mis compañeros y compañeras legisladores, venimos aquí a apoyar la solicitud de, en este punto de Acuerdo, información sobre la nómina y la asistencia y la participación de los maestros del sistema educativo.

    Primero que nada, porque una de las reformas, o la primer reforma que aprobamos dentro del pacto que realizamos los principales partidos políticos en México para sacar esas leyes por el bien de los ciudadanos, fue en la reforma educativa.

    Y lo que buscamos en la reforma educativa es precisamente la calidad de la educación, y la calidad de la educación está relacionada con dos asuntos muy importantes: la participación de los maestros en las aulas, el que sus pagos sean bien devengados en términos no solamente de la asistencia, sino también de su capacitación; y acabar, con la reforma educativa, con vicios de antaño del sistema educativo y del sistema político en general que nos llevaron a estar en uno de los últimos lugares en el mundo con respecto a calidad educativa en nuestro país.

    No queremos que la reforma educativa sea letra muerta, como ocurre con muchas leyes en este país, debemos vivir en un país de leyes que se aplican, y por eso es importante que se tenga la información adecuada, la educación está descentralizada, y en mucho es responsabilidad también de los gobiernos estatales proporcionar esta información que sea juntada y verificada por el sistema educativo nacional, que sea proporcionada con eficiencia, con transparencia y calidad a los ciudadanos, y buscar de esta manera que los maestros, muchos de ellos que en buena fe y con intención de educar bien a los niños de México, pues tengan también claridad y transparencia de cuánto reciben justamente y que no haya desvíos que puedan ocasionar, pues, su desánimo en la función educativa que cumplen.

    La verdad es que sí nos ha costado un poco de trabajo difundir las bondades de la reforma educativa precisamente ante los maestros, que interpretaron la reforma educativa como si fuera a ser un planteamiento en contra de sus derechos laborales; existen esos derechos laborales, pero tiene que haber información y transparencia en que realmente se cumplan los derechos laborales junto con su participación para mejorar la calidad educativa.

    Y también aprovecho decir que comparto lo que ha planteado el Diputado Raya, en cuanto a que la infraestructura básica educativa debe ser mejorada para que también se contribuya a la calidad educativa en este país.

    Muchas gracias.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Zavala Peniche.

    Esta Presidencia tiene registrado para hablar a favor al Senador Omar Fayad Meneses y para hechos al Senador Ríos Piter.

    Tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad.

    - El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, compañeros y compañeras Senadores, muy buenas tardes.

    Cuando se da a conocer este asunto por parte del IMCO, creo que a todo mundo nos alarmó, a todos nos llamó la atención cuando se dice que hay mil 442 maestros que tienen más de 100 años y que además están cobrando en el sector educativo.

    A todos nos alarmó, y creo que vale la pena que hagamos una buena reflexión al respecto, porque no es posible que se manipule a la opinión pública mexicana de esa manera con información no corroborada, con información que, a todas luces, a cualquiera que hubiera sido investigador de carrera o no nos hubiera llamado la atención.

    Imagínense ustedes a mil 442 mexicanos de más de 100 años cobrando en el sector educativo en Hidalgo.

    Es ridículo, lo malo es que nos prestemos a ese juego y ahora ya haya sendos movimientos verificando eso y muchas otras cosas; nosotros jamás nos hemos opuesto al esquema de transparencia, al contrario, el PRI aquí en el Senado lo ha demostrado y todas las fracciones parlamentarias de todos los demás partidos hemos demostrado una gran madurez en el tema de la transparencia y hemos trabajado duramente en él.

    No es posible que permitamos también que se haga difamación sobre los maestros, que se haga difamación sobre las autoridades, que se haga difamación sobre los distintos órdenes de gobierno, porque alguien dice que vio una clave muy sospechosa que decía 121212, en una página de Internet del sector educativo.

    Y para mayor información a todas y todos ustedes, yo fui Secretario de Educación Pública en Hidalgo, me tocó la transferencia, fui el primer Secretario de Educación Pública de Hidalgo, y después lo complejo que es el manejo de la nómina; la nómina tiene más de 40 mil empleados, maneja miles de movimientos diarios y estos movimientos se tienen que reflejar, y no se reflejan transparentemente, a través del Internet y se actualizan cada tres meses, porque no hay forma sencilla de hacerlo segundo a segundo, pero cada movimiento se va actualizando hacia atrás, no va a poder modificar nadie nada, así es que se va a poder investigar, auditar, revisar lo que se quiera, porque ahí está y no es posible modificarlo.

    Y hacia delante, pues nosotros mismos seremos garantes del manejo de la información que se dé a este respecto.

    Pero quise hacer todas estas aclaraciones porque la clave 121212, significa que hay una persona que trabaja para el sector educativo, ya sea docente, administrativo, de apoyo y asistencia a la educación, que por mandato judicial se le exige el pago y cumplimiento de obligaciones alimenticias. Esto es, la pensión alimenticia que exige una autoridad judicial, se exige que se refleje en la nómina, porque es un recurso que va a salir en la misma y dentro de la propia nómina, para que vean a qué grado está el esquema de transparencia, queda claramente reflejado que hay un beneficiario que cobrará pensión alimenticia y que su clave es 121212.

    Me llama la atención, no sé si a ustedes también, la capacidad de imaginación de la investigadora, no bueno, porque, ¿de dónde deduce que 121212 significa que es alguien que cobra indebidamente y que nació en 1912?

    ¿A ustedes se les habría ocurrido?

    ¿Por qué no nació en el 2012? Y entonces tendría dos años.

    Cualquiera de los dos casos era ridículo, era absurdo, lo malo es, fíjense cómo quedamos a expensas de alguien que por una ocurrencia tan increíble, a nombre de una institución a la cual puede desprestigiar con afirmaciones de esta naturaleza, puede llegar a difamar a los maestros, puede llegar a difamar a las instituciones, puede llegar a difamar a quien quiera y genera una gran ola a favor de una serie de informaciones que pueden ser falsas, que no han sido comprobadas, que no ha habido un rigor, digamos en la investigación cuando se va a hacer una imputación tan seria y que entonces ha generado toda una polémica que hasta esta tribuna del Senado de la República tiene que discutir.

    Lo quise anotar porque además, creo que agradezco la observación y la voluntad del compañero Lavalle, que ha presentado un punto de Acuerdo muy serio, con responsabilidad para que pidamos la información, antes de formarnos cualquier juicio de valor y hacerle señalamiento a nadie, originalmente hubiera subido a hablar en contra de este punto de Acuerdo, pero hoy le manifiesto abiertamente que ante esa posibilidad, yo creo que todos estaremos a favor de pedir la información necesaria que nos permita aclarar y esclarecer con toda puntualidad.

    Y hay que anotarlo, los gobiernos de los estados, los maestros, las autoridades responsables también pueden reservarse el derecho de actuar, en los términos de la ley, contra quien se atreva a difamar sin los datos suficientes que sustenten un asunto de esta naturaleza.

    Mi fracción parlamentaria del PRI está por la transparencia y va a apoyar este punto de Acuerdo para que tengamos la información necesaria que nos permita reflexionar a profundidad.

    Es cuanto, señor Presidente.

    Muchas gracias, compañeras y compañeros.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Omar Fayad.

    Tiene el uso de la palabra el Senador Ríos Piter, para hablar a favor.

    - El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente.

    Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, precisamente a partir de este punto de Acuerdo, en un debate que sostuvimos en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión y que me parece que el punto de Acuerdo que hoy se pone a consideración es parte de un debate que no quedó en aquellas fechas solamente, sino que es un debate que vamos a mantener y que vamos a continuar.

    Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Senador, de que hay que garantizar la transparencia, hemos sostenido debates en ese sentido y, sin duda alguna, si hay un ámbito en el que es indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia, es lo que tiene que ver con la nómina de los maestros, con todo lo que significa la educación en este país.

    Y por eso ese censo de escuelas que fue presentado el 31 de marzo de 2014, nos parece que es un buen principio, pero si perdemos de vista cuál ha sido el debate que hemos tenido, pues me parece que como país no encontraremos una senda concreta, compartida, para garantizar en la educación un nuevo modelo de construcción democrática del país.

    Y a mí lo que me preocupa, habiendo revisado someramente el informe que presentó el IMCO, el Mapa del Magisterio de Educación Básica en México, es relacionado con el tema de educación, pareciera ser una competencia de a ver quién le pega más a los maestros, y yo no comparto esa visión, pareciera ser la competencia de a ver quién le paga más a la educación pública y de ninguna manera yo acreditaría una posición de ese tipo.

    Por eso tenemos que ser muy serios y reflexivos sobre cómo la transparencia en los números, los datos los utilizamos para juntos construir, porque ya vimos que su partido ha gobernado la República, hay un partido que hoy gobierna a nivel federal y que ya había gobernado, y también, para no decir, el PRD tiene entidades federativas.

    Y la pregunta que tenemos que hacernos, retomo la que hacía el Senador Omar Fayad, es, si en realidad a nosotros nos sorprende, si a usted en Campeche le sorprende o al Senador Fayad, le sorprende saber por ejemplo, que se venden las plazas; si a usted le sorprende, pues entonces no hizo campaña, Senador Omar Fayad, respetuosa y amistosamente, y creo que si le preguntáramos a cualquier Senador de la República, sabemos cuales son las anomalías y creo que difícilmente nos sorprende que haya datos como los del IMCO.

    Lo importante es la responsabilidad política a la que estamos convocados en este que es el tema prioritario del país, que estoy convencido que es la educación.

     Entonces, compañeras y compañeros, en lugar de emprender la tarea de a ver quién le pega al maestro, en lugar de celebrar que sea algún documento, alrededor del 15 de mayo pensemos, ¿cómo vamos a hacer que los maestros y las maestras, más de un millón de actores públicos que día con día están actuando en ese sector, se conviertan en participantes de la transformación del país?

    Yo se los digo como Senador de Guerrero, es imposible pensar en la transformación de un estado como el mío, con los peores lugares de salud, de educación, de la alimentación, si no se cuenta con una alianza fuerte y sólida con los maestros.

    Y me parece que es lo mismo en Campeche, y lo mismo en Yucatán, y lo mismo en cada una de las entidades de la República.

    Entonces, compañeras y compañeros, no caigamos en la frivolidad y en la trivialidad de revisar los números, si esta nueva generación de legisladores y legisladoras le apuesta a la transparencia, si se tienen nuevos datos, pues usémoslos con responsabilidad, con seriedad y hagamos que la conducción de este tema sea con una conducción que nos permita, junto con los maestros y las maestras, sacar adelante el tema educativo, porque esa es la responsabilidad de todos.

