Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 24 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 19

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 26 de Marzo de 2014

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

- Oficios con los que remite las siguientes solicitudes de autorización:

Para la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval, fuera de los límites del país, para realizar viajes de prácticas al extranjero, del 19 de junio al 15 de julio y del 1 al 25 de julio de 2014, respectivamente; para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional “Cuenca del Pacífico” (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawái, Estados Unidos de América; para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Anfibio “Sociedad de las Américas” (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.










PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PARRAFO DE LA BASE VI DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)

- Se le dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera. Intervienen al respecto los CC. Senadores Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado y David Monreal Avila. Se inserta intervención y voto particular del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.












 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (12:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, de acuerdo al registro del sistema electrónico, se tiene la presencia y registro de 68 Senadoras y Senadores.

Hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del miércoles 26 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del día martes veinticinco de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinte de marzo de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Autorizó la rectificación de turno al punto de acuerdo que exhorta a informar los avances y las resoluciones que se han alcanzado en las negociaciones en cuanto a la celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico, para quedar en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Comercio y Fomento Industrial.

2) Autorizó la rectificación de turno a los siguientes proyectos de decreto: a) Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, presentado el 4 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera; b) Por el que se adicionan los artículos 76 y 89 constitucionales, en materia de operaciones de paz, presentado el 11 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, y; c) Por el que se reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de operaciones de mantenimiento de la paz, presentado también el 11 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Estudios Legislativos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el Acuerdo por el que crea el Grupo de Trabajo para la Evaluación del Plan Hídrico Integral de Tabasco.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.- El Presidente de la Mesa Directiva informó de su turno directo a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, el lunes 24 de marzo y de su publicación en la Gaceta de esa misma fecha.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 2 y 3 de abril de 2014, para atender la invitación del Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, para realizar una visita oficial a dicho país, así como para participar en la reunión regional del Foro Económico Mundial sobre América Latina, cuya novena edición tendrá lugar en la ciudad de Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. Se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Informe de actividades correspondiente a 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Población y Desarrollo.

 

Se recibió del Instituto Federal Electoral, el Informe de conclusión de los trabajos realizados para la elaboración del diagnóstico relativo al modelo de comunicación política y las implicaciones correspondientes a transmisión de versiones diferenciadas de promocionales por emisoras que retransmiten la misma señal de una emisora de radio o televisión a nivel estatal.- Quedó de enterado. Se remitió a la Comisión de Gobernación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio suscrito por el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización, recibido en el Senado el 26 de abril de 2012.- Se remitió a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió del Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, oficio por el que solicita que la Junta de Coordinación Política designe a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la Empresa Oceanografía.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse al fallecimiento del ex presidente de España, Adolfo Suárez González.- Intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; el grupo parlamentario del PVEM entregó el texto de su intervención para integrarse al Diario de los Debates; Manuel Camacho Solís del PRD; Víctor Hermosillo y Celada del PAN; e Hilda Esthela Flores Escalera del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección Materna y Neonatal y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX, recorriéndose en su orden la actual XIX y las subsecuentes del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2° y 20 Bis de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7º, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.- Intervinieron los senadores: Teófilo Torres Corzo, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, para presentar el dictamen y Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación. El dictamen fue aprobado por 88 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a informar de los avances y resultados de la auditoría que está realizando del Plan Hídrico Integral, en la administración del Delegado de la Comisión Nacional del Agua entre 2007 y 2010.

2) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a brindar informar sobre autorizaciones para la operación de una mina a cielo abierto en la zona conocida como "El Arco", en el límite geográfico de los estados de Baja California y Baja California Sur.

3) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Secretaría de Gobernación a proseguir con el proceso del convenio suscrito con la tribu yaqui, referente al tema para el control del Acueducto Independencia.

Intervino el Senador Fernando Mayans Canabal, para referirse al dictamen sobre el Plan Hídrico Integral. Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

La Asamblea guardó un minuto de silencio en memoria de la señora María de la Luz Solís Echeverría, madre del Senador Manuel Camacho Solís.

 

La Asamblea guradó un minuto de silencio en memoria del señor Gustavo Garibay García, Presidente Municipal de Tanhuato, Michoacán.

 

La Asamblea guardó un minuto de silencio en memoria del señor Angel César Mendoza Arámburo, padre del Senador Carlos Mendoza Davis.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.- Hicieron uso de la palabra los senadores: Omar Fayad Meneses, quien presentó el dictamen, por la comisión; Layda Sansores San Román; Manuel Bartlett Díaz, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PT; Pablo Escudero Morales, por el grupo parlamentario del PVEM; Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD; Roberto Gil Zuarth, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN; e Iris Vianey Mendoza Mendoza del PRD, en pro. El dictamen fue aprobado por 71 votos en pro. El funcionario rindió su protesta de ley.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a actualizarel Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, y el Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural; con la finalidad de que se reconozca e incluya como patrimonio nacional, al mérito de todos aquellos mexicanos y mexicanas ilustres, que se hayan destacado por sus aportaciones a la cultura, las artes y las ciencias.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los pacientes no abandonen el tratamiento.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Arely Gómez González, Hilda Esthela Flores Escalera y Roberto Gil Zuarth, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y citó a la siguiente el miércoles veintiséis de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación del Senador Zoé Robledo Aburto, con la que remite un informe sobre la reunión que sostuvo el 20 de marzo del año en curso, con representantes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles A.C.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las siguientes solicitudes de autorización:

Para la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval, fuera de los límites del país, para realizar viajes de prácticas al extranjero, del 19 de junio al 15 de julio y del 1 al 25 de julio de 2014, respectivamente.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/465/14
México, D.F., 24 de marzo de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Organo Legislativo, la autorización para la salida de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval, fuera de los límites del país para realizar viajes de Prácticas al Extranjero, del 19 de junio al 15 de julio y del 1 al 25 de julio de 2014, respectivamente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país.

Al respecto, por su digno conducto hago del conocimiento del Senado de la República que, en concordancia con la meta denominada México con Educación de Calidad, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, la Armada de México, a través de la Dirección General Adjunta de Educación Naval, tiene planeado que cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval realicen viajes de prácticas al extranjero, con el objetivo de mejorar su formación integral en los ámbitos nacional e internacional, así como forjar su carácter y fortalecer su espíritu de cuerpo para un mejor desempeño en las diferentes unidades de superficie y en los escalones de sanidad naval.

Para tal efecto, se propone que los viajes de prácticas con cadetes de las escuelas de formación de la Armada de México, se lleven a cabo a bordo de los buques Auxiliar Multipropósito ARM "Huasteco" y Patrulla Oceánica ARM "Durango", de la siguiente forma:

• Buque Auxiliar Multipropósito ARM "HUASTECO" (AMP 01). Zarpará del Puerto de Veracruz con cadetes del tercer año de las carreras de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Navales; Ingeniero Mecánico Naval, y Logística de la Heroica Escuela Naval Militar. Se tiene planeado que dicho buque visite los puertos de Fort de France Martinica, Francia; Cartagena de Indias, Colombia; la Habana, Cuba, y Puerto Progreso, Yucatán, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el orden naval militar y compenetrarse en el ambiente marítimo, así como adquirir la experiencia práctica en las áreas de máquinas, navegación de estima, costera y astronómica, comunicaciones y conocimientos marineros generales de una unidad de superficie. Este viaje se realizará del 19 de junio al 15 de julio de 2014.

• Patrulla Oceánica ARM "Durango" (PO 151). Zarpará del puerto de Acapulco, Guerrero, con cadetes del cuarto año de la Escuela Médico Naval. Se tiene planeado que dicho buque visite los puertos de Vallaría, Jalisco; Ensenada, Baja California; San Diego, California, EUA; Mazatlán, Sinaloa, y Acapulco, Guerrero, con la finalidad de que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el orden naval militar e inducirlos en el ambiente marítimo.

Asimismo los cadetes tendrán la oportunidad de visitar el Hospital Naval de San Diego, California, para actualizar sus conocimientos en las nuevas tecnologías en el campo de la medicina, lo cual les permitirá fortalecer sus capacidades profesionales. Este viaje se realizará del 1 al 25 de julio de 2014.

A través de estos viajes, se fortalecen las relaciones profesionales y operativas con otras Armadas del mundo, y se logra un intercambio de experiencias en el ámbito naval militar.

Se considera importante que los Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval de la Armada de México adquieran el adiestramiento teórico y práctico en el campo náutico, exaltando con ello el espíritu marinero y fortaleciendo la tradición de marinería de nuestro país.

De contar con la autorización de ese Honorable Organo Legislativo, la Armada de México participaría con lo siguiente:

• BuqueAuxiliarMultipropósito ARM "HUASTECO" (AMP 01): Con un helicóptero embarcado, una dotación de 66 elementos, 62 cadetes masculinos, 20 cadetes femeninos, 17 elementos directivos y de apoyo de la Heroica Escuela Naval Militar, así como 13 elementos de Infantería de Marina como fuerza de reacción.

• Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151): Con una dotación de 77
elementos, 20 cadetes masculinos, 8 cadetes femeninos y 8 elementos
directivos y de apoyo de la Escuela Médico Naval Militar.

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el titular del Ejecutivo Federal permita la salida de los buques ARM "HUASTECO" (AMP 01) y la Patrulla Oceánica ARM "DURANGO" (PO 151) de la Armada de México fuera de los límites del país, para que realicen viajes de práctica del 19 de junio al 15 de julio de 2014 y del 1o al 25 de julio de 2014, respectivamente.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2014.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO”.

Para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional “Cuenca del Pacífico”, RIMPAC-2014, que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawaii, Estados Unidos de América.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/463/14
México, D.F., 24 de marzo de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Organo Legislativo, la autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawai, Estados Unidos de América.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país.

Al respecto, hago del conocimiento del Senado de la República que la Secretaría de Marina recibió invitación del Vicealmirante Gerald R. Beaman, Comandante de la Tercera Flota del Pacífico de los Estados Unidos de América, para que la Armada de México participe en el Ejercicio Multinacional "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawai, EUA.

Los ejercicios "RIMPAC" tienen como objetivo principal fortalecer la interoperabilidad entre las unidades de las Armadas participantes mediante la aplicación de procedimientos operativos estandarizados, así como construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea multinacionales.

Estos ejercicios navales se llevan a cabo cada dos años y son los más grandes del mundo; contemplan la participación de una gran cantidad de unidades de superficie, aéreas y terrestres de los países socios y, a través de ellos, se realizan actividades en el campo de guerra antisubmarina, antiaérea y antisuperficie, así como operaciones anfibias, de contraminado, ayuda humanitaria y de seguridad marítima.

Para RIMPAC-2014, está considerada la participación de los siguientes países de América: Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, México, y Perú; de Europa: Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega y Rusia; de Asia; Brunei, Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur y Tailandia; de Oceanía: Australia, Nueva Zelanda y Tonga y como observadores: Bangladesh, Brasil, Burma, Camboya, Maldivas, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Vietnam.

Los ejercicios RIMPAC son una gran oportunidad para que la Armada de México participe en maniobras navales de esta magnitud, ya que la intervención de unidades y personal en este tipo de ejercicios permite fortalecer el adiestramiento en la aplicación de procedimientos tácticos y actualizar la doctrina naval operativa, lo que contribuye a una mejor preparación para el cumplimiento de la misión y atribuciones que la ley asigna a la Secretaría de Marina en materia de defensa marítima y mantenimiento del estado de derecho, además que permite fortalecer los lazos de amistad con las Armadas de otros países participantes y dar proyección a nuestro país ante la comunidad internacional.

En los años 2004 y 2006 la Armada de México participó con observadores en los ejercicios RIMPAC, y en 2012 lo hizo con el Buque de Guerra Anfibia ARM "USUMACINTA" (412), con un helicóptero MI-17 y una sección de Infantería de Marina.

De contar con la autorización de ese Honorable Organo Legislativo, la Armada de México participaría con una fuerza compuesta por la Patrulla Oceánica ARM "REVOLUCION" (PO 164), un helicóptero y una sección de 30 elementos de Infantería de Marina.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el titular del Ejecutivo Federal permita la salida elementos de la Armada de México fuera de los límites de nuestro país para participar en el ejercicio RIMPAC-2014, que se llevará a cabo del 27 de junio al 1 de agosto de 2014, en un área de operaciones en las inmediaciones de las Islas Hawai, de los Estados Unidos de América.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2014.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO”.

Para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Anfibio “Sociedad de las Américas”, POA-2014, que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/464/14
México, D.F., 24 de marzo de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Organo Legislativo, la autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Anfibio "Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites de nuestro país.

Al respecto, hago del conocimiento del Senado de la República que el Comando Sur de los Estados Unidos de América, a través del Coronel Brian S. Mcnaughton, Jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa de ese país en México, formuló una invitación para que la Armada de México participe en el ejercicio Anfibio "SOCIEDAD DE LAS AMERICAS" (POA por sus siglas en inglés), el cual se desarrollará del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.

El POA-2014 es un ejercicio multinacional que tiene como objetivo principal fortalecer la interoperabilidad mediante la aplicación de procedimientos estandarizados y construir la capacidad de planeación y conducción de operaciones navales con fuerzas de tarea multinacionales; incluye actividades de práctica contra el narcotráfico, asistencia humanitaria y un ejercicio regional de coordinación, mando y control de una operación anfibia.

En este ejercicio participarán las armadas de los Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y México.

Por sus dimensiones y capacidades de las unidades, el ejercicio POA-2014 es una excelente oportunidad para que nuestra Armada participe en maniobras navales que fortalecen su desarrollo, al incrementar la capacidad operativa y de respuesta, además de favorecer la aplicación, actualización y adecuación de la doctrina naval operativa, lo que redunda en la optimización de las Operaciones de Defensa y de Mantenimiento del Estado de Derecho que desarrolla la Armada de México en contra de quienes amenazan la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.

De contar con la autorización de ese Honorable Organo Legislativo, la Armada de México participaría en el POA-14 con una fuerza naval compuesta del Buque de Guerra Anfibia ARM "USUMACINTA" (A 412), con 207 elementos de tripulación, un helicóptero MI-17 con 6 elementos de tripulación de vuelo y una sección de 43 elementos de Infantería de Marina.

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la solicitud de autorización para que el titular del Ejecutivo Federal permita la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, para participar en el ejercicio POA-2014 que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2014.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIETO”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnense dichos expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos, Segunda para sus efectos correspondientes.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL ELECTORAL, Y SE REFORMA EL ARTICULO 50, INCISOS L) Y M); Y SE ADICIONA EL INCISO N) DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Miguel Angel Chico Herrera, a nombre de las CC. Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Con su permiso, señora Presidenta.

Agradezco a mi grupo parlamentario y al Partido Verde Ecologista de México la oportunidad que se mi brinda de presentar ante este Pleno la Ley General Electoral, la cual estamos convencidos que se dará certidumbre a los ciudadanos y a los partidos políticos de cara a los próximos comicios federales y estatales.

Debemos recordar que el año 2013 fue un año digno de recordarse, no solo para el Senado de la República, sino para todo México, esto a causa de las reformas constitucionales que en diversas materias han comenzado la verdadera transformación del país, para lograr su plena democracia y desarrollo.

Como es bien sabido, la democratización del sistema político mexicano ha transitado por la modificación de las normas e instituciones electorales.

En el PRI reafirmamos nuestro compromiso de legislar por una democracia de avanzada. Con estas reformas contribuiremos a cerrar un ciclo de cambios que nos colocarán en la ruta correcta en la transformación de nuestro régimen político.

El PRI históricamente ha sido el promotor de las grandes reformas electorales. Nuestro partido jamás ha temido, ni teme a la competencia electoral, por el contrario, con iniciativas como esta, promovemos la participación de la sociedad para garantizar reglas claras y certeza en los resultados comiciales.

Seguiremos siendo, sin duda, el gran constructor de las instituciones en México.

Nos enorgullece el ideario político del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; es importante hacer notar que éste se encuentra inmerso en temas importantes de estas reformas transformadoras.

Debemos, en el grupo parlamentario, hacer un especial reconocimiento a la dirigencia nacional del PRI, encabezada por nuestro líder, el doctor César Camacho Quiroz y nuestra Secretaria General, licenciada Ivonne Ortega Pacheco, por sus aportaciones a este esfuerzo legislativo.

La reforma que el día de hoy presentamos, retoma lo mejor de las propuestas de las mujeres, los jóvenes y hombres que integran al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México, pues somos partidos en donde las voces son atendidas.

Esta iniciativa tiene la finalidad de expedir la Ley General Electoral y reformar el artículo 50 incisos l) y m), así como adicionar el inciso n) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo de la Ley General Electoral, es establecer bases generales en un solo ordenamiento jurídico, la distribución de competencias que corresponden a las autoridades electorales federales y estatales en materia de partidos políticos, órganos, procesos y delitos electorales.

Lo que se propone es aprovechar experiencia electoral de las últimas décadas para lograr que la transparencia y legitimidad se dé en las contiendas electorales, homologando criterios tanto federales como locales.

Concretamente se plantea establecer reglas claras y equitativas para la participación de los partidos en los procesos electorales y plantea principios mínimos que deberán atender las instituciones políticas, los partidos políticos en su organización interna.

Un aspecto sustancial en la competencia de los partidos, es que ahora deberán redoblar esfuerzos para conservar su registro ante el órgano electoral, toda vez que el umbral se elevó del 2 al 3 por ciento.

Cabe destacar que se incorpora un sistema de nulidad de elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes. A su vez, configura nuevos delitos en materia electoral, los cuales deberán estar debidamente sustentados y motivados ante las autoridades correspondientes.

Un aspecto relevante que proponemos, es acabar con las denuncias frívolas que tanto han perjudicado a nuestra democracia, pues las descalificaciones solo revelan el agotamiento y la mediocridad de las ideas.

La evolución del PRI no se concibe sin la participación de las mujeres. Reconocemos su lucha, su talento e inteligencia en la construcción, la grandeza y prosperidad de nuestra nación.

Por ello esta iniciativa plantea los principios que deberán atender los partidos políticos para garantizar la paridad de género en las candidaturas para cargos legislativos.

Aprovecho esta oportunidad para hacer un reconocimiento a todas las Senadoras que en esta LXII Legislatura libraron una batalla decisiva en la lucha histórica de la mujer, por una mayor inclusión en la política, por la paridad.

También se establecen reglas estrictas y sanciones firmes a violaciones en materia de financiamiento a partidos y gastos de campaña.

Se genera un nuevo modelo de fiscalización con facultades directas del Consejo General de INE.

Se describen los aspectos generales relativos a los debates de candidatos en medios de comunicación.

Se establecen reglas claras para la propaganda electoral y la distribución de utilitarios.

Se generan nuevas reglas para la integración de órganos electorales locales.

Compañeras y compañeros legisladores:

Esta iniciativa es producto de la amplia participación de diversos sectores de la sociedad.

Estudiamos con responsabilidad el ideario político del Presidente de la República, las posiciones de los partidos, así también nos dimos a la tarea de escuchar a académicos e investigadores, organizaciones civiles y a ciudadanos en lo particular.

El México próspero que todos anhelamos requiere la consolidación de su fortaleza institucional.

Con la iniciativa que hoy presentamos, y que se complementa con la Ley de Propaganda Institucional, buscamos el perfeccionamiento del marco jurídico de la democracia mexicana, para representar adecuadamente la pluralidad en que está inmersa la República.

El PRI y el PVEM convocamos a todas las fuerzas políticas y sociales del país a continuar con el diálogo nacional, a seguir trabajando y lograr los consensos para hacer de nuestro régimen político un régimen que se traduzca en una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones y en sus políticos.

Invitamos a las Senadoras y a los Senadores de la República a que tomemos una decisión histórica. Este reto fundamental que marcará el rumbo de la política en México.

En la democracia no existe la unanimidad, en el PRI lo sabemos y lo entendemos, y sabemos que es sumamente valioso impulsar los acuerdos y los consensos para construir una democracia plena.

Los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM nos comprometemos a dar un debate serio, de altura, que esta ley no quede sólo en el papel, que se traduzca en la democracia que todos anhelamos.

Estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas, nadie quedará excluido.

La propuesta está sobre la mesa. Discutámosla.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

“Las senadoras y los senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL ELECTORAL,SE REFORMA EL ARTICULO 50, INCISOS L) Y M); Y SE ADICIONA EL INCISO N); DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION,de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. INTRODUCCION

El pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

La reforma político-electoral tiene su origen en los compromisos del Pacto por México suscrito por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, con los dirigentes nacionales de los tres principales partidos políticos del país, el pasado 2 de diciembre de 2012.

Con la reforma constitucional se atendieron cinco compromisos establecidos en el Pacto por México: El marcado con el número 87, relativo a los gobiernos de coalición; el 88 concerniente a la fecha de la toma de protesta del Presidente de la República; el 89 por lo que se refiere a las bases para una nueva Ley General de Partidos; el 90 relativo a los temas de reforma electoral; y el 94 referente a la reelección de legisladores federales y locales.

La Reforma Política-electoral contiene un conjunto de modificaciones al texto de la Constitución General de la República que comprende dos apartados específicos: cambios en materia electoral y reformas en relación al régimen de gobierno.

El Decreto contiene reformas a 31 artículos constitucionales, tiene un régimen transitorio de 21 disposiciones y obliga al Congreso de la Unión a expedir, a más tardar el 30 de abril, nuevas leyes generales en las siguientes materias:

• Organismos Electorales

•Procesos Electorales

• Partidos Políticos

• Delitos Electorales

Los principales elementos en materia electoral de esta importante reforma constitucional fueron los siguientes:

1. En materia de partidos políticos:

Los derechos, obligaciones y prerrogativas, así como las reglas para integrar los órganos de representación política.

Propone que los partidos deberán garantizar la paridad de los géneros en sus candidaturas.

Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones locales y municipales.

Contempla aportaciones de militantes.

Garantiza el derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales de los candidatos independientes, asimismo, incluye a éstos en los tiempos destinados a los partidos durante las campañas, y su distribución, en elecciones federales y locales y también se les prohíbe la contratación de tiempos distintos, por sí o por terceros, así como a desarrollar campañas calumniosas.

2. En materia de organismos y procesos electorales:

Se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituye al Instituto Federal Electoral y el cual ejercerá las facultades del anterior Instituto Federal Electoral y, además, realizará otras que fortalecen su participación en la organización de elecciones locales y su relación con los organismos electorales estatales.

El Consejo General es su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales; electos de manera escalonada por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años sin reelección:

Se estableció la máxima publicidad entre los principios rectores del INE.

Se establece la Oficialía Electoral, con fe pública para actos de naturaleza electoral.

3. Se señalan las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de:

Procesos electorales federales y locales.

Participación, organización, asunción y delegación de funciones en elecciones locales.

La facultad del INE para atraer asuntos de la competencia electoral local, por su trascendencia o para sentar criterio de interpretación.

El nuevo INE podrá organizar las elecciones internas de los dirigentes de los partidos políticos a petición de los propios partidos quienes solventarán los gastos de organización con cargo a sus prerrogativas.

Se incorporan las bases para las elecciones locales a cargo de los organismos públicos locales, y las materias en que ejercerán funciones así como la intervención que habrá de tener el INE.

El INE nombra y remueve a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos electorales locales.

Se prevé la creación de un servicio profesional electoral nacional que incluirá al personal ejecutivo y técnico tanto del INE como de los órganos locales.

El INE llevará la fiscalización de los partidos a partir de la revisión de su contabilidad en tiempo real y expuesta en medios electrónicos, con criterios homologados de contabilidad pública. Se establece el principio de máxima publicidad de la contabilidad de los partidos.

Se remite a la ley el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, por violaciones graves, dolosas o determinantes, y los casos respectivos.

Se eleva del 2 al 3% del total de la votación emitida el umbral para mantener el registro de los partidos políticos y para que estos participen en la asignación de diputados de representación proporcional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá los casos que le remita el INE por violaciones a las disposiciones constitucionales; sobre propaganda política y electoral, así como por actos anticipados de precampaña o de campaña, y sancionarlos.

4. Las Constituciones y leyes locales electorales, garantizarán que:

Las elecciones locales y municipales tengan lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.

Se incorpore como principio rector del ejercicio de la función electoral, el de máxima publicidad.

Autonomía en el funcionamiento e independencia en sus decisiones para las autoridades competentes para la organización de las elecciones y las jurisdiccionales en la materia.

Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Los consejeros electorales locales tendrán un período de siete años y sin reelección.Podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, y serán electos por la Cámara de Senadores.

Contarán con servidores públicos investidos de fe pública para dar fe de actos de naturaleza electoral.

Las impugnaciones que realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de las elecciones locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se establece la posibilidad de que los organismos públicos electorales locales puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral para que éste organice las elecciones locales.

El partido político local debe obtener al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para conservar su registro. Esto no aplica a partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.

Criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos precampañas, campañas electorales y montos máximos para las aportaciones de militantes y simpatizantes.

Reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, y las sanciones respectivas.

Duración de las campañas de sesenta a noventa días para gobernador y de treinta a sesenta días para diputados locales o ayuntamientos (las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las electorales).

Regule el régimen aplicable a los candidatos independientes, financiamiento público y acceso a la radio y la televisión conforme a la Constitución y las leyes correspondientes.

Que al menos, una elección local se realice en la misma fecha de las elecciones federales.

Que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la Reforma Constitucional obligó al Congreso de la Unión a expedir en un plazo perentorio (30 de abril de 2014) nuevas normas que tendrán el carácter de leyes generales:  De Organismos Electorales, de Procesos Electorales, de Partidos Políticos y de Delitos Electorales. 

Como se advierte, la más reciente reforma constitucional en materia política electoral es de una profundidad y de un alcance notable y obliga, por tanto, a una legislación secundaria que contribuya a la adecuada instrumentación de la reforma constitucional y al cumplimiento cabal de los objetivos que animaron las modificaciones a la Ley Fundamental.Esos son los propósitos de la iniciativa que hoy presentamos las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI y del PVEM.

II. CONSIDERACIONES

En los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México consideramos de vital importancia la necesidad de atender el mandato constitucional que establece que el Congreso de la Unión deberá expedir a más tardar el 30 de abril de 2014, la Ley General que regulará lo establecido por la reforma constitucional en las materias de organismos y procedimientos electorales, partidos políticos nacionales y locales y delitos electorales.Hay condiciones para que el Congreso de la Unión cumpla en tiempo y forma con este mandato imperativo.

Los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM manifestamos que esta nueva legislación normará aspectos diversos de las elecciones bajo criterios similares que aplicarán tanto para elecciones federales como locales, pues son materias concurrentes.

En razón de ello, consideramos que para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la reforma constitucional en materia política-electoral, resulta más conveniente hacerlo a través de una propuesta integral que incluya las materias que describe el Artículo Segundo Transitorio del Decreto, es decir, todas las normas que regularán lo concerniente a los partidos políticos nacionales y locales, así como el sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos; los organismos y procedimientos electorales, y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales e incluso lo concerniente a los delitos electorales.

Por eso proponemos este proyecto de Ley General Electoral que contiene la propuesta integral de la legislación secundaria para consolidar e instrumentar la Reforma Político-electoral, atendiendo a nuestra muy útil y fructífera tradición codificadora en materia electoral.

Es necesario señalar que al incorporar las diferentes materias que regulan la materia electoral en un solo ordenamiento, se evita la dispersión normativa y abona a la unificación del marco jurídico para estandarizar a nivel nacional los requisitos, procedimientos y plazos que deben atenderse, además de que facilitará su instrumentación y aplicación al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales.

III. CONTENIDO DE LA REFORMA

La iniciativa plantea que la Ley sea de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables y distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos electorales, procesos electorales y delitos electorales.

Se faculta al INE y a los organismos locales en el ámbito de su competencia, para que dispongan lo necesario en cuanto al contenido y alcance de la Ley para asegurar su cumplimiento.

Se propone que la interpretación de la Ley corresponde al INE y al Tribunal Electoral en el ámbito de sus respectivas competencias, observando los criterios gramatical, sistemático y funcional.

Como es consustancial a una Ley General, la Iniciativa propone la distribución de competencias entre el INE y los organismos electorales locales.

1. En materia de partidos políticos nacionales y locales, se plantea que la Ley General establezca:

Los requisitos mínimos para constituir un partido político, sus derechos y obligaciones, así como el contenido de sus documentos básicos, los órganos internos mínimos con que deberán contar y los lineamientos básicos de los procedimientos internos para su integración y los mecanismos alternativos de solución de controversias.

La facultad de los partidos políticos para que puedan solicitar al INE la organización de la elección de sus dirigentes con base en su normatividad interna y con cargo a sus prerrogativas.

Regula los derechos y obligaciones mínimos de los militantes.

La distribución del financiamiento público de los partidos.

Modalidades del financiamiento privado de los partidos políticos y mecanismos de consulta a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la licitud de las aportaciones y las reglas para el régimen financiero y el sistema de contabilidad de los partidos, así como los procedimientos de fiscalización de sus ingresos y egresos.

Crea una Comisión de Fiscalización integrada por 5 consejeros electorales para que sea la instancia responsable de la fiscalización.

Crea un Organo Técnico de Fiscalización cuyas actividades están supeditadas a la Comisión de Fiscalización.Sin embargo, cuenta con plena independencia para el desarrollo de los procesos de investigación.

Regula lo referente a los frentes, coaliciones y fusiones, pérdida del registro y liquidación del patrimonio de los partidos y el régimen sancionador (sujetos, conductas sancionables y sanciones).

2. En materia de organismos y procedimientos electorales, se plantea que la Ley General regule:

La naturaleza, estructura y competencias de los organismos electorales nacional, de las entidades federativas y del Distrito Federal.

Las reglas para los procedimientos electorales federales y locales, así como las atribuciones yfacultades de atracción y delegación del INE respecto de las atribuciones de los organismos públicos electorales locales.

Que la administración genérica de los tiempos electorales del Estado en radio y televisión le corresponde al INE.

Reglas para la organización de debates entre candidatos a distintos puestos de elección popular, tanto los organizados por el INE, los organismos públicos locales y los medios de comunicación.

Reglas sobre propaganda electoral (calumnia y artículos promocionales utilitarios).

Criterios generales que se adoptarán para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales.

Reglas para la distritación federal y local.

Reglas para formar y administrar el padrón electoral y la lista de electores.

Reglas para aprobar los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla.

Criterios y características de la documentación y materiales electorales.

Criterios y lineamientos para la realización de los conteos rápidos.

Reglas para la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los órganos o dependencias de la Federación, las entidades federativas o los municipios durante cualquier proceso electoral.

Reglas que los códigos electorales deberán considerar en los procedimientos sancionadores.

Sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales y las leyes electorales estatales, así como las sanciones que se impondrán.

Organos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador.

Los medios de apremio y las medidas cautelares.

3. En materia de delitos electorales, la iniciativa de Ley General Electoral propone:

Señalar que el Código Penal Federal, los códigos penales de las entidades federativas y la legislación procesal vigente serán de aplicación supletoria.

Establecer los tipos penales que constituyen delitos electorales aplicables en todo el país.

Los tipos penales que constituyen delitos electorales:

a) Que puede cometer cualquier persona.

b) Que pueden cometer los ministros de culto.

c) Que pueden cometer los funcionarios electorales.

d) Que pueden cometer los funcionarios partidistas y candidatos.

e) Que pueden cometer los servidores públicos.

f) Que se pueden cometer contra el Registro Federal de Electores.

Las penas aplicables por la comisión de estos delitos y además la posibilidad de la inhabilitación de uno a cinco años, así como la destitución del cargo.

La competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y competencia de los ministerios públicos locales en la investigación y persecución de los delitos.

La regulación de la facultad de atracción de la FEPADE y la coordinación entre ésta y los ministerios públicos locales.

La realización y difusión de los programas y acciones de prevención de los delitos electorales entre la FEPADE y el INE.

Asimismo, la propuesta plantea reformar el artículo 50 incisos l) y m); y se adiciona el inciso n); de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer que los jueces federales conocerán de los delitos previstos en la Ley General Electoral, así como aquellos cometidos por funcionarios electorales y partidistas nacionales.

4. Por lo que hace al régimen transitorio de la propuesta, se plantea lo siguiente:

Que los asuntos que a la entrada en vigor de la Ley se encuentren en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron.

El plazo para que el Congreso de la Unión y los congresos locales adecuen el marco jurídico-electoral.

El plazo para que el INE dicte las disposiciones necesarias para hacer efectivas lo establecido en la Ley.

El plazo para que los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables.

Mandatar al Instituto para promover la suscripción de un convenio en materia de educación cívica, con los organismos públicos locales sugiriendo las políticas generales y proponiendo contenidos.

Que las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del IFE se mantendrán como válidas y paulatinamente dejarán de serlo para ser sustituidas.

Establecer que los procesos electorales federales y locales del año 2015 iniciarán en la primera semana de octubre del presente año.

Establecer que las elecciones ordinarias federales y locales del año de 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

La organización del Servicio Profesional Electoral Nacional deberá estar en funcionamiento, a más tardar en el año 2018.

Facultar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para asignar recursos presupuestarios sujetos a la suficiencia presupuestaria al INE, para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

Derogar los tipos penales electorales del Código Penal Federal.

Establecer que los procedimientos penales y ejecución de penas iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos electorales se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes que les dieron origen.  

Y, finalmente, que las referencias que la Ley hace a la Fiscalía General de la República, se entenderán realizadas a la Procuraduría General de la República.

Las senadoras y senadores del PRI y PVEM estamos convencidos que con una Ley General como la que proponemos en esta iniciativa se atenderán, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local los propósitos que el Poder Reformador de la Constitución tuvo presentespara concretar una de las reformas política-electoral más ambiciosa de la historia reciente de nuestro País.

Con una Ley General Electoral como la que proponemos, se perseverará en la visión y en la práctica codificadora que tan buena experiencia ha tenido en nuestra tradición electoral y facilitará el establecimiento más idóneo y eficaz del nuevo sistema electoral nacional que se deriva de la reforma constitucional en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL ELECTORAL, SE REFORMA EL ARTICULO 50, INCISOS L) Y M); Y SE ADICIONA EL INCISO N); DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO PRIMERO: Se expide la Ley General Electoral, para quedar como sigue:

LEY GENERAL ELECTORAL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO UNICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables y distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos electorales, procesos electorales y delitos electorales.

Artículo 2. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:

I. La constitución y registro legal de los partidos políticos;

II. El financiamiento;

III. Las coaliciones;

IV. El sistema de fiscalización de los recursos;

V. La pérdida del registro;

VI. Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos;

VII. La naturaleza, estructura y competencias de los organismos electorales nacional y de las entidades federativas;

VIII. Las reglas generales para los procedimientos electorales federal y locales;

IX. El procedimiento electoral relacionado con las atribuciones y facultades de atracción y delegación del Instituto;

X. Los aspectos generales relativos a la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión;

XI. Los mecanismos de coordinación en materia de inteligencia financiera;

XII. Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento electoral;

XIII. La regulación de la propaganda electoral;

XIV. Las sanciones aplicables a denuncias frívolas;

XV. Las reglas para garantizar la paridad de géneros, y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales;

XVI. El sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, y

XVII. Los delitos en materia electoral.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Artículos promocionales utilitarios: Artículos promocionales que los partidos políticos o candidatos distribuyen en el periodo de campañas;

II. Código Federal: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. Comisión de Fiscalización: A la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;

IV. Concesionario: Aquellas personas a las que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión les otorgue ese carácter;

V. Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

VI. Consejo General de los organismos públicos locales: Consejo General de los organismos públicos electorales locales de las entidades federativas;

VII. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Elección local: Proceso electoral en las entidades federativas;

IX. Instituto: Al Instituto Nacional Electoral;

X. Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto;

XI. Ley: Ley General Electoral;

XII. Militante: Cualquier afiliado, miembro o integrante de un partido político, independientemente de su denominación, actividad y grado de participación;

XIII. Organismos Locales: En singular o en plural, a los organismos públicos electorales previstos en las constituciones de las entidades federativas;

XIV. Organo Técnico: Al órgano técnico de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;

XV. Partidos políticos: A los partidos políticos nacionales y locales;

XVI. Pauta: Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a número de mensajes, que corresponde a los partidos políticos y a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando la estación de radio o canal de televisión, la hora o rango en que debe transmitirse cada mensaje, y el partido político o autoridad electoral al que corresponde;

XVII. Propaganda electoral: Es el conjunto de escritos, publicaciones e imágenes, impresas, grabadas o proyectadas, incluidos los artículos promocionales utilitarios, que durante la campaña electoral producen o difunden los partidos políticos y los candidatos, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, así como sus programas, principios, estatutos o propuestas;

XVIII. Tribunal: Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y

XIX. Tribunales Locales: a los tribunales en materia electoral previstos en las constituciones políticas de las entidades federativas.

Artículo 4. El Instituto y los Organismos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario, en cuanto al contenido y alcance de esta Ley, para asegurar su cumplimiento.

Artículo 5. La interpretación de la presente Ley corresponde al Instituto y al Tribunal en el ámbito de sus respectivas competencias.

La interpretación se realizará observando los criterios gramatical, sistemático y funcional, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

TITULO I

Disposiciones Generales

CAPITULO I

Disposiciones Preliminares

Artículo 6. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro ante el Instituto o ante los Organismos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Sólo los ciudadanos mexicanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:

I. Organizaciones gremiales, nacionales o extranjeras;

II. Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

III. Cualquier forma de afiliación corporativa.

CAPITULO II

De la distribución de competencias en materia de partidos políticos

Artículo 7. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes:

I. El registro de los partidos políticos nacionales;

II. El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;

III. La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca esta Ley;

IV. La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, y

V. Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.

Artículo 8. El Instituto podrá, con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, delegar en los Organismos Locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas. Lo anterior, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento; siempre y cuando, a juicio del Consejo General del Instituto, el Organismo Local cumpla con lo siguiente:

I. Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, protocolos y lineamientos específicos que para tal efecto emita el Consejo General del Instituto;

II. Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en materia de fiscalización;

III. Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones a delegar;

IV. Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de conformidad con el Servicio Profesional Electoral Nacional, y

V. Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local electoral vigente.

