Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 22 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 18

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 25 de Marzo de 2014

SUMARIO                                              


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SECRETARIA DE GOBERNACION

- Oficio con el que remite INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION Y LA LEY DEL SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSION DE MEXICO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. (Se acompaña del dictamen de impacto presupuestario); oficio por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 2 y 3 de abril de 2014, para atender la invitación del Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, para realizar una visita oficial a dicho país, así como para participar en la reunión regional del Foro Económico Mundial sobre América Latina, cuya novena edición tendrá lugar en la ciudad de Panamá, Panamá.



































 

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 76 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del martes 25 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y nueve minutos del día jueves veinte de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del miércoles diecinueve de marzo de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Se autorizó la ampliación de turno a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria para que participe en la dictaminación del punto de acuerdo que exhorta a realizar campañas de difusión en medios de comunicación masivos para la promoción de hábitos alimenticios sanos y la implementación de una cultura nutricional en la población mexicana.

2) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 9 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.- La relación de los asuntos se publicará en la Gaceta.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Aarón Irízar López, el Informe de su gira de trabajo a la "Feria Internacional del Agua", que se celebró del 1 al 8 de marzo de 2014, en Zaragoza, España.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Teófilo Torres Corzo, el Informe de sus actividades con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas en Japón del 1 al 13 de marzo de 2014, en el marco de la conmemoración del 400 aniversario de la Misión Hasekura y del Año del Intercambio México-Japón.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 45 y 84 de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

Los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra para referirse al Aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Intervinieron los senadores: Miguel Barbosa Huerta del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; el grupo parlamentario del PVEM entregó el texto de su intervención; Angel Benjamín Robles Montoya del PRD; Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN; y Eviel Pérez Magaña del PRI.

(Iniciativas)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez y Angélica Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 13 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción iii del artículo 12 y la fracción v del artículo 14 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Los Senadores Ana Gabriela Guevara, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Alberto Puente Salas, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Roberto Armando Albores Gleason, remitieron iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se adiciona el artículo 256 Bis a la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Graciela Ortiz González y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el tercer párrafo del artículo 63 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 13, un segundo y cuarto párrafo al artículo 63, recorriéndose los sucesivos, un artículo 63 bis, un artículo 67 bis y un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTEMOC" (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 2014, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.- Sin discusión, fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su intervención, el cual se integró al Diario de los Debates. El dictamen fue aprobado por 82 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a publicar los resultados de los operativos de inspección realizados a la "Reserva de la Biósfera Archipiélago de Revillagigedo".

2) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar recursos del subejercicio del año fiscal 2013, para realizar acciones de sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit afectadas por el síndrome de mortalidad temprana del camarón.

Intervino el Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar los dictámenes. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo entregó el texto de su intervención sobre el dictamen relativo a la mortalidad temprana del camarón. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Comisión de Educación, con puntos de acuerdo:

1) Queexhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar o reforzar programas orientados a promover la creatividad y el espíritu emprendedor, conforme a lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, en todos los niveles del sistema educativo nacional.

2) Que exhorta a la Secretaría de Educación Púbica y a sus homólogas en las entidades federativas a generar programas dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

3) Queexhortaal titular de la Secretaría de Educación Pública y a las universidades e instituciones de educación superior del país a diseñar e instrumentar una estrategia que incorpore, entre otros, los recursos financieros, humanos y materiales, que garantice un incremento sustancial de la oferta y la matrícula de ese nivel educativo.

4) Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Educación para Adultos a enviar un informe sobre las acciones, planes o estrategias que serán implementados por esa dependencia a fin de disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en la República Mexicana.

5) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones públicas de educación superior a remitir un informe sobre el presupuesto asignado y ejercido del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

6) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar programas orientados a reducir la deserción escolar derivada de la pobreza.

Intervinieron los senadores: Juan Carlos Romero Hicks, por la comisión, para presentar los dictámenes; Raúl Morón Orozco del PRD; Angel Benjamín Robles Montoya del PRD; y Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

La Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección de Aeronáutica Civil a garantizar un servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad por parte del personal que labora en los aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional.- Considerado de urgente resolución. Intervino el Senador Angel Benjamín Robles Montoya del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V. que en el programa de trabajo que elabore, incluya la invitación a participar en sesiones de investigación de la comisión, a todos aquellos ex servidores públicos de los dos sexenios anteriores que estuvieron involucrados en los hechos relacionados con el daño al erario público ocasionados por los contratos celebrados entre PEMEX, la empresa Oceanografía y empresas vinculadas.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reprueba las acciones realizadas por el gobierno de Rusia en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania.- Considerado de urgente resolución y sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos se suspendan los procedimientos correspondientes a la llamada “Ronda Cero” hasta en tanto se cuente con la legislación secundaria en materia energética que brinde plena seguridad jurídica a todos los gobernados.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que el Senador Enrique Burgos García se integra a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en torno a las declaraciones rendidas por Javier Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, ante autoridades norteamericanas encargadas del caso del origen de su fortuna.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos a realizar a la mayor brevedad las acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de esa entidad federativa ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño por el inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén como presidente de la hermana República de El Salvador y refrenda los lazos entrañables de amistad que han unido a ambos pueblos a lo largo de la historia.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan una cultura del cuidado del agua.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a fortalecer e impulsar en el “Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, la capacitación permanente de las personas responsables y los asistentes que coadyuvan en las estancias infantiles; en materia de desarrollo infantil temprano, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de la niñez.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 464 Quintus a la Ley General de Salud, en materia de dispositivos médicos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto para modificar la fracción V del artículo 9° y las fracciones VI, VII y IX del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Efemérides)

El Senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del ducentésimo octavo aniversario del natalicio de Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride para referirse al Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride con motivo del Día Mundial del Agua.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senadora Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con motivo del Día Internacional de los Bosques.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la siguiente el martes veinticinco de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron hoy por la mañana.

La Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno al punto de Acuerdo que exhorta a informar los avances y las resoluciones que se han alcanzado en las negociaciones, en cuanto a la celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico, para quedar en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia- Pacífico; y de Comercio y Fomento Industrial.

Así también la Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno a los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentado el 4 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

Por el que se adicionan los artículos 76 y 89 constitucionales, en materia de operación de paz, presentado el 11 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Defensa Nacional; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Y por el que se reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de operaciones de mantenimiento de la paz, presentado también el 11 de marzo de 2014, para quedar en las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Estudios Legislativos.

Son todos los asuntos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría.

Pasamos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con la que informa del Acuerdo por el que se crea el Grupo de Trabajo para la Evaluación del Plan Hídrico Integral de Tabasco.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el día de ayer se recibió de la Secretaría de Gobernación la iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión en México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Dicho proyecto se acompaña del dictamen de impacto presupuestario y todo el expediente se turnó inmediatamente a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, su informe de actividades correspondiente a 2013.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Población y Desarrollo.

Pasamos al siguiente asunto.





 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio del Instituto Federal Electoral, con el que remite el informe de conclusión de los trabajos realizados para la elaboración del diagnóstico relativo al modelo de comunicación política y las implicaciones correspondientes a transmisión de versiones diferenciadas de promocionales por emisoras que retransmiten la misma señal, de una emisora de radio o televisión a nivel estatal.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase dicha información a la Comisión de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, por la que solicita que la Junta de Coordinación Política designe a los integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al caso de la Empresa Oceanografía.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al fallecimiento del señor Adolfo Suárez González, ex presidente de España.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.





 

INTERVENCIONES

-El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señora Presidenta.

Sin duda alguna, considero que las corrientes democráticas del mundo se unen en este momento a España, en ocasión del fallecimiento del presidente que en su momento dio cauce a la transformación en ese país, de una dictadura fascista a una democracia.

Las diferencias que se dieron entonces han sido superadas, las luchas políticas y las contradicciones en la democracia española siguieron su curso; pero hemos visto en el mundo, con agrado el espectáculo de todas las fuerzas en España, unidas en el recuerdo de este país que representa para nosotros una relación histórica permanente.

Yo solamente quisiera recordar la función de México en esa transición.

El gobierno mexicano, después del golpe de Estado, del golpe militar y el triunfo del franquismo en España, mantuvo su posición de respeto a la República española.

Aquí se estableció la República legítima destruida por un golpe militar que México rechazó siempre.

Y es importante recordarlo, porque si bien ese paso en España fue importante, no debemos olvidar la posición democrática que mantuvimos nosotros durante todo el periodo del franquismo sin mantener relaciones con un gobierno que consideramos espurio, producto de la violencia militar y de la vinculación de franco con el fascismo europeo, con Alemania nazi y con Italia fascista. Ese gesto de nuestro país debe ser recordado hoy aquí.

Nosotros participamos en la recuperación de la democracia de España, manteniendo esa posición de defensa de la República española en nuestro país.

Ya iniciado el cambio en España, se restablecieron las relaciones con este país, entrañable para nosotros, pero sin olvidar que hasta entonces aceptamos esa relación y que la digna posición de México frente a la República española debe repetirse hoy y decirse que aquí en el Senado recordamos la patriótica, la democrática posición desde el General Cárdenas hasta el momento en que recuperó la ruta democrática España.

España nos dio un patrimonio cultural e intelectual enorme, como resultado de la guerra civil que participamos de lado de la legitimidad y de la legalidad.

México tiene que recordar siempre a la república española que nos dio tanto. Y puedo decirlo quienes estudiamos en la universidad, en todas las áreas hubo siempre una aportación de aquella historia de la república española.

Por eso hoy que felicitamos a España y nos sumamos al reconocimiento de lo que Adolfo Suárez hizo en su momento.

Queremos, de mi parte y de mi fracción, recordar que México estuvo siempre en contra del fascismo español, siempre a favor de la República y después, cuando se restablece la democracia, de lado de la democracia española.

Muchas gracias por su atención, señora Presidenta; y muchas gracias a todos ustedes.

(Aplausos)

- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Informo a la Asamblea que el texto del mensaje del grupo parlamentario del PVEM, se integrará al Diario de los Debates.

(Se inserta intervención del grupo parlamentario del PVEM)

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD, a quien expresamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de su señora madre.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Tuve el privilegio de conocer a Adolfo Suárez y de conocerlo en dos momentos importantes para México. En la primera ocasión dos o tres académicos mexicanos acompañamos al entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a Madrid, y tuvimos una conversación que fue importante para impulsar la ley de la reforma política que se hizo posteriormente en México.

Recuerdo que don Jesús, a la hora de entrar al despacho del ya presidente del gobierno, me dijo: “A usted le toca hacer las preguntas que el Secretario de Gobernación no puede hacer, pero que son importantes para aprender de España lo que tendremos qué hacer en México”.

Y esa fue la pregunta que le hice, no lo que se decía en público, sino ¿cómo había convencido él al Rey de respaldar un proyecto de transición a la democracia? Nos explicó cómo dos años antes de la muerte de Franco, se habían iniciado las conversaciones y cómo el escribió un memorándum con un plan político básico de qué era lo que se tendría qué hacer. Y eso fue lo que hicieron.

Más tarde, años después, cuando ya había sido exitosa la transición a la democracia en España, tuve la oportunidad de platicar largamente ya con quien había sido el Presidente del gobierno, ya lo había dejado de ser, pero ya era realidad la transición. En ese momento el Presidente era Felipe González. Y con toda la información que teníamos sobre la transición en España, quise empezar la conversación que duró una hora y media respecto a cuál era la esencia de los Pactos de la Moncloa.

Mi sorpresa fue que lo primero que me dijo es: “Ese no fue el punto central de la transición”.

Los Pactos de la Moncloa, revísese, fueron unos acuerdos en lo que se refiere a la política económica y social, en un momento en que España tenía grandes dificultades. Pero ahí no se armó la transición.

Si se quiere ubicar un momento decisivo en la transición española, habría que voltear a ver lo que ocurrió, sobre todo en la relación de mi gobierno con el Partido Comunista Español.

La fotografía de Santiago Carrillo en la Moncloa, fue el punto culminante de la transición, fue el momento en donde se concentraron todas las presiones del régimen franquista y del propio Ejército para evitar la transición, y fue en el momento en que tuve que tener la valentía de dar el paso acompañado por la racionalidad que tuvo Santiago Carrillo que modificó de manera radical la posición que había tenido en las últimas décadas el Partido Comunista Español, y ahí se abrió la nuez y a partir de ahí pudimos hacer la reforma política y la nueva constitución.

Quisiera en este momento, de recuerdo sobre una persona que hoy en España y en el mundo es reconocida como el artífice de la transición a la democracia, como un estadista ejemplar, terminar este recuerdo con una pregunta, porque finalmente esa conversación que tuvimos con don Jesús Reyes Heroles, con él ya siendo Presidente, lo que nos planteábamos es. ¿cómo hacer la democratización de México?

Y yo pregunto aquí.

Si nosotros hicimos lo que se hizo en España, no porque tuviéramos que copiar el modelo español, sino porque hubo una decisión básica, contundente, pactada, y la decisión básica contundente y pactada fue que se iba a desmontar el régimen autoritario franquista. Sin eso no habría habido transición en España.

Ese es el gran mérito de Adolfo Suárez y esa es la tarea que no nos atrevimos a hacer bien en México, la hicimos a medias.

Hemos tenido una transición a la democracia demasiado larga y errática, con avances y con retrocesos, y no se vio porque aquí no tuvimos la grandeza para desmontar el régimen autoritario y hemos restablecido las condiciones del autoritarismo para terminar hoy, en lo que no es un régimen democrático sino que específicamente y siendo fieles a la doctrina, se debe llamar un autoritarismo competitivo.

Estamos en deuda con Adolfo Suárez; estamos en deuda con quienes lucharon por la democracia en México, empezando por esa figura que fue don Jesús Reyes Heroles, y estamos en deuda con el pueblo de México y con la democracia, así debemos celebrar este momento.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Camacho Solís.

Se concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con el permiso de la Mesa Directiva.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, manifiesta al pueblo español, con el que tantos lazos nos unen, nuestra solidaridad por la muerte de Adolfo Suárez. Asimismo, es oportuno hacer una reflexión sobre los valores y principios que inspiraron a este gran estadista.

Las circunstancias hicieron que Adolfo Suárez, que inició su vida política en tiempos de la dictadura, fuera nombrado presidente del nuevo gobierno a escasos seis meses de la muerte de Francisco Franco, justo para desmantelar las estructuras de la dictadura.

Debo decirles que en aquellos años todavía había mucho dolor por la Guerra Civil y por la dictadura en el pueblo español; era un pueblo que estaba polarizado. El Rey Juan Carlos no se equivocó con esa designación, qué importante es designar a alguien que pueda hacer el trabajo.

La inteligencia del nuevo presidente, su sentido del deber y el gran amor para su país le permitieron, en sus primeros años de gobierno, lograr un auténtico cambio en España, a pesar de los continuos intentos obstruccionistas de diversos grupos. La dupla, conformada por el rey Juan Carlos como motor del cambio y Suárez como conductor del proceso, permitió la aprobación de los instrumentos legales necesarios para que hoy en día España sea un país verdaderamente libre, democrático y con un auténtico estado de derecho que debería de ser, en palabra de este gobernante, la plataforma básica de convivencia.

Suárez supo utilizar el diálogo y el consenso como método y el interés general como principio para resolver la crisis de estado, siempre buscando salidas pacíficas a conflictos que parecían de imposible solución. La búsqueda de acuerdos siempre estuvo presente por extraordinarios que fueran los obstáculos a superar.

Entre sus primeras acciones al frente del gobierno español, estuvo la emisión de un Decreto para enemistar a los presos políticos y la legalización de los partidos que pugnaban por la democracia con el apoyo de los socialistas y comunistas menos radicales; para el presidente Suárez implicaba la necesidad de encontrar un terreno en donde todas las fuerzas políticas aceptaran la legalidad constitucional; vendrían después las primeras elecciones generales como resultado de esa votación.

Suárez presidió el primer gobierno democrático, aunque su partido no contaba con la mayoría absoluta. De inmediato las nuevas cortes se abocaron a redactar la nueva constitución.

En 1978, Suárez convocó los Pactos de la Moncloa, iniciativa compartida con fuerzas políticas empresariales y sindicales para afrontar una verdadera crisis económica. Con el firme y decidido apoyo del Rey consensó estos acuerdos con otras fuerzas políticas para garantizar su respaldo.

Actualmente, a medida que la polarización en la vida política española se ha agudizado, el aprecio y el respeto a la figura de Suárez ha crecido, porque su estilo de hacer política de manera constructiva, en concordia, capaz de evitar enfrentamientos civiles y de reformar a fondo el sistema político de un país, dejó una profunda huella en los españoles.

Durante el mandato de Suárez, en abril de 1977 se restauraron las relaciones diplomáticas con México y España, rotas al terminar la Guerra Civil española. Gracias a su esfuerzo y al del gobierno mexicano, ambas naciones cumplimos 37 años del reinicio de relaciones entre dos pueblos hermanos.

Suárez fue un ejemplo que debe guiarnos en nuestra labor legislativa. Persona con gran visión de futuro que supo enfrentar siempre los problemas con decisión y jamás los dejó pasar. Hombre y estadista de grandes y elevadas convicciones, que buscó siempre el bien común de toda España, nunca se dio a la tentación de buscar su propio beneficio ni el de su partido.

Señoras y señores Senadores, Adolfo Suárez fue un firme defensor de los valores democráticos, siempre creyó que en política todo es posible si hay un ambiente de diálogo y consenso donde prevalezca el bien común y el interés general de una nación.

Los invito a que honremos y apliquemos estos principios universales para que la democracia mexicana siga creciendo y fortaleciéndose.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para el mismo asunto.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y compañeros:

Con mucho orgullo y honra vengo, a nombre del grupo parlamentario del PRI, a emitir también palabras de nuestra parte respecto al sensible fallecimiento del ex presidente de España Adolfo Suárez González.

El grupo parlamentario del PRI expresa su más profundo pésame y solidaridad con la sociedad, el gobierno y el Reino de España por el sensible fallecimiento de una de las figuras más grandes en la democracia española, el ex presidente Adolfo Suárez González.

Brindamos un afectuoso reconocimiento al político que a través del diálogo, la negociación y la concertación impulsó un verdadero cambio en España. Un hombre siempre comprometido con las instituciones democráticas, con las mejores causas sociales y la consolidación de los derechos políticos.

Con el visto bueno del Rey Juan Carlos I, Suárez González asumió su compromiso con la reconstrucción de España a través de su posición como presidente del gobierno en 1976, emprendiendo con esto la tarea de convocar a las primeras elecciones democráticas en España en casi cincuenta años.

La reconstrucción no fue tarea fácil, en tan sólo cuatro años y siete meses los desafíos fueron abundantes; contó con cinco gabinetes distintos y enfrentó dos tentativas de golpe de Estado. Fue el principal impulsor de la ley de reforma política, con la cual se terminó de desmontar por completo el franquismo, dando así paso hacia la democracia.

En la reconstrucción de la economía española emprendió una estrategia basada en el consenso, acordó la política económica con todas las fuerzas parlamentarias que habían salido de las primeras elecciones libres. El carácter democrático de su liderazgo se manifestaba en la inclusión de las distintas corrientes políticas, fue así como surgieron los Pactos de la Moncloa.

España no sólo enfrentaba retos políticos y sociales al interior, sino que se encontraba severamente afectada por la situación económica de la región. Con el apoyo de las fuerzas políticas se aumentaron los salarios, logrando de esta forma contrarrestar la inflación, se realizaron fuertes inversiones en seguridad social que en su tiempo no sólo cubría pensiones y salud, sino que también se encargaba de una labor fundamental para el progreso, la escolarización.

Se emprendió un sistema fiscal completamente redistributivo en donde los impuestos se establecieron con una lógica profundamente social, los más adinerados pagaban mucho más de los que menos tenían.

Adolfo Suárez encabezó una auténtica alianza entre las fuerzas políticas que con el paso del tiempo fueron plasmadas en la constitución española de 1978. Su contribución a la grandeza y democracia española fueron reconocidas por el Rey Juan Carlos I al otorgarle el título nobiliario de Duque de Suárez.

En el grupo parlamentario del PRI, hacemos votos por la pronta resignación de amigos, familiares, compañeros y población en general, y nos honramos con el legado democrático que ha dejado no sólo a España, sino que sirve como inspiración en el resto del mundo.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es un medio de comunicación con vocación de servicio público, que poco a poco ha cobrado importancia y significación en México, por ser un órgano de información y comunicación del Congreso de la Unión, que desde hace 15 años se ha sumado a los mecanismos políticos, sociales y de comunicación que buscan consolidar la vida democrática de México.

Conforme se informa en su propio espacio digital, la relevancia del Canal del Congreso estriba en la importancia del papel de las asambleas legislativas y su comprensión por parte de los ciudadanos a través de la difusión de la actividad parlamentaria, constituyendo un vínculo entre el Congreso, los órganos que lo integran y la sociedad.

Se considera un modelo de comunicación parlamentaria de América Latina, que contribuye a la difusión del análisis, la discusión y el debate de los asuntos nacionales, sumado a los destacados trabajos en la materia de los distinguidos representantes de los medios que cubren la fuente de este Honorable Poder Legislativo.

El órgano rector del Canal del Congreso es la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, como responsable de conducir sus actividades, independientemente de que además deban de observarse las normas de la Ley Orgánica que rige este poder, su reglamento, el propio del Canal, las políticas internas de orden general y los programas de trabajo que apruebe la comisión y demás disposiciones que resulten aplicables.

Por otra parte, cabe destacar que el Canal del Congreso, cuenta además de la rectoría de la Comisión Bicamaral, con el valioso apoyo de un consejo consultivo, como un órgano plural de representación social conformado por 11 ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación. Consejo consultivo cuyos consejeros a título honorífico duran en su encargo un año con la posibilidad de ser reelectos. Temporalidad que en la práctica ha demostrado que se trata un lapso muy corto, aunado a la necesidad de estar emitiendo convocatorias anuales para su renovación, por lo que, a efecto de otorgar un periodo más amplio en el cual los consejeros puedan conocer y contribuir de mejor manera las necesidades y expectativas del Canal del Congreso con el evidente beneficio para sus actividades, se sugiere ampliar el plazo a 3 años.

Esta propuesta, es con la finalidad de que en un periodo más amplio que el actual, permita a los consejeros mayores posibilidades de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Canal del Congreso, al permitir la consolidación de propuestas y proyectos más allá del corto plazo y que su estancia en funciones en el consejo permita darle seguimiento sin la limitante del escaso lapso de un año de ejercicio.

También, por cuanto hace a su eventual reelección a efecto de que este proceso, el de la reelección, no se confunda con el de la ratificación, se hace necesario aclararlo en el reglamento. Esto es, que se hace necesario de un nuevo procedimiento de selección que asegure la existencia de una convocatoria, propuestas, comprobación de cumplimiento de requisitos o para el caso de que tales requisitos se conservan por quienes podrían ser reelectos.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 22.

Los consejeros quedarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico, su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Aún para efecto de una eventual reelección de consejeros, deberán observarse las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 23 del presente Reglamento.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es un medio de comunicación con vocación de servicio público, que poco a poco ha cobrado importancia y significación en México, por ser un órgano de información y comunicación del Congreso de la Unión, que desde hace quince años se ha sumado a los mecanismos políticos, sociales y de comunicación que buscan consolidar la vida democrática de México.

Conforme se informa en su propio espacio digital, la relevancia del CANAL DEL CONGRESO estriba en la importancia del papel de las asambleas legislativas y en su comprensión por parte de los ciudadanos a través de la difusión de la actividad parlamentaria, constituyendo un vínculo entre el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos que lo integran y la sociedad.

Se considera un modelo de comunicación parlamentaria en América Latina, que contribuye a la difusión del análisis, la discusión y el debate de los asuntos nacionales, sumado a los destacados trabajos en la materia de los distinguidos representantes de los medios que cubren la fuente de este honorable Poder Legislativo.

El órgano rector del Canal lo es la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General, como responsable de conducir sus actividades, independientemente de que además deban observarse las normas de la Ley Orgánica que rige este poder, su reglamento, el propio del Canal, las políticas internas de orden general y los programas de trabajo que apruebe la Comisión y demás disposiciones que resulten aplicables.

Por otra parte, cabe destacar que el Canal del Congreso cuenta además de la rectoría de la Comisión Bicamaral, con el valioso apoyo de un Consejo Consultivo, como un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación.

Consejo consultivo cuyos consejeros a título honorífico duran en su cargo un año con la posibilidad de ser reelectos. Temporalidad que la práctica ha demostrado que se trata de un lapso muy corto, aunado la necesidad de estar emitiendo convocatorias anuales para su renovación, por lo que, a efecto de otorgar un periodo más amplio en el cual los consejeros puedan conocer y contribuir de mejor manera las necesidades y expectativas del canal del congreso, con el evidente beneficio para sus actividades, se sugiere ampliar el plazo a tres años.

Esta propuesta, con la finalidad de que un periodo más amplio que el actual, permita a los consejeros mayores posibilidades de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Canal, al permitir la consolidación de propuestas y proyectos más allá del corto plazo y que, su estancia en funciones en el consejo permita darles seguimiento sin la limitante del escaso lapso de un año de ejercicio.

También, por cuanto hace a su eventual reelección, a efecto de que este proceso, el de reelección, no se confunda con el de ratificación, se hace necesario aclararlo en el reglamento. Esto es, que se hace necesario de un nuevo procedimiento de selección, que asegure la existencia de una convocatoria, propuestas, comprobación de cumplimiento de requisitos, o para el caso, de que tales requisitos se conservan por quienes podrían ser reelectos.

De tal suerte, que las reformas sugeridas contemplarían adecuaciones conforme se especifican en el siguiente cuadro comparativo.

TEXTUAL ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Aún para efectos de una eventual reelección de consejeros, deberán observarse las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 23 del presente Reglamento.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente…

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 22 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos. El cargo esa título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Aún para efectos de una eventual reelección de consejeros, deberán observarse las disposiciones contenidas en los artículos 19 y 23 del presente Reglamento.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones, a 25 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION III DEL ARTICULO 176 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señor Presidente.

Esta iniciativa, compañeras y compañeros Senadores, es de suma importancia para la justicia ambiental y para los ciudadanos de este país. Explico.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental entró en vigor el 30 de julio del año pasado.

Con este nuevo ordenamiento se buscó generar un espacio legal para resolver, entre muchas ilegalidades ambientales, los daños que se le causa a los recursos naturales y a los ecosistemas; entonces nace una nueva opción para lograr la reparación y la compensación de dichos daños, por supuesto, cuando sean exigibles a través de un proceso judicial federal, como lo son los mecanismos alternativos de solución a controversias, entre ellas, el procedimiento administrativo y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Dentro de las disposiciones de esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, destaca lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio, que a la letra dice: “...Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años....”.

Lo anterior quiere decir que los Juzgados de Distrito son competentes para resolver, por la vía judicial, lo que se presente con este motivo de la multicitada ley.

De igual forma, todo un paquete de leyes fue modificado con la entrada en vigor de esta nueva ley.

Uno de los artículos que fueron adicionados, fue el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al cual se le agregó un tercer párrafo que a la letra dice:

“...La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga del recurso administrativo de revisión, podrán convertirse en vía de juicio ante los Juzgados de Distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso”.

Es una lógica jurídica que sean los Juzgados de Distrito quienes se encarguen de atender los procesos judiciales en esta materia; sin embargo, existe una sala especializada en materia ambiental, misma que fue promovida por la suscrita a través de un exhorto al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en diciembre de 2012, que fue bien recibido, y agradezco mucho al magistrado presidente el haber tomado con tanta sensibilidad esta reforma que se propone, donde se modifica el reglamento interior en el artículo 23, fracción III, de dicho tribunal que a la letra dice: “Una sala especializada en materia ambiental y de regulación, con sede en el Distrito Federal, que tendrá competencia material en todo el territorio nacional”.

El espíritu de la creación de la sala especializada en materia ambiental, versó en la complejidad técnica jurídica que la materia ambiental posee, situaciones que las autoridades procuradoras de justicia ambiental y los propios particulares, padecen al querer hacer valer algunos supuestos de difícil comprensión, porque no solamente son lineamientos jurídicos, sino que también se combinan argumentos biológicos, químicos, sistémicos, físicos, geográficos, climatológicos, etc.

También es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho tribunal expresamente cuenta con la competencia material para conocer de un cúmulo de supuestos establecidos en este precepto, y son los que impondrán multas, dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, los que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

No obstante lo anterior, y con toda razón, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la sala especializada en materia ambiental, dada la reforma de adición del tercer párrafo del artículo 76 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, debe negar la aceptación de los juicios de nulidad con el argumento que corresponde a los Juzgados de Distrito como lo refiere el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Esta situación, compañeras y compañeros Senadores, no favorece a la justicia administrativa ambiental, por ello la iniciativa que hoy presento es fundamental para poder dar competencia al Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, y también dar herramientas certeras a los ciudadanos y a las propias autoridades, ya que los juicios de nulidad no son precisamente los juicios relacionados con la reparación del daño, como lo prevé la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de Decreto:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción III del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar de la siguiente forma:

III.- La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los Juzgados de Distrito en materia administrativa y salas competentes.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICALA TERCERA FRACCION DEL ARTICULO 176 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 25 de agosto de 2010, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Su dictamen fue aprobado por esta Asamblea en fecha 6 de diciembre de 2011.

A su vez, el 8 de diciembre de 2011, fue turnada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen y fue en sesión de Pleno celebrada el 17 de abril de 2013, que fue aprobada con 326 votos a favor, para finalmente aprobarse en sesión de Pleno del Senado en el mes de abril de 2013.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de junio del año 2013 y entró en vigor 30 días después, es decir, el 30 de julio del mismo año.

Su creación fue muy polémica y el proceso de publicación se prolongó por más de 3 años.

Con la creación de éste nuevo ordenamiento, que buscó generar un espacio legal para resolver, entre muchas ilegalidades ambientales, los daños que se causan a los recursos naturales y a los ecosistemas, nace una opción de lograr la reparación y compensación de dichos daños, cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, como son los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Dentro de las disposiciones de esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se destaca lo establecido en el Artículo Transitorio Tercero:

"TERCERO.- Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental."

Lo anterior quiere decir que serán los Juzgados de Distrito las instancias competentes para resolver los por la vía judicial que se presenten con motivo de la multimencionada Ley.

De igual forma, como parte del proceso de publicación de la nueva Ley, hubo un paquete de reformas a la normatividad ya existente para poder empatarla. Por tanto se reformaron, adicionaron y agregaron diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), del Código Penal Federal (CP), de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (LNCM) y de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).

Uno de los artículos que fueron adicionados, fue el 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, al cual se le agregó el párrafo tercero, quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 176.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Por lo anteriormente expuesto, es una lógica jurídica que serán los Juzgados de Distrito, quienes se encarguen deatender los procesos judiciales en esta materia, sin embargo, existe una Sala Especializada en materia ambiental, misma que fue promovida por la suscrita a través de un exhorto al Tribunal Federal de JusticiaFiscal y Administrativa en diciembre del año 2012, que fue bien recibido y se llevó a cabo una modificación a su Reglamento Interior, por lo que fue reformado el artículo 23 fracción III, numeral 2 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa mediante acuerdo No. SS/5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013, vigente al día siguiente de su publicación, para quedar como sigue:

Artículo 23.- El Tribunal contará con Salas Regionales Especializadas cuya denominación, sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente:

(…)

III.- Una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, con sede en el Distrito Federal, que tendrá competencia material en todo el territorio nacional para:

(…)

El espíritu de la creación de la Sala Especializada en Materia Ambiental, versó en la complejidad técnica jurídica que la materia ambiental posee, situación que las autoridades procuradoras de justicia ambiental y los propios particulares, padecen al querer hacer valer algunos supuestos de difícil comprensión, por contener no tan solo lineamientos jurídicos específicos de la materia ambiental, sino que se combinan argumentos biológicos, químicos, sistémicos, físicos, geográficos, climatológicos, etc.

También esimportante señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho tribunal expresamente cuenta con la competencia material para conocer de un cúmulo de supuestos establecidos en dicho precepto, disposiciones jurídicas que para mayor claridad se transcriben a continuación:

ARTICULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

(…)

(…)

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

(…)

(…)

(…)

(…)

...

No obstante lo anterior, y con toda razón, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de su Sala Especializada en Materia Ambiental, dada la reforma y adición del tercer párrafo del artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, debe negar la aceptación de juicios de nulidad, con el argumento que corresponde a los Juzgados de Distrito, como lo refiere el Artículo Transitorio Tercero dela Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (sito en la página 3 y 4 del presente documento).

Esta situación no favorece la justicia administrativa ambiental, por ello, la iniciativa que hoy presento, es fundamental para poder dar competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y también para dar herramientas certeras a los ciudadanos y a las propias autoridades, ya que los juicios de nulidad no son precisamente juicios relacionados con la reparación del daño, como lo prevé la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TERCERA FRACCION DEL ARTICULO 176 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE, para quedar de la siguiente forma:

ARTICULO 176.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa y salas competentes. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, a 25 de marzo de 2014.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván.

Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para que por su conducto le pregunte a la Senadora proponente, nuestra amiga Silvia Garza, si me permite sumarme a su importante y valiosa iniciativa en materia de cuidado del medio ambiente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: De la misma manera el Senador Fernando Yunes, para el mismo asunto. ¿Senadora Silvia Garza, acepta la adhesión de los compañeros que han manifestado el interés por sumarse a su iniciativa?

Pido a la Secretaría tome nota de ello.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Bueno, obviamente, coincidir con la iniciativa que presenta mi compañera, comentar también que ya hace algunos meses se presentó una iniciativa similar, prácticamente idéntica a la que hoy presenta la Senadora, porque creo que sí se deben de especializar los tribunales en temas ambientales.

No es posible que un juzgador en materia administrativa, que vea otro tipo de temas y que todavía no se tienen los especialistas en materia jurídica ambiental, hace necesario que estos tribunales puedan existir, y si no tiene inconveniente la Senadora, y a efecto de darle celeridad a este trámite, que pudiera consultarlo con los presidentes de las comisiones, que se puedan acumular las iniciativas para que salga un solo dictamen a la brevedad posible, y que esto se haga realidad, tomando en consideración que al final de este año se estarán aprobando los presupuestos por parte de Cámara de Diputados, si ya se están aprobados esos tribunales, que se les pueda dar suficiencia presupuestal.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Casillas Romero. Ahorita lo que vamos a hacer es turnarlo a las comisiones, y en las comisiones será donde se vaya a tomar la decisión.

Sonido en el escaño de la Senadora Garza Galván. ¿Para qué asunto?

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: (Desde su escaño) Con gusto, Senador Casillas Romero.

Nada más para aclarar que las reformas, no son iguales; la sala especializada en materia ambiental ya existe, y fue modificado el reglamento interior del Tribunal Fiscal y Administrativo en diciembre de 2012, aquí la problemática es que el tribunal no puede participar en los juicios de nulidad, y me gustaría que lo vieran en comisión.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera. Y desde luego atendiendo la sugerencia del Senador Jesús Casillas, de que se puedan dictaminar en lo que sea concurrente, de manera conjunta.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales, para crear un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVAS AL TRIBUNAL GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PUBLICO

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Desde el inicio de la presente legislatura hemos venido argumentando, tanto desde esta tribuna como las Comisiones de Hacienda y las distintas en las que nos toca participar, la importancia de configurar un sistema nacional de fiscalización que garantice el seguimiento del gasto público y que de manera especial combata lo que se ha convertido en el principal cáncer de nuestra sociedad.

El escándalo de Oceanografía, tan solo mostrado hace algunas semanas, demuestra que la corrupción es el principal flagelo de la vida pública, es algo que le pega a las ciudadanas y a los ciudadanos, y que si no logramos nosotros construir un andamiaje institucional, que logre cambiar la forma en la que opera el gasto público, difícilmente vamos a evitar este tipo de escándalos que terminan dañando la imagen de quienes se dedican al actuar público en todos los rincones del país, en todos los partidos políticos, porque desafortunadamente nuestro sistema está funcionando mal.

Solamente a través de un sistema nacional de fiscalización será posible generar un nuevo andamiaje que logre transformar, de raíz y de fondo, la manera en la cual el gasto público se está llevando acabo, no solamente en la forma en la que se planea y se programa, sino en la forma en la que se ejecuta y la forma en la que se le da seguimiento por parte de la sociedad.

Es escandaloso ver notas que aparecen en el periódico, como por ejemplo, que el 96 por ciento de las denuncias que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, han quedado sin rumbo o no han tenido una conclusión, de tal manera que tenemos un avance en la conformación de esta auditoría como parte del Poder Legislativo; sin embargo, no le estamos dando suficiente capacidad para poder darle a los ciudadanos certidumbre de que el presupuesto, que cada peso y cada centavo se está utilizando bien, en beneficio de la gente y que no se está quedando en el bolsillo de algún funcionario, en el bolsillo de algún legislador, ya sea por moches, ya sea por tráfico de influencias, ya sea por los múltiples temas que desafortunadamente hoy son parte de la vida pública y que afectan a nuestro país; y que de manera particular afectan, obviamente, a quienes de aquí, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, debemos de representar los intereses de la gente y que si no logramos hacer un cambio en las instituciones, difícilmente la confianza y la credibilidad que debe de predominar en esta Asamblea va a poder ratificarse.

Revisando, por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública de 2012, sobresalen algunas observaciones en distintos ámbitos, ya sea seguridad pública, ya sea salud, ya sea deuda de los estados, ya sea gasto por parte de la Secretaría de Hacienda, como gobierno federal, o por parte de los gobiernos de los estados.

En materia de salud, el Seguro Popular, objetó irregularidades por el 23 por ciento de su presupuesto, por medio de operaciones financieras no registradas, es decir, en el Seguro Popular, uno de cada cuatro pesos que se gastaron tiene irregularidades según la Auditoría Superior de la Federación.

En materia de deuda subnacional, el informe indica que las obligaciones financieras de estados que superan el porcentaje preocupantemente de los recursos federales obtenidos, son Coahuila, que ya se ha vuelto famoso, con casi 300 por ciento; Quinta Roo, con 235 por ciento o Nuevo León con el 208 por ciento, situación preocupante para las finanzas públicas de esos estados, pero para las finanzas públicas nacionales, en materia de salud nacional.

En materia de seguridad pública, la opacidad afectó, en algunos casos, hasta el 39 por ciento de los fondos destinados para tal efecto, en situaciones como transferencias indebidas, adquisiciones suntuarias e incumplimiento de responsabilidades a nivel federal y estatal. 4 de cada 10 pesos que se están gastando hoy en seguridad pública, según la Auditoría Superior de la Federación, enfrentan este tipo de problemas.

Y entonces, compañeras y compañeros, cunado queremos hacer una discusión de un tema por ejemplo, como puede ser el mando único, que es un tema indispensable para garantizar una evolución de la forma en la que estamos atendiendo casos de inseguridad como el que tiene Michoacán, como el que tiene Morelos o como el que puede tener el estado de Guerrero, que es el que yo tengo, pues enfrentan con presidentes municipales, muchas veces que sabiendo de las distorsiones que son posibles a realizarse en materia de gasto de seguridad, prefieren ir en contra de avanzar en una lógica de trabajo compartido para poder seguir aprovechando esas áreas de opacidad.

Y si así siguiéramos, compañeras y compañeros, pues tenemos un número inagotable de ejemplos que año tras año la Auditoría Superior de la Federación que saca sus números, hace su revisión, nos vamos dando cuenta de cómo el gasto público tiene innumerables deficiencias.

Es por eso, compañeras y compañeros, que someto a ustedes la revisión de esta iniciativa.

Consideramos que es indispensable conformar un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, y esto no es solamente una propuesta de un servidor, es el propio planteamiento que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, la auditoría le ha pedido a los Diputados que resuelvan para garantizar que las investigaciones que ellos hagan no se queden ahí, huecas, al vacío, sino que haya una autoridad que permita aterrizar, revisar y castigar a aquellos que están haciendo mal uso del gasto público.

Es por eso que en adición a la discusión que hemos dado en este Senado, en materia de transparencia con la autonomía del IFAI, en materia de la comisión de combate a la corrupción, sometemos a ustedes la conformación de este tribunal, para garantizar que el sistema nacional de fiscalización sea un objetivo claro y con rumbo de parte de esta legislatura.

Si queremos evitar, compañeras y compañeros, más escándalos como Oceanografía, que terminan tocando todas las fibras sensibles de muchos actores importantes de la vida pública nacional, entonces tenemos que hacer que la evolución sea de fondo, que el cambio institucional sea trascendente y que le demos al país una nueva lógica, un nuevo marco institucional que permita el combate a la corrupción y que permita la evaluación, por parte de las ciudadanas y ciudadanos, del gasto público.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Quienes suscriben Senadores Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RELATIVOS AL TRIBUNAL GENERAL DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO PUBLICO, con base en la siguiente:

ANTECEDENTES

La supervisión y fiscalización es un requisito de las democracias modernas, sin embargo, en México sigue como una deuda, la publicación de la Cuenta Pública 2012, evidencia un lastre para la consolidación de nuestras finanzas públicas y el ejercicio honrado de los impuestos de los contribuyentes en obra pública, en generación de empleo y mejorar las condiciones para el crecimiento económico.

El pasado 20 de febrero de 2014, el Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal, presento en la Cámara de Diputados el informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012. El Auditor General anuncio de que presentaran 147 denuncias de hechos, por irregularidades en el ejercicio del gasto federal del 2012 por alrededor de cuatro mil 300 millones de pesos, del total 43 denuncias corresponden a recursos con subejercicios, desviados o no utilizados por las entidades federativas o municipios, y 104 a dependencias públicas.De ellas, se desprendieron 4 mil 347 acciones correctivas. Se elaboraron de ese total mil 768 pliegos de observaciones, mil 768 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso a la Cámara de Diputados instituir la figura de un tribunal de sanciones para asegurar que se apliquen castigos al desvío de recursos públicos, pues aun cuando por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2012 se presentaron 147 denuncias de hechos, es el Ministerio Público Federal (MPF) el que debe decidir si hay una penalidad.

En la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, señaló que el principal problema en el ejercicio del gasto público es la forma en que los gobiernos de los estados ejercen el presupuesto. Agregó que las administraciones locales aluden como pretexto para el desvío de recursos su debilidad financiera y ejemplificó con un dato relevante, pues en contraste con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, los órganos fiscalizadores estatales únicamente reportaron probables recuperaciones por 509 millones de pesos de fondos federales, 21 veces menos que lo encontrado por el órgano fiscalizador que encabeza, por un monto de 10 mil 915 millones de pesos.

De la Cuenta Pública 2012 sobresale las siguientes observaciones:

• En materia de salud el seguro popular objeto irregularidades por el 23.2% de su presupuesto por medio de operaciones financieras no registradas,transferencias indebidas a diversas cuentas bancarias, subejercicios y la compra de medicamentos a precios superiores a los de referencia.

• En materia de aprovechamientos y de ingresos no petroleros y no tributarios, no fue posible determinar el origen de 40 mil 771 mdp agrupados en el rubro de otros, la Secretaría de Hacienda sólo informó el destino de 28 mil 789.8 mdp que representan 14.1% de los ingresos excedentes de 2012, respecto de los.