    Si queremos tener niños mejor educados, como sé que usted lo quiere, como sé que lo quieren los Senadores, las Senadoras, los Diputados y las Diputadas que están aquí, pues entonces no entremos a la carrera del golpeteo y construyamos juntos con los maestros y maestras.

    Muchas gracias, señor Presidente.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Ríos Piter.

    Tiene el uso de la tribuna la Diputada Talamante, para hablar a favor. Posteriormente tenemos inscrito al Senador Barbosa, para hacer uso de la palabra. Una vez concluidas estas intervenciones, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

    Adelante, Diputada Talamante.

    - La C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Gracias señor Presidente.

    A nombre de mi grupo parlamentario Nueva Alianza, y como maestra, queremos dar nuestro apoyo al punto de Acuerdo.

    Primero, porque es responsabilidad de las autoridades federales y estatales el aportar los datos en tiempo y forma de la nómina del magisterio nacional.

    Si los datos no han sido en el tiempo que se les marcó, pues que es den su tiempo, yo creo que es importante.

    Porque estamos de acuerdo en la transparencia y subir los datos en su momento, pero si esos datos no tienen sustento, no nos parece justo, como se ha dicho aquí por varios legisladores, Senadores y Diputados de que causemos esa inconformidad y que encima a los maestros de este país les pongamos un tache más, que no tienen absolutamente nada que ver con eso.

    Yo creo que las maestras y los maestros somos los más interesados en conocer estadísticamente la situación de la educación en México.

    Pero también estamos en el apoyo a la transparencia como grupo parlamentario Nueva Alianza, que la información del censo esté en tiempo y en forma con datos claros y precisos, y no que confundan a la opinión pública, y sobre todo, como dijo el Senador Ríos Piter: “Vayan y le peguen nuevamente a los maestros”, y lo hacemos en el marco del 15 de mayo, muy cercano a que la sociedad los reconoce como los autores de este beneficio para este país.

    Los maestros y las maestras de México padecen las carencias de las escuelas: en infraestructura, en agua potable, en material educativo, etcétera.

    Compañeros Diputados y Senadores:

    Hagamos de este punto de Acuerdo, que vaya y estabilice la información, que no esté creando dudas, pero sobre todo incertidumbre, y que la transparencia se vea clara para que no veamos a las Lupitas, que a reserva de que yo también me llamo Lupita, no vivo en ese estado, pero que debamos de cuidar mucho esa información y que no le digamos más a los maestros.

    Recuperemos la credibilidad y el trabajo que realizan diariamente en las aulas las maestras y los maestros de México.

    Muchas gracias, señor Presidente.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Talamante.

    Tiene el uso de la palabra el Senador Barbosa.

    - El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Sin duda, como de manera muy elocuente lo dijo el Senador Omar Fayad, la presentación de este informe a todos nos sobresaltó, nos sobresaltó a todas y a todos los mexicanos porque la primera pregunta que nos hicimos: ¿Y entonces para qué la reforma que dijo que iba a transformar la educación en México?

    Se trató esta reforma de una reforma laboral, y solamente en la parte política se sustituyó, el mando de un sindicato, un sindicato efectivo en la operación política y en los resultados electorales del 2006 y del 2012. No voy a decir a favor de quién para que no haya sobresaltos de quienes fueron favorecidos por la participación de este sindicato.

    Pero, ¿qué sigue ocurriendo? Pues muchas cosas de las que aquí ya se dijeron.

    ¿No que las plazas de maestros se asignarían por concurso?

    Siguen los gobernadores en los estados regalándolas, vendiéndolas, y en todos los estados ¡eh! de cualquier filiación partidista, así sigue ocurriendo.

    Siguen miles de millones entregándose a los sindicatos como cuotas de maestras y maestros como un elemento de cooptación y de control clientelar. ¿No es así? Sigue ocurriendo así.

    Pero aquí se apoyó por mayoría esas propuestas, y no se es capaz de reconocer, que se falló y que la intencionalidad es otra.

    Hay que seguir avanzando.

    Yo sí creo que la evaluación, sí creo que hay que mejorar la capacidad de los docentes para poder enseñar, pero creo también en la transparencia y creo también en eliminar la corrupción de un sindicato, el del SNTE, de los más corruptos que hay en el país.

    Pero yo subo a tribuna no para generar polémica, sino para proponerle al iniciador y a quienes están participando en la redacción final de este punto de Acuerdo, que pueda considerarse lo siguiente, y ahí llamo a los procesalitas, llamo a los constructores de las redacciones parlamentarias porque, dice aquí:

    “Que se exhorta al INEGI para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, informe”.

    El INEGI, señoras y señores legisladores, es un órgano constitucional autónomo.

    No puede pedírsele a un órgano constitucional autónomo que, a través de una secretaría del gabinete federal, rinda un informe.

    En todo caso, que la Secretaría de Educación Pública informe sobre los datos, que tomados de un informe del INEGI, fueron la parte con la cual se elaboró este trabajo del IMCO.

    Así es que no cometamos ese error de legislación, señor Presidente, que se considere, si ustedes creen que debe considerarse, pero un órgano constitucional autónomo no actúa a través de una secretaría.

    Entonces, a consideración del proponente y de las y los legisladores, para poder conseguir y alcanzar una mejor redacción.

    Gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Barbosa.

    Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, primero, si esta proposición con punto de Acuerdo está suficientemente discutida.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí está suficientemente discutido, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Ahora solicito a la Secretaría dé lectura a la modificación al resolutivo primero, presentada por el Senador Lavalle, que es la modificación que incluye, a su vez, la propuesta también presentada por el Senador Barbosa, a criterio de esta Presidencia.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Doy lectura a la propuesta de modificación.



    Es todo señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Secretario.

    Como puede observarse, hay la modificación del verbo “investigar” por “informar”, y ya se gira el exhorto tanto al INEGI, como órgano constitucional autónomo, como al Ejecutivo Federal, para efectos de la información de la Secretaría de Educación Pública.

    Una vez que ha sido suficientemente discutido este punto de Acuerdo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la modificación propuesta por el Senador Lavalle y enriquecida por el Senador Barbosa.

    Y una vez concluida esta votación, someter a consideración la proposición con punto de Acuerdo, de ambos considerandos.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Senador Barbosa y por el Senador Lavalle, con las modificaciones presentadas. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se aprueba, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Secretario. Ahora consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse, con las modificaciones presentadas, esta proposición con punto de Acuerdo.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Aprobada la propuesta, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

    1 Ver <http://imco.org.mx/capital_humano/mapa-del-magisterio-de-educacion-basica-en-mexico/> consultado el 15 de mayo de 2014.

    2 Ver <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/16/959505> consultado el 16 de mayo de 2014.

    3 Ver <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/15/959586#cxrecs_s> consultado el 16 de mayo de 2014.

    4 Ver< http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/15/959581#cxrecs_s> consultado el 16 de mayo de 2014.

    5 Ver <http://www.sinembargo.mx/15-05-2014/993577> consultado el 15 de mayo de 2014.






    Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar a nombre de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo relacionado con la privación ilegal de la libertad de la ciudadana Julia Carabias.

    - El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

    Como ha dicho el Presidente, este punto de Acuerdo lo suscribe la Senadora Angélica de la Peña Gómez, y también los compañeros Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del PRD.

    En días pasados, la investigadora Julia Carabias fue privada ilegalmente de su libertad por más de dos días en el estado de Chiapas.

    En esa entidad, particularmente en la selva lacandona, una de las regiones más importantes del país debido a su biodiversidad, la maestra Carabias desempeña sus actividades en materia de conservación del Area Natural Protegida, denominada Montes Azules, en coordinación con su equipo Natura y Ecosistemas Mexicanos.

    En la propia página Web de Natura Mexicana, la maestra Carabias escribió: “Fui privada de mi libertad durante dos días en la selva lacandona, lugar donde laboro desde hace 12 años. Calumnias, imperio de ilegalidad, miseria y desesperanza conforman el caldo de cultivo de ese inaceptable episodio.

    ¿Por qué contra nosotros y particularmente contra mí? Natura y Ecosistemas Mexicanos es una asociación civil sin fines de lucro. Trabaja, desde 2005, en la conservación de las selvas de la región, sitio de mayor biodiversidad en nuestro país. Conjuntamente con la Conanap, contribuye a consolidar las Areas Naturales Protegidas, establecidas por Decreto presidencial, entre ellas Montes Azules. Asimismo, promueve procesos hacia el desarrollo sustentable en las comunidades que colindan con las reservas o que están dentro de ellas legalmente establecidas”

    Continúa Julia Carabias: “Los estudios que realiza Natura Mexicana sobre el estado de salud de la fauna, de los arroyos y los ríos, la restauración ambiental y la recuperación de especies en peligro de extinción, constituyen nuevas contribuciones para la ciencia y dan las pautas para las acciones de conservación. En esas estratégicas tareas participan la UNAM y las Universidades Autónomas de Nuevo León y Juárez, Autónoma de Tabasco, la Conabio y el Zoológico de Tuxtla.

    Con las comunidades colindantes dueñas de selvas y con la etnia lacandona, Natura Mexicana fomenta proyectos productivos que permiten, a dichas comunidades, obtener ingresos y empleos, tan indispensables en zonas marginadas, a través del manejo sustentable de su selva. Además, realiza los estudios para que obtengan el pago por servicios ambientales que otorga la conafor; apoya la elaboración de ordenamientos comunitarios territoriales de los que se derivan nuevos reglamentos internos sobre cacería, control de fuego, restauración de riberas, pesca, entre otros, y lleva a cabo una intensa actividad de educación ambiental.

    Yo, como profesora de la UNAM y miembro del consejo de esta asociación, contribuyo a estas tareas, las que he realizado con más de una centena de estudiantes y técnicos de Natura Mexicana.

    No obstante, lo sabemos, nuestra actividad afecta intereses. Nos oponemos al saqueo de la flora y la fauna y a las invasiones de las Areas Naturales Protegidas que el Estado mexicano decidió preservar por que conservan el patrimonio de todos los mexicanos. Por eso, los que promueven las invasiones y lucran con ellas, se han visto afectados por nuestro trabajo.

    Quienes nos quieren fuera de la región no se han cansado de calumniarnos. Han dicho y pregonado que somos dueños de aserraderos y hoteles y traficantes de mariposas y guacamayas, al extremo de adjudicarnos un proyecto aberrante que la Secretaría de Turismo trató de realizar el sexenio pasado, al cual nos opusimos con energía y que afortunadamente al final fue cancelado.

    Ese proyecto se llamaba Natura Miramar, nombre que inducía confusiones y mucho nos perjudicó. Nunca lo aclaramos, no lo creíamos necesario y quizá eso fue un error, algunos de los que inventan esas mentiras los conocemos y, en su momento, no actuamos legalmente contra ellos; otro error.