Artículo 9. Corresponden a los Organismos Locales, las atribuciones siguientes:

I. Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas;

II. Registrar los partidos políticos locales, y

III. Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.

TITULO II

De los partidos políticos

CAPITULO I

De la constitución y registro de los partidos políticos

Artículo 10. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Local, que corresponda.

Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, el Instituto o el Organismo Local, según sea el caso, deben verificar que ésta cumpla los requisitos siguientes:

I. Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley;

II. Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate;

III. Tratándose de partidos políticos locales, las leyes de las entidades federativas establecerán el número mínimo de militantes con que deberán contar en los municipios o distritos de la entidad; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento padrón electoral local que haya sido utilizado en la elección ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y

IV. Los militantes deberán contar con credencial vigente para votar, correspondiente a la entidad o distrito de que se trate, expedida por el Instituto.

Artículo 11. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político deberá obtener su registro ante el Instituto, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Local que corresponda, en el caso de partidos políticos locales.

La organización informará tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección federal, en el caso de registro nacional, o de la elección local de diputados, tratándose de registro local.

A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto o al Organismo Local competente, sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

Las leyes federales y locales de la materia regularán las formalidades de los procedimientos que deban desahogarse para la presentación de informes a que se refiere el párrafo anterior, así como para el registro de los partidos políticos.

El Instituto o el Organismo Local competente valorará el dictamen consolidado que al efecto emita el órgano fiscalizador correspondiente, para la resolución sobre la procedencia del registro.

El incumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en esta Ley y en las leyes electorales tendrán como consecuencia la resolución en sentido negativo de la solicitud de registro correspondiente.

CAPITULO II

De los derechos y obligaciones de los partidos políticos

Artículo 12. Son derechos de los partidos políticos:

I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

II. Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución; así como en esta Ley, el Código Federal y demás disposiciones de la materia;

III. Gozar de las libertades de auto-organización y auto-determinación, así como de facultades para regular su vida interna;

IV. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables;

V. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;

VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;

VII. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;

VIII. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;

IX. Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral;

X. Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Locales, en los términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable, y

XI. Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes.

Artículo 13. Son obligaciones de los partidos políticos:

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

III. Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro;

IV. Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;

V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

VII. Contar con domicilio social para sus órganos internos;

VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

IX. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

X. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

XI. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto, facultados para ello, o de los Organismos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

XII. Comunicar al Instituto o a los Organismos Locales, según corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos o los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, con los procedimientos que se establezcan en el Código Federal o en la legislación electoral local;

XIII. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

XIV. Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

XV. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que calumnie a las personas;

XVI. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

XVII. Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

XVIII. Garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales;

XIX. Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley;

XX. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone, y

XXI. Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

TITULO III

De la organización interna de los partidos políticos

CAPITULO I

De los asuntos internos de los partidos políticos

Artículo 14. Los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Son asuntos internos de los partidos políticos:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos internos;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

VI. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

CAPITULO II

De los documentos básicos de los partidos políticos

Artículo 15. Los documentos básicos de los partidos políticos son:

I. La declaración de principios;

II. El programa de acción, y

III. Los estatutos.

Artículo 16. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

I. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;

II. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros;

III. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y

IV. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 17. El programa de acción determinará las medidas para:

I. Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;

II. Proponer políticas públicas;

III. Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y

IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 18. Los estatutos establecerán:

I. La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

II. Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;

III. Los derechos y obligaciones de los militantes;

IV. La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;

V. Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos;

VI. Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos;

VII. La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción;

VIII. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen;

IX. Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos;

X. Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y

XI. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o casuales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva.

CAPITULO III

De los derechos y obligaciones de los militantes

Artículo 19. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:

I. Participar personalmente o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político;

II. Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con las calidades que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político;

III. Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos;

IV. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información;

V. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión;

VI. Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;

VII. Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

VIII. Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político;

IX. Impugnar ante el Tribunal o los Tribunales Locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político electorales, y

X. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante.

Artículo 20. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes:

I. Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria;

II. Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción;

III. Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales;

IV. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias;

V. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;

VI. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias;

VII. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir, y

VIII. Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político.

CAPITULO IV

De los órganos internos de los partidos políticos

Artículo 21. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:

I. Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas;

II. Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos nacionales o locales, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;

III. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;

IV. Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular;

V. Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;

VI. Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y

VII. Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.

Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas.

CAPITULO V

De los procesos de integración de órganos internos

y de selección de candidatos

Artículo 22. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en la fracción IV del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:

I. El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria, que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos lo siguiente:

a) Cargos o candidaturas a elegir;

b) Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado;

c) Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;

d) Documentación a ser entregada;

e) Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;

f) Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto;

g) Método de selección; para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto;

h) Fecha y lugar de la elección, y

i) Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.

II. El órgano colegiado a que se refiere la fracción IV del artículo anterior:

a) Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y

b) Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas del proceso.

Artículo 23.Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus Estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas.

Para la organización y el desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las reglas siguientes:

I. Los partidos políticos establecerán en sus Estatutos el órgano interno facultado, los supuestos y el procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud.

II. El partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo por conducto del órgano ejecutivo previsto en el artículo 21, fracción II de esta Ley, tres meses antes del vencimiento del plazo para la elección del órgano de dirección que corresponda.

En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano de dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto, organice la elección fuera del plazo señalado en el párrafo anterior.

III. Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto durante periodos no electorales.

IV. El partido político solicitante acordará con el Instituto los alcances de su participación, así como las condiciones para la organización y desarrollo del proceso, las cuales deberán estar apegadas a lo establecido en los Estatutos y reglamentos del partido político.

V. En el acuerdo se establecerán los mecanismos para el cargo, a las prerrogativas del partido político, de los costos de organización del proceso, en los cuales podrá incluirse la eventual contratación por obra determinada de personal por parte del Instituto para tal fin.

VI. El Instituto podrá delegar en los Organismos Locales el proceso para la elección de órganos de dirección de los partidos locales.

VII. El Instituto o los Organismos locales, en su caso, se coordinarán con el órgano previsto en la fracción IV del artículo 21 de esta Ley para el desarrollo del proceso.

VIII. La elección se realizará preferentemente con el apoyo de medios electrónicos para la recepción de la votación.

IX. El Instituto podrá rechazar la solicitud si considera que no existen las condiciones de confiabilidad hacia el Instituto por parte de los militantes del partido político para que intervenga en la organización de la elección del proceso interno y que por tal razón pudieran originarse controversias y cuestionamientos que lesionen la credibilidad del Instituto ante la sociedad.

CAPITULO VI

De la justicia intrapartidaria

Artículo 24. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria, que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias.

El órgano de decisión colegiada previsto en el artículo 21, fracción V de esta Ley, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos.

El órgano de decisión colegiada a que se refiere el párrafo anterior aprobará sus resoluciones por mayoría de votos.

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal.

Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que serán procedentes; la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento.

TITULO IV

Del financiamiento de los partidos políticos

CAPITULO I

Del financiamiento público

Artículo 25. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

Artículo 26. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:

I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

a) El Consejo General del Instituto, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales;

b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la base II, del artículo 41 de la Constitución;

c) Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente;

d) Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el cinco por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, y

e) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario;

II. Para gastos de Campaña:

a) En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;

b) En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y

c) El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos; teniendo la libertad de establecer sus determinaciones de prorrateo de acuerdo a la visión, plataforma, tamaño e ideología de cada uno de ellos; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados, y

III. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere esta Ley, así como en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda, y

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

Las cantidades a que se refiere el inciso a) de la fracción III del párrafo anterior serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

Artículo 27. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.

Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.

CAPITULO II

Del financiamiento privado

Artículo 28. Además de lo establecido en el CAPITULO que antecede, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes:

I. Financiamiento por la militancia;

II. Financiamiento de simpatizantes;

III. Autofinanciamiento, y

IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Artículo 29. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona:

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

III. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

IV. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

V. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y

VI. Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.

Artículo 30. Los partidos políticos sólo podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, cuando, en lo individual, no sean superiores al cero punto cinco por ciento del financiamiento privado.

Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.

Artículo 31. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:

I. El financiamiento privado que provenga de sus militantes estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus militantes, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las reglas siguientes:

a) El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político, a que se refiere el artículo 21, fracción III, de esta Ley deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado;

b) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 21 fracción III de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, de las aportaciones de sus organizaciones, así como de las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas, y

c) El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación;

II. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite establecido en artículo 32 de esta Ley;

III. El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas dentro de los supuestos establecidos en el artículo 29 de esta Ley, y se deberá sujetar a las reglas siguientes:

a) Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

b) Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, registro federal de contribuyentes del aportante en dinero, salvo en el caso previsto en el artículo 30. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante;

c) Para acreditar el origen de las aportaciones en dinero ante la autoridad fiscalizadora, los partidos políticos conservarán la documentación comprobatoria que corresponda;

d) Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código Fiscal de la Federación;

e) Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar el equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto establecido para la campaña presidencial, y

f) Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación;

IV. El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos, y

V. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas siguientes:

a) Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido;

b) Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año;

c) En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario para el Consejo General del Instituto, por lo que éste podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones, y

d) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.

Artículo 32. En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes establecidas en las fracciones I, II y IV del artículo anterior no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.

CAPITULO III

De la verificación de operaciones financieras

Artículo 33. Los partidos políticos entregarán al Organo Técnico, en los primeros cinco días de cada mes, una lista de nombres de los aportantes en dinero y en especie, y las cuentas origen de las aportaciones realizadas en el mes inmediato anterior, que superen el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, con la finalidad de que se analicen las operaciones financieras a través del procedimiento siguiente:

I. El Organo Técnico de la Comisión de Fiscalización remitirá la lista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de que informe si los aportantes o sus cuentas tienen algún procedimiento o investigación previa, en un término improrrogable de cinco días. De no pronunciarse al respecto, se entenderá que no existe irregularidad alguna con los sujetos y las cuentas que fueron puestas a su consideración, y

II. En el supuesto en que la Unidad de Inteligencia Financiera manifieste que existe alguna presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados, informará al Organo Técnico de la Comisión de Fiscalización, a efecto de que notifique al partido para que se abstenga de utilizar el monto aportado, hasta en tanto no se acredite fehacientemente el origen lícito de los recursos.

Hasta en tanto la Unidad de Inteligencia Financiera no se manifieste en términos del párrafo anterior, se presumirá el origen lícito de todas las aportaciones.

TITULO V

Del régimen financiero de los partidos políticos

CAPITULO I

Del sistema de contabilidad de los partidos políticos

Artículo 34. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto y la Comisión de Fiscalización.

Artículo 35. El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá tener las características siguientes:

I. Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido político;

II. Las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma;

III. Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los partidos políticos con terceros, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles;

IV. Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos;

V. Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el Consejo General del Instituto;

VI. Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales;

VII. Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

VIII. Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;

IX. Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera;

X. Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

XI. Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.

CAPITULO II

De las obligaciones de los partidos en cuanto al régimen financiero

Artículo 36. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:

I. Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos y la administración de la deuda;

II. Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios;

III. Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización;

IV. Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el Consejo General del Instituto;

V. Conservar la información contable por un término mínimo de cinco años, y

VI. Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente:

a) En un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento, sus estados financieros con un corte de información al momento de la solicitud;

b) Fuera de procesos electorales, el informe de los contratos será presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior, y

c) La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información podrá ser notificada al Instituto por medios electrónicos con base en los lineamientos que éste emita.

Artículo 37. El Consejo General del Instituto comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren el inciso c) de la fracción VI del artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto emita el Instituto.

Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo que contenga:

I.La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato;

II. El objeto del contrato;

III. El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar;

IV. Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y

V. La penalización en caso de incumplimiento.

Artículo 38. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;

II. Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

III. Estar debidamente registrados en la contabilidad;

IV. Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y entero de impuestos a cargo de terceros, y

V. Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Artículo 39. Los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto del Organo Técnico.

Se entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contrate o difunda en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, para buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar.

En el supuesto que el partido opte porque el Instituto a través del Organo Técnico pague la totalidad de las obligaciones contractuales contraídas por el partido en la etapa de campaña, el Organo Técnico tendrá en todo momento a lo largo de la campaña el uso exclusivo de las chequeras.

Para el caso de que el partido político opte por que el Instituto a través del Organo Técnico pague únicamente la propaganda en vía pública se utilizará una cuenta para tal fin cuya chequera será exclusiva de la autoridad.

Artículo 40. El Instituto emitirá los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones respecto de los partidos políticos, coaliciones y candidatos.

TITULO VI

De la fiscalización de partidos políticos

CAPITULO I

Del Consejo General del Instituto

Artículo 41. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:

I. Emitir los lineamientos específicos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de operaciones de los partidos políticos;

II. En función de la capacidad técnica y financiera del Instituto, desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, así como establecer mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones de éstos en materia de fiscalización;

III. Resolver en definitiva el proyecto de dictamen consolidado, así como la resolución de cada uno de los informes que están obligados a presentar los partidos políticos;

IV. Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las disposiciones legales;

V. Designar a los Consejeros Electorales que formarán parte de la Comisión de Fiscalización;

VI. Designar al titular del Organo Técnico, y

VII. En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, imponerlas sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

En el caso de que el Instituto delegue en los Organismos Locales la función de la fiscalización ordinaria de los partidos políticos locales, deberá verificar la capacidad técnica y operativa de los mismos para desempeñar dicha función.

CAPITULO II

De la Comisión de Fiscalización

Artículo 42. El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará integrada por cinco consejeros electorales y tendrá como facultades las siguientes:

I. Revisar los proyectos de reglamentos en materia de fiscalización que elabore el Organo Técnico y someterlos a la aprobación del Consejo General;

II. Revisar y someter a la aprobación del Consejo General los proyectos de resolución relativos a los procedimientos y quejas en materia de fiscalización, en los términos del reglamento respectivo;

III. Delimitar los alcances de revisión de los informes que están obligados a presentar los partidos políticos;

IV. Revisar las funciones y acciones realizadas por el Organo Técnico, con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización;

V. Supervisar de manera permanente y continua las auditorias ordinarias, de precampaña y de campaña; así como los procedimientos oficiosos, quejas y verificaciones realizadas por el Organo Técnico;

VI. Admitir la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia;

VII. Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes;

VIII. Modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidado y las resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, para ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos que esta Ley establece;

IX. Elaborar, a propuesta del Organo Técnico, los lineamientos generales que regirán en todos los procedimientos de fiscalización en el ámbito nacional y local;

X. Resolver las consultas que realicen los partidos políticos;

XI. Aprobar las solicitudes de información a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que realice el Organo Técnico;

XII. Aprobar las solicitudes que se pretendan realizar a las autoridades competentes e instituciones públicas y privadas, con la finalidad de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal;

XIII. Aprobar los convenios a suscribir por el Instituto con las instancias del Estado mexicano, necesarios para acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos, y

XIV. Con el apoyo del Organo Técnico, llevar a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro e informar al Consejo General los parámetros, acciones y resultados de los trabajos realizados con tal fin.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con un Organo Técnico en la materia.

Las facultades de la Comisión de Fiscalización serán ejercidas respetando la plena independencia técnica de su Organo Técnico.

En el ejercicio de su encargo los Consejeros Electorales integrantes de esta Comisión no podrán intervenir en los trabajos del Organo Técnico de forma independiente; garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios rectores en materia de fiscalización.

Artículo 43. El documento que ordene la visita de verificación prevista en la fracción VII, del artículo anterior, deberá contener como mínimo, los siguientes requisitos:

I. Señalar la autoridad que lo emite;

II. Señalar lugar y fecha de emisión;

III. Fundar y motivar la visita de verificación;

IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido;

V. El lugar donde debe efectuarse la visita, y

VI. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita.

Artículo 44. Para el funcionamiento de la Comisión de Fiscalización, se estará a las reglas siguientes:

I. Los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión durarán en su encargo tres años;

II. La presidencia de la Comisión será rotativa y será designada anualmente entre los integrantes de la Comisión;

III. Las determinaciones que sean emitidas por la Comisión de Fiscalización deberán ser resultado del voto mayoritario de sus integrantes, y

IV. El titular del Organo Técnico fungirá como Secretario Técnico de ésta y acordará con su presidente los temas que serán listados en el orden del día.

CAPITULO III

Del Organo Técnico de la Comisión de Fiscalización

Artículo 45. El Organo Técnico de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto y destino de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

En el ejercicio de sus atribuciones, el Organo Técnico tendrá como nivel jerárquico el de una dirección ejecutiva del Instituto.

Artículo 46. El director general del Organo Técnico será designado por el Consejo General, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, fracción V; deberá reunir los mismos requisitos que el Código Federal establezca para los directores ejecutivos del Instituto. Asimismo, deberá comprobar una experiencia mínima de nivel directivo de cinco años en materia de fiscalización.

Artículo 47. El personal de la Comisión de Fiscalización y el Organo Técnico de la misma está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que disponga de información. La Contraloría General del Instituto conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan de acuerdo a esta Ley.

Artículo 48. El Organo Técnico tendrá las facultades siguientes:

I. Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos en cada uno de los informes que están obligados a presentar;

II. Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de reglamento en materia de fiscalización y contabilidad y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones;

III. Vigilar que los recursos de los partidos se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;

IV. Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los partidos políticos;

V. Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

VI. Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;

VII. Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;

VIII. Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;

IX. Junto con la Comisión de Fiscalización ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro;

X. En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en vía pública;

XI. Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;

XII. Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

XIII. Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización;

XIV. Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo;

XV. Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral, y

XVI. Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

Artículo 49. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder al Organo Técnico, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud.

De igual forma el Organo Técnico podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en los plazos señalados en el párrafo inmediato anterior.

CAPITULO IV

Fiscalización de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos

Artículo 50. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades ordinarias bajo las reglas siguientes:

Se entiende como rubros de gasto ordinario:

I. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

II. Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales;

III. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

IV. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

V. La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo, la cual únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno;

VI. Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas.

Los gastos de estructuras electorales comprenderán los realizados para el pago de viáticos y alimentos de:

a) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos en sus actividades estatutarias ordinarias y extraordinarias;

b) Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federativas, previstos en el segundo párrafo del artículo 21 de esta Ley, en actividades ante los órganos internos de los partidos políticos nacionales;

c) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos nacionales ante los comités o equivalentes en las entidades federativas previstos en el segundo párrafo del artículo 21 de esta Ley;

d) Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los Organismos Locales, y

e) Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción del voto.

VII. Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo a la entrega de los informes de gastos ordinarios de cada uno de los ejercicios, y

VIII. La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada uno de los partidos políticos o coaliciones.

Artículo 51. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:

I. La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;

II. La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos, o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;

III. La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos, proyecciones, que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política;

IV. La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y

V. Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

Artículo 52. Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que desarrollan como entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes:

I. La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la ciudadanía;

II. La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas;

III. La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y

IV. Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.

CAPITULO V

Fiscalización de los partidos políticos durante los procesos electorales

Artículo 53. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos.

Artículo 54. Para los efectos de este CAPITULO se entienden como gastos de campaña:

I. Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

Los partidos políticos podrán destinar únicamente el veinte por ciento del monto destinado a cada una de las campañas, para gastos relacionados con propaganda utilitaria, la cual se limitará a impresos y textiles;

II.Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;

III.Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;

IV.Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo;

V.Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

VI.Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral;

VII.Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre, o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y

VIII. Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.

No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.

CAPITULO VI

De los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos

Artículo 55. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 21, fracción III, de esta Ley, será el responsable de la administración de su patrimonio y de sus recursos generales, de precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el presente CAPITULO. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.

La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.

Artículo 56. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:

I. Informes trimestrales de avance del ejercicio:

a. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda;

b. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda;

c. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso, y

II. Informes anuales de gasto ordinario:

a. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;

b. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;

c. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y

d. Los informes a que se refiere esta fracción deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.

Artículo 57. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

I. Informes de precampaña:

a. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el objeto de los gastos realizados;

b. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;

c. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas;

d. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda, y

e. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes.

II. Informes de Campaña:

a. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

b. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en la fracción anterior, y

c. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar al Organo Técnico dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

Artículo 58. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

I. Informes trimestrales de avance del ejercicio:

a. Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que realice el Organo Técnico se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes.

b. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad;

II. Informes anuales:

a. Una vez entregados los informes anuales, el Organo Técnico tendrá un término de sesenta días para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al órgano previsto en el artículo 21, fracción III de esta Ley de cada partido, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b. Si durante la revisión de los informes el Organo Técnico advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, prevendrá al partido políticos que haya incurrido en ellos para que en un plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

c. El Organo Técnico está obligado a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. El Organo Técnico informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración del dictamen consolidado a que se refiere el inciso siguiente;

d. Una vez concluido el plazo referido en el inciso a) de esta fracción o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones, el Organo Técnico contará con un plazo de veinte días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo, para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

e. La Comisión de Fiscalización contara con diez días para aprobar los proyectos emitidos por el Organo Técnico, y

f. Una vez concluido el plazo a que se refiere el inciso anterior, la Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con diez días para su discusión y aprobación;

III. Informes de Precampaña:

a. Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, el Organo Técnico tendrá un término de quince días para la revisión de dichos informes;

b. El Organo Técnico informará a los partidos políticos, en su caso, la existencia de errores u omisiones técnicas y los prevendrá para que en término de siete días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

c. Una vez concluido el término referido en el inciso anterior, el Organo Técnico contará con un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo y para someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización;

d. La Comisión de Fiscalización contara con seis días para aprobar los proyectos emitidos por el Organo Técnico, y

e. Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización presentará en un plazode setenta y dos horasel proyecto ante el Consejo General, el cual contará con un plazo de seis días, para su discusión y aprobación, y

IV. Informes de Campaña:

a. El Organo Técnico revisará y auditará simultáneamente al desarrollo de la campañael destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;

b. Una vez entregados los informes de campaña, el Organo Técnico contará con diez días para revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada;

c. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

d. Una vez concluida la revisión del último informe, el Organo Técnico contará con un término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

e. Una vez que el Organo Técnico someta a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, esta última tendrá un término de seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y

f. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización a través de su presidente someterá a consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable de seis días.

Artículo 59. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por el Organo Técnico deberán contener como mínimo:

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

Artículo 60. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y resolución que emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá:

I. Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado del Organo Técnico y el informe respectivo;

II. Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, una vez que el Tribunal emita la resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, la resolución recaídas al recurso, y

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la resolución aprobada por el Consejo General y en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.

Artículo 61. Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucren dos o más campañas de un partido o una coalición de cualquier tipo, deberán efectuarse con recursos provenientes de cuentas bancarias del órgano previsto en el artículo 21 fracción II de esta Ley o, de los comités o equivalentes de los partidos políticos nacionales en las entidades federativas, y serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la forma siguiente:

I. Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de dichas erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas del partido o coalición beneficiadas por tales erogaciones, debiendo entenderse como la distribución o prorrateo que resulte de dividir el total susceptible de prorrateo en partes idénticas entre las campañas beneficiadas con el gasto, lo que se traduce en la asignación de montos iguales a los candidatos promovidos, y

II. El cincuenta por ciento restante de su valor será distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que cada partido o coalición adopte, en concordancia con las campañas beneficiadas indicadas en la fracción anterior. Dichos criterios deberán hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña y por ningún motivo podrán ser modificados con posterioridad. El partido u órgano de finanzas de la coalición deberá especificar los porcentajes de distribución a cada campaña.

Para la correcta aplicación del prorrateo, los comprobantes señalarán específicamente las campañas electorales, la localidad o localidades beneficiadas con el gasto, anexando evidencias que indiquen la correcta aplicación a las campañas electorales beneficiadas.

Los partidos políticos en ejercicio de su libertad de estrategia y planeación determinarán sus formas de prorrateo.

Artículo 62. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán solicitar en todo momento informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales y locales a la Comisión de Fiscalización.

En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización dará en sesión privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los avances de las revisiones.

TITULO VII

De los Frentes, las Coaliciones y las Fusiones

CAPITULO I

De los frentes

Artículo 63. Los partidos políticos mediante convenio podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

La constitución de un frente no afectará la personalidad jurídica de los partidos, su registro ni su identidad.

El convenio que se celebre para integrar un frente, deberá contener la forma que convengan los partidos políticos para administrar y ejercer en común sus prerrogativas.

CAPITULO II

De las coaliciones

Artículo 64. Los partidos políticos podrán participar en los procesos electorales por el principio de mayoría relativa mediante coaliciones.

Para que la coalición de partidos políticos surta efectos jurídicos deberán celebrar y registrar el convenio respectivo ante el Consejo General del Instituto o del Organismo Local, según corresponda, el cual resolverá si cumple los requisitos legales y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Gaceta o periódico oficial de la entidad federativa, respectivamente, para que surta sus efectos.

El registro de la coalición podrá ser solicitado ante la autoridad electoral hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas.

Las coaliciones se sujetarán a las reglas establecidas para gasto de campaña como si se trataran de un solo partido político.

El Presidente del Consejo General del Instituto y, en su caso, el equivalente del Organismo Local, presentarán ante el pleno de sus consejos respectivos, la solicitud de coalición y documentos base de la misma y resolverán dentro de los diez días naturales siguientes la procedencia o no de la solicitud.

Cuando se determine la procedencia de la solicitud de coalición, el Presidente del Consejo General o, en su caso, del Organismo Local ordenarán su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Gaceta o periódico oficial de la entidad federativa, según corresponda.

Artículo 65. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles.

Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulen en un mismo proceso federal o local al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulen en un mismo proceso electoral federal o local al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Artículo 66. El convenio de coalición contendrá:

I. Los partidos políticos que la forman;

II. El proceso electoral federal o local que le da origen;

III. El procedimiento interno que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición;

IV. La plataforma electoral y los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes. En el caso de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, además se entregará su programa de gobierno;

V. El señalamiento del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y

VI. El nombramiento del representante legal de la coalición para en su caso ejercer su derecho de interponer impugnaciones conforme a la ley de la materia.

Artículo 67. Queda prohibido para los partidos políticos tener más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local.

Artículo 68. Los partidos políticos que participen por primera ocasión en un proceso electoral federal o local no podrán coaligarse.

Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.

Ningún partido podrá postular candidatos que sean militantes de otro partido político, salvo cuando se trate de coalición.

Artículo 69. Concluida la etapa de resultados y de validez de las elecciones terminará automáticamente la coalición. Los candidatos que hayan ganado la elección quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que hubieren acordado en el convenio de coalición.

CAPITULO III

De las fusiones

Artículo 70. Los partidos políticos podrán fusionarse, a través de un convenio, para formar un nuevo partido o podrán incorporarse a uno de ellos. Dicho convenio deberá ser aprobado por la asamblea general del partido o su equivalente.

Ningún partido podrá fusionarse con otro, salvo que haya transcurrido por lo menos una elección federal en la cual conserve su registro.

El Instituto o los Organismos Locales resolverán sobre la procedencia y, en su caso, vigencia de la fusión, dentro de los treinta días naturales siguientes.

En caso de que sea aprobada la procedencia de la fusión, se considerara como registro del partido, el correspondiente al partido más antiguo de aquellos que se fusionen.

TITULO VIII

Del régimen sancionador

CAPITULO I

De los sujetos

Artículo 71. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones de este Libro:

I. Los partidos políticos;

II. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

III. Cualquier persona física o moral;

IV. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

V. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;

VI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos, y

VII. Los demás sujetos obligados en los términos de este Libro.

CAPITULO II

De las conductas sancionables

Artículo 72. Se consideran infracciones las siguientes conductas:

I.El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto;

II. El incumplimiento de las obligaciones en materia de financiamiento y fiscalización;

III. Exceder los límites legalmente establecidos a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos para cargos de elección popular;

IV. Exceder el monto máximo legalmente establecido para las aportaciones de los militantes y simpatizantes;

V. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas;

VI. El incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información;

VII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo, comprobación y contabilidad de los recursos de los partidos políticos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

VIII. La omisión o incumplimiento de proporcionar la información en el tiempo y forma solicitados por el Instituto o los Organismos Locales;

IX. La utilización para fines políticos de programas sociales y de recursos federales, estatales, municipales, o del Distrito Federal;

X. La afiliación colectiva o corporativa de ciudadanos a un partido político;

XI. La recepción de fondos procedentes de actividades ilícitas o de recursos ilícitos, incluidos los provenientes del extranjero, para el financiamiento del partido político;

XII. La inducción, intimidación o coacción por cualquier medio o acción, incluida la violencia física o moral, a las personas para afiliarse a un partido político, y

XIII. Las demás infracciones que se deriven del incumplimiento de este Libro.

Artículo 73. Son autores o responsables de las infracciones señaladas en el artículo 72:

I. Los que acuerden o preparen su realización;

II. Los que los realicen por sí;

III. Los que lo realicen conjuntamente;

IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, y

V. Los que inciten o determinen dolosamente a otro a cometerlo.

Artículo 74. Con base en lo establecido en el artículo anterior, se determinará la responsabilidad solidaria de los partidos políticos en la comisión de las infracciones antes señaladas.

Artículo 75. El Consejo General del Instituto impondrá a los partidos políticos una sanción consistente en una multa de trescientos y hasta diez mil días de salario mínimo general vigente, cuando:

I. No proporcione la información o documentación solicitada en los términos que para tal efecto se determine por la autoridad;

II. No presente los informes a que se refiere el TITULO VI, CAPITULO VI de este Libro, y

III. Presente, a consideración del Consejo General, cualquier irregularidad en su información contable, de transparencia o de acceso a la información.

CAPITULO III

De las sanciones

Artículo 76. Los sujetos de responsabilidad serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

II. Con la reducción de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

III. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda violatoria de las leyes electorales, y

IV. Con la cancelación de su registro como partido político.

Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales que correspondan.

Artículo 77. Toda afiliación colectiva será nula y los responsables serán sancionados de conformidad con el presente capitulo.

Artículo 78. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este CAPITULO, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral, tomará en consideración los elementos siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;

II. Las condiciones socioeconómicas del infractor;

III. El grado de intencionalidad o negligencia con que se cometió la conducta, y

IV. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para determinar la gravedad de la responsabilidad a que se refiere la fracción I, la autoridad deberá precisar la norma violada; el valor protegido y el bien jurídico tutelado.

En caso de reincidencia, la sanción será del doble de aquella que haya sido impuesta mediante resolución en que se declaró responsable por la comisión de la misma infracción.

CAPITULO IV

Del procedimiento sancionador

Artículo 79. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto o de los Organismos Locales, tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

Artículo 80. El Instituto y los Organismos Locales conocerán del procedimiento a través de los órganos que la legislación en la materia establezca.

Artículo 81. Cualquier persona podrá presentar denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante el Instituto; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

La denuncia podrá ser presentada por escrito y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados, y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos.

Artículo 82. Cuando se omita cualquiera de los requisitos señalados en el artículo anterior, el Instituto prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá por no presentada la denuncia.

Artículo 83. Recibida la denuncia, el Instituto deberá determinar lo referente a la procedencia de la misma, en un término de cinco días. En su caso, deberá determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.

Artículo 84. La parte denunciada contará con un término de quince días para responder lo que a su derecho convenga.

Artículo 85. A partir de que se admita la contestación a la denuncia el Instituto contará con treinta días para emitir su resolución.

Artículo 86. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el mismo día de su realización.

TITULO IX

De la pérdida del registro de los partidos políticos

CAPITULO I

De la pérdida del registro

Artículo 87. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

I. No participar en un proceso electoral ordinario;

II. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de diputados locales o Gobernador tratándose de un partido político local

III. No obtener por lo menos el tres por ciento la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de diputados locales o Gobernador, tratándose de un partido político local, si participa coaligado;

IV. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

V. Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral;

VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos, y

VII. Haberse fusionado con otro partido político.

La declaratoria de pérdida de registro de un partido político nacional deberá ser emitida por el Consejo General del Instituto, fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La declaratoria de pérdida de registro de un partido político local deberá ser emitida por el Consejo General del Organismo Local fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa.

Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior, hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, fracción III de esta Ley.

CAPITULO II

De la liquidación del patrimonio de los partidos políticos

Artículo 88. Emitida la declaratoria de pérdida de registro legal de un partido político por cualquiera de las causas establecidas y publicada en el Diario Oficial de la Federación o en las gacetas o los periódicos oficiales locales, según sea el caso, la autoridad electoral procederá a nombrar un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate.

El interventor designado deberá:

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación tratándose de un partido político nacional o en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa tratándose de una partido político local, para los efectos legales procedentes;

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones;

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación de la autoridad electoral. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido político nacional o a la tesorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de un partido político local, y

VII. Las decisiones de la autoridad nacional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente.

LIBRO TERCERO

DE LOS ORGANISMOS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

TITULO I

Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

Artículo 89. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El Instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Las elecciones federales y locales ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos señalados por la Constitución, las constituciones de las entidades federativas y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Los procesos electorales ordinarios iniciarán en la primera semana del mes de septiembre del año previo a la elección.

Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales hasta la conclusión de la jornada electoral federal o local que corresponda.

Queda prohibida la compra y adquisición de tiempos en radio y televisión, para la difusión de propaganda político electoral.

TITULO II

DEL ORGANISMO ELECTORAL NACIONAL

CAPITULO I

Del Instituto Nacional Electoral

Artículo 90. En términos de lo dispuesto por el Apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.

El Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

En el ejercicio de sus funciones se regirá por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Artículo 91. El Instituto contará con un Consejo General, el cual estará integrado por un consejero Presidente y diez consejeros electorales.

A las sesiones del Consejo General concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo.

CAPITULO II

De la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Artículo 92. El consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos.

Serán electos de conformidad con el procedimiento establecido por el Apartado A de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

Artículo 93. Para ser consejero del Consejo General del Instituto se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Estar inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial para votar;

III. Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, TITULO profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones;

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

VI. Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

VII. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

IX. No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador ni secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento, y

X. No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral durante el último proceso electoral federal ordinario.

Artículo 94. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

Artículo 95. El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

Artículo 96. El Instituto cumplirá la función de oficialía electoral con fe pública a través de la Secretaría Ejecutiva para actos de naturaleza electoral, de conformidad con las normas contenidas en el Código Federal y conforme a los lineamientos que, en su caso, emita el Consejo General.

En el ejercicio de la oficialía electoral, el Secretario Ejecutivo dispondrá del apoyo de funcionarios de los órganos desconcentrados, conforme a las bases que se establezcan en los lineamientos.

El Secretario Ejecutivo del Consejo General será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente.

Artículo 97. En términos del artículo 110 de la Constitución podrán ser sujetos de juicio político el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto.

Artículo 98. El Instituto contará con un Contralor General que será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior.

Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

Para la elección del Contralor General, además de lo dispuesto por la Constitución, se observará el procedimiento previsto en el Código Federal.

CAPITULO III

De las atribuciones del Instituto Nacional Electoral

Artículo 99. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. La capacitación electoral;

II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;

III. El padrón y la lista de electores;

IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;

V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;

VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos;

VII. El registro de los partidos políticos nacionales;

VIII.El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal.

IX. La preparación de la jornada electoral;

X. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

XI. La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca esta Ley;

XII.Los escrutinios y cómputos en los términos que señale el Código Federal;

XIII. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales;

XIV. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;

XV. La elección del consejero Presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos electorales locales;

XVI. Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera, y

XVII. Las demás que le señalen esta Ley, el Código Federal y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO IV

De los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia

Artículo 100. El Instituto se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

Artículo 101. En cada una de las entidades federativas el Instituto contará con una delegación integrada por:

I. La Junta Ejecutiva Local y Juntas Ejecutivas Distritales;

II. El vocal ejecutivo, y

III. De forma temporal durante el proceso electoral federal El Consejo Local o el Consejo Distrital, según corresponda.

En los términos que señale el Código Federal, todas las sesiones que celebren los órganos colegiados de dirección del Instituto serán públicas.

TITULO III

DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS ELECTORALES LOCALES

CAPITULO I

De los Organismos Públicos Electorales Locales

Artículo 102. Los organismos públicos electorales locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participarán los ciudadanos, el poder legislativo de la entidad federativa respectiva y los partidos políticos. En el ejercicio de sus funciones se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Los organismos públicos locales serán autoridad en la materia electoral, independientes en sus decisiones y funcionamiento, y profesionales en su desempeño.

Dispondrán de servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral.

Artículo 103. Los organismos públicos electorales locales Contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

El consejero Presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos electorales locales serán designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, conforme al procedimiento previsto por el artículo 106 de esta Ley.

En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto hará la designación correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Constitución y esta Ley.

Artículo 104. Los consejeros electorales de los organismos públicos locales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo.

CAPITULO II

Del proceso de elección de los consejeros

Artículo 105. Para ser consejero de alguno de los Consejos Generales de los organismos públicos electorales locales se requerirán los mismos requisitos que los que se exijan para los integrantes del Consejo General del Instituto.

Artículo 106. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años.

Las bases que emita el Consejo General deberán considerar, al menos, la emisión de una convocatoria pública que fije las reglas y plazos, así como los requisitos adicionales que deberán cumplir los aspirantes.

En el proceso de selección podrán ser consultadas organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y de carácter social, académicas, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional.

La convocatoria deberá contener al menos la exigencia de que los aspirantes cumplan los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

II. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación;

III. Contar con el perfil que acredite su idoneidad así como los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

IV. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación;

V. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, y

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto hará la designación correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Constitución y el Código Federal.

Artículo 107. Los Consejeros Electorales de los organismos públicos locales podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto por Incurrir en alguna de las causas graves contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En todo caso, se considerarán causas graves, las siguientes:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

II. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

III. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

IV. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, y

VI. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo.

CAPITULO III

De las atribuciones de los Organismos Públicos Electorales Locales

Artículo 108. Corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones en las siguientes materias:

I. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

II. Educación cívica;

III. Preparación de la jornada electoral;

IV. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

V. Escrutinios y cómputos de los procesos electorales;

VI. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

VII. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo;

VIII. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos;

IX. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, y

X. Todas las no reservadas al Instituto.

Las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales estarán a cargo, por delegación de facultades, de los organismos públicos locales.