• En materia de deuda subnacional el informe indica que las obligaciones financieras de los estados que superan el porcentaje preocupantemente los recursos federales obtenidos son, Coahuila con 298.5%, Quintana Roo con 235.6%y Nuevo León con 208.3%, situación sumamente preocupante para las finanzas públicas.

• Las entidades federativas como Veracruz, Nayarit, Distrito Federal, Sonora, Michoacán, Baja California y Jalisco, así como Chiapas, Zacatecas, Coahuila, Quintana Roo, y Nuevo León, enfrentaron serias restricciones económicas y financieras en razón, de sus elevadas tasas de endeudamiento.

• En materia de seguridad pública la opacidad afecto en algunos casos hasta el 39% de los fondos destinados para tal efecto en situaciones como, transferencias indebidas, adquisiciones suntuarias e incumplimiento de responsabilidades a nivel Federal y estatal.

• En materia de justicia penal, al menos 3 millones 922 mil 900 pesos es la afectación por las irregularidades en el manejo del subsidio para el nuevo sistema penal, el informe indica que la Secretaría técnica de coordinación para la implementación del sistema de Justicia Penal (SETEC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, no cuenta con información confiable, suficiente y objetiva que permita conocer y verificar si la entrega del subsidio que se hizo a cada entidad del país corresponde a su nivel de avance.

En cuanto a la administración Federal se ignora el destino de 285 mil mdp que formaron parte del endeudamiento de 2.2 billones de pesos registrado por la administración del sexenio pasado, el informe señala que del empréstito 1.5 billones se utilizaron para pagar el costo de la deuda, de los 726 mil 435millones restantes, 441 mil 332 millones se utilizaron para cubrir el déficit presupuestario y de la cantidad restante se desconoce.

• La SHCP dejo de captar 769 mil 448 millones, debido a estímulos fiscales impuestos especiales y beneficios tributarios, cifra que representa la mitad de la recaudación total que ascendió a un billón 516 mil 950 millones de pesos. Distribuyéndose lo que se dejo de percibir de la siguiente forma: a) IVA 235 mil 177; b) Impuestos especiales 176 mil 890; c) ISR empresarial 143 mil 318; d) ISR de personas físicas 128 mil 786; e) IETU 73 mil 15, y f) Estímulos fiscales 12 mil 265.

Diagnóstico de la fiscalización: Fragmentación y omisión

El sistema de gasto, fiscalización y de sanción penal esta fracturado, por ejemplo el gasto federalizado, porque en él se manifiesta el ejercicio de los recursos de la Federación por parte de estados y municipios. Es decir, se integra por los recursos que se transfieren a los estados de la República, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Los recursos para ese fin ascendieron en 2012 a 1.3 billones de pesos, se canalizaron por dos vías: la transferencia condicionada o programable, que representó 63.2 por ciento del total, y las no condicionadas o no programables, que significaron 36.8 por ciento. La ASF indica que a pesar del incremento de los recursos públicos a los estados y municipios no se ha acompañado de una mejora en la calidad de la gestión y resultados de los gobiernos locales, ni se han generado alicientes que impulsen la transparencia, y el asumir una responsabilidad ante los ciudadanos.

La falta de la aplicación del principio de anualidad en todos los fondos. Esto propicia desviaciones y subejercicios, porque la norma no garantiza la adecuada operación de fondos y programas. Otra falla estructural es la Ley de Coordinación Fiscal que no tiene un reglamento que diga cómo gastar los recursos en el Ramo 33.

La respuesta de las autoridades locales frente a este fenómeno es que la problemática se ve influenciada por la debilidad de las finanzas de las entidades federativas y municipios, que deriva en un pretexto para que se utilicen los recursos de los fondos en fines diferentes de los previstos por la norma. De acuerdo a Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), calificó de "irresponsables" a los gobernadores por el desvío de recursos públicos y a la Secretaría de Hacienda, a la que tildó aún de "opaca" en el manejo de los mismos, pues afirmó que todavía lo hace de forma "discrecional".

La Auditoria Superior de la Federación solicita de manera urgente al Congreso de la Unión aprobar las tres reformas que están pendientes en el Congreso de la Unión y que podrían ayudar a que este problema se vea disminuido. Estas consisten en crear un Tribunal Independiente y Especializado que combata las irregularidades en la administración pública y así se asegure la sanción para aquellas entidades o funcionarios que hayan desviado recursos; crear un Sistema Nacional de Fiscalización de los recursos públicos y una Comisión Nacional Anticorrupción.

Los tribunales de cuenta: Experiencia internacional

El Tribunal de Cuentas o Corte de Cuentas es un tipo de entidad fiscalizadora superior, estructurada como un órgano colegiado, responsable de fiscalizar y juzgar la regularidad de las cuentas y gestión financiera públicas. Su equivalente en Latinoamérica es la Contraloría General de la República. De los cuales sobresalen el Tribunal Europeo, el caso de Bélgica y España, y en América Latina el caso del Salvador y Panamá.

a) Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo12 audita las finanzas de la UE. Su papel consiste en mejorar la gestión financiera de la UE e informar sobre el uso dado a los fondos públicos. Se creó en 1975 y tiene su sede en Luxemburgo. Con el fin de garantizar que los contribuyentes de la UE obtengan el máximo rendimiento de su dinero, el Tribunal de Cuentas tiene derecho a controlar (auditar) la actuación de cualquier persona u organización que maneje fondos de la UE. El Tribunal realiza a menudo controles in situ. Los resultados de estos controles constituyen la base de informes que se presentan a la Comisión y a los gobiernos nacionales de la UE. El Tribunal de Cuentas no tiene competencias legales propias. Si sus auditores descubren fraudes o irregularidades, informan a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Uno de los cometidos más importantes del Tribunal consiste en presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre el ejercicio anterior ("aprobación de la gestión anual"). El Parlamento examina a conciencia el informe del Tribunal de Cuentas antes de decidir si aprueba o no la gestión del presupuesto por parte de la Comisión.

El Tribunal también debe emitir su dictamen sobre la legislación financiera europea y sobre cómo ayudar a la UE a luchar contra el fraude. Los auditores llevan a cabo inspecciones frecuentes de las instituciones de la UE, los países miembros y los países que reciben ayuda de la UE. Si bien el trabajo del Tribunal tiene que ver sobre todo con los fondos de los que la Comisión es responsable, en la práctica las autoridades nacionales gestionan el 80% de estos ingresos y gastos.

Para realizar eficazmente su trabajo, el Tribunal de Cuentas debe ser totalmente independiente de las demás instituciones, pero mantenerse en contacto permanente con ellas. El Tribunal está compuesto por un miembro de cada país de la UE designado por el Consejo por un periodo renovable de seis años. Los miembros eligen entre ellos al que será su Presidente durante un periodo también renovable de tres años. En enero de 2008 fue nombrado Presidente Vítor Manuel da Silva Caldeira, de Portugal.

b) Tribunal de Cuentas de España

El Tribunal de Cuentas de España es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público3, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (LOTCu) y la Ley 7/1988, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal (LFTCu). Ejerce el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como de la contabilidad de los partidos políticos.

La primera función, la fiscalizadora -caracterizada por ser externa, permanente y consuntiva-, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales (o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); así, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo en su ámbito como órgano técnico que es, y las Cortes -o, en su caso, los Parlamentos autonómicos-, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario. La función jurisdiccional no es sino el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas.

Todos los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por el poder legislativo: "seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años" (art. 30.1 LOTCu), y el Fiscal del Tribunal de Cuentas "se nombrará por el Gobierno" (art. 32 LOTCu).

Es una Institución del Estado, con sección diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado, y con un estatuto especial, derivado de la Constitución y de su Ley Orgánica 2/1982.

Sus informes son públicos, a través del BOE y también en la página web del Tribunal, y aportan una evaluación crítica de la gestión pública, efectuada desde una perspectiva técnica y objetiva, que sirve de apoyo al Parlamento en su función de control político del Poder Ejecutivo. El ejercicio de la función fiscalizadora refuerza la transparencia y la propia rendición de cuentas al conjunto de la sociedad, al tiempo que contribuye a la mejora de la gestión, propiciando la adopción de medidas por el propio órgano o sujeto fiscalizado, a partir de las recomendaciones formuladas en los Informes de fiscalización.

El Tribunal de Cuentas es miembro de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y ostenta la Secretaría permanente del grupo regional europeo de la misma, denominado EUROSAI. También es miembro adherente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Son funciones propias del Tribunal de Cuentas (art. 2 LOTCU) la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

Uno de los aspectos relevantes del caso español, establecido en el artículo 7 de la LOTCU, el Tribunal de Cuentas puede exigir la colaboración de todas las Entidades públicas, que están obligadas a suministrarle cuantos datos, estados documentos, antecedentes o información requiera, relacionados con el ejercicio de la función fiscalizadora.

Con independencia de la extensión de la función fiscalizadora a todo el ámbito del Sector público, la Ley Orgánica 8/2007, sobre financiación de los partidos políticos, así como la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, atribuyen de forma específica al Tribunal de Cuentas competencias fiscalizadoras, respectivamente, sobre la contabilidad anual de la actividad ordinaria de las formaciones políticas, así como sobre la contabilidad referida a los diferentes procesos electorales.

El Tribunal de Cuentas encarna en exclusiva la jurisdicción contable, sin perjuicio de lo cual las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, en determinados casos, serán susceptibles de recurso de casación y extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo.

De acuerdo al art. 49 de la LFTCU, “la jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector”.

Por tanto, para que exista responsabilidad contable es necesaria la concurrencia de los siguientes elementos calificadores:

• Solo pueden incurrir en responsabilidad contable quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o fondos públicos.

• El menoscabo de los fondos públicos debe desprenderse de las cuentas, en sentido amplio, que deban rendirse.

• Debe existir una infracción de las normas reguladoras del régimen presupuestario, contable o de subvenciones aplicable.

• El responsable debe haber incurrido en dolo, culpa o negligencia graves.

Los órganos que ejercen la jurisdicción contable son los Consejeros de la Sección de Enjuiciamiento, generalmente en primera instancia, y la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que conocerá en segunda instancia de aquellos procedimientos que determina la LFTCU. 

c) Tribunal de Cuentas de Bélgica

El Tribunal de Cuentas de Bélgica es un órgano jurisdiccional administrativo estatal belga, encargado principalmente de juzgar la regularidad de las cuentas públicas, controlar el uso de los fondos públicos, controlar a las empresas estatales, o hasta los organismos privados que gozan de una ayuda del Estado. Tiene la obligación de informar al Parlamento, al Gobierno y a la opinión pública sobre la conformidad de las cuentas. Sus controles conciernen a los gastos y los ingresos de los Gobiernos Federales, comunitarios y regionales, así como las diputaciones permanentes de las provincias.

Creada por el artículo 180 de la Constitución de Bélgica4, []esta jurisdicción es un órgano colateral del Parlamento Federal de Bélgica. Ejerce un control externo sobre las operaciones presupuestarias, contables y financieras del Gobierno, así como regulaciones del presupuesto anual del país.

El Tribunal de Cuentas está dirigido por un colegio de doce magistrados, quienes son regulados por funcionarios del Gobierno. Estos están divididos de manera equitativa por idioma, por lo que existen dos salas de funcionamiento y un salón general que es utilizado en ocasiones extraordinarias y para la rendición de la cuenta mensual del gasto fiscal.

Cada sala está compuesta por un Presidente, cuatro consejeros y un secretario. Ambos presidentes son designados por el Gobierno, y todos los miembros del Tribunal son elegidos por la Cámara Belga de Representantes por un periodo de seis años, tras los cuales se puede optar a la reelección.

d) Corte de Cuentas de la República del Salvador

La Corte de Cuentas de la República del Salvador5 es un organismo estatal establecido en la Constitución salvadoreña, para velar por la transparencia en la gestión pública. Esta institución es autónoma de los tres Poderes del Estado y ejerce funciones técnicas y jurisdiccionales.

El antecedente de esta institución fue el Tribunal Superior de Cuentas y la Contaduría Mayor de Cuentas, establecidos en la Constitución de 1872. En 1930, por decreto legislativo, se creó la Auditoría General de la República. En la Constitución de 1939, se estableció que estos tres entes se fusionarían pasando a denominarse Corte de Cuentas de la República.

La Constitución vigente, aprobada en 1983, establece en su artículo 195 que la Corte de Cuentas de la República debe realizar la fiscalización técnica y legal de la Hacienda Pública en general, y supervisar la ejecución del presupuesto en particular. Además en su artículo 196 establece que para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la Corte de Cuentas de la República tendrá una Cámara de Segunda Instancia, formada por el presidente de la institución y dos magistrados. Estos funcionarios son electos por la Asamblea Legislativa para un período de tres años.

e) Tribunales de Cuenta de Guatemala

Los Tribunales de Cuentas son los tribunales encargados de ejercer con independencia la función judicial en materia de cuentas en todo el país. El fundamento legal de estos tribunales es el artículo 220 de la Constitución y los artículos del 33 al 107 de la Ley de Tribunales de Cuentas, Decreto Legislativo 1126.1

Los Tribunales de Cuentas ejercen con independencia absoluta, las funciones judiciales en materia de cuentas. Está función será ejercida por los jueces de primera instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas en todo el país. En contra las sentencias y los autos definitivos de cuentas emitidos por estos tribunales que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación. Este recurso es inadmisible en los procedimientos económico-coactivos.

En los juicios de cuentas habrá dos instancias: la primera es ejercida por los jueces de primer grado. La segunda se ejercerá por el Tribunal nombrado conforme lo dispone el artículo 208 de la Constitución.

Los Tribunales de Cuentas se organizan e integran de la siguiente forma:

• TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción se integra por tres jueces propietarios y tres suplentes electos por el Congreso de la República, cuyas calidades se determinan en la respectiva ley. El primero de los electos es el Presidente del Tribunal. El Tribunal conoce los juicios de cuentas y los procedimientos económico-coactivos en segunda instancia, de igual manera, la resolución de los conflictos de competencia entre las autoridades, en materia de cuentas.

El tribunal de cuentas ejerce jurisdicción sobre la Contraloría para los fines del artículo 209 de la Constitución y también le corresponde la resolución de los conflictos de jurisdicción entre los jueces de Cuentas por una parte y los Tribunales ordinarios por otra, es decir ejerce como Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

• JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Les corresponde conocer en materia de cuentas dentro de primera instancia a los jueces de Cuentas de Primer Grado y jueces de Primera Instancia en los departamentos de la República.

• Jueces de Cuentas de Primer Grado

Los jueces de Cuentas de Primer Grado ejercen la jurisdicción en materia económico-coactiva, en el departamento de Guatemala. Tienen como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco, las municipalidades, las entidades autónomas y las instituciones descentralizadas que proceden de un fallo condenatorio de cuentas, multas y demora en obligaciones tributarias. Además, la demanda en materia económico-coactiva se presenta ante ellos en la ciudad capital. Es función potestativa del Tribunal de Cuentas y de los jueces de Primer Grado, solicitar a la Contraloría de Cuentas la práctica de nuevas revisiones.

• Jueces de Primera Instancia Departamentales

Los jueces de Primera Instancia departamentales, son jueces en materia económico-coactiva. Cumplen sus funciones como jueces privativos en materia económico-coactiva con base en el expediente respectivo que les remita el Tribunal de Cuentas y deberán tramitar el procedimiento de oficio e inmediatamente que reciban los antecedentes y el auto de su designación. Tienen como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco o las municipalidades que proceden de un fallo condenatorio de cuentas, multas y demora en obligaciones tributarias. Además, la demanda en materia económico-coactiva se presenta ante ellos en la en los otros departamentos de la República. Es función potestativa de los jueces de Primera Instancia, en los otros departamentos de la República, solicitar a la Contraloría de Cuentas la práctica de nuevas revisiones.

De la creación de un Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público

El correcto manejo de las finanzas públicas no es una decisión discrecional o supeditada a criterios personales o electorales por parte de los responsables del manejo de los impuestos y contribuciones de los ciudadanos, la Cuenta Pública 2012 evidencia nuevamente una prioridad para la construcción de nuestra democracia, un llamado al Congreso para acelerar las reformas pendientes en materia de fiscalización y una oportunidad para reivindicar al Senado para aprobar las iniciativas para fortalecer al Sistema Nacional de Fiscalización.

Esta solicitud tienen la mayor coherencia después de autorizar el Congreso de la Unión una reforma hacendaria para este año, que doto de mayores recursos y que dentro de una República, una responsabilidad sin contrapeso se puede volver un privilegio.

La ausencia de una Política de Estado en el combate a la corrupción en el ejercicio de las finanzas públicas es el cáncer que consume nuestra legitimidad como servidores públicos, sin menoscabar los avances constitucionales en anticorrupción y transparencia, estamos obligados como Senado reactivar la dictaminación de la Minuta de Cámara de Diputados en materia de Fiscalizaciónrecibida desde el 26 de septiembre de 2012, y todos los proyectos relativos a fortalecer la fiscalización en nuestro país.

Senadores y Senadoras integrantes de la LXII Legislatura, estamos ante la urgencia de construir una política más completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, estamos obligados a contribuir a la gobernabilidad ymejorar las condiciones de legitimidad de una democracia sujeta a continuas tensiones, negarnos a esta tarea es condenar al mismo pacto social del Estado mexicano.

Con fecha 27 de septiembre de 2012, se presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación del Sistema Nacional de Fiscalización y del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público responsable de sancionar a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno o a cualquier persona por irregularidades administrativas en el ejercicio de recursos públicos. En tal sentido proponemos un ademdum a dicho proyecto a fin de fortalecer un sistema único que combata la actual fragmentación que existe hoy en esta materia, por lo que proponemos adicionalmente:

• Se crea un órgano autónomo especializado denominado Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y plena jurisdicción,

• Su función es complementar la labor de la Auditoria Superior de la Federación y de lo que será el Sistema Nacional de Fiscalización para conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal.

• Integrado por siete magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo.

• Los magistrados podrán ser removidos por el Senado de la República conforme al procedimiento descrito en el artículo 110 de este ordenamiento.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público además estará facultado para:

a. Resolver sobre los delitos por daños a las finanzas públicas.

b. Coordinarse con la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización para la realización de sus funciones de prevención, conocimiento y sanción.

c. Intervenir preventivamente en el ejercicio del presupuesto, conforme a las leyes en la materia, a efecto de certificar su legalidad, y en su caso, emitir las observaciones correspondientes. Si el ente público insistiera, deberá fundar y motivar su decisión al Tribunal, pero si el Tribunal, a su vez, mantuviera sus observaciones, informará al Congreso de la Unión.

d. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales para el ejercicio de sus funciones.

e. Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad penal, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.

f. Presentar al Congreso de la Unión su informe anual de labores.

g. Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera del presupuesto público y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades, malversación y opacidad en el manejo de recursos públicos y violaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone reformar y adicionar los artículos 102 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO

UNICO.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 102; y se adicionan un Aparado B al artículo 109; todo ello de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. …

Con salvedad de las atribuciones que confiere el artículo 79 de esta Constitución a la entidad superior de fiscalización, incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Artículo 109.

A.

B. Se establece el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena jurisdicción.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público estará integrado por siete magistrados propuestos en terna por el Ejecutivo Federal y elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores, quienes durarán 8 años en el ejercicio de su encargo.

Los magistrados podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, dos suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia de los titulares.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitirá la ley que establezca su organización, así como las formas y procedimientos a que se sujetará el conocimiento y la resolución de los casos de su competencia.

Los magistrados del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, tienen la obligación del cumplimiento eficaz e inmediato de sus funciones. El Senado de la República podrá destituirlos, conforme al procedimiento descrito en el artículo 110 de este ordenamiento.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, tiene facultad de conocer y sancionar respecto del ejercicio de todo el presupuesto público federal que genere, administre o ejerza cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos federal, estatal o municipal.

El Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tiene las siguientes facultades:

I. El conocimiento y la sanción, conforme al procedimiento jurisdiccional que establezca la ley general de los casos de presunta responsabilidad de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los órganos dotados de autonomía en esta Constitución, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato por actos que afecten a las haciendas públicas federal, estatales, del Distrito Federal o municipales,

II. Resolver sobre los delitos por daños a las finanzas públicas.

III. Coordinarse con la Auditoria Superior de la Federación y el Sistema Nacional de Fiscalización para la realización de sus funciones de prevención, conocimiento y sanción.

III. Intervenir preventivamente en el ejercicio del presupuesto, conforme a las leyes en la materia, a efecto de certificar su legalidad, y en su caso, emitir las observaciones correspondientes. Si el ente público insistiera, deberá fundar y motivar su decisión al Tribunal, pero si el Tribunal, a su vez, mantuviera sus observaciones, informará al Congreso de la Unión.

IV.- Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales para el ejercicio de sus funciones.

V.- Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de todos los órganos del Estado, en cuanto a las acciones correspondientes en caso de responsabilidad penal, exponiendo las consideraciones y observaciones pertinentes.

VI.- Presentar al Congreso de la Unión su informe anual de labores.

VII.-Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera del presupuesto público y denunciar, ante quien corresponda, todas las irregularidades, malversación y opacidad en el manejo de recursos públicos y violaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo. Y un plazo de 180 días para el nombramiento de los magistrados del Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público,

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de marzo de 2014.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter”.

1 Sitio en internet: http://www.parlamento.gub.uy/Constituciones/Const952.htm

2 Sitio en internet: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm

3 El Tribunal de Cuentas es un Organo Constitucional del Estado, previsto en el artículo 136 de la Constitución Española -y también en su artículo 153.d)- que goza de una riquísima historia. El término Contador Mayor de Cuentas, al menos, se venía aplicando de forma común a nuestra Institución desde mediados del siglo XIV y, por extensión, al oficium de los Contadores Mayores se le llamaba Contaduría Mayor de Cuentas. El nombre de Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas se utilizó desde mediados del siglo XVI. No es hasta el año de 1828 cuando se cambia a Tribunal Mayor de Cuentas eliminando específicamente la palabra Contaduría de su título, aunque hay que decir que durante todo este tiempo, según unas leyes u otras, se alternan los tres términos e incluso la denominación de Tribunal de Cuentas. Se llamó Tribunal de Cuentas del Reino desde 1851. Durante el periodo de 1871 a 1873 pasa a llamarse Tribunal de Cuentas de la Nación al eliminarse todo símbolo monárquico del Estado. Desde esa fecha se recupera el nombre de Tribunal de Cuentas del Reino hasta el año 1924 en que se denominó Tribunal Supremo de la Hacienda Pública e Intervención General. En 1930 se vuelve a llamar Tribunal de Cuentas del Reino y en octubre del año 1931, Tribunal de Cuentas de la República. A partir de su constitución en 1940 se llama de nuevo Tribunal de Cuentas, aunque desde 1953 alterna este título con el de Tribunal de Cuentas del Reino, nombre que pasa a ostentar desde 1961. La Constitución 1978 establece el nombre de Tribunal de Cuentas, respeta y conserva la tradición histórica del Tribunal y en su desarrollo se promulgó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, reguladora de la Institución. Asimismo, para establecer el funcionamiento del Tribunal, y según el mandato de la Ley Orgánica, se dicta en 1988 la Ley número 7, de 5 de abril. En síntesis, el Tribunal de Cuentas rige su actividad, además de por la Constitución, por las llamadas, para abreviar, «Ley Orgánica» y «Ley de Funcionamiento».La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Organos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, le sitúan en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales –aunque no sea un órgano propio del Parlamento Nacional-, disponen para sus doce miembros –los Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado- las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces, y distinguen con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan –las que en él son tradicionales-, la fiscalizadora y la jurisdiccional.Sitio en internet: Sitio en internet: http://www.tcu.es/default.htm

4 Sitio en internet: https://www.ccrek.be/FR/TexteDeReference_Art_180.html

5 Corte de Cuentas de la República del Salvador. Sitio en internet: http://www.cortedecuentas.gob.sv/

-El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Píter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Sonido en el escaño del Senador Fernando Yunes.

-El C. Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Si me permite el Senador Ríos Píter suscribir con él esta importante iniciativa.

-El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría tome nota de ello para que se incorpore a su proyecto de iniciativa el Senador Fernando Yunes Márquez.

Recibimos en esta Mesa Directiva las siguientes iniciativas:

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de la Juventud, que se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA JUVENTUD

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

“La que suscribe, María Elena Barrera Tapia, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la LeyGeneral de la Juventud, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como es de su conocimiento el Constituyente Permanente ha tenido a bien aprobar reformas a los artículos 4 y 73 de la Ley Fundamental, para lograr los objetivos siguientes:

• Garantizar a las y los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, mediante la protección efectiva de las garantías y derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

• Establecer la participación concurrente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el tema de los derechos de los jóvenes.

• Otorgar facultades al Congreso de la Unión, para legislar en materia de juventud, a fin de establecer las bases generales de concurrencia y coordinación, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

La reforma constitucional se sustentó básicamente en las consideraciones siguientes:

Que de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, se desprende que la población de jóvenes en México, que se ubican en un rango entre los 15 y 29 años de edad en nuestro País, es de aproximadamente 29 millones de personas, sobre un total de los más de 112 millones de habitantes.

Que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, basado en el Censo de Población y Vivienda 2010, señaló que las cifras arrojadas conllevan para el Estado Mexicano, la obligación de generar las condiciones jurídicas que permitan la implementación de una política pública integral y coordinada en materia de juventud en todos los órdenes de gobierno, para que este segmento de nuestra sociedad, tenga las condiciones jurídicas que le permitan desarrollar todo su potencial.

Que la necesidad de establecer, desde el ámbito legislativo, las bases para que pueda desarrollarse una política pública a favor de la juventud, donde participen de manera coordinada los diversos órdenes de gobierno, resulta una acción impostergable.

Que si bien, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establece las condiciones normativas para garantizar la protección más amplia en materia de derechos humanos, ello de ninguna manera hace innecesaria la reforma que se propone en materia de juventud, pues por el contrario, busca dotar de sustento constitucional al derecho que tienen las y los jóvenes para lograr su desarrollo integral.

Que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial por tratarse de un período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro.

Que la población joven de México atraviesa por diversas dificultades en materia de salud, empleo y educación, lo que hace a este sector más vulnerable y proclive a incorporarse a las filas de la delincuencia, o bien, a padecer situaciones graves de marginación social.

Que en este sentido, no pasan inadvertidos los datos vertidos en el Informe Mundial sobre la Juventud de 2007, de Naciones Unidas, en el que se subraya:

• Que la falta de acceso a la salud, a los servicios públicos y a la educación de calidad dificulta la transición a la adultez.

• Que el trabajo informal es, con demasiada frecuencia, el primer recurso en lugar del último.

• Que la migración es un escape para muchos.

Que el Informe Mundial sobre la juventud de 2010, de la Organización de las Naciones Unidas, apunta sobre el tema del empleo, que el índice mundial de desempleo juvenil alcanzó su record anual en el año 2009, en su punto álgido, llegó a los 75.8 millones de jóvenes desempleados y que en 2010, el índice de desempleo juvenil alcanzó el 12.6% eclipsando de esta manera al índice de desempleo adulto del 4.8%.

Que reconociendo las necesidades por la que atraviesa la juventud mexicana, es indispensable que los diversos órdenes de gobierno, cuenten con un marco normativo general y coherente que permita el desarrollo de políticas públicas coordinadas para atender y resolver de la mejor manera, la problemática que enfrenta este segmento de la población, por lo que es necesario que el Congreso de la Unión cuente con atribuciones para legislar en la materia, a fin de establecer las bases para la actuación concurrente y coordinada de los distintos niveles de gobierno.

Que con ello se asegura el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales y garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarcan la protección de sus derechos civiles, políticos, así como económicos, sociales y culturales, situación que resulta congruente con los diversos compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, entre otros.

Por otra parte, es importante señalar que con fecha 26 de febrero del año próximo pasado, Senadores de diversos Grupos Parlamentarios presentaron ante esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Juventud, la cual en lo medular se basó en las consideraciones siguientes:

Que la labor legislativa del Estado ha ido avanzando y con ella, han nacido a la vida jurídica diversas leyes e instituciones encargadas de reconocer y proteger los derechos de las personas, como seres humanos, y de sectores específicos, como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, y de los pueblos y comunidades indígenas, por mencionar algunos.

Que a nivel internacional es muy amplia la cantidad de instrumentos jurídicos firmados por nuestro país en materia de protección de derechos humanos.

Que los constantes cambios y las circunstancias especiales de nuestra sociedad evidencian la necesidad de continuar trabajando en la protección de derechos humanos, con la finalidad de que no existan grupos de personas marginados y desprotegidos por el Estado.

Que al mirar el panorama de la juventud mexicana se encuentra un grave problema de rezago social que, de no atenderse a la brevedad, continuará agravando la calidad de vida de los jóvenes, y pondrá en riesgo su futuro y el desarrollo de la sociedad mexicana.

Que la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa; ante el cual se corre el riesgo de un cambio social trascendente en perjuicio de la estabilidad de nuestro País.

Que no existe un marco jurídico que verdaderamente garantice el desarrollo integral de los jóvenes.

Que el único instrumento jurídico a nivel federal, data del 6 de enero de 1999, esto es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a través de la cual se pretendió dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.

Que se trató de un ordenamiento de contenido orgánico y regulatorio del Instituto Mexicano de la Juventud, que no establece la forma de garantizar las necesidades más básicas de los jóvenes.

Que las instituciones de la Administración Pública Federal, como responsables de formular la política de juventud para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes, requieren de una verdadera política de juventud para lograr avances importantes en la materia.

Que la iniciativa recoge las principales aportaciones de los jóvenes que participaron en 26 foros realizados durante 2008, organizados por el Instituto Mexicano de la Juventud en coordinación con los Institutos Estatales de la Juventud, en distintas regiones del País.

Que así mismo, la propuesta legislativa se enriquece con los resultados de los tres Foros Nacionales de Juventud, organizados durante 2011 por la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en distintas regiones de la República Mexicana: Región sur; con sede en el Estado de Chiapas, celebrado del 7 al 9 de junio de 2011; Región Norte; con sede en el Estado de Baja California, celebrado del 11 al 14 de agosto de 2011; Región Centro, con sede en el Estado de Puebla, celebrado los días 7 y 8 de octubre de 2011.

Que por último, la iniciativa recoge las aportaciones del propio Instituto Mexicano de la Juventud, así como las realizadas por diversas organizaciones civiles vinculadas con la juventud y, las más de 10 iniciativas que diversos compañeros legisladores de distintos partidos políticos han presentado durante los últimos años.

Que en resumen, se trata de un proyecto incluyente elaborado a partir de la experiencia de los Senadores presentantes en el tema, sustentado en la realidad social, en las propuestas de los diversos actores, así como en el modelo requerido para el impulso de la juventud y del desarrollo nacional.

Los Senadores presentantes destacan que lo valioso de la iniciativa consiste en:

• Contar con una Ley de Juventud Federal, que incida en el establecimiento de la política de juventud nacional, con el modelo adecuado para responder a la realidad; que proteja verdaderamente a los jóvenes y garantice su óptimo desarrollo en los entornos económico, político, psicológico, social y cultural.

• Dar oportunidad al Gobierno y a la sociedad para sacar a los jóvenes del rezago, del olvido, de la invisibilidad y de la carencia de oportunidades en las que se encuentran inmersos.

• Aprovechar el potencial que representa el bono demográfico que alcanzará su máximo histórico en los próximos diez años, y que significa para México la oportunidad de desarrollo más grande hacia los próximos 20 años.

• Demostrar la voluntad política de los Senadores de la República y de los Diputados Federales, para iniciar una política de juventud, y asumir su corresponsabilidad con el Poder Ejecutivo Federal.

Por otra parte, los Senadores presentantes subrayan que lo novedoso de su propuesta legislativa, consiste en:

• Expedir desde el Congreso de la Unión, la Ley de la Juventud, que tenga como finalidades garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, e impulsar su desarrollo integral.

• Establecer los principios fundamentales para preservar los intereses superiores de la juventud en la implementación de la política de juventud.

• Aportar un instrumento legal que sirva como referencia para conocer con claridad los derechos de los jóvenes, reconocidos en los diversos instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, de los que son beneficiarios.

• Fomentar la cultura de participación y corresponsabilidad de la juventud, para el respeto y ejercicio pleno de sus derechos, y el progreso de nuestra sociedad.

• Aportar el diseño para la construcción del modelo de la política de juventud, que impulsará eficazmente el desarrollo integral de los jóvenes de las distintas regiones del País.

• Instituir el Sistema de Juventud, con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional e involucrar a las instituciones gubernamentales con incidencia directa en el desarrollo de la juventud, desde su ámbito de competencia, en la construcción y ejecución de la política de juventud.

• Establecer desde la ley, el mínimo de atribuciones, obligaciones, responsabilidades y sanciones de las instituciones públicas con la finalidad de proteger los derechos de los jóvenes y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas.

• Crear los mecanismos de vinculación natural entre el Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo, a fin de lograr una verdadera coordinación de trabajo entre la planeación y ejecución de la política de juventud.

• Establecer con claridad el sector de personas al que se orientarán los objetivos de la Ley, determinando el rango de edad del sector al que se destinará la política de juventud por parte de las instituciones gubernamentales, evitar duplicidad de acciones por parte de las instituciones públicas, y armonizar nuestro marco normativo.

Finalmente los Senadores presentantes de la iniciativa de Ley de la Juventud, enfatizan que su propuesta legislativa no representa ningún impacto presupuestal, toda vez que para cumplir con sus objetivos las instituciones públicas no generarán un gasto adicional al que contemplan, y en su caso, precisamente corresponderá a la Administración Pública Federal establecer las política para distribuir los recursos que se le asignen para cumplir con sus nuevas obligaciones.

Ahora bien, la presente iniciativa de Ley General de Juventud parte de dos premisas fundamentales, a saber:

• La pertinencia de expedir una Ley General que establezca las bases de concurrencia y coordinación, en materia de juventud, entre los tres ámbitos de gobierno; y

• La oportunidad de aprovechar la excelente propuesta legislativa, en torno a los derechos de los jóvenes, presentada ante esta Soberanía el 26 de febrero de 2013, por Senadores de diversos Grupos Parlamentarios.

Bajo estos presupuestos, la presente iniciativa de Ley General de Juventud tiene como propósitos:

• Establecer el marco normativo de concurrencia y coordinación en el tema de los derechos de los jóvenes, entre la Federación, Estados, el Distrito Federal y los municipios.

• Retomar en lo básico la propuesta legislativa presentada ante el Senado, en materia de juventud, por Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, enriqueciendo su contenido y ampliando la cobertura de los derechos de los jóvenes.

• Garantizar a los jóvenes el derecho a su desarrollo integral, asegurando el ejercicio pleno de derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

La propuesta legislativa que someto a esta Soberanía se encuentra estructurada de la forma siguiente:

El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales, como objeto y fines de la ley, definiciones, principios rectores de los derechos de los jóvenes y grupo de jóvenes de atención prioritaria.

El Capítulo Segundo establece los derechos de los jóvenes, clasificándolos en derechos civiles y políticos, derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales.

En el rubro de los derechos económicos, se destacan los relativos a gozar de servicios, descuentos y promociones, así como acceder gratuitamente al transporte público urbano, para trasladarse a sus centros de estudio y/o de trabajo y de ahí a su lugar de residencia.

El Capítulo Tercero es atinente a los deberes de los jóvenes de participar activamente en la promisión y ejercicio de sus derechos, en su beneficio y el de la sociedad en general, respetando y cumpliendo con las obligaciones previstas en las leyes vigentes.

El Capítulo Cuarto refiere las políticas públicas para los jóvenes, definiéndolas como un conjunto de directrices de carácter público, dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de la juventud.

El Capítulo Quinto instituye el Sistema Nacional de la Juventud como un conjunto de instituciones gubernamentales de la Federación, Estados, el Distrito Federal y municipios organizadas y coordinadas, con la finalidad de cumplir los objetivos de las políticas públicas para los jóvenes, y las disposiciones establecidas en la ley que se propone.

El Capítulo Sexto establece las bases normativas de concurrencia y coordinación en la materia, entre la Federación, Estados, el Distrito Federal y municipios.

El Capítulo Séptimo se dedica al trámite de denuncias y de imposición de sanciones, por infracciones a las disposiciones de la ley de que se trata.

En fin la presente iniciativa pretende instituir un marco normativo general y coherente que permita el desarrollo de políticas públicas que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de los jóvenes y establecer las bases para la actuación concurrente y coordinada de los distintos niveles de gobierno en materia de juventud.

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA JUVENTUD.

LEY GENERAL DE LA JUVENTUD

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto establecer, promover y garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, mediante:

I. El establecimiento de la concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, para la observancia y salvaguarda de los derechos de los jóvenes en el territorio nacional;

II. La distribución de competencias de la Administración Pública Federal y el establecimiento de las bases de coordinación con los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;

III. La instauración de los principios para la formulación de la Política de Juventud;

IV. La creación del Sistema de Juventud, con la finalidad de fortalecer la política nacional en la materia;

V. La implantación de las bases que orientarán los programas y acciones para el desarrollo integral de los jóvenes;

VI. La implementación de programas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes;

VII. El establecimiento de servicios, descuentos y promociones para los jóvenes; y

VIII. La promoción y difusión de los derechos de los jóvenes.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Constitución: LaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Jóvenes: Las y los jóvenes cuya edad este comprendida entre los 15 y 29 años;

III. Derechos de los jóvenes: Los reconocidos en esta Ley, en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en los demás ordenamientos jurídicos vigentes;

IV. Desarrollo integral: El proceso sistemático, económico, social, cultural y político que garantiza el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todas y todos los individuos, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y la distribución justa de los beneficios que de él deriven;

V. Instituto o IMJUVE: El Instituto Mexicano de la Juventud; y

VI. Sistema: El Sistema de Juventud.

Artículo 4.- Son principios rectores en la observancia y aplicación de esta Ley:

I. Universalidad: Todos los jóvenes gozan de los mismos derechos. La política de juventud buscará invariablemente el beneficio de la generalidad de los jóvenes;

II. Igualdad: Todos los jóvenes tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones, a los programas y acciones en la materia;

III. No discriminación: Queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

IV. Respeto: Consiste en el reconocimiento a la diversidad cultural y de pensamiento;

V. Participación libre y democrática: Los jóvenes participarán en la planificación y desarrollo de las políticas públicas dirigidas a ellos en lo político, social, económico, deportivo y cultural, y en la toma de decisiones que afecten su entorno; y

VI. Transversalidad: Se traduce en la transversalidad de las políticas públicas que consiste en la elaboración y ejecución de estrategias, programas y acciones coordinadas o conjuntas en materia de juventud, entre los distintos Poderes de la Federación, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos constitucionales autónomos, órganos con autonomía legal, gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.

En el ejercicio de la transversalidad también se buscará la participación de los sectores privado y social;

VII. Inclusión: Las políticas públicas tomarán en cuenta la diversidad de los grupos que integran al sector de los jóvenes;

VIII. Equidad: Que deberá existir en el acceso y disfrute de los derechos para el desarrollo integral de los jóvenes;

IX. Solidaridad: Deberá fomentarse la solidaridad en las relaciones entre los jóvenes y los grupos sociales, con la finalidad de superar las condiciones que crean marginación y desigualdades;

X. Corresponsabilidad: Significa queen la atenciónintegral de los jóvenes, son corresponsables, los gobiernos federal, Estatal, incluyendo al Distrito Federal, y Municipal, así como la sociedad y la familia;

XI. Compromiso social: Los jóvenes deben actuar con responsabilidad y corresponsabilidad, como miembros de familia e integrantes de la sociedad y el Estado, y compromiso en la atención y desarrollo integral de la juventud;

XII. Especialidad: Las acciones que se dirijan a los jóvenes deberán atender sus propias necesidades, partiendo de las características particulares de este sector de la población; y

XIII. Interés Superior: En las acciones que se dirijan a los jóvenes deberán prevalecer el bienestar, desarrollo integral y protección del sector juvenil.

Artículo 5.- La definición de jóvenes establecida en el presente ordenamiento, no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección, responsabilidades civiles, derechos ciudadanos y otros derechos humanos.

En todo caso, deberá aplicarse la ley o norma general que les otorgue mayor protección a los jóvenes.

Artículo 6.- En las acciones que se desarrollen para el cumplimiento de la presente Ley, se deberá dar atención prioritaria a jóvenes:

I. Embarazadas;

II. Madres solteras;

III. Víctimas de cualquier delito;

IV. En situación de calle;

V. Excluidos socialmente o privados de la libertad;

VI. Con discapacidad;

VII. Con enfermedades crónicas;

VIII. Con adicciones;

IX. Indígenas;

X. Pertenecientes a grupos vulnerables o sectores sociales marginados.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LOS JOVENES

Artículo 7.- Son derechos de los jóvenes, los reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en esta Ley, así como, en los demás ordenamientos jurídicos vigentes, federales y estatales.

Artículo 8.- Los derechos de los jóvenes son inherentes a su condición de persona y por consiguiente son indivisibles, irrenunciables, inviolables, inalienables e imprescriptibles.

SECCION I

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Artículo 9.- Los jóvenes tienen derecho a:

I. Una vida con un sano desarrollo físico, moral e intelectual, para lograr su participación en la sociedad con responsabilidad;

II. Expresar libremente sus ideas, opiniones e intereses y a disentir en el ámbito de la convivencia del marco democrático y legal;

III. Formar parte de una familia y a la constitución de un matrimonio con igualdad de derechos y obligaciones, en los términos que señale la ley;

IV. Recibir asesoría y asistencia jurídica;

V. Vivir en un entorno libre de violencia y a estar protegidos en su integridad física y psicológica, de todo tipo de agresión o violencia;

VI. Ser tratados de manera digna, a tener igualdad de oportunidades, sin importar raza, género, discapacidad, preferencia sexual, condición familiar, social, económica o de salud, convicciones u opiniones políticas, religión u otras conductas análogas;

VII. Reinsertarse e integrase a la sociedad y a ser sujetos de derechos y oportunidades que les permitan acceder a servicios y beneficios sociales que mejoren su calidad de vida, en especial a aquellos que están en situaciones especiales de pobreza, vulnerabilidad, exclusión social, indigencia, situación de calle, discapacidad, adicciones o privación de la libertad;

VIII. Gozar de un trato equitativo por cuanto a las oportunidades en educación, capacitación laboral e inserción en el sector productivo;

IX. Participar de manera directa y decidida en la política pública y en el diseño de las políticas públicas, en beneficio de la sociedad, pudiendo organizarse como mejor les convenga, con fines lícitos y estricto apego a las instituciones del orden jurídico mexicano;

X. A solicitar y recibir información de su interés, particularmentesobre su origen y la identidad de sus padres;

XI. A recibir un trato digno cuando sean víctimas de un delito o cuando ellos mismos cometan infracciones o delitos;

XII. Tener una identidad propia en base al conjunto de atributos y derechos; y

XIII. A vivir esta etapa de su vida con calidad y creatividad, impregnada de valores que contribuyan a su desarrollo social y económico con el fin de potencializar sus capacidades y lograr una calidad de vida digna y sustentable.