    Otros, los encapuchados que me retuvieron, acusándome de las mismas falsedades, se hicieron pasar al principio como miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización que nada tuvo que ver con este condenable suceso.

    Un hecho ineludible es que la miseria y las desigualdades en la región han marginado del bienestar a decenas de miles de jóvenes que no tienen acceso a la tierra, ni a empleos dignos. Su único horizonte es la desesperanza y son carne de cañón de quienes persiguen intereses ilegales.

    Natura Mexicana actúa a la luz pública, nuestros proyectos son conocidos, seguramente hemos perjudicado a aquellos que violan la ley en la región y por ello atentaron contra mi persona. No minusvaloro la gravedad de lo sucedido. Pero seguiremos trabajando e impulsando nuestra tarea. Los gobiernos deben hacer su parte, lo que incluye una política social capaz de ofrecer algún horizonte a quienes hoy carecen de él”.

    Precisamente por esto, compañeros y compañeras, por ser un hecho tan lamentable, tan grave, no solamente tratándose de una mujer que ha dedicado su vida al trabajo por la conservación del medio ambiente, sino porque su lucha se enfrenta a intereses que hoy están en contra, precisamente, de esta Area Natural Protegida, ponemos a ustedes a consideración el presente punto de Acuerdo.

    Y le pedimos, de manera respetuosa, con un absoluto, respeto al federalismo, al titular del poder ejecutivo del estado libre y soberano de Chiapas, para que en el uso de sus atribuciones, instruya a las autoridades de administración y procuración de justicia, para que de manera independiente, pronta y expedita, lleven a cabo las investigaciones que permitan dar con la captura, procesar y castigar a los autores materiales e intelectuales de la privación ilegal de la libertad de la ciudadana Julia Carabias Lillo.

    Es cuanto, señor Presidente.

    (Aplausos)

    Propuesta

    PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD DE LA C. JULIA CARABIAS LILLO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

    “La que suscribe AngElica de la Peña GOmez, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD DE LA C. JULIA CARABIAS LILLO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:

    CONSIDERACIONES

    En días pasados, la investigadora Julia Carabias Lillo, fue privada ilegalmente de su libertad por más de dos días en el estado de Chiapas. En esa entidad, particularmente en la Selva Lacandona -una de las regiones más importantes del país debido a su biodiversidad-, la maestra Carabias desempeña sus actividades en materia de conservación del área natural protegida denominada Montes Azules en coordinación con su equipo Natura y Ecosistemas Mexicanos.

    En la propia página web de Natura Mexicana la Maestra Carabias escribe:

    “Fui privada de mi libertad durante dos días en la Selva Lacandona, lugar donde laboro desde hace 12 años. Calumnias, imperio de la ilegalidad, miseria y desesperanza conforman el caldo de cultivo de ese inaceptable episodio”.

    “¿Por qué contra nosotros y particularmente contra mí? Natura y Ecosistemas Mexicanos (conocida como Natura Mexicana) es una asociación civil sin fines de lucro. Trabaja, desde 2005 (y su director, Javier de la Maza, desde 1979), en la conservación de las selvas de la región, sitio de mayor biodiversidad de nuestro país. Conjuntamente con la Conanp, contribuye a consolidar las áreas naturales protegidas, establecidas por decreto presidencial (entre ellas Montes Azules). Asimismo, promueve procesos hacia el desarrollo sustentable en las comunidades que colindan con las reservas o que están dentro de ellas legalmente establecidas”.

    “Los estudios que realiza Natura Mexicana sobre el estado de salud de la fauna, de los arroyos y ríos, la restauración ambiental y la recuperación de especies en peligro de extinción, constituyen nuevas contribuciones para la ciencia y dan las pautas para las acciones de conservación. En esas estratégicas tareas participan la UNAM y las Universidades Autónoma de Nuevo León y Juárez Autónoma de Tabasco, la Conabio y el Zoológico de Tuxtla”.

    “Con las comunidades colindantes dueñas de selvas y con la etnia lacandona (poseedora de la mayoría de la tierra de Montes Azules) Natura Mexicana fomenta proyectos productivos que permiten, a dichas comunidades, obtener ingresos y empleos -tan indispensables en zonas marginadas-, a través del manejo sustentable de su selva. Además, realiza los estudios para que obtengan el pago por servicios ambientales que otorga la Conafor; apoya la elaboración de ordenamientos comunitarios territoriales de los que se derivan nuevos reglamentos internos sobre cacería, control de fuego, restauración de riberas, pesca, entre otros, y lleva a cabo una intensa actividad de educación ambiental. Los resultados han sido muy positivos: la deforestación disminuyó, el ingreso de más de 850 familias se ha incrementado y quienes participan en los proyectos incluso lo duplicaron. Estas tareas se realizan con el aporte de distintas fundaciones”.

    “Yo, como profesora de la UNAM y miembro del consejo de esta asociación, contribuyo en estas tareas, las que he realizado con más de una centena de estudiantes y con los técnicos de Natura Mexicana quienes conforman un gran equipo. Así pues, lejos de dedicarnos a lucrar, como algunos difamadores afirman, nuestras labores son exclusivamente académicas y sociales”.

    “No obstante, lo sabemos, nuestra actividad afecta intereses. Nos oponemos al saqueo de la flora y la fauna y a las invasiones de las áreas naturales protegidas que el Estado mexicano decidió preservar porque conservan el patrimonio de todos los mexicanos. Por eso, los que promueven las invasiones y lucran con ellas se han visto afectados por nuestro trabajo”.

    “Quienes nos quieren fuera de la región no se han cansado de calumniarnos. Han dicho y pregonado que somos dueños de aserraderos y hoteles y traficantes de mariposas y guacamayas, al extremo de adjudicarnos un proyecto aberrante que la Secretaría de Turismo trató de realizar el sexenio pasado, al cual nos opusimos con energía y que afortunadamente al final se canceló. Ese proyecto se llamaba Natura Miramar, nombre que inducía a confusiones y mucho nos perjudicó. Nunca lo aclaramos, no lo creíamos necesario, y quizá eso fue un error. A algunos de los que inventan esas mentiras los conocemos y, en su momento, no actuamos legalmente contra ellos; otro error. Otros, los encapuchados que me retuvieron, acusándome de las mismas falsedades, se hicieron pasar al principio como miembros del EZLN, organización que nada tuvo que ver con este condenable suceso”.

    “Un hecho ineludible es que la miseria y las desigualdades en la región han marginado del bienestar a decenas de miles de jóvenes que no tienen acceso a la tierra, ni a empleos dignos. Su único horizonte es la desesperanza y son carne de cañón de quienes persiguen intereses ilegales”.

    “Natura Mexicana actúa a la luz pública. Nuestros proyectos son conocidos. Seguramente hemos perjudicado a quienes violan la ley en la región y por ello atentaron contra mi persona. No minusvaloro la gravedad de lo sucedido. Pero seguiremos trabajando e impulsando nuestra tarea. Los gobiernos deben hacer su parte, lo que incluye una política social capaz de ofrecer algún horizonte a quienes hoy carecen de él”1.

    Como podemos observar se trata de una agresión en contra de personas que se dedican a la defensa y protección de los derechos a un medio ambiente sano, un derecho humano fundamental reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos instrumentos internacionales.

    Se trata de una situación que lamentablemente no es exclusiva del estado de Chiapas, ni de nuestro país. En todo el mundo, los defensores del medio ambiente constantemente son agredidos por parte de gobiernos, corporaciones o agentes no estatales precisamente por los intereses que afectan.

    Por tanto, resulta condenable la agresión en contra de la Doctora Carabias, a quien reconocemos su destacado activismo ambiental, su trabajo académico y social actividad que ha afectado intereses contrarios con la preservación de las áreas naturales, como la de Montes Azules, que componen la vasta biodiversidad de nuestro país.

    En tal sentido hacemos un llamado a las autoridades competentes para que den garantías a todas las organizaciones y activistas que se encuentran en la región de Montes Azules y en toda la república mexicana para que desempeñen su trabajo en condiciones de plena seguridad.

    Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

    PUNTO DE ACUERDO

    UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chiapas para que en el uso de sus atribuciones instruya a las autoridades de administración y procuración de justicia para que de manera independiente, pronta y expedita lleven acabo las investigaciones que permitan  dar con la captura, procesar y castigar a los autores materiales e intelectuales de la privación ilegal de la libertad de la C. Julia Carabias Lillo.

    Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 20 días del mes de mayo de 2014.

    Sen. Angélica de la Peña Gómez.”

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Ríos Piter. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, conforme a los artículos 59 y 60 del Reglamento del Congreso General, si se acepta que el asunto sea de urgente y obvia resolución y se ponga a discusión de inmediato.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Sí se considera de urgente resolución.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, se somete a discusión de inmediato.

    Tiene el uso de la palabra la Diputada Beatriz Zavala, para hablar a favor de esta proposición con punto de Acuerdo.

    - La C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias.

    Venimos a sumarnos a favor de este punto de Acuerdo, porque nos parece que lo ocurrido es un acto de violencia que debe ser investigado, que debe ser aclarado, en primer lugar porque se da esta violencia en un hecho que atenta contra una mujer profesional que ha dedicado su vida a la conservación del medio ambiente, lo ha hecho como funcionaria y ahora lo hace a través de una asociación. Y esta tarea de conservación del medio ambiente es una tarea muy necesaria para conservar no solamente nuestra naturaleza, sino también para lograr un verdadero desarrollo sustentable en México.

    Nos parece que un hecho como éste debe ser aclarado.

    Quiero reconocer la valentía de Julia Carabias para denunciarlo y para que en lugar de guardarse y con el temor natural que a todas las personas nos puede producir haber pasado por un secuestro y un hecho tan lamentable como éste, con encapuchados incluso, pudiera haber retrocedido en la tarea que lleva a cabo.

    Pero en lugar de eso, denuncia. En lugar de eso, de manera transparente dice lo que ha ocurrido y nos parece que tenemos que valorar su valentía y su dedicación al medio ambiente y a ese desarrollo sustentable tan importante que necesitamos en nuestro país.

    Chiapas, por cierto, es uno de los estados que tiene más reservas ecológicas que proteger. Qué bueno que ahí está trabajando y nos sumamos al punto de Acuerdo planteado por la Senadora Angélica de la Peña, para que se investigue que la autoridad competente en Chiapas lo haga y no solamente se investigue, se sancione, y yo agregaría, se proteja a Julia Carabias en las funciones y en esta tarea tan importantísima que desarrolla para el cuidado del medio ambiente.

    Muchas gracias.

    (Aplausos)

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputada Zavala.

