Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 28 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 36

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 05 de Diciembre de 2013

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

Remite:

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

- Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 34 y adiciona un artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

- Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.















PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. La Comisión de Justicia presenta propuestas de modificación que se aceptan.

Para presentar el dictamen intervienen al respecto los CC. Senadores Roberto Gil Zuarth, a nombre de la Comisión de Justicia y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios intervienen los CC. Senadores David Monreal Avila, Pablo Escudero Morales, Víctor Manuel Camacho Solís, Arely Gómez González y María del Pilar Ortega Martínez.

Para su discusión en lo general intervienen los CC. Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, José María Martínez Martínez, María Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña Gómez.

Para su discusión en lo particular, intervienen al respecto los CC. Senadores Layda Sansores San Román, quien presenta propuesta de modificación al artículo 55 que no se admite; Angélica de la Peña Gómez, quien presenta propuesta de modificación al artículo 137 que se aprueba; y Fidel Demédicis Hidalgo, quien presenta propuesta de modificación al artículo 456 que no se admite.

Se aprueba el proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se remite a la Cámara de Diputados.















 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (12:43 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 5 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos deldía martes tres de diciembre de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del lunes dos de diciembre de dos mil trece.

Dictámenes a discusión

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reformadel Estado, de Estudios Legislativos, Primera yde Estudios Legislativos, Segunda, con proyectode Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El Presidente de la Mesa Directiva informó que el dictamen se entregó acompañado del voto particular del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Asimismo, informó que las comisiones entregaron un documento porel que acuerdan proponer modificaciones a los artículos 41, 59, 73, 74, 76, 89, 99, 102, 115,116, 122, a los Transitorios Segundo, Tercero,Sexto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto y la eliminación del Vigésimo Segundo, las cuales, fueron aceptadas en votación económica por la Asamblea y se integraron al contenido del dictamen.

Para la presentación del dictamen, intervinieron los senadores: Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Miguel Ángel Chico Herrera, por la Comisión de Reforma del Estado; y Raúl Gracia Guzmán, por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román; Mónica Arriola Gordillo; Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Ángel Benjamín Robles Montoya del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; y María Verónica Martínez Espinoza del PRI.

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: David Monreal Ávila del PT, en contra; Carlos Alberto Puente Salas del PVEM, a favor; Raúl Morón Orozco del PRD, para razonar su voto; Sonia Mendoza Díaz del PAN, a favor; Marco Antonio Blásquez Salinas del PT, para razonar su voto; Ricardo Barroso Agramont del PRI, a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, en contra; Javier Corral Jurado del PAN, a favor; Isidro Pedraza Chávez del PRD, a favor; Fernando Torres Graciano del PAN, a favor; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, para razonar su voto; Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, para razonar su voto; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, a favor; Mariana Gómez Del Campo Gurza del PAN, a favor; Juan Carlos Romero Hicks del PAN, a favor; Armando Ríos Piter del PRD, para razonar su voto; Roberto Gil Zuarth del PAN, a favor

La Presidencia de la Mesa Directiva, informó de los artículos reservados al proyecto de Decreto: 26, 41, 54, 55, 59, 90, 102, 115, 116, Transitorios Segundo y Décimo Primero, y propuestas de adición a los artículos 52, 53, 56 y Transitorio Vigésimo Tercero.

El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 107 votos en pro, 16 en contra y 1 abstención.

La Presidencia informó que el Senador David Monreal Ávila entregó sus intervenciones para referirse a los artículos 35 y 99 del proyecto de Decreto; asimismo, el Senador Benjamín Robles Montoya, entrego su intervención para referirse al artículo 105, los textos se insertaron en el Diario de los Debates.

En la discusión en lo particular, para referirse al artículo 26, intervinieron los senadores: Blanca Alcalá Ruiz del PRI; David Monreal Ávila del PT; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD. Las propuestas de los Senadores Monreal y Cuellar, no fueron acepadas a discusión. La propuesta de la Senadora Alcalá, fue aceptada a discusión y aprobada por la Asamblea. El artículo 26 fue aprobado con la propuesta de modificación aceptada por 100 votos en pro y 19 en contra.

Para referirse al artículo 41, intervinieron los senadores: David Monreal Ávila del PT, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Luis Sánchez Jiménez del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Manuel Bartlett Díaz del PT, sus propuestas de modificación no fueron aceptadas; Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum y Marcela Torres Peimbert, su propuesta fue aceptada a discusión, intervinieron las senadoras: Adriana Díaz Lizama del PAN, Dolores Padierna Luna del PRD, Martha Palafox Gutiérrez del PT, María Elena Barrera Tapia del PVEM, Mónica Arriola Gordillo, José María Martínez Martínez del PAN y Ana Guevara Espinoza del PT, la propuesta de modificaciónfue aceptada por la Asamblea; Isidro PedrazaChávez del PRD, su propuesta de modificaciónno se admitió a discusión; Raúl Morón OrozcodelPRD, su propuesta de modificación no se admitióa discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, supropuesta de modificación no se admitió a discusión; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión. El artículo 41 con la modificación aceptada fue aprobado por 112 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención.

Para referirse al artículo 54, intervinieron los senadores: David Monreal Ávila del PT remitió su propuesta, la cual no fue aceptada a discusión; José María Martínez Martínez del PAN, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Martín Orozco Sandoval del PAN, la propuesta de modificación no se admitió a discusión por 28 votos en pro y 76 en contra; Francisco Domínguez Servién del PAN remitió su propuesta, la cual no fue aceptada a discusión. El artículo 54 fue aprobado en los términos del dictamen por 89 votos en pro, 22 en contra y 1 abstención.

Para referirse al artículo 55 intervino el Senador Francisco Domínguez Servién del PAN, su propuesta de modificación no se admitió a discusión. El artículo 55 en los términos del dictamen fue aprobado por 88 votos en pro, 20 en contra y 1 abstención.

Para referirse al artículo 59, intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, no presentó propuesta de modificación; se dio lectura a la propuesta del Senador José María Martínez Martínez del PAN, la cual no fue aceptada a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD remitió su propuesta, la cual no se admitió a discusión; Armando Ríos Piter del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión por 19 votos en pro y 77 en contra. El artículo 59 fue aprobado en los términos del dictamen por 81 votos en pro, 20 en contra y 1 abstención.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que la propuesta de modificación al artículo 90 del Senador Armando Ríos Piter del PRD, fue retirada. El artículo 90 en los términos del dictamen fue aprobado por 88 votos en pro y 16 en contra.

Para referirse al artículo 102, intervinieron los senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD, la propuesta fue aceptada a discusión y aprobada por la Asamblea; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD remitió su propuesta de modificación, la cual no fue aceptada a discusión; David Monreal Ávila remitió su propuesta de modificación, la cual no fue aceptada a discusión. El artículo 102 con la propuesta de modificación aceptada fue aprobada por 102 votos en pro y 5 en contra.

Para referirse al artículo 115, intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter del PRD, remitieron su propuesta de modificación, la cual no fue aceptada a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, remitió su propuesta de modificación, la cual no fue aceptada a discusión; Mario Delgado Carrillo del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Zoé Robledo Aburto del PRD, remitió su propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión. El artículo 115 en los términos del dictamen fue aprobado por 90 votos en pro y 20 en contra.

Para referirse al artículo 116, intervinieron los senadores: David Monreal Ávila del PT, remitió su propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; José María Martínez Martínez del PAN, remitió su propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Raúl Morón Orozco del PRD, remitió su propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter del PRD, remitieron propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, remitió su propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Benjamín Robles Montoya del PRD, su propuesta de modificación no se admitió a discusión. El artículo 116 en los términos del dictamen fue aprobado por 83 votos en pro y 19 en contra.

Para referirse al artículo Segundo Transitorio, intervinieron los senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD, remitió su propuesta de modificación,la cual no fue aceptada; la Presidencia informóque la propuesta de modificación de la Senadora Marcela Torres Peimbert, quedó sin materia por la propuesta aprobada al artículo 41. La Presidencia informó que el Senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, remitió una propuesta de modificación al artículo Segundo Transitorio, la cual fue aceptada a discusión y aprobada por la Asamblea. El artículo Segundo Transitorio con la modificación aceptada fue aprobado por 85 votos en pro, 5 en contra y 11 abstenciones.

Para referirse al artículo Décimo Primero Transitorio, intervinieron los senadores: Maki Esther Ortiz Domínguez del PAN, su propuesta de modificación no se admitió a discusión; Fernando Mayans Canabal del PRD, remitió su propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión; Silvia Garza Galván del PAN, su propuesta de modificación no se admitió a discusión. El artículo Décimo Primer en los términos del dictamen fue aprobado por 88 votos en pro, 4 en contra y 4 abstenciones.

Para referirse a la propuesta de adición al artículo 52, intervinieron los senadores: Martín Orozco Sandoval del PAN, remitió propuesta de adición,la cual no se admitió a discusión; Francisco Domínguez Servién del PAN, remitió su propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión.

Para referirse a la propuesta de adición al artículo 53, intervinieron los senadores: Martín Orozco Sandoval del PAN, remitió propuesta de adición,la cual no se admitió a discusión; Francisco Domínguez Servién del PAN, remitió su propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión.

Para referirse a la propuesta de adición al artículo 56, intervinieron los senadores: Martín Orozco Sandoval del PAN, remitió propuesta de adición,la cual no se admitió a discusión; Francisco Domínguez Servién del PAN, remitió su propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión;José María Martínez Martínez del PAN, remitiósu propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión.

Para referirse a la propuesta de adición de un artículo Vigésimo Tercero, intervinieron los senadores: Martín Orozco Sandoval del PAN, remitió propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión; Dolores Padierna Luna y Armando Ríos Piter del PRD,remitió propuesta de adición, la cual no se admitió a discusión.

En consecuencia, quedaron aprobados los artículos 26, 41, 54, 55, 59, 90, 102, 115, 116 y los Transitorios Segundo y Décimo Primero del proyecto de Decreto.

Fueron aprobados los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, los siguientes dictámenes:

1) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, África,con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadanoJuan Andrés Ordóñez Gómez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Côted’Ivoire, Gabonesa, Malí y Senegal.

2) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Antonio Zabalgoitia Trejo, como Cónsul Generalde México en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

3) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo por el que se ratificael nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos José Eugenio Bello Roch, como Cónsul General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.

4) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por elque se ratifica el nombramiento expedido a favordel ciudadano Jorge Lomonaco Tonda, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Suiza.

5) De las Comisiones Unidas de RelacionesExteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de ciudadano Ulises Canchola Gutiérrez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanosen la República Islámica de Irán y, en formaconcurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de Afganistán, República Kirguisa, República Islámica de Pakistán, República de Tayikistán y República de Uzbekistán.

6) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de ciudadano Carlos IsauroFélix Corona, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en Malasia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Kiribati y la República de Nauru.

7) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanosen la Comunidad de Australia y, en formaconcurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji y República de Vanuatu.

8) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República del Paraguay.

9) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por elque se ratifica el nombramiento expedido a favordel ciudadano José Luis Alvarado González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Haití.

10) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Luis Manuel López Moreno, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario delos Estados Unidos Mexicanos en Santa Lucía y,en forma concurrente, sujeto a la recepción delos beneplácitos correspondientes, ante Antigua y Barbuda, Federación de San Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad de Dominica, y San Vicente y las Granadinas.

11) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana María Cristina de la Garza Sandoval, como Cónsul General de México en Río de Janeiro, Brasil.

12) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por elque se ratifica el nombramiento expedido a favordel ciudadano Leandro Arellano Reséndiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario delos Estados Unidos Mexicanos en la República Bolivariana de Venezuela.

13) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Arnulfo Valdivia Machuca, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Colombia.

14) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por elque se ratifica el nombramiento expedido a favordel ciudadano Fernando Baeza Meléndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República de Costa Rica.

15) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, con punto de Acuerdo por elque se ratifica el nombramiento expedido a favordel ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario delos Estados Unidos Mexicanos en la República Argentina.

16) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Roberta Lajous Vargas, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de España y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Principado de Andorra.

17) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Europa; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país.

18) De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa,con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

En la discusión intervinieron los senadores: Gabriela Cuevas Barrón, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores; Teófilo Torres Corzo, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; Mariana Gómez del Campo, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; Marcela Guerra Castillo, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Américadel Norte; Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Rabindranath Salazar Solorio, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; y Ma. Del Rocío Pineda Gochi del PRI.

La Presidencia informó de la votación de 14 nombramientos y dejó para su votación por separado los nombramientos de los Embajadores de Colombia, Costa Rica, Argentina y Gran Bretaña. Los 14 nombramientos fueron aprobados por 100 votos en pro.

El nombramiento del ciudadano Arnulfo Valdivia Machuca, como Embajador en la República de Colombia, fue aprobado por 101 votos en pro.

El nombramiento del ciudadano Fernando Baeza Meléndez, como Embajador en la República de Costa Rica, fue aprobado por 88 votos en pro, 7 en contra y 3 abstenciones.

El nombramiento del ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador en la República Argentina, fue aprobado por 89 votos en pro y 9 en contra.

El nombramiento del ciudadano Diego Antonio Gómez Pickering, como Embajador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Organismos Internacionales con sede en ese país, fue aprobado por 85 votos en pro y 8 en contra.

Los funcionarios rindieron su protesta de ley.

(Dictamen de primera lectura)

Se recibió de las Comisiones Unidas de Justiciay de Estudios Legislativos, Segunda, proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.- La Asamblea autorizó su incorporación en el Orden del Día de la Sesión, quedó de Primera Lectura.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres Acuerdos de la Junta de Coordinación Política porel que se modifica la integración de comisiones.- Fueron aprobados en votación económica.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las tres horas con veintitrés minutos del miércoles cuatro de diciembre y citó a la siguiente el jueves cinco de diciembre a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta.

La Mesa Directiva presentó con el informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas, el cual se publicará en la Gaceta y contiene 203 movimientos.

Asimismo, la Mesa Directiva autorizó la ampliación de plazo para la presentación del dictamen correspondiente que solicitó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, el 23 de octubre pasado.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica las resoluciones descritas por la Secretaría.

Pasamos a los asuntos de la agenda del día de hoy.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, con la que remite el informe de su participación en la Misión Cités 2013 a Francia, “Cooperación Interinstitucional y Territorios Sustentables”, celebrada del 23 al 28 de junio de 2013.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2013; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas; información sobre la evolución de la recaudación para el mes de octubre de 2013 e información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de octubre del año en curso.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Este proyecto se acompaña del Acuerdo aprobado por esa Cámara, que autoriza al Senado a remitir al Ejecutivo Federal el Decreto, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras, de conformidad con lo que establece el inciso e) del artículo 72 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalara, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos:

Quiero, el día de hoy, presentar ante ustedes esta iniciativa, estimadas compañeras y compañeros.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Agrega el CONAPRED que hay grupos humanos, que por su grado de vulnerabilidad, son víctimas de la discriminación, todos los días, por alguna de sus características físicas o su forma de vida.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas, son negativos y tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. La discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.

En este mismo sentido, el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en el año 2011, señala que en nuestro país está prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por otro lado, en el artículo 1º. de la Ley del Servicio Militar se expone que el servicio de las armas será obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, el cual se prestará en el Ejército o en la Armada.

Asimismo, en el artículo 10 de la misma ley se señala que en su Reglamento se fijarán las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos.

En los últimos años y como una expresión del reconocimiento de los derechos de las mujeres, se les incorporó en la prestación del Servicio Militar Nacional, buscando formalizar su participación voluntaria y aprovechando sus capacidades físicas e intelectuales, así como su gran sentido de responsabilidad; pero además, con el objetivo de tener mayor apertura en la inclusión de diversos sectores de la sociedad.

Por ello, y por la relevancia que tiene desarrollar habilidades, valores y virtudes en todos los ciudadanos de nuestro país, considero importante apegarnos a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 3 que se les debe propiciar a sus beneficiarios una participación plena y efectiva en la sociedad, para lo cual el Estado mexicano deberá realizar las acciones tendientes a fomentar su inclusión integral.

Senadoras y Senadores, las personas con discapacidad aún se enfrentan a situaciones que vienen a romper con el camino hacia una plena inclusión, en el cual nos encontramos transitando, debido a que aún existen disposiciones cuyo origen data de contextos rígidos cuando la discapacidad no era concebida como parte de la condición humana.

Tal es el caso de la aceptación de personas con discapacidad para cumplir con su obligación de realizar el Servicio Militar Nacional, debido a que no se les permita realizarlo de manera ordinaria sin darles alguna alternativa a partir de actividades de acuerdo a su condición.

Lo anterior, conlleva que se sigan presentando situaciones de aislamiento que sin duda repercuten en la inclusión social, acentuando la visión de tratar desigual a los desiguales, por lo que debemos de promover que las obligaciones con las que cuentan los ciudadanos mexicanos puedan ser cumplidas, en igualdad de condiciones, por todos.

Es por lo descrito, que la presente iniciativa tiene como objeto reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar para que no se pueda negar la prestación del servicio de las armas por motivos de discapacidad a ningún ciudadano mexicano, y aquí quiero reiterar, a petición de parte, a quienes podrían realizar algún tipo de servicio que se adecue a su condición, dentro de nuestras Fuerzas Armadas en donde las actividades que se realizan son multidisciplinarias y las personas con discapacidad tienen mucho que aportar.

Por todo ello, en el marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, que recién se ha celebrado el día 3 de diciembre y en sintonía con el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, donde hace referencia a la importancia de romper las barreras, abrir las puertas por una sociedad inclusiva para todos, es que las invito y los invito a sumarse a la presente iniciativa que, sin duda, abonará en el camino que tenemos como país hacia la inclusión plena y efectiva de todas las personas y, sobre todo, permitirá abrir nuevos espacios para aquellos sectores que por su condición, a la fecha han sido invisibles en ciertos ámbitos de la vida, lo que traerá consigo una convivencia que nos permitirá retroalimentarnos y aprovechar las múltiples capacidades de las personas con algún tipo de discapacidad a favor de la sociedad.

Por su atención, pero sobre todo por su respaldo, muchas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artIculo 10 de la Ley del Servicio Militar, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Agrega el CONAPRED que hay grupos humanosque, por su grado de vulnerabilidad, son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Concluye el CONAPRED que la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.

El quinto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en el año 2011, señala que en nuestro país queda prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2. Siguiendo con nuestra Carta Magna, el cuarto párrafo del artículo 5º constitucional estipula que en cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta.

Asimismo, en las primeras tres fracciones del artículo 31 se establece que son obligaciones de los mexicanos, las siguientes:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar, y

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior.

Por su parte, la fracción IV del artículo 35 constitucional señala que todo ciudadano tendrá el derecho de tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.

Por último, la fracción II del artículo 36, establece que son obligaciones de los ciudadanos de la República Mexicana el alistarse en la Guardia Nacional. Aunque esta figura no está clara en nuestra legislación, se puede entender que alistarse en la Guardia Nacional es ingresar al Ejército Mexicano.

3. En el artículo 1º de la Ley del Servicio Militar se expone que el servicio de las armas será obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, el cual se prestará en el Ejército o en la Armada.

Sin embargo, en el artículo 10 de la misma Ley se señala que en su Reglamento se fijarán las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos. Además, otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades requeridas por dicha Secretaría.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, pueden ser exceptuados de servir en las unidades del activo, así como de todo servicio militar aquellos mexicanos que se encuentren comprendidos en las circunstancias señaladas en el artículo 10 de la Ley.

Asimismo, se estipula que la excepción total o parcial para el servicio militar se derivará de incapacidad física, y de cualquier otra causa de las especificadas en la primera parte del artículo 10de la Ley, es decir, por impedimentos físicos, morales y sociales.

4. El Servicio Militar Nacional tuvo su origen gracias a la situación que prevalecía en Europa a partir del año de 1939, la cual reclamaba que los pueblos tomaran medidas adecuadas para prevenir injustificadas agresiones, por lo que en nuestro país se juzgó conveniente instaurar aspectos importantes de la Defensa Nacional, como los referidos a la Instrucción Militar y al Servicio Militar Obligatorio.

Por tal motivo, el 19 de agosto de 1940, se promulgaron la Ley y el Reglamento del Servicio Militar, por Decreto del entonces Presidente de la República Manuel Ávila Camacho, iniciándose la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar, nacidos en el año de 1924 (clase 1924).

El Servicio Militar Nacional tiene como propósito resolver los trascendentales problemas que plantea la Defensa de la Nación, por lo que pone en las reservas del Ejército Mexicano a todos los habitantes útiles del país para que, en caso de ser necesario, se movilicen los contingentes que la patria necesite para enfrentar cualquier peligro exterior.

En 1997, se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a efecto de que los conscriptos coadyuvarán con el desarrollo del país aplicando cinco Programas de Beneficio Social (Educativo, Deportivo, Rescate del Acervo Cultural, Marcha Contra las Adicciones y de Labor Social) estructura que prevaleció hasta el año 2005. A partir del año 2006, únicamente se desarrolla el Programa de Adiestramiento Militar.

Por otro lado, en los últimos años y como una expresión del reconocimiento de los derechos de las mujeres, se les incorporó en la prestación del Servicio Militar Nacional, buscando formalizar su participación voluntaria y aprovechando sus capacidades físicas e intelectuales, así como su gran sentido de responsabilidad.

A través de esta iniciativa se buscó fomentar la participación de la mujer voluntaria en el programa de adiestramiento militar, proporcionándole los conocimientos básicos de la doctrina militar que les permitan desarrollar habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, en caso de ser necesario, con las fuerzas armadas a la defensa y necesidades del país.

5. La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad establece en su Artículo 3 que se les deberá propiciar a sus beneficiarios una participación plena y efectiva en la sociedad, para lo cual el Estado mexicano deberá realizar las acciones pertinentes tendientes a fomentar su inclusión integral.

A través de la historia, hemos sido testigos de un sinfín de casos de éxito de personas con discapacidad en prácticamente, todos los ámbitos de la vida.

Tenemos el caso de grandes deportistas, artistas, investigadores, ideólogos, funcionarios, etc., cuya condición de vida nos ha dejado de manifiesto que la única verdad es que no conocen límites.

Sin embargo, las personas con discapacidad aún se enfrentan a situaciones que vienen a romper con el camino hacia una plena inclusión, en el cual nos encontramos transitando, debido a que nos encontramos con disposiciones cuyo origen data de contextos rígidos cuando la discapacidad no era concebida como parte de la condición humana.

Tal es el caso de la aceptación de personas con discapacidad para cumplir con su obligación de realizar el Servicio Militar Nacional, debido a que no se les permite realizarlo de manera ordinaria sin darles opción alguna de realizarlo a partir de alguna actividad de acuerdo a su condición.

Lo anterior, conlleva que se sigan presentando situaciones de aislamiento que sin duda repercuten en la inclusión social, acentuando la visión de tratar desigual a los desiguales, por lo que debemos de promover que las obligaciones con las que cuentan los ciudadanos mexicanos puedan ser cumplidas, en igualdad de condiciones, por todos.

Así, la presente Iniciativa tiene como finalidad reformar el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar para que no se pueda negar la prestación del servicio de las armas por motivos de discapacidad a ningún ciudadano mexicano, a petición de parte, a quienes podrían realizar algún tipo de servicio que se adecuen a su condición, dentro de nuestras fuerzas armadas en donde las actividades que se realizan son multidisciplinarias y las personas con discapacidad tiene mucho que aportar.

Esta reforma abonará en el camino que tenemos como país hacia la inclusión plena y efectiva de todas las personas y, sobretodo, permitirá abrir nuevos espacios para aquellos sectores que por su condición a la fecha han sido invisibles en ciertos ámbitos de la vida, lo que traerá consigo una convivencia que nos permitirá retroalimentarnos y aprovechar las múltiples capacidades de las personas con discapacidad en favor de la sociedad.

Es tiempo de adecuar nuestra legislación para promover todas aquellas medidas que promuevan el acceso real a la igualdad de oportunidades, concientizando y sensibilizando a todos los sectores de nuestra sociedad, entre ellos, los gubernamentales.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR

UNICO.- Se reforman el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:

ARTICULO 10.- El Reglamento de esta Ley fijará las causas de excepción total o parcial para el servicio de las armas, señalando los impedimentos de orden físico, moral y social y la manera de comprobarlos, no debiéndose negar la prestación del servicio de las armas por motivos de discapacidad a petición de parte. La Secretaría de la Defensa Nacional, por virtud de esta Ley queda investida de la facultad para exceptuar del servicio militar a quienes no llenen las necesidades de la Defensa Nacional.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Tiene ahora la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 3o., 6o., 17, 18, 21, 26, 27, 31, 41, 43, 44, 55, 56, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 122, 123, 124, 127, 131, 134, 135, ASI COMO LA DENOMINACION DEL TITULO QUINTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de la C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señora Presidenta.

La iniciativa que estamos presentando los Senadores de Acción Nacional tiene que ver con la iniciativa tan ansiada para la ciudad de México sobre la reforma política, primero, porque estamos muy conscientes y porque además hemos insistido prácticamente por más de una década en la necesidad de una reforma política para el Distrito Federal.

El PAN, a lo largo de nuestra historia, hemos presentado ya más de diez iniciativas distintas, hemos estado también en diferentes mesas discutiendo la necesidad de tener un Distrito Federal en el que los ciudadanos puedan ser tratados como ciudadanos de primera y no como ciudadanos de segunda.

Quiero, además, destacar la importancia de que el día de hoy presentemos esta iniciativa, sabemos que aquí ya fue aprobada una reforma político-electoral para México. Desafortunadamente dentro de esta reforma no fue incluido el Distrito Federal.

Sabemos también que se discute, no en este Senado de la República, sino en mesas distintas, la posible reforma política, pero desafortunadamente no hemos sido integrados, no hemos sido incorporados en esa mesa de discusión los Senadores que somos del Distrito Federal, primero; y segundo, que formamos parte de la Comisión del Distrito Federal, comisión que además, desde este Senado hemos realizado diferentes mesas de trabajo, hemos escuchado a los especialistas y desafortunadamente en esta negociación no hemos sido incluidos, pero yo espero que en próximos días, si es que se discute aquí antes de que termine el año la reforma política del Distrito Federal, sea tomada en cuenta la propuesta del PAN.

Somos una de las ciudades más importantes a nivel mundial por el tamaño de nuestra economía, generamos casi el 18 por ciento del PIB nacional y tenemos una población de 8.8 millones de personas, que es muy cercana a la población que tienen países enteros.

Yo quiero destacar algunas de las propuestas que contiene esta reforma política:

Primero, destacar que lo que estamos buscando es la manera de fortalecer a las delegaciones. Que podamos tener en el Distrito Federal alcaldías, que podamos tener también delegaciones divididas.

Estamos pensando dentro de este fortalecimiento delegacional, en dividir Iztapalapa en tres, en dividir la Delegación Gustavo A. Madero en dos, en dividir la Delegación Alvaro Obregón en dos. Estaríamos hablando de un total de 20 alcaldías.

Estamos también proponiendo el consejo de la alcaldía, que incorpore de manera proporcional la representación de las diversas fuerzas políticas.

Sí queremos alcaldías, sí queremos consejos dentro de estas alcaldías. Pero queremos también que haya injerencia.

¿Cómo fortalecer a nuestros alcaldes? Fortalecer significa también en la parte presupuestal, ¿cómo logramos que puedan ellos mismos manejar su presupuesto y que no dependa del jefe de gobierno en turno y de la relación que se tenga con el mismo de si le dan o no dinero al jefe delegacional?

Estamos proponiendo una ley de coordinación fiscal en donde exista una distribución justa de recursos, el cien por ciento del Impuesto Predial que vaya para las alcaldías.

Pensar en una fórmula de distribución, proponer criterios más allá de población y marginación para considerar la demanda y uso de servicios de la población flotante, por ejemplo, actividad económica.

La reelección: Se establece la posibilidad de reelección de alcaldes y concejales hasta por cuatro ocasiones. Denominar a la Ciudad de México para todos sus efectos, como la Ciudad de México, tener también un estatuto constitucional de la Ciudad de México que estaría sustituyendo al actual estatuto de gobierno del Distrito Federal, fundamental y para cerrar la parte de la coordinación metropolitana.

Poder tener esta coordinación metropolitana que al día de hoy desafortunadamente no existe y que podamos discutir con esta visión temas de movilidad, temas de seguridad pública y procuración de justicia, desarrollo urbano y vivienda, agua y medio ambiente, manejo de residuos sólidos, desarrollo económico y competitividad.

Y pensar también en una Asamblea Legislativa fuerte, integrar un constituyente permanente, por ejemplo, y que no tenga la Ciudad de México que acudir al Congreso de la Unión para solicitarle recursos, para hablar de la deuda, entre muchos otros temas.

Es una iniciativa nutrida, la dejamos en la mesa y estamos esperando que esta reforma política sí se discuta en el Senado de la República y no en lo oscurito.

Esperemos y estamos seguros de que esta iniciativa va a ser tomada en cuenta.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Las que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA yGABRIELA CUEVAS BARRON Senadoras de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 73 fracciones XXI, XXIII y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 3°, 6°, 17, 18, 21, 26, 27, 31, 41, 43, 44, 55, 56, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 122, 123, 124, 127, 131, 134, 135, ASÍ COMO LA DENOMINACION DEL TITULO QUINTO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A. Antecedentes

El Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello es una entidad federativa sui generis sujeta a un régimen constitucional especial, distinto al de los estados de la Federación, dentro de nuestro ordenamiento supremo. La naturaleza jurídica del Distrito Federal y de sus distintos órganos de gobierno ha sido objeto de diversas modificaciones a nivel constitucional y legal que constituyen los antecedentes de la presente iniciativa.

La Constitución de 1917 en su texto original estableció que el Distrito Federal era la sede de los Poderes Federales y capital de los Estados Unidos Mexicanos; el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo quedaron depositados en los órganos federales, respectivamente: Congreso de la Unión y Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de un Gobernador que acordaría directamente su mandato con el Ejecutivo Federal. En este sentido, se mantuvo, tal como lo preveía la Constitución de 1857, la figura del Municipio gobernado por un Ayuntamiento en el Distrito Federal. En consecuencia, el Distrito Federal quedó conformado por las trece municipalidades que se señalaron en el año de 1903, por lo cual se configuró la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales el 14 de abril de ese año.

En 1928, por medio de reforma constitucional al artículo 73, fracción VI, se establecieron nuevas bases para la organización política y administrativa y suprimiendo el sistema municipal en el Distrito Federal, encomendándose el gobierno del mismo al Presidente de la República: "... quien lo ejercerá por conducto del órgano que determine la ley respectiva”. Con ello se suprimieron los Ayuntamientos comprendidos dentro de la jurisdicción del Distrito Federal.

Con fundamento en esta reforma se expidió la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, aprobada en diciembre de 1928, que estableció un órgano de gobierno para el Distrito Federal que recibió el nombre de Departamento del Distrito Federal. Las facultades de decisión y de ejecución fueron encomendadas a un Jefe del Departamento del Distrito Federal, popularmente conocido como "Regente", bajo cuya autoridad fueron puestos los servicios públicos y otras atribuciones ejecutivas. El funcionario sería nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. Además dicha Ley estableció que el territorio del Distrito Federal se dividía enun Departamento central y 13 delegaciones, dicho Departamento tenía una naturaleza jurídica de carácter administrativo como órgano dependiente del Ejecutivo Federal y con competencia territorial específica.

En 1941, con fecha de 31 de diciembre, se aprobó la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, que dividió el territorio del Distrito Federal en lo que se denominó Ciudad de México, sede del Departamento Central; y, doce delegaciones en el Distrito Federal. Dicha división territorial se modificó hasta el mes de diciembre de 1970, equiparando los términos "Distrito Federal" con "Ciudad de México", creando cuatro delegaciones nuevas, que junto con las doce existentes conforman las actuales dieciséis delegaciones del Distrito Federal. Las delegaciones carecían de facultades de gobierno, limitándose únicamente a brindar ciertos servicios pero con una total subordinación al Jefe del Departamento del Distrito Federal.

En 1987, por medio del decreto de reformas al artículo 73, fracción VI, base Tercera de la Constitución General de la República se estableció la entonces denominada Asamblea de Representantes del Distrito Federal, órgano de representación ciudadana, la cual estaba facultada para emitir disposiciones con el carácter de bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno en diversas materias del ámbito local.

En 1993, mediante la reforma constitucional de fecha 21 de octubre se modificaron los artículos 44; 73, fracción VI; y, 122, de tal manera que se definió que la ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se estableció que el Congreso de la Unión debía expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas a la entonces Asamblea de Representantes. La Asamblea conservó la competencia expresa sobre las materias sobre las cuales anteriormente ya podía expedir bandos, ordenanzas y reglamentos. Aunado a lo anterior, se limitó la facultad presidencial de nombramiento del entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la Asamblea.

De esta manera, se estableció la coexistencia de un sistema de distribución de competencias compartido entre el Congreso de la Unión y la Asamblea, y, en consecuencia, se definió un régimen de facultades legislativas expresas y restrictivas para la Asamblea, conservando el Congreso de la Unión la competencia residual en todas aquellas materias no legisladas expresamente por la Asamblea.

En 1996, mediante la reforma constitucional de fecha 21 de agosto, se modificaron diversos artículos, entre ellos el 73, fracción VI; 76; y, el 122, de tal manera que los dos ejes de dicha reforma fueron la modificación de los Poderes Federales con respecto al Distrito Federal; y, el establecimiento de órganos de gobierno que ejercerían las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, respectivamente en el Distrito Federal, a saber: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

En consecuencia, la Asamblea de Representantes se transformó nominalmente en Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se amplió su ámbito legislativo en una diversidad de materias. Se reconoció el derecho de los ciudadanos de elegir, por primera vez mediante voto directo, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. De igual forma, se definió que los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serían electos por medio de voto popular; sin embargo, las atribuciones y competencias de éstos no se fortalecieron, sino que se mantuvieron sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, sin autonomía presupuestaria y en una situación de sujeción jurídica y administrativa hacia el Gobierno del Distrito Federal.

En 2001, con fecha 13 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, por conducto de su Comisión de Gobierno, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaba los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En 2002, en sesión celebrada el 1 de octubre, el H. Senado de la República decidió desechar en su totalidad la minuta de referencia. En 2002, derivado del dictamen del Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 7 de noviembre, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional registrada con número de expediente 64/2002.

En 2004, en sesión plenaria de 17 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional referida, sin entrar al fondo del asunto por considerar que no era procedente, debido a que el acto reclamado no era definitivo, pues el Senado regresó el proyecto a la Cámara de Diputados para su revisión, por lo que el proceso legislativo resultaba “inacabado”, ya que quedó pendiente que esta Cámara determinara sí aceptaba o no las consideraciones del Senado.

En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, constituyó la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal con la finalidad de reformular la iniciativa anteriormente presentada, y, en su caso, aprobarla para concluir con el procedimiento de la Reforma Política del Distrito Federal. Dicha Comisión concluyó sus trabajos y presentó su iniciativa ante el pleno de la Asamblea Legislativa el 22 de abril de 2010. Tal iniciativa, derivó en una propuesta de Reforma Política del Distrito Federal que fue consensuada por todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, misma que fue formalmente entregada a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República el 11 de agosto de 2010, para que ahí fuera formalmente presentada, dadas las reformas constitucionales que contemplaba. A la postre, la Reforma Política del Distrito Federal no fue discutida ni analizada en el Congreso de la Unión.