TITULO IV

REGLAS GENERALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES

CAPITULO I

Del acceso a radio y televisión

Artículo 109. Conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Constitución, corresponde al Instituto la administración de los tiempos del Estado para fines electorales.

El Consejo General del Instituto emitirá el Reglamento de acceso a los tiempos en la radio y la televisión, el cual contendrá, al menos:

I. Las facultades de los órganos responsables de la administración de los tiempos del Estado para la difusión de los mensajes de los partidos, candidatos independientes y de las autoridades electorales de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución y en el Código Federal;

II. Los plazos para la entrega de los materiales y las especificaciones técnicas que deberán observarse para su distribución a los concesionarios, observarán lo siguiente:

a) Durante los periodos ordinarios, las órdenes de transmisión y los materiales serán entregados o puestos a disposición, según sea el caso, a los concesionarios al menos 5 días hábiles previos al inicio de su transmisión.

b) Desde el inicio de la precampaña y hasta el día de la jornada electoral, las órdenes de transmisión y los materiales serán entregados o puestos a disposición, según sea el caso, a los concesionarios, al menos 3 días naturales previos al inicio de su transmisión.

c) Las especificaciones técnicas de los materiales que deban entregarse a los concesionarios para su difusión serán establecidas en el Reglamento.

III. En el caso que con motivo del dictado de medidas cautelares se ordene la sustitución de materiales, el partido político correspondiente deberá indicar al Instituto el material de sustitución en el plazo y con las modalidades que fije el Reglamento;

IV. Las reglas para la integración del catálogo de medios que difundirán los mensajes de la propaganda política electoral e institucional, y

V. Los mecanismos de coordinación, así como las reglas que los organismos electorales deberán seguir para la integración de las pautas de las elecciones locales.

Artículo 110. Los partidos políticos y candidatos, deberán abstenerse de difundir en su propaganda cualquier expresión que calumnie a las personas. Ante el incumplimiento de esta norma, se estará a lo que señale el Código Federal y los códigos electorales locales.

Artículo 111. El Consejo General del Instituto organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los Consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

El Consejo General de los organismos públicos electorales locales, organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador y, en su caso, Jefe de Gobierno y promoverá, la celebración de debates entre candidatos a diputados locales y presidentes municipales y, en su caso, Jefes Delegacionales y otros cargos de elección popular.

Para la realización de los debates el Consejo General del Instituto y de los organismos públicos electorales locales definirán las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos.

Las estaciones de radio y televisión permisionarias públicas tendrán la obligación de transmitir en vivo, la realización de los debates obligatorios.

Los concesionarios de radio y televisión que transmitan los debates obligatorios quedarán exentos de la transmisión de la pauta durante el tiempo que duren.

Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar debates entre candidatos, debiendo comunicarlo al Instituto y a los institutos locales según corresponda.

La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa de la no realización del mismo.

CAPITULO II

De la propaganda electoral

Artículo 112. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. El Código Federal preverá las sanciones al partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este artículo.

Artículo 113. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.

La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán sancionados conforme al Código Federal.

Artículo 114. Para los efectos de este CAPITULO, se entenderá por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.

Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios.

La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido.

Artículo 115. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los Institutos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto establezca el Código Federal.

CAPITULO III

De las encuestas o sondeos de opinión

Artículo 116. El Consejo General del organismo electoral correspondiente emitirá los criterios generales que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales.

Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de la casilla, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

Las personas físicas o morales deberán presentar al Instituto o al organismo público local un informe sobre los recursos aplicados en la realización de la encuesta o sondeo de opinión en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente.

La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas en su página de Internet, por los organismos electorales en el ámbito de su competencia.

CAPITULO IV

De la distritación electoral

Artículo 117. La demarcación de los distritos electorales federales y locales se realizará con base en el último censo general de población y a los criterios generales determinados por el Consejo General del Instituto.

El Consejo General del Instituto ordenará a la Junta los estudios conducentes y aprobará los criterios generales. La distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse.

CAPITULO V

Del Padrón electoral y lista de electores

Artículo 118. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de electores.

El Instituto celebrará convenios con los organismos públicos locales en los que se establezcan los plazos y términos para el uso del padrón electoral así como la entrega de las listas de electores.

Corresponde al presidente y secretario del Consejo General del Instituto y al presidente y secretario del organismo público local respectivo, participar en la firma de los convenios a que se refiere el numeral anterior.

Es obligación del Instituto y de los organismos públicos locales brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte de la lista de electores residentes en el extranjero para las elecciones correspondientes.

El Instituto, a través de la comisión respectiva, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del órgano nacional de vigilancia, verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el padrón electoral para conformar el listado de electores tanto a nivel federal como local.

Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.

CAPITULO VI

Capacitación de funcionarios de mesas directivas y ubicación de casillas

Artículo 119. La integración de mesas directivas de casilla se hará tomando como base los sorteos que permitan obtener el número suficiente de ciudadanos para participar en las etapas de capacitación que determine la autoridad respectiva.

El Consejo General del Instituto y de los organismos públicos locales serán los responsables de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla.

Los órganos distritales federal y locales serán los responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla.

Los recorridos por las secciones que conforman los distritos electorales así como la propuesta de ubicación de casillas y las visitas de examinación en las que participen consejeros electorales, estarán a cargo de las juntas distritales ejecutivas federal y locales.

CAPITULO VII

De la impresión de documentos y producción de materiales electorales

Artículo 120. El Código Federal y los códigos electorales locales determinarán las características de la documentación y materiales electorales, debiendo establecer que:

I. Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción;

II. En el caso de las boletas electorales deberán elaborarse utilizando los mecanismos de seguridad que aprueben los consejos generales del Instituto y de los organismos públicos locales;

III. La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General respectivo, y

IV. La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional.

CAPITULO VIII

De la observación electoral

Artículo 121. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos que determinen los Consejos Generales del Instituto y de los organismos públicos locales para cada proceso electoral, de acuerdo a lo establecido en el Código Federal correspondiente.

CAPITULO IX

De los resultados preliminares y conteos rápidos

Artículo 122. Es obligación del Instituto y de los organismos públicos electorales locales mantener informada a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos por los partidos políticos y candidatos.

Conforme los paquetes electorales sean entregados al Consejo Distrital se deberán capturar los resultados que obren en el acta aprobada para tal efecto, misma que deberá encontrarse de manera visible al exterior de la caja del paquete electoral.

Los resultados difundidos a que se refiere el párrafo anterior son de carácter informativo y por lo tanto no determinan el resultado oficial.

El Instituto y los organismos locales determinarán la viabilidad en la realización de los conteos rápidos.

De igual manera, las personas físicas o morales que realicen estos conteos pondrán a su consideración, las metodologías y financiamiento para su elaboración y términos para dar a conocer los resultados de conformidad con los criterios que para cada caso se determine.

CAPITULO X

De la coordinación en materia de inteligencia financiera

Artículo 123. El Instituto deberá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera o con las unidades en materia de inteligencia financiera que determine el Ejecutivo Federal para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los órganos o dependencias de la Federación, las entidades federativas o los municipios durante cualquier proceso electoral. Para tales efectos, las unidades en materia de inteligencia financiera deberán reportar al Instituto las disposiciones relevantes o inusuales en efectivo que tenga conocimiento.

Artículo 124. Las unidades de inteligencia financiera podrán actuar sin necesidad de solicitud previa o mediante aviso. El aviso consistirá en el señalamiento de actos u operaciones en efectivo relevantes o inusuales y deberá contener como mínimo el nombre de la presunta autoridad encargada de la erogación, la fecha y lugar del acto u operación y el sector beneficiado.

Artículo 125. Cuando una unidad en materia de inteligencia financiera del Ejecutivo Federal tenga conocimiento de disposiciones de recursos públicos en efectivo durante un proceso electoral, ésta valorará su relevancia mediante una investigación, tomando en consideración la cantidad, el sector beneficiado y el número de destinatarios del recurso; asimismo, deberá determinar si la disposición en efectivo es inusual, atendiendo al motivo de la erogación, su vinculación con programas sociales y políticas públicas, situación específica del sector beneficiado y continuidad del otorgamiento del recurso.

Artículo 126. Las unidades podrán requerir a las autoridades la información, documentos, opiniones y elementos de prueba en general necesarios para la integración de la investigación, así como coordinarse con otras autoridades supervisoras para prevenir y detectar las disposiciones relevantes o inusuales. Las autoridades deberán colaborar de manera pronta y efectiva.

Artículo 127. En el caso que las unidades en materia de inteligencia financiera detecten que los órganos o dependencias de la Federación, las entidades federativas o los municipios han realizado disposiciones en efectivo relevantes o inusuales, darán aviso al Instituto mediante un informe que permita identificar los responsables de la autorización de la erogación, el monto y el sector beneficiado. El Instituto podrá requerir una ampliación de la investigación, para lo cual deberá señalar la información específica que requiere.

TITULO V

DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 128. Los códigos electorales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:

I. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales;

II. Sujetos y conductas sancionables;

III. Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;

IV. Reglas para la solicitud, procedencia, competencia y notificación de medidas cautelares; considerando que corresponderá a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto u organismo local correspondiente ordenar, en su caso, las medidas cautelares que decreten la suspensión inmediata de la difusión de propaganda política electoral en Radio y Televisión.

V. Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal, para su resolución, tanto en el nivel federal como local.

VI. Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por el Consejo General del Instituto y organismos públicos locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:

a) Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;

b) Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

c) Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y

d) Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.

CAPITULO II

Sujetos, conductas sancionables y sanciones

Artículo 129. En lo no previsto por este TITULO, se aplicará de manera supletoria la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los códigos electorales de las entidades federativas.

Artículo 130. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este TITULO y las leyes electorales estatales:

I.Los partidos políticos nacionales y locales;

II.Las agrupaciones políticas nacionales y locales;

III.Los aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular y candidatos independientes;

IV.Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

V.Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

VI.Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

VII.Los notarios públicos;

VIII.Los extranjeros;

IX.Los concesionarios y permisionarios de radio o televisión;

X.Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;

XI.Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;

XII.Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y

XIII.Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley.

Artículo 131. Constituyen infracciones a esta Ley, cometidas por los partidos políticos:

I. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los organismos locales;

II. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone esta Ley o los códigos electorales locales;

III. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de información del órgano técnico de la Comisión de Fiscalización, en los términos y plazos previstos en esta Ley;

IV. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos;

V. Exceder los topes de gastos de campaña;

VI. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción;

VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en esta Ley y los equivalentes en la legislación electoral local en materia de precampañas y campañas electorales;

VIII. La contratación o adquisición, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;

IX. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas;

X. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a su información;

XI. El incumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización;

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto, y

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

Artículo 132. Constituyen infracciones a esta Ley, cometidas por los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular y candidatos ciudadanos:

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este TITULO;

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en este TITULO;

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por la Constitución;

VI. El incumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización, y

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este TITULO.

Artículo 133. Constituyen infracciones a esta Ley, cometidas por los ciudadanos, los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso, cualquier persona física o moral:

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

II. Contratar o adquirir propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

III. Proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores, y

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 134. Constituyen infracciones cometidas por los observadores electorales y las organizaciones con el mismo propósito:

I. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 121de esta Ley, y

II. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este TITULO.

Artículo 135. Constituyen infracciones a esta Ley, cometidas por de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 136. Constituyen infracciones a la presente Ley, cometidas por los notarios públicos, el incumplimiento de las obligaciones de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

Artículo 137. Constituyen infracciones a esta Ley y demás legislación aplicable, cometidas por los extranjeros, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución.

Artículo 138. Constituyen infracciones a esta Ley, cometidas por los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

I. La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

II. La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto;

III. El incumplimiento, sin causa justificada, de su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos, y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto;

IV. La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos.

Para efectos de esta Ley se entenderá por calumnia cualquier acusación falsa, realizada maliciosamente para afectar a un candidato.

V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 139. Constituyen infracciones a esta Ley o a las leyes electorales estatales, cometidas por las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

I. No informar mensualmente al Instituto del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades tendentes a la obtención del registro;

II. Permitir que en la creación del partido político nacional o local intervengan organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el caso de agrupaciones políticas nacionales, y

III. Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización o al partido para el que se pretenda registro.

Artículo 140. Constituyen infracciones a la presente Ley, cometidas por las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización:

I. Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los mismos, y

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley o los códigos electorales locales.

Artículo 141. Constituyen infracciones a la presente Ley o los códigos electorales locales, cometidas por los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:

I. La inducción a la abstención a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación;

II. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular, y

III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley o de la ley electoral estatal correspondiente.

Artículo 142. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Respecto de los partidos políticos:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley;

e) La violación a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 13 se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial del acceso a radio y televisión, y

f) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, o de los códigos electorales locales, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político;

II. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en caso de haberse efectuado el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político del que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;

III. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral:

a) Con amonestación pública;

b) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, y

c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en el artículo 133 con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral;

IV. Respecto de observadores electorales u organizaciones de observadores electorales:

a) Con amonestación pública;

b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales, y

c) Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales;

V. Respecto de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público.

a) Con amonestación pública;

b) Respecto de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, y

c) Además de la sanciones antes señaladas, se dará vista al superior jerárquico a efecto de que inicien el procedimiento administrativo sancionador ante los órganos de Control Interno o bien de la Auditoría Superior de la Federación, según corresponda, y se deslinde la responsabilidad del funcionario involucrado;

VI. Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el caso de concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;

c) Cuando no transmitan los mensajes, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto; por vender tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos; por difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto; además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la legislación les autoriza;

d) En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 138, fracciones I y II, y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas. En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios, la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios, y

e) Cuando la sanción anterior haya sido aplicada y el infractor reincida en forma sistemática en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al Consejo General.

VII. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta, y

c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido político nacional, y

VIII. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos:

a) Con amonestación pública, y

b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta.

Artículo 143. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:

I. Conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de ley;

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso, y

III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría Superior de la Federación, o su equivalente en la entidad federativa de que se trate, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de los notarios públicos a las obligaciones que la presente Ley les impone, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente que se remitirá a la autoridad competente, para que proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos deberán comunicar al Instituto, dentro del plazo de un mes, las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de inmediato.

Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley. Si el infractor se encuentra fuera del territorio nacional, el Instituto procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que haya lugar.

Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este TITULO, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere en el presente TITULO incurra nuevamente en la misma conducta infractora a la presente Ley.

7. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto correspondiente; si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.

CAPITULO III

Del procedimiento sancionador

Artículo 144. Son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador:

I. La Sala Superior y Regionales del Tribunal;

II. El Consejo General del Instituto;

III. Los organismos locales;

IV. La Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto o la respectiva comisión de los organismos locales;

V. La Secretaría del Consejo General del Instituto o la de los organismos locales, y

VI. La Dirección Jurídica del Instituto.

Los consejos y las juntas ejecutivas, locales y distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares, para la tramitación de los procedimientos sancionadores, salvo lo establecido en el artículo 159 de esta Ley.

La Comisión mencionada en la fracción IV del primer párrafo anterior se integrará por cinco consejeros electorales, quienes serán designados, para un periodo de tres años, por el Consejo General. Sus sesiones y procedimientos serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe el propio Consejo General. La respectiva comisión en los estados se integrará conforme a la legislación respectiva.

Artículo 145. El procedimiento especial sancionador se rige preponderantemente por el principio dispositivo, que consiste en que el denunciante tiene que aportar las pruebas para acreditar su afirmación, no obstante que el denunciante no aporte indicios suficientes para que la autoridad dicte el Acuerdo de turno al Tribunal, según corresponda, o en caso de considerarlo necesario para el debido conocimiento de los hechos, la de Denuncias y Quejas del Instituto ejercerá su facultad para llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias preliminares, las cuales deben realizarse atendiendo a la naturaleza, objeto y efectos de dicho procedimiento, a fin de que tales diligencias se lleven a cabo en un plazo razonable, idóneo y proporcional, debiendo justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad, por ende se cumpla con el principio de exhaustividad por parte del órgano instructor.

En estos supuestos, el plazo para emitir el Acuerdo correspondiente se computará a partir que la autoridad cuente con los elementos necesarios.

Asimismo, se debe entender por exhaustividad la obligación de la autoridad de investigar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y hasta en tanto le genere convicción para resolver el fondo de las pretensiones planteadas.

Los procedimientos sancionadores en los que el Instituto tenga facultades de resolución deberán ser resueltas a más tardar dentro de los tres días posteriores a la jornada electoral. En el caso de que el Instituto no hubiera resuelto en el plazo antes citado deberá enviar al Tribunal todos los asuntos que estén con investigación abierta para que éste proceda conforme a derecho a resolver los expedientes pendientes de resolución.

Artículo 146. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el mismo día de su realización.

Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia se notificará personalmente, al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados del Instituto o del órgano que emita la resolución de que se trate. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio.

Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado o por conducto de la persona que éste haya autorizado para el efecto.

Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso, la primera notificación a alguna de las partes se llevará de forma personal.

Cuando deba realizarse una notificación personal, el notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada de la resolución correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en autos.

Si no se encuentra al interesado en su domicilio se le dejará con cualquiera de las personas que allí se encuentren un citatorio que contendrá:

I. Denominación del órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;

II. Datos del expediente en el cual se dictó;

III. Extracto de la resolución que se notifica;

IV. Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega, y

V. El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá esperar la notificación.

Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de todo lo cual se asentará la razón correspondiente.

Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada, procediéndose a realizar la notificación por estrados, asentándose razón de ello en autos.

Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de su representante, o de su autorizado ante el órgano que corresponda.

La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será personal, se hará a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se dicten, entregando al denunciante y al denunciado copia certificada de la resolución.

Los plazos se contarán de momento a momento y si están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. En el caso de las quejas que se inicien antes del proceso electoral, los plazos se computarán por días hábiles, respecto de las que se presenten una vez iniciado aquél, por días naturales.

Artículo 147. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Tanto la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto como el Consejo General del Instituto podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por el quejoso.

En todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo que se oculte o destruya el material probatorio.

Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.

Sólo serán admitidas las siguientes pruebas:

I. Las documentales públicas;

II. Las documentales privadas;

III. Las técnicas;

IV. La pericial contable;

V. La presuncional legal y humana, y

VI. La instrumental de actuaciones.

La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

El quejoso o el denunciado podrán aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.

Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga.

Corresponde a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto, admitir o desechar las quejas que se presenten. La citada Comisión podrá admitir aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobación del proyecto de resolución y se aporten hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesión respectiva. El Consejo General del Instituto apercibirá a las autoridades en caso de que éstas no atiendan en tiempo y forma, el requerimiento de las pruebas.

Asimismo, la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto o el Consejo General del Instituto podrán admitir aquellos elementos probatorios que, habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación correspondiente, no se hubiesen recibido sino hasta veinticuatro horas antes de la sesión respectiva. En estos casos el Consejo General del Instituto ordenará la devolución del expediente a la referida comisión para los efectos del artículo 152 de la presente Ley.

Los órganos que sustancien el procedimiento podrán hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones.

Artículo 148. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

Las pruebas documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.

Artículo 149. Para la resolución expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de procedimientos por que existan varias quejas o denuncias contra un mismo denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.

CAPITULO IV

Del procedimiento sancionador ordinario

Artículo 150. El procedimiento sancionador ordinario, es el conjunto de actos mediante el cual el Instituto puede investigar, en cualquier tiempo, si existe alguna violación a las disposiciones previstas en esta Ley, que sean diversas a los supuestos previstos por el artículo 41, Base III, apartado D de la Constitución y si es el caso, determinar responsabilidad en la comisión de la falta o irregularidad que contravenga la referida normativa electoral.

El procedimiento sancionador ordinario para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto o de los organismos públicos electorales locales correspondiente, tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

Artículo 151. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto respectivo; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicaciones eléctricas o electrónicas y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados;

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieren sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos, y

VI. Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante la omisión de cualquiera de los requisitos antes señalados, la Secretaría del Consejo General prevendrá al denunciante para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá por no presentada la denuncia.

La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral, por medios de comunicación electrónica, deberá hacerla constar en acta, requiriendo la ratificación por parte del denunciante. En caso de no acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia.

La queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto, debiendo ser remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas a la Secretaría del Consejo General para su trámite a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto o la comisión respectiva de los organismos públicos electorales locales, salvo que se requiera de la ratificación de la misma por parte del quejoso, supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso, cuando haya concluido el plazo para ello.

Los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, procederán a enviar el escrito a la Secretaría dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, una vez que realicen las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que estimen pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma.

El órgano del Instituto que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría, para que esta a su vez la remita de inmediato y sin dilación alguna a la Comisión la cual la examinará junto con las pruebas aportadas.

Recibida la queja o denuncia, la Comisión procederá a:

I. Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General en la siguiente sesión ordinaria que celebre;

II. Su revisión para determinar si debe prevenir al quejoso;

III. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma, y

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.

La Comisión contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiese prevenido al quejoso, a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma.

Artículo 152. La queja o denuncia será improcedente cuando:

I. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, el quejoso o denunciante no acredite su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico;

II. El quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;

III. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal;

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer, o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley, y

V. La denuncia sea frívola e intrascendente. Para efectos de esta fracción se entenderá como queja frívola e intrascendente a aquella que se presente con el único animo de lograr un efecto mediático y no para efectos de obtener su sanción por existir violación a una norma en materia de fiscalización.

Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

I. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;

II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro, y

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Comisión y que a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Comisión elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.

Cuando durante la sustanciación de una investigación la Secretaría advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, podrá ordenar de oficio el inicio de un nuevo procedimiento de investigación.

La secretaría llevará un registro de las quejas desechadas e informará de ello al Consejo General.

Artículo 153. Admitida la queja o denuncia, la Comisión emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias. Con la primera notificación al denunciado se le correrá traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que en su caso haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan.

La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los hechos, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas.

Artículo 154. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

Una vez que la Comisión de Denuncias y Quejas tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos y todas aquellas acciones solicitadas por la Dirección Técnica para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la investigación.

Admitida la queja o denuncia por la mencionada Comisión, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias.

El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría del Consejo General o del inicio de oficio del procedimiento por parte del Secretario. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita la Secretaría.

El Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias.

Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por la Dirección Jurídica o comisión correspondiente, a través del servidor público o por el apoderado legal que éste designe a petición por escrito de cualquiera de los antes señalados por los vocales ejecutivos de los órganos desconcentrados del Instituto; excepcionalmente, los vocales podrán designar a alguno de los vocales de las juntas para que lleven a cabo dichas diligencias. En todo caso, los vocales ejecutivos serán responsables del debido ejercicio de la función indagatoria.

Artículo 155. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Comisión de Denuncias y Quejas pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente en un término no mayor a diez días contados a partir del desahogo de la última vista. Vencido el plazo antes mencionado, el Secretario podrá ampliarlo mediante acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven; la ampliación no podrá exceder de diez días.

El proyecto de resolución que formule la Secretaría del Consejo General, deberá formularse dentro del término de cinco días, para su conocimiento y estudio.

El Presidente de la citada Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del dictamen, convocará a los demás integrantes de la misma a sesión, la que deberá tener lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución, atendiendo a lo siguiente:

I. Si el primer proyecto de la Secretaría propone el desechamiento o sobreseimiento de la investigación, o la imposición de una sanción y la Comisión está de acuerdo con el sentido del mismo, será turnado al Consejo General para su estudio y votación;

II. En caso de no aprobarse el desechamiento o sobreseimiento, o la imposición de la sanción, la Comisión de Denuncias y Quejas devolverá el proyecto a la Dirección Jurídica, exponiendo las razones de su devolución, o sugiriendo, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación, y

III. En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto y las consideraciones al respecto, la Dirección Jurídica emitirá un nuevo proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos que formule la Comisión.

Una vez que el presidente del Consejo General reciba el proyecto correspondiente, convocará a sesión, remitiendo copias del mismo a los integrantes de dicho órgano por lo menos tres días antes de la fecha de la sesión.

En la sesión en que conozca del proyecto de resolución, el Consejo General determinará:

I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;

II. Aprobarlo, ordenando al secretario del Consejo General realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;

III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del dictamen;

IV. Rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría, y

Al rechazar un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.

En caso de empate motivado por la ausencia de alguno de los consejeros electorales, se procederá a una segunda votación; en caso de persistir el empate, el consejero presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que se encuentren presenten todos los consejeros electorales.

El consejero electoral que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo si se remite al secretario dentro de los dos días siguientes a la fecha de su aprobación.

En el desahogo de los puntos de la orden del día en que el Consejo General deba resolver sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, éstos se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por separado.

CAPITULO V

Del procedimiento especial sancionador

Artículo 156. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial establecido por el presente CAPITULO, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

I. Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución;

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en esta Ley, y

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

Artículo 157. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión durante la realización de los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.

Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie sólo podrán iniciar a instancia de parte afectada.

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente, o mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia la remitirá inmediatamente a la Secretaría, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna, cuando:

I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo 3 del presente artículo;

II. Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo;

III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, y

IV. La materia de la denuncia resulte irreparable.

En los casos anteriores la Comisión a través de la Dirección Jurídica notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance, dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito.

Cuando admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

Si la Comisión considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro del plazo antes señalado, en los términos establecidos en el artículo 155 de esta Ley.

Artículo 158. La tramitación o substanciación de las quejas o denuncias, se sujetará a lo establecido en el presente artículo.

Una vez recibida, la Secretaría del Consejo General la remitirá de inmediato y sin dilación a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto, quien verificara que se hubieren cumplido los requisitos señalados en el presente TITULO y cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores.

Si de la revisión que realice la referida comisión advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, elaborara el acuerdo de desechamiento que someterá a consideración del pleno de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Si la queja o denuncia no contiene los requisitos indicados en el artículo 151 de esta Ley,se prevendrá al promovente para que la subsane dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, apercibiéndole de que si no lo hace se le desechara de plano;

La Secretaría del Consejo General con acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, inmediatamente que reciba la queja emitirá el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento. En caso de que se hubiese prevenido al promovente, a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma.

El acuerdo de la referida Comisión que decrete el desechamiento de la queja o denuncia, podrá ser impugnado a través del recurso de apelación previsto en Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

Si la queja o denuncia reúne los requisitos establecidos en el presente TITULO, la Comisión a través de la Dirección Jurídica dictará la admisión correspondiente, ordenando el emplazamiento al presunto infractor, para que en un término de cuarenta y ocho horas contados a partir del día siguiente al de la notificación, conteste por escrito lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que acrediten su defensa y señalando la fecha para la celebración de la audiencia de ley y las aportadas por el actor .

En la admisión, o en su caso, al decretar el inicio del procedimiento oficioso, la Comisión de Denuncias y Quejas ordenará la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, partiendo de los elementos de pruebas que obren en su poder;

La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Dirección Jurídica debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia, además de las certificaciones que realice el Secretario Fedatario.

La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados, la que se desarrollará en los siguientes términos:

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como denunciante;

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;

III. La Dirección Jurídica, o la Secretaría en su caso, resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Dirección Jurídica concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.

Celebrada la audiencia, la Dirección Jurídica cerrara instrucción, y procederá dentro de los dos días siguientes a remitir a la Sala Superior del Tribunal, el expediente original formado con motivo de la queja o denuncia, informando los trámites realizados y en su caso si realizo diligencias en forma oficiosa;

Recibido el expediente en la Sala Superior del Tribunal, su presidente lo turnará a la Unidad de Procedimientos Especializados en materia Electoral, quien deberá:

I.Radicar la queja o denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento de las fracciones anteriores;

II.En su caso, ordenar inmediatamente al Instituto la reposición del procedimiento, cuando advierta omisiones o deficiencias en su tramitación, o violación a las reglas establecidas en los apartados precedentes. En estos casos, la Unidad de Procedimientos Especializados en materia Electoral, determinará las diligencias que se deben realizar, y el plazo para llevarlo a cabo, el cual no podrá exceder de dos días contados a partir de que la Secretaría del Instituto reciba el expediente.

De persistir la violación procesal una vez repuesto el procedimiento, corresponderá a la Unidad de Procedimientos Especializados en materia Electoral su desahogo en los términos del presente artículo, quien impondrá una sanción a la autoridad instructora por haber violado el principio de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a los funcionarios electorales;

III. Si el expediente se encuentra debidamente integrado, la Unidad de Procedimientos Especializados en materia Electoral deberá proponer de manera inmediata e improrrogable al pleno de la Sala correspondiente un proyecto de sentencia en el que se resuelva el procedimiento sancionador. El Pleno en sesión pública deberá resolver el asunto en un plazo fatal de cuarenta y ocho horas, a partir de su discusión en la sesión privada, y

IV. En la sesión pública la Sala correspondiente del Tribunal conocerá y resolverá sobre el proyecto de sentencia. En caso de comprobarse la infracción denunciada, ordenará la cancelación inmediata de la transmisión de la propaganda política o electoral en radio y televisión motivo de la denuncia; el retiro físico, o la inmediata suspensión de la distribución o difusión de propaganda violatoria de esta Ley, cualquiera que sea su forma, o medio de difusión, e impondrá las sanciones correspondientes.

CAPITULO VI

Del procedimiento especial ante órganos desconcentrados

Artículo 159. Cuando las denuncias a que se refiere este CAPITULO tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda.

Desde el inicio del proceso electoral federal, y hasta que se integren los Consejos Distritales, la tramitación del procedimiento especial sancionador ante los consejos o juntas distritales se sujetará a lo siguiente:

I. La denuncia será presentada ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital del Instituto que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada;

II. El Vocal Ejecutivo ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en el artículo anterior para la Comisión de Quejas y Denuncias, conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados por el mismo artículo;

III.El Vocal Ejecutivo dará aviso de inmediato a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto acerca de la presentación del escrito correspondiente, con el propósito de que en un plazo de veinticuatro horas, el mismo determine si en un primer momento ejerce su facultad de atracción o no, en términos de lo dispuesto por el artículo 161de la presente Ley en este mismo aviso solicitará de ser el caso la adopción de medidas cautelares por parte de la referida comisión;

IV. En caso de que la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto ejerza la facultad de atracción, determinará, atendiendo a los sujetos y circunstancias del caso concreto, si las juntas o consejos distritales sustancian el procedimiento hasta la conclusión de la audiencia de pruebas y alegatos, o si dicho procedimiento se sustancia y resuelve íntegramente en forma centralizada. Por otro lado, la citada Comisión valorarla si a lugar o no de medidas cautelares en caso de que se las hubieran solicitado;

V. Si la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto, a través de la Dirección Jurídica, determina que debe celebrarse la audiencia de pruebas y alegatos en las juntas o consejos distritales, una vez concluida la misma deberá remitirse el expediente para que se resuelva de manera centralizada;

VI.Las comunicaciones entre la Dirección Jurídica y las juntas o consejos distritales, se realizarán mediante el sistema electrónico o digital institucional que para tal efecto se instrumente;

VII.El Vocal Ejecutivo responsable contará con un plazo de veinticuatro horas para emitir el Acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir de que reciba la queja o denuncia;

VIII.En el Acuerdo de admisión correspondiente, el Vocal Ejecutivo responsable asentará formalmente la vista que haya comunicado de manera expedita a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto por el sistema electrónico o digital institucional que se haya determinado a efecto de que éste valorara el ejercicio de la facultad de atracción;

IX.Admitida la denuncia, el Vocal Ejecutivo Distrital de que se trate, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos, así como con las demás constancias que obren en el expediente; la audiencia se cancelará únicamente en el caso de que el Secretario decida ejercer su facultad de atracción, a fin que la audiencia se celebre a nivel central y no distrital;

X. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por el vocal ejecutivo que se trate, debiéndose levantar, por parte del vocal secretario atinente, constancia de su desarrollo;

XI. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados. Al respecto, las facultades y obligaciones previstas para el Secretario serán aplicables al vocal ejecutivo;

XII.Celebrada la audiencia, el Vocal Ejecutivo deberá formular un proyecto de resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes, y lo presentará ante la junta o consejo distrital, para lo cual convocará a sesión pública que deberá celebrarse, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la elaboración del citado proyecto;

XIII.En la sesión respectiva la junta o consejo distrital resolverá sobre el proyecto de resolución. En caso de comprobarse la infracción denunciada, la junta o consejo distrital ordenará el retiro físico, así como la cancelación de la distribución o futura publicación de la propaganda violatoria de esta Ley, diferente a la transmitida por radio y televisión, que haya motivado la denuncia correspondiente;

XIV.La resolución deberá aprobarse en la sesión señalada en el inciso inmediato anterior. En el caso que en dicha sesión la junta o consejo distrital hubiese arribado a conclusiones contrarias a las planteadas en el proyecto presentado por el vocal ejecutivo, dicho funcionario procederá a realizar el engrose de dicho fallo en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos aprobados, y

XV. En ningún caso se devolverá el proyecto al Vocal Ejecutivo a efecto que convoque a una sesión posterior. El engrose puede comprender la modificación parcial o total del proyecto presentado por el Vocal Ejecutivo. El Vocal Ejecutivo contará con veinticuatro horas para elaborar el engrose respectivo, realizando la notificación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

En caso que los representantes no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. Este último requisito no será exigible tratándose de los representantes ante el Consejo de Denuncias y Quejas y ante los consejos Locales o Distritales.

Las resoluciones que aprueben los consejos o juntas distritales del Instituto podrán ser impugnadas ante los correspondientes consejos o juntas locales, cuyas resoluciones serán definitivas.

En el desahogo de los puntos del orden del día en que los consejos deban resolver sobre los Proyectos de Resolución relativos a quejas o denuncias, éstos se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por separado.

El vocal ejecutivo de la junta o consejo distrital atinente será el único autorizado a firmar cualquier escrito, oficio o actuación relacionados con este procedimiento, sin que haya posibilidad alguna de delegar dicha función en otro u otros funcionarios del Instituto adscritos a dicho órgano sub delegacional.

El vocal secretario auxiliará en todo momento al funcionario señalado en el párrafo precedente, y podrá realizar las diligencias de verificación que le sean ordenadas por el vocal ejecutivo.

CAPITULO VII

Del Recurso de Revisión

Artículo 160. El recurso de revisión se interpondrá en contra de la resolución del Consejo General o Junta Distrital correspondiente.

Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnados.

CAPITULO VIII

De la facultad de atracción

Artículo 161. Los procedimientos especiales sancionadores instaurados por la actualización de alguno de los supuestos previstos en esta Ley, podrán ser atraídos por el Consejo General del Instituto a solicitud de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto en cualquier momento procedimental previo al dictado de la resolución, si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o reviste gravedad.

El Secretario y otros órganos que reciban la queja o denuncia respectiva, atenderán a lo siguiente:

I. Si se presenta ante el Secretario, éste la enviará de inmediato y sin dilación a la Comisión de Denuncias y Quejas, la que valorará si propone al Consejo General del Instituto el ejercer o no la facultad de atracción que tiene conferida. En caso que éste determine que debe atraer el asunto, avisará de dicha determinación a la junta o consejo distrital atinente;

II. Si el Secretario determina no ejercer la facultad de atracción, remitirá la queja o denuncia a la junta o consejo distrital competente a efecto de que el mismo sustancie el procedimiento;

III. Si la queja o denuncia es presentada ante las juntas o consejos locales, estos órganos informarán al Secretario de su interposición y remitirán a las juntas o consejos distritales competentes las constancias que se hubieren presentado, para su posterior trámite y sustanciación, y

IV. Si la queja o denuncia se presenta ante las juntas o consejos distritales, éstos darán aviso de su interposición al Secretario mediante el sistema electrónico o digital institucional que se determine para tal efecto, y tramitarán el procedimiento respectivo a la Comisión.

De manera enunciativa, más no limitativa, la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto valorará como cuestiones susceptibles de ser atraídas las siguientes:

I. Que la conducta denunciada como violatoria de la normativa comicial federal haya ocurrido en dos o más distritos electorales federales;

II. Que los hechos denunciados hayan sido cometidos por funcionarios públicos federales, estatales, municipales o del Distrito Federal;

III. Que en la propaganda denunciada calumnie en términos de lo dispuesto por esta Ley;

IV. Que la propaganda denunciada sea de carácter religioso;

V. Que la propaganda denunciada sea en medios impresos nacionales o en portales de Internet, y

VI. El hecho denunciado sea relevante y pueda incidir o afectar el proceso electoral.

CAPITULO IX

De los medios de apremio

Artículo 162. Por medios de apremio se entiende los instrumentos jurídicos a través de los cuales los órganos del Instituto que tramiten, integren y sustancien el procedimiento, pueden emplear para hacer cumplir coactivamente sus determinaciones, los siguientes:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación pública;

III. Multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;

IV. Auxilio de la fuerza pública, y

V. Arresto hasta por 36 horas, con el apoyo de la autoridad competente.

El apercibimiento podrá ser declarado en cualquiera de los autos que el Secretario o el vocal ejecutivo de la Junta Local o Distrital correspondiente dicten durante el procedimiento, de oficio o a solicitud del Presidente del órgano colegiado cuya determinación haya sido incumplida.

En este último caso, tanto el Secretario como el vocal ejecutivo de la Junta Local o Distrital correspondiente o cualquier integrante de los órganos resolutores, ya sea la Comisión, las juntas o consejos locales o distritales o el Consejo General, según sea el caso, podrán solicitar la imposición de cualquiera de las medidas antes enunciadas o las que se estimen pertinentes.

De ser procedente el medio de apremio, la imposición de cualquiera de los medios de apremio contemplados las fracciones IV y V del presente artículo, se dirigirá a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, para que procedan a su aplicación.

Los medios de apremio podrán ser aplicados a las partes, sus representantes y, en general, a cualquier persona con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos sustanciadores o resolutores, actuando de manera colegiada o unitaria.