    Ahora tiene el uso de la palabra nuestro amigo el Diputado Fernando Belaunzarán, para hablar a favor.

    - El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias. Con su venia, señor Presidente.

    La investigadora Julia Carabias es una universitaria reconocida y, por supuesto, no sólo como miembro del Poder Legislativo, sino también como universitario, deploro los hechos ahí ocurridos.

    Su labor en Montes Azules es fundamental, está preservando un área protegida, un área muy importante para la vida ecológica, la gran riqueza de biodiversidad que hay en esta zona y que, por supuesto, hay también quienes violan la ley, quienes buscan depredar los recursos naturales, que lo hacen simplemente con el fin de lucro. Ellos son, en mi opinión, los primeros sospechosos de lo que le ocurrió a Julia Carabias y, por lo tanto, es correcto que haya una investigación.

    También sobre eso, sobre los que talen de una manera ilegal Montes Azules, los que buscan lucrar, insisto, con su biodiversidad, con la gran riqueza, en todos los aspectos, que existe en esa zona y por supuesto que nosotros no podemos dejar pasar esto. Es un hecho grave que haya habido esta privación ilegal de la libertad.

    Es un hecho grave, también, que estos secuestradores se hayan disfrazado, hayan sido impostores, que hayan querido parecer como si fuera esto un hecho del Ejército Zapatista, como si en los zapatistas vieran como una amenaza a aquellos que defienden el medio ambiente. Es todo lo contrario, por supuesto era simplemente un ardid, y lo que están buscando es que esta organización Natura que ha trabajado de una manera profesional, de una manera con rigor y con un compromiso que conocemos, insisto, los universitarios que sabemos de la capacidad y del valor de su trabajo, no es, por supuesto, quienes atentan contra los intereses que se sienten amenazados por este trabajo fundamental para la preservación de la biodiversidad en Montes Azules, pues son los que depredan los recursos naturales.

    Por supuesto no quiero, no voy a decir quiénes son exactamente los responsables, eso se tendrá que hacer por parte de la investigación de la procuraduría, pero hacemos un llamado para que haya una investigación y que no vaya a haber impunidad en este caso; y por supuesto, la solidaridad con Julia Carabias, con la labor que realiza.

    Y estoy de acuerdo con mi compañera Diputada Zavala, en el sentido de que lejos de que se salgan con la suya y que busquen amedrentarla, que eso no ocurra y que obviamente el Estado mexicano tome las medidas necesarias para que pueda trabajar esta organización sin ningún tipo de amenaza y sin ningún tipo de violencia en contra de ellos y que no corran riesgo por hacer esta labor tan importante, no sólo para el estado de Chiapas, no sólo para México, sino para todo el mundo. Montes Azules es una reserva fundamental del planeta, este planeta que es nuestra casa y la cual tenemos que cuidar.

    Es cuanto, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputado Belaunzarán. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la presente proposición con punto de Acuerdo.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Aprobada la propuesta, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.


    1 Ver: http://naturamexicana.wordpress.com/2014/05/12/acoso-en-la-selva/





    Ahora tiene el uso de la palabra, como cuarta proposición con punto de Acuerdo a presentarse en esta tribuna, el Diputado Alfonso Durazo Montaño, para presentar a nombre propio y del Diputado Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un punto de Acuerdo para solicitar una investigación respecto a la inclusión de la reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el dictamen de la reforma electoral.

    - El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

    Gracias al escándalo que se desató recientemente por la aprobación de pensiones vitalicias para los magistrados, es que tuvimos conocimiento de violaciones estratégicas de fondo al procedimiento parlamentario, tuvimos conocimiento de que en el Congreso de la Unión habíamos dejado atrás la política para dar curso a los recursos, de carácter, francamente, criminal.

    Maquiavelo recomienda incurrir sin miramientos en cualquier vicio si se trata de preservar al Estado. En cualquier otra acción de carácter político que no tenga como objetivo preservar al Estado, recomienda la virtud como marco de referencia de la acción de los políticos.

    En el caso que hoy abordamos, quiero decirles a ustedes que nos llegó el dictamen correspondiente a las cinco de la mañana, el miércoles de la semana pasada a las cinco de la mañana; a las ocho y media estábamos sesionando, ocho y media de la mañana, y de manera casual, gracias a la agudeza jurídica del Diputado José Angel Avila, tuvimos conocimiento que, muy al margen de la agenda aprobada para el periodo extraordinario, se estaba incluyendo el debate y aprobación de dos iniciativas: una específicamente relacionada con modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    Frente a esa realidad, de todas las opciones se tomó la peor de ellas, aprobar el contenido de las iniciativas, sabiendo que con ello se violaba el procedimiento y la disposición constitucional de que un periodo extraordinario de sesiones debe atender exclusivamente aquella agenda para la que fue convocada.

    El argumento fue, en aquella ocasión, de que era imprescindible darle al país una ley electoral. La propuesta nuestra fue en el sentido de que rechazáramos el paquete de iniciativas, en virtud de las violaciones al procedimiento parlamentario, y que se convocara a un nuevo periodo donde se atendiera exclusivamente la ley correspondiente a partidos políticos, o bien un nuevo periodo donde propusieran formalmente las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder de la Federación.

    Sin embargo, se aprobó; y hoy nos encontramos con que los magistrados podrán gozar de una pensión vitalicia, por supuesto que hay iniciativas que tienden a modificar ese gravísimo error; sin embargo, aún ante la eventualidad de que sean aprobadas, y que seguramente lo serán, no resuelve el problema de encontrarnos con violaciones al procedimiento parlamentario, cuyo responsable no sabemos.

    Y si no conocemos quién es el responsable de esas acciones y cuáles fueron las eventuales acciones que concluyeron en irregularidades del procedimiento parlamentario, no tendremos posibilidades de ponerles un alto a estas acciones francamente de carácter criminal. Por supuesto que lo menos que merece la opinión pública y los mexicanos es que enmendemos el error, pero no basta ni con enmendar el error, ni con una mera culpa, si no garantizamos que con una investigación clara, que nos indique en dónde y cómo se dieron las violaciones al procedimiento parlamentario, no estaremos en posibilidades de evitar que hechos como estos se repitan.

    Francamente esta violación al procedimiento parlamentario fue un hecho mayúsculo, y lo digo como Diputado y miembro de una Cámara, en la que las violaciones al procedimiento parlamentario se han convertido lamentablemente en rutina. Pero la dimensión de lo que sucedió en el periodo extraordinario es un hecho que humilla al Congreso en su conjunto, y que dio un paso adicional para dejar en los procedimientos parlamentarios, para dejar atrás la política y dar paso ya a acciones de carácter francamente criminal.

    Por eso, la propuesta es que se exhorta al Congreso de la Unión a conformar un grupo de trabajo para deslindar cualquier responsabilidad política, termino Presidente, respecto de las denuncias públicas de legisladores de diversos partidos, respecto a la eventual modificación ilegal durante la madrugada del jueves 15 de mayo de 2014, de la minuta enviada a la Cámara de Diputados, que modificó la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, facultando al comité de administración correspondiente a determinar el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

    Ojalá y esta propuesta cuente con su simpatía.

    Gracias, señor Presidente.

    Propuesta

    PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR UNA INVESTIGACION RESPECTO A LA INCLUSION DE UNA PENSION VITALICIA A LOS MAGISTRADOS DEL TEPJF EN EL ART. 209 FRACCION XXXI DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, SIN QUE ESTA MODIFICACION FUERA APROBADA CONFORME AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

    “ALFONSO DURAZO MONTAÑO Y RICARDO MONREAL AVILA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

    EXPOSICION DE MOTIVOS

    Los días 14 y 15 de mayo del presente, tuvo lugar un periodo extraordinario de sesiones para desahogar la reforma político-electoral así como la toma de protesta de los comisionados del IFAI, la ratificación del contralor general del INE y las modificaciones al artículo 41 constitucional que el Senado realizó a la iniciativa presidencial, para definir que los partidos tienen prohibido no solo la compra, sino adquisición de propaganda en campaña.

    Tanto el método de discusión y búsqueda de acuerdos, como los plazos establecidos por los tres partidos mayoritarios en el Congreso, fueron por demás inadecuados.

    En ellos se privilegió la discusión cupular a puertas cerradas, eliminando de facto la discusión parlamentaria, tanto en comisiones como en el pleno, mismas que sirvieron únicamente para acusar recibo y convalidar los cuestionados acuerdos.

    Peores aún fueron los plazos, en los que con inexplicable premura, tanto el dictamen en comisiones, como el documento final de más de 600 páginas que fue enviado del Senado de la República a la Cámara de Diputados, fueron redactados en la madrugada, sin posibilidad de que los legisladores de ambas cámaras pudieran revisarlos a conciencia, mucho menos estudiarlos u opinar de manera informada respecto de ellos.

    Al ser recibida la minuta correspondiente en la Cámara de Diputados, diversos legisladores se percataron de la inclusión de una pensión vitalicia a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que supuestamente no había sido acordada previamente por el PRD y el PAN, y que tampoco había sido discutida o aprobada en Comisiones o en el pleno del Senado de la República.

    Es decir, se denunció la inclusión subrepticia y aparentemente ilegal, de un contenido que no había sido aprobado por la mayoría, durante las horas de la madrugada en que se envió la minuta del Senado a la Cámara de Diputados, y por la cual se responsabilizó al PRI y al Gobierno Federal.

    La cuestionada adición, se refiere a la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala que la Comisión de Administración podrá determinar “en su caso, el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior”.

    Independientemente de la manera en la que fue incluida esta modificación, y cuya investigación es el objetivo de ésta Propuesta con Punto de Acuerdo, al haber sido aprobada por ambas cámaras y por tanto ser un hecho consumado, no podemos dejar de reprobar el otorgamiento de la inmoral pensión.

    Actualmente, un magistrado de la Sala Superior del TEPJF, percibe 4 millones 206 mil pesos al año, de los cuales 2 millones 601 mil 900 pesos son de sueldos y salarios; 866 mil 353 de prestaciones y 737 mil 718 por un bono de riesgo.

    Habría que empezar a discutir el monto que reciben los magistrados, a la luz del panorama laboral del país.

    Pero independientemente de lo que ya reciben, lo que es inadmisible es la justificación de que, ante la prohibición de ocupar cargos públicos durante los dos años siguientes a abandonar el cargo, cobrando lo que cobran, y ante su cuestionadísimo desempeño, se les pretenda otorgar una pensión vitalicia.

    El cinismo de quienes incluyeron esa inmoral propuesta es indignante.