Derivado de los antecedentes anteriores, es dable afirmar que el Distrito Federal ha experimentado un proceso continuo de desarrollo en su dinámica institucional político- administrativa. Sin embargo, existen insuficiencias en el diseño administrativo y de gobierno de la Ciudad, el cual se ha rezagado respecto del desarrollo político logrado por la Ciudad de México en las últimas décadas, por lo que el actual diseño no responde ya a las necesidades apremiantes de una urbe como la nuestra, que es plural en su conformación social y demográfica, lo mismo que en los intereses y prioridades de sus ciudadanos. La arquitectura administrativa de la Ciudad de México tampoco está contemplada para atender la calidad de la Ciudad, como núcleo de una de las zonas metropolitanas más complejas y dinámicas del mundo, y hacer frente a los grandes retos que ello significa en materia de gobierno, seguridad pública, desarrollo urbano, asentamientos humanos, y servicios públicos.

De igual modo, la democratización de la participación de la ciudadanía, y de las libertades públicas de las que hoy goza la Ciudad de México, se ve opacada por las insuficiencias democráticas al interior de varias de sus instituciones de representación ciudadana (particularmente las delegaciones políticas y la Asamblea Legislativa); así como un preocupante diseño en la conformación y desempeño de los organismos autónomos de la Ciudad, los cuales están lejos de ser garantes de calidad, objetividad e imparcialidad.

Por lo que se refiere a los actuales órganos político-administrativos, éstos deben ser unfiel reflejo de la indiscutible pluralidad política que existe en la Ciudad, y dejar de ser extractivos; para ello es prioritario reconfigurarlos hacia su interior y colegiar sus decisiones. Esto, tanto para garantizar que en su gobierno y administración se vean incluidas todas las expresiones políticas en la demarcación de que se trate, conforme a su nivel de representatividad, como para instituir los adecuados mecanismos de frenos y contrapesos, en las decisiones de sus titulares; aspectos todos, que hoy en día no existen. La democratización interna de los órganos político-administrativos, y dotar a éstos de personalidad jurídica plena, atribuciones y patrimonio propio, son condiciones sine qua non, del procesode desarrollo democrático de la Ciudad de México; son su gran pendiente. Con esa transformación, se abonaría en el empoderamiento de los ciudadanos, al dotarlos de instrumentos para obligar a los órganos de referencia a ser transparentes y a rendir cuentas. Esa transformación también asegura que los gobiernos de las actuales delegaciones respondan a los anhelos de todos los habitantes en cada demarcación, y no sólo a los de ciertos grupos de interés o clientelares. No hacer estos cambios, es condenar a los capitalinos a tener a nivel delegacional, el mismo esquema de gobierno unipersonal y con corte de regencia, que la Ciudad superó en el ámbito central desde hace veinticinco años.

Por otro lado, la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy en día reproduce hacia su interior, el viejo esquema de organización y funcionamiento vertical y autoritario, bajo el que estaba concebido hasta antes de 1997 el Poder Legislativo Federal. Un diseño que permitía la sobrerrepresentación parlamentaria de una sola fuerza política, por encima de su resultado electoral y representatividad real, así como un diseño que inhibe el debate de las ideas y los acuerdos políticos, y los sustituye por la construcción de mayorías artificiales –reforzadas por el transfuguismo político, y que responde a la agenda e intereses del ejecutivo local en turno, por encima de la agenda de los ciudadanos. La actual Asamblea Legislativa está concebida para funcionar con una Comisión de Gobierno, que copia los peores vicios autoritarios y de discrecionalidad con los que se desempeñaba la extinta “Gran Comisión”, presente hasta hace apenas tres lustros, en ambas cámaras del Congreso de la Unión. La presente iniciativa se propone acabar con ese esquema de organización de la Asamblea Legislativa, por pervertir la democracia y la representatividad ciudadanas, además de agraviar a los electores. En su lugar, además de democratizar internamente el gobierno de la Asamblea, se propone que ésta forme parte de los grandes debates y deliberaciones no sólo de la Ciudad, sino del país en su conjunto. Y se busca también, dotar a la Asamblea de mayores facultades y responsabilidades, que respondan a la transformación de la Ciudad que aquí se propone.

Por último, se propone modificar la conformación y funcionamiento de los organismos autónomos del Distrito Federal, para que respondan en su actuar a los afanes de los ciudadanos en su conjunto, y para que representen a la diversidad de agendas que existen en esta gran Ciudad. En este propósito se busca garantizar que los organismos autónomos se conduzcan con criterios de eficiencia, objetividad, imparcialidad y profesionalización; y para ello, la presente iniciativa busca ciudadanizar a los distintos organismos autónomos de la Ciudad de México, para permitir que los ciudadanos puedan postularse para conducirlos o formar parte de ellos; al tiempo de que al interior de la Asamblea se fuerce al acuerdo y al entendimiento democrático entre las distintas fuerzas, para la conformación definitiva de los mismos, conforme a los criterios antes señalados.

Todos los anteriores, son aspectos que quedan pendientes, a fin de que los ciudadanos del Distrito Federal puedan contar con derechos políticos plenos y puedan beneficiarse de una mejor distribución de facultades y competencias entre los diferentes órganos de gobierno, lo cual necesariamente deberá traducirse en mejores condiciones de vida para quienes habitan esta Ciudad, así como una más eficiente prestación de servicios por parte de la autoridad. Esta iniciativa de reforma constitucional pretende retomar esos aspectos a fin de dar origen a una nueva y mejor organización política, jurídica y administrativa del Distrito Federal.

La trascendencia de esta reforma debe analizarse en conjunción con la importancia histórica, política y jurídica que el Distrito Federal desempeña en los Estados Unidos Mexicanos al fungir como sede de los Poderes Federales y capital de la República.

La presente iniciativa cumple los siguientes objetivos:

I. Redefinir la naturaleza jurídica de lo que hasta hoy conocemos como el Distrito Federal, por medio de un nuevo ordenamiento jurídico que lo conserve como una entidad sui generis, sede de los Poderes Federales y, en consecuencia, le otorgue una nueva división político-administrativa en función de ser considerada la capital de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Rediseñar la organización y el sistema de competencias de los órganos de gobierno del Distrito Federal.

III. Modificar el sistema de distribución de competencias con respecto a los Poderes Federales.

IV. Mejorar el funcionamiento de la Administración Pública local en sus distintos niveles.

V. Reformar y democratizar la organización y el funcionamiento de los órganos político-administrativos hasta hoy denominados Delegaciones.

VI. Fortalecer a los órganos autónomos del Distrito Federal, para garantizar desde su forma de composición, un desempeño acorde con criterios de eficiencia, objetividad, imparcialidad y profesionalización.

VII. Diseñar mecanismos institucionales de coordinación metropolitana.

El objetivo primordial de las sucesivas modificaciones al diseño constitucional y legal del Distrito Federal se ha logrado a medias, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que han dado por resultado la existencia de un órgano propio, encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local, así como la elección de su Jefe de Gobierno y de los titulares de las unidades político administrativas en que se divide su administración territorial.

Adicionalmente, hoy se plantean nuevos retos y necesidades para la Ciudad, entre los que destaca la creciente exigencias de participación política y de representatividad por parte de los ciudadanos, lo mismo que los desafíos que en términos de planeación y de prestación de servicios públicos, le supone a la Ciudad el ser parte de una de las megalópolis más grandes del mundo. Ello hace necesario concebir una redefinición de la naturaleza jurídica y en la denominación de la entidad hasta hoy conocida como Distrito Federal, lo mismo que en sus órganos de gobierno y en sus órganos político-administrativos, hasta hoy conocidos como delegaciones. De igual modo se destaca una definición más clara de las competencias, principalmente entre la administración pública centralizada y los órganos político-administrativos y entre la Ciudad de México y los poderes federales. También se delinea un nuevo diseño institucional para la Zona Metropolitana del Valle de México

En este tenor de ideas, la dinámica institucional y política de la Ciudad de México cada vez más intensa, participativa y democrática, combinada con la existencia de problemas estructurales y necesidades urbanas cada vez más complejas, demanda al Constituyente Permanente el análisis profundo de la actual organización jurídico política de la entidad, a fin de realizar los ajustes y adecuaciones que se juzguen necesarias para otorgar mayor fuerza y certeza a la labor de gobierno, a la vez de ampliar la representación y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Hoy, El carácter singular que tiene la Ciudad de México, obliga a atenderla como una entidad por completo distinta a los estados de la República, pues si bien todos ellos son partes integrantes de la Federación, la Ciudad de México presenta características especiales, entre las que sobresalen las siguientes:

a) La Ciudad de México sirve de asiento a los poderes de la Unión, por lo que debe estar sujeta a un régimen constitucional especial que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo de éstos;

b) La Ciudad de México debe hacer frente a retos y responsabilidades internacionales que le confiere el hecho de ser la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el ser el asiento de las embajadas, representaciones diplomáticas y organismos mundiales, lo mismo que ser sede de eventos internacionales;

c) La Ciudad alberga a una importante cantidad del turismo nacional e internacional que recibe nuestro país;

d) La Ciudad alberga una importante infraestructura pública y privada que resulta estratégica a nivel nacional;

e) La Ciudad está conformada por una sociedad cada vez más informada y participativa, que exige representatividad, y que sus autoridades locales atiendan por igual y sin excepción, a todas las personas individuales y comunidades que la conforman; y

f) La Ciudad de México es una megalópolis que trasciende a sus propias fronteras.

Todas las anteriores características vuelven inviable a la Ciudad de México para seguir conservando el estatus de Distrito Federal, pero también para adquirir el carácter de estado, por presentar características y desafíos únicos, inexistentes en las 31 entidades federativas de la República mexicana.

Una visión de tal naturaleza exige un diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad única, con problemas y requerimientos urbanos que abarcan la totalidad de su territorio, e incluso se expanden a las áreas conurbadas que componen la zona metropolitana de la Ciudad de México.

B. Contenido de la Iniciativa

I. Cambios en la denominación de la Ciudad, en el de sus órganos de gobierno y en los órganos político-administrativos.

1. Acorde con el desarrollo democrático de la Ciudad de México en las últimas décadas, particularmente desde 1997, año en que los capitalinos eligieron por primera vez en su historia a quien habría de gobernar la Ciudad, y desde 2000 a quien habría de hacerlo en el ámbito de las delegaciones, así como a la existencia de esquemas e instituciones de participación ciudadana, no existe ya una justificación conceptual para que la Ciudad de México siga denominándose Distrito Federal, denominación que obedeció a una época en que la Ciudad era gobernada exclusivamente por los Poderes de la Unión; preponderantemente por el ejecutivo federal (bajo la figura de departamento administrativo). En ese tenor, se propone suprimir en definitiva del texto constitucional, la denominación “Distrito Federal”, para sustituirla por la de “Ciudad de México”. La Ciudad conservaría en definitiva, y en términos del artículo 44 de la Constitución, su carácter de sede de los Poderes de la Unión, y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, con atribuciones específicas para dichos poderes en el gobierno de la Ciudad de México.

2. Conforme a lo anterior, los órganos de gobierno de la Ciudad, modificarían su denominación, para responder a su naturaleza eminentemente local. De esta manera, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sería denominada en adelante como Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se convertiría en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En el caso de los organismos autónomos, órganos, dependencias y entidades de la Administración Pública local, éstos presentarían un cambio de denominación conforme al criterio antes descrito.

3. Se eliminan los últimos resquicios de la época en que la Ciudad era una mera dependencia del ejecutivo federal, y su gobernante en el ámbito local, un mero jefe de departamento administrativo, que ejercía sus funciones en calidad de regente. La denominación de Jefe de Gobierno, es un derivado del “Jefe del Departamento”, como anteriormente se conocía al titular del ejecutivo local. En consecuencia, y conforme a la nueva naturaleza de la Ciudad de México, se propone que en adelante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sea denominado Gobernador de la Ciudad de México.

4. Los órganos político-administrativos de la Ciudad, denominados hasta hoy Delegaciones, se transforman en Alcaldías, con la naturaleza y características que se señalan en el apartado correspondiente de la presente iniciativa.

II. Naturaleza jurídica de la Ciudad de México

5. La Ciudad de México, sería reconocida como una entidad sui generis, que sin tener el carácter de un estado de la República, sería reconocida como una parte integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 43 de la Constitución. Conservaría en adelante las atribuciones de avanzada que actualmente tiene conforme a su característica única en el país, y sus órganos de gobierno serían transformados en auténticos poderes, de esta nueva entidad.

III. Facultades y atribuciones de los órganos de gobierno de la Ciudad de México

Seguridad Pública

6. La Ciudad de México conservará el esquema de mando único y centralizado en materia de seguridad pública que actualmente tiene.

7. El Gobernador de la Ciudad de México nombrará y removerá al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, pero su aprobación ya no correrá a cargo del Presidente de la República, sino de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Derecho de iniciativa de leyes y decretos federales

8. En armonía con el carácter de la Ciudad de México como parte integrante de la Federación, y a efecto de garantizar un mejor esquema de participación de sus órganos en el ámbito federal, se dotaría en adelante a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México del derecho a iniciar leyes federales ante el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 71 de la Constitución.

Parte del constituyente permanente

9. La Ciudad de México, en tanto parte integrante de la Federación, gozaría en adelante del derecho de ser considerada parte del Constituyente Permanente, y como tal, sería equiparada a una Legislatura local para el efecto de votar y computar las reformas a la Constitución.

Responsabilidad de los servidores públicos

10. El actual modelo jurídico de regulación de la responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, deriva de una época en que tales servidores los eran de la Federación, en tanto que el Distrito Federal era una dependencia del presidente de la república. Se propone modificar en definitiva ese estatus en la materia.

El proyecto de reformas que se presenta plantea la modificación de los artículos 108, 109, 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual con la correspondiente modificación que se hace en el artículo 122, permitirá instaurar un régimen de responsabilidades locales para servidores públicos del Distrito Federal.

En efecto, las disposiciones constitucionales vigentes contemplan la intervención del Congreso de la Unión o de una de sus cámaras para conocer y resolver sobre Juicio Político y declaratoria de procedencia de servidores públicos del Distrito Federal que están previstos en los párrafos primeros de los artículos 110 y 111. Asimismo, con excepción de los servidores públicos de los órganos encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, los que lo son de los otros órganos de gobierno local se rigen en esta materia por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El nuevo sistema de distribución de competencias que se plantea entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa permitirá que, conforme al texto que se propone del artículo 109, la Asamblea Legislativa expida una ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En consonancia con lo anterior se propone modificar el artículo 108 para que los servidores públicos del Distrito Federal sean sustraídos de su mención en el párrafo primero y sean incorporados al tercer párrafo de dicho precepto.

De la misma forma, los servidores públicos del Distrito Federal que hasta ahora son contemplados en los párrafos primero del artículo 110, relativo al Juicio Político, y 111, relativo a la Declaración de Procedencia, se reubican tácitamente en el siguiente párrafo de ambos artículos. Esto en virtud de que en tales párrafos se hace alusión a los servidores públicos del ámbito local, y ahí se inserta la Ciudad de México. Por lo que toda vez que en estos párrafos no se hace mención específica a servidores públicos de los estados, se considera innecesario insertar un agregado relativo a los servidores públicos de la Ciudad de México. De manera tal que estos servidores públicos, serán respectivamente sujetos a lo que los referidos procedimientos disponen en el ámbito local. Estas modificaciones fueron a su vez armonizadas en la presente iniciativa, con las nuevas atribuciones que se le confieren a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el artículo 122, para legislar en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

Nombramiento del Gobernador de la Ciudad de México por causa de remoción o falta absoluta

11. Por lo que se refiere al nombramiento del Gobernador sustituto de la Ciudad de México en caso de remoción, en adelante, dicho nombramiento ya no lo hará la Cámara de Senadores, sino la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, conforme a la propuesta que formule el presidente de la República, tal y como lo dispone el Apartado B del artículo 122 de la Constitución.

En adelante, el nombramiento del Gobernador sustituto de la Ciudad de México, sea a causa de su remoción o bien por falta absoluta, lo hará la Asamblea Legislativa mediante el voto calificado de dos terceras partes de sus miembros presentes.

Controversias Constitucionales

12. En términos de la presente reforma, las alcaldías de la Ciudad de México que sustituirán a las actuales delegaciones, gozarán de personalidad jurídica. En ese sentido, se les incluye dentro de las entidades que pueden recurrir a la figura de la Controversia Constitucional en contra de otras alcaldías, los poderes en la Ciudad de México, otros estados, municipios o la Federación. En consecuencia, las alcaldías también podrán ser sujeto demandado en tales controversias constitucionales.

Inversión del principio de competencias residuales entre la Federación y la Ciudad de México

13. Actualmente, el artículo 124 de la Constitución establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Por el contrario, en el caso del Distrito Federal, sus órganos de gobierno y sus delegaciones, en términos del artículo 122 constitucional, sólo pueden actuar respecto de aquellas materias para las que se encuentran expresamente facultadas. Esta disposición pone en una situación de desventaja a la Ciudad de México respecto de las entidades federativas, pues éstas gozan de un esquema de competencias residual respecto a la Federación, es decir, que pueden actuar de manera enunciativa y no limitativa, salvo que la Constitución diga expresamente lo contrario, por tratarse de atribuciones federales. Por el contrario, la Ciudad de México está hoy en día, impedida para actuar en todo aquello que escape de sus facultades enunciadas de manera limitativa en la propia Constitución Federal. Por ello, se propone invertir dicho principio, e incluir a la Ciudad de México en la misma categoría de la que gozan las entidades federativas en materia de competencias. En adelante, la Ciudad de México podría actuar y legislar en todas aquellas materias que no se encuentren expresamente reservadas para las autoridades federales.

Estatuto Constitucional de la Ciudad de México

14. Las reformas al Estatuto Constitucional ya no serían instrumentadas por el Congreso de la Unión, sino por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mediante el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados que la integran, y para que dichas reformas surtan efectos, se requiere que las mismas sean aprobadas por la mitad más uno de las Alcaldías de la Ciudad de México. La propia Asamblea Legislativa hará el cómputo de los votos de las Alcaldías, y la declaración de que las reformas fueron aprobadas.

IV. Facultades y atribuciones de los Poderes Federales en la Ciudad de México Seguridad Pública

15. El Presidente de la República conservará el mando de la fuerza pública de la Ciudad de México, en términos de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución. De igual forma, el Presidente de la República, conservará la atribución de designar al servidor público que tenga a su cargo el mando de dicha fuerza, a propuesta del Gobernador de la Ciudad de México, y de removerlo libremente, motu proprio, o a solicitud de aquél.

Remoción del Gobernador del Distrito Federal y nombramiento de sustituto

16. El Senado de la República conservará la atribución exclusiva para remover al Gobernador de la Ciudad de México por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal, tal y como lo dispone el numeral F, de la Base Quinta, del artículo 122 constitucional, pero en adelante sólo podrá hacerlo dicha Cámara funcionando en Pleno, y ya no mediante la Comisión Permanente. Los criterios aritméticos para hacerlo, permanecerán inalterables.

Deuda Pública

17. La Ciudad de México no es un estado de la República, sino una entidad sui generis, sede de los Poderes de la Unión, capital del país y parte sustancial de una gran zona metropolitana. Debemos atender también al grave y creciente endeudamiento por el que atraviesan varias delas entidades federativas, mismo que pone en riesgo la viabilidad de sus gobiernos y el bienestar presente y futuro de sus habitantes, y que ha derivado a partir de 2012 en la creación de mecanismos de control por parte del Congreso de la Unión. Conforme a lo anterior, es imperioso conservar el esquema de atribuciones que en materia de deuda pública de la Ciudad de México, tienen los poderes de la Unión. Tal y como lo refieren la fracción VIII del artículo 73; la fracción III del Apartado B; y el párrafo tercero, del inciso b), de la fracción V, de la BASE PRIMERA; todos del artículo 122 de la Constitución.

De igual manera, se propone no incluir en la presente reforma, ningún fondo o partida especial, para hacer frente a contingencias ocasionadas a causa de omisiones del Gobierno de la Ciudad de México en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Indultos

18. En tanto que la sede de su gobierno es la Ciudad de México, y conforme al mando de la fuerza pública que tiene en la misma, el presidente de la República conservará la atribución, única en el país, de conceder indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común en la Ciudad de México.

Estatuto Constitucional de la Ciudad de México

19. Después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el más importante ordenamiento jurídico de la Ciudad de México, será el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México, que sustituiría al actual Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. A efecto de garantizar que su contenido refleje la composición pluricultural y la diversidad política de la Ciudad de México, y de que el mismo se sujete a los principios y al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho Estatuto Constitucional sería creado por la actual Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a los mecanismos que para la creación de leyes y decretos federales, se disponen en el artículo 72 de la Constitución.

V. Conformación y gobierno interior de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México

20. En armonía a como ocurre con el Poder Legislativo Federal, se establece la obligación de que la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y la Mesa Directiva, sean rotativas de manera anual, entre los partidos que por sí mismos, obtengan en la legislatura de que se trate, un porcentaje de curules de por lo menos el 16% del total. Asimismo, deberán de funcionar de manera similar a como lo hacen sus equivalentes en las Cámaras del Congreso de la Unión.

21. Desaparece la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y se sustituye por una Auditoría Superior de la Ciudad de México, dotada de plena autonomía, y cuyo titular será electo por el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados presentes.

VI. Alcaldías

22. La pluralidad y la representatividad son dos de los principios que sustentan toda democracia y le dan sentido. Estas características, aún con sus enormes insuficiencias y deficiencias, son hoy una realidad en la representación legislativa de la Ciudad de México, pero no lo son en el gobierno más cercano a los ciudadanos: las hasta hoy conocidas como Delegaciones.

Ese nivel de gobierno está en contacto directo con la población. Debe ser capaz de reflejar su pluralidad política y atender oportuna y eficazmente sus exigencias. La delegación sigue siendo el punto central de atención a las principales demandas ciudadanas, es quien conoce las necesidades más sentidas de sus habitantes y paradójicamente, es la de menor capacidad de resolución por las condiciones acotadas de actuación en que se encuentra: subordinadas por completo al gobierno de la Ciudad, que respecto de ellas, concentra y centraliza la mayor parte de las atribuciones que debiera tener, lo que les resta capacidad de gestión ante los ciudadanos. De ahí que se requiera revertir en muchas materias, esa centralización.

La descentralización es un principio asociado al fortalecimiento de la democracia, implica la transferencia del poder de decisión y ejecución de políticas públicas, en este caso, a las delegaciones, pero también a sus habitantes. Para ello, es importante considerar al menos tres aspectos:

1) la transferencia de competencias administrativas;

2) los recursos para poder asumir las diversas competencias; y

3) la capacidad política y jurídica para tomar decisiones acerca de cómo administrar las funciones y los recursos descentralizados.

Creación de Alcaldías con personalidad jurídica y patrimonio propio

23. Los órganos político administrativos no tienen la condición de gobierno local. Son, en estricto sentido, y así lo establecen las disposiciones señaladas, órganos desconcentrados. La única autoridad ejecutiva reconocida es el Jefe de Gobierno, por lo tanto los jefes delegacionales son legalmente subordinados de éste.

La “autonomía funcional” destacada en las leyes para las delegaciones, no se concreta en mecanismos de operación adecuados. Existe una alta dependencia del gobierno central para cumplir con las atribuciones establecidas. Hay una dicotomía expresada de manera constante, cuando se supedita el quehacer delegacional a las disposiciones que establezcan las dependencias centrales. Cuanto y más, cuando existe una consideración de menosprecio a las capacidades de ejecución de las delegaciones. La tendencia observaba desde el año 2006 ha sido la de reducir los márgenes de actuación de las delegaciones.

Por las razones expuestas, se propone:

1) Modificar la denominación de órgano político administrativo por el de Alcaldía.

2) Dar reconocimiento al Alcalde como autoridad local.

3) Dotar a las alcaldías de personalidad jurídica y patrimonio propio.

4) Capacidad jurídica para suscribir convenios con la Federación, municipios, otras alcaldías, empresas, OSC y otras instituciones.

5) Tener la facultad de emitir el Reglamento Interior que regirá cada Alcaldía.

6) Contar con atribuciones plenas en materia de verificación, facultades para la atención de servicios en vialidades primarias; emisión de usos de suelo, entre otras.

Cuerpos colegiados de gobierno

24. En la actualidad, los jefes delegacionales no tienen un contrapeso en el ejercicio de su gestión, por lo que se debe considerar la existencia de un órgano colegiado -de manera similar al cabildo- que permita la representación proporcional de los distintos partidos políticos.

Se propone:

7) Crear un cuerpo de carácter edilicio denominado Concejo de la Alcaldía que incorpore de manera proporcional la representación política (votación por planillas).

8) Integrado por concejales, cuyo número se determinará de acuerdo a criterios demográficos.

9) Integración del Concejo de la Alcaldía que garantice la gobernabilidad (50% + 1).

10) Los concejales percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, la que será proporcional a sus responsabilidades, y será determinada en términos de los artículos 122 y 127 de la Constitución.

VII. Coordinación metropolitana

El 60% de los mexicanos radica en alguna de las 59 zonas metropolitanas (integradas por 367 municipios). Si bien las zonas metropolitanas abarcan apenas un 7% del territorio nacional, generan el 75% del PIB nacional. Sin embargo, en ellas persisten rezagos en materia de equipamientos, infraestructura y servicios urbanos básicos. Hay crisis de vivienda, pobreza urbana y fenómenos de exclusión social.

Aunque su tamaño supone un reto de gobierno y administración, el verdadero problema radica en la capacidad de garantizar que las autoridades estatales y municipales se coordinen, al margen de consideraciones políticas o partidistas y limitaciones temporales de cada gestión.

Se requiere de un diseño institucional responsable y viable que permita la toma de decisiones con autoridad sobre temas compartidos entre las entidades que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Es decir, un esquema que dé soluciones con certidumbre a problemas de servicios públicos como transporte público y movilidad, agua, manejo de residuos sólidos y, desde luego, seguridad.

Declaratoria constitucional de creación de zonas metropolitanas

25. Las coordinaciones metropolitanas establecidas de acuerdo a la fracción VI del artículo 115 de la Constitución no han tenido la eficacia debida por carecer de fuerza legal y constitucional. No se han podido establecer organismos metropolitanos de servicios con autonomía de gestión para ofrecer servicios de calidad con visión de largo plazo.

En marzo de 1998 se elaboró el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y se creó la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana. Desde su instalación y hasta finales de 2000 la Comisión se reunió solamente en tres ocasiones.

Es necesaria la coordinación legislativa interestatal que permita plantear problemas metropolitanos y emprender políticas públicas conjuntas. La solución de estos problemas no puede depender de la voluntad política de los titulares del poder ejecutivo en cada entidad, se requiere de la interlocución entre los congresos estatales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Con la finalidad de superar estos obstáculos y garantizar la viabilidad financiera y el mandato vinculante de la coordinación metropolitana se propone:

Se contempla establecer en el artículo 73, una nueva facultad al Congreso de la Unión, para legislar en materia de zonas metropolitanas, y para emitir, previo dictamen favorable del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a solicitud de alguna legislatura local involucrada, la declaratoria de existencia de aquéllas, obligando a los congresos locales, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y a los municipios o alcaldías involucradas, a crear entidades de gestión metropolitana, en términos de un agregado que se hace al artículo 116.

Creación de entidades de gestión metropolitana con personalidad jurídica, autonomía y presupuesto

26. Tales autoridades de carácter metropolitano gozarían de un mandato vinculante como entidades de coordinación, gestión y regulación entre los distintos órdenes de gobierno. Con ello, se pretende la gobernabilidad en las zonas metropolitanas mediante instancias o mecanismos que permitan llevar a cabo una mejor gestión sectorial y territorial; impulsar la homologación normativa en aspectos administrativos, hacendarios y de inversión; y definir políticas a largo plazo que trasciendan los periodos de gobierno locales y que den sustento al diseño de presupuestos de municipios y entidades federativas.

Siendo así por mandato de los gobiernos locales, de los municipios y alcaldías que conformen una zona metropolitana, tales organismos:

1) Se conformarían legalmente como instituciones/autoridades metropolitanas con personalidad jurídica y atribuciones transversales a los tres órdenes de gobierno.

2) Con presupuestos multianuales necesarios para el cumplimiento de sus fines.

3) Con participación ciudadana en la planeación y formulación de presupuesto.

4) Generarían de diagnósticos, estudios y programas integrales de desarrollo metropolitano.

5) Invertirían en obras de infraestructura metropolitana.

Además de las materias establecidas en la fracción III del artículo 115 constitucional, tales entidades tendrían competencia para regular entre otras, en materia de:

a) Movilidad;

b) Asentamientos humanos;

c) Desarrollo urbano;

d) Protección al ambiente;

e) Preservación y restauración del equilibrio ecológico;

f) Transporte y vialidades; y

g) Protección civil.

Inclusión de las zonas metropolitanas en el Plan Nacional de Desarrollo

27. Gran parte de los problemas de la Zona Metropolitana del Valle de México, y de otras más en el país, es consecuencia de una falla estructural en la planeación de sus objetivos y metas a mediano y largo plazo. Las zonas metropolitanas gozan de una dinámica y de necesidades distintas a la de las entidades federativas en lo general, y de los municipios en lo particular. Son micro zonas con una vida propia, pero también representan regiones cuya trascendencia económica y demográfica son sustantivas para el país. Esto implica la necesidad de no sólo contemplar en las mismas, la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, sino también de prever para ellas un eje articulador en materia de planeación. Lo anterior para evitar la dispersión de objetivos y de rutas, como sucede en la actualidad. Hoy en día, los planes y programas para los municipios y las actuales delegaciones políticas de la Zona Metropolitana del Valle de México, obedecen a planteamientos de un cabildo, o de un gobierno estatal, que no necesariamente toman en cuenta las necesidades de las delegaciones políticas del Distrito Federal, ni de su gobierno; o viceversa. Es por ello, que se propone insertar un agregado al artículo 26 constitucional en materia de planeación nacional, para que el Ejecutivo tome en cuenta a las zonas metropolitanas, como una categoría territorial más, a la hora de establecer convenios y acciones para realizar su elaboración y ejecución.

VIII. Ciudadanización de los órganos autónomos y de la Contraloría General

28. Se busca lograr una verdadera independencia y fortalecimiento jurídico y operativo de los órganos autónomos, mediante la postulación de candidaturas abiertas a la ciudadanía, con requisitos de especialización y experiencia; lo cual abonará a la profesionalización de tales instituciones, así como a robustecer su actuar conforme a criterios de objetividad, imparcialidad y de transparencia y rendición de cuentas. Con ese propósito se plantea:

a) Una designación escalonada en la renovación de los órganos autónomos.

b) La designación de los miembros de los órganos autónomos mediante el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa

Por todo lo expuesto anteriormente, los que suscribimos la presente iniciativa, proponemos la aprobación del siguiente:

DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforman los artículos 3°, 6°, 17, 18, 21, 26, 27, 31, 41, 43, 44, 55, 56, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 116, 119, 122, 123, 124, 127, 131, 134, 135, así como la denominación del Título Quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Primero. Se reforma el primer párrafo y la fracción III del artículo 3°, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

Segundo. Se reforma el Apartado “A” del artículo 3°, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 6o.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

Tercero. Se reforma el séptimo párrafo del artículo 17, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17.

La Federación, los Estados y la Ciudad de México garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Cuarto. Se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 18, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 18.

La Federación, los Estados y la Ciudad de México podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación, los Estados y la Ciudad de México establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

Quinto. Se reforma el noveno párrafo y el inciso a) del artículo 21, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21.

A manera de ejemplo: se creó el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) del DF para retirar esta atribución a las delegaciones, sus presupuestos se han venido reduciendo en términos reales, se han creado organismos que norman la actuación delegacional como el Instituto de Infraestructura Educativa y la Autoridad del Espació Público.

En 1996 se otorgó la siguiente facultad constitucional: “Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el DF en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el DF, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes”.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Sexto. Se reforma el apartado B del artículo 26, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 26.

A.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas y con las zonas metropolitanas declaradas, e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

A. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Ciudad de México, municipios y alcaldías, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

Séptimo. Se reforma la fracción VI del artículo 27, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 27.

VI. Los estados y los municipios de toda la República, lo mismo que la Ciudad de México y sus alcaldías, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

Octavo. Se reforma la fracción IV del artículo 31, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31.

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Noveno. Se reforman las fracciones I; II, inciso a); III, Apartado A, último párrafo; y el apartado C), segundo párrafo; todos del artículo 41, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 41.

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y en las de la Ciudad de México y sus alcaldías.

II.

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para la Ciudad de México. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

III.

Apartado A.

g) ...

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y de la Ciudad de México conforme a la legislación aplicable.

Apartado C.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales y de la Ciudad de México, como de los municipios, alcaldías y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Décimo. Se reforma el artículo 43, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.”

Undécimo. Se reforma el artículo 44, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 44. La Ciudad de México es la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.”

Duodécimo. Se reforma la fracción V del artículo 55, para quedar como sigue:

Artículo 55.

V. ...

Los Gobernadores de los Estados y de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y de la Ciudad de México, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o de la Ciudad de México, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

…”

Décimo tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 56, para quedar como sigue:

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.”

Décimo cuarto. Se reforma la fracción III del artículo 71, para quedar como sigue:

Artículo 71.

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

…”

Décimo quinto. Se reforman las fracciones VIII, XXI, XXIII, XXVIII, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-Ñ y XXIX-P del artículo 73, para quedar como sigue:

Artículo 73.

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Gobernador de la Ciudad de México le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Gobernador de la Ciudad de México informará igualmente a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, al rendir la cuenta pública;

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. …

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías; así como de la participación de los sectores social y privado;

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la participación de los sectores social y privado.

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como de la Ciudad de México y sus Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y la Ciudad de México y sus Alcaldías coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXIX-R. Para expedir leyes en materia de zonas metropolitanas, y de declaración de existencia de éstas, previo dictamen favorable del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a solicitud de alguna legislatura local involucrada.

Décimo sexto. Se reforma la fracción IX del artículo 76, para quedar como sigue:

Artículo 76.

IX. Nombrar y remover al Gobernador de la Ciudad de México en los supuestos previstos en esta Constitución;

…”

Décimo séptimo. Se reforma la fracción I del artículo 79, para quedar como sigue:

Artículo 79.

I.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

…”

Décimo octavo. Se reforma la fracción IV del artículo 82, para quedar como sigue:

Artículo 82.

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, gobernador de algún Estado o de la Ciudad de México, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

…”

Décimo noveno. Se reforma la fracción XIV del artículo 89, para quedar como sigue:

Artículo 89.

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en la Ciudad de México;

Vigésimo. Se reforma la fracción VI del artículo 95, para quedar como sigue:

Artículo 95.

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia de la Ciudad de México, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su nombramiento.

Vigésimo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 101, para quedar como sigue:

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

…”

Vigésimo segundo. Se reforman los párrafos quinto y último del Apartado B, del artículo 102, para quedar como sigue:

Artículo 102.

B.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el gobernador de la Ciudad de México o las legislaturas de las entidades federativas.”

Vigésimo tercero. Se reforman las fracciones II y III del artículo 103, para quedar como sigue:

Artículo 103.

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o de la Ciudad de México, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.”

Vigésimo cuarto. Se reforman los incisos a), b), c), e), f), g), h), i), j) y k) de la fracción I; y los incisos a), b), c), e) y g) de la fracción II, todos del artículo 105, para quedar como sigue:

Artículo 105.