SECCION II

DERECHOS SOCIALES

Artículo 10.- Los jóvenes tienen derecho a:

I. La prevención, protección y atención de su salud, a gozar de un bienestar físico y psicológico; a tener acceso a las instituciones y programas encaminados a la prevención, tratamiento, atención y rehabilitación de discapacidades, adicciones y enfermedades;

II. Ejercer su libre pensamiento y albedrío en lo relacionado a sus creencias, ideología política y proyecto de vida;

III. Estar informados debidamente acerca de los efectos y daños irreversibles a la salud que producen el alcohol, el tabaco, las drogas, enervantes y fármacos, y sobre todo, qué hacer para evitar su consumo;

IV. Contar con una educación de calidad, suficiente y adecuada al mercado laboral, que fomente los valores, las artes, la ciencia y la tecnología, basada en el respeto a la democracia, las instituciones, los derechos humanos, la paz, la diversidad, la solidaridad, la tolerancia y la equidad de género; con carácter intercultural para jóvenes de las comunidades indígenas; especial para jóvenes que padezcan una disminución de sus facultades físicas o mentales;

V. Recibir educación sexual en todos los niveles educativos, que fomente una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual;

VI. Disfrutar y ejercer plenamente su sexualidad, para mantener una conducta sexual, una maternidad o paternidad responsables, sanas, voluntarias y deseadas;

VII. Disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado, con conciencia, responsabilidad, solidaridad y participación en el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales;

VIII. Acceder al conocimiento y a la tecnología para su educación, información, diversión, esparcimiento y comunicación; y

IX. Recibir, acceder, analizar, sistematizar y difundir información objetiva y oportuna que les sea de importancia para sus proyectos de vida, sus intereses colectivos y para el bien de la entidad.

SECCION III

DERECHOS ECONOMICOS

Artículo 11.- Los jóvenes tienen derecho a:

I. Un empleo digno con un salario justo, con igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres;

II. La capacitación e inserción y a que se les facilite el acceso, en su caso, a su primer empleo, tratándose de jóvenes con discapacidad, jóvenes embarazadas o en etapa de lactancia;

III. Contar con mecanismos para auto emplearse;

IV. Una vivienda adecuada para su familia;

V. Gozar de servicios, descuentos y promociones; y

VI. Acceder gratuitamente al transporte público urbano, para trasladarse a sus centros de estudio y/o de trabajo y de ahí a su lugar de residencia.

SECCION IV

DERECHOS CULTURALES

Artículo 12.- Los jóvenes tienen derecho a:

I. El acceso a espacios culturales, a la libre creación y expresión de sus manifestaciones artísticas de acuerdo a sus intereses y expectativas, respetando la diversidad de idiosincrasia, lenguas y etnias indígenas; y

II. La educación física y a practicar cualquier deporte basado en el respeto, la superación personal y colectiva, el trabajo en equipo y la solidaridad; a disfrutar de actividades de recreación y al acceso a espacios recreativos para el aprovechamiento positivo y productivo de su tiempo libre.

Artículo 13.- Los gobiernos federal, Estatal, del Distrito Federal, y Municipal, proveerán lo necesario para garantizar el derecho de los jóvenes establecidos en esta Ley.

CAPITULO TERCERO

DE LOS DEBERES DE LOS JOVENES

Artículo 14.- Los jóvenes tienen la obligación de participar activamente en la promisión y ejercicio de sus derechos, en su beneficio y el de la sociedad en general, respetando y cumpliendo con las obligaciones previstas en las leyes vigentes. De igual forma los jóvenes deberán:

I. Ejercer sus derechos de manera responsable;

II. Fomentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, a la paz, y de la legalidad de los actos;

III. Aprender y practicar principios y valores que contribuyan al constante mejoramiento de su calidad de vida y de la sociedad de la que son parte;

IV. Promover la convivencia pacífica y la unidad entre los jóvenes;

V. Participar y fomentar la convivencia familiar cotidiana, procurando relaciones afectivas, armónicas, de tolerancia e impulso hacia las aspiraciones de cada uno de sus integrantes, aportando en la medida de sus posibilidades los alimentos, debiendo evitar en sus hogares actos de discriminación, abuso, reclusión o violencia;

VI. Aprovechar las oportunidades de preparación académica que el Estado ponga a su alcance;

VII. Procurar actividades físicas y mentales que les permitan una vida sana;

VIII. Usar los recursos naturales de manera racional y sustentable, procurando el mantenimiento y la mejora del medio ambiente, cuidando los espacios naturales y las instalaciones al aire libre e implementar una cultura de reutilización o reciclaje, así como el uso de energías renovables en protección de la naturaleza;

IX. Adoptar una cultura de prevención de enfermedades y adicciones, practicando hábitos de vida sana y realizándose cuando menos una revisión clínica al año, debiendo tramitar su carnet de salud mismo que contendrá los datos mínimos que permitan conocer su expediente clínico;

X. Informarse de manera adecuada sobre los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos;

XI. Informarse sobre los riesgos en la salud por el consumo de alcohol, tabaco y drogas;

XII. Participar de manera responsable y decidida en la vida política, económica, cultural, cívica y social de su comunidad; y

XIII. Fomentar la convivencia familiar, social y cívica, procurando siempre:

a) Amar y respetar a la Patria, al Estado y defender su integridad;

b) Promover la solidaridad, anteponiendo el interés general al particular;

c) Decir la verdad y cumplir la palabra empeñada;

d) Practicar la justicia;

e) Propugnar la unidad en la diversidad y la relación intercultural;

f) Denunciar y combatir los actos de corrupción;

g) Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad;

h) Conservar el patrimonio cultural y natural del País; y

i) Cuidar y mantener los bienes públicos.

CAPITULO CUARTO

DE LAS POLITICAS PUBLICAS

Artículo 15.- La atención a la juventud es un asunto de interés prioritario para el Estado, quienestablecerá las políticas públicas de carácter integral y permanente para los jóvenes. En dichas políticas de Estado, se considerarán el papel que desempeñan la familia, la sociedad y los propios jóvenes.

Artículo 16.- Las políticas públicas para los jóvenes, son un conjunto de directrices de carácter público, dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de la juventud, y comprenden de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes acciones:

I. Propiciar las condiciones para el bienestar y una vida digna;

II. Fomentar la cultura de paz social, el espíritu solidario, la formación de valores, impulsando principalmente la tolerancia, la solidaridad, la justicia y la democracia;

III. Difundir entre los jóvenes, la integración familiar y social, rescatando los principios y valores para fomentar una cultura cívica;

IV. Promover el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizar su libre expresión, velando por la erradicación de la discriminación;

V. Brindar apoyo integral a las familias jóvenes, para lograr su estabilidad, permanencia y éxito como base de la sociedad;

VI. Prohibir cualquier medida que atente contra la libertad, integridad y seguridad física y psicológica de los jóvenes por el ejercicio de sus derechos, garantizando que no sean arrestados, detenidos o presos arbitrariamente;

VII. Evitar la discriminación de los jóvenes, así como generar mecanismos que fomenten la cultura de la igualdad;

VIII. Brindar apoyo a los jóvenes que se encuentran o vivan en circunstancias de vulnerabilidad, exclusión social, indigencia, situación de calle, discapacidad o privación de la libertad, mediante programas sociales que les permitan reinsertarse e integrarse a la sociedad de una manera digna;

IX. Impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión y promuevan su derecho de participar en la vida política de la entidad;

X. Prevenir, proteger y atender la salud de los jóvenes y crear programas especiales para aquellos jóvenes que no sean derechohabientes; fortalecer en los planes de estudio de educación media superior y superior, los temas de orientación vocacional y profesional, sexualidad, prevención de adicciones, desórdenes alimenticios y depresión, a fin de salvaguardar la salud juvenil y capacitar a los padres de familia, tutores o representantes para la detección oportuna de adicciones y/o conductas juveniles riesgosas;

XI. Asegurar una educación de calidad, suficiente y adecuada al mercado laboral, acercando lo más posible las instancias de educación a los jóvenes; así como generar mecanismos de acceso democrático y estrategias de permanencia en el sistema educativo, para evitar la deserción escolar;

XII. Incrementar y diversificar las oportunidades de ingreso a la educación media superior y superior, mediante el establecimiento de diversos programas educativos de calidad que utilicen las tecnologías de la comunicación e información y así acercar este servicio a los jóvenes de zonas urbanas y rurales, incluyendo aquellas de difícil acceso;

XIII. Facilitar y apoyar el acceso a la educación de los jóvenes indígenas, con discapacidades, embarazadas o etapa de lactancia, para asegurar su permanencia escolar, promoviendo educación intercultural y espacios adecuados para discapacitados;

XIV. Promover programas de Beca y Crédito Educativo para jóvenes de escasos recursos, a fin de que no deserten por motivos económicos; promover acciones y financiamiento de becas de estancia y becas de apoyo para transporte, para los jóvenes que estudien fuera del lugar de su residencia;

XV. Fomentar el desarrollo de planes y programas flexibles con salidas profesionales laterales o intermedias, que permitan a los jóvenes combinar el estudio y el trabajo;

XVI. Promover la inserción de los jóvenes en el empleo, mediante incentivos fiscales para aquellas empresas que contraten jóvenes recién egresados, a fin de abatir el desempleo juvenil, aprovechando su fuerza laboral y su capacidad creativa y de organización;

XVII. Promover créditos y capacitación para los jóvenes emprendedores;

XVIII. Promover las expresiones culturales de los jóvenes, organizando eventos artísticos y culturales que los incentiven, así como difundir sus obras a nivel estatal, nacional e internacional;

XIX. Promover la práctica del deporte como medio de aprovechamiento del tiempo libre o de manera profesional y promover el acceso a las diferentes formas, prácticas y modalidades de recreación, de acuerdo con los intereses de los jóvenes;

XX. Establecer programas y acciones para que los jóvenes participen en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales;

XXI. Impulsar mecanismos que acerquen y vinculen a la juventud con la tecnología;

XXII. Crear, promover y apoyar un sistema de información que permita a los jóvenes obtener, acceder, procesar, intercambiar y difundir información actualizada y útil para su desarrollo profesional y humano, procurando que los medios de comunicación generen valores positivos en la juventud;

XXIII. Promover acciones para evitar la migración de jóvenes;

XXIV. Promover y difundir la cultura de los jóvenes indígenas;

XXV. Crear e impulsar mecanismos para que jóvenes con discapacidad, tengan acceso efectivo a la educación, a la capacitación laboral, servicios sanitarios, servicios de rehabilitación, oportunidades de esparcimiento, con el objetivo de lograr su desarrollo individual e integración social;

XXVI. Procurar la rehabilitación de los jóvenes con problemas de adicciones y la de su familia, así como de procurarles oportunidades laborales y educativas;

XXVII. Prevenir y atender, el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción y la fármaco dependencia; y

XXVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley.

CAPITULO QUINTO

DEL SISTEMA NACIONAL DE LA JUVENTUD

Artículo 17.- El Sistema Nacional de la Juventud es el conjunto de instituciones gubernamentales de la Federación, Estados, del Distrito Federal y Municipios organizadas y coordinadas, con la finalidad de cumplir los objetivos de las políticas públicas para los jóvenes, y las disposiciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 18.- Conforme a los principios y las bases establecidas en esta Ley, las instituciones gubernamentales que integran el Sistema de Juventud, en el ámbito de su competencia y en los términos del presente ordenamiento, deberán coordinarse para:

I. Integrar el Sistema Nacional y cumplir con sus objetivos;

II. Proponer políticas integrales con visión transversal, sistemáticas, continuas y evaluables, así como estrategias, programas y acciones, en materia de juventud;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias, programas y acciones dirigidas a los jóvenes, así como la aplicación presupuestal, a través de los mecanismos previstos por los ordenamientos de la materia vigentes;

IV. Diseñar y proponer a las instituciones gubernamentales programas especializados para el desarrollo de los jóvenes discapacitados, indígenas, migrantes y demás grupos de jóvenes vulnerables;

V. Dar seguimiento y evaluar los programas dela juventud, y demás instrumentos programáticos en la materia;

VI. Conformar, de ser necesario, comisiones especiales para atender asuntos específicos de relevancia en materia de juventud, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de las políticas públicas para los jóvenes;

VII. Formular y ejecutar estrategias, programas y acciones conjuntas en materia de juventud, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos, de forma coordinada y respetando el ámbito de competencia de las instituciones;

VIII. Determinar la participación de los sectores social y privado, con la finalidad fortalecer las estrategias y acciones que permitan lograr los objetivos de las políticas públicas para los jóvenes, y de la presente Ley;

IX. Suscribir acuerdos de colaboración y coordinación con la finalidad de cumplir con las finalidades de la presente Ley;

X. Promover y difundir el respeto de los derechos de los jóvenes;

XI. Fomentar la participación activa de la juventud; y

XII. Realizar las demás acciones que sean necesarias para lograr el objeto de esta Ley.

Artículo 19.- El Sistema Nacional de la Juventud estará integrado por las siguientes instituciones:

I. La Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular lo presidirá;

II. El Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo titular fungirá como Secretario Técnico del Sistema;

III. La Secretaría de Gobernación;

IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. La Secretaria de Educación Pública;

VI. La Secretaría de Economía;

VII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VIII. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

IX. La Procuraduría General de la República;

X. La Secretaría de Salud;

XI. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XII. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

 

XIII. El Consejo Nacional Para La Cultura Y Las Artes;

 

XIV. La Comisión Nacional Contra Las Adicciones;

XV. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud;

XVI. La Cámara de Senadores, a través de la Comisión de Juventud y Deporte;

XVII. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XVIII. La Universidad Nacional Autónoma de México;

XIX. Los órganos de gobierno de los Estados ydel Distrito Federal, encargados de la atención a la juventud; y

XX. Los Municipios, a través de la Federación Nacional de Municipios de México A.C.

Artículo 20.- Serán invitados a las sesiones del Sistema por razón de los asuntos a tratar, las personas, dependencias, órganos, asociaciones, y organizaciones que determine el Sistema así como, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:

I. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

II. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

III. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

IV. El Instituto Nacional Electoral;

V. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

VI. El Instituto Nacional de las Mujeres;

VII. El Instituto Nacional de Migración;

VIII. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; y

IX. Representantes de la sociedad civil.

Artículo 21.- El Sistema celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que proponga su Presidente o cuando menos cinco de sus miembros.

Artículo 22.- El Sistema sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate.

Artículo 23.- A las sesiones acudirán personalmente los titulares de las instituciones que lo integran, y por excepción un representante con el nivel jerárquico inferior que le siga.

Los cargos y funciones que desempeñen los miembros del Sistema e invitados, serán honoríficos.

Artículo 24.- Las institucionesque integran el SistemaNacional de la Juventud, deberán difundir los programas y acciones que ejecuten para el desarrollo de los jóvenes, a través de sus periódicos oficiales y demás medios de comunicación impresos, radio y televisión, portales de internet, y demás tecnologías de la información y la comunicación.

CAPITULO SEXTO

DE LA CONCURRENCIA Y DE LA COORDINACION

Artículo 25.- Las atribuciones en materia de la presente Ley, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, los Estados, del Distrito Federal y los Municipios.

Artículo 26.- Corresponde a la Federación:

A. Por conducto del Instituto Mexicano de la Juventud:

I. Definir e instrumentar las políticas públicas para los jóvenes, a fin de dar cumplimiento a las finalidades de esta Ley;

II. Elaborar el Programa Nacional de Juventud, en términos de la ley de su creación, y considerando además las finalidades y políticas establecidas en la presente Ley;

III. Adecuar sus fines, atribuciones, organización y funcionamiento conforme a lo dispuesto por esta Ley;

IV. Establecer mecanismos que permitan la adecuada colaboración y coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, para la debida observancia de la presente Ley;

V. Suscribir los acuerdos de colaboración y coordinación con los institutos u órganos encargados de la atención de la juventud, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los jóvenes;

VI. Establecer un programa permanente de bolsa de trabajo y orientación laboral que vincule a los jóvenes con las vacantes de los sectores productivos;

VII. Impulsar y, en su caso, suscribir acuerdos y convenios con los sectores productivos que permitan ampliar las oportunidades de empleo para la juventud;

VIII. Impulsar programas y acciones, así como la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración y coordinación, para establecer servicios, descuentos y promociones para los jóvenes;

IX. Promover la difusión periódica de información relativa a los temas de interés e impacto para los jóvenes, a través de todos los medios y espacios tradicionales y tecnológicos;

X. Convenir con los sectores social, público y privado, para difundir de manera amplia, sistemática, plural y actualizada información de temas de interés para los jóvenes; y

XI. Las demás que establece la ley de su creación, y las que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

B. Por Conducto de la Secretaria de Desarrollo Social;

I. Formular, conducir y evaluar la política general de atención a la juventud;

II. Establecer programas que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes;

III. Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civilque desarrollen actividades en favor de los jóvenes;

IV. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de la juventud para elevar su nivel de vida, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

V. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y protección de los derechos de los jóvenes, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los diferentes niveles de gobierno;

VI. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva;

IX. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y atención de los jóvenes y sus derechos; y

X. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

C. Por conducto de la Secretaría de Educación Pública:

1. A través de la Dependencia:

I. Fomentar la educación de los jóvenes y su permanencia en la misma, más allá de la educación obligatoria, considerando a los jóvenes discapacitados y de los grupos étnicos;

II. Implementar programas y acciones tendientes a prevenir la deserción escolar por razones económicas y sociales;

III. Elaborar y ejecutar programas que propicien la conciliación de los jóvenes con la educación, el trabajo, la familia y la sociedad en general;

IV. Fomentar la participación de la familia en la educación formal los jóvenes;

V. Impulsar el acceso a una educación basada en principios y valores fundamentales y derechos humanos que promuevan el desarrollo personal y social de la juventud;

VI. Realizar acciones orientadas a garantizar el derecho de la juventud al acceso a la cultura en todas sus expresiones, así como al ejercicio de sus derechos culturales;

VII. Promover y desarrollar programas en materia de educación sexual y reproductiva;

VIII. Diseñar y ejecutar acciones de educación, entre los jóvenes, contra las adicciones;

IX. Promover entre los jóvenes de las distintas regiones socioculturales del territorio mexicano, las diversas expresiones culturales, interculturales y multiculturales, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables en la materia;

X. Celebrar acuerdos de colaboración y de coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, para garantizar los derechos culturales de los jóvenes;

XI. Incentivar la cultura física, deportiva y recreativa, y propiciar la recuperación, creación y mantenimiento de espacios para este fin, dentro de las instituciones educativas;

XII. Promover la ampliación, construcción y mantenimiento de espacios educativos, y la actualización o sustitución de equipos de talleres y laboratorios, así como de mobiliario, en las escuelas, con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos; y

XIII. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

2. A través dela Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte:

I. Elaborar y ejecutar programas y acciones orientadas a garantizar el acceso a la cultura física y el desarrollo de la práctica del deporte entre los jóvenes;

II. Establecer los mecanismos necesarios para la obtención de apoyos y estímulos que favorezcan el aprovechamiento idóneo de los beneficios del aprendizaje y práctica del deporte entre los jóvenes;

III. Promover y celebrar acuerdos y convenios de colaboración y de coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, así como con las organizaciones, asociaciones y empresas que promueven el deporte y el desarrollo de los jóvenes; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

3. A través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes:

I. Promover y orientar las diversas expresiones culturales y artísticas de la juventud, y el intercambio cultural nacional e internacional;

II. Promover la creación de espacios para las diversas manifestaciones culturales y artísticas de los jóvenes;

III. Diseñar, desarrollar y difundir programas de acceso a las diversas manifestaciones culturales y artísticas de los jóvenes, respetando sus propios intereses y expectativas;

IV. Instrumentar programas que tengan como finalidad el enriquecimiento cultural de los jóvenes en el ámbito de las bellas artes;

V. Fomentar las expresiones juveniles de las distintas regiones y grupos sociales del país, como medio para difundir, promover, preservar y enriquecer los bienes culturales, artísticos, y patrimonios históricos con los que cuenta la Nación; y

VI. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

D. Por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Realizar las acciones necesarias para garantizar la cobertura de salud a todos los jóvenes de la República mexicana;

II. Diseñar y ejecutar programas permanentes de educación, prevención y atención de las adicciones, con el objeto de erradicar el consumo de sustancias adictivas y mejorar las condiciones de salud de la juventud;

III. Realizar campañas de promoción de la salud juvenil, en las cuales aborden los temas de hábitos alimenticios, salud mental, salud sexual y reproductiva, y demás aspectos que incidan en el desarrollo saludable de la juventud;

IV. Formular y ejecutar programas de prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual, que pongan en riesgo la salud de los jóvenes, con la finalidad de generar una cultura de vida saludable, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y

V. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

E. Por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

I. Impulsar y ejecutar acciones que promuevan el trabajo, el salario digno y la protección social para los jóvenes;

II. Diseñar y ejecutar programas de capacitación laboral para los jóvenes, que les permita desarrollar, potencializar y aplicar sus habilidades y conocimientos en el campo productivo;

III. Suscribir acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con entidades de los sectores público y privado, para garantizar los derechos laborales de los jóvenes;

IV. Realizar, a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, campañas de difusión de los derechos de los trabajadores jóvenes, brindándoles asesoría y patrocinio en conflictos laborales;

V. Elaborar y ejecutar programas que propicien entre los jóvenes la armonía con la educación, el trabajo y la familia;

VI. Realizar las acciones necesarias para fortalecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo, a fin de disminuir los riesgos laborales, especialmente de los jóvenes trabajadores;

VII. Diseñar y desarrollar programas que fomenten la iniciativa empresarial y social de los jóvenes;

VIII. Promover programas para fomentar el empleo a jóvenes;

IX. Realizar las acciones tendientes a promover la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes en el acceso al mercado laboral y en el salario; y

X. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

F. Por conducto de la Secretaría de Economía:

I. Impulsar la iniciativa juvenil mediante programas de asesoría, capacitación y gestión de recursos, para proyectos productivos;

II. Formular programas de vinculación entre el sector juvenil y el sector productivo nacional e internacional;

III. Realizar las acciones que fomenten y faciliten a los jóvenes su incorporación al sector productivo del País; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

G. Por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. Diseñar y desarrollar programas de fomento a la iniciativa del joven rural;

II. Implementar programas de fomento y capacitación para la explotación productiva y racional de las tierras;

III. Poner en marcha programas tendientes a generar la creación de empresas agropecuarias rentables y sustentables, que propicien la producción de las tierras y el arraigo de los jóvenes y de las nuevas generaciones; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

H. Por conducto de la Comisión Nacional de Vivienda:

I. Promover la instrumentación de programas de créditos de interés social para viviendas dignas y sustentables, considerando la realidad salarial de los jóvenes;

II. La ejecución de programas de vivienda, acordes a las necesidades de los jóvenes de las diferentes regiones del País;

III. Impulsar programas de subsidios para jóvenes rurales e indígenas en situación de marginación, que les permita construir, ampliar o mejorar su vivienda y elevar su calidad de vida;

IV. Promover acciones orientadas a garantizar que las viviendas que adquieran los jóvenes cuenten con los servicios básicos y la infraestructura necesaria que les permita mejorar su calidad de vida;

V. Diseñar y ejecutar programas de ampliación de la vivienda para los jóvenes;

VI. Desarrollar programas de regularización de la tenencia de la tierra, para apoyar a los jóvenes en aquellos casos en los que tengan un interés legítimo; y

VII. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

I. Por conducto de la Secretaría de Gobernación:

I. Garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación de los jóvenes, mediante los acuerdos y acciones necesarias con las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno;

II. Fomentar la libre expresión de las ideas, la libertad de reunión y de asociación de los jóvenes;

III. Establecer mecanismos que propicien la creación de organizaciones y asociaciones de jóvenes, así como el fortalecimiento de las existentes, como medio para fomentar la participación de la juventud en la vida política y social del País; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

J. Por conducto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:

I. Promover el desarrollo cultural, social y democrático de los jóvenes;

II. Realizar acciones específicas para prevenir y eliminar la discriminación de y entre los jóvenes;

III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de los jóvenes; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

K. Por conducto delas autoridades de Seguridad Pública Federal:

I. Garantizar por todos los medios a su alcance de los jóvenes vivan en un estado libre de violencia en sus diversas manifestaciones, e incorporar la protección contra los abusos sexuales y la trata de personas;

II. Fomentar y difundir entre los servidores públicos y la sociedad en general, de manera permanente, la cultura del respeto a los derechos humanos de los jóvenes;

III. Realizar las acciones más eficaces conducentes a la prevención y erradicación de la violencia contra los jóvenes, en el ámbito de su competencia; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

L. Por conducto del Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación:

I. Prestar servicios de asesoría y representación jurídica gratuita a los jóvenes que lo requieran en los juicios en los que sean parte;

II. Difundir los servicios que presta valiéndose de los medios de comunicación y de los medios tecnológicos;

III. Realizar cuando menos una vez al año la semana nacional de asesoría jurídica dirigida preferentemente a la juventud; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

M. Por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales:

I. Desarrollar y ejecutar programas y acciones permanentes tendientes a preservar, restaurar y mejorar el ambiente, proteger la biodiversidad y aprovechar de manera sustentable el suelo, el agua y los demás recursos naturales, para salvaguardar el derecho de los jóvenes a un medio ambiente sano;

II. Desarrollar programas de concientización y sensibilización entre la población joven, sobre la importancia de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

III. Promover la participación activa de los jóvenes en el diseño, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de medidas apropiadas para enfrentar y contrarrestar la problemática ambiental y promover el desarrollo sustentable del ambiente; y

IV. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

N. Por conducto de las demás dependencias, órganos, instituciones y organismos descentralizados y empresas de la administración pública federal:

I. Promover y ejecutar las políticas y programas orientados a garantizar a los jóvenes el ejercicio y goce pleno de los derechos establecidos en la presente Ley;

II. Promover ante los gobiernos Estatales, del Distrito Federal y Municipales, así como ante los sectores social y privado, la observancia y el respeto de los derechos de los jóvenes;

III. Suscribir los acuerdos y convenios de colaboración y de coordinación necesarios para cumplir con las finalidades de la presente Ley;

IV. Realizar campañas informativas dirigidas a los jóvenes, con la finalidad de darles a conocer los servicios públicos y programas que ofrecen y orientarlos en la forma en la que tendrán acceso a ellos; y

V. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

Artículo 27.- Corresponde a los Estados y al Distrito Federal:

I. En concordancia con el Programa Nacional de Juventud, formular políticas e instrumentar programas para promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral;

II. Proponer al Instituto Mexicano de la Juventud contenidos nacionales y regionales, para ser incorporados al Programa Nacional de Juventud;

III. Revisar y reformar su marco jurídico, para concordarlo con las disposiciones de la presente Ley;

IV. Fortalecer a sus órganos u organismos públicos encargados de la atención a la juventud;

V. Diseñar y desarrollar, en coordinación con las autoridades federales, programas y proyectos de atención, educación, capacitación para el bienestar de los jóvenes;

VI. Impulsar programas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes;

VII. Establecer y desarrollar programas y acciones, así como la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración y coordinación, para establecer servicios, descuentos y promociones para los jóvenes;

VIII. Establecer las previsiones legislativas y operativas necesarias para hacer efectivo el derecho de los jóvenes de utilizar gratuitamente el transporte público urbano;

IX. Promover ante los gobiernos Municipales y ante los sectores social y privado, la observancia y el respeto de los derechos de los jóvenes;

X. Suscribir los acuerdos y convenios de colaboración y de coordinación necesarios para cumplir con las finalidades de la presente Ley;

XI. Realizar campañas informativas dirigidas a los jóvenes, con la finalidad de darles a conocer los servicios públicos y programas que ofrecen y orientarlos en la forma en la que tendrán acceso a ellos;

XII. Promover y difundir los derechos de los jóvenes; y

XIII. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

Artículo 28.- Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal:

I. Promover y ejecutar las políticas y programas que sean necesarios para garantizar a los jóvenes, el ejercicio y goce pleno de los derechos establecidos en la presente Ley;

II. Participar en la planeación y ejecución de la política pública para los jóvenes, para ello, en los planes y programas que realicen, deberán incluir acciones específicas para garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes;

III. Impulsar la participación de los jóvenes en la vida económica, política, cultural, deportiva y social, así como para promover el respeto a sus derechos y cumplir con el objeto de esta Ley;

IV. Fortalecer o, en su caso, crear un órgano de atención a la juventud, que en forma directa promueva las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley; y

V. Las demás que sean indispensables para cumplir con las finalidades de la presente Ley.

Artículo29.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, adicionalmente a las facultades exclusivas que esta Ley les confiere, les corresponden de manera concurrente y coordinada las atribuciones siguientes:

I. Promover una cultura de participación juvenil que propicie el desarrollo del País en un ambiente de respeto y de tranquilidad social;

II. Fomentar la participación social y política de la juventud, inculcándole los valoresque contribuyan a su desarrollo social y económico;

III. Suscribir acuerdos o convenios para coordinar y unificar sus actividades en la materia de esta Ley; y

IV. Celebrar convenios con los sectores social y privado para fomentar y difundir los derechos de los jóvenes.

CAPITULO SEPTIMO

DE LAS DENUNCIAS Y SANCIONES

Artículo 30.- Cualquier persona podrá denunciar ante los órganos competentes todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 31.- Los servidores públicos que incurran en violaciones a esta Ley, se sujetaran al procedimiento administrativo disciplinario, en términos de las leyes aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la Ley, en un plazo no mayor de ciento sesenta días, contado a partir de su entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea del Distrito Federal adecuarán sus legislaciones con las disposiciones de la presente Ley, dentro de un plazo de ciento ochenta y dos días, computado a partir de la entra en vigor de este decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de marzo de 2014.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.

De la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección Materna y Neonatal y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda.




 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCION MATERNA Y NEONATAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, con aval de grupo)

“La que suscribe, María Elena Barrera Tapia, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección Materna y Neonatal y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La salud y la enfermedad como resultado de las condiciones del medio ambiente y los hábitos, concurren y generan la red de causalidad de la morbilidad y mortalidad incluyendo la materno-infantil en todas las regiones del mundo. Esta circunstancia nos señala que estamos frente a un serio problema de salud que afecta a los más débiles dentro de una sociedad.

De 1990 y 2010 la razón de mortalidad materna RMM1 mundial, disminuyó un 47% e indica la disminución del 3.1 por ciento al año, cuando debió ser del 5.5% anual necesario para alcanzar el Objetivo del Desarrollo del Milenio5 (ODM5)2.

El mayor número de fallecimientos se presenta en zonas con inequidades, en el acceso a los servicios de salud, acentuando las diferencias entre ricos y pobres, teniendo como referencia que la razón de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 240 por 100,000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es de 16 por 100,000; con grandes disparidades en un mismo país entre personas con ingresos altos y bajos y entre población rural y urbana.

Según la Organización Mundial de la Salud:3

•Por día mueren unas 1,500 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.

•La Muerte Materna (MM) es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres, debido a la pobreza, la distancia, falta de información, falta de servicios adecuados y prácticas culturales entre otras.

•Las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.

•Las complicaciones, que aparecen durante la gestación son causantes del 80% de las muertes maternas y principalmente son: hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); infecciones (generalmente tras el parto); hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); complicaciones del aborto peligroso y las causas indirectas que complican el embarazo como la anemia, el VIH/SIDA, el paludismo y enfermedades cardiovasculares. Y, las menos son por padecimientos de antes del embarazo, que se agravan en el mismo.

•La mortalidad materna en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres, debido a que el 99% corresponde a los países en desarrollo.

•Los obstáculos para que las mujeres reciban la atención están en relación a la pobreza en zonas remotas, distancia, falta de información, inexistencia de servicios adecuados y prácticas culturales (en el último decenio, solo el 46% de las mujeres de los países de ingresos bajos se benefician de una atención especializada durante el parto).

•En los países de ingresos elevados, todas las mujeres realizan como mínimo 4 consultas prenatales, son atendidas durante el parto por profesionales y reciben atención posnatal. En los países de ingresos bajos, poco más de un tercio de las embarazadas realizan las 4 consultas prenatales recomendadas.

•La mayoría de las muertes maternas son evitables, si, reciben atención profesional.

•En el embarazo la salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas y cuando se pierde el equilibrio, adicional a los fallecimientos maternos, cada año mueren más de 3 millones de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Oficina para Latino América y El Caribe LAC (UNICEF / TACRO), apunta los resultados siguientes:4

Latino América y el Caribe LAC, es una de las regiones más dispares del mundo al concentrar 14 de los 20 países reconocidos como los más inequitativos a nivel mundial, debido a que algunos presentan un gran avance en la reducción de la mortalidad materna e infantil, y otros permanecen con altas tasas, por ello existen grandes diferencias en términos de indicadores de salud entre los países y enormes inequidades al interior de cada uno de ellos (en este último se incluye a México).

Se estima en que alrededor de 1 millón de gestantes no tienen acceso a la atención del parto por personal calificado, y que aproximadamente 744,000 mujeres no tienen ningún control del embarazo, por esta situación, más de 20,000 madres mueren durante el embarazo y el parto; y más de 200,000 recién nacidos mueren en los 28 días seguidos al nacimiento.

Entre 1990 y 2008 aumento la atención de los partos por personal calificado al pasar del 72% al 86%, subsistiendo inequidad como resultado de múltiples condiciones de vulnerabilidad (etnicidad, educación, edad, lugar de residencia, distribución del ingreso, riqueza, y otros factores sociales).

En América predominan las causas obstétricas directas de muerte, el 70% del total son la hemorragia con un 25%, la septicemia 15%, las complicaciones del aborto 13%, la eclampsia 12% y el parto obstruido (8%)5. En promedio, 79% de los partos en América Latina y el Caribe tienen lugar en establecimientos de salud; el 87% de los partos son atendidos por personal calificado; en zonas rurales, el acceso a los suministros, equipo en funcionamiento y servicios de derivación, es limitado; y hay una baja prevalencia promedio de uso de anticonceptivos (65 %).

Las mujeres con complicaciones obstétricas mueren generalmente en un plazo de 48 horas. Las defunciones causadas por la hemorragia y la septicemia están más relacionadas con el propio parto.

Estas complicaciones están relacionadas con la falta de acceso o utilización de los servicios de maternidad y en otro caso los servicios a menudo no pueden responder a las situaciones de urgencia, y la calidad de su atención es, a veces, deficiente.

En el país en el año de 2010 se contabilizaron 112,337,000 habitantes, de ellos 13 millones estaban en situación de pobreza extrema; 52.8 millones en situación de pobreza y el 28.1 por ciento vivían en condiciones vulnerables por carencias sociales (Cuadro C1).

La población asegurada en el rubro de servicios de salud en 2010 por institución pública fue de 111,794,000 habitantes; de ellos 52,906,000 estaban afiliados al Instituto del Seguro Social (IMSS); 11,993,000 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 743,000 en Petróleos Mexicanos (PEMEX); 1,048,000 en la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA); 240,000 en la Secretaría de la Marina (SEMAR);1,942,000 en Instituciones Estatales; y 43,519.000 en el Seguro Popular (Cuadro C2).

El comportamiento de la mortalidad materna en 1990 sumó 1,477fallecimientosa causa del embarazo, parto y puerperio con una RMM de 89.0 por cada 100,000 nacidos vivos; en 1999 fueron 1,411con una RMM de 81 (66 nacimientos y 9% menos de una década a otra). En el año 2000 fallecieron 1,325 (RMM 72.6), en tanto que en el 2009 fueron 1,411, esto es 118 fallecimientos menos que en la década anterior y la RMM pasó a 62.2 con un 14.32% menos y las mujeres sin atención pasaron del 18.88 % al 10.25%.

En el 2010 fallecieron 992 mujeres a causa de las complicaciones del EPP (RMM 51.5); en el 2011 se registraron 971 (RMM 50.7); en el 2012 fueron 949 (RMM49.9); y el porcentaje de mujeres que no recibieron atención médica osciló entre el 10.8% y el 12%. (Cuadro C3RMM y C3aRMMxEdo).

Cabe señalar que en México existen 60.2 millones de mujeres; de estas el 33.2% son adolescentes; 30 millones son madres y 2.6 millones de mujeres en promedio se embarazan al año, de las cuales el 66.6% lo planeó, el 20% no y el 13.4% es un embarazo no deseado. (CuadroC4 nacimientos adolescentes).

El 19% de los embarazos se presenta en mujeres menores de 20 años, de las cuales el 40.6% de los embarazos son no planeados o no deseados.El9.8% de las mujeres en edad fértil, tienen la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) a nivel nacional; en tanto que la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil de 1992 a 2010 pasó del 63.1% al 72.5%6.

77,000 niñas de 12 a 17 años de edad están casadas; se presentan 69.5embarazos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años; 5.3 millones de madres son solteras, separadas o divorciadas; las madres tienen entre 2 y 3 hijos; 1,000 mujeres en promedio fallecieron al año en la última década por complicaciones del embarazo, parto y puerperio; 4 de cada 10 mujeres mayores de 14 años trabajan, de ellas el 91.9% combina trabajo y estudio con quehaceres domésticos7.

6 de cada 10 mujeres que trabajan cuentan con educación básica o más; trabajan, 19.379,038 de mujeres, de las cuales casi 12 millones son madres; el 54% de las mujeres se encuentran en edad fértil (de ellas el 33.2% son adolescentes (15 a 19 años) y jóvenes (20 a 24 años), cifras que proyectan se cree se mantendrán al 2030)8.

Alrededor de 2 millones de nacimientos promedio se registran por año en la última década, de ellos en promedio 810,000 al nacer cuentan con seguridad social9.

El 25% de la mortalidad infantil se presenta en el periodo perinatal y se debe a causas maternas relacionadas con las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 600,000 niños mexicanos nacen anualmente con uno o varios problemas que ponen en riesgo su vida o dejan secuelas como parálisis cerebral o retraso mental10.

Las causas de la mortalidad materna e infantil son multifactoriales debido a que subsisten brechas de oportunidades para el desarrollo, servicios y nutrición en la población, principalmente de habla indígena con la no indígena y la del área rural con la urbana, de donde se destacan en el cuadro C5 características socio-demográficas y cobertura de protección social en salud México 2006 y 2012 y están en relación a:

•Mayor riesgo por edad en mujeres adolescentes y mayores de 40 años; en mujeres multíparas o con desnutrición.

•Insuficiencia o falta de educación e información en el autocuidado antes, durante y después del embarazo.

•Falta de información y del ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva, fundamentalmente en materia de planificación familiar a ambos sexos y grupos vulnerables.

•Carencia de alimentos suficientes en nutrientes y cantidad.

•Preexistencia de infecciones, hipertensión, diabetes mellitus, SIDA, enfermedades hereditarias o congénitas y otras sin control o tratamiento médico.

•Embarazo no deseado.

•Madre soltera o en unión libre.

•Brechas en la oportunidad para el desarrollo, servicios públicos (agua, luz, drenaje), accesibilidad (vías y medios de comunicación) entre el área rural con relación a la urbana y dificultad para la accesibilidad de servicios de salud, (Cuadro C6 brechas).

•Vulnerabilidad por ingreso, carencia (pobreza, falta de trabajo).

•Vivienda con insuficiencia de espacios (hacinamiento).

•Servicios de Salud:

a) La atención institucional médica materno neonatal es fragmentada debido a que cada institución pública regionaliza los servicios de salud que otorga con base en criterios propios.

b) Insuficiencia de las acciones de prevención y seguimiento de la mujer embarazada en el primer nivel de atención.

c) Capacidad de respuesta de los servicios de salud a la demanda de la población es insuficiente (Cuadros C7 y C7a).

d) Carencia de recursos (personal, equipamiento, medicamentos, materiales y suministros) en 2011 en las instituciones públicas se tenían registrados 52,752 médicos generales con un indicador de 2,302 habitantes por médico general; 9,102 gineco-obstetras para otorgar en 365 días, 24 horas al año consulta, atención de partos, cirugías, emergencias, visita hospitalaria y otras acciones y9,966 pediatras cuya organización de trabajo se parece al del gineco-obstetra y se destaca que en ese año nacieron 2,249,218 niñas y niños; así mismo se registraron1,301 habitantes por cama censable. (Cuadro C8).

e) El personal en algunos casos carece de formación e información suficiente o antepone sus derechos laborales.

En México entre 2002 a 2012 la mortalidad materna se debe principalmente a 5 causas directas que en suma representan del 75 al 80% y son lasenfermedades hipertensivas del embarazo, hemorragiadel embarazo, parto o puerperio (EPP), aborto, sepsis y otras complicaciones del EPP; la cuales en su mayoría son evitables11; (Cuadro C9).

Con relación a el riesgo de muerte del niño menor de 5 años es mayor durante el periodo neonatal los primeros 28 días de vida, mientras la mayoría de los fallecimientos neonatales se deben a partos prematuros, asfixias durante el parto (incapacidad para respirar en el momento del parto).

La mayoría de casos de niños prematuros y de bajo peso al nacer son factores predisponentes y se calcula que alrededor del 8,7% de los recién nacidos sufren bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos. al momento del nacimiento; este hecho guarda estrecha relación con la mayor morbilidad neonatal y se calcula que causa entre 40 y 80% de las muertes neonatales.

Los resultados en materia de salud materna y neonatal en el mundo como en México están determinados por factores interrelacionados, que comprenden los socioeconómicos (pobreza), insuficiencia de agua, saneamiento deficiente e higiene; asociados con la educación deficiente (especialmente la educación materna), acceso limitado a la atención a la salud principalmente enzonas rurales,comunidades marginadas y poblaciones indígenas.

La mortalidad neonatal12 representa los primeros 28 días de vida, incluye la mortalidad perinatal, la cual se presenta entre la semana 22 del embarazo y los 7 días después del nacimiento y refleja principalmente la atención que recibió la madre durante el embarazo, se calcula en 15 por 1.000 nacidos vivos, y se estima que la tasa de mortalidad fetal se aproxima a la tasa de mortalidad neonatal (TMN). Esta última representa 60% de las defunciones de menores de 1 año de edad y 36% de la mortalidad de los menores de 5 años.

La mortalidad post-natal, se relaciona principalmente con las condiciones socioeconómicas, y más frecuentemente con la calidad de vida.

A nivel nacional, entre 1980 y 2010 el indicador de la mortalidad infantil se redujo en 73%, al pasar de 52.6 a 14.2 defunciones por cada 1,000 nacimientos; el cual puede descender a mayor velocidad en tanto se disminuya la mortalidad neonatal13.

La mayor mortalidad neonatal se debe principalmente a menor peso y edad gestacional. Se ha identificado que en los primeros 7 días de vida ocurren hasta un 70% de la mortalidad neonatal y está intrínsecamente relacionada con la salud de la madre y la atención que ésta recibe antes departo, durante el parto e inmediatamente después del parto, (Cuadro C10 MFxC mater).

La mortalidad perinatal abarca el periodo fetal (22 semanas) y neonatal temprana que se refiere a las que se ocurren los primeros 7 días de vida, cuyas causas en estos dos grupos son similares.

Las causas indirectas son la deficiente salud materna que circunscribe el mal estado nutricional, las infecciones maternas no tratadas de donde por orden de frecuencia están las de vías urinarias, de transmisión sexual, la corioamnioitis y la malaria; así como la incapacidad para identificar en el recién nacido de riesgo o enfermo, el escaso control perinatal y el difícil acceso a las unidades de atención médica hospitalaria con personal calificado.

La desnutrición materna y la falta de alimentación al seno materno de manera exclusiva contribuyen a incrementar el riesgo de muerte.

Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, son la segunda causa de muerte, responsables de la ocurrencia de 6,477 defunciones durante 2010, lo que representa 22% de las muertes infantiles, su tendencia es casi igual entre 6,500 y 7,000 muertes al año durante la primer década de este siglo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad entre los recién nacidos mexicanos se redujo en 2009 a 7 fallecimientos por cada 1,000 nacimientos. La proporción de muertes durante las cuatro primeras semanas de vida era de 11 y 16 por cada 1,000 nacimientos en 2000 y 1990, respectivamente.

En México, las muertes de recién nacidos representan el 41% de los fallecimientos de niños de hasta 5 años, de quienes se estiman 17 muertes por cada 1,000 habitantes en 2009. La proporción disminuyó en comparación con el 42% del 2000.

La OMS en México, identifica 3 causas principales en la muerte de recién nacidos: los partos prematuros, asfixia e infecciones graves como sépsis y neumonía.

La Ley General de Salud le dedica 8 artículos del Capítulo V, del Título Tercero, a la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, lo que ante la magnitud de la situación actual, se estiman francamente insuficientes para garantizar a plenitud la protección de la salud materna y neonatal.

En estas condiciones, se estima que es indispensable contar con un ordenamiento legal, que de manera específica, establezca las previsiones necesarias para garantizar plenamente el acceso universal de la salud materna y neonatal, así como para promover el desarrollo social y laboral de las mujeres en edad fértil.

La ley que se propone tendrá como fines los siguientes:

•Declarar la protección materna y neonatal como asunto de prioridad nacional.

•Fortalecer los programas de educación en materia de salud sexual y reproductiva.

•Fortalecer los programas de salud reproductiva.

•Promover la inclusión de las mujeres embarazadas al sector laboral y productivo.

•Vigilar los derechos humanos de la mujer en periodo de embarazo, parto y puerperio.

•Promover y alinear las estrategias de desarrollo social al Sistema de Salud Materna y Neonatal.

•Garantizar la universalidad de los servicios de salud materna y neonatal, en forma oportuna, gratuita y de calidad.

•Fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en materia de la salud materna y neonatal, para medir su morbilidad y mortalidad.

•Promover la participación intersectorial en las estrategias de vigilancia epidemiológica, a fin de potenciar las acciones encaminadas a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

•Establecer por nivel de gobierno las atribuciones en materia de salud materna y neonatal.

La iniciativa plantea como principios rectores de la ley que se propone:

Gratuidad, es decir que las instituciones responsables garantizarán la prestación de los servicios maternos y neonatales de forma gratuita, de conformidad con las disposiciones de esta ley.

Acceso Universal, esto es que la atención materna y neonatal estará garantizada por parte de los prestadores públicos del Sistema Nacional de Salud, mediante el desarrollo de instrumentos de coordinación que favorezcan la portabilidad entre las instituciones.

Igualdad y Equidad, o sea que en la prestación de servicios, las instituciones responsables otorgarán la atención materna y neonatal de calidad a los usuarios, sin importar su condición social, económica, cultural, étnica o cualquier otra que vulnere sus derechos humanos.

Calidad, esto es quela atención en los servicios de maternidad y neonatal estará acreditada y/o certificada por las autoridades de salud, de acuerdo a su nivel de complejidad.

La propuesta legislativa contempla como responsables de la aplicación y cumplimiento de la prestación de los servicios de salud materna y neonatal, a las instituciones del servicio público a la población en general, a las instituciones de servicio a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, así como a las instituciones sociales y privadas, certificadas, contratadas por el Sistema Nacional de Salud.

Así mismo se propone tener como dependencias y organismos obligados al cumplimiento de la ley que se propone a la Secretaria de Educación, a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaria del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a las entidades públicas y privadas, de conformidad con los convenios respectivos.

Para lograr los fines de la ley que se plantea, se considera obligatoria la participación de las dependencias y organismos públicos obligados, quienes deberán desarrollar y ejecutar los programas en la materia, en coordinación con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.

Destaca de la iniciativa, la propuesta de establecer en el texto normativo el derecho de la mujer embarazada, el cual se define en los términos siguientes:

“Toda mujer embarazada tiene derecho a obtener de manera gratuita servicios de salud de calidad, que comprenden la atención médica prenatal, del parto y puerperio, y la de su neonato.”

Importa señalar que la iniciativa establece las previsiones pertinentes para darle plena vigencia al derecho de la mujer embarazada, que ahora se propone.

Por otra parte, la iniciativa considera la necesidad de que las instituciones responsables suscriban los acuerdos de portabilidad que se requieran, a fin de que las mujeres embarazadas sean atendidas en establecimientos médicos con capacidad resolutiva.

La propuesta legislativa se compone de 10 capítulos: el primero es relativo a disposiciones generales; el segundo, a la colaboración intersectorial; el tercero a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes; el cuarto, a la prevención de la salud materna y neonatal; el quinto, a los servicios de salud materna y neonatal; el sexto, al acceso universal y calidad de los servicios de salud materna y neonatal; el séptimo, a la atención materna y neonatal; el octavo, a la información, educación y fomento de la lactancia materna; el noveno, a la contraprestación y compensación económica; y el décimo, al monitoreo y evaluación.

Por último, la presente iniciativa de ley, para alcanzar sus objetivos, plantea reorganizar, unificar y administrar el trabajo institucional del sector salud e interactuar con los sectores responsables en la mejora de las condiciones de vida de la población y en especial de las mujeres embarazadas, de los neonatos y de la lactancia materna, sin que ello implique la aplicación de mayor presupuesto.

Estas son en suma las prevenciones que conforman el nuevo marco jurídico que se propone, el cual tiene como aspiración garantizar a plenitud la protección de la salud materna y neonatal en nuestro País.

Adicionalmente, se presenta un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para concordar su contenido con la iniciativa de ley que se propone.

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCION MATERNA Y NEONATAL.

LEY DE PROTECCION MATERNA Y NEONATAL

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto de la Ley

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social, de observancia obligatoria dentro del territorio nacional y tiene por objeto garantizar el acceso universal de la salud materna y neonatal, así como promover el desarrollo social y laboral de las mujeres en edad fértil.

Fines de la Ley

Artículo 2.- Los fines de la presente ley son:

I. Declarar la protección materna y neonatal como asunto de prioridad nacional.

II. Fortalecer los programas de educación en materia de salud sexual y reproductiva.

III. Fortalecer los programas de salud reproductiva.

IV. Promover la inclusión de las mujeres embarazadas al sector laboral y productivo.

V. Vigilar los derechos humanos de la mujer en periodo de embarazo, parto y puerperio.

VI. Promover y alinear las estrategias de desarrollo social al Sistema de Salud Materna y Neonatal.

VII. Garantizar la universalidad de los servicios de salud materna y neonatal, en forma oportuna, gratuita y de calidad.

VIII. Fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en materia de la salud materna y neonatal, para medir su morbilidad y mortalidad.

IX. Promover la participación intersectorial en las estrategias de vigilancia epidemiológica, a fin de potenciar las acciones encaminadas a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

X. Establecer por nivel de gobierno las atribuciones en materia de salud materna y neonatal.

Definiciones

Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende por:

I. Acciones en Salud: Las que tienen como fin proteger y restaurar la salud de las personas y de la comunidad.

II. Atención Médica: Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, para prevenir enfermedades, así como para proteger, promover y restaurar su salud.

III. Embarazo: Período que transcurre entre la implantación en el útero del cigoto y el momento del parto; comprendiendo los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia.

IV. Gestación: Proceso fisiológico de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno.

V. Puerperio: Período que sigue inmediatamente al parto y que se comprende el tiempo necesario (usualmente de 6 a 8 semanas o 40 días), para que el cuerpo materno vuelva a las condiciones pregestacionales, aminorando las características adquiridas durante el embarazo.

VI. Salud Pública. Conjunto de acciones que tienen por objeto promover, proteger, fomentar y restablecer la salud de la población, así como prolongar la vida humana y elevarsu nivel de bienestar.

VII. Trabajo de Parto: Periodo comprendido desde el inicio de las contracciones uterinas, hasta la expulsión o extracción del producto y sus anexos.

VIII. Instituciones Responsables: Instituciones y establecimientos médicos que están obligados a prestar los servicios maternos y neonatales, en términos de la presente ley.

IX. Lactancia: Alimentación con leche del seno materno, ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños, no tiene límite de tiempo sin embargo se recomienda que esta sea de por lo menos un año.

X. Calidad de los Servicios: Proceso que garantiza la oportunidad, suficiencia y estandarización de los servicios de salud, en los diferentes niveles de atención médica, así como el proceso de acreditación o certificación de la calidad de los servicios.

XI. Salud Sexual.- Estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad.

XII. Salud Reproductiva.- Estado de bienestar físico, mental y social, referente a la sexualidad y a la reproducción, que implica una vida sexual segura y satisfactoria, así como la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir de manera libre, responsable e informada sobresu número y espaciamiento.

XIII. Instituciones Educativas.- Instituciones y establecimientos del sector educativo, de los diferentes niveles, públicos y privados.

XIV. Atención Primaria a la Salud.- Asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación; forma parte del Sistema Nacional de Salud, del que constituye su función central y núcleo principal, y es factor del desarrollo social y económico global de la comunidad.

XV. Programas de Desarrollo Social.- Los que desarrolla y ejecuta la Secretaria de Desarrollo Social, en términos de la Ley General de Desarrollo Social.

XVI. Referencia.- Proceso mediante el cual el médico tratante de un establecimiento de salud, envía a su paciente a una unidad de mayor nivel de complejidad, que puede ser un hospital general o de especialidad, a través de los instrumentos y requerimientos establecidos.

XVII. Contrareferencia.- Proceso mediante el cual el médico tratante de una unidad de un nivel de complejidad superior, envía a su paciente a una de menor complejidad para su seguimiento, a través de los instrumentos y requerimientos establecidos.

XVIII. Parto Eutócico.- Es el parto normal, que se inicia de forma espontánea en una mujer, con un feto a término en presentación cefálica flexionada, posición de vértice y termina también de forma espontánea, sin que aparezcan complicaciones en su evolución.

XIX. Reglamento.- El reglamento de esta ley.

Principios Rectores

Artículo 4.- Son principios rectores de la presente ley:

I. Gratuidad: Las instituciones responsables garantizarán la prestación de los servicios maternos y neonatales de forma gratuita, de conformidad con las disposiciones de esta ley.

II. Acceso Universal: La atención materna y neonatal estará garantizada por parte de los prestadores públicos del Sistema Nacional de Salud, mediante el desarrollo de instrumentos de coordinación que favorezcan la portabilidad entre las instituciones.

III. Igualdad y Equidad: En la prestación de servicios, las instituciones responsables otorgarán la atención materna y neonatal de calidad a los usuarios, sin importar su condición social, económica, cultural, étnica o cualquier otra que vulnere sus derechos humanos.

IV. Calidad: La atención en los servicios de maternidad y neonatal estará acreditada y/o certificada por las autoridades de salud, de acuerdo a su nivel de complejidad.

Instituciones Responsables

Artículo 5.- Son responsables de la aplicación y cumplimiento de la prestación de los servicios de salud materna y neonatal de los niveles federal, estatal y municipal y del Distrito Federal.

I. Las instituciones del servicio público a la población en general.

II. Las instituciones de servicio a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social.

III. Las instituciones sociales y privadas, certificadas, contratadas por el Sistema Nacional de Salud.

Aplicación y Observancia de la Ley

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaria de Salud la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, así como vigilar su debida observancia, y coordinar las acciones de las instituciones responsables en la materia.

CAPITULO SEGUNDO

DE LA COLABORACION INTERSECTORIAL

Dependencias y Organismos Obligados

Artículo 7- Son dependencias y organismos obligados por la presente ley, para la colaboración intersectorial:

I. La Secretaria de Educación.

II. La Secretaria de Desarrollo Social.

III.- La Secretaria del Trabajo.

IV. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

V. Las entidades públicas y privadas, de conformidad con los convenios respectivos.

Coordinación Obligatoria

Artículo 8.- Para lograr los fines de la presente ley, será obligatoria la participación de las dependencias y organismos obligados, quienes desarrollaran y ejecutaran sus programas en las materias de esta ley, en coordinación con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios.

Atribuciones de la Secretaria de Educación

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría de Educación:

I. Fortalecer y alinear los planes y programas de estudio, orientados a la salud sexual y materna.

II. Impulsar en los planes y programas de estudio, los temas de salud sexual, reproductiva y neonatal.

III. Difundir los fines y alcances de la presente ley, en las instituciones y establecimientos educativos.

IV. Considerar en los planes y programas de estudio, así como en sus programas sectoriales, cuando menos, las acciones siguientes:

a) Apoyar la continuidad de los estudios de las mujeres embarazadas y su rendimiento académico.

b) Otorgar permisos especiales a las mujeres embarazadas para atención médica.

c) Garantizar el acceso de las mujeres embarazadas a instituciones educativas públicas y privadas.

d) Erradicar de las instituciones educativas, prácticas y actitudes discriminatorias a mujeres embarazadas.

V. Supervisar y evaluar los planes y programas de estudio, en materia de salud sexual, reproductiva y neonatal.

VI. Las demás atribuciones que le confiera la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Social

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Fortalecer y alinear los programas de desarrollo social, orientados a la salud sexual y materna.

II. Incorporar en los programas de desarrollo social, los temas de salud sexual, reproductiva y neonatal, y supervisar y evaluar el logro de sus objetivos.

III. Difundir los fines y alcances de la presente ley.

IV. Establecer y vincular programas de ayuda nutricional para las mujeres durante el embarazo y la lactancia.

V. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en las acciones de atención primaria a la salud.

VI. Las demás atribuciones que le confiera la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Secretaria del Trabajo

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo:

I. Vigilar la observancia y respeto de los derechos laborales de las mujeres embarazadas.

II. Elaborar e implementar programas de capacitación y adiestramiento para mujeres trabajadoras embarazadas, y en periodo de lactancia.

III. Establecer las medidas necesarias para que las mujeres embarazadas realicen trabajos de acuerdo a su estado fisiológico.

IV. Promover la inclusión laboral de mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia.

V. Erradicar de los centros de trabajo, prácticas y actitudes discriminatorias a mujeres embarazadas, y en periodo de lactancia.

VI. Las demás atribuciones que le confiera la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo 12.- Corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

I. Difundir y proteger los derechos de la mujer embarazada que establece esta ley.

II. Difundir y proteger los derechos de las mujeres indígenas en las materias que regula esta ley.

III. Tramitar quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos de la mujer embarazada, estableciendo un buzón exclusivo para su denuncia y atención. Mismo que tendrá atención prioritaria en el establecimiento.

IV. Establecer instrumentos de coordinación con los organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para posibilitar su participación en la observancia y cumplimiento de los fines de esta ley.

V. Las demás atribuciones que le confiera la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones de las Entidades Federativas

Artículo 13.- Corresponde a los estados y al Distrito Federal, así como a los municipios, adoptar dentro de sus respectivas circunscripciones los programas y estrategias del Gobierno Federal, que propendan a garantizar la universalidad de los servicios de salud materna y neonatal, en forma oportuna, gratuita y de calidad.

CAPITULO TERCERO

DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES.

Programa Nacional

Artículo 14.- La Secretaria de Salud desarrollará un programa en todo el territorio nacional, encaminado a mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

La Secretaria de Salud en coordinación con las instituciones responsables, ejecutaran el programa nacional, el cual deberá considerar, entre otros aspectos, laprevención del embarazo en mujeres adolescentesy con riesgo, las enfermedades por infección, las crónicas y las de origen congénito, así como la discapacidad y la multiparidad.

Difusión

Artículo 15.- Las dependencias y organismos obligados difundirán, dentro de su área de competencia, las acciones orientadas a mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.

Cuidado de la Salud

Artículo 16.- La instituciones responsables realizarán las acciones necesarias para crear una cultura del cuidado de la salud sexual y reproductiva en la población adolescente, observando como mínimo:

I. Considerar el entorno socio-cultural y prestar la atención de conformidad con los valores de cada individuo, responsabilidad, tolerancia, honestidad, equidad y respeto.

II. Informar al paciente sobre los cambios biológicos y corporales en la adolescencia,así como los cambios emocionales de acuerdo a su definición sociocultural.

III. Informar y educar sobre el concepto de sexualidad y su manifestación en los adolescentes.

IV. Informar sobre los conceptos de salud sexual y salud reproductiva en los adolescentes.

V. Dar a conocer a los adolescentes sus derechos sexuales y reproductivos.

VI. Informar sobre el riesgo físico y sicológico, asícomo las complicaciones médicas que puede sufrir una mujer adolescente al presentar un embarazo no planeado.

VII. Informar al adolescente y a su familia sobre los riesgos que pueden sufrir los neonatos de madres adolescentes.

VIII. Informar al adolescente sobre el uso de métodos anticonceptivos, así como orientar su elección de acuerdo a los antecedentes sobre su comportamiento sexual y expectativas reproductivas.

Anticoncepción de Emergencia

Artículo 17.- Las Instituciones responsables deberán dotar de anticonceptivos de emergencia a todas las mujeres adolescentes que lo requieran, informándoles en todo momento que no es un método de planificación familiar que pueda usarse regularmente, debiendo promover el uso de una anticoncepción adecuada.

Consentimiento Informado

Artículo 18.- Las instituciones responsables respetarán el consentimiento informado del adolescente para la utilización de métodos anticonceptivos.

Autocuidado y Prevención

Artículo 19.- Las Instituciones responsables así como las dependencias y organismos obligados deberán:

I. Difundir entre los adolescentes, la importancia de los métodos anticonceptivos, así como la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

II. Promover entre los adolescentes acciones de autocuidado de la salud sexual y reproductiva con énfasis en la exploración de mamas y toma de citología vaginal.

Servicios de Salud

Artículo 20.- Las instituciones responsables deberán:

I. Informar en su lengua, a las mujeres adolescentes pertenecientes a alguna etnia indígena los derechos que le otorga la presente ley.

II. Realizar las acciones que le encomienda la presente ley con pleno respeto al entorno sociocultural de las mujeres adolescentes.

III. Realizar la prueba del tamiz bioquímico perinatal durante el primer trimestre de gestación, para detectar riesgo de desarrollar enfermedades y establecer manejos preventivos.

IV. Clasificar el embarazo de las mujeres adolescentes como de alto riesgo en cualquier nivel de atención y referir a un hospital de especialidad para control prenatal y atención de parto.

V. Atender el parto de mujeres adolescentes embarazadas en hospitales especializados, asegurando la calidad de la atención de la mujer y su neonato.

VI. Realizar a los neonatos de mujeres adolescentes, los tamices a los que se refiere la presente ley de forma oportuna y de calidad.

VII. Promover y dotar de métodos anticonceptivos a las madres adolescentes durante el postparto.

VIII. Dotar de métodos anticonceptivos a madres adolescentes que no cuentan con métodos de planificación familiar.

CAPITULO CUARTO

DE LA PREVENCION DE LA SALUD MATERNA Y NEONATAL

Prevención del Embarazo de Riesgo

Artículo 21.- La Secretaria de salud en coordinación con las instituciones responsables, implementaran un programa nacional de prevención del embarazo en mujeres adolescentes y mujeres en riesgo.

Prevención Primaria de la Salud Materna y Neonatal

Artículo 22.- Como parte de la prevención primaria las instituciones responsables en sus establecimientos del primer nivel de atención deberán:

I. Informar y Educar a las mujeres sobre la planificación familiar y la salud reproductiva dentro de las consultas a mujeres en edad reproductiva.

II. Informar y Promover la buena nutrición de la mujer embarazada.

III. Prescribir Acido Fólico y hierro a las mujeres embarazadas, así como la inmunización con toxoide tetánico.

IV. Llevar un estricto control prenatal de las variables fisiológicas de la mujer embarazada y su producto, considerando antecedentes y estudios de gabinete y laboratorio.

V. Informar a las mujeres embarazadas sobre los signos de alarma y factores de riesgo, así como ubicación, horarios y catalogo de servicios de la red materna y traslado seguro.

VI. Comunicar las acciones de la prevención primaria a población indígena en su lengua, así como respetar su condición socio-cultural.

VII. Referir a la mujer embarazada con riesgo, al nivel superior de complejidad de la red materna para su atención.

VIII. Capacitar a Parteras y dotar de los insumos necesarios para la atención prenatal y del parto y puerperio, con mayor énfasis en zonas rurales y población indígenas.

Prevención Secundaria de la Salud Materna y Neonatal

Artículo 23.- Como parte de la prevención secundaria las instituciones responsables en los establecimientos del segundo nivel de atención o equivalente deberán:

I. Valorar integralmente a toda mujer embarazada inmediatamente después de su acceso al establecimiento de salud.

II. Contar con el personal necesario y suficiente para la atención del parto eutócico.

III. Las mujeres con riesgo obstétrico deberán ser estabilizadas y enviadas al nivel de complejidad superior y trasladadas institucionalmente con los instrumentos de información necesarios para su recepción y atención en el tercer nivel.

IV. Durante el parto mitigar los riesgos de posibles complicaciones, asegurando la salud de la madre y su neonato.

V. Realizar el tamizaje de los neonatos para prevenir futuras afecciones que comprometan la calidad de vida del neonato.

VI. Informar a las mujeres indígenas sobre la elección de parto a utilizar, comunicando las ventajas o desventajas de acuerdo a su condición médica.

VII. Informar al primer nivel de atención y contrareferir al binomio madre e hijo para seguimiento del puerperio.

Prevención Terciaria de la Salud Materna y Neonatal

Artículo 24.- Como parte de la prevención terciaria las instituciones responsables en los establecimientos del tercer nivel de atención o equivalente deberán:

I. Recibir y atender a las pacientes referidas o por demanda que presenten signos y síntomas de embarazo de alto riesgo durante cualquier etapa del embarazo.

II. Brindar la atención medica de calidad a mujeres embarazadas de alto riesgo durante el parto, a través de un equipo multidisciplinario para tal fin.

III. Realizar los estudios de diagnóstico necesarios, para limitar el riesgo obstétrico al momento del parto y puerperio en la mujer, así como monitorear la salud fetal yneonatal.

IV. Brindar atención medica de calidad a los neonatos con afecciones fisiológicas, congénitas o infecciosas desde su nacimiento hasta el restablecimiento de su salud.

Campañas Permanentes

Artículo 25.- Dentro de las instituciones responsables todas las unidades de los diferentes niveles de atención deberán llevar a cabo dentro de sus respectivas áreas de competencia, campañas permanentes de prevención y promoción de la salud materna y neonatal.

CAPITULO QUINTO

DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL

Derechos de la Mujer Embarazada

Artículo 26.- Toda mujer embarazada tiene derecho a obtener de manera gratuita servicios de salud de calidad, que comprenden la atención médica prenatal, del parto y puerperio, y la de su neonato.

Atención Médica

Artículo 27.- La atención médica materna y neonatal tiene carácter prioritario, y comprende de manera general las acciones siguientes:

I. Atención integral antes y durante el embarazo, el parto y puerperio, incluyendo atención psicológica.

II. Aplicación del tamiz bioquímico perinatalpreferentemente dentro de los tres meses de gestación, para identificar posibles enfermedades o malformaciones en el feto y en la madre.

III. Atención del neonato y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo, promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal; así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas; y, en su caso, atención que incluya la prueba de tamiz ampliado y salud visual.

IV. Revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro.

V. Aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del nacimiento para la detección oportuna de malformaciones que puedan causar ceguera y su tratamiento en todos sus grados.

VI. Promoción de la integración y bienestar familiar.

VII. Atención a las secuelas derivadas del embarazo, parto y puerperio.

Acuerdos de Portabilidad

Artículo 28.- Las instituciones responsables suscribirán los acuerdos de portabilidad que se requieran para que las mujeres embarazadas sean atendidas en establecimientos médicos con capacidad resolutiva, debiendo observar y adoptar las acciones siguientes:

I. Prevención del embarazo de alto riesgo, a través del fortalecimiento de las acciones de planificación familiar y anticoncepción.

II. Prevención de complicaciones graves durante el embarazo, parto y puerperio, mediante el reforzamiento del control prenatal y mecanismos de atención referenciada.

III. Atención oportuna y efectiva de las urgencias obstétricas, a través de la identificación temprana y manejo resolutivo y efectivo de la mujer embarazada, así como capacitación y profesionalización del personal involucrado.

CAPITULO SEXTO

DEL ACCESO UNIVERSAL Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

DE SALUD MATERNA Y NEONATAL

Sistema Universal

Artículo 29.- Se establece el Sistema Nacional de Acceso Universal a los Servicios de Salud Materna y Neonatal, como una red articulada de servicios de salud y administrativos interinstitucionales, con instrumentos estandarizados que garantizan la atención de calidad, gratuita y universal de la mujer embarazada y el neonato.

Integración del Sistema

Artículo 30.- Forman parte del Sistema Nacional de Acceso Universal a los Servicios de Salud Materna y Neonatal:

I. La Secretaria de Salud.

II. El Instituto Mexicano del Seguro Social.

III. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

IV. La Secretaria de la Defensa Nacional.

V. Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.

VI. Las instituciones y establecimientos de salud de la administración pública federal, estatal, del Distrito Federal y municipios.

VII. Las instituciones sociales y privadas, certificadas, contratadas por el Sistema Nacional de Salud.

Las instituciones que forman parte del sistema están obligadas a garantizar el derecho de la mujer embarazada, con calidad, pertinencia cultural y sin discriminación alguna, en los diferentes niveles de atención.

Constitución, Operación y Coordinación del Sistema

Artículo 31.- Corresponde al titular de la Secretaria de Salud constituir, operar y coordinar el Sistema Nacional de Acceso Universal a los Servicios de Salud Materna y Neonatal.

Observancia de la Normativa

Artículo 32.- En la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del neonato, las instituciones responsables, deberán observar lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, en las Guías de Práctica Clínica aprobadas por el sector salud, y en los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Acreditación y Certificación

Artículo 33.- Para asegurar la calidad de los servicios de salud materna y neonatal, las instituciones responsables deberán acreditar y/o certificar los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención, de conformidad con los estándares establecidos por la Secretaría de Salud y con arreglo a las Normas Oficiales Mexicanas.

Gratuidad de Insumos y Medicamentos

Artículo 34.- Las instituciones responsables deberán otorgar de manera gratuita a las mujeres antes, durante y después del parto, así como al neonato, todos los insumos necesarios y medicamentos para su atención.

CAPITULO SEPTIMO

DE LA ATENCION MATERNA Y NEONATAL

Responsabilidades de los Niveles de Gobierno

Artículo 35.- Para lograr la universalidad y el acceso efectivo de la salud materna y neonatal, los diferentes niveles de gobierno deberán observar como acciones mínimas las siguientes:

I. Gobiernode los municipios yde las Delegaciones del Distrito Federal:

a) Incluir en su normatividad la salud materna y neonatal.

b) Promover y desarrollar dentro su territorio, acciones de atención primaria a la salud para la mujer en edad fértil, durante el embarazo y para el neonato.

c) Promover la atención prenatal oportuna y, en su caso, la atención en establecimientos de salud.

d) Promover el embarazo responsable y prevenir el embarazo en mujeres adolescentes.

e) Referir a pacientes en control prenatal a unidad de mayor nivel resolutivo para la atención de parto.

f) Detectar mujeres con riesgo y referir de inmediato a unidad de mayor nivel resolutivo.

g) Obtener la Acreditación y certificación los servicios de salud de su demarcación.

h) Promover la lactancia materna y parto eutócico.

i) Dar continuidad a la atención en el puerperio.

j) Dotar a la población de métodos de planificación familiar.

k) Involucrar a sus autoridades auxiliares, para promover la participación comunitaria en los programas de salud materna y neonatal.

l) Informar en su lengua madre a las comunidades indígenas sobre las acciones que les encomienda esta ley, con pleno respeto a su condición socio-cultural.

II. Gobierno de las entidades federativas ydel Distrito Federal:

a) Operar de conformidad con la Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínicas.

b) Coadyuvar con el Gobierno Federal en la implementación, desarrollo y ejecución de los programas en la materia, dentro de sus respectivas circunscripciones.

c) Incrementar la cobertura de planificación familiar, con énfasis en mujeres adolescentes y en el postparto.

d) Integrar la Red Estatal de Servicios de Salud Maternos y Neonatales.

e) Brindar la atención prenatal y atención de parto y puerperio en los establecimientos de salud de su respectiva circunscripción.

f) Prestar la atención neonatal de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

g) Acreditar o en su caso certificar los servicios de salud de las instituciones en materia de salud materna y neonatal que correspondan a su circunscripción.

h) Brindar atención médica integral y, en su caso, referir a pacientes de alto riesgo a hospitales de mayor nivel resolutivo, garantizando su traslado seguro.

i) Verificar que las instituciones responsables de su demarcación, brinden atención materna y neonatal, en los términos previstos por esta ley.

j) Establecer un programa de salud sexual y reproductivo específico para mujeres pertenecientes a alguna etnia, de acuerdo al perfil socio-cultural de cada región.

III. Gobierno federal:

a) Expedir por conducto del titular del ejecutivo el reglamento de la presente ley.

b) Mantener actualizadas las Normas Oficiales Mexicanas y las Guías Clínicas en materia de salud materna y neonatal.

c) Establecer los criterios de inclusión de entidades federativas y municipios, considerando, entre otros factores, regionalización y vulnerabilidad.

d) Fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

e) Concordar el Programa Nacional de Planificación Familiar, con los fines de esta ley.

f) Establecer los instrumentos estandarizados para el acceso, atención, referencia y contrareferencia, en las materias de la presente ley.

g) Integrar y supervisar la Red Nacional de Servicios Maternos y Neonatales.

h) Coordinar el traslado, atención y contrareferencia de pacientes que requieran atención en hospitales de alta especialidad.

k) Verificar que las instituciones responsables de carácter federal, brinden atención materna y neonatal, en los términos previstos por esta ley.

l) Establecer un programa de salud sexual y reproductivo específico para mujeres pertenecientes a alguna etnia, de acuerdo al perfil socio-cultural de cada región.

Lineamientos para Referencia y Contrareferencia

Artículo 36.- La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos conducentes para la referencia y contrareferencia, intrainstitucional o interinstitucional, en las materias que regula esta ley. Estos lineamientos serán de observancia obligatoria dentro del territorio nacional.

CAPITULO OCTAVO

DE LA INFORMACION, EDUCACION Y FOMENTO DE LA LACTANCIA MATERNA

Información de la Lactancia Materna

Artículo 37.- Las instituciones responsables así como las dependencias y organismos obligados, deberán proporcionar información de la lactancia materna a las mujeres embarazadas cuyo contenido sea:

I. Las ventajas y la superioridad de la lactancia materna;

II. Información sobre la alimentación adecuada de la mujer embarazada y lactante;

III. El valor de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y continuada con otros alimentos hasta los 2 años o más;

IV. Inicio y Sostenimiento la lactancia materna exclusiva y sostenida;

V. Las dificultades de revertir la decisión de no amamantar;

VI. La importancia de introducir alimentos complementarios después de los seis meses;

VII. Inconvenientes del uso del biberón y de la introducción precoz de alimentos complementarios;

Lactancia en Control Prenatal

Artículo 38.- Las instituciones responsables a través del personal de salud de los distintos niveles de atención, deberán informar y educar, durante las consultas prenatales, sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y sostenida durante los primeros seis meses y continuada hasta los 2 años de edad.

Alojamiento Conjunto

Artículo 39.- Las instituciones responsables a través de su personal de salud deberán promover el alojamiento conjunto de la madre e hijo, posterior al parto,y fomentar, informar y educar a la madre y su familia, sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses.

Publicidad de Sustitutos

Artículo 40.- En las Instituciones responsables queda prohibida la publicidad de sustitutos de leche materna y utensilios anexos.

Promoción y Distribución de Sustitutos

Artículo 41.- Las instituciones responsables no deberán promover ni distribuir sustitutos de la leche materna o utensilios anexos para tal fin.

Alimentación del Neonato

Artículo 42.- Las instituciones responsables únicamente podrán alimentar a los neonatos con sustitutos de leche materna, cuando por su condición de salud o fisiológica la madre no este en posibilidad de hacerlo.

Evaluación del Fomento de la Lactancia Materna

Artículo 43.- La Secretaria de Salud en coordinación con las instituciones responsables, evaluará de forma periódica la cobertura de la acción de fomento y aplicación de lalactancia materna.

Lactarios para Mujeres Trabajadoras

Artículo 44.- Las dependencias y organismos obligados promoverán el establecimiento de sitios en donde las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia puedan extraer y conservarla adecuadamente la leche materna.

CAPITULO NOVENO

DE LA CONTRAPRESTACION Y COMPENSACION ECONOMICA

Fideicomiso Público

Artículo 45.- Para el financiamiento de la salud materna y neonatal se constituirá un fideicomiso público.

La Secretaría de Salud será la encargada de administrar el fideicomiso público, emitiendo al efecto las reglas de operación.

El Reglamento establecerá las reglas para las compensaciones y ajustes económicos que procedan, con motivo de la aplicación de la presente ley, a las instituciones públicas del Gobierno Federal, así como a las de los estados y del Distrito Federal.

Los diferentes niveles de gobierno, instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones no gubernamentales podrán hacer aportaciones en efectivo o especie al fideicomiso público regulado en este capítulo.

CAPITULO DECIMO

DEL MONITOREO Y EVALUACION

Comités de Protección Materna y Neonatal Locales

Artículo 46.- Las entidades federativas y el Distrito Federal establecerán un Comité de Protección Materna y Neonatal, que estará integrado de la forma siguiente:

I. Un Presidente, que será el Secretario de Salud o su equivalente.

II. Un Secretario Técnico que será designado por el Secretario de Salud o equivalente.

III. Vocales que serán:

a) El Delegado o, en su caso, los Delegados del IMSS.

b) El Delegado ISSSTE.

c) El titular de la institución de seguridad social local.

d) El titular del Sistema DIF.

e) El titular del organismo de protección de los derechos humanos.

f) Otros que considere el Secretario de Salud o equivalente.

Comité Nacional

Artículo 47.- El Comité Nacional de Protección Materna y Neonatal estará integrado por:

I. Un Presidente, que seráel titular de la Secretaria de Salud.

II. Un Secretario Técnico, que será el Director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

III. Vocales que serán:

a) El Director General del IMSS.

b) El Titulardel IMSS-Oportunidades.

c) El Director General del ISSSTE.

d) El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud.

e) El titular de Salud de SEDENA.

f) El titular de Salud de SEMAR.

g) El titular de Salud de PEMEX.

h) El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

i) El Secretario de Educación.

j) El Secretario de Desarrollo Social.

k) El Secretario del Trabajo.

l) El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.

m) Otros que considere el Reglamento.

Reglamentación de los Comités Locales

Artículo 48.- La funciones de los comités de protección materna y neonatal locales, se regularán por la reglamentación que expidan las entidades federativas y el Distrito Federal.

Irregularidades en la Atención

Artículo 49.- Los incidentes o problemas que pudieran presentarse en la atención a las pacientes embarazadas y a los neonatos, deberán ser resueltos de inmediato en el seno del propio establecimiento de salud.

Las instituciones adoptaran las medidas correctivas necesarias y emitirán las recomendaciones pertinentes para la mejora continua de los servicios, sin prejuicio a que se proceda a sancionar a los responsables en términos de ley.

Protección de los Derechos de la Mujer Embarazada y su Producto

Artículo 50.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas y del Distrito Federal, suscribirán convenios de coordinación para garantizar los derechos de la mujer embarazada y su producto que establece esta ley.

Sanciones Administrativas

Artículo 51.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, por parte de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, será causa de responsabilidad administrativa que será sancionada en términos de las leyes de la materia.

Participación Social

Artículo 52.- Las organizaciones de la Sociedad Civil, personas físicas y morales podrán contribuir con los preceptos de la presente Ley de acuerdo a:

I. De forma económica, haciendo aportaciones al Fideicomiso de conformidad con los lineamientos específicos.

II. De Forma operativa, como prestadores de servicios de conformidad con el reglamento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a los preceptos de esta ley.

ARTICULO CUARTO.- El Titular del Ejecutivo Federal, dentro de un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la publicación de esta ley, expedirá el reglamento correspondiente; y la Secretaría de Salud, dentro del mismo plazo, emitirá los lineamientos para la acreditación y certificación de establecimientos de la atención materna y neonatal.

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTICULO UNICO.-Se reforma: la fracción IV del artículo 3 y la fracción IV del artículo 27; se adiciona el artículo 2 Bis; y se deroga el Capítulo V del Título Tercero, así como los artículos 61, 61 Bis, 62, 63, 64, 64 Bis, 65 y 66, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2 Bis.- Toda mujer en edad reproductiva tiene derecho a obtener los servicios de salud, en términos de lo dispuesto por la Ley de Protección Materna y Neonatal.

Artículo 3.- …

I a III…

IV. La salud reproductiva, materna y neonatal

Artículo 27.- …

I a III…

IV. La salud reproductiva, materna y neonatal

Capítulo V

(Derogado)

Artículo 61. (Derogado)

Artículo 61 Bis. (Derogado)

Artículo 62. (Derogado)

Artículo 63. (Derogado)

Artículo 64. (Derogado)

Artículo 64 Bis. (Derogado)

Artículo 65. (Derogado)

Artículo 66. (Derogado)

TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de marzo de 2014.

Sen. María Elena Barrera Tapia”.

Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de estudiantes universitarios del estado de Sinaloa, invitados por el Senador Francisco Salvador López Brito. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional.

-El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, señor Presidente.

Le comunico que presentaré en esta ponencia tres iniciativas con proyecto de Decreto en una sola oratoria, lo hago de su conocimiento, esperando no tenga usted inconveniente.

-El C. Presidente Aispuro Torres: Adelante.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

(Presentada por el C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

-El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente. Amigos de la Asamblea:

La viabilidad del pueblo de México como Estado libre y soberano, está anclada en las libertades civiles y los derechos económicos, sociales y culturales.

De la armonía entre libertades y derechos sociales, surge precisamente la vida democrática, el derecho a la manifestación de todo nuestro sistema social y político.

En el ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas ocupan un lugar destacado. No obstante, a diario se registran agresiones contra unos y otros. Sensibles al valor de la libertad de expresión en nuestra naciente democracia, las y los Senadores de esta legislatura tuvimos a bien crear la comisión especial que da seguimiento a dichas agresiones.

Al instalar esta comisión, el Senador Jesús Casillas Romero y el suscrito, con la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara, la comisión especial, esto ocurrió el 7 de febrero pasado, denunciamos el elevado número de agresiones contra comunicadores.

Mencionamos que entre 1983 y 1999, 33 informadores fueron asesinados; entre 2000 y 2006 asesinaron 66; de 2007 a 2012 asesinaron 127 y sólo el año pasado hubo 10 comunicadores muertos, 2 desaparecidos y 27 violentados, además se contabilizaron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el deshonroso tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas, sólo después de Siria y Somalia.

Con el apoyo del ya referido Senador Jesús Casillas, hemos estado en contacto con diversos periodistas que han sufrido ataques, hemos realizado numerosas gestiones para su protección y así abatir la impunidad.

También hemos presentado diversas proposiciones con puntos de Acuerdo, y participado en las reuniones del mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación.

A pesar de todo ello, en lugar de contener la ola de ataques como paso previo para revertir su incidencia, con preocupación observamos que las agresiones se multiplican, y también se agudizan y se hacen selectivas.

Hemos llegado al punto en que las agresiones producen un efecto silenciador, tanto medios como comunicadores se ven forzados a callar ante el peligro para su vida e integridad personal y la de sus familias.

La autocensura inducida por la violencia socava directamente la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, pues paraliza el ejercicio de las libertades civiles antes mencionadas y enerva el debate característico de la democracia deliberante.

Senadoras y Senadores, en el contexto de la escalada de violencia extrema que no cede en el país, nos encontramos ante una amenaza inmediata y directa contra el Estado mexicano.

Por el carácter funcional de la libertad de expresión que articula nuestro sistema político, me permito proponer a ustedes que los ataques a dicha libertad se incluyan en el catálogo de amenazas que establece la Ley de Seguridad Nacional.

Si la propia ley se considera como amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo, el ataque a los diplomáticos o a las instalaciones estratégicas, precisamente por mayoría de razón, se debe considerar esto también como el ataque a los periodistas, a los medios de comunicación y a cualquier individuo o vehículo que haga uso de la libertad de expresión. Con esto se contaría con todos los recursos del Estado, materiales humanos y tecnológicos para llevar a cabo labores de inteligencia al más alto nivel y terminar, de una vez por todas, con la impunidad que hasta ahora prevalece en torno a los ataques a los periodistas y medios de comunicación.

Con la finalidad de que el cúmulo de información que se recibió, provenientes de los propios periodistas y medios de comunicación afectados, resulte útil en las labores de control de la legalidad que realiza la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, me permito proponer que se establezca en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Libertad de Expresión, otorgando así a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación el carácter de órgano parlamentario ordinario con capacidad para emitir dictámenes sobre las iniciativas relacionadas con el acontecer de los periodistas y la libertad de expresión.

Desde este particular punto de vista, periodista actuante durante 30 años, antes de ser legislador, así como están funcionando sendas comisiones de justicia, seguridad pública, salud y educación, entre otras, también debe existir la de la libertad de expresión, pues se trata por igual de un derecho fundamental.

Finalmente, para complementar la preceptiva que proteja la libertad de expresión, propongo que se reconozca el derecho de los periodistas de no revelar sus fuentes en causas penales.

Con la adición que propongo para el Código Nacional de Procedimientos Penales, se elevaría significativamente el nivel de seguridad de los comunicadores, ya que no se utilizarían los juicios por parte de la delincuencia para acallarlos.

El proyecto de Decreto está disponible en la Gaceta Parlamentaria de esta misma fecha, mismo que solicito se reproduzca, señor Presidente, en el Diario de los Debates.

Esperando contar con su apoyo y respaldo.

Es cuanto, amigos de la Asamblea.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La de Expresión, Libertad de Libertades.

“El poder decir, el poder hablar, el poder transmitir o sencillamente el poder manifestar impacta en el diseño contemporáneo del espacio público y de la comunidad política moldeando la interpretación racional del aparato estatal y en general entendiendo y participando en la toma de decisiones políticas.

La libertad de expresión no solo merece ser tomada en cuenta, como cualquier otro derecho afectado, sino que –mucho más- requiere de una atención privilegiada: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático.”

Las citas anteriores aparecen respectivamente en las páginas XI y 5 de la obra denominada “La Libertad de Expresión y sus Fronteras Contemporáneas” de Guillermo A. Tenorio Cueto y son una muestra de que es un denominador común la consideración de la libertad de expresión como pilar de la democracia.