    Habría que recordarles a ellos, y a los magistrados, que 62 de cada 100 mexicanos que trabajan ganan menos de 6 mil pesos al mes; que somos el país peor calificado en América Latina respecto de las condiciones salariales; que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estamos en el último lugar en materia de crecimiento, igualdad y salarios; que 40 millones de jóvenes menores de 17 años viven en la pobreza.1

    En una incongruencia más con la situación del país, la pretensión de que los magistrados perciban prácticamente la totalidad de su último salario, como sucede con los ministros de la Suprema Corte, contrasta con la situación del resto de los pensionados, que por cierto son una minoría:

    De acuerdo con datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la tasa de reemplazo promedio para los pensionados del país será de 46% del último salario que se hayan percibido.

    Tal pretensión no podía ser introducida en el dictamen más que de esta manera: a oscuras y por la puerta de atrás.

    Esta experiencia debería bastar para que nunca más, los diputados y senadores, particularmente los del PAN y PRD, permitan que sus liderazgos representados en las Juntas de Coordinación Política, les vuelvan a imponer plazos perentorios, en los que, vergonzosamente, no existe oportunidad para siquiera revisar lo que se firma y lo que se aprueba.

    No podemos descartar, aunque de ninguna manera justificamos, la posibilidad de que, como aduce el PRI, la propuesta estuviera incluida desde la redacción original y que, ante el volumen del texto y la premura, nadie se percatara de lo que aprobó tanto en comisiones como en el pleno del Senado.

    Pero existe una posibilidad más grave aún.

    Que en el transcurso de la madrugada, en el trayecto entre el envío de la minuta y la recepción de la misma en la Cámara de Diputados, se haya modificado el texto aprobado por los Senadores.

    De ser así, no solo se habría  violado el espíritu del trabajo parlamentario y sus reglas básicas de convivencia, sino que estaríamos ante una ilegalidad que amerita ser investigada y castigada.

    Al respecto se han pronunciado legisladores del PAN y el PRD que estuvieron involucrados en las negociaciones y redacción del dictamen.

    El vicecoordinador perredista en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, “expuso que la adición fue obra de senadores y del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos. Se introdujo mañosamente en el dictamen para conformar un régimen especial pensionario de privilegio como el que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.2

    El Senador por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks dijo “que investigan en qué momento y quién incorporó al proyecto de dictamen o el tema de las pensiones vitalicias a los magistrados… no fue propuesta de partido alguno, ni tampoco fue tema en las mesas de diálogo en las mesas que tuvieron, ‘en ninguna que yo haya estado’.”

    Independientemente de las subsecuentes declaraciones y justificaciones por parte del PRI y de los mismos magistrados electorales, así como las aparentes muestras de “voluntad política” para enmendar el error en el próximo periodo extraordinario, es indispensable indagar qué fue lo que sucedió y la manera en la que esa modificación llegó al dictamen o a la minuta que fue aprobada en la Cámara de Diputados.

    Para ello, habrá que deslindar responsabilidades para saber si, efectivamente los Senadores convalidaron dicha adición por omisión, es decir, por no haber leído a conciencia el contenido de lo que aprobaban, o si de manera más grave, el PRI o el Gobierno Federal, como ha sido denunciado, intervinieron para modificar el contenido de la minuta de manera ilegal durante la madrugada del Jueves 15 de Mayo.

    Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente propuesta con:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO.-Se exhorta al Congreso de la Unión a conformar una comisión investigadora para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias públicas de legisladores del diversos partidos, respecto a la supuesta modificación ilegal durante la madrugada del Jueves 15 de Mayo del 2014, de la minuta enviada a la Cámara de Diputados, que modificó la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, facultando al Comité de Administración correspondiente a determinar “el haber de retiro” de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

    SEGUNDO. Con fundamento en diversas denuncias públicas por parte de legisladores federales que, hasta el momento, no han sido aclaradas, se exhorta al Congreso de la Unión, a invitar al Lic. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, a una reunión de trabajo con legisladores federales de todos los grupos parlamentarios, para expresarse respecto a la participación que se le atribuye, en la minuta que modificó la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de mayo de 2014.

    Dip. Alfonso Durazo Montaño.- Dip. Ricardo Monreal Avila”.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Una pregunta, Diputado Alfonso Durazo. ¿La solicitud es que sea de urgente y obvia resolución? Quiero entender, así estaba registrada, pero no hizo mención en tribuna.

    - El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Así está registrada.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Correcto. En tal virtud, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución, conforme a los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

    - El C. Secretario Diputado Sánchez Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea no asiente)

    Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

    (La Asamblea asiente)

    No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, señor Secretario. En consecuencia, túrnese a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.


    1 Alcalde Justiniani, Arturo. “Pobreza Salarial”. La Jornada. Sábado 17 de Mayo 2014. Última consulta: 19 de Mayo, 22:00 hrs. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/17/opinion/015a2pol

    2 Becerril y Garduño “Darán marcha atrás a la pensión vitalicia a magistrados electorales”. 17 de Mayo, 2014.  http://www.jornada.unam.mx/2014/05/17/politica/003n1pol






    En otro apartado de nuestra agenda, a petición del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, se remitirá a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores la solicitud de excitativa al punto de Acuerdo que exhorta a atraer la investigación del asesinato de Ygnacio López Mendoza, Presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán.

    EXCITATIVA



    Compañeros legisladores, solicita el uso de la palabra el Senador Lavalle. Adelante, Senador Lavalle.

    - El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

    Solamente, derivado de que el tiempo de la sesión ya está por terminar y no dio tiempo para pasar a las efemérides, entiendo que los Senadores del grupo parlamentario del PRI iban a subir una efeméride en conmemoración del natalicio de María Lavalle Urbina. Había preparado también una respetuosa intervención al respecto y me gustaría distribuirlas a servicios parlamentarios para que sea incluida en la Gaceta.

    - El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se acepta su propuesta, Senador Lavalle, y se inserta en el Diario de los Debates, con muchísimo gusto.

     






    Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva, como lo establece el resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo que norma las sesiones de la Comisión Permanente.

    La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas de reciente inscripción, como lo permite el resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo. Las iniciativas que ya cumplieron su registro en la agenda por dos sesiones se turnarán a las comisiones que correspondan. Los turnos de las iniciativas se publicarán en la Gaceta.

    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 148, LA FRACCION XV DEL ARTICULO 150 Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 151 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

    (Presentada por los CC. Diputados Luis Armando Córdova Díaz, Leobardo Alcalá Padilla y Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI)

    “Luis Armando COrdova DIaz, Leobardo AlcalA Padilla y Abel Octavio Salgado Peña, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL NUMERAL 1, DEL ARTICULO 148, LA XV DEL ARTICULO 150 Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 151 Y SE ADICIONA UN NUMERAL 2 AL ARTICULO 151, TODO ELLO DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

    Exposición de Motivos

    Las Comisiones por definición en la Ley Orgánica del Congreso son órganos constituidos por el Pleno, que tienen tareas y funciones definidas que van desde la elaboración de dictamen legislativo sobre las iniciativas y proposiciones turnadas a las mismas, funciones así como de información y de control evaluatorio como los establece el artículo 93 constitucional.

    La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 45, numeral 6, establece entre otras de las tareas de las comisiones:

    “6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:

    a) Elaborar su programa anual de trabajo; b)Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; c)Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente; d)Sesionar cuando menos una vez al mes; e)Resolver los asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara les turne; f)Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y g)Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia.”1

    En lo que refiere al Reglamento de la Cámara de Diputados, las tareas y actividades siguientes:

    “Artículo 157.

    1. Las comisiones tendrán, en su caso las siguientes tareas: I. De dictamen legislativo; II. De información; III. De control evaluatorio, conforme a los artículos 26, Apartado A, párrafo cuarto, con base en indicadores de desempeño, y 93 de la Constitución; IV. De opinión; V. De investigación.

    Artículo 158.

    “1. Para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deberán realizar las siguientes actividades. Efectuar la aprobación de las actas de las reuniones;

    II. Preparar los programas anuales de trabajo; III. Redactar los informes semestrales de actividades; IV. Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron turnados por el Presidente para tales efectos. Decidir la constitución e integración de subcomisiones y grupos de trabajo; VI. Realizar el análisis del informe con el que los secretarios de despacho den cuenta a la Cámara del estado que guardan sus respectivos ramos, previsto en el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución; VII. Realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, previsto en el apartado A del artículo 26 de la Constitución, con base en indicadores de desempeño; VIII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean competencia de la comisión; IX. Formular las solicitudes de información a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la comisión; X. Emitir la aprobación de las opiniones fundadas que tengan que elaborar en términos de la normatividad aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras comisiones soliciten su opinión respecto de los asuntos de su competencia; XI. Realizar la evaluación periódica de las políticas públicas y los programas respectivos, en lo concerniente al área de su competencia, y XII. Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los términos de la Ley, este Reglamento y los acuerdos de la Cámara, relacionados con su competencia.”2

    Otra función relevante de las Comisiones Ordinarias, es la que corresponde al estudio del informe anual de la Administración Pública Federal de acuerdo al ramo de competencia de cada comisión. La conclusión de esta función es emitir por comisión un documento de análisis de la situación de la Administración Pública Federal. Podrán igual, si así lo requieren las comisiones, solicitar información a las dependencias para un mayor análisis o simplemente requerir la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión.

    Tanto el trabajo legislativo en el Pleno como en las comisiones, se regula y rige por ordenamientos normativos que van de acuerdo a su orden jerárquico desde la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el propio Reglamento de la Cámara, así como los acuerdos parlamentarios de los órganos de gobierno. Está establecido en el Reglamento antes citado que las comisiones pueden  para un mejor desempeño de sus tareas, adoptar los acuerdos tomados por el Pleno o los que por sí mismas adopten las Comisiones con relación a la materia o materias de su competencia.

    Las Comisiones ordinarias, a través de sus Presidentes, por acuerdo de estas, podrán solicitar información o documentación a las entidades del Ejecutivo Federal para tratar un asunto o tema de acuerdo al ramo de competencia de la comisión.

    Las reuniones de las comisiones pueden tener el carácter de ordinarias, extraordinarias y permanentes. La naturaleza de las ordinarias deriva de sus programación calendarizada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para lo cual se consulta a los Presidentes de la comisiones; las reuniones extraordinarias son la realizadas fuera de las programadas previamente  al calendario básico de cada comisión; y las reuniones permanentes son aquellas que requieren la continuidad de los trabajos en las que impera la urgencia en el despacho de algún asunto que así lo requiera.

    La Ley Orgánica del Congreso, establece la creación de comisiones especiales que son igual órganos colegiados creados mediante acuerdos del pleno de la Cámara, no tienen facultades para dictaminar, solo se encargan de atender asuntos específicos, y su creación es por determinado tiempo hasta que cumplan el objetivo para el cual fueron creadas.