Si la conducta asumida pudiese constituir algún delito, el Secretario ordenará que se levante el acta correspondiente y que se haga del conocimiento de la autoridad competente para que proceda conforme a derecho. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del órgano resolutor de ordenar las vistas correspondientes al resolver las quejas o denuncias presentadas.

Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los notarios públicos, los medios de apremio se aplicarán sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse.

Los incumplimientos a los requerimientos de información del Instituto a las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, se regirán por el procedimiento previsto en esta Ley.

CAPITULO X

De las medidas cautelares

Artículo 163. Las medidas cautelares pueden ser dictadas u ordenadas por el Consejo General o la Comisión de Denuncias y Quejas, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta del Presidente del Consejo General en proceso ordinario o especial sancionador, incluyendo el procedimiento de fiscalización. Para tal efecto, dichos órganos podrán sesionar en cualquier día del año y las medidas cautelares podrán tramitarse, dictarse y notificarse todos los días, durante los procesos electorales federales y locales.

Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, cuando se denuncie la presunta conculcación de los dispositivos constitucionales y legales, que puedan actualizar alguno de los supuestos que, de forma enunciativa más no limitativa, se enumeran a continuación:

I. Por la difusión, contratación y adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión por parte de los partidos políticos, por sí o por terceras personas físicas o morales;

II. Por la difusión, contratación y adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión por parte de personas físicas o morales a TITULO propio o por cuenta de terceros dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

III. Por la violación o incumplimiento a las pautas y tiempos de acceso a radio y televisión;

IV. Por la difusión de propaganda política o electoral por parte de los partidos políticos o personas sobre las que aquéllos tengan calidad de garantes, que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos o que calumnien a las personas;

V. Por la difusión de propaganda gubernamental en radio o televisión de los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales o locales, y hasta la conclusión de la jornada electoral.

VI. En general, cuando se presuma la conculcación de los principios constitucionales y legales que rigen la materia electoral, incluso cuando se trate de actos continuados;

VII. Por la contravención de las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en la legislación electoral local, y

VIII. Por constituir actos anticipados de precampaña o campaña a nivel local.

No procederá la adopción de medidas cautelares en contra de actos consumados, irreparables o de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquéllos cuyos efectos no puedan retrotraerse y que sean materialmente imposibles de restituir al estado en que se encontraban antes que ocurrieran los actos denunciados, así como en contra de actos futuros de realización incierta.

Las solicitudes de adopción de medidas cautelares deberán constar solo en la queja y por escrito y serán presentadas al Secretario, quien podrá ordenar alguna diligencia de investigación, e informará de su recepción, por la vía más expedita, a la Presidencia y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Denuncias y Quejas, sin que de entre la solicitud y el resultado pasen veinticuatro horas. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Secretario de someter a aprobación de la mencionada Comisión, de forma oficiosa, la adopción de medidas cautelares cuando lo considere pertinente.

Cuando tal solicitud sea recibida por los órganos desconcentrados del Instituto, la misma será remitida de forma inmediata y por el medio más expedito al Secretario Ejecutivo.

Cuando la solicitud de adoptar medidas cautelares resulte notoriamente improcedente, o cuando de la simple narración de los hechos o de la investigación preliminar realizada se observe que los actos resultan consumados, irreparables o de imposible reparación, la Comisión de Denuncias y Quejas podrá desechar la solicitud sin mayor trámite. Lo anterior lo hará del conocimiento por escrito del Presidente de la Comisión y del solicitante.

Si la solicitud referida no resultó notoriamente improcedente, la Comisión de Denuncias y Quejas dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, y una vez que realice las diligencias conducentes, en su caso resolverá lo conducente.

El Acuerdo en que se ordene la adopción de medidas cautelares, deberá contener lo siguiente:

I. Las condiciones que sustentan su pronunciamiento:

a) La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y

b) El temor fundado que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.

II. La justificación de la medida cautelar específica que se impone, a partir de los elementos siguientes:

c) La irreparabilidad de la afectación;

d) La idoneidad de la medida;

e) La razonabilidad, y

f) La proporcionalidad.

En el Proyecto de Acuerdo que la Dirección Jurídica presente a la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto, podrá proponer de manera enunciativa y no limitativa, las medidas cautelares siguientes:

I. Ordenar la suspensión de la transmisión de promocionales de radio y televisión;

II. Ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley, y

III. Prohibir u ordenar cesar la realización de actos contrarios a la ley.

En el supuesto que en la sesión de la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto se determine modificar el sentido o los argumentos incluidos en el Proyecto de Acuerdo presentado por la Dirección Jurídica, el Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas ordenará la realización de los engroses correspondientes a la Secretaría Técnica, quien para ese fin contará con el apoyo de la Dirección Jurídica. En todo caso, en la sesión de mencionada Comisión se expresarán los argumentos y, en su caso, puntos resolutivos, que deberán ser incluidos en el engrose del Acuerdo.

El acuerdo en que se determine la adopción de medidas cautelares establecerá la suspensión inmediata los hechos materia de la misma, otorgando en su caso un plazo no mayor a veinticuatro horas para que los sujetos obligados la atiendan, considerando la naturaleza del acto. Tratándose de materiales que se difundan en radio o televisión, en todo caso, se ordenará la suspensión de la transmisión en un plazo no mayor a 12 horas, a partir de la notificación formal del Acuerdo correspondiente.

La aplicación de una medida cautelar se deberá notificar formalmente a las partes, con independencia que el Acuerdo se haga de su conocimiento a través de los medios más expeditos.

En los casos en que se haya ordenado el retiro de propaganda en lugares prohibidos, los responsables deberán observar las reglas de protección al medio ambiente.

Cuando el Instituto a través de cualquiera de sus áreas operativas, tenga conocimiento del probable incumplimiento, por parte de los sujetos de responsabilidad, de alguna medida cautelar ordenada por la Comisión, podrá dar inicio a un nuevo procedimiento para la investigación de estos hechos, o los podrá considerar dentro de la misma investigación. Asimismo, de considerarlo necesario, podrá dictar cualquiera de los medios de apremio previstos en esta Ley, para lograr el cumplimiento de la medida ordenada.

Para estos fines, los órganos y áreas del Instituto darán seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas e informarán al Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas, de cualquier incumplimiento.

En caso que haya ausencia de alguno de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión por asuntos de trabajo, enfermedad, recesos o alguna otra causa de fuerza mayor o caso fortuito que motive la misma, y no sea posible conformar la integración completa de la Comisión para efectos de sesionar sobre asuntos relacionados con la solicitud de adopción de medidas cautelares, se tomarán las providencias siguientes:

I. El Consejero Electoral integrante de la Comisión que esté presente, localizará a los consejeros electora ausentes, con el apoyo del Secretario; les comunicará de la necesidad de celebrar una sesión para el efecto de determinar medidas cautelares y les convocará en el mismo acto. De la misma manera, levantará acta de las diligencias que lleve a cabo para dicha localización y convocatoria;

II. En caso que no sea posible la localización o comunicación con los consejeros electorales ausentes o con alguno de ellos, el Consejero Electoral integrante de la Comisión de Denuncias y Quejas que esté presente, reportará lo conducente en actas y convocará a uno o dos consejeros electorales que no sean miembros de dicha Comisión a que participen por única ocasión con voz y voto en la sesión. Los consejeros electorales convocados surgirán de una lista previamente aprobada por el Consejo General para estos efectos y serán llamados a participar en la sesión conforme al orden en el que aparezcan en la lista. El quórum de dicha sesión se tomará con los miembros presentes.

III.El Consejero Electoral integrante de la Comisión que esté presente, asentará en actas los hechos relatados en los incisos anteriores. La lista de consejeros electorales suplentes será renovada cada tres años, o cuando se verifique la renovación de consejeros electorales; para este último caso, la lista se aprobará en la sesión siguiente a la que los nuevos consejeros electorales hayan tomado protesta del cargo, y

IV. En caso que uno de los ausentes sea el Presidente de la Comisión de Denuncias y Quejas, el Consejero Electoral integrante de la Comisión que esté presente se encargará de presidir por esa única ocasión la sesión que se trate, con las responsabilidades que correspondan en términos de convocatoria, nombramiento del Secretario Técnico, conducción de la sesión, votaciones, firma de acuerdos y remisión de los expedientes a quienes corresponda, tanto por las medidas cautelares tomadas como las propias de archivo y transparencia.

Cuando haya plenitud y certeza técnica, podrá explorarse la asistencia de carácter virtual o remota, a través de las tecnologías de la información y comunicación para que de manera remota o a distancia, sin contar con el elemento presencial en el lugar, de alguno de los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Denuncias y Quejas permitan la transmisión simultánea de su voz e imagen. La asistencia virtual o remota sólo podrá realizarse cuando habiéndose llevado a cabo las acciones previstas en las fracciones I, II y III del párrafo anterior, resulte necesario que la mencionada Comisión emita medidas cautelares y no exista quórum para sesionar.

Para la instrumentación de la asistencia remota, se atenderá a lo siguiente:

I. La asistencia podrá llevarse a cabo de manera virtual, a través de un esquema de videoconferencia u otras herramientas de informática o telemática similares que permitan analizar, plantear y discutir en tiempo real, los puntos del orden del día aprobados por la Comisión de Denuncias y Quejas;

II. La asistencia virtual o remota deberá garantizar los principios de simultaneidad y deliberación de los asuntos de la Comisión;

III. El registro de asistencia de carácter virtual se verificará mediante firma electrónica de los consejeros electorales integrantes de la Comisión;

IV. Las sesiones de las comisiones a las que se ocurra mediante la asistencia virtual serán videograbadas para los efectos procedimentales conducentes, y

V. La convocatoria para quienes por circunstancias extraordinarias asistan de formar virtual, deberá señalar fecha y hora, debiéndose acompañar el proyecto de orden del día y se remitirá vía correo electrónico con la información soporte del asunto que se desahogará al interior de la Comisión, precisando que dicha información remitida en soporte informático estará disponible en un micro sitio o red interna del Instituto, debiendo mediar acuse de recepción del Consejero Electoral que sea convocado por esta vía.

CAPITULO XI

De las medidas cautelares, tratándose de propaganda en radio y televisión, en asuntos de competencia exclusiva de los organismos públicos electorales locales

Artículo 164. Tratándose de procesos electorales de las entidades federativas, en los que la autoridad electoral local haya dado inicio al procedimiento sancionador, por violaciones a una norma electoral local, si ha dictado y en la misma se solicitan medidas cautelares en materia de radio o televisión, o bien contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en la ley electoral local, o de conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña a nivel local remitirá al Secretario del Instituto, su solicitud o acuerdo de la medida cautelar para que procedan de manera inmediata al auxilio correspondiente.

En caso de que la queja o solicitud de medidas cautelares sea presentada simultáneamente ante el Instituto, éste le notificará vía fax al órgano electoral local correspondiente para que informe sí ya se presentó una queja o solicitud de medidas cautelares ante esa autoridad por los mismos hechos y si es el caso remita el oficio de solicitud de colaboración para dar cumplimiento a la medida cautelar ordenada, pero en ningún momento remitir el escrito de queja al instituto local atinente.

Una vez recibida la solicitud, el Secretario abrirá un cuaderno auxiliar y una vez realizadas las diligencias que estime necesarias, lo remitirá de inmediato a la Comisión de Denuncias y Quejas, con un Proyecto de Acuerdo, para que ésta en un plazo de veinticuatro horas se pronuncie exclusivamente sobre la adopción de auxilio solicitado.

La solicitud de medidas cautelares correspondiente, deberá contener:

I. Identificación del promovente;

II. Argumentos que acrediten su interés jurídico;

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y si es posible un correo electrónico;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la solicitud de decretar las medidas cautelares, manifestando la posible afectación a los valores y principios que rigen la materia electoral, y

V. En su caso, las pruebas con las que acredite la razón de su dicho.

En el Acuerdo que emita la Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto, se deberá realizar una valoración de los contenidos de los materiales denunciados a la luz de la legislación presuntamente violada.

Una vez que la Comisión haya aprobado un Acuerdo respecto de la adopción o no de las medidas cautelares solicitadas, lo remitirá de inmediato a la Dirección Jurídica, quien deberá notificarlo a las partes, así como a la autoridad electoral local y demás autoridades competentes, sin perjuicio de hacerlo del conocimiento de las partes a través de los medios más expeditos. Realizado lo anterior, la Dirección Jurídica integrará todas las actuaciones al cuaderno auxiliar respectivo, mismo que remitirá en original a la autoridad electoral local, previa formación de una copia certificada del mismo para sus archivos.

Para efectos de lo establecido en el presente artículo, y con el propósito de garantizar la expedites en la atención de las solicitudes de medidas cautelares, así como que las autoridades electorales locales cuenten con elementos suficientes para determinar la intervención de este Instituto para efectos de la posible adopción de medidas cautelares, el Instituto podrá celebrar convenios de colaboración con éstas.

CAPITULO XII

Cumplimiento de la medida cautelar

Artículo 165. Cuando el Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto tenga conocimiento del probable incumplimiento de alguna medida cautelar ordenada por la propia Comisión, podrá dictar cualquiera de los medios de apremio que prevea la Ley para lograr su cumplimiento

TITULO VI

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPITULO I

De la Facultad de atracción de la elección local y del procedimiento de atracción de competencia

Artículo 166. La atracción total o parcial de los procesos electorales locales, a que se refieren los incisos a) y c) de la base V del artículo 41 de la Constitución, se resolverá considerando las siguientes reglas.

La secretaría ejecutiva someterá al consejo general del Instituto el Acuerdo de atracción para que el Instituto asuma directamente las actividades propias de las funciones electorales que corresponden a los organismos públicos locales cuando exista petición fundada y motivada ante el Instituto, de todos los partidos políticos que cuenten con registro nacional o local, que pueden participar en el proceso electoral local de que se trate o de la mayoría de cinco votos del Consejo General del organismo público local o de alguno de los poderes de la entidad federativa de que se trate con atribuciones para ello.

Artículo 167. Los casos de atracción total de la elección distintos a la facultad que se refiere el artículo anterior, se resolverán mediante Procedimientos especiales que deberá instaurar la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

La atracción total de la competencia de una elección local solamente será procedente cuando se acredite fehacientemente en el procedimiento respectivo que se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

I. Que existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa que a decir del peticionario afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden por lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección, por el organismo público local competente, y

II. Que no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia comprobable de algunos de los poderes públicos en la entidad federativa que afecten de forma total la organización del proceso electoral por el organismo público local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad.

Los procedimientos de atracción se iniciarán a petición fundada y motivada ante el Instituto, de los partidos políticos que cuenten con registro nacional o local, que pueden participar en el proceso electoral local de que se trate o de la mayoría del Consejo General del organismo público local. La petición de atracción se podrá presentar desde un año antes de que inicie el proceso electoral local.

El escrito inicial deberá contener:

I. Nombre y domicilio del actor;

II. Acreditación de la calidad de los solicitantes mediante la documentación pertinente;

III. Una narración de los hechos que motivan su petición de atracción, en las que deberá señalar cuáles son las condiciones que impiden que la elección se organice total o parcialmente por el organismo público local y cuáles principios electorales estima vulnerados;

IV. Pruebas que acrediten su narración y la petición de atracción; y

V. Fecha y firma.

Una vez recibida la petición, el Secretario Ejecutivo la registrará y la hará pública en la página de internet del Instituto. En el término de dos días podrá, prevenir al actor, en caso de que su escrito inicial carezca de algún elemento de los señalados en el párrafo anterior o exista falta de claridad en el escrito para que lo subsane en un término de cuarenta y ocho horas.

La Secretaría ejecutiva dentro de los cuatro días hábiles siguientes, a la recepción o a que se tenga por desahogada la prevención, emitirá un acuerdo de apertura del procedimiento en el que se determinará su admisión o su rechazo por notoriamente improcedente y emplazará al organismo público local, para que comparezca en el procedimiento pudiendo presentar, en su caso, las pruebas o alegatos que considere convenientes, lo anterior sin perjuicio de ordenar las investigaciones y recabar las pruebas que estime pertinentes.

El Secretario Ejecutivo podrá desechar la petición de atracción por improcedente cuando:

I. Se hubiere promovido por alguna persona que carezca de la legitimación para hacerlo;

II. Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales o ligeros;

III. Ya se hubiera resuelto un procedimiento de atracción sobre el mismo proceso electoral local;

IV. No se hubieran aportado pruebas que permitan siquiera de forma indiciaria acreditar los dichos del actor; y

V. Se hubiera presentado la petición fuera de los tiempos previstos en la presente ley.

La petición de atracción se sobreseerá cuando una vez admitida la petición el actor se desista mediante escrito presentado ante el Secretario Ejecutivo o la situación que dio origen a la petición hubiere desaparecido.

En este procedimiento se admitirán como pruebas:

I. Testimoniales públicas ante la oficialía electoral;

II. Documentales públicas y privadas;

III. Pruebas técnicas y;

IV. Presuncional legal y humana.

El Consejo General del Instituto resolverá el proyecto de resolución que someta la Secretaría Ejecutiva, por lo menos ciento veinte días antes de que inicie el proceso local correspondiente, valorando los elementos que hayan sido denunciados que afecten a alguno o a varios de los principios constitucionales electorales que dieron motivo a la solicitud de la atracción.

En la etapa de investigación y desahogo de pruebas del procedimiento, se tomarán en cuenta además de las pruebas que obren dentro del procedimiento, las opiniones de todos los partidos políticos que participan en el proceso, de los poderes del Estado y otros actores políticos que puedan incidir en el proceso.

En la investigación la Secretaría Ejecutiva se podrá allegar de elementos de información y apoyo de las autoridades competentes, y de opinión pública, para que se tomen en cuenta al momento de la resolución.

La resolución de la atracción total de la elección local se aprobará, en su caso, al menos por mayoría de ocho votos de los consejeros electorales con derecho a voto y podrá ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal.

Una vez iniciado el proceso electoral local no se podrá instaurar el procedimiento de atracción total de la elección.

Artículo 168. Las reglas sobre notificaciones, términos, valoración de las pruebas y el derecho de audiencia en este procedimiento, serán las que se establecen en general para los procedimientos electorales en el Código Federal y se aplicarán de manera supletoria en lo que no contravenga el presente ordenamiento, las disposiciones previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

Artículo 169. En el caso de la facultad de atracción parcial para supervisión de alguna función electoral dentro del proceso local, a que se refiere el inciso c) de la base V del artículo 41 de la Constitución, la petición deberá formularse por al menos dos de los partidos políticos con registro que participen en el proceso electoral local, por el Consejo General del organismo público local o por alguno de los poderes del Estado; el Consejo General del Instituto por mayoría de al menos ocho votos, resolverá el proyecto de resolución que someta a su consideración la Secretaría Ejecutiva en donde se valoren los elementos de la petición de atracción y la opinión del Consejo General del organismo público local, para que en su caso se pueda determinar si hay condiciones y elementos para atraer para su supervisión alguna de las funciones a que se refiere el apartado C, Base V, del artículo 41 de la Constitución.

La petición deberá contener los elementos señalados en el artículo 165 de esta Ley, se deberá presentar durante los noventa días anteriores al inicio del proceso electoral local correspondiente y deberá resolverse dentro de los treinta días anteriores al inicio del proceso.

Para el caso de la atracción parcial de una cuestión en razón de su trascendencia, deberá acreditarse en el Acuerdo del Consejo General del Instituto que el asunto atañe a la organización y desarrollo de los procesos electorales en el ámbito nacional.

Se considera que una cuestión es trascendente cuando afecta o puede afectar el desarrollo del proceso electoral conforme a los principios rectores de la función estatal electoral, y que por sus características especiales tiene repercusión en el ámbito nacional.

Para la atracción de una cuestión a fin de establecer un criterio de interpretación aplicable a los procesos electorales en todo el país, en el Acuerdo del Consejo General del Instituto deberá acreditarse que se trata de un asunto inherente a todos los procesos electorales del país.

En el caso de que se resuelva la atracción para supervisión de alguna función, se determinará de qué forma se llevará a cabo esta supervisión.

Las resoluciones correspondientes a esta función las emitirá el Consejo General del Instituto con apoyo en el trabajo de sus comisiones y con apoyo del Consejo General del organismo público local, estas decisiones podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral.

CAPITULO II

De la facultad de delegación

Artículo 170. Para el caso del supuesto de delegar alguna función electoral que corresponda al Instituto en los organismos públicos locales que señala el inciso b) de la base V del artículo 41 de la Constitución, la Secretaría Ejecutiva someterá al Consejo General del Instituto los Acuerdos de resolución en donde se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.

Para el ejercicio de esta facultad el acuerdo del Consejo deberá valorar:

I. La evaluación positiva de las capacidades profesionales, técnicas, humanas y materiales del organismo público local electoral, y

II. La disposición presupuestal del Instituto para la asignación de los recursos inherentes al gasto público que requiere el desempeño de las funciones propuestas para efectos de delegación al organismo público local.

La delegación solamente procederá si no ha iniciado el proceso electoral local correspondiente y si se aprueba por el voto de ocho consejeros electorales, sin perjuicio de atraer nuevamente la función que haya sido delegada si se aprueba por la misma mayoría de ocho votos.

LIBRO CUARTO

DE LOS DELITOS ELECTORALES

TITULO UNICO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 171. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Servidores públicos: toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Centralizada, tanto federal como de las entidades federativas, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, los organismos constitucionales autónomos federales y locales previstos en la Constitución Federal y las Constituciones estatales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los Poderes Judicial, tanto federal como de las entidades federativas, en los ayuntamientos, organismos e instituciones municipales, o que manejen recursos económicos federales o locales;

II. Funcionarios electorales: quienes en términos de la legislación electoral federal o local, integren los órganos que cumplen funciones electorales;

III. Funcionarios partidistas: los dirigentes de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, así como también, sus representantes ante el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales;

IV. Candidatos: los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad electoral competente;

V. Documentos públicos electorales: las actas de jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cualquier elección, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo que celebren los consejos locales y distritales, así como las de los cómputos de circunscripción plurinominal, la credencial para votar, listados nominales, boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto y, en general todos los documentosy actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por el Instituto o los organismos electorales de las entidades federativas;

VI. Materiales electorales: los elementos físicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral;

VII. Precandidato: ciudadano que pretende ser postulado como candidato a cargo de elección popular, y que ha cumplido con los requisitos que exige la legislación electoral, y

VIII. Paquete electoral: comprende el acta de jornada electoral, la lista nominal de electores, las boletas electorales sobrantes inutilizadas, las que contengan votos válidos y las de los votos nulos, los originales de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas y, en su caso, del cómputo por distrito electoral uninominal, los escritos de protesta que se hubieren recibido, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 172. En todo no lo previsto por este Libro, serán de aplicación supletoria el Código Penal Federal, los códigos penales de las entidades federativas y la legislación procesal vigente.

Artículo 173. Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Libro, tratándose de servidores públicos, se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de uno a cinco años y la destitución del cargo.

CAPITULO II

De los delitos electorales

Artículo 174. Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

I. Vote a sabiendas de que no cumpla con los requisitos de la ley;

II. Vote más de una vez en una misma elección;

III. Induzca, coaccione o presione a los ciudadanos con el fin de orientar el sentido de su voto o la abstención del ejercicio del mismo durante los tres días previos a la elección o el día de la jornada electoral, o bien, difunda propaganda electoral en el interior de la casilla o en el lugar en que se encuentren formados los votantes. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena prevista se aumentará hasta en una mitad más;

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo; el traslado y entrega de los paquetes y documentación pública electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar;

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa o contraprestación durante las precampañas, campañas electorales, en los tres días previos a la jornada electoral o durante ésta;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera y por cualquier medio o herramienta, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;

VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular;

IX. El día de la jornada electoral organice la reunión o lleve a cabo el transporte de votantes, con el propósito de influir en el sentido de su voto;

X. Introduzca o sustraiga de las urnas una o más boletas electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos públicos o materiales electorales, en cualquier tiempo durante el proceso electoral o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos electorales competentes, con el propósito de afectar el proceso o la jornada electorales;

XI. Solicite declaración firmada del elector acerca del sentido de su voto o la abstención del ejercicio del mismo;

XII. Impida ilícitamente la instalación, apertura o el cierre de una o más casillas, o bien asuma cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación o clausura normal de una casilla, y

XIII. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

Artículo 175. Se impondrán de cincuenta a doscientos días de multa y prisión de seis meses a tres años a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, induzcan, orienten o presionen de cualquier manera al electorado a votar o abstenerse de votar por un precandidato, candidato, partido político o coalición.

Artículo 176. Se impondrán de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que:

I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores;

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral;

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada;

IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales, para favorecer a un precandidato, candidato, partido político o coalición.

V. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará hasta en una mitad más;

VI. No entregue, retrase o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada;

VII. En ejercicio de sus funciones induzca o ejerza presión sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato;

VII. Al que instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en un lugar distinto al legalmente señalado, o impida su instalación;

VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede;

IX. Permita que un ciudadano emita su voto cuando de la documentación electoral correspondiente se desprenda que no cumple los requisitos de la ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales, y

X. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Artículo 177. Se impondrán de cien a trescientos días multa y prisión de uno a cinco años al funcionario partidista, o candidato que:

I. Ejerza violencia o induzca a los electores a la abstención o a votar a favor de un candidato, partido o coalición, el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores a la misma;

II. Realice propaganda electoral durante la jornada electoral;

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales;

V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

VI. Impida de forma ilegal, por cualquier medio, la instalación, apertura o cierre de una casilla, así como el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, y

VII. Obtenga y se beneficie en su calidad de candidato para su proceso de selección o campaña, recursos y bienes provenientes de actividades ilícitas o recursos provenientes del extranjero para su campaña electoral.

Artículo 178. Se impondrá de cien a cuatrocientos días multa y prisión de dos a seis años, al servidor público que:

I. Obligue a sus subordinados, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir sus votos a favor de un partido político, precandidato, candidato, coalición o para que se abstengan de hacerlo;

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales federales, estatales o municipales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición, a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición;

III. Destine, utilice o permita la utilización de manera ilícita de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos;

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio contrario a la naturaleza de sus funciones legalmente establecidas, a los partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones o agrupación política nacional, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

V. Coaccione a sus subordinados para que asistan a actos de precampaña o campaña, y

VI. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones en dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.

Artículo 179. Se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quienes, habiendo sido electos senadores, diputados federales o locales, asambleístas o presidentes municipales, no se presenten, sin causa justificada a juico de la cámara o asamblea legislativa respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo.

Artículo 180. Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio, altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición de credenciales para votar.

CAPITULO III

De la competencia de las autoridades federales y locales

Artículo 181. Los delitos previstos en esta Libro se investigarán y perseguirán por la Fiscalía Especializada constituida por la Fiscalía General de la República para tal fin, cuando:

I. Sean sujetos pasivos la Federación, las autoridades federales, el Instituto cuando organice elecciones federales o los órganos de éste, incluyendo el Registro Federal de Electores, salvo lo dispuesto por los tipos penales previstos en los artículos 174, fracciones V y VIII, 176, fracción I y 180 de esta Ley;

II. Sean cometidos por un servidor público federal, funcionario electoral federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas o funcionario partidista federal,

III. Incidan en algún proceso electoral federal que se celebre, y

IV. En caso de que la autoridad federal inicie una denuncia por alguno de los delitos previstos en esta Ley, y considere que es de la competencia de la autoridad local, o bien durante la integración de la investigación advierta tal circunstancia, deberá remitirle la documentación correspondiente a la autoridad competente.

Artículo 182. Los delitos previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán por los ministerios públicos de las entidades federativas en los términos que dispongan su Constitución y leyes aplicables, salvo por lo previsto en el artículo 185 de esta Ley.

Tratándose de elecciones locales organizadas por el Instituto, los delitos que se cometan durante éstas serán competencia de los ministerios públicos de las entidades federativas.

Artículo 183. El Ministerio Público Federal podrá ejercer facultad de atracción cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federales;

II. En atención a la importancia y trascendencia del caso, y

III. Cuando el Instituto Nacional Electoral ejerza su facultad para la organización de algún proceso electoral local.

CAPITULO IV

De la coordinación entre órdenes de gobierno

Artículo 184. Federación y las entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de este Libro.

Artículo 185. El Ministerio Público Federal y los ministerios públicos de las entidades federativas, se coordinarán para:

I. Obtener y procesar información respecto a hechos que puedan constituir alguno de los delitos electorales mencionados en la presente Ley, a fin de investigarlos en sus respectivos ámbitos de competencia;

II. Suministrar e intercambiar la información obtenida, con el propósito de investigar y de ser el caso ejercitar la acción penal por la comisión de hechos que constituyan alguno de los delitos electorales previstos en esta Ley;

III. Llevar a cabo campañas orientadas a fomentar la denuncia de delitos electorales, y

IV. Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes, con el objetivo de orientar a la sociedad en las medidas que debe adoptar para denunciar los delitos establecidos en esta Ley.

CAPITULO V

De la realización y difusión de las acciones de prevención de los delitos electorales

Artículo 186. Los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán en términos del convenio de colaboración que suscriban la Fiscalía Especializada y el Instituto.

La difusión de estos programas y acciones se realizarán como parte de las campañas de educación cívica que efectué el Instituto en coordinación con la Fiscalía Especializada.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 50, incisos l) y m); y se adiciona el inciso n); de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; para quedar como sigue:

Artículo 50.- Los jueces federales penales conocerán:

I.

a) a k) …

l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales y nacionales o de funcionarios partidistas nacionales en los términos de la Ley General Electoral;

m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio nacional, y

n) Los previstos en la Ley General Electoral.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014.

Cuarto. El Instituto dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo establecido en esta Ley, a más tardar el 30 de junio de 2014.

Quinto. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de junio de 2014.

Sexto. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley no cuenten con alguno de los órganos internos que se prevén en ésta u otras disposiciones jurídicas, deberán modificar su estructura orgánica y nombrar a las personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con las disposiciones correspondientes, a más tardar el 30 de junio de 2014.

Séptimo. Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos.

Octavo. El Instituto promoverá la suscripción de un convenio en materia de educación cívica, con los organismos públicos locales sugiriendo las políticas generales y proponiendo contenidos.

Noveno. Las credenciales para votar con fotografía vigentes con nomenclatura del IFE se mantendrán como válidas y paulatinamente dejarán de serlo, en los términos que señale el Instituto y conforme éstas sean sustituidas por los ciudadanos.

Décimo. Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015 iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 2014.

Décimo Primero. Las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

Décimo Segundo. La organización del Servicio Profesional Electoral Nacional se hará conforme a las características y plazos que establezca el Instituto a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, debiendo entrar en funcionamiento, a más tardar en el año 2018.

Décimo Tercero. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá asignar recursos presupuestarios al Instituto Nacional Electoral para el debido cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con la normativa aplicable y sujeto a la suficiencia presupuestaria.

Décimo Cuarto. Se derogan los artículos 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412 y 413 del TITULO Vigesimocuarto del Libro Segundo del Código Penal Federal.

Décimo Quinto. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto en materia de delitos electorales se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Décimo Sexto. Las disposiciones relativas a los delitos electorales previstas tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.

Décimo Séptimo. Las referencias que esta Ley hace a la Fiscalía General de la República, se entenderán realizadas a la Procuraduría General de la República, hasta en tanto entre en vigor la autonomía constitucional de dicha Fiscalía.

Décimo Octavo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2014.

SENADORAS Y SENADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Jorge Emilio González Martínez.- Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Joel Ayala Almeida.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. Armando Neyra Cháve.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcena.- Sen. Graciela Ortiz Gonzále.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellan.- Sen. David Penchyna Grub.-Sen. María del Rocío Pineda Goch.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lan.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mor.- Sen. Mely Romero Celi.- Sen. Carlos Romero Deschamp.- Sen. Miguel Romo Medin.- Sen. Oscar Román Rosas Gonzále.- Sen. María Lucero Saldaña Pére.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Ninfa Salinas Sada”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Chico Herrera. Daremos los turnos correspondientes: El proyecto de Ley General Electoral y de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turna a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, se turna a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 82 Y SE ADICIONAN UNA SECCION QUINTA Y LOS ARTICULOS 115 BIS Y 115 TER A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por las CC. Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

“Las senadoras y los senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 82 Y SE ADICIONAN UNA SECCION QUINTA, LOS ARTICULOS 115 BIS Y 115 TER, A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. INTRODUCCION

El pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

La reforma político-electoral tiene su origen en los compromisos del Pacto por México suscrito por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, con los dirigentes nacionales de los tres principales partidos políticos del país, el pasado 2 de diciembre de 2012.

Con la reforma constitucional se atendieron cinco compromisos establecidos en el Pacto por México: El marcado con el número 87, relativo a los gobiernos de coalición; el 88 concerniente a la fecha de la toma de protesta del Presidente de la República; el 89 por lo que se refiere a las bases para una nueva Ley General de Partidos; el 90 relativo a los temas de reforma electoral; y el 94 referente a la reelección de legisladores federales y locales.

La Reforma Política-electoral contiene un conjunto de modificaciones al texto de la Constitución General de la República que comprende dos apartados específicos: cambios en materia electoral y reformas en relación al régimen de gobierno.

El Decreto contiene reformas a 31 artículos constitucionales, tiene un régimen transitorio de 21 disposiciones y obliga al Congreso de la Unión a expedir, a más tardar el 30 de abril, nuevas leyes generales en las siguientes materias:

• Organismos Electorales

• Procesos Electorales

• Partidos Políticos

• Delitos Electorales

Los principales elementos en materia electoral de esta importante reforma constitucional fueron los siguientes:

Los derechos, obligaciones y prerrogativas, así como las reglas para integrar los órganos de representación política.

El Consejo General es su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales; electos de manera escalonada por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años sin reelección:

1. Se señalan las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de:

Procesos electorales federales y locales.

2. Las Constituciones y leyes locales electorales, garantizarán que:

Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, un Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Los consejeros electorales locales tendrán un período de siete años y sin reelección.  Podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, y serán electos por la Cámara de Senadores.

Contarán con servidores públicos investidos de fe pública para dar fe de actos de naturaleza electoral.

Finalmente, la Reforma Constitucional obligó al Congreso de la Unión a expedir en un plazo perentorio (30 de abril de 2014) nuevas normas que tendrán el carácter de leyes generales:  De Organismos Electorales, de Procesos Electorales, de Partidos Políticos y de Delitos Electorales. 

Como se advierte, la más reciente reforma constitucional en materia política electoral es de una profundidad y de un alcance notable y obliga, por tanto, a una legislación secundaria que contribuya a la adecuada instrumentación de la reforma constitucional y al cumplimiento cabal de los objetivos que animaron las modificaciones a la Ley Fundamental.  Esos son los propósitos de la iniciativa que hoy presentamos las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI y del PVEM.

II. CONSIDERACIONES

En los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México consideramos de vital importancia la necesidad de atender el mandato constitucional que establece que el Congreso de la Unión deberá expedir a más tardar el 30 de abril de 2014, la Ley General que regulará lo establecido por la reforma constitucional en las materias de organismos y procedimientos electorales, partidos políticos nacionales y locales y delitos electorales.  Hay condiciones para que el Congreso de la Unión cumpla en tiempo y forma con este mandato imperativo.

Los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM manifestamos que esta nueva legislación normará aspectos diversos de las elecciones bajo criterios similares que aplicarán tanto para elecciones federales como locales, pues son materias concurrentes.

En razón de ello, consideramos que para dar cabal cumplimiento a lo establecido por la reforma constitucional en materia política-electoral, resulta más conveniente hacerlo a través de una propuesta integral que incluya las materias que describe el Artículo Segundo Transitorio del Decreto, es decir, todas las normas que regularán lo concerniente a los partidos políticos nacionales y locales, así como el sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos; los organismos y procedimientos electorales, y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales e incluso lo concerniente a los delitos electorales.

Por eso proponemos este proyecto de Ley General Electoral que contiene la propuesta integral de la legislación secundaria para consolidar e instrumentar la Reforma Político-electoral, atendiendo a nuestra muy útil y fructífera tradición codificadora en materia electoral.

Es necesario señalar que al incorporar las diferentes materias que regulan la materia electoral en un solo ordenamiento, se evita la dispersión normativa y abona a la unificación del marco jurídico para estandarizar a nivel nacional los requisitos, procedimientos y plazos que deben atenderse, además de que facilitará su instrumentación y aplicación al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales.

III. CONTENIDO DE LA REFORMA

La iniciativa plantea que la Ley sea de orden público y de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables y distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos electorales, procesos electorales y delitos electorales.

1. En materia de organismos y procedimientos electorales, se plantea que la Ley General regule:

La naturaleza, estructura y competencias de los organismos electorales nacional, de las entidades federativas y del Distrito Federal.

La iniciativa también reforma el artículo 82 y se adicionan una sección quinta, los artículos 115 bis y 115 ter, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar a la Junta de Coordinación del Senado de la República para elaborar y emitir la convocatoria para la elección de los integrantes de los organismos electorales jurisdiccionales locales, así como el procedimiento correspondiente.

Las senadoras y senadores del PRI y PVEM estamos convencidos que con una Ley General como la que proponemos en esta iniciativa se atenderán, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local los propósitos que el Poder Reformador de la Constitución tuvo presentes  para concretar una de las reformas política-electoral más ambiciosa de la historia reciente de nuestro País.

Con una Ley General Electoral como la que proponemos, se perseverará en la visión y en la práctica codificadora que tan buena experiencia ha tenido en nuestra tradición electoral y facilitará el establecimiento más idóneo y eficaz del nuevo sistema electoral nacional que se deriva de la reforma constitucional en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL ELECTORAL, SE REFORMA EL ARTICULO 82 Y SE ADICIONAN UNA SECCION QUINTA, LOS ARTICULOS 115 BIS Y 115 TER, A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 82 y se adicionan una Sección Quinta, los artículos 115 bis y 115 ter, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) a e) …

f) Elaborar y emitir la convocatoria que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento para la elección de los integrantes de los organismos electorales jurisdiccionales locales.

g) Las demás que se deriven de esta Ley y del Reglamento.