I. …

a) La Federación y un Estado o la Ciudad de México;

b) La Federación y un municipio o una alcaldía;

c)El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o de la Ciudad de México;

e) Un Estado y la Ciudad de México;

f) La Ciudad de México y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Estados o dos alcaldías de la Ciudad de México;

a) Un municipio y una alcaldía;

b) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

c) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

d) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

l) Dos órganos de gobierno de la Ciudad de México, o entre cualquiera de éstos y las alcaldías, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

I.

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o de la Ciudad de México expedidas por el Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o de la Ciudad de México expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.”

Vigésimo quinto. Se reforma el artículo 106, para quedar como sigue:

“Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o de la Ciudad de México, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los de la Ciudad de México.”

Vigésimo sexto. Se reforma el artículo 108, para quedar como sigue:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados federales, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Los Gobernadores de los Estados y de la Ciudad de México, los Diputados a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República y el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados, en los Municipios, en la Ciudad de México y en sus Alcaldías.

Vigésimo séptimo. Se reforma el primer párrafo del artículo 109, para quedar como sigue:

Artículo 109. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

…”

Vigésimo octavo. Se reforman el primero y segundo párrafos del artículo 110, para quedar como sigue:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados y de la Ciudad de México, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Vigésimo noveno. Se reforman el primero y quinto párrafos del artículo 111, para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho y el Procurador General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados y de la Ciudad de México, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

…”

Trigésimo. Se reforma la denominación del Título Quinto, para quedar como sigue:

Título Quinto

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Trigésimo primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 116, para quedar como sigue:

Artículo 116.

VIII. Las entidades integrantes de la federación que concurran en una zona metropolitana que rebase los límites geográficos de una o más entidades federativas, cada una de ellas, podrá promover ante el Congreso de la Unión, la declaratoria de Zona Metropolitana con el objeto de conformar, entidades de gestión metropolitana, dotadas de autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para atender los servicios públicos establecidos en la fracción III del artículo 115 Constitucional. Dichas entidades serán además, en los términos que determinen las leyes, competentes para gestionar y regular en la Zona Metropolitana, las siguientes materias:

a) Movilidad

b) Asentamientos humanos;

c) Desarrollo urbano;

d) Protección al ambiente;

e) Preservación y restauración del equilibrio ecológico;

f) Transporte y vialidades;

g) Protección civil; y

h) Los demás que determinen las entidades de gestión metropolitana, en términos de la legislación aplicable.”.

Trigésimo segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 119, para quedar como sigue:

Artículo 119.

Cada Estado y la Ciudad de México están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados y la Ciudad de México podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.

Trigésimo tercero. Se reforma el artículo 122, para quedar como sigue:

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales,de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, y de las Alcaldías, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Gobernador dela Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia, y las Alcaldías en el ámbito de su competencia.

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto Constitucional.

El Gobernador de la Ciudad de México tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto Constitucional, ejercerán la función judicial del fuero común en la Ciudad de México.

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales de la Ciudad de México se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Legislar en lo relativo a la Ciudad de México en las materias que tiene expresamente conferidas en esta Constitución;

II. Expedir el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México;

III. Legislar en materia de deuda pública de la Ciudad de México;

IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo a la Ciudad de México, en las materias que correspondan a la Federación, en los términos de la presente Constitución;

II. Proponer a la Asamblea Legislativa a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Gobernador de la Ciudad de México;

III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Para tal efecto, el Gobernador de la Ciudad de México someterá a la consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley;

IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto de la Ciudad de México; y

V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto Constitucional y las leyes.

C. El Estatuto Constitucional del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;

III. En la integración de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, invariablemente se observará los siguientes criterios:

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida en el Distrito Federal;

La presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, así como la Mesa Directiva de la misma, serán rotativas de manera anual, entre los partidos que por sí mismos, obtengan en la legislatura de que se trate, un porcentaje de curules de por lo menos el 16% del total. Tales órganos asemejarán su funcionamiento y atribuciones a sus equivalentes en las Cámaras del Congreso de la Unión

IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del Gobernador de la Ciudad de México;

V. La Asamblea Legislativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de esta Constitución, y conforme al Estatuto Constitucional, tendrá las siguientes facultades:

a) Reformar el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados que integran la Asamblea Legislativa. Para que dichas reformas surtan efectos, se requerirá que las mismas sean aprobadas por la mitad más uno de las Alcaldías de la Ciudad de México.

Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Gobernador de la Ciudad de México para el solo efecto de que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Ciudad de México, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los órganos de la Ciudad de México, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las Alcaldías y los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto Constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos de la Ciudad de México, establezcan las disposiciones del Estatuto Constitucional y legales aplicables.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Ciudad de México.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Gobernador de la Ciudad de México. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del Gobernador de la Ciudad de México, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al Gobernador de la Ciudad de México para que éste lo incluya en su iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Asamblea;

El titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, así como ser reconocido por su imparcialidad, objetividad y honradez.

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta o de remoción, al Gobernador de la Ciudad de México;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público de la Ciudad de México, y la Auditoría Superior dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

f) Expedir las disposiciones que garanticen en la Ciudad de México elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto Constitucional, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Gobernador de la Ciudad de México, diputados a la Asamblea Legislativa y Alcaldías;

g) Legislar en las materias de Administración Pública local, su régimen interno, procedimientos administrativos, y responsabilidad de los servidores públicos;

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio de la Ciudad de México, en los términos de la fracción VIII, del artículo 16 de esta Constitución;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los serviciosde transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios, en los términos de la fracción VIII, del artículo 16 de esta Constitución;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para la Ciudad de México;

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en las materias que respecto a la Ciudad de México tienen los poderes federales, ante el Congreso de la Unión; y

o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos de la Ciudad de México ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea,

p) Para nombrar con el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa, a los miembros de los organismos autónomos de la Ciudad de México y al titular de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. En el caso de los organismos colegiados, dichos nombramientos se harán de manera escalonada.

El Estatuto Constitucional contendrá los mecanismos para garantizar que la conformación de las candidaturas para integrar a tales organismos, sean abiertas a la ciudadanía; así como para garantizar que aquéllas estén conformadas por personas con prestigio, honradez, objetividad, imparcialidad y experiencia probadas en las materias específicas de cada uno de los organismos autónomos.

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA.-Respecto al Gobernador de la Ciudad de México:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.

Para ser Gobernador de la Ciudad de México deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto Constitucional, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de Gobernador de la Ciudad de México con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del Gobernador de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa nombrará, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, y a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto Constitucional. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará con el voto de la mayoría calificada antes señalada, a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del Gobernador de la Ciudad de México sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto.

II. El Gobernador de la Ciudad de México tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas a la Ciudad de México que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Gobernador de la Ciudad de México;

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto Constitucional; y

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto Constitucional y las leyes.

BASE TERCERA.- Respecto a las Alcaldías

I. El Distrito Federal tendrá como base de su división territorial y de su configuración político-administrativa a las Alcaldías, dotadas de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a su Ley Orgánica.

II. No existirá ninguna autoridad intermedia entre las Alcaldías y el Gobernador de la Ciudad de México, o entre aquellas y los demás poderes y organismos de la Ciudad de México,

III. Las Alcaldías podrán suscribir convenios con la Federación, las autoridades locales de la Ciudad de México, y otros estados y municipios.

IV. Las Alcaldías podrán emitir sus propios reglamentos interiores, mismos que remitirán al Gobernador de la Ciudad de México para el solo efecto de su publicación oficial. La Ley Orgánica que rija a las Alcaldías determinará los requisitos y características de los reglamentos emitidos por las Alcaldías.

V. El Estatuto Constitucional determinará el número y límites territoriales de las Alcaldías, de conformidad con las bases siguientes:

1. Cada Alcaldía será gobernada por un Concejo de Alcaldía, de elección popular directa, integrado por un Alcalde y Concejales. El número de concejales no podrán ser menor de cinco en las Alcaldías cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de diez, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de quince en las Alcaldías cuya población sea superior a esta última cifra. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno de las Alcaldías se ejercerá por el Concejo de manera exclusiva.

En los términos de la ley que se expida para tal efecto, los funcionarios que integran el Concejo serán electos de conformidad con las bases siguientes:

a) El Alcalde será electo, de conformidad con el principio de mayoría relativa, para ejercer su encargo por un período de tres años.

b) Los Concejales serán electos, de conformidad con los principios de mayoría relativa y representación proporcional, para ejercer su encargo por un período de tres años.

c) En ambos casos, los funcionarios podrán ser reelectos una vez más para el período inmediato.

2. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Concejos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus funcionarios con base en el procedimiento y causas graves que se establezcan en el Estatuto Constitucional y en la ley respectiva.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

3. En caso de declararse desaparecido un Concejo o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México designará por acuerdo de dos terceras partes de sus miembros, a sus integrantes.

VI. Los Concejales tendrán facultades para aprobar los bandos de gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública de la Alcaldía, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

VII. El objeto de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública de la Alcaldía y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los Concejales para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario de la Alcaldía o para celebrar actos o convenios que comprometan a la Alcaldía por un plazo mayor al periodo del Concejo;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refiere la fracción III de este artículo;

d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno de la Ciudad de México asuma una función o servicio de la Alcaldía cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México considere que la Alcaldía de que se trate esté imposibilitada para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Concejo de Alcaldía respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e) La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

VIII. Las Alcaldías tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Mantenimiento de las vías generales de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones, salvo las excepciones que se establezcan en la Ley respectiva;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto, y su equipamiento.

e) Parques y jardines y su equipamiento;

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, las Alcaldías observarán lo dispuesto por las leyes federales y de la Ciudad de México.

Las Alcaldías de la Ciudad de México, previo acuerdo entre sus Concejos, podrán coordinarse y asociarse con la Administración Pública de la Ciudad de México para la más eficaz prestación de estos servicios públicos.

El Concejo de Alcaldía, sujetándose a la ley que se expida para tal efecto, podrá, en casos de interés general, otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos, salvo las excepciones previstas por dicha ley.

IX. El Gobernador de la Ciudad de México tendrá a su cargo, dentro de las respectivas jurisdicciones de las Alcaldías, la prestación de los servicios públicos de:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Seguridad pública, policía preventiva y de tránsito; y,

c) Las demás que se establezcan en esta Constitución y en el Estatuto Constitucional.

Por lo que se refiere al inciso b), se prestará de conformidad con los convenios de coordinación celebrados entre el Gobernador de la Ciudad de México y los Concejos de Alcaldía de la Ciudad de México.

X. Las Alcaldías administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que Asamblea Legislativa de la Ciudad de México establezca a su favor en la ley que para tal efecto se expida y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la Ciudad de México sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

La Ciudad de México se hará cargo de las funciones relacionadas con la recaudación y la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, serán cubiertas directamente por la Federación a las Alcaldías con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine el Congreso de la Unión.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Los Concejos, en el ámbito de su competencia, propondrán a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobará las leyes de ingresos de las Alcaldías, revisarán y fiscalizará sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Concejales con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos comunitarios, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda de la Alcaldía serán ejercidos en forma directa por los Concejos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

XI. Las Alcaldías, sujetándose a lo dispuesto por la fracción III del artículo 115 y VIII del artículo 116, y de conformidad a las leyes de cada materia, podrán salvo disposición en contrario:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano comunitarios;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de plan general de desarrollo de la Ciudad de México;

d) Autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; y

j) Participar en la planeación y evaluación de la política de seguridad pública en la Ciudad de México.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, las Alcaldías expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

BASE CUARTA.-Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común:

I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador de la Ciudad de México someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa, la que resolverá con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

II. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo. Los miembros restantes serán: un Magistrado y dos jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del Pleno de Magistrados; uno designado por el Gobernador de la Ciudad de México y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados deberán gozar, además, con reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. Durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

El Consejo designará a los jueces de la Ciudad de México, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo.

III. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución;

lV. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas para la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial;

V. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución;

VI. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la entidad y lo remitirá al Gobernador de la Ciudad de México para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local de la Ciudad de México.

Los Magistrados que lo conforman, serán electos de manera escalonada, y con el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados presentes en la Asamblea Legislativa. El Estatuto Constitucional determinarán las normas para su integración y las atribuciones serán desarrolladas por su ley orgánica.

D. El Ministerio Público en la Ciudad de México será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado por el Gobernador de la Ciudad de México en los términos que señale el Estatuto Constitucional; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.

E. En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto Constitucional.

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión podrá remover al Gobernador de la Ciudad de México por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y la Ciudad de México y sus alcaldías, en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte y vialidades, protección civil, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, así como de los servicios públicos señalados en la fracción III del artículo 115 de esta Constitución, sus respectivos gobiernos se sujetarán a lo que ordena la fracción VIII del artículo 116 del mismo ordenamiento constitucional.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para las autoridades de la Ciudad de México.

Trigésimo cuarto. Se reforman las fracciones IV y XIII, del Apartado B, así como la denominación de este último; todos del artículo 123, para quedar como sigue:

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México y sus trabajadores:

IV.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en la Ciudad de México y en las Entidades de la República.

XIII.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, de la Ciudad de México y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

…”

Trigésimo quinto. Se reforma el artículo 124, para quedar como sigue:

Artículo 124.Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados y a la Ciudad de México.”

Trigésimo sexto. Se reforma el primer párrafo y la fracción VI del artículo 127, para quedar como sigue:

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México, de los Municipios y de las Alcaldías, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.”

Trigésimo séptimo. Se reforma el primer párrafo del artículo 131, para quedar como sigue:

“Artículo 131.Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en la Ciudad de México, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

…”

Trigésimo octavo. Se reforma el primero, segundo, quinto y séptimo párrafos del artículo 134, para quedar como sigue:

Artículo 134.Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus Alcaldías, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y la Ciudad de México, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus Alcaldías, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

...

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como de la Ciudad de México y sus Alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

…”

Trigésimo noveno. Se reforma el primer párrafo del artículo 135, para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de las entidades integrantes de la Federación.…”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los Poderes Federales, los de la Ciudad de México y los organismos autónomos, contarán con un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las distintas disposiciones, y para adecuar las instituciones y su documentación oficial con los criterios que se señalan en el presente Decreto.

TERCERO. El Congreso de la Unión contará con noventa días para emitir el Estatuto Constitucional de la Ciudad de México. En tanto se expiden éste o se reforman las leyes correspondientes, seguirá teniendo validez plena el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

CUARTO. El Estatuto Constitucional de la Ciudad de México, definirá las nuevas denominaciones que tendrán las Alcaldías, así como su extensión territorial, dividiendo la que actualmente ocupan Iztapalapa en tres, Gustavo A. Madero en dos, y Álvaro Obregón en dos.

QUINTO. Los titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal concluirán sus responsabilidades conforme a los periodos para los que fueron electos. Las nuevas disposiciones señaladas en el presente Decreto para las Alcaldías, entrarán en vigor el 1° de enero de 2015.

SEXTO. Los procedimientos que se encuentren tramitando o que se inicien de acuerdo a los dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los servidores públicos del Distrito Federal lo harán conforme a esta Constitución y a las leyes vigentes, hasta en tanto sean emitidas las que las sustituirán. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contará con seis meses para emitir las disposiciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos de la Ciudad de México.

SEPTIMO. El requisito a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I de la BASE SEGUNDA, del apartado C del artículo 122, que prohíbe acceder a Gobernador de la Ciudad de México si se hubiese desempeñado tal cargo con cualquier carácter, debe entenderse aplicable a todo ciudadano que haya sido titular de dicho órgano, aunque lo haya desempeñado bajo distinta denominación.

OCTAVO. En tanto se expidan las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente Decreto, seguirán aplicándose los vigentes al entrar en vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas.

México, D.F., a 5 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza.

Sonido en el escaño de la Senadora Cuevas Barrón.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: (Desde su escaño) Si bien la exposición de la Senadora Mariana Gómez del Campo es muy completa, quisiera hacer uso de la palabra un par de minutos sobre el mismo tema, como ponente de esta iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Tiene el uso de la palabra, Senadora.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Compañeras y compañeros, de manera muy breve, quisiera señalar la importancia de esta iniciativa.

Al Distrito Federal se le ha tratado como un menor, como alguien que requiere de la autorización en varios temas por parte del gobierno federal o del Congreso de la Unión.

Y hoy es tiempo de escribir una nueva historia y una nueva legislación para el Distrito Federal. Por eso los temas más importantes que tiene esta iniciativa son:

Primero, el fortalecimiento de las delegaciones, convirtiéndolas en alcaldías, dándoles mayores facultades, mayor capacidad presupuestal y, sin duda, muy importante, mayor transparencia y mayor representación a través de estos cuerpos colegiados de concejales.

Sin duda es muy importante este tema, porque de otra forma la reforma política del Distrito Federal correrá el riesgo de convertirse en un federalismo hipócrita, esquizofrénico, que nada más centralizará, pero también se vuelve una oportunidad muy importante este tema por tener la posibilidad de hacer una verdadera reforma política y ciudadana.

Incorporar temas como las consultas, como el referéndum, como un fortalecimiento en materia de derechos humanos, ciudadanizar las decisiones, las candidaturas, tener cuerpos colegiados en estas alcaldías.

Esperemos que a través de esta reforma nuestra ciudad pueda tener sus propias decisiones, que pueda decidir sobre su deuda, sobre la seguridad pública, sobre la justicia, que pueda decidir también en materias presupuestales y, sin duda, sobre su propia Constitución.

Es cuanto, muchas gracias señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias Senadora Cuevas Barrón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Enseguida, tiene la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 298 del Reglamento del Senado de la República.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTICULO 298 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras, compañeros Senadores:

El pasado martes, en la sesión, en este Pleno, mientras estábamos discutiendo y mientras estábamos votando el dictamen de reforma política, aconteció un hecho que sin duda nos debe de llamar a la reflexión.

Todos notaron, obviamente, que un grupo de ciudadanos pertenecientes a un colectivo llamado “Reforma Política Ya”, encontraron como única vía para expresar su opinión, interrumpir a este Pleno, a este Senado de la República.

En ese momento, un grupo de Senadores, a quien yo respeto mucho, el Senador Pablo Escudero, el Senador Miguel Romo, incluso el Presidente del Senado de la República, solicitaron que nos apegáramos y diéramos cumplimiento cabal y estricto al Reglamento que rige nuestros actos en el Pleno, el cual, como se sabe de manera expresa, indica en el artículo 312 las obligaciones de los asistentes.

¡Y qué bueno, qué bueno, compañeras y compañeros, que se pida aquí, que se cumplan las disposiciones aplicables!, quizás valdría la pena también, quizás, en que se incorporara un régimen mucho más estricto sobre la atención que se pone a los oradores.

Pero bueno, esos ya son sueños guajiros de un Senador de Chiapas.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: (Desde su escaño) Muchas gracias.

Perdón, es que lo que está planteando el Senador Zoé es muy importante, trascendental, y yo le rogaría que nos convocara a todos a poner atención, porque el tema es de verdad fundamental para este Cuerpo Colegiado y, por supuesto, por los temas que estamos tratando.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya.

Ruego al Pleno poner atención al ponente.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señora Presidenta.

Bueno, qué bueno que tenemos un Reglamento en el Senado que rige todas nuestras acciones y qué bueno, porque en ese Reglamento existe un artículo, el 298 que enuncia la obligación, no es una disposición generosa, aplicable cuando se nos ocurre, es una obligación de las comisiones y de los Senadores a informar por escrito a la Mesa Directiva para su conocimiento y de todos los Senadores, de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses.

Es triste que prácticamente en más de un año que llevamos sesionando, ahora que terminamos el segundo año de sesiones y el primer periodo de éste, no llegan ni siquiera a diez las comunicaciones a la Mesa Directiva sobre las reuniones de Senadores con cabilderos y grupos de interés.

No hay ni diez, ustedes quieren que yo crea o que los ciudadanos crean que no ha habido más de diez reuniones entre Senadores y grupos de cabilderos, de verdad creen que van a creer eso, que crean que en un año, 128 Senadores, sólo diez se han reunido con los cabilderos.

Creo que hay que ser un poco más serios.

Cito al Senador Lozano, “no hay que ser ordinarios en este asunto”.

Por eso es que estoy planteando esta modificación a nuestro Reglamento, porque es muy importante que para las discusiones que se avecinan tengamos disposiciones muy claras en materia de transparencia, para que en este Senado nunca, jamás, los intereses y los votos se encuentren. Esa es la única intención.

Estamos discutiendo una reforma o vamos a empezar a discutir una reforma que es trascendental, de verdad, para la vida y el futuro de la República y sin duda los ciudadanos están en su derecho de sospechar sobre las reuniones que aquí realizamos, sobre todo si no las transparentamos en función del Reglamento que tenemos.

Yo creo que cuando estamos viendo un divorcio que se expresa hoy de manera tan triste en este cerco en el que estamos sesionando el día de hoy, lo menos que podemos hacer es intentar acercarnos a la confianza de los ciudadanos y tenemos disposiciones para hacerlo, basta con cumplirlas.

Creo que se deben de aumentar, creo que se deben de perfeccionar y tener un Reglamento mucho más sólido en materia de reuniones y de cabildeo, porque tampoco se trata de que el cabildeo sea una acción ilegal, es legal, pero está regulada. Nada más cumplamos con el Reglamento.

Reitero, compañeros, el actual cerco que está rodeando al Senado, está motivado por una fundada sospecha de que aquí adentro se están discutiendo los temas de la República a partir de intereses. Yo no creo en eso, yo creo que todos ustedes, porque somos compañeros, porque estamos aquí en un principio de confianza, van a votar como van a votar en función de lo que piensan, de sus causas, de sus visiones respecto a un tema como el energético.

Estoy convencido, pero la gente de allá afuera no, y esa gente lo mínimo que le podemos entregar son cuentas claras y transparentes sobre este tipo de actividades.

Cumplir el Reglamento del Senado en materia de cabildeo es un reflejo de la democracia, uno que ofrece un cauce institucional a estas demandas ciudadanas.

Lo que aquí se discute y se revisa, y se apruebe o se considere, es resultado de un ejercicio de representación política plena, nunca jamás de la alineación de intereses particulares en el sentido de nuestro voto.

Por eso, compañeras y compañeros, les hago un llamado a que demos un paso adelante, a que se sumen a esta iniciativa para la regulación específica sobre el tema del Reglamento. No se están planteando cosas descabelladas, se está planteando que después de una reunión con un grupo de cabilderos o de interés, tengamos diez días para informar.

Eso es todo, y estamos planteando que la Mesa Directiva tenga la obligación de publicar estas reuniones por los canales que tenemos del Internet y la propia Gaceta.

Eso es todo, pero sí, también dar un paso adelante para a la hora de suscribir esta iniciativa demos muestra de que no tenemos nada que esconder y que no se está negociando en lo oscurito el futuro de México.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"El suscrito, Zoé Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTICULO 298 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad legislativa implica responsabilidad y compromiso por cada uno de los legisladores, así como de las comisiones, para representar correctamente a todos los ciudadanos y no solamente a grupos específicos.

Hablar de Cabildeo es hablar de intereses encontrados, de saber encontrar los lazos que pueden unir ideas en conflicto para llegar a un acuerdo entre los diversos sectores de la política. Por ello, indubitablemente, hablar de Cabildeo significa hablar de partidos políticos, de aquellos grupos que se forman a través de un proceso histórico tan complejo que hasta hoy en día sigue su marcha.

Agrupar a las masas, organizarlas y proveerles de todo lo que significa un Estado Democrático sustentando en la igualdad de sus soberanos no es tarea fácil, por eso surgen los representantes del pueblo, que de manera indirecta, pasan a formar parte de la clase política, para tomar las decisiones más apegadas a la realidad político-social que beneficien a la mayoría, sin dejar de escuchar a las minorías.

La persuasión siempre ha existido dentro del Poder Legislativo. He aquí la importancia del Cabildeo; para lograr convencer a los otros e influir dentro de las decisiones que afectarán a la sociedad según ciertos intereses. Sin embargo, esta práctica si bien es útil, no es muy bien vista por muchos, ya que consideran, suele estar plagada de vicios y trampas que generalmente son producto de la hegemonía de partidos y de los poderes fácticos.

Es muy importante recalcar que el Cabildeo es una actividad natural en todo Congreso o Parlamento en el mundo. Es parte importante del Procedimiento Legislativo en elque siempre existirá la negociación de intereses y la definición de alianzas entre los diversos grupos representados y afectados por un proyecto de ley.1

Por ello, el Cabildeo también debe tener reglas, no puede ser un campo de batalla de armados contra indefensos, eso es absurdo, la verdadera democracia debe hacerse con el diálogo, la transparencia, la razón y la persuasión para con ciertos intereses, que debe buscar su realización a través de los mecanismos institucionales que permitan la transparencia de esos procesos, para preservar el interés público, no el particular. Es así que a través del acceso a la información, se pueden combatir las prácticas desleales que deforman el Proceso Legislativo.

Jurídicamente el Cabildeo se regula en los reglamentos de cada una de las Cámaras. Estas disposiciones normativas definen y regulan al Cabildeo como la actividad que realizan personas dedicadas a promover intereses legítimos de particulares, ante los órganos directivos y comisiones de la Cámara respectiva o ante los legisladores en lo individual o en conjunto, con el propósito de influir en decisiones que les corresponden en ejercicio de sus facultades.

Los controles respecto al cabildeo en cada una de las cámaras son distintos. En la Cámara de Diputados, se establece un registro público al inicio de cada Legislatura, bajo el control de su Mesa Directiva. En el Senado, se establece la obligación de las comisiones y los senadores a informar por escrito a su Mesa Directiva, sobre las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses.

En ambos casos, se prohíbe a los legisladores y su personal obtener algún beneficio económico, sea en efectivo o en especie por parte de persona alguna que realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir en sus decisiones.

Del análisis de estos preceptos reglamentarios, es evidente la falta de transparencia en el Cabildeo en el Senado de la República, lo que probablemente constituye el punto más débil de nuestra reglamentación.

La regulación existente pretende transparentar las relaciones de Cabildeo pero no puede porque los reportes ante la Mesa Directiva no significan un verdadero control cuando no se someten al escrutinio público.

Las normas que tenemos actualmente en ambas cámaras significan un verdadero avance, no se puede negar; han retomado diversas iniciativas en la materia presentadas por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, especialmente entre el periodo de 2002 a 2010. Sin embargo estamos a la mitad del camino, la falta de transparencia debe ser corregida en pro de una mejor labor legislativa, porque la transparencia del sector público hace la democracia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTICULO 298 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA

ARTICULO UNICO.- Se reforma el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 al artículo 298 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 298

1. …

2. Las comisiones y los senadores en un plazo no mayor a 30 días, informarán por escrito a la Mesa de las actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses para que el Presidente ordene su publicación en la Gaceta y en la página de Internet del Senado.

3. Cada comisión deberá integrar un archivo con los documentos que las personas señaladas en el numeral 1 de este artículo les entreguen con relación a iniciativas, minutas, proyectos, decretos, y en general, cualquier acto o resolución emitida por el Senado. Dicha información deberá publicarse en la página de Internet del Senado para que puedan ser objeto de consulta pública.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Senado.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 5 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Martínez García.

- El C. Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Para preguntarle a mi compañero Zoé Robledo si me permite una pregunta.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Desde luego que sí.

- El C. Senador Patricio Martínez García: Senador Zoé Robledo, coincidiendo con usted, en mucho de lo planteado y en la necesidad de modificar el Reglamento y actualizarlo, observo que tiene premisas que quisiera me confirmara en su exposición.

Establece que, ¿como única vía para hacerse oír, los jóvenes que interfirieron en la reunión del Senado, fue la de venir al balcón a hacer su presencia, de veras, se puede sostener que esa es la única vía que tienen en este país para ser escuchados?, por una parte.

Por otra, sostiene también que hay un divorcio que se presenta entre los manifestantes que están afuera y los que estamos aquí, me parece que es un tanto difícil de sostener este divorcio cuando hay tanta capacidad de comunicación e instituciones, como las tenemos en este país.

Y, por otra parte, de alguna forma fueron alusiones personales, pide que se ponga atención de todos, quiero decirle que acostumbro estar atento a lo que plantean los oradores, y si hay asuntos que estén tratando los compañeros, habemos quienes sí atendemos su exposición.

Muchas gracias.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Sí, para dar respuesta a los cuestionamientos del Senador Patricio Martínez, y empezaría por el último de ellos, porque tiene toda la razón, hay Senadores que sí atienden este salón de sesiones, no como un anexo de su oficina, sino como un ejercicio deliberativo en el que se merece, cada uno de los oradores, merece atención, y coincido en que él es uno de los que siempre están atentos a las sesiones, como muchos de los que están aquí presentes lo hacen. Y empiezo por eso, porque tiene razón, no se vale tampoco incorporarlo y meterlo en el mismo costal.

Ahora, respecto a sus preguntas, no planteo yo que la expresión que se manifestó aquí del colectivo de “Reforma Política” sea la única forma para manifestar una opinión dentro del Senado de la República. Fue la única forma que ellos encontraron, eso es lo que a mí me preocupa y quiero decirlo muy claro.

Yo seré el primero en pedir que se cumpla el Reglamento, porque lo que estoy pidiendo hoy, es que se cumpla también el Reglamento. Lo que no podemos hacer es que cuando haya una interrupción pedimos vehementemente que se cumpla el Reglamento, pero cuando hay una omisión del propio Reglamento nos hacemos que “como que la Virgen nos habla”, eso me parece que es grave.

Ahora, respecto a la manifestación que aquí se expresó, creo que también nos debe de llamar a la reflexión para darnos cuenta que se cumplió el Reglamento, efectivamente, ¡qué bueno que se cumplió el Reglamento! los sacaron del salón de sesiones, no de la manera más adecuada, yo lo estaba viendo, por eso me preocupaba, habiendo empujones allá arriba, y, ¿qué pasó después?, pues nada, se salieron, nos dejaron en paz, pudimos seguir trabajando, pero no trascendió nada, y a eso es a lo que me refiero con el divorcio, que tenemos que estar revisando nuestras propias formas, cómo nos conducimos y las propias regulaciones que tenemos al interior del Senado para saber si son las más eficientes.

Hoy, tenemos las que tenemos y hay que respetarlas, hay que revisar si son suficientes.

Y, segundo, en el tema del divorcio que yo manifiesto, y de esta crisis de representación política que se está materializando en el cerco.

Yo no digo que allá afuera esté la mayoría de los mexicanos, sería ilógico decir que está la mayoría, pero sí hay 18 años de estudios de opinión, de encuestas en donde se ha manifestado de manera sostenida y recurrente la oposición de los mexicanos a la inversión privada en Petróleos Mexicanos, eso es lo único que yo expreso; hay una manifestación, que no la digo yo, la dicen las encuestas, en contra de algo que se va a hacer aquí, y que ese es el divorcio que estoy viendo yo aquí. El cerco materializó un hecho, pero el hecho está en toda la República. Eso me parece.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Senadoras y Senadores que piden el uso de la palabra, permítanme que solicite a la Secretaría lea el artículo 87, numeral 5 de nuestro Reglamento.

- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Doy lectura.

“Artículo 87.

5. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos, ni los que se turnan a comisiones, salvo que por acuerdo del Pleno se les dispense dicho trámite por considerarse de urgente resolución”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Zoé Robledo, ¿ha concluido su intervención?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Sí, señora Presidenta, y le agradezco al Senador Víctor Hermosillo que me ha expresado su voluntad de sumarse a esta iniciativa, y nuevamente invitarlos a todos a hacer lo propio.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias. Ruego a la Secretaría pueda tomar registro de las Senadoras y Senadores que desean adherirse a esta propuesta, si es el caso, de algunos de ustedes, les ruego levantar la mano para que la Secretaría los pueda registrar. Gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se concede ahora la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil.

1 Véase Fermín Edgardo Rivas Prats, Cabildeo y Conflicto de Intereses, página 112.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 53 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, con el permiso de la Presidencia; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El día de hoy me permito presentar una iniciativa mediante la cual pretendo que se adicione un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, y lo hago en razón de los siguientes razonamientos.

La historia de la aviación se remonta al día en que el hombre comenzó con el deseo de volar, el cual ha estado presente en la humanidad desde hace siglos.

A la fecha, el avión es el medio de transporte más rápido del planeta, sobre todo para largas distancias, con una alta seguridad ya que es el que menos siniestros registra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a sentar las bases de una Regulación Internacional que permite que esta forma de transporte sea la más regulada del mundo.

Así, en nuestro país la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional efectivamente se rige por los tratados internacionales, pero además por la Ley de Aviación Civil, en la que se contemplan los contratos de servicio de transporte aéreo, para el caso que me permito traer a la consideración de esta Honorable Asamblea, lo relativo a los pasajeros.

Conforme a la legislación invocada, el contrato de servicio de transporte aéreo es el acuerdo entre el concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a otro, que es el destino, contra el pago de un precio. En dicha legislación además, se señalan algunas hipótesis que no necesariamente quedan a la libertad contractual de las partes, como lo son aquellos casos en el que no es posible hacer el embarque en la aeronave por parte de algún pasajero.

En el Capítulo XI, denominado “de los contratos” de la Ley de Aviación Civil, en el artículo 52 se señala que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible del aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario a elección del pasajero, deberá:

I.- Reintegrarle el precio del boleto o billete del pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

II.- Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernoctar y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

III.- Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se le negó el embarque.

También se señala que para el caso de las fracciones I y III, anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, la indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o billete del pasaje o de la parte no realizada en el viaje.

Luego, en el artículo 53 de la referida Ley de Aviación Civil, señala los casos en que los pasajeros no tendrán los citados derechos, a saber: cuando el transporte lo hagan a título gratuito con tarifas reducidas que no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o lo hicieran fuera del tiempo fijado para documentar el embarque.

Considero que este supuesto es utilizado como un mal pretexto para no hacer efectivos algunos derechos a los viajeros, pues se basa en un hecho que en realidad no es la causa.

Por otra parte, el invocado artículo 52 implica que las aerolíneas tienen el derecho a vender más asientos de los que tienen, como a manera de anticipar a aquellos pasajeros que no tomarán el vuelo, de manera tal, que sus derechos están salvaguardados. Atentos, que lo más común en este caso por cuanto se hace a los afectados, es que aceptan el dinero por la sobreventa o un pase a otro vuelo.

Lo que pretendemos con esta iniciativa es evitar, efectivamente, los abusos. Cuando algún pasajero llega al mostrador, al aeropuerto y lo hace con 60 minutos previos, o 50 minutos previos a que el vuelo inicie, prácticamente se le niega el acceso, pero además se pierde el monto, el costo que se erogó por el pago de este boleto, es decir, llegar de manera tardía al aeropuerto, por llamarlo de alguna manera, en algunos casos son 50, en otros son 45, en otros casos una hora, previo al vuelo, y la aerolínea de manera contundente, además de no permitir el acceso a la aeronave, hay una penalización que va, en el mejor de los casos, de un costo prácticamente igual al que cuesta pagar un boleto de avión.

En tal virtud y, por otro lado, en contrario sensu, cuando se llega a tiempo al aeropuerto y cuando la aerolínea decide, por alguna causa que el vuelo se retrasa una, dos, tres, o cuatro horas, prácticamente no hay ninguna compensación al pasajero, es decir, aquí se establece la propia ley que cuando bien les va es en los alimentos, cuando pasa de cuatro, cinco horas, o en los casos en los que el vuelo sea al día siguiente, el pago de una habitación, pero no hay ningún tipo de indemnización.

Aquí lo que estamos planteando es que si en algunas ocasiones las aerolíneas causan trastornos a los pasajeros por la demora de los vuelos, por el retraso de los mismos, los contratiempos que esto provoca sí hay ya la facilidad para el pasajero de que cuando no llega a tiempo, cuando se presenta al aeropuerto, cuando se presenta, aunque sea tarde, pero que esté la voluntad de que por alguna circunstancia no le fue posible llegar a tiempo, no se pierda el costo del boleto.