    Las comisiones de investigación se constituyen con carácter transitorio para el ejercicio que les refiere el artículo 93 constitucional:

    Artículo 93.-….

    “Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.”3

    Las reuniones de las comisiones se llevan a cabo previa convocatoria que emite el Presidente de Comisión de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 150, numeral 1, fracción II y III, del Reglamento de la Cámara; las convocatorias de cada reunión deben publicarse en la Gaceta Parlamentaria con 48 horas de anticipación y remitirse a cada legislador de conformidad con el artículo 155, numeral 1, del mismo ordenamiento.

    Toda convocatoria a reunión de comisión debe contener:

    “Artículo 156.

    1. Toda convocatoria deberá contener. Nombre de la comisión o comité convocante; II. Fecha, hora y lugar de la Reunión; III. Tipo de Reunión ya sea ordinaria, extraordinaria, de comisiones unidas o de conferencia; IV. El Orden del día de la Reunión que deberá contener básicamente: a) Registro de asistencia y declaración de quórum) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Reunión anterior; d) Asuntos específicos a tratar; e) Asuntos generales, y f) Clausura y convocatoria a la siguiente Reunión; V. Fecha en que se emite, y

    VI. Rúbrica del Presidente de la Junta Directiva o de la mayoría de los secretarios.”4

    Como podemos apreciar, el trabajo legislativo que realizan las comisiones para un proponente, resulta de vital importancia, ya que es precisamente en estos órganos en donde se estudian, analizan, debaten todas las propuestas legislativas y finalmente se aprueban antes de llevarlas al peno para seguir con el proceso legislativo correspondiente.

    Queda claro que las facultades así como los trabajos que se desarrollan en las Comisiones, independientemente de su naturaleza específica, son determinantes para la vida del Poder Legislativo pues, aunque las determinaciones de las mismas son convalidadas o rechazadas por el pleno, es en el trabajo en Comisiones donde se producen los proyectos que son, al final de cuentas, los elementos que dan esencia y soporte a la labor del Congreso, sobre todo, durante el debate parlamentario.

    Es en seno de las Comisiones y en las subcomisiones creadas, en donde se oficializan las posturas, se fijan posiciones, se establecen acuerdos, se logran los consensos, en donde el trabajo de cada diputada y diputado es de suma importancia.

    Por ello, el proponente de la presente iniciativa considera que igual es de reconocerse el trabajo que realiza el cuerpo técnico de cada comisión, como se ha enumerado anteriormente las diferentes tareas y funciones de las comisiones resulta basto el trabajo desempeñado, es ahí en donde especialistas, profesionistas que funcionan como cuerpo técnico de las comisiones hacen posible todo el trabajo legislativo.

    De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde al Presidente de cada comisión designar y en su caso proponer la contratación del Secretario Técnico y de los asesores, así como del personal de apoyo, quienes deberán cumplir con un perfil de conocimientos para cada tema que corresponda a la naturaleza de cada comisión, podrán dice el reglamento ser del servicio de carrea, de base o externo. (Art. 150, fracción XV, Reglamento de la Cámara de Diputados).

    En el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, de mayo del 2000, que en su artículo 67 señala:

    Artículo 67.- El Secretario Técnico coordinará los trabajos de la Unidad, bajo la dirección de la Mesa Directiva de la correspondiente Comisión o Comité, para lo cual cuenta con las funciones y tareas siguientes:

    a) Desarrollar análisis e investigaciones para el desahogo de los asuntos turnados;b) Levantar las actas y llevar el registro de los integrantes, actividades y el estado que guarden los asuntos turnados a su Comisión o Comité;c) Asistir a la Junta Directiva de la Comisión o Comité en la planeación y organización de sus actividades, así como en la formulación de convocatorias, órdenes del día, informes, memorias y publicaciones;d) Llevar el archivo de la Comisión con el apoyo y articulación con los Servicios a las Sesión, a las Comisiones y del Archivo;e) Dirigir el trabajo del personal administrativo que apoye de manera directa a la Unidad; yf) Las demás que deriven del presente Estatuto y de las normas, disposiciones y acuerdos aplicables.

    …”5

    En este contexto, el trabajo que desarrollan el cuerpo técnico, asesores y el personal administrativo resulta de gran relevancia en las atribuciones que legal y constitucionalmente le corresponden a estos órganos legislativos. El personal asignado a las comisiones, en especifico los secretarios técnicos y asesores, son los encargados de analizar y estudiar los asuntos que la Mesa Directiva les turne para el desahogo propio del proceso legislativo correspondiente. Para un proponente, resulta necesario  que en el Reglamento de la Cámara de Diputado, se regulan las tareas y atribuciones de los secretarios técnicos de las comisiones y comités, esto con el propósito de hacer más profesional y eficiente el trabajo en estos órganos legislativos. Se plantea la necesidad de que la contratación y designación de los secretarios técnicos de las comisiones y comités sea una facultad de la Junta Directiva a efecto de que los diputados que representan los diferentes grupos parlamentarios puedan evaluar el perfil, formación profesional y experiencia del personal propuesto para ocupar dicho cargo. Consideramos, que debe quedar claro en dicho reglamento la definición de las tareas y definir las atribuciones de los secretarios técnicos a efecto de que puedan conducirse con profesionalismo, responsabilidad y ética en las labores a desempeñar.

    Son los Secretarios Técnicos, los especialistas que coordinan a los cuerpos de asesores ya que bajo su supervisión y orientación las Comisiones desarrollan su labor de investigación, de razonamiento y de elaboración de proyectos legislativos que tienen un impacto directo en la vida jurídica nacional, por ello, su labor debe estar debidamente clarificada ya que aunado a lo anterior, colaboran bajo las directrices de las Mesas Directivas de la Comisión a la que pertenecen y no solo a las órdenes de un diputado.

    Proponemos que se reforme y adicione el Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de establecer de manera expresa, un procedimiento de nombramiento, ratificación y los requisitos que debe cumplir quien se desempeñe en la función de Secretario Técnico; para ello, se retoma de manera integra el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, de mayo del 2000, en lo que corresponde al artículo 67, por considerar que es el documento que de manera completa establece lo que se pretende elevar a rango reglamentario; sobre todo porque aunque dichas atribuciones se encuentran contenidas en el Estatuto en comento, este solamente obliga a los miembros del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y no a la generalidad.

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa:

    Unico. Decreto por el que se reforman el numeral 1, del artículo 148, la fracción XV del artículo 150 y la fracción VIII del artículo 151 y se adiciona un numeral 2al artículo 151, todo ello del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

    Artículo 148.

    1. Las comisiones o comités, para el despacho de los asuntos, deberán contar con un secretario técnico y asesores parlamentarios de carrera que deberán reunir el perfil del conocimiento requerido para cada tema y podrán ser del servicio de carrera, de base o externos que proporcionará el Comité de Administración conforme a la disponibilidad de los recursos humanos y el perfil del conocimiento requerido para cada tema.

    2. Podrán además, en los casos que así lo amerite, tener personal de confianza y, en su caso, de base, que reúna el perfil del conocimiento requerido para cada tema.

    Artículo 150.

    1. Son atribuciones del Presidente de la Junta Directiva:

    I. a XIV….

    XV. Proponer a la Junta Directiva de la comisión la designación y en su caso, la contratación del Secretario Técnico y de los asesores parlamentarios, así como del personal de apoyo de la comisión o Comité, que deberá reunir el perfil del conocimiento requerido para cada tema y podrá ser del servicio de carrera, de base o externo;

    XVI.…

    XVII.…

    2.…

    Artículo 151.

    1. Serán atribuciones de la Secretaría de la Junta Directiva:

    I. a VII…

    VIII. Aprobar la designación y en su caso, la contratación del Secretario Técnico y proponer al Presidente de la comisión o comité el nombramiento de sus asesores, quienes deberán reunir el perfil del conocimiento requerido para cada tema, y podrán ser del servicio de carrera, de base o externo;

    IX…

    X…

    2. Serán tareas y atribuciones del Secretario Técnico:

    I. Coordinar los trabajos de la Comisión o Comité, bajo la dirección de la Junta Directiva;

    II. Elaborarel análisis y las investigaciones correspondientes para el desahogo de los asuntos turnados a la Comisión o Comité;

    III. Elaborar las actas de las reuniones; llevar el registro de los integrantes y registrar el estado que guarden los asuntos turnados a la Comisión o Comité;

    IV. Asistir a la Junta Directiva de la Comisión o Comité en la planeación y organización de sus actividades, así formular las convocatorias de la reuniones, órdenes del día, informes, memorias y publicaciones;

    V.Llevar el archivo de la Comisión con el apoyo y articulación con los Servicios a las Sesión, a las Comisiones y del Archivo;

    VI. Dirigir los trabajos de los asesores y del personal administrativo de apoyo a la Junta Directiva;

    VII. Acatar los acuerdos del la Junta Directiva y del Pleno de las Comisiones y Comités, y

    VIII. Aabstenerse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión en los asuntos de interés de las comisiones y comités.

    TRANSITORIO

    Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días 07 del mes de mayo de 2014

    Dip. Luis Armando Córdova Díaz.- Dip. Leobardo Alcalá Padilla.- Dip. Abel Octavio Salgado Peña”.

    1, 2,4... Reglamento de la Cámara de Diputados.
    3. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
    5. Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, de mayo del 2000.






    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

    (Presentada por la C. Diputada Margarita Licea González, del grupo parlamentario del PAN)

    “La que suscribe, Diputada Margarita Licea GonzAlez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción, II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA  LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

    EXPOSICION DE MOTIVOS

    Las actividades comerciales que realizan las empresas, y que en la práctica generan gastos de las actividades preponderantes, no siempre pueden realizarse, en horas hábiles o días laborables, esto implica normalmente hacer uso de un fondo revolvente para los casos en que se tenga que atender pagos por actividades realizadas fuera de su domicilio fiscal o lugar de residencia como es común el pago de viáticos al personal que realiza una comisión y que de manera particular corresponden a hospedaje, boletos de avión, consumo en restaurantes, renta de espacios, pago de taxis, etcétera.

    Los costos inflacionarios de muchos de éstos servicios superan los $2,000.00 lo que hace que sea complejo, porque siendo un gasto autentico de la empresa tendría que estarse pagando con cheque nominativo con abono en cuenta y esta facultad de emitir cheques se delega normalmente en las áreas administrativas de dichas empresas, quienes en la práctica no son los únicos que realizan gastos a nombre de la empresa.

    Por lo tanto, es irresponsable que para atender este tipo de gastos se otorgaran cheque en blanco, hasta el momento de conocer el monto y el proveedor para expedirlo nominados.