La naturaleza de la libertad de expresión como valor fundamental de la democracia se reconoce por el lugar preponderante que se le otorga en numerosos tratados y declaraciones concertados por la comunidad internacional. La piedra angular de dicha normativa se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone lo siguiente:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 29

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Asimismo reconocen a la libertad de expresión como sustento que posibilita la democracia el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 19 y 20; la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 13; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en el numeral 4; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 así como el postulado IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

“El derecho a la libertad de expresión es esencial para la democracia porque garantiza la existencia de un espacio público para el intercambio de opiniones y la convivencia pacífica de las diversas expresiones individuales o colectivas que coexisten en las sociedades contemporáneas. El ejercicio de esta libertad asegura a la sociedad el flujo de información, conocimientos, opiniones e ideas que es fundamental para el debate democrático. La libertad de expresión es condición necesaria para la realización de otros derechos, como la libertad de asociación y de reunión, por lo que se considera parte de un oren público democrático. El Estado es el responsable de generar, a través de sus órganos, las condiciones más amplias de protección a fin de que la libertad d expresión pueda ejercerse en igualdad de circunstancias y con los requisitos necesarios de libertad para hacerlo.” (Libertad de Expresión, Colección Legislar sin Discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, SEGOB, p. 49 y 50)

De la crisis de la libertad de expresión.

El 16 de octubre del 2012, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno del Senado de la República aprobó la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. A la fecha la integran el senador Jesús Casillas Romero y el suscrito. Y desde entonces han tomado conocimiento de un sin número de casos de ataques de todo tipo a comunicadores y sus centros de trabajo. El daño o puesta en peligro de los bienes jurídicos de quienes informan a la sociedad en las distintas regiones del país es causado por conductas delictivas que provienen no sólo de la delincuencia, no pocos servidores públicos en varias entidades intentan acallar a reporteros y columnistas por igual. A algunos altos funcionarios les molesta particularmente el periodismo de investigación. En ocasiones su fin es evitar la difusión de hechos acerca de su persona pero siempre utilizan la esfera de influencia que les permite el cargo que ejercen para imponer lo que se conoce como ley mordaza a los medios de comunicación.

Hemos atendido agresiones tanto a periodistas como a medios de comunicación. El diario El Siglo de Torreón ha sufrido casi una decena de ataques que van desde los disparos a su edificio sede hasta la privación ilegal de la libertad de miembros de su personal. Con motivo de dichos hechos y para que se prestara el máximo apoyo al diario, además de coadyuvar en la exigencia a diversas autoridades para que garantizaran la vida e integridad de los trabajadores de dicho periódico, presentamos una Proposición con punto de acuerdo el 19 de febrero del año 2013.

En la misma línea, ya que el caso de los ataques a El Siglo de Torreón es paradigmático de la vulnerabilidad de los medios de comunicación ante los embates de la delincuencia, el suscrito presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI Bis del artículo 7o., XVIII Bis del artículo 29, III Bis Apartado A del artículo 39 y Título Décimo Tercero artículos 153 y 154 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de elevar el nivel de seguridad de los medios de comunicación que han sufrido amenazas o que se han convertido en blanco contra el cual se han perpetrado delitos ya que aún ante la presencia de unidades de la Policía Federal resguardando los edificios de los medios de comunicación, se han registrado ataques.

En el mismo lapso desde la entrada en funciones de la Comisión Especial, el suscrito en calidad de integrante del Consejo, ha asistido a las reuniones del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En dicho espacio nos percatamos de que las agresiones no han podido ser contenidas y a pesar de sus esfuerzos la tendencia es hacia la continuidad de la situación de riesgo a largo plazo para las y los periodistas. Durante el 2013 y lo que va del 2014, el Mecanismo ha brindado esquemas de protección a más de cincuenta periodistas.

Al instalar el senador Jesús Casillas Romero y el suscrito la Comisión Especial el 7 de febrero del 2013 denunciamos el elevado número de agresiones contra comunicadores. Y mencionamos que “.. Entre 1983 y 1999 33 informadores fueron asesinados; entre 2000 y 2006, 66, de 2007 a 2012, 127 y sólo el año pasado hubo 10 comunicadores muertos, dos desaparecidos y 27 violentados; además, se contabilizaron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas sólo después de Siria y Somalia.”

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe producto de sus investigaciones y recopilación de datos en torno a las agresiones a periodistas. El Ombudsman reporta 85 homicidios a periodistas de 2000 a 2013 con Veracruz, donde fue secuestrado y asesinado Gregorio Jiménez de La Cruz, como el Estado en el que más asesinatos se llevan a cabo con un total de 12. En el mismo período se tienen registradas 20 desapariciones de comunicadores y 40 ataques a medios de comunicación. De las 145 averiguaciones previas penales iniciadas en el país por agresiones a periodistas, la CNDH reporta un nivel de impunidad del 89% donde no se cuenta con dato alguno sobre los autores de los ilícitos. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México considera que el 98% de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas quedan impunes. Las Naciones Unidas destacan en su análisis que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión ha obtenido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos en agravio de periodistas.

En el 2014 los ataques no cesan. El pasado 27 de enero fue encontrado sin vida el columnista Miguel Angel Guzmán Garduño del diario local Vórtice, en Chilpancingo, Guerrero. Asimismo, el 5 de febrero fue sustraído de su domicilio el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, posteriormente encontrado muerto junto con otros cuerpos en una fosa clandestina. Benjamín Galván Gómez, propietario de los periódicos Primera Hora y Ultima Hora fue decapitado en Nuevo Laredo, Tamps. El 7 de marzo de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa por los ataques a la actividad periodística en Argentina, Venezuela y México denunció que en este último país destaca el diario el Noroeste que ha sufrido múltiples amenazas en varias ciudades del Estado de Sinaloa donde circula.

El efecto silenciador.

Los ataques a los periodistas y a los medios de comunicación se agudizan. Tienen como factor principal la necesidad de la delincuencia no sólo de diezmar o infiltrar a los cuerpos de seguridad sino el imperativo de socavar la democracia por medio de la supresión progresiva de la libertad de expresión. Como incentivo opera la impunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha manifestado que la principal causa de que persistan las agresiones contra periodistas es la impunidad. Y atrae la atención en torno al incremento en la cantidad de agravios "sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos en su contra, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras”. En el Informe Anual del Comité para la Protección de Periodistas, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, México figura en primer lugar con 12 periodistas reportados como desaparecidos.

Los ataques al gremio, enfatizó el suscrito en calidad de presidente de la Comisión Especial durante la ceremonia de su instalación, obedecen a la lógica de acallar a los comunicadores como paso previo para lograr el predominio sobre el Estado por parte de la delincuencia. Sin duda, el Estado mexicano sufre afectaciones en su permanencia en tanto institución democrática. Un ejemplo lo encontramos en la auto-censura que se impuso el diarioEl Mañanaque circula en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual luego de sufrir sendos ataques en menos de dos meses en el 2012, uno de ellos con explosivos, en su comentario editorial dio a sus lectores la explicación siguiente:

"El Mañana es un instrumento para la libertad y la democracia, por tanto no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda.

Por ello, este periódico, apelando a la comprensión de la opinión pública se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país.

El Consejo Editorial y de Administración de esta empresa ha llegado a esta lamentable decisión, obligado por las circunstancias que todos conocemos, y por la falta de condiciones para el libre ejercicio del periodismo.

Sólo se abordará el tema a través de la opinión profesional de los analistas que estudian el fenómeno y lo tratan de manera inteligente y responsable."

En torno al rol del periodista y de los medios de comunicación, en la obra antes citada –p. 39-40-, Guillermo A. Tenorio Cueto hace alusión al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“Por un lado, los medios se consideran instrumentos de ese derecho; por otro, la actividad del periodismo se ve como la principal manifestación de la libertad de expresión.”

Y hace referencia a la convicción de dicho organismo internacional en cuanto a la necesidad de brindar a la libertad de expresión la máxima protección por parte del Estado en vista de su trascendencia para la vida democrática:

“Asimismo es fundamental que los periodistas que laboran en dichos medios gocen de la protección y la independencia necesarios para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad. (IvcherBronstein vs Perú, n 150, Argumento del Tribunal)”

De la protección de la Libertad de Expresión en función de la permanencia del Estado mexicano.

La función a través de la cual la ley asegura la viabilidad de nuestras instituciones nacionales es la seguridad nacional. En la ley de la materia se articulan diversas acciones que nos lleven a disfrutar, entre otras situaciones, de la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes (Véase el artículo 3º de la Ley de Seguridad Nacional) De ahí que al ser la libertad de expresión una de las principales libertades civiles que posibilitan la vida democrática ha de ser protegida como parte substancial de la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Como se ha visto, los esfuerzos del Estado han sido insuficientes para preservar la libertad de expresión. Las organizaciones de periodistas como el Comité de Protección de Periodistas, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras, coinciden en que la impunidad es el común denominador de las agresiones a los periodistas. El Mecanismo establecido en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, no ha permitido disminuir los ataques a periodistas.

Los periodistas siguen siendo asesinados y los medios de comunicación atacados debido a que no se cuenta con un despliegue sistemático de actividades de inteligencia, ya que se encuentra reservado para las instancias de seguridad nacional.La libertad de expresión requiere para su recuperación en amplias zonas del país donde se ha caído en una situación de Estado fallido pues prevalece la delincuencia sobre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que se lleve a cabo el ciclo de inteligencia recabando datos, haciendo su análisis y entregando productos de información validada tanto al Mecanismo como a las instituciones de procuración de justicia con la finalidad de que entren en aptitud de cumplir con eficacia y eficiencia el objeto de su mandato legal que no es otro que garantizar la seguridad de los periodistas y de los medios de comunicación al 100%

La situación de la libertad de expresión en México no debe ser ajena o en el mejor de los casos marginal a la consideración de la máxima instancia de seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional debe incluir entre sus objetivos, metas y lineamientos la preservación de la libertad de expresión como condicionante de la democracia deliberante garantizando la conservación, mantenimiento y promoción del diálogo libre de ataques y amenazas entre la ciudadanía y las instituciones que le sirven. Por ello, el suscrito considera que la violencia extrema que se padece en el país y que se ha cebado con los periodistas constituye una sobrada razón para que, al igual que los ataques a las instalaciones estratégicas y a las sedes diplomáticas y consulados, los ataques contra la libertad de expresión se establezcan en la ley como una amenaza a la seguridad nacional. Esta medida legislativa es la última opción que queda para evitar que se siga propagando el efecto silenciador que diversos actores buscan mantener, entre ellos de manera destacada la delincuencia. Con ello lograríamos que las agresiones a periodistas pasen a formar parte de la Agenda Nacional de Riesgos y sean así tomadas en cuenta y atendidas dentro de la Política de Estado cuyo objeto es lograr la seguridad nacional.

Con la finalidad de superar lo más pronto posible la situación de ataques constantes en contra de periodistas y medios de comunicación, se propone precisar en la Ley que el informe que el Consejo de Seguridad Nacional rinde a la Comisión Bicamaral contemple un panorama de las acciones que en el ámbito de la inteligencia se hayan tomado para preservar la libertad de expresión. Se trata de garantizar que el órgano de Estado con mayor capacidad de llevar a cabo actividades de inteligencia, coloque entre sus prioridades la atención a la amenaza en contra de la libertad de expresión en cuanto derecho fundamental que habilita otras libertades para mantener y consolidar el sistema democrático del país.

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

UNICO. Se adiciona la fracción VII recorriéndose en su orden la actual VII y las subsecuentes del artículo 5º y un segundo párrafo al artículo 58 recorriéndose el actual segundo para ser tercero para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I a VI.

VII Actos que atenten en contra de la libertad de expresión, periodistas y medios de comunicación;

VIII…

Artículo 58. ..

Dicho informe deberá incluir las actividades que se hayan tomado en relación con la preservación de la libertad de expresión en la República Mexicana.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, a 25 de marzo de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 362 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

-El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente. Amigos de la Asamblea:

La viabilidad del pueblo de México como Estado libre y soberano, está anclada en las libertades civiles y los derechos económicos, sociales y culturales.

De la armonía entre libertades y derechos sociales, surge precisamente la vida democrática, el derecho a la manifestación de todo nuestro sistema social y político.

En el ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas ocupan un lugar destacado. No obstante, a diario se registran agresiones contra unos y otros. Sensibles al valor de la libertad de expresión en nuestra naciente democracia, las y los Senadores de esta legislatura tuvimos a bien crear la comisión especial que da seguimiento a dichas agresiones.

Al instalar esta comisión, el Senador Jesús Casillas Romero y el suscrito, con la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara, la comisión especial, esto ocurrió el 7 de febrero pasado, denunciamos el elevado número de agresiones contra comunicadores.

Mencionamos que entre 1983 y 1999, 33 informadores fueron asesinados; entre 2000 y 2006 asesinaron 66; de 2007 a 2012 asesinaron 127 y sólo el año pasado hubo 10 comunicadores muertos, 2 desaparecidos y 27 violentados, además se contabilizaron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el deshonroso tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas, sólo después de Siria y Somalia.

Con el apoyo del ya referido Senador Jesús Casillas, hemos estado en contacto con diversos periodistas que han sufrido ataques, hemos realizado numerosas gestiones para su protección y así abatir la impunidad.

También hemos presentado diversas proposiciones con puntos de Acuerdo, y participado en las reuniones del mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación.

A pesar de todo ello, en lugar de contener la ola de ataques como paso previo para revertir su incidencia, con preocupación observamos que las agresiones se multiplican, y también se agudizan y se hacen selectivas.

Hemos llegado al punto en que las agresiones producen un efecto silenciador, tanto medios como comunicadores se ven forzados a callar ante el peligro para su vida e integridad personal y la de sus familias.

La autocensura inducida por la violencia socava directamente la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, pues paraliza el ejercicio de las libertades civiles antes mencionadas y enerva el debate característico de la democracia deliberante.

Senadoras y Senadores, en el contexto de la escalada de violencia extrema que no cede en el país, nos encontramos ante una amenaza inmediata y directa contra el Estado mexicano.

Por el carácter funcional de la libertad de expresión que articula nuestro sistema político, me permito proponer a ustedes que los ataques a dicha libertad se incluyan en el catálogo de amenazas que establece la Ley de Seguridad Nacional.

Si la propia ley se considera como amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo, el ataque a los diplomáticos o a las instalaciones estratégicas, precisamente por mayoría de razón, se debe considerar esto también como el ataque a los periodistas, a los medios de comunicación y a cualquier individuo o vehículo que haga uso de la libertad de expresión. Con esto se contaría con todos los recursos del Estado, materiales humanos y tecnológicos para llevar a cabo labores de inteligencia al más alto nivel y terminar, de una vez por todas, con la impunidad que hasta ahora prevalece en torno a los ataques a los periodistas y medios de comunicación.

Con la finalidad de que el cúmulo de información que se recibió, provenientes de los propios periodistas y medios de comunicación afectados, resulte útil en las labores de control de la legalidad que realiza la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, me permito proponer que se establezca en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Libertad de Expresión, otorgando así a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación el carácter de órgano parlamentario ordinario con capacidad para emitir dictámenes sobre las iniciativas relacionadas con el acontecer de los periodistas y la libertad de expresión.

Desde este particular punto de vista, periodista actuante durante 30 años, antes de ser legislador, así como están funcionando sendas comisiones de justicia, seguridad pública, salud y educación, entre otras, también debe existir la de la libertad de expresión, pues se trata por igual de un derecho fundamental.

Finalmente, para complementar la preceptiva que proteja la libertad de expresión, propongo que se reconozca el derecho de los periodistas de no revelar sus fuentes en causas penales.

Con la adición que propongo para el Código Nacional de Procedimientos Penales, se elevaría significativamente el nivel de seguridad de los comunicadores, ya que no se utilizarían los juicios por parte de la delincuencia para acallarlos.

El proyecto de Decreto está disponible en la Gaceta Parlamentaria de esta misma fecha, mismo que solicito se reproduzca, señor Presidente, en el Diario de los Debates.

Esperando contar con su apoyo y respaldo.

Es cuanto, amigos de la Asamblea.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 362 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De la Libertad de Expresión e Impartición de Justicia.

En la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación hemos atendido situaciones que ponen en peligro a los periodistas y vulneran la libertad de expresión. Dichas situaciones se acumulan a los ataques directos contra los comunicadores. Se trata de las órdenes de comparecencia por parte de tribunales federales para que se presenten en juicio en calidad de testigos y revelen sus fuentes en relación con notas elaboradas por los periodistas que cubren la llamada “nota roja” es decir todo lo relacionado con la seguridad pública y la comisión de delitos. Con fecha 23 de octubre de 2013, el suscrito presentó a consideración del pleno del Senado, un Punto de Acuerdo relacionado con el temor de periodistas de Baja California cuyas vidas eran puestas en peligro ante la inminencia de audiencias en causas penales para las que eran requeridos por tribunales federales sin precisar que estaban exentos de revelar sus fuentes. A través de este caso nos dimos cuenta de que no se trataba de hechos aislados ya que la aplicación contraria al principio pro-persona se había convertido en una práctica lamentablemente extendida casi por todos los circuitos judiciales de la república. Los abogados de la delincuencia habían conseguido que la trascendental Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 pasara inadvertida para quienes imparten justicia en casos relacionados con periodistas. En efecto, el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales establece con toda claridad lo siguiente:

Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder:

I a II.

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado;”

No obstante, los tribunales federales en lugar de no admitir el interrogatorio que solicitan los abogados de la delincuencia en torno a quién, cómo y cuándo dio datos a los periodistas sobre la detención o evidencias encontradas en poder de miembros de la delincuencia, procede a dar entrada a la causa penal a dicha probanza prohibida por la ley y giran sendos oficios de comparecencia bajo apercibimiento de multa o arresto para el periodista. Cabe señalar que si de último momento ya en la presencia judicial el periodista invoca el precepto que le asiste, hasta entonces cesa el ejercicio de la facultad de dirección del proceso del juzgador. Es claro que entretanto, desde que se admite la testimonial, se giran órdenes de comparecencia con apercibimientos hasta que tiene lugar la audiencia, se coloca al periodista en una situación de riesgo serio y grave que estimula a la delincuencia a hacer del comunicador objeto de amenazas. Esta praxis de requerir a los periodistas con aplicación de los medios de apremio de ley para que revelen sus fuentes, encuadra en los medios indirectos de presión a que hace referencia la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 13 dicho instrumento establece lo siguiente:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4…

5…

De manera involuntaria, los tribunales están propiciando el entorno para que la delincuencia presione a los periodistas con la finalidad de que revelen quién les pasó la información para la elaboración de notas relacionadas con el acontecer delictivo.

Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de marzo del año en curso reconoce en su Artículo 362 el deber de guardar secreto de diversas personas en función de sus actividades específicas como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos. Sin embargo, no alude a los periodistas a pesar de que una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión radica precisamente en que el comunicador pueda proteger a sus fuentes. El derecho a la información de que deben gozar todos los ciudadanos se mantendrá viable en la medida en que no se presione a los periodistas a revelar sus fuentes. Con el propósito de salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información se propone un enunciado normativo que restablezca el enfoque diferencial de derechos humanos en el ejercicio del periodismo clarificando que los comunicadores no serán objeto de requerimientos ni apercibimientos para revelar sus fuentes.

Para mayor ilustración, donde se aprecia el rescate normativo del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, se elaboró el cuadro comparativo siguiente:

Precepto en el CNPP*

Iniciativa

Artículo 362. Deber de guardar secreto

Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

Artículo 362. Deber de guardar secreto

Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según as leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

Los periodistas no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado y, en consecuencia, no serán citados a comparecer ni se les apercibirá ni aplicarán medio de apremio alguno. Las autoridades competentes cuidarán que se observe este derecho.

*CNPP se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe mencionar que el 13 de marzo de 2014 el suscrito presentó una proposición con punto de acuerdo exhortando a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación tenga a bien emitir un Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a periodistas, a través del cual se subsane la práctica a que hemos venido haciendo referencia.

Finalmente, resulta imperativo atraer la atención hacia la circunstancia de que han sido los periodistas el gremio más afectado, fuera de los servidores públicos que se desempeñan en las instituciones de seguridad pública, por la escalada de violencia que padece nuestro país desde hace varios años.

La organización en defensa de los periodistas Artículo 19 presentó recientemente su informe denominado “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”. Destaca que durante 2013 cada 26.5 horas un periodista fue agredido en México. Los ataques a la libertad de expresión tan agudos no se veían desde el 2007. De los 286 comunicadores agredidos, 214 fueron reporteros, 116 periodistas audiovisuales, 30 directivos, cuatro columnistas, cuatro empleados no editoriales del medio, tres caricaturistas, dos escritores, un documentalista y un estudiante. Es evidente, como se observa en el entorno adverso anterior, que los periodistas deben ser respetados en cuanto a reconocer su derecho a no revelar sus fuentes. Exponerlas en los tribunales no hace más que debilitar el derecho a la información de las y los mexicanos en una época en que se extiende el efecto silenciador de los medios de comunicación, en particular los de provincia que se encuentran objeto de múltiples amenazas, ya que seis de cada diez agresiones, según el mismo reporte de Artículo 19, provienen de funcionarios públicos. Obligar con la fuerza del Estado a los periodistas a revelar sus fuentes enerva la libertad de expresión y, con ella en dicha situación, se pone en riesgo la democracia misma en México. En consecuencia, se rescata el precepto en vías de abrogación del Código Federal de Procedimientos Penales y se le inserta en el nuevo Código Nacional de próxima entrada en vigor, con las adecuaciones necesarias derivadas de la nociva práctica ya expuesta líneas atrás a efecto de no materializar un retroceso en los derechos de los periodistas y en la preservación de la libertad de expresión.

Con la finalidad de que se adopte el enfoque diferencial de derechos humanos propio de la condición de los periodistas en el ámbito de la administración de justicia, me permito elevar a la consideración de la H. Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 362 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

UNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 362. Deber de guardar secreto.

...

Los periodistas no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado y, en consecuencia, no serán citados a comparecer ni se les apercibirá ni aplicará medio de apremio alguno. Las autoridades competentes cuidarán que se observe este derecho.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, a 25 de marzo de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XIX, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL XIX Y LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT)

-El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Gracias, señor Presidente. Amigos de la Asamblea:

La viabilidad del pueblo de México como Estado libre y soberano, está anclada en las libertades civiles y los derechos económicos, sociales y culturales.

De la armonía entre libertades y derechos sociales, surge precisamente la vida democrática, el derecho a la manifestación de todo nuestro sistema social y político.

En el ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación y los periodistas ocupan un lugar destacado. No obstante, a diario se registran agresiones contra unos y otros. Sensibles al valor de la libertad de expresión en nuestra naciente democracia, las y los Senadores de esta legislatura tuvimos a bien crear la comisión especial que da seguimiento a dichas agresiones.

Al instalar esta comisión, el Senador Jesús Casillas Romero y el suscrito, con la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta Cámara, la comisión especial, esto ocurrió el 7 de febrero pasado, denunciamos el elevado número de agresiones contra comunicadores.

Mencionamos que entre 1983 y 1999, 33 informadores fueron asesinados; entre 2000 y 2006 asesinaron 66; de 2007 a 2012 asesinaron 127 y sólo el año pasado hubo 10 comunicadores muertos, 2 desaparecidos y 27 violentados, además se contabilizaron 11 agresiones a medios de difusión y México ocupó el deshonroso tercer lugar mundial en asesinatos de periodistas, sólo después de Siria y Somalia.

Con el apoyo del ya referido Senador Jesús Casillas, hemos estado en contacto con diversos periodistas que han sufrido ataques, hemos realizado numerosas gestiones para su protección y así abatir la impunidad.

También hemos presentado diversas proposiciones con puntos de Acuerdo, y participado en las reuniones del mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación.

A pesar de todo ello, en lugar de contener la ola de ataques como paso previo para revertir su incidencia, con preocupación observamos que las agresiones se multiplican, y también se agudizan y se hacen selectivas.

Hemos llegado al punto en que las agresiones producen un efecto silenciador, tanto medios como comunicadores se ven forzados a callar ante el peligro para su vida e integridad personal y la de sus familias.

La autocensura inducida por la violencia socava directamente la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, pues paraliza el ejercicio de las libertades civiles antes mencionadas y enerva el debate característico de la democracia deliberante.

Senadoras y Senadores, en el contexto de la escalada de violencia extrema que no cede en el país, nos encontramos ante una amenaza inmediata y directa contra el Estado mexicano.

Por el carácter funcional de la libertad de expresión que articula nuestro sistema político, me permito proponer a ustedes que los ataques a dicha libertad se incluyan en el catálogo de amenazas que establece la Ley de Seguridad Nacional.

Si la propia ley se considera como amenaza a la seguridad nacional, por ejemplo, el ataque a los diplomáticos o a las instalaciones estratégicas, precisamente por mayoría de razón, se debe considerar esto también como el ataque a los periodistas, a los medios de comunicación y a cualquier individuo o vehículo que haga uso de la libertad de expresión. Con esto se contaría con todos los recursos del Estado, materiales humanos y tecnológicos para llevar a cabo labores de inteligencia al más alto nivel y terminar, de una vez por todas, con la impunidad que hasta ahora prevalece en torno a los ataques a los periodistas y medios de comunicación.

Con la finalidad de que el cúmulo de información que se recibió, provenientes de los propios periodistas y medios de comunicación afectados, resulte útil en las labores de control de la legalidad que realiza la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, me permito proponer que se establezca en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Libertad de Expresión, otorgando así a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación el carácter de órgano parlamentario ordinario con capacidad para emitir dictámenes sobre las iniciativas relacionadas con el acontecer de los periodistas y la libertad de expresión.

Desde este particular punto de vista, periodista actuante durante 30 años, antes de ser legislador, así como están funcionando sendas comisiones de justicia, seguridad pública, salud y educación, entre otras, también debe existir la de la libertad de expresión, pues se trata por igual de un derecho fundamental.

Finalmente, para complementar la preceptiva que proteja la libertad de expresión, propongo que se reconozca el derecho de los periodistas de no revelar sus fuentes en causas penales.

Con la adición que propongo para el Código Nacional de Procedimientos Penales, se elevaría significativamente el nivel de seguridad de los comunicadores, ya que no se utilizarían los juicios por parte de la delincuencia para acallarlos.

El proyecto de Decreto está disponible en la Gaceta Parlamentaria de esta misma fecha, mismo que solicito se reproduzca, señor Presidente, en el Diario de los Debates.

Esperando contar con su apoyo y respaldo.

Es cuanto, amigos de la Asamblea.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XIX, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL XIX Y LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Libertad de Expresión y, con ella, nuestra Democracia en Peligro.

La expansión de la violencia que no cede desde hace años en nuestro país ha alcanzado a los periodistas. En realidad, se ha cebado con los comunicadores y los medios de comunicación. Dicha focalización de los ataques en un segmento específico de la sociedad tiene una razón de ser: la delincuencia requiere de desaparecer el derecho a la información. Tiene claro que para debilitar al Estado de derecho se comienza por sus cimientos, donde de manera destacada se encuentra la liberta de expresión y sus principales actores: los periodistas.

El 18 de marzo del año en curso, la asociación Artículo 19 presentó su informe sobre la situación de los periodistas en nuestro país. El reporte pone énfasis en que 2013 ha sido el año más violento contra los periodistas con 330 ataques de todo tipo que van desde homicidios, secuestros y desapariciones hasta amenazas y agresiones a los medios de comunicación, todos con el común denominador de inhibir la libertad de expresión. De lo anterior se desprende que como resalta Artículo 19 se comete un ataque a periodistas cada 26.5 horas. Respecto a 2012, el 2103presentó un incremento de 59% en agresiones documentadas, es decir, 123 casos más.

No estamos ante ataques indiscriminados o al azar. Tienen la intención manifiesta de vulnerar al Estado mexicano en uno de sus pilares como es la libertad de expresión. Prueba de lo anterior es el robo que sufrió en su domicilio Darío Ramírez, director de la asociación Artículo 19 de donde desconocidos sustrajeron su computadora en una conducta evidentemente relacionada con su labor de defensa de los periodistas.

La tendencia de ilícitos contra la prensa es creciente. Se alimenta de la impunidad ya que es raro que se detenga a alguien como probable responsable de haber agredido a algún comunicador. Es bien sabido que la mejor forma de disuasión de los delitos es la aplicación de la ley. Cuando el delincuente sabe que son elevadas las posibilidades de que se le lleve a juicio donde se le aplique una condena por su conducta lesiva de bienes jurídicos tutelados, la incidencia delictiva cae en picada.

Medidas Legislativas para preservar la Libertad de Expresión.

Ante el panorama antes descrito de manera breve, el suscrito ha elaborado un paquete de iniciativas que busca atender la situación grave de vulnerabilidad por la que atraviesa la libertad de expresión en general y los periodistas en particular en México. El contacto diario con los reporteros en peligro que son atendidos en la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación ha permitido al suscrito evaluar las acciones, planes y programas implementados para proteger a los periodistas. La realidad es que gracias a la creación del Mecanismo para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se ha logrado brindar seguridad a muchos beneficiarios pero también es cierto que los ataques principalmente mortales contra los comunicadores no se detienen y por el contrario se agudizan. Lo anterior nos obliga como legisladores a profundizar en el trabajo legislativo para encontrar métodos, procesos e instituciones que nos permitan elevar el nivel de vida de las personas que se dedican a informar a la sociedad. La única forma de paralizar los ataques a la libertad de expresión en la persona de los periodistas es a través de la función de la seguridad nacional. Se trata de movilizar todos los recursos principalmente de las actividades de inteligencia para detectar el origen certero de las agresiones y aplicarles las leyes penales ante la insuficiencia evidente de las otras instancias de seguridad. Por ello, he presentado una iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona la fracción VII recorriéndose en su orden la actual VII y las subsecuentes del artículo 5º y un segundo párrafo al artículo 58 recorriéndose el actual segundo para ser tercero de la Ley de Seguridad Nacional. El propósito es que se incluya en el catálogo de amenazas a la estabilidad e integridad del Estado mexicano a los ataques a la libertad de expresión. Lo anterior al igual que los ataques al personal diplomático residente en México. Desde el punto de vista del suscrito, dicha propuesta normativa se justifica sobradamente ya que la libertad de expresión es reconocida profusamente como sostén de la democracia en multiplicidad de instrumentos internacionales. En la academia es ampliamente aceptado que la libertad de expresión es un derecho básico que permite la viabilidad de otros derechos fundamentales. Se puede afirmar que la libertad de expresión es el supuesto sin el cual nuestro sistema de partidos políticos no tendría funcionalidad pues la base del debate político es precisamente la difusión y contraste de las ideas.

La necesaria inclusión de los ataques a la libertad de expresión entre las amenazas a la seguridad nacional se traduce en que la Comisión Bicamaral podrá conocer también de los esfuerzos en este campo. El control parlamentario de la seguridad nacional implica opiniones, puntos de vista e información confidencial que da lugar a propuestas de reformas y adiciones a las leyes de la república. Lo anterior es un resultado implícito y natural derivado de cualquier proceso de evaluación. En consecuencia, en principio existe una poderosa razón para que la actual Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y medios de Comunicación se eleve al rango de Comisión Ordinaria.

Lo anterior se fortalece si tomamos en cuenta que de acuerdo al reporte mencionado de Artículo 19 los ataques a la libertad de expresión no provienen exclusivamente de la delincuencia. En efecto, 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos. Esta circunstancia pone de manifiesto que se ha de desplegar un trabajo legislativo extenso para identificar las causas y razones de dicho problema. Detectar los incentivos perversos de dicha actitud por parte de los servidores públicos que abusan de sus cargos y establecer acciones básicas, metas y objetivos en las leyes orgánicas de la administración pública así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad de los servidores públicos, para establecer restricciones en su actuar que permitan preservar a los periodistas de sus ataques.

Con mayoría de razón, se requiere legislar en materia de Libertad de Expresión pues en tanto derecho fundamental le aplican las nuevas obligaciones y principios de derechos humanos. En efecto, para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2011, en particular al párrafo tercero del artículo 1º se debe iniciar el debate sobre la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de los periodistas muy en especial como protagonistas de la libertad de expresión. La nueva concepción que gira en torno a los derechos humanos implica dejar atrás la actitud tradicional de las autoridades de asumir una actitud de no invasión de la esfera de derechos de los ciudadanos, propia de la idea superada de garantías individuales, para pasar a una caracterizada por la adopción de una conducta en el servicio pro-activa para dar satisfacción y vigencia real a los derechos fundamentales.

Los ataques a la libertad de expresión han puesto en claro el escaso desarrollo legislativo tendiente a establecer sujetos obligados con deberes precisos y vías para hacer exigibles los aspectos que de manera integral aseguren el ejercicio de este derecho fundamental a la ciudadanía y los periodistas integrantes de ésta última. El esfuerzo que lo anterior implica requiere de una Comisión Ordinaria al seno del Senado. Cobra aplicación la visión del académico Reyes Rodríguez Mondragón aludiendo a la etapa legislativa el proceso de producción de leyes, en la obra titulada Elementos de Técnica Legislativa, coordinada por Miguel Carbonell y Susana Thalía Pedroza de la Llave:

“En esta etapa, aun cuando los procesos de negociación y discusión continúan y no finalizan sino hasta el momento de sanción, la actividad relevante tiene que ver sustancialmente con la elaboración formal de la ley, lo que implica cuestiones lógicas y de técnica legislativa para asegurar la corrección jurídico-formal y lingüística del cuerpo normativo. El objetivo es la construcción de instituciones jurídicas congruentes y consistentes internamente y con el sistema jurídico al que se integran. Además, en esta etapa cobra especial relevancia el almacenamiento y recuperación de la información relacionada con los antecedentes de la materia en cuestión y con las disposiciones normativas vigentes” (p.151)

Existen, pues, razones diversas pero igualmente contundentes para contar en el Senado de la República con una Comisión dedicada a la Libertad de Expresión.

Como ya hemos manifestado, en el Senado se encuentra en funciones con carácter temporal la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación. Este órgano parlamentario hace acopio de multiplicidad de datos en torno a la dinámica de la libertad de expresión en el país. También recaba las inquietudes de los comunicadores con los que se encuentra en contacto tanto en lo individual como a través de las diversas organizaciones y asociaciones que los representan. Para el óptimo funcionamiento de la Comisión Bicamaral establecida en los Artículos 56 y 57 de la Ley de Seguridad Nacional se requiere otorgar a dicho órgano temporal del Senado el carácter de ordinario con la finalidad de que el flujo e información para las y los legisladores encargados del control legislativo sea permanente. Lo anterior permitiría que de aprobarse la inclusión de los ataques a la libertad de expresión en el catálogo de amenazas a la seguridad nacional, la Bicamaral ejerciera un control legislativo integral.

Como se ha venido mencionando, la ley contempla el control legislativo de las facultades extraordinarias que se ponen en manos de las instancias de seguridad nacional. A fin de lograr que las modificaciones propuestas a la Ley de Seguridad Nacional en la iniciativa diversa del suscrito propicien el sano ejercicio de la libertad de expresión resulta necesario que se reflejen en el ámbito del Poder Legislativo. En efecto, se requiere que la atención por parte de las y los senadores a la libertad de expresión y sus principales protagonistas que son los periodistas transite de un carácter eventual por el lapso de la presente Legislatura a una estructura con el atributo de la permanencia. El suscrito considera que las circunstancias de agravio a los periodistas con el daño para la libertad de expresión que trae aparejado, hacen necesario que la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación adquiera el nivel de comisión ordinaria con la finalidad de que se ocupe de la situación de la libertad de expresión en el país, desde luego con conservando la tarea de atender a los periodistas y medios de comunicación.

La transformación propuesta en el ámbito de la organización parlamentaria permitiría también que la experiencia e información acumuladas en la atención a periodistas y medios de comunicación no se pierda al término de la Legislatura y se traduzca en un trabajo legislativo más amplio y profundo al contar la comisión ahora con la atribución de dictaminar todo tipo de propuestas normativas. Cabe señalar que además de velar por la preservación desde el ámbito legislativo de la libertad de expresión, la Comisión Ordinaria conocería y dictaminaría todo lo relacionado con el derecho a la información, los derechos de los periodistas en cuanto profesionales de la información así como la uniformidad en las medidas legislativas derivadas de la concepción de la libertad de expresión como un derecho que no es absoluto.

La transformación orgánica que proponemos permitiría a las y los senadores poner en contraste la situación por la que atraviesa la dinámica de la libertad de expresión en nuestro país con las facultades de análisis, ponderación y decisión sobre iniciativas, decretos y proposiciones en un ámbito de especialización y pluralidad.

Llama la atención que los principales derechos fundamentales como la salud, la educación y la justicia, por sólo citar a algunos, encuentren espacio en la estructura organizacional del Senado de la república y la libertad de expresión que, como es visto, es reconocido por la comunidad de las naciones y en forma unánime por la academia como un derecho subjetivo público que permite o facilita el ejercicio, satisfacción y expansión de los demás derechos no sea considerado entre las Comisiones Ordinarias establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El tránsito de México hacia una democracia plural, deliberante y bajo la perspectiva de derechos humanos y equidad de género requiere de una instancia parlamentaria con el carácter de permanente y facultad plena de ponderación de iniciativas, decretos y proposiciones con puntos de acuerdo así como mayor empoderamiento para citar a comparecer a servidores públicos habida cuenta de que como lo hemos visto muchas agresiones a periodistas y medios de comunicación provienen de o son toleradas precisamente por altos funcionarios, despierta la convicción de que el Senado cuente con una Comisión Ordinaria de Protección y Fortalecimiento de la Libertad de Expresión. Por ello y como medida legislativa complementaria de las modificaciones propuestas a la Ley de Seguridad Nacional presentamos también la necesaria adecuación a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Adriana Malvido expresó de manera fulgurante la situación de la libertad de expresión en México a través de su columna Cambio y Fuera que aparece en Milenio:

“Nadie exige privilegios para la prensa, pero sí un contexto que permita trabajar en condiciones de seguridad. Sin eso, la sociedad, su derecho a la información y sus aspiraciones democráticas se empobrecen.”

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCION XIX, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL XIX Y LAS SUBSECUENTES DEL ARTICULO 90A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

UNICO. Se adiciona la fracción XIX, recorriéndose en su orden la actual XIX y las subsecuentes del artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 90.

1…

I a XVIII

XIX Libertad de Expresión, Periodistas y Medios de Comunicación;

XX

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República, a 25 de marzo de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Se turnan las iniciativas que ha presentado el proponente a las siguientes comisiones:

El proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

El proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

El proyecto de Decreto que reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaso del Senador Casillas Romero.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Sólo para pedir al Senador Blásquez Salinas, si me permite adherirme a sus iniciativas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Blásquez Salinas, ¿acepta la adhesión del Senador Jesús Casillas Romero?

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño)Con todo gusto, Senador.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Solicito a la Secretaría tome nota de ello. Gracias.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Presidencia saluda la presencia de un grupo de estudiantes del Instituto Alpes Cumbres de Querétaro, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 753 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal.

El objetivo es determinar el bien jurídico de los animales, para lo cual se les debe de excluir del régimen jurídico de cosas, como aún se define en el Código Civil Federal.

El animal no humano es un ser vivo sintiente y diferente del ser humano, por lo tanto, deben de respetarse sus derechos inherentes y positivarse tomando en consideración lo acordado en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, UNESCO 1978.

El derecho debe dar un salto hacia una dimensión, donde cada cosa sea respetada conforme a la dinámica de su propia naturaleza, conforme a su verdad intrínseca. Seguir sosteniendo que los animales son cosas resulta violatorio a las reglas de la lógica, carece de valores de verdad, porque los animales no son cosas.

Lo anterior ha provocado una falta de sensibilidad hacia ellos, ha facilitado los actos de crueldad y maltrato del cual son objeto; el desprecio del hombre que lo conlleva a continuar atentando contra estos.

La palabra “derechos”, en su connotación jurídica, alude al conjunto de facultades o potestades que son otorgadas y reconocidas a los miembros de una comunidad por las normas emanadas del Poder Legislativo. Para que un determinado bien sea tutelado por la ley, existe un procedimiento jurídico surgido de un reclamo social, mismo que necesariamente responde a lo que en un momento y lugar determinado es considerado por la sociedad como justo.

Precisamente estoy aquí haciendo eco a diversos planteamientos de promotores, de las organizaciones y asociaciones protectoras de animales, principalmente del estado de Jalisco.

El derecho natural, los derechos humanos o los derechos de los animales tienen una base ética que se soporta en la regla de oro: “Trata a los demás como quisieras que te tratasen a ti”.

Los animales, en todas las épocas han atraído la atención de pensadores, juristas, científicos, estadistas, religiosos, entre otros muchos.

Ha quedado demostrado en diversos estudios que los animales poseen conciencia, pero sobre todo conciencia en civilidad, es decir, la capacidad de sufrir cuando se atenta contra su libertad, su vida o su integridad.

Es indudable que se deben reconocer derechos a los animales no humanos.

La denominación de animal no humano nace del concepto de que el ser humano es considerado como animal racional, según su nombre científico, asignado por el naturalista sueco Carlos Linneo.

Mientras se siga considerando a los animales no humanos como recursos, y a los humanos como sus dueños, como lo refirió en el siglo XIX el Gran Jefe Seattle: “No parará el abuso y la pérdida de los ecosistemas”.

El que se niegue la posibilidad de derechos por no poderse imponer obligaciones, es tan absurdo como negar derechos a un demente, a un ser por nacer, a un niño o a un incapaz, porque a ellos tampoco podemos ponerles obligaciones jurídicamente válidas.

Afirma el doctor Arnoldo Kraus, en su teoría misma que inspiró la Declaración Universal de los Derechos de los Animales: “Incluso a aquellos que carecen de razón, a aquellos que no pueden expresar sus derechos, deben conferírseles tales derechos”. Se reconoce a los animales como sujetos pasivos de derechos al aceptar cierto grado de autoconciencia y personalidad, está reivindicando un lugar para éste en la esfera jurídica.

La protección jurídica de los animales no humanos tiene el antecedente conocido más remoto al gobernante indio Asoka, quien estableció en el siglo VI antes de Cristo, sanciones para todo aquel que lastimara a un animal.

Actualmente ya hay constituciones latinas y europeas como Suiza, Alemania, Austria, Ecuador, Bolivia y Brasil, que los regulan; y códigos civiles como el de Alemania, Cataluña y Francia que han cambiado el rumbo reconociendo al animal no humano como un ser sintiente, excluyéndolo del régimen jurídico de cosas, y más aún, creando verdaderos estatutos jurídicos en torno al reconocimiento de una subjetividad jurídica, como lo expone Argentina en su proyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial de esa nación.

En este aspecto es indubitable el deber del Estado mexicano en preponderar a su protección de la misma manera en que lo hace con los seres indefensos y desvalidos de nuestra especie humana. No asumir este deber, implica continuar legitimando la barbarie.

Ha quedado rebasado el concepto establecido dentro de nuestros ordenamientos civiles por herencia recibida del derecho romano en el sentido de que los animales son cosas.

El desapartar a los animales del rango jurídico de cosas, facilitará que la protección animal sea salvaguarda del medio ambiente y pueda tener implicaciones, por ejemplo, en las formas de sacrificio de los animales y en la experimentación.

Considerar al animal como un ser sintiente, y no como cosa, convierte la protección de los animales en un equivalente a la salvaguarda del medio ambiente, consagrada en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

Debido a esta dimensión jurídica, tanto los tribunales como los organismos públicos tendrán en cuenta la protección de los animales en sus decisiones y sopesar su protección.

La protección de los animales no humanos, desde el enfoque civilista, no implica admitirlo como un recurso natural puesto a disposición del ser humano, sino teniendo presente al animal en sí mismo como un ser vivo diferente del ser humano que se encuentra incapacitado para defenderse legalmente frente al hombre. Por lo cual, de este último depende determinar o delimitar cada uno de los derechos del animal conforme a su especie; y asimismo establecer las obligaciones que el hombre tiene con estos.

Por consiguiente, al Estado le corresponde la responsabilidad de proteger los fundamentos naturales de la vida animal, reconociéndose como seres sintientes, por lo que deben recibir el trato y el respeto atendiendo a sus necesidades fisiológicas y etiológicas, procurando su bienestar.

En razón de todo lo expuesto concluyo que existe la necesidad de modificar el artículo 753 del Código Civil Federal, con la incorporación del concepto de que los animales no son cosas, y la necesidad de que toda especie animal no humano, deba ser reconocida como ser vivo, dotado de sensibilidad.

Termino mi participación con la frase de Gandhi: “la evolución de los pueblos se mide por el trato hacia sus animales”.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, Senadora a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, Fracción II, 72 inciso h), e), i), 73 fracción XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, Numeral 1 fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento de la Cámara de Senadores, someto a la consideración de esta Soberaníala siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 753 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

OBJETIVO

1.- Determinar el bien jurídico de los animales, para lo cual se les debe de excluir del régimen jurídico de cosas, como aún se define en el Código Civil Federal.

El animal no humano es un ser vivo sintiente y diferente del ser humano, por lo tanto deben de respetarse sus derechos inherentes y positivarse tomando en consideración lo acordado en la Declaración Universal de los Derechos de los animales (Unesco – 1978).

2.- Sumarnos a la Iniciativa del Diputado Federal Arturo Escobar y Vega, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a su proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades para dictar lineamientos de observancia general en todo el país, relativas al trato a los animales, tanto de especies silvestres como de granja, domésticos y de otros usos, con el objeto de que exista una política uniforme en esta materia, facilitando que se fomente una nueva ética ambiental y así coadyuvar al mejor uso y aprovechamiento de la naturaleza, acorde con las necesidades del país.

JUSTIFICACION

El Derecho debe dar un salto hacia una dimensión, donde cada cosa sea respetada conforme la dinámica de su propia naturaleza, conforme su verdad intrínseca. Seguir sosteniendo que los animales son cosas, resulta violatorio a las reglas de la lógica “carece de valores de verdad”, porque los animales no son cosas, al darles esta categoría facilita los actos de crueldad y maltrato del cual son objetos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Tomando en cuenta que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental, hago eco a diversos planteamientos de los promotores de las organizaciones y asociaciones protectoras de animales del Estado de Jalisco como: Nemesio Maisterra de Protección Animal A. C.; Zilka Arcos, Roberto Regalado y Roberto Pérez de Adopta una mascota; María Luisa Bolaños y Jaime Muñoz Polit de Jack y Junior A. C.; Alejandra Viniegra, Elizabeth Ortiz y Erika Kleeman del Programa de tenencia responsable; Tessa Brockman y Marissa Magaña de Organización de desarrollo social en Guadalajara A. C.; Ana Couret y Osbelia Ornelas de Adoptando un amigo; Maricarmen Portilla y Aidee Madariaga de Pethelp A. C.; Erika Magdalena Pérez de Cuidado Animal ZOE; María Aparicio, María Guzmán, Eliana Herrerías, Verónica Ortiz, Eva Ailing Aparicio y Claudia Llama de Salud y Derecho Ambiental A. C., entre otras; respecto a la necesidad de positivizar los derechos de los animales, partiendo de la modificación del concepto tradicionalista adoptado en nuestra norma civil, que los define como cosas.

Es necesario establecer el bien jurídico de los animales no humanos, lo anterior ha provocado una falta de sensibilidad hacia ellos; a su maltrato, al trato cruel y degradante del que son objetos; el desprecio del hombre que lo conlleva a continuar atentando contra éstos. Se desconoce que los animales como parte del medio ambiente tiene derechos, que son seres sintientes; con derechos iguales de: existencia, respeto, cuidado, atención, protección, desarrollo, no abandono, conservación en su propio ambiente natural, libertad, reproducción, alimentación, entre otros. De ser necesaria su muerte sea instantánea, se lleve a cabo sin causarle dolor, sin angustia, sin ansiedad, al igual en las técnicas de experimentación, como animal de trabajo a una limitación de tiempo e intensidad razonable, de acciones de reparación y de reposo, de ser criado para la alimentación, esta sea adecuada, sin contaminantes, su transportación sin sufrimiento, con respeto y dignamente en casos de exhibición, domesticación y corrección sin violencia.

Partimos que la denominación de animal no humano nace del concepto de que el ser humano es considerado como -animal racional- según sunombre científico, asignado por el naturalista sueco Carlos Linneo en 1758.

La palabra "derechos", en su connotación jurídica, alude al conjunto de facultades o potestades que son otorgadas o reconocidas a los miembros de una comunidad por las normas emanadas del poder legislativo. Para que un determinado bien sea tutelado por la ley, existe un procedimiento jurídico surgido de un reclamo social, mismo que necesariamente responde a lo que en un momento y lugar determinado es considerado por la sociedad como justo.

Imperan debates doctrinarios sobre la validez, o la existencia incluso, del llamado derecho natural, al que se ha definido como el conjunto de normas que el hombre deduce de su propia conciencia, estimándolas una expresión de justicia; se ha dicho que es el derecho intrínsecamente justo y que vale por sí mismo.

El derecho natural, los derechos humanos o los derechos de los animales tienen una base ética, que se soporta en la regla de oro: "trata a los demás cómo quisieras que te tratasen a ti".

Enfocados en los animales no humanos, en todas las épocas, los animales han atraído la atención de pensadores, juristas, científicos, estadistas, religiosos entre otros. Ciencias como la filosófica, la política y sus distintas ideologías, la psiquiatría; la biología; la ética, la moral, la criminología, la antropología, la sociología, entre otras ramas. Todas se relacionan con el diverso encuadramiento y enfoque de los animales y en especial de su relación con el Hombre.

La protección jurídica de los animales no humanos tiene como el antecedente conocido más remoto al gobernante indio Asoka, quien estableció en el siglo VI antes de Cristo, sanciones para todo aquel que lastimara a un animal. Mucho tiempo antes, con los egipcios, se aplicaron severas sanciones (incluso la pena de muerte) a quienes hicieran daño a los gatos, pero en este caso el móvil de la protección era lo sagrado y no el reconocimiento de derechos a los felinos.

Por su parte la influencia del pensamiento que acerca de éstos seres han tenido Aristóteles, Santo Tomás y Descartes, resultando relevante destacar que los dos primeros reconocieron en los Animales ciertos “niveles de inteligencia y de prudencia”, y que “existe un deber de abstenerse de hacer sufrir a un animal, incluso dándole un alcance mayor a éste principio que el deber de respetar sus vidas”, establecía Santo Tomás de Aquino. Contrario el pensamiento de Descartes, quien lisa y llanamente los redujo a “máquinas, sin almas”. Circunstancia que provoco reacciones entre las que podemos citar la de Jeremy Bentham quien desde el pensamiento utilitario afirmó que “La capacidad de sufrir, no la capacidad de razonar, debería ser el criterio para evaluar el trato justo de los demás seres. Si la capacidad de la razón fuera la prueba, muchas personas, entre los cuales se puede contar a los bebés y los discapacitados, deberían ser tratados como cosas”. De este modo auspiciaba el reconocimiento de los derechos de todos los seres, con la única condición de ser capaces de SENTIR, y la pertenencia a la “subjetividad jurídica y la consideración moral” era sustentada de manera muy diversa a la antes referida.

Por consiguiente se desprende que dicho enfoque nos presentaría otra realidad del Derecho y del mundo opuesta a la actual, si bien damos cuenta que la capacidad de “razonar” ha sido sin lugar a dudas un elemento empleado para la exclusión, la explotación y el sometimiento de los seres humanos a los que se les negaba dicha “condición”. Este “triunfo” del antropocentrismo racionalista llevó a colocar en un puesto de privilegio al Ser Humano, se toma en consideración de que la historia de los últimos siglos ha sido escrita por la lucha y la sangre de todos los movimientos que persiguieron la “inclusión” en el privilegiado universo de la subjetividad jurídica, fueran estos: esclavos, niños, dementes, mujeres, homosexuales, colonizados, extranjeros, negros, latinos, etc.

Al estar demostrado que no solo los seres humanos, sino que también otros animales, poseen conciencia, pero sobre todo poseen sensibilidad, es decir, la capacidad de sufrir cuando se atenta contra su libertad, su vida o su integridad, es indudable que se deben reconocer derechos a los animales no humanos.

Las visiones antropocéntricas, basadas en la discriminación por especie y en los intereses de quienes lucran con la explotación y el abuso, son las que han pretendido negar a los no humanos sus derechos, permitiendo atrocidades generadoras de violencia social, destrucción de ecosistemas y daños a la salud de la población. La sustentabilidad, llevada en forma superficial o burocrática, no ha detenido la destrucción de hábitats ni la extinción de especies. Mientras se siga considerando a los animales no humanos como recursos y a los humanos como sus dueños, como lo refirió en el siglo XIX el Gran Jefe Seattle, no parará el abuso y la pérdida de los ecosistemas. En ese tiempo, el gobernante blanco no pudo entender el mensaje del preclaro jefe piel roja, pero lo peor, es que han pasado 150 años y aún no se comprende, pues el rumbo de la humanidad sigue cual cáncer de la biosfera.

En relación a los animales no humanos, incluso, se ha rebasado el concepto establecido dentro de los ordenamientos civiles, por herencia recibida del Derecho Romano, en el sentido de que los animales son cosas.

En la antigua Roma, la categorización de las res se efectuó principalmente sobre las cosas inanimadas, en su clasificación de cosas conocida, los animales se reputan como bienes muebles, corporales, indivisibles, principales, fungibles y no consumibles, por las que el propietario puede contraer responsabilidad por el daño causado que cause este animal a la persona o al patrimonio de otro particular, siendo, responsable en cualquiera de los casos la autoridad competente en la material.

En este sentido, un dato interesante lo provee el Código Civil Español, que en su Artículo 465, señala que "los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen en nuestro poder; los domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos si conservan la costumbre de volver a la casa del poseedor". En cuanto a la naturaleza jurídica de la titularidad del derecho real de propiedad o posesión sobre el animal, para los efectos de la indemnización, ésta puede considerarse como el poder de que una persona ejerce sobre el mismo, con la intención de retenerla y disponer de ella como su fuera propietario, constituyéndose por la reunión del corpus y el control o poder físico que la persona ejerce sobre el mismo, misma que tiene que ser originaria, ya que de ser derivada, la responsabilidad recaerá igualmente sobre el que se considera dueño del animal, del mismo modo que sucedería con los objetos peligrosos.

De éste antecedente, los Códigos Civiles actuales y algunas Constituciones latinas y europeas han cambiado su rumbo, reconociendo al animal no humano como “ser sintiente” excluyéndolo del régimen jurídico de cosas y más aún creando verdaderos estatutos jurídicos entorno al reconocimiento de una subjetividad jurídica, como lo expone Argentina en su Proyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de esa Nación.

Con certeza, el que se niegue la posibilidad de Derechos por no poderse imponer obligaciones, es tan absurdo como negar derechos a un demente, a un ser por nacer, a un niño, a un incapaz, porque a ellos tampoco ponemos imponerle obligaciones jurídicamente válidas.

Afirma el Dr. Arnoldo Kraus Weisman (sobre cuya teoría se inspiró la Declaración Universal de los Derechos de los Animales Unesco): “Incluso a aquellos que carecen de razón, a aquellos que no pueden expresar sus derechos, deben conferírseles tales derechos”.

De manera explícita reconoce a los animales como sujetos PASIVOS DE DERECHOS, al aceptar cierto grado de autoconciencia y personalidad en ellos, está reivindicando un lugar para éste en la esfera jurídica y por dicho fundamento se legitima la defensa de una serie de derechos que le son innatos y que se deducen, de las condiciones de posibilidad de su propia naturaleza. En este aspecto es indubitable el deber del Estado en propender a su protección de la misma manera en que lo hace con los seres indefensos y desvalidos de nuestra especie humana. No asumir éste deber, implica continuar legitimando la barbarie y tal omisión contraviene el concepto que de Derecho nos brinda: “El derecho de la humanidad y de los Hombres en particular es el conjunto orgánico de las condiciones temporales dependientes de la libertad para que la Humanidad, según todas sus personas, y en ella cada Hombre en particular llegue a realizar su condición humana en la vida”. La Humanidad trasciende el conjunto de todos los seres humanos alcanzando a la Naturaleza en su conjunto.

Por su parte la Dra. Kemelmajer de Carlucci, refiere: “desde los tiempos más remotos los animales han compartido con el ser humano porciones del universo; las modalidades de las relaciones entre hombres y animales han variado a lo largo de la historia por distintos factores, pero puede afirmarse que el hombre, sin el animal, difícilmente habría podido subsistir: ha sido medio de locomoción, de vigilancia, de experimentación científica, de exhibición, de guía, inspección, etc. Por otro lado, el evolucionismo darwiniano obligó a repensar la concepción que veía en todas las especies de animales no humanos seres privados de cualquier tipo de sensibilidad y forma de inteligencia y, por lo tanto, excluidas de cualquier consideración moral”.

Es claro que no se solicita igualar a animales humanos y no humanos, resulta imposible e inútil e implicaría incursionar en la misma fantasía elaborada por el antropocentrismo; pero sí y tal y como han hecho los Códigos Civiles Europeos y directivas de la Unión Europea crear obligaciones del Estado hacia ellos y el dictado de estatutos conforme las diversas capacidades y características de los animales. Al respecto, dice Marta Nussbaum: "Los teóricos de la tradición kantiana entienden que no tenemos deberes morales hacia los animales, y si los tenemos, son deberes de caridad o compasión, no deberes de justicia”, esta mirada parece hoy insuficiente.

Nuestras opciones afectan la vida de las especies no humanas causándoles enormes sufrimientos. Los animales no son sólo parte del moblaje decorativo del mundo; ellos son seres activos, tratando de vivir su vida, y nosotros, frecuentemente, nos cruzamos en el mismo camino. Esto parece ser un problema de justicia, no solo de caridad.

Para el Dr. Eugenio Zaffaroni en su libro “La Pachamama y el Humano”, se cuestiona ¿Hay no humanos sujetos de derechos?

Por todo lo anterior, y desapartando el concepto civilista de los animales se ha logrado escasamente que algunos Códigos Penales protejan al animal no humano considerado en sí mismo y no en relación al Hombre, lo convierte en víctima y crea las sanciones para castigar con prisión a quien comete actos de crueldad y maltrato en su contra, al respecto afirma Zaffaroni que lo que se protege es “El derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana”.

Debe de puntualizarse, lo dicho por décadas por los científicos y psicólogos experimentales, que se han encargado de estudiar el fenómeno del dolor en los animales encontrando evidencia. Según Brain, la observación del comportamiento determinado por signos externos define si existe dolor en el ser vivo. Las observaciones científicas establecen: los mamíferos y pájaros, las especies más parecidas a la nuestra, responden sensorialmente y fisiológicamente igual a nosotros al recibir estímulos de dolor. Prueba de ello son sonidos verbales de queja y de llamado, contorciones faciales, intentos de evitar la fuente de dolor, miedo a la repetición, aumento en la presión de la sangre, dilatación de pupilas, sudoración, aumento del nivel del pulso, entre otras. Los animales poseen un sistema nervioso central, cuyo origen y evolución es prácticamente idéntico al de los humanos. El dolor aumenta la posibilidad de supervivencia puesto que ayuda a los animales a evitar las fuentes de dolor. “Resulta insensato suponer que sistemas nerviosos casi idénticos fisiológicamente, con un origen y una función evolutiva comunes y que llevan a comportamientos parecidos, funcionen en un modo radicalmente distinto en el plano de los sentimientos subjetivos”, cita hecha por la Dra. Alexandra Cárdenas en El Derecho de los animales.

Además también la ciencia ha determinado que los animales no humanos poseen sistemas de comunicación, y su capacidad de lenguaje ha sido estudiado entre otros por los científicos estadounidenses Allen y Beatrice Gardner quienes han trabajado con simios. Asimismo existe evidencia indubitable que sienten deseos, que eligen amistades o afinidades con ejemplares de su propia o diversa especie; y que los niveles de inteligencia en primates, incluso en algunos loros supera a los niños de 5 años.

Luego que Darwin con su Teoría de la Evolución, probará que somos consecuencia de estructuras menos complejas porque la Naturaleza “no da saltos”, provenimos de entes carentes de mente y probó también que a simple vista poseemos huellas corporales que no pueden ser negadas o ignorada, “No existe diferencia fundamental entre el Hombre y los Animales mayores en relación con sus facultades mentales; con los otros animales, la diferencia radica en el grado de la mente y no en su calidad”, Darwin en Cohen y Regam,2001.

La ciencia ha demostrado también que una diferencia entre el conocimiento de los Hombres y los Animales, lo constituiría la capacidad de abstracción, capacidad esta que consiste en encontrar semejanzas en problemas aparentemente distintos y problemas en cuestiones aparentemente idénticas, explicaría por qué el hombre es capaz de plantear problemas y el animal simplemente de resolverlos, esto marcaría una diferencia fundamental a la que se ha arribado luego de los estudios de aprendizaje y utilización del lenguaje practicados con el chimpancé Washoe, quien aprendió lenguaje gestual mediante el cual se comunica con el hombre.

Asimismo cabe mencionar que durante julio de 2012, un grupo internacional de neurocientíficos cognitivos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos computacionales se reunieron en el Churchill College de la Universidad de Cambridge y dictaminaron que la ausencia de un neocortex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos: los animales no humanos poseen substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, el peso de las evidencias indica que los humanos no son únicos en la posesión de substratos neurológicos que generan conciencia. Los animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y otras muchas criaturas, poseen estos substratos neurológicos.

En el medio ambiental, la protección de los animales se funda en el principio esencial que “la protección de los seres más débiles e indefensos resulta indispensable para lograr un equilibrio natural”. En este caso, los animales como seres vivos que se encuentran atacados, invadidos, avasallados por los seres humanos, disponiéndose de ellos como si fuesen objetos, como si no tuvieran vida propia y necesidades específicas. El objeto del derecho animal radica sobretodo en reconocer a los animales como seres vivos, sintientes y como sujetos que deben ser protegidos legalmente, respetados en su integridad y de acuerdo a su hábitat, sin desconocer que muchos de ellos dependen del ser humano para vivir dignamente cuales el caso de los animales domésticos.

Es necesario reflexionar la frase de Gandhi: La evolución de los pueblos se mide por el trato hacia sus animales.

Desde una visión antropocéntrica, no puede reconocerse a los seres humanos un derecho especial o superior sobre el resto de las especies, pero sí radica en el hombre, la responsabilidad de la conservación de la naturaleza y la vida animal para su preservación y del medio ambiente.

No pasa desapercibido, que el concepto de animal como cosas, ha favorecido la destrucción de hábitats naturales, la extinción definitiva de especies, el rompimiento de ecosistemas colocando a la propia Humanidad en un estado de alerta permanente, está incluso atentando contra los derechos de las generaciones futuras.

De acuerdo al Derecho Comparado, científicos, biólogos etc. han iniciado cambios desde la Declaración Universal de los Derechos de los animales (Unesco – 1978), pasando por reformas a los Códigos Civiles y la incorporación de la protección de los animales a las Constituciones Nacionales:

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de los Derechos del Animal Londres 23 de septiembre de 1977, Adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. Proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas que se asocian a ellas. Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Tratado de Amsterdam (1999), “Protocolo Anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales”, fue la primera legislación en considerar a los animales como seres sintientes de manera expresa.

Tratado de Lisboa de Funcionamiento de la Unión Europea de 2007 entro en vigencia 1 de diciembre de 2009, menciona en su artículo 13 "al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional".

Tratado de Roma del 29 de octubre de 2004, señala en su artículo III-121: “Cuando definan y ejecuten la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los transportes, el mercado interior, la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los animales como seres sensibles, al tiempo que respetarán las disposiciones legales administrativas y los usos de los Estados miembros, en particular por lo que respecta a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios regionales”.

EN LAS CONSTITUCIONES

SUIZA año 2000

Art. 80 Protección de los animales

1 La legislación sobre la protección de los animales es competencia de la Confederación.2 En particular, la legislación federal regulará: a. la custodia de los animales y los cuidados que deban dárseles; b. la experimentación con animales y los atentados a la integridad de animales vivos; c. la utilización de animales; d. la importación de animales y de los productos de origen animal; e. el comercio y transporte de animales; f. la matanza de animales. Delega asimismo la ejecución de éstas políticas, salvo que la ley reserve expresamente la competencia de la Confederación.

ALEMANIA año 2002

Es el primer país de la Unión Europea en incluir la protección de los animales, como un objetivo de Estado, en su Constitución.

Artículo 20: (Protección de los fundamentos naturales de la vida)

El Estado protegerá, teniendo en cuenta su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales, a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial.

AUSTRIA año 2004

Art. 11.1. "El Estado protege la vida y el bienestar de los animales en su responsabilidad para ellos como los compañeros de la humanidad".

ECUADOR año 2008

Reconoce al animal como integrante de la Pachamama.

Capítulo VII. Derechos de la Naturaleza

Art. 71: ”El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos lo selementos que forman un ecosistema”.

BOLIVIA año 2009

Reconoce al animal como ser sintiente y como integrante de la Pachamama.

Artículo 4º.- I. Toda especie animal, tiene el derecho, aun medio ambiente saludable y protegido, libre de amenazas que pongan en riesgo su salud, seguridad, vida, libertad y desarrollo integral, de ser reconocido como ser vivo y sintiente, con funciones dentro de los ecosistemas necesarios para el equilibrio ecológico, o con obligaciones en los senos familiares humanos.

II. De ser expuestos a maltratos, actos de violencia, accidentes o a desastres naturales, tienen el derecho a ser auxiliados inmediatamente y atendidos oportunamente.

Artículo 5º.- Todo animal silvestre exótico o nativo en cautividad o semicautividad, tiene el derecho de ser recuperado y/o repatriado a su país de origen, o de existir la posibilidad, ser reinsertado a su hábitat natural, para vivir libres de contacto y/u hostigamiento humano.

Artículo 6º.- Los animales tienen el derecho de ser alimentados, abrevados, cuidados, y atendidos oportuna y adecuadamente por un profesional médico de animales o veterinario; la vacunación contra enfermedades epidémicas, de importancia para la salud humana, es obligatoria y gratuita, tanto en centros de salud públicos como privados.

Artículo 7º.- I. Todo animal doméstico de compañía (perro y gato), tiene derecho, a integrarse a una familia humana mediante la guarda, tutela o adopción, a desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad, a cumplir con la duración de vida conforme a su longevidad natural con calidad y calidez humana.

Artículo 8º.- Los derechos establecidos en la presente ley, no serán entendidas como negación de otros derechos no enunciados.

BRASIL

La calificación de los animales como seres sensibles, dignos de respeto a la vida, a la libertad corporal y a su integridad física, prohibiendo prácticas que pongan en riesgo la función ecológica o provoquen la extinción de las especies o cualquier tipo de crueldad contra ellos. En el artículo 220, imponiéndole el deber de cuidado y respeto a la Sociedad y al Estado, o sea, pone en cabeza del Ministerio Publico la preservación de los derechos de los animales. Los Estados, se han hecho eco de ésta normativa Federal reproduciendo el referido artículo.

CODIGOS CIVILES QUE INCORPORAN LA PROTECCION ANIMAL

ALEMANIA

Artículo 90:"Los animales no son cosas. Están protegidos por leyes especiales. Las disposiciones acerca de las cosas se les aplicarán de forma análoga siempre y cuando no esté establecido de otro modo".

CATALUÑA

TITULO PRIMERO, DE LOS BIENES

ART. 511-1 BIENES – Se consideran bienes las cosas y los derechos patrimoniales.

2- Se consideran cosas los objetos susceptibles de apropiación, así como las energías en la medida

3-Los animales, que no se consideran cosas, están bajo la protección especial de las leyes. Solo se les aplica las reglas de los bienes en lo que permita su naturaleza.

FRANCIA

Incluyó a los animales en el art. 8 de la ley del 10/7/1976 precisa que todo animal tiene derecho a una alimentación, a cuidados y a condiciones ambientales adecuadas; además, el art. 9 de la ley dice: "Todo animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado por su propietario en condiciones compatibles con los imperativos biológicos de su especie". Esa ley también incorporó al código penal francés el art. 511-2 que reprime las experiencias científicas practicadas sobre animales vivos fuera de las condiciones legales. Algunos proyectos tienden a profundizar las modificaciones.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS): al evaluar un tema relativo a las ciencias médicas y la similitud de los humanos y los animales no humanos y su similitud en el dolor, afirma que habrá que tener en cuenta que, “ un animal padecerá dolor cuando se utilizaran procedimientos susceptibles de provocarlo en el ser humano”.

Ya durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo -CNUMAD (Eco 92), llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, incluyó en el texto final de ese Tratado, puesto a la firma de los miembros de las 14.000 organizaciones no gubernamentales que participaron del ECO92, un texto haciendo una consideración que deben tener los animales como seres capaces de sentir dolor y la necesidad de incorporarlos como sujetos de derecho en las respectivas legislaciones nacionales.

MEXICO

En el país, los reglamentos administrativos y las leyes civiles enumeran a los animales como lo hacía el derecho romano en; fieros, mansos y amansados. También en salvajes, domésticos y amansados o domesticados. Los animales fieros o salvajes, los que nacen y se crían en libertad, son materia de regulación su captura y aprovechamiento por leyes administrativas, como las leyes de caza y pesca, leyes ecológicas de conservación y vedas, total y temporales, para su captura. Los animales salvajes que han sido amansados se sujetan en cuanto a su propiedad a las reglas que rigen a los animales mansos o domésticos y el Código Civil Federal los califica como bienes muebles por naturaleza. Los animales que forman pie de crías y las bestias de trabajo de los predios rústicos son inmuebles por destino.

Los preceptos del Código Sustantivo Civil que se relacionan son:

Artículo 750.- Son bienes inmuebles:

I. El suelo y las construcciones adheridas a él;

II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares;

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente;

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente, a la industria o explotación de la misma;

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario;

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto;

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa;

XII. Los derechos reales sobre inmuebles;

XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas.

Artículo 751.- Los bienes muebles, por su naturaleza, que se hayan considerado como inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrarán su calidad de muebles, cuando el mismo dueño los separe del edificio; salvo el caso de que en el valor de éste se haya computado el de aquéllos, para constituir algún derecho real a favor de un tercero.

Artículo 752.- Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley.

Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

Así el Código Civil Federal reglamenta la adquisición de los animales domésticos, estableciendo la presunción de propiedad del animal a favor del predio donde se encuentre, aunque carezca de marca.

Al respecto se citan los siguientes artículos el Código Civil Federal:

Artículo 854.- Los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades, se presumen que son del dueño de éstas mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan.

Artículo 861.- Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de éstos o quien lo represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla.

Artículo 874.- La apropiación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el Título de los bienes mostrencos.

Artículo 889.- Las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no al del padre, salvo convenio anterior en contrario.

Artículo 892.- Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido.

Artículo 1013.- Si el usufructo se constituye sobre ganados, el usufructuario está obligado a reemplazar con las crías, las cabezas que falten por cualquier causa.

Artículo 1015.- Si el rebaño perece en parte, y sin culpa del usufructuario, continúa el usufructo en la parte que queda.

Artículo 1054.- El que tiene derecho de uso sobre un ganado, puede aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia.

Artículo 1105.- El dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer.

Por accesión, es dueño de las crías el propietario de la madre. Los daños que causen los animales son imputables al dueño, salvo que haya sido excitado por un tercero.

Artículo 1929.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no probare alguna de estas circunstancias:

I. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;

II. Que el animal fue provocado;

III. Que hubo imprudencia por parte del ofendido;

IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 1930.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal.

En cualquier caso, los animales son cosas y, como tales, como hemos indicado, objeto de apropiación, lo que da el derecho al propietario de gozar y disponer de los mismos sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

Siguiendo con esta idea, si los animales son cosas para nuestro Código Civil, no serían susceptibles de ser titulares de derechos, aunque sí se pueden establecer obligaciones a los propietarios. Así se han ido estructurando nuestras leyes autonómicas de protección.

Como en el Estado de Jalisco ha sido arduo el trabajo, conjunto, entre los entes del gobierno, con las asociaciones civiles u organismos de defensa de los derechos de los animales, caso ejemplar ha sido la creación del Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales para el Municipio de Guadalajara, aprobado en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 22 de septiembre de 2011, promulgado el 06 de octubre de 2011 y publicado en la misma fecha, por el entonces Presidente Municipal Jorge Aristóteles Sandoval, ahora Gobernador Constitucional.

Los animales no son simples cosas objeto de nuestra propiedad, no es equiparable a una silla o un carro. Es un ente con capacidad de sentir en el ámbito físico y psíquico. De lo anterior se deduce que se centra únicamente a los animales domésticos o aquellos que sin serlo, son "controlables" por pertenecer a una persona determinada.

En otro orden, en octubre del 2013, el Diputado Federal Arturo Escobar y Vega, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de su facultad sometió a consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente Sinopsis: “Que el Congreso de la Unión tenga facultades para dictar lineamientos de observancia general en todo el país, relativas al trato a los animales, tanto de especies silvestres como de granja, domésticos y de otros usos, con el objeto de que exista una política uniforme en esta materia, facilitando que se fomente una nueva ética ambiental y así coadyuvar al mejor uso y aprovechamiento de la naturaleza, acorde con las necesidades del país”. Como sustento al proyecto se alude el contenido del artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que dispone:

ARTICULO 87 BIS 2.-El Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Normas Oficiales en la materia son:

•NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres;

•NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la movilización de animales;

•NOM-062-ZOO-1999. Sobre especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio;

•NOM-194-SSA1-2004. Establece las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio;

•NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la movilización de animales;

•NOM-148-SCFI-2008. Prácticas comerciales-comercialización de animales de compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y adiestramiento;

•NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos;

•NOM-054-ZOO-1996. Establecimientos de cuarentenas para animales y sus productos;

•NOM-008-ZOO-1994. Para la construcción y equipamiento de establecidos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos;

•NOM-009-ZOO-1994. Para el establecimiento de los procedimientos que deben cumplir los establecimientos destinados al sacrificio de animales; y

•NOM-011-SSA2-1993. Para la prevención y control

En efecto, dar protección legal a los animales, evitando que estas normativas se contemplen como un derecho aislado del resto del ordenamiento jurídico, el que en relación a los animales no humanos posee una distorsión y desorden principalmente en el diverso trato y protección jurídica, otorgando armonía y coherencia a nuestro ordenamiento jurídico, fortaleciendo también las atribuciones de este órgano, para legislar en la materia, como se expone en el proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aludido, cuyo objetivo esfacultar al Congreso en este tema, bajo la propuesta de reforma:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX F.

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico así como en materia de protección animal.

XXIX-H. a XXX.

Con la reforma anterior, en nuestra Constitución la protección animal se adicionaría a lo ya establecido y permitiría que el Congreso de la Unión, en forma concurrente, pueda emitir leyes más eficaces en la defensa y protección de los derechos de los animales.

La necesidad de proteger a los animales, en aras a la protección de los fundamentos naturales de la vida.

El desapartar a los animales del rango jurídico de cosas, facilitará que la protección animal sea salvaguarda del medio ambiente y puede tener implicaciones, por ejemplo, en las formas de sacrificio de los animales y en la experimentación.

A manera de ejemplo, existe el sacrificio de animales sin anestesia. Alemania de por sí ya cuenta con una estricta legislación para la protección de los animales, en la que se prohíbe infligir a estos seres cualquier dolor innecesario y en la que se regulan cuestiones como las condiciones bajo las cuales están permitidos los experimentos científicos con animales y la caza.

Considerar al animal como ser sintiente y no como cosa, convierte la protección de los animales en un equivalente a la salvaguarda del medio ambiente, consagrada en el artículo 4° Constitucional.

Debido a esta dimensión jurídica, tanto los tribunales como los organismos públicos tendrán en cuenta la protección de los animales en sus decisiones y sopesar su importancia.

La protección de los animales no humanos desde éste enfoque civilista, no implica admitirlo como un recurso natural puesto a disposición del ser humano, sino que su encuadramiento es independiente, teniendo presente al animal en sí mismo, como un ser vivo diferente del ser humano, al que se ampara como un ser con vida propia que se encuentra incapacitado para defenderse legalmente frente al hombre, por lo cual de éste último depende determinar o delimitar cada uno de los derechos del animal conforme su especie y asimismo establecer las obligaciones que el Hombre tiene a fin de hacer efectivos esos derechos del animal.

Por consiguiente al Estado le corresponde la responsabilidad de proteger los fundamentos naturales de la vida animal, reconociéndose como seres sintientes, por lo que deben recibir el trato y el respeto atendiendo a sus necesidades fisiológicas y etológicas, procurando su bienestar. En el entendido que la etología es la que parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales en su propio ambiente.

En razón de todo lo expuesto concluyo que existe la necesidad de modificar el artículo del 753 del Código Civil Federal con la incorporación del concepto, de que los animales no son cosas, y la necesidad de que toda especie animal no humano, deba ser reconocida como ser vivo, dotado de sensibilidad.

A continuación señalo en un cuadro comparativo como está actualmente el Artículo 753 del Código Civil Federal y que es lo que propongo:

 

 

VIGENTE

 

 

PROPUESTA

Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

 

Los animales no son cosas, es un ser vivo dotado de sensibilidad. Las disposiciones acerca de las Cosas se les aplicarán de forma subsidiaria siempre y cuando no esté establecido de otro modo y en lo que permita su naturaleza.

 

En mérito de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO753 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

 

ARTICULO UNICO. Se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

 

Artículo 753.- Son muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.

 

Los animales no son cosas, es un ser vivo dotado de sensibilidad. Las disposiciones acerca de las Cosas se les aplicarán de forma subsidiaria siempre y cuando no esté establecido de otro modo y en lo que permita su naturaleza.

 

ARTICULO TRANSITORIO

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el salón de sesiones, a 25 de marzo de 2014.

 

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martínez Espinoza.

 

-La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira, ¿para qué asunto?

 

-La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Para unirme a la iniciativa de la Senadora Verónica Martínez.

 

Nunca lo hago. Pero creo que ya es hora de que el tema de los animales esté en la mesa, como debe de tener la importancia sobre la protección a los animales.

 

Hay un gran tráfico sobre la esterilización y creo que este es un momento muy importante, que el Senado de la República pongamos especial atención.

 

Yo felicito a la proponente, y además le pido, si es posible, que pueda firmar junto con ella esta iniciativa.

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senadora Gastélum Bajo. Le consulto a la Senadora Verónica Martínez, si acepta la adhesión a su iniciativa.

 

-La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: Sí. Con mucho gusto.

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Jesús Casillas, para lo mismo. Pido a la Secretaría tome nota de los Senadores Ernesto Ruffo, Gerardo Flores y Carlos Romero Deschamps.

 

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas Romero.

 

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Antes que nada, felicitar a la autora de esta iniciativa.

 

La pregunta es; ¿por qué no se había hecho antes? ¿Cómo podemos entender, que en pleno siglo XXI se consideren a los animales como “cosas”?

 

El término en sí, considerarlos de esa manera, abre la puerta para tratarlos como tales. Y de ahí entonces, vemos como se abusa de los animales en cualquier área de la vida humana.

 

Estamos hablando que no solamente en circos; estamos hablando que en la propia dinámica en la ciudad, el maltrato de los animales se da en base a un principio que desde luego nunca debió de haber existido.

 

Por eso no solamente, antes de que me sume, quiero felicitar a mi compañera Verónica Martínez Espinoza por la iniciativa.

 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Casillas Romero.

 

Gracias, Senadora Verónica Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 20 Bis de la Ley de Planeación.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 2o. Y 20 BIS DE LA LEY DE PLANEACION

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

-El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El artículo 2o. de la Constitución Política determina la importancia de los pueblos y de las comunidades indígenas, al considerar que nuestra nación se sustenta en la composición pluricultural, a partir del origen de nuestros pueblos indígenas.

Resalta las características de estas comunidades, inclusive cuando señala que conservan sus propias instituciones sociales, sus instituciones económicas, culturales y políticas.

Sin embargo, compañeras y compañeros, actualmente las disposiciones legales son letra muerta, y los grupos y las comunidades indígenas aún sobreviven ante graves índices de marginación económica y política.

Es por ello que el grupo parlamentario del PRD, preocupado ante las condiciones de marginalidad en que viven estos pueblos, gracias a un gobierno federal indolente, es que está tratando solamente de aminorar la problemática, beneficiando a grupos focalizados, pero con trasfondo electoral, pues tiene la responsabilidad, nuestro grupo, de hacer frente, desde el ámbito legislativo, a las circunstancias que atraviesan las comunidades indígenas de nuestro país.

Quiero traer aquí al Pleno algunos datos. Por ejemplo aquel que plantea que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoce la existencia de 62 grupos etnolingüísticas en México; o aquella del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que contabilizó para el 2010 la presencia en territorio mexicano de alrededor de 15 millones de habitantes indígenas.

Asimismo, el Consejo Nacional de Población, que calcula que hay aproximadamente en el país 12 millones de personas de origen indígena.

Promediando estas cifras, compañeras y compañeros Senadores, lo que obtenemos es que las comunidades de referencia representan casi un 12 por ciento de la población nacional. Y habrá que recordar también, que la mayor concentración de estos pueblos indígenas se encuentra, precisamente, en la región sur-sureste del país.

Pues según datos del INEGI, para el 2010 los estados con mayor porcentaje de población indígena se concentran en Yucatán, con el 62.7 por ciento de la población; u Oaxaca, que tiene el 58 por ciento

Nosotros planteamos, por lo tanto, que una responsabilidad preponderante para el gobierno mexicano es la planeación particularmente en este contexto.

Pero debemos acotar, sin embargo, que no hay un principio en este momento que se relacione intrínsicamente con uno de los fines básicos de nuestra Constitución al que me he referido, el reconocimiento de los pueblos indígenas como un objetivo insoslayable en la elaboración de los planes y programas, objeto de la Ley de Planeación.

En dicha ley no se considera de manera integral la esencia del artículo 2o. constitucional, y solo se esboza una responsabilidad mínima del gobierno frente a estos grupos sociales.

Es más, en ninguna disposición legal, compañeras y compañeros, se menciona la manera en que se realizaría una consulta a los pueblos indígenas, así como la forma en que estos podrían participar en las decisiones del gobierno.

Es, por lo tanto, necesario que se obligue, desde mi punto de vista, por razón de ley, a que el gobierno establezca los mecanismos mediante los cuales se realizarían las consultas y las participaciones, además de asegurar que las opiniones vertidas por las comunidades fuesen observadas e integradas en la elaboración de los programas y planes de gobierno.

Lo anterior, vale la pena subrayarlo para enfatizarlo, en virtud de que los pueblos y las comunidades indígenas de nuestro país se determinan por sus peculiaridades, tanto desde el ámbito organizativo, como del ámbito normativo en los ámbitos de la vida comunitaria.

Así es que, compañeras y compañeros, la idea de su participación y de su posterior opinión en estos temas debe ser fundamental, desde mi punto de vista, y es estrictamente necesaria para instituir las acciones a implementar en la planeación del desarrollo de esta población de nuestro país.

Proponemos, por lo tanto, darle la puntualidad y la relevancia correspondiente a los grupos y comunidades indígenas en la Ley de Planeación, ya que es un mandato que no debe seguir en el abandono.

Es necesario, lo quiero decir con respeto, pero lo digo con firmeza, que se le otorguen las atribuciones esenciales que los sitúen a nuestros pobladores indígenas, en un plano de igualdad y de equidad con respecto a otros grupos sociales, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, señor Presidente, como usted lo decía en un principio, es que estamos proponiendo reformar los artículos 2o. y 20 Bis de la Ley de Planeación.

Muchas gracias a todas por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente.

Presento iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Como ustedes saben, esta ley entró en vigor en el 2007. México ha recibido muchas recomendaciones internacionales al respecto. Es verdad que la ley de acceso nos ha servido como un marco jurídico importante, al igual que la ley de igualdad.

Sin embargo, la ley de acceso ha tenido una serie de modificaciones importantes. El tema de los conceptos, de los tipos de violaciones, que a propósito de esta ley hay. Pero hoy quisiera abordar el tema de las órdenes de protección, que son las que tienen que ver con emergencia, la preventiva, la de naturaleza civil y la última reforma a los artículos 28 y 29 que se realizó el 15 de enero.

No quisiera abordar estadísticas que ya conocemos, simplemente decir que la problemática es importante en el tema de la violencia en contra de las mujeres. Las mujeres víctimas de violencia en el espacio familiar, no denuncian por miedo a las represalias de que puedan ser objeto; se ha observado en los juzgados de lo familiar que frecuentemente durante el desarrollo del juicio son amenazadas, intimidadas e inclusive se atenta contra su integridad física. Es una serie de problemáticas que muy repetidamente escuchamos en esta tribuna, pero que es importante revisar y mejorar este marco jurídico para actualizarlo al momento que vivimos.

El objetivo de esta iniciativa es potenciar los efectos reales de las órdenes de protección. De tal suerte que se expidan de manera automática, inmediata y permanente desde el momento en que el Ministerio Público o la autoridad competente tiene conocimiento de los hechos.

Asimismo, es indispensable que sus efectos subsistan hasta en tanto se tenga la certeza de que los factores de amenaza o vulnerabilidad a la mujer han sido eliminados.

Lo que estamos buscando es prevenir la revictimización institucional, si se capacita a los operadores del sistema judicial.

Por eso esta propuesta de órdenes de protección a los artículos 27 y 28, dice a la letra:

“Las órdenes de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza civil, serán permanentes y deberán expedirse de manera automática e inmediata al momento de conocer los hechos que las genera, y su término será mediante una resolución judicial que garantice que han desaparecido las causas de violencia que puedan afectar la integridad de la mujer”.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes:





 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 constitucional.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PARRAFO DE LA BASE VI DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Dictamen de primera lectura)



(Voto particular del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)







 

De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el Sistema Educativo Nacional.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 7o., 12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE USO Y REGULACION DE TECNOLOGIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.





 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA COOPERACION EN MATERIA DE PROTECCION, PRESERVACION, DEVOLUCION Y RESTITUCION DE BIENES CULTURALES Y PREVENCION DEL ROBO, EXCAVACION CLANDESTINA E IMPORTACION Y EXPORTACION ILICITAS DE BIENES CULTURALES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, CHINA, EL 6 DE ABRIL DE 2012

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA–PACIFICO; Y EDUCACION

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Educación, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce (en lo sucesivo el Convenio).

Las Comisiones dictaminadoras con fundamento en el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Convenio y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes Generales

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, mediante oficio No. SEL/300/316/12, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 28 de agosto de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio No. CP2R3A.-2723, turnó el citado Convenio a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo ordinaria, los senadores integrantes de ambas comisiones dictaminadoras, revisaron y analizaron el contenido del Convenio bajo estudio, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

II. Objetivo y Descripción del Instrumento

El Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, tiene por objetivo establecer las bases sobre las cuales las Partes cooperarán para proteger, conservar, devolver y restituir los bienes culturales que hayan sido materia de robo o importación y exportación ilícitas en sus territorios, así como para prevenir tales acciones y excavaciones clandestinas.

Dicho Convenio consta de 15 artículos y un anexo tal como se enlista a continuación:

Artículo I. Objetivo

Artículo II. Autoridades Centrales

Artículo III. Definiciones

Artículo IV. Intercambio de Información

Artículo V. Compromisos de las Partes

Artículo VI. Devolución de Bienes Culturales

Artículo VII. Medios Legales para la Devolución de Bienes Culturales

Artículo VIII. Solicitudes de Aseguramiento y Restitución de Bienes Culturales

Artículo IX. Gastos de Devolución de Bienes Culturales

Artículo X. Evaluación del Convenio

Artículo XI. Información que debe ser Presentada

Artículo XII. Facilidades

Artículo XIII. Solución de Controversias

Artículo XIV. Modificaciones

Artículo XV. Disposiciones Finales

ANEXO. Definición de Bienes Culturales

El Artículo I plantea que el presente Convenio establece las bases sobre la cuales las Partes cooperarán para proteger, conservar, devolver y restituir los bienes culturales que hayan sido materia de robo o importación y exportación ilícitas de sus territorio, así como para prevenir tales acciones y excavaciones clandestinas.

El Artículo II designa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte de los Estados Unidos Mexicanos; y a la Administración Estatal del Patrimonio Cultural, por parte de la República Popular China, como Autoridades Centrales para los fines que persigue el Convenio.

El Artículo III define aquello que se considera como bienes culturales.

El Artículo IV, precisa los temas sobre los cuales, las Partes intercambiarán información.

El Artículo V estipula puntualmente aquello a lo que están obligadas las Partes firmantes del Convenio. Entre dichas obligaciones destacan el favorecer el intercambio y la capacitación de personal para evitar el robo de bienes culturales; promover el intercambio de conocimientos sobre innovaciones tecnológicas en materia de seguridad; y tomar medidas para impedir que museos o instituciones similares adquieran bienes culturales propiedad de alguna de las Partes.

El Artículo VI señala el procedimiento a seguir para el caso de que se tenga conocimiento del ingreso de bienes culturales al territorio de una Parte, que provengan de la otra Parte, derivado del robo o importación y exportación ilícitas.

El Artículo VII dispone que la devolución de un bien cultural robado o importado y exportado de manera ilícita, deberá ser solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México o por la Administración Estatal del Patrimonio Cultural de China por escrito y a través de la vía diplomática.

El Artículo VIII establece que la Autoridad Central de la Parte Requirente de un bien cultural robado o importado y exportado ilícitamente, proporcionará a la Parte Requerida, las pruebas necesarias para establecer la procedencia de la reclamación de los bienes.

El Artículo IX indica que los gastos para la devolución de los bienes culturales serán sufragados por la Parte Requirente.

El Artículo X determina que se revisará al menos una vez cada dos años, la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, por la vía diplomática o mediante reuniones de evaluación.

El Artículo XI especifica que las Partes se obligan a informarse acerca de los robos de bienes culturales de los que tengan conocimiento; además, la Parte Requirente deberá presentar a la Parte Requerida, información que permita identificar los bienes culturales y, de ser posible, a quienes hayan participado en el robo, con el fin de facilitar su identificación y establecer el modo operativo empleado por los delincuentes.

El Artículo XII ordena que las Partes se otorgarán todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias durante el proceso de devolución, de los bienes culturales al país de origen.

El Artículo XIII puntualiza que las diferencias derivadas de la aplicación y la interpretación del Convenio serán resueltas por las partes de común acuerdo.

El Artículo XIV establece que el convenio puede ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y cuando ocurran cambios en la legislación nacional de las Partes.

El Artículo XV dispone que el Convenio entrará en vigor treinta día naturales después de que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos; que tendrá una vigencia de cinco años prorrogables automáticamente por periodos de igual duración, a menos que una Parte notifique por escrito su decisión de darlo por terminado; y que la conclusión del Convenio, no afectará la consumación de los procedimientos y solicitudes de devolución de bienes culturales.

El ANEXO contiene las definiciones puntuales de lo que se entiende por bienes culturales y cuáles se consideran como tales.

III. Método de trabajo, análisis, discusión y valoración del Acuerdo

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración delpresente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes proporcionaron información adicional sobre el Convenio y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

IV. Consideraciones de orden general

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…-XII…

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II…-IX…

Una vez analizado el instrumento internacional objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Convenio ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Convenio en análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Consideraciones de orden específico

Las comisiones dictaminadoras señalan que el robo, la importación y exportación ilegal y el tráfico de bienes culturales, constituyen una mutilación irreparable a la gran riqueza cultural que posee una nación y que, es una realidad en la que resulta mayor la pérdida cultural, que las ganancias monetarias obtenidas de su venta ilícita.

Asimismo, advierten que este delito ha proliferado grandemente en los últimos años a través de bandas de crimen internacional, y México, al poseer un vasto número de sitios arqueológicos, piezas de arte sacro, y documentos estimados como fuente histórica, es uno de los países más perjudicados por esta actividad delictiva en todo el mundo.

Coinciden en que el robo y el tráfico de arte u objetos de valor histórico invaluable, a menudo se le cataloga como una actividad delictiva de menor impacto social que otras actividades transfronterizas como el tráfico de drogas, armas, y seres humanos, a pesar de que organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señalan que existe una cantidad sustancial de saqueo alrededor del mundo y que las acciones para combatir este ilícito no han correspondido con la gravedad de la situación.

Las Comisiones Unidas destacan que la expoliación, robo y saqueo no sólo es una actividad muy lucrativa para la delincuencia organizada internacional, sino que devasta el contexto histórico de los objetos y la capacidad de reunir conocimientos sobre el pasado y construir un entendimiento de nuestra historia colectiva. Además, tiene un impacto inconmensurable en la identidad cultural de los países de origen.

Asimismo, destacan que por la complejidad de diferenciar un comercio lícito del ilícito de los bienes culturales, es necesario estrechar la cooperación con países, organizaciones e instituciones internacionales para logar una efectiva protección del patrimonio cultural de la Nación.

Las dictaminadoras manifiestan su respaldo para que el Estado mexicano instrumente acciones firmes a favor de identificar, proteger, conservar, recuperar y rehabilitar el patrimonio cultural propio, con el objetivo de dejar asegurada su existencia y preservación para las futuras generaciones.

Ambas comisiones legislativas, subrayan que el Convenio objeto de análisis del presente dictamen, coadyuva al Estado mexicano a desplegar una estrategia para salvaguardar su patrimonio cultural a través de tres ejes fundamentales: la prevención, la búsqueda de objetos robados y la recuperación de los mismos.

Los senadores integrantes de ambas comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Convenio, se corresponden con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: Convenio sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos; Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórica; Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales; y la convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Asimismo, coinciden en que el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, se suma a la red de tratados que México tiene celebrados con Belice, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Perú y Uruguay.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que, en la firma del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, el Ejecutivo Federal ha cumplido con las disposiciones constitucionales para el establecimiento de acuerdo con otros Estados y, con base en el análisis y estudio de la propuesta, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego con lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en la fracción I del Artículo 76 y 133 de nuestra Carta Magna, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Convenio que nos ocupa, no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA COOPERACION EN MATERIA DE PROTECCION, PRESERVACION, DEVOLUCION Y RESTITUCION DE BIENES CULTURALES Y PREVENCION DEL ROBO, EXCAVACION CLANDESTINA E IMPORTACION Y EXPORTACION ILICITAS DE BIENES CULTURALES, firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.

Sala de comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, D.F., a 25 de marzo de 2014.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO

COMISION DE EDUCACION”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su segunda lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes están porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos del artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

La riqueza cultural de México se ha destacado por ser un gran legado de las diferentes culturas. Culturas prehispánicas que poblaron el territorio nacional y que formaron parte de nuestra identidad como nación.

Nuestro país es y ha sido víctima de la desaparición y robo de cuantiosos bienes culturales, tales como piezas arqueológicas, arte sacro, documentos que tienen un gran significado para México, convirtiéndose en una problemática que aqueja duramente a nuestro país.

He solicitado el uso de la palabra, señores Senadores, para señalar la importancia del dictamen que hoy se presenta por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación.

El dictamen se refiere al convenio de cooperación en materia de protección, preservación, devolución, restitución de bienes culturales y prevención del robo, excavación clandestina e importación y exportación de bienes culturales, firmado entre los gobiernos de México y China.

Dicho documento tiene como objetivo establecer las bases para cooperar, proteger, conservar, devolver y restituir los bienes culturales que hayan sido materia de robo o importación o exportación ilícitas en ambos países, así como para prevenir dichas acciones.

El mercado negro de bienes culturales es un negocio que ha proliferado en todo el mundo, causando la problemática que los Estados tomen medidas necesarias para contrarrestar el efecto de estas mafias. México, compañeros Senadores, es uno de los países más perjudicados por el saqueo y robo de los bienes culturales debido a la vasta riqueza de piezas arqueológicas, arte sacro y documentos que tiene nuestro país, estimándose como fuentes de la historia de México.

Resulta importante destacar que la expropiación, robo, saqueo de tan gravosas y perjudiciales consecuencias, devastan el contexto histórico de los objetos, disminuyen la capacidad de reunir conocimientos sobre el pasado y no permiten construir un entendimiento profundo de nuestra historia colectiva, además de que tiene un impacto en la identidad cultural de los países de origen.

Por ello, el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de fortalecer el marco jurídico para evitar esta actividad ilícita tan nociva, además de estrechar la cooperación con países e instituciones internacionales con el fin de lograr una efectiva protección del patrimonio cultural de la nación.

De manera particular, las comisiones dictaminadoras destacamos que el robo, la importación y exportación ilegal y el tráfico de bienes culturales, constituyen una gran mutilación irreparable a la gran riqueza cultural que posee una nación y en una realidad en la que resulta la mayor pérdida cultural a través de mafias organizadas cuyas ganancias monetarias obtenidas por estas ventan ilícitas son muy importantes.

Señoras y señores Senadores, de otorgar su voto en pro del dictamen, el Estado mexicano estará en posibilidades de fortalecer su estrategia para salvaguardar el patrimonio cultural a través de tres grandes ejes fundamentales: la prevención, la búsqueda de objetos robados y la recuperación de los mismos.

Deseo agradecer a cada uno de los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, por la importancia de su participación en la comisión, a fin de aprobar este convenio, y por su compromiso de enriquecer con sus comentarios y observaciones el dictamen que hoy se somete a su consideración.

A la comisión codictaminadora, presidida por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, nuestro reconocimiento más amplio por su labor, dedicación y liderazgo en la Comisión de Educación.

Por su apoyo y por su voto a favor, señoras y señores Senadores, mi agradecimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Corzo.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quiero saludar al Senador Torres Corzo y felicitarlo por su gestión; y también comentar muy sucintamente que la Comisión de Educación fue codictaminadora, lo vimos con la máxima apertura y se aprobó por unanimidad. La prueba de unanimidad viene de una sola alma, una sola voluntad y estamos trabajando a favor de estas causas.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Hicks.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 88 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de Beijín, China, el 6 de abril de 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos que tenga lugar.

Esta Presidencia saluda a un grupo de jóvenes invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, participantes del concurso de fotografía “Lo mejor de Michoacán”, procedentes de diferentes municipios del estado de Michoacán. ¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al tercer dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El pasado mes de octubre presenté ante ustedes el punto de Acuerdo en el que se promoviera la constitución de una comisión especial para la evaluación del Plan Hídrico Integral del estado de Tabasco, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los procesos de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo, metas y acciones, así como el correcto manejo y aplicación de los recursos financieros destinados para la ejecución de dicho plan.

La Junta de Coordinación Política acordó que se integrara una subcomisión al interior de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El día de hoy podemos dar cuenta de la constitución de un grupo de trabajo plural al interior de la Comisión de Recursos Hidráulicos integrado por los Senadores Aarón Irízar López, quien sería el coordinador; Víctor Hermosillo, la Senadora Ninfa Salinas y el de la voz. Agradezco a mis compañeros legisladores el interés y su disposición para que llevemos a cabo esta importante labor.

Quiero recordarles que en el año 2006, 2007, para salir del agua, el estado de Tabasco, el cual se inundó el 80 por ciento, costó 9,000 millones de pesos.

Se han hecho varias propuestas de los planes hídricos de Tabasco, el PHIT famoso, el Plan Hídrico Integral, etc., sin embargo, dado que Tabasco es un estado fundamental para el desarrollo del país y que contamos con el 38 por ciento del agua dulce del país, las irresponsabilidades de los malos manejos en las presas, como lo vivimos en el pasado, la falta de infraestructura hidráulica en el estado de Tabasco hace que este recurso natural, como es el agua, que carece el norte del país y el centro, y que nosotros lo tenemos en abundancia, nada más sirva para que exista el pánico, terror en la época de lluvias en el estado de Tabasco, y obviamente le sumamos el cambio climático.

Por eso cada peso que se invierta en el Plan Hídrico Integral de Tabasco, que ha sido supervisado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, debe ser supervisado; por eso esta comisión, de darnos ustedes el voto a favor el día de hoy, ayudaría a darle un seguimiento con lupa a los gastos que se están haciendo en el estado de Tabasco y también en el estado de Guerrero, en este sentido.

Así que, estoy seguro de que vamos a contar con el apoyo de todos ustedes, y es básico para Tabasco y Guerrero, que los recursos se manejen transparente y que se combata la corrupción que tanto daño sigue haciendo a nuestro país, en todos los rubros.

Por su apoyo, muchas gracias, y agradezco a mis compañeros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, al Senador Víctor Hermosillo, básicamente, y al Senador Aarón Irízar, que no lo veo hoy aquí, que nos apoye.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mayans Canabal.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.





 

MINUTO DE SILENCIO

Senadoras y Senadores, como es del conocimiento de ustedes, en días pasados ocurrió el lamentable fallecimiento de la señora María de la Luz Solís Echeverría, madre de nuestro compañero Senador Manuel Camacho Solís. Respetuosamente solicito que puestos de pie guardemos un minuto de silencio en memoria de la señora Solís Echeverría. Gracias, Senadoras y Senadores.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Les pido su atención. Desgraciadamente el día de hoy hay temas que nos ocupan y son del mismo concepto. También como es de su conocimiento, el pasado fin de semana ocurrió el lamentable fallecimiento del señor Gustavo Garibay García, Presidente Municipal de Tanhuato, Michoacán, respetuosamente solicito que puestos de pie guardemos también un minuto de silencio.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

También les informo a ustedes que el día de hoy ocurrió el lamentable fallecimiento del señor Angel César Mendoza Arámburo, padre de nuestro compañero Senador Carlos Mendoza Davis.

El señor Mendoza Arámburo fue el primer gobernador electo del estado de Baja California Sur, respetuosamente también les pido que puestos de pie guardemos un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias, Senadoras y Senadores.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO COMO COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra al Senador Omar Fayad Meneses, para presentar el dictamen por la comisión.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

Vengo en nombre de la Comisión de Seguridad Pública de este Senado, a presentar a ustedes y a comentar el resultado del dictamen que la semana pasada fue sometido a consideración y a discusión de la comisión, respecto de la ratificación del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad, que recayó en el ciudadano Monte Alejandro Rubido García.

Hace poco más de un año nos encontramos en este mismo escenario para ratificar al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, en ese entonces, la persona del doctor Manuel Mondragón y Kalb, quien presentó su renuncia por motivos de índole estrictamente personal para incorporarse a tareas de diseño estratégico en materia de seguridad, y a quien desde esta tribuna reiteramos nuestro reconocimiento y respeto institucional y personal, y le deseamos el mejor de los éxitos en la nueva labor que le será encomendada.

Hoy, nuevamente nos reunimos para cumplir el mandato de ley y ratificar el nombramiento de quien ha sido propuesto para ser el nuevo Comisionado de Seguridad Pública, licenciado Monte Alejandro Rubido García, hombre de experiencia en labores de seguridad pública y quien ha sido nombrado por el titular del Ejecutivo Federal y propuesto para ratificarse por parte de este Senado de la República para hacerse cargo de tan alta responsabilidad.

El dictamen que presentamos, obedece a un análisis serio de los requisitos materiales y formales que se necesitan para ocupar el cargo, y la propuesta recae en la persona que ostenta el perfil idóneo para la encomienda de saber que tan alta distinción y responsabilidad se ha depositado en alguien que cuenta con la experiencia y los conocimientos en materia de seguridad pública, así como con vocación de servicio, dedicación y calidad moral para desempeñar tan delicado encargo.

Legalmente estamos cumplimiento lo estipulado en la reforma del 2 de enero de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que el artículo 27 señala de manera clara que para el despacho de los asuntos, competencia de la Secretaría de Gobernación, el titular de dicha Secretaría propondrá al Presidente de la República el Comisionado Nacional de Seguridad y que éste a su vez, deberá ser nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal de este cuerpo colegiado.

Por ello, la Comisión de Seguridad Pública, que me honro en presidir, en uso de sus facultades, facultades que están contempladas en el artículo 135, numeral 1, fracción I, determinó complementar el mandato de la Mesa Directiva del Senado, por lo que en reunión de la comisión se citó a comparecer a Monte Alejandro Rubido García, para que expusiera los méritos que considerara pertinentes para ocupar el cargo, dando la palabra libremente no sólo a las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, sino a cualquier legislador que quisiera cuestionar al compareciente sin límite de exposición.

Durante la reunión de la comisión, se observó tal y como se plasmó en el dictamen que hoy nos ocupa, que no existe impedimento alguno legal para que Monte Alejandro Rubido García pueda ocupar el cargo después de haber abordado el proceso de ratificación con toda la seriedad que merece y el respeto irrestricto a las disposiciones que marca nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro reglamento.

También es necesario hacer notar la voluntad del titular del Poder Ejecutivo al presentar ante esta Soberanía una muestra de profundo respeto y sana cooperación entre poderes.

El nombramiento de Monte Alejandro Rubido García, con la certeza de haber realizado una elección más allá de compromisos y posturas ideológicas para que el cargo y la difícil encomienda que conlleva sea ocupado por la persona que fuera a sacar adelante y con éxito las labores en materia de seguridad pública.

El Presidente de México, con el nombramiento en revisión, cumple con el fortalecimiento del control de los órdenes de gobierno y de las disposiciones importantes para garantizar la seguridad pública, por el conocimiento que sobre el tema muestra Monte Alejandro Rubido.

Analizada la postura legal de la función que desempeñamos y del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad, se revisó la formación académica, la experiencia profesional del propuesto para validar que sus métodos pudieran sustentar un dictamen positivo a la ratificación del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad.

De su formación académica, hay que mencionar que es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París, en Francia.

Durante gran parte de su vida profesional, incluso a la fecha, se ha desempeñado en cargos vinculados estrictamente al ámbito de la seguridad pública, tanto en el orden federal como estatal y nos hemos limitado como comisión las menciones únicamente a lo relacionado en sus cargos con este tema.

Monte Alejandro Rubido presenta un currículum en donde ha sido.

Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Federal.

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por dos ocasiones.

Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.

Secretario General del CISEN.

Ante todo esto, en la Comisión de Seguridad Pública, de manera consensuada, por unanimidad, decidimos darle el voto de confianza y presentar este dictamen donde se solicita a este Senado la ratificación al cargo de Comisionado Nacional de Seguridad del licenciado Monte Alejandro Rubido García. Y por eso hemos dictaminado positivamente sobre este nombramiento, con la seguridad y certeza de que es la persona idónea para ocupar tan alto encargo y con la confianza de que entregará buenas cuentas a la sociedad, que tanto demanda se siga combatiendo con eficacia a la delincuencia hasta acabar con la inseguridad.

Ante la certeza de que estamos ratificando a la persona idónea, solicito a esta Soberanía avale el dictamen y las consideraciones de la Comisión de Seguridad Pública, para que Monte Alejandro Rubido García hoy sea ratificado, fuera de rendir protesta a esta Soberanía, para poder empezar de inmediato con este importante encargo.

Deseo finalmente felicitar a cada uno de los miembros de la Comisión de Seguridad Pública pertenecientes a cada uno de los grupos parlamentarios representados en el Senado.

Agradecerle a los miembros de mi comisión su profesionalismo, su serenidad, su dedicación y voluntad, en virtud de que se han caracterizado los trabajos de la misma el abonar, aportar con argumentos sólidos la postura de cada grupo.

Hoy se ha argumentado la postura que nos lleva a tomar esta decisión, pero también deseo felicitar su buena voluntad para realizar un trabajo delicado de manera continua, sobre todo saber que sus posturas ideológicas siempre se han mostrado en la Comisión de Seguridad Pública, más que para politizar cualquier asunto, para defender lo que más beneficia e interesa a México y a los mexicanos.

Gracias, amigas y amigos, compañeros de la Comisión de Seguridad Pública de todos los partidos.

Gracias anticipadas al Pleno de este Senado si hoy nos obsequia ratificando lo que ha sido aprobado en comisión con su voto, para que hoy mismo pueda rendir protesta Monte Alejandro Rubido García al cargo que le confiere el Presidente Peña Nieto, a través del Secretario de Gobernación, como Comisionado Nacional de Seguridad.

Por mi parte es todo, muchas gracias, compañeras y compañeros.

Es cuanto, señor Presidente

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

El grupo que representa nuestra fracción apoya, desde luego, esta decisión en torno de este nombramiento, y voy a explicar por qué.

Hace algunos años, el sistema contaba con lo que se llamó Dirección Federal de Seguridad, un cuerpo que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, con una base de militares, de jóvenes salidos del Colegio Militar, y se desarrolló durante muchos años, llegando a establecerse una organización inconstitucional ajena al propio control del Estado, una policía política contraria a las normas; una organización armada, con aquellas charolas, recordarán ustedes que les daban toda una posición de impunidad.

Al irse desarrollando por encima de la ley, llegó a constituir un peligro para el país. Se involucró con el crimen organizado, con el narcotráfico, con toda una serie de actividades delictivas, y me tocó a mí esa etapa, y tomamos la decisión con el Presidente de la República de desaparecer a ese cuerpo, o sea, a la Dirección Federal de Seguridad, y pasar a un verdadero sistema de seguridad nacional, basado fundamentalmente en la inteligencia; es decir, de un organismo paramilitar armado, impune, atropellando todos los sistemas de control policiaco, a un mecanismo que requiere el país basado en la inteligencia civil, no militar, que consiste en el conocimiento de la situación de México, de sus intereses, y que no requiere, ni requería policías, ni desde luego este tipo de organismos basados en estar por encima de las leyes y de las garantías humanas y de los derechos individuales. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos un servicio de inteligencia que esté atento a los temas de seguridad nacional. Miren ustedes; un policía honesto es una necesidad social, pero necesitamos economistas, necesitamos sociólogos, necesitamos gente que estén atentos todos los días a las necesidades de alimentación, por ejemplo, del país, a visiones de geopolítica, estratégicas, todos los días, a defender los intereses nacionales con la inteligencia civil a la que me refiero.

Al dar este paso, que fue muy importante ya hace algunos años, se seleccionaron a jóvenes que pudieran tener la vocación del servicio.

Y segundo. La capacidad intelectual y la preparación para dar este servicio de seguridad nacional a México. Y en esa promoción de los primeros jóvenes capacitados, inteligentes y decididos a servir a México en esa función no policiaca, en una función de inteligencia, en una función de defensa intelectual de la seguridad nacional, ahí estuvo el licenciado doctor Rubido, y desde entonces ha cumplido la función que se le encomendó con una gran calidad, funciones difíciles en momentos difíciles, pero lo ha cumplido bien, y pensamos que ese es el camino, eso es lo que México necesita; inteligencia, conocimiento de la sociedad mexicana, defensa de las garantías individuales, de los derechos universales que debemos proteger; y consideramos que este nombramiento es, por tanto, adecuado y votaremos por Rubido para esta importante función en beneficio de la nación mexicana.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román, hasta por 2 minutos.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Sí, nada más para expresar que daré mi voto a favor, primero, tuve algunas reservas porque formo parte de un equipo al que hice muchas críticas, como fue el de Genaro García.

Ya me queda claro que es una persona que tiene su propia historia, y gentes a quienes respeto, como al licenciado Bartlett, al comandante Valle, quienes han trabajado con él, me dan las mejores referencias de su inteligencia, de su experiencia, de su responsabilidad.

Por eso le deseo éxito en esta nueva tarea, y daré mi voto a favor.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Sansores San Román.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero Morales.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido, la bancada del Partido Verde, por supuesto que celebra y votará de manera afirmativa la ratificación de un servidor público que es honesto, que es capaz y que es probado, así lo demostró durante varios años, así nos lo demostró a quienes fuimos Diputados la legislatura pasada, siempre compareció, siempre acudió a la Cámara de Diputados a escucharnos, a atender nuestras preocupaciones, a dialogar, a explicarnos cómo iban, por qué iban, siempre había una respuesta, una llamada de un Diputado federal al intercambio de ideas de la crítica en algunos momentos.

Reconocemos al señor Monte Alejandro Rubido como una persona seria, honesta, capaz y un servidor público de carrera.

¡Enhorabuena!

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Escudero Morales.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para fijar posicionamiento del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

La renuncia del doctor Manuel Mondragón y Kalb, como Comisionado Nacional de Seguridad, y la propuesta del nombramiento de Monte Alejandro Rubido, han puesto en los últimos días en el centro de la discusión las políticas y los resultados obtenidos en esta materia, la de seguridad pública, por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este cambio, sin lugar a dudas, reviste en sí mismo gran importancia, ya que a diferencia del perfil en la formación policial del doctor Manuel Mondragón y Kalb, la propuesta del nuevo comisionado se caracteriza por su formación profesional en el ámbito de las tareas de inteligencia y seguridad nacional a lo largo de más de tres décadas, no en balde se ha desempeñado en distintas funciones en el centro de inteligencia y seguridad nacional, así como en otras áreas vinculadas con el tema, tanto en el ámbito federal como en los gobiernos locales.

Este cambio en sí mismo debería traducirse en un cambio radical en las políticas hasta ahora implementadas.

Sin embargo, no basta cambiar a los responsables o a los titulares de las dependencias, ya que si bien es importante el perfil y la experiencia profesional del titular del área encargada de combatir al crimen organizado, hay otros factores determinantes para obtener buenos resultados, y en particular dos: el diseño institucional para enfrentar la inseguridad y la definición de la estrategia contra el crimen.

Lamentablemente la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al inicio de esta administración, concentró en la Secretaría de Gobernación las funciones de política interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional, sumando a la dependencia a la Policía Federal Preventiva.

Ya el Senador Manuel Bartlett se refería a los tiempos de la existencia de la Dirección Federal de Seguridad, que no era, sino una policía política que retomaba las peores experiencias de la policía secreta, en las prácticas de represión a la disidencia.

Pero ahora con la Policía Federal Preventiva, por primera vez en la historia de este país, la dependencia encargada de llevar adelante las tareas de política interior y gobernanza, cuenta con una fuerza armada.

Esto ha llevado a incurrir en diversas contradicciones en el desempeño de la Secretaría de Gobernación, por lo disímbolo de las facultades que se le han asignado, las que corresponden a la política interior y las que corresponden a la seguridad pública, a la inteligencia y hacia la seguridad nacional.

Y esas contradicciones se han manifestado tanto en las líneas de mando, como en la definición de las acciones.

Ejemplo de ello, son los problemas para integrar la gendarmería nacional, que en un principio se nos señaló, que iba a ser un cuerpo especial de las fuerzas armadas comisionado a la Secretaría de Gobernación, y que ahora se cambia, y espero que así sea, por un órgano civil y como una séptima división de la Policía Federal Preventiva, sin la participación de militares.

Aunque también hay que tener claridad en la contradicciones que la propia dependencia ha incurrido en las decisiones políticas y policiacas adoptadas en Michoacán que un día desconoce a los grupos de autodefensa; otro día propone integrarlos a las guardias rurales; y al día siguiente, detiene a quienes había reconocido como interlocutores de las comunidades michoacanas.

Y esa contradicción, entre la política y la policía, se ha dejado ver, lamentablemente, con el asesinato reciente del presidente municipal de Tanhuato, donde privilegiando la presencia de fuerzas policiacas para enfrentar el crimen, se justificó el retiro de la escolta, a él y a otros presidentes municipales que están amenazados por la delincuencia organizada y ha propiciado, lamentablemente, su asesinato, derivado de una irresponsable decisión de quien está hoy al cargo de las tareas policiacas y de gobierno en Michoacán.

Pero también por otro lado, la estrategia contra el crimen no ha tenido los resultados esperados. Al inicio de este gobierno se señaló que la estrategia iba a diferenciar el tipo de delito, la región y el modus operandi de las bandas delictivas, y que se realizarían acciones preventivas y transversales, atendiendo la desigualdad social y la recuperación en los espacios públicos en las zonas de mayor incidencia delictiva, lo que hasta la fecha no ha sucedido.

Por ello, y como lo podemos constatar, tanto en la información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad, como por organizaciones civiles, como el Observatorio Nacional Ciudadano, los índices delictivos del último año no han acreditado cambios sustantivos. Y si bien se han dado golpes efectivos con la detención o abatimiento de algunos capos del narcotráfico, se han incrementado delitos de alto impacto social como el secuestro y la extorsión, y se ha extendido la violencia a otras regiones del país, especialmente en la región oriente del Estado de México.

Por dar solamente algunos datos, en 2012, a nivel nacional se registraron 1,400 secuestros, mientras que en 2013 la cifra aumentó a 1,702. Y solamente en enero de este año, se presentaron ya 132 secuestros, es decir, un secuestro cada cinco horas.

De la misma manera, la extorsión pasó de 7,272 denuncias en 2012, a 8,042 en 2013. Y de nueva cuenta un repunte en enero de 2014, donde se han acreditado ya 650 denuncias de extorsión, es decir, 21 denuncias al día.

Y por otro lado, los homicidios dolosos que habían venido disminuyendo entre 2012 y 2013, repuntaron en enero de este año, registrando solamente en enero 1,366 homicidios dolosos en el país.

Estamos conscientes de que el doctor Rubido cumple con los requisitos de ley, que tiene la formación profesional, y señalamos que hemos de votar a favor, porque nosotros no vamos a obstaculizar ninguna de las acciones que pudieran ayudar a enfrentar los problemas de inseguridad y violencia en el país.

Pero sí queremos señalar, y queremos advertir, que el cambio de comisionado debería permitir hacer un alto en el camino y replantear el diseño institucional. Mezclar política y policía nunca ha sido una buena fórmula; ya que por lo general, la visión policial se impone sobre la visión política, como lo hemos confirmado con el asesinato del presidente municipal asesinado en Tanhuato, Michoacán.

Pero también queremos advertir, que debe evitarse caer en la tentación de convertir la experiencia en materia de inteligencia del nuevo comisionado, en espionaje político. La inteligencia debe ser para combatir al crimen, no debe ser un instrumento de ajuste de cuentas políticas con la disidencia en este país, y esperemos que no se fracture la frágil frontera entre la inteligencia y el espionaje, entre la política y la policía, para lo cual, en el Senado cumpliremos con nuestro deber de fiscalizar puntualmente las acciones del nuevo comisionado, independientemente de que el gobierno mantenga a cautela la facultad fiscalizadora de este Senado.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor Presidente. Señoras Senadoras y Senadores:

El grupo parlamentario de Acción Nacional, a través de mi conducto, viene a esta tribuna a fijar su posición y también el sentido de su voto en este dictamen.

Por supuesto que respaldamos el trabajo minucioso, responsable que han realizado nuestros compañeros en la comisión dictaminadora, en el proceso de ratificación del Comisionado Nacional de Seguridad.

Por supuesto que coincidimos en que cumple con los requisitos legalmente establecidos para ejercer el cargo.

Por supuesto que coincidimos con el hecho, en que su experiencia profesional no solamente ha acreditado conocimiento de la materia, sino también lealtad a la República.

Por supuesto que también reconocimos los aportes que ha realizado a administraciones anteriores que ha tocado dirigir y conducir al Partido Acción Nacional.

Sin embargo, un hecho profundamente lamentable, superveniente, nos obliga a demandar del gobierno, que se asuman responsabilidades y también que se tomen decisiones.

Cuando un alcalde ha sido cobardemente asesinado, y cuando ese asesinato pudo haberse evitado, no podemos venir aquí, simplemente, a dar un voto de confianza, sin exigir responsabilidades y, sobre todo, sin exigir que se tomen decisiones conducentes.

Desde febrero de 2012 los alcaldes michoacanos de todas las extracciones partidarias tuvieron el respaldo de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad federales. Sí, para proteger su integridad personal.

El primero de ellos fue el alcalde de La Piedad, un alcalde amenazado por el crimen organizado que solicitó al gobierno federal apoyo de las Fuerzas Federales y le fue concedido.

En octubre de 2012, dos atentados dirigidos a alcaldes michoacanos fueron motivo de la ampliación de los sistemas de cobertura y protección de esos alcaldes. El primero en Vista Hermosa, cuando se ejecutó al director de seguridad pública; y el segundo, en Tanhuato, dirigido a nuestro alcalde Gustavo Garibay, el cual fue agredido y quedó herido, además su secretario del ayuntamiento fue brutalmente asesinado.

A cada uno de los alcaldes se le asignó una escolta de la Policía Federal. Posteriormente, sin mediar ningún tipo de información, sin mediar ningún tipo de aviso previo, se les fue retiradas esas escoltas a distintos alcaldes michoacanos. Específicamente en 2013 esas escoltas fueron retiradas.

Pero nuestros alcaldes, el alcalde Gustavo Garibay, no se quedó callado, no perdió oportunidad en reuniones con el gobernador del estado y con autoridades federales para decir las razones por las cuales sentía temor y sentía la amenaza del crimen organizado. Reuniones que se celebraron en Michoacán frente a la presencia del gobernador constitucional y frente a la presencia del gobernador interino, frente a autoridades federales, hasta el mes de agosto de 2013.

Y debe quedar en la conciencia y en la memoria de este Parlamento lo que un presidente de Acción Nacional, en el estado de Michoacán, dirigió como misiva, como ruego, quizá hasta con tono de súplica, al comisionado estatal de la Policía Federal de Michoacán. Leo solo el párrafo más angustiante.

“En ese tenor y ante el temor fundado de la ejecución de un nuevo ataque armado en contra del munícipe que pudiera quebrantar su integridad física, solicito se lleven a cabo las diligencias necesarias a fin de que le sea restituida la seguridad personal a cargo de los elementos de la Policía Federal”.

Ese oficio jamás fue respondido.

La escolta de la Policía Federal jamás llegó, y hoy el alcalde Gustavo Garibay, desafortunadamente, está muerto.

Esta es la razón por la que el grupo parlamentario tomó la determinación de solicitar la comparecencia del Secretario de Gobernación y del Comisionado Federal para Michoacán. Esa solicitud fue puntualmente transmitida al partido en el gobierno. Es el momento en el cual no hemos tenido respuesta.

Y no queríamos la comparecencia de esos funcionarios para hacer escarnio público ni para politizar el hecho. Queríamos la comparecencia de estos funcionarios para preguntarles por qué y quién determinó el retiro de las escoltas de la Policía Federal a munícipes alcaldes amenazados directamente por el crimen organizado.

Le queríamos preguntar a esas autoridades federales, qué falló en los sistemas de evaluación de riesgos de las autoridades políticas en el estado de Michoacán, sobre todo en una entidad federativa de que hay que recordar, está bajo la intervención federal directa a través de una figura creada exprofeso para esa intervención.

Queríamos preguntarle al Secretario de Gobernación y al Comisionado para Michoacán, qué se va a hacer para evitar que esto no vuelva a ocurrir.

Porque desafortunadamente, compañeras y compañeros, el homicidio de Gustavo Garibay pudo haberse evitado.

Y una sociedad democrática y sus autoridades solamente pueden aprender si asumen con total responsabilidad las circunstancias puntuales de los casos y toman decisiones.

Por eso queríamos que viniera el Secretario de Gobernación y el Comisionado para Michoacán.

Nos dijeron que esa comparecencia no era posible, porque, imaginen ustedes, si frente a cada caso tendríamos que llamar a las autoridades federales; imagínense que si frente a cada circunstancia o incidente se genere una comparecencia de altos mandos políticos del gobierno federal. Esa fue la desafortunada respuesta que recibimos.

Esa es la razón por la cual el grupo parlamentario de Acción Nacional no reflejará en ese tablero el sentido de voto alguno. No participaremos en la votación, porque no podemos otorgar un voto de confianza.

No podemos otorgar un voto de confianza cuando hubo gestiones realizadas directamente por Acción Nacional y las autoridades políticas para pedir un derecho básico de una autoridad amenazada, que exista una autoridad mayor que subsidiariamente la proteja.

Y esa es la razón por la cual nuestros votos no aparecerán en ese tablero. Le deseamos mucha suerte al Comisionado Nacional de Seguridad.

Le deseamos que nunca más se le traspapele un oficio.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth.

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Omar Fayad, ¿para qué efecto?

- El C. Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Para efecto de rectificar hechos.

Hemos escuchado con atención los posicionamientos que se han vertido y particularmente en el último nos llamaba la atención algunos datos y quisimos rectificar algunos hechos como grupo parlamentario.

Primero decirles a nuestros compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional, que por supuesto que nos solidarizamos con el tema tan delicado del asesinato a un alcalde en esa entidad federativa, y que estaremos con ellos como con todos los mexicanos para exigir las investigaciones necesarias y que se llegue al fondo de este asunto que es tan delicado.

Que escuchamos también con atención ese señalamiento que se hace de que se le retiró sin decir más ni más el apoyo de seguridad a un alcalde en el que por versiones de distintos tipos la información que nosotros tuvimos varía en el sentido, de que en el momento del cambio de estrategia los elementos federales que cubrían alcaldes pasaran a cubrir la región completa y a los alcaldes se les había ofrecido elementos de seguridad estatal para que resguardara su seguridad y algunos de los alcaldes rechazaron por la razón válida que pueda ser, rechazaron este importante apoyo que les brindaba la nueva estrategia, el propio gobierno del estado.

Y, bueno, lamentablemente los resultados los conocemos y de verdad hemos guardado aquí un minuto de silencio, junto con todos ustedes, porque la muerte de cualquier alcalde, de cualquier persona, pero particularmente de gente representativa de estos grupos parlamentarios, contará siempre con nuestra comprensión, con nuestra solidaridad, con nuestro apoyo y con una lucha incansable para llegar al fondo de los asuntos.

Quisiera pedirle a los compañeros de Acción Nacional, ojalá que no sea este asunto motivo suficiente para que no pudieran obsequiarnos el voto favorable en un dictamen que desgraciadamente se dio en los mismos tiempos que se da este lamentabilísimo incidente, pero que como ellos mismos lo han señalado, nada tiene que ver con el dictamen en cuestión.

Decirles además que la práctica cotidiana de este órgano colegiado en ninguno de los casos ha sido solicitada la presencia del Secretario de Gobernación por la muerte de un alcalde.

Tan sólo en la pasada administración, en los últimos años murieron 30 o fueron asesinados 30 alcaldes y en ningún caso se solicitó la presencia del Secretario de Gobernación.

Aquí tengo la lista de los alcaldes asesinados en Michoacán y ante ninguno se pidió la presencia al Secretario de Gobernación.

Me jacto de conocer al Secretario de Gobernación y sé que con la vocación democrática que le caracteriza, y sé que con el conocimiento y la preocupación del tema, ningún problema tendrá en poder explicar muchas de las situaciones que se dan sobre el particular del alcalde, sobre Michoacán y sobre México en general.

Sin embargo, apelo a la práctica del Senado, que solicitar la presencia del Secretario de Gobernación en un asunto que hoy ya es eminentemente motivo de la procuración y administración de justicia, no sería la práctica que todos los aquí presentes hemos seguido en los últimos años.

Yo los invito a reflexionar sobre esto, hay que hacer las reuniones a través de la Comisión de Seguridad Pública o si así lo solicita con el Pleno, de manera distinta el Senado para esclarecer hechos, sin duda, pero creo que caeríamos en una práctica que no ha sido la constante por un asesinato, en el caso particular de un alcalde, que es lamentable, como lo es lamentable los miles de mexicanos que han muerto en este país, tuviéramos que citar para cada uno de ellos al Secretario de Gobernación.

Sólo quisiera aclarar estos hechos, invitarlos a que en esta tesitura sigamos el diálogo constructivo que hemos tenido hasta hoy, sigamos construyendo puntos. Ojalá que lo obsequien el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública en el que el propio Partido de Acción Nacional ha dictaminado y, como se ha dicho aquí favorablemente, votemos todos este asunto y vayamos juntos a construir el esquema de aclaración de todos los temas que preocupen en materia de la seguridad en este país.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Fayad Meneses.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Compañeras y compañeros Senadores:

De la enorme responsabilidad que del cargo que hoy habremos de probablemente ratificar en este Pleno, de esta responsabilidad que implica tener a su cargo tanto Policía Federal, el Servicio de Protección Federal, el propio Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y de Readaptación Social, que dependen del área del comisionado, así como las tareas importantísimas de algunas unidades que de esta área también dependen y que habrá que darle seguimiento, de manera particular la Unidad para el Desarrollo Integral Institucional, la Unidad de Información para la Seguridad Pública, Servicios y Formación Policial, Planeación, Prospectiva, Seguridad Privada, la inspección general de todas estas unidades, el seguimiento de su planeación, la evaluación constante y el control son muy importantes para la seguridad nacional y para la seguridad ciudadana.

Es por eso que en este momento, que no estamos hablando de ningún improvisado, mi voto es a favor del dictamen, primero porque sabemos que a diferencia de antaño cuando desde esta dependencia se privilegiaban los montajes escenográficos hasta el extremo del aberrante acto de patrocinar una telenovela prácticamente con dineros públicos, pasando por la recreación del caso que marcó indeleblemente la relación con Francia y que fue motivo de uno de los mayores bochornos políticos del sexenio anterior, Monte Alejandro Rubido tiene la experiencia y la capacidad para desarrollar profesionalmente este encargo.

Hoy colaborar con eficiencia institucional en la lucha del delito de secuestro, uno de los flagelos que azotan a varias regiones del país, es uno de sus mayores retos. La institución cuenta con los recursos materiales y humanos para dar una respuesta acorde a la grave problemática que se vive, y eso lo sabemos de viva voz porque así lo expresó en la Comisión de Seguridad Pública. Ojalá no se vuelva a entorpecer por la competencia insana entre burócratas federales. Esperamos que tampoco en los estados haya intervención en las tareas tan fundamentales de esta dependencia, intervenciones que pudieran afectar la labor de cada una de las áreas, instituciones ajenas al dolor de las familias, al dolor de las víctimas, como ocurre hoy en algunos de los temas de desaparecidos, de levantados y de asesinados.

Con su experiencia en derechos humanos esperamos tenga un enfoque que elimine la tentación de criminalizar la protesta social. Para la izquierda este es un tema muy importante. Como hoy en leyes absurdas se plantea desde Quintana Roo, por ejemplo.

Esa misma visión podría servir para desechar, si la hubo, la tentación de promover grupos oficiales encubiertos para dividir a las organizaciones sociales y que tienen una larga lucha a favor de la seguridad comunitaria, y podríamos citar el caso de Guerrero o el caso de Chiapas.

Esperamos que a Monte Alejandro Rubido se le permita establecer un equipo de trabajo de absoluta confianza por el que él pueda efectivamente responder, porque sería lamentable que una labor tan importante se vea con complicaciones por no contar con la gente capaz y, obviamente, de confianza.

Urge una depuración inmediata en esta área. No le estamos dando un cheque en blanco, sólo le brindamos una confianza que esperemos no defraude, que no defraude a esta Soberanía, que no defraude a la ciudadanía que requiere de cuerpos de seguridad eficientes, eficaces, de alta integridad ante la delincuencia organizada.

Es de especial atención el caso de Michoacán, donde hoy tenemos una intervención total del gobierno federal. Pedimos que de manera especial se atienda el caso de Michoacán con total apego y respeto a los derechos humanos, como ya se comprometió en la Comisión de Seguridad Pública a trabajar.

Exigimos acciones con inteligencia e investigación, aunque hoy, como hace un año, ya lo mencioné, y lo dije en su momento, si tuviese que elegir otro lugar para nacer, para crecer y para vivir, volvería a elegir Michoacán. Ya hemos mencionado y hemos escuchado mencionar los últimos acontecimientos.

Hace poco más de un año mencionaba yo que los políticos y las políticas de nuestro país, y en especial en Michoacán, nos dedicamos a una profesión de alta peligrosidad. Este es un gran reto para el nuevo comisionado; exigimos que efectivamente se cumpla con las expectativas, expectativas a las que él ya se ha comprometido.

Este voto de confianza que damos a favor del dictamen tendrá puntual seguimiento en los trabajos que habrán de realizarse.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mendoza Mendoza. En virtud de que no hay más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del dictamen.

Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de la Escuela UNIVER MILENIUM, invitados a este recinto por la Senadora María Elena Barrera Tapia. ¡Sean ustedes bienvenidos!

También saludamos a los jóvenes integrantes de la Orquesta Infantil-Juvenil “J. S. Bach”, invitados por la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, procedente del municipio de Paracho, Michoacán. ¡Sean bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema se emitieron 71 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad. Comuníquese.

En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Monte Alejandro Rubido García, por lo que solicito a los Senadores Omar Fayad Meneses, Fernando Yunes Márquez, Manuel Camacho Solís, David Monreal Avila y Fidel Demédicis Hidalgo, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta, por favor.

(La comisión atiende)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Favor de ponerse de pie.

(Todos de pie)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Ciudadano Monte Alejandro Rubido García: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de Comisionado Nacional de Seguridad, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

- El C. Monte Alejandro Rubido García: ¡Sí, protesto!

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sí así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

¡Felicidades, señor Comisionado!

(Aplausos)

A nombre del Senado de la República se le desea éxito en su encargo.

Solicito a la comisión designada acompañe al señor Rubido García cuando desee retirarse del salón.

(La comisión atiende)

Solicito a la Secretaría informe sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de las proposiciones que se turnan a comisiones.





 

PROPUESTAS

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la tuberculosis, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE INCREMENTEN LAS ACCIONES PARA LA DETECCION TEMPRANA, PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL SEGUIMIENTO PARA QUE LOS PACIENTES NO ABANDONEN EL TRATAMIENTO.

"La suscrita,Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE INCREMENTEN LAS ACCIONES PARA LA DETECCION TEMPRANA, PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL SEGUIMIENTO PARA QUE LOS PACIENTES NO ABANDONEN EL TRATAMIENTO.

CONSIDERACIONES

El día de ayer 24 de marzo, fue el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que había disminuido su incidencia y que a partir de las dos últimas décadas resurgió. La Organización Mundial de la Salud indica que una tercera parte de la población mundial padece tuberculosis latente o sea están infectados pero aún no presentan síntomas.

Cuando la enfermedad se presenta los síntomas de la tuberculosis pulmonar que es la más frecuente son tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, decaimiento, entre otros, estos pueden ser leves por mucho tiempo o sea muchos meses, lo que retarda la búsqueda de atención médica y en este inter son sujetos altamente contagiosos.

La tuberculosis ha sido identificada por OMS como un problema de emergencia global siendo la segunda causa de muerte generada por un solo agente patógeno.

En México está enfermedad sigue siendo un problema importante de salud pública a pesar de los alcances de la vacunación. Asimismo, sigue habiendo un importante subregistro lo que no permite tener el aumento de contagios exacto, solo detectándose en los datos de mortalidad pues mientras en el año 2002 el porcentaje por fallecimiento de tuberculosis fue de un 65.5% de enfermos para el año 2011 aumentó a 70%.

Para el tratamiento de esta enfermedad se han usado por décadas los mismos medicamentos, por lo que la resistencia a estos ha aumentado y cuando se administran no responde el organismo lo que provocan se evite su curación y acelere el padecimiento hasta la muerte.

Otro problema con el que nos encontramos es que la administración de medicamentos adecuados son tomas de varios antibióticos y en cuanto provocan una mejoría latente anima a los pacientes abandonar el tratamiento, siendo las recaídas más graves y con resistencia a los fármacos.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen las acciones para la detección temprana, prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los pacientes no abandonen el tratamiento

Sen. María Cristina Díaz Salazar".





 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, con punto de Acuerdo que exhorta a actualizar el Decreto por el que se crea el CONACULTA, y el Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, que se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE ACTUALICEEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, COMO ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA QUE EJERCERA LAS ATRIBUCIONES DE PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA Y LAS ARTES, Y EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION NACIONAL PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL; CON LA FINALIDAD DE QUE SE RECONOZCA E INCLUYA COMO PATRIMONIO NACIONAL, AL MERITO DE TODOS AQUELLOS MEXICANOS Y MEXICANAS ILUSTRES, QUE SE HAYAN DESTACADO POR SUS APORTACIONES A LA CULTURA, LAS ARTES Y LAS CIENCIAS.

"El suscrito, RENE JUAREZ CISNEROS, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, poetas, científicos e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.1

El patrimonio cultural material e inmaterial son las dos caras de la misma moneda: ambos llevan el significado y la memoria de la humanidad.

Sin embargo, mientras que el patrimonio material puede estar destinado a sobrevivir a las personas que lo construyeron, el patrimonio cultural inmaterial está mucho más ligado a sus creadores y depende, en la mayoría de los casos, de la tradición oral, ya que se relaciona con sistemas de valores y conocimientos particulares, así como con los contextos sociales y culturales en los que fueron creados.2

Desde la antigüedad la protección del patrimonio cultural ha sido una preocupación. La actividad en esta materia se ha incrementado en las últimas décadas. Las leyes modernas de conservación del patrimonio comenzaron a aparecer en Europa y en América Latina a finales del siglo pasado.

A nivel internacional la UNESCO cuenta con múltiples Tratados Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; la mayoría de ellos signados por el gobierno mexicano.

En 1970, en la Conferencia General de la XVI Reunión en París, convocada por la Unesco, en una de las consideraciones se dijo que:

[...] los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos y que sólo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con mayor precisión, su origen, su historia y su medio.3

En el caso mexicano existen diversos instrumentos jurídicos que tienen como finalidad preservar el patrimonio cultural. Jurídicamente existen elementos legales que salvaguardan y protegen dicho patrimonio.

Podemos encontrar normas dedicadas expresamente a proteger el patrimonio desde sus primeros años como nación independiente. Durante la Revolución, se retomó la preocupación por la preservación de los bienes históricos y se definió como monumentos "a los edificios y objetos artísticos [siempre y] cuando se conservaran sin alteración". También se integraron ecosistemas que fueran "dignos de permanecer inalterables"; además, por primera vez se consideraron a los documentos como bienes del patrimonio. Los criterios de valoración fueron los de la excepcionalidad, el valor artístico y arquitectónico, y su papel de exponentes de la historia de la cultura.4

Lo estético fue la primera característica que definió a un bien como patrimonio cultural y se tiene constancia que desde las primeras civilizaciones se han valorado aquellos objetos o construcciones estéticamente bellas.

Actualmente, nuestra legislación cultural también incluye normas específicas acerca de algunos rubros de gran importancia como son el patrimonio cultural, el fomento a la creación, la industria editorial, las artesanías, el cine, la radio y la televisión, el mecenazgo, los espectáculos públicos y los promotores culturales.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene numerosos artículos referidos a la educación y la cultura. En el artículo 3º establece, como una obligación del Estado, alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

En el tema pluricultural, en el artículo 4º se señala que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas.

El artículo 6º, garantiza la libertad de difundir el producto de la creación, mientras que el artículo 7º garantiza la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, es decir, de difundir el producto de la creación escrita. De acuerdo al artículo 28 se reconoce la propiedad del producto de la creación cultural y se enuncian los principios para su producción.

Por otra parte el artículo 73, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de industria cinematográfica, de escuelas de bellas artes, de museos, bibliotecas y demás institutos concernientes a la cultura; también sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo mandatado a los principios generales de la política cultural del Estado Mexicano, existe una amplia legislación específica; además de los artrículos constitucionales, tenemos disposiciones sobre administración cultural y diversas leyes y reglamentos que rigen normativamente al sector.

A lo anterior, debemos mencionar la creación de diversas dependencias responsables de aplicar las acciones en materia de política cultural, destacando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

En el año de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública (SEP), como institución responsable de la educación; como por la cultura de México. Por su parte, en 1939 y 1946, respectivamente, se fundaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ambas instituciones fueron los primeros intentos para crear un organismo estatal dedicado a atender las cuestiones culturales.

Sin embargo, debido a la riqueza histórica y cultural del país era necesario contar con una sola entidad que se dedicara exclusivamente al desarrollo y fomento del arte y la cultura. Los fundamentos para tomar esta decisión se encuentran en los artículos 17 y 38 fracciones II, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVII a XXII, XXVIII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es así que, el 7 de diciembre de 1988, el gobierno de la República Mexicana publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde declaró la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, cuya función es la de coordinar todas las unidades administrativas e instituciones públicas cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes.

Desde entonces, el Conaculta ha impulsando estrategias que permitan continuar con el fomento, la preservación y desarrollo de todas las áreas culturales de la Nación.5

De acuerdo a su normatividad, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) fue creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico. Asimismo, promover, patrocinar y apoyar los eventos que propicien el arte y la cultura.

El antecedente inmediato del Conaculta fue la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación; y entre los motivos que generaron su fundación se encuentran su papel en el estímulo y fomento de la creación tanto artística como cultural, garantizando la plena libertad de los creadores. De la misma forma se reconoció que debe alentar las expresiones de distintas regiones y grupos sociales del país para así promover, preservar y enriquecer los bienes artísticos, culturales y patrimonios históricos con los que cuenta la Nación.

Las acciones de Conaculta están encaminadas a mantener un compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico.

Destaca la promoción a la creación artística y cultural con la garantía de que los creadores tengan plena libertad, esto en reconocimiento de que el Estado debe promover y difundir el patrimonio y la identidad nacional generada por los creadores.6

Como se puede observar, la institución tiene asignadas diversas actividades con la finalidad de promover una parte importante de la política cultural programada por el Estado mexicano.

Por lo anterior, consideramos que el Conaculta, es la institución idónea para impulsar, tal como lo ha hecho con varios personajes de la cultura nacional, la prioridad del Estado, para proteger del olvido a sus más connotados artistas y científicos: escritores, pintores, dramaturgos, filántropos, inventores, descubridores, poetas, cuya obra legado a la humanidad es de tan elevada jerarquía moral, social e histórica, que los distingue de la medianía general del resto de los mortales.

Personajes como la poetisa Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés De la Cruz), el Rey Poeta Acolmiztli Nezahualcoyotl, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, José Agustín Ramírez Altamirano, Alfonso Reyes Ochoa, Juan Rulfo, Juventino Rosas, Agustín Lara, sólo por mencionar algunos, tienen que tener en el país un reconocimiento que tutele su nombre, proteja su obra y los reconozca universalmente como auténticas joyas humanas de México.

México requiere que el Estado mexicano, en sus respectivas legislaciones, enaltezcan la grandeza de genios nacionales que han forjado el orgullo de la república. Al respecto, es de mencionar que existen dos instrumentos promulgados por el Ejecutivo Federal, y que podrían actualizarse para dicho propósito.

Por ello, es que proponemos, respetuosamente al Ejecutivo Federal, que actualice el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes; con la finalidad de que se reconozca el mérito de todos aquellos mexicanos ilustres que han trascendido su tiempo y permanecen inmarcesibles, debido a que su aporte artístico, científico o cultural a la nación, ha sido reafirmado a través del tiempo.

Asimismo, para que actualice el Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para la preservación del Patrimonio Cultural; publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de junio de 1989; con la finalidad para que esta sea la instancia responsable de consulta y apoyo en las tareas de protección de los mexicanos destacados y las obras producidas por ellos; así como, la instancia que decidirá quién o quienes llenan los requisitos para ser nominados mexicanos ilustres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus facultades,actualice el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, con la finalidad de reconocer e incluir como Patrimonio Nacional, a los mexicanos y mexicanas ilustres que han trascendido por su obra artística o legado científico a la nación.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que actualice el Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional para la preservación del Patrimonio Cultural; con la finalidad para que esta instancia sea responsable de consulta y apoyo en las tareas de protección de los mexicanos destacados y las obras producidas por los mismos; así como, la que estudie, clasifique y decida a quién se le pueda considerar por suobra, conducta y aportación ejemplar a México, la condición humana de Tesoro Nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 25 días del mes de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros".

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

1Patrimonio cultural inmaterial y turismo: salvaguardía y oportunidades, en

http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/pat_inmaterial.pdf

2 Ibid.

3 En http://www.adabi.org.mx/content/servicios/archivistica/articulos/civilarticulos/legislar.jsfx

4 Ibid.

5 En: http://www.conaculta.gob.mx/fundacion/

6 Ibid.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 10 Y 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 10 Y 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, de conformidad con lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema Nacional de Seguridad Pública nació en virtud de la necesidad de establecer de manera institucional la coordinación entre las dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia, coordinación que era primordial ya que el Estado mexicano debía de dar respuestas más efectivas en la materia.

Hasta el momento del alumbramiento del Sistema de mérito, el país observaba una deficiencia estructural que caracterizaba al sistema de impartición de justicia: las instituciones responsables de la prevención y persecución del delito, de procuración de justicia y de readaptación social, es decir, todas aquéllas encargadas de la seguridad pública operaban de manera aislada.

En esos momentos no se pensaba ni se advertía la importancia de integrar mecanismos de coordinación, a pesar de los grandes problemas que esto representaba, provocando incluso, fuertes problemas de competencia entre corporaciones lo que a su vez se traducía en el incremento de los índices delictivos.

De manera tal, el gobierno mexicano comenzó a abordar esta problemática a través de la conformación de la Coordinación de Seguridad Nacional en los años de 1991 y 1992, pero nunca se consolidó y desapareció en el año 1993.

En ese mismo año se realizó otro esfuerzo para crear mecanismos de coordinación en la materia y desde la Dirección General de Supervisión de los Servicios de Protección Ciudadana adscrita a la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación se inició la elaboración de un Programa Nacional que incluyera tres ámbitos relacionados a la seguridad pública a saber: prevención del delito, procuración de justicia y readaptación social en los tres niveles de gobierno.

Bajo este esquema, en el año 1995 se propuso una iniciativa de ley en la que se definirían las condiciones jurídicas, institucionales y administrativas a fin de reestructurar la seguridad pública en México. Incorporando por primera vez las bases para constituir un sistema de coordinación entre la Federación, las entidades, el Distrito Federal y los municipios teniendo como fundamento el respeto irrestricto a su soberanía, autonomía y competencias.

Es así que el 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta norma fundaba la acciones y objetivos de la seguridad pública así como, los mecanismos básicos de coordinación entre órdenes de gobierno. De esta manera podemos observar que el marco del Sistema comprendía la labor de todas las dependencias y entidades de gobierno en sus distintos niveles que, directa o indirectamente debían contribuir a los fines de la seguridad pública en nuestro país.

Esa esencia se mantiene vigente en el precepto legal que derivo de la abrogación de la ley de referencia y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es relevante subrayar que esta Ley es reglamentaria del artículo 21 de nuestra Carta Magna.

El artículo 3 de la Ley en comento nos ilustra de manera clara la esencia que hemos comentado al estipular que la función de seguridad pública se realizará en los distintos ámbitos de competencia a través de las Instituciones Policiales, del ministerio público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la norma de referencia. Es en esta última parte donde nos detenemos para enfatizar que el precepto en su naturaleza señala que dentro del Sistema participan todas las soberanías que en razón de sus facultades estén compelidas a coadyuvar directa o indirectamente al fin de la Ley.

Pero si nos introducimos al contenido de la norma de referencia observamos que solamente el Poder Judicial está autorizado a participar de manera activa en el procedimiento que se contempla para organizar el Sistema. El artículo 10 de la Ley en lo conducente señala:

El Sistema se integrará por:

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas;

II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes;

IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;

V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;

VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y

VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Por tanto, la propuesta que realizamos está encaminada a que el Poder Legislativo también participe de manera directa en el Sistema a fin de coadyuvar en el objetivo de la seguridad pública y de esta manera estar cumpliendo a cabalidad con el contenido de la propia regla.

Ahora bien, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 73 constitucional es facultad el Congreso de la Unión expedir las leyes que instituyan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, lo Estados y los Municipios así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de nuestro máximo precepto.

En virtud de lo anterior advertimos que esta Soberanía está acreditada para participar de manera directa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública ya que es un organismo eminentemente federal con el único objetivo de abonar al debido cumplimiento del artículo 21 con un peso específico ya que se nos atribuye como Poder Legislativo la posibilidad de establecer y organizar a las instancias encargadas de la seguridad pública, siendo el Sistema un ejemplo palpable.

De tal modo no podemos dejar aislado a este poder a la elaboración y aprobación de las iniciativas de reformas en la materia. Sostenemos que es necesario que la contribución del legislativo sea permanente, activa y directa.

Creemos que nuestra participación se debe dar en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública así como dentro de los procedimientos y mecanismos de coordinación determinados para dar el oportuno seguimiento a los acuerdos emanados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de contribuir en las propuestas de estrategias y acciones a implementar en la materia que nos ocupa, desde luego en al ámbito de nuestras competencias y en el entendido que muchas de las políticas públicas que se desprendan este proceso van a transitar en la esfera del Poder Legislativo en la creación de los instrumentos normativos que le den certeza jurídica a las resoluciones generadas en dicho marco.

Sin lugar a dudas el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad intrínseca con relación al tema de la seguridad pública, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos contempla la constitución en ambas Cámaras, de comisiones de seguridad pública y justicia, artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica de referencia.

Es por lo anterior que este Grupo Parlamentario quiere lograr que la labor legislativa tenga un carácter de aportación sistemática en un tema tan sensible como lo es el que ahora nos ocupa. No podemos esperar sentados a que los problemas en la materia rebasen el quehacer del Estado mexicano, como actualmente sucede en muchas partes del territorio nacional. Tenemos la responsabilidad de volvernos un Poder proactivo que de manera incansable busque coadyuvar a la solución de las vicisitudes que vive México en el aspecto de seguridad pública. Es por eso que necesitamos sumarnos a toda la labor que se gesta en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estamos proponiendo que se contemple como invitados permanentes a los Presidentes de las Mesas Directivas del Congreso de la Unión en la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la institución de grupos de trabajo que cooperen con las instancias que conforman el Sistema a fin de abonar a la construcción de una agenda legislativa en materia de seguridad pública que sea congruente con lo que se está discutiendo en el marco del Sistema de mérito.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Unico. Se adiciona un párrafo al artículo 10 y se reforma el último párrafo del artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 10.- El Sistema se integrará por:

I. a VII. …

El Poder Judicial de la Federación…

El Poder Legislativo coadyuvará a través de la conformación de grupos de trabajo con las instancias que integran el sistema a fin de formular una agenda legislativa derivada de los estudios, lineamientos e implementación de acciones que permita contribuir a alcanzar los fines de la seguridad pública.

Artículo 12.- El Consejo Nacional estará integrado por:

I. a XIX. …

El Presidente del Consejo …

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Presidentes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras serán invitados permanentes de este Consejo.

Transitorio

Unico. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez, Arely Gómez González, Hilda Esthela Flores Escalera y Roberto Gil Zuarth)







 

También les informo que las efemérides y los pronunciamientos inscritos en nuestra agenda, se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del grupo parlamentario del PRI, con motivo del natalicio del General Ignacio Zaragoza Seguín.

“EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL
NATALICIO DEL GENERAL
IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN,
OCURRIDO EL 24 DE MARZO DE 1829.

En la Sexagésima Segunda Legislatura, del Senado de la Republica, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos un aniversario más del natalicio del General Ignacio Zaragoza, mexicano ejemplar que por su valor y determinación es uno de los grandes héroes de la independencia de México.

Este prócer de la patria nació el 24 de marzo de 1829, en la Bahía del Espíritu Santo, Texas cuando todavía era una provincia mexicana, sus padres fueron Miguel G. Zaragoza y María de J. Seguín.

Realizó sus estudios en Matamoros y en Monterrey, poniendo de manifiesto desde sus primeros años su gran valor y determinación, virtudes que lo llevaron a incorporarse a la Guardia Nacional en Nuevo León a temprana edad, iniciando una carrera de éxitos. 

En 1857 se distinguió por sus acciones para que la promulgación de la Constitución fuera posible, asimismo, por participar en combates bajo las órdenes de los Generales Santos Degollado y Jesús González Ortega, quienes dirigían las tropas del ejército federal.

Por sus grandes dotes en la milicia, ocupó diversos cargos, entre los que destacan los de Ministro de Guerra y Marina del gabinete, donde hizo frente a las fuerzas francesas, cuando estas invadieron nuestro país con la pretensión de imponer a Maximiliano de Habsburgo.

En abril de 1862 estuvo al frente de las tropas que combatieron al ejército francés en las Cumbres de Acultzingo, impidiendo su incursión a la ciudad de Puebla, lo cual fue posible gracias a grandes gestas heroicas en las que relució su capacidad estratégica, valor, liderazgo y compromiso con México. 

Sin embargo, fue el 5 de mayo de 1862 cuando alcanzó su plenitud dentro de la milicia, en virtud de que ese día protagonizó uno de los más emblemáticos e importantes acontecimientos de nuestra historia, desde luego nos referimos a la Batalla de Puebla.

Sin duda, dicha batalla representa un capítulo crucial en la historia de México y además del valor intrínseco del combate, esa gesta es recordada por el mensaje del General Ignacio Zaragoza hacia sus soldados, aquel día pronunció las siguientes palabras:

“Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria”.

Este importante aliciente le permitió establecer de manera exitosa su brillante estrategia, la cual se ejecutó desde dos frentes, por un lado, Miguel Negrete, y por el otro lado, Felipe Berriozabal, al tiempo que el General Zaragoza gritaba con gran convicción, “tras ellos, a perseguirlos, el triunfo es nuestro”.

Sin duda, fue gracias a su elocuencia, coraje y valentía que logró que nuestras fuerzas armadas pudiesen detener al entonces considerado como el ejército más poderoso del mundo, lo cual le da mayores dimensiones al triunfo de nuestras fuerzas armadas y por supuesto al talento de Zaragoza. 

Después de conseguir tan trascendente triunfo, el informe de la batalla se sintetizó en la siguiente expresión: “las armas nacionales se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza”. Lo cual no ocurrió en nuestras tropas, donde si hubo un binomio en el que armónicamente se conjuntaron, el valor de las tropas y el liderazgo e inteligencia del General Zaragoza.

Como en la Batalla de Puebla, en todas sus acciones y decisiones a lo largo de su vida, siempre quedó de manifiesto su ideología y congruencia, así como su compromiso con un México libre e independiente, un México de valores y con pleno respeto a los derechos humanos.

Desafortunadamente, el 8 de septiembre de 1862 murió al sucumbir a la fiebre tifoidea, terminando así una vida extraordinaria, toda dedicada a la defensa de las causas liberales y al combate de las fuerzas que pretendían limitar las libertades en nuestro país. 

El 5 de mayo de 1976 fue declarado Benemérito de la Patria en grado heroico y por su gran valor, sus restos descansan después fueron llevados a la zona de los fuertes de la ciudad de Puebla.

Compañeras y compañeros legisladores

Desde esta soberanía nacional es un honor recordar y homenajear al General Ignacio Zaragoza, uno de los más grandes héroes de México, hombre ejemplar que dedicó su vida a la defensa de nuestro país y que fue capaz de materializar los más grandes anhelos de libertad e igualdad.

Con su legado nos enseñó que si existe voluntad, no importa lo adverso del panorama, siempre es posible alcanzar las más grandes hazañas, como lo hiciera el General Ignacio Zaragoza, a quien recordamos con respeto y admiración.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, el mejor homenaje que podemos brindarle es continuar consolidando a nuestro país como una nación libre, democrática y soberana. El mejor homenaje es mantener profesar, fomentar e impulsar los ideales de justicia, lealtad  y libertad. 

Por su atención muchas gracias

Es cuanto senador Presidente”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis.

“Día Mundial de la Tuberculosis
24 DE MARZO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo Día Mundial de la Tuberculosis. En esa fecha, en 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la tuberculosis, TB, es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, originada por un agente infeccioso. En 2012, 8.6 millones de personas se infectaron y 1.3 millones murieron por esta enfermedad.

El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para aumentar la concienciación sobre la carga mundial de esta enfermedad y el estado de los esfuerzos por prevenirla y controlarla.

La tuberculosis es curable, pero los esfuerzos que se realizan en la actualidad para encontrar, tratar y curar todos los enfermos son insuficientes. De los nueve millones de personas que contraen la tuberculosis cada año, una tercera parte queda “desatendida” por los sistemas de salud. Una gran parte de esos tres millones pertenecen a las comunidades más pobres y vulnerables, o marginadas, del mundo, como los migrantes, los refugiados y desplazados internos, los reclusos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas o los consumidores de drogas.

Los síntomas de la tuberculosis pueden clasificarse en generales y pulmonares; en el primer caso, el paciente puede presentar fiebre de bajo grado, comúnmente, al final de la tarde y muchas veces sin otros síntomas que la acompañen. Asimismo, sudoración profusa nocturna, debilidad generalizada, fatiga y pérdida de peso. Sin embargo, cuando la enfermedad avanza, hay destrucción del parénquima pulmonar, aparece la tos con expectoración mucopurulenta y a veces con sangre.

La medida más eficaz para evitar el contagio, es cortar la cadena de transmisión a través del diagnóstico rápido y oportuno, otorgar el tratamiento lo más pronto posible y aplicar la vacuna BCG a los niños recién nacidos.

“Existen medidas para prevenir la tuberculosis, comenzando por la vacunación que se coloca a los niños recién nacidos, las personas adultas que padecen de la enfermedad deben llevar un control estandarizado por las autoridades sanitarias, que son las encargadas de entregar los medicamentos y mantener al paciente estable para proteger a las personas de su entorno. Aparte, el contagiado debe tomar medidas preventivas, tales como cubrir la tos y los estornudos con tapa bocas y eliminar de forma adecuada el esputo”.

Sin duda, en los últimos años se han hecho progresos impresionantes hacia la consecución de las metas mundiales de reducción de los casos de tuberculosis y de las muertes causadas por esta enfermedad: la mortalidad mundial por tuberculosis ha disminuido en más de un 40% desde 1990, y su incidencia está disminuyendo.

Atentamente

Martes 25 de marzo de 2014.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, en relación con el Día Mundial de la Tuberculosis.

“PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO
DEL DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía un pronunciamiento, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un día como hoy pero de 1882, el padre de la microbiología moderna, Robert Koch, anunciaba el descubrimiento de la bacteria causante de la tuberculosis. Más de un siglo después, la infección todavía provoca anualmente la muerte de un millón de personas en todo el mundo, que se concentran principalmente en el Sudeste asiático y Africa.

La llamada “Peste Blanca” mejor conocida como Tuberculosis es la causa en nuestro país de la muerte de aproximadamente 2,500 personas de las 20 mil que se contagian cada año, esto a pesar de ser una enfermedad prevenible y curable. El principal problema para combatir la enfermedad en México —al igual que en todas partes del mundo—, es la desigualdad, la desnutrición y el VIH (a mediados de los ochenta).

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis (TB), con el objetivo de crear conciencia sobre los efectos que genera esta enfermedad, hacer una consideración sobre las acciones de prevención y control que tienen a su cargo los gobiernos de las naciones y reforzar este tema en la agenda política de los mismos, mediante la implementación de mayores esfuerzos que permitan una disminución del control y un aumento de la prevención de dicha enfermedad.

La tuberculosis (TB) es una infección grave que dura años si no se trata. Generalmente, la tuberculosis ataca a los pulmones, sin embargo, puede extenderse a otros órganos. Es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Se contagia fácilmente de persona a persona (contagiosa). Esto puede ocurrir cuando una persona infectada tose o estornuda, liberando pequeñas gotas en el aire. Otra persona puede respirar la bacteria en los pulmones, causando infección.1 Se trata de una de las enfermedades más contagiosas del mundo, que afecta principalmente individuos con un sistema inmunológico endeble y propenso a recibir con mayor frecuencia afectaciones del exterior que un individuo sano.

Algunos de los síntomas que se presentan en personas con TB son tos crónica, esputo con sangre, disnea, dolor torácico, pérdida de peso, fiebre y diaforesis. Las pruebas que comúnmente se realizan para detectar la TB son la radiografía de tórax, la prueba cutánea de la tuberculina, el estudio de BAAR (bacilo acido-alcohol resistente) y los estudios de sangre.2

Resulta primordial hacer hincapié en que, en la medida que se aumenten y mejoren las acciones preventivas y de detección oportuna de esta enfermedad, mayores serán los beneficios en la salud de la población y en la economía de las naciones, esto en virtud de que los tratamientos para controlarla y abatirla son un tanto complicados y deben extenderse a los familiares de aquella persona que la padezca.

La educación para la salud en los enfermos, sus familias y la población contacto es de vital importancia para disminuir la incidencia entre la población y su dispersión a otras comunidades.3

En aras del fortalecimiento de las medidas de prevención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado la implementación de acciones de atención, enfatizando el actuar en los sectores marginados, en zonas vulnerables y en regiones donde aún se presenta esta enfermedad en índices considerables. Pero es importante considerar también los grupos vulnerables.

De acuerdo al Programa Regional de Control de la TB de la OMS y de la OPS4, se han plasmado una serie de metas y compromisos en torno al abatimiento de esta enfermedad. En ese sentido, la denominada Alianza Alto a la TB, ha marcado como objetivos el detectar al menos el 70 por ciento de los casos nuevos y tratar exitosamente al menos al 85 por ciento de los casos que se presenten.

En nuestro país, estamos en condiciones positivas en comparación a otros países de América Latina, ya que respecto al tratamiento de la TB, de los datos registrados por dichas organizaciones, hasta el 20115 se atendieron de manera exitosa un 86 por ciento de los casos presentados. Sin embargo, aún existe una brecha considerable entre los casos estimados de TB con los materialmente reportados en el Sector Salud mexicano.

Al respecto el Dr. Fernando Laredo Sánchez médico internista del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS mencionó que para la erradicación de la enfermedad debemos de encaminar los esfuerzos hacia lo básico, esto es regresar a los que antes se hizo en los potenciales enfermos y estudiar intensivamente a la familia y a la población. El doctor antes mencionado comentó que en México la tuberculosis está bajo control ahora debemos de erradicarla.

Por eso, el camino que hoy se ha trazado el Gobierno Federal tiene el objetivo de focalizar y reforzar las acciones para la detección, prevención y tratamiento oportuno y eficaz.

En este sentido, resulta necesaria la conjunción de esfuerzos, tanto del gobierno, de los representantes populares, de las instituciones públicas y privadas de salud, como de la ciudadanía en general. Socializar el tema de combate a la TB representa una herramienta importantísima para fortalecer la prevención y detección oportuna de la enfermedad, situación con la que podrían disminuirse los casos de este padecimiento en nuestro país y en América Latina.

Amigas y amigos, los invito a que el día de hoy, hagamos conciencia sobre los daños que causa la TB en las familias mexicanas y que hagamos lo que nos corresponde en aras de intensificar las acciones informativas y preventivas, con la meta de erradicar de nuestro país este mal, y generar una cadena de responsabilidad entre todas y todos los mexicanos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de marzo de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

1 http://www.mdconsult.com/das/patient/body/441453729-2/0/10089/59489.html

2 Schlossberg D. Acute Tuberculosis. Infect Dis Clin N Am 2010; 24: 139-146

3 Marais BJ, Ayles H and Godfrey-Faussett P. Screening and Preventive Therapy for Tuberculosis. ClinChestMed 2009; 30: 827-846

4 Organización Panamericana de la Salud

5 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=24581&Itemid=





 

PRONUNCIAMIENTOS

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, con relación al fallecimiento del ex presidente de España, Adolfo Suárez González.

“POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO DE LA REPUBLICA RELATIVO AL FALLECIMIENTO DE ADOLFO SUAREZ GONZALEZ, EXPRESIDENTE DE ESPAÑA

El pasado domingo 23 de marzo falleció en Madrid, España, Adolfo Suárez González, a la edad de 81 años, por efecto de una larga enfermedad neurodegenerativa. De profesión abogado y procedente del régimen de Francisco Franco, en el que tuvo diversos cargos, fue elegido como Presidente del Gobierno de España en 1976 por el jefe de estado español, el Rey Juan Carlos I, quien contó para ello con la asesoría y gestión de Torcuato Fernández-Miranda1, para conducir la transición democrática española post-franquista2. Al frente del gobierno, Suárez desmontó las estructuras de la dictadura del General Franco. Entre ellas destacaban las Leyes Fundamentales del Reino y las Cortes Españolas, mismas que fueron sustituidas en 1976 por las Cortes Generales, de carácter democrático y diverso y con plenos poderes legislativos3.

En 1977 tocó el turno al Movimiento Nacional, la estructura corporativa fundada por Franco, que incluía un partido político, sindicatos y todos los cargos públicos. Asimismo, puso en práctica una primera amnistía de presos políticos, lo que le trajo un reconocimiento del también ya finado Santiago Carrillo, Secretario General del Partido Comunista Español (PCE), que se encontraba en el exilio. 4 Tras legalizar los partidos políticos que pugnaban por la democracia, incluido el Partido Comunista en abril de 1977, lo que por cierto le granjeó la animadversión de los militares españoles, condujo al país a las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. Los españoles le otorgaron en ellas su confianza al frente de la Unión de Centro Democrático (UCD).5 Ese mismo año se acordaron entre las fuerzas políticas del país, lideradas ya en ese momento por la propia UCD, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el PCE y el recién fundado Alianza Popular (AP), conformado principalmente por franquistas, los llamados pactos de la Moncloa, uno de naturaleza económica y otro de naturaleza política6.

En diciembre de 1978, España tenía ya su Constitución democrática7. Posteriormente, la estrella política de Suárez comenzó a declinar ante el crecimiento del PSOE de Felipe González. Cabe señalar que en los últimos días de su gobierno, el 23 de febrero de 1981, Suárez se enfrentó junto con el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno y Santiago Carrillo, en el Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados, al Teniente Coronel Antonio Tejero y sus seguidores que pretendían dar un golpe de estado iniciado con la toma del propio Congreso.

A la muerte de Adolfo Suárez, el rey de España lo caracterizó como un defensor de la diversidad en España. Juan Carlos I también calificó a Suárez como “un hombre que puso por delante de los intereses personales y de partido, el interés del conjunto de la Nación española”, palabras muy semejantes a las de Artur Más, Presidente de la Generalitat de Catalunya, quien además subrayó su visión de futuro y su coraje político8. El actual Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que Suárez “supo unir a quienes desde posiciones políticas distintas compartían con él un compromiso por la libertad”9.
Su llegada al poder en 1976 dio fin a un período de 39 años de represión muy significativo también para los mexicanos. Así, el 14 de marzo pasado conmemoramos en México del 75 aniversario del exilio republicano en México, cuando los hermanos españoles que huían del franquismo fueron recibidos por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, el círculo del franquismo no se ha cerrado del todo. El pasado 3 de febrero, las Naciones Unidas señalaron que en España todavía está pendiente el juicio de los crímenes de ese régimen.

En este contexto, el Partido de la Revolución Democrática no puede ser indiferente a la figura de Adolfo Suárez y a su fallecimiento, quien a pesar de haber surgido de las filas de ese régimen fue pionero de una renovada democracia en el hermano país, al que nos unen largos trechos de historia compartida de muy diversa índole.

Por ello, desde esta Alta Tribuna, el Senado de la República guarda un minuto de silencio en honor a un político de grandes cualidades, mismo que logró, junto con los demás actores españoles, la transición democrática de una República hermana, después de esa era tan oscura que se dio durante el franquismo”.

1 Torcuato Fernández Miranda, en http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Fern%C3%A1ndez_Miranda

2 Muere Adolfo Suárez, el presidente de la Transición, en http://www.elmundo.es/espana/2014/03/23/532eecdf268e3e791e8b456d.html?cid=ULTHR22001&s_kw=urgente

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales

4 Un hombre de Estado frente a las bayonetas, en
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/21/actualidad/1395431060_191115.html

5 Muere Adolfo Suárez, el presidente de la Transición, en
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/23/532eecdf268e3e791e8b456d.html?cid=ULTHR22001&s_kw=urgente

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_la_Moncloa

7 Muere Adolfo Suárez, el presidente de la Transición, en
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/23/532eecdf268e3e791e8b456d.html?cid=ULTHR22001&s_kw=urgente

8 Artur Mas: “Suárez miró de cara, se arriesgó, no rehuyó los problemas”, en
http://politica.elpais.com/politica/2014/3/24/actualidad/1395668186_680546.htm

9 Rubalcaba transmite la “admiración de los socialistas” por Adolfo Suárez, en
http://www.cuatro.com/noticias/espana/Alfredo_Perez_Rubalcaba-PSOE-Adolfo_Suarez-fallecimiento_0_1768200261.htm





 

Del grupo parlamentario del PRI, con motivo del fallecimiento del ex presidente español Adolfo Suárez González.

“POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, RESPECTO AL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DE ESPAÑA ADOLFO SUAREZ GONZALEZ.

Con su permiso Senador Presidente

Compañeras y compañeros legisladores

El Grupo Parlamentario del PRI, expresa su más profundo pésame y solidaridad con la sociedad, el gobierno y el reino de España, por el sensible fallecimiento de una de las figuras más grandes en la democracia española: el expresidente Adolfo Suárez González.

Brindamos un afectuoso reconocimiento al político que a través del diálogo, la negociación y la concertación impulsó un verdadero cambio en España. Un hombre siempre comprometido con las instituciones democráticas, con las mejores causas sociales y la consolidación de los derechos políticos.

El expresidente Suárez, inició su participación política desde muy joven, estudio Derecho y desarrolló su formación bajo una corriente reformista que contravenía al entonces régimen franquista. Si bien, ocupo espacios en el ámbito privado, el espacio público siempre estuvo en la mayor de sus prioridades. Se desempeñó como gobernador de Segovia y como procurador en los espacios legislativos por Avila.

Con el visto bueno del Rey Juan Carlos I, Suárez González asumió su compromiso con la reconstrucción de España, a través de su posesión como Presidente del Gobierno en 1976, emprendiendo con esto, la tarea de convocar a las primeras elecciones democráticas en España en casi 50 años.

La reconstrucción,  no fue una tarea fácil, en tan solo cuatro años y siete meses los desafíos fueron abundantes, basta observar que en tan sólo este tiempo, Adolfo Suárez contó con cinco gabinetes distintos y la sumatoria al final de su mandato fue de 58 distintos ministros que lo acompañaron en su labor por la reconstrucción.

La preservación de la paz, fue igualmente un reto mayor, ya que una vez finalizada la dictadura española no fueron sorprendentes la aparición de intentos de Golpe de Estado, uno en 1978 y otro en 1981, pero al final, Adolfo Suárez lucho por preservar el patrimonio de los españoles y frente a estos sucesos que amenazaron la naciente democracia en el país, respondió con trabajo, creando las condiciones económicas y sociales que el país demandaba.

Suárez González, tenía muy claro que los motores de la reconstrucción se encuentran en la construcción de reformas profundas. Fue el principal impulsor de la Ley de Reforma Política con la cual se terminó de desmontar por completo el franquismo, dando así,  paso hacia la democracia.

En la reconstrucción de la economía española, Adolfo Suárez emprendió nuevamente una estrategia basada en el consenso: acordó la política económica con todas las fuerzas parlamentarias que habían salido de las primeras elecciones libres.

El carácter democrático de su liderazgo se manifestaba a menudo y gracias al consenso y a la inclusión de las distintas corrientes políticas, nacieron los Pactos de la Moncloa, que más que un documento congregante de las distintas visiones políticas, constituyó un plan detallado  con cifras y decisiones concretas para la construcción de la nueva etapa que vivía España.

Los Pactos de Moncloa, terminaban por desmontar por completo la dictadura, instituían la democracia y enfrentaban la crisis económica del país, que al igual que el resto de Europa, se encontraba en la “Crisis de la Estanflación”. España, no solo enfrentaba retos políticos y sociales al interior, sino que se encontraba severamente afectada por la economía de la región.

Con un porcentaje pequeño de población laborando, con precios elevados que alcanzaron incrementos de hasta el 26%, un paro de alrededor del 6% de la economía, servicios públicos escasos, sindicatos exigiendo derechos, Adolfo Suárez entendió que las acciones para la sociedad se realizan desde los cimientos, desde las causas de los problemas.

Fue nuevamente, a través de este espíritu democrático, que con el apoyo de las fuerzas políticas se lograron limitar los males que aquejaban al país: se aumentaron los salarios, logrando de esta forma contrarrestar la inflación, convencido de que lo más importante en un país es la protección de su población, se realizaron fuertes inversiones en Seguridad Social, que en su tiempo, no solo cubría pensiones y salud, sino que también se encargaba de una labor fundamental para el progreso, la escolarización.

Se emprendió un sistema fiscal completamente redistributivo, en donde los impuestos se impusieron con una lógica profundamente social, los más adinerados pagaban mucho más que los que menos tenían.

Adolfo Suárez, encabezó un auténtico Pacto entre las fuerzas políticas, un Pacto que con el paso del tiempo resulto ser un Pacto a favor del país, con profundo contenido social, un Pacto que no solo creo las condiciones para los planes y reformas que España necesitaba, sino que inclusive, los acuerdos fueron consolidados en la Constitución Española de 1978.

La conservación de la paz, la reconstrucción de un país a través de un consenso emanado de un Pacto, la creación de instituciones claves del Estado son algunos de los muchos legados de Suárez González.

Su contribución a la grandeza y democracia española, fueron reconocidos por el Rey Juan Carlos I, al otorgarle el título nobiliario de Duque de Suárez.

Compañeras y compañeros senadores

Es de esta forma, que con un profundo respeto, el Grupo Parlamentario del PRI expresa su más sincero pésame al pueblo de España que se encuentra en este momento en luto nacional, por el sensible fallecimiento de Adolfo Suárez González.

Hacemos votos por la pronta resignación de amigos, familiares, compañeros y población en general y nos honramos con el legado que ha dejado, no solo a España, sino que sirve como inspiración en el resto del mundo.

Es cuanto, señor Presidente

Por su atención, muchas gracias”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana miércoles 26 de marzo a las 11:00 horas.

Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 14:58 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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