Por eso la adición a este artículo 53 establece lo siguiente, y a la letra diría:

Los pasajeros no tendrán los derechos a que se refiere el artículo anterior cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas o que no estén disponibles al público.

Y este es el párrafo que pretendemos se adicione a este artículo:

“Cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieran fuera del tiempo fijado para documentar el embarque y se les haya denegado el mismo, ya sea por algunas de las hipótesis a que se refiere el artículo anterior, o por causa misma de la presencia a destiempo, conservarán el derecho a ser transportados en un siguiente vuelo con disponibilidad o en la fecha posterior convenida con el concesionario o permisionario.

Transitorio

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El que suscribe, el de la voz, Jesús Casillas.

Es cuanto señora Presidenta, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La historia de la aviación se remonta al día en el que el hombre comenzó con el deseo de volar, el cual ha estado presente en la humanidad desde hace siglos.

A la fecha el avión es el medio de transporte más rápido del planeta, sobre todo para largas distancias, con una muy alta seguridad ya que es el que menos siniestros ha registrado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a sentar las bases de una Regulación Internacional que permite que esta forma de transporte sea la más regulada del mundo.

Así, en nuestro país la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional efectivamente se rige por los tratados internacionales, pero además por la Ley de Aviación Civil, en la que se contemplan los contratos de servicio de transporte aéreo, para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, el relativo a pasajeros.

Conforme a la legislación invocada, el contrato de servicio de transporte aéreo es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio. En dicha legislación además, se señalan algunas hipótesis que no necesariamente quedan a la libertad contractual de las partes, como lo son aquellos casos en los que no es posible hacer el embarque en la aeronave por parte de algún pasajero.

En el Capítulo XI, denominado “De los contratos”, de la Ley de Aviación Civil, en el artículo 52 se señala que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

También se señala que, para el caso de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Luego, en el artículo 53 de la referida Ley de Aviación Civil, señala los casos en que los pasajeros no tendrían los citados derechos, a saber: cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas que no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o lo hicieren fuera del tiempo fijado para documentar el embarque.

Hasta aquí, se trata de supuestos en los que una persona no pudo realizar un embarque o como coloquialmente se dice, tomar un vuelo, por causa imputable a la concesionaria. Aún para el caso de que el pasajero no se hubiese presentado a tiempo, puesto que sigue tratándose de una hipótesis atribuible a la concesionaria, de conformidad al artículo 52 transcrito. Esto es, se trata de un supuesto en la que la llegada o no a tiempo del pasajero, no es la causa por la que habría de denegarse el embarque, por ejemplo, cuando se expiden boletos en exceso a la capacidad disponible.

Considero que este supuesto es utilizado como un mal pretexto para no hacer efectivos algunos derechos a los viajeros, pues se basa en un hecho que en realidad no es la causa.

Por otra parte, el invocado artículo 52 implica que las aerolíneas tienen el derecho a vender más asientos de los que tienen, como manera de anticiparse a aquellos pasajeros que no tomarán el vuelo, de manera tal, que sus derechos están salvaguardados, atentos que lo más común en este caso por cuanto hace a los afectados, es que aceptaran el dinero por sobreventa o un pase en otro vuelo.

Contrario a esto, cuando una persona no se presenta o lo hace a destiempo, pueden suceder cuando menos dos supuestos. De acuerdo a la aerolínea y los términos de algunas contrataciones, puede pasar que la aerolínea cobre algún cargo extra y proceda a asignar un lugar en otro vuelo con disponibilidad. En el segundo de los casos es que el boleto simplemente se pierde. No obstante, ya sea por no presentarse o hacerlo a destiempo, lo cierto es que se trata de un servicio que no fue recibido por el pasajero.

De esta manera, las aerolíneas tienen el derecho a salvaguardar sus intereses al grado de realizar sobreventas, mientras que al pasajero no le existe garantía de poder hacer lo mismo con su derecho a recibir el servicio que por cierto, ya pagó.

Considero que esta diametral diferencia no abona a procurar la equidad que se supone debe existir y garantizar el estado en las relaciones entre proveedores y consumidores, de conformidad a lo dispuesto por el artículo primero de la Ley Federal de protección al Consumidor; de tal suerte, que la forma más sencilla de lograr tal equilibrio, es que en identidad de razón y circunstancias, se prevea en el marco de la ley ambas posibilidades.

Esto es, que así como la aerolínea tiene derecho a salvaguardar la venta de sus disponibilidades en la mayor medida posible, que el viajero y consumidor de un servicio cuente con el derecho mínimo a que su boleto no se pierda.

Para ello se sugiere una modificación en tal sentido al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, al tenor de la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 53 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 53. Los pasajeros no tendrán los derechos a que se refiere el artículo anterior cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas o que no estén disponibles al público.

Cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieren fuera del tiempo fijado para documentar el embarque y se les haya denegado el mismo, ya sea por alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo anterior o por causa misma de la presencia a destiempo, conservarán el derecho a ser transportados en un siguiente vuelo con disponibilidad o en fecha posterior convenida con el concesionario o permisionario.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Casillas Romero.

Sonido en el escaño del Senador Robledo Aburto.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Sólo señora Presidenta, para solicitarle al Senador Casillas Romero si me puedo adherir a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En el mismo sentido, ruego a la Secretaría tomar nota de las Senadoras y Senadores que desean adherirse a la propuesta del Senador Casillas Romero.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede la palabra al Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II BIS DEL ARTICULO 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Gracias, señora Presidenta, con su venia; compañeras y compañeros Senadores:

Provengo del estado de Baja California, Sur, al que represento con orgullo, que es el estado con más litoral de todo el país, y con abundantes riquezas en sus mares, tanto en la costa del Mar de Cortés, como en la costa del océano Pacífico.

En mis recorridos por el estado he podido advertir, por supuesto, la importancia de la actividad pesquera en materia comercial como un elemento de subsistencia muy importante para un buen número de mis paisanos subcalifornianos, pero estoy cierto y convencido que no sólo lo es para ellos, sino para una buena parte de la población de nuestro país.

La gente que se dedica a la pesca, la gente de la mar es ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo, de abnegación, porque enfrentan, sin duda alguna, circunstancias muy complicadas, y en la gran mayoría de las veces la actividad la realizan en lugares muy lejos de los centros de desarrollo.

Esta gente requiere, sin ninguna duda, el respaldo del estado de derecho para su actividad, la competencia en materia pesquera o es libre o no es competencia.

Me refiero, en este caso, a la producción y a la captura de dos especies de muy alto valor que son capturadas en diversos lugares del país, y que son orgullo de la producción nacional, incluso alcanzando mercados de exportación, y son la pesca del abulón y de la langosta que enfrenta hoy dos problemas muy importantes, gracias, por supuesto, a la pesca que se realiza sin la autorización debida y correspondida, me refiero a la competencia desleal y también al grave peligro en el que tenemos la sustentabilidad de nuestros recursos.

Existe en México un grave problema por la pesca ilegal no declarada, especialmente en este tipo de especies de alto valor, y la finalidad de la iniciativa que propongo es precisamente erradicarla, que desaparezca.

En el caso del abulón y de la langosta hoy en día existe una penalidad, un tipo penal en nuestro Código Penal que no ha sido suficiente para poder erradicar esta práctica de la informalidad, de la ilegalidad en la captura, y afecta, por supuesto, a miles de familias, y nos afecta a todos, porque como les decía, estamos también afectando la sustentabilidad de los productos.

El 30 por ciento de la pesca en México, de acuerdo con datos de CONAPESCA y SAGARPA, se realiza en estas condiciones: sin permiso, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de criterio que diga que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien.

¿Qué pasa hoy con el Código Penal? El Código Penal reputa como un delito a quien con cantidades mayores a diez kilos, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie, abulón o langosta sin permiso, esto es cuando lo hacen una o dos personas, pero qué sucede, como el delito no es un delito grave, realmente la penalidad y los altos márgenes que obtienen estos pescadores furtivos, los hacen animarse a que no obstante que está penalizado, puedan ellos dedicarse a esta actividad, y ¿qué es lo que sucede cuando llegan a ser detenidos en el muy poco probable caso?, porque estamos muy carentes de inspectores, pagan una fianza, una multa y quedan absolutamente en libertad para nuevamente irse a dedicar de inmediato a lo mismo.

Hoy en día el Código Penal dice que cuando se trata de una asociación delictuosa en esta conducta, es decir, cuando no son ni uno ni dos, sino más de tres las personas que están involucradas en la comisión del delito, se trata, ahora sí, de un delito grave en el que no hay, por supuesto, la posibilidad de obtener el beneficio de la libertad bajo caución.

Este esquema y este arreglo no ha servido, la pesca furtiva está en todos lados, y yo les podría decir a mis colegas que representan estados con litoral, quien se atreve a decir que no tienen este problema en la entidad a la que representan.

¿Qué propongo? Propongo que independientemente del número de personas, es decir, que no tengan que ser tres, si es uno o dos, las personas que están capturando de manera ilegal abulón o langosta, que sea un delito grave, que tenga que cumplir con una pena corporal cuando se trate, por supuesto, de cantidades mayores a diez kilos, que dejan libre de toda duda el que hay un estado de necesidad.

Además, por supuesto, para quienes se asocien para cometer este delito, quienes caigan en el agravante de la asociación delictuosa que por supuesto también seguiría siendo un delito grave, pero adicionalmente le estaríamos incrementando la pena entre 5 y 10 años y aumentándole la multa entre 100 y 300 días, y también de acuerdo con las reglas que marca nuestra normatividad en relación con la asociación delictuosa cuando estuvieran involucrados militares o policías habría que agregarle una mitad más de la pena, la baja y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Compañeras y compañeros, estoy convencido que el mar de México es también un mar de oportunidades para nuestro porvenir, nuestro país ve a ambos océanos, a ambos mares y somos ricos en materia pesquera. Pero pesquemos no sólo las especies, pesquemos también sustentabilidad, equilibrio, pesquemos oportunidades y pesquemos progreso.

Hay que corresponder a esa devoción de los trabajadores del mar y a su entrega, a los que lo hacen, por supuesto, en la formalidad y atendiendo las circunstancias que marca la ley. Hay que proteger nuestra riqueza castigando, sí hay que decirlo así, de manera ejemplar a quienes quieren apropiarse de nuestra riqueza sin tener la autorización para hacerlo.

Hay que garantizar que nuestra producción genere riqueza, la riqueza genere bienestar y nuestro bienestar, por supuesto, genere la igualdad que vamos todos buscando. Yo los invito y les pido que apoyen esta propuesta, que lo hagamos por los hombres del mar, pero que lo hagamos por todos nosotros, que tenemos que cuidar el patrimonio ambiental de nuestro país porque no nos corresponde sólo a nosotros, sino también a nuestros hijos.

Dejemos claro en esta soberanía que nada ni nadie está por encima de la ley, que nadie que atente contra el trabajo honrado de los mexicanos podrá estar por encima de ella y que nada, ni nadie puede estar en contra de la sustentabilidad de los recursos que tiene México.

Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Carlos Mendoza Davis, Senador de la República del Congreso General de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artIculo 420 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como propósito modificar el tipo penal previsto en la fracción II Bisdel artículo 420 del Código Penal Federal, a efecto de adaptarlo al modo específico en que operan los pescadores furtivos de las especies previstas en dicha fracción, convencidos de que la aplicación del artículo vigente no ha funcionado para erradicar la práctica de la pesca ilegal de abulón y langosta, lo que causa un serio impacto en la pesca ordenada de dichas especies y anula todos los esfuerzos de las pesquerías que en colaboración con las autoridades aplican los programas de manejo especial con el propósito de lograr la recuperación de las especies deterioradas.

Actualmente, la preocupación acerca de la sostenibilidad de los recursos pesqueros a nivel mundial se ha incrementado, en ese contexto el crecimiento de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se ha convertido en un problema de importancia internacional, pues al encontrarnos en un escenario de sobreexplotación de recursos marítimos y de sobre capacidad pesquera, la pesca ilegal, representa una grave amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de los océanos en el mundo.

De conformidad con datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura1, a escala mundial, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es motivo de gran alarma,toda vez que perjudica los esfuerzos de conservación y ordenación de las poblaciones de peces en todos los tipos de pesca, frenando los objetivos en materia de ordenación que se plantean las organizaciones nacionales y regionales, esta situación deriva en la pérdida de oportunidades sociales y económicas a corto y largo plazo y tiene efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la protección al ambiente.

Conscientes de que la pesca ilegal puede provocar el colapso total de una pesquería o perjudicar gravemente los esfuerzos por reponer las poblaciones agotadas, los gobiernos nacionales y la comunidad internacional se han esforzado para mejorar los regímenes administrativos con el fin de erradicar el problema, ello a través de la adopción de un número considerable de instrumentos legales internacionales adoptados por las Naciones Unidas y sus agencias especializadas y a nivel regional a través de organizaciones administrativas regionales de pesca, con el propósito de combatir la pesca ilegal. En este sentido nuestro país forma parte de la OLDEPESCA, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero2, que es uno de los organismos regionales de pesca cuyos trabajos son fomentados y promovidos a través del Departamento de Pesca y Acuacultura de la FAO.

En nuestro país, la pesca ilegal se ha agudizado a lo largo y ancho de nuestros litorales amenazando la sustentación de los recursos pesqueros. De conformidad con estimaciones de CONAPESCA y SAGARPA, esta práctica alcanza un 30% de la producción registrada, destacándose especies de alto valor comercial como el abulón y la langosta; por ello, el combate frontal de la pesca ilegal es necesario para coadyuvar con la sustentabilidad de las pesquerías, de la cual depende el incremento en los empleos del sector, el desarrollo ordenado de la actividad y la seguridad de las familias que dependen económicamente de la pesca de estos productos.

Atendiendo a dicha problemática, el 8 de febrero de 2006, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las adiciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, y al artículo 420 del Código Penal Federal, por las cuales se tipificó la captura, transformación, acopio, transporte, destrucción y comercialización de abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización correspondiente, siendo clasificado como grave cuando es cometido en asociación delictuosa.

Sin embargo a 7 años de entrar en vigor, dicha medida no ha abonado a la erradicación de la pesca ilegal de las especies mencionadas, pues persiste una alta incidencia de dicho ilícito que no es castigado en razón de que los pescadores furtivos en la práctica suelen evadir los elementos del tipo penal.

Por ello, consideramos necesario modificar la redacción de la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, a efecto de que siempre se considere delito grave y no sólo cuando sea cometido por una asociación delictuosa. Esto, en concordancia con las recomendaciones de los organismos internacionales del sector que establecen la necesidad de que en materia de sanciones los Estados deben velar por que el rigor de las sanciones impuestas a la pesca ilegal por embarcaciones y ciudadanos bajo su jurisdicción sea suficiente para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, así como para privar a los infractores de los beneficios derivados de este tipo de pesca.

De conformidad con datos del Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Agosto de 20123, la pesquería de abulón está regulada por normas oficiales mexicanas que establecen controles de manejo para el aprovechamiento de este recurso, definidas en el siguiente orden de importancia: cuotas de captura, talla mínima legal por especie y época de veda por zona.

A partir del año 2000, se puso en marcha como medida de co-manejo, un programa para la recuperación del recurso acordado entre el INAPESCA y los productores. Aunado a lo anterior, se establecen cuotas anuales de captura por especie y zona, con base en el modelo poblacional ajustado a estimaciones anuales de producción excedente, de conformidad con el Plan de Manejo en la materia.

Las poblaciones de abulón negro, chino y rojo se encuentran deterioradas, mientras que las de abulón azul y amarillo se encuentran en recuperación. Ante ese panorama, la SAGARPA ha recomendado no incrementar el esfuerzo pesquero y enfocarse en reforzar las medidas de manejo actual para garantizar la recuperación de los bancos abuloneros, en cuya disminución de producción han influido características propias de la especie que hacen compleja su producción, tales como el porcentaje de supervivencia, que en el caso del abulón rojo es del 60%; el tiempo de cultivo que asciende a un promedio de cuatro años; y, enfermedades como el síndrome de deshidratación4, sin duda la pesca ilegal del abulón, es uno de los elementos que ha impactado muy negativamente en los esfuerzos de las organizaciones de pescadores que velan por un manejo adecuado de la especie.

La pesca ilegal de abulón y langosta en la costa oeste de la península de Baja California, propiciada por el alto valor comercial de estos productos pesqueros, se considera preocupante porque limita cualquier esfuerzo de conservación y manejo responsable de los mismos, cuya tasa media de crecimiento anual de la producción en los últimos 10 años se ha reportado muy baja, pues de conformidad con datos publicados por la SAGARPA, en el caso de la langosta5 es de 0.23% y en el caso del abulón6 es de -1.61%.

La probabilidad de éxito en la caza furtiva de abulón y langosta es un factor que influye fuertemente en la percepción de los pescadores en cuanto a la pesca ilegal. Por su parte el bajo riesgo de ser capturado por las autoridades y el volumen de cosecha por jornada laboral son elementos que convierten la pesca ilegal de estos productos en una actividad muy atractiva.

El elevado valor comercial de la langosta y el abulón influye en los altos niveles de pesca ilegal, misma que generalmente no es castigada, toda vez que no se considera delito grave si las conductas descritas no se realizan por una asociación delictuosa, siendo que la pesca furtiva de estas especies se realiza por una o dos personas que actualmente, mediante una caución que no corresponde al valor del daño causado al entorno y a la actividad de pesca ordenada de las especies en comento, pueden obtener fácilmente su libertad, persistiendo en la mayoría de los casos en la pesca ilegal.

Por lo anterior consideramos necesario modificar el tipo penal previsto en la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para adecuarlo a las prácticas de los pescadores furtivos, como medio para sancionar estas conductas que tienen serios efectos económicos, sociales y ambientales, y que no respetan las condiciones de manejo especial atentando contra la riqueza nacional y la economía de las familias que dependen de estas actividades lícitas para obtener un sustento.

En ese sentido, se propone adecuar el tipo penal a modo de que no sólo se considere delito grave cuando sea cometido por una asociación delictuosa; es decir, por tres o más personas. Ello, en razón de las condiciones en que se realiza este delito, pues por tratarse de áreas limitadas de captura y generalmente alejadas de los núcleos de población, se lleva a cabo mediante estrategias que implican la participación de uno o dos pescadores furtivos con equipos de buceo e instrumentos de localización satelital. De ahí que sea necesario considerar delito grave las conductas previstas en la fracción II Bis del artículo 420, sin importar el número de personas que lo cometan. Sin perjuicio, de que en el supuesto de que sea cometido por una asociación delictuosa, además de considerarse delito grave, se aplique lo dispuesto por el artículo 164 del Código Penal Federal.

Lo anterior, con el propósito de sancionar efectivamente y sin distinción a una persona, dos personas o bien a una asociación delictuosa, que de manera dolosa capturen, transformen, acopien, transporten, destruyan o comercien con las especies abulón o langosta, dentro o fuera de los periodos de veda sin contar con la autorización correspondiente.

Consideramos que la modificación propuesta a la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, es necesaria para alcanzar los fines perseguidos por dicha disposición, pues en conjunto con la implementación por parte de todos los órdenes de gobierno de acciones de vigilancia, investigación y manejo especial, permitirán el combate efectivo de las conductas que atentan contra la conservación y la sustentabilidad de recursos, de suma importancia para la economía de regiones que dependen de la pesca legal y ordenada de abulón y langosta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420.- …

I. a II. …

II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso; dichas conductas serán consideradas como delitos graves para los efectos que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales. Cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan en asociación delictuosa, se estará además a lo dispuesto en el artículo 164 de este Código.

III. a V. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2013.

Sen. Carlos Mendoza Davis".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mendoza Davis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Preguntarle al orador si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Senador Carlos Mendoza Davis: Será un gusto, Senadora, y muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Con el mismo objeto los Senadores que están levantando la mano? Le ruego a la Secretaría registrar a los que desean adherirse, y pido sonido en el escaño del Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para solicitarle amablemente se turne para opinión a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto se turna para opinión a la Comisión de Pesca y Acuacultura también.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposición de la Ley del Banco de México y de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de remesas familiares.


1 http://www.fao.org/fishery/ipoa-iuu/es

2 http://www.oldepesca.com/node/160

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265388&fecha=24/08/2012

4 Actualización de la Carta Nacional Acuícola 2013, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313326&fecha=09/09/2013

5 http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/seguimiento_mensual_de_la_produccion_de_langosta_e

6 http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/seguimiento_mensual_de_la_produccion_de_abulon_ene





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, EN MATERIA DE REMESAS FAMILIARES

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

La constante migración de mexicanos hacia el extranjero encuentra, en la mayoría de los casos, como ustedes lo saben, una explicación inmediata en la necesidad de obtener un mejor nivel de vida que en nuestro país les ha sido negado. En las últimas décadas, también, estoy seguro que todos hemos sido testigos de un incremento significativo en el número de mexicanos que intentan migrar hacia los Estados Unidos.

En ese tenor, en ese contexto, el tema de la migración México-Estados Unidos ha sido como, todos lo reconocemos, hondamente estudiado, identificándose al menos cuatro elementos causales:

El primero, pues que México tiene un Producto Interno Bruto per cápita de 14 mil 400 dólares al año, mientras que en Estados Unidos, se tiene 1 de 48 mil dólares.

Segundo, la contratación de la demanda laboral en México, ocasionada por el mal desempeño económico nacional y las recurrentes crisis económicas que hemos sufrido.

El tercer elemento es el incremento de la oferta laboral, aún informal en los Estados Unidos en personas en edad de trabajar.

Y el cuarto, la existencia de redes de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, quienes facilitan la entrada a más mexicanos a aquella nación debido, a que proporcionan conocimiento y ayuda para migrar y establecerse exitosamente.

Ahora bien, el flujo de miles de millones de dólares en remesas que esos trabajadores migrantes envían a México, innegablemente han impulsado nuestra economía a pesar de que hoy en día, pues como todos lo reconocemos, se encuentra en detrimento. Tan sólo en lo que va del año, por ejemplo, en envío de dinero de connacionales en el extranjero suma, según algunos datos, 22 mil millones de dólares, es decir, 29 por ciento por debajo del tope alcanzado en el año 2006.

En la economía mexicana, las remesas representan, sin duda, uno de los principales rubros de transferencias corrientes en nuestra balanza de pagos y constituyen también una verdadera inyección de recursos económicos en sectores específicos de las economías locales, de los estados que representamos, toda vez que ese dinero es usado por las familias para alimentación, para salud, para vivienda y para educación. Aunque sólo, también hay que decirlo, una pequeña proporción de las remesas se ahorra y se destina a la inversión productiva, poca de esa inversión son consideradas un potencial fuente de financiamiento del desarrollo regional.

Teniendo en consideración lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, y en justa retribución a la aportación que los migrantes mexicanos realizan a la economía de nuestro país, el Estado mexicano se encuentra obligado en lo inmediato a proteger los ingresos por remesas familiares de miles de familias en México, que se ven mermados por las altas comisiones que les cobran las compañías intermediarias y el establecimiento discrecional del tipo de cambio por debajo del que fija el Banco de México. Esta iniciativa es un esfuerzo inmediato, por eso se los vengo a proponer, para proteger la economía de las familias que dependen de las remesas para subsistir protegiendo el poder adquisitivo de los ingresos de las familias más pobres, definiendo en primera instancia el concepto de remesas familiares regulándose lo relativo al tipo de cambio que es tomado por las intermediarias financieras para pagar dichas remesas.

Es por todo esto, compañeras y compañeros, y por lo que destaco de una manera más detallada en el proyecto de iniciativa que he entregado, que planteo que resulta apremiante proteger el potencial productivo de las remesas, así como la participación de los migrantes en el financiamiento del desarrollo local y regional de México, los cuales deben ser justamente valorados y por los cuales desde este momento pido el apoyo, el respaldo de todas y de todos ustedes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de remesas familiares, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La constante migración de mexicanos hacia el extranjero encuentra, en la mayoría de los casos, una explicación inmediata en la necesidad de obtener un mejor nivel de vida que en nuestro país les ha sido fácticamente negado. En las últimas décadas hemos sido testigos de un incremento significativo en el número de mexicanos que intentan migrar a los Estados Unidos; en 1970 solamente el 1.5% de la población mexicana vivía en ese país, cifra que para 1980 había ascendido a 3.3%; en 1990 a 5.2% y para el año 2000 se ubicó en 8.7%. Actualmente el porcentaje se estima en 10.2%, lo que significa un aumento considerable en el flujo de migrantes en los últimos años.

El número de mexicanos viviendo en los Estados Unidos representa aproximadamente el 30.7% de la población total extranjera asentada en ese país, seguido por los chinos que representan el 4.9% y los filipinos con un 3.9%.

En este tenor, el tema de la migración México–Estados Unidos ha sido hondamente estudiado, identificándose al menos cuatro elementos causales:

El primero es la brecha significativa que existe entre el PIB per cápita del país emisor y el del receptor. Mientras que en México se tiene un PIB per cápita de $14,400 dólares al año, en EE.UU., se tiene uno de $48,000 dólares al año; sin embargo, esta proporción se ha mantenido relativamente constante durante las últimas tres décadas, por lo que este factor no explica toda la historia.

El segundo elemento es la contracción de la demanda laboral en México, ocasionada por el mal desempeño económico nacional y las recurrentes crisis económicas que hemos sufrido en México. Diversos estudios, muestran que los flujos migratorios de México a la Unión Americana, tienden a aumentar después de una caída de los salarios reales causado por la contracción de la demanda laboral.

El tercer factor es el incremento de la oferta laboral relativa de México respecto a Estados Unidos, lo que ha sido ocasionado por mayores tasas de crecimiento poblacional entre 1960 y 1980, trayendo como consecuencia una mayor proporción de trabajadores en edad de trabajar en México respecto de los Estados Unidos que, aparejado con la incapacidad del Estado para crear empleos justamente remunerados en las últimas dos décadas, ha presionado a la baja los salarios.

Finalmente, resulta de vital importancia en estos análisis, la existencia de redes de migrantes en Estados Unidos, cuya presencia facilita la entrada de nuevos mexicanos en Estados Unidos, debido a que proporcionan conocimiento y ayuda para migrar y establecerse exitosamente.

Ahora bien, en el aspecto económico, el fenómeno migratorio es especialmente significante, en virtud del  flujo de miles de millones de dólares en remesas que los trabajadores migrantes envían a México, hecho que se ha convertido en un innegable impulsor de nuestra economía, y que hoy en día, se encuentra en detrimento. Según estadísticas del Banco de México y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas en México crecieron a una tasa de casi 20% por año entre 1994 y 2006, se estancaron en el 2007, y a partir del 2008 comenzaron a caer en un 3%.

Al respecto, el Banco de México admite que un 86% de las remesas son usadas por las familias mexicanas para alimentación, salud, vivienda y educación.

En la economía mexicana, las remesas representan uno de los principales rubros de transferencias corrientes en la balanza de pagos y constituyen una verdadera inyección de recursos económicos en sectores específicos de las economías locales. Aunque sólo una pequeña proporción de las remesas se ahorra y destina a la inversión productiva, han despertado un gran interés político y social por considerárseles una potencial fuente de financiamiento del desarrollo regional.

Teniendo en consideración todo lo anterior y en justa retribución a la aportación que los migrantes mexicanos realizan a la economía de su país, el Estado se encuentra obligado, en lo inmediato, a proteger los ingresos por remesas familiares de miles de familias en México, que se ven mermados por las altas comisiones que les cobran las compañías intermediarias y el establecimiento discrecional del tipo de cambio, por debajo del que fija el Banco de México.Ésta iniciativa se inscribe como un esfuerzo inmediato del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, para proteger la economía de las familias que dependen de las remesas para subsistir.

En consecuencia, se establece el concepto de remesas familiares, como aquellas transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar.

Finalmente, consideramos urgente normar lo relativo al tipo de cambio que es tomado por las intermediarias financieras para pagar las remesas, que se establece de manera discrecional y sin tomar en cuenta las disposiciones emitidas por el Banco de México.

Toda vez que los son sujetos sociales que están expuestos a diferentes contextos de vulnerabilidad y riesgos sociales, por lo que es de suma importancia generar diversos mecanismos y capitales sociales que les permiten enfrentar su situación social. En este sentido, el potencial productivo de las remesas, así como la participación de los migrantes en el financiamiento del desarrollo local y regional en México, debe ser justamente valorado.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 35 bis a la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

“Artículo 35 bis. Las Instituciones de Crédito, instituciones auxiliares de crédito, centros de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán pagar las remesas familiares, en moneda nacional, al tipo de cambio de venta establecido por el Banco de México, en la fecha en que se haga efectivo.”

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un Título Octavo a la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

TITULO OCTAVO

De las remesas familiares.

CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales

Artículo 150. Se entenderá por remesas familiares, a las transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar.

Artículo 151.  Las remesas familiares, se pagarán en moneda nacional, al tipo de cambio establecido por el Banco de México.

Artículo 152. Las Instituciones de Crédito, instituciones auxiliares de crédito, centros de envío de valores, casas de cambio o cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, deberán expedir un comprobante de las transferencias o envíos monetarios que se hagan efectivos en cualquiera de sus establecimientos.

Artículo 153. El comprobante a que se refiere el artículo anterior, deberá tener las siguientes características:

a. Nombre del beneficiario, quien se identificará por alguno de los medios establecidos para tal efecto en esta Ley;

b. Copia al carbón que quedará a resguardo de la institución emisora para efectos contables y otra se enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes del ejercicio fiscal en que fue emitido;

c. El monto entregado en moneda nacional, y en su caso el tipo de cambio al que fue hecho efectivo y la comisión que hubiere causado expresada en moneda nacional y en porcentaje respecto de la cantidad entregada, y

d. El lugar y fecha en que fue emitido.”

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Morón Orozco.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: (Desde su escaño) Señora Presidenta, preguntarle por su conducto, dado que Michoacán es un estado que tiene un alto porcentaje de migrantes en Estados Unidos, al Senador Benjamín si es tan amable de poder permitir la firma también de esta iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Acepta el proponente?, y le consultaría si acepta las adiciones de sus compañeros. Gracias.

Ruego a la Secretaría registre a los Senadores que desean adherirse a esta propuesta.

Recibimos de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 51 de la Ley General de Cambio Climático, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, así como a la Comisión Especial de Cambio Climático para que emita opinión.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

"La que suscribe, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 51 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El motivo principal de esta modificación a la ley es incluir a los integrantes del Congreso de la Unión al campo de análisis y consulta de las políticas públicas en materia de cambio climático.

Nuestro Poder Legislativo se ha distinguido durante los últimos años en promover y fortalecer el campo normativo en pro del medio ambiente y para luchar contra los embates del cambio climático.

Con trabajo legislativo hemos convertido nuestro marco legal nacional en un conjunto de normas amigables con el medio ambiente. Sabemos perfectamente que esta labor no ha finalizado, pero el trabajo y la generación de conciencia ambiental, es continuo y permanente; la organización de foros, cursos, pláticas, sesiones de información, entre otros, son la muestra y al mismo tiempo la herramienta para lograr los objetivos planteados.

Una clara muestra de lo anterior es la Ley General de Cambio Climático, de creación reciente, apenas el año próximo pasado entró en vigor esta nueva Ley, que como dicta en su artículo primero “establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático.”.

El Congreso de la Unióncuenta con Comisiones Ordinariasde Medio Ambiente y Recursos Naturales en ambas Cámaras y también cuenta con una Comisión Ordinaria y una Especial de Cambio Climático, en Diputados y Senadores respectivamente, de la cual ésta última tengo el orgullo de presidir y confió en un futuro se convierta en una Comisión Ordinaria. Estas diferentes Comisiones trabajamos para la legislación especializada, en la materia sobre la que precisamente versa esta iniciativa, la materia ambiental.

Es en esta Ley sobre la que queremos en esta ocasión, trabajar,adecuándola y perfeccionándola, logrando su armonización para alcanzar la tan anhelada transversalidad.

La Ley General de Cambio Climático establece diversas formas de organizar el trabajo, a través de los siguientes componentes:

• Comisión Intersecretarial, se instaló el 29 de enero de 2013.

• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, constituido el 26 de febrero de 2013.

• Consejo Asesor, instalado el 14 de mayo de 2013, presidido por el Dr. Mario Molina.

• Fondo de Cambio Climático, constituido y reglamentado el 6 de septiembre de 2013.

• Estrategia Nacional Visión 10-20-40, se publicó el 3 de junio de 2013.

Creemos que la inclusión de los legisladores al Consejo de Cambio Climático significaría un avance, ya que hemos sido y somos nosotros, los legisladores, quienes hemos impulsado al país hacia un Estado con conciencia ambiental y preocupado por las consecuencias del cambio climático. Sin dejar a un lado que la incursión de los legisladores de ambas cámaras en el consejo, se convertirían en fuente de primera mano para observar la eficacia de nuestras normas ambientales actuales y emitir recomendaciones para futuras modificaciones con el fin de un mejorar su aplicación y observancia.

Claro que los legisladores no hemos estado solos en esta lucha, hemos estado hombro con hombro con los diferentes sectores de la población, por lo que incluir a los legisladores al Consejo antes mencionado, será un siguiente paso para seguir con esta ardua labor multisectorial.

CONSIDERACIONES

El Título Quinto de la Ley General de Cambio Climático sienta las bases para la creación de diferentes organismos, que se encargarán de la aplicación de la Ley y la investigación consecuente sobre el tema, uno de esos organismos es el Consejo de Cambio Climático.

Este Consejo, como lo señala la propia Ley, es el órgano permanente de consulta de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, es decir será el órgano que esté funcionando siempre, con el motivo de apoyar y asesorar a la Comisión.

Esta labor es de gran importancia, por lo que debe estar integrado por especialistas en la materia, algo que ya establece el artículo 51. Los legisladores aportarán sus conocimientos y su arduo trabajo para realizar las labores cometidas al Consejo.

Esta modificación en ningún momento contraviene las disposiciones constitucionales, que limitan la función de los integrantes del Congreso de la Unión en su artículo 62, que a la letra dice:

“Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrutesueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funcionesrepresentativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.”

Ya que como dice el artículo 53 de la Ley General de Cambio Climático, este encargo será de manera honorífica:

“Artículo 53. Los integrantes del consejo ejercerán su encargo de manera honorífica y a título personal, con independencia de la institución, empresa u organización de la que formen parte o en la cualpresten sus servicios.”

Un buen ejemplo de la participación del H. Congreso de la Unión dentro de un Consejo, mismo que sin lugar a dudas se ve robustecido con la presencia de legisladores con experiencia en el tema, es el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentableque prevé la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 17 y que expresamente determina que operará en los términos que disponga su reglamento interior.

Así pues, en el Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, establece en el artículo 7, la participación de un Senador y un Diputado designados por las Comisiones del Sector Rural de ambas Cámaras, situación que permite ver un Consejo completamente incluyente y representativo, cual es el objeto de todo Consejo.

Finalmente es importante anotar que la inclusión de representantes del H. Congreso de la unión en este Consejo es de carácter informativo y propositivo, que su visión será la de coadyuvar en la ejecución de los trabajos de acción climática y de proveer a ambas cámaras de elementos que son sumamente importantes como las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático y que lamentablemente aún no son agenda prioritaria para la mayoría de los sectores de gobierno.

Por todo lo anterior, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Se modifica el artículo 51 de la Ley General de Cambio Climático:

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

CAPITULO III

Consejo de Cambio Climático

Artículo 51. El consejo, es el órgano permanente de consulta de la comisión, se integrará por mínimo quince miembros provenientes de los sectores social, privado, académico, con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático, que serán designados por el presidente de la comisión, a propuesta desus integrantes y conforme a lo que al efecto se establezca en su Reglamento Interno, y un Senador y un Diputado designados por las Comisiones de Cambio Climático de ambas cámaras, debiendogarantizarse el equilibrio entre los sectores e intereses respectivos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 5 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván".

Igualmente, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, entregó a esta Mesa Directiva una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 62 de la Ley General de Salud, en materia de salud materna perinatal para la prevenciónde preeclampsia/eclampsia, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MATERNA PERINATAL PARA LA PREVENCION DE PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

"La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIADE SALUD MATERNA PERINATAL PARA LA PREVENCION DE PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los problemas en materia de salud durante el embarazo han saltado al protagonismo social por el incremento que han mostrado a lo largo de los últimos años. El tema ha obtenido tal protagonismo que en el año 2000, 189 países miembros de la Organización Mundial de la Salud suscribieron los objetivos de Desarrollo del Milenio que 10 años después incluiría una Estrategia Mundial de Salud Materna e Infantil cuyo objetivo es evitar la muerte de más de 16 millones de mujeres y niños hasta el año 2015.

Cabe destacar que la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del recién nacido pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito, mediante la aplicación de procedimientos para la detección y atención.

Específicamente las complicaciones por hipertensión durante el desarrollo del feto han provocado un importante número de defunciones maternas. El padecimiento conocido como Preeclampsia/Eclampsia es considerado uno de los principales causales demuerte en mujeres embarazadas en México donde la frecuencia oscila aproximadamente en el 8% del total de embarazos. De estas complicaciones, el 98% se considera preeclampsia leve, el 3.75% preeclampsia severa y el 1.75% a eclampsia, en la catalogación más general que existe, pero una clasificación del Lineamiento, Diagnóstico y Manejo de la Preeclampsia/Eclampsia1, publicado por la Secretaría de Salud en el año 2007, más ajustada a los síntomas que presenta la madre de acuerdo al periodo del embarazo se describe a continuación:

Hipertensión gestacional

Hipertensión arterial mayor o igual de 140/90 mm Hg después de la semana 20 de gestación en ausencia de proteinuria en la orina. El diagnóstico puede considerarla hipertensión transitoria del embarazo si no se desarrolla preeclampsia y se normalizan los indicadores. Se puede clasificar como hipertensión crónica en caso de persistir los síntomas después de las 12 semanas de gestación.

Preeclampsia/Eclampsia

Es un síndrome multisistémico cuya severidad puede ser variable, se presenta después de la semana 20 de la gestación y se caracteriza por la reducción de la perfusión sistémica, generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. También puede presentarse durante el parto o en las primeras 6 semanas después de éste. El cuadro clínico se caracteriza por la hipertensión arterial >140/90 mm Hg acompañada de proteinuria, es frecuente que además se presente cafalea, acúfenos, fosfenos, adema, dolor abdominal y/o alteraciones de laboratorio.

Preeclampsia agregada a hipertensión crónica

Ocurre cuando en pacientes con hipertensión conocida antes de la gestación, se agregan datos del síndrome de preeclampsia después de la semana 20 del embarazo.

Hipertensión crónica

Presencia de hipertensión arterial > 140/90 mm Hg antes de las 20 semanas de gestación o la que persiste después de 12 semanas posteriores al nacimiento.

El mismo lineamiento indica como principales factores de riesgo la presencia de Preeclampsia en embarazos anteriores, periodo intergenésico mayor a 10 años, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal previa, diabetes mellitus, trombofilias, índice de masa corporal > 30 kg/m2, mujeres mayores de 40 años, primipaternidad, factor paterno positivo para preeclampsia en pareja anterior e historia familiar de preeclampsia, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistemática crónica e infertilidad.

Siguiendo con el estudio de cifras se estima que a nivel mundial se presentan más de medio millón de defunciones maternas anualmente, de estas entre en 12% y 15% se relacionan directamente con trastornos hipertensivos. En México la preeclampsia/eclampsia se presenta entre el 5 y 10% de los embarazos y del total de defunciones maternas representa casi el 34%, sin que los números tengan una reducción significativa al pasar de los años.

Actualmente existen diversos métodos para prevenir o reducir las complicaciones derivadas de enfermedades hipertensivas durante el embarazo y se debe considerar prioritaria la difusión del Lineamiento Técnico sobre Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Preeclampsia/Eclampsia, así como diversos estudios realizados por instituciones públicas y privadas sobre el tema, a través de campañas de concientización e informativas encaminadas a la prevención y difusión de las consecuencias derivadas al no atender oportunamente el padecimiento en sus etapas iniciales.

La Secretaría de Salud Federal, así como las dependencias estatales, deben priorizar la información referente a las enfermedades hipertensivas durante el embarazo dentro del presupuesto destinado a la producción y la difusión de material textual y visual distribuido principalmente en hospitales, clínicas y centros de salud de carácter público.

Aunado a esto, diversas Asociaciones Civiles han desarrollado una larga lucha para consolidar la atención oportuna por parte de las dependencias gubernamentales correspondientes, entre las que destaca la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, A.C., cuya propuesta de prevención a través del Tamiz Perinatal durante el primer trimestre de gestación debe ser atendido de manera seria y pronta por esta dependencia en primera instancia y por las que consecuentemente se relacionan con la salud y seguridad de las madres mexicanas.

Como se mencionó anteriormente, las implicaciones en la salud de las pacientes obstétricas por los trastornos hipertensivos del embarazo es muy alto, así como su morbi-mortalidad. Los programas de salud dirigidos a intensificar las acciones de atención oportuna y difusión informativa son puntos importantes a reconocer, sin embargo con los nuevos avances médicos en el campo de la obstetricia y medicina fetal, se han implementado nuevos métodos de tamizaje a la población obstétrica en general, con el fin de detectar las pacientes con un alto riesgo de desarrollar la enfermedad y así poder implementar manejos preventivos y seguimientos estrictos para disminuir las complicaciones.

Este tipo de tamizaje está enfocado en dos puntos medulares:

1. Primero, ultrasonido: Revisar a todas las pacientes obstétricas entre las 11-14 y 22-24 semanas del embarazo, para la realización de una historia clínica completa, recabando la información de los factores de riesgo propios de la madre y ya mencionados previamente, además de realizar un ultrasonido obstétrico y revisando las condiciones de flujo de sangre hacia la placenta (arterias uterinas), sabemos que la mayor parte de las pacientes que desarrollarán esta enfermedad tienen esos flujos alterados por lo tanto en estos dos ultrasonidos es posible detectar aquellas que desarrollarán la preeclampsia severa, si el flujo de sangre anormal es detectado en el primer ultrasonido (11-14 semanas), inclusive se podría iniciar manejo médico (aspirina), la cual en estudios internacionales aleatorizados a nivel mundial ha reducido hasta en un 50% la posibilidad de tener una preeclampsia severa. Si se detecta hasta el segundo ultrasonido (22-24 semanas) no hay manejo médico pero puede ser referida a hospitales de tercer nivel antes de tener la sintomatología. Por lo tanto, el ultrasonido llevado a cabo por personal médico entrenado es pieza fundamental.

2. Segundo, Tamizaje Bioquímico: existen en la actualidad sustancias en el suero materno (muestras de sangre en la paciente embarazada), que pueden ser detectadas (Proteína plasmática asociada al embarazo PAPP-A y factor de crecimiento placentario), las cuales en conjunto con la revisión de ultrasonido (ya mencionado previamente) hacen posible detectar hasta el 90% de las pacientes que desarrollarán preeclampsia severa.

En resumen, este tipo de programas pudieran tener un impacto muy importante en reducción de la mortalidad materna en el rubro de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo. Es por eso que consideramos que en conjunto, a través de medios de difusión, tamizaje prenatal y entrenamiento adecuado del personal médico es posible alcanzar los objetivos del milenio.

Los costos de este tipo de tamizajes en realidad se centran en contar con máquinas ultrasonido, los cuales muchos de nuestros hospitales cuentan ya con ellos y la implementación de pruebas bioquímicas (sangre materna), las cuales pueden llegar a ser no tan costosas como siempre y cuando el número de muestras sean mayores. Además el tiempo empleado en hacer este tipo de revisiones es muy reducido (5-10 minutos).

Por último, al momento de iniciar con los centros de tamizaje, es posible fomentar de manera paralela la enseñanza a los médicos en entrenamiento, los cuales a su vez podrán continuar con su labor de escrutinio en sus comunidades. Además de fomentar la investigación ya que los mismos sueros en pacientes afectadas podrían ayudar a detectar nuevos marcadores para hacer la detección más efectiva.

Es importante recalcar que durante el estudio de ultrasonido es posible implementar otras revisiones a través de éste mismo método para detectar además las pacientes en alto riesgo de tener un bebe con una malformación congénita y aquellas que pudieran presentar un parto prematuro, dos rubros que también influirían en disminuir la morbimortalidad neonatal

El compromiso por atender las necesidades más urgentes en materia de salud debe estar por encima de partidos políticos, intereses de grupo o individuales, este texto representa un primer esfuerzo por analizar desde la máxima instancia legislativa de la nación el tema de la maternidad y las garantías de seguridad que debemos defender como legisladores comprometidos con los valores humanos tácitos e ineludibles.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamente presento a esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma por modificación la fracción I del artículo 61 y por adición de un segundo párrafo al artículo 62, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 61.-…

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la aplicación del tamiz prenatal y el ultrasonido obstétrico durante el primer trimestre de embarazo para detectar el desarrollo de preeclampsia/eclampsia;

II. - V.…

Artículo 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

La detección del desarrollo de preeclampsia/eclampsia, se realizará mediante las pruebas a que se refiere la fracción I del artículo 61 de la presente Ley, debiéndose canalizar oportunamente a la paciente a instituciones de saludpara su debido tratamiento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2013.

Sen. Cristina Díaz Salazar".

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a diversos dictámenes, de los cuales la Secretaría dará cuenta.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy cuenta con los dictámenes.

Uno, de las Comisiones Unidas de Pesca y Agricultura; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 8, 13, 17 y 86 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

1 Lineamiento Técnico de Prevención, Diagnóstico y Manejo de la Preeclampsia/Eclampsia. Secretaría de Salud. 3ª Edición Junio 2002.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 17; Y SE ADICIONAN UNA FRACCION XL, RECORRIENDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTICULO 8; UNA FRACCION XVII, RECORRIENDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, AL ARTICULO 13; Y UNA FRACCION XI AL ARTICULO 86 A LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)







 

Otro, de las Comisiones Unidas de Pesca y Agricultura; y Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones del artículo 4 y se adiciona el artículo 25 Bis a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES DEL ARTICULO 4 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 25 BIS DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

(Dictamen de primera lectura)







 

Uno más, de las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 213 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 2o., FRACCION XVII; 7o., PRIMER PARRAFO; 23, PRIMER PARRAFO Y 52, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACION TERRITORIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asícomo los artículos 113, 117, 135, 162, 163 numeral 1, fracción II, 166, 176, 177, 178, 182, 190 192, 193, y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada minuta, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan la valoración de la propuesta de la reforma legal.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2013, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadoresdel Congreso de la Unión, de fecha 9 de abril de 2013, la Mesa Directiva informó al Pleno de la recepción de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

3. En la misma fecha, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1. En la minuta se menciona que el abundante flujo migratorio del campo a la ciudad, iniciado a partir de la revolución industrial, dio lugar a la proliferación de grandes urbes que albergan a millones de personas, que este proceso se acentuó en nuestro país durante el último medio siglo, por lo que pasamos de ser un país predominantemente rural a fundamentalmente urbano.

2. Que con fecha 15 de noviembre del año en curso -2012-, los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Que dentro de las diversas reformas planteadas en la iniciativa de los grupos parlamentarios mencionados una estableció la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señalando que esta nueva dependencia continuaría con la tarea de resolver conflictos agrarios del país, que vigilaría el debido desarrollo de la propiedad agraria y mantendría las políticas de conciliación con grupos campesinos, y que, además, impulsaría políticas con jurisdicción en todo el país para el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda.

3. Se especificó que además de la materia agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se le transferían, en materia de asentamientos humanos, lo que antes correspondía a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En la minuta se hace mención que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue aprobado en lo general por la H. Cámara de Diputados con 333 votos en pro, 50 en contra y 84 abstenciones, el 22 de noviembre de 2012. Se dice que con respecto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el dictamen establece que:

“…la iniciativa en dictamen propone transformar la Secretaría de Reforma Agraria para convertirla en una dependencia renovada, actualizada, que atienda tanto la población que vive y trabaja en el campo, como los nuevos hechos que en el mundo rural nos plantea como la acelerada conversión de tierras antes de uso agrícola, ganadero o forestal en terrenos urbanos que se incorporan al mapa de las ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por razones de gobernabilidad democrática, de justicia social, de ordenamiento territorial y de protección del medio ambiente, es urgente poner orden a la explosiva expansión de los centros de población urbana, en las ciudades y las metrópolis. La urbanización de México tiene hoy su fase más expansiva y, por ende, más problemática. Es necesario regular, desde el Estado, tal fenómeno”.

4. Se menciona que con fecha 11 de diciembre de 2012, el Senado aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal devolviéndose a la Cámara de Diputados para su análisis.

Que con respecto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el dictamen de la minuta establecía que:

“Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de la minuta, de convertir la actual Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como se propone en la iniciativa bajo dictamen”.

También se menciona que con fecha 13 de diciembre de 2012 se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones planteadas por la Cámara revisora, turnándose al Ejecutivo Federal para su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.

5. Ahora bien, tratándose del contenido de las reformas propuestas en la minuta en estudio se señala que en tal virtud, el objetivo de las mismas es armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos vigente con las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013, en aquellos artículos que la competencia establecida en materia de asentamientos humanos a la Secretaría de Desarrollo Social, señalándose, pasan a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

III. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el dispositivo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a iniciar leyes o decretos compete a los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

2. El artículo 90 de nuestra Carta Marga establece que la Administración Pública Federal será Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativos de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

3. De esta manera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen las bases de la organización de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como paraestatal, es así que con fecha 2 de enero del 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Efectivamente mediante el citado Decreto, se modificó el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se transformó a la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

4. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad al decreto que la crea, asumió, además de continuar a cargo de la solución de conflictos agrarios, la generación de políticas con jurisdicción en todo el país para el crecimiento y planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda. De esta manera, esta dependencia retoma funciones y tareas que le eran propias a la Secretaría de Desarrollo Social. Entre estas funciones, entre otras, se encuentran las de:

a) Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; la regularización de los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; y el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

b) Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

c) Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la partición de los sectores social y privado;

d) Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para el desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; y

e) Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales.

5. Como se ha descrito en el antecedente uno del presente dictamen, la minuta fue aprobada por la colegisladora y remitida para su discusión a esta Cámara, ahora bien con la finalidad de cumplir con el objetivo de la Minuta en estudio por la que se reforman los artículos 2°, 7°, 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, en la que se menciona a la Secretaría de Desarrollo Social como la encargada de los temas relacionados con los asentamientos humanos, competencia que deja de tener al tenor de la reforma realizada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las cuales son asignadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

6. Ahora bien, al tenor de los antecedentes, contenido y consideraciones que se vienen desarrollando en el presente dictamen estas comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con el criterio de la colegisladora en el sentido de actualizar en la Ley General de Asentamientos Humanos la denominación correcta del órgano de la Administración Pública Federal que ha sido modificado de tal suerte que en el caso que nos ocupa y para que dentro del ordenamiento jurídico citado se mencione a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano que viene a sustituir a la Secretaría de Desarrollo Social en las funciones sobre asentamientos humanos con esto se podrá adecuar y actualizar la Ley y así acentuar certeza jurídica plena al ámbito de competencia y atribuciones que tiene dicha Secretaríapara los gobernados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, Segunda; consideran procedentes los términos propuestos en la minuta materia del presente dictamen, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163 numeral 1, fracción II, 166, 176, 177, 178, 182, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación de la:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 2°, fracción XVII; 7°, primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVI. …

XVII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

XVIII. al XXI. …

ARTICULO 7°.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, las siguientes atribuciones:

I. a XVI. …

ARTICULO 23.- La Comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

ARTICULO 52.- …

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a 13 de noviembre de 2013.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Uno, de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, con el proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION DECLARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DIA DEL URBANISTA MEXICANO”

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACION TERRITORIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, “Día del Urbanista Mexicano”.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Dictaminadoras, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la “Iniciativa con proyecto de Decreto” que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se describe el alcance de la iniciativa en estudio y análisis.

III. En el capítulo de “ANALISIS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO”, se estudian las aportaciones del gremio de los urbanistas a efecto del cumplimiento de los derechos humanos.

IV. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2013, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República, Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente; y Senadoras Angélica Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros, Secretarias, presentaron al Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Decreto.

2. La Mesa Directiva turnó la Iniciativa, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-3846 de fecha 7 de noviembre del 2013, a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen, siendo recibida el mismo día 7.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos los proponentes señalan que en la “Carta mundial por el Derecho a la Ciudad”, se establece el compromiso de las ciudades a desarrollar una planificación garante del equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico, así como impedir la segregación y la exclusión territorial, y priorizar la producción social del hábitat y el cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad privada.

Explican que es entendible e innegable que el modo de vida urbano, la manera en que se organizan y estructuran los centros de población, influye en el modo en que nos relacionamos con nuestros semejantes y con el territorio. Que un pueblo en el que se privilegia el orden, la comunicación, la conectividad y la seguridad, proveerá una mayor calidad de vida y salud social; que estos pueblos son producto de una planificación adecuada, llevada a cabo, en el mayor de los casos, por profesionales del urbanismo con un profundo y claro compromiso social.

Señalan que los pueblos anglosajones impulsaron el desarrollo del urbanismo después de la segunda guerra mundial, reconstruyendo las ciudades devastadas. Que en 1949 fue fundada la organización “Día Mundial del Urbanismo”, y que a partir de ese año se celebra el día mundial del urbanismo cada día 8 de noviembre por cerca de 30 países, entre los que se encuentra México.

Describen al urbanismo como un proceso continuo que considera tanto al diseño como temas de reglamentación social, económica y política. Dicen que una ciudad exige tanto la disposición de barrios, industrias y comercios, según criterios estéticos y funcionales así como servicios públicos que estos necesiten, como tener presente el origen, educación, trabajo y aspiraciones de sus residentes, así como el funcionamiento general del sistema económico al que pertenecen además de los cargos que ocupan en este sistema y de las recompensas que éste les proporciona.

Señalan, además, que bajo la lógica anterior el derecho a la ciudad se une fuertemente a los derechos humanos asociados al territorio, que el derecho constitucional a una vivienda digna, al trabajo, a la educación, a la salud, dependen en gran medida de que el primero sea posible, y, este, a su vez, del trabajo de urbanistas.

Los urbanistas, señalan los proponentes, adquieren relevancia para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, ya que su trabajo impacta con efectos multiplicadores en la forma de vida y en la felicidad de los pueblos. Por ello, consideran, resulta de elemental justicia el reconocimiento, por parte del Congreso, de estos profesionistas que hacen posible no solo la estética de las ciudades, sino también su funcionamiento en términos del cumplimiento de los derechos humanos.

En la exposición de motivos se dice que la literatura especializada coincide en que el proceso de urbanización mundial indica que el crecimiento de la población serádeterminado por la dinámica de las zonas urbanas de los países en desarrollo; que acorde a esta tendencia, nuestras ciudadesse han transformado en las últimas décadas presentando discordancias entre el crecimiento poblacional y el de la mancha urbana, ya que la primera crece en mucha menor proporción que el espacio territorial que ocupa, lo que detona graves consecuencias ambientales y financieras públicas, así como en calidad de vida.

Citan que los urbanistas mexicanos señalan una profunda crisis en la planeación urbana, que pone en riesgo a la población y a la viabilidad y gobernabilidad de las zonas metropolitanas. En materia de planeación urbana, dicen, se privilegia una visión de corto plazo regida por la corrupción, la improvisación y los intereses de grupos particulares.

De igual manera, señalan los proponentes, los urbanistas manifiestan su preocupación por el desordenado surgimiento y crecimiento de las ciudades, anarquía que atenta contra el bienestar y nivel de vida. Los urbanistas, dicen, señalan que a tres décadas de promulgada la Ley General de Asentamientos Humanos, el resultado ha sido el fracaso en la planeación urbano regional, por los tres órdenes de gobierno. Por ello, trabajan en “elevar a rango constitucional el derecho a la ciudad”, como un derecho de todos y no de unos cuantos.

Explican los proponentes que los urbanistas mexicanos sugieren aprovechar la experiencia en planeación urbana de otras ciudades del mundo, en las que el trabajo interdisciplinario, la coordinación intergubernamental y el desarrollo de planes rectores de largo plazo, han sido fundamentales; que insisten en que el sistema de planeación urbana en México es anacrónico, superado por una nueva realidad y vulnerado por la corrupción que, entre otros muchos aspectos, trasgrede los usos de suelo.

De lo anterior, concluyen los proponentes, que no resulta difícil comprender la preeminencia de los urbanistas en la consolidación de las ciudades, y en el cumplimiento de los derechos humanos subyacentes; que en nuestro país, actualmente, adquieren notabilidad en el contexto de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo; y que, al parecer, no existe duda ni desacuerdo de la relevancia de los urbanistas mexicanos en la estructuración, formación y viabilidad de los pueblos y ciudades.

Concluyen proponiendo que elHonorable Congreso de la Unión declare el día 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece que todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar1; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible2; a una vivienda digna y decorosa3; y, a la cultura física y a la práctica del deporte4.

SEGUNDA.- La “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, signada por México, establece que el “El derecho a la ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos”. Esto considera“...agua potable; vivienda adecuada; al derecho al desarrollo; a un medio ambiente sano; al disfrute y preservación de los recursos naturales; a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultural”.

Además, la Carta Mundial señala que “Las ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbana-ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice la producción social del hábitat y garantice la función de la ciudad y de la propiedad…”.

TERCERA.- El urbanismo es la ciencia y técnica de la ordenación de las ciudades y del territorio5. Su objeto principal es la planificación de las mismas, los estudios sobre el fenómeno urbano, la acción de la urbanización y la organización de la ciudad y el territorio. Quienes se dedican a esta profesión son los urbanistas, también conocidos como planificadores urbanos6.

CUARTA.- Las actividades profesionales de los urbanistas en términos de la anterior consideración resultan, de acuerdo a estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, de vital importancia para el cabal cumplimiento a lo obligado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, y con los compromisos adquiridos, sobre la misma materia, al ser firmantes de la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”.

Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos consideran pertinente reconocer la relevancia de las actividades profesionales de los urbanistas mexicanos para que el Estado Mexicano cumpla con los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, en materia de derechos humanos, por tal motivo con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135 numeral 1, fracción I, 182, 190 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 8 de noviembre de cada año, como el “Día del Urbanista Mexicano”.

Dado en la sede del Senado de la República a 28 de noviembre de 2013.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Y uno de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.


1 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

2 “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de aguapara consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

3 “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fi n de alcanzar tal objetivo”.

4 Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyesen la materia.

5 Wikipedia

6 Ibid





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION A LA ATMOSFERA

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, quedan de primera lectura, debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento.

Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de omitirse la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura del dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia hizo llegar a la Mesa Directiva propuestas de modificación al dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 291, 337 y 338, mismas que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

Solicito a la Secretaría darle lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura.



Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones presentadas.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten las modificaciones presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten para su discusión.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En virtud de no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las modificaciones presentadas.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las modificaciones presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Aceptadas, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que acaban de ser aceptadas por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señora Presidenta; Senadoras y Senadores integrantes de esta legislatura:

Debo iniciar la presentación de este dictamen de comisiones unidas por el que se aprueba y se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo un reconocimiento a la tarea realizada por la Senadora Arely Gómez González y por el Senador Manuel Camacho Solís, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, así como de los presidentes de las comisiones codictaminadoras, Alejandro Encinas, por la de Estudios Legislativos, Segunda y Pablo Escudero Morales, por la Comisión de Participación Ciudadana.

Su trabajo ha sido responsable y notable, y eso ha permitido que el día de hoy, esta legislatura pueda concretar algo que, sin duda, será un resultado histórico.

Hace cinco años, el sistema de justicia penal de nuestro país fue reformado para transitar a un modelo de naturaleza acusatoria para abandonar un modelo inquisitorio, en el que la presunción de inocencia estaba invertida y, por tanto, era una presunción de culpabilidad, salvo prueba en contrario.

Un modelo oscuro, poco transparente, en el que el debate probatorio nunca se realizaba frente al juez. Un sistema que no contemplaba a las víctimas, que no garantizaba sus derechos, que no les ofrecía la posibilidad de accionar a la justicia.

La reforma constitucional de 2008, reconoció las deficiencias del sistema de justicia de nuestro país, y vestía como intención su transformación y posicionaba una meta para este tránsito.

Pero faltaba trazar el camino. Crear las condiciones de implementación de esa importantísima reforma constitucional.

El Código Nacional de Procedimientos Penales que hoy sometemos a su votación, ofrece la ruta que vertebra, sin lugar a dudas, este esfuerzo.

A partir de la aprobación de este código, el sistema de justicia penal será radicalmente distinto. Los juicios orales garantizarán que las actuaciones se den en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, que el debate probatorio se verifique ante el juez, volviéndose más expedito a través de la oralidad y la prisión preventiva deje de ser la regla y se convierta, efectivamente, en una excepción.

El Senado, el día de hoy, con la aprobación de este dictamen, acelera la implementación de la reforma constitucional aprobada hace ya media década, una reforma que había sido apremiante, desde hace ya varias décadas.

A finales del pasado periodo legislativo ordinario, este Senado aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso, para expedir un Código de Procedimientos Penales con carácter nacional.

Esa reforma fue avalada por todos los grupos parlamentarios de esta representación. Las iniciativas dieron origen en este Senado de la República y también hoy, se concretan a través de este código.

Surge, pues, de una percepción compartida y un esfuerzo unificado que nace del Congreso de la Unión.

La trascendencia de este código radica en tres características principales:

En primer lugar. Es el primer código con legitimación democrática, expresada a través de la representación nacional.

Los códigos que le han antecedido, aprobado en los años 30 del siglo pasado, no surgieron de la legitimación democrática, no surgieron del Congreso de la Unión, sino que fueron expedidos, gracias a facultades extraordinarias que se le brindaron al Ejecutivo Federal.

Esta sola anécdota refleja un entendimiento de que la justicia es compatible con la democracia.

Este ejercicio legislativo da cuenta de que la respuesta del Estado a la comisión de ciertos delitos, no tiene porque reñir con las dinámicas democráticas, sino que por el contrario, la razón democrática es la mejor garantía de los derechos y de la eficacia de las instituciones para procurar seguridad y justicia.

En segundo lugar. Este código es producto del consenso, no sólo tiene la legitimidad del acuerdo unánime de las fuerzas políticas aquí representadas, sino también la legitimidad del respaldo social a sus contenidos. Es producto de un trámite legislativo abierto, transparente, público e incluyente en el que han concurrido una veintena de expertos, un consejo técnico asesor conformado por 18 profesionales, validado por un ejercicio de simulación que recreó 17 situaciones reales en el marco de este nuevo código.

Fue, pues, un proceso legislativo ejemplar.

En tercer lugar. Este código logra un equilibrio razonable, desde el modelo definido por la Constitución, entre la finalidad de mitigar la impunidad y la necesidad de garantizar los derechos humanos.

No nos hemos salido un ápice del modelo constitucionalmente definido. Este código no recurre a prácticas o reglas que estimulan o pueden estimular violaciones a los derechos humanos, por el contrario, este ejercicio demuestra que el riesgo o la amenaza sobre derechos humanos, no puede solaparse en la intención de dotar de mayor eficacia a las instituciones de procuración de justicia.

La prueba más grande que este código enfrentará, y que esta legislatura enfrentará es la prueba de la realidad. Esta legislatura debe estar abierta a corregir aquello que en su aplicación no funcione o funcione de manera incorrecta.

Es tarea de esta legislatura la evaluación permanente, de la que hoy, con optimismos de la buena obra, habremos de votar en este Pleno.

La aprobación de este código no es punto final alguno, sino el inicio de una larga e inacabable tarea de mejorar progresivamente el sistema jurídico penal y las instituciones que la operan.

Debemos mantener vigente ese reto.

Tenemos el deber de evaluar, de expedir, de modificar y de armonizar la Ley de Delincuencia Organizada. Debemos crear una ley general que establezca las bases y principios para la investigación policial desde este nuevo marco. Una ley que determine y regule la ejecución de sanciones, los instrumentos que regulen los mecanismos de solución alternativas de conflictos y todo el conjunto de reformas a las leyes orgánicas, respectivas.

Toda una larga meta por complementar al esfuerzo que hoy materializamos.

Hoy podemos decir, con orgullo histórico, que ésta es una reforma estructural, de aquellas de las que poco hablan, que poco se discuten, pero de esas cuya aplicación se siente y se resiente por muchos en sus realidades.

Junto con la autonomía del Ministerio Público que aprobamos recientemente en el marco de la reforma política, la aprobación de este Código es un paso fundamental para lograr el propósito de la vigencia plena del anhelo de justicia de todos los mexicanos.

Este es un código dictaminado con sentido de responsabilidad, sin la mezquindad del intento por imponer el interés propio sobre el bienestar público, con altura de miras, con la generosidad de quien se preocupa más por la sustancia que por el protagonismo, definido por la gentil tolerancia de sabernos y reconocernos diferentes, pero parte de algo más grande que nosotros mismos, de algo que nos trasciende, pero sobre todo, de algo que nos une.

Me siento muy orgulloso de presidir la comisión que ha logrado este avance histórico, pero me siento mucho más honrado de pertenecer a la legislatura que asumió su responsabilidad de velar por el bien común que quiso y supo ponerse de acuerdo para darle a México la esperanza de justicia que se merece.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La verdad es que si bien iniciamos este debate en torno al Código Nacional de Procedimientos Penales, hace prácticamente un año en esta Legislatura, el debate viene de más lejos. Es un debate que iniciamos en el 2011 durante la LXI Legislatura, cuando ante el fracaso de un modelo de impartición de justicia que se venía estableciendo en el país, se planteó la necesidad de hacer una reforma profunda que evitara establecer, como se pretendió entonces, en el centro de la atención, los problemas de la seguridad del Estado por encima de la seguridad ciudadana y de los derechos y las garantías de los ciudadanos.

Desde entonces, como ha sido a lo largo de esta discusión legislativa, hicimos un fuerte señalamiento para evitar la pretensión de aprobar un dictamen que procurara en lo fundamental entender la seguridad pública como un asunto de seguridad del Estado, sino por el contrario, avanzar y garantizar la seguridad humana.

Yo debo de reconocer que a lo largo de este debate, distintos legisladores, el caso del Senador Pablo Escudero, quien en septiembre de 2012 presentó una iniciativa, al igual que los Senadores Roberto Gil, de Acción Nacional y Manuel Camacho Solís, de mi grupo parlamentario, presentaron diversas iniciativas que nos permitieron iniciar un proceso de dictamen legislativo que, sin lugar a dudas, debe retomarse como un modelo ejemplar para no sólo no legislar al vapor, discutir a fondo las propuestas, sino incorporar a la sociedad en su discusión, como sucedió con las audiencias públicas que se realizaron, la incorporación de expertos en el tema, más un tema tan complicado como es el de los procedimientos penales, donde se conformó un comité técnico y donde hay que reconocer, a iniciativa del Senador Roberto Gil, se estableció por primera vez en la elaboración de un dictamen del Legislativo, el establecimiento de un modelo de simulación para identificar la eventual puesta en práctica de estas medidas que hoy estamos a punto de discutir.

Hubo temas fundamentales en la discusión, vinculados en asuntos profundamente polémicos que han sido y son cuestionados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la academia vinculada con los asuntos jurídicos y penales, e incluso por una gran cantidadde legisladoras y legisladores, como son los temas vinculados a medidas cautelares, como son el arraigo, la prisión preventiva temporal, sin que exista sentencia o intervención de comunicaciones por el juez.

Y es evidente que en este modelo que hoy estamos aprobando, que estamos por aprobar, en el Código de Procedimientos Penales, estamos dando un paso muy importante para transitar de un sistema inquisitorio a un sistema adversarial y acusatorio que todavía no concluye en su implementación en nuestro país.

Y, por supuesto, como lo hemos señalado en las comisiones unidas, la puesta en práctica de este Código de Procedimientos va a implicar hacer un seguimiento y una evaluación inmediata para que por lo menos, en el término de un año, se pueda hacer la evaluación necesaria e identificar qué ajustes y reformas pueden realizarse para mejorar el ejercicio.

Como toda legislación, no solamente es perfectible, sino tendrá que estar sujeta a su aplicación, a su ejercicio, en la vida real y cotidiana dentro de un sistema judicial que carece todavía no solamente de legitimidad y credibilidad profunda, sino de instrumentos que eviten la discrecionalidad y la impunidad en ejecución de sentencias.

Debo reconocer que en los últimos días previos al dictamen, todavía se hicieron modificaciones profundas, 17, señalaría yo, pero me voy a omitir el señalamiento de todas, pero creo que temas que han estado en la preocupación social, como las denuncias anónimas, donde se estableció la obligación del policía para recibir una denuncia anónima deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público para que siente precedente; atender los asuntos de casos urgentes donde se establecieron mayores requisitos para aplicar el criterio que deberá establecer esta disposición del Ministerio Público, o el asunto de la aplicación de la prisión preventiva reduciéndola máximo al plazo de un año, dan mayor certeza jurídica en estos temas. Yo creo que será un paso importante.

Comparto con el Senador Gil de que faltan todavía muchos asuntos por atender y resolver, pero esperemos que este Código de Procedimientos ayude a homologar todas las prácticas en la aplicación del sistema penal, en el ámbito federal, en los estados de la República, garantizando los derechos humanos de los ciudadanos, la aplicación irrestricta de la ley, y un tema fundamental para poder eliminar la corrupción y la enorme impunidad que prevalece en estos temas en nuestro país.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señor Presidente.

Quiero, en principio, felicitar a las comisiones unidas, a sus presidentes, a los miembros, sin duda es un buen esfuerzo y es un buen trabajo que se estuvo realizando por meses. Como lo decía el presidente Gil, sin duda todavía faltarán cosas por hacer, y mi felicitación.

La democracia no se alcanza solamente teniendo elecciones libres y equitativas, que goce de un clima de justicia y legalidad, que le brinde certeza y seguridad para lograr alcanzar niveles óptimos de bienestar.

El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública que tenía como objetivos hacer más eficiente el sistema penal mexicano y actualizar la administración e impartición de justicia en México.

Para esto, se estableció el sistema penal acusatorio y oral en busca de que la justicia sea pronta y expedita así como actualizar la impartición de justicia.

En la reforma constitucional de 2008 fue previsto que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio sería de manera gradual, otorgando como plazo máximo para su implementación en todo el país el año 2016.

Homologar las 36 legislaciones en materia penal da la posibilidad de hacer más eficiente la impartición de justicia y sobre todo que haya igualdad en los procedimientos.

La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales es un avance en la reforma de justicia penal que México necesita actualizar, la legislación en materia es urgente, pero nada novedoso, países como Alemania y Suiza, desde 1870 y 1939, respectivamente, tienen legislaciones homologadas en todo su territorio en esta materia penal.

Llegar al punto en el que hoy nos encontramos es el resultado de más de cinco años de negociaciones y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y los diferentes actores sociales.

Debemos solicitar a las comisiones que llevaron a cabo el trabajo para establecer este Código Nacional de Procedimientos Penales, los esfuerzos que se hicieron para escuchar a todas las voces y el ejercicio práctico de implementación del nuevo Código son muestras de la voluntad política y compromiso de los que intervinieron.

Aquí se pudo escuchar en este Senado las expresiones de profesionales, de estudiantes y de quienes ejercen el tema penal.

Sin embargo, el dictamen propuesto por las Comisiones está en la posibilidad de mejorarse aún más, sobre todo en torno a la publicidad de los juicios y el respeto a los derechos humanos de los diputados y de las víctimas.

Una de las virtudes de los sistemas acusatorios es la publicidad que les acompaña, la cual da la pauta para que los procesos sean más transparentes y apegados a ley, evitan actos de corrupción y dan mayor certeza y confianza a la ciudadanía sobre la impartición de justicia.

Se ha demostrado que en la medida en que la ciudadanía se entera y forma parte de los procesos penales, éstos son con mayor eficacia, transparencia e imparcialidad.

Claros ejemplos que demuestran lo anteriormente dicho son el caso de Florence Cassez y el del Maestro Alberto Patishtán, ambos casos controvertidos, pero finalmente liberados por inconsistencias en sus procedimientos.

¿Qué hubiera pasado si sus procesos hubieran sido públicos?, seguramente el profesor chiapaneco no hubiera perdido trece años de libertad.

Y por otro lado, la liberación de la francesa no hubiera sido en medio de un clima de desconfianza y especulación política.

En este sentido, el nuevo sistema acusatorio, entre otras cosas, debe otorgar la certeza de publicidad de los juicios para generar confianza en la ciudadanía, que en México la impartición de justicia es con total apego a la ley.

Sólo en la medida que haya transparencia en todos los ámbitos de la vida pública del país avanzaremos hacia una verdadera democracia, asimismo se debe asentar con mucha precaución en la nueva legislación, las facultades de las autoridades para investigar, sobre todo señalar con precisión los límites de respetar la vida privada de los ciudadanos.

Por lo tanto, es necesario salvaguardar lo señalado en la Constitución en su artículo 16 donde se señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o domicilio, sino es mediante un mandato escrito de la autoridad competente.

De tal suerte que el nuevo Código Nacional debe poner atención en las facultades que se otorgan a las autoridades para investigar e intervenir las comunicaciones privadas, ya que si no se ponen los candados suficientes, se puede incurrir constantemente en graves violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

Es deseable que la autoridad investigadora profesionalice y mejore su actuación, pero esto no puede ser a costa de vulnerar los derechos de otros.

En este sentido debemos de ser cuidadosos y salvaguardar los derechos de las mayorías.

La sociedad reclama una impartición de justicia pronta y expedita, y México requiere un sistema penal que respete la garantía del debido proceso, pero sobre todo, que recobre la confianza de la ciudadanía y que impulse la denuncia y combata la impunidad.

No es novedoso decir que el país se encuentra dentro de los Estados con mayor índice de impunidad e injusticia. Es momento de detener esta tendencia y revertirla, reducir la impunidad y hacer valer el estado de derecho; el plazo para actualizar el sistema penal en México se agota, es necesario dar un mayor impulso en las entidades federativas para que sus legislaciones en la materia sean acordes a lo establecido en la Constitución.

El Código Nacional de Procedimientos Penales es un gran avance para el estado de derecho y la impartición de justicia.

Sin embargo, la tarea aún no termina, necesitamos ver las fortalezas y deficiencias de este nuevo ordenamiento jurídico y exhortar al Poder Judicial de la Federación a actualizar y profesionalizar aún más a todos aquellos que intervienen en el proceso de impartición de justicia.

Compañeras y compañeros, el país necesita del compromiso de todos, pero sobre todo, reclama poner por encima de los intereses personales y de grupo el interés general de la nación.

Es cuanto, señor Presidente, felicidades a las comisiones que intervinieron y esperamos que el voto de los Senadores sea en positivo a favor de este nuevo Código Penal.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias Senador Monreal Avila.

Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

Antes de empezar esta exposición, quisiera utilizar esta tribuna para felicitar, para mandar un saludo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha recibido un premio por parte de la ONU en materia de derechos humanos.

Sin duda que la Suprema Corte de Justicia reciba un premio por parte de la Organización de las Naciones Unidas, es un aliciente al trabajo que se está realizando en el Poder Judicial y hay que decirlo, también en el Legislativo y en el Ejecutivo.

Quisiera empezar por recordar los antecedentes y la recuperación que ha habido por parte de los Senadores, de los coordinadores en un tema tan importante como éste.

El 5 de septiembre de 2012 tuve la oportunidad de platicar con el Senador Gamboa Patrón, en ese momento, con el Coordinador Parlamentario del PAN, con el Senador Ernesto Cordero y con nuestro amigo, el Senador Miguel Barbosa, de cuál era la importancia que tenía en ese momento, lo que vislumbrábamos como el Código Federal de Procedimientos Penales.

Pudimos platicar y pudimos reunir a los actores que en ese momento estaban impulsando este código en este Senado de la República el 24 de septiembre de 2012, considero que desde ahí se dio el banderazo para los inicios de este trabajo que el día de hoy concluye en una parte, porque como ha señalado el Senador Gil y el Senador Encinas, falta mucho por hacer.

A esa reunión nos acompañaron el Senador Gamboa Patrón, el Senador Ernesto Cordero, nuestro amigo el Senador Barbosa Huerta, también el licenciado Alejandro Martí, Presidente de SOS; Ernesto Canales, Presidente del Patronato Renace; nuestra amiga investigadora Ana Laura Magaloni; José Antonio Caballero y Alejandro Ponce, un reconocimiento para todos ellos que desde la sociedad, desde las ONG, desde la academia impulsaron este trabajo.

Sin duda, la participación del Senador Roberto Gil, de nuestra amiga Arely Gómez, de nuestro amigo Manuel Camacho y Alejandro Encinas que nos acompañaron en cada una de estas reuniones, junto con Cristina Díaz permitió poder transitar a un instrumento jurídico tan importante como es éste.

El 18 de junio de 2008, se publicó la reforma constitucional en materia penal para transitar hacia un sistema de justicia acusatorio y adversarial, y dejar atrás ese sistema persecutorio que tanto lastimó a nuestro país, y lástima al día de hoy.

Se estableció que a partir de entonces se contaría con un plazo de 8 años para realizar las adecuaciones necesarias a todo el marco legal.

Con el objetivo de cumplir ese mandato se presentaron tres propuestas del Código Federal, en ese momento de procedimientos penales, algunos suscritos por el Senador Gil Zuarth y el Senador Camacho Solís, otros por nuestra amiga Arely Gómez, y otro por su servidor.

Sin embargo, durante las audiencias públicas celebradas con motivo, justamente, del proceso de dictaminación de lo que iba a ser el Código Federal de Procedimientos Penales, se llegó a la conclusión de que había que cambiar de modelo, y que había que transitar y a pensar en un código único de procesos penales.

Derivado de ello empezaron los esfuerzos, los diferentes grupos parlamentarios, los diferentes Senadores se abocaron nuevamente a redactar un modelo diferente de código con gran sensibilidad y adoptar lo que se estaba acordando, lo que se estaba recogiendo por parte de los jueces, por parte de los operadores de los sistemas, por parte de las ONG, por parte del Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República, del señor Procurador, de la señora Subprocuradora, de la Secretaría de Gobernación, y se pudo presentar un modelo diferente.

A lo largo de las audiencias, y una vez que teníamos un documento casi terminado, con gran sensibilidad y con un método novedoso el Senador Gil Zuarth nos propuso que se hiciera un simulador de este código, y al principio todos decíamos, cómo un simulador.

Sí, efectivamente se proponía que trajéramos a los operadores del sistema de justicia, a los ministerios públicos, que trajéramos a los jueces de control, que trajéramos a todos los que participaban dentro de ésto para simular justamente un juicio oral, una audiencia oral en todas sus facetas, y poder comprobar si el sistema podía funcionar, si era correcto, o de una vez conocer ante qué se iba a enfrentar este código nacional que estábamos a punto de legislar.

El esfuerzo fue innovador, creo que el resultado es inmejorable, estamos aquí, nos sentimos muy orgullosos de ser Senadores de la República y, de participar, creo yo, en un instrumento jurídico que va a cambiar la justicia en este país.

Enhorabuena, me parece que uno de los ingredientes más importantes que existió desde el día uno, es que todos los Senadores que estuvimos en esa comisión le quitamos nombre y apellido a las iniciativas que habíamos presentado, a los documentos que habíamos presentado, y todos nos preocupamos por hacer un sistema de justicia mejor para este país, y es un gran resultado el que traemos el día de hoy.

Enhorabuena, y muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Escudero Morales.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Yo también quisiera empezar con las felicitaciones, y no nada más es una cortesía, me parece que la conducción que tuvo Roberto Gil fue francamente excepcional; que el trabajo que hizo Arely Gómez fue de una enorme dedicación, y la verdad, con grandes aportaciones; también lo que hizo Pablo Escudero, que lo tomó como un asunto personal y Alejandro Encinas y cada uno de los miembros de las comisiones.

Yo también me siento orgulloso de haber participado en un tema, que no era mi tema, pero del que aprendí mucho y aprendí más, más allá de los temas técnicos, es a cómo hacer bien el trabajo legislativo, como bien lo dijo Encinas Rodríguez, lo que se hizo en las comisiones que sacaron adelante este código, es un ejemplo de cómo se puede hacer el trabajo en el Senado.

Le dedicamos un año entero, porque era un asunto de la mayor trascendencia, no nos pusimos límites de tiempo, pero tampoco le dimos largas al asunto.

Se estableció una comisión asesora del más alto nivel, y esa comisión asesora no sirvió nada más para legitimar el trabajo que estábamos haciendo en otro lado o ni siquiera en la Cámara, sino fue tomada en cuenta con mucha responsabilidad.

Fueron una y otra vez corrigiendo los textos y participando. Se hizo un ejercicio de simulación para ver si lo que habíamos escrito en las leyes podía ser operado en el sistema judicial que nos funcionó, y menciono todo esto para decir que los temas más difíciles, más complicados, más técnicos se pueden tratar con apertura, con transparencia y con rigor técnico, y lo que se hizo, con este código lo demuestra.

Yo quisiera que eso mismo que ocurrió con el Código de Procedimientos Penales pudiera ser aplicado en otras materias de igual importancia o incluso de mayor importancia que el propio código.

Lo que no podemos seguir haciendo en esta Cámara es seguir evitando ese trabajo serio, como el que se hizo.

No quiero abundar más en el asunto, me parece que todos estamos de acuerdo con lo que se convino, con lo que se aprobó en las comisiones, que votaremos a favor, pero además, nos vamos con un muy buen sabor de boca, hicimos un trabajo honesto, riguroso, altamente calificado y que estuvo abierto todo el tiempo a la ciudadanía.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Camacho Solís.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley porque es justa”. Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Quiero empezar reconociendo la conducción del Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil, por sus grandes innovaciones en el trabajo legislativo.

Reconozco a mi amigo, el Senador Manuel Camacho, por toda su sensibilidad política y consenso en los acuerdos necesarios.

Asimismo, todos los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes con sus grandes aportaciones hicieron que este trabajo fuera lo que es el día de hoy.

Ahora bien, el día de hoy nos convoca la aprobación de un dictamen de suma trascendencia, se rediseña en este país el sistema de justicia penal en beneficio de todos; el Código Federal de Procedimientos Penales, vigente, se expidió en 1934 por el Presidente Abelardo Rodríguez, hoy es la primera vez que el Congreso de la Unión es la sede para la discusión y aprobación de un Código Procesal Penal, puesto que fueron las circunstancias históricas y las facultades concedidas por el Congreso Federal al titular del Ejecutivo en turno, las que siempre sustituyeron en esa materia el ejercicio de la función natural de este Congreso de la Unión.

Recordemos que el 18 de junio de 2008 se publicó una de las más grandes reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública que implicó un cambio de paradigma estableciendo el sistema acusatorio bajo los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad.

El dictamen que se presenta a su consideración es producto de un año arduo de trabajo realizado en forma transparente y abierta, siendo fundamental la participación de las instancias gubernamentales involucradas en la materia, académicos, operadores del sistema acusatorio y organizaciones de la sociedad civil; proceso que culminó en las comisiones unidas con la aprobación por unanimidad del proyecto de dictamen.

A todos los involucrados, nuestro amplio reconocimiento. Agradezco de forma especial a las organizaciones de la sociedad civil por el apoyo, seguimiento e interés en la dictaminación de este fundamental instrumento.

En 490 artículos se contienen los principios del proceso penal bajo un esquema del debido proceso y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales suscritos por nuestro país a favor de toda persona.

Se nos presenta una oportunidad histórica de aprobar un ordenamiento legal, único, que se aplicará para substanciar los procesos penales en todo el territorio nacional, lo que sin duda permitirá la armonización en todo el país de los criterios judiciales, brindando certeza a las personas sobre las normas y criterios aplicables.

Hoy tenemos la ocasión de dar a nuestra nación un instrumento jurídico eficaz que permita la reacción del Estado cuando se cometa un delito. Por mencionar algunos ejemplos prácticos, este código prohíbe la exposición en medios de comunicación de personas consideradas como imputados sin que medie una sentencia definitiva a efecto de salvaguardar el principio de presunción de inocencia del imputado.

A diferencia del sistema tradicional, la libertad es la regla y la prisión la excepción, esto es, disminuir el número de personas en proceso que cumplan con prisión preventiva. A través de los mecanismos alternos de solución de controversias se prioriza el resarcimiento de los daños a las víctimas, en lugar de mantener a personas en prisión por delitos menores.

Se da prioridad a la reparación del daño de la víctima u ofendido por un delito, esto es, se privilegia a la justicia restaurativa que implica favorecer la reparación del daño por encima de la cuestión punitiva; establece medidas alternativas de solución de controversias a efecto de resolver el conflicto que derive de la conducta punitiva y con ello evitar juicios largos. Al mismo tiempo, este ordenamiento coadyuvará al fortalecimiento de la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en el país.

La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales impulsa la modernización de la procuración y administración de una justicia accesible, imparcial, igualitaria que cumpla con todos y cada uno de los principios del debido proceso.

Es importante mencionar que se trata de una norma cuya perfectibilidad será dictada por la realidad, sin embargo, en aras del código, un instrumento aplicable desde su entrada en vigor, se retomaron las experiencias buenas y malas de las entidades federativas para crear un proceso penal acorde a la realidad mexicana.

Quiero destacar de nuevo la voluntad política en la búsqueda de consensos y acuerdos que son necesarios en el trabajo legislativo. En lo particular destaco el impulso de mis compañeros Senadores, Roberto Gil Zuarth, Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís y Pablo Escudero, quienes pusieron todo su empeño en aras de un interés común, como es la regulación de procesos penales transparentes en los que exista un equilibrio en los derechos de las partes.

Compañeras y compañeros Senadores, terminemos con injusticias, demos un paso más para la consolidación de un Estado democrático de derecho, aprobemos este Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer realidad el nuevo sistema de justicia penal.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez González.

Tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El 30 de agosto de 1934, el Presidente Abelardo Rodríguez publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Federal de Procedimientos Penales que actualmente nos rige, producto de sus facultades extraordinarias.

Hoy, a casi 80 años de dicho suceso y a 27 legislaturas de distancia, estamos a punto de aprobar no un Código Federal de Procedimientos Penales, sino un Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable a toda la República, en el marco del importante proceso de implementación del sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional de 2008, así como bajo la observancia de otra reforma trascendental en la vida democrática del país, como lo es la reforma en materia de derechos humanos de 2011.

Hace algunos meses, cuando aprobamos la reforma constitucional de la fracción XXI del artículo 73 que faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación procedimental única aplicable a todo el país.

Señalé que dicha reforma constituía un paso importante en la construcción del modelo jurídico uniforme en todo el país, en torno al sistema de justicia penal acusatorio en el ámbito adjetivo, sin embargo, también señalé que el secreto de esta reforma es, sin lugar a dudas, su instrumentación, es decir, la concreción del modelo acusatorio en un cuerpo normativo específico, proceso que se antojaba complicado y sinuoso a la luz de las múltiples posturas y enfoques que en torno al sistema procesal penal se habían venido esgrimido en estos primeros cinco años de vida de la reforma constitucional en materia penal.

El día de hoy, en este Senado de la República estamos a punto de contribuir de manera sustantiva en la conformación de un hito en la historia de la justicia penal en México, a través de esta oportunidad para mejorar y lograr devolver la confianza a este sector tan desacreditado a través de juicios públicos, transparentes, orales, contradictorios, expeditos que proporcionen certeza a la sociedad y respuesta a las partes, entre las cuales se encuentra la víctima sobre la base del debido proceso y un adecuado escrutinio social.

Sin duda alguna, el Código Nacional, además de ser el marco normativo que regule los aspectos adjetivos del sistema acusatorio, también constituye una herramienta de política criminal fundamental al lograr una adecuada uniformidad en todo el país respecto a las consecuencias procesales que se susciten en todas las latitudes del mismo.

Hay que destacar que a pesar de lo avanzado del plazo constitucional para la implementación del sistema acusatorio que fenece en 2016, este código constituirá una herramienta fundamental para tratar de apuntalar, fortalecer y acelerar la implementación del sistema. Es importante señalar que el Código Nacional que hoy se somete a su aprobación encuentra apoyo en diversos antecedentes de índole legislativo que han venido planteando los legisladores de Acción Nacional y las diversas plataformas y agendas legislativas de las últimas décadas del PAN que de una u otra forma constituyen precedentes importantes en la búsqueda de soluciones eficaces para lograr que el sistema de justicia penal beneficie a todos bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica.

También habrá que destacar que la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, presentada por el entonces Presidente Felipe Calderón, ante el Senado de la República, en marzo de 2007, ya planteaba la necesidad de establecer una codificación penal única, cuyos argumentos aún encuentran vigencia dado el contexto en el que se encuentra el modelo de justicia penal en nuestro país.

Así las cosas, el Código Nacional de Procedimientos Penales que habrá de aprobarse el día de hoy, constituye un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país que en términos generales pretende constituirse como una propuesta legislativa que establezca la obligación de realizar juicios públicos acusatorios, transparentes, orales, contradictorios, expeditos, que proporcionen certeza a la sociedad y respuestas a las partes dentro del procedimiento sobre las bases del debido proceso y un adecuado escrutinio ciudadano.

Se logra el empoderamiento de la víctima dentro del proceso penal otorgándole el carácter de parte procesal con todos los derechos inherentes a dicha calidad, así como se establece la obligación de la autoridad de proporcionar la asistencia y protección necesaria; se garantiza el debido proceso penal a los imputados de un delito con plena observancia de sus derechos inherentes a través de un proceso claro, objetivo y transparente.

Se dota de mayores herramientas e instrumentos jurídicos novedosos a las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos dentro de las bases constitucionales. Se privilegian los mecanismos alternativos de solución de controversias como formas de justicia restaurativa, así como un mecanismo instrumental para lograr la despresurización del sistema de justicia penal previo la reparación del daño a la víctima.

En suma, se trata de un instrumento legal…

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadora Ortega Martínez, ¿me permite un momento?

Sonido en el escaño del Senador Lozano Alarcón.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: Rogarle que pida a la Asamblea atención a la oradora, nadie está poniendo atención, hay un gran ruido y es una falta de respeto para la oradora.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pongan atención a la oradora, a petición del Senador Lozano Alarcón y en cumplimiento al Reglamento.

Continúe, Senadora Ortega Martínez.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente.

Se privilegian los mecanismos alternativos de solución de controversias como formas de justicia restaurativa en este instrumento, es un instrumento, en suma, que propicia adecuadas condiciones de igualdad normativa respecto de las consecuencias procesales que se generan por la comisión de un delito con independencia de la ubicación geográfica en donde se actualicen.

Partiendo de las premisas anteriormente señaladas, es de reconocer el importante esfuerzo realizado por las comisiones dictaminadoras en la confección del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente la labor realizada por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; de la Senadora Arely Gómez; del Senador Pablo Escudero; del Senador Manuel Camacho, y de todos quienes participaron en este trabajo, en el cual han confluido las opiniones, experiencias, críticas y propuestas de especialistas en la materia; operadores del sistema, académicos, asesores legislativos, instancias oficiales, así como los propios legisladores en donde, además, se han tratado de adoptar las buenas prácticas y experiencias suscitadas en entidades que ya aplican el sistema de justicia penal acusatorio e incluso en otros países, sin dejar de desconocer que la legislación procesal nacional deberá adecuarse a las necesidades específica de nuestro país.

Sin dejar de soslayar las bondades de este proyecto, no debe pasar desapercibido que como todo instrumento legislativo, éste podrá resultar perfectible y mejorable en un futuro, producto de un análisis objetivo, analítico y ordenado que en torno a él se realice en cuanto a su funcionamiento. Por ello, serán importantes los mecanismos de seguimiento y evaluación que prevé el propio código.

Un punto importante que no quisiera dejar pasar, lo es el relativo a que el código incorpora una serie de disposiciones en materia de género que pretenden garantizar condiciones de igualdad y no discriminación a la mujer en el procedimiento penal, las cuales han sido retomadas diversas resoluciones dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos, así como tratados internacionales que se pronuncian por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia a través de una tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad y sin mediar discriminación.

Hacer un recuento de las ventajas que traerá esta nueva legislación y los avances para el sistema de justicia resultaría complejo y tardado. Sólo puedo decir que la adopción de esta nueva legislación constituirá un avance cualitativo con el cual se estará atendiendo un reclamo legítimo de la sociedad ante la insuficiencia e ineficacia del anquilosado Sistema de Justicia Penal incapaz de enfrentar y resolver los problemas inherentes a su anacronismo y falta de funcionalidad.

Debo señalar que el día de hoy se dará un paso importante para el proceso, pero éste no se acaba aquí, por el contrario, es el detonante de muchos cambios legislativos que tendrán que darse en consecuencia de este Código Nacional.

Finalmente, para el grupo parlamentario de Acción Nacional, el presente Código Nacional de Procedimientos Penales constituye un importante avance en uno de los grandes pendientes de la reforma constitucional de 2008, y que al día de hoy es necesario adoptar y configurar en función de las nuevas exigencias que imponen las bases constitucionales que proscriben el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de la persona humana a fin de evitar que el proceso de implementación del sistema de justicia penal en el país se extravíe y disperse en perjuicio de la garantía de acceso a la justicia que posee toda persona.

Compañeras y compañeros, las nuevas necesidades y requerimientos a los que hoy nos enfrentamos, requieren, sin lugar a dudas, una correcta y oportuna regulación, de manera tal que el Código Nacional, que el día de hoy se discute, constituye una tarea impostergable para ampliar y mejorar la protección de los derechos fundamentales de toda persona.

Por tal motivo, el PAN votará a favor de la presente reforma.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Iniciaremos la discusión en lo general del dictamen.

Están inscritos los Senadores Benjamín Robles Montoya, del PRD, para razonar su voto; el Senador José María Martínez Martínez, del PAN, a favor; la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del PRI, a favor y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, a favor.

No habiendo más Senadores inscritos, se cierra la lista. Por favor, tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, para razonar su voto.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, cuando comenzó la presente Legislatura, hace poco más de un año, sabíamos que en nosotros recaía la gran responsabilidad de elaborar el código procesal que daría paso a la aplicación de un nuevo sistema de justicia y fue una responsabilidad que asumimos consientes del retrazo en la implementación del sistema y del plazo que se estableció para ello en el Decreto de reforma constitucional del 18 de junio de 2008, pero, sobre todo, concientes de la urgencia de nuestro país y del reclamo de las mexicanas y de los mexicanos por contar con un sistema de justicia eficaz, transparente y justo.

Este dictamen, este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, es el resultado de largas jornadas de trabajo que a lo largo de un año se dieron y, por supuesto, que refleja el esfuerzo y el compromiso de muchas personas para lograr la mejor herramienta normativa posible.

Lo que comenzó como un proceso de construcción de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, terminó en la elaboración de un código único para toda la República mexicana.

Por eso mismo, creo que es justo reconocer y felicitar, en primer término, a los integrantes del consejo técnico por su valiosa participación y su dedicada labor para construir este código y, desde luego, no podemos dejar de mencionar a diversos sectores sociales y académicos que hicieron llegar sus aportaciones con el ánimo de lograr el mejor código posible.

Por supuesto, como lo han hecho otras Senadoras y Senadores, también hay que reconocer la apertura y disposición de la Comisión de Justicia, particularmente de su Presidente, el Senador Gil Zuarth, y lo mismo de la Senadora Arely Gómez y del Senador Camacho Solís, de todos los integrantes de las comisiones dictaminadoras que abonaron, sin duda, como aquí reiteradamente se ha dicho, y yo lo subrayo, a la construcción de este dictamen.

Y fue esa apertura la que, sin duda, le permitió al grupo parlamentario del PRD contribuir activamente con más de 40 observaciones y propuestas tendientes a eliminar disposiciones y rasgos propios del sistema inquisitorio, garantizando y potenciando la protección de los derechos humanos y la conformación de un sistema genuinamente acusatorio, particularmente en preceptos referentes a figuras como el caso urgente, las medidas cautelares, la denuncia anónima, la nulidad de la prueba, actos de investigación sin control judicial; pueblos y comunidades indígenas, que era un tema fundamental para quienes representamos al estado de Oaxaca, tan sólo por mencionar algunos de ellos; propuestas, todas éstas, que tuvieron eco, reitero, gracias a la disposición de la Comisión de Justicia y de las demás comisiones dictaminadoras y que, por supuesto, aportamos con el pleno convencimiento de que este nuevo sistema de justicia debe cimentarse en premisas fundamentales de respeto y de observancia de los derechos humanos y a la presunción de inocencia, es decir, un sistema de justicia que tenga como fin no solamente la legalidad, sino, precisamente, la justicia.

Compañeras y compañeros Senadores, la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales no solamente representa el cumplimiento de las obligaciones que el Congreso se impuso con la reforma constitucional de 2008, sino que es el paso más importante para la implementación del sistema penal acusatorio.

Pero para lograr su plena implementación, como aquí ya también se ha establecido, y su adecuado funcionamiento, haya un largo camino por recorrer, es decir, nuestra labor no termina aquí, tendremos que modificar algunas leyes para armonizar este código, pero podemos estar seguros que hemos dado un paso fundamental.

Quiero señalar, para concluir, señor Presidente, que a pesar del consenso alrededor de este dictamen, subsisten algunas preocupaciones como las relativas a las facultades que otorgamos a las policías.

No contamos aún, hay que decirlo, con instituciones de seguridad pública confiables que puedan llevar a cabo labores de investigación de forma eficiente y profesional y, por ello, nos preocupa que la etapa de investigación sea el eslabón más débil dentro del proceso penal, y que al ser la base de todo el proceso repercuta negativamente en todo su desarrollo, enviciando así el sistema en general.

Somos concientes de que la eficacia del nuevo sistema dependerá fundamentalmente de la labor de quienes lo apliquen, desde policías, agentes del ministerio público, peritos, hasta los propios jueces.

Pero tendremos la responsabilidad de estar atentos al funcionamiento inmediato del sistema y continuar trabajando para contar con instituciones y servidores públicos confiables, honestos y profesionales.

¡Felicidades a todos! Enhorabuena.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro del dictamen.

- El C. Senador José María Martínez Martínez: Gracias, señor Presidente, y con su permiso.

Es un verdadero gusto ser parte de esta generación de mexicanos que, sin duda, nos toca afrontar retos históricos nunca antes vistos a la vez.

Hoy como nunca se nos presentan espacios y oportunidades de grandes dimensiones.

Es por ello necesario que con entereza miremos al futuro y tomemos las oportunidades de cambio para forjar un mañana más justo y más humano.

Para México, uno de los grandes desafíos del siglo XXI lo constituye el tema de la justicia, para nadie es ajeno que este rubro demanda trabajo decidido, ordenado e inteligente para generar un sistema de administración de justicia que defienda en todo momento la dignidad de la persona humana, que proteja cabalmente a la víctima u ofendido y con respeto absoluto a los derechos del proceso.

En base a estos valores, se estuvo trabajando desde hace meses en la preparación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se realizaron mesas de trabajo abiertas, se formó un consejo técnico con expertos en el ramo penal y se montó un simulador de juicio. En general, fue un proceso de dictaminación y de estudio profesional, democrático y transparente.

El proyecto que hoy estamos aprobando constituye un avance general en la modernización del proceso penal, instituye en todo el país el sistema de juicios orales y contiene un sistema de juicio mucho más justo y expedito.

El objetivo principal del código es establecer el sistema acusatorio adversarial en un proceso homologado en toda la República mexicana. Asimismo, precisa la forma en la que se llevarán a cabo los juicios en todo el país, cumpliendo así con el mandato constitucional en la materia, además establece los lineamientos para esclarecer los hechos en materia del delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado, todo esto en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Entre lo que podemos destacar del nuevo Código Nacional, está el proceso con mucho más expedites, los términos son más cortos, la oralidad permite el desahogo de etapas de forma más rápida, se separa armónicamente las etapas procesales, lo que permite un mejor control de los derechos de las partes, se amplía la explicación de los principios que rigen el proceso oral, lo que permite sin duda una mejor observación de fundamentos constitucionales que hay en la materia, existirá mayor transparencia, pues, salvo excepción, todas las audiencias serán públicas.

El derecho a una defensa adecuada fue ampliamente regulado en este código, se establecen armónicamente las competencias entre jurisdicción federal y la local, así como la facultad de atracción de la Federación en los delitos que la propia Constitución mandata. Delimita de forma más clara las partes en el proceso penal, con lo que se puede garantizar, de mejor manera, el resguardo a sus derechos. Se hace parte en el juicio a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, lo que permite una mayor capacidad para la defensa de los derechos de quien lamentablemente es víctima de un delito. Garantiza con mayor eficiencia el debido proceso; se han incorporado minuciosas disposiciones respecto a las formalidades que se deben observar durante la detención de un imputado, en la realización de inspecciones o cateos o en los procedimientos a seguir en las medidas de protección o providencias precautorias. Establece los acuerdos reparatorios que permiten casos de delitos de querella culposos o de menor impacto. Terminar el proceso con un acuerdo entre las partes que garantice la reparación del daño. Aporta en el procedimiento abreviado, una forma de terminación anticipada del proceso.

En estos casos, el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo y como consecuencia el Ministerio Público y el juez valoran la pertinencia de reducir la sanción que le corresponda.

El asunto se resuelve de forma sumarísima, y con esta alternativa se tendrá menos atrasos en todos los tribunales.

El particular podrá ejercer la acción penal directamente, si la víctima así lo considera prudente. Con lo que se amplían los derechos adjetivos de todos los ciudadanos.

Quedaron incluidos mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades indígenas y se protegen los derechos de los indígenas implicados en un proceso penal.

En general, amigas y amigos Senadores, se trata de un cuerpo normativo de avanzada. Moderniza el proceso penal, lo hace expedito y transparente, amplía el derecho de las víctimas y garantizar el respeto al debido proceso del indiciado.

Por ello, felicito a todos, en particular al del consejo técnico y demás Senadores que intervinieron en la confección de este código.

Es, sin lugar a dudas, un nuevo sistema de administración de justicia donde se tendrá mayor apego a los valores humanos y jurídicos.

Este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, recoge importantes postulados de Acción Nacional, como es, el respeto al eminente principio de la dignidad de la persona humana; el respeto a sus derechos humanos, la impartición de justicia pronta y expedita y, por supuesto, el principio de transparencia.

Estamos ante la primera gran reforma al proceso penal en 80 años. La primera del siglo XXI, pues representa un cambio de sistema en toda la impartición de justicia en este país.

A quienes participaron ampliamente en este proceso, reitero mis felicitaciones, los integrantes de las comisiones unidas nos congratulamos y hacemos votos para que su implementación sea socialmente útil para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador José María Martínez.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; compañeros Senadores:

Se presenta ante el Pleno de este Senado de la República el resultado de un esfuerzo común dirigido a consolidar en México un nuevo sistema de justicia penal que va a cumplir con los estándares de un Estado democrático de derecho.

El Código Nacional de Procedimientos Penales cumple con todas las expectativas fijadas y consolida un sistema de justicia penal equilibrado que protege tanto a la víctima como al imputado y es una herramienta para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto irrestricto de los derechos humanos.

El dictamen de hoy, resulta del consenso logrado para que este Código Nacional, a partir del análisis de las tres iniciativas presentadas por los Senadores, de las distintas fracciones parlamentarias, que se enriquecieron por la evaluación de los expertos que participaron en los foros y mesas de trabajo, cuyas aportaciones fueron tomadas en cuenta por los integrantes de estas tres comisiones.

A nombre de mis compañeras Senadoras Diva Gastélum, Hilda Flores y del mío propio, les agradecemos.

Estamos ante un hecho histórico y sin precedentes, que ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de todas las personas que de manera directa e indirecta participaron en la elaboración de este dictamen.

Aprovecho para resaltar alguno de los elementos que considero que son de la mayor importancia para el sistema de justicia penal.

Primero, la distinción entre procedimiento y proceso. Relevante para conocer los principios que deben operar en cada una de las etapas del sistema de justicia penal, permite con ello, la definición clara de la función de cada uno de los operadores del sistema de justicia, con las debidas protecciones a los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima.

Se establece la nulidad de pruebas obtenidas, con violación a derechos fundamentales, oficiosa, desde una perspectiva más amplia que la simple ilicitud de la prueba.

Se regula la relación de coordinación entre el Ministerio Público y la policía, lo que va a generar una mejor actuación de ambas instituciones.

Se consolida la integración y la regulación de diversos actos de investigación que va a permitir a la policía y al Ministerio Público ejercer su función con irrestricto respeto a los derechos humanos, garantizando una investigación efectiva, al utilizar técnicas recomendadas por el ámbito internacional.

Se fortalece la protección de la víctima del delito garantizando una participación en condición de igualdad durante todas las etapas del sistema de justicia penal, con ello se garantiza el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

Respecto a los criterios de oportunidad, se estableció que deben estar basados en la política criminal enfocada a aumentar la efectividad de la investigación y no como una simple herramienta para despresurizar el sistema de justicia.

Para que el Ministerio Público pueda cumplir con su obligación de brindar seguridad a víctimas y testigos, se le autoriza a dictar medidas de protección que garanticen su integridad.

Se consolidó la función de dirección de la investigación del Ministerio Público, lo que va a permitir una mayor coordinación entre policías y peritos.

El Código Nacional de Procedimientos Penales va a permitir que en el plazo fijado en la reforma constitucional de 2008, se implemente en todo el país un sistema de justicia penal que se sustenta en principios y criterios garantistas de corte democrático.

La sociedad también exige que se combata eficazmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta, así como la impunidad y la corrupción. La investigación ha sido considerada en este dictamen, no sólo como un medio de lucha contra el crimen, para que los hechos anunciados se esclarezcan y el culpable no quede impune, sino también como medios para la búsqueda de la certeza y evitar la injusticia.

Precisamente porque la sociedad está tan interesada en que se castigue al culpable, como el que se absuelva al inocente y no se cometan injusticias.

En el consenso logrado para la aprobación del presente dictamen se tomó en cuenta la realidad de nuestro país para construir un modelo procesal penal ad hoc a nuestras necesidades, teniendo como guía las directrices constitucionales que nos permitieron autogenerar un modelo mexicano de justicia penal democrático.

Se construye una norma que está en armonía con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y con la Ley General de Víctimas, formando con ello un marco jurídico moderno y acorde con las exigencias nacional e internacional.

Se logra el balance entre derechos humanos y efectividad de la justicia penal, ese era el compromiso, y ese mismo se ha cumplido.

Reconozco ampliamente a todos quienes participaron activamente, tanto en la elaboración de estas tres iniciativas que se presentaron en este Senado, como a los académicos, investigadores y especialistas que intervinieron en el proceso de análisis y dictaminación de las mismas, y un especial reconocimiento también a mis compañeros Senadores que forman parte de la Comisión de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sin duda, compañeros, están presentando un dictamen tan importante que yo diría de una gran trascendencia para garantizar los derechos y las libertades de las personas en el sistema de justicia penal.

A nombre de mis compañeras Senadoras que presentamos esta iniciativa, les reconocemos y les apreciamos su trabajo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

El dictamen que estamos poniendo a su consideración, para su aprobación, tiene diversas implicaciones, pero antes de plantear de manera general algunas, que desde mi punto de vista tienen que ser rescatadas, tengo que mencionar que, como aquí lo han mencionado ya algunos otros legisladores y legisladoras que me han antecedido en la palabra, que es muy importante destacar la participación preponderante en algunos temas, de compañeras y compañeros legisladores y legisladoras.

En el caso muy particular, quiero hacer desde esta tribuna un reconocimiento a la Senadora Arely Gómez.

Arely, que en esta gran generosidad que le caracteriza, me invitó a sumarme a un proyecto de propuesta de Código Procesal Penal Unico, donde firmamos varias Senadoras y Senadores; quiero mencionar que este proyecto que hoy se está dictaminando, junto con otros importantes, también lo signaron el Senador Roberto Gil, el Senador Manuel Camacho, el Senador Pablo Escudero, el Senador Omar Fayad, el Senador Luis Armando Melgar, la Senadora Layda Sansores y la Senadora Dolores Padierna.

Ahora bien, quiero agradecer, y más adelante por cuestión de procedimiento, haré una pequeña adición, estoy reservando, y también quiero agradecer la disposición del Presidente de la Comisión de Justicia que me permite hacer esa adición, que en su momento voy a mencionar.

El juicio penal en México, como sabemos, se caracteriza todavía por un procedimiento predominantemente escrito, secreto y tardado, con formalismos caducos como el que se manifiesta a través de montañas de expedientes en los juzgados; una defensoría pública que no alcanza a defender a todos los procesados; la ausencia de los jueces en las audiencias, el papel predominante que tiene el Ministerio Público en la investigación de los delitos y los altos índices de impunidad que prevalecen a pesar del aumento de incriminados de las penas y un aumento considerable del gasto público para combatir la criminalidad que hoy ponen en una gran relevancia la discusión para que sean resueltos a partir del mandato en una reforma constitucional de 2008, en materia penal.

Este problema existente en los juzgados penales, la situación verdaderamente dramática, que vivimos en muchísimos casos, algunos de ellos son públicos, pero cientos, miles de casos no son públicos, en un procedimiento centrado en el papel en donde no existe una interacción directa entre el juez o la jueza y las o los acusados.

Las audiencias se desarrollan en un ambiente inapropiado, que hoy se está corrigiendo con este Código Nacional Procesal Unico, que permite que además las reglas que están dispares en 33 instrumentos procesales en el país y que han convertido prácticamente en un caos nuestro sistema.

Por eso, lo fundamental de este dictamen es que se hace accesible la justicia para todas y para todos; se profesionaliza la investigación de los delitos y además se otorga a las víctimas un papel preponderante en el proceso penal; Este dictamen, que hoy se pone a consideración del Senado de la República, contribuye para que la Federación cuente con un solo procedimiento en materia penal, lo que sin duda impactará en todos los ámbitos del sistema de procuración y de administración de justicia y también obligará a la capacitación, formación de policías, ministerios públicos, litigantes, jueces, magistrados; pero también en la infraestructura judicial con salas de audiencias, sistemas de grabación; así como otras medidas que implican la erogación de recursos presupuestales para su implementación, pero todos los gastos que se tienen y que se están ya implementando, significa, sin duda, una aportación, una inversión para que nuestro sistema vaya en congruencia con lo que nos mandata la Constitución.

Por lo tanto, mi grupo parlamentario se suma a este trabajo que, efectivamente, lleva más de un año y que hoy es muy importante a finales de este periodo ordinario de sesiones estemos finalmente concretando.

Yo me reservo, señor Presidente, para en su momento hacer rápidamente desde mi curul, la reserva que agradezco ha sido tomada en consideración por los promoventes que han dictaminado el presente Decreto de dictamen.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Agotada la lista de oradores en la discusión en lo general de este dictamen, informo a la Asamblea que la Senadora Layda Sansores ha hecho la reserva al artículo 5º y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, reserva el artículo 137 del proyecto de Decreto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

Informo que acabo de recibir una reserva del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, al párrafo tercero del artículo 456 y se adiciona una Sección III y una Sección IV del Capítulo Segundo del Título 12 y los artículos 484 Bis al 484 Bis 18.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, se emitieron 106 votos a favor y cero votos en contra.

Aprobada por unanimidad, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A continuación, iniciamos la discusión en lo particular y para ello se le concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, para referirse al artículo 55 del proyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Layda Elena Sansores San Román: (Desde su escaño)Nada más para hacer un breve comentario sobre la reserva.

El dictamen contiene una prohibición absoluta a la cobertura de los medios de comunicación para grabar con sonido o con video los juicios, y también que se pudiera hacer de una manera independiente. Este está en los artículos 55 y 58 y nosotros estamos proponiendo que se regule la cobertura televisiva, pero que no se prohíba de manera absoluta, que se le faculte a los jueces para poder autorizarla, porque si esto no se corrige y esperemos que esto será revisado probablemente en el próximo año, y queremos que quede ya asentada nuestra inquietud y si esto no se corrige, pues nunca más se podría filmar un juicio y transmitirlo por cine o televisión, como sucedió con la película "Presunto Culpable", un documental considerado el más visto en la historia de México, pero que, sobre todo, permitió ampliar a la ciudadanía el entendimiento de los problemas del sistema de justicia mexicano.

Por eso es nuestro interés en dejar asentada esta reserva.

Gracias, señor Presidente.

- El C. Presiente Asipuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores. Solicito a la Secretaría que dé lectura a la reserva presentada por la Senadora Sansores, que se refiere al artículo 55, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a la propuesta de modificación.

"Artículo 55.- Restricciones de acceso de las audiencias.

IV. ...

De conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes deseen hacer labores periodísticas podrán presenciar las audiencias como cualquier otra persona para realizar sus labores informativas.

Deberán de informar de su presencia ante la autoridad judicial de forma oral antes del inicio de la audiencia, quien además desee utilizar equipo de audio, videograbación, deberá proponerlo de forma oral, con el fin de que la autoridad judicial pueda informarlo a las partes.

Las partes tendrán la oportunidad de objetar de forma oral la grabación de la audiencia o de parte de éstas.

Si hay objeciones que consideren fundadas, la autoridad judicial podrá prohibir que ciertas porciones de la audiencia o que los testimonios de ciertas personas que aparezcan en ella sean videograbados.

En aquellos casos en que la autoridad judicial imponga restricciones parciales a la publicidad de la audiencia, también los operadores del equipo de videograbación y quienes realicen labores periodísticas deberán observarlas.

La autorización otorgada para videograbar la audiencia implicará también la de transmitirla por cualquier medio".

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, pido que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por dos minutos, para recoger la votación nominal del artículo 55 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 97 votos a favor, 4 votos en contra y cero abstenciones.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 55 del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

Se concede ahora la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al artículo 137 del proyecto de Decreto.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero hacer una adición en el artículo 137, que se refiere a medidas de protección, de una fracción IV, lo que significaría, de aprobarse, señor Presidente, es que se recorrerían las siguientes fracciones.

La redacción de la fracción IV, para quedar como sigue:

"IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable".

Esa sería la reserva que presento.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.

Pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse a discusión.

Sonido en el escaño del Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, sólo para informar que la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia ha acordado respaldar la reserva que ha formulado la Senadora Angélica de la Peña.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Acordado aceptar la reserva.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse, por favor.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 137 con la propuesta aceptada.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 99 votos en pro y cero votos en contra.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado el artículo 137 del proyecto de Decreto con la propuesta aceptada.

Se concede ahora la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar sus reservas.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Sin duda que el tema que estamos discutiendo es un tema fundamental para la vida del país, es muy importante que los Senadores de la República estemos atentos cuando se discuten este tipo de asuntos y cuando se discuten todos los asuntos, porque el Senado de la República no discute cuestiones que no tienen relevancia, discute cuestiones torales para la vida pública del país.

Quiero, como antecedente, señalar que en su momento observamos la ley de lavado de dinero en donde al dejar un concepto como el de averiguación previa se está presumiendo que todos los mexicanos y las mexicanas que se les señale por parte de la Secretaría de Hacienda como probables lavadores de dinero, no son presuntamente inocentes, son presuntamente culpables.

En su momento fue aceptado por la Comisión de Justicia, pero el daño persiste y hoy hay mexicanos y mexicanas que están padeciendo las consecuencias de haber dejado este concepto en la ley de lavado de dinero.

También advertimos, en su momento, en la Ley de Amparo que no se podía, desde esta ley poner en duda a la justicia federal, ya que la Ley de Amparo señala con mucha claridad que aunque el juez federal declare la suspensión de un acto, el Ministerio Público tendrá 48 horas para resolver.

También la Comisión de Justicia y el Pleno del Senado nos dio la razón; sin embargo, hoy miles de compatriotas están siendo perjudicados y quedan a expensas de los ministerios públicos y de las policías ministeriales en este tema tan delicado.

Quiero llamar la atención de lo que sucede en el Código de Procedimientos Penales que estamos discutiendo en este momento. Faltan dos recursos que son imprescindibles para garantizar de manera plena el acceso a la justicia, el respeto pleno a los derechos humanos de los justiciables.

El recurso de casación y el recurso de revisión. En ambos recursos contemplan causales para que el justiciable pueda acceder de manera plena a la justicia; sin embargo, el código, al negar la casación y al negar la revisión está eliminando causales que pueden favorecer al justiciable.

Un tema que no es menor en todo el país, se está dando la capacitación sobre el nuevo modelo, es decir, sobre el modelo de justicia adversarial y en esta capacitación que se está dando en todo el país a los operadores del sistema adversarial se está planteando en el tema de los recursos a la casación y a la revisión.

Sin duda, que si eliminamos del código penal estos recursos, se generará un gran desfase de los que están siendo capacitados en ese sentido.

También se elimina un amplio espectro en el que el justiciable pueda inconformarse ante una resolución que lo afecte; y cuestiones más graves, se están incorporando causales de recursos y otras se eliminan y sin duda esto va a generar una confusión en la capacitación que ya se dio del modelo acusatorio en donde se contempla la casación y en donde se contempla la revisión.

En la propuesta que estamos haciendo estamos proponiendo que se contemple la casación por los siguientes motivos, dice: procede la casación cuando:

Uno, en la tramitación de la audiencia de debate de juicio oral, se hubieren infringido derechos fundamentales, asegurados por la Constitución Federal o local, o por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano que se encuentren vigentes.

Dos, la sentencia hubiera sido pronunciada por el tribunal y competente, o que en los términos de la ley, cuando hubiere sido pronunciada por un juez que hubiese intervenido como juez de control en el mismo asunto o con la concurrencia de un juez que debió excusarse conforme a lo dispuesto por este código, cuya recusación estuviere pendiente o hubiese sido declarada por tribunal competente y cuando hubiere sido acordado por un menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley o con concurrencia de jueces que no hubieren asistido a todo juicio.

Tres, la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de alguna persona cuya presencia continuada exige la ley.

Cuatro, se hubiera violado el derecho de defensa o de contradicción.

Cinco, en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad, oralidad y mediación o concentración de juicio, siempre que se vulneren derechos de las partes.

Seis, cuando se viole en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, un derecho fundamental o la garantía de legalidad.

Siete, se carezca de fundamentación, motivación o no se hubiesen pronunciado sobre la reparación del daño.

Ocho, haya tomado en cuenta una prueba ilícita que trascienda el resultado del fallo.

Nueve, no hubiera respetado el principio de congruencia con la acusación.

Diez, hubiese sido dictada en oposición otra sentencia criminal basada en autoridad de cosa juzgada.

Once, al apreciar la prueba no hubiera observado las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica o se hubiera alterado el contenido de los medios de prueba.

Doce, la acción penal extinguida.

Todas estas cuestiones, compañeros, están siendo eliminadas de nuestro código al eliminar el recurso de casación, en el recurso de revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, solamente leo lo que estamos proponiendo como numeral cuatro, en donde dice: "Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que sólo unidos a los ya examinados en proceso hagan evidente que el hecho no existió, que el sentenciado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable".

Es decir, lo que se llama en materia penal el incidente de inocencia.

Yo sí quiero, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que reflexionemos sobre estos dos asuntos de los recursos para que a cabalidad la reforma de derechos humanos de 2011 realmente la apliquemos y no por la prisa estemos planteando cuestiones que van a lastimar profundamente a los justiciables de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias y ojalá la reforma que estamos proponiendo y la incorporación se acepte por este Senado.

Gracias, compañeros.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En virtud de que fueron extensamente explicadas las reservas del Senador Demédicis, pido a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse o no su discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, las propuestas de adición de nuevos artículos no fueron admitidos y su trámite se agotó en la votación negativa de esta Asamblea. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recabar la votación nominal del artículo 456 en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro y 14 votos en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 456 del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

¡Felicidades Senadoras y Senadores!

(Aplausos)

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Nos acabamos de enterar a través de los medios de comunicación que ha fallecido un gran líder mundial, Nelson Mandela. Un hombre que peleó por la democracia, por la libertad, por la igualdad, por la paz, y un hombre que generó ejemplo mundial en muchos países.

Le pediría que solicite al Pleno guardar un minuto de silencio.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. También nos estamos enterando de esta enorme, lamentable pérdida de un hombre gigante, de un hombre fuera de serie, como lo fue Nelson Mandela, que él siempre vivirá en el mundo. Es un ejemplo de lucha en defensa de los derechos humanos y fue el hacedor, el creador de la liberación de Sudáfrica, y el ejemplo para todo el mundo.

Nuestro pésame y me sumo al pedido de un minuto de silencio.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna, está concedido.

Sonido en el escaño del Senador Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, le suplico que cambie mi propuesta, en vez de un minuto de silencio, un minuto de aplausos.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Cuevas Barrón.

- La C. Senadora Gabriela Cuevas Barrón: (Desde su escaño) Desde el grupo parlamentario del PAN, también queremos sumarnos no sólo a este minuto de silencio, sino también al reconocimiento de un gran hombre, un libertador, un humanista y, sin duda, quienes nos dedicamos al servicio público debemos seguir su ejemplo.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Cuevas Barrón.

Sonido en el escaño del Senador Camacho Solís.

- El C. Senador Víctor Manuel Camacho Solís: (Desde su escaño) En estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, yo quisiera nada más hacer un recuerdo de Mandela. Es un hombre que tuvo las dos cualidades mayores que se pueden tener en la política: la primera, las convicciones absolutas y la segunda, una extraordinaria capacidad de negociación.

Eso es todo.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Camacho Solís.

Sonido en el escaño de la Senadora Martha Palafox.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

A nombre de la bancada del PT, sumarnos a este luto que tenemos todos los que vivimos en la vida pública y reconocemos el liderazgo de los hombres que con sencillez, con humildad, con vocación y con congruencia en el hacer y en el decir, hoy deja un lugar muy difícil de sustituir. En homenaje a él nos sumamos todos, acéptenlo, por favor.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.




 

MINUTO DE APLAUSOS

Nelson Mandela, abogado y político sudafricano, luchador social y Presidente de Sudáfrica. Solicito a la Asamblea que puestos de pie guardemos un minuto de aplausos en su memoria.

(Minuto de aplausos en memoria de Nelson Mandela)

¡Descanse en paz! Gracias, Senadoras y Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION DE ADMINISTRACION

- La C. Secretaria Merodio Reza: Para los efectos de los artículos 66, inciso g) y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Está a consideración de la Asamblea el proyecto de presupuesto.

¿Algún orador u oradora que se quiera inscribir? Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores para el mes de diciembre de 2013.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración el informe de presupuesto ejercido en el mes de octubre del 2013.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 3o., 11 y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sobre protección de ecosistemas costeros.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H), FRACCION III DEL ARTICULO 11 Y LA FRACCION X DEL ARTICULO 28; Y SE ADICIONA LA FRACCION XIII BIS AL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión, informo a la Asamblea que para la discusión de este dictamen se han inscrito los siguientes Senadores:

Senador Raúl Pozos Lanz, del PRI, a favor del dictamen.

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del PRI, a favor del dictamen.

Y Francisco Salvador López Brito, del PAN, para presentar propuesta de modificación.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, a nombre de las comisiones.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y Senadores de la República:

Acudo con la representación de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente; y Estudios Legislativos, para presentarles una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h), fracción III del artículo 11, y la fracción X del artículo 28; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Yo les pido que votemos por este Decreto que se presenta el día de hoy, y que sea aprobado por ustedes, ya que tiene el objeto de fortalecer la protección de los ecosistemas costeros, otorgando certeza jurídica en su definición, de tal manera, que se precisen con mayor claridad los límites físicos de la zona en donde una obra o actividad deberán ser sujetos a una autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.

Resaltamos que la intención del promovente de proteger los ecosistemas costeros parte también de una perspectiva social, puesto que se reconoce que los beneficios económicos de los que se gozan enlos municipios, especialmente los ubicados en las zonas costeras, derivados de actividades turísticas, disminuyen en relación directa con los impactos negativos sufridos por este tipo de ecosistemas.

Por ende, resulta necesario someter a evaluación de impactos ambientales todas aquellas actividades que pongan en peligro el equilibrio ecológico de los hábitats costeros, tan ricos biológicamente y beneficiosos, desde el punto de vista social, de tal manera que pueda existir un punto de equilibrio entre las oportunidades económicas de desarrollar las actividades turísticas y las productivas, y de cualquier otra índole y la protección ambiental.

Es indispensable que exista un punto de equilibrio entre las oportunidades económicas y las turísticas y las productivas, de tal suerte que todos, todos, absolutamente todos disfrutemos de los beneficios de ellas.

Debido a los retos que representa el cuidado al medio ambiente, hoy en día y, sobre todo, derivado de los problemas ecológicos que han venido aumentando año con año es que solicito su voto a favor de este dictamen con la finalidad de poder contribuir de manera directa a la resolución de dichos problemas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pozos Lanz.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias, señor Presidente.

Yo quiero felicitar a las Comisiones de Medio Ambiente; y de Estudios Legislativos, y algunos otros Senadores que se han sumado a una preocupación que tenemos también los Senadores sinaloenses.

El tema de pesca, el tema del cuidado del ecosistema, para nosotros resulta de la mayor importancia.

Felicito especialmente a la Senadora Ninfa por el cuidado que se ha tenido en un tema tan importante, que es tener mucho cuidado con lo establecido en el artículo 28 en su fracción X y que incorpora el concepto de ecosistema costero.

Y la definición para nosotros es importante, porque quedaría que sea un instrumento de política ambiental denominada: “Evaluación de impacto ambiental”, por ello se reforma el artículo 28 de la Ley General y se agrega un apartado que dice:

“En el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará a lo dispuesto por la fracción XII de este artículo”.

La inquietud es incorporar la modificación, y responde a la necesidad de proteger el sector pesquero y acuícola del país, con lo que como legisladores, nos encontramos conciliando estos retos que son de la mayor importancia.

Tal como ha sido propuesto en el dictamen por esta comisión, nosotros nos pronunciamos a favor porque responde a las necesidades que hemos recogido en los estados, pero también por especialistas en la materia.

Por su atención, y sobre todo por la aprobación a esta reforma que es de gran trascendencia, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Isidro Pedraza Chávez, en pro.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, hace falta que muchas de las cosas legisladas las podamos precisar, y hoy que nos dicen que se encuentran omisiones en la definición de un ecosistema costero, pues, hace falta que este Pleno se pronuncie y entonces haga las reformas sugeridas en el documento que está a discusión.

Es importante, porque muchas de las cuestiones de falta de vigilancia se están dando porque luego no se tiene un ámbito de atribución.

Y ahora que están ampliando la colaboración de las instancias estatales y municipales para que en la definición que se haga en un acuerdo que se publique el en Diario Oficial de la Federación y se establezcan cuáles son las zonas costeras, cuáles son los alcances, cuáles las distancias, las profundidades en las que estarán delimitadas estas áreas costeras, permitirán a la autoridad en su conjunto, que en esta ley se tenga una intervención para participar y establecer las vigilancias en los ecosistemas.

Y tiene que ver con las descargas residuales, luego a veces se han logrado depositar en estos lugares, por la industria hotelera o por las zonas residenciales, y que tiene que ver con las acciones, como las que vivimos en el estado de Guerrero, que por la falta y la omisión, a veces de aplicar la normatividad, suceden desastres donde se afectan los cauces de los ríos y particularmente en esta zona, en las áreas costeras de nuestro país; si algo podemos sentirnos orgullosos los mexicanos, es la gran cantidad de costa que tenemos y que en ese sentido pueda ayudar a que esta normatividad aplique, involucrando a todas las instancias municipales, estatal y la federal.

Por eso siento que es importante llamar a votar y respaldar, en este sentido, esta acción que se está proponiendo, que define exactamente lo que son los ecosistemas costeros.

Muchas gracias, compañeros.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Para presentar propuesta de modificación al artículo 28 del proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia; muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy se nos presenta un dictamen a través de la Comisión de Medio Ambiente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y que en su artículo 3o., fracción XIII Bis, agrega un nuevo concepto, una nueva definición en materia de ecosistema costero.

Esta nueva definición agrupa y reúne dos temas importantes que venían separados.

Uno, que es el original ecosistema costero, y el otro, zona costera.

En el transcurso del análisis de esta definición, en el cual precisa que se caracterizan porque se localizan en la zona costera, pudiendo comprender porciones marinas acuáticas y/o terrestres, que abarcan en el mar a partir de una profundidad de menos 200 metros, hasta 100 kilómetros tierra adentro o 50 metros de elevación, desde luego, surgió alguna confusión y duda que hemos estado precisando con la Comisión de Medio Ambiente.

Y de aquí se inicia un compromiso de analizar a fondo este concepto, si vemos en alguna inconsistencia, para luego presentar una iniciativa que modificaría este concepto.

Nos parece correcto que la Secretaría, que es la SEMARNAT, tendrá, en colaboración con las entidades federativas y los municipios, serán quienes determinarán la zona costera nacional, tomando en consideración las interacciones fisiográficas, biológicas, particulares de la zona que se trate y se publicará en el Diario Oficial de la Federación, mediante acuerdo.

Debido a que en esta amplia franja, en esta amplia zona, se desarrollan actividades muy importantes y entre ellas me preocupan las actividades primarias, como son, la agropecuaria, la pesca y la acuacultura y maricultura, he pedido y he encontrado buena respuesta de la comisión, en cuanto a precisar que estas actividades primarias serán sujetas de un análisis o de una determinación que viene ya en la fracción XII del artículo 28, y que es precisamente el agregado que estoy proponiendo a esta Soberanía.

El artículo 28, dice:

"X. Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, estarán sujetas las actividades que ahí se desarrollen, a lo que serían estudios o manifiestos de impacto ambiental".

El agregado es, en el caso de actividades pesqueras, acuícola y agropecuaria, se estará por lo dispuesto por la fracción XII de este artículo.

Finalmente, compartir con ustedes nuestra preocupación que ya expresaba el Senador Pozos, en cuanto a que tenemos que buscar los puntos de equilibrio, entre lo que es la protección y la conservación de nuestro medio ambiente, con las actividades productivas y económicas que en estos ecosistemas suceden, y buscar estos puntos de equilibrio para llevarlos en armonía y así tener en nuestro medio ambiente y en nuestro planeta la mejor de las respuestas, conservación, armonía y, desde luego, nosotros, los humanos, que ahí desempeñamos nuestras actividades, tener un ambiente armónico, un ambiente en el cual nuestras actividades puedan suceder sin impactar negativamente a nuestro sistema de equilibrio ecoambiental.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación, e inmediatamente después consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a propuesta de modificación.



Es todo, señor Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si está suficientemente discutido.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia no tiene avisos de artículos reservados.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 93 votos a favor y cero votos en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Agradezco a la Presidenta Ninfa Salinas Sada, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Senadora Graciela Ortiz González, de la Comisión de Estudios Legislativos, su generosidad de no haber presentado posicionamiento en el dictamen y a todos los grupos parlamentarios.

Si esta sensibilidad tenemos en temas tan importantes y con tan pocas sesiones, podremos aprobar los demás.

¡Mil gracias y felicidades!

(Aplausos)

En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) fracción III del artículo 11 y la fracción X del artículo 28; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3o., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

PROPUESTA

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a formar una fiscalía especial que pueda esclarecer y dar cuenta sobre los hechos ocurridos en torno al señor Ygnacio López Mendoza.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El pasado 7 de noviembre fue asesinado Ygnacio López Mendoza, Presidente Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, un hecho que causó gran consternación y que no debe pasar por alto para las instituciones del Estado mexicano.

Como todos ustedes recordarán, durante 18 días del pasado mes de octubre, el alcalde realizó una huelga de hambre frente a este Senado de la República en demanda de un trato más justo y equitativo para los municipios de México. Se trató de una acción enérgica para hacer que se escuchen las demandas de la mayoría de las autoridades locales, porque muchas de ellas enfrentan la misma problemática, una situación financiera asfixiante, la falta de capacidades institucionales para brindar a la población y para garantizar la propia.

La muerte de Ygnacio López debe aclararse, como también deben aclararse y hacer justicia en el caso de los 44 homicidios de presidentes municipales registrados desde hace 8 años.

Decenas de funcionarios municipales, alcaldes, ex alcaldes, síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y policías han sido víctimas directas de asesinados, atentados y muertes sospechosas, resultado del clima de violencia, descomposición política y social por el que atraviesa el país.

El 87 por ciento de los asesinatos se ha realizado en municipios de poblaciones con menos de 50 mil habitantes, con altos índices de marginación, poblados serranos, apartados e incomunicados. Tan grave es que subsista la impunidad en estos casos, como que persistan las condiciones estructurales que tienen a nuestros municipios en el olvido, porque este país les regatea lo que en todo el mundo se empieza a reconocer, es en lo local donde deben cimentarse el desarrollo sostenido y la gobernabilidad democrática.

Ya en esta tribuna hemos dicho que debe revisarse con mucha seriedad la política, la estrategia y la táctica que el gobierno federal y los estados tienen como premisa para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Sin duda, los funcionarios municipales se encuentran hoy expuestos a la acción de los grupos delictivos, lo cual demanda de una atención especializada por parte de las autoridades federales.

Por ello, el Senador Alejandro Encinas y el de la voz, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente proposición a efecto de exhortar a la Procuraduría General de la República para que se forme una fiscalía especial que pueda esclarecer y dar cuenta de los asesinatos de los alcaldes a los que he referido. Este asunto debe considerarse de alta prioridad.

Dicho exhorto también se plantea que incluya una solicitud para que la citada institución atraiga la investigación de Ygnacio López Mendoza y garantice la aclaración de los hechos.

Consideramos también que el Senado debe estar atento de la actuación de la autoridad y debe de dar seguimiento al caso. Por ello planteamos que se forme una comisión especial de Senadoras y Senadores con este fin específico.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Justicia.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

 

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que modifica la integración de comisiones, el cual solicito a la Secretaría dé lectura.

 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo:



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. ¿Algún Senador o Senadora que quiera inscribirse?

 

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo presentado.

 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

 

Informo a la Asamblea que las iniciativas, proposiciones y efemérides inscritas en nuestra agenda de hoy se turnarán a las comisiones y se insertarán en el Diario de los Debates.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

(Presentada por las CC. Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI)

"Quienes suscriben, Senadoras ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ y MARIA LUCERO SALDAÑA PEREZ, integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, de distintos Grupos Parlamentarios del Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, 164, fracción I, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El día 8 de octubre del presente año, quienes suscribimos la presente, acompañadas por Senadoras y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentamos una iniciativa de gran trascendencia para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el fin de perfeccionarla para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de los diferentes delitos materia de la Ley, pero también en la protección y atención de la víctimas de éstos.

Dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, y se encuentra actualmente en un arduo y minucioso proceso de dictamen a fin de que este instrumento, necesario para el combate contra la trata y explotación de las personas en sus diferentes modalidades, resulte eficiente y eficaz para las personas operadoras del sistema de justicia, de manera que se puedan concretar las investigaciones, consignaciones, procesos y que se puedan obtener sentencias condenatorias contra quienes menoscaban o atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas de estos delitos. Es necesario que las descripciones típicas de las conductas prohibidas se hagan escrupulosamente, adicionando delitos para que ninguna persona que intervenga en el íter críminis pueda salir libre por no existir un tipo penal aplicable.

Es preciso establecer claramente los derechos de las víctimas y testigos de los delitos durante el proceso, las obligaciones de todas las y los servidores públicos y particulares que tienen contacto con las víctimas, además de determinar las medidas de protección que se ejecutarán a su favor.

Debido a que la Ley está siendo adecuada y reformada en su estructura, pero también en su contenido para garantizar que las víctimas sean resguardadas, atendidas, protegidas y asistidas, es indispensable vigilar que no se reduzca ningún derecho de las víctimas, por el contrario, se debe garantizar que no queden como una simple declaración de buenas intenciones, sino que se establezcan obligaciones y facultades expresas y se especifique quiénes son los entes responsables de que esos derechos puedan hacerse efectivos.

De la misma manera, teniendo en cuenta que la publicación de la Ley General de Víctimas y su reforma se hicieron de manera posterior a la entrada en vigencia de la ley en materia de trata de personas, es indefectible adecuar ambos ordenamientos para hacerlos concordantes y operantes.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas que hoy presentamos se inscribe en este propósito. En primer lugar, para garantizar que las víctimas del catálogo de delitos de trata y explotación de personas puedan acceder a la compensación subsidiaria que les otorgarán la Federación y las entidades federativas por el daño recibido.

En segundo lugar, adecuar la misma de manera que uno de los Comités que deberá formar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para lograr una especialización, atención integral y coordinación sea el Comité de Trata de Personas, distinguiendo este delito del de tráfico de personas, que sin demérito de la importancia que tiene la atención de las víctimas de éste último, debe de llevarse a cabo en un Comité distinto al de trata de personas, por ser conductas típicas con elementos y características disímbolas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 68 y 93; y se adiciona una fracción de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad o al libre desarrollo de su personalidad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

La compensación subsidiaria a que se refiere el párrafo anterior será otorgada a las víctimas de los delitos considerados como graves en la ley en materia de trata de personas.

Artículo 93. A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:

I. al II. ...

III. Comité de trata de personas;

IV. al VII. …

VIII. Comité interdisciplinario evaluador;

IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y,

X. Comité de tráfico.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, 05 de diciembre de 2013.

Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Ma. Lucero Saldaña Pérez."





 

PROPUESTAS

Del Senador Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a otorgar una prórroga de seis meses a la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por internet. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A OTORGAR UNA PRORROGA DE SEIS MESES A LA OBLIGACION DE EMITIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

“El que suscribe, Senador CARLOS MENDOZA DAVIS, integrante del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA OTORGAR UNA PRORROGA DE SEIS MESES A LA OBLIGACION DE EMITIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PARA ACLARAR QUIEN ES EL SUJETO OBLIGADO A EMITIR DICHO COMPROBANTE EN EL CASO DE RETENCION A PERSONAS FISICAS; ASI COMO A PUBLICAR LAS REGLAS DE EMISION DEL MISMO APLICABLES A LOS REGIMENES DE INCORPORACION VOLUNTARIA Y ACTIVIDADES AGRICOLAS, SILVICOLAS Y PESQUERAS, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 1° de Enero de 2011 entraron en vigor reformas a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación por las que se establecieron las obligaciones de expedir Comprobantes Fiscales Digitales vía electrónica o por Internet en los términos de los artículos décimo transitorio, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y artículo octavo transitorio, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que entró en vigor en la misma fecha.

Posteriormente, el 31 de mayo de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y su anexo 3”, conforme a la cual, se consideró optativa la expedición de comprobantes fiscales en forma impresa con dispositivo de seguridad, a quienes hubieren obtenido en el ejercicio anterior, ingresos iguales o inferiores a $250,000.00, por los ejercicios de 2012, 2011, los contribuyentes que hubieran tenido ingresos hasta de 4 millones de pesos también podían optar por emitir comprobantes impresos con el citado código de seguridad.

Ahora bien, la reforma a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre de 2013, incorpora como única opción para todos los contribuyentes la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet a partir del primero de enero de 2014, por lo que a partir de la citada fecha, se eliminan por completo los esquemas de facturación que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año.

Toda vez que el nuevo esquema requiere el uso de tecnologías de la información y que las mismas no son del conocimiento de todos los contribuyentes, el Congreso aprobó normas de transición temporales, normas que están subordinadas a que la autoridad fiscal emita reglas, y que sólo serán aplicables a quienes tributarán bajo el esquema de incorporación voluntaria y para el sector primario, en ese sentido es de urgente necesidad que la autoridad fiscal publique cuanto antes las reglas relativas a la emisión de los comprobantes fiscales digitales por internet aplicables a los contribuyentes mencionados con antelación, pues la incertidumbre en la que se encuentran, propiciará la falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas por las reformas y el rezago en la transición al nuevo esquema, cuya entrada en vigor prevista dentro de menos de un mes no será materialmente posible en tanto no se expidan las reglas respectivas.

En otro orden de ideas, es conveniente precisar que la reforma aprobada por el Congreso, hace obligatoria la emisión de comprobantes digitales para todos aquellos contribuyentes a quienes se les retiene impuestos como en el caso de los trabajadores, ya sea que laboren en el sector público o en el sector privado, sin embargo, es necesario que se aclare quién será el sujeto obligado a emitir el comprobante digital, pues no se establece con certeza si dicha obligación corresponde al trabajador, o al patrón.
La migración al esquema de comprobantes fiscales digitales por internet, se ha presentado como un medio que genera una mayor seguridad en cuanto su autenticidad y eficiencia en la automatización de procesos contables de los contribuyentes, pero sobre todo, como un medio que fortalece las herramientas de fiscalización de las autoridades, sin embargo, debe tomarse en cuenta el impacto que la medida tendrá en los distintos sectores, pues se prevé que la obligatoriedad de dicha medida, al representar dificultades y cargas adicionales para los pequeños contribuyentes fomenten su paso a la informalidad debido a su limitada capacidad operativa situación que complica el cumplimiento de las nuevas obligaciones.

De acuerdo con información publicada por algunos diarios nacionales, al día de hoy existe un gran rezago en la implementación de los comprobantes fiscales digitales por internet tanto en el ámbito administrativo, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como por la gran desinformación de los contribuyentes, quienes a días de iniciar la obligación, desconocen los requisitos, beneficios y efectos de la incorporación o migración al nuevo esquema de facturación.

De conformidad con datos del propio SAT, a agosto del año en curso, tan solo 702 mil 822 contribuyentes utilizaban ya el comprobante instaurado por el SAT, no obstante que son casi 6,000,000 de contribuyentes que realizan actividades empresariales o por honorarios que deberán trabajar en la migración al esquema único.

Por otro lado, a esta cantidad de contribuyentes se deberá sumar los casi 16,652,436 de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los aproximadamente 2,738,913 trabajadores que laboran en el sector público y que son también sujetos de retención de impuestos, que en los términos de la reforma, los contribuyentes también deberán de contar con el comprobante digital que avale la retención efectuada por los patrones, así como aquellos contribuyentes que estarán tributando en el régimen de incorporación voluntaria, entre los cuales están quienes hasta el día de hoy tributan bajo el llamado régimen de pequeños contribuyentes.

En ese sentido, el SAT espera que ante la inminente obligatoriedad de la factura electrónica a partir del próximo año más contribuyentes se acerquen a su servicio gratuito de facturación electrónica implementado el año pasado, mismo que de conformidad con sus propios datos, de 756,670 contribuyentes que ya facturaban electrónicamente al cierre de octubre de 2013, sólo 22,209 lo hacían a través de la aplicación gratuita en el sitio web del SAT.

Es claro que al primero de enero de 2014 existirá una alta demanda al Servicio de Administración Tributaria relacionada con los comprobantes digitales, que al día de hoy existen dudas sobre todo en los comprobantes digitales que amparan retenciones de los trabajadores, ya sea trabajadores al servicio del Estado o que laboran en la iniciativa privada quienes desconocen si son sujetos a la emisión de este tipo de comprobantes, los montos a partir de los cuales deberán expedirse, así como de los requisitos necesarios para lograr la tramitación oportuna de la migración que se pretende, por ello, se considera conveniente el otorgamiento de una prórroga para efectos de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la emisión de comprobantes digitales.

Es hasta esta semana que se ha advertido una campaña de información y concientización respecto al tema, sin embargo, aún resulta insuficiente este esfuerzo si se considera a los contribuyentes del sector primario y de incorporación voluntaria a quienes por el Ley el Servicio de Administración Tributaria deberá implementar medidas que faciliten el cumplimiento de estas nuevas medidas.

Por otro lado, pareciera existir una duplicación en los comprobantes digitales en particular los relacionados con las personas físicas que son sujetas de retención entre las que se encuentran las personas físicas que laboran por honorarios o tienen ingresos por arrendamiento otorgado a personas morales, toda vez que en los términos de las disposiciones que entraran en vigor, dichas personas deberán de emitir comprobantes digitales, pero por otro lado, si a quien prestan el servicio o le arrendan bienes es una persona moral, pareciera que la persona moral también deberá de emitir un comprobante digital por las retenciones efectuadas.

De acuerdo con los medios de comunicación, se ha observado que incluso, el Servicio de Administración Tributaria enfrenta un problema interno pues las modificaciones a las disposiciones fiscales realizadas con la reforma hacendaria tampoco son conocidas por la totalidad asesores del SAT quienes han dado información incorrecta a los contribuyentes y por tanto, se duplica el trámite de los certificados que son necesarios para emisión de los comprobantes, asimismo, por no encontrarse garantizado el funcionamiento del sistema informático a implementar para todos los contribuyentes en el caso de que una gran mayoría de los contribuyentes opte por utilizar el sistema del propio SAT.

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Servicio de Administración Tributaria, otorgue una prórroga de 6 meses para la entrada en vigor de la obligatoriedad para emitir comprobantes digitales, otorgando la posibilidad de que los contribuyentes, sean personas físicas o personas morales con ingresos menores a 4 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2013 puedan seguir emitiendo comprobantes impresos acompañados del código bidimensional.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Servicio de Administración Tributaria aclare, para el caso de las personas físicas sujetas a retención de impuestos, quién es el sujeto obligado a emitir el comprobante digital, si el trabajador, ya sea del sector público o del sector privado o bien, el patrón, así como que evite la duplicidad en la emisión de los mismos, cuando la persona física también este obligado a emitir comprobantes.

TERCERO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 1 de enero de 2014 publique las reglas para la emisión de comprobantes aplicables a quienes tributarán en el nuevo Régimen de Incorporación Voluntaria y en el denominado Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre del año 2013.

Sen. Carlos Mendoza Davis”.





 

Del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer una efectiva estrategia que permita regularizar los instrumentos de organización agraria básica de los núcleos agrarios. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UNA EFECTIVA ESTRATEGIA QUE PERMITA REGULARIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACION AGRARIA BASICA DE LOS NUCLEOS AGRARIOS

“El suscrito ADOLFO ROMERO LAINAS, Senador de la República en la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

UNICO.- PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO COMO CABEZA SECTOR DE LA PROCURADURIA AGRARIA, QUE ESTABLEZCA UNA EFECTIVA ESTRATEGIA QUE PERMITA REGULARIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACION AGRARIA BASICA DE LOS NUCLEOS AGRARIOS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con la Reforma Constitucional de 1992, se modificó profundamente el marco jurídico que regulaba la propiedad de la tierra en el ámbito rural. Sin duda alguna, esa reforma, ha sido la más importante que ha tenido la Constitución en materia agraria después de su promulgación en 1917. Abrió una nueva etapa para los titulares de derechos agrarios al otorgarles la posibilidad de decidir libremente sobre el destino de las tierras de su propiedad, al otorgarles personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la figura del dominio pleno. Con ello una parte importante de tierras de la propiedad social fue incorporada al mercado de tierras, bajo la tesis de que así el capital fluiría hacia el campo mexicano reactivando la actividad económica que desde casi tres décadas antes mostraba una constante declinación.

Actualmente, la fracción VII del artículo 27 constitucional reconoce la personalidad jurídica de los núcleos agrarios de población ejidal y comunal, estas formas de propiedad social se encuentran protegidas por la propia Constitución y por la Ley Agraria que derivó de la Reforma de 1992. La Ley, según establece la misma fracción “protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”, y añade: “La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitarias de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores”.

La Constitución también establece que la Ley Agraria respetará la decisión de ejidatarios y comuneros con respecto al aprovechamiento de sus recursos productivos y regulará los derechos de los comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre la parcela; del mismo modo se hará con las formas de asociación que entre ellos establezcan, con el Estado y con terceros.

Por su parte, la fracción XIX del mismo artículo 27 constitucional señala la obligación del Estado para disponer de las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, para ello fueron creados los tribunales agrarios, con jurisdicción federal, para saber de todos los asuntos relativos a la determinación de los límites de terrenos ejidales y comunales, así como la tenencia de la tierra en esos núcleos agrario.

De manera particular, se señala que habrá un órgano para la procuración de justicia agraria, la cual es el principal instrumento del estado para la defensa de los derechos de ejidos y comunidades, de ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, jornaleros agrícolas, avecindados como quedó establecido en el artículo 135 de la Ley Agraria.

Es a la Procuraduría Agraria a quien le compete brindar la asesoría en la elaboración de los instrumentos de protección de esos derechos, a saber, el libro de contabilidad, el reglamento interno o estatuto comunal, actualización de órganos de representación y vigilancia o libro de registro y la elaboración de listas de sucesión. Asimismo de manera adicional la actualización del padrón de ejidatarios o comuneros, que es el documento fundamental para conocer quiénes son los titulares de derechos agrarios.

Esta tarea resulta fundamental ya que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en la transmisión de los derechos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes, disminuyendo los conflictos y, al exterior, establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos cuando estos sean vulnerados.

El tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración, según datos del ---------------, lo que refleja que la presión sobre el suelo esta justamente en la propiedad de tipo social, por ello es que cobra gran relevancia establecer una estrategia para que este tipo de propiedad esté regularizada, lo cual redundará en un doble beneficio, por una parte permitirá acceder sin dilación y con certeza jurídica a espacios demandados, evitando con ello la interrupción de las obras de infraestructura planeadas en beneficio de la colectividad; y por el otro, darle los instrumentos necesarios a los sujetos agrarios para la defensa de sus derechos.

En razón de lo anterior es que se propone el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO COMO CABEZA SECTOR DE LA PROCURADURIA AGRARIA, QUE ESTABLEZCA UNA EFECTIVA ESTRATEGIA QUE PERMITA REGULARIZAR LOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACION AGRARIA BASICA DE LOS NUCLEOS AGRARIOS”.





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes federal y del estado de Tlaxcala para que requieran a la concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V. a cumplir con la norma y con el acuerdo emitido por la Comisión Permanente el 9 de enero del presente año, en relación con la concesionaria del tramo carretero San Martín Texmelucan Tlaxcala-El Molinito, conocida como la autopista de la muerte. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL, Y DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE REQUIERA A LA CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A DE C.V, (PAPSA) CUMPLAN CON LA NORMA Y CON EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISION PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA DICTAMINADO EN LA SESION DE 9 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN RELACION CON LA CONSESIONARIA DEL TRAMO CARRETERO SAN MARTIN TEMEXLUCAN TLAXCALA EL MOLINITO CONOCIDA COMO LA AUTOPISTA DE LA MUERTE

“La Suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIERREZ integrante del grupo parlamentario del PT, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, por segunda ocasión, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dice la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quién debe formular y conducir, las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones, construir y conservar las carreteras, caminos y puentes de acuerdo a las necesidades del país en cooperación con los gobiernos de las entidades, municipios y particulares. Esta facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es para cada una de las carreteras de jurisdicción federal, sea esta en forma directa o a través de concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados y municipios, conforme a lo establecido en la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal.

Uno de los graves problemas que tiene el estado de Tlaxcala es la autopista de la muerte, San Martín Texmelucan Tlaxcala el Molinito, siendo una carretera de tránsito federal le parcharon un carril y la convirtieron en autopista concesionada con una cuota de las más caras del país, operada entonces por la empresa OCACSA por 20 años, a partir del año de 1991.

Actualmente la concesión la tiene la empresa PAPSA, esta carretera con un tramo de apenas 20 kilómetros atraviesa por 28 pueblos, unidades habitacionales, fábricas, la zona militar, la zona de feria, tierras de labor y la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

Los municipios han sido objeto de represiones por la empresa en turno, les instala en los accesos patrullas para impedirles el paso vehicular.

Esta carretera carece de acotamientos, con una cuneta de desagüe a mitad de los carriles sin ninguna protección ni señalamiento que al menor descuido de los automovilistas sufren los percances más concurrentes, los pobladores han instalado en esa cuneta de los 2 carriles, escaleras por donde a diario atraviesa la autopista poniendo en peligro su vida y la de los conductores que tienen la desgracia de transitar por esa; siendo la autopista donde de día y de noche atraviesan personas y animales, ocasionando desgracias lamentables con la pérdida de vidas humanas.

Esta carretera de escasos 20 kilómetros, tiene en su record con una de las cifras más altas de accidentes que se cuentan por cientos. Los automovilistas que no la conocen, caen en la trampa de la muerte porque técnicamente no cubre en lo más mínimo con la norma de una autopista como el Arco Norte que es de primera y más barata que la de Ixtlacuiztla, en donde los atropellados quedan esparcidos como desechos en la autopista.

Solamente en el año 2012 circularon por la autopista San Martín Texmelucan 2 millones 749 mil 496 automóviles; los autos pagan $57.00 pesos, el transporte pesado $287.00.

Cabe mencionar que desde de 1997 en la Cámara de Diputados Federal se han presentado puntos de Acuerdo para pedir la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, federal y estatal, sin que haya respuesta.

Hay una indolencia e insensibilidad hacia los fallecidos y sus familiares, no se diga las secuelas de por vida de los accidentados, sin contar con las pérdidas materiales de los accidentes que, obviamente la empresa es omisa en el seguro de protección a los automovilistas.

Ahora que se han creado nuevas instituciones de transparencia; de derechos humanos, de equidad y género, adultos mayores, de derechos de los niños, le pedimos a éstas por humanidad, que intervengan para que esta empresa, que desde 1991 cobra como autopista por una carretera mal hecha, en el marco de la ley, y sus instituciones, no le permitan seguir acrecentando su fortuna a cambio de la vida de cientos de automovilistas, consumidores de esta carretera de la muerte.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de Acuerdo.

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL, Y DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE REQUIERA A LA CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A DE C.V, (PAPSA) CUMPLAN CON LA NORMA Y CON EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISION PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA DICTAMINADO EN LA SESION DEL 18 DE DICIEMBRE EN RELACION CON LA CONSESIONARIA DEL TRAMO CARRETERO SAN MARTIN TEXMELUCAN, TLAXCALA EL MOLINITO CONOCIDA COMO LA AUTOPISTA DE LA MUERTE”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a informar sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la protección de los sectores sociales desprotegidos; asimismo, informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION, INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA IMPLEMENTANDO A FIN DE PROMOVER UN MARCO SOCIAL QUE PERMITA LA PROTECCION DE LOS SECTORES SOCIALES DESPROTEGIDOS, ASI COMO, INFORME ACERCA DE LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION QUE SE IMPLEMENTARAN PARA PROMOVER ESE MISMO PRINCIPIO

Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del PT en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La tolerancia hoy en día es elemento esencial de la convivencia social en las naciones. Podemos entenderla como el respeto a las opiniones y actitudes diferentes que coexisten en una sociedad. Dicho valor fundamental presupone el adecuado funcionamiento y existencia de diversos derechos humanos, los cuales coadyuvan a un mejor desenvolvimiento del individuo en su ámbito social.
Ya lo dice la célebre frase: “No estoy de acuerdo contigo, pero te dejo que lo hagas por respeto a las diferencias”. Este valor es de gran importancia que el año de 1995 fue declarado “Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia” y de ahí que se declarara el día 16 de noviembre como Día Internacional de la Tolerancia.

La diversidad en la sociedad es muy grande, en todos los ámbitos y debemos respetarla sin importancia de sexo, idioma, religión, origen étnico, ideología, capacidades o nivel socioeconómico. Es importante que en todo estado se fomente la tolerancia, pues es eje rector en el desarrollo de cada pueblo y armoniza a todos los individuos, de tal manera que en muchos países la diversidad está consagrada en artículos constitucionales.

México es un país multicultural, lleno de riqueza y diversidad, con una democracia en transición que supone la existencia de diversas ideologías y que además consagra en su texto constitucional diversas disposiciones, relativas a la libertad de expresión, protección a pueblos indígenas, igualdad, libertad, entre otras más. Sin embargo es un país con altos niveles de discriminación, la tolerancia es un valor ideal que en la práctica no se está llevando a cabo.

En México hay discriminación principalmente por la condición económica, el color de piel, la orientación sexual y el nivel educativo; ante esto el gobierno parece inerte pues no actúa como garante de los derechos fundamentales y con ello de la democracia. Simplemente usan una demagogia de que se implementan leyes y se protegen derechos, sin embargo en la realidad se es muy poco tolerante.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha identificado 11 grupos que son sujetos de discriminación en nuestro país: Adultos mayores, afrodescendientes, etnias, fieles religiosos, migrantes y refugiados, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, jóvenes y personas con preferencias sexuales a las heterosexuales. Son grupos que además de ser vulnerables, no reciben la adecuada protección por parte del estado y no se concientiza sobre la tolerancia que se les debe tener.

Sin duda un ámbito en el que México se ha postrado con una doble moral de tolerancia es en la diversidad sexual. En nuestra constitución se consagra el derecho la libertad sexual y reproductiva, así como a la igualdad entre todos los individuos, sin embargo, podemos ver como se rechazan en muchos estados de la República el matrimonio entre personas del mismo sexo y además se les discrimina social, política y laboralmente por el ejercicio de su libertad de decidir. Basta recordar el caso de los jóvenes que fueron obligados a salir de un bar en Monterrey por besarse al interior de local.1 Es en este ámbito donde la sociedad es muy propensa a discriminar y donde el gobierno no se preocupa por prevenir dichas conductas.

La Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) reveló que en el año 2010 más del 40 por ciento de los mexicanos no estarían dispuestos a compartir su hogar con un homosexual o lesbiana.2 Queda claro entonces, que se tiene una cultura muy arraigada de poca tolerancia a la diversidad, un rechazo a lo nuevo y diferente, lo cual no debería pasar, pues en una democracia, la pluralidad es un buen síntoma y debe de aplaudirse.

Los grupos indígenas en nuestro país también son sujeto de discriminación y muy marcada, a pesar que su protección e igualdad está consagrada en nuestro artículo 2 constitucional, lo cierto es que se hace muy poco para fomentar la tolerancia y respeto hacia estos grupos desprotegidos. Hasta el 2011 el Conapred contabilizaba alrededor de 15.7 millones de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de México, sometidos a discriminación.3

En el ámbito laboral también se es muy poco tolerante y se hace uso frecuente de la discriminación, los datos sin duda son alarmantes, pues cinco de cada 10 mexicanos han sido víctimas de discriminación laboral.4 Uno de los principales motivos de dicha discriminación es la falta de experiencia laboral, pues 3 de cada 10 jóvenes argumenta que fue la preparación insuficiente el motivo de que no fueran aceptados en un trabajo.5 No hay lógica en ello pues si no se les acepta como es que podrán adquirir experiencia y además como saber que son o no capaces, es muy poca la oportunidad y mucha la intolerancia y el respeto a las diferencias.
Sin embargo, es en el ámbito de salubridad donde se tienen resultados alarmantes, pues a pesar de que la salud es un derecho constitucional, fundamental para el desarrollo de todo individuo, hay una negativa por los servicios de salud de proporcionar este derecho a ciertas personas por cierta condición que los hace diferentes; es pues, en la salud, uno de los ámbitos donde hay discriminación por razón de condición económica o por padecer alguna enfermedad de transmisión sexual.

Al año se reciben alrededor de 50 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), principalmente por problemas en la atención médica, en especial por la negativa a la atención médica y negativa a surtir receta, a los pacientes con VIH.6 No olvidemos además que el mes pasado ocurrió el nacimiento de dos bebes en áreas comunes de hospitales, pues por falta de recursos se negó la atención médica, así como el caso de Ricardo Bucio que murió por falta de atención médica al ser discriminado7. En este sentido en el año pasado la CNDH recibió 11mil 11 quejas por presuntas violaciones por funcionarios federales, de las cuales, 2 mil 576 ocurrieron en instituciones de salud pública8.

No hay por qué solapar la negligencia y discriminación de las instituciones públicas, que se niegan a atender personas por la forma en la que lucen, por la enfermedad que padecen o por sus condiciones económicas, es necesario terminar con esas prácticas arraigadas en los servicios de salud y dar un paso adelante, forjando políticas públicas de salud incluyentes y solidarias.

Un ámbito que tampoco está exento a la discriminación y a la poca tolerancia es el de las personas con discapacidad. En nuestro país es muy poca la inclusión que se da a los servicios de salud y educación a las personas con discapacidad, ya sea porque son diferentes o porque “no se cuentan con los recursos suficientes”. La realidad es que estamos privando de derechos fundamentales a estos sectores desprotegidos y al gobierno parece no importarle.

Por ello es que hoy, a unos días pasados del día mundial de la tolerancia, yo los exhorto a ser conscientes del problema, a aceptar que nuestro país es muy plural y que se debe tolerar dicha pluralidad. Basta de excluir a los sectores más desprotegidos o aquellos que no piensan como “la mayoría”. Vivimos en una sociedad democrática y por ende uno de los presupuestos de esa democracia es que las decisiones de la mayoría no afecten a las minorías.

Es tiempo de forjar políticas públicas y campañas de concientización, principalmente formar ejes rectores de políticas que se apliquen en los estados, de manera que tengan un mayor alcance. Es necesario que dichas políticas involucren a la sociedad en general, buscando con ellas una mayor tolerancia entre todos los individuos que habitan este país, hay que dar un paso hacia el futuro, respetando los derechos fundamentes de cada persona, sin distinción alguna, esto sin que quede en un discurso, vamos por las acciones.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, informe a esta Soberanía sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la protección de los sectores sociales desprotegidos, así como, informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de diciembre de 2013”.

1http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/nuevo-leon/pareja-gay-acusa-a-antro-de-san-pedro-por-discriminacion,ee037979c63b1410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

2 http://www.cronica.com.mx/notas/2013/795916.html

3 Ibídem

4 http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/07/24/la-discriminacion-laboral-en-mexico

5 http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/19/mexicanos-acusan-discriminacion-laboral

6 http://www.lja.mx/2013/11/cndh-recibe-alrededor-de-50-quejas-al-ano-por-discriminacion-y-falta-de-atencion-a-personas-con-vih/

7 http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo232178.html

8http://noticias.terra.com.mx/mexico/discriminacion-un-problema-de-salud-publica-en-mexico,c963655f11702410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html





 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sirva investigar los hechos acontecidos en Tijuana, Baja California, el 24 de noviembre del año en curso, por los cuales se puso en peligro a migrantes a los que se les engañó para que intentaran cruzar la frontera. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SIRVA INVESTIGAR LOS HECHOS ACONTECIDOS EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LOS CUALES SE PUSO EN PELIGRO A MIGRANTES A LOS QUE SE LES ENGAÑO PARA QUE INTENTARAN CRUZAR LA FRONTERA

“El Senador MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, integrante del grupo parlamentario del PT, en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo con moción de urgente resolución por el que se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se sirva investigar los hechos acontecidos en Tijuana, Baja California el 24 de Noviembre del año en curso por los cuales se puso en peligro a migrantes a los que se les engañó para que intentaran cruzar la frontera, con base en las siguientes,

Consideraciones

El 24 de noviembre pasado se difundió una noticia que a la mayoría nos pareció por demás inexplicable. Se refería a que aproximadamente 200 personas habían intentado llevar a cabo un cruce tumultuario de la frontera en un punto de la línea divisoria en las inmediaciones de la ciudad de Tijuana, Baja California. Junto con la nota, se dieron a conocer diversas imágenes de las personas, por cierto todas ellas de bajos recursos, que corrían tratando de internarse a los Estados Unidos de América para ser de inmediato contenidas por personal de la patrulla fronteriza.

Sin embargo, a los pocos días nuestro asombro creció pero acompañado de reprobación y preocupación. Se supo que el lamentable episodio, pues había puesto en riesgo de sufrir heridas a los migrantes, había sido inducido. Los medios de comunicación informaron que se había tratado de la filmación para un documental o una película, sin que las personas a las que se les hizo creer que había una oportunidad para “pasar al otro lado” se les participara del carácter verdadero del acontecimiento. Para hacerse de actores sin sueldo y material fílmico, los responsables colocaron a los afectados en una falsa creencia.

La jugarreta, sin parar mientes en lo que pudo haber sucedido, ha causado indignación entre los habitantes del Estado de Baja California, en cuya representación desempeño mis tareas legislativas en el Senado, sede del Pacto Federal. La organización civil denominada Coalición Pro-Defensa del Migrante, A.C. me ha hecho llegar un escrito con mayores datos en torno al incidente que he venido describiendo. En relación con el origen y dinámica de los hechos, me permito transcribir de dicho texto lo siguiente:

“De manera irresponsable, días antes de los hechos se entregaron volantes en donde se invita a los paisanos a cruzar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares para lograr el supuesto sueño americano. Se ve claramente la manipulación de los sentimientos y anhelos de la población que ha sido deportada.

Lo que se muestra en el video publicado por una agencia de noticias al que tuvimos acceso, se observa cómo organizando el acto, que a todas luces denota fue un montaje con intenciones poco claras. Se ven decenas de personas, algunos incluso con hijos pequeños en los brazos, que son materialmente “empujados” hacia la línea y conminados a enfrentarse a los agentes de la border patrol.”

Lo anterior no se puede permitir ni tolerar. Los migrantes ya sufren de agudas privaciones y atraviesan una situación precaria para que todavía en lugar de prestarles ayuda como lo hacen muchas personas y organizaciones de la sociedad civil en Baja California y en todo el territorio nacional a lo largo de las rutas que transitan para arribar a la frontera, los utilicen.
México se ha caracterizado siempre por ser un pueblo hospitalario con los extranjeros sin importar el motivo de su visita. Dicha actitud de empatía se ha extendido hacia los migrantes pues sabemos que la migración no es por gusto. El resorte que impulsa a los migrantes, sean nacionales o provenientes de los países hermanos de Centro o Sudamérica es el mismo: lograr un mejor nivel de vida para nuestras familias a base de trabajo mejor remunerado en el mercado laboral de los Estados Unidos de América. También sabemos que el migrante ha de realizar grandes sacrificios y resulta víctima de discriminación y explotación.

Recientemente se expidió una nueva Ley de Migración. Uno de los principales argumentos que se esgrimieron por parte de legisladores, activistas y organizaciones sociales para aprobar el nuevo ordenamiento, fue precisamente el que nuestro país debía dar ejemplo de un trato digno a los migrantes, tal y como siempre lo hemos pedido para nuestros connacionales que van al Norte.

Por otro lado, se ha modificado substancialmente nuestro orden jurídico dando paso a una mayor y eficaz protección de los derechos humanos de todas las personas. La reforma constitucional en materia de derechos fundamentales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2011 y dio lugar a que las leyes secundarias establezcan que los organismos protectores pueden asimismo conocer de violaciones a derechos humanos en las que participen particulares. En su parte medular, dicha reforma establece lo siguiente:

Artículo 1º…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Las Casas YMCA para Menores Migrantes de Tijuana, B.C. junto con la Coalición Pro-Defensa del Migrante, A.C. en torno a los hechos manifiestan con firmeza lo siguiente:

“A las violaciones constantes de sus derechos humanos a que se ven sujetas las personas, principalmente las deportadas de Estados Unidos a México, ahora se le unen la manipulación de personas que solo quieren aprovechar su situación para fines personales.”

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce la condición de grupo vulnerable de las y los migrantes y los protege de diversas maneras. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone lo siguiente:

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene los preceptos siguientes:

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.

De los hechos narrados resulta que no fue uno sino varios los derechos que resultaron violados a los migrantes. De ahí que se hace necesario que en primera instancia se haga un examen integral de lo sucedido en contraste con las leyes y tratados que bridan protección a los migrantes, para estar en aptitud de que las diversas autoridades cumplan con sus deberes de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales. Por ello, considero que corresponde conocer de estos hechos directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea, bajo moción de urgente resolución la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

UNICO: Se exhorta, con toda atención, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que tenga a bien practicar una investigación sobre los hechos sucedidos el 24 de Noviembre del año en curso por los cuales personas hasta ahora no identificadas hicieron que, bajo engaño, aproximadamente 200 personas: hombres, mujeres y niños intentaran cruzar la línea divisoria en la frontera con los Estados Unidos de América, en las inmediaciones de Tijuana, Baja California poniendo en riesgo su vida e integridad corporal. Lo anterior para el efecto de que, en su caso, se sirva hacer las recomendaciones a que haya lugar con el propósito de que los migrantes afectados reciban la reparación integral de sus derechos.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

EFEMERIDES

Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día Mundial de Acción contra el SIDA 2013”.

“Día Mundial de Acción contra el SIDA 2013: Efeméride.

Este próximo pasado domingo uno de diciembre de 2013 se celebró el “Día Mundial de Acción contra el VIH-SIDA”.

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, como el nuestro.

El combate o más propiamente dicho las acciones contra el VIH-SIDA, se encuentran entre uno de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que los 191 Estados Miembros, entre ellos nuestro País, acordaron alcanzar para el año 2015.

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre de 2000, compromete a los dirigentes de los Estados y líderes mundiales a realizar acciones contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer.

Los ocho objetivos de desarrollo del milenio son:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre;

2. Lograr la enseñanza primaria universal;

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer;

4. Reducir la mortalidad infantil;

5. Mejorar la salud materna;

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Tres, el 4, 5 y 6, de los ocho objetivos tienen relación directa con la salud.

Hoy en conmemoración del uno de diciembre considero oportuno difundir los 10 datos actualizados en relación al VIH-SIDA:

1.- El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) infecta a las células del sistema inmunitario

La infección causa un progresivo deterioro del sistema inmunitario y merma la capacidad del organismo para combatir algunas infecciones y enfermedades. En las etapas más avanzadas de la infección por el VIH sobreviene el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que se define por la aparición de una o varias infecciones oportunistas o tipos de cáncer.

2.- El VIH se puede transmitir de varias formas:

Relaciones sexuales (vaginales o anales) o contacto bucogenital con una persona infectada sin protección;

Transfusiones de sangre contaminada;

Intercambio de agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes contaminados;

Transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento.

3.- A escala mundial, 35,3 millones de personas están infectadas con el VIH

La gran mayoría de ellas se encuentran en países de ingresos bajos y medianos Se calcula que en 2012 se infectaron unos 2,3 millones de personas.

4.- El VIH es el agente infeccioso más mortífero del mundo

Hasta la fecha se ha cobrado la vida de unos 36 millones de personas, y se calcula que en 2012 unas 1,6 millones de personas murieron de sida.
5.- El tratamiento con una combinación de antirretrovíricos evita que el VIH se multiplique en el organismo

Si se detiene la reproducción del virus, las células del sistema inmunitario pueden vivir más tiempo y proteger al organismo de las infecciones. Si una persona VIH-positiva está bajo tratamiento con antirretrovirales, la posibilidad de transmisión del virus a su pareja sexual VIH-negativa disminuye extraordinariamente.

6.- A finales de 2012, en los países de ingresos bajos y medianos acerca de 10 millones de personas seropositivas tenían acceso al tratamiento con antirretrovíricos

Hay unos 26 millones de personas que necesitarán acceso a los medicamentos antirretrovirales según las nuevas directrices de 2013.

7.- Se calcula que 3,34 millones de niños sufren la infección por el VIH

Según indican las cifras de 2011, la mayoría de esos niños vive en el África subsahariana y contrajo la infección a través de su madre VIH-positiva durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. Desafortunadamente cada día, más de 900 niños contraen la infección.

8.- La transmisión de madre a hijo se puede evitar casi por completo

El acceso a las intervenciones preventivas sigue siendo limitado en la mayor parte de los países de ingresos bajos y medianos. Pero se ha avanzado en este terreno. En 2011, el 56 por ciento de las embarazadas infectadas por el VIH recibieron los tratamientos más eficaces (tal como lo recomienda la OMS) para prevenir la transmisión materno-infantil del virus.

9.- El VIH es el principal factor de riesgo de tuberculosis activa

En 2011, fallecieron por tuberculosis más de 430 000 personas infectadas por el VIH, lo que supone una cuarta parte del total de 1,7 millones de muertes que según las estimaciones causó el VIH ese año. La mayoría de las personas que padecen a la vez tuberculosis e infección por el VIH vive en el África subsahariana (aproximadamente un 79 por ciento de los casos del mundo).

10.- Hay varias formas de prevenir la transmisión del VIH

No correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por ejemplo utilizando preservativo;

Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en particular la infección por el VIH;

No inyectarse drogas en las venas o, en caso de hacerlo, usar siempre agujas y jeringas desechables nuevas;

Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite haya pasado por pruebas de detección del VIH.

EL VIH/SIDA EN MEXICO, es una epidemia concentrada. Es decir que los niveles de prevalencia en ciertos grupos de la población son notablemente más altos que en el resto de la población, puesto que la infección no se ha extendido de manera generalizada. Este patrón revela la persistencia de ciertas prácticas que aumentan el riesgo de contraer el virus entre las subpoblaciones más afectadas (Onusida, 2008a, p. 100). El grupo más afectado es el de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y representan el 60 por ciento del total de cero positivos en el país. La prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres era de 25,6 por ciento en 2009 (Onusida, 2009), cifra extremadamente alta en comparación con el indicador para la población general.

A pesar de que el número de HSH sigue siendo el componente principal del total de portadores del virus en México, en los últimos años se ha observado una tendencia hacia la feminización de la epidemia.

La intervención de la sociedad civil y el gobierno han logrado mantener la epidemia en niveles estables, aunque cada año se suman nuevos casos a la estadística.

México fue uno de los primeros países en prohibir el comercio de la sangre a raíz del descubrimiento de los medios de transmisión del VIH. Precisamente esta actividad es señalada como uno de los hechos que contribuyó a la rápida difusión del virus en el país. En la medida que se descubrieron terapias antirretrovirales, los grupos de portadores organizados presionaron al gobierno para que facilitara el acceso a estos medicamentos. Como consecuencia, los medicamentos antirretrovirales se distribuyen de manera gratuita a través de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud.

La entidad encargada de operar y diseñar las políticas sanitarias sobre la epidemia en nuestro País es el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). Cada entidad federativa posee una entidad homóloga que atiende las cuestiones relativas a la epidemia en el territorio de su competencia.

En nuestro país hasta el 31 de diciembre del 2011, un total de 153 109 casos han sido diagnosticados y reportados (CENSIDA, 2011).

La tasa de mortalidad por sida ha disminuido de manera considerable desde la introducción de la terapia antirretroviral. El pico máximo de este indicador ocurrió entre 1990 y 1996, cuando 4,8 de cada 100 mil mexicanos fallecieron por sida. A partir de la introducción de los antirretrovirales ha venido mejorando la supervivencia a la infección entre 25 y 44 años de edad. Entre 1988 y 2007 se registraron alrededor de 72 mil defunciones por sida en México, la mayoría de ellas en pacientes de 25 a 44 años de edad (Censida, 2009).

En 2010, el Censida calculó que 220 000 personas vivían con el VIH en territorio mexicano (Censida, 2010a). Dos años antes, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) informó que alrededor de 200 000 [150 000-310 000] cero positivos vivían en México (Onusida, 2008b).

En 2011 ONUSIDA decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el Sida por el de Día Internacional de la Acción contra el Sida, por considerar que la palabra “ucha” tiene una connotación belicista.

Los temas desde 1988 han sido los siguientes:

Año Tema

1988 Comunicación
1989 Juventud
1990 Las mujeres y el sida
1991 Compartiendo la lucha
1992 Compromiso de la comunidad
1993 Actuar
1994 El sida y la familia
1995 Derechos compartidos, responsabilidades compartidas
1996 Un mundo. Una esperanza
1997 Niños viviendo en un mundo con sida
1998 Fuerza para cambiar: campaña mundial del sida con la gente joven.
1999 Escucha, aprende, vive: campaña mundial del sida con niños y gente joven.
2000 Sida: los hombres hacen la diferencia
2001 A mí me importa. ¿Y a ti?
2002 Estigma y discriminación
2003 Estigma y discriminación
2004 Mujeres, chicas, VIH y sida
2005 Para al sida. Mantén el compromiso
2006 Para al sida. Mantén el compromiso. Responsabilidad
2007 Para al sida. Mantén la promesa
2008 Para al sida. Mantén la promesa
2009 Para al sida. Mantén la promesa
2010 Para al sida. Mantén la promesa
2011 Llegar a cero*
2012 Llegar a cero*

*Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero muertes relacionadas con el SIDA. Cero discriminación.

H. Cámara de Senadores, 28 de noviembre de 2013

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”

03 de diciembre 2013

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores

LXII LEGISLATURA

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había sido un periodo de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo la situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para lograr un desarrollo que los tenga en cuenta.

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México 5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad, cifra que equivale a 5.1 por ciento de la población total en el país.

El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas que viven con discapacidades y deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar. La misión de la OMS consiste en mejorar la calidad de vida de esas personas mediante actividades nacionales, regionales y mundiales, y en promover la toma de conciencia sobre la magnitud y las consecuencias del problema.

La jornada tiene por objeto dar a conocer mejor los distintos aspectos de las discapacidades y concitar apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Se pretende también realizar un trabajo de sensibilización sobre las ventajas que pueden derivarse de la integración de las personas con discapacidad en todas las facetas de la vida.

Las personas con discapacidades son a la vez agentes y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su participación es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

En muchas partes del mundo, la incomprensión en el tema de la accesibilidad, como parte integrante del desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como otros resultados acordados a nivel internacional para todos.

Atentamente

H. Cámara de Senadores, martes 03 de diciembre de 2013

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo lunes 9 de diciembre a las 19:00 horas.

Buenas tardes, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 16:32 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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