    Las empresas actualmente tiene una camisa de fuerza, pues hay muchos gastos que realizan que no pueden ser previstos con anticipación, para hacer una transferencia de banco o cheque nominativo, pues en la práctica las manejan un fondo revolvente, como caja chica, y de ahí no pueden pagar facturas mayores de $2,000.00 cuando empezó esta disposición, podrías cubrir con esta cantidad muchos gastos, hoy en día con esa cantidad no se cubre todo lo requerido.

    Actualmente la medida que data del año 2002, atendía a la situación económica de la época en que fue incorporada a la ley, no obstante, los bienes y servicios han incrementado su precio, por lo que, de realizar una actualización considerando el índice nacional de precios al consumidor de enero de este año, un cheque nominativo de $2,000.00 pesos, que fuera emitido en 2002, actualmente tendría un valor de $3,170.80 pesos, por lo que se debe considerar esta reforma en la actualización anual.

    Por otro lado, las actividades de las empresas también han cambiado, los gastos por comprobar son más altos, por lo cual los flujos de efectivo que manejan las empresas requieren de mayor facilidad para la comprobación con cheque nominativo.

    Desde la publicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el Diario Oficial de la Federación en 1980, se contemplaba la posibilidad de deducir determinadas operaciones a que tenían derecho los contribuyentes, siempre y cuando se comprobará con documentación que reuniera los requisitos fiscales establecidos para esa época, sin embargo, el monto de la deducción no se encontraba limitado, ni exigía la realización de pagos a través de cheque.

    Lo anterior fue vigente hasta 2001, pues el 1 de enero de 2002se publicó una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, en la que los legisladores consideraron implementar medidas efectivas de control fiscal, para lo cual se estableció como requisito para realizar las deducciones autorizadas, además de contar con documentación comprobatoria que las operaciones fueran efectuadas mediante cheque nominativo del contribuyente si su monto excedía de $2,000.00, ello con el fin de que la autoridad contará con elementos más ágiles para comprobar las erogaciones efectuadas por los contribuyentes, simplificar la carga administrativa de los contribuyentes y optimizar la labor de las autoridades fiscales.

    Esta disposición también, exigía la atención a las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien expidiera la documentación comprobatoria, así como de quien adquirió el bien o recibió el servicio correspondiente.

    De igual forma se consideró que los pagos que excedieran el monto de $2,000.00, podrían efectuarse mediante el uso de tarjetas de crédito, débito, de servicios o a través de monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de fiscalizar a través del sistema financiero.

    En 2006, la obligación de atender a las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien expidiera la documentación comprobatoria fue eliminada, subsistiendo la obligación de utilizar cheque  nominativo del contribuyente, así como las diversas formas de pago del sistema financiero autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, en operaciones superiores a $2,000.00 para considerar su deducción, debiendo cumplir, a su vez, con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación

    Asimismo, a partir del año en curso se ha determinado como obligatorio, que todos los contribuyentes emitan comprobantes fiscales digitales por internet (facturación electrónica), con lo cual, además de las medidas actualmente implementadas, la autoridad hacendaria conoce plenamente las operaciones y sus métodos de pago, efectuados por las personas físicas o morales registrados ante el Servicio de Administración Tributaria.

    Ahora bien, cabe recordar que la Ley del Impuesto sobre la Renta permite las siguientes deducciones:

      • Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio.
      • El costo de lo vendido.
      • Losgastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.
      • Las inversiones.
      • Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza y mayor
      • Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal.
      • Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores.
      • Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno.
      • El ajuste anual por inflación.
      • Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros.

    Es destacable mencionar que conforme a la fracción III del artículo 27 del Ley del ISR, cualquier deducción deberá ser estrictamente indispensable para llevar su actividad a cabo. Asimismo, en casos de que la deducción sea mayor a $2,000.00, deberá ser pagado con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, débito o de servicios, a través de monederos electrónicos o por transferencia bancaria. Las deducciones pagadas en efectivo no serán deducibles.

    Esta medida que ha permanecido durante varios años, afecta en estos momentos especialmente a las empresas, pues si una empresa a lo largo de un mes gasta en hospedaje de sus empleados $5,000.00 la extensión de ese cheque le permite hacer la operación más fácil, pues actualmente casi todas las facturas rebasan los $2,000.00 esta cantidad ya está totalmente desfasada.

    Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario reformar la Ley a fin de poder aumentar el umbral que establece el primer párrafo de la fracción III del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de $ 2000.00 pesos a $ 5000.00, a fin de poder contribuir a que las empresas y negocios sigan operando bajo un esquema más flexible; pues debemos de recordar que la disposición de tasar a $ 2000.00 pesos los cheques nominativos tuvo como objeto el del contar con un elemento de control en las operaciones de los contribuyentes.

    Fue así que desde el año 2008 el Servicio de Administración Tributaria ha implementado diversas medidas de control de las operaciones, como por ejemplo, el que cada mes las personas se encuentran obligados a presentar una declaración informativa por pagos a terceros, conocida como DIOT, esta obligación informa al Servicio de Administración Tributaria de los pagos efectuados por los contribuyentes, sin importar cuál fue el método de pago por los bienes adquiridos o servicios contratados, por lo que la autoridad tiene conocimiento mes con mes de los sujetos que recibieron pagos y de quienes los efectuaron.

    No obstante ello, si la implementación de la obligación de expedir cheques nominativos por operaciones que excedan de $2,000.00, constituye una herramienta de control por parte de las autoridades hacendarias, como lo expresaron los legisladores en la ley vigente a 2013, ha perdido su finalidad. Además debemos tomar en cuenta que la medida que data del año 2002, atendía a la situación económica de la época en que fue incorporada a la ley, no obstante, los bienes y servicios han incrementado su precio, por lo que, de realizar una actualización considerando el índice nacional de precios al consumidor de enero de este año, un cheque nominativo de $2,000.00 pesos, que fuera emitido en 2002, actualmente tendría un valor de $3,170.80 pesos, por lo que se debe considerar esta reforma en la actualización anual.

    Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III, EN SU PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

    Artículo Único. Se reforma la fracción III primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

    Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

    I. y II.…

    III.   Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $5,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

             …

             …

             …

    IV. a XXII. …

    TRANSITORIO

    Único. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 07 días del mes de abril de 2014

    Dip. Margarita Licea González”.






    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

    (Presentada por los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila, Francisco Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)



     






    (Presentada por la C. Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN)








    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 423 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

    (Presentada por la C. Diputada Verónica Juárez Piña, del grupo parlamentario del PRD)

    “La suscrita, Diputada VERONICA BEATRIZ JUAREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 423 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, al tenor de la siguiente

    EXPOSICION DE MOTIVOS

    No hay ningún tipo de violencia contra las y los niños que pueda justificarse. Las y los  niños nunca deben recibir menos protección que los adultos. (Principios fundamentales del Informe del Experto Independiente para el Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las y los niños)

    El castigo físico es una forma de violencia que se acepta en algunos países del mundo, incluido el nuestro. Tradicionalmente se ha admitido que la corrección es, a la vez, un derecho de los padres unido al de educación, pero no como una facultad o un derecho absoluto, sino limitado y ejercido con moderación, pues nuestros Códigos civiles nunca permitieron un ejercicio excesivo o abusivo de esta facultad de corrección, so pena de cometer un delito. Lo anterior, aún de estar previsto en los códigos civiles no deja de ser una violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

    Los padres, tutores y familiares con niñas y niños a su cargo han considerado históricamente que con el castigo a base de golpes se educa y corrige a las y los niños, pero existe un error a cerca de esta idea, ya que la violencia tanto física como moral, tiene consecuencias en el desarrollo del menor de edad y un argumento del cual muchos hacen bandera, es el de “a mí también me educaron a golpes y no me ha quedado ningún trauma”. El uso de la violencia nunca puede tener fines educativos. Hay que respetar la integridad física y psíquica de los menores de edad, así como el desarrollo de su personalidad y su dignidad.

    Los golpes y malos tratos son una forma de violencia, tanto para niñas y niños como para adultos. Los padres se creen con el derecho de pegarles a sus hijos para que coman, estudien, no hagan ruido, se vistan, cuando llegan tarde a casa, cuando llevaron a cabo una mala conducta o cuando realizan cualquier actividad no aprobada por los padres. Existen múltiples razones injustificadas para dar un bofetón, un jalón de oreja o una nalgadita, ya sea para descargar el mal humor o para “enderezar” una situación que sale de control. No obstante, se hace imprescindible erradicar el maltrato infantil y ello comienza con la educación, pero de quienes tienen la facultad y el deber de educar.

    Actualmente, se reconoce que el castigo corporal en una forma errónea de educar y conlleva el riesgo de dañar emocionalmente a la niña o al niño. Se deben propiciar, por tanto, otras formas de corrección que promuevan acciones adecuadas para que los niños puedan educarse sin violencia.

    Ahora bien, también hay un tiempo para aprender a educar, y es que la niña o el niño necesita que el padre y la madre le fijen normas y límites. Si no existen límites, la o el niño siente que los padres no le prestan la atención necesaria y se siente libre de realizar cualquier conducta. Sin embargo, para imponer ciertas normas y limites, no es necesario recurrir al castigo físico.

    Si en la relación entre padres e hijos, las niñas, los niños y adolescentes son respetados como personas, sí son escuchados y su voz es tomada en cuenta, se habrán puesto los pilares fundamentales para la resolución de los conflictos por vías excluyentes de cualquier violencia.

    En la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional del cual el Estado es parte, se establecen los derechos del niño, entre los que destacan el derecho a la integridad física y personal, y se enuncian también, las obligaciones de los Estados parte de proteger a las niñas y a los niños de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. En su artículo 19, numeral 1, se establece lo siguiente:

    Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

    Asimismo, la Convención obliga a los Estados a promulgar medidas preventivas y a velar por que todos los niños víctimas de la violencia reciban el apoyo y la asistencia que necesiten. No obstante, a pesar de que esa prohibición es clara y tajante en el texto señalado, muchos Estados conservan cláusulas legales que "justifican" una agresión en contra de los menores, si se ejerce por los padres de manera moderada y razonable.

    En la adaptación de los ordenamientos legales internos de cada Estado, sobre la prohibición del maltrato a menores, se señala que los malos tratos dentro de la pareja hacen aumentar el riesgo de violencia contra las niñas y los niños en el seno de la familia, ya que estudios realizados en China, Colombia, Egipto, México, Filipinas, Sudáfrica e India muestran que hay una estrecha relación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra la niñez, ya que se estaría generando el fenómeno conocido como violencia en cascada, dañando el núcleo familiar, lo que provoca la desintegración de la misma.

    Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener consecuencias a mediano y a largo plazo, señala que el maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, en los casos extremos de estrés se pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.