Sección Quinta
Del Procedimiento de elección de los integrantes de los organismos electorales jurisdiccionales en las entidades federativas

Artículo 115 Bis.

1. Para la elección de los magistrados que integren los organismos electorales jurisdiccionales se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La Cámara emitirá, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la convocatoria que contendrá los plazos y la descripción del procedimiento respectivo, la cual será aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

b) La convocatoria incluirá los requisitos que los aspirantes a magistrados deberán cumplir, entre los que se incluirán, al menos:

I) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no haya adquirido ni adquiera otra nacionalidad;

II) Ser originario de la entidad federativa de la que se trate o tener residencia efectiva en ella, de por lo menos cinco años;

III) Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

IV) Estar inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial para votar vigente;

V) Tener treinta años cumplidos al momento de la designación, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional alguno;

VI) Contar con título de licenciado en derecho con antigüedad mínima de cinco años, y

VII) Acreditar que cuenta con experiencia y conocimientos en materia electoral.

Artículo 115 Ter.

1. Cumplidos los requisitos y las etapas que señale la convocatoria a que hace referencia el artículo anterior, el Pleno de la Cámara hará la elección para ocupar la vacante al cargo de magistrado del organismo electoral jurisdiccional de que se trate.

2. La elección se deberá llevar a cabo a través de votación por cédula y con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara.

3. El Reglamento definirá el procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria respectiva.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2014.

SENADORAS Y SENADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Jorge Emilio González Martínez.- Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Daniel Amador Gaxiola.- Sen. Joel Ayala Almeida.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Ninfa Salinas Sada”.

Tiene el uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Ley General de Educación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO AL ARTICULO 21 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras Senadoras y Senadores:

Hoy quiero aprovechar la oportunidad de presentar esta iniciativa para compartirles que en un esfuerzo realizado en la comisión sur-sureste, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, acaban de presentar hace un momento el resultado de una investigación que corresponde al Indice de Desarrollo Humano en los municipios de nuestro país. Y en esta información nos dan datos y cifras que todos conocemos, porque se vive allá en los pueblos marginados, pero que no hemos hecho gran avance por alcanzar esa oportunidad de incrementar la calidad de vida de los mexicanos.

Somos un país de contrastes, con grandes desigualdades, con los excesos de la riqueza concentrada en unos cuantos, y la pobreza en más de 53 millones de mexicanos; y en ese concepto de pobreza encontramos los menores Indices de Desarrollo Humano y, particularmente, la falta de oportunidad en educación, en salud, en alimentación y, desde luego, en lo que corresponde la oportunidad de ingreso a las familias mexicanas.

Por tratarse de un tema que hoy vamos a presentar ante ustedes en materia educativa, quiero compartirles que nos acaban de informar que los valores máximos y mínimos de esta investigación de Indice de Desarrollo Humano municipal, mientras que la Delegación Benito Juárez tiene un valor de referencia de 0.965, el municipio de Coicoyán de las Flores, Oaxaca; así como de Cochoapa el Grande, de Guerrero, tiene un valor mínimo de referencia de 0.207, o sea, 4.6 menos de lo que tienen las familias de la Delegación de Benito Juárez.

Es una realidad, compañeras y compañeros Senadores, lo que aquí hemos compartido con anterioridad.

Ya no queremos dos México: el México de las oportunidades en otras entidades de la República, y el México de las desigualdades en el sur-sureste, y particularmente del sur, que es Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Y dentro de los Indices de Desarrollo Humano está la educación, la educación como pilar fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, y es por eso que queremos también compartir con ustedes que en los pueblos indígenas es precisamente donde se encuentran los menores índices de oportunidad en el desarrollo educativo.

Por eso vamos a presentar a este Pleno una propuesta de iniciativa que adiciona el párrafo quinto al artículo 21 de la Ley General de Educación, que establece la propuesta de una compensación para todos aquellos maestros que dan clases en todas las escuelas de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas.

Pero además de eso, la Ley General de Educación establece el derecho de los pueblos indígenas a tener una educación que corresponda de sus características culturales, lingüísticas y de su territorio.

Es por eso que buscamos el desarrollo pleno de las facultades y oportunidades del desarrollo de la educación de todos los pueblos originarios.

En nuestro país se conservan 68 lenguas originarias, y particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas es donde se encuentra la mayor concentración de pueblos originarios; y todavía mucho más en lo particular, allá en Guerrero, en la región de la montaña, donde se encuentra el municipio de mayor marginación y pobreza, y aquí lo señala, reitero, el estudio de la ONU, donde precisamente el municipio de Cochoapa, del estado de Guerrero, es el municipio de mayor pobreza que representa los menores Indices de Desarrollo Humano.

Y todavía señala: “En el país coexisten niveles de desarrollos similares a los que corresponde a Africa Subsahariana”.

Por eso es el interés, el propósito, de que si queremos verdaderamente alcanzar la oportunidad del desarrollo integral de los mexicanos, empecemos por donde está la mayor necesidad de tener una oportunidad de educación, y eso se concentra precisamente en los pueblos indígenas.

No debemos tener mezquindades para poder poner el esfuerzo todos, todas las instituciones, y el esfuerzo presupuestal que corresponda para poder apoyar los pueblos originarios, y que la educación no nada más se vea en función de los maestros, sino en las condiciones de vida de los niños, en las condiciones de infraestructura de las escuelas, que también se vea en las condiciones de ingreso y también las características de cómo puedan desarrollar su trabajo los maestros.

Guerrero, entre otras entidades federativas, representa uno de los estados que tiene el más alto índice de analfabetismo.

Por eso, compañeros Senadores, queremos presentar ante ustedes esta propuesta para que todos aquellos maestros que hacen un esfuerzo en desempeñar su noble tarea de enseñar, de ser promotores de la educación y transformadores del desarrollo integral de nuestros niños, puedan tener la oportunidad de una compensación correspondiente al 30 por ciento de lo que es su salario base.

Por lo tanto, presentamos una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Ley General de Educación, señalándose de la siguiente manera:

“Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21.-. . .

La educación que impartan los maestros de educación indígena o de los pueblos originarios, se debe considerar como educación bilingüe, y por lo cual deberán de obtener una remuneración extra por esta calidad de por lo menos el 30 por ciento adicional a su salario base”.

Yo aprovecho, compañeros Senadores, para efecto de hacer un exhorto a la Comisión de Educación, y a todos ustedes, para que podamos hacer los esfuerzos correspondientes y que vayamos a favor en el procedimiento legislativo que corresponda a esta iniciativa con proyecto de Decreto que estamos presentando a favor de los maestros que dan clases en las localidades y en los pueblos indígenas, con este 30 por ciento de compensación adicional a su salario base.

Muchas gracias, y buenas tardes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

“El que suscribe Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO AL ARTICULO 21, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Artículo 2° de nuestra Carta Magna reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En su apartado A fracción IV, establece y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad1.

En noviembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, en memoria al Movimiento por la Lengua Bengalí, que se suscitó en 1952, cuando estudiantes que se manifestaban por el reconocimiento de su lengua, Bangla, como uno de los dos idiomas nacionales de la entonces Pakistán, fueron acribillados por la policía de Dhaka, la capital de lo que hoy es Bangladesh.

A partir del 21 de febrero del año 2000, la comunidad internacional ha conjuntado esfuerzos para que cada año se conmemore este día, con el propósito principal de promover la diversidad lingüística a nivel mundial y la necesidad de impartir una educación plurilingüe, con miras a fomentar la importancia de la enseñanza en la lengua materna2.

El 2 de noviembre de 2001, La UNESCO, adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.

Su artículo 5° versa sobre los derechos culturales, como marco propicio de la diversidad cultural y afirma lo siguiente:

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”3.

De la misma manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, en su segundo artículo establece que: Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas4.

Asimismo, en su artículo 13 dicha Declaración, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

En México se conservan 68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas5, y seis de cada 100 mexicanos hablan una lengua distinta al español. Sin embargo, con base en el estudio: México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición: variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000 publicado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2012, se establece que 64 fueron catalogadas con un muy alto grado riesgo de desaparición, 43 con alto riesgo de desaparición, 71 con mediano riesgo de desaparición, y únicamente 185 (poco más de la mitad), han sido catalogadas como “con riesgo no inmediato de desaparición”6.

La pérdida de nuestra herencia cultural representa un costo invaluable para la nación y para la humanidad, lo anterior a pesar de que nuestro marco legal contempla como derecho diversas legislaciones que están encaminadas a garantizar la conservación de nuestras lenguas originarias, entre las que destaca, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas promulgada el 9 de abril de 2012 y que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas7.

La antedicha ley junto con otros ordenamientos como la Ley General de Educación, establecen los fundamentos legales que obliga y promueve el derecho a la educación bilingüe en nuestro país.

Sin embargo, en muchos casos esto no es posible porque no se cuenta con el personal necesario para atender la demanda real, lo que resulta contrario a lo establecido en la ley; además es necesario atender y superar otras problemáticas, como es la falta de incentivos para los docentes bilingües, que en la mayoría de los casos, deben atender comunidades indígenas, cubriendo grandes distancias para poder acceder a las comunidades originarias.

Otra problemática que resulta grave, es la inequidad persistente en salarios a profesores, a pesar de que el estudio Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que la inversión total de México en educación se mantiene cercana a la media de la organización, aunque también marca que la mayoría de los recursos se gastan en remunerar al personal docente. El estudio señala que una forma de examinar el gasto en educación es en relación con la riqueza nacional de un país. En 2010, el 6.2% del PIB de México se destinó al gasto en instituciones educativas, ligeramente inferior a la media de la OCDE (6.3%); pero mayor que el porcentaje del PIB que se gasta en la educación en Australia (6.1%), Brasil (5.6%), la Federación Rusa (4.9%), España (5.6%) y Suiza (5.6%)

En dicho estudio se señala también que, México destina el 83.1% de su presupuesto para educación a los sueldos del profesorado y el 93.3% a la remuneración del personal en su conjunto; estos son los porcentajes más altos entre los países de la OCDE (las medias de la OCDE son de 62% y 78.2% respectivamente). Alrededor del 87.2% del gasto en educación primaria se asigna a la remuneración de los maestros (el porcentaje más alto entre los países de la OCDE).

No obstante, en lo referente únicamente a la educación básica, el estudio (Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013, de la asociación Mexicanos Primero, señala que los maestros rurales ganan menos de la mitad del salario de aquellos que laboran en las grandes ciudades, lo que contribuye a mantener a la educación de las zonas más marginadas del país en estado de vulnerabilidad.

El estudio precisa que un maestro que trabaja en comunidades alejadas en el estado de Guerrero gana menos de 13 mil pesos, considerando su sueldo base más incentivos y prestaciones, mientras que uno que trabaja en la capital o las principales ciudades de la entidad recibe hasta 30 mil pesos al mes, lo que se traduce en una diferencia del 1.5 hasta 2.3 veces.

Para la elaboración de la investigación, se analizaron los sueldos de Zacatecas, Sonora, Guerrero, Estado de México y Nuevo León, en los cuales promedio es de 26 mil 668 pesos8.

Esta inequidad representa una desventaja inicial, tanto para los educadores como para los educandos, y si tomamos en cuenta que los profesores que atienden a estas comunidades, deben de ser por fuerza bilingües, la desigualdad es mayor si comparamos lo que percibe un profesor con estas características.

Por ejemplo, con base en el catálogo y tabulador de sueldos del personal docente de educación básica 2013 del Distrito Federal, se puede observar que los profesores que imparten en una lengua extranjera, perciben una remuneración de al menos el 30 por ciento sobre el salario base equivalente del mismo nivel; al igual que los profesores de enseñanzas artísticas y musicales.

Retomando lo planteado en el estudio (Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013, al referirse a cómo eliminar estas inequidades se afirma que, mientras no sea posible ofrecer educación de calidad a toda la población, no podrán superarse, si esas desigualdades no se evitan ofreciendo educación inicial –oportuna y eficaz– a los niños pertenecientes a los sectores sociales de menores recursos. Las desigualdades se deben combatir, implementando programas de educación compensatoria, destinados a asegurar la calidad de la educación básica que reciben los sectores sociales de menores recursos.

El gasto para equidad implica suspender la distribución inercial del gasto para dirigirlo, preferentemente, a quienes carecen del poder político necesario para exigir al Estado que ponga a su alcance las escuelas y aulas que necesiten; y para exigir, también, el acceso a los recursos humanos, materiales y técnicos que son necesarios para asegurar la calidad de la educación que reciben9.

Estas barreras se han originado en nuestro sistema político y en las deficiencias de nuestra administración pública. Conviene recordar que en cualquier sociedad, el decidir quién y cuándo recibe determinado beneficio depende de un proceso eminentemente político. El sistema político, en efecto, recibe –como “insumos”– determinadas demandas; las somete a un proceso de análisis, al introducir esas demandas en una especie de “caja negra”; y las convierte en decisiones que generalmente privilegian las demandas que son capaces de retroalimentar al sistema, proporcionándole mayores apoyos.

A pesar de las recientes reformas en materia de educación, que pretenden combatir la inequidad salarial entre profesores, no se contempla en ellas, el reconocimiento y mejora salarial, de la impartición de educación bilingüe que diariamente imparten miles de profesores en el país, con el afán de educar a nuestros niños indígenas y preservar nuestra diversidad e identidad cultural.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de:

DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO QUINTO AL ARTICULO 21, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 21, de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes y, para la educación básica y media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

[…]

[…]

[…]

La educación que impartan los maestros de educación indígena, se considerará como bilingüe, y por la cual obtendrán una remuneración extra por esta calidad de por lo menos el 30 por ciento adicionado a su salario base.

Las autoridades educativas, de conformidad con lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, establecerán la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social

[…]

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto.

México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Ramírez Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 14 y Séptimo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2014), “Día Internacional de la Lengua Materna 2014” Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México [En línea] http://site.inali.gob.mx/Micrositios/dilm2014/index.html?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC&utm_campaign=Dia_Lengua_Materna_2014

3 Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural [En línea] http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

4 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. [En línea] file:///C:/Users/squi%C3%B1ones/Desktop/Iniciaiva%20Maestros%20Bilingues%20Lengua%20Originaria/DRIPS_es.pdf

5 Chuayfett, Emilio (2014), Discurso del secretario de Educación Pública, durante la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna 2014, celebrado en Creel, Chihuahua. 21/Feb/2014. México. [En línea] http://www.inali.gob.mx/es/difusion/discursos/364-discurso-del-titular-de-la-sep-emilio-chuayffet-chemor.html

6 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, (2012)“México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición: Variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000”, México, INALI.

7 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

8 Morales, Claudia, (2013), Persisten inequidades en salarios a profesores, 4/Oct/2013, Aula Virtual, México [En línea] http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=1001

9 Mexicanos Primero, (2013), (Mal) Gasto. Estado de la Educación en México 2013, México. [En línea]http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/malgasto/malgasto_estado-de-la-educacion-en-mexico_2013.pdf





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 14 Y SEPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, señora Presidenta, con su permiso.

Solicito sea agregada al Diario de los Debates íntegra mi iniciativa, por favor.

Compañeras y compañeros Senadores:

El cambio climático es un tema muy importante y que debemos de pasar del papel a la acción. Hoy vengo a proponer la modificación de los artículos 14 y Séptimo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.

La problemática asociada al cambio climático es, desde la ley, un tema transversal que debería ser prioritario para las actuales políticas públicas.

La SEMARNAT ahora cuenta con un organismo sectorizado que es el INECC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin embargo, dicho organismo no cuenta aún con infraestructura suficiente, ya que se le agregó la materia de cambio climático, pero no se le asignó aumento de presupuesto, plazas u oficinas a lo que antes fue el Instituto Nacional de Ecología. En la medida que este instituto se fortalezca, el tema de cambio climático se verá favorecido.

Es de suma importancia que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, emitida por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013, y los preceptos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, en sus acciones de adaptación y mitigación, se cumplan.

Es fundamental que exista una coordinación efectiva entre las diferentes instancias que integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y sus respectivos similares en los tres órdenes de gobierno.

Es impostergable que cada estado de la República mexicana y municipio cuenten con un plan de acción climática y un atlas de riesgo en asentamientos humanos.

Por lo anterior, todas las entidades deberán contar con apoyo, asesoría, dirección y liderazgo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La ley prevé que en todo el territorio nacional la Federación tenga una presencia institucional; sin embargo, el tema presupuestario es siempre un factor que influye en las decisiones al más alto nivel y las políticas públicas, por lo que se debe modificar la ley y contemple que en algún momento el INECC no sólo podrá contar con delegaciones regionales o estatales, sino que deberá, en algún momento, establecer oficinas fuera de la ciudad de México en donde más se requiera.

Así como fue un éxito la creación del INEGI, será un éxito que tenga el INECC brazos en todas partes de la República.

Será un éxito que exista una institución que recopile todos los datos que el sector ambiental tiene depositados en cada uno de los organismos, y hablo de CONAGUA, de CONAM, hablo de PROFEPA y de la misma SEMARNAT, una institución que albergue toda la información ambiental de este país.

La propuesta de modificación es en el artículo 14 de la Ley General de Cambio Climático y el Artículo Séptimo Transitorio, para quedar como sigue:

Artículo 14.- El INECC tendrá su domicilio en la ciudad de México, debiendo establecer delegaciones regionales o estatales necesarias para cumplir su objetivo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Transitorios

Artículo Séptimo.- . . .

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atenderá las disposiciones y montos establecidos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sujetándose a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debiendo gestionar en cada ejercicio presupuestal subsecuente las necesidades que el INECC le determine en cuanto a la instalación de delegaciones regionales o estatales a lo que se refiere el artículo 14 de la mencionada ley.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 14 Y EL ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio del año 2012 y entró en vigor 90 días hábiles después de su publicación; establece definiciones, distribuye competencias y señala atribuciones en los tres órdenes de gobierno; define también los principios y los instrumentos básicos para la política de cambio climático y plantea los objetivos tanto para la política de adaptación como para la de mitigación, asimismo, juega un importante papel como instrumento articulador de las capacidades nacionales para la adaptación.

Para su promulgación, innumerables esfuerzos  se llevaron a cabo desde ésta Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de las organizaciones y sociedad civil consientes del riesgo que implicaba seguir ajenos a las catástrofes naturales que ya enfrenta México y el mundo, producto del deterioro ambiental que provocan las actividades humanas sobre la atmósfera y los recursos naturales.

Cada día somos más los que sabemos y aceptamos que el Cambio Climático, es un fenómeno de alcance mundial, que afecta a todos los ecosistemas y regiones del mundo y que involucra a todos los sectores económicos, sociales, políticos y culturales.

Se encuentra científicamente sustentado que la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente del bióxido de carbono, metano y oxido nitroso, tiene como consecuencia el incremento de la temperatura media global, lo cual podría generar que se ingresara a una fase de cambio climático peligroso de consecuencias impredecibles.

De igual forma, la comunidad científica del Colegio de Geografía de la UNAM, ha determinado que numerosos fenómenos naturales pueden originar desastres, mismos que cada día se vuelven más frecuentes e intensos por los efectos del cambio climático, como:

• Terremotos

• Tsunamis

• Erupciones Volcánicas

• Huracanes

• Inundaciones

• Derrumbes

• Sequías

• Desertificación

• Deforestación

• Epidemia

México en el año 2013, recibió dos tormentas tropicales al mismo tiempo, Manuel en el pacífico e Ingrid en el Golfo, mismas que se "estacionaron"  por varios días en tierra, provocando que 28 Estados de la República tuvieran afectaciones mayores en sus poblaciones, carreteras, cultivos, suministro de agua y energía eléctrica.

En 1958 se presentó un fenómeno meteorológico similar, sin embargo el alcance del desastre fue mayúsculo en esta ocasión, ya que hoy nuestra población es mucho más numerosa y no se ha planeado la urbanización, lo que agrava los daños.

Ante esta situación, el Dr. Víctor Magaña de la UNAM estableció que "Los fenómenos hidrometeorológicos hay que analizarlos en un contexto de vulnerabilidad, ya que es un error tratar de explicar la ocurrencia del desastre, sólo a partir del fenómeno natural".

México es un país altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, así como nos podemos enorgullecer de que contamos con ecosistemas ricos en flora y fauna, lo que nos ubica en el 4º. país mega diverso, asimismo nos debemos comprometer al cuidado de los mismos, bajo un sistema integral y transversal, tal como lo describe la Ley General de Cambio Climático.

Es de suma importancia, que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, emitida por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 03 de junio del 2013 y los preceptos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, en sus acciones de adaptación y mitigación, se cumplan. Es fundamental que exista una coordinación efectiva entre las diferentes instancias que integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y sus respectivos similares en los tres órdenes de gobierno. Es impostergable que cada Estado de la República Mexicana y Municipio, cuenten con un plan de acción climática y un atlas de riesgo en asentamientos humanos.

Párrafo aparte merece destacar que es muy importante para el país trabajar para la meta que se prevé en la propia Ley, que establece en su artículo Segundo Transitorio: "... El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000..."

Para lo anterior, todas las Entidades deben contar con apoyo, asesoría, dirección y liderazgo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), organismo creado en la propia Ley General de Cambio Climático (LGCC), y que nace como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal como lo establece el Artículo 13 de la mencionada Ley.

Con éste mismo espíritu, que en toda la República cuente con la figura federal ejecutiva de Cambio Climático, dadas las dimensiones nacionales de los desastres provocados por los fenómenos naturales agravados por el calentamiento global, es que el Artículo 14 de la LGCC cita lo siguiente:

Artículo 14. El INECC tendrá su domicilio en la Ciudad de México, pudiendo establecer delegaciones regionales o estatales necesarias para cumplir su objeto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

La Ley entonces prevé que en todo el territorio nacional, la federación tenga una presencia institucional, sin embargo, el tema presupuestario es siempre un factor que influye en las decisiones al más alto nivel y las políticas públicas, aun cuando estén bien intencionadas, al carecer del presupuesto, no se aplican de la forma más adecuada por lo que ello implica dejar de priorizar unos por otros tópicos.

Por lo anterior, resulta indispensable para la suscrita, modificar el artículo 14 y también el artículo Sétimo Transitorio que establece:

Artículo Séptimo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá transferir los recursos económicos, materiales y humanos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que tenga asignados, los que se le asignen y aquellos de los que disponga actualmente el Instituto Nacional de Ecología correspondientes al ejercicio de las funciones que asume, a efecto de que éste pueda cumplir con las atribuciones previstas en esta Ley.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atenderá las disposiciones y montos establecidos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sujetándose a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los montos no ejercidos del presupuesto autorizado para el Instituto Nacional de Ecología en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del año en curso, al inicio de la vigencia de este decreto, serán ejercidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Deben ser modificados éstos ordenamientos a fin de que se contemple que en algún momento el INECC no solo "podrá" contar con delegaciones regionales o estatales, sino que "deberá" en algún momento establecer oficinas fuera de la Ciudad de México en donde más se requiera, sin querer por supuesto imponer de forma inconsciente la presente propuesta; es importante referir que estas oficinas se asignarán gradualmente y de acuerdo a los presupuestos asignados año con año por la H. Cámara de Senadores.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 14. El INECC tendrá su domicilio en la Ciudad de México, debiendo establecer delegaciones regionales o estatales necesarias para cumplir su objeto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

TRANSITORIOS

Artículo Séptimo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá transferir los recursos económicos, materiales y humanos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que tenga asignados, los que se le asignen y aquellos de los que disponga actualmente el Instituto Nacional de Ecología correspondientes al ejercicio de las funciones que asume, a efecto de que éste pueda cumplir con las atribuciones previstas en esta Ley.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales atenderá las disposiciones y montos establecidos para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sujetándose a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debiendo gestionar en cada ejercicio presupuestal subsecuente, las necesidades que el INECC le determine en cuanto a la instalación de delegaciones regionales o estatales a las que se refiere el artículo 14 de la presente Ley.

Los montos no ejercidos del presupuesto autorizado para el Instituto Nacional de Ecología en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal del año en curso, al inicio de la vigencia de este decreto, serán ejercidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 26 de marzo de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Garza Galvan. Insértese íntegra su participación en el Diario de los Debates, y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Propaganda Institucional, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, a nombre propio y de las CC. Senadoras y Senadores de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM)

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Hace dos años una de las principales demandas de la sociedad hacia el candidato presidencial del PRI y del PVEM, Enrique Peña Nieto, era transparentar la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

Hoy los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM presentan ante este Pleno una iniciativa de Ley de Propaganda Institucional, para dar respuesta a este reclamo social.

En cualquier sociedad el proceso de consolidación democrática debe estar en permanente evolución. De manera simultánea debe trabajarse en la consolidación de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, para eficientar la administración pública en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

Una asignatura pendiente para México en estos procesos, es la regulación de la propaganda de instituciones gubernamentales que ha servido de instrumento a muchos funcionarios faltos de ética para posicionarse por ambiciones individuales para ejercer presión sobre medios de comunicación o incluso para incidir sin el menor reparo en los procesos democráticos del país.

En 2007 se dieron avances importantes en la materia mediante una reforma constitucional al artículo 134, para establecer un nuevo modelo de comunicación política que asegurara mayor equidad de la contienda electoral.

En su régimen transitorio, esta reforma mandató al Congreso a emitir la legislación secundaria pertinente, lo cual hasta la fecha no se ha hecho.

El compromiso del Presidente Peña Nieto y del PRI durante la transición, buscaba el establecimiento de una relación más democrática y transparente entre el poder público y los medios de comunicación.

Nuestro objetivo es que los ciudadanos tengan la oportunidad de vigilar que el gasto gubernamental se realice con base en criterios de utilidad pública para evitar así el uso de recursos públicos en beneficio propio.

Sin embargo, se tuvo la sensibilidad política y ante el entorno que en este momento se vivía, decidimos ser respetuosos de los tiempos del Poder Legislativo, así como de las prioridades que en el marco del Pacto por México se fijaron en la agenda nacional.

Así se respetó la solicitud, de primero trabajar en una Reforma Político-Electoral profunda, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Con estas reformas se sentaron las bases para retomar el tema y trabajar en la elaboración de una ley reglamentaria al artículo 134.

Por esta razón presentamos hoy, ante este Honorable recinto, la iniciativa de Ley de Propaganda Institucional.

Esta iniciativa ha tenido en cuenta que los propósitos de la publicidad institucional son:

Primero. Realizar campañas de orientación cívica, salud, educación y seguridad pública.

Segundo. Difundir los avances legislativos que amplíen los derechos fundamentales o impongan obligaciones a los gobernados.

Tercero. Promover el ejercicio y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos, transmitir información relativa a estados de emergencia ocasionados por desastres naturales; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de interés público.

Se establece como sujetos obligados los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y las dependencias y entidades de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Plantea que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Su contenido deberá respetar el principio de imparcialidad, y no podrá estar dirigido en la equidad de la competencia electoral entre partidos políticos, precandidatos y candidatos.

También determina que los criterios que deberá cumplir el gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda son: Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y propone que dicho gasto respete montos, límites y condiciones de ejercicio que establezca anualmente los presupuestos de egresos respectivos.

Un aspecto a destacar, es que crea el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el consejo general del instituto por un periodo de tres años, y además faculta a la Auditoría Superior de la Federación o a sus equivalentes en las entidades federativas, para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.

Garantizan que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos que son los ciudadanos y no a quien las promueve estableciendo para ello una serie de infracciones y los mecanismos para su revisión.

En México, donde la democracia se ha perfeccionado, ya no cabe la libertad de prensa condicionada, y debe respetarse las líneas editoriales sin discriminación.

Tampoco puede tolerarse ya la complicidad entre gobiernos o candidatos con los medios para promover su imagen a expensas del erario público.

El PRI y el PVEM quieren contiendas electorales en las que no haya privilegios ni superioridad para los gobiernos en turno, sino responsabilidad con los ciudadanos y respeto a los medios, cualquiera que sea su línea editorial.

Tenemos en puerta, compañeros Senadores, las elecciones de 2015, y queremos piso parejo para todos los partidos y sus candidatos, así como transparencia en el uso de los recursos. No podemos permitir más la malversación de recursos públicos para la publicidad gubernamental; debemos acabar con las campañas de autoelogio en las que no se sabe cuánto se paga, para qué, a quién y por qué.

Los partidos tienen la obligación de diseñar campañas electorales exitosas, y utilizar los recursos apegados a la ley para tratar de influir en la decisión del electorado.

Las relaciones entre los poderes públicos y los medios deben regirse por los principios de objetividad, equidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

Con este principio, las campañas de propaganda institucional se reafirmarán como un instrumento de sensibilización de fomento a los valores democráticos entre los ciudadanos.

Compañeros Senadores, por último, con esta iniciativa el PRI y el PVEM reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad y nuestra convicción de continuar el proceso de consolidación democrática en nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

“Las senadoras y los senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por los artículos 8, numeral , fracción I; 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. INTRODUCCION

La reforma constitucional en materia electoral de 2007 tuvo como uno de sus fines establecer un nuevo modelo de comunicación política, que asegurara mayor equidad de la contienda. Muchos de estos cambios tuvieron como objetivo regular la propaganda gubernamental para evitar la influencia indebida de los servidores públicos en las elecciones.

La reforma introdujo una prohibición de contratación de los tiempos en radio y televisión por los partidos, candidatos y particulares y estableció que el acceso de los partidos políticos a los espacios en radio y televisión se podrá hacer únicamente dentro de los tiempos que correspondan al Estado y su distribución será una competencia exclusiva de la autoridad electoral.

Las nuevas reglas prohibieron la transmisión en los medios de comunicación social de la propaganda gubernamental federal, estatal y local, así como de cualquier otro ente público, durante las campañas electorales de todos los niveles y hasta que concluya la jornada electoral respectiva. Precisamente para hacer frente a los problemas relacionados con el uso de los recursos y propaganda públicos en las campañas, mediante la reforma de 2007 se adicionó el artículo 134 constitucional.

La reforma estableció un plazo para expedir la ley reglamentaria que permitiera completar el marco normativo de la disposición contenida en el artículo 134 constitucional, mismo que a la fecha no se ha cumplido. El legislador solamente reguló algunos aspectos en los artículos 2 y 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Dada la ausencia de una ley reglamentaria para este artículo, que establecería reglas claras de difusión de la propaganda gubernamental, más allá de lo regulado en materia electoral las limitaciones a la misma se encuentran establecidas en la jurisprudencia y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como en los reglamentos del Instituto Federal Electoral.

En el artículo 134 constitucional se prevé que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos, deben aplicarlos con imparcialidad, respetando la equidad en la contienda electoral, y se les prohíbe difundir propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El artículo 134 constitucional, además de los mencionados poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, se refiere también a “cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno”.

En consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral, basándose en la doctrina del derecho administrativo, precisó que por “ente público” debe entenderse a “toda persona de derecho público, esto es, sujeta a uno o varios ordenamientos jurídicos, que además es creada por un acto del legislador, es decir, por una ley, que realizan funciones o actividades del Estado, con facultades de decisión y ejecución que pueden llegar a afectar unilateralmente a los particulares”.

De acuerdo al criterio de la Sala Superior, los servidores públicos que son sujetos obligados del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, son:

• Los poderes públicos.

• Los órganos autónomos.

• Las dependencias y entidades de la administración pública.

• Cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno

En nuestro país hace falta expedir una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que regule de manera integral la propaganda institucional, como lo ordena la propia norma.

En razón de ello, derivado de la nueva regulación constitucional en materia electoral y la falta de reglamentación en materia de propaganda institucional, la Reforma Político-electoral de 2014 retoma nuevamente la necesidad de expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional y para ello, estableció un nuevo plazo perentorio “durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura”.

II. CONSIDERACIONES

En los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que la propaganda institucional debe ser un bien útil para la ciudadanía y un canal de comunicación entre el Estado y la población, la cual debe contener al menos, las siguientes características: clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para la sociedad.

Asimismo, los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que es necesario evitar que la publicidad institucional sea utilizada como propaganda encubierta. Con esta reglamentación se prohíbe promover implícita o explícitamente los intereses de las entidades públicas o de algún partido político, así como destacar los logros de la gestión gubernamental.

También, resulta necesario que la ley incorpore los requisitos que deberá cumplir las campañas de propaganda institucional, así como su apego a los objetivos, duración y costos, a efecto de que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos y no a quien las promueve.

III. CONTENIDO DE LA REFORMA

La presente iniciativa ha tenido en cuenta que los propósitos de la publicidad institucional son realizar campañas de orientación cívica, de salud, educación y seguridad pública; difundir los avances legislativos que amplíen los derechos fundamentales o impongan obligaciones a los gobernados; promover el ejercicio de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; transmitir información relativa a estados de emergencia ocasionados por desastres naturales; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de interés público.

El proyecto establece que la Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional.

Propone como objeto de la Ley, reglamentar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda de las entidades públicas.

Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley son:

• Los poderes públicos.

• Los órganos autónomos.

• Las dependencias y entidades de la administración pública.

• Las dependencias y entidades de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Se incluye un artículo de definiciones en lo relativo a tiempos, servidores públicos y entes públicos.

Se define a la propaganda institucional como: la información que difunden los servidores y entidades públicas, para hacer del conocimiento de la ciudadanía los resultados, programas y acciones, a través de los medios de comunicación social.

El proyecto plantea que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y que su contenido deberá respetar el principio de imparcialidad y no podrá estar dirigido a influir en la equidad de la competencia electoral entre partidos políticos, precandidatos y candidatos.

Asimismo, establece que la propaganda difundida no podrá incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Se reafirma lo que la Constitución prohíbe, es decir, la propaganda no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. No se considerará como propaganda, a los informes anuales de labores o de gestión de servidores públicos.

Asimismo, la ley prevé la prohibición expresa de la difusión de cualquier tipo de propaganda oficial desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral. Durante dicho periodo, únicamente estarán permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las que sean necesarias para la protección civil en casos de emergencia; así como las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.

Se establecen los criterios que deberán cumplir el gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y que dicho gasto respete los montos, límites y condiciones de ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos respectivos.

Prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa.

Ningún medio de comunicación podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial.

Crea el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de tres años.

Se faculta al Comité para interpretar en el orden administrativo la Ley; conocer y resolver las quejas que se interpongan por infracciones a la Ley, así como ordenar las medidas cautelares; orientar y asesorar a los entes y servidores públicos respecto del contenido y difusión de la propaganda institucional; promover y/o ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de propaganda; y hacer públicos los criterios que adopte en la interpretación y aplicación de la Ley.

El proyecto señala que toda la información relacionada con la propaganda institucional tiene carácter público y que éstos tendrán acceso a la propaganda.

Faculta a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en las entidades federativas para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.

Se establece como infracciones de los entes o servidores públicos:

• Difundir propaganda institucional violatoria del principio de imparcialidad.

• Difundir propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

• Exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los servidores públicos.

• El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la ley.

Cuando el Comité resuelva sobre la existencia de una infracción, procederá conforme a lo siguiente:

• Integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico del ente o servidor público infractor, para que éste proceda en los términos de ley;

• El superior jerárquico deberá comunicar al Comité las medidas que haya adoptado en el caso.

• Si el infractor no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoria Superior de la Federación, o su equivalente en la entidad federativa de que se trate, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

Como puede observarse, la ley garantiza que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos y no a quien las promueve. Por ello, la ley señala que las campañas de publicidad de las instituciones públicas deben identificarse claramente como tales e incluir la mención expresa del organismo promotor o contratante.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO. Se expide Ley de Propaganda Institucional, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

LEY DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, REGLAMENTARIA DEL PARRAFO OCTAVO DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto reglamentar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda de las entidades públicas.

Artículo 2.- Son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Comité: el Comité de Vigilancia de la Propaganda Institucional.

Entes públicos: los poderes de la federación, de los estados y del Distrito Federal; los órganos constitucionales autónomos; los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y cualquier otro ente o institución de carácter público.

Propaganda institucional: la información que difunden los servidores y entidades públicas, para hacer del conocimiento de la ciudadanía los resultados, programas y acciones, a través de los medios de comunicación social.

Servidores Públicos: los representantes de elección popular, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en un ente público.

Tiempos de Estado: es el tiempo diario que toda emisora de radio y televisión debe destinar al Estado para transmisiones gratuitas, establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Tiempos Fiscales: corresponden al pago en especie de un impuesto federal, que deben realizar las emisoras concesionarias de radio y televisión, a través de transmisiones gratuitas, establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada Ejercicio Fiscal.

Tiempos oficiales: comprende tanto los tiempos de Estado como los tiempos fiscales en radio y televisión.

Título Segundo
Del Contenido de la Propaganda Institucional

Artículo 4.- La propaganda institucional que difundan los entes públicos deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Artículo 5.- El contenido de la propaganda institucional deberá respetar el principio de imparcialidad y no podrá estar dirigido a influir en la equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos.

Artículo 6.- Por ningún motivo el contenido de la propaganda institucional que difundan los entes públicos podrá incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

Artículo 7.- La propaganda institucional que difunda programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, deberá incluir de manera visible o audible, considerando las características de cada medio, la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier contienda electoral”.

Artículo 8.- La propaganda institucional deberá considerar el uso de la Lengua de Señas Mexicana por medio de un intérprete, de textos o de tecnologías que permitan el acceso a los contenidos de campañas en televisión a las personas con discapacidad auditiva.

Artículo 9.- Lo propaganda institucional no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Artículo 10.- Para los efectos del artículo anterior, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación, no serán considerados como propaganda institucional, siempre que la difusión se limite a una vez al año en los medios de comunicación con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo comprendido entre el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada comicial de un proceso electoral federal o local correspondiente.

Título Tercero
De la Difusión de la Propaganda Institucional

Artículo 11.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda institucional de los entes públicos en los medios de comunicación.

Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de los procesos electorales locales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación ubicados o que transmitan desde la entidad federativa de que se trate.

Las únicas excepciones a lo anterior serán:

I. Las campañas de información de las autoridades electorales;

II. Las relativas a servicios educativos y de salud;

III. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

IV. Las que para la asistencia pública emitan tanto Lotería Nacional como Pronósticos para la Asistencia Pública;

V. Las relativas a la promoción turística del país;

VI. Las de educación del Servicio de Administración Tributaria para incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales;

VII. Las relativas a la prevención social de la delincuencia;

VIII. Las de educación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales;

IX. Las de educación vial y en materia de protección de accidentes;

X. Las relativas a la difusión de actividades y servicios en materia artística y cultural;

XI. Las informativas con motivo del Programa de Horario de Verano, y

XII. Las adicionales que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales.

Artículo 12.- El gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda institucional deberá cumplir con los criterios de:

a) Eficiencia;

b) Eficacia;

c) Economía;

d) Transparencia, y

e) Honradez

Artículo 13.- El gasto que realicen los entes públicos para la difusión propaganda institucional deberá respetar los montos, límites y condiciones de ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos respectivos.

Artículo 14.- La Secretaría de Gobernación administrará el uso de los tiempos de Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , así como por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, salvo en el caso de los tiempos oficiales que en distintos momentos corresponda administrar al Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación de la materia.

Artículo 15.- Los tiempos oficiales serán utilizados por los entes públicos que tengan acceso a ellos, para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales, sociales, políticos, deportivos y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales.

Artículo 16.- Los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los órganos constitucionales autónomos, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de su propaganda institucional a través de las emisoras de radio y televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia el acceso a los tiempos oficiales y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios solicitados o bien fueren insuficientes.

Artículo 17.- Las contrataciones que realicen los entes públicos con los medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional, deberá apegarse a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable.

Artículo 18.- Se prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa.

Artículo 19.- Ningún medio de comunicación podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial.

Título Cuarto
Del Comité de Revisión de la Propaganda Institucional

Artículo 20.- Se establece el Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral, que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de tres años.

Artículo 21.- La presidencia del Comité será rotativa en forma anual entre sus integrantes.

Artículo 22.- El Comité contará con un secretario técnico que será designado por su presidente de entre el personal de apoyo adscrito a su oficina.

Artículo 23.- El Comité contará con los recursos presupuestarios, humanos, materiales y técnicos de los que dispongan los consejeros electorales que lo integran, así como los que de manera particular le asigne el Instituto.

Artículo 24.- El Comité tendrá las siguientes facultades:

I. Interpretar en el orden administrativo esta Ley

II. Conocer y resolver las quejas que se interpongan por infracciones a esta Ley, así como ordenar las medidas cautelares a que haya lugar.

III. Orientar y asesorar a los entes y servidores públicos respecto del contenido y difusión de la propaganda institucional.

IV. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en materia de propaganda institucional.

V. Hacer públicos los criterios que adopte en la interpretación y aplicación de esta Ley.

Título Quinto
De la Transparencia y Fiscalización

Artículo 25.- Toda la información relacionada con la propaganda institucional tiene carácter público, y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que establezca la legislación y normatividad en materia de transparencia y acceso a la información que le sea aplicable al ente público del que se trate.

Artículo 26.- La revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por la legislación en materia de fiscalización aplicable.

Título Sexto
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 27.- Constituyen infracciones a la presente ley de los entes o servidores públicos, según sea el caso:

I. Difundir propaganda institucional violatoria del principio de imparcialidad establecido en el artículo 12 de la presente ley;

II. Difundir propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público;

III. Exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los servidores públicos, y

IV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley.

Artículo 28.- Cuando el Comité resuelva sobre la existencia de una infracción cometida por un ente o servidor público, procederá conforme a lo siguiente:

I. El Comité integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico del ente o servidor público infractor, para que éste proceda en los términos de ley;

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Comité las medidas que haya adoptado en el caso; y

III. Si el infractor no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoria Superior de la Federación, o su equivalente en la entidad federativa de que se trate, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Comité de Vigilancia de la Propaganda Institucional deberá instalarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha en la que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral comience a ejercer sus atribuciones.

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2014.

Senadoras y Senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México

Sen. Emilio Gamboa Patrón.- Sen. Jorge Emilio González Martínez.- Sen. Raúl Cervantes Andrade.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Daniel Amador.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Joel Ayala Almeida.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Enrique Burgos García.- Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Manuel Cavazos Lerma.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez.- Sen. María Cristina Díaz Salazar.- Sen. Omar Fayad Meneses.- Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo.- Sen. Arely Gómez González.- Sen. Félix Arturo González Canto.- Sen. Isaías González Cuevas.- Sen. Marcela Guerra Castillo.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Patricio Martínez García.- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Armando Neyra Chávez.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. David Penchyna Grub.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Carlos Romero Deschamps.- Sen. Miguel Romo Medina.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. María Lucero Saldaña Pérez.- Sen. Gerardo Sánchez García.- Sen. Alejandro Tello Cristerna.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Héctor Yunes Landa.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. María Elena Barrera Tapia.- Sen. Pablo Escudero Morales.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. Carlos Alberto Puente Salas.- Sen. Ninfa Salinas Sada”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Díaz Salazar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE COORDINACION FISCAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, la coordinación fiscal en nuestro país, como ustedes saben, tiene como objetivo establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas de las entidades federativas, en lo que llamamos nosotros los ingresos federales; pero también en la distribución de dichas participaciones entre las entidades federativas y fijar las reglas de colaboración administrativa.

Esta coordinación, como ustedes saben, conlleva a la integración de los componentes esenciales del estado federal y de sus sistemas fiscales. En otras palabras, norma las relaciones entre la Federación, estados y municipios en materia fiscal, evitando con ello la concurrencia de facultades y organizando las de recaudación y administración, por lo que se ha denominado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Derivado de un proceso de descentralización de la acción pública desde la década de los 90`s, como todos recordamos, con el objetivo primordial de apoyar la redistribución de funciones, de decisión, pero también de operación de las políticas públicas.

Para hacer frente a las vicisitudes que aquejaban a los mexicanos, se llegó a la creación del llamado Ramo 33, de tal suerte que fueron transferidos recursos federalizados a las entidades y a los municipios para la atención de esos problemas en materia de desarrollo social.

Sin embargo, a pesar de la creación de este Ramo, es digno de reconocer que a la fecha aún persiste una carencia de una normativa precisa, así como limitaciones en lo que se conoce acerca del destino de esos recursos y, por ende, dé la información incompleta sobre los resultados de la aplicación de los fondos que lo conforman, esto supone evidentemente una gran opacidad en el ejercicio de esas contribuciones por parte de las entidades y dependencias federales encargadas de sus respectivas erogaciones.

Es por eso que a un servidor le han surgido dos interrogantes cruciales en relación a cuáles han sido precisamente los resultados del ejercicio de esos recursos en afectación directa al bienestar de los mexicanos y si se están cumpliendo los objetivos por los que fueron creados.

Algunas de las anomalías detectadas, por ejemplo, en la aplicación de estos puntos, de estas contribuciones, son las siguientes:

Por ejemplo, la publicación extemporánea del calendario de los recursos del fondo; la omisión de los gobiernos estatales de comunicar a los municipios el calendario de enteros de los recursos o la extemporaneidad en la entrega de los recursos del fondo; los recursos no ejercidos; la mezcla indebida de recursos propios con recursos del fondo; o el fraccionamiento de obras; anticipos pendientes de amortizar; falta de documentación comprobatoria; retrasos en la suscripción de los convenios de coordinación; obras incompletas; así como información no actualizada sobre el cumplimiento de metas y montos ejercidos.

Por ello, compañeras y compañeros, la presente iniciativa tiene como fin adicionar dos párrafos en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de los fondos de aportaciones federales que se transfieren a las haciendas públicas de los estados, del Distrito Federal y, en su caso, a los municipios.

Sin embargo, y como aquí todos deben saber, a dicho pago se condiciona su gasto a la consecución y al cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la propia Ley de Coordinación Fiscal. Y es en ese sentido, compañeras y compañeros, nosotros pensamos que resulta necesario establecer en la Ley de Coordinación Fiscal los candados necesarios en la operación de los fondos que integran el Ramo 33, con la finalidad de proporcionar a las entidades federativas y a los municipios un ejercicio eficiente que los apoye en la operación, en el manejo y en la aplicación de los recursos.

Para complementar esta exposición, yo he de rogarle a la señora Presidenta que me obsequie el que la versión completa de la iniciativa que he presentado quede íntegra en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

“El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE COORDINACION FISCAL con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

La coordinación fiscal constituye la figura jurídica que se utiliza por las entidades gubernamentales para la instrumentación de las relaciones fiscales entre los órdenes de gobierno reconocidos en un Estado Federal. Principalmente, en lo concerniente a la política fiscal, que comprende todas aquellas contribuciones necesarias para sufragar el gasto público.

De tal modo, la coordinación fiscal en nuestro país tiene como objetivo establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas de las entidades federativas en los ingresos federales; la distribución de dichas participaciones entre las entidades federativas y fijar las reglas de colaboración administrativa.

Ahora bien, la coordinación fiscal conlleva la integración de los componentes esenciales del Estado Federal y de sus sistemas fiscales, en otras palabras, norma las relaciones entre Federación, estados y municipios en materia fiscal, evitando con ello la concurrencia de facultades y organizando las de recaudación y administración, por lo que se ha denominado: Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En términos generales, el sistema fiscal de la Federación se compone de todas las contribuciones reconocidas por la Constitución para la Federación y las previstas en el artículo 73, fracción XXIX, que dispone:

El Congreso tiene facultad:

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y

f) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía eléctrica.

En México, la Ley de Coordinación Fiscal vigente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. Desde luego que ha sufrido un sin número de reformas, sin embargo, la intención de coordinar fiscalmente a la Federación con las entidades federativas surge desde entonces bajo el esquema de participación en el total de los ingresos por impuestos federales.

Los objetivos principales de la Ley son:

• Coordinar el sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y el Distrito Federal.

• Establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas de los estados, municipios y el Distrito Federal en los ingresos federales.

• Distribuir entre los estados, municipios y el Distrito Federal las participaciones en ingresos federales.

• Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales.

• Construir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Para efectos de nuestra propuesta nos centraremos en el objetivo relativo a la distribución de las participaciones, que en términos generales, está concentrado en el Fondo General de Participaciones el cual se integra del 20% del total de la recaudación de todos los impuestos federales y algunos derechos, el cual se reparte entre las entidades federativas de conformidad con las formulas contenidas en el artículo 2 de la Ley de mérito.

Derivado de lo anterior nuestra iniciativa tiene como fin adicionar dos párrafos a lo dispuesto en el artículo 25 del ordenamiento legal de referencia, acerca de los fondos de aportaciones federales que son aquellos que instituyen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece Ley que nos ocupa.

Pero antes de entrar al contenido de la propuesta quisiéramos reseñar de manera breve que estas asignaciones federales conforman el Ramo 33. Derivado de un proceso de descentralización de la acción pública, desde la década de los noventa, con el objetivo primordial de apoyar la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas públicas para hacer frente a las vicisitudes que aquejaban a los mexicanos, se llegó a la creación del Ramo en mención mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en el año de 1997. De tal suerte que fueron transferidos recursos federalizados a las entidades y a los municipios para la atención de esos problemas en materia de desarrollo social.

A pesar de que la creación de este Ramo es digna de reconocer, a la fecha aún persiste una carencia de una normativa precisa así como, limitaciones en lo que se conoce acerca del destino de esos recursos y por ende, información incompleta sobre los resultados de la aplicación de los fondos que lo conforman, esto supone una gran opacidad en el ejercicio de esas contribuciones por parte de las entidades y dependencias federales encargadas de sus respectivas erogaciones.

Es por eso que nos surgen dos interrogantes cruciales en relación a cuáles han sido los resultados del ejercicio de esos recursos en afectación directa al bienestar de los mexicanos y si se están cumpliendo los objetivos por los que fueron creados.

Algunas de las anomalías detectadas en la aplicación de estos contribuciones son las siguientes:

• Publicación extemporánea del calendario de los recursos del fondo.

• Omisión de los gobiernos estatales de comunicar a los municipios el calendario de enteros de los recursos.

• Extemporaneidad en la entrega de los recursos del fondo.

• Recursos no ejercidos.

• Mezcla indebida de recursos propios con recursos del fondo.

• Falta de aplicación de penalizaciones por incumplimientos de los proveedores o contratistas.

• Pagos en exceso a personal eventual. 

• Irregularidades en los procedimientos de licitación y adjudicación de contratos de arrendamiento, adquisición, obras y servicios; adquisiciones directas fuera de norma.

• Fraccionamiento de obras.

• Anticipos pendientes de amortizar.

• Falta de documentación comprobatoria. 

• Retrasos en la suscripción de los Convenios de Coordinación.

• Diferencias entre las cifras reportadas en los registros presupuestales y contables e insuficiencia de la información financiera.

• Falta de difusión de los montos recibidos y resultados alcanzados.

• Falta de elaboración y difusión de los informes trimestrales sobre la utilización de los recursos.

• Utilización de más de una cuenta bancaria para la recepción y el manejo de los recursos.

• Obras incompletas.

• Bienes no contabilizados.

• Información no actualizada sobre el cumplimiento de metas y montos ejercidos.

• Reintegro extemporáneo de recursos.

Estas irregularidades implican incumplimientos de los principios básicos de contabilidad gubernamental y de la normatividad aplicable.

Actualmente, el Ramo 33 es regulado en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, el principal problema para la aplicación de estos recursos federales es la carencia de lineamientos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que orienten su ejercicio.

En la ley prevalecen términos muy subjetivos, que devienen en interpretaciones diversas y en un uso discrecional de los recursos.

Resulta necesario establecer en la Ley de Coordinación Fiscal los candados necesarios en la operación de los fondos que integran el Ramo 33, con la finalidad de proporcionar a las entidades federativas y a los municipios un ejercicio eficiente que los apoye en la operación, en el manejo y en la aplicación de los recursos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Unico. Se adicionan un cuarto y quinto párrafo al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. 

I. a VIII. …

El retraso en la entrega de los recursos correspondientes a las aportaciones federales por parte de las dependencias y las entidades de la administración pública federal a los estados, los municipios y el Distrito Federal será objeto de responsabilidad administrativa. Lo anterior no será aplicable cuando el impedimento se encuentre fundado y motivado o sea ajeno a los servidores públicos correspondientes.

Los recursos que se ejerzan de los fondos de aportaciones federales deberán estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TRANSITORIO

Artículo Unico. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AIPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Con gusto, Senador Robles Montoya, habremos de incluir de manera íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Presentada por el C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, que como legisladores debemos garantizar a todos los mexicanos sin importar la condición social, étnica o religiosa.

De la reforma constitucional de 2001, en materia de derechos de los pueblos indígenas, y posteriormente la de 2011, concerniente a los derechos humanos, se deriva que las leyes mexicanas procuren un valor significativo a los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, en especial en los casos en que la autoridad inicie algún tipo de procedimiento jurídico sobre cualquier ciudadano miembro de estos pueblos para que éste pueda ser asistido por un intérprete que le brinde la posibilidad de entender claramente las acusaciones, señalamientos o requerimientos de la autoridad.

Tan sólo en la Península de Yucatán, donde se encuentra mi estado, Campeche, alrededor del 15 por ciento de la población habla maya, la segunda lengua indígena que más se habla en México, después del náhuatl, y es un valor que como mexicanos debemos preservar y proteger al ser parte de nuestra identidad.

Sin embargo, es fundamental garantizar a todos los mexicanos el cumplimiento del debido proceso y sobre todo a los que viven bajo los usos y costumbres de alguna comunidad indígena.

México es una nación multicultural, así lo reconoce el artículo 1o. de nuestra Constitución; y las implicaciones que ello tiene en nuestro marco jurídico, son realmente trascendentales, pues ese artículo constitucional supone que en todo momento debe contemplarse que existen diversos usos y costumbres que cohabitan en el territorio nacional. Luego entonces siendo los usos y costumbres ley, estos deben ser respetados a cabalidad dentro de nuestro estado de derecho.

En ese sentido, el acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas es un tema que debemos mejorar y debemos trabajar desde algo que es básico, la lengua y el conocimiento pleno de sus usos y costumbres dentro de todo proceso judicial.

Hace pocos meses aprobamos una reforma a la Ley Federal de Defensoría Pública, que obligará al Instituto Federal de Defensoría Pública a trabajar de manera coordinada con traductores e intérpretes, así como a celebrar convenios para promover la formación de defensores públicos y de asesores jurídicos bilingües indígenas.

Sin embargo, en el informe anual 2012-2013 de este mismo instituto, señala que durante ese periodo defendieron en todo el país 1,933 casos donde fue requerido un intérprete lingüístico, lo cual se logró con 23 intérpretes solamente. De suerte que si se distribuyen esos 1,933 casos de manera equitativa entre esos especialistas, a cada uno le corresponden 84 casos, lo cual a todas luces es excesivo si se considera la movilidad que estos deberían de tener para cubrir todas las regiones del país, razón por la cual la defensa muy probablemente fue y sería inconsistente al no darse abasto los especialistas para atender estos asuntos.

Asimismo, el informe reconoce que esos 23 intérpretes conocen sólo 20, compañeras y compañeros Senadores, de las 68 lenguas indígenas y 364 variaciones que existen en nuestro país, mismas que se encuentran reconocidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Por otra parte, el informe señala que en el último año se amplió la platilla de intérpretes de 14 a 23, y que se hizo priorizando, más no garantizando, que los intérpretes tuvieran formación en derecho penal y mucho menos en la cultura y los usos y costumbres de estas comunidades.

Esto es alarmante porque demuestra que ha habido casos en que los indígenas mexicanos no han contado con los medios necesarios, en este caso intérpretes o traductores, que les garanticen una buena y oportuna defensa, con lo cual, además de disminuir la calidad de nuestra justicia, se comete un acto discriminatorio, porque existe un trato diferenciado a la población que pertenece a una comunidad indígena.

Esto lo ratifica un estudio presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, donde se determinó que más del 60 por ciento de indígenas que tuvieron necesidad de contar con un traductor dentro del proceso penal en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11 por ciento de los casos del fuero común, a pesar de que el 91 por ciento de estos encuestados hablaban una lengua indígena.

Sin duda esto no puede continuar así, en virtud de que con la promulgación del Código Nacional de los Procedimientos Penales se establece la oralidad de los juicios, y además se exige que éstos sólo tendrán lugar cuando en el caso de ser necesario se encuentre presente el intérprete o traductor.

Por lo tanto, es menester erradicar ese tipo de inconsistencias antes de que se convierta en un problema que haga ineficiente y discriminatorio nuestro sistema judicial.

Con esta iniciativa los exhorto a sumar acciones para que las comunidades indígenas tengan un efectivo acceso a la justicia y se coadyuve a la erradicación de todo tipo de discriminación.

Esta propuesta coadyuva, sin lugar a dudas, a la consolidación de las modificaciones que se han aprobado recientemente, a fin de asegurar un verdadero cumplimiento a lo estipulado en nuestra Constitución y en las recomendaciones internacionales, que no son otra cosa que garantizar la seguridad jurídica de todas y todos los mexicanos, incluyendo nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta honorable soberanía el siguiente proyecto de Decreto en la cual se reforma la fracción VII, del artículo 14 y se adicionan las fracciones VIII y IX al mismo artículo de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

VII.- Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua, cultura, usos y costumbres.

VIII.- Promover el establecimiento de institutos regionales de formación de intérpretes que se especialicen en las lenguas, usos y costumbres de los pueblos indígenas de acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

IX.- Implementar campañas de comunicación a través de las cuales se difundan a la población en general, la lengua, los usos y costumbres de las comunidades indígenas que habitan en el territorio nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Jorge Luis Lavalle Maury, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con base en la siguiente,

EXPOSICION DE MOTIVOS

Sin lugar a dudas una de las características fundamentales de nuestro país es la composición social y cultural que prevalece en las diversas regiones del territorio nacional. Tal diversidad consiste entre otras cosas, en la existencia de grupos y comunidades indígenas que mantienen modos de organización política y social diferentes a las que prevalecen en la mayoría de nuestro territorio.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México existen alrededor de 15 millones de personas que forman 62 de estas comunidades en total que en conjunto hablan más de 60 lenguas diferentes y que habitan en una quinta parte de México.

Dicha circunstancia es compleja en virtud de que a lo largo de la historia política y social de nuestro país, se ha buscado respetar a cabalidad los derechos de estos pueblos dentro del marco jurídico nacional, sin detrimento al estado de derecho que debe imperar en todo el territorio. Bajo esa perspectiva en 2001 se llevó a cabo una reforma constitucional que sin precedente alguno, ha contribuido significativamente a garantizar los derechos fundamentales de estos pueblos.

En razón de lo anterior, el artículo segundo de nuestra Constitución, establece entre otras cosas lo siguiente:

a) Reafirma la composición pluricultural de la Nación, sustentada en sus pueblos indígenas, señalándose que son aquellos que descienden de las poblaciones habitantes del actual territorio al iniciarse la colonización,  mismas que conservan sus propias instituciones o parte de ellas;

b) Dispone como criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, la conciencia de su propia identidad como tales;

c) Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación , ejercido en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional;

d) Reconoce y garantiza la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social , económica, política y cultural; para aplicar sus propios sistemas normativos en sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la propia Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres, delimitando lo anterior a la validación que en su caso, harán los jueces o tribunales correspondientes.

Desde 2001, estas disposiciones constitucionales han sido la causa de la promulgación de diversos ordenamientos así como de la modificación de algunos otros que buscan garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas. De esto se deriva que las leyes mexicanas procuren un valor significativo a los derechos lingüísticos de estos pueblos y comunidades, en especial en los casos en que la autoridad inicie algún tipo de procedimiento jurídico sobre cualquier ciudadano miembro de estos pueblos, pueda este ser asistido por un intérprete que le brinde la posibilidad de entender claramente las acusaciones, señalamientos o requerimientos de la autoridad.

Acorde con lo anterior y en acato al mandato constitucional al respecto, en nuestro marco jurídico vigente existen las siguientes disposiciones que velan por ese derecho de los pueblos indígenas:

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 14
.... VII. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo 10
....  Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 107
....  Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo sepa leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en español y en su propio idioma.

Artículo 180
.... Si el testigo fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia lengua o en español; pero en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en ambos idiomas.

Artículo 271
.... Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 15
.... Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, deberán ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, debiendo asentarse tal circunstancia en el acta respectiva.

Artículo 18
.... Cuando se trate de personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el intérprete, además de tener conocimiento de su lengua, deberá conocer sus usos y costumbres.

Artículo 36.
Todos los gastos que se originen en las diligencias de averiguación previa, en las acordadas por los tribunales a solicitud del Ministerio Público, y en las decretadas de oficio por los tribunales, serán cubiertos por el erario federal.

Los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos por quienes las promuevan. En el caso de que estén imposibilitados para ello y de que el Ministerio Público estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, podrá éste hacer suya la petición de esas diligencias y entonces quedarán también a cargo del Erario Federal.

Artículo 124 Bis
.... En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

Artículo 128
Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

.... IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y
Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua y cultura.

Artículo 154
La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.
Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígenas, se le hará saber el derecho que tiene de ser asistido por un intérprete y por un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura, en términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 159
.... Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, la designación del defensor de oficio recaerá sobre aquel que tenga conocimiento de su lengua y cultura.

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

Artículo 3°.
...  Los menores indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal.

Artículo 26.
… VII. Hacer efectivo, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Artículo 9°.
… VI. A recibir asesoría jurídica por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, a recibir servicio de intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblo indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna incapacidad que les impida oír o hablar.

Artículo 23.
Todos los gastos que se originen por las diligencias en un proceso, se pagarán por la parte que las promueva, con excepción de aquéllas decretadas por un Tribunal o Juez, o promovidas por el Ministerio Público o el Defensor de Oficio o por el mismo inculpado cuando se encuentre asesorado por un Defensor de Oficio.

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Artículo 139.
Los intérpretes y traductores podrán cobrar por honorarios, hasta un máximo de lo señalado en los casos siguientes:

I. Por asistencia ante las autoridades judiciales para traducir declaraciones en lenguas indígenas o en idioma extranjero, por cada hora o fracción, el equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y

II. Por traducción de cualquier documento, por hoja, el equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Las anteriores cantidades serán actualizadas conforme al incremento anualizado que se dé en el Indice Nacional de Precios al Consumidor señalados por el Banco de México.

En el cuadro anterior puede apreciarse la voluntad legislativa de facilitara estos ciudadanos un intérprete que sin duda, en mucho ayuda a reconocerles sus derechos, no obstante debe de considerarse que la complejidad cultural que existe alrededor de los diferentes modos de vida social y política entre los pueblos indígenas y el resto de la ciudadanía de nuestro país, cuando existe algún acto de autoridad, o estos recurren a ella, se necesita forzosamente que un especialista no solo en lenguas o dialectos autóctonos asista a estos ciudadanos, sino que además, posea un conocimiento pleno de la cultura de estos pueblos aunado a la profesión litigante.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se contempla que en el recientemente promulgado Código Nacional de Procedimientos Penales se establece la oralidad de los juicios, los cuales, se dice expresamente, serán en español. Ante esto, el nuevo código prevé como condición necesaria la presencia de un intérprete o traductor, cuando el indiciado no hable dicha lengua, lo cual es del todo favorable para garantizar el debido proceso de cualquier juicio, no obstante debe de señalarse la necesidad de que en el caso de los intérpretes de lenguas indígenas, estos cuenten con el conocimiento pleno de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.    

Esto es así, toda vez que en ocasiones lo que para los integrantes de los pueblos indígenas no puede representar una problemática social o jurídica, en términos de sus usos y costumbres, sí lo puede representar para el resto de la ciudadanía. En este sentido, no podemos dejar de lado que una de las fuentes del derecho son los usos y costumbres, y si bien las costumbres de estos pueblos pueden no ser válidas para los ciudadanos que no pertenecemos a estos, para ellos es un modo de vida que han tenido desde sus ancestros, de tal suerte que ante el reconocimiento constitucional que ya se señalaba y el nuevo sistema de justicia penal, debe de considerar este importante elemento.

Si los usos y costumbres son una fuente del derecho, esto se debe al uso natural que se da de las reglas no escritas, las cuales en muchos de los casos suelen ser más aplicadas que las escritas, en tanto que su aplicación se da prácticamente de manera natural entre los miembros de una comunidad. Por lo general, son modos que han sido adoptados en la vida misma de los habitantes de una demarcación y difícilmente cambian, a pesar de su cercanía o constante contacto con otros grupos humanos que no acostumbran tales tradiciones. 

Hasta el día de hoy la perspectiva que ha imperado en nuestro marco jurídico en materia de derechos de los pueblos indígenas, mantiene un criterio que consiste en que cuando ha de resolverse un asunto jurídico de este tipo, la solución siempre se proyecta unilateralmente, mientras que esta debe ser al menos bilateral si es que se busca cumplimentar el mandato de nuestra Carta Magna referente a que debido a que somos un país pluricultural, se deben de garantizar los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, por disímiles que sean nuestros usos, costumbres, caracteres e instituciones.

De suerte que es menester crear todos los mecanismos necesarios para que los pueblos indígenas puedan ser verdaderamente interpretados ante la justicia, lo cual no debe estar limitado a la traducción lingüística sino también a manifestar a la autoridad el contenido cultural, social y político de estos, respetando siempre el Estado de Derecho.

Sobre este tema, se han presentado algunas propuestas e incluso en meses recientes aprobamos en esta Soberanía, un dictamen que adicionó el artículo 20 bis, a la Ley Federal de Defensoría Pública, que obligará al Instituto Federal de Defensoría Pública a trabajar de manera coordinada con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y la cultura a la que las que estas personas pertenezcan, además de que este mismo instituto celebrará convenios para promover la formación de defensores públicos y de asesores jurídicos bilingües indígenas.

Ahora bien, la problemática que pretende resolver esta iniciativa se encuentra presente en el Informe Anual 2012-2013 del Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual señala que durante este periodo se defendieron en todo el país 1,933 casos donde fue requerido un intérprete lingüístico. Sin embargo, y a pesar de que el informe menciona el aumento de intérpretes de 14 a 23, resulta del todo insuficiente en virtud de que si se distribuyeran los 1,933 casos entre los 23, a cada interprete le corresponderían 84 de estos, lo cual a todas luces es excesivo si se considera la movilidad que los intérpretes deben tener para cubrir todas las regiones del país, razón por la cual la defensa podría resultar inconsistente.

Asimismo, uno de los objetivos principales del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales es agilizar los procesos, lo cual de no contar con los suficientes intérpretes no se logrará, toda vez que una de las condiciones que se requieren para el inicio de un juicio es, en los casos donde se requiere, la presencia de los intérpretes ya que de no ser así el juicio deberá posponerse.

Respecto a la diversidad lingüística de nuestro país, debe decirse que en concordancia con la Reforma Constitucional de 2001 en materia de derechos indígenas, así como con la publicación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las lenguas indígenas y las variantes que hayan sido reconocidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008,deben ser consideradas como lenguas nacionales adicionales al español.

En consecuencia y abonando a lo anterior, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) sostiene en las Consideraciones de dicho Catálogo, que la realidad lingüística de México es más compleja de lo que se había supuesto hasta antes de la presentación de este documento, toda vez que existen variantes en las lenguas dependiendo de la región o diferencias en los ciclos históricos que hayan vivido estas comunidades. Es por ello que el Catálogo reconoce 11 familias lingüísticas, 68 lenguas indígenas y 364 variantes.

De ese número de familias lingüísticas, lenguas y variantes indígenas, según el Informe Anual 2012-2013 del Instituto Federal de Defensoría Pública, los intérpretes que prestaron sus servicios conocen solo 20 lenguas, lo cual resulta realmente grave porque implicaría que existen comunidades enteras que de enfrentar un proceso judicial, no podrían contar con un intérprete. Del mismo modo, este documento sostiene que la ampliación de 14 a 23 intérpretes entre 2012 y 2013, se hizo priorizando, mas no garantizando, que los intérpretes tuvieran formación en derecho penal, mucho menos en la cultura, los usos y costumbres de estas comunidades.

Por tanto es menester priorizar la formación de especialistas que faciliten el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que bajo las condiciones actuales se está cometiendo una omisión a un mandato constitucional.

De no realizar las modificaciones necesarias para que exista una verdadera estructura que garantice el acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría desatendiendo, también, lo que determinó el “Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio de Caso en Oaxaca”, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

La parte central de dicho estudio, determinó que más del 60 por ciento de indígenas que tuvieron necesidad de contar con un traductor en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11 por ciento de casos del fuero común. Esto a pesar de que el 91 por ciento de los encuestados indígenas hablaban una lengua indígena. Por lo que se concluye en ese diagnóstico, que la ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, el grado de comprensión y capacidad de expresión en español de los indígenas, influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa.1

Adicionalmente a lo anterior, debe de contemplarse lo establecido en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo y aceptado por nuestra nación, mismo que se cita en el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia y aprobado en esta soberanía el pasado mes de noviembre.2

En dicho convenio se establece de manera clara que los pueblos indígenas son los sujetos de los derechos contenidos en el documento que establece la preexistencia de los pueblos con tres rasgos fundamentales: instituciones, territorio y cultura propios, y en consecuencia, establece en el artículo 2, lo siguiente:

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

a. Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

Asimismo el artículo 12 de dicho convenio señala:

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacer comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

En este marco, debe de precisarse la distinción entre traductor e interprete toda vez que existe una diferencia fundamental entre traducción e interpretación, ya que la primera consiste en la transferencia del contenido de un texto escrito de un idioma a otro, mientras que la segunda radica en el traspaso de un mensaje oral escuchado en un idioma y retransmitido en otro.

De tal suerte que, “El papel central del intérprete en los actos de traducción viene determinado por otras funciones propias como lo son: la comunicativa, la ideológica, la metalingüística, la cultural y la correctiva.”3 Es decir, la interprete no transmite un mensaje sin contemplar la composición de este, pues en el caso de las comunidades indígenas, un mensaje contiene palabras o expresiones que no pueden ser entendidas tan fácilmente si no se tiene en cuenta su contexto. 

Es por ello que para garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso y a la interlocución de los pueblos y comunidades indígenas con el marco jurídico vigente, es fundamental fortalecer la estructura tanto de formación como de los servicios que ofrecen los intérpretes, toda vez que es imprescindible que más allá del conocimiento de una lengua indígena, estos  conozcan y consideren las funciones comunicativa, lingüística, cultural, entre otras, así como el conocimiento de la ciencia jurídica.

La problemática que hasta aquí se ha descrito es un también un tema concerniente a la erradicación de la discriminación de los pueblos indígenas, toda vez que no garantizarles a plenitud el derecho de escuchar y ser escuchados, cumple con la definición asentada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que dice a la letra:

“[se considera discriminación] toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas"

Es por todo lo anterior, que en esta Iniciativa se propone reformar el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como adicionar las fracciones VIII y IX al mismo artículo. Con estas modificaciones, se precisará que los intérpretes y defensores que acompañarán a la población indígena en cualquier proceso judicial, deben tener conocimiento de la cultura, los usos y costumbres de estas comunidades.

Con la adición de la fracciones VIII y IX, se insta a los organismos públicos y las autoridades federales, a que en el ámbito de su competencia implementen la creación de institutos estatales de formación cultural y especialización cultural en los pueblos indígenas a fin de que en estos se capacite a los especialistas que habrán de fungir como interpretes lingüísticos y culturales, que sean verdaderamente especialistas en los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas; así como a implementar campañas de comunicación, a través de las cuales se difundan las lenguas, usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Lo anterior con el fin de coadyuvar al cumplimiento sólido de lo estipulado en nuestra constitución respecto a la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, así como a facilitar la implementación del nuevo sistema de justicia penal dictado por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 14; y se adicionan las fracciones VIII y IX al mismo artículo de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena:

De I a VI.

VII.- Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres.

VIII.- Promover el establecimiento de institutos regionales de formación de intérpretes que se especialicen en las lenguas, usos y costumbres  de  los pueblos indígenas de acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

IX.- Implementar campañas de comunicación a través de las cuales se difundan a la población en general, la lengua, los usos y costumbres de las comunidades indígenas que habitan el territorio nacional.

Salón del Pleno de la Cámara de Senadores, a 26 de marzo de 2014.

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Lavalle Maury. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Román Rosas.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para solicitar al Senador Jorge Luis Lavalle Maury si me permite sumarme a la iniciativa presentada.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Lavalle Maury, ¿acepta? Igualmente los Senadores Ascensión Orihuela, Mariana Gómez del Campo, Francisco Búrquez, Ernesto Ruffo, Enrique Burgos, con gusto. Solicito a la Secretaría tome nota de ello.

Esta Presidencia saluda a un grupo de integrantes del Colegio de Profesionistas del estado de Querétaro, invitados a este recinto por el Senador Enrique Burgos García. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.


1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública. Gaceta del Senado 12 de noviembre de 2013. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-11-12-1/assets/documentos/Dict_art.20_bis_Ley_Federal_Defensoria_Publica.pdf

2 Idem.

3 A.Kriukov, Teoría de la traducción, Madrid, 1989, pág. 61. (El subrayado es mío)





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.





 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 constitucional, en materia de nulidad de elecciones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PARRAFO DE LA BASE VI DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de segunda lectura)



(Voto particular del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

En atención al turno dictado por la Presidencia, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, dictaminamos la iniciativa del Presidente de la República que propone adicionar el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del artículo 41 constitucional, relativa a una de las hipótesis del sistema de nulidades en la celebración de comicios federales y locales, específicamente para incorporar el término “adquiera”, en el supuesto de nulidad relacionado con el acceso a cobertura informativa, o a tiempo de radio y televisión en contravención de las asignaciones que corresponden conforme a la Constitución y las leyes a los partidos políticos y a los candidatos.

En nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, y de conformidad con el artículo 196 del Reglamento del Senado, presento a ustedes el dictamen aprobado por unanimidad en las comisiones unidas mencionadas, en cuyas deliberaciones se presentó el voto particular concurrente con el sentido del dictamen del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Estamos ante una adición sencilla en su forma, pero trascendente en su contenido y alcances, que emana de una actitud sensible de los actores políticos que participamos en la construcción de entendimientos y acuerdos para concretar la Reforma Político-Electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Una adición que parte de una reflexión de diversos integrantes del Senado, de voces de la sociedad y del compromiso hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto en el acto mismo de promulgación de la reforma, a fin de ampliar a la acción de adquirir y no solo de comprar el supuesto de la conducta sancionable con la nulidad de una elección, tratándose de cobertura informativa o de tiempos de radio y televisión, en contravención a lo dispuesto por la Constitución y las leyes.

En las comisiones unidas dictaminadoras arribamos a la conclusión de atender la iniciativa del Ejecutivo Federal y de los puntos de vista de legisladores y de especialistas en temas electorales y de comunicación, en el sentido de que el principio de equidad en la competencia electoral requiere una aplicación precisa de la norma que prohíbe la contratación o la adquisición de tiempos de radio y televisión a los partidos políticos y a los candidatos por encima de los que les corresponden dentro de los tiempos del Estado, que hasta ahora administra el Instituto Federal Electoral, para realizar propaganda electoral en los medios electrónicos, así como un respeto estricto, también por razones de equidad, a la norma de cobertura informativa con sentido de pluralidad, responsabilidad social y difusión equilibrada de las voces de la competencia, para beneficio de los ciudadanos.

Con la adición que se propone, la hipótesis sancionable con la nulidad de la elección, por apartarse del orden jurídico para acceder a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión para realizar actividades de propaganda político-electoral, sería de carácter doble, para quien la adquiera o para quien la compre.

Este planteamiento subsana la reflexión válida de que la acción de comprar entraña elementos formales de difícil acreditación mediante los componentes probatorios idóneos; en tanto que la acción de adquirir permite efectuar la eventual acreditación de la conducta denunciable mediante medios probatorios no estrictamente formales, como es, por ejemplo, un contrato de compra-venta o de contrato de prestación de servicios.

En esencia, nos encontramos ante la refrendada voluntad del acuerdo político para fortalecer la equidad en las reglas constitucionales de acceso al ejercicio de encargos públicos de elección popular.

Nos encontramos ante un dictamen que reconoce la sensibilidad de todos los actores políticos de todos los partidos aquí presentes, para perfeccionar una norma actualmente en vacatio legis y fortalecer una hipótesis sancionable para disuadir conductas que atenten contra la equidad de los comicios.

En ánimo de la claridad de la propuesta y del sentido del dictamen, se plantea el texto siguiente que menciono en las partes relativas:

Artículo 41 constitucional, Base VI, párrafo tercero. La Ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos.

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

En virtud de lo expuesto a ustedes, en nombre de las comisiones dictaminadoras, solicito respetuosamente su voto favorable a la propuesta de adición constitucional que sometemos a su amable consideración.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Enrique Burgos García.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este dictamen atiende el compromiso expresado por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 31 de enero, en donde expresó: “para fortalecer más nuestro régimen democrático y el sistema electoral, firmaré una iniciativa de reforma para precisar en el artículo 41, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe dentro de la reforma política que hoy estoy promulgando”.

El objetivo es aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

Ante ello, las comisiones dictaminadoras coincidimos en la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo Federal y destacamos lo siguiente:

Primero. La reforma constitucional en materia político-electoral, estableció las bases constitucionales en materia de nulidad de las elecciones federales y locales, las cuales deberán ser detalladas por la legislación secundaria.

Segundo. El sistema de nulidades en materia electoral quedó previsto en la Base VI del artículo 41 constitucional, estableciendo los supuestos en el inciso b) que se refiere a la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los casos previstos en la ley.

Es importante advertir que la intención lingüística de la iniciativa es atender también lo citado en la legislación civil, pues el término "compre", supone la existencia de un acto jurídico por el cual se adquiere un bien o un servicio a cambio de una contraprestación. Esto es un contrato de compra-venta.

En ese sentido, el Código Civil Federal define al contrato de compra-venta de la manera siguiente:

"Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero".

Asimismo, la legislación civil determina el momento en que la compra-venta es perfecta y obligatoria conforme a la disposición que a continuación se transcribe.

"Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho".
 
Lo anterior supone que salvo los casos expresamente previstos por la ley, la compra-venta no requiere de una formalidad específica, ya sea que se haga por escrito o ante fedatario público o ante alguna otra.

En virtud de lo anterior, las comisiones unidas coincidimos plenamente con la propuesta en mención, ya que el término “compre”, previsto en el inciso b) de la Base VI del artículo 41 constitucional, resulta limitado e insuficiente en relación con el propósito de la reforma constitucional.

Ello es así porque el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero, y no obstante el resultado en materia electoral puede ser el mismo.

De lo anterior se desprende que el pago de un precio cierto y en dinero, no es un elemento relevante para efecto de los fines que persigue la reforma constitucional, pues basta el acceso indebido a la cobertura informativa o los tiempos de radio y televisión para que se produzca una consecuencia en el proceso electoral.

De ahí que el presente dictamen propone modificar el inciso b) de la Base VI del artículo 41 de la Constitución, para quedar en lo siguiente:

"Se establece como causal de nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, además de las que señala la Constitución y en los términos de la ley, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley".

Lo anterior, compañeros Senadores, implica un supuesto mucho más amplio, pues ya no sería necesario acreditar la obligación correlativa de la entrega del precio cierto y en dinero, sino únicamente la violación grave, dolosa y determinante consistente en el supuesto de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, independientemente de la contraprestación pactada.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Informo a la Asamblea que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya entregó a esta Mesa Directiva el texto de su intervención inscrita como voto particular, mismo que se recibe para insertarla en el Diario de los Debates.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199 numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente, hasta por un máximo de 10 minutos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Al momento de votar en contra de la reforma constitucional en materia político-electoral, señalamos, en lo general, que lo hacíamos porque presentaban las siguientes características en contra de la democracia:

Uno, los órganos electorales representan y representarán en ellos el desdoblamiento de la oligarquía.

Dos, innovaciones como la reelección consolidarán el elitismo y no la rendición de cuentas.

La reforma político-electoral simula porque no profundizaba en la democracia.

No es una reforma que mejore los tibios instrumentos de la democracia participativa establecidos en 2012; es una reforma que pretende eliminar a las minorías, al exigir el 3 por ciento de la votación para mantener el registro.

Es una reforma que no toca los medios electrónicos, ni a los empresarios; es una reforma negociada en la opacidad por tres fuerzas políticas, fue moneda de cambio de la reforma energética.

No es una reforma legítima porque no se aprobó con un amplio respaldo ciudadano; es una reforma que coadyuva a mantener el modelo neoliberal porque apuntala a la clase política que defiende a los intereses de la oligarquía.

Ahora bien, en ese dictamen que está a nuestra consideración, se incluye en el artículo 41 constitucional, la palabra “adquisición”.

Cuestión en la que, en su momento, insistimos, nosotros dijimos que debía incluirse como causa de nulidad electoral, para evitar la inequidad en las contiendas electorales.

Por lo anterior, estimamos que aunque es positiva la inclusión de la expresión “adquisición” de tiempos de radio y televisión, como causa que puede dar lugar a la nulidad de las elecciones, seguiremos insistiendo que no es democrático, ni correcto, que el artículo 41 constitucional exija que dichas violaciones, fíjense ustedes, dichas violaciones se acrediten de manera objetiva y material, y que sean determinantes, es decir, que deba demostrarse que la diferencia entre la votación obtenida, entre el primer y el segundo lugar, sea menor al 5 por ciento.

Pensamos que estas condiciones atentan contra el principio constitucional, de que las elecciones deben ser libres y auténticas, contemplado en el artículo 41 constitucional. La compra o adquisición por particulares, partidos o candidatos de tiempo en radio y la televisión, es tan grave para la salvaguarda de la equidad de las contiendas, que debería exigirse determinación alguna; ni ninguna otra condición, sobre todo en un país en donde los medios de comunicación electrónica influyen permanente e indebidamente en las contiendas electorales; y en donde los conceptos de determinancia, de objetividad, de materialidades harán definidos, en cuanto a su alcance jurídico, por la interpretación que realice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya sabemos cómo se las gasta. Lo que abona poco en la certeza jurídica de esta causal.

Repetimos, es bueno que la adquisición de tiempos en radio y televisión sea causa de nulidad electoral, y que se regrese ese concepto, subrepticiamente sacado una noche por ahí, sin ninguna explicación. Es correcto que se regrese al término “adquisición”.

Pero no dejamos de advertir, hoy que se toca este tema, que las condiciones y exigencias, que la norma constitucional, que se impone para la procedencia de la nulidad, hará que en los hechos la declaración de nulidad de una elección por esta causa, sea casi imposible.

Es decir, como en otras reformas que se aprueban en este Senado, encontramos, en este dictamen, simulación e hipocresía, además de promoción del divorcio entre la norma jurídica y la realidad.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRD, se le concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo creo que si hubiéramos hecho una reflexión más detenida en el mes de diciembre del año pasado, sobre este tema, nos estaríamos ahorrando la discusión.

Hay que recordar que el debate del 2 de diciembre del año pasado, cuando discutimos las causales de nulidad, no se incluyó la figura de comprar, porque venía el término “adquirir” con toda precisión, a fin de no dejar duda de la prohibición y restricción para que los partidos políticos o particulares pudieran, en la campaña electoral, comprar tiempo en radio y televisión.

Sorpresivamente en la sesión del 5 de diciembre, la Cámara de Diputados modificó, atendiendo el interés de poder y grupos fácticos, la redacción de este artículo, incluyendo la figura de “adquirir”.

Y tengo muy presente la madrugada del 13 de diciembre, en una sesión, bastante agitada, que a final de cuentas se tuvo que levantar por falta de quórum, y cerrar el periodo de sesiones, que tanto el Senador Javier Corral, como un servidor lo reservamos en particular este asunto, para que se mantuviera con toda precisión la figura de “adquirir”.

Ya que como lo ha señalado muy bien el Senador Manuel Bartlett, el término “comprar” hubiera requerido que quien se querellara junto para acreditar una violación a la ley y a la Constitución, debía contar con las facturas.

Sin embargo, lo cierto es que no solamente se hizo caso omiso, sino que así se publicó y salió adelante esta reforma constitucional.

Ahora viene como una iniciativa del Ejecutivo Federal, como si fuera una gran reforma que va a transformar todo el sistema de impugnación y nulidad electoral; lo cual, no es cierto, porque los términos en que quedó la Constitución, si bien ayuda que se establezca la figura de “adquirir”, se tienen que conjuntar varios factores para poder proceder a anular una elección, que las causas sean graves, dolosas y determinantes en el resultado.

Y para fijar la determinancia, incluso se dio tolerancia en la reforma constitucional a rebasar el tope de gastos de campaña, ya que en la propia Constitución se establece que solamente quien rebase en más del 5 por ciento el tope de gasto de campaña, y la diferencia entre quien gane y el segundo lugar, sea mayor al 5 por ciento del resultado electoral.

Es una licencia, bueno, para violar la Constitución y la ley.

Entonces, que bueno que se rectifica, pero no se resuelve de fondo el problema. Y seguimos teniendo como tema central, el criterio de la determinancia, creado en la elección de 2006 por el Tribunal Federal Electoral, que no consideró determinante la intervención del Ejecutivo Federal en la campaña electoral, una guerra sucia a través de los medios, la intervención de organismos empresariales en la contienda, la utilización de recursos públicos en la misma y dijo que con el 0.56 por ciento de diferencia en el resultado electoral, ello no fue determinante.

Entonces, yo quiero también aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión de lo que significa esta forma de legislar.

En primer término, hemos realizado 16 reformas constitucionales. Esta será la número 17.

Y dentro de la Constitución, hemos establecido un régimen transitorio que ha convertido a nuestra Constitución, prácticamente en una ley reglamentaria.

Tan solo en cuatro reformas constitucionales, me refiero particularmente a la reforma política, de transparencia, la energética, y en telecomunicaciones, tenemos 70 artículos transitorios que son prácticamente normativos. Y que bueno, su fuerza y su vigencia ahora que vemos la iniciativa en materia de telecomunicaciones, quedan en duda.

Y lo más paradójico del asunto, es que esta reforma que se publicó el 11 de febrero de este año, va a tener la vigencia más efímera en la existencia de una reforma constitucional, porque solamente duró, aquí tengo el dato, 43 días después de que entrara en vigor, esa reforma.

Y creo que esto va a sentar un precedente, porque este precedente es básicamente de que las reformas constitucionales recientes, en cualquier momento se pueden modificar. Y esperemos que en materia de la reforma energética y de la consulta, se reformen estas leyes sin ninguna restricción en ningún impedimento.

Y, bueno, está por resolverse una solicitud que hemos presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la consulta en materia de reforma energética; y está por resolverlo.

Aunque es muy interesante el debate que se dio ayer en la Corte, donde hay un voto dividido, entre cuatro y tres de los ministros de la Corte; donde se quiere negar la petición que hemos hecho para este pronunciamiento, con el argumento, que también va ser muy interesante, de que los solicitantes nos anticipamos a la publicación de la ley reglamentaria.

Yo quisiera ver que la Corte emitiera una resolución de esta naturaleza por lo que implicaría, no sólo por la violación a las jurisprudencias que ha establecido la Corte, señalando que la omisión del legislador no es óbice para conculcar un derecho establecido en la Constitución, porque si es que se pronuncia de que no es procedente el derecho en tanto no hay una ley reglamentaria, habría que derogar la reforma laboral, y la reforma a la contabilidad gubernamental que entraron como iniciativas preferentes al Congreso de la Unión sin que existiera, hasta la fecha, la ley reglamentaria en materia de iniciativa preferente.

Yo creo que deberíamos mejor trabajar con mayor juicio, sin tantas prisas, atender nuestra labor en función de los intereses del país y de los ciudadanos, y nos estaríamos evitando estas reformas que quieren arreglar algo que lamentablemente no resuelve el problema de fondo, porque para anular una elección, se requiere prácticamente transformar el sistema electoral del país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

Coincido con lo expresado por el Senador Alejandro Encinas, que el dictamen que hoy se presenta a la consideración de esta Asamblea, debe mover a una reflexión sobre la manera en que se conduce el trabajo del Poder Legislativo y particularmente de esta Cámara.

A veces las largas y nocturnas jornadas de trabajo imposibilitan atender los argumentos que se presentan para defender reservas.

Hoy, el Congreso mexicano, en la parte inicial, la Cámara de Senadores hace una importante rectificación.

Vale la pena para elección de nuestro trabajo futuro hacer algún recuento de hechos.

Esta Cámara, como lo sabemos, aprobó el 4 de diciembre del año pasado tres conceptos de nulidad en materia electoral: uno de ellos fue el de adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

Como bien lo dijo el Senador Alejandro Encinas: en la Cámara de Diputados sin alguna discusión que justificara la modificación, en uno de los trámites más rápidos que ha tenido la Colegisladora, se sustituyó el término “adquirir”, por “comprar” en la causal de nulidad referida.

Debo recordar y enmarcar la reforma. El segundo párrafo del Apartado A de la Base III de la Constitución, establece que los partidos políticos, y ahora incorporamos también a los candidatos, en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Es decir, a partir de la reforma constitucional de 2007, se estableció una prohibición absoluta a los partidos políticos de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión a fin de evitar la injerencia del dinero y de poderes ajenos al Estado en las elecciones, así como para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía a partir del ejercicio libre de la labor periodística.

Con relación a lo anterior, hago notar que según los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la expresión “contratar” corresponde sólo al lenguaje técnico jurídico e implica un acuerdo de voluntades; mientras que la palabra “adquirir” se utiliza predominantemente en el lenguaje común con el significado de allegarse cosas, tener cosas, buenas o malas, como un hábito, fama, honores, influencia sobre alguien, incluso vicios o enfermedades.

Dicho de otro modo, para que la autoridad acreditara la contratación resultaba necesario contar con un documento escrito, un contrato para evidenciar el acuerdo de voluntades entre el medio de comunicación y el partido político o candidato; mientras que la adquisición se actualiza con la existencia objetiva de elementos que permitan a la autoridad presumir la existencia de una cobertura en radio y televisión que ocurrió al margen de la ley y del ejercicio de la libre labor periodística.

La experiencia electoral, a partir de la reforma constitucional referida, permite afirmar que como regla general, la figura de la compra no se da, es muy difícil acreditarla, porque los distintos actores, pues ya sabemos que no celebran contratos escritos o traen a un notario a su lado para violar la Constitución.

De esta forma, únicamente, a través de la figura de “adquisición”, ha sido posible establecer sanciones por violaciones constitucionales derivadas de esta causa al acreditarse con elementos claros y objetivos un ejercicio de simulación o de fraude a la ley.

De haber quedado firme la modificación que hizo la Cámara de Diputados sólo con la palabra “comprar”, se hubiera hecho de agua un nuevo e importante concepto de nulidad electoral; de hecho hubiera sido imposible la nulidad de elección, porque hubiera sido imposible acreditar de manera objetiva y material la violación grave, dolosa y determinante de la compra de cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.

Y miren, ahora que el Senador Alejandro Encinas dice: que estamos ante una rectificación, yo no dudo de que pronto, y digo pronto-pasado, un proceso electoral federal, quizás el 2015, esta Soberanía va a tener que hacer otra rectificación en estos criterios de la determinancia en materia de nulidades electorales, porque el modelo electoral de competencia electoral está planteado absolutamente de manera inequitativa y con criterios muy subjetivos.

A este cambio, para estar en posibilidad de anular una elección por esta causal, la autoridad hubiera estado obligada a requerir contratos que acreditaran la compra de cobertura en radio y televisión.

El tema aborda, compañeras y compañeros, lo sabemos todos, uno de los asuntos más distorsionados de la competencia electoral: el mercado negro de la información.

Los medios de comunicación se han convertido en la principal arena de la disputa electoral, de la competencia por el poder; y ahí se ha producido un mercado negro de la información.

La manera en que expolian los medios de comunicación a candidatos y partidos, a todos, cómo nos ofrecen entrevistas pagadas, empaquetamiento publicitario informativo para cubrir las campañas, lo sabemos todos, está planteada en los hechos una relación comercial por debajo de la mesa, no por arriba de la mesa con contratos.

Para hacer efectiva la implementación de la reforma constitucional que se propone, va a resultar necesario establecer, a partir de la ponderación de distintos valores y principios involucrados en el ejercicio de la labor periodística de información, y que se atiendan a ciertas limitaciones tendientes a evitar que a través de un supuesto trabajo de información se cometan fraudes a la legislación electoral, o simulaciones consistentes en la adquisición indebida de espacios de propaganda electoral en los programas de radio y televisión.

Y este tema tiene también relación fundamental con otra reforma que nosotros hicimos, la que acaba también de mencionar el Senador Alejandro Encinas; la reforma de las telecomunicaciones.

Llevamos al artículo 6o. de la reforma en telecomunicaciones la prohibición de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

¿Y qué hicimos cuando llevamos este concepto a la Constitución? Pues evidenciamos la existencia de ejercicios de simulación que afectan a la libertad de expresión.

Por ello, en congruencia con ese reconocimiento de una práctica contraria a la Constitución y al derecho a la información de las personas, en la madrugada del 13 de diciembre, a las 03:45 horas de la mañana, varios Senadores presentamos la reserva y advertimos de las consecuencias que de aprobarse la minuta de la Cámara de Diputados, tendría frente a los objetivos de mayor equidad en las contiendas la modificación.

Qué bueno que el dictamen ratifica.

Celebro que el Presidente de la República, el día que promulgó la Reforma Político-Electoral, se haya hecho eco de una exigencia de los partidos políticos en lo que quedó del Pacto por México y que haya asumido la iniciativa de presentar la rectificación.

Ahora se incluye también “adquirir”. Comprar o adquirir, disyuntivo, no son las dos, es una o la otra.

Hay quienes dirán: “Es una palabra”.

Pues nunca una palabra había tenido tanto valor económico y político, nunca una palabra ha costado tanto al mercado negro de la información y nunca en una sola palabra se le había regresado un mensaje contundente al duopolio de la televisión que a través de sus personeros en la Colegisladora y abusando de la nocturnidad, cambiaron la Constitución para hacerse un traje a la medida del abuso de su sistema de cobertura informativa en las campañas electorales.

Termino con el último párrafo que terminé la madrugada del 13 de diciembre.

Compañeras y compañeros Senadores:

“Sé que es de madrugada y estamos cansados. Ojalá que en los próximos días y semanas, cuando se vean las consecuencias de esta omisión, se rectifique por el bien de la palabra empeñada, por el bien de la palabra ofrecida, porque en política lo único que hay es la palabra, es el instrumento de trabajo, la palabra que es la materia prima del pensamiento, es también la garantía fundamental de la honorabilidad en la acción política y entre los parlamentarios”.

Celebro el dictamen y celebro la rectificación.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Corral Jurado.

Esta Presidencia saluda a un grupo de legisladores electos del Partido Unidad Social Cristiana de la República de Costa Rica, invitados a este recinto por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Una vez concluida la intervención de los grupos parlamentarios, iniciamos la discusión en lo general de este dictamen, para lo cual, se ha inscrito oportunamente el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, a quien se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señor Presidente, gracias.

Bueno, este es uno de los dictámenes que luego de manera rara, de manera absurda, porque si mal no recuerdo en el marco de la discusión de esta reforma política en el mes de diciembre, varios Senadores hicieron justamente este planteamiento y en aquel entonces no era correcto ni adecuado.

Y hoy, en el mes de marzo, como iniciativa del Ejecutivo Federal, hoy sí es aplaudible y hoy, desde luego, también nosotros celebramos que hayan rectificado este planteamiento.

De la manera más obtusa se modifica en menos de tres meses el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y todo gracias a la ausencia, de la discusión y a la iniciativa de escuchar y debatir diversas propuestas que, sin lugar a dudas, enriquecerían la Reforma Político-Electoral. Y como es costumbre de esta legislatura, el mayoriteo carente de análisis se hizo patente.

La vía rápida y un debate ficticio evidenció lo que es muy claro, el Congreso de la Unión se ha convertido en una oficialía de parte del Ejecutivo Federal.

Risorio e increíble resulta que nuevamente el Pleno del Senado de la República esté debatiendo un tema que ya había discutido en diciembre del año pasado. Es decir, el dictamen que estamos discutiendo, es una fe de erratas a la negligencia y cerrazón de algunos grupos parlamentarios que decidieron imponer una insulsa reforma a la Constitución Política Federal en materia político- electoral.

Ante esto, cada día estoy más convencido de que la Reforma Político-Electoral fue una moneda de cambio por la Reforma Energética y que al gobierno federal no le interesaba ni le interesará otra reforma que no sea la energética.

Compañeras y compañeros Senadores:

Sabemos que los tiempos impuestos en las distintas disposiciones transitorias de las reformas aprobadas nos obligan a legislar en tiempo récord. Sin embargo, a pesar de que hayan fechas fatales, no podemos aprobar ni consentir reformas de ninguna índole carentes de una técnica- jurídica impecable, un sentido realmente social y que beneficie al país de forma integral.

Siguiendo realmente estas directrices, será posible evitar este tipo de parches legislativos, los cuales no únicamente evidencían la pésima y mala manera en la que se ha trabajado en el Congreso de la Unión.

La reforma al inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41, consiste en adicionar el término “adquiera”, como supuesto de nulidad de elecciones respecto a la cobertura informativa a tiempos de radio y televisión. Adición que permitirá sancionar a quien intente violentar la equidad de las elecciones a través de estos medios de comunicación.

Aplaudo este cambio constitucional porque hay que reconocer que el problema electoral en México es la falta de imparcialidad en las autoridades de esta materia. Desde un inicio sabemos que las cartas ya están marcadas, los dados están cargados, porque en la medida en que haya una norma clara preestablecida, el umbral discrecional de interpretación de quien debe aplicarla se reduce, no dando lugar a las ya conocidas inequidades y discrepancias para interpretar una ley a favor o en contra de un determinado político.

Sin embargo, lo que se cuestiona no es la materia del presente dictamen, sino las contradicciones que ahora salen a flote, ya que en diciembre tanto el gobierno federal como su partido se negaron rotundamente a modificar el mismo precepto, no obstante hoy alaban la propuesta enviada desde Los Pinos, misma que es igual a la que ya anteriormente propusieron varios Senadores cuando se discutió en este mismo recinto la gran Reforma Político-Electoral.

Es increíble que el Ejecutivo Federal reforme la Constitución Política a su antojo y que sus legisladores hagan caso omiso de las reservas que en su momento se propusieron. Si realmente el Senado decidiera escuchar y debatir las potenciales modificaciones al dictamen, éste saldría enriquecido con aportaciones de todos los frentes políticos, por lo que sin temor a equivocarme, todos los sectores y los distintos grupos del país se sentirían realmente representados como debe de ser; actuar verdaderamente como lo que somos, representantes y servidores de la nación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Presidencia saluda a la señora Nely Ríos Ruiz, de la Casa del Caminante: Samuel Ruiz García, invitada por el Senador Zoé Robledo Aburto. ¡Bienvenida!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 91 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b), del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el Sistema Educativo Nacional.





 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 7o, 12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE USO      Y REGULACION DE TECNOLOGIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este proyecto se encuentra publicado en la gaceta parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se le concede el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a nombre de la fracción parlamentaria del PRD a razonar el voto a favor del dictamen puesto a su consideración, por el cual se reforma la fracción VII del artículo 7o. de la Ley General de Educación; y se proponen las adiciones de las fracciones V Ter del artículo 12 y X Bis del artículo 14 del mismo ordenamiento legal.

En esta nueva etapa de transición de un modelo educativo endogámico, tradicional, unidireccional y cognitivista hacia un modelo educativo, pedagógico, abierto, innovador, sistémico, complejo y crítico, resulta fundamental contar con un marco jurídico que obligue a la autoridad educativa a fomentar actitudes que estimulen en el educando y el educador su introducción al desarrollo de la innovación científica y tecnológica aplicados al proceso educativo, así como a su comprensión y uso responsable.

A partir de un marco normativo como éste, hoy la autoridad educativa podrá impulsar la generación de programas dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

El uso de las nuevas tecnologías aplicadas al proceso educativo y al mundo del trabajo deben convertirse, principalmente, en una herramienta que facilite el acceso a la información científica y cultural, y al mismo tiempo que mejore los procesos de comunicación intra y extraescolar con fines formativos.

En la actualidad el uso inadecuado e irresponsable de la tecnología dentro y fuera de los planteles educativos no sólo puede llegar a generar deformaciones conceptuales, entelequias científicas y antivalores, sino que en muchos casos pone en riesgo la integridad física, psicológica y moral de nuestros educandos que incluso llegan a ser víctimas de infinidad de delitos cibernéticos.

Por eso, una reforma de esta naturaleza bajo las circunstancias actuales, en un mundo cada vez más complejo y competitivo, pero particularmente con un universo de información incalculable, algunas con contenido formativo y otras deformativo, resulta de mayor importancia. El propósito de la reforma en este sentido es fortalecer a las instituciones de educación básica, media superior y superior del país no sólo con la infraestructura física y tecnológica necesaria para introducirlos al uso y aplicación de los medios cibernéticos, sino también para que implementen los programas de capacitación necesarios para acceder a su beneficio.

Demandamos en ese sentido que las autoridades educativas federales y las correlativas en los estados, instrumenten la presente reforma legal bajo un programa integral que promueva la innovación pedagógica con apoyo en las tecnologías de la información y comunicación; que dote a los educandos de todos los niveles educativos del país de sus computadoras personales, que permita el acceso a la conectividad universal gratuita en todos los centros escolares, incluyendo, por supuesto, las comunidades indígenas y rurales, y que establezca mecanismos de bloqueo a contenidos nocivos para la formación del educando, priorizando aquellos que apoyen el aprendizaje, amplíen sus competencias para la vida y faciliten su inserción a la sociedad del conocimiento.

Recuperar y desarrollar el espacio escolar como un espacio para la universalización del conocimiento bajo principios de equidad, formación crítica y democrática, desarrollo científico y tecnológico y formación de valores para la vida y el trabajo, es una premisa indispensable de cualquier modelo de educación de calidad al que nosotros le estamos apostando.

Un modelo educativo que exige el cambio de paradigmas en la educación, a partir del fomento de la cultura, el acceso a la información científica, el uso de tecnologías aplicadas al proceso educativo, la utilización de herramientas que faciliten el aprendizaje y el acceso a la globalización de la información, pero con fines fundamentalmente humanistas y no utilitarios.

Por eso creemos que hoy las políticas de acceso y cobertura de los medios electrónicos de información en los centros educativos, establecidas desde la ley, deben seguirse enfocando a diseñar e instrumentar nuevas estrategias que garanticen la formación del educando con un perfil altamente competitivo en el manejo de la información y la adquisición de competencias para su comprensión, selección y adecuada utilización; pero sobre todo a un perfil de educandos más conscientes de su realidad social, y mucho más comprometidos con el desarrollo científico, técnico, tecnológico y regional de sus comunidades.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, para hablar a nombre de la Comisión de Educación.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con su permiso, señor Presidente.

Lo que hoy estamos conociendo es una tarea que empezó hace prácticamente seis años. Entre los años 2008 y 2010, en el Senado de la República se tuvieron iniciativas muy importantes de los Partidos de la Revolución Democrática, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

El 18 de octubre de 2011, el Pleno del Senado de la República aprobó el tema para turnar la minuta a la Cámara de Diputados, la cual fue conocida y aprobada el 30 de abril del año pasado con 435 votos a favor y ninguno en contra. La Colegisladora asumió la iniciativa del Senado de la República para incorporar de manera muy importante el tema de las tecnologías de información en la Ley General de Educación.

Cómo vamos a atender los aspectos de Internet y las redes sociales, particularmente frente al riesgo de la privacidad y la forma virtual en que se vienen desarrollando ciertas conductas que pueden robar la identidad de las personas.

A nivel internacional tenemos documentos muy importantes, por ejemplo, el Memorándum de Montevideo señala una serie de recomendaciones muy importantes para que los Estados se comprometan al uso responsable de las tecnologías de la información, y esta sugerencia ha permeado por fortuna en América Latina y El Caribe, y ha hecho exhortaciones muy importantes para que los Estados miembros puedan atender todo esto.

Por eso lo que el día de hoy estamos conociendo, es una coincidencia en la línea de reflexión del Senado de la República y la Cámara de Diputados.

El proyecto distribuye las competencias y las concurrencias de la autoridad federal y de las autoridades locales, junto con las principales recomendaciones de Naciones Unidas a través de UNESCO y documentos, como el ya he mencionado, de Montevideo.

Se hace una ampliación importante para facultar a la autoridad educativa para encaminar pautas generales en lo que hoy nos ocupa y nos preocupa, el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información. Así las cosas, se hace una propuesta que logró el consenso por unanimidad de la Comisión de Educación y le agradezco también a la Comisión de Estudios Legislativos, para poder poner en contexto todo lo que hoy requerimos en una economía digital, en una educación de calidad y, sobre todo, los propósitos de la seguridad ciudadana.

Nosotros hemos recogido lo que nos ha enviado la Cámara de Diputados, hemos ampliado el espectro para un máximo de involucramiento de las autoridades, y así se está proponiendo modificar los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, y por eso es que sometemos a esta Soberanía, a su consideración, esta importante iniciativa que tiene seis años en construcción.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Hicks.

Informo a la Asamblea que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya hizo llegar a esta Mesa Directiva su intervención sobre el dictamen que se está discutiendo, por lo cual, se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

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- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.




 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la dispensa de la segunda lectura. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa de la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy subo a esta máxima tribuna para manifestarme a favor de la reforma al artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. Esta modificación busca integrar el ordenamiento ecológico a la planeación nacional de desarrollo, a fin de fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático de nuestro país.

Es innegable que el cambio climático es una de las principales amenazas al desarrollo y bienestar de la población mundial. Hoy en día las evidencias científicas aportadas por el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático son inequívocas y señalan que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, como consecuencia de actividades humanas, se ha incrementado en un 70 por ciento.

Los impactos de cambio climático proyectados en las regiones de América Latina, incluyen una sustitución gradual de la vegetación semiárida, por vegetación de tierras áridas, pérdida de diversidad biológica, la disminución de productividad de algunos cultivos importantes, y con ella la productividad pecuaria, la notoria afectación a la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico.

Además de un incremento en fenómenos meteorológicos como sequías, inundaciones y huracanes, que ponen en riesgo la integridad de la población.

Nuestro país es particularmente vulnerable a estos impactos, su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas contribuyen a que se encuentre expuesto a este tipo de eventos extremos con efectos graves, principalmente en las zonas costeras, áreas inundables, y laderas de la montaña.

Además, los efectos de estos procesos se identifican y se intensifican por las desigualdades sociales, económicas y regionales.

Sabemos que ante este panorama, México ha participado activamente en el diálogo político a nivel internacional. Los compromisos de nuestro país, derivados de su adhesión al Protocolo de Kyoto, han fomentado arreglos institucionales nacionales para la elaboración de estrategias de mitigación y adaptación de cambio climático.

Una de las primeras líneas de acción en materia de adaptación contempladas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático; Visión 10-20-40, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio, es que precisamente el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos a la población, y por ello y en congruencia con los compromisos internacionales suscritos por nuestro país y con la estrategia nacional, la reforma que hoy se somete a discusión coadyuvará en gran medida a prevenir más eficientemente los riesgos para la población derivados del fenómeno de cambio climático, pues la política nacional de desarrollo deberá integrar los programas de ordenamiento ecológico territorial concedidos como instrumentos mediante los que se regula el uso del suelo y las actividades productivas, con el propósito de contribuir a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Como señalamos al presentar esta iniciativa, consideramos que las acciones y programas de mitigación o adaptación frente al cambio climático, sólo pueden alcanzar mejores resultados si se atiende el ordenamiento ecológico del territorio concedido como un instrumento de política ambiental mediante el que se regule el uso del suelo en las actividades productivas.

Asimismo, la acción local es indispensable para la puesta en marcha de los compromisos nacionales en la materia.

Compañeras Senadoras y Senadores, la urgencia con que debemos responder a los retos del cambio climático requiere de un marco jurídico capaz de aportar herramientas de planeación y eficientes para minimizar los riesgos que este fenómeno implica al desarrollo de todas las mexicanas y los mexicanos.

Por tanto, los convoco a votar a favor de esta reforma a la Ley General de Cambio Climático que, sin duda, abona a fortalecer las acciones nacionales en beneficio de nuestra población.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a una delegación del Congreso Nacional de Honduras, saludamos a los Diputados Edgardo Martínez, Juan Antonio Hernández, Leda Pagan, Virgilio Padilla, Christian Santa María y Yavhe Sabillón. ¡Bienvenidos al Senado de la República de México!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para la discusión del mismo dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de esta Mesa Directiva.

En nombre de nuestra fracción parlamentaria, compañeras y compañeros, quiero referirme a este tema. Particularmente esta semana y estos días han sido días de abordar muy cotidianamente temas acerca del cambio climático, y esta es una paradoja, porque esta Cámara está tocando muy responsablemente este tema y la conducta de los Senadores es de una total indiferencia a escuchar estos temas y a poder integrarse de manera correcta, paradójico el asunto, estamos produciendo mucho en esta materia y seguramente por que en próximos días en México habremos de celebrar la cumbre mundial con más de 100 países que vienen a platicar de este tema del cambio climático; México ha sido una nación sede, el líder en ese aspecto de legislación sobre los efectos del cambio climático y ahora creo que este Congreso, en consecuencia, está actuando en ese sentido.

Hoy, uno de los temas que estamos viendo aquí, que es una reforma, al inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático habla puntualmente de las acciones que se tienen que prever en este sentido.

Yo quiero decirles, compañeras y compañeros Senadores, que posiblemente no lo notaron, pero el mes de mayo de 2013 fue el mes que más presentó calentamiento el planeta, cerca de 400 partículas por millón se registraron en el mes de mayo de 2013; y esto llamó la atención incluso de la conferencia que se estaba celebrando en esos días de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y lo han referido. Ustedes sabrán que hay más de 200 años de investigación y elaboración científica en el tema del cambio climático y una de las primeras cosas con las que empezaron a establecerse, que eran características antropogénicas para el cambio climático, ha sido la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el cambio en el uso del suelo que han incrementado esas contemplaciones de bióxido de carbono en el planeta y también se han establecido causas naturales para esta forma que hemos afectado nuestro planeta con el calentamiento, y estas causas naturales tiene que ver uno, se los voy ir relatando, los que tengan poco interés en esto, son cambios topográficos en la geografía terrestre y marina y en la batimetría.

La topografía de la tierra afecta directamente a los patrones del viento y de la lluvia y esto tiene un efecto en el clima, en las latitudes altas, esto determina la facilidad de que se inicie o no un periodo glacial.

Los cambios en la conformación de los continentes han producido cambios en el clima, porque los continentes absorben menos radiación que el océano. Esto de alguna manera incide en que estos cambios que mide la batimetría alteren los patrones de circulación oceánica y esto a la vez afecte la temperatura terrestre al cambiar la distribución del calor de una región a otra en nuestro mundo.

Los cambios en la luminosidad, hemos visto que ha habido cambios. En los últimos 11 años, la luminosidad del sol ha variado hasta el 0.07 por ciento y esto tiene que ver porque tiene que ver con el flujo de radiación ultravioleta que pueden provocar cambios en la cantidad de ozono estratosférico, y esta cantidad de ozono estratosférico permite que se caliente o se enfríe el planeta y son otras de las causas naturales que estamos viendo que afecta. Y sin percepción, pero medidos, los cambios de la órbita terrestre también han afectado en el clima la circunstancia gravitoria de los otros planetas del sistema solar que ha afectado sistemáticamente a nuestro planeta en su órbita y estos cambios son una de las principales causas de la versión del clima en los periodos glacial e interglacial, entonces, hay efecto más la actividad volcánica, la que influye en el clima por las emisiones del bióxido de azufre que en la atmósfera se desprenden como si fueran estos aerosoles que conformando un sulfato éstos se enfrían, la atmósfera al reflejar la radiación solar; esto también ha permitido que en los últimos tiempos se incremente de 0.1 a 0.2 grados el calentamiento global.

Por eso estas partes que tenemos que ver con el efecto del cambio climático, compañeros, es una de las últimas cuestiones que les quiero comentar de la viabilidad interna del sistema océano-atmósfera, hay una relación interesante entre estas, porque la relación hacia el interior y hacia el exterior de las profundidades del océano, afectan directamente el cambio climático.

Tiene que ver con la atmósfera y tiene que ver con la interacción de la temperatura y la superficie del océano con las capas de hielo que se encuentran en los mares de nuestro país, y en el segundo tiene que ver las versiones de la temperatura que a nivel regional son comunes, pero se producen variaciones a nivel global que se manifiestan también en cambios de 0.1 a 0.2 grados centígrados.

Hay una meta que podamos reducir en menos de dos grados el calentamiento de nuestro planeta, y estas acciones que están planteando aquí en el dictamen que van a ir combinadas particularmente a establecer políticas que tengan que ver en el inciso e), estoy muy interesado en lo que está pasando en el planeta, que no me di cuenta de que el tiempo nos está ganando, no solamente en la tribuna, Senador, a los habitantes de esta planeta.

Entonces, compañeros, llamarlos a votar, en términos de que esta propuesta de reforma es importante que la podamos hacer ahí.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, con su permiso, señor Presidente.

Primero que nada, quiero felicitar a la Senadora María Elena, por este proyecto de reforma al inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático.

Esta modificación va a ser muy importante para nuestro país, porque nos va permitir conocer exactamente qué tipo de ecosistemas tenemos en nuestra República mexicana, si el ecosistema es frágil o no lo es, si está apto para que llegue la inversión, ahora que la tenemos que cruzar con esa tan mencionada reforma estructural energética.

Tenemos que darnos cuenta, que primero tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, y ver perfectamente dónde va a llegar la inversión. Esa panacea que nos cuentan aquí del gas shale, tenemos que revisarla perfectamente bien, qué, donde y qué tipo de ecosistema va a ser donde se va a perforar o dónde se va a invertir.

Por eso insisto en felicitarla por esta tan atinada reforma, por este tan atinado agregar el ordenamiento ecológico.

Con respecto a lo que se mencionaba hace rato, somos los primeros seres humanos en respirar 400 partes por millón de bióxido de carbono, y eso tenemos que evaluarlo, compañeras y compañeros Senadores.

Los primeros seres humanos en esta tierra que estamos respirando esta cantidad tan enorme de partes por millones de CO2, y dicho en la COP19, por Christiana Figueres, que es la Secretaria, precisamente, para la convención marco de las Naciones Unidas para cambio climático; un dato aterrorizante, un dato que le tenemos que poner muchísima, pero muchísima observación y seguimiento.

Por eso es de nosotros indispensable que el tema de cambio climático sea transversal y no solamente en el papel.

Conozco muchísimos ejemplos, porque me tocó ser delegada de la PROFEPA, de que con el mismo dinero federal, los proyectos están controvertidos.

Tenemos que hacer lo propio, y uno de ellos, en primer lugar, es sensibilizarnos con el tema y que nos adentremos y profundicemos en el conocimiento de dicho tema.

Quiero decirles que estoy convencida, al igual que más del 97 por ciento de los científicos a nivel mundial, que el fenómeno de cambio climático está presente, es cierto; pero que también confío en el conocimiento y en la buena voluntad del ser humano para hacer lo propio.

Por eso los invito a defender nuestros recursos naturales, a defenderlos ante todo, y a evitar que nos vendan panaceas de otras cosas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 77 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Por acuerdo de los grupos parlamentarios, y con anuencia de la Mesa Directiva, se concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romeros Hicks, para presentar, con aval del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia.

El día de hoy, a nombre de 38 Senadores del Partido Acción Nacional y 114 Diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional, es un privilegio presentar el proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Desde el año pasado, el Partido Acción Nacional encabezó tareas para dotar a México de una reforma política que fortalezca la democracia.

La reforma constitucional en materia política refleja el interés de nuestro partido por extender los avances de la democracia mexicana en todos los rincones de la patria.

Toca ahora establecer las reglas específicas con las que las nuevas instituciones organizarán las elecciones federales y locales, atendiendo los principios de la constitución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el principio máximo de publicidad.

Queremos elecciones pulcras, transparentes y eficientes, y sobre todo, acreditadas por el que paga y el que manda en este país, el ciudadano, el actor estelar de la democracia.

La iniciativa que hoy presentamos abroga un código, que guió las tareas del IFE, y aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento público al Instituto Federal Electoral, es uno de los mejores del mundo y está internacionalmente acreditado.

Proponemos una ley general que renueva el sistema para organizar elecciones en todo el país. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que proponemos, no es una simple adecuación de la ley anterior, propone un esquema integral en el que el nuevo Instituto Nacional Electoral, INE, y los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral OPLES, cada uno en atribuciones y responsabilidades que le otorga la Constitución, organizarán todas las elecciones de México, de ahora en adelante.

Esta propuesta mantiene el carácter de autoridad electoral como un órgano del Estado mexicano fuerte, confiable, organizado y con estructura suficiente para cumplir con sus responsabilidades.

El nuevo INE pasará de ser un órgano que tenía la convocatoria de 333 elecciones: el Ejecutivo Federal, las 32 del Senado de mayoría, y las 300 uninominales de la Cámara, a tener más de 3 mil elecciones; 2 mil 450 ayuntamientos aproximadamente; 682 Diputados locales; 31 gobernadores, y adicionalmente la jefatura de gobierno de la ciudad de México.

A partir de la reforma constitucional, se establecen varios imperativos: la ley general en comento; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Delitos Electorales, así como también otra en sistemas de medios de impugnación; un esquema de tribunales electorales en los estados; la reglamentación del artículo 134 de la Carta Magna en materia de propaganda gubernamental, y el derecho a réplica, entre otros.

Hoy lo que estamos presentando es la ley general, que contiene 379 artículos, 25 transitorios, y se redacta en 6 libros:

Primero.- La integración de los poderes federales y locales.

Segundo.- La parte de los organismos públicos locales en materia electoral y junto con esto el INE.

Tercero.- Los procedimientos especiales del instituto.

Cuarto.- Los procesos electorales.

Quinto.- El voto de los mexicanos en el exterior.

Sexto.- De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.

Con esta iniciativa nosotros proponemos en esencia algunos temas centrales, destaco solamente de manera enunciativa y no limitativa diez de ellos.

1.- Se definen en la ley las tareas para que cada órgano participe en la organización de los procesos electorales, federales y locales.

2.- Se establecen los mecanismos de relación entre los órganos locales y el nuevo INE para revisar las elecciones.

3.- Se define una estructura fortalecida para el INE y un esquema homogéneo para todos los órganos locales.

4.- Se conservan las reglas que dieron al IFE la experiencia para organizar elecciones, y se extienden las normas a las entidades del país.

5.- Se dota al INE de nuevos procedimientos para realizar tareas de fiscalización, una demanda y una exigencia a raíz de la última elección federal; la organización del servicio profesional, tanto en la parte nacional como local; los requisitos y procedimientos para tratar a los partidos, así como el tema de las candidaturas independientes.

6.- Se flexibilizan los mecanismos para que los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto a través de nuevas modalidades, que incluso ya han sido aplicadas por algunas autoridades locales, como es el caso del voto digital.

Queremos el voto de los mexicanos que residen en el extranjero.

7.- Se ajustan los procedimientos para que el INE y el Tribunal Electoral resuelvan procedimientos especiales sancionadores.

8.- Se establecen reglas de manera más definida para la organización de los debates.

9.- En el tema de fiscalización, es un nuevo esquema nacional para aplicación nacional y local para el buen uso y el ejercicio de los recursos de los partidos y los candidatos independientes.

10.- Se establecen las reglas para garantizar la igualdad de candidaturas para cada género en las legislaturas locales y en las legislaturas federales.

Con esta propuesta hacemos una respetuosa contribución. Hoy queremos un país que tenga una democracia sin adjetivos, donde el ciudadano sepa que su voto cuenta, vale, que tiene autoridades con toda la legitimidad, y que los procesos están con el máximo de la transparencia.

En el pasado reciente, hasta poco antes de 1994, este país tenía 2 cánceres electorales: el abstencionismo y el fraude, y hoy lo que queremos es que ambos estén debidamente atendidos para que esto no exista, y por eso es que establecemos normas imparciales para que estos órganos puedan tener el máximo de ejecución y de credibilidad en el juego de la democracia.

Con esta iniciativa avanzamos en temas urgentes en la agenda nacional, la igualdad entre géneros, las opciones para organizar el voto desde el extranjero, un INE fortalecido, así como también organismos públicos locales y electorales que tengan el respeto y el máximo de credibilidad.

Nuestra iniciativa está a su consideración.

En democracia no hay punto final, hay punto y seguido, y nos toca escribir la nueva página, la de una democracia que está a la altura del México de los sueños, del México que vive, que piensa, que siente en todos los rincones del país, un país al tamaño del corazón y el alma de todos sus habitantes.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Hicks. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del caso de la Empresa Oceanografía.

Solicito a la secretaría dé lectura al Acuerdo.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se integra la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del caso de la Empresa Oceanografía. Comuníquese.





 

Se recibió otro Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial de Productividad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se integra la Comisión Especial de Productividad. Comuníquese.





 

PROPUESTAS

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, con punto de Acuerdo que exhorta al ciudadano Rodrigo Medina de la Cruz, a suspender de manera provisional el proyecto hidráulico “Monterrey VI”, que se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CIUDADANO RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ A SUSPENDER DE MANERA PROVISIONAL EL PROYECTO HIDRAULICO “MONTERREY VI” HASTA QUE EL GOBIERNO NO TENGA UNA POSTURA CLARA Y CONCISA SOBRE LOS COSTOS QUE IMPLICARAN AL ESTADO DE NUEVO LEON.

“Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA AL C. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ A SUSPENDER DE MANERA PROVISIONAL EL PROYECTO HIDRAULICO “MONTERREY VI” HASTA QUE EL GOBIERNO NO TENGA UNA POSTURA CLARA Y CONCISA SOBRE LOS COSTOS QUE IMPLICARAN AL ESTADO Y SOBRE TODO, EL FIN QUE TENDRA ESTA CONSTRUCCION, SI SERA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS NEOLONESES O PARA LA EXTRACCION DE GAS SHALE Y DE IGUAL MANERA AL H. CONGRESO DE LA UNION, A QUE ANTES DE LEGISLAR LAS LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA ENERGETICA, SE HAGA PREVIAMENTE UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA ACERCA DE LOS METODOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA EXTRACCION DEL GAS SHALE Y SUS CONSECUENCIAS AMBIENTALES, PRINCIPALMENTE EN MATERIA SISMICA EN LA ZONA.

ANTECEDENTES

1. El día 10 diez de Octubre del año 2012 en el tercer informe de Gobierno del C. Rodrigo Medina de la Cruz Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, anuncio la creación del proyecto hidráulico denominado “Monterrey VI” con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable para los próximos 50 años, al trasvasar el vital líquido de la cuenca del Río Pánuco a la Presa Cerro Prieto en Nuevo León.

2. Posteriormente en el sitio oficial del gobierno del Estado de Nuevo León se describe el monto del costo de la obra a realizarse la cual se estima una inversión de 13,644 millones de pesos.

3. En el mes de abril de año 2013 el Presidente Peña Nieto anuncio que el costo de la obra seria de poco más de 13 mil millones de pesos sin embargo, “al día de hoy” el costo aumenta a 17 mil 616 millones de pesos, un 36% más elevado del que anuncio el Presidente dejando con poca claridad el financiamiento de esta obra y sin explicar la razón del aumento en el costo de la obra.

4. Para poder sufragar parte de esta obra, la paraestatal hipotecará o bursatilizará sus ingresos vía aumento de tarifas, que pagan cada uno de los usuarios, por los próximos 30 años, es decir las próximas cinco administraciones estatales hasta el año 2044.

5. Pese a que en un inicio, el Gobernador del Estado de Nuevo León declaro que el objetivo del proyecto Monterrey VI era el abasto de agua durante 50 años para el Estado de Nuevo León, en los días recientes el Gobierno a través del secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, reconoció que el agua del proyecto Monterrey VI se usará para la explotación del gas shale en la Cuenca de Burgos1.

6. Dicho abasto se usara para la extracción del gas shale mediante un procedimiento llamado fracking el cual consiste en explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos. Para ello es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas (la separación entre ellos ronda entre 0,6 a 2 km) e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con químicos tóxicos para extraerlo.

7. Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente caracterizados o comprendidos, entre ellos contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero (metano), terremotos (sismicidad inducida), contaminación acústica e impactos paisajísticos. Además de estos impactos, también se debe tener en cuenta los relacionados con el tráfico de camiones para transportar el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio.

8. Lo cual es causa de una gran preocupación ya que en meses recientes el estado de Nuevo León se han presentado fenómenos sismológicos de los cuales no se había tenido registro nunca y en investigaciones recientes se ha comprobado que la técnica del fracking es responsable de sismos en el mundo como lo demuestra revista Science en su artículo “Aprender a no hacer sus propios terremotos” y se expone que en “el área de Guy-Greenbrier, Arkansas, había tenido sólo un sismo de magnitud 2,5 o mayor en 2007 y dos en 2008. Pero había 10 en 2009, el primer año de la eliminación de profundidad, y 54 en 2010. El momento sospechoso del terremoto cluster-que incluyó a cientos de pequeños terremotos con una magnitud de 3.0 y su ubicación cerca del primer pozo de eliminación tiene su atención.”2

9. De igual manera en el estudio realizado por la Unión Europea en el año de 2011 titulado “Impacts of shlae gas and shaleoilextractionontetheenvironment and the human health.”En la pagina 30 bajo el subtitulo “Earthquakes” declara que la magnitud provocada por los terremotos a causa de la técnica de fracking son de uno hasta tres grados richter y bajo el ejemplo de la ciudad de Cleburne, Texas, la cual en ciento cuarenta años no había registrado un terremoto entre Junio y Julio del 2009 registro 7 terremotos a causa del fracking.3

10. Es de observancia y gran preocupación que el Gobierno del Estado de Nuevo León en primer lugar no tenga claro el presupuesto que se ejercerá en la obra hidráulica, segundo, que en un principio se declare que esta obra abastecerá de agua a la población del estado por 50-cincuenta años y meses después el secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert declare a la prensa que el agua que proveerá Monterrey VI será para uso del fracking y como en puntos anteriores hemos expresado esta técnica es peligrosa y dañina para el planeta inclusive se ha demostrado que produce temblores y en tercer lugar y no mucho menos alarmante es que aun el H. Congreso de la Unión no aprueba las leyes secundarias de la reforma energética y en el estado de Nuevo León ya se está pensando en utilizar los recursos de los Neoloneses para implementar el fracking.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Hoy en día ante los fenómenos climáticos y sismológicos que ese están viviendo en el mundo, el gobierno debe ser el primer protector del medio ambiente, mediante la implementación de políticas ambientales responsables, el proyecto de Monterrey VI en un inicio se mostraba prometedor y visionario, pero en los meses recientes ha dado una vuelta de ciento ochenta grados, con el cual por lo que han declarado funcionarios del Estado ahora se presenta solo como un proyecto con fines de extracción de hidrocarburos sin darle importancia a las finanzas del estado y mucho más importante a la calidad de vida de los Neoloneses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al C. Rodrigo Medina de la Cruz a suspender de manera provisional el proyecto hidráulico “Monterrey VI” hasta que el gobierno no tenga una postura clara y concisa sobre los costos que implicaran al estado y sobre todo el fin que tendrá esta construcción si será para el suministro de agua para los Neoloneses o para la extracción de gas shale.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a que antes de legislar las leyes secundarias en materia energética, se haga previamente una investigación exhaustiva acerca de los métodos que se utilizaran para la extracción del gas shale y sus consecuencias ambientales, principalmente en materia sísmica en la zona.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.

Bibliografía

Fuentes consultadas

Marcelina Solís “Monterrey VI, vital para extracción de gas” en periódico ABC revisión hecha el 25 de marzo de 2014 en: http://www.periodicoabc.mx/noticias/mi-ciudad/2014/02/ayudaria-monterrey-vi-en-extraccion-de-gas-shale.php#.UynvCah5Ms0

Greenpeace “Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking) revisión hecha el 21 de marzo de 2014 en:
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf

Gobierno del Estado de Nuevo León revisión hecha el día 20 de Marzo de 2014 http://www.nl.gob.mx/?P=leerarticulo&Article=72464

Gabriela Jiménez “Estado sí planea usar agua de Monterrey VI para extraer gas” revisión hecha el 19 de Marzo de 2014 http://www.milenio.com/region/Monterrey_VI-extraccion_gas_shale-Cuenca_de_Burgos-sismos_en_NL_0_260974192.html

PolicyDepartment A: Economic and ScientificPolicyrevision hecha el 19 de Marzo de 2014 http://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica el turno leído por la Secretaría.





 

Hago de su conocimiento que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnan a las comisiones correspondientes.

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las secretarías de seguridad pública estatales y municipales, rindan un informe sobre la situación actual que guardan las policías municipales en la República mexicana. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, PARA QUE EN COORDINACION CON LAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES, RINDAN UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACION ACTUAL QUE GUARDAN LAS POLICIAS MUNICIPALES EN LA REPUBLICA MEXICANA.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde tiempos inmemorables una de las principales preocupaciones de la sociedad es que cada individuo pueda realizar un plan digno de vida sin tener que preocuparse por peligros internos o constricciones. Y la mejor manera para que pueda cumplirse ese anhelo es el continuo respeto y garantía de los derechos fundamentales.

El Estado ha sido formado por el individuo al unirse en sociedad para garantizar esos derechos y libertades, y desde su creación es un Estado limitado, en palabras de Norberto Bobbio: El poder político en todos sus niveles, incluso en el más alto, se encuentra limitado por la existencia de estos derechos (…) cuyos titulares son los individuos y no las instituciones de la sociedad civil1.

Es así como la finalidad de todo Estado es lograr el pleno desarrollo de cada individuo. De esta manera surgen las constituciones modernas, cuyo eje rector son los derechos fundamentales y la separación de poderes. Los derechos entonces, vienen a formar una esfera de lo que no puede decidir el arbitrio del poder público, pues son los pilares del desarrollo individual pleno.

Dentro de estos derechos está uno de gran importancia que ha sido motivo de preocupación social a lo largo de la historia, nos referimos a la seguridad pública, pues sin duda es vital para el desarrollo de cada individuo que siempre ha deseado vivir tranquilo y llevar a cabo sus metas sin miedo alguno.

Cada estado debe promover y respetar este derecho humano, pues sin él sería casi imposible que el hombre pudiera seguir viviendo en sociedad, respetando las leyes y a su gobierno. Su importancia es tan grande que incluso para pensadores que justifican los gobiernos más absolutos, como Hobbes, no debe faltar la seguridad pública, pues con ello el Estado no cumple su fin y deja de ser Estado.

Nuestro país reconoce este derecho en el ordenamiento máximo, pues en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva”.

El Estado es el encargado de garantizar este derecho fundamental, de tal suerte que de no hacerlo estaría atentando contra el mandato constitucional y contra cada individuo titular del derecho a la seguridad; y es que hoy en día la sociedad demanda vivir con tranquilidad en cualquier parte del país.

Sin embargo, la historia nos ha mostrado que en México la Constitución Política Federal y los derecho fundamentales son violados por el arbitrio de los gobernantes, los cuales se sienten inmunes ante cualquier límite. Basta tan sólo recordar los 70 años de gobierno monocolor del siglo pasado donde se socavaron las libertades y la seguridad no era un derecho, sino un capricho de la autoridad.

A pesar de los grandes avances en el mundo sobre derechos y límites al poder, en el país seguimos igual, pues la oligarquía dominante es alérgica a los cambios a las libertades del pueblo mexicano. De tal manera que durante el sexenio de Felipe Calderón los índices delincuenciales aumentaron de manera tan drástica, que se optó por violar la Constitución Política Federal sacando el ejército a las calles para proveer de seguridad a la población.

Lo mismo está haciendo el gobierno actual, pues continua violando la Constitución Federal para “dar seguridad pública”. Es un doble discurso que se burla de la sociedad mexicana, mienten diciendo que son garantes de libertades y que por ende se preocupan por dar seguridad a la población, pero por otro lado violan en cada momento el mandato constitucional, de manera que la sociedad no sólo tiene que preocuparse por su seguridad en el ámbito privado, sino que debe temer a los arbitrios del poder público.

Es claro entonces, que los gobiernos mexicanos no han logrado consolidar y garantizar el derecho fundamental de la seguridad pública, no sólo a nivel Federal sino también a nivel estatal, en aquellos gobiernos del partido tricolor que maneja la doble moral de liberalista y garantista.

Un caso grave lo encontramos en el Estado de Zacatecas, donde la sociedad demanda un cambio de fondo que permita brindarles confianza y seguridad, dicho cambio es frenado por el gobierno que busca otros intereses privados, antes que los intereses sociales, un gobierno que se ha visto pobre en materia de garantía de derechos.

Y es que el crimen ha arraigado dentro de los elementos de seguridad pública y el gobierno parece ciego ante esto, no tomando las medidas necesarias, de tal manera que es casi imposible asegurar el derecho a la seguridad de cada ciudadano. No es de extrañar que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) Joel Correa Chacón informará que “actualmente quienes comenten más infracciones a los derechos humanos son los elementos de seguridad pública”2.

Es alarmante que por un lado los encargados de otorgar seguridad estén coludidos por el crimen, pero también lo es que los cuerpos de seguridad no estén capacitados en materia de derechos humanos y sean lesivos a la sociedad.

La situación sin duda es preocupante, pues la sociedad zacatecana ha quedado arrinconada, por miedo a la inseguridad y a la posible falta de capacidad de la autoridad. Lo cual demuestra el poco compromiso que toma el gobierno ante el respeto y garantía de los derechos fundamentales, en especial el de seguridad pública.

Un dato que vale la pena rescatar es relativo al municipio de Guadalupe, Zacatecas, puesto que de los 129 elementos policiacos, 89 reprobaron los exámenes de confianza3. Ante lo cual, el presidente municipal aseveró que realizará nuevos exámenes pues varios de los reprobados son de gran importancia.

Tal parece que la impunidad es exorbitante en el gobierno municipal, pues se quieren cegar ante los resultados, excusándose de que son necesarios aquellos miembros que no pasaron las pruebas. De tal manera que el compromiso del gobierno por dar seguridad es muy bajo y prefiere buscar su propio beneficio.

Es de vital importancia que el gobierno se comprometa con la agenda de los derechos en todos los ámbitos, desde el federal hasta el municipal, para que así estos derechos sean palpables y garantizados de la mejor manera. Se tiene que dar un paso hacia el futuro, haciendo realidad el texto constitucional y respetarlo plenamente. La apuesta por los derechos fundamentales maximizará las libertades individuales y con ello estaremos cumpliendo nuestra función como legisladores al servicio de la sociedad.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con las secretaías de seguridad pública estatales y municipales, rindan un informe detallado y pormenorizado sobre la situación actual que guardan las policías municipales en la República Mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2014”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a sus homólogas estatales a rendir un informe acerca del alto nivel de endeudamiento con el que cerró el año 2013. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA respetuosamente a la SecretarIa de Hacienda y CrEdito PUblico y a sus homOlogas estatales a rendir un informe detallado y pormenorizado a esta SoberanIa acerca del alto nivel de endeudamiento con el que cerrO el año 2013, asimismo, se les exhorta a generar los mecanismos necesarios a fin de evitar el incremento en la deuda que actualmente tiene cada uno de los estados de la República.

DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En cualquier país o entidad federativa, cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para hacer frente a los gastos públicos, el Estado tiene la necesidad de acudir a los llamados recursos extraordinarios, y de ahí, que surja la deuda pública.

En México, al comparar el nivel de deuda que actualmente se tiene con el de otros países, se puede observar que no se tienen los tan altos índices de deuda que sí presentan las naciones desarrolladas, lo que da a los responsables de las finanzas en los estados y en todo el país, el pretexto perfecto para evadir responsabilidades y peor aún, generar más deuda.

Sin embargo, dicha comparación da cuenta también de que en México, los niveles de ingresos son mucho más bajos que en los países desarrollados y, por lo tanto, la deuda interna y externa aumentan de manera tal, que llega un punto en el que las finanzas nacionales son incapaces de cubrir los intereses, generando con ello mayor deuda.

Si bien es cierto, la deuda pública suele ser necesaria y en ciertos casos hasta razonable, cuando se solicitan préstamos encausados a la inversión estatal o federal, con la seguridad de que el monto solicitado podrá pagarse con la plusvalía resultante de la inversión; por otro lado, si no resulta del endeudamiento ningún beneficio a la nación, la deuda pública resulta ser reflector del incompetente manejo financiero que se le podría estar dando a los ingresos estatales o federales.

Tal es el caso de la deuda pública que mantienen 27 de las 32 entidades del país, la cual representa más del 100 por ciento de los ingresos propios de cada entidad, de acuerdo con las leyes de ingresos locales y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).1

Coahuila, en primer lugar con una deuda de 35,543.7 millones de pesos, le siguen en segundo lugar, Nayarit, con una relación de 691.8 por ciento; tercer lugar Quintana Roo, con 592.2 por ciento; cuarto lugar Nuevo León, con 476 por ciento, y quinto lugar Zacatecas, con 446.8 por ciento, además de Morelos, Veracruz, Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Durango, Chihuahua, Jalisco, Colima, Baja California, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo y Guanajuato.

Ante esta dificultad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha hecho más que justificarse, bajo el pretexto de que el nivel de la deuda del sector público en México, como porcentaje del PIB, se mantiene en niveles que se comparan favorablemente en relación con el ámbito internacional, aún, cuando resulta preocupante la velocidad de crecimiento que lleva dicha deuda, pues a este ritmo, aproximadamente de dos dígitos anuales, no pasarán muchos años para que la situación de las finanzas públicas se torne aún más grave.

De esta manera, las cifras demuestran la ineficacia de los métodos que sexenio tras sexenio se han ido implementando para la supuesta inversión en diferentes sectores de la economía nacional que poco han retribuido y, en cambio, si han generado un endeudamiento que representa el 229% de todos los ingresos propios de las 32 entidades federativas, y que además, ascenderá, según la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 210,637.2 millones de pesos en el 2014.

Así pues, se hace evidente la falta de responsabilidad por parte de las administraciones estatales a la hora de generar ingresos propios y recurriendo al endeudamiento descontrolado, situación que ha colocado al país en un estado de inestabilidad económica desde hace ya varios años, pues de acuerdo con cifras publicadas por el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para diciembre de 2012, la deuda neta total del sector público ascendió a 5.222 billones de pesos, de los cuales 3.634 billones de pesos correspondieron a deuda interna y 1.588 billones de pesos fueron deuda externa. 2

Las cifras de la deuda en el sector público son históricas, pues alcanzaron a finales de 2013 un monto de 6.5 billones de pesos, representando el 38.5 por ciento del Producto Interno Bruto para ese período, según la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dicha cifra se debió a una elevación de 606 mil 174.6 millones de pesos de nuevo endeudamiento que contrató la actual administración federal durante su primer año de mandato, lo que significó una elevación del 10.2 por ciento respecto de lo que se heredo del sexenio pasado.

Asimismo, este hecho denota, en mayor o menor medida, con cuánto margen de maniobra cuentan los estados para solventar o contratar nuevos créditos, toda vez que entre menos ingresos propios y más deuda se tenga, la deuda pública incrementa de tal forma que se vuelve necesario el respaldo con participaciones federales, comprometiendo ingresos para futuros ejercicios fiscales. Es decir, aún cuando hay estados que administran de manera correcta sus recursos, la deuda que están generando todas las demás entidades federativas desequilibra la economía nacional y, por tanto, los recursos disminuyen para todos, generando un desequilibro que de ser estatal, pasa a ser nacional.

Por lo anterior, resulta impostergable crear condiciones adecuadas que eviten un mayor endeudamiento de los estados y con ello, del país, hace falta generar y aplicar una política eficaz y eficiente que apoye a los mexicanos que solicitan apoyo financiero del sector público, generar las condiciones que conlleven a un alto crecimiento, incluyente, de manera que el crédito y el financiamiento en todas sus modalidades fluyan con agilidad hacia las actividades productivas y no solo estanquen la economía estatal y nacional como lo han venido haciendo desde hace años y hasta ahora.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a sus homólogas estatales a rendir un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía acerca del alto nivel de endeudamiento con el que cerró el año 2013, asimismo, se les exhorta a generar los mecanismos necesarios a fin de evitar el incremento en la deuda que actualmente tiene cada uno de los estados de la República.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo del año 2014”.





 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas de México, en el marco de la instrumentación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE SE CONSULTE Y OBTENGA EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE MEXICO, EN EL MARCO DE LA INSTRUMENTACION DE LA LEGISLACION SECUNDARIA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.

“El Suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENASY AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE SE CONSULTE Y OBTENGA EL CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DE MEXICO, EN EL MARCO DE LA INSTRUMENTACION DE LA LEGISLACION SECUNDARIA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones nació con la finalidad de garantizar mejores condiciones de competitividad en el ramo, así como para fortalecer a la autoridad frente al gran poder que las concesionarias adquirieron. También se incluyeron grandes temas como el libre acceso de la población a las tecnologías de la información y los servicios de banda ancha e internet; creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dotado de autonomía constitucional; instrumentación de la política de inclusión digital, entre otros con igual importancia.

Es relevante destacar la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que respecta a las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el artículo en comento, corresponderá al Instituto el otorgamiento, revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

El mismo texto constitucional clasifica a las concesiones dependiendo su uso, señalando para los efectos concesiones comerciales, públicas, privadas y sociales que incluyen a las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución.

Reconocer a nivel constitucional el otorgamiento de concesiones sociales de radiodifusión y telecomunicaciones, entre ellas las comunitarias e indígenas, tiene a cumplimentar sendas recomendaciones internacionales observadas a México, así como contar con un marco jurídico interno con enfoque de derechos humanos y homologado con las disposiciones internacionales de la materia.

En específico, se convino con lo establecido en el Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ordenamientos que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a que establezcan sus propios medios de información en sus propios idiomas y puedan acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

No obstante que lo anterior representa un gran avance, no olvidemos que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas han sido sistemáticamente violentados e ignorados, con mayor ocasión los derechos de consulta, consentimiento previo, libre e informado, así como el derecho al acceso a medios de comunicación.

Es importante recordar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desechó alrededor de cuarenta y cuatro controversias constitucionales frente a la omisión del Legislador de no incluir en la Ley Federal de Radio y Televisión el tema de las radiodifusoras comunitarias, atendiendo a sus particulares características y a las posibilidades para su funcionamiento.

La Ley Federal de Radio y Televisión ha sido el gran impedimento para que los pueblos y comunidades indígenas no tengan acceso al espectro de radiodifusión; los requisitos que la legislación les impone no pueden ser cubiertos por los interesados y los casos existentes de radios indígenas apoyadas por el gobierno, operan en condiciones de falta de autonomía y poder de decisión sobre la difusión de contenidos.

De igual manera, la falta de reconocimiento explícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el consentimiento previo, libre e informado como objetivo principal de la consulta a los pueblos indígenas, es una de las principales muestras de falta de voluntad para materializar y hacer posible la realización de los derechos humanos; remarcando en el mismo sentido, el poco interés por incluir en la agenda legislativa la aprobación de la Ley de Consulta.

Por ello, es importante que se garantice la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de instrumentación de la legislación secundaria en materia telecomunicaciones, con especial interés en lo relativo a la regulación de las concesiones comunitarias e indígenas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI deberá "Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno".

En atención a la materia, el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece la autoridad del Instituto para evaluar el otorgamiento de concesiones públicas y sociales. Bajo esa idoneidad, el exhorto se dirige a las autoridades antes señaladas.

Finalmente quiero resaltar que la radiodifusión ofrece una posibilidad de cambio para las comunidades y pueblos indígenas no sólo en México, sino en todo el mundo, ya que el libre intercambio de información, difusión de contenidos, así como la misma participación de los integrantes, abre el interés de las personas hacia el conocimiento, reduciendo el retraso educativo, analfabetismo, aislamiento y olvido de los pueblos originarios.

Tenemos la oportunidad de cumplir una demanda histórica promovida por nuestros pueblos y comunidades indígenas, plasmada inclusive en los Acuerdos de San Andrés. La democratización de los medios de comunicación para los pueblos indígenas sin duda debe considerarse un eje rector en la instrumentación de la legislación secundaria, pues se trata de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la radiodifusión y telecomunicaciones, y a su vez armonizar el cumplimiento de otros derechos humanos que convergen con éste.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, consulten a las comunidades y pueblos indígenas de México sobre cualquier decisión que las implique en el marco de la instrumentación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, principalmente en el tema de la regulación de las concesiones sociales que incluyen a las comunitarias e indígenas.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 26 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a presentar un informe que contenga el registro de los yacimientos probados que tiene el país de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una estimación de la cantidad y el valor comercial de los mismos; una relación de las concesiones que tienen permitido explotar este gas y los contratos que Petróleos Mexicanos ha celebrado para la transportación y compra de este gas. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A PRESENTAR UN INFORME QUE CONTENGA EL REGISTRO DE LOS YACIMIENTOS PROBADOS QUE TIENE EL PAIS DE GAS ASOCIADO AL CARBON O GAS GRISU, ASI COMO UNA ESTIMACION DETALLADA DE LA CANTIDAD DE RECURSOS Y EL VALOR COMERCIAL DE LOS MISMOS; UNA RELACION DE LAS CONCESIONES QUE TIENEN PERMITIDO EXPLOTAR ESTE GAS Y LOS CONTRATOS QUE PETROLEOS MEXICANOS HA CELEBRADO PARA LA TRANSPORTACION Y COMPRA DE ESTE GAS.

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una de las industrias más poderosas en el país es la minera. Las concesiones mineras, principalmente a las empresas provenientes de Canadá, representan más del 25% del territorio nacional, cerca de cincuenta millones de hectáreas. Dentro de ellas, uno de los sectores más importantes es el de las mineras de carbón. Con respecto a este tema, el Instituto de Geografía de la UNAM señala que:

[l]as cuencas contenedoras de carbón en México se encuentran asociadas a rocas de los períodos triásico superior-jurásico medico en los estados de Sonora y Oaxaca; las cuencas del cretácico se localizan en Coahuila, Chihuahua y Sonora; y las más jóvenes, del eoceno, se ubican en Nuevo León y Tamaulipas. En todas ellas se han cubicado reservas de carbón de importancia económica, siendo las más notables hasta ahora, y las únicas desarrolladas, las del estado de Coahuila. Por su parte, los yacimientos de Oaxaca y Sonora, si bien corresponden a carbón semibituminoso y antracita tienen una estructura muy compleja que imposibilita su explotación económica…

Las minas de carbón revisten un papel importante, en razón de la presencia del gas grisú o gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. Este gas puede ser utilizado a la par del gas natural. El gas grisú está compuesto principalmente de metano 95%, pues el mismo se encuentra atrapado y es absorbido en las superficies internas de las capas de carbón. En México, se estima que existen cerca de 17.25 millones de millones de pies cúbicos de este gas, sin embargo, hasta noviembre del año pasado, sólo una empresa tenía un proyecto para su aprovechamiento .

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimó en 2007 la existencia de 13.78 millones de millones de pies cúbicos de este gas, en tanto que el Servicio Geológico Nacional, lo recalculó a 17.25 millones de millones en 2010. Por su parte, esta información señala que las principales reservas de este gas se encuentran ubicados en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, así como la zona norte del mar de Cortés.

Con el fin de aprovechar este gas, en 2006, se reformó la Ley Minera para permitir a los titulares de las concesiones de minas de carbón para extraer el gas asociado al carbón. El artículo 19 de la Ley Minera contempló que las concesiones mineras conceden el derecho a :

[o]btener el permiso de la Secretaría de Energía para la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. El aprovechamiento puede darse de dos maneras: el autoconsumo y la entrega a Petróleos Mexicanos. En el caso del autoconsumo dependiendo de la forma en que se de éste se sujetará a lo dispuesto en las leyes correspondientes.

a) Los concesionarios de yacimientos para la explotación de carbón mineral podrán asociarse para recuperar, autoconsumir y aprovechar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, previa autorización de la Secretaría de Energía.

b) Para el caso del transporte y servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a Petróleos Mexicanos, será necesario la celebración de un contrato en los términos de las disposiciones administrativas que fije la Secretaría de Energía.

c) Los términos y la metodología para el pago de la contraprestación del servicio de transporte y entrega del gas a que se refiere el contrato citado en el párrafo anterior serán establecidos por la autoridad competente y deberá considerar las inversiones necesarias para su recuperación, transporte, operación y mantenimiento más la obtención de una utilidad razonable.

No obstante, esta modificación no logró impulsar el mercado del aprovechamiento de este gas con el objeto de abatir las importaciones de gas natural. Entre las acciones que se siguieron impulsando se encuentra la presentación de una iniciativa en esta Cámara para reducir el gravamen por explotar este gas del 40% al 2.5%, para impulsar inversiones para su extracción y explotación y facilitar el acreditamiento del derecho predial minero contra el derecho especial sobre minería.

Las razones por las que no se ha logrado este impacto son diversas, señalando los mineros que se debe a que el costo de las inversiones en materia tecnológica es muy alto. A tal grado que actualmente, sólo la Unidad Mimosa de Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), tiene en marcha un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de la explotación de gas metano asociado al carbón o gas grisú. Lo anterior se logró con una inversión de 150 millones de pesos para lograr una extracción de 47 millones de metros cúbicos anuales de dos de sus minas.

En México, sólo existen cinco pozos para aprovechar el gas grisú, en tanto que en Estados Unidos, tres mil. Francisco Orduña, director de Relaciones Institucionales de AHMSA reconoció que otra de las causas para esta subutilización es la falta de políticas públicas, así como la necesidad de” darle seguridad jurídica a los que se ven a venir con la tecnología.” Algunos sectores consideran que el aprovechamiento de este recurso reduce los riesgos de explosiones en minas, como el trágico accidente de Pasta de Conchos en 2006.

Es de señalar que este tema, tuvo implicaciones en el debate de la reforma constitucional en materia energética, al ser excluida una restricción expresa contenida en el artículo Octavo Transitorio en el Acuerdo de los Presidentes de Mesas Directivas de las Comisiones Dictaminadoras, que señalaba que “los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto y aquéllos que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, ni para el gas asociado a los yacimientos de carbón. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades.” El texto aprobado y que forma parte ya de nuestra Carta Magna es: “Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto y aquellos que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades.”

Resulta claro que la postura original era limitar la explotación de este gas a los concesionarios, aunque al final prevaleció el interés de las mineras de gozar de seguridad jurídica para este negocio. Al señalar que, si dentro de la concesión otorgada a las mineras se permite la extracción de gas, no se podrá contravenir lo pactado al momento de negociar la concesión minera. Asimismo, al abrir el sistema energético, se abre la puerta para la comercialización directa del gas grisú y con ello, reforzar el negocio de las mineras en otros segmentos del mercado como es el gas natural y la generación de energía eléctrica.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretarías de Economía y de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Servicio Geológico Nacional y al Director General de Petróleos Mexicanos, a presentar a esta Soberanía, en un plazo no mayor de treinta días naturales, un informe detallado que contenga a) el registro de los yacimientos probados que tiene el país de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una estimación detallada de la cantidad de recursos y el valor comercial de los mismos; b) una relación de las concesiones que tienen permitido explotar este gas y c) los contratos que Petróleos Mexicanos ha celebrado para la transportación y compra de este gas.

Dado en la Cámara de Senadores, a 26 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el día de mañana jueves 27 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a la 14:52 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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