    En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas de conducta, físicos y mentales, de igual forma “hay que señalar que actualmente hay pruebas de que enfermedades importantes de la edad adulta (entre ellas la cardiopatía isquémica, el cáncer, la enfermedad pulmonar crónica, el síndrome de colon irritable y la fibromialgía), están relacionadas con experiencias de maltrato durante la niñez”.1

    Datos del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revelan que Estados Unidos, México y Portugal, son los países donde el índice de mortalidad de menores por maltrato físico es más elevado, con  cifras  10  o 15 veces mayores que en el resto de las naciones desarrolladas, ya que en 29 países del mundo es ilegal pegarle a un niño y en 113 países se prohíbe el castigo corporal en las escuelas. Sin embargo; en otros países, como el nuestro y muchos otros de América Latina, la violencia física se ve como un método para disciplinar a los niños, e incluso en muchas familias se promueve y se les enseña a los padres a “dar una buena nalgada o un buen jalón de orejas para corregir”.

    La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°párrafosoctavo y noveno, se estipula que: “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”

    Dentro del Marco Jurídico Nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa como derecho de este sector de la población, en el Capítulo Quinto, del TÍTULO SEGUNDO, el derecho a ser protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual, es así que el artículo 21 de esta legislación señala que:

    Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional.

    En este mismo sentido, el ordenamiento antes señalado, también establece en su artículo 11 inciso B y artículo 13 inciso A que:

    Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

    B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

    Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:

    A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño, o de un o una adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas.

    Ahora bien, dentro de la legislación mexicana se encuentra el Código Civil Federal, el cual fue expedido en el año de 1928 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, y desde entonces se han tenido reformas a diversos artículos, pero sólo en dos ocasiones han sido relacionadas al artículo 423. Estas reformas, se hicieron en los años 1974 y 1997 respectivamente, en las que no se ha podido suprimir la frase “facultad de corregir”, ya que contraviene los instrumentos internacionales en materia  derechos humanos y en materia de derechos de la niñez que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado.

    Antes de la reforma de 1974, el artículo 423 del Código Civil Federal, refería que:

    “Los que ejercen la patria potestad tienen la facultad de corregir y castigar a sus hijos mesuradamente. Las autoridades en caso necesario auxiliarán a esas personas haciendo uso de amonestaciones y correctivos que presten el apoyo suficiente a la autoridad paterna”.

    Después de esta reforma cambio el sentido de esta disposición, quedando de la siguiente manera:

    “Para los efectos del artículo anterior los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. Las autoridades en caso necesario auxiliarán a esas personas haciendo usos de amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo suficiente”.

    No fue hasta la reforma de 1997 cuando se logro un cambio drástico, pero no del todo, ya que el texto en la actualidad conserva la frase de “facultad de corregir”, quedando de la siguiente manera:

    “Para los efectos del artículo anterior quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor, actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 Ter de este Código”

    Así las cosas, no podemos dejar de señalar lo que ha determinado, World Visión México, México 2013, en su Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez: “El Código Civil Federal no deja de introducir una cierta confusión al autorizar en su Artículo 423 a quienes ejerzan la patria potestad de los niños o a quienes los tengan bajo su custodia, la “facultad de corregirlos”. Si bien el mismo Artículo prevé que “[la] facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica”, la ausencia de prohibición explícita del castigo corporal puede llevar a una interpretación de la “facultad de corrección” contraria a los derechos del niño.”2

    Un ejemplo de nuestro rezago en este tema, en comparación con ordenamientos legales de otros Estados, es la legislación de España, en la que se presentó una reforma al artículo  154 del Código Civil, que es operada por la Ley 54/2007, y que ha hecho desaparecer del contenido de la patria potestad, la facultad de corregir razonable y moderadamente a los menores de edad.

    La salud no puede quedar comprometida y el castigo corporal no entra dentro de las facultades de un derecho de corrección. Si se tiene en cuenta la regulación de la violencia física y el trato degradante en el ámbito familiar, el derecho de corrección de los padres se reduce a reprender y corregir a través de la palabra. Ello supone un avance en el respeto a la dignidad y derechos humanos de los menores de edad.

    En los últimos tiempos se ha reconocido y documentado que la violencia (física, sexual, psicológica, así como la desatención deliberada) contra los niños, ejercida por los padres y otros miembros cercanos de la familia, es un fenómeno corriente en la sociedad actual. Además, es una circunstancia que se da tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo.

    En 2010, México ocupaba el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, según un informe titulado “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y se reportó que 13 millones de familias mexicanas los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.

    En la actualidad, según datos de organismos internacionales, indican que en México, seis de cada diez niñas y niños, sufren de acciones de violencia. La UNICEF estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

    A pesar de la legislación existente sobre el tema en nuestro país, los índices de violencia existentes aún cuando no son oficiales, son elevados, las niñas y los niños, sufren de maltrato en su vida cotidiana, es decir, en la escuela, en el hogar, en sus actividades diarias. Por ello, es necesario hacer difusión de los derechos de los menores de edad y las consecuencias a corto y a largo plazo que generan los actos de violencia en su contra, así mismo, reforzar las campañas ya existentes para erradicar la violencia y el maltrato infantil.

    “La violencia contra los niños y niñas está en todos lados. Pero mucha gente prefiere no verla. Se la oculta tras las puertas. Es invisible. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir libres de violencia. De esa violencia que perjudica su desarrollo físico y mental. La violencia que traba el progreso de la sociedad. Sin embargo, la violencia contra la infancia es un problema que se puede prevenir. Para ello, la gente debe unirse y decir claramente que la violencia es inaceptable. Debe hacer visible lo que era invisible.”3

    Por ello, es importante que legislador permanente suprima del artículo 423 del Código Civil la frase “facultad de corregir”, para dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño. Y que el ejercicio de la patria potestad habrá de realizarse siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica, esto es, toda actuación en el ámbito familiar debe ir encaminada al interés superior del niño.

    No hay que olvidar que el interés del niño es un principio general del Derecho. Su carácter de principio general permite reformular todo el Derecho de Familia cuyo eje de gravedad será ahora el menor de edad, debido al carácter superior de su interés sobre cualquier otro concurrente.

    Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

    Decreto por el que se reforman el artículo 423 del Código Civil Federal.

    Artículo Unico. Se reforma el artículo 423 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

    Artículo 423.-  Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores de edad bajo su custodia, tienen la obligación de respetar su integridad física y psicológica, así como observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.

    Queda prohibido infligir al menor de edad actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código.

    TRANSITORIOS

    Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mayo  de 2014.

    Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña”.

    1 “Informe mundial sobre la violencia y la salud”, Organización Panamericana de la Salud. Pág. 76. Disponible en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/violencia/sivig/doctos/imsvcompleto.pdf

    2 “Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez”, World Vision México, México, 2013,  Pág. 71.

    3 UNICEF, “La Eliminación de la Violencia contra los Niños”, extraído de: http://www.unicef.org/spanish/endviolence/about.html






    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 19 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

    (Presentada por los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)








    INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

    (Presentada por el C. Diputado Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del PAN)

    “DamiAn Zepeda Vidales, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE HUELGA, al tenor de la siguiente:

    EXPOSICION DE MOTIVOS

    La educación es y será por siempre la llave de cualquier sociedad para entrar al progreso, al desarrollo sostenido y mejores estándares en calidad de vida. Una sociedad con educación es más productiva, más informada y más participativa, pero sobre todo es más justa y equitativa. Si nuestro país logra encauzar un rumbo firme de apoyo sin regateos al sistema educativo nacional, estaremos en posición de elevar nuestros niveles de competitividad de tal manera que dentro de 20 o 30 años estemos hablando de México como un país desarrollado y con estabilidad y plenitud política, económica y social.  

    La reforma educativa llevada recientemente por el Congreso de la Unión es un gran avance para este propósito, pero aún existen vacíos que llenar y resistencias que romper. Uno de estos vacíos y resistencias es el fantasma intermitente de la huelga laboral en cualquier institución educativa, sea pública, privada o autónoma. La cohabitación del derecho a la educación y el derecho a huelga de los trabajadores ha interactuado sin éxito a lo largo de los años, pues es lamentable y común ver huelgas que dejan a miles de alumnos sin acceso a su derecho de recibir una educación.

    Si bien el ejercicio del derecho a huelga es vital para salvaguardar la justicia laboral, en el sector educativo existe el alumno, un tercer interesado que nada tiene que ver con las relaciones laborales y que es el mayor afectado por la decisión de ejercer el derecho constitucional de huelga, al ver truncada la posibilidad de continuar con su también derecho constitucional de recibir educación. Lo anterior implica entonces, la necesidad imperativa de normar en materia de ponderación de derechos constitucionales para así llenar el vacío legal que existe entre el ejercicio de ambos derechos, debiendo delimitar los alcances en la aplicación de cada uno de ellos respecto al otro.

    Es importante hacer referencia al caso de la demanda de amparo que  estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentaron en contra del emplazamiento a huelga que interpuso el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Dicha demanda fue resuelta a favor de los estudiantes por el juzgado cuarto de distrito, con sede en Morelia, Michoacán. En dicha resolución se da total respeto a la huelga de los trabajadores, pero ordena la reanudación de clases en las instalaciones de la Universidad o en sedes alternas. Dicha resolución

    Refiere que:

    (Inicia transcripción de la sentencia)

    “Ahora, el artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

    "Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

    La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

    El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

    I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

    II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

    Además:

    a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

    b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

    c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

    d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

    III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

    IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

    V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

    VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

    a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

    b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

    VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

    VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

    IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

    a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;

    b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y

    c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

    La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

    En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

    Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

    La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

    La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

    La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones”.

    En el precepto constitucional transcrito se establecen las bases sobre las cuales descansa la estructura y organización del sistema nacional de educación, y consagra como garantías para la protección del derecho humano a la educación, la obligación a cargo del Estado, de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, la cual incluso para las personas es obligatoria.

    Cabe destacar que en el precepto constitucional no reconoce –aunque si lo regula– como derecho humano, el acceso a la educación superior; pero, tampoco lo limita.

    En este contexto, conforme al artículo 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el principio de progresividad con base en el cual deben interpretarse las normas relativas a los derechos humanos, debe convenirse en que el derecho humano a la educación puede ser ampliado en las leyes secundarias –incluyendo las constituciones locales–, con la única limitante que los postulados de tales leyes no sean contrarios a los principios y valores consignados en la Constitución General.

    Ahora, los artículos 138 y 139, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, señala:

    “Artículo 138. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita”.

    Artículo 139. La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

    Garantizada la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrán (sic) por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

    a). Será democrática, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

    b). Será nacional, en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y,

    c). Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia la convicción del interés general de la sociedad cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

    Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos