Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Jueves 19 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 34



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 02 de Diciembre de 2013

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PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (13:08 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 66 ciudadanos Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se abre la sesión del 2 de diciembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas del día jueves veintiocho de noviembre de dos mil trece y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 fracción III del Reglamento del Senado, y el Acuerdo que el Pleno aprobó el pasado martes 26 de noviembre, se recibió en sesión solemne, la visita del Señor Shimon Peres, Presidente del Estado de Israel.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, dirigió un mensaje de bienvenida al Señor Shimon Peres.

 

El Señor Shimon Peres, dirigió su mensaje al Pleno del Senado de la República.

 

El Presidente de la Mesa Directiva, dio por concluida la Sesión Solemne a las once horas con cuarenta y tres minutos".

 

(CONTINUA LA SESION ORDINARIA)

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas del día jueves veintiocho de noviembre de dos mil trece, encontrándose presentes ciento catorce ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veintiséis de noviembre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, acordó emitir excitativas,a las comisiones que concluyeron su plazo parala presentación de su dictamen.- Las excitativas están referidas a 50 proyectos y la relación de éstos aparecerá en la Gaceta del Senado.

2) Con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, se autorizó las14 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Población y Desarrollo, la designación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona como consejera representante del Senado de la República ante el Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que tendrá verificativo el 3 de diciembre próximo en la ciudad de México.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Poblacióny Desarrollo, Programa de Trabajo Anual correspondiente al periodo de octubre de 2013 a agosto de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el informe de su reunión del pasado 20 de noviembre con los señores Agustín Torres Ibarrola, Director General de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma yAna Santiago, de la misma organización.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la declaratoria de aprobación del proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción iv del artículo 116, y el inciso f) de la fracción V, Base Primera, del Apartado C, del artículo 122; y se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se efectuó el escrutinio y se dio cuenta con la aprobación de 17 congresos estatales. La Presidencia de la Mesa Directiva realizó la declaratoria correspondiente y se remitió al Ejecutivo Federal. Intervino el Senador Benjamín Robles Montoya del PRD.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI, y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, devuelto paralos efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Iniciativas)

La Senadora Layda Sansores San Román y los Senadores Manuel Bartlett Díaz, Manuel Camacho Solís y Alejandro Encinas Rodríguez, remitieron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materiade reforma política.- La Presidencia informó del turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, Segunda, el miércoles 27 de noviembre.

 

El Senador Alejandro Tello Cristerna, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo1º. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 44; se elimina el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 73, y se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 49 y 52 de Ley de Aviación Civil.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Layda Sansores San Román, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la fracción x del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Jesús Casillas Romero, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 254 Quintus de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Óscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 57 y se adiciona el artículo 60-A a la Ley General de Educación, para crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de seguridad en las sucursales bancarias.- Se turnó a las Comisiones Unidasde Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Félix González Canto, a nombre propio y de los Senadores Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Ángel Chico Herrera y Layda Sansores San Román, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 7, 47 y 66, fracciones VI, II y III respectivamente, de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, presentó iniciativacon proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h), fracción III del artículo 11 y la fracción X del artículo 28; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 3o. todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el artículo Cuarto Transitoriodel "Decreto por el que se reforma y adiciona laLey de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación el14 de diciembre de 2011.- Intervino la Senadora Cristina Díaz Salazar, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 67 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De Senadores del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las probables irregularidades administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del centro histórico de la Ciudad de México.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De los Senadores María Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Gobernación para exponer los términos en los que se desarrollan las negociaciones y los Acuerdos a los que sehan llegado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.- Se turnó a las Comisiones de Gobernación y de Educación.

 

De las Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a iniciar un proceso de revisión del Reglamento dela Ley de Migración, a efecto de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto de la Ley.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologistade México, con punto de Acuerdo relativo alos activistas detenidos en el ártico ruso por manifestaciones en contra de la perforación parala exploración de hidrocarburos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales No Gubernamentales.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía a rendir un informe sobre los riesgos y consecuencias ambientales que traerá al país la exploración, explotación y producción del gas lutitas.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Pavlovich Arellano, Mely Romero Celis, Blanca Alcalá Ruíz, Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Verónica Martínez Espinoza, Graciela Ortiz González, Lucero Saldaña Pérez, Miguel Ángel Chico Herrera, Teófilo Torres Corzo y Raúl Morón Orozco, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito a la Senadora Diva HadamiraGastélum Bajo por su reelección como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, para el periodo 2013-2015.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

 

De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Eviel Pérez Magaña, Isidro Pedraza Chávez y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado a investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proporcionar el número total de desplazados dentro del territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con puntode Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federala rendir un informe sobre los gastos en lapropaganda gubernamental.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De Senadores del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar la situación que prevalece respecto al incremento exponencial de la deuda pública adquirida durante los gobiernos federales panistas.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública a establecer políticas públicas eficaces que permitan fortalecer la educación pesquera y acuícola del país.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a realizar lo correspondientepara reactivar e impulsar el turismo en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a las Secretaríasde Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a cumplir con los protocolos de atención a los turistas y viajeros que vienen del extranjero y darles todas las facilidades para su estancia en el país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De las Senadoras María Lucero SaldañaPérez, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta ala Secretaría de Salud a instalar un observatorio nacional del suicidio.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la elección de México como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.- Turno a la Comisión de Derechos Humanos.

 

del Senador Mario Delgado Carrillo, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a tomar medidas para fomentarel desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas, a través de sus exportaciones.- se turnó a la comisión de fomento económico.

 

De Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública, Desarrollo Social y al titular del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, a que de manera conjunta establezcan una estrategia integral a fin de erradicar el fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar en dicho estado.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo relativo a la situación que prevaleceen las concesiones de la banda de 2.5 gigahertz del espectro radioeléctrico.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Manuel Camacho Solís, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo sobre las presuntas acciones de espionaje realizadas por la Agenciade Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al entonces Presidente Felipe Calderón y al candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De Senadores del grupo parlamentario delPartido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienday Crédito Público a remitir un informe detalladosobre las causas que propiciaron el incremento de la contratación de deuda durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar las razones del retraso en la entrega del Fondo Pyme a los estados y cuáles serán las medidas que aplicará para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a distintas autoridades del estado de Tlaxcala a actuar dentro de sus facultades a fin de que eviten vulnerar las garantías constitucionales de libre asociación sindical.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre el ejercicio de los recursos públicos federales a partir del 1 de diciembre de 2011, hasta el 30 de noviembre de 2012 en Pronósticos para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes al Senado de la República.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar a los ciudadanos Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Director General y Luis AntonioGodina Herrera, como Secretario General, ambosdel Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por su presunta intervención ilegal en los procesos de contratación de personal en dicho instituto.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

De los Senadores Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a iniciar una investigación en contra de Juan Manuel Oliva Ramírez, ex-gobernador de la entidad, por los probables actos de peculado en la construcción del Centro Paralímpico Nacional;así como para deslindar responsabilidades del ex director de la CONADE, Bernardo de la Garza, en el incumplimiento de contrato por la construcción y operación de dicho centro.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

 

Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, conpunto de Acuerdo que exhorta a los gobiernosde los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como al Distrito Federal a actualizar sus atlas estatales de riesgos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas para llevar a cabo la revisión del modelo educativo en su conjunto.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales de los estados a colaborar y otorgar todas las facilidades que sean requeridas con la caravana de búsqueda de madres centroamericanas, durante su trayecto y estancia en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacionaldel Agua a presentar un informe de las posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos durante la administración de Octavio Mijangos Borja como delegado de la Comisión en el estado de Guerrero, en favor de una inmobiliaria, por su relación directa en las pérdidas materiales y humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el origen delos recursos mediante los cuales el candidato de la Coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, realizó diversos actos presuntamente irregulares para favorecer su campaña electoral.- Se turnó a la Comisión de Gobernación.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenerse de entregar los recursos correspondientes a las partidasde los 17 proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos, hasta que la administración de PEMEX detalle la situación real de esta infraestructura.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

De los Senadores del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con puntode Acuerdo que exhorta a la Fiscalía General delestado de Jalisco a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar a los responsables de los actos de desvíos de recursos del erario de la entidad durante la administración de Emilio González Márquez.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reitera una vez más su profundo interés en la atención al fenómeno de la migración,y en ejercicio de sus atributos y responsabilidades solicita a la Secretaría de Gobernación remita un informe sobre la participación del Estado Mexicano frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Isaías González Cuevas, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a considerar la eliminación de las zonas económicas para la determinación de los salarios mínimos generales y profesionales que deberán regir durante 2014 en todo el territorio de la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las causas por las cualesno ha sido ejercido el presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de Federación para 2013, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repita dicho retrasoen años subsecuentes.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social asista a comparecer al Senado de la República para analizar el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román,con punto de Acuerdo para que un grupo plural de Senadores se traslade a la plaza de Coalcomán de Vásquez de Pallares, Michoacán, a fin de conocer la situación de inseguridad que padecen los migrantes en sus comunidades de origen.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De los Senadores del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con puntode Acuerdo que exhorta a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas a investigar que las actividades laborales del ciudadano Mony de Swaan Addatti -ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones-, cumplancon las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo referente a las obligaciones de los funcionarios que han concluido su empleo, cargo o comisión en la administración pública federal.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal yal gobierno del estado de Veracruz a implementar medidas urgentes para garantizar la protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el estado de Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

De la Senador Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar el estatus actual del Nevado de Toluca, con la finalidad de regresarle la calidad de Parque Nacional.- Se turnóa la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero, Miguel Angel Chico Herrera y Blanca Alcalá Ruiz, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo queexhorta a las autoridades federales y locales a anticipar e iniciar urgentemente con los esfuerzos, campañas y medidas preventivas y de protección a la población con motivo de la época invernal.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta alas Secretarías de Gobernación y de Turismo del Gobierno Federal a elaborar y poner en prácticaen las zonas turísticas en el país un programa de protección civil para instalaciones turísticas, a finde prevenir afectaciones provocadas por fenómenosde diversa índole, involucrando la participación de sectores público, privado y social.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta ala Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ala Comisión Federal de Electricidad a ampliar el subsidio a las tarifas eléctricas desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre, considerando el incremento de las altas temperaturas en diversas regiones del país, con el fin de beneficiar a los hogares de menores recursos y a las economías locales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnóa la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los dieciséis jefes delegacionales a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que condena enérgicamente el espionaje recurrente del que es víctima el Estado Mexicano en su conjunto y exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar una investigación exhaustiva para fincar responsabilidades por losactos perpetrados por el Gobierno de EstadosUnidos de América en lo referente al centro de espionaje llamado "Centro de Fusión México" que opera en la Embajada de Estados Unidos en México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De los Senadores del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativadel Distrito Federal a presentar un informe de los convenios celebrados con escuelas de educación superior, el padrón de beneficiarios, las trasferencias hechas a cada una de las instituciones, así como un informe financiero de las erogaciones de los recursos con fechas y destino del Fideicomiso denominado “Fondo de Apoyo para la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal”.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Juana Leticia Herrera Ale, Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Humberto Cota Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Jorge Luis Preciado Rodríguez y José Francisco Yunes Zorrilla, con punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal se instrumenten acciones para la promoción del Año Internacional de la Agricultura Familiar.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas a realizar una investigación sobre las presuntas actividades ilícitas llevadas a cabo durante la pasada administración en el otorgamiento de contratos a las empresas bpm-Megapractical y Quarksoft por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en su caso, se determinen las responsabilidades conforme a la ley.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el queel Senado de la República extiende un loable reconocimiento a la Armada de México como institución fundamental en la protección de la sociedad y la salvaguarda de la soberanía nacional.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Sistema parael Desarrollo Integral de la Familia del estadode Guanajuato a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a fin de garantizar el acceso a la impartición de justicia, así como el interés superior de la menor Ana Karen.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo en relación a la prevención y el combate al cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guanajuato a instruir a los secretarios de educación pública y de salud estatales, con el fin de implementar estrategias gubernamentales que atiendan el fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar en el estado que gobierna.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar de manera urgente, eficiente y transparente la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en todos los estados de la República Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe pormenorizado de la situación actual del trabajo infantil en México y las acciones realizadas para eliminarlo, en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con puntode Acuerdo por el que se solicita a la ProcuraduríaGeneral de la República abrir una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las acciones realizadas, en relación al cierre de establecimientos que no cumplen con los requisitos estipulados en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar una política urgente de revisión y armonización con los derechos humanos en cuerpos normativos de nuestro país, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1° de nuestra Constitución.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a investigar los criterios por los que se otorgaron los permisos administrativos temporales revocables a la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

De la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo para la creaciónde una subsecretaría de diversidad sexual, debidoa que el turismo lgbttti es un nicho de mercado importante para el incremento de la economía del país.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

Del Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a asignar una partida presupuestal para la edificación y el equipamiento de un hospital general de 72 camas en el fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en San Francisco de Campeche, Campeche.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya, Sofío Ramírez Hernández y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdoque exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federalarealizar acciones para la creación de un fondo emergente que dé impulso al sector productivo del café en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a continuar el proceso legislativo de la Iniciativa presentada por el congreso del estado de Aguascalientes, por la que se declara a nivel nacional el año 2014 como “Año del Centenario de la Soberana Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes”.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhortaal Ejecutivo Federal a contemplar en el Programa Operativo Anual 2014 recursos para la construcción del eje carretero Tepetlapa-Xochihuehuetlán, enel estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a consolidar los denominados “clusters” en las ramas industriales más productivas, o en las que se vislumbra un crecimiento potencial, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico, profesional y técnico, así como la generación de empleos en esta entidad federativa.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a acordar la conformación, capacitación, organización, preparación y funcionamiento de la red nacional de brigadistas comunitarios de protección civil, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

Del Senador Raúl Cervantes Andrade, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política someta a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadoresque se destine un espacio en el Senado de laRepública para colocar una leyenda que a la letradiga: “A LA ESCUELA NAVAL Y AL PUEBLO VERACRUZANO, QUE EN 1914 SE CUBRIERON DE GLORIA DEFENDIENDO A LA PATRIA”.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación y esclarecer el asesinato de Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán y se constituya la fiscalía especial para investigar los asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos 8 años.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhortaa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer las acciones encaminadas a proteger a nuestros bosques, que contribuyan al desarrollo económico sustentable de las áreas forestales del país y a recuperar terrenos que han perdido su cubierta arbórea original, como lo puede constituir el fomentar el cultivo de las especies conceptualizadas como “Árboles de Navidad”.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el gobierno de la República de Ecuador, en el marco del litigio que mantiene con la empresa Chevron por el daño ambiental ocurrido en la amazonía ecuatoriana.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, a nombre de Senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas a diseñar e implementar políticas públicas y programas enfocados a la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades del corazón.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a elevar al más alto nivel las relaciones políticas y diplomáticas con Palestina y elevar el estatus de la delegación especial de Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a otorgar los recursos suficientes para cubrir los costos a los usuarios, derivados de la transición al sistema de televisión digital terrestre.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar,del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las entidades federativas a llevar a cabo un diagnóstico del númerode habitantes que padecen la enfermedad celiaca de intolerancias al gluten.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a construir una política de Estadoque impulse la producción nacional de semillas y fertilizantes, en apoyo a los pequeños y medianos productores y a favor de la soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las trece horas con cincuenta y nueve minutos y citó a la siguiente el lunes dos de diciembre a las doce horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Mire, yo soy respetuoso del procedimiento, hay 68 Senadores anotados, pero habemos cinco Senadores aquí nada más en el Pleno, y no podemos empezar si el salón está vacío.

Los asuntos que se van a discutir son importantes y yo creo que valdría la pena, aunque legalmente está el quórum ahí en la pared, pues que haya Senadores presentes en el Pleno.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Mire, conforme al Acuerdo de los grupos parlamentarios, tenemos el registro que acredita la asistencia a través de las Senadoras y Senadores. En virtud de que el trabajo de comisiones, algunos están ahorita atendiendo esas circunstancias y, desde luego, están también atendiendo reuniones de los grupos parlamentarios.

Pero, no podemos detener los asuntos que el Senado tiene que comunicar, como son, todo lo que es la correspondencia, las comunicaciones que nos envían otros poderes o la Colegisladora.

Y, por esa razón, en base al Reglamento podemos iniciar. Cuando llegue el momento de la votación, que las habrá, ahí tendremos que requerir la presencia física de las Senadoras y Senadores.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Lozano Alarcón, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Exactamente en el mismo sentido del colega Senador.

Es una burla, cómo que estamos 70 Senadores aquí presentes. A todas luces es evidente que no están presentes en la sala.

Ahora, si queremos hacer como que están presentes, seguimos la sesión.

Pero es una burla.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Le informo que están debidamente registradas las Senadoras y Senadores. Si alguien tiene alguna duda, que se le muestre la firma de los mismos.

Por lo tanto, en base al Reglamento procede que iniciemos la sesión y cuando haya votación nominal, en ese momento, si se requerirá la presencia física de todas, de la mayoría de las Senadoras y Senadores.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Guerra.

- La C. Senadora Marcela Guerra Castillo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para comentar que una parte sustancial del proceso legislativo, es precisamente el trabajo en comisiones.

Y hay varias comisiones sesionando en este momento. Sin el trabajo de las comisiones, no hay Pleno. En ese sentido, yo creo que el procedimiento es el correcto, el de venir, asistir, poner presentes, que estamos aquí y regresen la mayoría de los Senadores, después de sus trabajos de comisiones, repito, el procedimiento legislativo toma en cuenta el trabajo sustancial en las comisiones legislativas del Senado.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Marcela Guerra.

En efecto, las compañeras y compañeros Senadores están atendiendo tanto las reuniones internas de los grupos parlamentarios como las reuniones de comisión. Por lo cual, no es la primera ocasión que lo hacemos de esta manera.

Por eso yo les pido, que cuando inicie la votación, en ese momento, sí tenemos que tener la mayoría de los integrantes de este Senado.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido, nuevamente, en el escaño del Senador Isidro Pedraza.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Mire, yo considero la importancia de los dictámenes que tenemos y yo creo que usted puede declarar un receso, para que si ya constató que hubo quórum, se integre el mayor número de compañeros para revisar los asuntos que tenemos aquí.

Porque si en verdad es urgente dictaminar en comisiones, bueno, entonces, hagamos esa parte de respeto a la discusión de este Senado, y no hacerlo con un salón vacío.

Yo creo que ahí valdría la pena que usted, en la atribución que tiene como Presidente, declare un receso de una hora, hora y media, en lo que terminan las sesiones y se integren los compañeros y podamos iniciar la discusión en orden.

Sabiendo que hay el quórum reglamentario.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Tomo nota de ello, Senador Pedraza Chávez.

Y le informo que hay una serie de asuntos de trámite que tiene que desahogar esta Mesa Directiva y cuando lleguemos, efectivamente, a la votación de dictámenes, ahí sí procederá lo que usted ha señalado.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Miguel Romo.

- El C. Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Señor Presidente, muchas gracias.

De conformidad con lo que usted está expresando, creo que no hay ningún impedimento para que desahoguemos lo que son comunicaciones y correspondencia y todo lo de trámite.

Y usted como Presidente podrá acreditar, con base al Reglamento, el criterio para proceder en lo que se está solicitando.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Miguel Romo.

Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta.

La Mesa Directiva autorizó la rectificación de turno para 38 iniciativas en materia de reforma política, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La relación de esos proyectos se publicará en la Gaceta del Senado.

Así también, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó 5 ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que le solicitó la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para la presentación de los dictámenes respectivos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Presidencia ratifica las resoluciones descritas por la Secretaría.

Pasamos al siguiente asunto de la agenda del día de hoy.

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe de la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2013, en la ciudad de México.

Una, del Senador Félix González Canto, con la que remite el informe de su asistencia, conjuntamente con el Senador Fernando Torres Graciano, al World Travel Market, celebrado en la ciudad de Londres, Inglaterra, del 4 al 7 de noviembre de 2013.

Y una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en los trabajos de la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, el 16 de octubre de 2013.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la que remite el informe de la XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2013, en la ciudad de México.

Una, del Senador Félix González Canto, con la que remite el informe de su asistencia, conjuntamente con el Senador Fernando Torres Graciano, al World Travel Market, celebrado en la ciudad de Londres, Inglaterra, del 4 al 7 de noviembre de 2013.

Y una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en los trabajos de la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Panamá, el 16 de octubre de 2013.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos

En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 36, FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE ADICIONA LA FRACCION II BIS 1 AL ARTICULO 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara y por los CC. Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Oscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón Irízar López, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señor Presidente; buenos días, compañeros:

La presente es una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y se adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, para sancionar la pesca ilegal del pepino de mar.

Y acudo ante ustedes, a nombre de los Senadores Rocío Pineda, Mely Romero, Margarita Flores, Ivonne Alvarez, Lisbeth Hernández, Claudia Pavlovich, Oscar Rosas, Ricardo Barroso y Aarón Irízar.

En México, la pesca tiene un alto valor económico, social y alimentario, además de contribuir, por supuesto, a la generación de empleos.

De acuerdo a cifras del INEGI, en relación a los países con mayor volumen de pesca en el Continente Americano, nuestro país ocupa el cuarto lugar.

Además, contamos con una gran variedad de litorales que representan una oportunidad para la explotación de las diversas especies que concurren en nuestras costas.

Una de estas especies es el pepino de mar que se aprovecha principalmente en las costas de Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Baja California Norte, Veracruz y Sonora.

Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a un problema, ya que debido a su gran demanda y valor comercial en los mercados asiáticos, principalmente, la biomasa de esta especie marina se ha reducido drásticamente en los últimos años por su creciente sobreexplotación y pesca furtiva. Incluso, muchas de las veces se le captura sin respetar sus ciclos reproductivos en detrimento de su nivel de población óptimo.

Esta especie es un organismo particularmente vulnerable a la explotación debido a su escasa movilidad. Dependiendo de la especie se necesitan entre 10 y 12 toneladas de pepino vivo para obtener una tonelada del producto ya seco.

Las consecuencias de esta explotación indiscriminada se palpan en casos como el que sucedió en Baja California donde su captura empezó en la década de los 80´s alcanzando un máximo en 1991 cuando superaba las mil toneladas y, sin embargo, esto fue en un periodo muy rápido, solamente de tres años cuando la población y la producción, sobre todo, disminuyó prácticamente en más de un 80 por ciento.

Hoy en día, este hecho comienza a repetirse en las costas de Campeche, Tabasco y Yucatán.

Esta actividad, sin duda, ha significado una mejoría en las economías locales, sin embargo tenemos experiencias y señales de modificación en los patrones de abundancia y distribución de las especies, lo cual incrementa el tiempo de búsqueda del recurso y los gastos de inversión así como el crecimiento de la pesca furtiva.

Los esfuerzos gubernamentales por evitar esta situación incluyen la puesta en marcha de vedas y la publicación de normas en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, diferentes estudios de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de la CONAPESCA, del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, una serie de organismos, por supuesto de la península, por mencionar sólo algunas, han detectado que esta pesca y explotación rebasan por mucho los cupos permitidos por algunas licencias otorgadas.

Con base en un dictamen técnico elaborado por el Instituto Nacional de Pesca, en este caso, en particular en el estado de Yucatán, nos damos cuenta de lo que ha sucedido en los últimos años, se establecieron periodos específicos en los que se puede pescar el pepino del mar, y se determinó una veda permanente en las costas de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y también en algunas costas de Yucatán.

Este acuerdo prohibió la pesca, transportación, comercialización y almacenamiento, sin embargo, esto no se ha cumplido.

A pesar de la prohibición expresa de la captura del pepino de mar, la fiebre por su comercialización ha motivado que se implementen operativos que incluyen retenes carreteros y mayor vigilancia marítima para evitar la venta ilegal de esta especie que se encuentra, como ya lo dije, en peligro de extinción.

Considerando que su manejo debe preservar los valores de la biodiversidad en los ecosistemas y salvaguardar los beneficios económicos y sociales de las comunidades a largo plazo son esenciales para la sostenibilidad de las pesquerías de pepino de mar el compromiso de colaborar, de tener diálogos constructivos entre órganos de gobierno y la industria, así como la participación de los pescadores y las comunidades locales en el proceso de explotación sustentable de este organismo marítimo.

Con base en lo anterior, se hace evidente la urgencia de coadyuvar desde este espacio legislativo para evitar la pesca furtiva. La experiencia nos plantea la necesidad de tomar medidas más severas, que doten de herramientas jurídicas a las autoridades competentes para actuar y evitar esta grave situación.

Es por eso, que consideramos oportuno y de primer orden reformar el CódigoFederal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, a fin de tipificar como delito la pesca furtiva del pepino de mar.

Compañeras y compañeros legisladores: Queremos dejar claro que somos sensibles de lo que representa la pesca de esta especie para las familias que viven hoy día de su comercialización, pero somos conscientes también de que se trata de una especie en peligro de extinción y que juega un papel importante en el equilibrio del ecosistema marino, y que de no ponerse en marcha medidas severas para protegerla adecuadamente, dentro de muy poco tiempo el daño económico y ambiental será mucho mayor, ya que no quedará nada de esta especie para comercializar y se dañará el desarrollo de otras especies marinas.

Por lo tanto, nuestra propuesta es sancionar con penas más fuertes la pesca ilegal, es decir, cuando esta actividad se dé sin los permisos correspondientes de las autoridades competentes; por eso proponemos que se sancione de 1 a 9 años de prisión, y por el equivalente de 300 a 3,000 días de multa a quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercialice con las especies acuáticas denominadas pepino de mar dentro o fuera de los periodos de veda sin contar con la autorización que corresponda en la cantidad establecida por las autoridades competentes.

Además, proponemos que cuando la pesca furtiva se cometa por asociación delictuosaen los términos de la legislación penal, se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa.

Adicionalmente, cuando un servidor público en ejercicio de su funciones o aprovechando su cargo permita, autorice o tolere este ilícito también se le sancione con privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

"Los que suscriben, Senadores, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, AngElicadel Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Alvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Oscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 36, fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México, la acuacultura y la pesca tienen un alto valor económico, social y alimentario, con fuertes impactos regionales que contribuyen a la solución de problemas alimentarios y a la generación de empleos.

En el ámbito internacional, las pesquerías mundiales se volvieron un sector en desarrollo dinámico de la industria alimenticia, por lo que muchos países aprovechado sus ventajas comparativas, invirtieron en esta actividad económica. Sin embargo, a lo largo de los años se hizo evidente, que muchos de los recursos pesqueros no podían mantener un incremento sin control de la explotación.

Derivado de esta creciente problemática, los 80 países miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza, redactaron un acuerdo internacional en 1973 denominado “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (CITES) entrando en vigor el 1 de julio de 1975 y suscrito por 177 países hasta la fecha. Cabe destacar que nuestro país, se adhirió al acuerdo en 1991 y el mismo año entró en vigor.

Se hace mención de lo anterior, porque hoy en día, nos enfrentamos a una creciente sobreexplotación y pesca furtiva de una especie marina denominada Pepino de Mar, la cual se encuentra clasificada en el Apéndice I de la Convención en comento, cuyo artículo segundo lo define como:

Apéndice I: incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.

Derivado de lo anterior, se realizaron diversos estudios científicos de instituciones y centros de investigación nacionales, así como recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que hacen patente la urgencia y necesidad de tomar cartas en el asunto de esta creciente problemática, debido a que está en juego un delicado equilibrio ecológico con fuertes impactos regionales de carácter ambiental y económico en el país, incluso con afectaciones a la salud de los pescadores ribereños carentes de equipo adecuado para su captura, dado que en nuestros mares y costas existe esta delicada especie marina.

La experiencia internacional

Los pepinos de mar son pescados a nivel mundial, particularmente en las regiones tropicales. Existen pesquerías en las aguas cálidas de África del Este hasta América Central y del Sur, y enlas aguas temperadas del Mediterráneo y en el Pacífico Norte y Atlántico Norte. La mayoría delas pesquerías han existido por siglos, especialmente en Asia. Las regiones predominantemente exportadoras de esta especie son las del Pacífico Central Occidental y Asia. Algunas pesquerías son relativamente nuevas o están en proceso de desarrollo, tales como las de América Latina, América del Norte y Europa.

El volumen total global de capturas es difícil de estimar por muchas razones: no todos los países declaran los pepinos de mar de manera separada en las estadísticas de comercio de invertebrados marinos; algunos países importan y re-exportan; y algunos animales son exportados salados o congelados, lo que representa cerca de la mitad del peso original del animal, mientras que la mayoría exportan pepino de mar seco, lo que representa aproximadamente 5–10 por ciento del peso vivo del animal. Incluyendo la captura de pepinos de mar en los países donde son comidos, la captura global total de pepinos de mar está cerca de 100 000 toneladas de animales vivos por año (considerando que en algunas estadísticas de comercio no están animales secos). Al inicio del nuevo milenio, cerca de 6 000toneladas de animales procesados (principalmente secos) fueron exportados a los mercados asiáticos, con un valor de más de 130 millones de dólares.

Las pesquerías en América Latina y el Caribe empezaron en las últimas dos décadas y han sido en su mayoría insostenibles. Una excepción es la lucrativa pesquería de pepinos de mar en Cuba, dónde todavía permanece sostenible. Luego de algunos años de alta presión pesquera, se puso una moratoria en las pesquerías de Costa Rica, Ecuador continental, Panamá y Venezuela. En México, las poblaciones del valioso Isostichopusfuscus fueron pescados cerca del 2 por ciento de la biomasa pre-pesquería.

El incremento de la demanda mundial de esta especie desencadenó graves problemas de sobreexplotación y mal manejo, que alarmó a la mayoría de los países, por lo que diversos organismos internacionales, centros e institutos realizaron múltiples investigaciones y estudios que permitieron identificar las diferentes especies de pepino de mar que existen, sus ciclos reproductivos, sus tasas de mortalidad, etc., pero principalmente su explotación descontrolada y manejo inadecuado.

En el 2003 la FAO organizó el taller técnico “Avances en la acuicultura y manejo de pepinos de mar” y publicó un informe con los documentos técnicos y recomendaciones para el manejo pesquero.

Por su parte, la CITES en el 2004también tuvo un taller técnico titulado “Conservación de los pepinos de mar en las familias Holothuriidae y Stichopodidae”, proveyendo la justificación científica y urgiendo en la necesidad inmediata de la conservación y explotación sostenible de pepinos de mar.

A raíz de diversas alarmas, sustentadas en investigaciones científicas, la FAO organiza nuevamente un taller en Galápagos en noviembre del 2007 con científicos, sociólogos y manejadores pesqueros para buscar lineamientos para mejorar el manejo de las pesquerías de pepino de mar. Como un resultado de dicho taller, se diseñó el Código de Conducta para la Pesca Responsable que recomienda a los manejadores de usar la mejor información científica disponible e implementar el enfoque precautorio cuando no hay datos suficientes.

A pesar de toda la evidencia y recomendaciones existentes, el crecimiento del poder adquisitivo de los países asiáticos, incrementan día a día la demanda por esta especie y pasan por alto todas estas sugerencias, como resultado de la magra o nula reglamentación y aplicación de la norma en diversos países.

Contexto Nacional

Con base en un estudio denominado “Una radiografía antes de decidir: el reto del aprovechamiento sustentable del pepino de mar en Campeche” realizado por Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México y la Universidad Autónoma de Campeche, se da cuenta que las poblaciones de pepino de mar son particularmente vulnerables. La fragilidad de sus especies generalmente sucumbe ante la intensa presión pesquera originada por su alto valor comercial en el Oriente.

Este esquema de bonanza efímera se ha padecido en las costas de Baja California y derivó en un agotamiento vertiginoso, hoy en día este hecho comienza a repetirse en las costas de Campeche, Tabasco y Yucatán. Esta actividad ha significado una mejoría notoria en las economías locales, sin embargo, tenemos experiencias y señales de modificación en los patrones de abundancia y distribución de las especies, lo cual incrementa el tiempo de búsqueda del recurso y los gastos de inversión, así como el crecimiento de la pesca furtiva.

El apremio con el que se ha implementado la actividad también ha conllevado nuevos riesgos sociales, incluyendo aquellos de salud originados por la falta de capacitación.

El pepino de mar es un organismo particularmente vulnerable a la explotación debido a su escasa movilidad, dependiendo de la especie, se necesitan entre 10 y 12toneladas de pepino vivo para obtener una tonelada de producto seco. Tal vulnerabilidad fue particularmente observada en el noroeste de México con el colapso de la pesquería de estos organismos en un periodo relativamente corto. En las costas de Baja California la captura de Parastichopusparvimensis e Isostichopusfuscus empezó en la década de los ochenta, pero alcanzó su esplendor en 1991, cuando ya regulada superó las mil toneladas. Sin embargo, la bonanza fue efímera y solo tres años después, en 1994, la producción disminuyó en un 81.8%, es decir, a 182 toneladas.

Para detener el deterioro de las poblaciones de pepino en Baja California, las autoridades implementaron una veda en el periodo 1994-2000, pero esta regulación fue insuficiente, por ello, a mediados de los noventa, se prohibió la captura de pepino de mar. Bajo este tenor, en 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 donde se catalogó a dicha especie bajo la categoría “En peligro de Extinción” modificándose posteriormente en el año 2000 a la categoría de “sujeta a protección especial”. Actualmente, está especie se encuentra dentro de la Lista de especies en riesgo de la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.

Conscientes de la importancia de tomar cartas en el asunto, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), El Instituto Nacional de Pesca, el Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, la Universidad de Campeche y la de Yucatán por mencionar algunas, han realizado estudios que ratifican la urgencia y necesidad de controlar la sobreexplotación y pesca furtiva que rebasa por mucho los cupos permitidos por algunas licencias otorgadas.

Basta revisar los diarios locales o comunicados oficiales para dar cuenta la captura indiscriminada e ilegal del pepino marino, que a pesar de estar catalogada como especie sujeta a protección especial, no existe limitante alguna para erradicarla. Por mencionar un ejemplo, en fechas pasadas un comunicado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) incautó en Baja California aproximadamente 76 mil ejemplares secos, dado que existe un mercado internacional, principalmente asiático que tiene una gran demanda por este producto, los pescadores se ven tentados a capturarlos.

Con base en un Dictamen técnico elaborado por el Instituto Nacional de Pesca, denominado “Fundamento para el establecimiento de veda de las Especies de pepino de mar frente a las costas de la Península de Yucatán” el 30 de marzo de 2012 mediante el “ACUERDO por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 16 de marzo de 1994” publicado en el DOF, se estableció en sus resolutivos un periodo de veda del 1 de abril de 2012 al 14 de febrero de 2015 en un área frente a las costas yucatecas.

Asimismo, se determinó veda permanente en las costas de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y las costas de Yucatán fuera de las coordenadas permitidas.

A partir de la publicación del Acuerdo en comento, se prohibió la pesca, transportación, comercialización, almacenamiento, lo cual no se ha cumplido.

Por otra parte, en el artículo segundo transitorio se estableció, que con base en las evaluaciones biológico-pesqueras que para el efecto realice el Instituto Nacional de Pesca se determinará si se prolonga la veda o se establece otro periodo.

El pasado 14 de febrero del corriente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) dio a conocer que a partir de esa fecha se declaró veda permanente de la captura de todas las especies de pepino de mar en las aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente a la costa de la Península de Yucatán.

La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifica la fracción IX del numeral Primero del aviso por el que se informa el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies publicado el 16 de marzo de 1994, para establecer el periodo de veda para el pepino de mar.

A pesar de la prohibición expresa de la captura del pepino de mar, la fiebre por su comercialización ha motivado que la Marina Armada instrumente una serie de operativos, como retenes carreteros y mayor vigilancia marítima para evitar la venta legal e ilegal de esta especie en peligro de extinción. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos emprendidos, la realidad es que la demanda asiática incentiva a los pescadores a su captura desmedida, lo cual comienza a ocasionar otro tipo de problemas relacionados con la salud, redundando en el incremento de muertes de los pescadores por descompresión, ocasionada por largos periodos de sumersión para su captura.

Recientemente, el doctor Álvaro Hernández Flores, director del Centro Regional de Investigación Pesquera de Inapesca en Yucalpetén, refirió que en 2009, se “tenían monitoreados algunos bancos de alrededor de 18 mil toneladas. En la última evaluación, se estimó que en el 2012 se contaban con mil 800, lo cual equivale a una reducción del90 por ciento, en solo tres años.

Justificación de la reforma

Sin perjuicio de las personas que se dedican a esta actividad económica, considerando quesu manejo debe preservar los valores de la biodiversidad en los ecosistemas y salvaguardarlos beneficios económicos y sociales de las comunidades alargo plazo. El compromisode colaboración, los diálogos constructivos de los órganos de gobierno y la industria, y la participación de los pescadores y las comunidades locales en el proceso de manejo, son esenciales para la sostenibilidad alargo plazo de las pesquerías de pepino de mar, por lo que consideramos oportuno y de primer orden reformar el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal a fin de tipificar como delito la pesca furtiva y así mismo, se instrumenten paralelamente mayores medidas que permitan erradicar la sobreexplotación, la pesca furtiva, pero sobre todo un uso sostenible que permita potencializar su producción controlada e incursionar en el mercado internacional de esta especie.

Con base en lo anterior, se hace evidente la urgencia de coadyuvar desde el legislativo para evitar este tipo de pesca. La experiencia internacional nos plantea la necesidad de tomar medidas más severas, que doten de elementos jurídicos a las autoridades competentes, para actuar con estricto a pego a ley y evitar esta grave situación.

Es por eso, que se hace necesaria la modificación de la legislación penal, para sancionar la pesca ilegal de esta especie; es decir, cuando esta actividad se dé sin los permisos correspondientes por las autoridades competentes.

En mérito de todo lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 36, FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE ADICIONA LA FRACCION II BIS 1 AL ARTICULO 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

ARTICULO PRIMERO: Se reforma el numeral 36, fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194.-Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 35). …

36). En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis y II Bis 1 del artículo 420.

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona la fracción II Bis 1 al artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a II Bis. …

II Bis 1.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas pepino de mar, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda en la cantidad establecida por las autoridades competentes. Cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se cometan por asociación delictuosa, en los términos del artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

III. a V. ..

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente Decreto quedará sin efectos.

Tercero.-Se instruye a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice las medidas necesarias a fin de hacer valer el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Mely Romero Celis.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Oscar Román Rosas González.- Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Aarón Irízar López".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Araujo Lara. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Mendoza Davis desean suscribir la iniciativa y pido a la Secretaría que tome nota de ello.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se reforman los artículos 259 Bis y 260 del Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS NUMERALES 20) Y 21) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 259 BIS Y 260 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y del C. Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del CampoGurza: Con su venia, Senador Presidente.

El hostigamiento y el acoso sexual son conductas antisociales, que si bien no están previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y en el caso del hostigamiento, tipificada como delito en el Código Penal Federal desde el 21 de enero de 1991, hasta el momento no han sido tratadas debidamente con diligencia y puntualidad, pese a su incremento.

De acuerdo con información publicada en el Instituto Nacional de las Mujeres, el acoso sexual afecta a un 46 por ciento de las trabajadoras, con base a los datos arrojados por diversas encuestas y según esta institución, estas cifras no son reales, aunque sean oficiales, sobre el número de casos de acoso sexual registrados contra mujeres en México, ya que son pocas quienes se atreven a denunciar por temor a represalias y, por ende, son contados los casos que se resuelven por la vía penal, al tratarse de delitos que se persiguen por querella y no de oficio.

En fechas más recientes, se reportó que el abuso y hostigamiento sexual contra mujeres de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se disparó en un 350 por ciento, al pasar de 2 denuncias en 2008 a 9 en el primer trimestre de 2009 continuando en incremento hasta el 2013.Al respecto, el titular de la dependencia, reconoció, sin embargo, dijo también que este tipo de ilícitos pudieran ser aún más graves, debido a que no hay una cifra negra que se presenta por lo mismo, el temor de las víctimas a denunciar.

Por su parte, el 13 de marzo de 2012 el Colegio Jurista informó que 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual en el trabajo, esto es 10 por ciento de la población económicamente activa.

En el estudio de este Colegio, señala que los crímenes que tienen mayor impunidad son aquellos que no se denuncian, y los delios sexuales son los que mayor silencio tienen por parte de las víctimas, que en el 72 por ciento de los casos presentan culpabilidad, vergüenza o ambas.

La actitud del acosador en el trabajo se distingue por un coqueteo de forma ofensiva, acercándose sin motivo a la víctima y si se sienten contrariados por la respuesta de ésta, adoptan posturas de halago y/o represalias o ambas de forma alternativa.

Existen diversos grados de acoso sexual en el trabajo, como lo son: hostigamiento leve y verbal, chistes, comentarios, conversaciones de tipo sexual, silbidos o piropos ofensivos; hostigamiento no verbal sin contacto físico, miradas lascivas, gestos obscenos, guiños de ojos.

De igual forma, hostigamiento verbal grave, llamadas, cartas o mails no deseados, presiones para salir a beber o cenar con intenciones distintas.

También, hostigamiento verbal con contacto físico no deseado desde toqueteos, pellizcos, palmadas, sujetar la cintura, roces intencionados, acorralamiento y hostigamiento físico.

En fechas recientes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió por primera vez a la Universidad Nacional Autónoma de México una recomendación tras investigar el caso de un presunto acoso contra una alumna del nivel medio superior, lo que además generó una confrontación entre ambas instituciones.

Lo que sucedió es que presumiblemente se pidió a una alumna de 16 años un intercambio de besos con el fin de recibir una calificación aprobatoria de un examen de física, propuesta a la que se negó. La adolescente pidió al profesor que le escribiera cuándo quería que esto sucediera, y al intentar tomar los papeles como prueba el profesor forcejeó con ella.

En este contexto, y si bien es cierto que en México no existen cifras oficiales acerca del número de personas que son o han sido víctimas de hostigamiento o acoso sexual, instituciones especializadas en el tema estiman que más del 45% de las trabajadoras han enfrentado este problema.

Tanto en el ámbito federal como local están prohibidas ambas figuras por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, en la mayoría de los casos, tipificadas como delitos, al menos una de ellas, en los códigos penales respectivos.

Sin embargo, se trata de delitos que pocas veces son denunciados, y por lo tanto, pocas veces son perseguidos.

Con excepción de aquellas entidades federativas que no han expedido sus leyes locales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y no han tipificado ni el hostigamiento sexual, ni el acoso sexual como delitos, parecería que en México el problema no radica en la legislación emitida al respecto, sino a la falta de programas integrales encaminados, por un lado, a promover la denuncia y a comprometer a los patrones a brindar un verdadero apoyo a los trabajadores que enfrentan esta clase de actos discriminatorios.

La propuesta que contiene esta iniciativa consiste en coadyuvar desde el ámbito federal a sancionar de manera eficiente la comisión de los delitos de abuso sexual y hostigamiento, ya que en la actualidad dichas figuras resultan prácticamente en desuso ya sea por su poca frecuencia de denuncia como por su consideración de delito no grave.

La intención de la presente iniciativa es adecuar tanto el Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de que en su artículo 194 ambas conductas típicas jurídicas y anti sociales estamos buscando que sean consideradas como delitos graves; como por su parte también se propone una modificación al Código Penal Federal a efecto de modificar tanto sus artículos 259 Bis como el 260 que es justamente donde se consideran ambas conductas a efecto de elevar las sanciones previstas por su comisión.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA y ROBERTO GIL ZUARTH Senadores de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 73 fracciones XXI, XXIII y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN Y ADICIONAN LOS NUMERALES 20) Y 21) Y SE RECORREN LOS DEMAS NUMERALES DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 259 BIS Y 260 DEL CODIGO PENAL FEDERAL; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El hostigamiento y el acoso sexual son figuras jurídicas que, si bien están previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y, en el caso del hostigamiento, tipificada como delito en el Código Penal Federal desde el 21 de enero de 1991, hasta el momento no han sido desarrolladas jurisprudencialmente en tesis alguna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de Tribunales Colegiados de Circuito, pero peor aún no son conductas consideradas como graves.

No puede sino llamar la atención el hecho de que en México no exista ni una sola tesis de jurisprudencia en la materia. Aun cuando quisiéramos pensar que ello se debe a que en nuestro país nadie es víctima de este tipo de conductas, difícilmente podríamos aceptar como válida esta última conclusión.

De acuerdo con información publicada en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) el acoso sexual afecta a un 46% de las trabajadoras, con base en los datos arrojados por diversas encuestas y según esta institución , estas cifras no son reales aunque sean oficiales sobre el número de casos de acoso sexual registrados contra mujeres en México, ya que son pocas quienes se atreven a denunciar por temor a represalias y, por ende, son contados los casos que se resuelven por la vía penal, al tratarse de delitos que se persiguen por querella y no de oficio.

En fechas más recientes, se reportó que el abuso y hostigamiento sexual contra mujeres policía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se disparó 350%, al pasar de 2 denuncias en 2008 a 9 en el primer trimestre de 20091. Al respecto, el titular de la dependencia, reconoció, sin embargo, que este tipo de ilícitos pudiera ser aún más grave, debido a que hay una cifra negra que se presenta por el temor de las víctimas a denunciar.

Por su parte el trece de marzo del 2012 el Colegio Jurista informó que 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual en el trabajo, esto es 10% de la Población Económicamente Activa.

El rector de esa institución, Jorge Manrique, detalló que dicha cifra es conservadora, debido a que se trata de un acto ilícito que en 99.7 por ciento de los casos no se denuncia y tiene el índice más alto de impunidad, incluso mayor que en el caso de fraudes internos.

En el estudio del Colegio Jurista se señala que los crímenes que tienen mayor impunidad son aquellos que no se denuncian, y los delitos sexuales son los que mayor silencio tienen por parte de las víctimas, que en el 72 por ciento de los casos presentan culpabilidad, vergüenza o ambas.

La actitud del acosador en el trabajo se distingue por un coqueteo de forma ofensiva, acercándose sin motivo a la víctima y si se sienten contrariados por la respuesta de ésta, adoptan posturas de halago y/o represalias o ambas de forma alternativa.

Existen diversos grados de acoso sexual en el trabajo y el Colegio Jurista determina los siguientes: hostigamiento leve y verbal, chistes, comentarios, conversaciones de tipo sexual, silbidos o piropos ofensivos; hostigamiento no verbal sin contacto físico, miradas lascivas, gestos obscenos, guiños de ojos.

De igual forma, hostigamiento verbal grave, llamadas, cartas o e mails no deseados, presiones para salir a tomar o cenar con intenciones eróticas y/o comportamientos similares.

También, hostigamiento verbal con contacto físico no deseado, toqueteos, pellizcos, palmadas, sujetar la cintura, roces intencionados, acorralamiento; y hostigamiento físico, la consumación del acto sexual por la fuerza.

El tipo de acoso mayoritario es el vertical o el “esto a cambio de eso”, por lo que se le conoce también como “chantaje sexual” o “acoso de intercambio”.

En acosos de este tipo se supone necesariamente que el agresor se encuentra en una situación de superioridad jerárquica respecto del agredido, recalcó.

La principal característica de esta modalidad de acoso se encuentra donde de la aceptación o rechazo de los avances sexuales se desprende una inmediata consecuencia de tipo laboral.

Suponiendo que las cifras anteriores sean representativas de lo que acontece en la realidad mexicana, resulta por demás alarmante el hecho de que en nuestro país, a diferencia de lo que acontece en otras latitudes, las víctimas de hostigamiento o acoso sexual no acudan ante las instancias competentes para hacer valer sus derechos.

Evidentemente nuestro contexto económico, político y social dista mucho de ser el mismo que el que se vive en la Unión Europea. Sin embargo, un ejercicio comparativo entre el desarrollo normativo de estas figuras en México y en Europa no carece de interés; máxime, si tomamos en consideración que ello puede sernos útil para determinar hasta qué grado la regulación mexicana es adecuada, o bien si presenta algunas deficiencias que pudieran ser corregidas para alentar a las víctimas de este tipo de conductas para acudir a las instituciones que pueden brindarles apoyo.

De ahí que resulte importante un breve estudio de derecho comparado, en donde se expone, en primer lugar, las principales disposiciones aplicables en la materia en el orden jurídico mexicano y, en segundo, cuál ha sido el desarrollo normativo del tema que ocupa en el Derecho Comunitario de la Unión Europea y, a manera de ejemplo, la experiencia en España, incluyendo algunos datos estadísticos que, sin duda, resultan de interés.

II. Marco normativo aplicable en México.

II.1. Instrumentos internacionales.

Por lo que hace a los compromisos de índole internacional o regional que México ha adquirido en la materia que nos ocupa, cabe referir al artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), ratificada por el Estado Mexicano el 12 de noviembre de 19982, en cuyo texto se establece que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que: a) tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Por su parte, el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por México el 5 de septiembre de 19903, se prevé en el artículo 20 la obligación de los gobiernos de hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, debiendo garantizar, entre otras cuestiones, que los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

Finalmente, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada el 17 de diciembre de 20074y su Protocolo Facultativo, se dispone en el artículo 27 de la Convención, relativo al trabajo y empleo, que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, lo cual incluye, entre otros aspectos, la obligación de proteger los derechos de las personas con discapacidad a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos.

II.2. Legislación Federal.

En cuanto a la legislación federal, en el Código Penal Federal se encuentra tipificado el delito el hostigamiento sexual, indicándose en el artículo 259 Bis que al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizase (sic) los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Lo anterior en el entendido de que solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño, y que sólo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida.

Mención especial merece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyo artículo 10 se establece que la violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad, aclarándose que puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño, y que también incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

En el artículo 13 del mismo ordenamiento legal se señala que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, el cual se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Por su parte, el acoso sexual se define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley en comento, las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración: establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia; fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan; promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores.

A su vez, el artículo 15 dispone que, para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán: reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión; proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, e implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

Lo anterior, se refleja de manera comparativa en la siguiente tabla:

 

Hostigamiento sexual

Acoso sexual

Código Penal Federal

Artículo 259 Bis.

• Asedio reiterado con fines lascivos.

• A persona de cualquier sexo.

• Valiéndose de su posición jerárquica

por relaciones laborales, docentes,

domésticas o cualquier otra que

implique subordinación.

• Punible solamente si se causó un

perjuicio o daño.

• Perseguible por querella.

• Sanción hasta 40 días multa.

• Destitución del cargo si es servidor público.

No lo contempla como delito

LGAMVLV

Artículo 13

• Ejercicio del poder.

• Relación de subordinación en los ámbitos laboral y/o escolar.

• Conductas verbales, físicas o ambas.

• Relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

• Ejercicio abusivo de poder.

No subordinación.

• Estado de indefensión y de riesgo para la víctima.

• Puede ser en uno o varios eventos.

II.3. Legislación Estatal.

Por lo que respecta a la legislación estatal, debe precisarse, en primer término, que en la mayoría de los Códigos Penales de las entidades federativas se encuentran tipificados como delitos el hostigamiento sexual, el acoso sexual o ambos, sin embargo las entidades donde no se ha tipificado como delito el acoso sexual son Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Por lo que se refiere a la tipificación del hostigamiento sexual, no lo han realizado Coahuila, Distrito Federal, Durango, Querétaro, Sinaloa y Veracruz.5

En segundo término, es de mencionar que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de febrero de 2007, 326 entidades federativas han expedido sus propias leyes de acceso, con objeto de hacer operativa la Ley General7.

Los datos anteriores, se detallan en el siguiente cuadro comparativo:

ENTIDAD FEDERATIVA

CODIGO PENAL Y CONDUCTA TIPIFICADA

LEYES DE ACCESO

Aguascalientes

Art. 114 (Hostigamiento Sexual)

Baja California

Art. 184 Bis (Hostigamiento Sexual)

Baja California Sur

Arts. 293 y 293 Bis (Hostigamiento

Sexual y Acoso Sexual)

Campeche

Art. 167 (Asedio Sexual)

Coahuila

Art. 399 Bis (Acoso Sexual)

Colima

Art. 216 Bis (Hostigamiento Sexual)

Chiapas

Arts. 237 y 238 (Hostigamiento Sexual)

Chihuahua

Art. 176 (Hostigamiento Sexual)

Distrito Federal

Art. 179 (Acoso Sexual)

Durango

Art. 391 (Acoso Sexual)

Estado de México

Arts. 269 y 269 Bis (Hostigamiento

Sexual y Acoso Sexual)

Guanajuato

Art. 187-a, 187-b,187-c y 187-d (Acoso

Sexual y Hostigamiento Sexual)

Guerrero

Art. 145 Bis (Hostigamiento Sexual)

Hidalgo

Art. 188, 189 y 189 Bis (Hostigamiento

Sexual)

Jalisco

Art. 176 Bis (Hostigamiento y Acoso

Sexual)

Michoacán

Art. 246 Bis (Acoso Sexual)

Morelos

Art. 158 (Hostigamiento Sexual)

Nayarit

Art. 260 Quáter y 260 Quintus

(Hostigamiento o Acoso Sexual)

Nuevo León

Arts. 271 Bis y 271 Bis I

(Hostigamiento Sexual)

Oaxaca

Art. 241 Bis (Hostigamiento Sexual)

Puebla

Arts. 278 Bis, 278 Ter, 278 Quáter, 278

Quintus, 278 Sextus y 278 Septimus

(Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual)

Querétaro

Art. 167 Bis (Acoso Sexual)

Quintana Roo

Arts. 130 Bis y 130 Ter (Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual)

San Luis Potosí

Arts. 158 Bis, 158 Ter y 158 Quáter (Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual)

Sinaloa

Art. 185 (Acoso Sexual)

Sonora

Art. 212 Bis (Hostigamiento Sexual)

Tabasco

Art. 159 Bis (Hostigamiento Sexual)

Tamaulipas

Art. 276 Bis, 276 Ter, 276 Quáter y 276

Quintus (Hostigamiento Sexual y Acoso

Sexual)

Tlaxcala

Art. 227 Bis (Hostigamiento Sexual)

Veracruz

Art. 190, 190 Bis y 190 Ter (Acoso Sexual)

Yucatán

Art. 308 (Hostigamiento Sexual)

Zacatecas

Art. 233 (Hostigamiento Sexual)

Fuente: Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. http://www.cndh.org.mx/Programa_Asuntos_Mujer_Igualdad_Mujeres_Hombres

Evidentemente existen algunas diferencias entre las Leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia de cada una de las entidades federativas, así como entre los elementos del tipo y la punibilidad de las conductas en cada una de las legislaciones penales.

En cambio, todas las entidades han legislado en la materia que nos ocupa, tanto en el ámbito penal como en el de acceso. De estas entidades, 25 prevén el delito de hostigamiento sexual, 16 el de acoso sexual, 1 utiliza estos términos como sinónimos, 6 establecen ambos delitos como independientes entre sí y 1 contempla a ambos en el delito de asedio sexual.

III. Derecho Comunitario de la Unión Europea.

A fin de exponer brevemente cuál ha sido el desarrollo normativo de las figuras en comento el Derecho Comunitario de la Unión Europea, me refiero a continuación a la Recomendación 92/131/CEE de la Comisión Europea, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, en la se invita a los Estados miembros a adoptar medidas para fomentar la conciencia de que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afecten a la dignidad de la persona son inaceptables.

En dicha Recomendación el acoso sexual se define como:

• Toda conducta irrazonable y ofensiva para la persona objeto de la misma;

• Toda conducta que justifique explícita o implícitamente una decisión que afecte a los derechos de esta persona en materia de formación profesional, empleo, mantenimiento del empleo o salario, y

• Toda conducta que cree un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona objeto de la misma.

Además, se invita a los Estados miembros a tomar medidas en el sector público para poner en práctica el código de conducta de la Comisión, considerándose que tales medidas servirán de ejemplo para el sector privado, dentro del cual deberá promoverse también el establecimiento, por parte de los empresarios y de los representantes de los trabajadores, de medidas que permitan aplicar el código.

Otro documento que vale la pena mencionar es la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

En esta Directiva se refunden las disposiciones de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social; la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, y la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, reuniendo en un único texto las principales disposiciones existentes en este ámbito, así como ciertas cuestiones de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades.

La Directiva 2006/54/CE parte de la premisa de que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental del Derecho Comunitario en virtud de los artículos 2 y 3, apartado 2, del Tratado —en los que se proclaman la igualdad entre hombres y mujeres como una «misión» y un «objetivo» de la Comunidad e imponen una obligación positiva de promover dicha igualdad en todas sus actividades—, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el cual ha sostenido que el ámbito de aplicación de este principio no puede reducirse únicamente a la prohibición de las discriminaciones que se derivan de la pertenencia a uno u otro sexo.

Igualmente, se toma en consideración que en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se prohíbe toda discriminación por razón de sexo y se consagra el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.

En la Directiva se distingue entre dos clases o tipos de discriminación:

a. discriminación directa: la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable, y

b. discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particularcon respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

Además, se sostiene que el acoso y el acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y constituyen discriminación por razón de sexo a efectos de la Directiva. Ello, en el entendido de que dichas formas de discriminación se producen no solo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo, a la formación profesional y a la promoción. Por consiguiente, se deben prohibir estas formas de discriminación y deben estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Por ello, de acuerdo con la Directiva, debe alentarse a los empresarios y a los responsables de la formación profesional a tomar medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de sexo y, en particular, a tomar medidas preventivas contra el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la formación profesional y a la promoción, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

Al respecto, se establece en el artículo 2 de la Directiva que por acoso se entiende la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; en tanto que, por acoso sexual se entiende la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

En consecuencia, según la Directiva 2006/54/CE, se considerará en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

IV. LA EXPERIENCIA EN ESPAÑA

Después de hacer una breve relatoría acerca del Derecho Comunitario de la Unión Europea cabe preguntarnos, ¿cuál ha sido el resultado en esas latitudes de los compromisos adquiridos por los Estados en esta materia?

Utilizando a España como ejemplo, y de acuerdo con el estudio denominado “El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral” de 26 de abril de 2006, elaborado por el Instituto de la Mujer (MTAS), el acoso sexual en el ámbito laboral se asienta en tres grandes ejes: la violencia contra las mujeres, un entorno laboral sexista y un marco de abuso de poder, tanto jerárquico como de género.

Según se desprende de esa investigación, mientras en entornos laborales de mayoría femenina un 13% de trabajadoras se sienten discriminadas, este porcentaje sube al 22% en entornos más equilibrados y alcanza el 24.5% en los más masculinizados.

Partiendo del grado de consideración de situaciones de acoso sexual por parte de las mujeres trabajadoras y teniendo en cuenta que dicha percepción depende de la sensibilidad y percepción de cada mujer ante la ocurrencia de dichas situaciones, en el estudio se consideraron tres niveles:

Acoso leve, se incluyen aquellas situaciones consideradas graves o muy graves por menos del 55% de las mujeres trabajadoras. Se corresponde con situaciones circunscritas a expresiones verbales públicas vejatorias para la mujer (chistes de contenido sexual sobre la mujer, piropos/comentarios sexuales sobre las trabajadoras, pedir reiteradamente citas, acercamientos excesivos y hacer gestos y miradas insinuantes).

Acoso grave, situaciones consideradas graves o muy graves en un intervalo del 55 al 85% de las trabajadoras entrevistadas. Se asocia a situaciones en las que se produce una interacción verbal directa hacia la mujer con alto contenido sexual (preguntas sobre la vida sexual, hacer insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones y presionar después de la ruptura sentimental con un compañero).

Acoso muy grave, engloba a aquellas situaciones en las que más del 85% de las trabajadoras consideran grave o muy grave. Situaciones en las que se producen contactos físicos no deseados, tales como abrazos y besos no deseados, tocamientos, pellizcos, acorralamientos, presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas, realizar actos sexuales bajo presión de despido y el asalto sexual.

Para establecer la incidencia del acoso sexual en el trabajo en España se ha optado por establecer dos diferentes niveles de cuantificación, diferenciando para ello en lo que se ha denominado acoso técnico y el acoso declarado.

Se considera acoso técnico el padecido en el último año por una trabajadora en cualquiera de las situaciones definidas como acoso sexual, independientemente de que ella lo considere o no acoso sexual.

Como acoso declarado se entienden aquellas situaciones sufridas por la mujer en su trabajo, en el último año y consideradas por ella como acoso sexual.

Según las definiciones anteriores, los resultados del estudio indican que el 14.9% de las mujeres trabajadoras en España han sufrido alguna situación de acoso sexual en el último año (acoso técnico), mientras que sólo el 9.9% de las entrevistadas percibe haber sufrido acoso sexual (acoso declarado).

Respecto al acoso técnico, las conductas más frecuentes suelen ser aquellas clasificadas como leves: los chistes de contenido sexual sobre la mujer, con un 13.1% y los piropos y comentarios sexuales sobre las trabajadoras, con un 9.8%, tienen una incidencia muy alta y superior a las demás.

Otras conductas tienen una incidencia más baja, pero por su gravedad deben ser tenidas en cuenta al mismo nivel de importancia. Entre éstas cabe destacar los abrazos o besos no deseados, con un 0.9%, los tocamientos y pellizcos, con el mismo porcentaje y, especialmente, los acorralamientos, con un 1.6%.

En lo que se refiere al acoso declarado, se mantienen como más habituales las conductas señaladas en el caso del acoso técnico. Los piropos aparecen como la que más afecta a las trabajadoras, un 6,4% reconocen padecerlo. En segundo lugar, aparecen los chistes, con un 5,5%, los gestos y miradas insinuantes con un 3.1%, los acercamientos con un 2.7% y las preguntas sobre la vida sexual aparecen en los siguientes lugares.

En cuanto a las reacciones de las trabajadoras ante el acoso sexual, las líneas de actuación varían en función del tipo de acoso, pero se puede afirmar que a medida que se eleva la gravedad de la situación, se incrementa la búsqueda de soluciones.

En los casos de acoso leve prevalece la táctica de la inacción, especialmente en el caso de los piropos, mientras que en las situaciones de acoso grave se empiezan a articular medidas más amplias, entre las que destaca sobre el resto el evitar al acosador o enfrentarse al mismo. En el acoso muy grave, se articulan y combinan todo tipo de acciones con el fin de reducir sus efectos.

Un dato a destacar es la baja confianza que se tiene en la estructura empresarial como elemento de protección ante el acoso. Sólo en los casos muy graves se acude al jefe superior, si bien en niveles muy bajos, dos de cada diez mujeres que sufren abrazos no deseados y una de cada diez que ha vivido acorralamientos.

En los casos en que las mujeres tomaron algún tipo de iniciativa ante el acoso sufrido, los resultados obtenidos no se pueden considerar satisfactorios. En un 31.8% de los casos el acoso desapareció, en un 35.8% sólo se ha aliviado sin llegar a desaparecer y todavía queda un importante grupo de mujeres que permanecen en la misma situación, un 15.7% o incluso que padece incidentes más graves, un 3.9%.

La reacción mayoritaria es apoyar incondicionalmente a la víctima, el 40.6% de las mujeres que han vivido una situación de acoso en el último año tienen esa percepción. Sin embargo, frente a esta conducta solidaria, casi una tercera parte, el 30.7% de los trabajadores y trabajadoras, tienden a minimizar el problema e incluso un significativo 24% se pone frente a la mujer acosada, bien dándola la espalda o bien culpabilizándola.

Sólo una cuarta parte de las trabajadoras, un 25.1%, que han vivido alguna situación de acoso sexual en el trabajo, reconocen haber comentado esta situación con alguien de su entorno.

Los confidentes del acoso sexual son, según manifiestan las mujeres que reconocen haber comentado con otras personas su situación, mayoritariamente mujeres, si bien casi la mitad de ellas también comparten su problema con varones. Sólo una de cada diez mujeres que han declarado haber sufrido acoso en el último año lo han comentado exclusivamente con varones.

Las amigas, en un 56.3% y/o compañeras, en un 46.7%, son los interlocutores más utilizados para comentar el acoso. Con menos frecuencia aparecen los varones, amigos con un 25.7% y/o compañeros de trabajo, con un 16.1%.

De forma mayoritaria, las propuestas son altamente conservadoras y escasamente proclives a un enfrentamiento con la situación. De hecho, dos de cada tres consejos recibidos, tienen un componente de evitación (no hacer nada, que se evite a la persona, que cambien de empleo o puesto), frente a una tercera parte que recomienda adoptar acciones para solucionar el problema (enfrentarse al acosador o poner una denuncia).

El papel que juega la empresa, actualmente, en la prevención y erradicación del acoso sexual es muy reducido, según las respuestas de las trabajadoras entrevistadas. Únicamente un escasísimo 8,3% de las mujeres que han declarado sufrir acoso sexual consideran que la actuación de la empresa podría calificarse de adecuada.

Respecto a la actuación más habitual de las empresas es inhibirse del problema, es decir, no hacer nada al respecto, según lo percibe el 49,8%,, si bien banalizar la situación ("lo ven normal") o el intento de ocultamiento de la misma, aparecen igualmente en el repertorio de actuación de las compañías ante el acoso sexual, si bien con una reducida incidencia.

El 8.5% de las trabajadoras entrevistadas reconoce haber sufrido algún tipo de acoso sexual en otros trabajos anteriores. Preguntadas acerca de que influencia tuvo el acoso sufrido para cambiar de empresa, más de la mitad, un 51.9%, reconocen que la situación vivida fue un factor para dejar la empresa.

El papel actual de las instituciones ante el acoso sexual en el trabajo es meramente testimonial. Tan sólo, el 1.6% de las mujeres que han sufrido acoso sexual, en el último año (acoso declarado), han acudido a algún organismo institucional para exponer lo ocurrido. De ese porcentaje mínimo, la vía más utilizada son los sindicatos.

V. CONCLUSIONES

Si bien es cierto que en México no existen cifras oficiales acerca del número de personas que son o han sido víctimas de hostigamiento o acoso sexual, instituciones especializadas en el tema estiman que más del 45% de las trabajadoras han enfrentado este problema.

Tanto en el ámbito federal como local están prohibidas ambas figuras por la Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, en la mayoría de los casos, tipificadas como delito, al menos una de ellas, en los Códigos Penales respectivos.

Sin embargo, se trata de delitos que pocas veces son denunciados y, por tanto, pocas veces son perseguidos.

El análisis del desarrollo que estas figuras han tenido en el Derecho Comunitario de la Unión Europea y de las obligaciones que han asumido los Estados miembro al respecto, nos permiten advertir que en el hostigamiento y el acoso sexual subyacen conductas discriminatorias que es menester combatir. Asimismo, se refuerza la idea de que la participación del sector privado en esta tarea es pieza clave.

Aun cuando podría pensarse que en la Unión Europea se ha dado un mayor desarrollo conceptual en la materia que nos ocupa, las cifras estimadas de personas que son víctimas de estos delitos en España también nos hablan de un grave problema, ocasionado fundamentalmente por escasa cultura de denuncia y la falta de participación del sector empresarial en su erradicación.

Por tanto, con excepción de aquellas entidades federativas que no han expedido sus leyes locales de acceso de las mujeres a un vida libre de violencia y/o no han tipificado ni el hostigamiento sexual, ni el acoso sexual como delitos, parecería que en México el problema no radica en la legislación emitida al respecto, sino en la falta de programas integrales encaminados, por un lado, a promover la denuncia y a comprometer a los patrones a brindar un verdadero apoyo a los trabajadores que enfrentan esta clase de actos discriminatorios.

Aunque sería deseable que la legislación mexicana fuer más uniforme y se pudiera distinguir conceptualmente de una mejor forma entre hostigamiento sexual y el acoso sexual, en los tiempos actuales, eso no parece ser el problema, ya que ambas conductas permanecen en la impunidad, incluso estando tipificadas por miedo a represalias.

Ello, en el entendido de que no deja de resultar preocupante que en la actualidad existan todavía Estados de la República en que ni siquiera se considera como delito una u otra conducta, dejando en completo estado de indefensión a las víctimas.

Por ello la propuesta que contiene esta iniciativa consiste en coadyuvar desde el ámbito federal a sancionar de forma eficiente la comisión de los delitos de abuso sexual y hostigamiento, ya que en la actualidad dichas figuras resultan prácticamente en desuso ya sea por su poca frecuencia de denuncia como por su consideración de delito NO GRAVE.

En tal contexto la intensión de la presente Iniciativa es adecuar tanto el Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de que en su artículo 194 ambas conductas típicas jurídicas y anti sociales sean consideradas como delitos graves; como por su parte también se propone una modificación al Código Penal Federal a efecto de modificar tanto sus artículos 259 Bis como el 260 que es donde se consideran ambas conductas a efecto de elevar las sanciones previstas por su comisión.

En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, con el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS NUMERALES 20) Y 21) Y SE RECORREN LOS DEMAS NUMERALES DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 194DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y SE REFORMAN LOS ARTICULOS 259 BIS Y 260 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, para quedar en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se reforma y adicionan los numerales20 y 21 y se recorren los demás numerales de la fracción I del artículo 194 del Código Penal Federal, en los siguientes términos:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero;

2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

5) Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

6) Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

7) Piratería, previsto en los artículos 146 y 147;

8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;

10) Ataques a las vías de comunicación, previsto en los artículos 168 y 170;

11) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero;

12) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

13) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis.

14) Se deroga

15) Se deroga

16) El desvío u obstaculización de las investigaciones, previsto en el artículo 225, fracción XXXII;

17) Falsificación y alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237;

18) Se deroga.

19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;

20) Hostigamiento, previsto en el artículo 259 Bis;

21) Abuso sexual, previsto en el artículo 260;

22) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

23) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo;;

24) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 Bis

25) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

26) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

27) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter;

28) Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis;

29) Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

30) Se deroga

31) Robo, previsto en el artículo 371, párrafo último;

32) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;

33) Los previstos en el artículo 377;

34) Extorsión, previsto en el artículo 390;

35) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis, y

36) Bis. Contra el Ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416, párrafo último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera, o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420, párrafo último.

34) En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 Bis.

35) Desaparición forzada de personas previsto en el artículo 215-A.

36). En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del artículo 420.

SEGUNDO.- Se reforman los artículos 259 Bis y 260 del Código Penal Federal en los siguientes términos:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá una pena de ocho a quince años de prisión. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Roberto Gil Zuarth".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.


1Nota consultada en la página Web http://www.milenio.com/node/193448, el 17 de abril de 2009.

2Plascencia Villanueva, Raúl y Pedraza López, Ángel compiladores, Compendio de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, Tomo II, México, Edit. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011, p. 1113.

3http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/7-A-4.pdf

4Ibidem, Tomo I, p. 185.

5Ídem.

6Ídem.

7Véase Reporte del Comparativo entre las Leyes Estatales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, 10 de junio de 2008.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONANLAS FRACCIONES X Y XI AL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los CC. Senadores Armando Ríos Piter, Rabindranath Salazar Solorio, Zoé Robledo Aburto y Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, presento yo a nombre de un grupo de Senadores, particularmente de Armando Ríos Piter, yo estoy suscribiendo, el compañero Rabindranath Salazar Solorio, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya, esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para otorgarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la atribución para formular y conducir políticas y programas que garanticen a la población el acceso a la Banda Ancha e Internet gratuito.

Nosotros estamos presentando esta iniciativa porque esta es una de las primeras iniciativas ciudadanas que se presentó en este Senado.

Esta iniciativa viene respaldada por más de 125 mil personas o firmas para que se pueda tener el Acceso Libre a Internet para Todos, con el objeto de lograr el acceso “universal a la carrera del conocimiento” en el territorio nacional.

Cuando entramos a la discusión de la reforma de telecomunicaciones, uno de los temas que en la sociedad más llamó la atención es la posibilidad de democratizar el acceso a los medios de comunicación y particularmente al Internet, y esta iniciativa se quedó ahí y venía, y eso es lo importante de ello, respaldada por un importante número de ciudadanos que tuvieron a bien la atingencia de presentar esta iniciativa.

Me toca a mí, en el marco de esta sesión, hacer la presentación de esta iniciativa, pero sobre todo resaltando los aspectos fundamentales. Miren, el artículo 6o. de la Constitución ya atribuye este tipo de derechos, dice:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque a la moral, la vida privada o a los derechos a terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole para cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Del I. al VII.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución”.

Y trae los artículos transitorios que se refieren a esta parte que le da sustento legal a poder fundamentar este derecho que estamos pidiendo nosotros.

Nosotros creemos, particularmente, y por eso estamos respaldando esta iniciativa, que debe de garantizarse el derecho de los ciudadanos a la banda ancha y al internet de tal manera que esto nos permite estar en condiciones de mayor comunicación, de mayor información. Hemos visto, y ustedes son testigos, que en el territorio nacional, donde hay mayor información, el voto ciudadano se comporta de manera diferente, la sociedad que está enterada e informada en los lugares de comunicación difícilmente es objeto de la presión y el cohecho en el voto y vota de manera libre e informada.

Por eso, el estar planteando un aspecto importante en las comunicaciones el que el internet y la banda ancha sean de acceso a los mexicanos, plantea la posibilidad de que jóvenes del espectro en el territorio nacional, de comunidades indígenas, de ciudadanos, donde difícilmente llega la comunicación puedan estar en contacto con el mundo exterior y puedan de esa manera acceder a la información que les garantice un mayor conocimiento y una mayor información a la hora de tomar decisiones.

Incluso, miren, ahorita hay en el ambiente la discusión de una reforma política, y esa reforma política se está discutiendo y está llegando particularmente a las sociedades con mayor comunicación, pero en el medio rural este tema no está llegando a la sociedad.

En el medio rural y en territorios de nuestro país con difícil acceso no está llegando, incluso los elementos para hacer una evaluación puntual y correcta del desempeño del primer año del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el término del cumplimiento de sus compromisos.

Hoy se había firmado un Pacto por México que buscaba alcanzar compromisos de desarrollo en nuestro país en materia de legislación, y hemos visto con sorpresa como paulatinamente se van retrayendo de este cumplimiento de compromisos, y ahora quieren sorprendernos con reformas a la Constitución que no estaban comprometidas en el Pacto por México, y si los ciudadanos tuvieran el acceso a la información, a las telecomunicaciones, a la vía rápida y expedita como el internet lo permite, en este momento fuera un momento que los ciudadanos de México estuvieran en las calles reclamando y exigiendo que se ajusten estrictamente a lo firmado por el Pacto por México.

Hoy esta misma sesión, su composición está en vísperas de dictaminarse en comisiones un dictamen que tiene que ver con la reforma política, una reforma democrática para el Distrito Federal, y esto debería de ser de conocimiento de los mexicanos que están en muchas partes, apartados de nuestra República Mexicana, y conozcan de los procesos de discusión que se vienen dando en órganos como el Senado.

Incluso hoy por la mañana llegaron aquí ciudadanos de diferentes despachos y asociaciones, de la sociedad civil, reclamando que los Senadores incluyen en su dictamen algunos aspectos acerca de la reelección.

Por eso siento que es importante lo que se viene dando en América Latina, hay un desarrollo importante en este tipo de medios y por eso el día de hoy hablar de esto, referirnos a que se pueda hacer esta reforma, permite que estemos en condiciones de darle mayor acceso a la información a nuestro pueblo; un pueblo informado y enterado es un pueblo que está en condiciones de tomar las mejores decisiones

Por eso, señor Presidente, solicito que el texto íntegro de este proyecto de Decreto se incluya en el Diario de los Debates a fin de no hacer una lectura tan larga y cansar aquí a este numeroso auditorio que el día de hoy tenemos aquí.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su atención, compañeros.

(Aplausos)

Iniciativa

"Quienes suscriben, ARMANDO RIOS PITER, ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, ZOE ROBLEDO ABURTO, Senadores integrantes de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES X Y XI AL ARTICULO 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, para otorgarle ala Secretaría de Comunicaciones y Transportes la atribución para formular y conducir políticas y programas que garanticen a la población el acceso a la Banda Ancha e Internet, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Reforma Política aprobada el año pasado, incorporó en la Constitución la figura de iniciativas ciudadanas. A partir de este avance, los ciudadanos que presenten a cualquiera de las Cámaras de la Unión firmas que equivalgan a un 0.13 por ciento del listado nominal de electores1, lo que actualmente equivale a poco menos de 107 mil firmas, pueden presentar propuestas de ley.

El pasado 5 de marzo, un importante grupo de actores de la sociedad civil entregó al Senado2, con el respaldo de más de 125 mil personas, la primera iniciativa ciudadana en la historia, mejor conocida como “Acceso LIBRE, Internet Para Todos”, con el objetivo de lograr el acceso “universal a la carretera del conocimiento” en el territorio nacional.

Este planteamiento va encaminado a abrir la puerta para que niños, maestros, madres de familia, ancianos, de todos los niveles económicos, tengan acceso a las tecnologías de información, en condiciones equitativas, en todo el país.

En su momento, la presentación de dicha propuesta, se dio de forma simultánea con la propuesta de Reforma en Telecomunicaciones que envió el Ejecutivo al poder Legislativo. Los planteamientos generados por este grupo de ciudadanos influenciaron la conformación del Dictamen final de la Reforma en Telecomunicaciones y permitieron incorporar una posición más cercana a la ciudadanía en un tema de altísima relevancia para el país.

Se trató de la primera iniciativa ciudadana en la historia, respaldada por más de 125mil personas; ahora se requiere realizar las diversas adecuaciones legales, programáticas y presupuestales para garantizar la viabilidad de un derecho que hoy día ya se encuentra plasmado en la Constitución.

La influencia de la iniciativa ciudadana antes citada se refleja en el Artículo 6º Constitucional, en sus párrafos primero, segundo y tercero, así como en el apartado B fracciones I, II, y III. Adicionalmente la obligatoriedad de las acciones para el Ejecutivo Federal se encuentra reflejada en los artículos transitorios DECIMO CUARTO, DECIMO QUINTO, DECIMO SEXTO Y DECIMO SEPTIMO, cuyo texto producto de la reforma quedó de la siguiente manera:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. ...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

TRANSITORIOS

DECIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia.

DECIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

DECIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes:

I. a VII. …

DECIMO SEPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones:

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población;

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal;

III. a V. …

En el Artículo 6º Constitucional es posible identificar conceptos que se encontraban en la mencionada iniciativa ciudadana. En sus tres primeros párrafos este artículo incorpora la importancia del derecho a la información, el libre acceso a la misma, así como la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a la banda ancha e internet. Además en el apartado B del mismo artículo, se enfatiza la obligación del Estado para generar la política de inclusión digital universal, así como la de garantizar que los servicios de telecomunicaciones se otorguen en condiciones de competencia, calidad, el acceso libre y sin injerencias arbitrarias, entre otros.

Adicionalmente, en los artículos transitorios queda claramente establecida la obligación del Ejecutivo Federal para determinar la política de inclusión digital y determinar los programas para tal fin, garantizar velocidades de conexión en la mayoría de los hogares a velocidades comparables a las de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como definir un programa para garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de la Administración Pública Federal que permita alcanzar la cobertura universal.

Continuando con los transitorios, se establece que en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Ejecutivo Federal deberá impulsar el acceso de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Así como incluir en los programas sectoriales, institucionales y especiales las acciones necesarias para lograr la inversiónpública, privada o mixta, que asegure la máxima cobertura de servicios a la población, mediante el crecimiento de la red troncal.

Esta revisión permite identificar que las labores que para el Ejecutivo Federal se derivande la reforma la Constitución en materia de Telecomunicaciones, son múltiples y requerirán de mucha coordinación, por lo que si no se define claramente a un responsable de impulsar su implementación, se corre el riesgo de que la intención de garantizar el derecho de acceso a banda ancha e internet que estableció la reforma se quede en sólo una serie de buenas intenciones.

Por ello consideramos que la dependencia que deberá tomar la batuta al interior del Gobierno Federal para mantener el impulso de las tareas pendientes sea una Secretaría de Estado, y la más adecuada para ello sería la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la experiencia con la que cuenta, así como por el conocimiento técnico y el área de especialización que se requiere para impulsar esta reforma, así como las tareas que le son naturales.

Los beneficios de contar con una conexión de banda ancha e internet son múltiples, el sólo hecho de incorporar partes de la propuesta ciudadana LIBRE, internet para todos, es ya una avance democrático que le permite a la ciudadanía identificar beneficios claros y directos producto de su esfuerzo organizativo y propositivo, la búsqueda de la cobertura nacional de banda ancha e internet para todos los mexicanos es por si misma un principio aglutinador de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno. Para lograr su concreción se requiere definir responsabilidades y sumar esfuerzos, para poder garantizar este derecho establecido en la Constitución.

Como lo mencionan en la iniciativa Ciudadana, las brechas en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en México, tanto en un comparativo internacional como en una comparación interna, son evidentes, sustanciales y preocupantes dado que no existe un sólo indicador sectorial en donde el posicionamiento del país esté acorde con su economía y su tamaño, lo que implica que el potencial sobre la generación de empleo, crecimiento económico, salud, educación, entre otros, queda ampliamente desaprovechado, por ejemplo:

a. De los 19 países de América Latina, sólo Cuba (14.06%) y Bolivia (78.41%) tienen una penetración de telefonía móvil menor que México (84.32%)

b. De acuerdo a las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sobreprecio pagado en México por los servicios de telecomunicaciones equivale a 162,000 millones de pesos al año, similar al subsidio anual a la gasolina [en años anteriores].

c. De acuerdo a los ponderadores utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), si la telefonía fija bajara al precio promedio de los países de la OCDE, el precio del huevo podría aumentar 119% y el impacto en la inflación sería nulo.

d. El 20% de los domicilios más pobres de México gastan un alto porcentaje de su ingreso en telecomunicaciones.

En el reporte para el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realizado por el Relator Especial para la promoción y protección de los derechos para la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, en Mayo de 2011, se considera que Internet es uno de los instrumentos más poderosos del siglo XXI para exigir mayor transparencia en la conducta a quienes ejercen el poder, acceder a información y facilitar la participación ciudadana activa en la consolidación de sociedades democráticas.

El Relator subrayó que el acceso a Internet presenta dos dimensiones: el acceso a la información en línea sin restricciones, exceptuando unos pocos casos previstos en el marco internacional de los derechos humanos; y la disponibilidad de la infraestructura necesaria, tecnologías de la información y la comunicación, como cables, módems, computadoras y programas informáticos, para acceder en un principio a Internet.

Es importante conocer los beneficios que el acceso a banda ancha e internet tiene y la relevancia que marca en el contexto actual. A nivel internacional son claros los efectos positivos que tiene el libre acceso a internet. Está comprobado que el aumento en el acceso a dicha herramienta es proporcional al crecimiento del Producto Interno Bruto.

Incrementar de manera generalizada el acceso a Internet tiene efectos positivos en el desempeño económico. Un estudio del Banco Mundial en 2009, realizado mediante datos de 1980 al 2006, llegó a la estimación de que si 10 por ciento adicional de la población obtiene banda ancha, el crecimiento del PIB se incrementa en 1.38 puntos porcentuales. Posteriormente, una investigación enfocada en los países en América Latina, con información hasta 2008, llega a la conclusión de que el impacto equivalente para la región es de 0.16 puntos porcentuales. La inmensa mayoría de los estudios que evalúan el impacto del acceso a Internet, estiman un efecto positivo.

Actualmente en México este derecho es negado a la mayoría de la población. Según cifras del INEGI, en localidades con más de 15 mil habitantes el 30% tiene acceso a internet, peor aún en aquellas que tienen menos de 2,500 habitantes se reduce al 3%. Estas cifras demuestran el enorme rezago que tiene la población, especialmente en zonas rurales. México enfrenta un déficit alarmante en infraestructura de banda ancha que mantiene a 94% de las zonas rurales marginadas de estos servicios.

¿Por qué México necesita banda ancha e internet?

Es un instrumento que ayuda a la construcción de ciudadanía. México necesita banda ancha e internet de libre acceso porque a través de esta vía se impulsa la generación de una conciencia crítica que ni el sistema educativo ni los medios de comunicación han logrado construir. La manera en que los medios han utilizado la libertad de expresión deja a muchas personas fuera de sus enfoques, los medios de comunicación tradicionales tienen posiciones que no siempre permiten que la información fluya de manera horizontal. En internet se abren espacios informativos y de discusión libre, internet no tiene barreras.

Es una herramienta que fortalece la democracia. Nuestro país requiere banda ancha e internet porque rebasa los límites de los monopolios, es un contrapeso que desafía la concentración de poder, además de que le plantea nuevos retos a los políticos y al gobierno al enfrentar un canal rápido y directo sobre cuáles son las demandas ciudadanas. Dentro de la red todos tenemos acceso al manejo de la información.

Es una palanca para disminuir la desigualdad. Países como Finlandia, Francia, Costa Rica y Estonia han generado nuevas oportunidades de negocios y empleos incorporando el acceso a internet como un derecho para la ciudadanía. México necesita estar a la vanguardia y no permitir el rezago tecnológico ya que el internet una herramienta que tiene un potencial benéfico, permite acceso a información que hoy en día está negada en muchos rincones del país, dar acceso a la red es una manera de equilibrar la brecha económica, social y política que existe en México. Entre el 10% más rico del país, el 67% cuenta con internet mientras que entre el 20% de la población con menores ingresos no alcanza ni el 2%, no se puede restringir este derecho únicamente a los que tienen mayores recursos.

Es una vía para favorecer la inclusión financiera. Lograr la conectividad a la red permite que las poblaciones más alejadas, donde habitan en muchos casos los mexicanos con menores ingresos, tengan acceso a nuevas y más baratas fuentes de financiamiento, que les permitan fondear los nuevos proyectos y opciones económicas a tasas más competitivas y acceder a toda una gama de servicios financieros, (seguros, coberturas, créditos, fondos de ahorro, inversiones, etc.) que hoy día les son muy lejanos.

El internet permite elevar la competitividad. El acceso a internet a la población eleva la competitividad de la economía, de acuerdo a los criterios de evaluación del World Economic Forum en su reporte “The Financial Development Report (2012)” toma en consideracióntres criterios en el rubro de Disponibilidad tecnológica: el acceso a internet, la suscripción a banda ancha y el porcentaje de la población que utiliza internet. Los datos proporcionados por el WEF indican que México solo el 38% de la población “tiene acceso” a internet mientras que los Estados Unidos de América es una proporción del 81%. La proporción de la población que tiene “suscripción a internet” en México apenas llega al 10.9% mientras en los Estados Unidos es del 28% de la población.

Es una inversión en la nueva generación de mexicanos. El acceso a la red, aporta elementos para asegurar la libertad de expresión de una manera integral, vela por el derecho a expresar opiniones políticas, culturales, sociales, económicas y tener acceso a información que garantice el conocimiento de los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos, lo que se traduce en una sociedad moderna y proactiva.

El acceso libre a la banda ancha e internet permite e incentiva a la población a conseguir información y generar conocimiento sobre acontecimientos nacionales y mundiales, lo que a largo plazo, acompañado de políticas públicas que lo incentiven, se convierte en un impulsor de innovación que genera competitividad.

Para el Estado debe ser prioridad legislar para garantizar banda ancha e internet, y para el Ejecutivo Federal resulta indispensable definir un responsable que encabece los esfuerzos que se requieren para poder concretar los beneficios que se derivan de la reforma en Telecomunicaciones, en particular porque concretar el acceso a banda ancha e internet es el motor que genera un círculo virtuoso en muchos aspectos, entre otros:

• Beneficia al sector salud ya que se brinda información y atención médica a distancia, resolviendo en varios ámbitos la falta de cobertura.

• La educación a distancia para zonas rurales y urbanas, crea una nueva forma de enseñar, ahora los maestros educan, pero también aprenden de sus alumnos.

• Abre espacios de conocimiento y acceso a la información universal.

• Genera empleo; aquellos como consecuencia del despliegue y construcción de las redes de banda ancha (directos e indirectos) y aquellos relacionados con las externalidades en el empleo.

• Incentiva la innovación y la creación de nuevas empresas.

• Permite acceso a nuevas alternativas de financiamiento y favorece la inclusión financiera de personas y comunidades.

• Favorece la democracia, en las elecciones se tiene información de manera horizontal sobre candidatos lo que se traduce en la toma de decisiones informada.

• Ayuda a la transparencia y a la rendición de cuentas por la horizontalidad y la relación directa que crea con actores en el gobierno.

• Las redes en nuestro país han demostrado la capacidad de convocatoria por lo que es notable cómo incentiva a la organización de la sociedad civil.

• Eficienta trámites burocráticos.

• Beneficia al turismo, facilitando el consumo de servicios, impulsando el desarrollo regional y de las PyME’s por medio de la promoción online, y aumentando la demanda turística en destinos no convencionales

Esta es una oportunidad para reducir desigualdad, fomentar la participación, construir una sociedad más equitativa y preparada, colocar a políticos y gobierno en un escrutinio más cercano de la sociedad. Esta es la concreción de lo que inició como una lucha ciudadana para alcanzar una patria para todos.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores que suscriben la presente iniciativa ponemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

DECRETO

UNICO.- Se adicionan las fracciones X y XI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recorriéndose la actual XI y las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a la IX….

X.- Coordinar con las dependencias y entidades el diseño y ejecución de la política de inclusión digital universal, a cargo del Ejecutivo Federal, en la que se incluirán los objetivosy metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicacionesde telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas, contenidos digitales y los aspectos que requiera el cumplimiento de los objetivos trazados, en particular, las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI.- Diseñar y ejecutar en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la instalación de una red que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha e Internet, así como las políticas y programas que permitan al Ejecutivo Federal garantizar que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

XII.- Participar en los convenios para la construcción y explotación de los puentes internacionales;

XIII a la XXVIII.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En el diseño de la política de inclusión digital universal a que se refiere la fracción X del artículo 36 deberá incluirse como meta que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos a la banda ancha e Internet con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a niveles competitivos internacionalmente.

TERCERO.- Telecomunicaciones de México, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986, promoverá el acceso a servicios de internet de banda ancha, para lo cual realizará las acciones requeridas para permitir dicho acceso a través de la red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional a su cargo.

Para efecto de lo dispuesto por el párrafo anterior, La Comisión Federal de Electricidad garantizará a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo a la infraestructura de fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones a su cargo, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Dado en el sesión de sesiones, a 10 de octubre de 2013.

Suscriben

Sen. Armando Ríos Piter.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Zoé Robledo Aburto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

1 Según la página del IFE, el Listado nominal de electores con corte al 27 de septiembre de 2013 contaba con un total de 82,218,263 registros.

2 La iniciativa ciudadana aparece en la Gaceta Parlamentaria del 7 de marzo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

En representación de mis compañeras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis y la de la voz, venimos a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

México ha reconocido el derecho a la alimentación adecuada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho fundamental.

"Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará".

De conformidad con diversos instrumentos de derecho internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual contempla este derecho en el contexto de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, lo establece como el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y a vivir libres de hambre.

La alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos, en especial las niñas, niños y adolescentes, debido a que los niños son especialmente vulnerables a la falta de alimentación adecuada, por cuanto necesitan alimentos nutritivos y sanos para crecer física y mentalmente.

En consecuencia, debido a que la población infantil y adolescente enfrenta una serie de dificultades para hacer efectivo su derecho a una sana alimentación, cabe mencionar que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, casi 6 millones de niños mueren todos los años de mal nutrición o enfermedades conexas, es decir, cerca de la mitad de todas las muertes se pueden prevenir.

Debido a la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente, nuestro país ha sido parte de numerosos tratados internacionales a través de los cuales reconoce la obligatoriedad de respetar, proteger y efectuar progresivamente los derechos en ellos reconocidos, en materia de los derechos de la infancia y adolescencia. México ratificó en 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos de niñas, niños y adolescentes.

Nuestro país en el año 2000 hizo efectivo el reconocimiento de los derechos con la expedición de un ordenamiento en materia de protección a la población infantil y adolescente, denominada: Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Asimismo, también establece los principios básicos conforme los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos. En la actualidad este ordenamiento requiere de diversas actualizaciones en materia del interés superior de la niñez, entre una de las más sobresalientes es garantizar el derecho a la alimentación.

Aunado a lo anterior, hoy en día, esta iniciativa es el único ordenamiento que garantiza y protege los fundamentales derechos de la población infantil y adolescente, es por ello que resulta necesaria la adecuación de este ordenamiento con el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Constitución Federal.

Por ello se propone la adición de un Capítulo a la ley referida, con el propósito de establecer de manera prioritaria el derecho a la alimentación adecuada para la población infantil y adolescente, así como establecer estrategias para erradicar la desnutrición, el hambre, el sobrepeso, la obesidad y demás enfermedades relacionadas, y de esta forma garantizar su salud, así mismo establecer que el Estado Mexicano, a través de sus niveles de gobierno garantice el pleno ejercicio de este derecho.

La presente iniciativa pretende impulsar la importancia de la protección que asegure la plena incorporación del derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Unico. Se adiciona un Capítulo al Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, denominado Capítulo Tercero Del Derecho a la Alimentación, recorriendo los subsecuentes capítulos.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

Iniciativa

"SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 71 FRACCION II Y 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 8 NUMERAL 1 FRACCION I, 164 NUMERALES 1 Y 2, 169 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACION DEL PLENO LEGISLATIVO, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, BAJO LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

El derecho a la alimentación se encuentra reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 contempla este derecho, en el contexto que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada (art. 25).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, lo establece como “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” (art. 11). Todos los seres humanos independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión u otra condición tienen derecho a la alimentación adecuada y a vivir libres de hambre.

En México recientemente el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como un derecho fundamental.

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

El derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente un derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos, en especial niñas, niños y adolescentes, debido a que los niños son especialmente vulnerables a la falta de alimentación adecuada, por cuanto necesitan alimentos nutritivos y sanos para crecer física y mentalmente. Alrededor de la mitad de las muertes de niños menores de 5 años de edad son consecuencia de la desnutrición.

La malnutrición es causada por una combinación de factores, como la falta de alimentación y atención de salud adecuada, incluso durante el embarazo, no solo provoca la muerte de niños sino que tiene además consecuencias a largo plazo, incluidos el deterioro mental y físico, enfermedades crónicas, y sistemas inmunes y salud reproductiva débiles.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), casi 6 millones de niños mueren todos los años de malnutrición oenfermedades conexas, es decir, cerca de la mitad de todas las muertes que se pueden prevenir.1

Debido a la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente,nuestro país ha sido parte de numerosos tratados internacionales a través de los cuales reconoce la obligatoriedad de respetar, proteger y efectuar progresivamente los derechos en ellos reconocidos, en materia de derechos de la infancia y la adolescencia, México ratificó en 1990, laConvención sobre los Derechos del Niño (CDN), por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos de niñas, niños y adolescentes.

México también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna, entre las que destaca la reforma al artículo 4° constitucional, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez, el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para el año 2000, nuestro país consiguió cumplir con la obligación internacional de hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la expedición de un ordenamiento en materia de protección a la población infantil yadolescente; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución.2 Así como también establece los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos. Asimismo, dicha Ley, dio lugar a la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República, con la finalidad de que las 32 entidades federativas cuenten con leyes locales de protección de derechos de la infancia y la adolescencia.

Hoy en día, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no establece dentro de su catálogo de derechos, el derecho a la alimentación adecuada para la población infantil y adolescente, por lo que resulta necesaria la adecuación de este precepto general, toda vez este, es reglamentario del artículo 4º Constitucional.

Al tenor de lo referido en los párrafos anteriores, la presente iniciativa pretende que el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, consagrado en el tercer párrafo del artículo 4º de nuestra Carta Magna, sea reconocido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como un derecho fundamental para la población infantil y adolescente de nuestro país.

Por ello se propone la adición de un capítulo a la Ley referida, con el propósito de establecer de manera prioritaria el derecho a la alimentación adecuada para la población infantil y adolescente, así como establecer estrategias para erradicar la desnutrición, el hambre, el sobrepeso la obesidady demás enfermedades relacionadas, y de esta forma garantizar la salud de niñas, niños y adolescentes, así mismo establece que el Estado Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno garantizaráel pleno ejercicio del derecho a la alimentación.

Finalmente es de mencionar que con la propuesta que se pretende nos proponemos impulsarla importancia de un marco de protección que asegure la plena incorporación del derecho a la alimentacióndeniñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a Consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPITULO A LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

UNICO.- Se adiciona un Capítulo al Título Segundo de la Ley para la Protección delos Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, denominado Capítulo Tercero Del Derecho a la Alimentación, recorriendo los subsecuentes capítulos, para quedar como sigue:

TITULO SEGUNDO

De los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Primero

Del Derecho de Prioridad

Capítulo Segundo

Del Derecho a la vida

Capítulo Tercero

Del Derecho a la Alimentación

Artículo 15 bis.- Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a una alimentaciónadecuada que les permita mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral, en términos del párrafo tercero del artículo 4º constitucional y de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, conforme alartículo 133 constitucional.

El derecho a la alimentación es el derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las disposiciones necesarias para velar de manera prioritaria por el pleno ejercicio del derecho de la población infantil y adolescente a una alimentación adecuada, a través de estrategias tendientes a garantizar:

A. La protección del derecho a la alimentación adecuada de niñas, niños y adolescentes.

B. La seguridad alimentaria y nutricional de la población infantil y adolescente, para el disfrute de una vida sana y activa.

C. El acceso adecuado a la cantidad de alimento necesario para el desarrollo saludable de niñas, niños y adolescentes en condiciones socioeconómicas y ambientales desfavorables.

Artículo 15 ter.- A las autoridades señaladas en el artículo anterior, les corresponderáa través de las instituciones educativas, de salud y de desarrollo social lo siguiente:

A. Promover hábitos alimentarios saludables; implementando programas que contribuyan a la prevención de la desnutrición crónica, del sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial y demás enfermedades crónicas no trasmisibles vinculadas a los mismos, a fin de garantizar la salud de toda la población infantil y adolescente.

B. Favorecer que niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de incorporar a los hábitos alimentarios, alimentos y bebidas nutritivamente adecuados.

C. Garantizar que la distribución y comercialización de alimentos y bebidas sea apta en la salud de niñas, niños y adolescentes.

D. Impulsar la realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo en niñas, niños y adolescentes.

E. Mejorar el estado nutricional de niñas, niños y adolescentes.

F. La creación de comedores escolares, en las instituciones de educación públicas o privadas a través de los cuales se promueva la ingesta de alimentos sanos y nutritivos.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 02 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Martha Palafox.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Senadora Lisbeth Hernández, mis estimadas compañeras Senadoras, si me permiten adherirme a su iniciativa por ser muy importante, garantizar la distribución y comercialización de alimentos, bebidas aptas para los niños, tiene que ver con algunos puntos de Acuerdo que he presentado en relación con bebederos de agua potable en las escuelas y los lugares públicos, así como la prevención de la obesidad, la diabetes y la insuficiencia renal.

Les agradecería me permitan sumarme.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senadora Lisbeth Hernández, ¿acepta la inclusión de las compañeras y compañeros Senadores que lo han pedido, además de la Senadora Martha Palafox, el Senador Eviel Pérez Magaña, la Senadora Pavlovich Arellano, la Senadora Hilda Flores, el Senador Francisco Salvador López Brito, la Senadora, Maki Esther Ortiz Domínguez y el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz?

Pido a la Secretaría que tome nota de ello y con mucho gusto se incluye la participación de ustedes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley General de Salud y a la Ley General de Educación.

1 FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009

2 Artículo 1, Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PARA EL CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

(Presentada por la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre propio y de los CC. Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Héctor Larios Córdova, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Guadalupe Garza Galván, José María Martínez Martínez, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Fernando Enrique Mayans Canabal y Adolfo Romero Lainas)

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente.

En los últimos años el sobrepeso y la obesidad han causado 2.8 millones de fallecimientos de personas adultas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, también es responsable de padecimientos como diabetes en 44 por ciento, de cardiopatías isquémicas en 23 por ciento y algunos cánceres entre el 7 y el 41 por ciento.

Es preocupante que para 2010 se hayan registrado alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años de edad con sobrepeso, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

En México este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, reportó un ascenso de casi 2 puntos porcentuales de 7.8 por ciento en 1988 a 9.7 por ciento en 2012.

Dicha encuesta señala la existencia de aproximadamente 5 millones 664 mil 870 infantes entre 5 y 11 años de edad; 6 millones 325 mil 131 adolescentes desde los 12 a los 19 años con sobrepeso u obesidad.

Datos alarmantes apremian la necesidad de una propuesta integral en la materia que aminore los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud de todos los mexicanos, particularmente de las nuevas generaciones.

La iniciativa propone reformar diversos preceptos, los cuales pretenden que la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria sean materia de salubridad general pública.

En el artículo 27 de la ley citada, se introduce como servicio básico de salud la orientación alimentaria y la orientación correcta.

Asimismo, en el artículo 115, la Secretaría de Salud deberá establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria, con la finalidad de que cuantifique y analice periódicamente la prevalencia de obesidad y el impacto de las estrategias implementadas.

Otro tema que no puede quedar fuera, son los establecimientos donde se maneja la modalidad de refill o relleno que no es más que relleno gratis o refresco sin fin, esto se utiliza mucho como herramienta de marketing en casi todos los restaurantes de América del Norte y en muchas cadenas de alimentos en nuestro país, donde uno puede tomar toda la bebida que se apetezca sin costo adicional. Sin embargo, como bien sabemos, el agua es el líquido que trae las propiedades para saciar la sed, no así una bebida gaseosa y azucarada. México se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, con un consumo mayor de 163 litros de refresco por persona al año, con lo que supera en 40 por ciento a los Estados Unidos y nuestra población infantil con sobrepeso y obesidad, es superior que la de Estados Unidos.

Es por lo anterior que se propone en el artículo 115 que los tipos de establecimientos como lo son cadenas comerciales de alimentos y bebidas no alcohólicas no se pueda expender en éstos aquellas bebidas gaseosas y/o bebidas azucaradas, en la materia de relleno o refill gratuito.

Por otra parte, en aras de que los infantes de México tengan un mayor control en su nutrición se pretende que la Secretaría de Salud, para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de conducta alimentaria y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se lleven a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica.

Propongan los menús o los alimentos y bebidas preparadas y procesadas que se expendan o distribuyan de manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibradas, teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición.

Así mismo se deberá informa a los padres de familia o tutores de la población escolar los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

También dentro de estos centros escolares, se elimina el consumo y expendio de alimentos y bebidas con alta densidad energética y bajo contenido nutrimental.

Hoy en día los consumidores no tienen la suficiente información nutrimental en la publicidad o empaques de los productos que se consumen. Es por ello que se pretende regular las etiquetas de los productos de alimentos y bebidas no alcohólicas, para que se especifique por empaque o envase individual y por contenido calórico, y porciones en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las Normas Oficiales Mexicanas o disposiciones aplicables.

Como sabemos, esto actualmente lo vemos en algunos productos que consumen los menores, ello porque no es impositivo, sino discrecional por parte de la industria.

El sustituir el consumo de bebidas azucaradas por agua es sumamente importante. Por ello se pretende que los planteles de educación básica y media superior y equivalente, cuenten con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos.

También se prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alta densidad energética dentro de estos centros escolares.

Por otra parte, sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria como lo es la bulimia y la anorexia se ha arraigado más en los adolescentes de nuestro país. Al respecto, se propone que en ningún caso en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, se vendan laxantes a menores de edad.

Sabemos también que los centros escolares representan un lugar donde se adoptan y repiten los hábitos y donde se cultiva la formación para el futuro del educando, es por ello que esta propuesta pretende que se incorpore dentro del programa de educación básica una materia que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, así como beneficios de la actividad física constante.

Finalmente, agradezco a mis compañeras Senadoras y Senadores que suscribieron esta iniciativa, más de 17, que representan un avance para combatir de manera frontal este grave problema que día a día crece dentro de nuestra sociedad.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Las que suscriben, Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge Luis Lavalle Maury, Héctor Larios Córdova, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Guadalupe Garza Galván, José María Martínez Martínez, Francisco Salvador López Brito, Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del GPPAN; Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Senadora independiente,y Fernando Enrique Mayans Canabal, Adolfo Romero Lainas,integrantes del GPPRD, Integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, la que se fundamenta en la presente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La buena nutrición y la salud están directamente relacionadas, siendo este vínculo aún más importante durante la infancia, esta es la etapa en que los infantes pueden adquirir los hábitos correctos, para el cuidado de su salud e integridad física.Si el menor está bien alimentado durante los primeros años de vida puede tener un efecto positivo en su salud a largo plazo, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar, socializarse y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

Sin embargo, en los últimos años el sobrepeso y la obesidaden los menores, se ha traducido en un gran problema en diversos países del mundo y aún más en nuestro país, por ello es de suma importancia decir que estos dos aspectos, definidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, son el quinto factor principal de riesgo, de defunción en el mundo. La OMS señala que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además también se le atribuyen como la causa de la diabetes en 44%, de cardiopatías isquémicas en 23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%.

Además de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 el problema de la obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente, ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

Es por lo anterior y todavía más preocupante que a la fecha la población no esté consciente que, de prevenir el sobrepeso o la obesidad, se pueden librar de consecuencias en su salud que pueden ser mortales.

Es por ello que en México este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, la cual reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue que se colocaron entre los problemas de salud pública más importantes.

La ENSANUT 2012, reportó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años, registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del tiempo con casi 2 puntos porcentuales de 7.8% en 1988 a 9.7% en 2012. La principal región con aumento, fue el Norte del país con una prevalencia de 12% en 2012, con 2.3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Para la población en edades de los 5 a los 11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, 36.9% niños y 32% niñas. Aunque la prevalencia no aumentó de 2006 a 2012, según lo indica la ENSANUT, tampoco disminuyó y es un número muy grande de la población que está siendo afectada, lo anterior, representa a la tercera parte de la población infantil, en este rango de edades.

Así mismo la ENSANUT 2012, señala que el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo cual equivale a 6, 325, 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. De dicha cifra 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres, tendencia que cambia cuando vemos que de los 5 a los 11 años las niñas están por debajo de los niños.

Así mismo de acuerdo con la multicitada encuesta, de un universo de 66,849,80 de adultos, el 69.4% son mujeres el 73% son hombres con sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. La obesidad abdominal en mujeres tiene una prevalencia de 82.2% y en hombres de 64.5%.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 %a 35.3% y la obesidad de 9.5 %a 35.2%.

Como podemos observar todo lo anterior, son datos alarmantes por los efectos que van a tener a corto o mediano plazo, que tiene que ver con los niños en su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades, y, en los adultos con rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y económico de nuestro país.

Es importante redoblar esfuerzos, continuar con la prevención y concientización de las consecuenciasque provoca el sobrepeso la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Es por ello, que se presenta esta propuesta la cual pretende prevenir, y combatir de manera frontal desde el ámbito de la Ley la obesidad, el sobrepeso y los transtornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia.

Cabe mencionar, que esta Iniciativa trata reforman diversos preceptos en los cuales se pretende que estos problemas de saludmencionados como los es la obesidad, sobrepeso y los transtornos de la conducta alimentaria como la bulimia y anorexia, sean materia de salubridad pública.

Así mismo en el artículo 6 de la Ley General de Salud, se pretende que el sistema nacional de salud tenga por objetivo diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien y promuevan cambios hacia una alimentación correcta y Contrasten eficientemente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y transtornos de la conducta alimentaria como la anorexia y labulimia.

Por otro lado en el art. 27 de la Ley General de Salud, se introduce como servicio básico de salud la orientación alimentaria y la alimentación correcta, el mejoramiento de la nutrición. Así mismo, se pretende que la educación para la salud entre otros rubros tenga por objeto también el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Por otra parte, cuando se habla en el artículo 115 de le Ley citada, marca que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo diferentes atribuciones, en entre ellas se propone establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria. Que cuantifique y analice periódicamente la prevalencia de la obesidad y el impacto de las estrategias implementadas.

Y un tema que no puede quedar fuera, son losestablecimientos donde se maneja la modalidad de refill o relleno que no es más que “Relleno Gratis” o “Refresco Sin fin”, esto se utiliza mucho como herramienta de marketing en casi todos los restaurantes de América del Norte, donde uno puede “saciar” su sed con toda la bebida que apetezca sin costo adicional, es decir paga por su bebida una sola vez y puede tomar y rellenar su vaso, de forma ilimitada. Sin embargo como bien sabemos el agua es el líquido que trae las propiedades para saciar la sed no así y una bebida gaseosa y azucarada. Hoy en día en nuestro país, según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, solamente 37% de los jóvenes entre 12 y 29 años consumen frutas diariamente y 36% verduras, lo que es similar al consumo de refrescos que alcanza el 37%. Esto se suma al 60% de los jóvenes mexicanos que no practica ninguna actividad física, además de la falta de consumo de alimentos que proporcionen nutrientes y no solamente azúcar y grasas. México es el principal consumidor de refrescos en el mundo, con 163 litros en promedio por personas al año, 40% más que Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar, con un promedio de 163 litros por persona al año.

Es por lo anterior, que se propone en el artículo 115 en su fracción IV que en los tiposde establecimientos que marca el artículo en comento, no se podrá expender en estos establecimientos aquellas gaseosas y/o bebidas azucaradas, en la modalidadde relleno o “refill”.

Por otra parte en aras de que los infantes de México tengan un mayor control en su nutrición se pretende que la Secretaría de Salud, para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevará cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

Así mismo, ante la grave situación que vive la población infantil en cuanto al sobrepeso y la obesidad, es en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional donde existe la oportunidad de modificar patrones conductuales de alimentación a través de la renovación de la oferta de productos alimenticios, junto con acciones de orientación y educación sobre los hábitos alimentarios que se mantendrán en las diferentes etapas de la vida; acciones en las cuales debe establecerse la corresponsabilidad de la comunidad escolar para ofrecer alimentos y bebidas nutritivas que favorezcan la salud de los estudiantes. Lo anterior, también deberá estar acompañado por la responsabilidad de los padres y hacer lo mismo en el seno del hogar, pues no se debe olvidar que la escuela es sólo complemento de la formación, por lo tanto, padres y escuela deben ser copartícipes en la formación de hábitos adecuados de alimentación de los niños mexicanos.

Al ser un tema primordial la alimentación que se suministra por parte de los educandos en los centros escolares, se considera que es ahí la parte medular para comenzar a atacar el gran problema de salud pública ya mencionado, es por ello que se pretende quela Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación propongan,los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados que se expendan o distribuyande manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibrados teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición. Así mismo, se deberá informar a los padres de familia o tutores de la población escolar, los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

En este sentido dentro de estos centros escolares, se elimina el consumo y expendio de alimentos y bebidas con alta densidad energética y bajo contenido nutrimental.

Hoy en día los consumidores no tienen la suficiente información nutrimental en la publicidad o empaques de los productos, o tal vez muchas veces no se entiende. Como bien sabemos se ha intentado tanto por parte del poder Ejecutivo como el Legislativo, regular y modificar el etiquetado en los alimentos para saber cuántas calorías consume la persona, es por ello que se pretende regular las etiquetas de los productos, para que se especifique por empaque o envase individual y por contenido calórico, y por porciones, en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

El sustituir el consumo de bebidas azucaradas por agua es sumamente importante ya que el agua sacia la sed las bebidas azucaradas no. Por ello se pretende que en“Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos. Así mismo la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Por otra parte sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria como lo es la bulimia y anorexia se ha arraigado más en nuestra sociedad atacando en su mayoría a las adolecentes. Es por ello que se pretende que en ningún caso en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, se vendan laxantes a menores de edad.

En otro tenor de ideas, se propone que en los centros escolares los educandos no tengan a la vista la publicidad de alimentos con bajo contenido nutricional, ya que ello, es incentivo para su consumo por ello la propuesta prohíbela publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Por último, cabe decir que en la escuela, es donde se da el aprendizaje, donde se absorben los hábitos y donde se tornea la educación para el futuro del educando, es por ello que esta propuesta pretende que se incorpore dentro del programa de educación básica la asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; así como beneficios de la actividad física constante.

Por todo lo anterior, es que se somete a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.

Artículo Primero: Se reforma los artículos; 3, 6, 7, 27, 111, 112, 113, 115, 212, 226, 301, 421 yse adiciona el artículo 115 bis., todos de la Ley General de Salud,para quedar como sigue:

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I aXI…

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII.

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I a IX …

X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación correcta y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación correcta, que contrarreste eficiente al sobrepeso, obesidad, desnutrición y transtornos de la conducta alimentaria como la anorexia y labulimia.

Art. 7º.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. a XII…

XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios y una buena nutrición.

XIV. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud, y

XV. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. aVIII…

IX. La orientación alimentaria y la alimentación correcta;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas; y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Artículo 111. La promoción de la salud comprende:

I. Educación para la salud;

II. Nutrición y orientación alimentaria;

III. aV.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II; y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición hacia una alimentación correcta, actividad física para la salud, salud mental (TCA), salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, con énfasis en el consumo de alimentos que conduzcan a la alimentación correcta y así mismo impulsen la actividad física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de sobrepeso,obesidad, desnutrición y los trastornos de conducta alimentaria. Que cuantifique y analice periódicamente la prevalencia de la obesidad y el impacto de las estrategias implementadas.

II. a III.

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Así mismo no se podrá expender en estos establecimientos bebidas gaseosas y/o azucaradas en la modalidad de relleno o “refill”.

V. a VIII.

IX. Para prevenir, detectar, tratar y controlar padecimientos como sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevará cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación correcta; y

XI. En coordinación con la Secretaría de Educación proponer,los menús o los alimentos y bebidas preparados y procesados que se expendan o distribuyande manera directa o a través de terceros, dentro de los centros escolares, los cuales serán variados y equilibrados teniendo como prioridad aquellos alimentos que lleven a buenos hábitos alimenticios yuna buena nutrición. Así mismo, se deberá informar a lospadres de familia o tutores dela población escolar, los menús que se propongan, los cuales estarán supervisados por profesionales en nutrición.

Así mismo dentro de estos centros escolares, se eliminará el consumo y expendio de alimentos y bebidas con alta densidad energética y bajo contenido nutrimental.

Artículo 115 Bis.- Los planteles de educación básica y media superior o equivalente, contarán con depósitos de agua equipados con filtros y bebederos públicos.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, especificando por empaque o envase individual y por contenido calórico, y por porciones, en cada tipo de presentación, de conformidad con lo señalado por las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:

I. a VI.

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, y en ningún caso se venderán laxantes a menores de edad.

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 301, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413

Artículo Segundo: Se reforma elartículo 14 de la Ley General de Educación,para quedar como sigue:

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I.- Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV delartículo 13, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

I Bis.- Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente;

II.- Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12;

II Bis.- Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;

III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;

IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares;

V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12;

VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística;

VII.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa;

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y fomentar su enseñanza y divulgación;

IX.- Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones;

X.- Promover e impulsar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia;

XI.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;

XI Bis.- Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores haciaaquéllos corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a los niños y jóvenes al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a los niños y

XII.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que consideren necesarios para garantizar la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;

XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;

XII Quáter.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;

XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y

XIII.- Incorporar dentro del programa de educación básica la asignatura que incluya temas de alimentación correcta, las causas y consecuencias de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria; así como beneficios de la actividad física constante; y

XIV.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de diciembre de 2013".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño de la Senadora Lorena Cuéllar.

- La C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: (Desde su escaño) Para mi adhesión a la iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto. Solicito a la Secretaría Parlamentaria que incluya la participación de la Senadora Lorena Cuéllar.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con las iniciativas que se turnan directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta de las iniciativas para turno directo.

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7o. de la Ley General de Educación, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI)

"El suscrito, René Juárez Cisneros, Senador de la República por el estado de Guerrero en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El federalismo es un sistema político en el cual las entidades autónomas e independientes, realizan un pacto para unirse bajo un orden común, cediendo parte de su soberanía a un poder central, dando forma a una comunidad superior: el Estado federal.

Por tanto, podemos concluir que el federalismo es un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de estados autónomos basado en la descentralización federal de las decisiones, en el que el gobierno es compartido y donde se respeta la cultura, tradiciones, lenguas e instituciones, como característica del Estado democrático.

En cuanto modelo de organización del poder político, el federalismo encuentra su asiento en determinados conceptos como son los casos de la soberanía, la democracia, el poder político, el Estado, el Estado dederecho, la pluralidad y la igualdad.

El federalismo como cualquier otra manera de organización del Estado en una nación, construye a su alrededor un cuadro de conceptos políticos que forman parte de su propia definición y que socialmente tienden a traducirse en valores de la cultura. Por este motivo, la revisión conceptual del federalismo en los planes de estudio tendría que comprenderse desde los valores políticos que se reivindican en una sociedad federal.

Con el pacto federal se da certeza a la diversidad nacional y coherencia a la interacción de cada una de las jurisdicciones, en un entramado que permite la descentralización de la toma de decisiones y una democracia mejor consolidada. A partir de este pacto, es posible establecer condiciones de igualdad entre las partes, que es precisamente la que permite un arreglo político federativo.

Es de esta manera que podemos entender al federalismo como una forma de Estado que, a partir de la descentralización política, hace posible una organización política con base territorial y posibilita el arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución.

El sistema político mexicano tiene entre sus características fundamentales el federalismocomo forma de organización de Estado. Su desarrollo histórico y principios políticos están vinculados con la libertad, la pluralidad, la integración democrática de las minorías, la igualdad jurídica yla autonomía regional. De ahí la importancia de que el sistema educativo nacional incorpore al federalismo como componente fundamental de la cultura cívica y el ejercicio ciudadano de los valores de la democracia.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. Un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros. En este sentido, el artículo 124 Constitucional señala que en el Estado mexicano los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma.

Sin embargo, el concepto de federalismo que se imparte en las aulas se remite únicamente a las pugnas históricas entre liberales y conservadores para ilustrar las diferencias entre los gobiernos centralistas o federalistas y, en todo caso, se explica desde la ciencia política y la administración pública, como un fenómeno de descentralización administrativa, jurídica y política. No obstante, consideramos que la dimensión delfederalismo es mucho más amplia e integral que debe servir para impactar la vida cotidiana de los individuos y de las instituciones para lograr que la democracia adquiera la importancia social que se merece.

Es por ello, que debemos lograr que en el proceso de educación en México se incorpore el concepto del federalismo como parte consustancial de la democracia y como un principio que permite al individuo entender la pertenencia a la nación, respeto a un sistema republicano y a la división de poderes, así como a la autonomía y dignidad de los estados y regiones.

De ahí la importancia de incorporar en la educación elemental la enseñanza del federalismo desde la óptica de un valor democrático y cultural dentro de los planes de estudio, para formar ciudadanos más solidarios, tolerantes y respetuosos del pluralismo político y territorial, en el que la libertad, la diversidad religiosa, lingüística, racial o de pensamiento, sea parte de un federalismo más funcional entre los individuos, de tal manera que podamos más allá del derecho constitucional, incorporar una forma de ser diferente que nos ayude a entender mejor la importancia del federalismo enla construcción del Estado democrático al que todos aspiramos y, contribuir al mismo tiempo, a fortalecer una cultura ciudadana capaz de reconocer los valores políticos de pluralidad, diversidad, tolerancia y respeto a las minorías.

Entender y vivir el federalismo como un valor democrático y multicultural en el proceso de la enseñanza, nos permitirá potenciar la suma de identidades y diferencias para poder entendernos desde la colectividad, sumando nuestra propia identidad con la de los otros, al tiempo de promover un federalismo que nos motive a vivir con mayor respeto a las diferencias y de manera más igualitaria a partir de nuestro patrimonio histórico, cultural, artístico y natural.

En este sentido, consideramos que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, debe fomentar el concepto del federalismo como elemento funcional del Estado democrático, para promover y valorar tradiciones, patrimonio histórico, cultural, artístico y natural de las diversas regiones del país.

El sistema federal renuncia a la homogeneidad como principio, pero sin negar el principio de unidad, se reconoce el derecho a la diversidad, al reconocimiento y al respeto del otro. Este es uno de los presupuestos esenciales del sistema federal.

La pluralidad como principio político resulta, así, una parte inherente del sistema y del control del derecho federal. Es en este sentido que cualquier proceso que pretenda anular la identidad territorial, cultural, étnica o lingüística, atenta contra la esencia misma del federalismo.

El federalismo no puede agotase en un modelo jurídico, en un programa político o en el arreglo institucional. La construcción del federalismo implica un proceso social complejo en el que el principio de igualdad y el respeto de las diferencias son elementos indisolubles entre el federalismo y la democracia.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de nuestra Ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DE EDUCACION.

Artículo único.- Se reforma la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I a II. …

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios, las instituciones nacionales, el federalismo como un sistema organizativo que promueve los valores democráticos, así como la valoración de las tradiciones, el patrimonio histórico, cultural, artístico y natural, tomando en cuenta las particularidades regionales en el país;

IV a XVI. …

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros".

Del Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

"El suscrito, Senador Roberto Gil Zuarth, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación,con base en la siguiente:

Exposición de Motivos.

Durante ya más de un siglo, la Cámara de Diputados ha ejercido la facultad exclusiva que le confiere el artículo 74, inciso IV, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia de la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta facultad, sin embargo, debilita el sistema de controles y el sistema representativo mexicano. Me explico.

En primer lugar, debe mencionarse que uno de los propósitos fundamentales de la bicameralidad en los procesos de aprobación de Leyes o Decretos es que exista una deliberación mayor entre los representantes de la nación sobre las cuestiones que afectan la vida del Estado mexicano.

Impedir que una de las cámaras participe en un proceso de discusión y aprobación de ley debe tener una justificación que permita concluir que dicha restricción o limitación redundará en un fortalecimiento democrático. Sin una justificación fuerte, no sólo se perjudica el proceso de deliberación antes aludido, sino que además se debilita el sistema de pesos y contrapesos interno del Congreso de la Unión.

Este es uno de los casos en los que la unicameralidad no abona a la democracia mexicana.Si revisamos la Constitución Política y el resto del ordenamiento jurídico mexicano nos encontraremos que no existe justificación alguna para que el Senado de la República no participe en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ese sentido, la ausencia de esta cámara en el proceso de la aprobación del Presupuesto de Egresos limita injustificadamente el proceso democrático deliberativo.

En segundo lugar, actualmente no existen razones que nos permitan arribar a la conclusiónde que el Senado no debe participar, como órgano representativo del Estado mexicano, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Debe recordarse que anteriormente esta cámara sí participaba en la discusión y aprobación del Presupuesto. Como bien se señala en el libro “El proceso presupuestario y las relaciones entre los órganos del poder: El caso mexicano en perspectiva histórica y comparada”, de Gerónimo Gutiérrez, Alonso Lujambio y Diego Valadés, el caso actual de la Constitución mexicana en materia de la aprobación del presupuesto contradice sus propios antecedentes históricos. La Constitución de 1824 (y su reforma en 1847), la de 1836 yla de 1843 establecían la participación e intervención de ambas cámaras en la aprobación del Presupuesto.

En la Constitución de 1857, se le concedió la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto debido a que en esa Constitución se estableció un régimen unicameral.Es decir, no había otra opción. Posteriormente, y por razones meramente políticas mas no justificativas, al restablecerse en 1874 el sistema bicameral, no se le devolvió al Senado la atribución de intervenir en la aprobación del Presupuesto.

Los autores del libro ya citado señalan que los diputados decidieron no devolver dicha facultad al Senado puesto que veían en el restablecimiento de éste una amenaza a su poder político, por lo que decidieron conservar su prerrogativa principal.

Actualmente, y siguiendo la línea de Gutiérrez, Lujambio y Valadés, esta limitación implica una limitación al sistema representativo. En el siglo XIX, los diputados eran electos por elección popular; en cambio, los miembros del Senado de la República eran electos por las legislaturas,por las juntas departamentales a propuesta de las autoridades centrales y por las asambleas departamentales, el gobierno, la Suprema Corte y los diputados.

De 1993 a la fecha, no existen diferencias en cuanto al origen popular y a la calificación de las elecciones de diputados y senadores, como sí las hubo durante el siglo XIX y durante gran parte del XX.

Por lo tanto, podemos concluir que la facultad exclusiva que nuestra Constitución le concede a la Cámara de Diputados ha dejado de tener una justificación democrática -como llegó a tenerla- que la respalde.

Aunado a lo anterior, es importante recurrir a la práctica internacional. La gran mayoría de las democracias occidentales consideran que el Presupuesto de Egresos tiene el carácter de ley. Precisamente por el hecho de serlo es que, para ser válido, requiere ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Incluso en aquellos países donde el Presupuesto tiene una naturaleza de carácter administrativo, ambas cámaras intervienen en su elaboración.

Por otra parte, resulta jurídicamente inconsistente que el Senado participe, como se establece en el artículo 73, fracción VII de lapropia Constitución, en la aprobación de la Ley de Ingresos pero no tenga voz ni voto en el proceso para decidir el destino y la manera en que se gastarán los recursos que ya fueron aprobados. Resulta incoherente que pueda imponer contribuciones para cubrir el Presupuesto y que no tenga la posibilidad de decidir, de manera conjunta con la Cámara de Diputados, cómo se gastará lo aprobado.

Del mismo modo, para evitar la discrecionalidad en la asignación del gasto, se propone que el Congreso únicamente pueda modificar los rubros generales del Presupuesto y sobre programas ya existentes.

Es por todo lo anterior que regresarle la facultad al Senado de la República, para que entonces el Presupuesto de Egresos de la Federación sea anualmente discutido y aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, no sólo fortalecerá el sistema de controles sobre el Presupuesto sino que también fortalecerá el sistema representativo mexicano.

Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION.

UNICO.- Se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones de los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-Q. (…)

XXIX-R. Aprobar anualmente la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación,previo examen, discusión y, en su caso, modificación, únicamente con respecto a sus rubros generales y sobre programas pre existentes, de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicha Ley del Presupuesto las erogaciones plurianualespara aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en las subsecuentes leyes de Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberán aprobar la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y de la Ley del Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven

Artículo 74.-

I a III. (…)

IV. Derogado.

V a VIII. (…)

Artículo 75.- El Congreso de la Unión, al aprobar la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en la Ley del Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos de la Ley Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 73, fracción XXIX-R de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2013.

Sen. Roberto Gil Zuarth".

De las Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 7 y la fracción VIII del artículo 115 de la Ley General de Víctimas, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 7 Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS

(Presentada por las CC. Senadoras Sonia Mendoza Díaz y Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

"Las que suscriben, Senadora SONIA MENDOZA DIAZ y Senadora ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, senadoras de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,164 numeral 3, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO SEPTIMO Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, con la finalidad de establecer el derecho de las víctimas a su propia imagen y prohibir la difusión pública de las imágenes de las víctimas dado que resultan violatorias de su dignidad y su derecho a la privacidad; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una parte fundamental de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal fue la tutela de los derechos de las víctimas o el ofendido, mismos que se encuentran contenidos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuya fracción V, para efectos de la reforma que se plantea se cita a continuación:

Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Y precisa que

“El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación[…]”

Destaca que la redacción del texto constitucional en cita, busca proteger la identidad de las víctimas en la comisión de algunos delitos para garantizar su integridad personal, pero no podemos olvidar que no solamente el riesgo fundado es motivo suficiente para garantizar los derechos de las víctimas, sino que es necesario además, entre otros tantos aspectos, garantizar el respeto a la dignidad humana de todas las víctimas y en el caso de todos los delitos. En este tenor, hay una añeja práctica en algunos medios de comunicación, particularmente impresos, de publicar una gran cantidad de datos personales, así como imágenes explícitas e incluso oprobiosas de las víctimas fatales de hechos presumiblemente delictivos, o bien de acontecimientos trágicos como los atentados contra la propia vida o algún accidente. Si aceptamos que la imagen es un componente esencial de los derechos de personalidad como se probará más adelante, podemos anticipar que esta praxis quebranta lo consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

No obstante, en el caso que se utiliza como ilustrativo, la vulnerabilidad extrema de quien perdiendo la vida no puede oponerse a la toma de una fotografía y su consecuente exposición pública, no significa que ése derecho por esa condición no pueda ser exigido, y mucho menos que deba tolerarse por considerarse inevitable.

El vocablo imagen del latín imago, imaginis, significa según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: “figura, representación, semejanza, apariencia de una cosa”.Por su parte, al abundar sobre el derecho a la imagen, el jurista español Costea de Castro y Bravo clasifica los llamados bienes de la personalidad de la siguiente manera:

I. Bienes esenciales de la personalidad.

i. Vida.

ii. Libertad corporal.

iii. Libertades.

II. Bienes sociales e individuales de la personalidad.

i. Bienes individuales y sociales (honor y fama)

ii. Bienes corporales y psíquicos (intimidad personal, y reproducción de la imagen).

De tal manera, que coincidiendo con lo que precisa el jurista ibérico Vicente Herce de la Prada: “La lesión del derecho de la imagen puede abarcar desde el mínimo abuso de la exposición no consentida al abuso máximo de la publicación del retrato ajeno en circunstancias tales de ofender el honor, el decoro y la reputación de la persona retratada”. Como en el caso que ha si puesto en referencia en la página que antecede.

Abundando, el derecho a la propia imagen es considerado un derecho subjetivo privado en tanto se le regule por el ordenamiento jurídico, pero si no constituye el objeto de tal regulación será reputado

Como base natural. El derecho a la propia imagen no comienza a existir hasta el momento en que se produzca una intromisión o vulneración del mismo como consecuencia de una reproducción o difusión no consentida de las imágenes de una persona o un grupo de personas.

Si coincidimos en que en algunos países de Europa la legislación de los derechos de personalidad ha llegado a tan extraordinario nivel como la regulación del derecho a la propia imagen y sus distintas implicaciones, jurídicas y económicas, no es admisible consentir que de forma abierta, pública y reiterativa, se vulnere la dignidad de las personas a través de la difusión de la imagen de las víctimas de delitos o sucesos trágicos, en una condición a la que no pueden resistirse y por parte de empresas de comunicación, cuya finalidad ulterior a la publicidad de las mismas es obtener un lucro económico a partir de la explotación comercial de esas gráficas.

Desde nuestro punto de vista, ello violenta de forma flagrante el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que consagra que:

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

También contraviene el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que al abundar sobre el derecho de las personas ala Protección de la Honra y de la Dignidad, establece que:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Como ha quedado de manifiesto en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la proyección de los mismos debe favorecer a todas las personas en su protección más amplia, pero además, en el caso que se refiere, respecto de los derechos de las víctimas, es evidente y notorio que estos instrumentos normativos internacionales no se están respetando por parte de algunos empresarios de comunicación, y que tampoco el Estado mexicano está tomando medida algunaque los garantice de forma efectiva. Aún y cuando la Ley General de Víctimas y sus reformas recientemente aprobadas definen con mucha claridad que el primer principio preceptuado es la dignidad humana, la cual es definida de la siguiente manera:

“La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

Encualquier caso, todanorma, institución oactoquesedesprenda delapresente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.”

Por otra parte, al analizar lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 7 de la misma norma se establece que las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

“A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección desuintimidad contra injerencias ilegítimas, asícomo derecho acontar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos […]”

Deteniéndonos a observar los extremos que establece el dispositivo, veremos que la difusión pública de las imágenes de las víctimas con un fin de lucro, es el ejemplo idóneo de injerencia ilegítima en virtud de que si por ejemplo, el derecho a la propia imagen pueden contener una posible rentabilidad patrimonial cuando una persona decide comercializar los derechos desu imagen, en este caso esa, esa explotación económica ocurre por parte de la empresa de comunicación que sin consentimiento las difunde y bajo el supuesto argumento de dar a conocer una información, al dar las imágenes a la luz con un sentido abusivamente explícito, la noticia misma carece de relevancia, y más gravemente, se hace sin reparar en la divulgación de datos personales y pasando por encima de la dignidad humana de las personas, contribuyendo a hacer más traumático y doloroso el proceso de victimización que viven los familiares y amigos de la víctima.

La exposición cruda de los cuerpos inertes, desnudos o semidesnudos, destrozados, torturados, mutilados, y cualquier tipo de huellas de violencia extrema suele ser publicada en las portadas de algunos periódicos y por ende, suelen ser vistos por hijas e hijos, padres y madres, familiares, amigos, parientes y conocidos, acto cruel e inhumano que hace aún más hondo el dolor y por ende, complicado el proceso de rehabilitación.

Aquí viene a bien recordar que el artículo 4to. De la Ley define que “son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. En modo tal que bien pude afirmarse que al publicitar las imágenes desus familiares víctimas, los familiares son nuevamente victimizados por la divulgación de ésas imágenes.

Además de no observar los tratados y convenios internacionales signados por nuestro país,esta grave situación pone en entredicho lo establecido en el artículo 115 de la Ley en cita, que al enumerar las obligaciones del Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional, lo constriñe en sus fracciones VIII y IX a lo siguiente:

VIII. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas;

IX. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

Ante la vulneración cotidiana de los derechos de las víctimas en lo tocante a la publicidad de sus imágenes, particularmentecuando han perdido la vida en condiciones verdaderamente trágicas, es visible que estas fracciones poseen un carácter meramente enunciativo en virtud de que bajo el amparo del ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión (que en realidad se subsume en el de libertad comercial), se consiente la extinción del derecho de las víctimas y sus familiares a ser respetados en su dignidad humana.

Creemos que esto ocurre porque no se ha legislado de forma clara, precisa e inequívoca sobre el derecho de personalidad que tienen las víctimas sobre el uso de su imagen y las restricciones manifiestas que deben prevalecer a la libertad de prensa respecto de la cobertura de noticias en las que se da cuenta de acontecimientos en los que hay víctimas trágicas. A partir de esta argumentación, resulta factible y necesario reformar la legislación en materia de víctimas para establecer la prohibición de difundir en medios de comunicación electrónicos, impresos u on line, las imágenes de las víctimas, máxime cuando un hecho trágico les arrebató la existencia y no pueden resistir en modo alguno la captura, ni difusión de la misma, pues ello vulnera gravemente la dignidad de las personas y su honor.

El jurista italiano Paolo Vercellone dice que en la relación del derecho a la propia imagen y el derecho al honor existe la posibilidad de que se presenten distintas situaciones, me permito referir la que ilustra de forma clara el supuesto jurídico que pretende legitimar la presente iniciativa:

“Que la publicación del retrato se realice también sin consentimiento del retratado y constituyendo al mismo tiempo un perjuicio al honor, decoro o reputación del retratado. Entonces habrá simultáneamente violación del derecho a la propia imagen y del derecho al honor, en cuanto veda las ofensas a los mencionadosaspectos de la personalidad del individuo; y si la legislación pone diferentes medios al servicio de uno y otro de dichos derechos subjetivos, el perjudicado podrá acudir a ellos alternativa o acumulativamente para hacer cesar la lesión, sancionar al ofensor y ser resarcido por los daños”.

De tal manera que las acciones civiles que podría ejercer un particular como el daño moral, no ocurren en virtud del fallecimiento, y suele pasar que las familias tampoco las reclamen, ante el dolor y el duelo que no les permite reaccionar ante el atropello. Más lo que se debe regular de inmediato es, no la materia civil que de una u otra forma puede excitarse, sino la protección inmediata de los derechos humanos de las víctimas, y de sus familias en tanto víctimas indirectas de los hechos.

Vicente Herce de la Prada lo define de mejor manera en los siguientes términos:

“La legitimación para proteger la imagen -y el honor y e intimidad- del fallecido por las personas que familiarmente están unidos a él por vínculos de parentesco resulta lógica, puesto que toda intromisión en alguno de estos derechos alcanza de forma directa e indirecta a su familia, y, en este sentido, puede decirse que se conserva un interés legítimo, digno de tutela jurídica en defensa de la imagen, honor e intimidad del difunto”.

Hemos visto que con las reformas constitucionales en materia de justicia penal, el nombre de los indiciados menores de edad por ejemplo, se mantiene a resguardo, y si observamos que la presunción de inocencia, y la política de seguridad pública implementada por el actual gobierno ha mostrado particular cautela sobre la forma en que losposibles delincuentes son presentados antela opinión pública, cuidando en todo momento la reserva de ciertos datos e imágenes, resulta inconcebible que en esta materia las víctimas sigan siendo el último eslabón que se protege o si se prefiere, nuevamente la parte más vulnerable del fenómeno delictivo que estamos viviendo.

Este es el momento de volver a dar un paso adelante en la protección efectiva de los derechos de las víctimas. La tutela del derecho a su propia imagen es una reforma sustancial que modificaría de forma radical las prácticas, pautas y códigos deontológicos con los que los medios de comunicación informan a la ciudadanía. Así ocurre sin mayor dilema en algunos países que como España o Italia, han llevado la defensa de la intimidad, el honor y los derechos de personalidad a su expresión más amplia y sin otro afán que asegurar la vigencia de los derechos humanos de las personas. Siguiendo a Herce de la Prada:

“Algunas legislaciones reconocen a los herederos el derecho a oponerse a la difusión del retrato del difunto. Responde tal criterio a un concepto admitido por muchos autores en el sentido de que son representantes de la personalidad del difunto.

En efecto, tal solidaridad entre éste y sus causahabientes exige que las ofensas dirigidas al difunto, mediante la publicación de la imagen, hieran los sentimientos de aquéllos que pretenden conseguir el cese de la perturbación reivindicando así la buena memoria del muerto”.

Señoras y señores legisladores, hemos regulado en muchas ramas para evitar la “apología del delito” y su explotación comercial. Estoy convencida que de la misma manera pero con mayor urgencia, es necesario legislar en distintas materias para erradicar la “re victimización de la intimidad y el honor de las personas” y evitar el lucro económico con las imágenes de las víctimas.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VIII DEL ARTICULO SEPTIMO Y LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

PRIMERO. Se reforma la fracción VIII del artículo séptimo y la fracción VIII del artículo 115, ambos de la Ley General de Víctimas, para quedar en los siguientes términos:

LEY GENERAL DE VICTIMAS

TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VICTIMAS

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. … ;

II. … ;

III. … ;

VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección desuintimidad contra injerencias ilegítimas, el derecho a su imagen, asícomo derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;

XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artículo 115. Corresponde al Gobierno Federal en materia de coordinación interinstitucional:

I. … ;

II. … ;

III. … ;

VII. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las víctimas. Los medios de comunicación electrónicos, impresos o por internet, en ningún caso podrán difundir la imagen de las víctimas, salvo que cuenten con su consentimiento expreso;

VIII. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;

… y

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión adecuará las legislaciones que sean necesarias para hacerlas armónicas con la presente iniciativa.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 2 de diciembre de 2013.

Atentamente

Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. Adriana Dávila Fernández".

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Protección Civil, que se turna a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 20 BIS A LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

"El suscrito, Senador Sofío Ramírez Hernández integrante del grupo parlamentario del Partido de la RevoluciónDemocrática a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,así como los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento delSenado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 20 BIS A LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL, al tenor de lasiguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro país sufrió los embates de una serie de fenómenos hidrometeorológicos que generó graves e irreparables afectaciones al entorno social de diversos estados de la federación, particularmente en el Estado de Guerrero.

A lo largo de los últimos años, Guerrero ha padecido los embates de la naturaleza debido a múltiples factores: su ubicación geográfica, posición, entorno y sobre todo a la diversidad socio económica que presenta, lo vuelven altamente vulnerable frente a los fenómenos de origen hidrometeorológicos que cada año y cada vez con mayor fuerza, se presentan en sus costas, caminos, comunidades y espacios.

Guerrero es sin lugar a dudas, ejemplo claro del crecimiento desproporcionado de desarrollo humano y por ende, las consecuencias que este emblemático estado de la federación sufrió, deben ser tomadas en cuenta por quienes ejercen las funciones de gobierno a efecto de construir políticas públicas acordes con su realidad y con su situación de alta vulnerabilidad.

Frente a ello, es fundamental que las y los legisladores asumamos nuestra responsabilidad; si bien es cierto que nuestra labor no es la de actuar ni implementar acciones de política pública en casos de desastre, también es cierto que, frente a la insuficiencia gubernamental, debemos reformar la norma a fin de que quien tiene a su cargo aplicar la ley, lo haga sin escatimar deberes y sin reproches.

En un recuento de la actuación de la autoridad al hacer frente a los meteoros antes citados, podemos ver lo siguiente:

La Coordinación General de Protección Civil a través de la Subdirección de Meteorología, de la Dirección General de Protección Civil, emitió 16 boletines cuya consecuencia fue la siguiente:

BOLETIN 1.- Se emite el 13 de septiembre de 2013 a las 11:30, donde informa de la formación de la Depresión Tropical “13”-E del Océano Pacífico. Alertamiento para 5 Entidades Federativas por acercamiento con alerta amarilla Guerrero y sur de Michoacán; verde para el resto de Michoacán; azul para Colima y Jalisco; colocando a Oaxaca en fase de alejamiento en azul.

Que a las 10 de la mañana se encuentra a 225 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero y a 275 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas Michoacán. Condiciones de fuerte nubosidad hasta 100 km a partir de su centro y moderada nubosidad desde Guerrero hasta Jalisco, que se extiende tierra adentro de estos Estados.

El pronóstico para las 7 de la noche del 14 de septiembre es de escalamiento a Tormenta Tropical, ya ubicada a 150 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, desplazándose lentamente a 6 km por hora, con misma trayectoria, con vientos de 75 km/hora y rachas de 90 km/h. Presenta vientos fuertes y oleaje elevado en inmediaciones del sistema, esperando potencial de lluvias torrenciales de más de 150 mm en Guerrero, 70 a 150 mm en Michoacán y muy fuertes de 50 a 70 mm en Colima y Jalisco.

El pronóstico es que se convierta en la Tormenta Tropical Manuel (75-90 km) con desplazamiento lento de 6 km/h para el sábado 14 por la tarde, manteniendo el potencial de lluvias de muy fuertes a torrenciales en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Se recomienda atender su evolución, notifica a integrantes del sistema en Estados y Municipios, en particular para Guerrero la revisión de planes y procedimientos de comunicación y operaciones en Municipios con posibles afectaciones y valorar la evacuación en islas susceptibles de afectación, así como valorar la instalación de Consejos Estatal y Municipal y prepararse para atender con acciones.

Aquí, por el pronóstico de cada vez mayor acercamiento a costas de Guerrero y Michoacán, pronóstico de acercamiento peligroso a costas en aproximadamente 30 horas; lento desplazamiento que favorece su intensificación; la expectativa meteorológica de lluvias torrenciales en estas Entidades Federativas; así como la gran vulnerabilidad de las zonas por las que se desplaza, desde este boletín hay los elementos para convocar de inmediato al Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales (GICT), que integra a las dependencias federales, que son las fuerzas de tarea que acuerdan de manera anticipada y oportuna la llegada de un meteoro a comunidades específicas, medidas concretas para poner a población en resguardo, redefinir los colores del alertamiento del Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales (SIAT-CT), a escenarios reales y tareas inmediatas previas a realizar entre los tres órdenes de gobierno y la población.

Otro factor a considerar, que se trató de tres días de descanso, en los que muchos turistas mexicanos y extranjeros acuden a las playas de Guerrero, en especial a Acapulco, para que a través de la representación de la Secretaría de Turismo federal, que forma parte de ese Grupo interinstitucional, se tomaran las medidas necesarias para evitar su llegada o desplazarlos a tiempo fuera de las zonas turísticas.

El Secretario de Gobernación declaró en los Pinos en reunión de evaluación que se reunió el GICT el mismo viernes, pero no hay evidencia alguna en la página de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ya que dentro de sus procedimientos el GICT emite un boletín con recomendaciones específicas y éste no aparece, e incluso por los factores a ponderar en un evento, el grupo suele acordar una conferencia de prensa para dar a conocer de inmediato sus recomendaciones. Y por la sorpresa con que tomó al gobierno federal, a población y a turistas, parece que no hubo acciones previas en el ámbito de la Coordinación de protección Civil.

En este escenario del boletín 1, los procedimientos indican la preparación de refugios temporales, asignar responsables de ellos e informar a la población de su ubicación; desplazamiento de personal operativo de la Dirección General de Protección Civil para coordinación de acciones; indicar ya la evacuación de islas, instalaciones marítimas, zonas de riesgo en colonias y comunidades, en lugares con riesgos de deslaves, inundaciones y derrumbes, identificándolos el GICT, alertar y dar facilidades a los turistas para regresar a sus lugares de origen o en su caso, dónde están los refugios temporales o lugar destinado para quienes no puedan salir a tiempo; y empezar a informar en medios de comunicación masiva sobre el fenómeno específico y la posibilidad de impacto.

BOLETIN 2.- Se emite 5 horas después del anterior, a las 16:30 del viernes 13 de septiembre. Se informa que desde las 16 horas ya se intensificó, formándose la Tormenta Tropical Manuel del Pacífico, con fuerte nubosidad hasta 100 km a partir de su centro y moderada hacia costas de Guerrero y Michoacán, incluso tierra adentro, persistente la situación de lluvias.

El pronóstico es que siga intensificándose como Tormenta Tropical, favoreciendo fuerte nubosidad en un radio de 100 km a partir de su centro, que se desprenderá a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con vientos de Tormenta Tropical hasta 95 km en cuadrante noreste con olas de hasta 4 metros que empezarían ya a arribar a costas de Michoacán desde la madrugada del sábado. Manteniendo potencial de lluvias de muy fuertes a torrenciales en Estados señalados.

Esta evolución en el peligro para comunidades y turistas, hacía urgente la integración en sesión permanente del GICT, para coordinar y comunicar con precisión los niveles de riesgo y sincronizar alertas con acciones de emergencia, así como mantenerse en comunicación estrecha el GICT para dar cuenta del cumplimiento de tareas por sus propias dependencias. Las alertas –en boletín2-se mantienen igual para Guerrero y sur de Michoacán, aún cuando ya es Tormenta Tropical y que se pronostican escenarios de enorme riesgo en lluvias y olas en zonas de enorme vulnerabilidad. Resulta inexplicable que mantenga el mismo alertamiento que el boletín anterior y por otro lado advierta de máxima atención en Acapulco, Guerrero a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

BOLETIN 3.- Se emite a las 22.30 del 13 de septiembre. Las alertas son iguales excepto que a Oaxaca la coloca en verde, fase de alejamiento. Advierte de movimiento errático y lento a 6 Km, ubicada a 300 Km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán; con fuerte nubosidad hasta 100Km. A partir del centro y moderada hacia costas de Guerrero, Michoacán, Colima, incluso tierra adentro de éstos dos Estados; olas desde su centro de 4 metros de altura en zonas noreste y noroeste a165 Km y vientos de Tormenta Tropical en algunas zonas.

Lluvias torrenciales con potencial de 150 mm en Oaxaca y Guerrero; intensas (70 a 150 mm) en Michoacán y muy fuertes en Colima y Jalisco. Se advierte de extremar precauciones enríos y arroyos, zonas urbanas por posibilidad de encharcamientos, inundaciones y extremar precauciones por el incremento en probabilidad de derrumbes.

Como pronóstico: se prevé que el sábado 14 continúe su intensificación como Tormenta Tropical; lluvias muy fuertes a torrenciales y movimientos erráticos.

Este escenario de intensificación con movimientos erráticos en diagnóstico y pronostico, amerita el que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, estén permanentemente en estrecha coordinación, comunicación y monitoreo y preparados ya con gente evacuada de lugares de riesgo, en albergues, con acciones para los visitantes por la llegada del meteoro y medidas para navegación aérea, marítima y carretera.

BOLETIN 4.- Se emite el 14 de setiembre a las 4:30 (madrugada),con información muy importante porque indica que permanece estacionaria la Tormenta Tropical a 30 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con fuerte a moderada nubosidad hacia costas de Oaxaca hasta Nayarit, incluso tierra adentro y mantiene potencial de lluvias torrenciales en Oaxaca y Guerrero, intensas en Michoacán y muy fuertes en Colima y Jalisco. Y el pronóstico es que a las 13:00 horas del 14 de septiembre se intensifique como Tormenta Tropical.

BOLETIN 5.- Se emite el 14 de septiembre a las 10:30, al igual que en el boletín 4 se mantiene en alerta amarilla Guerrero y sur de Michoacán, a pesar de la intensificación del meteoro y también de sus efectos en vientos, olas y precipitaciones de lluvia.

BOLETIN 6.- Se emite el 14 de septiembre a las 16:30. Este es el primero de los boletines donde se escala a la alerta naranja el sur de Michoacán, pero se mantiene en amarilloGuerrero y al resto de Michoacán, en verde Nayarit, Colima y Jalisco, en azul el sur de Sinaloa y en fase de alejamiento a Oaxaca.

Llaman la atención estos niveles de alertamiento para Guerrero, aun cuando la zona costera de máxima atención es de Acapulco, Guerrero a Manzanillo Colima.

Ya ubicada Manuel a 135 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cambiando su desplazamiento, acercándose peligrosamente a la costa sur de Michoacán y advierte de persistencia de lluvias muy fuertes a torrenciales en el litoral del Pacífico Sur, con vientosde Tormenta Tropical, olas de hasta 4 metros de altura, de 600km en cuadrante sureste, estimando que el oleaje ya esté presente en costa occidental de Guerrero.

BOLETIN 7.- Se emite a las 22:30, ubicando a Manuel con desplazamiento lento y continúa intensificándose. Se ubica a 90 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con desplazamiento norte.

BOLETIN 8.-Se emite el 15 de septiembre a la 1:30 (madrugada).

Este es el primero de los boletines que coloca a Guerrero en alerta naranja en la parte occidente, lo que implica que la población y autoridades de lugares de riesgo deben estarbajo resguardo, aunque escala a esta alerta hasta la madrugada, para amanecer el 15de septiembre. De ahí la importancia de la permanente participación del GICT, que previamente con los escenarios reales de la emergencia, adecua con precisión colores del SIAT-CT y emite y difunde sus recomendaciones a los tres órdenes de gobierno.

Persisten las condiciones de viento, oleaje y precipitaciones de lluvia. Pronostica que mantenga desplazamiento norte y la mañana del domingo pueda alcanzar categoría 1 de Huracán con la que impactaría costas de Michoacán.

BOLETIN 9.- Se emite el 15 de septiembre a las 4:30 (madrugada). Se prevé que ese domingo por la mañana impacte costas de Michoacán, persistiendo lluvias torrenciales para Estados comprendidos en los alertamientos y que durante las próximas 36 horas (domingo 15 a la tarde del lunes 16) ocasionará potencial de lluvias torrenciales con acumulados de 250 mm a 375 mm en Estados del Pacífico medio y sur, especialmente en zonas montañosas con acumulados puntuales de hasta 500mm y vientos de Tormenta Tropical hasta a 445 km en cuadrante sureste, olas de hasta 4 metros en mismo cuadrante hasta 600 km, ya presentes en costa occidental de Guerrero y Estado de Michoacán.

BOLETIN 10.- Se emite a las 7:30 del 15 de septiembre. Ya se ubica a 10 km al sur de la línea costera en el Municipio de Aquila, Michoacán, donde arribaría la mañana del domingo previendo en el pronóstico que ya no será como Huracán (ver boletín 8), sino como Tormenta Tropical, ocasionará persistencia de lluvias muy fuertes a torrenciales en el sur y suroeste del territorio nacional, persistiendo el pronóstico de lluvias del boletín anterior.

Este pronóstico de posible impacto, debe tener un soporte en acciones coordinadas y comunicadas previamente entre los integrantes del Sistema de Protección Civil de los 3 órdenes de gobierno, por el peligro inminente de ocasionar desastres, habiendo para este momento puesto ya a resguardo a la población de comunidades donde se dirige el meteoro. Un factor importante a valorar es que es día de fiestas cívicas, conmemoraciones y festejos por la Independencia, para advertir de estas condiciones, las recomendaciones del GICT y tomar acciones de resguardo a tiempo en lugares y municipios involucrados.

BOLETIN 11.- Se emite el 15 de septiembre a las 10:30. Las alertas son rojapara Colima y surde Michoacán; naranja para el sur de Jalisco y Nayarit y resto de Michoacán; amarilla para el resto de Jalisco y Nayarit; verde para sur de Sinaloa; azul para resto de Sinaloa y en fase de alejamiento en color naranja occidente de Guerrero; amarillo resto de Guerrero y en verde mantiene a Oaxaca. Se desplaza a 17 km con vientos de 110 km/h y rachas de 140 km/h. Densa nubosidad desde su centro, hacia costas y tierra adentro de Colima, Michoacán y Guerrero.

BOLETIN 12.- Se emite el 15 de septiembre a las 13:30. Manuel ya se ubica a 15 km al sureste de Manzanillo Colima, desplazándose al noroeste aproximándose a línea costera de Colima, persistiendo potencial de lluvias torrenciales en condiciones del último pronóstico. Se prevé que a las 19:00 horas de ese día, esté en tierra en el Municipio de La Huerta, Jalisco, a 35 km al noroeste de Cihuatlán, Jalisco.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, se cerciora de que los procedimientos de evacuación y demás medidas se hayan tomado por protección civil del Estado y en su caso, ya tener personal operativo de la Dirección General, que depende de aquélla, en los lugares dela emergencia para acompañar y auxiliar a las autoridades locales en su atención y administración de la misma.

BOLETIN 13.- Se emite el 15 de septiembre 16:30. Persiste potencial de lluvias en las condiciones del boletín anterior. Se ubica a 20 km al norte de Manzanillo Colima, desplazándose al noroeste ya sobre tierra firme. Con vientos de Tormenta Tropical hasta 165 km en cuadrante sureste, condiciones que están presentes en costas de Michoacán y Colima, y olas de hasta 4 metros presentes en costas de Colima y Jalisco. Recomienda extremar precauciones por alta probabilidad de deslaves o derrumbes, colapso de puentes y cortes carreteros, así como en zonas urbanas por la posibilidad de encharcamientos y/o inundaciones pluviales y fluviales a causa de acumulación debido a la continuidad de lluvias. Y pronostica que siga durante las siguientes 24 horas, adentrándose a tierra firme debilitándose a Depresión Tropical, con el mismo potencial de lluvias para zonas de alertamiento del boletín anterior.

Estos diagnósticos y pronósticos, los hace gente experta en meteorología, tomando en cuenta el movimiento del ciclón respecto a zonas del territorio de la República Mexicana para hacer sus cálculos. Quienes coordinan, comunican y operan la emergencia, deben retomarlos y adecuarlo a la realidad de la emergencia, considerando riesgos, zonas vulnerables y demás condiciones concretas de relevancia para la prevención y previsiones a tomar. De ahí la enorme importancia de que funcione en su máxima expresión la coordinación, comunicación, medidas de prevención, previsiones y atención a la emergencia y/o desastre y se sincronicen estos pronósticos con las respuestas, responsabilidad de la Coordinación de Protección Civil.

BOLETIN 14. Se emite el 15 de septiembre a las 19:30. Sigue en tierra como Tormenta Tropical a 60 km al nor-noroeste de Manzanillo Colima, con vientos de 65 km y rachas de 90 km. Mantiene efectos en costas de Michoacán y Colima, y la persistencia de potencial de lluvias torrenciales en Estados del Pacífico medio y sur.

En cuanto a alertamientos: alerta roja Colima y sur de Michoacán y Jalisco; naranja Nayarit, resto de Michoacán y Jalisco; amarillo sur de Sinaloa; verde resto de Sinaloa. Y en alejamiento color naranja, el occidente de Guerrero; amarillo resto de Guerrero y verde Oaxaca.

BOLETÍN 15.- Se emite el 15 de septiembre a las 22:30. Manuel ya es Depresión Tropical, sigue en tierra en el occidente de Villa Purificación, Jalisco, con vientos de 55 km/h y rachas de 75 km/h, desplazándose al noroeste. Persisten condiciones de riesgo, por oleaje y lluvia.

BOLETÍN 16.- Se emite el 16 de septiembre a las 4:30 (madrugada). Entra en etapa de disipación Manuel, a 10 km al oeste de Puerto Vallarta, su baja presión remanente se ubica a 110 km al noroeste de Manzanillo Colima y se mantiene con lluvias muy fuertes a torrenciales en el suroeste del país.

Vemos que los niveles de alertamiento, no coinciden con los efectos que en la realidad presentó este meteoro, como en el caso de Oaxaca, donde la mayoría de los boletines lo mantuvieron en fase de alejamiento, desescalándolo, cuando se encontraba en condiciones muy críticas. Desde el boletín de las 10.30 de la mañana del 15 de septiembre, el 11, así como los boletines 12, 13y 14, mantienen en fase de alejamiento en naranja al occidente de Guerrero; en amarillo el resto de Guerrero; y en verde a Oaxaca. En el boletín 15 del 15 de septiembre a las 22.30, se continúa desescalando, ya aparece en verde Guerrero y en azul Oaxaca.

De la relatoría antes mencionada, no queda evidencia de que en alguno de los tiempos -desde el primer boletín hasta el último que es el 16-, el GICT, coordinado por el Titular de Protección Civil de Gobernación, indicara una adecuación del SIAT-CT de estos boletines, con las afectaciones en los lugares que estuvieron siendo afectados ya por el desastre, ni medidas a tomar traducidas en recomendaciones, las que por procedimientos, son públicas a través de él área de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación y su detonación a través de medios de comunicación masiva y autoridades administrativas y operativas de los tres órdenes de gobierno, así como a población en general. Sobre todo cuando hay un impacto en tierra como sucedió, se emiten recomendaciones para población albergada a través de esta forma de publicidad.

Asimismo, en Guerrero tanto los niveles de alertamiento como la omisión en acciones específicas de prevención y previsión, agudizaron la exposición y por tanto el riesgo para lo más valioso a proteger que son vidas humanas y con ello hizo aún más compleja la atención del desastre.

Por su parte, la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, establece:

En el Artículo 1° que la Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecerlas bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma prevé.

En el Artículo 2 que para los efectos de esta Ley se entiende por:

Agente regulador: las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador (fracción I).

Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros (fracción XII).

Coordinación Nacional: A la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (fracción XIII).

Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana (fracción XX).

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza (fracción XXI).

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo (fracción XXXVII).

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos (fracción XXXVIII).

Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción (fracción XXXIX).

En el Artículo 5 que las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 27 de esta Ley, deberán actuar con base en principios, entre ellos, la prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas (fracción I).

En el Artículo 7 corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos (fracción I).

Conforme al Artículo 14 el Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependenciasy entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos gruposvoluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las Entidades Federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.

En el Artículo 15 se dispone que el objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

El Artículo 16 prevé que el Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

En el Artículo 17 se establece que los gobernadores de los estados, el jefe de gobiernodel Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal,tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente (primer párrafo).

El Artículo 19 fundamenta que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene, entre otras, las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil (fracción III).

Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad (fracción IV).

Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones (fracción XXII).

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.

Los Atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo;Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios o delegaciones, así como a las instituciones de carácter social y privado (fracción III).

Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en materia de protección civil (fracción XXIV).

Conforme al Artículo 20 para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Nacional podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión delriesgo, a fin de reducir al máximo los posibles daños que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente apoyados por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme el Manual de Organización del Sistema Nacional.

Artículo 21 en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente.

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil.

El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre.

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o delegación, acudirá a la instancia estatal o del Distrito Federal correspondiente, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

En las acciones de gestión de riesgos se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables y de escasos recursos económicos.

El Comité Nacional de Emergencias es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 21 de esta Ley y de conformidad con el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional y en los términos que se establezcan en el Reglamento (Artículo 32).

Los Programas Especiales de Protección Civil son el instrumento de planeación y operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos (Artículo 38).

Los integrantes del Sistema Nacional promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil (Artículo 44).

También, la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, fundamenta diversas acciones que de forma coordinada deben establecer las autoridades responsables del ramo turístico, con la prevención y atención de emergencias y desastres por eventos de índole diversa.

En el Artículo 3, para efectos de la Ley se entenderá por:

Actividades turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos (fracción I).

Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley (fracción XI).

Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento (fracción XVIII).

Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población (fracción XX).

Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerá mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría (fracción XXI).

El Artículo 4, queson atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a travésde la Secretaría de Turismo, entre otras, participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.

Los habitantes de la República Mexicana y quienes por asuntos de negocios, académicos, recreación, etc., se ubican transitoriamente en alguna zona de este territorio, están expuestos ados tipos de fenómenos: 1.- los de origen natural y 2.- antropogénicos (acción humana). Los primeros se clasifican en a) Geológicos: sismos, maremotos, volcanes, deslizamiento de suelos; b) Hidrometeorológicos: ciclones tropicales (depresión tropical, tormenta tropical y huracán), Inundaciones, tormentas eléctricas, sequías, heladas, nevadas, incendios forestales.

Los de origen humano o antropogénico, se clasifican en a) Químico-tecnológicos; b) Sanitario-ecológicos; y c) Socio-organizativos.

El riesgo a los efectos de fenómenos de diversa índole, es igual al peligro, que es la probabilidad de que se presente un evento, multiplicado por la exposición, que es la cantidad de personas, bienes y sistemas afectables, multiplicado por la vulnerabilidad, que es la propensión de estas personas, bienes y sistemas a ser afectados, de manera que:

R= P x E x V

R= PELIGROxEXPOSICIÓNxVULNERABILIDAD

RIESGO.- resultado de los tres factores.

No podemos evitar que se manifiesten los fenómenos naturaleso que manejemos materiales peligrosos, por ejemplo, pero lo que sí podemos, es reducir la probabilidad de afectación de personas, bienes y sistemas, a través de la reducción de la vulnerabilidad, de manera que:

PELIGROxEXPOSICION DE PERSONAS, BIENES Y SISTEMAS VULNERABILIDAD = REDUCCION O MITIGACION DEL RIESGO.

FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL.

Geológicos:

Dentro del territorio nacional existen zonas con diferente nivel de riesgo sísmico. Son 7 Estados los clasificados con mayor peligro a sismos: Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. En las zonas clasificadas de alto y muy alto peligro sísmico habita la tercera parte de la población.1

En el caso de maremotos o tsunamis, antecedentes históricos identifican peligros a estos fenómenos de origen natural, en Acapulco, Gro. (1732), (1754) y (1787); Zihuatanejo, Gro. (1925); Cuyutlán, Jal. Manzanillo (1932); Islas Marías, Nay. (1948); Acapulco-Salina Cruz, Gro. (1957); Lázaro Cárdenas, Mich - Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. (1985); Acapulco-Zihuatanejo, Gro. (1985); Barra de Navidad-San Mateo-Melaque, Col. Jal. (1995).2

En cuanto a riesgos volcánicos, se calcula que cerca de 5 millones 300 mil habitantes, distribuidos en 120 municipios, se encuentran expuestos o viven cerca de algún volcán, como el Volcán de Fuego o Volcán de Colima, ubicado entre Jalisco y Colima, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba en Veracruz, el Tacaná en Chiapas y Guatemala, el Chichón o Chichonal en Chiapas y el Popocatépetl, compartido entre el Estado de México, Puebla y Morelos.3

Hidrometeorológicos:

Los Estados de la República Mexicana de mayor peligro a ciclones tropicales, son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.4

Por riesgo alto de inundaciones a causa de las lluvias Chiapas, Coahuila, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.5

Los Estados con mayor recurrencia de heladas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.6

Respecto a los Estados de mayor peligro por sequías, son: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.7

FENOMENOS DE ORIGEN ANTROPOGENICO O HUMANO.

Químico-tecnológicos.

Los incendios forestales, en un 97 por ciento del total de los que se producen en México, son atribuibles a causas humanas.8 Los Estados susceptibles a riesgo extremo por este fenómeno, son: Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

En cuanto a accidentes químicos, los Estados de mayor peligro por almacenamiento de sustancias peligrosas, son: Veracruz, México, Puebla, Tamaulipas y Jalisco.9

Sanitario-ecológicos.

Agrupa eventos relacionados con contaminación de aire, agua y suelos. Los del área de salud, fundamentalmente epidemias. Algunos vinculados a la actividad agrícola, como la desertificación y las plagas.10

Socio-organizativos.

Se agrupan ciertos accidentes y actos que son resultado de actividades humanas, muchas de ellas, donde ocurren grandes concentraciones humanas donde hay comportamiento desordenado, como estadios, mercados, cines, etc. Asimismo, los relacionados con transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial; interrupción del suministro de servicios vitales; accidentes industriales o tecnológicos no asociados a productos químicos y aquellos producto de comportamiento antisocial, como actos de sabotaje o terrorismo.11

Derivado de las recomendaciones de la X Asamblea General Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo (OMT), realizada en Bali, Indonesia (octubre de 1993),12 donde se establecieron compromisos de los Estados para garantizar medidas de seguridad de los viajeros, turistas e instalaciones turísticas, así como para otorgar facilidades para la oportuna información y asistencia en sus recorridos por países anfitriones, en el año 2002, las Secretarías de Turismo (SECTUR) y de Gobernación (SEGOB), implementaron acciones compartidas para que conociendo lugar y tipo de fenómeno y su recurrencia; el comportamiento y características; así como ubicación de la población, se vinculara al sector turismo a través de la acción concertada entre ambas dependencias, en lugares o destinos turísticos, con el fin de promover la cultura de protección civil entre la comunidad turística.13

Ambas Dependencias implementaron estrategias específicas de coordinación, a través de la Subsecretaría de Operación Turística y la Coordinación General de Protección Civil, para el envío de boletines meteorológicos diario y para alertamiento sobre riesgos en zonas turísticas.

También, la participación de la SECTUR en el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales de la SEGOB, con un representante y el área de comunicación social de la primera. de tal manera que las recomendaciones que emitiera este Grupo de inmediato se transmitieran a las diversas autoridades turísticas, desarrolladores y se tengan los elementos precisos para la su difusión pública a nivel nacional e internacional en el ramo.

En correlación, la participación de la SEGOB, (Coordinación de Protección Civil, Instituto Nacional de Migración y Comunicación Social), en el Comité de Comunicación de Crisis del Sector Turismo. En destinos turísticos, la coordinación permanente entre funcionarios de Entidades Federativas de la SECTUR y titulares de Protección Civil de esas Entidades y Municipios.

En un esfuerzo compartido, ambas Secretarías emitieron una publicación titulada ¿Cómo actuar ante situaciones de emergencia? Recomendaciones de Protección Civil para prestadores de servicios turísticos.14 Conteniendo herramientas valiosas destinadas a garantizar una respuesta oportuna y adecuada ante la presencia de eventuales fenómenos de origen natural como humano, que puedan poner en riesgo la tranquilidad y convivencia de los destinos turísticos de nuestro país.

Pero es evidente que también se requiere proporcionar herramientas específicas ex profeso para centros turísticos, empresas turísticas e inmuebles turísticos, que vinculen en tareas de protección civil a las autoridades, prestadores de servicios turísticos, administradores, trabajadores y alos propios turistas y viajeros, que por diversas circunstancias ante un evento que generauna emergencia o condiciones de desastre, se encuentren en estos lugares. Para que todos los involucradosestén preparados con anticipación para saber qué hacer, antes, durante y después. Y de ser posible se pueda coordinar la anticipación de la salida oportuna del lugar próximo a ser afectado, si no, dónde, cómo y qué medidas deberán ser tomadas para garantizar la seguridad de turistas y viajeros e instalaciones turísticas.

Frente a la inacción del Gobierno Federal, su incapacidad e inoperancia para salvaguardar la vida y el entorno de quienes son víctimas de un desastre, las y los legisladores tenemos el deber ineludible de construir enunciados que permitan a la autoridad, conducir su actuar a fin de que no existan dudas o titubeos en la aplicación de los enunciados normativos, sobre todo, cuando se trata de la protección a las vidas humanas y a su entorno, en lo referente a su papel de coadyuvantes en la autoprotección y el autocuidado en el fortalecimiento y consolidación de una cultura de la Protección Civil.

Proponemos la adición de un artículo 20 BIS a la Ley General de Protección Civil en la que se establezca de manera expresa, la obligatoriedad de constituir el Grupo Interinstitucional para Tormentas y Ciclones Tropicales a fin de que cuente, como consecuencia de un mandato normativo del entorno, el equipo, los expertos y las opiniones para la correcta toma de decisiones en casos donde como quedó evidenciado, no sabe qué hacer.

Asimismo, frente a la evidencia documental, estaremos dotando al ejecutivo del camino a seguir frente a meteoros tan devastadores y donde es incapaz para enfrentarlos pues no cabe la creatividad o la posibilidad de innovacióncomo consecuencia de privilegiar la letra de la ley.

Por ello, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un Artículo 20 BIS a la Ley General de Protección Civil para quedar como sigue:

CAPITULO III

Del Sistema Nacional de Protección Civil

Artículo 20 BIS. Para la atención y coordinación inmediata en temporada de lluvias y ciclones tropicales, se instalará el Grupo Interinstitucional para Tormentas y Ciclones Tropicales, a fin de generar las siguientes acciones:

I. La penetración de una real cultura preventiva, en los diversos sectores de la sociedad a fin de que autoridades encargadas de hacer frente a estos meteoros, utilicen el mismo lenguaje y conceptos, puntos de vista coincidentes al emitir sus recomendaciones; contenidos precisos e indicaciones completas a las poblaciones acerca de lo que deben hacer antes, durante y después de su presencia; la sincronización y articulación de acciones entre todos los integrantes del Sistema de Protección Civil, optimizando recursos y tareas;

II. Cada Dependencia del Gobierno Federal participante en este Grupo, coadyuvará a identificar con precisión las tareas que por ley corresponden a cada uno de los responsables en la protección a poblaciones en riesgo;

III. Este Grupo determinará y buscará conjuntar un diagnóstico coincidente, a partir de la atribución del Servicio Meteorológico Nacional, órgano oficial mexicano en la emisión de pronósticos meteorológicos y del conocimiento preciso del territorio, población, peligro, grado de exposición y vulnerabilidad de personas, bienes y sistemas, para tomar medidas preventivas de protección y autoprotección;

IV. Este Grupo alimentará el diagnóstico con recomendaciones surgidas del análisis, con identificación de la Dependencia o Dependencias a que van dirigidas, a cuál de los tres órdenes de gobierno, expresando a qué Entidades Federativas, Municipios o Delegaciones del Distrito Federal, y si se recomienda evacuar poblaciones, precisar qué zonas, con qué anticipación, qué medidas y en su caso, qué franja en kilómetros se debe desplazar a lugar seguro. Todo ello, conforme al plan operativo de protección civil denominado Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT).

TRANSITORIOS

PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Grupo Interinstitucional, deberá constituirse en un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 2 de diciembre de 2013.

Suscribe

Sen. Sofío Ramírez Hernández".

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115 Constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.


1 Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México, CENAPRED, Primera Edición.

2 Ídem

3 Ídem

4 Ídem

5 Ídem

6 Ídem

7 Ídem

8 Ídem

9 Ídem

10 Ídem

11 Ídem

12http://www2.unwto.org/es/content/asamblea-general

13 ¿Cómo actuar ante situaciones de emergencia? Recomendaciones de Protección Civil para prestadores de servicios turísticos. Primera Edición, 2002.

14 Ídem






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD)

"CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTES.

El suscrito, Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática perteneciente a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el Servicio Profesional de Carrera Municipal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deben observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

La misma Ley Suprema en su artículo 127 ordena que los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Para cumplir con esos imperativos, en el orden federal y en algunas Entidades Federativas se implementó en un primer momento, elSistema Civil de Carreara, que posteriormente al actualizarse, cambió su denominación a Servicio Profesional de Carrera, como una política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos, que busca fomentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública y consecuentemente, una mejora en los servicios que se ofrecen a la población.

Los sistemas profesionales de carrera permiten administrar los recursos humanos de las instituciones públicas, potenciar la capacitación y profesionalización de los servidores públicos y optimizar los recursos encaminados a fortalecer el capital humano de las instituciones.

La experiencia internacional indica que la certeza jurídica que otorgan los servicios profesionales de carrera contribuyen a que las mujeres y los hombres más capacitados permanezcan en el servicio público, participen activamente en la consecución de objetivos y metas con altos estándares. Igualmente desincentivan la corrupción de los servidores públicos y fomentan la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental.

Sin embargo, en el orden municipal no se ha aprovechado debidamente la oportunidad que significa el establecimiento de los servicios profesionales de carrera, de tal forma que cada periodo se renueva un porcentaje importante de servidores públicos, por lo cual los recursos invertidos en capacitación y en profesionalización no rinden los frutos debidos.

La propuesta que se propone a esta Soberanía permitirá a los ayuntamientos contar con personal directivo calificado que tengan capacidad para solucionar los problemas de su comunidad, así como contar con servidores públicos con aptitudes cognoscitivas y técnicas suficientes para ejecutar las políticas e instrucciones directivas que se emitan.

Cabe referir que algunas entidades federativas ya han implementado servicios de carrera municipales, como el caso de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, México, Michoacán, Puebla, Sonora y Zacatecas.1

Sin embargo, se necesita que la implementación del Servicio Profesional de Carrera sea una norma obligatoria para todos los municipios de nuestro país y que se base en los mismos principios mínimos.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

UNICO.-Se reforma el segundo párrafo de la Fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. a VII. …

VIII. …

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyesque expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

Se establecerá en cada Municipio un Servicio Profesional de Carrera que deberá regirse por los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

IX. a X. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las Legislaturas de los Estados deberán realizar las reformas legales para adecuar las leyes secundarias, en un periodo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.- Los Ayuntamientos de los Estados deberán implementar sus respectivos Servicios Profesionales de Carrera en un periodo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Senado de la República, a 2 de diciembre de 2013.

Sen. Sofío Ramírez Hernández".

Son todas las iniciativas, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Informo a la Asamblea, que la Mesa Directiva acordó procurar condiciones para no interrumpir el trabajo de las comisiones que se están desarrollando simultáneamente a esta hora paralelos a la sesión que hoy estamos desarrollando.

En consecuencia, pasaremos a la discusión de dictámenes que proponen puntos de Acuerdo y que podremos resolver a través de votaciones económicas.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.


1 Ver José René Olivos Campos, El Servicio Civil de Carrera Municipal en México. Condiciones, Desafíos y Perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

"COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a derogar la Norma Oficial Mexicana NOM 125-SSA1-1994.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de octubre de 2013, la Senadora Lorena Cuellar Cisneros y el Senador Adolfo Romero Lainas, presentaron proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los Legisladores proponentes, exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal a derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994, que tiene que ver con el crisotilo o asbesto blanco y sus productos, derivado del daño a la salud que se presenta en las personas que se encuentran cercanos a dichos materiales.

III. CONSIDERACIONES

A. En primer término, el asbesto es el nombre de un grupo de minerales de origen natural que se utilizan en varios productos, principalmente de construcción, por su resistencia al calor y corrosión, también en la fabricación de láminas para techos, tuberías, tinacos, etcétera, mediante un material que se llama asbesto-cemento; productos aislantes que contienen aproximadamente 80% de asbesto mezclado con silicato de sodio o de almidón, llamado cartón-asbesto, que se utiliza para empacar mercancías; flocados proyectados para proteger el fuego; tuberías de cemento de amianto para la distribución de agua potable y aguas usadas; cartones, papeles y tejidos como material de aislamiento; revestimientos de piso en los sectores industrial y doméstico; guarniciones o forros de freno y embragues en la industria automotriz; pinturas revestimientos y revestimientos de obturación.

Uno de los principales peligros, y por los cuales los Senadores proponentes, externan su preocupación, se debe a que a través de la inhalación inconsciente de las fibras de asbesto, por todas aquellas personas que laboran en los lugares en que se trabaja con este mineral, puede provocar serias enfermedades en los pulmones y en otros órganos que pueden no aparecer hasta años después de ocurrir la exposición al mismo.

Un ejemplo de ello, es la asbestosis, que puede generar una acumulación de tejido de tipo cicatrizal en los pulmones resultando en la pérdida de la función pulmonar, la discapacidad y consecuentemente la muerte.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de trabajo, lo cual ocasiona entre 107,000 y 140,000 muertes de trabajadores cada año. En Europa Occidental, América del Norte, Japón y Australia se registran 20,000 nuevos casos de cáncer de pulmón y 10,000 casos de mesotelioma pleural cada año, como resultado de la exposición al asbesto.

La mortalidad registrada hasta el año 2012, derivó en la prohibición de todo tipo de asbestos en más de 50, medida que no tuvo mayor impacto en su economía, ya que existen, desde hace diez años, materiales sustitutos más seguros para la elaboración de los diversos productos que se hacen con asbesto.

Países como Argentina, Chile, Honduras, Japón, Australia, Uruguay, algunas ciudades de Brasil, Finlandia, Mozambique, Qatar, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Jordania, Corea del Sur y en vías de consolidación Perú, forman parte de la lista de naciones que prohíben el asbesto lo que significa un importante avance hacia la eliminación mundial.

C. Como bien señalan los Senadores proponentes, en México, los efectos nocivos derivados de la interacción con el asbesto y sus productos, han incremento la incidencia de la mortalidad, específicamente, por casos de mesotelioma pleural, cáncer pulmonar, y asbestosis, entre otros padecimientos, tanto en la población general, como en trabajadores que han tenido exposición al crisotilo o asbesto blanco.

El mesotelioma es un cáncer primitivo de la pleura, el cual es casi específico de la exposición del amianto, lamentablemente su detección se da después de un periodo de latencia de 20 a 40 años.

D. Lamentablemente, son pocas las cifras que existen como registro de las enfermedades que se derivan del contacto con el asbesto y sus productos derivados, pero es importante señalar algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de México, se han importado 502 mil 428 toneladas de asbesto entre 1960 y 2010, de los que sólo el 5% han sido anfíboles (amosita, antofilita, crosidolita, tremolita y actinolita), los daños a la salud son considerables. De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social se han registrado 3,301 casos de mesotelioma pleural, de 1979 a 2010, pero se calcula un sub-registro del 70 por ciento, por lo que los casos estimados de mesotelioma pleural podrían ascender a 5 mil 603.

Además, estudios internacionales señalan que por cada caso de mesotelioma registrado se presentan 2.5 casos de cáncer pulmonar asociados a la exposición al asbesto. En el caso de nuestro país, en el periodo antes señalado, se han registrado 11 mil 673 casos de cáncer pulmonar al 2010, lo cual indica una mortalidad total de 16 mil 979 personas entre casos de mesotelioma pleural y de cáncer pulmonar, que son los únicos padecimientos de los cuales encontramos registro alguno.

E. El pasado 9 de mayo de 2005, la Secretaría de Salud Federal, envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) un anteproyecto de “Acuerdo por el que se prohíbe el uso, obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, importación, almacenamiento y expendio o suministro al público en fibra o roca, polvo o capas, desperdicio o desecho de asbesto anfíbolo variedad amosita, antofilita, crocidolita, tremolita, actinolita, así como de los productos que los contengan”.

Sin embargo, el 11 de mayo de 2005, de manera irresponsable, la COFEMER rechazó dicha propuesta, argumentando que el anteproyecto es impugnado por no cumplir con el acuerdo de moratoria regulatoria.

En el documento que la COFEMER envió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (COFEPRIS) describe que: dicho proyecto sí implica costos de cumplimiento para los particulares (esto es para la industria del asbesto) pues reduce o restringe el derecho de éstos a usar, obtener, elaborar, preparar, conservar, mezclar, acondicionar, envasar, manipular, transportar, distribuir, importar, almacenar y expender o suministrar al público en fibra o roca, polvo o capas desperdicio o desecho de asbesto anfíbolo variedad amosita, antifolita, actinolita, así como de los productos que lo contengan, independientemente del beneficio que dicha prohibición pudiese generar a la salud de la población.

F. Aunado a ello de 2005 a 2009, la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo del IMSS, calculó el costo promedio de la atención médica de cada caso de mesotelioma en el primer año de tratamiento, que para el año 2009 fue de 107 mil 704 pesos mexicanos; que multiplicado por los 500 casos anuales estimados de mesotelioma, representa un costo para el sector  salud de aproximadamente 53 millones 851 mil 982 pesos.

De 2005 a 2009, el costo promedio estimado de la atención médica de los casos de mesotelioma pleural, en el sector salud, fue de aproximadamente 246 millones 269 mil pesos, de los cuales el IMSS otorgó atención médica al 51% de los casos registrados, y representó un gasto de aproximadamente 125 millones 597 mil pesos.

G. Actualmente, la Norma Oficial MexicanaNOM-125-SSA1-1994. QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS SANITARIOS PARA EL PROCESO Y USO DE ASBESTO, establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos industriales dedicados al proceso del asbesto, para proteger la salud del personal ocupacionalmente expuesto a las fibras de asbesto, así como a la población circunvecina a los establecimientos.

Evidentemente, las enfermedades y muertes derivadas del contacto con el asbesto o sus productos, son parte del grupo de enfermedades en nuestro país, que pueden ser prevenidas y evitadas.

Como país miembro de la Organización Mundial de la Salud, debemos tener en cuenta su resolución WHA58.22, sobre prevención y control del cáncer, que instó a los Estados miembros a prestar especial atención a los cánceres relacionados con exposiciones evitables, en particular la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñe e implemente una nueva Norma Oficial Mexicana, e instrumente políticas públicas que originen la disminución y erradicación de los diversos padecimientos procedentes del contacto con el asbesto y los productos derivados.

Segundo. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios, conforme a sus facultades de regulación, control y vigilancia del proceso y uso de sustancias tóxicas o peligrosas, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a factores químicos, físicos y biológicos, implemente un sistema de vigilancia epidemiológica de las poblaciones expuestas, ya sea por circunstancias laborales o geográficas al asbesto.

Tercero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, se retome el análisis del anteproyecto del “Acuerdo por el que se prohíbe el uso, obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, importación, almacenamiento y expendio o suministro al público en fibra o roca, polvo o capas, desperdicio o desecho de asbesto anfíbolo variedad amosita, antofilita, crocidolita, tremolita, actinolita, así como de los productos que los contengan”, y se informe a esta Soberanía sobre la viabilidad del mismo, o se publique para su aplicación.

Cuarto.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se están tomando para disminuir los padecimientos derivados de la interacción con el asbesto o sus productos derivados, o en su caso, sobre las estrategias que se ejecutarán para prevenir dichas enfermedades.

COMISION DE SALUD".






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al siguiente dictamen.

"COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una proposición con Punto de Acuerdo, relativo a exhortar a la Secretaría de Salud, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1.Con fecha 26 de Septiembre de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la Secretaría de Salud, al Titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

2.Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El Punto de Acuerdo presentado por la Senadora promovente hace mención que existe un tema importante para la salud de nuestra sociedad, la donación de órganos. Enfatizando que ésta consiste en dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. En este proceso, se involucran diversos aspectos médicos, sociales, éticos, psicológicos y legales.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción sobre la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos, es un tema de suma importancia para la salud de nuestro país.

B. Hoy en día, el trasplante de órganos es una respuesta concreta para miles de pacientes que padecen de enfermedades que afectan a órganos del cuerpo. En algunas ocasiones, únicamente a través de procedimiento es como pueden logran su recuperación e incluso salvar la vida. Para otros el injerto de tejidos representa una forma de mejorar su calidad de vida.

No hay duda que el trasplante de órganos es un procedimiento que tiene éxito para muchas personas con enfermedades, hepáticas, renales cardiacas o pulmonares; con muchas posibilidades de curar sus padecimientos, además de representar una esperanza para aquellas personas que, solo a través de este procedimiento logran permanecer con vida.

C. La donación de órganos se ha visto afectada por cuestiones como son: la falta de certeza jurídica en el procedimiento, las lagunas y ambigüedades que se formulan por no distinguir los diferentes tipos de trasplantes y sobretodo la falta de información y concientización que se debe tener dentro de la sociedad.

D. Existen muchos niños y adultos con otra serie de enfermedades graves potencialmente curables con un trasplante, entre las cuales se encuentra la diabetes (trasplante de páncreas), enfermedades del corazón desde su nacimiento sumamente graves (trasplante cardiaco), niños con muy poco intestino o de buen tamaño pero sumamente enfermo por mala absorción de nutrientes (trasplante intestinal), enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística o enfisema pulmonar (trasplante pulmonar), enfermedades de la vista candidatos a trasplante de córneas, por mencionar algunos casos, además de la insuficiencia renal (trasplante renal) y la fase terminal de las enfermedades del hígado (trasplante de hígado) ya comentadas. Como se puede observar esto representa una posibilidad de vida.

E. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud Federal cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), que es el órgano encargado de emitir y dirigir políticas públicas a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para incrementar el acceso y posibilidad de aquellas personas que requieren de un órgano o tejido para mejorar su salud.

La función del CENATRA se refleja en la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo y, además, vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares.

F. En México, se realizan trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón. Existen más de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud (sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante.

G. Datos y cifras que arroja el CENATRA, al día de hoy, señalan que existen casi 18 mil personas que requieren de una donación y trasplante, de los cuales, la gran mayoría se trata de riñón, con más de 9 mil personas, y de córnea con 7 mil quinientas personas. La estadística que reporta para el año 2012 son: 2 mil 907 trasplantes de córnea, 2 mil 361 trasplantes de riñón, 104 trasplantes de hígado y 43 trasplantes de corazón.

La donación de personas fallecidas anual total fue de mil 568 cadáveres. En este año (2013) se reportan: 2 mil 139 trasplantes de córnea, mil 785 trasplantes de riñón, 106 trasplantes de hígado, 32 trasplantes de corazón y un trasplante de pulmón. Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de la donación altruista.

H. Sin embargo, se debe enfatizar que se ha ido avanzando y México ha tenido logros en este aspecto, ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Cardiología (INC) “Ignacio Chávez”, el cual ha sido pionero en la extracción de riñón por vía laparoscópica para trasplante; en los últimos cinco años ha realizado 250 trasplantes renales de donadores vivos con dicha técnica, la cual es de mínima invasión. Por su lado el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INNSZ), demostró que México está a la altura de las principales naciones a nivel de trasplantes al realizar el primer trasplante en América Latina de extremidades superiores.

I. Hay que destacar que el Principio Rector número 6 de la Organización Mundial de la Salud establece que “se permitirá la promoción de la donación altruista de células, tejidos u órganos humanos mediante publicidad o llamamiento público, de conformidad con la reglamentación nacional. Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la disponibilidad de células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un pago a individuos por sus células, tejidos u órganos, o a un pariente cercano en caso de que la persona haya fallecido, o bien recabar un pago por ellos. Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que entrañen el pago a esos individuos o a terceros”. Por otra parte nuestra legislación sanitaria marca en su artículo 322 párrafo 5º que; “En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo...”.

J. Es importante señalar que la información eficaz y oportuna sobre el proceso es de suma importancia, dicho proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.

El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne las condiciones necesarias para el trasplante ya que no cualquier enfermedad puede ser atendida mediante un trasplante. Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todos los pacientes que requieren un trasplante.

K. Con la bondad de un sólo donador de órganos, se abre la posibilidad para que una persona tenga vida y mejor calidad de ella. Es por ello, que debemos impulsar y emprender acciones para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informada y con alto compromiso social.

L. Por lo anterior esta Comisión Dictaminadora considera loable el dictamen con punto de acuerdo para emprender fomentar la donación y trasplante de órganos.

Con base en lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al Titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, para fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

COMISION DE SALUD"






COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al último dictamen de la Comisión de Salud.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que a la brevedad posible informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de Octubre de 2013, la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que a la brevedad posible informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señala que la venta ilícita de cigarros ha crecido significativamente en nuestro país causando un grave problema, es por ello que pretende exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que a la brevedad posible informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. Así mismo, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que México se adhiera al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, instrumento derivado delConvenio Marco para el Control del Tabaco, y de esta forma combatir de manera frontal el comercio ilícito de productos del tabaco.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es el diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas por parte de la Secretaría de Salud, para combatir de manera frontal la venta y fabricación ilícita de cigarros apócrifos.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este tema particular para evitar la venta y fabricación ilícita de cigarros apócrifos.

C. Como bien sabemos el tabaquismo actualmente constituye un problema de salud pública, el consumo de tabaco y la exposición a su humo son la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Más de mil millones de personas fuman tabaco en todo el mundo y su consumo mata prematuramente a cerca de 6 millones de personas.

Este grave problema se agudiza ya que se estima que en el año 2030 el tabaco matará a más de 8 millones de personas al año; el 80% de esas muertes prematuras se registrarán en los países de ingresos bajos y medios.

Por ende, se debe contrarrestar este problema y tomar medidas urgentes, y evitar que el tabaco pueda matar a más de mil millones de personas, a lo largo del siglo XXI.

D. Hay que señalar que las consecuencias derivadas del tabaquismo en la salud, son muy palpables ya que el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo para seis de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo.

Cabe hacer mención que fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago. De igual manera, tiene como consecuencia: leucemia, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, infarto, enfermedad cerebrovascular, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otros padecimientos.

Además de éstas, el consumo de tabaco disminuye significativamente los años productivos de vida de las personas. Tan solo en México provoca más de 60,000 muertes al año, alrededor de 165 defunciones por día.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, dentro del Panorama Epidemiológico del Consumo de Tabaco, a nivel nacional, de la población de 12 a 65 años, se estima que el 21.7% de los mexicanos, es fumadora activa, lo cual equivale a 17.3 millones de mexicanos. Además de existir 21 millones de ex fumadores.

E. Hay que hacer mención que el pasado 30 de mayo de 2008 se aprobó la Ley General para el Control del Tabaco, con la finalidad no sólo de regular, sino también de sancionar a todas aquellas industrias del tabaco y establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones establecidas, dicha ley y las reformas que se han aprobado en torno a la misma van dirigidas a continuar en el reforzamiento de medidasque protejan el derecho de la salud de las personas, tanto fumadores activos como pasivos.

Sin embargo, todos estos esfuerzos no tienen sentido cuando salimos a la realidad de nuestro país, es necesario exponer que ha proliferado la venta y distribución de cajetillas de cigarros, con diversas denominaciones, y que presumen haber sido producidas en diversos países del mundo. La primer interrogante es, ¿Cómo se introducen dichas cajetillas al país?; o bien, si efectivamente son de otros países, o son manufacturados en nuestro país con datos falsos.

F. Un estudio realizado con datos de la Alianza para el Convenio Marco para el Control del Tabaco, Organización Mundial de la Salud, OMS y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, señaló datos importantes tales como, que este tipo de cigarros no cuentan con los parámetros mínimos de calidad en su elaboración, por ende, mucho menos cumplen con lo establecido en las normas mexicanas en la materia, con ello afecta la salud de los mexicanos en general y sobre todo de los adolescentes que tienen fácil acceso a estos productos.

G. Asimismo, advierte que en el mundo se venden al año, alrededor de 600,000 millones de cigarros ilegales, de los cuales 250 millones son comerciados al interior de nuestro país. Los principales países de origen son Canadá, Estados Unidos de América, Cuba, Paraguay, India, China y Vietnam. Y señala que algunas de las características de estos cigarrosson un filtro menos nítido, papel más delgado, no contienen especificaciones de los elementos de los que se componen; además, como no cumplen con las normas mínimas establecidas por las leyes mexicanas, difícilmente contendrán las leyendas y pictogramas correspondientes. Todo lo anterior genera la venta de cigarrillos sueltos a cualquier público y reiteradamente los daños más latentes en la salud.

Hoy en día existe la presencia en diversos puntos de venta de cigarros ilegales, tales como puestos ambulantes, fijos y semifijos, mercados, accesos del Metro y tianguis, por señalar los más comunes. Con marcas no acreditadas por las autoridades correspondientes, como PITBULL, MEX, LAREDO, ROVER, RACER, GOL, JAIPUR y MARATHON, MODERN, ROYALE, BRONCO, SILVER, por señalar solo algunos, con precios similares a los $8.00 y $10.00 pesos, por cajetilla que usualmente contienen 20 cigarrillos cada una.

H. Es importante señalar que a pesar del reciente decomiso de este tipo de cigarros en el Estado de Guanajuato, llevado a cabo por la Procuraduría General de la República de más de 7 millones de cigarros ilegales, siendo la tercer entidad de mayor venta de cigarros ilegales después de Jalisco y Michoacán, dichos productos siguen en circulación en otras entidades federativas del país.

I. Así mismo, se menciona que en los casos en que los productos de importación no reúnan los requisitos o características que establezca la legislación correspondiente, menciona la Legislación sanitaria, que la Secretaría aplicará las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo con la Ley General de Salud. Ydicha dependencia participará en las acciones que se realicen a fin de prevenir el comercio, distribución, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco y de productos accesorios al tabaco.

J. Es importante mencionar que la actual Ley General para el Control del Tabaco en nuestro país, permite cumplir en una gran parte con lo que dicta el Convenio Marco para el Control del Tabaco, vinculante para México en virtud de su ratificación en Mayo de 2004.

El objetivo del Convenio y sus directrices, es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco así como acatar las Medidas para Combatir la Producción Ilegal y el Comercio Ilícito de Productos del Tabaco.

K. Cabe mencionar que en el CMCT se establecen las principales políticas públicas para prevenir y controlar el consumo de tabaco. Sin embargo, debido a la diversidad de temas, la Conferencia de las Partes, vio la necesidad de publicar directrices y protocolos sobre cada uno de éstos para facilitar la aplicación del Convenio.

Dicho Protocolo forma parte de estos documentos. En éste se pueden encontrar las principales medidas para erradicar el comercio ilícito de cigarrillos. Su objetivo es simple: la eliminación de todo tipo de comercio ilícito de tabaco. Las acciones principales que los Estados deben adoptar para obtener este fin son las siguientes:

a. Regulación de la cadena de suministro;

b. Seguimiento y localización de productos de tabaco;

c. Potenciar la eficiencia de las autoridades, en la destrucción de tabaco ilegal;

Regulación de la cadena de suministro:

- No se puede producir, elaborar, fabricar e importar productos de tabaco si no se cuenta con una licencia.

- También es necesaria una licencia sí, 1) se cultiva tabaco; 2) se transportan cantidades comerciales de productos de tabaco o equipo de fabricación y 3) se realizan ventas al por mayor.

- Las licencias deben de ser expedidas y renovadas por un órgano competente. En caso de incumplir con las obligaciones se deben de sancionar a las empresas.

Seguimiento y localización de productos de tabaco:

- La implementación de un sistema de seguimiento y localización de los productos de tabaco consiste, principalmente, en la elaboración de mecanismos que permitan identificar la procedencia de las cajetillas. Su aplicación es tanto para la fabricación como para la importación de productos de tabaco.

- Se exigirán elementos de identificación únicos, seguros e indelebles, como códigos y estampillas.

- El protocolo propone un plazo de 5 años para la implementación de estos mecanismos de seguimiento y localización.

- Así mismo, para poder tener datos e información que facilite la aplicación del protocolo, cada Estado debe exigir que se mantengan los registros de la cadena de suministro de tabaco, productos de tabaco y equipo de fabricación. Esto ayudará a las autoridades para cualquier investigación que se haga.

Potenciar la eficiencia de las autoridades en la destrucción de los productos de tabaco:

- Todo tabaco, producto de tabaco o equipo de fabricación decomisado, será destruido, mediante métodos respetuosos con el medio ambiente en la medida de lo posible, o eliminado de conformidad con la legislación nacional.

Con la problemática planteada esta comisión dictaminadora coincide con la proponente de que nuestro país se adhiera al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud coincide viable la propuesta planteada, por ello, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que a la brevedad posible informe a esta Soberanía, sobre las acciones que se han tomado para contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco. Así como a cuántas personas físicas o morales se han sancionado por comercializar este tipo de productos ilícitos.

SEGUNDO: El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que a la brevedad se implementen acciones y estrategias que prevengan combatan y sancionen, el contrabando, venta y fabricación ilícita de cigarros apócrifos.

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que los Estados Unidos Mexicanos se adhieran al Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, instrumento derivado delConvenio Marco para el Control del Tabaco, y de esta forma combatir de manera frontal el comercio ilícito de este tipo de productos.

COMISION DE SALUD”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, para referirse a los dictámenes sobre padecimientos derivados del asbesto y sobre el relativo a donación de órganos.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El asbesto es conocido también como amianto, se utiliza de diferentes maneras en la industria como en la fabricación de láminas para techos, tuberías, tinacos, pinturas, revestimientos, tuberías, etcétera.

En estudios recientes en nuestro país se destaca un incremento en la incidencia de la mortalidad por casos de mesotelioma pleural y cáncer pulmonar tanto en la población general como específicamente en trabajadores que han tenido exposición al asbesto blanco.

El mesotelioma es un cáncer primitivo de la pleura, el cual es detectado después de un periodo de latencia de 20 a 40 años.

La Organización Mundial de la Salud, estima que cada año mueren por cáncer relacionado por exposición al asbesto entre100 mil y 140 mil trabajadores.

En lugares como Europa Occidental, Japón, Australia y América del Norte, existen 20 mil nuevos casos de cáncer de pulmón y 10 mil casos anuales de mesotelioma pleural, como resultado de la exposición al asbesto.

Asimismo, más de 50 países han prohibido el uso de todo tipo de asbesto debido a la mortalidad registrada hasta el año2012.

Por lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estima que 100 mil personas mueren cada año por causas de trabajos vinculados a la exposición del asbesto.

Se estima que el cáncer ocasionado por el asbesto provocará en Japón la muerte de al menos 15 mil personas en los próximos 5 años; y en Francia, más de100 mil personas en los próximos 20 años.

En México, de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1979 al 2010, se han registrado 3 mil 301 casos de mesotelioma pleural, calculado un sub-registro del 70 por ciento. Por lo que los casos estimados de esta enfermedad podrían ascender a 5 mil 603.

La Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo del IMSS, calculó el costo promedio de la atención médica de cada mesotelioma en el primer año de tratamiento, que para el año 2009 fue de 107 mil 704 pesos, que multiplicado por los 500 casos anuales estimados de mesotelioma, representa un costo para el sector salud de aproximadamente 53 millones 851 982 pesos.

De 2005 al 2009, el costo promedio estimado de la atención medica de los casos de mesotelioma pleural en el sector salud, fue de aproximadamente 246 millones 269 pesos, de los cuales el IMSS otorgó atención medica al 51 por ciento de los casos registrados, y representó un gasto de aproximadamente 125 millones 597 mil pesos.

Actualmente, en la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-1994.Que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto, establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos industriales dedicados al proceso del asbesto para proteger la salud personal ocupacionalmente expuesto a las fibras de asbesto, así como a la población circunvecina a los establecimientos.

Cabe destacar que México, como país miembro de la Organización Mundial de la Salud, debe tener en cuenta la Resolución WHA58.22, sobre prevención y control del cáncer que instó a los Estados miembros a prestar especial atención a los cánceres relacionados con exposiciones evitables, en particular la exposición a sustancias químicas en el lugar del trabajo.

Por lo que es importante que, a través de la Secretaría de Salud, se diseñe e implemente una nueva Norma Oficial Mexicana, instrumentando políticas públicas que origen la disminución y erradicación del cáncer pulmonar y mesotelioma conforme a la resolución de la Organización Mundial de la Salud ya mencionada sobre su prevención y control del cáncer.

Por eso hay que apoyar estos puntos de Acuerdo e iniciativas para que combatamos esta enfermedad brutal.

Así también, aprovecho la ocasión sobre el dictamen de la Comisión de Salud, sobre punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer y ampliar las campañas de información y promoción sobre la donación altruista de las células, tejidos y órganos humanos.

La Secretaría de Salud de nuestro país cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes, que es el órgano encargado de promover las políticas de salud en materia de donación y de trasplante de órganos y tejidos, así como supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable.

La función del CENATRA se refleja en la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo y además, vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares.

Un trasplante es la transferencia de un órgano y/o tejido de un individuo a otro que remplaza la función del órgano y/o tejido enfermo, según se estipula en el artículo 314, fracción XIV de la Ley General de Salud.

Los órganos y tejidos que se pueden donar son: corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón, médula ósea. Los tejidos: cornea, piel, hueso, las válvulas cardiacas, cartílagos, tendones, arterias, etcétera.

El trasplante de órganos es un procedimiento que tiene éxito para muchas personas con enfermedades hepáticas, renales, cardiacas o pulmonares; con muchas posibilidades de curar sus padecimientos, además de representar una esperanza para aquellas que sólo a través de este procedimiento logran permanecer con vida.

La donación de órganos se ha visto afectada por cuestiones como son: la falta de certeza jurídica en el procedimiento, las lagunas y ambigüedades que se formulan para no distinguir los diferentes tipos de trasplante y sobre todo la falta de información y concientización que se debe tener dentro de la sociedad.

La donación de órganos conforme a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley General de Salud, es la manifestación de voluntad de una persona, ya sea tácita o expresa para que en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Donación tácita, ¿qué es? Se refiere a que la persona no manifestó en vida la negativa de que sus órganos sea utilizados para trasplante después de su muerte, y de acuerdo a la prerrelación señalada en la ley, se requerirá que el familiar que se encuentre presente otorgue su consentimiento.

Donación expresa. Se refiere a que la persona manifieste su deseo verbal de donación.

En caso de ser por escrito, el Centro Nacional de Trasplantes ofrece 2 posibilidades: la tarjeta de donador voluntario y el documento oficial de la donación. La donación de personas fallecidas anual, total, fue de mil 568 cadáveres.

Según datos del CENATRA, en este año 2013, se reportan 2 mil 139 trasplantes de cornea;mil 785 trasplantes de riñón; 106 trasplantes de hígado; 32 trasplantes de corazón y un trasplante de pulmón. Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de la donación altruista.

Sin embargo, se debe enfatizar que se ha ido avanzando y México ha tenido logros en este aspecto, ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Cardiología doctor “Ignacio Chávez”, el cual ha sido pionero en la extracción de riñón por vía laparoscópica para trasplante; en los últimos 5 años se han realizado 250 trasplantes renales de donadores vivos con dicha técnica, la cual es de mínima invasión. Por su lado, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, demostró que México está a la altura de las principales naciones a nivel de trasplante al realizar el primer trasplante en América Latina de extremidades superiores.

Según cifras del Centro Nacional de Trasplantes, en la actualidad existen alrededor de 18 mil personas que requieren de un trasplante de órganos, pero únicamente existen 7 donadores por cada millón de habitantes, por lo cual, desde hoy tenemos que abocarnos a fortalecer la cultura de la donación, debido a que es innegable la falta de donadores en nuestro país.

En países líderes en la cultura de la donación, como es el caso de España, nos encontramos que existen 35 donadores por cada millón de habitantes, la diferencia es contrastante con nuestro país, y la impostergable tarea a la que tenemos que abocarnos en fortalecer la cultura de la donación, por lo que se deben realizar todos los esfuerzos para fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos en pro de la vida.

Por eso los invitamos a que apoyen estas propuestas. No sabemos, de aquí, de este Pleno, el día de mañana quién vaya a requerir una donación de órganos.

Por su apoyo, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito, ¿es para participar en la discusión?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) ¡Sí!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto lo anoto en la lista de oradores y, en su momento, se le dará el uso de la palabra.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Flores Escalera, para referirse al dictamen sobre donación de órganos.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalara: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El presente dictamen, dentro de este paquete de dictámenes, hay uno que tiene que ver, con el tema que involucra varios aspectos fundamentales para el desarrollo integral del ser humano, como son la vida, la salud, la dignidad e incluso la solidaridad y el altruismo: me refiero, por supuesto, a la donación de órganos.

La donación de órganos empieza con una gran decisión por parte del donador o su familia, y tiene un impacto inmensurable en la vida de otro ser humano, su familia y todas las personas que lo rodean. Consiste en dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud e incluso, en algunas ocasiones, para salvar su vida.

No hay duda que el trasplante de órganos es un procedimiento que tiene éxito en muchas personas con enfermedades hepáticas, renales, cardíacas, pulmonares, entre otras; con muchas posibilidades de curar sus padecimientos, además de representar una esperanza para aquellas personas que sólo a través de este procedimiento logran permanecer con vida.

Al respecto, cabe mencionar que la Secretaría de Salud cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes, CENATRA, que es el órgano encargado de emitir y dirigir políticas públicas a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para incrementar el acceso y posibilidad de aquellas personas que requieren de un órgano o tejido para mejorar su salud.

La función del CENATRA, refleja la importancia que tiene la promoción de la cultura de la donación entre la población, el carácter altruista y empático con el que debe llevarse a cabo, y además, vigilar que las prácticas de donación y trasplante se lleven a cabo cumpliendo con todas las medidas y disposiciones tanto jurídicas como médicas y sociales para beneficio de las personas que padezcan alguna enfermedad y sus familiares.

Datos y cifras que arroja el CENATRA, al día de hoy, señalan que existen casi 18 mil personas que requieren de una donación y trasplante, de los cuales, la gran mayoría se trata de riñón, con más de 9 mil personas, y de cornea, con 7 mil 500 personas. La estadística que reporta para el año 2012 son: 2 mil 907 trasplantes de cornea; 2mil 361 trasplantes de riñón; 104 trasplantes de hígado y 43 de corazón. La donación de personas fallecidas anual total fue de 1568 cadáveres.

En este año 2013, se reportan 2 mil 139 trasplantes de cornea;1785 de riñón; 106 trasplantes de hígado; 32 trasplantes de corazón y 1 de pulmón. Con estas cifras nos damos cuenta de que aún hay mucho por hacer en materia de promoción de donación altruista.

Desafortunadamente, la donación de órganos se ha visto afectada por diversas cuestiones como la falta de información y concientización. De ahí la importancia de reconocer y difundir que con la bondad de un solo donador de órganos, se abre la posibilidad para que una persona tenga vida y mejor calidad de ella.

Este dictamen, estimadas legisladoras y legisladores, tiene por objeto exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al titular del Centro Nacional de Trasplantes, así como de las autoridades análogas en las entidades federativas, a fortalecer y ampliar las campañas de información y la promoción de la donación altruista de células, tejidos y órganos humanos.

Solicito en esta ocasión su voto a favor del dictamen, convencida de que nos corresponde impulsar y emprender acciones para fomentar estos actos altruistas y justos, propios de una sociedad informada; pero sobre todo, con alto sentido y compromiso social.

Esperemos contar con su respaldo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para referirse al dictamen sobre tabaco.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

El dictamen que presento hoy representa actualmente un grave problema para nuestro país. Me refiero a la venta de cigarros ilícitos.

Por una parte, la exposición al humo que despide este producto, representa ya un problema de salud pública, que se puede manifestar en diversos tipos de cáncer tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo, y que lamentablemente tiene consecuencias fatales no sólo en la vida de las personas que lo padecen, sino en la vida de sus familiares.

De la interacción de factores químicos que componen los cigarros y que pueden alterar ciertas células del cuerpo humano que derivan en cáncer.

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, dentro del Panorama Epidemiológico del Consumo del Tabaco, a nivel nacional, señala que de la población de 12 a 65 años, se estima que el 21.7% de los mexicanos es fumador activo, lo cual equivale a 17.3 millones de mexicanos.

Esto, muy a pesar, de la creación de leyes, normas y reglamentos que sancionan las infracciones de la industria tabacalera. Tales como el incumplimiento de leyendas, pictogramas, advertencias, entre otras, que tienen como fin principal la disminución en la prevalencia de adicción y consumo de productos derivados del tabaco.

Hoy quiero llamar la atención, no sólo de ustedes, como compañeros legisladores, sino de todos aquellos que siguen la sesión por el Canal del Congreso.

De los medios de comunicación responsables de informar lo que sucede en el Pleno del Senado y de las autoridades del Sector Salud principalmente, ya que lamentablemente se ha visto en diversas entidades federativas el aumento en la comercialización de cajetillas de cigarro, que parecieran ser de juguete, una mentira, pero que existen y se venden a un precio que oscila entre ocho y diez pesos, por debajo del promedio de las marcas más conocidas en nuestro país.

Cajetillas como éstas, éstas que vengo a mostrarles aquí en el Pleno, son las que se están vendiendo en nuestro país.

Cifras importantes señalan, que se venden alrededor de 250 millones de cigarros de este tipo en nuestro país. Lo que nos llevaría a cuestionarnos, ¿cómo se introducen dichas cajetillas al país?,o bien, si efectivamente son de otros países, por qué la cantidad de producto extranjero que se presume ingresa al país, pareciera un trámite muy fácil en comparación de las exigencias para la venta de estos productos.

Un estudio realizado con datos de la Alianza para el Convenio Marco para el Control del Tabaco, la OMS y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAV, señaló que los principales países de origen son Canadá, Estados Unidos de América, Cuba, Paraguay, India, China y Vietnam. Y que algunas de las características de estos cigarros son un filtro menos nítido, papel más delgado, falta de especificaciones de los elementos de los que se componen; además de que no cumplen con las normas mínimas establecidas por las leyes mexicanas, y a pesar de que algunas contienen ciertas advertencias, éstas no se apegan a lo establecido en la legislación mexicana.

Todo lo anterior, además de las consecuencias que pueden cruzar por la mente, en primer instancia, también generar la venta de cigarrillos sueltos a cualquier tipo de público sin restricciones para menores de edad y con daños más latentes en la salud.

Los puntos de venta de este tipo de productos suelen ser, por ejemplo, en la ciudad de México, en los accesos del Metro y son denominados bajo marcas comerciales no registradas ante las autoridades correspondientes, y que en ocasiones su dominación y diseño se asimila a las marcas más conocidas en nuestro país.

Es por ello, que solicito su vota a favor del presente dictamen con la finalidad de revisar las acciones que se han tomado para disminuir las cifras señaladas de venta de cigarrillos ilícitos en nuestro país, pero además con la finalidad de que se informe de las sanciones que se han impuesto y a cuántas personas, ya sean físicas o morales ascienden dichas sanciones, toda vez que la magnitud de comercio de estos productos es vasta y debemos conocer los resultados de la persecución de este delito.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, para referirse al dictamen sobre padecimientos derivados del asbesto.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, gracias, señor Presidente. Con el permiso de las Senadoras y Senadores:

La exposición de los productos con asbesto, sea en la fabricación de productos industriales o el uso de éstos, se ha convertido en un problema de salud pública en aquellos países como el nuestro, donde aún se permite la fabricación y el consumo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 125 millones de personas expuestas al asbesto en su lugar de trabajo, provocando anualmente la muerte de entre 107 mil y 140 mil trabajadores en naciones altamente industrializadas, como las de Europa Occidental, en América del Norte, Japón y Australia.

Cada año se registran 20 mil nuevos casos de cáncer de pulmón y 10 mil casos de mesotelioma pleural debido a la exposición al asbesto. A partir del año 2012 fueron prohibidos en esos países más de 50 tipos de asbesto, toda vez que ya existen en el mercado desde hace 10 años materiales sustitutos que son más seguros.

Hoy en día esto no es un hecho aislado porque países de nuestra América Latina ya han dado pasos en esa dirección; ejemplo de ello son Argentina, Chile, Uruguay, Honduras y algunas ciudades como Brasil.

En otras partes se ha extendido la prohibición como Finlandia, Mozambique, Qatar, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Jordania, Corea del Sur, entre otras naciones.

En México fueron introducidos más de medio millón de toneladas de asbesto en el periodo comprendido entre 1960 y el 2010, con desastrosas consecuencias para la salud de las personas expuestas.

De acuerdo a los registros, entre 1979 y 2010 se registraron en el IMSS 3,300 casosde mesotelioma pleural, pero se calcula que hay un subregistro del 70 por ciento, lo que eleva el número de casos a poco más de 5,600.

Si a esto sumamos los 11,673 casos registrados en ese mismo periodo, de cáncer pulmonar, nos da un total de un poco más de 17,000 decesos por mesotelioma pleural y cáncer pulmonar asociados al asbesto, y son los únicos padecimientos en lo que se tiene registro.

La Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo perteneciente al IMSS realizó un estudio en el 2009, en el que se calculó que el costo promedio de la atención médica requerida para el tratamiento de cada caso de mesotelioma durante su primer año fue de más 107,000 pesos, que representan un costo anual por el sector salud de casi 54 millones, si lo multiplicamos por los 500 casos estimados que son tratados por mesotelioma.

El mencionado estudio calcula que entre 2005 y 2009 el costo promedio de atención médica prestada por el sector salud para los casos de mesotelioma pleural fue de más de 246 millones de pesos, de los cuales el IMSS atendió al 51 por ciento de los casos registrados, lo que representa una erogación aproximada de más de 125 millones de pesos.

Debe recordarse que ya desde 2005 la Secretaría de Salud federal había hecho el intento por prohibir el uso, obtención elaborada, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, importación, almacenamiento y expendio o suministro al público en fibra o roca, polvo o capas, desperdicios o desechos de asbesto, anfíbolo en sus variedades. Así como de los productos que los contuvieran.

Sin embargo, de manera irresponsable la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, rechazó el anteproyecto en un tiempo récord de sólo 48 horas después de haberlo recibido, argumentando que éste no cumplía con el acuerdo de moratoria regulatoria.

Las enfermedades y muertes derivadas del contacto con el asbesto o subproductos pueden y deben ser prevenidas y evitadas, el gobierno mexicano como miembro de la Organización Mundial de la Salud debe tomar medidas para prevenir y controlar el cáncer sobre todo si éste es evitable y las personas no son expuestas a sustancias como el asbesto.

En la Comisión de Salud del Senado de la República estamos convencidos de que los intereses industriales nos deben predominar sobre el interés público, en este caso la salud.

Por esta razón, pedimos al gobierno federal que:

Primero, que la Secretaría de Salud federal diseñe e implemente una nueva Norma Oficial Mexicana e instrumente políticas públicas que originen la disminución y erradicación de los diversos padecimientos procedentes del contacto con el asbesto y sus productos derivados.

Segundo, que la Comisión Federal de Riesgo Sanitario en el ámbito de sus facultades implemente un sistema de vigilancia epidemiológica de las poblaciones expuestas, ya sea por circunstancias laborales o geográficas al asbesto.

Tercero, que la COFEPRIS retome el anteproyecto hecho por la propia Secretaría de Salud en el año 2005 e informe a esta Soberanía sobre su viabilidad y en su caso la publique para su aplicación.

Cuarto, finalmente que la Secretaría de Salud informe a esta Soberanía qué medidas está tomando para disminuir los padecimientos derivados del contacto con el asbesto y las estrategias que se siguen para su prevención.

Senadoras, Senadores ojalá, y esperamos que esto haga eco en un importante punto de Acuerdo y lo aprobemos por el bien de la salud de los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Reforma Agraria; y de Autosuficiencia Alimentaria, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a instrumentar un Programa Nacional de Regularización de Tenencia de la Tierra en las Comunidades Indígenas del País.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDIGENAS; DE REFORMA AGRARIA; Y DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Para hablar sobre este asunto, se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Someto a su consideración un dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; de Reforma Agraria; y de Autosuficiencia Alimentaria.

Su objeto: que el Senado exhorte al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que en coordinación con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instrumente un Programa Nacional de Regularización de Tenencia de la Tierra en las Comunidades Indígenas del País.

En sus consideraciones generales destacamos que: la tierra y los territorios para los pueblos indígenas más que un lugar donde vivir, representan un vínculo con la naturaleza, con su origen, con su identidad y pasado.

Son las tierras indígenas fuente de creencias y sustento de su cosmovisión.

La existencia de un marco jurídico que salvaguarde y garantice la posesión y los derechos de propiedad de los indígenas está sujeto a la creación de normas jurídicas, políticas públicas y acciones concretas que permitan garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sin dejar de lado su voluntad, costumbres y tradiciones.

Es indispensable concretar y consolidar la regulación de la propiedad de los núcleos agrarios indígenas.

Y es indispensable reconocer la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas, respetando sus usos y costumbres así como características particulares y a las características típicas de cada región.

Como consideraciones en lo particular, subrayamos que: el artículo 2o. constitucional reconoce dentro de los derechos de los pueblos indígenas, relativo a sus tierras.

Además reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y, en consecuencia, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en las leyes de la materia.

El artículo 27 constitucional, en su fracción VII, párrafo segundo, establece que la ley protegerá las tierras de los pueblos indígenas, sin embargo, dichos preceptos no han sido puntualmente observados, se aprecia que el marco jurídico relativo a la regulación y protección de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas es insuficiente, generando innumerables conflictos en la tenencia de la tierra.

En años anteriores, el gobierno federal ha puesto en marcha diversas acciones y políticas públicas para dar solución a dichos conflictos, entre éstos encontramos:

- El ya extinto Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE.

- El actual Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR.

- Así como el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, COSEMAR.

El PROCEDE fue un programa diseñado y pensado en la regulación de los ejidos y no en los sistemas de tenencia y propiedad de la tierra de las comunidades indígenas en donde existe una tradición comunitaria sobre la forma comunal de la propiedad, que es la propiedad colectiva de la tierra.

El Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR, tuvo características similares al PROCEDE.

El Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, COSEMAR, se caracterizó por privilegiar la conciliación de intereses y la conciliación de acuerdos en amigable composición, como vía para la solución de conflictos sociales en el medio rural, a través de un convenio de finiquito.

Sin embargo, México ha cambiado. Deben crearse nuevas políticas acordes a las características y necesidades de cada región y grupo social.

Por ello consideramos pertinente la implementación de un programa nacional que tenga como objetivo regularizar la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas.

Proponemos para que en tal fin sean exhortadas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la CORETT.

La primera por ser la encargada de la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras para que la ley respectiva que reconoce a los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales.

La segunda por ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia.

Y la tercera en atención a lo ya citado, es decir, la falta de regularización de los derechos de propiedad y sin una posibilidad efectiva de ejercerlos con libertad, así como la falta de certeza jurídica son obstáculos no sólo para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, sino para el desarrollo del país.

La semana pasada aprobamos un dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de SEDATU a implementar las acciones necesarias a fin de regular la urbanización en tierras de propiedad comunal y propiedad en zonas ejidales del territorio nacional. Este dictamen y el que ahora presentamos se complementan pues ambos persiguen dar certeza a la tenencia de la tierra.

El de la Comisión de Desarrollo Urbano que preside el Senador Francisco Búrquez Valenzuela es para regularizar la urbanización de superficie de propiedad social, mientras que el que ahora pongo a su consideración es para proteger a las comunidades indígenas.

Compañeras Senadoras, compañeros Senadores, por lo expuesto, solicito atentamente la aprobación de este dictamen cuyo punto de Acuerdo es el siguiente:

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que en coordinación con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se instrumente un Programa Nacional de Regularización de Tenencia de la Tierra en las Comunidades Indígenas del País, como parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia de la tierra, desarrollo agrario y atención a nuestros pueblos originarios.

La Comisión de Asuntos Indígenas reconoce a las Comisiones de Reforma Agraria y Autosuficiencia Alimentaria, presidas por los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca e Isidro Pedraza Chávez y a las Senadoras y Senadores que las integran, el trabajo de análisis y debate que hicieron posible este dictamen. Fue desde nuestro punto de vista, acertado.

Solicito al señor Presidente ordene insertarlo íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto, Senador Eviel Pérez Magaña, se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Vivienda, con punto de Acuerdo por el que se desecha la proposición por la que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores a cumplir con el deber de convencionalidad, respetando los derechos de los trabajadores acreditados.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE VIVIENDA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para hacer referencia al dictamen que nos ocupa.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La minuta tiene por objeto plasmar en el cuerpo normativo que regula el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores el modelo de cobranza social existente en la práctica, para estar en la posibilidad de garantizar a los trabajadores esquemas justos y dignos, cuando se vean, sobre todo, en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello alcanzar el disfrute del precepto constitucional que establece el derecho a una vivienda digna y decorosa.

El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores ha apoyado a más de seis millones de ellos a generar su patrimonio a través de la adquisición de vivienda, siendo el actor más importante del mercado con 76 por ciento de participación, en cuanto a cartera de crédito se refiere.

Además, por medio de la labor que realiza como Hipotecaria Social, se han consolidado como uno de los principales fondos complementarios para el retiro de los trabajadores en el país, con 24 por ciento de participación del mercado de los fondos de retiro.

En la última década el Instituto ha implementado una serie de acciones, proyectos y servicios para satisfacer la demanda de vivienda que tiene el país, los cuales deben de establecerse en la legislación en materia con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica en beneficio de la solidez financiera del Instituto y por ende, también, de cada trabajador que se vea en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

A este conjunto de acciones y servicios que ofrece el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, se le ha dado el nombre de modelo de cobranza social, con el objeto de apoyar a los trabajadores, que como lo he comentado, en algún momento de la historia de su crédito se vean imposibilitados de seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida involuntaria de su empleo, paro técnico o simplemente por la disminución de sus ingresos.

Se ofrece la cobranza social para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice cartera vencida. Se regulan, por un lado, los intereses del mercado, y por otra parte se garantizan las razones del Estado de generar condiciones de bienestar para los trabajadores.

Con estas acciones el carácter social del Instituto se convertirá en una economía de mercado en la que se debe garantizar un equilibrio entre los acreditados y sus distintas problemáticas de pago, con los intereses de quienes facilitan la adquisición de una vivienda con un plan hipotecario.

El modelo de cobranza social que practica el Instituto ha demostrado que al mantener una cartera rentable se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para sus trabajadores derechohabientes, por lo que la reforma legal garantizará la aplicación constante y segura de este modelo.

Se garantiza a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos. En resumen, se traduce en una alternativa para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios manteniendo la viabilidad financiera de ahorro del trabajador, atendiendo al mismo tiempo a su capacidad de pago.

Esto cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia.

La Comisión de Vivienda nos presenta un dictamen de un punto de Acuerdo muy importante en el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores a cumplir con el deber de convencionalidad, respetando los derechos de los trabajadores acreditados.

El hecho de desechar esta proposición y me congratulo que así sea, y la quiero aplaudir, y hago un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Vivienda en este dictamen en el cual adiciona el modelo de cobranza social en el INFONAVIT con el objetivo de que quien posea una vivienda con crédito INFONAVIT no pierda su patrimonio cuando caiga en mora y que el INFONAVIT no se descapitalice, buscando opciones de pago accesibles y justos para las y los trabajadores deudores del crédito para vivienda.

Con este modelo se garantiza el precepto social de una vivienda digna y decorosa como un derecho humano de carácter social, al ser la vivienda un núcleo familiar y no de carácter individual.

En todos los estados de la República y en mi estado, Sinaloa, no es la excepción, desde hace tiempo los morosos de crédito hipotecario del INFONAVIT sufren de acoso y hostigamiento de día y de noche con llamadas telefónicas y/o avisos de acciones judiciales de embargo y desalojo por despachos privados de abogados, que porque la cartera vencida del INFONAVIT había sido vendida a particulares para su recuperación.

Así la familia sufre y ha estado sufriendo incertidumbres, angustias, zozobra de verse en la calle. El clamor social se ha generalizado, ha habido toma de oficinas del INFONAVIT, repudiando esta estrategia de cobranza con estas prácticas incorrectas y donde se percibía el INFONAVIT peor que la cobranza de los bancos, su carácter social se estaba y ha estado desvirtuándose.

Hoy, con esta reforma a la Ley del INFONAVIT, incorporando el modelo de cobranza social gana el INFONAVIT y ganan las familias de vivienda hipotecada. Hoy votamos porque se devuelve por ley el propósito constitucional social al INFONAVIT y ganan las familias que cuentan con el patrimonio social de una vivienda hipotecada.

El pago del crédito se garantiza para mejores tiempos económicos y con ello no precisamente se descapitaliza el Instituto, por ello mi voto y el de mi bancada de Acción Nacional es a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

En virtud de que se ha agotado la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

A continuación, pasamos a la discusión de cinco dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de los proyectos.






COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.








COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al siguiente dictamen.








COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al tercer dictamen.








COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al cuarto dictamen.








COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al último dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se han registrado oportunamente la Senadora Angélica de la Peña para hablar a favor de los mismos; la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, para referirse al dictamen sobre la celebración del Día Naranja y la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para referirse al dictamen sobre prevención y erradicación de violencia hacia las niñas.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores Senadores:

Voy a hacer una intervención única donde vamos de manera breve, esa es mi intención, a abundar sobre los méritos que tienen estos cinco puntos de Acuerdo que la Comisión de Igualdad y Género pone a su consideración.

El primero de ellos, tiene que ver con un exhorto para que las 32 entidades federativas del país se unan junto con las distintas dependencias, instancias de cada uno de estos gobiernos en el ámbito de sus competencias, a tomar consideración de un cambio muy importante que reinicia un concepto trascendental desde la Organización de Naciones Unidas para poner toda la relevancia al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que es el 25 de noviembre. De tal forma que se ha determinado desde Naciones Unidas que el color distintivo ahora sea el color naranja.

Es decir, hasta hace unos años el color distintivo para esta fecha, en todo el mundo, era el color morado. Sin embargo, este color ha tenido las características de que ha abarcado como un emblema, como un símbolo de los derechos humanos de las mujeres. De tal forma de que Naciones Unidas decidió que ahora en la campaña mundial del Secretario General de ONU, decidir que el color naranja sea el distintivo en cada 25 de noviembre para seguir recordándonos que es necesario que todos los países en el mundo tomen todas las medidas legislativas, presupuestales, judiciales, sociales y culturales que garanticen la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres.

Ese es el primer punto de Acuerdo, un exhorto para que las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, junto con las diferentes organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, también las distintas dependencias e instituciones decidan publicitar, propagandizar, difundir desde todos los medios y, por supuesto, alumbrando como siempre se hace en este tipo de conmemoraciones que todos los edificios y monumentos y efectivamente todo lo que tenga que referir con la campaña de las entidades federativas, tengan rescate y reivindiquen el color naranja para recordarnos que éste es el color de la lucha contra la violencia de género.

El segundo punto de Acuerdo que ponemos a consideración de esta Soberanía tiene que ver con cinco puntos relacionados con un asunto de gran preocupación de la Comisión para la Igualdad de Género, que preside la Senadora Diva Hadamira Gastélum, que por razones personales no pudo presentar estos puntos, y yo con mucho gusto además, me subo a presentarlos a nombre de la comisión, siendo parte de la Junta Directiva como Secretaria.

Pero sí quiero hacer especial énfasis que el delito de feminicidio, así como todos los derechos relacionados con las mujeres y las niñas, como ustedes saben son de una gran preocupación de nuestra comisión y, por supuesto, empatamos con el trabajo con otras comisiones.

No es demérito que estos puntos de Acuerdo siempre tengan una gran relevancia en esta Soberanía. Y solamente quiero concretar muy rápido la preocupación referida al poco funcionamiento, por decirlo de manera mucho más puntual, que el tipo penal de feminicidio que está ya inscrito en el Código Penal de Sonora, no ha tenido los méritos que hemos buscado cuando hemos influido en que este tipo penal se configure en el espectro del marco jurídico de nuestro país.

Tenemos distintas experiencias y, por supuesto, hay alguna muy buena experiencia, pero en las entidades nos preocupa que este tipo penal no tenga la eficiencia para el que fue creado y permite que haya omisiones y que haya por desgracia repercusiones en la persecución del delito y en el caso concreto nos preocupa el asesinato de la joven Priscila Carolina Hernández Guerra, quién fue víctima de feminicidio y nos parece verdaderamente grave que no haya sido debidamente aplicable el tipo penal, no por falta de voluntad, queremos insistir en eso, sino por una falta de una correcta configuración penal, es un asunto eminentemente de naturaleza penal que como ustedes perfectamente saben, los códigos penales, la legislación en esta materia no puede dejar dudas para una incorrecta aplicación por parte de la policía ministerial cuando va al curso la averiguación y, por supuesto, cuando termina en el ámbito del Poder Judicial.

Por eso el exhorto respetuoso al Congreso del Estado de Sonora para que revise su tipo penal, tome referencia de las buenas prácticas que se tienen en otras entidades federativas y las implemente. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, es eficiente el tipo penal en el D.F., porque años antes de que quedara configurado hubo una reforma al Código Penal, lo cual ha permitido que haya un proceso que me parece que tiene que ser estudiado por los congresos y la ciudadanía particular, llamamos la atención en este caso de Sonora.

Por lo tanto, estos cinco puntos de este Acuerdo van inscritos en que efectivamente haya reformas en la legislación, en la materia de naturaleza penal para que los procesos que se emprendan tengan por supuesto eficacia penal y también nos preocupa que esta falta de armonización adecuada nos lleven a tener por desgracia casos con impunidad como el que yo acabo de mencionar.

El tercer punto tiene que ver con una propuesta realizada por las compañeras de manera particular, la propia Senadora Gastélum Bajo, que ha solicitado que el Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora cada 15 de octubre de cada año, permita su reconocimiento en las entidades federativas y en eso estriba el exhorto de que las 32 entidades federativas reconozcan este día internacional para que permita en este día hacer una revisión de las políticas que se tienen que evaluar y se tienen que retomar para garantizar que las mujeres que son discriminadas por su marginalidad, porque están viviendo en ámbitos que todavía se quedan fuera del alcance de los preceptos que podemos estar impulsando en ámbitos con mayor información, con mayor decisión por la militancia empoderada de las mujeres, pero en el caso ciertamente de las mujeres rurales y por supuesto de las mujeres indígenas que por desgracia siguen estando en una gran marginalidad.

De tal forma que este dictamen que ponemos a su consideración tiene como fin que en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales se tomen las medidas desde el ámbito ejecutivo de las 32 entidades federativas, que influya desde la política pública al empoderamiento de las mujeres rurales.

No abundo, no abundo de todos los mecanismos diseñados desde distintas instancias de Naciones Unidas, en el marco de la CEPAL, en el marco del propio Congreso y por supuesto de la Cámara de Diputados los preceptos que ya están inscritos en la Ley para el Presupuesto de Egresos donde la perspectiva de género tiene una gran relevancia, y me parece que eso es lo que se ocupa para empoderar a las mujeres que sufren algún tipo de discriminación como en el caso de las mujeres rurales.

El cuarto punto tiene que ver con llamar la atención a que también en los tres órdenes de gobierno las distintas Secretarías y dependencias integren políticas públicas encaminadas a la prevención y a la reubicación de todas las formas de violencia contra las niñas y las adolescentes.

Tenemos que llamar la atención a que el 18 por ciento de la población en nuestro país tiene menos de 18 años de edad y está configurada por niñas y adolescentes, no es menor que es urgente que las Secretarías y dependencias promuevan una protección integral desde las políticas públicas para que las niñas y las adolescentes no sufran violencia de género.

Y, por último, el punto de Acuerdo que felicita al Consejo General del Instituto Federal Electoral por la decisión que tomó respecto de lanzar una convocatoria para que el Servicio Profesional de Carrera del IFE, por cierto, el primero en el país en instaurarse desde una institución, hoy esté inscrito para que las distintas carteras que están poniendo a licitación solamente participan mujeres como una acción afirmativa que el Consejo General del IFE tomó para que se lograse resolver la inequidad que existe en sus espacios de funcionamiento, insisto, de este servicio profesional de carrera y los distintos puestos que estaban siendo vacantes, esta convocatoria sí tiene una gran relevancia, también permite que poco a poco vaya subiéndose el nivel de integración de mujeres y hombres en el Servicio Profesional de Carrera a lo largo del país y el Instituto Federal Electoral.

No va a lograr la paridad, ciertamente que no, por supuesto que estamos muy lejanos a siquiera llegar a la norma inscrita, ya en el COFIPE del 40 por ciento en el espacio de mujeres en caso de candidaturas, pero por supuesto sí permite a que se dé un paso relevante.

Ojala que este precedente quede inscrito para lo que viene y, sobre todo, esa es una opinión muy personal, también abarque a encargos de mayor relevancia que las que hoy se están poniendo a consideración en la licitación.

Es cuanto, muchas gracias por su atención, y ojala que contemos con su voto afirmativo a estos puntos de la Comisión para la Igualdad de Género.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.

A continuación, para referirse al dictamen sobre la celebración del Día Naranja, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Pavlovich Arellano.

- La C. Senadora Claudia Pavlovich Arellano: Con el permiso de la Presidencia.

En esta ocasión vengo a sumarme a ese dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género relativo a la proposición con punto de Acuerdo para que se exhorte a los gobiernos de las 32 entidades federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja.

Es importante darle algunas consideraciones.

La violencia contra las mujeres es una situación existente derivada de una cultura androcentrista y denominación que se encuentra arraigada en toda la sociedad, tanto en las conciencias de las personas como en las instituciones del Estado, mismas que nutren los estereotipos de género vigentes.

Derivado de las obligaciones internacionales contenidas en las convenciones anteriormente mencionadas, es que la Organización de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres.

Tal como lo señala el grupo proponente, el PRI, en el 2008, el Secretario General de la ONU implementó la campaña denominada “Unete”, la cual tiene como propósito poner fin a la violencia contra la mujer, así como aumentar la conciencia y la voluntad política e implementar los recursos para prevenir y poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo.

Es importante también conocer las estadísticas. El estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, da cuenta de lo anterior arrojando los siguientes datos:

A partir de 2008, en el contexto de la crisis de inseguridad y violencia que asola a este país, las tasas de homicidio han repuntado abrupta; además, en 4 años se volvieron a alcanzar los niveles de homicidio de hace 30 años.
El 40 por ciento de las muertes por homicidio en mujeres durante la última década se registró en los últimos 3 años, dicho de otra forma, la tasa estandarizada de homicidios de mujeres en 2010, fue de más del doble que la registrada en 2007.

Las zonas más afectadas son la Noreste: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, donde el riesgo de muerte por homicidio en mujeres aumentó más de 400 por ciento en estos años.

Y la Noroeste, mi estado, por desgracia: Sonora, Baja California, Baja California Sur, y Sinaloa, donde el incremento en el riesgo supera el 200 por ciento.

En estas zonas, además, se ha incrementado de manera particular el riesgo de homicidios de mujeres en la vía pública, a diferencia de las otras 4 regiones: Centro, Sur, Occidente y Oriente, el hogar sigue siendo el ámbito de mayor riesgo de muerte por homicidio para las mujeres.

Mueren por homicidio más mujeres jóvenes y mayores de 60 y más, que hombres.

Entre el 7 y el 13 por ciento de las mujeres derechohabientes de servicios públicos de salud, reporta haber sido víctima de abuso sexual antes de los 15 años de edad.

Menos de 10 por ciento de las adolescentes que reportan haber sufrido abuso sexual y denunciaron ante alguna autoridad, desgraciadamente inhibida, principalmente por sentimientos de miedo, culpa o la certeza de que nadie les creería.

En las poblaciones indígenas del país persisten testimonios de mujeres que reportan haber sido vendidas de niñas o adolescentes, o que se vieron obligadas a inicia su unión de pareja contra su voluntad.

Las encuestas indican que en el noviazgo, entre 3 y 11 por ciento de los adolescentes sufre violencia física, mientras que entre 4.6 y 8.2 sufre de violencia sexual.

En la escuela, 28 por ciento de las adolescentes de nivel medio-superior se ha visto involucrada en situaciones de acoso escolar con otros compañeros y compañeras, ya sea en el papel de víctimas, de agresoras o ambos.

Alrededor del 4 por ciento ha sido objeto de violencia física por parte del personal docente y directivo de las escuelas.

Casi 12 por ciento de las mujeres que acudieron a las procuradurías de justicia a interponer una demanda por violencia, fueron objeto de violencia institucional, en tanto que sus demandas fueron menospreciadas, no tomadas en serio o ignoradas.

Por lo tanto les pido su apoyo para este punto de Acuerdo. Y que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que se sumen, de manera conjunta al Instituto de la Mujer de cada estado, a la celebración del Día Naranja, 25 de cada mes, iluminando de color naranja los edificios y monumentos más emblemáticos de los estados.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Pavlovich Arellano.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, para referirse al dictamen sobre prevención y erradicación de violencia hacia las niñas.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente; estimadas Senadoras y Senadores:

El 19 de diciembre del año 2011 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 66/170, mediante la cual se declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con la finalidad de reconocer sus derechos de las niñas y buscar solución a los desafíos que enfrentan ellas alrededor del mundo.

En este contexto, es necesario romper con el ciclo de discriminación y violencia que rodea el entorno de muchas niñas en el mundo, pues sólo de esta manera se podrá reconocer el empoderamiento real que tienen, lo cual es fundamental para el crecimiento económico; el logro de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la erradicación de la pobreza, y pobreza extrema, así como la participación activa en los procesos de toma de decisiones en aspectos que las afectan.

Uno de los elementos que la ONU considera fundamentales para el empoderamiento de las niñas es la educación.

Por lo tanto, debemos redoblar esfuerzos y emplear mecanismos que permitan avanzar en la educación de las niñas, incluyendo medidas como la revisión de los planes de estudio para integrar mensajes positivos sobre las normas de género relacionadas con la violencia, el matrimonio infantil, la salud sexual y reproductiva, y las funciones masculinas y femeninas en la familia, entre otras.

Ejemplo de ello, en la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), señala que 67 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido al menos una situación de violencia, ya sea en el ámbito comunitario, escolar o laboral, o en el espacio familiar y de pareja, panorama, que además de desalentador resulta preocupante, pero que al mismo tiempo debe ser la inspiración para renovar nuestro compromiso como legisladoras y legisladores.

Otro de los temas importantes, al cual considero materia legislativa, es la prevención del embarazo no planificado en adolescentes.

En este sentido, quiero destacar que con base en información proporcionada por INMUJERES, pese al descenso en la fecundidad, ha aumentado el número de nacimientos entre las mujeres de 15 a 19 años.

Senadoras y Senadores, hoy nuevamente quiero hacer un llamado a todas y todos ustedes para promover de manera primordial y en consonancia con lo planteado por la ONU, que nuestras niñas tengan un mayor acceso a la educación, a los valores, a promover familias funcionales, a diseñar estrategias cuyos mecanismos les permitirá desarrollarse como personas y como mujeres, pues sólo a través de una mayor y mejor educación lograremos prevenir y erradicar la violencia hacia las niñas en nuestro país.

Por lo anterior, solicito su voto a favor de este dictamen que tiene como finalidad impulsar políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las niñas, y promuevan la protección integral de sus derechos a partir del enfoque de igualdad de género, y estoy segura que vamos a contar con su respaldo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Agotada la lista de oradores. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los dictámenes. Comuníquense.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, para verificación de quórum, creo que no habemos más de 25 Senadores en esta sala.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Quiero informarle que al inicio comentamos que, a petición de las propias comisiones, nos pidieron que les permitiésemos desarrollar sus trabajos y una vez que haya votación electrónica, indudablemente que tendremos que verificar el quórum.

Entonces, yo les pediría, que nos permitieran seguir avanzando y que en cuanto lleguemos a la votación electrónica, indudablemente que aquí hay el registro de más de 90 compañeras y compañeros Senadores, los cuales están, muchos de ellos, en trabajo de comisiones, se les pedirá que puedan acudir a votar. Lo haremos indudablemente y se verificará el quórum como usted lo está planteando.

Con todo gusto.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Discúlpeme, señor Presidente, pero independientemente de los Acuerdos, en base al Reglamento, tengo el derecho de pedir que se verifique el quórum.

Es que a simple vista se nota, y creo que unos son los Acuerdos. Además habría que checar si en comisiones hay más de 40 Senadores.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Quiero informarle, que en opinión de la Presidencia hay quórum, en virtud de que muchos de ellos están, reitero, en trabajo de comisiones y ahorita que se tenga que llevar a cabo la votación electrónica, vamos hacer la verificación que usted está señalando, con todo gusto.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar y a aplicar los instrumentos necesarios para generar la información estadística sobre las condiciones de vivienda en México.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Es de gran importancia en la Comisión de Población y Desarrollo, el que hayamos podido dictaminar y el hacer uso de la palabra en representación de mis compañeros Senadores para poner a su consideración el punto de Acuerdo en cual a través se exhorta respetuosamente al INEGI a diseñar y aplicar instrumentos que favorezcan la información estadística sobre las condiciones de la vivienda en México.

El cual suscribimos en conjunto diversas Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, por medio de la Senadora Angélica Araujo Lara y tomando en consideración que la necesidad que se tiene en México de garantizar y hacer efectivo el derecho constitucional de toda persona a disfrutar una vivienda adecuada, derecho reconocido internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es por ello que el presente dictamen, es para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y tiene como propósito obtener información estadística de las condiciones de la vivienda en México.

Considerando los criterios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México forma Parte.

Dicho instrumento internacional establece que para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los criterios de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

Por lo que en nuestro país no se cuenta con datos que permitan determinar la cantidad de viviendas que cumplen con estos criterios para ser consideradas como viviendas adecuadas.

De ello, que resulta sumamente significativo dotar de esta información a las autoridades competentes, con el ánimo de llevar a cabo un diagnóstico de la situación habitacional de todo el territorio mexicano, con el fin de auxiliar en la planeación de las políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho de una vivienda digna y decorosa.

Por lo que les solicito, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, su voto a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Para referirse al mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, señor Presidente; buenas tardes, compañeros Senadores:

Solicité hacer uso de la voz, para agradecer, principalmente, a los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo, encabezada por el Senador Adán Augusto López Hernández, integrada también, por supuesto, por mi compañera Lisbeth Hernández y por la Senadora Luisa María Calderón.

Agradecerles, de verdad, el trabajo realizado y el poner a consideración de nosotros, los Senadores, la aprobación de este punto de Acuerdo.
Ya mi compañera hacía referencia a la importancia que tiene conocer, cuál es la situación real que tenemos en materia de vivienda.

Hoy los estándares internacionales hablan de siete características para que la vivienda pueda ser considerada como una vivienda adecuada y hace un momento escuchábamos al Senador Eviel, hablando de solicitar a la SEDATU, y aprobamos los Senadores un programa de regularización de la tenencia de la tierra.

Este diagnóstico que nos estaría ayudando a hacer el INEGI, nos permitiría saber cuánta de la población que hoy día está habitando en nuestro país no tiene ese documento, esa certificación, que le permita sentir la tranquilidad en su patrimonio, para darles un ejemplo.

Y así pues podríamos hablar de que también podríamos conocer, hace un momento el Senador López Brito, pasó a señalar, en la Comisión de Vivienda de la cual formo parte, la importancia de la cobranza social.

También este diagnóstico que nos ayudaría a hacer el INEGI, podríamos saber, cuál es la situación real que tienen hoy quienes cuentan con un patrimonio, pero que a veces no lo pueden pagar, y en cuál estamos nosotros, pues promoviendo que las instancias del Ejecutivo, de los tres órdenes de gobierno, pudieran hacer programas y acciones concretas para ayudar a las familias a conservar su patrimonio.

De ahí la importancia, y de verdad, reitero, el agradecimiento a nombre de mis compañeros que promovimos este punto de Acuerdo, ante el trabajo realizado por la comisión ante la aprobación para que presentaran este dictamen hoy.

Y reitero, la solicitud que hiciera mi compañera Senadora, para que todos aprobáramos este dictamen, porque, sin duda, nos dará muchas armas, herramientas y muchas características importantes que nos permitan realmente hacer una política pública en materia de vivienda y atender a los más de diez millones de familias que hoy no cuentan con un patrimonio.

Agradeciéndoles su atención, les reitero, ojalá puedan respaldar el presente punto de Acuerdo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Araujo Lara.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

A continuación, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de Acuerdo sobre los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACION TERRITORIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que se coordine, elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios, los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA PROPOSICION”, se describe el alcance de la proposición en estudio y análisis.

III. En el capítulo de “ANALISIS DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, se estudian las características y la problemática que enfrentan los asentamientos humanos, la reforma urbana y la ordenación territorial.

IV. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 1 de octubre de 2013, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al pleno del Senado de la República una proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución.

2. La Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial para el análisis y dictamen correspondiente, mediante oficio DGPL-1P2A.-1607, siendo recibida el día 2 de octubre del 2013.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

El proponente señala en la exposición de motivos que los recientes fenómenos meteorológicos han ocasionado daños inéditos, rebasando los instrumentos de planeación urbana y ordenación territorial por lo que cientos de familias perdieron, además de todo su patrimonio, a familiares y amigos; que el atraso y costos de las regiones impactadas son crecientes y preocupantes, y que estas desgracias muestran que las instituciones que regulan el suelo y el desarrollo urbano son omisas, vulnerables y corruptas.

Se señala que los gobernantes sin ética permiten que las ciudades crezcan al margen de la ley, construyéndose vivienda en terrenos no aptos. Los planes urbanos, continua, se cambian a gusto de unos cuantos, no regulan la ocupación del suelo y menos la voracidad de quienes han generado el desorden urbano, lo que trae graves consecuencias para los más pobres y marginados del país así como para las finanzas públicas.

Ante lo descrito, continúa en la exposición de motivos, existe la certeza de expertos nacionales e internacionales que los efectos de los fenómenos meteorológicos pueden aminorarse mediante una mejor planeación de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y del ordenamiento del territorio, sin embargo, el desarrollo urbano se ha reducido a una opción apetitosa de funcionarios y particulares que se enriquecen vendiendo terrenos en lechos de lagunas, de ríos y laderas, en los que se construyen casas sin servicios básicos.

Dice el proponente que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la Cámara de Senadores, misma que preside, cuenta con un primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”, misma que fue producto de la consulta, participación y consensode cientos de organismos, instituciones, académicos y liderazgos en materia urbana. Puntualizaque desafortunadamente, esta reforma urbana no fue incluida en la Mesa del Pacto por México,ni es prioritaria políticamente. Este documento fue entregado hace seis meses a la Secretaríade Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para sus observaciones, comentarios y aportaciones, y sin embargo, señala, a la fecha no se han recibido sus respuestas.

En dicha exposición de motivos se refiere que dados los costos económicos y en vidas humanas de los recientes eventos climatológicos, urge volver prioritaria en la agenda legislativa, ejecutiva y del Pacto por México, una Reforma Urbana que acabe con la corrupción, negligencia e impunidad en los tres órdenes de gobierno, que se requieren nuevos instrumentos de planeación urbanacon normas más congruentes, instituciones más fuertes y técnicamente dotadas. Asimismo, se puntualiza que México tiene hoy la oportunidad de convertir las desgracias derivadas delos fenómenos meteorológicos en importantes avances institucionales, de organización y de planeación, además de generar ciudades verdaderamente sustentables y con mejor calidad de vida.

Con base en los expuestos razonamientos anteriores, el proponente formula la proposición con punto de acuerdo con los cuatro resolutivos siguientes:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a laSecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se coordine en un plazo no mayor a 15 días a la recepción del presente para que posteriormente se elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo, lo que hará del conocimiento de esta Soberanía.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presente en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la recepción del presente las observaciones, comentarios y propuestas de mejora y modificación al proyecto denominado primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”, que fue recibido en dicha secretaría el pasado mes de mayo de 2013.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a expedir a la brevedad posible el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de poder conocer las medidas y accionesque aplicará en materia de desarrollo urbano, de asentamientos humanos y de ordenamiento del territorio.

CUARTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que se coordine con las principales fuerzas políticas que integran el Pacto por México a que se incluya como de alta prioridad en la agenda de dicho pacto, el análisis y discusión de la reforma urbana que requiere el país, con el ánimo de evitar que las catástrofes que año con año afectan a un gran número de la población, ocasionando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

III. ANALISIS DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El marco jurídico que regula los asentamientos humanos se conforma, principalmente, porla Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Planeación. Este marco jurídico, y las instituciones del Estado Mexicanoque de él emanan, fueron puestos a prueba por los recientes fenómenos meteorológicos del mesde septiembre. Estos trágicos eventos devastaron grandes áreas de entidades como Guerrero y Veracruz, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema nacional de protección civil y la debilidad gubernamental para enfrentar y prever estos crecientes fenómenos naturales. La pérdida de más de 150 vidas humanas y los cuantiosos daños ocasionados al patrimonio de miles de familias, constituyen pruebas irrefutables de deficiencias gubernamentales y evidentes indicios de corrupción.

De no corregirse las deficiencias en la planeación de los asentamientos humanos la población mexicana puede sufrir de manera recurrente, las consecuencias de eventos climatológicos semejantes a más agudos incluso, que los llamados “Ingrid y Manuel”; esto, a partir de la posibilidad de que en los próximos años los factores de riesgo como una deficiente planeación en los asentamientos humanos, la deforestación, la contaminación, y la corrupción, no sean frenados mediante un marco jurídico con la potencia suficiente como para obligar y sancionar el incumplimiento de planes de desarrollo urbano.

Hoy más que nunca, se requiere de una real coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno; de la canalización de recursos suficientes para la ordenación territorial; impedir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, y de incluir, a efecto de darle la importancia requerida, el tema de reforma urbana, ordenación del territorio y asentamientos humanos, en la agenda nacional, o sea, en el llamado Pacto por México.

Los factores de riesgo de desastres naturales son, a juzgar por los lamentables y recientes acontecimientos, principalmente en el estado de Guerrero y particularmente en el municipio de Acapulco, el resultado de carencias acumuladas y la omisión de acción de autoridades de los tres órdenes de gobierno; por ello, esta Comisión dictaminadora considera prudente y consistente con los hechos, la atención en sus términos de los resolutivos del punto de acuerdo en estudio.

Carencias históricas en zonas rurales y marcadas deficiencias en los sistemas de planeación urbana y de coordinación institucional se acentúan ante los embates de la naturaleza, poniendoen evidencia marcados errores que, lamentablemente, pudieron haberse previsto y evitado. Las inundaciones de desarrollos habitacionales construidos en lechos de ríos, en manglares y en laderas, fueron proyectadas en los medios electrónicos como un monumento a la impunidad,lo triste de estos hechos es que muchas de estas unidades habitacionales fueron financiadas por organismos como el FOVISSSTE y el INFONAVIT y construidas por empresas a todas luces irresponsables, que sin embargo, son solo expresiones de un sistema ineficiente. Resulta claro que el crecimiento de los centros de población es anárquico, irregular e invasivo del medio ambiente y de zonas de riesgo.

Las carencias en zonas rurales y en localidades aisladas son a su vez acompañadas por consistentes índices de marginación y pobreza urbana. Las desigualdades entre ciudades y localidades también forman parte de nuestra realidad a la vez que resulta claro que lo mismoopera entre las entidades federativas del país. Estados como Veracruz, Guerrero y Chiapas,entre otros, son especialmente vulnerables ante el cambio climático en gran parte por la permisividad gubernamental. El desarrollo económico y la dinámica de los asentamientos humanos se acompañan de manera consistente por un incremento de los riesgos de desastres naturales;sin embargo, este proceso se desarrolla en no pocas ocasiones ante la mirada omisa y permisiva en exceso del gobierno.

Resulta evidente la necesidad de definir claramente las responsabilidades de los diversos sectores y órdenes de gobierno, así como dar sustento a las diversas formas de interacción entre municipios y entidades, dado que los problemas son conjuntos y no particulares. Se requiere otorgarles a los planes municipales la fuerza para constituirse en verdaderos instrumentos concertados de planeación del desarrollo de los asentamientos humanos, del ordenamiento territorial y de una reforma urbana integral y sustentable, el marco jurídico ha de contener las orientaciones necesarias para sostener y sustentar una verdadera política de suelo y vivienda, así como de ordenación del territorio.

La construcción desordenada de vivienda, ajena a criterios de movilidad y seguridad y sin los equipamientos mínimos necesarios, son parte de un proceso desordenado de planeación del desarrollo nacional posible solo por la ausencia de un marco legal acorde con la dimensión del problema, lo que genera corrupción e impunidad. En estos términos, creemos no solo necesario sino indispensable, a fin de estar en condiciones de conocer la planeada acción oficial, el atender las legítimas peticiones del legislador.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), consideran el derecho universal a una vivienda digna, como uno de los derechos humanos. Esta vivienda, de acuerdo a la Comisión de Asentamientos Humanos y a la Estrategia Mundial de Vivienda, implica condiciones específicasde espacio y seguridad. Se ha de planificar, proyectar, ejecutar y conservar de manera que sea funcional, que proporcione seguridad, habitabilidad y accesibilidad1. México, al firmar y ratificarla Declaración Universal de los Derechos Humanos, está obligado a fomentar la construcción de viviendas que cumplan con estos términos.

SEGUNDA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo4°, reconoce el derecho a la vivienda al establecer que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Con ello, se elevaron a rango constitucional estos derechos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México, por lo que resulta violatorio que el Estado permita y tolere la construcción de vivienda en espacios inseguros como laderas de cerros, lechos de ríos y lagunas. Se requieren instrumentos jurídicos para regular y sancionar la conducta de servidores públicos que no cumplan con el espíritu de la norma constitucional.

TERCERA. La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) vigente no define con claridad la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, ni la obligatoriedad de la coordinación intersecretarial e intermunicipal e interestatal en materia de asentamientos humanos ni de desarrollo urbano; además, tampoco prevé orientaciones para una política de suelo y vivienda, ni los instrumentos que exige un sistema de planeación moderno, integral, con visión de largo plazo y participativo, por lo que resulta por demás necesario e indispensable conocer bajo que términos el Gobierno Federal implementará lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública obliga, en su artículo 41, a la SEDATU.

CUARTA. Parte importante del problema del riesgo de desastres naturales en el país esla inadecuada planeación en el ordenamiento del territorio y de las políticas para la reduccióndel riesgo, la deficiente aplicación de la normatividad tanto federal como estatal, la falta de medidas que induzcan a una localización más segura de los asentamientos humanos, el insuficientemanejo de las cuencas hidrográficas, el deterioro ambiental, la marginación, la escasa operación de sistemas de alerta temprana y la insuficiente cultura de prevención y mitigación, entre otros2.

QUINTA. La SEDATU es responsable, de acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica dela Administración Pública Federal, de dictar “…las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos…”. De “impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional…”, y de “facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan; y de “promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales…”.

SEXTA. La planeación, de acuerdo a la Ley de Planeación “…deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Que corresponde a las dependencias “elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes”. Que “el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta…”.

SEPTIMA. Dados los efectos de los recientes fenómenos meteorológicos la ordenación de los asentamientos humanos resulta de prioridad nacional, por lo que es pertinente hacer lo necesario evitando en el futuro la pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales y patrimoniales, por causas imputables a una mala planeación y a la nula acción de los órdenes de gobierno. La reforma urbana que incluya la ordenación de los asentamientos humanos en el país, coincide esta Comisión dictaminadora, debe ser incorporada en el Pacto por México. Asimismo, se considera conveniente modificar el plazo de 15 días de atención a lo solicitado, en razón de las cargas de trabajo de la Secretaría.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo y somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la resolución siguiente con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que se coordine, a la brevedad posible a la recepción del presente, para que se elabore e implemente conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas y de sus municipios los planes y programas de desarrollo urbano estatales y municipales, incorporando en ellos indicadores y elementos que permitan eliminar los asentamientos humanos en zonas consideradas irregulares y de alto riesgo, lo que hará del conocimiento de esta Soberanía.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano presente a la brevedad posible a partir de la recepción del presente las observaciones, comentarios y propuestas de mejora y modificación al proyecto denominado primer documento de trabajo sobre la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos”, que fue recibido en dicha secretaría el pasado mes de mayo de 2013.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a expedir a la brevedad posible el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de poder conocer las medidas y acciones que aplicará en materia de desarrollo urbano, de asentamientos humanos y de ordenamiento del territorio.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que se coordine con las principales fuerzas políticas que integran el Pacto por México a que se incluya como de alta prioridad en la agenda de dicho pacto, el análisis y discusión de la reforma urbana que requiere el país, con el ánimo de evitar que las catástrofes que año con año afectan a un gran número de la población, ocasionando pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Dado en la sede del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION TERRITORIAL”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión dicho dictamen.

En virtud de que no hay oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.


1 Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II).

2 SEDESOL. Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres.






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura al primer dictamen.

"COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la proposición con punto de Acuerdo, “Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos antes de recurrir a la clausura de establecimientos”, suscrita por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la proposición con punto de Acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la proposición con punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

El 20 de agosto de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo suscrita por la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo los siguientes resolutivos:

“Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la labor que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en favor de los consumidores del país.

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Profeco y a los delegados estatales de esa institución a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos como es la amonestación con apercibimiento, la aplicación de multas, en su caso arresto hasta por 36 horas antes de recurrir a una clausura, para con ello evitar el daño económico y la eventual pérdida de empleo en el país.”

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por la Senadora promovente, en el sentido de que debe haber un equilibrio en los derechos de quienes prestan un servicio y los consumidores. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor es la autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Segunda.-En cuanto al Primer Resolutivo, por el cual se hace un reconocimiento a la labor que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en favor de los consumidores del país, de acuerdo con el primer informe de labores de la Secretaría de Economía, la Subprocuraduría de Servicios de la PROFECO, durante el periodo de enero a junio de 2013, concluyó 3,581 procedimientos por infracciones a la ley, con sanción económica a los proveedores por 153.6 millones de pesos.

A junio, son 734 los procedimientos pendientes de concluirse de 2012. Por oficio, en mayo de 2013, se remitieron a la Delegación de la Secretaría de Economía en Puebla 20 sellos de clausura serie “A”, que se utilizan para sellar puertas y ventanas, para llevar a cabo la ejecución de la sanción de clausura, respecto a los proveedores Ingenia Muebles, S.A. de C.V. y Taboazas, S.A. de C.V.

Tercera.-En cuanto al Segundo Resolutivo, por el que se exhorta al titular de la PROFECO y a los delegados estatales de esa institución a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos como es la amonestación con apercibimiento, la aplicación de multas, en su caso arresto hasta por 36 horas antes de recurrir a una clausura, para con ello evitar el daño económico y la eventual pérdida de empleo en el país.

En este sentido y para efectos de la materia que nos ocupa, tenemos que, el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que: “…La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios ytarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.

XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industriales o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

XX. Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento…”

Por su parte, el artículo 25 de la Ley en comento, dispone que: “…La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar las siguientes medidas de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa de $214.40 a $21,440.56;

III. En caso de que persista la infracción podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra sin que obedezca el mandato respectivo, hasta por $8,576.23, y

IV. El auxilio de la fuerza pública.

IV. Resolutivo

Que de conformidad con las disposiciones en los cuerpos normativos descritos, los integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente realizar adecuaciones a los resolutivos planteados por la Senadora promovente.

En virtud de las consideraciones descritas, la comisión que suscribe el presente, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- El Senado de la República, hace un reconocimiento a la labor que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor, en favor de la protección de los derechos del consumidor y el mantenimiento de la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Segundo.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lic. Alfredo Castillo Cervantes, así como a los 32 delegados estatales de esa institución, a privilegiar que se agoten los procedimientos administrativos establecidos en Ley Federal del Consumidor antes de recurrir a una suspensión en la comercialización de bienes, productos o servicios con la finalidad de evitar el daño económico al sector empresarial del país.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL".






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al siguiente dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la proposición con punto de Acuerdo, “Que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a cancelar las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Iliatenco, Guerrero”, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de Acuerdo descrita, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la proposición con punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de la proposición con punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

El 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes resolutivos:

“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras otorgadas en el municipio de Iliatenco, del estado de Guerrero, a solicitud de la comunidad y la tensión identificada en la región.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Economía, un estudio nacional para identificar aquellas zonas donde se identifique el riesgo o el conflicto entre concesionarias y pueblos, comunidades indígenas o ejidos, con el objeto de incorporar un diagnóstico actualizado en los trabajos de reforma a la actual Ley Minera, específicamente en derechos de consulta y mecanismos de defensa de las comunidades indígenas y ejidales en materia de concesiones mineras”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por el Senador promovente, en el sentido de que, la minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana.

De acuerdo con datos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la inversión en el sector minero registró un máximo histórico de 25,245 millones de dólares (mdd) durante el periodo 2007-2012. México es el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto lugar en plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y cobre.

Segunda.- Que el artículo 7 de la Ley Minera dispone que a la Secretaría de Economía le corresponden las siguientes atribuciones:

“…VI.- Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas;

XII.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia…”

Por otro lado, el artículo 42 de la Ley en comento, establece que las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I.- Terminación de su vigencia;

II.- Desistimiento debidamente formulado por su titular;

III.- Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras;

IV.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta Ley, o

V.- Resolución judicial.

En el caso de las cancelaciones, por infracciones, se declararán por la Secretaría de Economía, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de 60 días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.

En este tenor, la referida Ley prevé que sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

“..I.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

II.- No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

III.- Dejar de cubrir los derechos sobre minería;

V.- No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico Mexicano los informes semestrales a que se refiere el artículo 27, fracción X, de esta Ley;

VI.- No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

VII.- Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin las autorizaciones que señala el artículo 20 de la presente Ley;

VIII.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minerometalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

IX.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, sin la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción XIII, de esta Ley;

X.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a que se refiere el artículo 19, fracción XIII, de esta Ley, simulando sin realizar las actividades para las que fue otorgada la concesión;

XI.- Enajenar el gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o

XIII.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones.

En este sentido, y con apego estricto a la Ley Minera, los habitantes de la comunidad de Iliatenco en estado de Guerrero, tendrían que agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley, es decir, acudir a la Secretaría de Economía, para solicitar su garantía de audiencia, en los términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley Minera.

Cabe mencionar, que en la exposición de motivos del Punto de Acuerdo, no se menciona, si los habitantes de la comunidad en comento, ya han emprendido acciones ante las autoridades competentes.

Tercera.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone en su artículo 34 que le corresponde a la Secretaría de Economía las siguientes atribuciones:

“…XXVII.- Formular y conducir la política nacional en materia minera;

XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar;

XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente, y …”

Para el caso que nos ocupa, en el sentido de exhortar a la Secretarías de Gobernación y de Economía, para que realicen un estudio nacional para identificar aquellas zonas donde exista un riesgo o conflicto entre concesionarias y pueblos, comunidades indígenas o ejidos, esta dictaminadora estima que jurídicamente, la Secretaría de Gobernación y Economía no cuentan con facultades expresas conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni en la Ley Minera para realizar este estudio.

No obstante, para efectos de lo dispuesto en la Ley Minera, es facultad de la Secretaría de Economía, elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social.

En este sentido, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuanto a minería, es el respeto de los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas, así como aumentar los niveles de seguridad en éstas.

IV. Resolutivo

Que de conformidad con las disposiciones en los cuerpos normativos descritos, los integrantes de esta dictaminadora estiman pertinente realizar adecuaciones a los resolutivos planteados porel promovente, toda vez que, estas peticiones jurídicamente rebasan el ámbito de nuestra esfera competencial.

En virtud de las consideraciones descritas, la Comisión que suscribe el presente, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que envíe a la brevedad, un diagnóstico actualizado de los municipios del país donde se identifique el riesgo o conflicto entre las empresas concesionarias mineras y los pueblos, comunidades indígenas o ejidos, especialmente el del municipio de Iliatenco en el estado de Guerrero.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de dos proposiciones con punto de Acuerdo siguientes:

1.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y, en su caso, sancionar a comerciantes y empresas que por motivo de los meteoros “Ingrid” y “Manuel”, especulen y eleven los precios en alimentos y servicios en los estados afectos por dicho fenómeno natural.

2.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer programas conjuntos enfocados a recuperar y desarrollar los sectores agrícolas afectados por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” y garantizar el abasto de alimentos, sin que aumenten su precio.

En virtud del análisis y estudio de las dos proposiciones con punto de Acuerdo descritas, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 190 y 277del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las dos proposiciones con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las cinco proposiciones con punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de las dos proposiciones con punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 24 de Septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Miguel Romo Medina integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo:

“Unico.- Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que vigile, y en su caso se sancione, a comerciantes y empresas que por motivo de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, especulen y eleven los precios en alimentos y servicios de primera necesidad en los Estados afectados por dichos fenómenos naturales”.

2. El 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por la Sofío Ramírez Hernández integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes resolutivos:

“Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía (SE), se implemente un programa urgente que garantice el abasto de maíz, calabaza y demás productos básicos para que la ciudadanía de todo el país pueda acceder a ellos fácilmente y a un precio justo.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se implemente un programa de empleo temporal y servicio social con el fin de reparar, reacondicionar, restablecer las zonas de cultivos afectadas como resultado de la conjunción de ambos fenómenos meteorológicos.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), implemente operativos especiales de supervisión de precios a nivel nacional”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.-Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones expuestas, no obstante, se trata de planteamientos que se encuentra atendidas con la aprobación del “Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, en relación con los daños ocurridos a consecuencia de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel”, aprobado por el pleno del Senado de la República, el pasado 24 de septiembre del año en curso, así como la publicación de los informes difundidos en los portales de internet de las dependencias gubernamentales que se mencionan.

Segundo.- Esta dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 277 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, considera que es procedente dictaminar en conjunto las dos proposiciones con punto de Acuerdo descritas en el apartado de “antecedentes” del presente dictamen.

A continuación se hace un análisis de cada una de estas propuestas.

Proposición con Punto de Acuerdo

Análisis de la Comisión

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y, en su caso, sancionar a comerciantes y empresas que por motivo de los meteoros "Ingrid" y "Manuel", especulen y eleven los precios en alimentos y servicios en los estados afectos por dicho fenómeno natural, bajo el resolutivo siguiente:

Unico.- Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que vigile, y en su caso se sancione, a comerciantes y empresas que por motivo de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, especulen y eleven los precios en alimentos y servicios de primera necesidad en los Estados afectados por dichos fenómenos naturales.

Está comisión dictaminadora estima que el punto resolutivo planteado en este punto de acuerdo, se encuentra debidamente atendido, de conformidad con las acciones emprendidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)que a continuación se describen:

1. De acuerdo con el comunicado número 165 publicado en el portal de internet de la dependencia gubernamental, el 18 de septiembre de 2013, la PROFECO implementó acciones en el marco del “Programa Nacional de Verificación y Reacción Inmediata en Desastres Naturales (PNVRIDN),en los estados de Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, con el fin de evitar prácticas en perjuicio de los derechos y la economía de los consumidores en las zonas afectadas por las inundaciones y desastres ocasionados por las tormentas “Manuel e “Ingrid, logrando lo siguiente:

a) En el municipio de Acapulco, intensificó acciones en mercados y tiendas de conveniencia para atender quejas y evitar prácticas abusivas en contra de los consumidores.

b) Coordinadamente con el sector turístico, atendió quejas y efectuó conciliaciones en los hoteles Fiesta Americana, Torres Gemelas, Cristal, Copacabana, Quinta Real, Brisa Areli, Caleta, Acapulco Diana y Hotel Doria.

2. De acuerdo con el comunicado número166 publicado en el portal de internet de la dependencia gubernamental, 19 de septiembre de 2013, la PROFECO intensificó las acciones para atender de forma más expedita las quejas y denuncias por abusos de comerciantes sobre productos como: agua, leche, tortillas, huevo, pollo, artículos de higiene, medicamentos, material de construcción y ferretería entre otros, a la población ubicada en los sitios declarados zona de desastre natural por “Manuel” e “Ingrid”.

3. De acuerdo con el comunicado número 167 publicado en el portal de internet de la dependencia gubernamental, el 21 de septiembre de 2013, la PROFECO emprendió acciones de supervisión y mediación en beneficio de los consumidores de las zonas afectadas, logrando lo siguiente:

a) Reducir el precio del kilo de jitomate en mercados del municipio de Acapulco y la central de abastos de $80 a $15 pesos.

b) Acuerdo entre el Hotel Kristal Beach y 49 consumidores zacatecanos de una noche más de hospedaje sin costo alguno.

4. De acuerdo con el comunicado número 168 publicado en el portal de internet de la dependencia gubernamental, el 25 de septiembre de 2013, la PROFECO logró lo siguiente:

a) Estabilización de precios en productos de consumo básico como el kilo de tortilla en $13 pesos, tapa de huevo en $14 pesos o 2 pesos por pieza, kilo de jitomate en $10 pesos, botella de agua de 600 ml entre $5 y $6 pesos y garrafón de agua de 19 litros en 28 pesos.

5. De acuerdo con el comunicado número 169 publicado en el portal de internet de la dependencia gubernamental, el 26 de septiembre de 2013, la PROFECO logrólo siguiente:

a) Disminución de precios entre el 52 y 4 por ciento a diferentes productos ofertados por cadenas comerciales en Acapulco.

Algunos ejemplos son:

Producto

Precio Anterior(pesos)

Precio Final (pesos)

1. Papaya Maradol.

$23.90

$12

2. Cebolla Blanca

$44.90 (Kilo y medio)

$26.50(Kilo y medio)

3. Paquete con 6 rollos de papel higiénico.

$29.50

$18

4. Limón Agrario

$26.90 (Kilo y medio)

$19.50 (Kilo y medio)

5. Azúcar

$26.20 (Dos Kilos)

$20

(Dos Kilos)

6. Tomate Huaje

$17.90

$13.90

7. Aceite de Cocina.

$41.30 (1 Litro)

$32.50

(1 Litro)

8. Tapa de Huevo Blanco.

$68.50

(36 piezas)

$57

(36 piezas)

9. Jitomate Saladette.

$23.90 (1 Kilo)

$21.86

(1 Kilo)

10. Chile Serrano

$23 (1 Kilo)

22 (1 Kilo)

Aunado a lo anterior, el pasado 24 de septiembre de 2013, el pleno del Senado de la República, aprobó “Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, en relación con los daños ocurridos a consecuencia de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel”, en el cual se contempla dentro del resolutivo Primero del inciso D) lo siguiente:

“…PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias competentes y de las Secretarías de Estado correspondientes realice las acciones que se enuncian de la manera siguiente:

D) A la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de que se vigile, y en su caso se sancione, a comerciantes y empresas que por motivo de los fenómenos meteorológicos referidos, especulen y eleven los precios en alimentos y servicios de primera necesidad en los estados afectados…”

2. Proposición con punto de Acuerdopor el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer programas conjuntos enfocados a recuperar y desarrollar los sectores agrícolas afectados por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” y garantizar el abasto de alimentos, sin que aumenten su precio, bajo los resolutivos siguientes:

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía (SE), se implemente un programa urgente que garantice el abasto de maíz, calabaza y demás productos básicos para que la ciudadanía de todo el país pueda acceder a ellos fácilmente y a un precio justo.

Segundo.- El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se implemente un programa de empleo temporal y servicio social con el fin de reparar, reacondicionar, restablecer las zonas de cultivos afectadas como resultado de la conjunción de ambos fenómenos meteorológicos.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), implemente operativos especiales de supervisión de precios a nivel nacional”.

Está comisión dictaminadora estima que los puntos petitorios planteados por el Senador promovente, se encuentra debidamente atendidos, de conformidad con el “Acuerdo de los Grupos Parlamentarios, en relación con los daños ocurridos a consecuencia de los fenómenos “Ingrid” y “Manuel”, aprobado por el pleno del Senado de la República, el pasado 24 de septiembre de 2013, en el cual se contempla dentro del resolutivo Primero del inciso B) lo siguiente:

“…PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las dependencias competentes y de las Secretarías de Estado correspondientes realice las acciones que se enuncian de la manera siguiente:

B) A lasSecretarías de Estado competentes para que impulsen y financien programas especiales para la atención de las necesidades alimenticias, de abrigo, empleo temporal y de salud, de las personas que resultaron afectadas en las diversas entidades federativas.

En este resolutivo, es aplicable el análisis que se desprende de la proposición con punto de Acuerdo descrita en el numeral 1.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que los cuatro puntos de Acuerdo citados han quedado sin materia desde el punto vista temporal de validez por lo que someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo de las dos proposiciones con punto de Acuerdo siguientes:

1. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar y, en su caso, sancionar a comerciantes y empresas que por motivo de los meteoros "Ingrid" y "Manuel", especulen y eleven los precios en alimentos y servicios en los estados afectos por dicho fenómeno natural, bajo el resolutivo siguiente:

“Unico.- Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que vigile, y en su caso se sancione, a comerciantes y empresas que por motivo de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, especulen y eleven los precios en alimentos y servicios de primera necesidad en los Estados afectados por dichos fenómenos naturales”.

2. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor a establecer programas conjuntos enfocados a recuperar y desarrollar los sectores agrícolas afectados por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid” y garantizar el abasto de alimentos, sin que aumenten su precio, bajo los resolutivos siguientes:

“Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía (SE), se implemente un programa urgente que garantice el abasto de maíz, calabaza y demás productos básicos para que la ciudadanía de todo el país pueda acceder a ellos fácilmente y a un precio justo.

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se implemente un programa de empleo temporal y servicio social con el fin de reparar, reacondicionar, restablecer las zonas de cultivos afectadas como resultado de la conjunción de ambos fenómenos meteorológicos.

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), implemente operativos especiales de supervisión de precios a nivel nacional”.

Segundo.- Archívese las dos proposiciones con punto de Acuerdo mencionadas en el presente dictamen como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.






COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al último de los dictámenes:

“COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de las cuatro proposiciones con punto de Acuerdo siguientes:

1. “Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía presentar un informe sobre la situación fiscal de las empresas del sector minero.”

2. “Que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la República tenga una participación activa en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica”.

3. “Que expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Hermino Blanco Mendoza para dirigir la Organización Mundial del Comercio”.

4. “Que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a comparecer ante esta Soberanía con el objeto de que rinda un informe sobre los fundamentos para imponer sanciones al restaurante “Máximo Bistrot”.

En virtud del análisis y estudio de las cinco proposiciones con punto de Acuerdo descritas, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las cuatro proposiciones con punto de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las cinco proposiciones con punto de Acuerdo ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de las cinco proposiciones con punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.

II. Antecedentes

1. El 18 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y al de la Secretaría de Economía presenten un informe de manera desagregada del sector minero en la última década, sobre:

a) Empresas con concesiones mineras, su registro Federal del Contribuyente y ubicación territorial (Estados).

b) Monto de regalías pagadas por empresas mineras, desglosados por rubro, por perfil de industria y ubicación territorial (Estados).

c) Monto de impuestos pagados por empresas mineras, desglosados por rubro y por perfil de industria.

d) Monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras”.

2. El 23 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de Acuerdo, suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a establecer el mecanismo “Cuarto de Junto Parlamentario” que estará integrado por un grupo plural de Senadores, con el objeto de acompañar al gobierno mexicano en las rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), de acuerdo con el espíritu de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica”.

3.- El 30 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, dos proposiciones con punto de Acuerdo de los siguientes Senadores:

a) Proposición con punto de Acuerdo, suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. El Senado mexicano expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Herminio Blanco Mendoza para que dirija la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un mandato de cuatro años, mismo que inicia el primero de septiembre de 2013”.

b) Proposición con punto de Acuerdo, suscrita por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño a que comparezca ante esta soberanía con el objeto de que rinda un informe pormenorizado sobre los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el procedimiento que se siguió para imponer sanciones al restaurant MAXIMO BISTROT, ubicado en la Ciudad de México, el pasado viernes 26 de abril del 2013.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño a que informe ante esta soberanía las condiciones bajo las que normalmente operan las quejas y solicitudes de verificación a establecimientos que presuntamente violan la normatividad protectora de los derechos del consumidor en donde se precisen los tiempos de que estas son formuladas y hasta la visita de verificación así como un promedio en los tiempos que transcurre entre que se presentan las quejas y se llevan a cabo las visitas de verificación.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que inicie la indagatoria correspondiente por la probable comisión del delito de Tráfico de Influencia, en perjuicio de la sociedad derivado de la clausura del restaurante MAXIMO BISTROT, por las causas y motivos precisados en el cuerpo del presente instrumento parlamentario”.

III. Consideraciones de la Comisión

Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones expuestas, no obstante, se trata de planteamientos que en la actualidad resultan extemporáneos por referirse a una fecha o circunstancia consumada o bien porque en algunos casos, las peticiones se encuentran atendidas con la publicación de la información en los portales de internet de las dependencias gubernamentales a las que los promoventes hacen alusión.

Segundo.- Esta dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 277 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, considera que es procedente dictaminar en conjunto las cinco proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado de “antecedentes” del presente dictamen.

A continuación se hace un análisis de cada una de estas propuestas.

Proposición con punto de Acuerdo

Análisis de la Comisión

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía presentar un informe sobrela situación fiscal de las empresas del sector minero, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo los resolutivos siguientes:

“UNICO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y al de la Secretaría de Economía presenten un informe de manera desagregada del sector minero en la última década, sobre:

a) Empresas con concesiones mineras, su registro Federal del Contribuyente y ubicación territorial (Estados).

b) Monto de regalías pagadas por empresas mineras, desglosados por rubro, por perfil de industria y ubicación territorial (Estados).

c) Monto de impuestos pagados por empresas mineras, desglosados por rubro y por perfil de industria.

d) Monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras”.

Está comisión dictaminadora estima que el resolutivo planteado en este punto de acuerdo, se encuentra debidamente atendido en el contenido del “Dictamen de la Tercera Comisión Permanente que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía, un Informe de la Situación Fiscal y de Competitividad del Sector Minero, bajo los resolutivos siguientes:

“UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico; y a la Secretaría de Economía, un informe de manera desagregada y anual del comportamiento del sector minero del año 2000 al 2013 sobre los siguientes temas:

a) Empresas con concesiones mineras, su registro Federal del Contribuyente y ubicación territorial (Estados).

b) Monto de regalías pagadas por empresas mineras, desglosados por rubro, por perfil de industria y ubicación territorial (Estados).

c) Monto de impuestos pagados por empresas mineras, desglosados por rubro y por perfil de industria.

d) Monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras”.

Cabe mencionar, que el Punto de Acuerdo fue aprobado en votación económica en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el pasado 12 de junio de 2013.

2. Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la República tenga una participación activa en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica, suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos resolutivos son los siguientes:

“UNICO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a establecer el mecanismo “Cuarto de Junto Parlamentario” que estará integrado por un grupo plural de senadores, con el objeto de acompañar al gobierno mexicano en las rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), de acuerdo con el espíritu de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica”.

Está comisión dictaminadora estima que el resolutivo planteado por la Senadora promovente, se encuentra debidamente atendido con la aprobación del siguiente:

“Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los ciudadanos Senadores que acompañarán al Gobierno Federal en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica” bajo los resolutivos siguientes:

“Primero.- Se designa a las Senadoras y los Senadores Teófilo Torres Corzo y Marcela Guerra Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Larios Córdova y Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática con el objeto de que acompañen y se informen oportunamente del avance del proceso de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de la República.

Segundo.- Comuníquese al Ejecutivo Federal”.

Cabe mencionar, que el referido acuerdo fue aprobado el pasado 23 de abril del año en curso.

3. Proposición con Punto de Acuerdo, que expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Hermino Blanco Mendoza para dirigir la Organización Mundial del Comercio, suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los resolutivos siguientes:

“UNICO. El Senado mexicano expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Herminio Blanco Mendoza para que dirija la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un mandato de cuatro años, mismo que inicia el primero de septiembre de 2013”.

Está comisión dictaminadora estima que el resolutivo planteado en este punto de acuerdo, resulta extemporáneo por no encontrarse vigente y referirse a una circunstancia que se encuentra consumada, toda vez que el pasado 14 de mayo del año en curso, el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio a conocer la designación del embajador brasileño, Roberto Azevedo como nuevo director general de dicho organismo, a partir del próximo 1 de septiembre.

4. Proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a comparecer ante esta Soberanía con el objeto de que rinda un informe sobrelos fundamentos para imponer sanciones al restaurante “Máximo Bistrot, bajo los resolutivos siguientes:

“PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño a que comparezca ante esta soberanía con el objeto de que rinda un informe pormenorizado sobre los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el procedimiento que se siguió para imponer sanciones al restaurant MAXIMO BISTROT, ubicado en la Ciudad de México, el pasado viernes 26 de abril del 2013.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño a que informe ante esta soberanía las condiciones bajo las que normalmente operan las quejas y solicitudes de verificación a establecimientos que presuntamente violan la normatividad protectora de los derechos del consumidor en donde se precisen los tiempos de que estas son formuladas y hasta la visita de verificación así como un promedio en los tiempos que transcurre entre que se presentan las quejas y se llevan a cabo las visitas de verificación.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que inicie la indagatoria correspondiente por la probable comisión del delito de Tráfico de Influencia, en perjuicio de la sociedad derivado de la clausura del restaurante MAXIMO BISTROT, por las causas y motivos precisados en el cuerpo del presente instrumento parlamentario”.

Está comisión dictaminadora estima que el resolutivo planteado en este punto de acuerdo, resulta extemporáneo por no encontrarse vigente y referirse a una circunstancia que se encuentra consumada de conformidad con los siguientes acontecimientos:

1. El pasado 15 de mayo del año en curso, el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la remoción del Dr. Humberto Benítez Treviño a la Procuraduría Federal del Consumidor.

2. El pasado 22 de mayo del año en curso,la Comisión Permanente aprobó en sesión ordinaria el “Dictamen de la Tercera Comisión por el que se desechan tres proposiciones con Punto de Acuerdo que solicitaban la comparecencia, renuncia o remoción del Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, por haber quedado sin materia”.

IV. Resolutivo

En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que los cuatro puntos de Acuerdo citados han quedado sin materia desde el punto vista temporal de validez por lo que someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo de las cuatro proposiciones con punto de Acuerdo siguientes:

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía presentar un informe sobre la situación fiscal de las empresas del sector minero, suscrita por el Senador Armando Ríos Piter, integrante de grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo los resolutivos siguientes:

“UNICO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico y al de la Secretaría de Economía presenten un informe de manera desagregada del sector minero en la última década, sobre:

a) Empresas con concesiones mineras, su registro Federal del Contribuyente y ubicación territorial (Estados).

b) Monto de regalías pagadas por empresas mineras, desglosados por rubro, por perfil de industria y ubicación territorial (Estados).

c) Monto de impuestos pagados por empresas mineras, desglosados por rubro y por perfil de industria.

d) Monto de incentivos fiscales otorgados a las empresas mineras”.

2. Proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a integrar a un grupo de Senadores en el llamado “Cuarto de Junto”, a fin de que el Senado de la República tenga una participación activa en las siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica, suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a establecer el mecanismo “Cuarto de Junto Parlamentario” que estará integrado por un grupo plural de senadores, con el objeto de acompañar al gobierno mexicano en las rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), de acuerdo con el espíritu de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica”.

3. Proposición con punto de Acuerdo, que expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Hermino Blanco Mendoza para dirigir la Organización Mundial del Comercio, suscrita por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo el siguiente resolutivo:

“UNICO. El Senado mexicano expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Herminio Blanco Mendoza para que dirija la Organización Mundial del Comercio (OMC) por un mandato de cuatro años, mismo que inicia el primero de septiembre de 2013”.

4. Proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a comparecer ante esta Soberanía con el objeto de que rinda un informe sobre los fundamentos para imponer sanciones al restaurante “Máximo Bistrot, bajo los siguientes resolutivos:

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño a que comparezca ante esta soberanía con el objeto de que rinda un informe pormenorizado sobre los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el procedimiento que se siguió para imponer sanciones al restaurant MAXIMO BISTROT, ubicado en la Ciudad de México, el pasado viernes 26 de abril del 2013.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño a que informe ante esta soberanía las condiciones bajo las que normalmente operan las quejas y solicitudes de verificación a establecimientos que presuntamente violan la normatividad protectora de los derechos del consumidor en donde se precisen los tiempos de que estas son formuladas y hasta la visita de verificación así como un promedio en los tiempos que transcurre entre que se presentan las quejas y se llevan a cabo las visitas de verificación.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que inicie la indagatoria correspondiente por la probable comisión del delito de Tráfico de Influencia, en perjuicio de la sociedad derivado de la clausura del restaurante MAXIMO BISTROT, por las causas y motivos precisados en el cuerpo del presente instrumento parlamentario”.

Segundo.- Archívese las cuatro proposiciones con punto de Acuerdo mencionadas en el presente dictamen como formal y materialmente concluido.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 31 de julio de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para referirse al dictamen sobre la labor que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Quiero comentarles que los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, consideramos que debe haber un equilibrio en los derechos de quienes prestan un servicio y los consumidores, es por ello que el día de hoy sometemos ante esta Soberanía el presente dictamen en donde reconocemos que la Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado su labor incansable como autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, privilegiando la seguridad jurídica de los segundos frente a los abusos de los primeros.

Esta labor el día de hoy se pretende reconocer mediante el voto favorable de todos nosotros en el presente dictamen, aunado a ello debo decirles que los que dictaminamos reconocemos que aún quedan acciones que ejercitar para garantizar que se agoten los procedimientos administrativos establecidos en la Ley Federal del Consumidor antes de recurrir a una suspensión en la comercialización de bienes, productos o servicios con la finalidad de evitar el daño económico al sector empresarial del país.

Con esto equilibraremos la protección de los ya mencionados proveedores y consumidores, es así que mucho celebraremos la aprobación del presente dictamen en el cual reconocemos y felicitamos a la Procuraduría Federal del Consumidor, al tiempo que le exhortamos respetuosamente a agotar todas las etapas del proceso antes de efectuar un acto de suspensión.

Por su atención, compañeros, muchas gracias, esperando su voto a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, disculpe que le insista. Me parece una falta de respeto, ¿me podría enseñar el acta donde llegaron a un Acuerdo en la Mesa Directiva?, entonces la Mesa Directiva sin que pase por el Pleno tiene la función de poder violentar Reglamentos o la Ley Orgánica, quisiera ver ese Acuerdo.

Pero de cualquier forma creo que su visión, que ve fantasmas y ve el quórum en base a que hay una, usted sabe que hubo un Acuerdo, me parece que es una falta de respeto a los que estamos aquí y a los que estamos votando aunque sea puntos de Acuerdo. Lo correcto, dé un receso o citen a las horas que ustedes calculan que van a terminar los dictámenes, todo esto es a causa de la prisa que se tiene por sacar frenéticamente todas estas reformas.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Layda Sansores.

A juicio de esta Presidencia indudablemente que se está cumpliendo con lo que señala nuestro Reglamento en virtud de que se registraron 94 Senadores, y en un momento más iniciaremos las votaciones electrónicas y ahí podremos corroborar lo que usted está señalando, no podemos obligar a que los Senadores en este momento que están en comisiones bajen aquí, puesto que los asuntos que se están votando no son de forma nominal, por ello le pido nada más que nos permita concluir esta parte e iniciaremos en un momento más la discusión de los dictámenes con votación nominal, y en ese momento, a través de la pantalla electrónica, podremos corroborar lo que usted ha señalado.

Lo único que le puedo decir es que hay 94 Senadores que se han registrado, y si usted gusta, pues yo le pido que pase a la Secretaría para que le den la relación del registro.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) No es la asistencia, es el quórum, no defienda lo indefendible, sean correctos. Declare un receso y cuando terminen de aprobar todos los dictámenes, entonces nos vuelven a citar, eso es lo correcto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto en un momento más habremos de verificar eso, señora Senadora.

En virtud de que no hay más oradores sobre este tema, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los dictámenes. Comuníquese.

A continuación, tenemos la discusión de siete dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos de Decreto. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, en consecuencia, pasaremos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a que se refieren los dictámenes negativos.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura.

Uno de las Comisiones Unidas de Vivienda; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de reformas a diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

(Dictamen a discusión)








PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ALBERGUES

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de diciembre de 2011, el Senador Manuel Velasco Coello, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformandiversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone que:

Artículo 77 bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I…

II. Proveer servicios de salud de alta especialidad a través de los establecimientos públicos de carácter federal creados para el efecto. En este caso se promoverá la construcción y habilitación de albergues para la utilización del algún miembro del núcleo familiar o acompañante de personas procedentes del interior de la República, que a causa de una enfermedad crónico degenerativa se vea en la necesidad de desplazarse fuera de su estado de residencia original, para la obtención de servicios de salud de alta especialidad.

Además:

Artículo 77 Bis 11.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, celebrarán acuerdos de coordinación para promover y apoyar la construcción y habilitación de albergues para la utilización temporal de algún miembro del núcleo familiar ó acompañante de los usuarios procedentes del interior de la República, que a causa de alguna enfermedad crónico degenerativa se vean en la necesidad de desplazarse fuera de su estado de residencia original, para la obtención de servicios de salud especializada.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Estas Comisiones dictaminadores, coincidimos con el legislador proponente, de que en la actualidad una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas degenerativas, mismas que implican una atención de alta especialidad, se ven en la necesidad de desplazarse de sus estados o municipios de residencia original, a la capital o estados con los hospitales adecuados para su atención.

Esta situación implica la necesidad de viajar con algún miembro del núcleo familiar, pues por su condición derivada de la enfermedad, les resulta imposible realizar el viaje y sus cuidados por sí solos. Todo esto, representa un importante gasto para las familias que se ven en la necesidad de pagar hospedaje y alimentación, durante el tratamiento de los usuarios de la salud.

C. No obstante el espíritu plasmado en la propuesta,es importante señalar el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de 2003, que está a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y que tiene como principal objetivo, ser el instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios estatales de salud; con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversión y operación sustentable.

Además con la Ley General de Salud, se promueve:

- Artículo 3º: Define todas las áreas relacionadas con la salubridad general, directamente vinculadas con los servicios de atención médica.

- Artículo 7º: establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud.

- Artículo 13: establece que corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento.

- Artículo 77 bis 5: Distribuye las competencias de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de los estados y el D.F., dentro de sus respectivas inscripciones territoriales, para efectos de mejorar los servicios de salud.

- Artículo 77 bis 10: establece que “Con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a partir de las transferencias que reciban en los términos de este Título, deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en la infraestructura médica, que para el efecto elabore la Secretaría de Salud.”

F. Finalmente, es necesario enfatizar que la construcción de albergues destinados al uso de las familias de los pacientes, no resuelven el problema de salud en nuestro país, la óptica que seha tenido en el gobierno y que conforme lo anterior dispone la Ley General de Salud, debe encaminar los recursos necesarios, en la construcción de más centros de salud de los distintos niveles y especializados en diversas áreas de la República, continuar en la constante que marca la Ley de construir hospitales donde hacen falta y con ello equilibrar la demanda que existe en los hospitales de las ciudades metropolitanas.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran pertinente desechar la propuesta, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaba la fracción II del Artículo 77 Bis 5 y adicionaba un Artículo 77 Bis 11.

Senado de la República, a 26 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Y cinco de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, uno relativo a la iniciativa de reformas a la Ley General de Protección al Consumidor,






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 86 TER Y 90 TER, Y SE REFORMA EL ARTICULO 127 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de las siguientes iniciativas con proyecto de Decreto:

1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 127 y se adiciona un artículo 90 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 127 y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el segundo actual en su orden, del artículo 86 TER, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Los ciudadanos Senadores integrantes de estas comisiones unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas comisiones unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, 183 numeral 3 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la iniciativa con proyecto de Decreto presenta da con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. Antecedentes

1. El 8 de diciembre de 2011 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 127 y se adiciona un artículo 90 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador José Guillermo Anaya Llamas, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

2.- El 15 de marzo de 2012 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 127 y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el segundo actual en su orden, del artículo 86 TER, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los Senadores Humberto Andrade Quezada y Héctor Pérez Plazola, integrantes del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

3. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de las Iniciativas

1. La iniciativa presentada por el Senador José Guillermo Anaya Llamas tiene por objeto, establecer que en el caso de los plazos forzosos que contengan los contratos de adhesión a los que un proveedor de servicios puede sujetar a los consumidores no deben exceder, por ningún motivo, de seis meses.

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, es frecuente que si un consumidor desea contratar servicios de televisión de paga, telefonía, internet etc., el proveedor establece como obligación para proporcionar el servicio respectivo, la sujeción al consumidor a plazos extremadamente prologados, estableciendo un plazo forzoso para el cumplimiento del contrato respectivo.

De manera particular, menciona que este tipo de plazos forzosos además de que inhiben la sana competencia en el mercado, no pueden ser modificados ni negociados por el consumidor y se vuelven incentivos perversos que demeritan la calidad del servicio prestado ya que el proveedor tiene cautivos a quienes consumen el servicio.

Así plantea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 127 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 90 TER, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Unico.- Se reforma el artículo 127 y se adiciona un artículo 90 TER, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTICULO 90 TER.- Los plazos forzosos contenidos en los contratos de adhesión a los que deben quedar sujetos los consumidores, bajo ninguna circunstancia podrán ser superiores a 6 meses contados a partir de la suscripción del contrato correspondiente.

ARTICULO 127.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 QUATER, 87 BIS, 90, 90 TER, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $397.76 a $1’272,813.16.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los proveedores que hayan registrado contratos de adhesión ante la Procuraduría, contarán con un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para registrar los nuevos contratos de conformidad con las nuevas disposiciones.

2. La iniciativa presentada por los Senadores Humberto Andrade Quezada y Héctor Pérez Plazola tiene por objeto, eliminar los plazos forzosos en los contratos de adhesión, así los promoventes plantean que en los contratos de adhesión bajo ninguna circunstancia pueden ser superiores a 6 meses contados a partir de la firma del contrato correspondiente. Asimismo, proponen que cuandono se cumplan las condiciones del contrato, se podrá rescindir en cualquier momento posterior a su firma.

El proponentes justifican la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, en nuestro país, no existe legislación que regule las fechas límite obligatorias ni las sanciones por terminación anticipada, a diferencia, por ejemplo de naciones como Perú, en donde en julio de 2010 se aprobó una reforma legal para que los usuarios de telefonía fija y móvil puedan dar por terminado el contrato de servicio cuando así lo consideren conveniente, sin que la empresa operadora exija cumplir con un contrato forzoso.

Así plantean el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO: Se reforma el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el segundo actual en su orden, del artículo 86 TER; todo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 86 TER.

I. a IV. ...

Los plazos forzosos contenidos en los contratos de adhesión bajo ninguna circunstancia pueden ser superiores a 6 meses contados a partir de la firma del contrato correspondiente. Cuando no se cumplan las condiciones del contrato, éste se podrá rescindir en cualquier momento posterior a su firma.

En caso de que se viole la disposición del párrafo anterior, se podrá ejercitar la acción colectiva de conformidad con el artículo 26 de la presente Ley y con lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por su parte, el proveedor podrá rescindir el contrato de adhesión, en cualquier momento posterior a su firma, si el consumidor incumple alguna disposición estipulada en dicho contrato.

En caso de cancelación del contrato, y en los términos que éste establezca, el usuario y el proveedor podrán acordar pagos equivalentes al remanente del costo de los equipos relacionados con el servicio, que no haya sido cubierto al momento de la rescisión.

Artículo 127. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7 BIS, 13, 17, 18 BIS, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86 TER segundo párrafo, 86 QUATER, 87 BIS, 90, 91, 93, 95 y 113 serán sancionadas con multa de $411.61 a $1’317,141.34.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los proveedores que hayan registrado contratos de adhesión ante la Procuraduría, contarán con un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para registrar los nuevos contratos de conformidad con las nuevas disposiciones.

IV. Consideraciones

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con los promoventes en el sentido de que en el sano desarrollo del comercio deberán observarse los principios de equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

La cultura de consumo responsable e inteligente implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten.

Segunda.-Que los contratos de adhesión para efectos de las relaciones comerciales en cuanto a proveedor-consumidor, se encuentran regulados en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que en su artículo define al contrato de adhesión como:

“El documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato”.

Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.

De la interpretación literal del precepto referido, tenemos que, si bien es cierto que en el marco legal mexicano no existe legislación que regule los plazos obligatorios ni sanciones por terminación anticipada en estos contratos de adhesión, también lo es que, al establecerse estos plazos forzosos en los contratos, se está transgrediendo los principios bajo los que se deben regir estos contratos, que es precisamente la prohibición de obligaciones inequitativas o abusivas a los consumidores de estos servicios.

En cuanto a los derechos que tendrán los consumidores cuando contraten servicios adicionales a través de estos contratos de adhesión, el artículo 86 TER del marco jurídico en comento, dispone que el consumidor gozará de las siguientes prerrogativas:

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

Cuarta.-El pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Secretaría de Economía.

Así, el 15 de marzo del año en curso, a través del oficio número SPJ/098/2013 la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“La Procuraduría Federal del Consumidor coincide con el interés del legislador en la necesidad de evitar abusos en los contratos de adhesión.

La Procuraduría apoya la propuesta de los legisladores, a efecto de prohibir que los contratos de adhesión pueden ser sujetos a un plazo mayor al de seis meses, no obstante se sugiere incluir dentro del texto, mecanismos para que el consumidor pueda dar por terminado el contrato antes de que termine el plazo forzoso.

En este tenor, se propone la siguiente redacción:

Artículo 90 TER.- Los plazos forzosos contenidos en los contratos de adhesión a los que deben quedar sujetos los consumidores, bajo ninguna circunstancia podrán ser superiores a 6 meses contados a partir de la suscripción del contrato correspondiente. Cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste en la forma o términos convenidos o no se proporcione por causas imputables al proveedor, el consumidor podrá dar por terminado el contrato de adhesión, sin responsabilidad alguna, antes de que dicho plazo forzoso concluya, siempre y cuando el usuario se encuentre al corriente en sus obligaciones de pago.”

Quinta.- El pasado 8 de agosto del año en curso, el Senador Carlos Alberto Puente Salas, integrante de la Comisión de Comercio envío los siguientes comentarios:

1. No otorga Seguridad Jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

a. La política pública de protección al consumidor, que está comisión se propuso impulsar desde el inicio de sus trabajos, está enfocada a resolver las fallas que emergen incluso en mercados competitivos. Esto significa la intervención del Estado a través de modificaciones al marco legal con el objeto de alcanzar un equilibrio socialmente útil, un equilibrio entre consumidores y proveedores. En este sentido, se establecen normas y derechos para ambas partes.

b. También nos propusimos impulsar la competencia y la innovación en el país.

c. El artículo primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que su objeto es “promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”. En esta ecuación, entonces, se debe brindar certeza y seguridad no sólo al consumidor, sino también a los proveedores de bienes y/o servicios.

d. Si bien coincido con los promoventes, también es muy cierto que con este dictamen estamos impulsando una injerencia excesiva de las autoridades respectivas en la protección de los derechos de los consumidores. El riesgo de promover una sobre regulación es que puede terminar causando un daño indeseado para los propios consumidores. Esta situación es lo que no debemos permitir.

2. Fomenta la sobre regulación.

a. Es peligroso sobrepasar los niveles de intervención estatal porque podrían terminar alterando el funcionamiento del mercado, inhibir la competencia, desincentivar la innovación y, lo más preocupante, afectar a los consumidores que se está intentando proteger.

b. Las cláusulas de los contratos de adhesión ya están regulados en el artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Además, esta misma Ley, en su artículo 19, fracción VII, faculta a la Secretaría de Economía para expedir normas oficiales mexicanas y normas mexicanas respecto de “Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de contratos de adhesión que requieran de inscripción en los términos de esta ley”.

c. De dicho marco normativo se desprende la NOM-184-SCFI-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2012. Esta Norma Oficial Mexicana establece que si el proveedor no presta los servicios de telecomunicaciones en la forma y términos convenidos, contratados, ofrecidos o publicitados, así como con los estándares de calidad contratados o establecidos conforme a las disposiciones legales vigentes, el consumidor tiene el derecho a terminar de manera anticipada el contrato sin responsabilidad alguna para éste.

d. Esta NOM también obliga a los operadores a registrar ante PROFECO los contratos de adhesión para evitar cláusulas abusivas. Así, el objetivo de dicha regulación es proporcionar a los consumidores información clara y precisa antes de la contratación de los servicios de telecomunicaciones.

e. A la letra, dicha NOM “establece los elementos normativos y de información comercial que los proveedores deben cumplir en la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen la red pública de telecomunicaciones, así como los requisitos mínimos que deben contener los contratos de adhesión que los proveedores utilicen con los consumidores en susrelaciones comerciales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, a fin de que losconsumidores cuenten de manera previa a la contratación con la información suficiente para tomar la decisiónque más convenga a sus intereses”.

f. De acuerdo a una resolución jurisprudencial se resolvió que la interpretación de los Contratos de Adhesión debe ser la más favorable a los intereses del público consumidor: “su interpretación debe ser conforme a los principios protectores como el favor libertatis (en caso de duda, una cláusula debe interpretarse contra quien ha estipulado algo y en liberación de quien ese ha obligado), el favor debilis (protector de la parte débil, deudor o acreedor) y aquellos que sean favorables al consumidor” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2010). De la tesis anterior se infiere, entonces, que los derechos de los consumidores prevalecerán en la interpretación de los Contratos de Adhesión, por lo que la preocupación de los senadores ya está considerada en jurisprudencia.

g. Aprobar el presente dictamen sobre regularía los contratos de adhesión en perjuicio de los consumidores, debido a que no resistiría la lógica económica. Desde la perspectiva económica del análisis del derecho, las protecciones al consumidor tienen un precio. Las reglas “protectoras de los consumidores” que restringen y modifican el comportamiento de los vendedores y/o proveedores aumentan sus costos y estos podrían ir asociados a traspasos a los consumidores mediante aumentos de precios. Con esta decisión se beneficiaría a los consumidores más sofisticados (Posner, 2007 y Shavell, 2004).

h. En el caso específico de los servicios de telefonía móvil, el reducir los plazos forzosos impedirá al público en general de hacerse de equipos inteligentes que les den acceso a todos los servicios que ofrece la red, incluyendo los de banda ancha. Toda vez que, por los costos que tienen los dispositivos móviles, es a través de plazos que pueden adquirirlos. Disminuir el plazo forzoso a seis meses hará que los montos que el usuario tenga que pagar sean más altos que los que paga a 12, 18 o 24, lo que hace más viable la adquisición de un equipo.

3. Afectará a otras industrias y sectores económicos.

a. Los Senadores Humberto Andrade Quezada y Héctor Pérez Plazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, plantean en la exposición de motivos que el sentido esencial de su iniciativa es “eliminar de una vez por todas los plazos forzosos en los contratos de adhesión de los servicios de telecomunicaciones”.

b. Es preciso señalar que los contratos de adhesión no son exclusivos de los servicios de telecomunicaciones, también están presentes en los servicios financieros, el sector inmobiliario, los seguros médicos, la venta de vehículos nuevos, por mencionar algunos.

c. En este sentido, la intención de regular el sector telecomunicaciones, sin considerar otras áreas de la economía, provocará una distorsión en otras industrias y sectores.

d. En el caso específico de los servicios financieros, los contratos de adhesión ya están regulados en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

e. Además, la Disposición Unica de la Condusef aplicable a las Entidades Financieras establece en el número IV del artículo 5 lo siguiente: “Artículo 5. Los Contratos de Adhesión, que las Entidades Financieras celebren con los usuarios, deben contener como míI. a III. (…) IV. La vigencia, modificaciones y terminación: a) El plazo de vigencia del Contrato de Adhesión cuando resulte aplicable, especificando si se puede o no ser prorrogable y, en su caso, el plazo de las prórrogas, indicando los requisitos para solicitarlas. b) las condiciones y procedimientos para la modificación del Contrato de Adhesión, en el entendido de que cualquier modificación a las Comisiones se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley para la Transparencia. c) La descripción de los requisitos y procedimientos para la cancelación de los servicios, así como para la terminación anticipada del contrato, debiendo observarse lo dispuesto por el artículo 16 de la presente Disposición Única. d) Los datos de inscripción en el RECA1. e) La posibilidad de que el Usuario, en un periodo de diez días hábiles posteriores a la firma de un Contrato de Adhesión, con excepción de los créditos con garantía hipotecaria, lo cancele sin responsabilidad alguna para el mismo, en cuyo caso, las Entidades no podrán cobrar Comisión alguna, siempre y cuando el Usuario no hay utilizado u operado los productos o servicios financieros contratados, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 Bis 1 de la Ley para la Transparencia”.

f. Prohibir que los contratos de adhesión sean superiores a 6 meses, vulnerael derecho de libre contratación de las partes, así como la libertad de los proveedores y de los usuarios para definir lo que mejor convenga a sus intereses.

4. El marco regulatorio está acorde con las recomendaciones de la OCDE.

a. En el 2010, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicaron la Guía de políticas de consumo (Consumer Policy Toolkit), con el objetivo de servir de guía a la toma de decisiones de la autoridad competente en materia de protección de consumidores.

b. El informe plantea diversos instrumentos que pueden ser utilizados, de los cuales destaco tres:

i. Mejorar la educación y conciencia de los consumidores.

ii. Provisión de información.

iii. Regulación de los términos de los contratos.

c. Estos tres instrumentos están contenidos en el artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-184-SCFI-2012. Asimismo, en el 2011, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Telecomunicaciones firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de establecer acciones encaminadas a garantizar un mejor servicio a los consumidores.

d. Específicamente en lo que se refiere a los instrumentos para mejorar la educación y conciencia de los consumidores, y provisión de información de las autoridades competentes en la materia, la Revista del Consumidor publicó el 4 de abril del 2013 un texto en el que informa sobre la regulación de los contratos de telecomunicaciones para prevenir abusos (Almeida, 2013).

5. Comparativo internacional en plazos forzosos de telefonía móvil

a. La Tabla 1 y la Tabla 2 comparan los descuentos a los dispositivos móviles asociados a la contratación de planes de telefonía móvil. Para la comparación se seleccionaron tres países: Estados Unidos, Francia y México; además, se escogió el iPhone 4s 16GB para el caso de Estados Unidos y Francia, y el iPhone 5 para el caso de México. Esta comparación muestra que a nivel internacional, nuestro país no es el único con plazos forzosos para adquirir un dispositivo móvil.

b. En Canadá, los usuarios de “teléfonos inteligentes” adquieren el dispositivo y el plan de telefonía móvil juntos. Un contrato con plan forzoso a tres años es el más común entre los consumidores y está asociado con grandes descuentos en la adquisición de smartphones. Este modelo de adquisición de dispositivos y contratación de servicios de telefonía móvil ha cambiado en los últimos dos años por una evolución en el mercado de telecomunicaciones, no por modificaciones legales.

c. En Finlandia estaban prohibidos los contratos a plazos forzosos en planes de telefonía móvil vinculados a la adquisición de dispositivos entre 1996 y 2006. Algunos estudios consideran que cuando está prohibición fue eliminada, la adopción de nuevas tecnologías se incrementó (Hazzlet, 2009).

d. Los cambios en los contratos a plazos forzosos en planes de telefonía móvil vinculados a la adquisición de teléfonos inteligentes se ha dado por la evolución del mercado de telecomunicaciones, no por modificaciones legales. Estos cambios, además, están relacionados con la innovación tecnológica.

Tabla 1. Estimación del descuento para el iPhone 4s 16 GB.

País

Operador

Precio iStore

Pago directo del equipo en USD*

Precio del equipo con 2 años de contrato**

Descuento***

Estados Unidos

AT&T

USD 649.99

USD 649.99

USD 199.99

USD 450.00

Estados Unidos

Verizon

USD 649.99

USD 649.99

USD 199.99

USD 450.00

Estados Unidos

Sprint

USD 649.99

USD 649.99

USD 199.99

USD 450.00

Francia

Orange

EUR 629.00

USD 657.43

USD 155.73

USD 501.70

Francia

 

EUR 629.00

USD 657.43

USD 188.03

USD 469.40

Francia

 

EUR 629.00

USD 657.43

USD 188.03

USD 469.40

Fuente: OCDE (2013)

*Los precios en los Estados Unidos no incluyen IVA, por lo que los precios en Francia se descontaron en un 19.6% que corresponde al IVA. ** El precio del dispositivo móvil en un contrato de dos años no está vinculado con los planes de telefonía móvil en Estados Unidos. En Francia, el descuento está relacionado con el plan de telefonía móvil. Para poderlos comparar, se tomó como referencia el plan más alto en Francia, EUR 69.99 al mes para los tres operadores. ***Diferencia entre el pago de contado para adquirir el iPhone en la Tienda de Apple y el precio que ofrecen las compañías de telefonía móvil a los consumidores en un plan de dos años.

Tabla2. Estimación del descuento para el Iphone 5 16GB.

País

Operador

Precio iStore

Pago directo del equipo con la compañía

Precio del equipo con 2 años de contrato

Descuento

México

Telcel

MX $10,599.00

MX $11,329.00

MX $3,859.00*

MX $6,740.00

México

Iusacell

MX $10,599.00

MX $11,329.00

Gratis**

MX $10,599.00

México

Telefónica Movistar

MX $10,599.00

MX $10,439.00

Gratis***

MX $10,599.00

Fuente: Elaboración propia con información de los portales de Internet de las compañías. *Plan IV Internet 3GB de $1,449.00 al mes. **Plan 6 - $1,199.00 al mes. ***Plan Select 1000 de $999.00 al mes.

Sexta.- El pasado 22 de agosto del año en curso, la Comisión Federal de Competencia Económica, a través del oficio PRES-10-096-2013-104, emitió opinión de la iniciativa que nos ocupa, bajo los argumentos siguientes:

“Esta autoridad considera que la propuesta del dictamen de prohibir el establecimiento de planes, términos o plazos forzosos de contratación mayores a seis meses limitaría la libertad de los proveedores para conformar paquetes de servicios en las condiciones que les resulten más eficientes, a fin de responder a las necesidades y preferencias de los consumidores.

En la práctica, los proveedores de diversos tipos de servicios ofrecen distintos paquetes, afin de competir entre sí y atraer más clientes. En este sentido, el dictamen prohibiría uno delos factores que tienen los proveedores para competir, toda vez que eliminaría la posibilidad de ofrecer paquetes de servicios sujetos a un plazo forzoso de contratación, en detrimento de los consumidores de todo tipo de servicios en la economía.

Además, limitaría las opciones de los proveedores de servicios para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, que hagan más eficiente la prestación del servicio, a través de la conformación de paquetes de servicios distintos o complementarios a los que se ofrecen actualmente. Asimismo, restringiría las opciones que tienen los consumidores para elegir el paquete de servicio que más le convenga, de acuerdo con las necesidades y preferencias.

En conclusión, el dictamen propone prohibir el establecimiento de plazos forzosos de contratación mayores a seis meses, lo que podría restringir el proceso de competencia y libre concurrencia”.

Quinta.- Estas dictaminadoras estiman que el espíritu de las iniciativas presentadas por los promoventes, es de la mayor relevancia, toda vez tiene como objeto regular los denominados “plazos forzosos” que contienen los contratos de adhesión a los que un proveedor de servicios puede sujetar a un consumidor.

No obstante, también son valiosas las aportaciones del Senador Carlos Alberto Puente Salas, así como las o presentadas por la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia, que advierten que de aprobarse en sentido positivo esta propuesta, podría restringir el proceso de competencia y libre concurrencia entre los proveedores de los servicios, además de limitar la libertad de estos para conformar paquetes de servicios en las condiciones que les resulten más eficientes, a fin de responder a las necesidades y preferencias de los consumidores.

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en las iniciativas de los Senadores promoventes, se encuentran debidamente atendidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor la cual regula a los “Contratos de Adhesión” con respecto a los servicios, por lo que es innecesaria su modificación.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente dictamen, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desechan las siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 127 y se adiciona un artículo 90 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 08 de diciembre de 2011.

2. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 127 y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose el segundo actual en su orden, del artículo 86 TER, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día15 de marzo de 2012.

Segundo.- Archívense las iniciativas del presente dictamen como formal y materialmente concluidas.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Otro relativo al proyecto de reformas a la Ley General de Competencia Económica.

1 Registro de Contratos de Adhesión a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

(Dictamen a discusión)

"COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Juan Bueno Torio, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, 183 numeral 3 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

El 09de febrero de 2012 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por el Senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LX y LXI Legislatura.

El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se estableció lo siguiente:

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen.

SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno.

La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de dichas iniciativas”.

En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el ANEXO No 1 del acuerdo referido.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto realizar adecuaciones al marco normativo, en relación a los actos de concentraciones a los que hace referencia el artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, y que potencialmente podría constituir una práctica monopólica, se quite la carga de la prueba de una conducta anticompetitiva al demandante, para que sea la Comisión Federal de Competencia, la encargada de solicitar la información requerida a los agentes económicos involucrados.

El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de motivos que, en México existen casos de empresas y agentes económicos que están incurriendo en un sinfín de prácticas anticompetitivas que no pueden ser sancionadas por no cumplir con los estrictos requisitos que demanda la Ley para que la Comisión Federal de Competencia pueda proceder contra ellas.

Menciona que, resulta extremadamente complicado que un agente económico conozca con precisión la información del infractor, por lo que el objetivo se traduce primordialmente en facilitar el procedimiento de notificación de conductas anticompetitivas.

Así plantea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

“Artículo Unico.- Se reforma la fracción I y se adiciona una fracción II recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 21.-

I.- La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate, que incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados.

II. La Comisión solicitará a los agentes económicos involucrados sus estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan conocer la transacción pretendida.

III. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de quince días, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;

IV. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de treinta y cinco días contado a partir de la recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adicional solicitada. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción alguna;

V. En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por cuarenta días adicionales;

VI.- La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada; y

VII.- La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

IV. Consideraciones

Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el promovente en el sentido que la competencia económica conduce a un crecimiento más dinámico de la economía, en este sentido, el artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica garantiza la protección del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Segunda.-Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Secretaría de Economía.

Así, el 25 de marzo del año en curso, a través del oficio número 100.2013.DGVP.217dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“La iniciativa adolece de un problema conceptual fundamental ya que confunde la investigación de prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas con el procedimiento de notificación de concentraciones.

Las prácticas monopólicas son aquellas conductas realizadas por agentes económicos (individuos, empresas, asociaciones, etc.) que disminuyen, dañan o impiden la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios. La Ley Federal de Competencia Económica contempla dos tipos de prácticas: absolutas y relativas.

Esta distinción se pone de manifiesto en el cuerpo mismo de la LFCE, ya que las prácticas monopólicas y las concentraciones se ubican en capítulos distintos: las prácticas monopólicas están previstas en el Capítulo II y el análisis de concentraciones está contemplado en el Capítulo III de la Ley.

La iniciativa propone un cambio innecesario y resulta más adecuado que sea el propio notificador del acto quien proporcione la información. En todo caso la COFECO tiene la facultad de requerir información conforme lo establece la fracción II del artículo 21 de LFCE dentro de los quince días contados a partir de la recepción de la notificación.

No hay una carga de la prueba para un demandante como erróneamente plantea la exposición de motivos, sino que se trata de un acto que le permitirá al agente económico que pretende llevar a cabo determinado acto jurídico que dé lugar a la concertación, brindando los elementos a la autoridad para determinar si se trata de una concentración que es o no nociva para el proceso de competencia.

El artículo 21 de la LFCE, el cual se pretende modificar, establece los requisitos que debe contener el escrito de notificación de una concentración que prestan los agentes económicos involucrados en la misma. Este artículo no establece los requisitos que debe contener un escrito de denuncia por prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, por esta razón se considera que la iniciativa no atiende el objeto que persigue”.

Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la citada Ley, se entiende por “concentración” la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos.

La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

En este tenor, el promovente plantea modificaciones al procedimiento que lleva a cabola Comisión Federal de Competencia, cuando derivado de la investigación se confirma la concentración.

Cuarta.- Que el pasado 24 de junio de 2013, el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, Lic. Eduardo Pérez Motta, envío al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, una serie de adecuaciones a la legislación secundaria en materia de competencia, elaboradas por las áreas técnicas de la COFECO, derivadas de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de competencia económica.

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre el texto vigente, la propuesta del Senador promovente, y las adecuaciones presentadas por la COFECO.

Ley Federal de Competencia Económica

Texto Vigente

Texto Iniciativa

Sen. Juan Bueno Torio

Texto

Propuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica

Justificación de la Comisión Federal de Competencia Económica

CAPITULO III

DE LAS CONCENTRACIONES

Artículo 21.- Para los1 efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I.- La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate, que incluyalos nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados, sus estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan conocer la transacción pretendida;

II. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de quince días, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;

III.- Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de treinta y cinco días contado a partir de la recepciónde la notificación o,en su caso, de la documentación adicional solicitada. Concluidoel plazo sin emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción alguna;

IV.- En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por cuarenta días adicionales;

V.- La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada; y

VI.- La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados.

Artículo 21.- ….

I.- La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate, que incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados.

II. La Comisión solicitará a los agentes económicos involucrados sus estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan conocer la transacción pretendida.

III. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de quince días, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;

IV. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de treinta y cinco días contado a partir de la recepciónde la notificación o, en su caso, dela documentación adicional solicitada. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción alguna;

V. En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por cuarenta días adicionales;

VI.- La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada; y

VII.- La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados.

CAPITULO III

DE LAS CONCENTRACIONES

ARTICULO 21.- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I.- La investigación correrá a cargo del Secretario Ejecutivo y la resolución correrá estará a cargo del Pleno. La notificación se hará por escrito dirigido al Secretario Ejecutivo, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate, que incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados, sus estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan conocer la transacción pretendida;

II.- La Comisión. El Secretario Ejecutivo podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los quince días contados a partirde la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar dentro de un plazo de quincedías, el que podrá ser ampliado en casos debidamente justificados;

III.- La investigación respecto de la operación notificada Para emitir su resolución, la Comisión no podrá exceder del tendrá un plazo de treinta y veinticinco días contados a partir de la recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adicional solicitada. Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción alguna;

IV.- En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión Secretario Ejecutivo, bajo su responsabilidad, podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por cuarenta días adicionales;

V.- Una vez concluida la investigación, el Secretario Ejecutivo turnará el asunto al Pleno, quien contará con 10 días para emitir su resolución preliminar. La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada. Concluido el plazo sin emitir resolución se entenderá que la Comisión objeta la concentración; y

VI.- La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos involucrados; y

VII.- Una vez emitida la resolución preliminar y en caso de que los agentes económicos que la hayan notificado acepten expresamente la resolución de la Comisión en todos sus términos, se entenderá que el procedimientoha terminado. En caso contrario, en un plazo de treinta días podrán manifestar lo que a su derecho convenga, adjuntar los medios de prueba documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas que ameriten algún desahogo. El Secretario Instructor contará con cincuenta días para tramitar un procedimiento en elcual se analicen las manifestaciones y se provea sobre las pruebas presentadas. Una vez concluido dicho procedimiento, el Pleno contará con diez días para emitir su resolución definitiva.

Para garantizar la separación de facultades (art.28, par.19 fracc.V CPEUM).

Nueva redacción para separar la etapa de investigación de la resolutoria. Se reducen 10 días en la investigación para otorgárselos al Pleno en la fracción V siguiente.

Debido a la eliminación del Recurso de Reconsideración (CPEUM art. 28 párrafo 19, fracción VII), mediante esta disposición se otorga la posibilidad al agente económico de manifestar lo que a su derecho convenga, como sucede en todos los demás procedimientos.

Quinta.- Las que dictaminan, estiman valiosas las aportaciones de la iniciativa, las observaciones y opiniones de la Secretaría de Economía, así como las adecuaciones presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica, no obstante a raíz de la entrada en vigor -a partir del 12 de junio de 2013- de la reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, particularmente, para el caso que nos ocupa, se modificó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, para dar paso a la Comisión Federal de Competencia Económica, como “… Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados...”

En este sentido, el Congreso de la Unión, de conformidad con el Tercer Transitorio de la reforma, tiene 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma, para realizar las modificaciones correspondientes, en este caso a la Ley Federal de Competencia, para adecuarla a la reforma Constitucional, por lo que se requerirá de una reforma integral de mayor amplitud, en este tenor, las dictaminadoras, estiman tomar en consideración estas aportaciones para el análisis y discusión de la nueva Ley.

No obstante, para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes al Reglamento del Senado de la República, y evitar el llamado rezago legislativo, se propone dictaminar esta propuesta, postergando el tema para su discusión e incluirlo en la reforma que se realice a la totalidad de la Ley y no de manera parcial.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la iniciativa proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Competencia Económica,presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 09 de febrero de 2012.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS".

Uno más, sobre el proyecto de adición al artículo 1069 del Código de Comercio.

1 Se apunta que así se encuentra redactado el texto vigente, donde evidentemente existe un error de sintaxis.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 1069 DEL CODIGO DE COMERCIO

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se ADICIONA el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, suscrita por el Senador con licencia Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el legislador promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

En el capítulo de “Modificaciones” se precisan los cambios realizados a la iniciativa con proyecto de Decreto con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.

II. Antecedentes

1. El día 12 de febrerode 2013 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se ADICIONA el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, suscrita por el Senador con licencia Arturo Zamora Jímenez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente.

2. El día 28 de febrero de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la solicitud de “Licencia” al ejercicio del cargo de Senador de la República de la LXII Legislatura por el estado de Jalisco, al C. Arturo Zamora Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto que en el proceso mercantil las partes puedan otorgar la representación a su defensor (Licenciado en Derecho o quien ejerza la profesión de abogado) para absolver posiciones de manera integral con el propósito de agilizar durante el proceso legal, el desahogo de las audiencias y evitar traslados innecesarios a tribunales.

El Senador promovente destaca que durante el ofrecimiento y desahogo de pruebas dentro del proceso mercantil, aunque en la prueba confesional se ofrece un pliego de posiciones, en la mayoría de las ocasiones es necesario formular nuevos cuestionamientos, ya sea porque las preguntas fueron descalificadas por las autoridades jurisdiccionales o porque de las mismas respuestas surgen nuevas preguntas.

De acuerdo con la exposición de motivos, esta modificación daría cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en cuanto dar celeridad en la resolución de las controversias judiciales en materia mercantil.

Así plantea el siguiente:

Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio

Unico.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Artículo 1069.- (…)

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, incluyendo absolver posiciones por hechos propios, formular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos e interrogar peritos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.

(…)

TRANSITORIOS

UNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden con las preocupaciones del Senador promovente, en el sentido de que uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana ha sido la forma de la impartición de justicia, toda vez que, es cada vez más recurrente ver como los tribunales tardan en resolver los asuntos que le son encomendados, en donde las partes son las más afectadas.

Segunda.- Que el artículo 1069 del Código de Comercio, dispone en su tercer párrafo que:

las partes en los procesos jurisdiccionales podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

En este mismo sentido, el precepto legal en comento, establece que aquellas personas a quienes se les confiera la defensa de los derechos del autorizante deberán contar con la profesión de abogado o licenciado en Derecho para efectos de acreditar su autorización con tal carácter.

Tercera.- Que en cuanto a la representación a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, ha dado lugar a diversas interpretaciones, como acertadamente se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen.

Entre estas interpretaciones se encuentran, que el acreditado al ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y realizar cualquier otro acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, podría hacer preguntas durante las audiencias si fueran abogados y la que sostiene que el abogado requería un mandato especial para articular posiciones.

Cuarta.-Que el pasado 5 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión de órganos jurisdiccionales como los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y el del estado de Sonora, quienes han mostrado su disposición por coadyuvar, intercambiar información, estudios y opiniones, respecto de los asuntos encomendados a esta Comisión dictaminadora cuando sea materia de su competencia con la finalidad de perfeccionar el trabajo legislativo.

Así, el 16 de mayo del año en curso, a través del oficio número P/SPRIV/076/2013 dicha instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión dictaminadora, la opinión con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“El título del decreto señala que se adiciona el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, sin embargo, lo procedente es señalar que se reforma, ya que hoy en día dicho artículo tiene siete párrafos.

Se considera adecuada la reforma a este artículo, sin embargo convendría precisar en su texto lo relativo al alcance de las facultades que se otorgan al autorizado para especificar que comprender tanto las generales como las especiales con cláusula especial, como es el caso de articular y absolver posiciones; así mismo, se debe dejar claro que puede intervenir el autorizado no solo en el juicio, sino también ante la alzada y en la ejecución de la sentencia, para ello darle verdaderamente amplias facultades y propiciar la agilización de los procesos:

Al efecto, se propone la siguiente redacción:

Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo las de absolver y articular posiciones, interrogar y repreguntar a testigos, así como interrogar a peritos, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero, intervenir en representación de la parte que autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y ejecución, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo”.

Quinta.-Las que dictaminan estiman necesario aludir a la interpretación que hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió la contradicción de tesis número 155/2006 para llegar a la siguiente resolución:

AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TERMINOS DEL ARTICULO 1069 DEL CODIGO DE COMERCIO. REQUIERE MANDATO EXPRESO PARA ABSOLVER O ARTICULAR POSICIONES EN NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.

La expresión “ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas” contenida en el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio se refiere al acto de allegar a la causa los instrumentos con los que la parte de que se trate acredite o pretenda acreditar las aseveraciones vertidas en su demanda o en su contestación, así como realizar todo tipo de actos procesales necesarios para su preparación, mas no a la facultad para absolver o articular posiciones, ya que por disposición expresa de los artículos 1214, segundo párrafo, 1215 y 1217 del citado Código para ello se requiere un mandato especial. En efecto, la prueba confesional se rige por la naturaleza que le otorga la mencionada codificación mercantil, de ahí que para su desahogo no debe considerarse que la autorización para oír notificaciones prevista en el referido numeral 1069 sea para articular o absolver posiciones, es decir, para que alguien pueda generar o producir una confesión, requiere que su autorizante haya insertado expresamente en el poder respectivo la delegación específica de tal facultad, o bien una cláusula especial en la que lo autorice para esos efectos, con base en la interpretación sistemática de los artículos señalados, en relación con los numerales 2554, 2555 y 2587 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en la materia.

PRIMERA SALA

CONTRADICCION DE TESIS 155/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. 14 de marzo de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar.

Tesis de jurisprudencia 48/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil siete.

J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Pág. 179

Sexta.- Que el pasado26 de julio del año en curso, se recibió de la Secretaría de Economía la siguiente opinión:

“La Secretaría propone desechar la Iniciativa, toda vez que, la solución propuesta en la Iniciativa no resulta ser la pertinente para resolver la problemática que se plantea en la exposición de motivos. Aún y con la modificación a la propuesta de la Iniciativa, que se contiene en el dictamen, el artículo 1069 párrafo tercero vigente no debe interpretarse de manera aislada, sino en función del sentido sistémico del orden jurídico integrado por los artículos 1214 segundo párrafo, 1215, 1217, 1287, 1289 y 1290 del CC, que establecen a la letra:

Artículo 1214-.Desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta diez días antes de la audiencia de pruebas, se podrá ofrecer la de confesión, quedando las partes obligadas a declarar, bajo protesta de decir verdad, cuando así lo exija el contrario.

Es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas, o general con cláusula para hacerlo.

Artículo 1215.-Las personas físicas que sean parte en juicio, solo están obligadas a absolver posiciones personalmente, cuando así lo exija el que las articula, y desde el ofrecimiento de la prueba se señale la necesidad de que la absolución deba realizarse de modo tan personal, y existan hechos concretos en la demanda y contestación que justifiquen dicha exigencia, la que será calificada por el tribunal para así ordenar su recepción. En caso contrario la absolución se hará por el mandatario o representante legal con facultades suficientes para absolver posiciones.

Artículo 1217.- Tratándose de personas morales, la absolución de posiciones siempre se llevara a efecto por apoderado o representante, con facultades para absolver, sin que se pueda exigir que el desahogo de la confesional se lleve a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ordena en el artículo anterior.

Artículo 1287.- La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las circunstancias siguientes:

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse;

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;

III. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio;

IV. Que se haya hecho conforme a las prescripciones del capítulo XIII.

Artículo 1289.- Para que se consideren plenamente probados los hechos sobre que versen las posiciones que judicialmente han sido dadas por absueltas en sentido afirmativo, se requiere;

I. Que el interesado sea capaz de obligarse;

II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito;

III. Que la declaración sea legal.

Artículo 1290.- El declarado confeso puede rendir prueba en contrario.

Así las cosas, si la Iniciativa versa estrictamente respecto al artículo 1069 párrafo tercero del Código de Comercio, dejando incólume el resto del cuerpo normativo rector de la prueba confesional, particularmente el artículo 1214 del Código de Comercio que dispone que es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absorberlas o general con cláusula especial, resulta importante reflexionar en torno al alcance pretendido con la propuesta planteada, ello considerando un diverso dispositivo donde se prevé que la facultad para absolver posiciones derivará de un mandato concedido para tal efecto.

Fortalece el argumento anterior, las siguientes consideraciones:

La confesión es un acto voluntario que implica el reconocimiento fue un hecho;

(ii) Se trata de hechos realizados por la persona que los declara y,por extensión la persona a quien el declarante representa; Podrá articular posiciones el procurador que tenga poder especial para absolverlas o general con cláusula especial para hacerlo, si bien hace referencia al acto de articular posiciones, esta expresión debe hacerse extensiva al absolvente, teniendo en cuenta el principio de igualdad de las partes en el proceso;

(iii) El artículo 1215 del Código de Comercio antes señalado al considerar el vocablo facultades suficientes, se refiere al requisito que debe cubrir quien absuelve posiciones en nombre de otro, es decir, a las atribuciones que debe tener el absolvente para producir el efecto que pretende quien ofreció la prueba, esto es, para que una absolución haga prueba plena, es necesario que cuente, entre otras circunstancias, con facultades expresas para tal fin, y

(iv) El artículo 1217 del Código de Comercio refiere para el caso de las personas morales, que deben absolver posiciones por conducto de su apoderado o representante, siempre que cuente con facultades para hacerlo, lo que se traduce, en acentuar la necesidad de contar con un mandato para que esté en posibilidad de confesar hechos propios en perjuicio de la parte que represente.

Ahora bien, si el Poder Judicial de la Federación ha considerado en el ejercicio de su labor hermenéutica que la confesión dada su relevancia, sólo será calificada de legal una posición siempre que sea hecha por persona capaz, libre y consciente y tendrá valor en el procedimiento jurisdiccional en la parte en la que perjudique a su autor y no en lo que le beneficia.

Así pues para absolver o articular posiciones a nombre de su autorizante, deberá contar con mandato especial, por disposición expresa de los artículos 1214, segundo párrafo y 1234 del CC, en relación con los artículos 2553, 2554 y 2587 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia.

La Secretaría estima que aún con la modificación hecha en el dictamen a la redacción original de la Iniciativa no se subsana las contradicciones con la normatividad vigente y dará lugar a una gran cantidad de impugnaciones por la vía que corresponda derivado de la aplicación de esa pretendida modificación…”

V. Resolutivo

Las que dictaminan, estiman valiosas las aportaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Economía, no obstante, estas dictaminadoras consideran que de aprobarse la iniciativa, se tendrían que hacer necesariamente otros cambios en el Código de Comercio para unificar la Ley y así poder evitar en lo sucesivo impugnaciones.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se ADICIONA el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 12 de febrero de 2013.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Otro, sobre el proyecto de adición de los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor,






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 65 TER Y 92 BIS 1 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se ADICIONAN los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por la legisladorapromovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

El 23 de abril de 2013 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se ADICIONAN los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor suscrita por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto:

- Obligar a los prestadores del servicio de telefonía celular a informar a los consumidores, los conceptos y monto total a pagar por cada uno de los bienes, productos o servicios que presten.

-Establecer una vigencia ilimitada en el caso de los servicios de telefonía celular denominados “tiempo aire”.

- Prohibir a los prestadores del servicio de telefonía celular, el condicionar al consumidor, el pago del monto facturado, para recibir atención sobre una reclamación.

- Establecer plazo de tres días hábiles, para que los prestadores de servicios de telefonía móvil o fija, resuelvan las peticiones o quejas del consumidor.

- Prever que en caso de que el servicio de telefonía fija o móvil sea suspendido o interrumpido por causa no imputable al consumidor, el proveedor deberá abonar en forma inmediata el tiempo aire que se haya suspendido o interrumpido el servicio.

De acuerdo con el promovente, la gran demanda que actualmente representa el servicio de telefonía celular en la población mexicana se ve reflejada necesariamente también en un alto porcentaje de irregularidades en la prestación del servicio, pues de acuerdo con el “Comunicado número 132” de la Procuraduría Federal del Consumidor” del total de quejas que recibe anualmente, una cuarta parte es contra proveedores del sector de las telecomunicaciones por diversos motivos, entre ellos, la negativa a la recisión del contrato a corregir errores del cobro indebido o a la entrega del producto o servicio.

Así plantea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 65 TER Y 92 BIS 1 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

En los términos siguientes:

UNICO.- Se adicionan los artículos 65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 65 Ter.- Los prestadores de servicio de telefonía celular deberán realizarlo en forma continua y eficiente de conformidad con lo que establece la Legislación aplicable. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible los conceptos así como el monto total a pagar por cada uno de los bienes, productos o servicios que haya contratado y recibido el consumidor.

La vigencia de tiempo aire obtenido mediante mecanismos de prepago será por tiempo ilimitado y no se podrá condicionar a recargas de tiempo aire o propiciar la interrupción de las comunicaciones recibidas a aquellos usuarios cuyo saldo de prepago se haya agotado.

Está prohibido a los prestadores del servicio condicionar la atención de los reclamos al pago previo del monto facturado.

Los prestadores de servicios de telefonía móvil o fija establecerán mecanismos para la tramitación de las peticiones o quejas que les sean presentados directamente por los consumidores. Estas deberán resolverse en un plazo no mayor a tres días hábiles.

En la respuesta que se le proporcione al Consumidor se le informará el derecho que tiene, en caso de que la respuesta no haya sido satisfactoria, de interponer la correspondiente queja ante la Procuraduría.

Artículo 92 Bis 1.- En los casos en que se haya suspendido o interrumpido el servicio de telefonía fija o móvil por causa no imputable al Consumidor se deberá abonar en forma inmediata el tiempo aire que se haya suspendido o interrumpido el servicio.

En los casos en que la interrupción sea superior a veinticuatro horas consecutivas y no obedezca acaso fortuito o fuerza mayor, los consumidores recibirán una compensación o bonificación equivalente al doble del cargo fijo diario por cada día transcurrido.

Los daños y perjuicios que adicionalmente se ocasionaren se deberán demandar ante los tribunales competentes.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.-Estas comisiones dictaminadoras comparten la preocupación del promovente en el sentido del incremento que ha tenido en los últimos años, el número de quejas presentadas por los consumidores en contra de los proveedores que prestan servicios de telefonía celular por diversos motivos, entre los que se encuentran: el incumplimiento de alguna de las partes en las cláusulas del contrato, cobros indebidos en sus tarifas etc.

Que la relación entre consumidores y proveedores se encuentra regulada por la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece en su artículo 6 que:

“Estarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y los consumidores..”

Así el artículo 2 de la Ley referida dispone que:

El “Consumidor” es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Mientras que el “Proveedor” es la persona física o moral en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios;

En este orden de ideas, uno de los principios básicos de la relación de consumo es “La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones”.

Segunda.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el artículo 6 apartado B fracción II que: “…Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias…”

La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

Tercera.- Que la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone en su artículo 9-A que la “Comisión Federal de Telecomunicaciones” es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

XI. Registrar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, y establecer obligaciones específicas, relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información incorporando criterios sociales y estándares internacionales, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica;...”

Cuarta.- Que en cuanto a las “tarifas” en el servicio de las telecomunicaciones en el capítulo V de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone lo siguiente:

1) Que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y permisionarios deberán incluir dentro de su oferta comercial planes y tarifas, el cobro por segundo, sin perjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

2) Que las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes previamente a su puesta en vigor. Los operadores no podrán adoptar prácticas discriminatorias en la aplicación de las tarifas autorizadas.

3) Que los concesionarios no podrán otorgar subsidios cruzados a los servicios que proporcionan en competencia, por sí o a través de sus empresas subsidiarias o filiales.

4) Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estará facultada para establecer al concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, que tenga poder sustancial en el mercado relevante de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.

La regulación tarifaria que se aplique buscará que las tarifas de cada servicio, capacidad o función, incluyendo las de interconexión, permitan recuperar, al menos, el costo incremental promedio de largo plazo.

Quinta.- Que el pasado 30 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Así, el 13 de mayo del año en curso, a través del oficio número SPJ/176/2013 la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Vigente

Texto Iniciativa

Opinión de la PROFECO

Capítulo VI

De los servicios

No existe

Artículo 65 Ter.- Los prestadores de servicio de telefonía celular deberán realizarlo en forma continua y eficiente de conformidad con lo que establece la Legislación aplicable. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible los conceptos así como el monto total a pagar por cada uno de los bienes, productos o servicios que haya contratado y recibido el consumidor.

La vigencia de tiempo aire obtenido mediante mecanismos de prepago será por tiempo ilimitado y no se podrá condicionar a recargas de tiempo aire o propiciar la interrupción de las comunicaciones recibidas a aquellos usuarios cuyo saldo de prepago se haya agotado.

Está prohibido a los prestadores del servicio condicionar la atención de los reclamos al pago previo del monto facturado.

Los prestadores de servicios de telefonía móvil o fija establecerán mecanismos para la tramitación de las peticiones o quejas queles sean presentados directamente por los consumidores. Estas deberán resolverse en un plazo no mayor a tres días hábiles.

En la respuesta que se le proporcione al Consumidor se le informará el derecho que tiene, en caso de que la respuesta no haya sido satisfactoria, de interponer la correspondiente queja ante la Procuraduría.

La Procuraduría Federal del Consumidor considera inviable e innecesaria la iniciativa propuesta por el legislador, toda vez que lo que pretendeel legislador actualmente se encuentra establecido para todo proveedor de bienes, productos y servicios en los artículos 7 Bis y 57 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Capítulo I

Disposiciones Generales

ARTICULO 7 BIS.- El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Capítulo VI

De los servicios

ARTÍCULO 57.- En todo establecimiento de prestación de servicios, deberá exhibirse a la vista del público la tarifa de los principales servicios ofrecidos, con caracteres claramente legibles. Las tarifas de los demás, en todo caso, deberán estar disponibles al público.

De igual manera, la NOM-184-SCFI-2012, PRÁCTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUANDO UTILICEN UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES tiene como finalidad garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor, por lo cual es importante resaltar lo que a continuación se indica:

4. Elementos informativos

4.3 La información y publicidad relativa a la comercialización y/o prestación del servicio de telecomunicaciones que difunda el proveedor, por cualquier medio o forma, debe ser veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

4.3.1 La información comercial que proporcione el proveedor debe estar en idioma español, sus caracteres deben ser indelebles, legibles a simple vista, sin menoscabo de que además pueda presentarse en otro idioma. En caso de controversia prevalecerá la versión en idioma español.

…4.4.2Descripción, características, contenidos y demás información que se incluya en los planes o paquetes de servicios…

4.5 El proveedor debe exhibir en su portal de Internet, así comoen el establecimiento cuando menos, la siguiente información:…”

Así, se considera que la propuesta formulada por el Senador está cubierta por los fundamentos legales citados, los cuales contemplan y regulan la obligación del proveedor de brindar al consumidor la información necesaria, de manera clara y veraz que permita a los consumidores una adecuada elección de los servicios a contratar, por lo que se estima que la aprobación de la iniciativa en estudio resulta innecesaria.

Con relación a la vigencia de tiempo aire, se debe considerar que la NOM-184-SCFI-2012, PRACTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACION Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUANDO UTILICEN UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, regula únicamente servicios de “pospago”, tales como los planes y paquetes, no así los de servicios de “prepago”, mediante recarga de tiempo aire.

La Procuraduría coincide con el interés del legislador, toda vez que como lo indica el legislador, son mecanismos o estrategias dolosas de interrupción en la comunicación y que pretenden obligar al usuario a una recarga, aún y cuando el consumidor, en su caso haya utilizado todo el “tiempo aire” durante la vigencia del mismo, deba y encuentre obligado a pagar una “recarga”, a efecto de que el tiempo aire que le fue suspendido le sea reactivado.

Sin embargo, no es viable la manera en que se pretende su regulación.

En relación a que los prestadores de servicios de telefonía móvil o fija establezcan mecanismos para la tramitación de las peticioneso quejas que les sean presentados directamente por los consumidores, las cuales deberán resolverse en un plazo no mayor a tres días hábiles, también se considera inviable para esta Procuraduría.

Resulta ineficaz, en virtud de que actualmente y en primera instancia, los consumidores acuden con el proveedor, quien ante su negativa o a falta de solución, acuden a esta dependencia; por lo que no evitaría que dicha situación cambiase, puesto que el mismo proveedor, se convierte en juez y parte de un problema en el que el consumidor no puede solucionar sin el apoyo necesario y que le brinda esta Procuraduría como autoridad administrativa, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Capítulo XI

Del incumplimiento

No existe

Artículo 92 Bis 1.- En los casos en que se haya suspendido o interrumpido el servicio de telefonía fija o móvil por causa no imputable al Consumidor se deberá abonar en forma inmediata el tiempo aire que se haya suspendido o interrumpido el servicio.

En los casos en que la interrupción sea superiora veinticuatro horas consecutivas y no obedezca acaso fortuito o fuerza mayor, los consumidores recibirán una compensación o bonificación equivalente al doble del cargo fijo diario por cada día transcurrido.

Los daños y perjuicios que adicionalmente se ocasionaren se deberán demandar ante los tribunales competentes.

En relación a la propuesta es necesario indicar que los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor establecen:

ARTICULO 92 BIS.- Los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor, o por los demás casos previstos por la ley.

ARTICULO 92 TER.- La bonificación a que se refieren los artículos 92 y 92 Bis no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado. El pago de dicha bonificación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios.

Para la determinación del pago de daños y perjuicios la autoridad judicial considerará el pago de la bonificación que en su caso hubiese hecho el proveedor.

La bonificación que corresponda tratándose del incumplimiento a que se refiere al artículo 92, fracción I, podrá hacerla efectiva el consumidor directamente al proveedor presentando su comprobante o recibo de pago del día en que se hubiere detectado la violación por la Procuraduría y no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado.

De igual manera, el artículo 32 del Reglamento de laLey Federal de Protección al Consumidor establece:

ARTICULO 32.- La bonificación o compensación es el derecho que tiene el consumidor de recibir un pago extraordinario en los supuestos establecidos en los artículos 37, 41, 50, 60, 61, 82, 92, y 92 BIS de la Ley, en términos del artículo 92 TER de la misma.

De lo anterior, se desprende que la adición que pretende el legislador es innecesaria, por las consideraciones señaladas en los artículos anteriores. Asimismo, obligar al prestador de servicio a bonificar o compensar hasta en el doble del cargo, puede considerase excesivo.

Toda vez que de los artículos anteriores, se prevé la posibilidad tanto de habilitar el tiempo aire que le fue suspendido, bonificar o compensar al consumidor en un monto que no podrá ser menor al veinte por ciento y en su caso, una indemnización correspondiente a daños y perjuicios.

Sexta.- Estas comisiones dictaminadoras, comparten la opinión de la Procuraduría Federal del Consumidor, toda vez que algunos de los planteamientos propuestos por elSenador promovente, se encuentran previstos en los artículos 7 BIS, 57, 92 BIS y 97 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor así como en las Normas Oficiales Mexicanas 184-SCFI-2012, en relación a “PRACTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACION Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUANDO UTILICEN UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES” así como “PRACTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACION Y/O PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUANDO UTILICEN UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES”.

No obstante, en cuanto a la propuesta referente al “tiempo aire” contenida en la adición del artículo 65 Ter segundo párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las que dictaminan estiman que desde el punto de vista jurídico es improcedente ubicarlo dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor como lo propone el Senador promovente.

Por lo que las que dictaminan, estiman que desde el punto de vista jurídico lo adecuado sería incorporarlo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, sin embargo, a raíz de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días naturales a partir de la promulgación de la Reforma -que fue el 12 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación- para emitir un nuevo lineamiento.

Aún y corrigiendo los lineamientos jurídicos de la iniciativa, en el corto plazo podría ser abrogada toda vez que la vigente “Ley Federal de Telecomunicaciones” será sustituida por otra nueva Ley en materia de telecomunicaciones.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 65 TER Y 92 Bis 1 de Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 23 de abril de 2013.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Y uno más, relativo al proyecto de reforma al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodología de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes” se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores.

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por la legisladora promovente.

En el capítulo de “Consideraciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

II. Antecedentes

El 23 de abril de 2013 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor suscrita por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente.

III.- Contenido de la Iniciativa

La iniciativa tiene por objeto elevar a rango de ley la obligatoriedad de que aquellos productos en los que se utilizaron insumos o componentes derivados del petróleo se les inserte, la leyenda “Hecho con Petróleo Mexicano”

De acuerdo con el Senador promovente, en el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2009, el total de ventas de productos elaborados a base de petróleo sumaba 3 mil 298 millones de pesos, de los cuales 2 mil 500 millones de pesos correspondieron a las ventas en territorio nacional, mientras que 798 millones fueron de ventas en el extranjero.

Por lo que podemos observar que la aplicación del petróleo y sus derivados, se encuentran en la mayoría de los procesos y productos de aplicación en la vida cotidiana.

Así plantea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- SE REFORMA Y ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 34 DE LA DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR para quedar de la siguiente forma:

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

Capítulo III

De la información y publicidad

ARTICULO 32. a 33.- …

ARTICULO 34.- Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.

Cuando se trate de productos en los que se utilizaron insumos derivados del petróleo o en cuyos componentes de elaboración fue utilizado petróleo, deberá asentarse en la etiqueta o envasado la leyenda “Hecho con petróleo mexicano” de conformidad con lo que establece el artículo 3 del presente ordenamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. A partir de su publicación, la Secretaría de Economía tendrá seis meses para iniciar los procedimientos de elaboración y promulgación de la Norma Oficial Mexicana a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto”.

IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Las que dictaminan coinciden con el Senador promovente en el sentido de la gran importancia que tiene para la economía del país la industria petrolera pues a través de ella, se ha podido financiar obras públicas como escuelas, hospitales, carreteras etc.

El artículo 3 de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo establece que:

La industria petrolera abarca:

I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación;

III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos, que a continuación se enumeran:

1. Etano;

2. Propano;

3. Butanos;

4. Pentanos;

5. Hexano;

6. Heptano;

7. Materia prima para negro de humo;

8. Naftas; y

9. Metano, cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos.

Segunda.- Que el pasado 30 de abril del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Así, el 13 de mayo del año en curso, a través del oficio número SPJ/176/2013 la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes:

“La Procuraduría Federal del Consumidor considera inviable la propuesta del legislador, en virtud de que la obligación establecida en la Ley, no tiene por objeto la promoción de productos elaborados con elementos propios de nuestro País, por lo que esta dependencia, protege y promueve los derechos del consumidor, con independencia de que los productos que adquieran sean o hayan sido elaborados con componentes nacionales o extranjeros y como consecuencia de ello, fomenta permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de consumo, y los derechos que los asisten, de conformidad con el artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor”

Tercera.- En el caso que nos ocupa, las que dictaminan estiman necesario hacer un análisis jurídico comparativo de diversas disposiciones que a continuación se presenta:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Texto Iniciativa Sen. Rabindranath Salazar Solorio

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización

NOM-050-SCFI2004 “Información Comercial Etiquetado General de los Productos”

Consideraciones de las dictaminadoras

Capítulo III

De la información y publicidad

ARTICULO 34.- Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional comode procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.

Capítulo III

De la información y publicidad

ARTICULO 32. a 33.- …

ARTICULO 34.- Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.

Cuando se trate de productos en los que se utilizaron insumos derivados del petróleo o en cuyos componentes de elaboración fue utilizado petróleo, deberá asentarse en la etiqueta o envasado la leyenda “Hecho con petróleo mexicano” de conformidad conlo que establece el artículo 3 del presente ordenamiento.

CAPITULO III

De la Medición Obligatoria de las Transacciones

ARTICULO 21.- Los productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o comerciantes deberán ostentar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a continuación de la frase contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o mercancía que contengan. Tal cantidad deberá expresarse de conformidad con el Sistema General de Unidades de Medida, con caracteres legibles y en lugares en que se aprecie fácilmente.

Cuando la transacción se efectúe a base de cantidad de partes, accesorios o unidades de efectos, la indicación deberá referirse al número contenido en el empaque o envase y, en su caso, a sus dimensiones….”

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la “información comercial” que deben contener los productos de fabricación nacional y de procedencia extranjera que se destinen a los consumidores en el territorio nacional y establecer las características de dicha información.

De acuerdo con el artículo 2.1de la referida norma, los productos sujetos a la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, deben contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente información comercial obligatoria:

“…d) La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo Producto de... , Hecho en... , Manufacturado en... , Producido en... , u otros análogos”.

Que el contenido del capítulo III de la Ley Federal de Protección al Consumidor denominado “De la Información y publicidad”, le otorga facultades a la Procuraduría Federal al Consumidor para “analizar” y “verificar” la información o publicidad que contenga en su etiquetado los productos, a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, por lo que no se encarga de regular los lineamientos que deben contener su etiquetado tal y como lo regula el artículo 21 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalizacióny la NOM-050-SCFI2004 “Información Comercial Etiquetado General de los Productos”.

Cuarta.- Estas dictaminadoras, consideran que no hay que perder de vista el objetivo fundamental de la Ley Federal de Protección al Consumidor que es el de “Promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”, por lo que la propuesta se aleja de ese objetivo al pretender regular de lineamientos que no están conferidos por la Ley y que son materia de otras disposiciones legales como el caso de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y la propia NOM-050-SCFI2004 “Información Comercial Etiquetado General de los Productos”

V. Resolutivo

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las propuestas contenidas en la iniciativa del Senadora promovente, no obstante desde el punto de vista jurídico no son materia de la Ley Federal de Protección al Consumidor sino que su regulación se encuentra en las disposiciones legales descritas con anterioridad.

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 23 de abril de 2013.

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida.

Sala de comisiones del Senado de la República, a 6 de noviembre de 2013.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS".

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes. En virtud de que no hay oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan los proyectos de Decreto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aprobados los dictámenes. Se instruye a la Secretaría parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, sobre Crédito de Vivienda.






DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 71 A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Informo a la Asamblea que la Comisión de Vivienda hizo llegar a esta Mesa Directiva una propuesta de modificación sobre este dictamen, misma que someteremos a su consideración.

El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura a dicho documento.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta.

"Dice:

Artículo 71.Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social, aprobado por el Consejo de Administración.

Debe decir:

Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

Atentamente

Sen. María Elena Barrera Tapia

Presidenta."

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, pido ahora a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si admite a discusión la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Al no haber oradores inscritos, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la modificación presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la modificación. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, la discusión del dictamen de reformas a la Ley del INFONAVIT será con la modificación que acaba de ser aceptada por esta Asamblea.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Para ello, una vez que se abre el proceso de discusión, se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia señor Presidente; señoras y señores Senadores:

Como lo comenté hace unos minutos, hoy nuevamente ratifico que el dictamen señala que al definir la cobranza social como el modelo de acciones, productos y servicios que ofrece el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice de cartera vencida, se regulan, por un lado, los intereses del mercado y, por otra parte, se garantizan las razones del Estado de generar condiciones de bienestar para los trabajadores.

También indica que se fortalecerá el carácter social del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores en una economía de mercado en el que se debe de garantizar un equilibrio entre los créditos, los acreditados y sus distintas problemáticas de pago con los intereses de quienes facilitan la adquisición de una vivienda con un plan hipotecario.

Se reitera que el modelo de cobranza social que practica el Instituto ha demostrado que al mantener una cartera rentable se puede ofrecer más oportunidades de vivienda para sus trabajadores derechohabientes, por lo que la reforma legal garantizará la aplicación constante y segura de este modelo.

Afirma que el modelo de cobranza social, en pocas palabras, se traduce en una alternativa para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador, atendiendo al mismo tiempo a su capacidad de pago.

También se analiza y se señala que en el ordenamiento jurídico mexicano el contenido de cada ley tiene un orden lógico que otorga claridad al texto de la misma y facilita la identificación de cada una de sus normas dentro de la estructura del texto normativo, y que las leyes se organizan sobre la base de un orden metodológico que facilite el entendimiento de la norma.

Por este motivo, la minuta considera que por técnica legislativa resulta adecuado ubicar la propuesta legislativa en el artículo 71, en lugar de colocarlo en el artículo 51 Bis 7, como originalmente se planteó en la iniciativa, así como mejorar la redacción del proyecto de Decreto para darle mayor claridad y certeza jurídica.

Por ello, y con base a lo leído, el proyecto de Decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, tiene un solo artículo.

Se adiciona al artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue.

Artículo 71.- Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes, depositando en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

Por su apoyo a este dictamen, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Informo a la Asamblea que en virtud de que en este momento se encuentran varias compañeras y compañeros trabajando en comisiones, y para que ellos puedan continuar con ese trabajo y, en su momento, votar el dictamen del cual hoy hemos dado cuenta, esta Presidencia declara un receso para reanudar nuestros trabajos a las seis de la tarde.

(Receso)

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (13:30 horas del martes 3 de diciembre) Se reanuda la sesión.

Compañeras y compañeros Senadores, antes del receso quedó pendiente la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda; y de Estudios Legislativos, al proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Procederemos en consecuencia.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 87 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros Senadores, antes de continuar con el Orden del Día y a petición del Senador Emilio Gamboa Patrón, esta Mesa Directiva externa sus más sentidas condolencias y su solidaridad con nuestro compañero Braulio Manuel Fernández Aguirre, por el deceso de su padre.






MINUTO DE SILENCIO

La petición del Senador Gamboa Patrón es que podamos guardar un minuto de silencio. Les ruego ponerse de pie.

(Todos de pie, guardan un minuto de silencio)

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura del dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 87 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal sobre vehículos en abandono.






DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 45 BIS, 45 BIS 1, 55 BIS, 55 BIS 1 Y 55 BIS 2 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gacetadel Senado de este día. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión en lo general.

Debido a que no hay oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción I Bis del artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de protección materno infantil.






DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION I BIS AL ARTICULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, en materia de atención de transmisión de VIH/SIDA en mujeres embarazadas.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 1 de marzo de 2011, los Senadores Guillermo Tamborrel Suárez, Felipe González González, Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Antonio Badía San Martín, Martha Leticia Sosa Govea, Minerva Hernández Ramos, Beatriz Zavala Peniche, Juan Bueno Tenorio y Héctor Pérez Plazola, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención de la transmisión perinatal del VIH/SIDA.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha iniciativa, se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 1 de diciembre de 2011, quedó de primera lectura el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 61 de la Ley General de Salud.

3. Con fecha 8 de diciembre de 2011, se presentó en segunda lectura el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 61 de la Ley General de Salud. El dictamen fue aprobado nominalmente con 78 votos en pro, cero en contra y ninguna abstención. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió el dictamen aprobado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

4. Con fecha 19 de diciembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 61 de la Ley General de Salud fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

5. Con fecha 7 de marzo fue recibida la minuta que nos ocupa, por la Mesa Directiva del Senado de la República, misma fecha en que fue remitida a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos para su respectivo Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta que origina el presente dictamen, tiene como finalidad adicionar una fracción al artículo 61 de la Ley General de Salud, con el propósito de que, la atención materno-infantil, que tiene carácter prioritario, comprenda el diagnóstico y, en su caso, la atención oportuna a las mujeres embarazadas con VIH/sida a fin de evitar la transmisión perinatal del virus.

III. CONSIDERACIONES

A. Estas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos invocan el párrafo cuarto del Artículo 4º Constitucional que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y aluden a la fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general de la República, concluyendo que estas Comisiones Unidas son competentes para conocer sobre el presente asunto.

B. Para el año 2011 la prevalencia de infección por VIH en población adulta del país (15 a 24 años) era de 0.24%, lo que implicó que para finales del mismo año se estimara que habían cercade 147,137 personas viviendo con VIH en nuestro país. Cabe destacar que el país se fijó como Meta dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) el tener para el año 2015 una prevalencia menor al 0.6% en población adulta.

C. Hasta el día de hoy, la epidemia del VIH/SIDA continúa concentrada en el país dentro de las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, personas que se dedican al trabajo sexual (PTS), especialmente hombres trabajadores sexuales (HTS); así como en las personas que usan drogas inyectables (UDI), sin embargo, con base en la evidencia actual de prevalencias de VIH se debe de continuar el pilar de la prevención focalizada para reducir las nuevas infecciones en estos grupos poblacionales y vulnerables. En México en gran medida atribuible al financiamiento de tratamiento antirretroviral sin costo para las personas sin seguridad social mediante el Seguro Popular.

D. La mortalidadpor VIH/SIDA por sexo se observan progresos alentadores en el país; Del 2008 a 2011, se observa una reducción preliminar en la tasa bruta de mortalidad en hombres del 11%; y una reducción del 17% en mujeres.

El Registro Nacional de casos SIDA (RNCS), que es la principal herramienta para la vigilancia de esta epidemia en el país; y cuya gerencia está a cargo de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indicaba para septiembre del 2012en el país, que se habían notificado un total de 159,411 casos de SIDA (82% en hombres) y 42,920 casos que continúan como seropositivos al VIH (74% en hombres), ante lo anterior es evidente que la epidemia en el país continúa siendo predominantemente masculina, de acuerdo con datos de CENSIDAdel 2012.

E. A nivel nacional el porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas del 52.4% (CENSIDA, 2012), cifra que indica la ardua necesidad de homologar esfuerzos en todas las instituciones de salud. Mientras que en la Secretaría de Salud la cobertura de detección era cercana al 80% y en PEMEX del 100%, en otras instituciones de la seguridad social estas coberturas están incluso por niveles debajo del 15%. La cobertura en detecciones de sífilis en embarazadas es de 81%, casi 30 puntos porcentuales mayor a la de VIH, conservando también una variabilidad de cobertura por institución de salud.

F. De 2008 a 2011 se muestra de manera sostenida un incremento en las detecciones anuales de casos que se mantienen como seropositivos al VIH y un decremento de los diagnósticos de casos SIDA, es decir, se están notificando cada vez más casos en estadios tempranos (seropositivos al VIH) que en etapas de progresión tardía en la enfermedad (etapa SIDA). Este destacado logro podría estar vinculado en cierta medida a los esfuerzos a nivel nacional para incrementar las detecciones oportunas en la población; así como a la mejora del proceso de registro y notificación de los casos. Para finales de 2011 ya se detectaban más casos de seropositivos con VIH, que de personas en etapa de SIDA, 5,107 casos contra 5,053 casos respectivamente.

G. La convocatoria de 2012, destinó para tales fines un monto de $25’106,159.10 que se aplicó al financiamiento de 28 proyectos pertenecientes a las siguientes categorías de intervención: Prevención Focalizada; Prevención en las Fronteras; Ambientes Favorables para la Reducción de la Vulnerabilidad, la Discriminación y el Estigma; Supervisión y Coordinación de la Asistencia Técnica; Prevenir en Educación; Estrategias Validadas y en uso en el Proyecto por el Fondo Mundial; Diagnóstico Temprano de VIH e Integración de los Servicios de Salud. Con lo anterior, se cierra una cifra acumulada de $177’245,211.98 destinados al financiamiento de 490 proyectos durante la pasada administración.

H. Datos de CENSIDA señalaron quedurante el 2012 se destinaron recursos federales a través del Anexo 4 del Seguro Popular para la adquisición de 60.8 millones de condones masculinos destinados a las poblaciones en mayor riesgo. En adición, a través del ramo 33 estatal, se adquirieron otros 12 millones de condones masculinos para estas poblaciones; y mediante el Proyecto del Fondo Mundial se adquirieron 35’235,256 piezas de condones masculinos y 23,160 condones femeninos, que se repartieron en las poblaciones clave intervenidas por este proyecto que son HSH, HTS, UDI Y PVVIH. Lo anterior implica que con la suma de esfuerzos se adquirieron en el 2012 más de 108 millones de condones destinados a estas poblaciones que son las más afectadas por la epidemia del VIH en el país.

I. Por otra parte, en relación a la Minuta que nos ocupa, debe destacarse que los avances médicos señalan que la incidencia de niños recién nacidos con VIH/SIDA debería ser cero, ya que hoy en día se cuenta con los medios necesarios para evitar la transmisión perinatal.

Por ello se enfatiza que uno de los objetivos de la estrategia de ONUSIDA para el año 2015, es precisamente eliminar la transmisión vertical del VIH y reducir a la mitad la mortalidad materna relacionada con el sida. Es de destacarse que durante la última década se han conseguido progresos significativos, encontrando que las tasas de infección entre niños cuyas madres eran seropositivas descendieron un 26 por ciento de 2001 a 2009.

J. Estas Comisiones dictaminadoras consideran loable y viable la Minuta incumbencia del presente Dictamen, para poder plasmar en la Ley, las acciones para la protección materno infantilque entre ellas sea de carácter prioritario la atención de la transmisión del VIH/SIDA y otras infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal. Con ello se reforzarán las acciones y estrategias adecuadas para que todos aquellos que padecen y son portadores del VIH-SIDA puedan tener acceso a los tratamientos antirretrovirales en el país, así como realizar pruebas de detección de VIH a todas las mujeres embarazadas, brindar consejería y medicamentos antirretrovirales a las mismas que vivan con VIH y de esta forma lograr una transmisión vertical cero.

K. Los integrantes de las Dictaminadoras consideran que el siguiente dictamen es viable debido a que es necesario seguir implementando acciones contra la enfermedad del VIH/sida, en este caso, de la transmisión por vía perinatal.

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

...

I. ...

I Bis. La atención de la transmisión del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal;

II. a V. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en sus ámbitos de competencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de sus respectivas disponibilidades presupuestarias.

COMISION DE SALUD;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Para el año 2011 la prevalencia de infección por VIH en población adulta del país entre 15 y 24 años era de 0.24 por ciento, lo que implicó que para finales del mismo año se estimara que habían cerca de 147 mil 137 personas viviendo con VIH en nuestro país. Cabe destacar que el país se fijó como meta dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio el tener para el año 2015 una prevalencia menor al0.6 % en población adulta.

La mortalidad por VIH-SIDA por sexo, de 2008 a 2011, se observó una reducción preliminar en la tasa bruta de mortalidad en hombres del 11 por ciento y una reducción del 17 por ciento en mujeres.

Nuestro Registro Nacional de Casos de Sida, indicó que para septiembre de 2012 se había notificado un total de 159 mil 411 casos de SIDA, de los cuales, 82 por ciento de los portadores son del género masculino y 42 mil 920 casos que continúan como seropositivos al VIH, de los cuales el 74 por ciento de los portadores son hombres, es evidente que la epidemia en el país continúa siendo predominantemente masculina, de acuerdo con datos de CENSIDA de 2012.

El dictamen de la minuta que vengo a presentar tiene que ver con la transmisión perinatal de este padecimiento.

A nivel nacional el porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas es del 52.4 por ciento, cifra que indica la ardua necesidad de homologar esfuerzos en todas las instituciones de salud. Mientras que en la Secretaría de Salud la cobertura de detección es cercana al 80 por ciento y en PEMEX del 100 por ciento, en otras instituciones de la seguridad social estas coberturas están incluso por niveles de bajo del 15 por ciento. Actualmente la cobertura en detecciones de sífilis en embarazadas es de 81 por ciento, casi 30 puntos porcentuales mayor a la de VIH, a pesar de conservar también una variabilidad de cobertura por institución de salud.

A pesar de que para finales del 2011 ya se detectaban más casos de seropositivos con VIH, que de personas en etapa de SIDA, esto fue 5 mil 107 casos contra 5 mil 53 casos, respectivamente. Aún falta mucho por hacer.

En 2012, se destinó para tales fines un monto de 25 mil 106 millones de pesos que se aplicó al financiamiento de 28 proyectos pertenecientes a Prevención Focalizada; a Prevención en las Fronteras; Ambientes Favorables para la Reducción de la Vulnerabilidad, la Discriminación y el Estigma; Supervisión y Coordinación de la Asistencia Técnica; Prevenir en Educación; Estrategias Válidas y el uso en el Proyecto por el Fondo Mundial; Diagnóstico Temprano de VIH e Integración de los Servicios de Salud. Con lo anterior, se cierra una cifra acumulada de 177 millones 245 mil 211 pesos destinados al financiamiento de 490 proyectos durante la pasada administración.

Datos de CENSIDA señalaron que durante el 2012 se destinaron recursos federales a través del Anexo 4 del Seguro Popular para la adquisición de 60.8 millones de condones masculinos destinados a la población en mayor riesgo. En adición, a través del Ramo 33 Estatal, se adquirieron otros 12 millones de condones masculinos para estas poblaciones; y mediante el Proyecto del Fondo Mundial se adquirieron 35 millones 235 mil 256 piezas de condones masculinos y 23 mil 160 condones femeninos que se repartieron en las poblaciones clave. Lo anterior implica que con la suma de esfuerzos se adquirieron en 2012 más de 108 millones de condones destinados a estas poblaciones que son las más afectadas por la epidemia de VIH en el país.

Por otra parte, en relación a la minuta que nos ocupa, debe destacarse que los avances médicos señalan que la incidencia de niños recién nacidos con VIH/SIDA debería de ser cero, ya que hoy en día se cuenta con los medios necesarios para evitar la transmisión perinatal.

Por ello se enfatiza que uno de los objetivos de la estrategia de ONUSIDA para el año 2015, es precisamente eliminar la transmisión vertical del VIH y reducir a la mitad la mortalidad materna relacionada con el SIDA. Durante la última década se consiguieron progresos significativos, encontrando que las tasas de infección entre niños, cuyas madres eran seropositivas, descendieron un 26 por ciento entre 2001 a 2009.

Finalmente, es por todo lo anterior, que las comisiones dictaminadoras consideran loable la minuta para establecer en la ley las acciones para la protección materno infantil que entre ellas sean de carácter prioritario la atención a la transmisión de VIH/SIDA y otras infección de transmisión sexual en mujeres embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal. Por ello, compañeras y compañeros Senadores, pido su voto a favor de la presente minuta, porque con ello estaremos reforzando las acciones y estrategias adecuadas para que todos aquellos que padecen y son portadores de VIH/SIDA, puedan tener acceso a los tratamientos antirretrovirales en el país, así como realizar pruebas de detección de VIH a todas las mujeres embarazadas, brindar consejería y medicamentos antirretrovirales a las mismas que vivan con VIH y de esta forma lograr una transmisión vertical cero.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras y compañeros Senadores.

Desde esta máxima tribuna, quiero aprovechar esta oportunidad, del Senado de la República para enviarle los mejores deseos de salud, a un paisano, a un gran amigo, a un líder mexicano, al licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Sabemos que le va a ir muy bien, que México lo necesita, hombres y mujeres valientes de este país necesitamos que Andrés Manuel López Obrador esté al frente de las luchas democráticas.

Así que, Andrés Manuel, mucho éxito y mucha salud.

Sobre el tema del VIH y la salud perinatal, ya la Senadora Maki, fue muy explícita, sin embargo, les quiero platicar una anécdota para concientizar y que podamos dar este apoyo a este dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos.

En un hospital del sureste, un día llegó una paciente, con un diagnóstico extraño, no queríamos o no se quería aceptar el diagnóstico de sida.

Tenía un cuarto aislado y las enfermeras, las trabajadoras sociales, los médicos, pues no tenían los cuidados, no usaban la bata protectora, cubre bocas, guantes, hasta que haciendo un análisis de fondo, de cuál era la sintomatología, el cuadro clínico que presentaba esta paciente, redacté una noche, una madrugada, de guardia, una cuartilla, basado en la experiencia que tuve de laborar en el Hospital de Infectología de la Raza, y puse que la paciente tenía diagnóstico de VIH/Sida.

Salí de guardia a las siete de la mañana, y al día siguiente, al regresar al hospital, me percaté que la paciente había sido dado de alta. Pregunté por qué, cuáles eran las condiciones de esa paciente, y la información que me dieron era que no, que la paciente había mejorado drásticamente y que había sido egresada del hospital.

Pasó el tiempo y a los siete meses, estando de guardia también, llega una paciente, en trabajo de parto, con sufrimiento fetal, entra la paciente al quirófano de urgencia, se le hace una cesárea, sangre regada por todos lados, y resulta que esa paciente que se le había hecho la cesárea, era la misma paciente que había estado hospitalizada siete meses antes con VIH/SIDA, y no se le había aplicado el tratamiento ni al niño ni a los médicos, ni la enfermera habían tomado las precauciones y los cuidados necesarios para el manejo de la sangre y de una cirugía de estas características.

Eso nos debe hacer conciencia que tenemos que entender que esta enfermedad vive con nosotros, que efectivamente sigue el número cada día ascendiendo más, de padecimientos como éstos. Que tenemos que buscar todas las formas de prevenir, a través de la cultura, de la educación y del uso del condón.

Todavía, al día de hoy, a veces en algunas farmacias llegan las personas y piden: me da usted un condón. Y el despachador se ríe, y dice: es que es un preservativo. Y yo insisto, que los preservativos son aquellos que preservan los alimentos. Hay que llamarles condón y hay que aceptar cuál es la medida y las formas de transmisión de esta grave enfermedad que prevalece el día de hoy con nosotros. Al igual que a las instituciones de Salud, para que existan los esquemas completos de tratamiento; ya que al faltar algunos de los medicamentos, retrocede en la enfermedad y el padecimiento y aunado a esto, obviamente, los altos costos que conllevan la falta de estos medicamentos.

Así que, el evitar este traspaso del virus de la madre al niño, es algo básico y fundamental que tenemos que trabajar en ello.

Y por eso les solicito a todos ustedes apoyar este dictamen para el bien de todos.

Muchas gracias, por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Mayans Canabal.

No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 90 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud.

Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Tenemos ahora la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto que adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA LA FRACCION XXX AL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 13 de junio de 2007, el Diputado Ector Jaime Ramírez Barba, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 9 de octubre de 2007, se sometió ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen de la Comisión de Salud, respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3 de la Ley General de Salud. Se aprobó con 370 votos a favor; 0 en contra y 1 abstención.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, turnó a la Cámara de Senadores, la Minuta en comento.

3. Con fecha 11 de octubre de 2017, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, la minuta de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondientes.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La colegisladora señala que la Ley General de Salud fue creada para ser la reguladora del derecho a la protección de esta y que entre otras finalidades tiene la de procurar el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana.

En este sentido señala que el artículo 3o. de la Ley General de Salud define las materias consideradas de salubridad general conforme al mandato Constitucional contenido en el artículo 4º párrafo cuarto, que establece el derecho a la protección de la salud, así como el artículo 73 fracción XVI de nuestra Carta Magna que faculta al Congreso para dictar leyes sobre salubridad general.

Sin embargo, menciona que a lo largo de la vigencia de dicho artículo, han quedado imprecisos y desprotegidos varios términos, que son elementos de la salud y que la afectan directamente, como es el caso del dolor ya que pone en riesgo la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida.

El dolor es un grave problema de salud pública. La distancia que separa el conocimiento cada vez más sofisticado del dolor y su tratamiento de la aplicación efectiva de dicho conocimiento es grande y cada vez mayor. Ni el dolor agudo ni el dolor crónico suelen recibir un tratamiento adecuado por muy diversas razones de cultura, actitud, educación, política y logística.

Es en este sentido que se pretende adicionar una fracción XXX al Artículo 3º de la Ley General de Salud, que establece:

DECRETO DE LA MINUTA

Artículo 3o. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. La sanidad internacional;

XXX. El tratamiento integral del dolor, y

XXXI. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se adoptó en 1990 un documento básico para el progreso de los cuidados paliativos, mismos que de acuerdo con la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, EAPC, por sus siglas en inglés, se definen como “el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial”.

Posteriormente la OMS amplió dicha definición de la siguiente manera: “Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales.”

Dicha Organización señala que para que los cuidados paliativos sean eficaces y cumplan el propósito que tienen, se debe aplicar un enfoque multidisciplinario que integre a la familia, a través de una evaluación y alivio del sufrimiento físico, psicológico y social. Además se mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, disminuyendo el dolor y otros síntomas, proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico, hasta el final de la vida y aún durante el duelo.

C. En México, los cuidados paliativos surgen como programas de asistencia a partir de la atención de los pacientes con cáncer en fase terminal. En el mismo sentido con el aumento de esperanza de vida, pero a su vez el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, se inauguró en 1972 la Unidad de Medicina del Dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, con la finalidad de cubrir las necesidades del enfermo terminal.

Sin embargo, es hasta el 19 de octubre de 1992, que previos los esfuerzos de varios doctores que estudiaron sobre el tema, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo número 106 por el que se establece El Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor, con sede en el Hospital General de México. Es en dicho documento donde se establece en su Artículo 1, que dicho Centro, tendrá como objetivo determinar los contenidos y características de los programas de capacitación en terapia del dolor y prestación de asesoría técnica a las unidades que proporcionan dicho servicio en los establecimientos de salud dependientes de la Secretaría.

Dicha publicación generó la divulgación de los cuidados paliativos, logrando en 1992 la creación de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, así como la del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. En 1999 en la Clínica del Dolor del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” se crea la clínica de Cuidados Paliativos, para la atención principalmente de pacientes oncológicos y la visita domiciliaria. En 2002, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, se conformó el programa de Cuidados Paliativos que incluye el apoyo domiciliario. En el 2007, inició la Unidad de Cuidados Paliativos en Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se realiza el seguimiento a domicilio y además, asistencia telefónica.

D. Posteriormente el 5 de enero de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, así como la creación de un Título Octavo Bis denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”.

Dichas reformas incorporaron en el marco normativo de la salud, aspectos tales como la orientación y capacitación a la población en cuidados paliativos, por lo que respecta a la educación para la salud, según lo establece la fracción III del artículo 112; los objetivos que tiene la inclusión de la materia en la ley, tales como salvaguardar la dignidad de los enfermos, garantizar una muerte natural, limitar la defensa de la vida del enfermo terminal y la obstinación terapéutica, el tratamiento del dolor, entre otros; además de definir una serie de conceptos, para la mejor interpretación de la ley.

E. En este orden de ideas, al respecto se refiere el siguiente:

Proceso Legislativo que subsana la propuesta de la minuta en comento:

• 01-02-2008

Cámara de Senadores.

INICIATIVA con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Presentada por el Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Gaceta Parlamentaria, 1° de febrero de 2008.

• 21-04-2008

Cámara de Senadores.

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.

Aprobado con 70 votos en pro y 0 en contra.

Se turnó a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, 21 de abril de 2008.

Discusión y votación, 21 de abril de 2008.

• 22-04-2008

Cámara de Diputados.

MINUTA proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de Cuidados Paliativos.

Se turnó a la Comisión de Salud.

Gaceta Parlamentaria, 23 de abril de 2008.

• 29-04-2008

Cámara de Diputados.

DICTAMEN de la Comisión de Salud, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de Cuidados Paliativos.

Aprobado con 368 votos en pro y 1 en contra.

Devuelto a la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso e), del artículo 72 constitucional.

Gaceta Parlamentaria, 29 de abril de 2008.

Discusión y votación, 29 de abril de 2008.

• 07-05-2008

Comisión Permanente.

MINUTA proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de Cuidados Paliativos.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.

Nota: Minuta no publicada en Gaceta Parlamentaria, Versión Estenográfica, ni en Diario de los Debates.

• 25-11-2008

Cámara de Senadores.

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de Cuidados Paliativos.

Aprobado con 84 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

Se turnó al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, 25 de noviembre de 2008.

Discusión y votación, 25 de noviembre de 2008.

• 05-01-2009.

Ejecutivo Federal.

DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud en Materia de Cuidados Paliativos.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2009.

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE

Artículo 3o. ...

I. a XXVII. …

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y

Finalmente con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos consideramos viable que se deseche la minuta que adicionaba la fracción XXX al Artículo 3º de la Ley General de Salud, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Artículo Unico. Se desecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionaba la fracción XXX, al Artículo 3º de la Ley General de Salud, toda vez que la Ley General de Salud, fracción XXVII Bis, del Artículo 3º, deja sin materia la presente minuta.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, en consecuencia está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 84 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda desechado el proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXX al artículo3o. de la Ley General de Salud.

Se devuelve a la Cámara de Diputados por los efectos de lo dispuesto por el incido d) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el similar de la Colegisladora del 13 de marzo de 2012 por el que se desechó el proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 55 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta que desecha el proyecto de Decreto por el que se reformaba el Artículo 55 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de febrero de 2010, el Senador Lázaro Mazón Alonso, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 55 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 20 de octubre de 2011, se votó y aprobó en el Pleno del Senado de la República, dicha iniciativa, con un total de 87 votos a favor.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, remitió la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 55 de la Ley General de Salud, a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Con fecha 8 de noviembre de 2011, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 55 de la Ley General de Salud, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

5. Con fecha 13 de marzo de 2012, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la minuta que contenía proyecto de Decreto por el que se reformaba el Artículo 55 de la Ley General de Salud y remitió a la Cámara de Senadores.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El sentido de la minuta es en torno a una propuesta del legislador que plantea la posibilidad de establecer que toda persona de institución pública o privada que tenga conocimiento de algún accidente, se verá obligado a brindar los servicios de salud de urgencia en forma inmediata, con la finalidad de estabilizar sus signos vitales. Asimismo, el responsable del servicio de urgencias, tomará las medidas que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVIde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de mantener vigente la legislación de la materia.

B. Es importante señalar que la propuesta del Legislador, que toda persona de institución pública o privada que tenga conocimiento de algún accidente, se verá obligado a brindar los servicios de salud de urgencia en forma inmediata, con la finalidad de estabilizar sus signos vitales. Asimismo, el responsable del servicio de urgencias, tomará las medidas que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales.

Su propuesta establecía lo siguiente:

Ley General de Salud Vigente

Iniciativa Propuesta

Artículo 55. Las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones.

Artículo 55. Toda persona, institución pública o privada que tenga conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos los que estarán obligados a brindar los servicios de salud de urgencia en forma inmediata con la finalidad de estabilizar sus signos vitales.

Asimismo, el responsable del servicio de urgencias tomará las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido.

D.Sin embargo, coincidimos con la Colegisladora en que la propuesta resulta innecesaria, toda vez que el texto vigente de este artículo establece el supuesto de que una persona que requierala prestación urgente de servicios de salud, debe ser trasladada al establecimiento de salud más cercano “en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones”.

Aunado a ello, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, establece en el Artículo 71, que los establecimientos públicos, sociales y privados que brinden servicios de atención médica para el internamiento de enfermos, están obligados a prestar atención médica inmediata a todo usuario en caso de urgencia que ocurra en la cercanía de los mismos.

E. Con base en ello, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable dar por concluido el trámite del instrumento legislativo en comento, en los términos que señala la Colegisladora, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se confirma el sentido de la resolución tomada por la Colegisladora, por el que se desecha la minuta que pretendía reformar el Artículo 55 de la Ley General de Salud, por considerarse innecesaria la modificación propuesta.

Segundo. Archívese expediente como asunto total y definitivamente concluido.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, en consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de Decreto ya descrito. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se da por totalmente concluido el proyecto de Decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud. Comuníquese.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLITICA

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que el dictamen está a su disposición en el monitor de su escaño, y en esa virtud, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Queda de primera lectura.

Compañeros Senadores, les informo que las proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones.






PROPUESTAS

De la C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud y a los titulares de las secretarías de seguridad pública locales, a reforzar las medidas de seguridad de los hospitales en el país.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA LOCALES, A REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS HOSPITALES EN EL PAIS

"H. ASAMBLEA:

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXII, con fundamento en lo que disponen los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. Que el pasado 25 de noviembre, se reportó en el Instituto Nacional de Rehabilitación, una balacera entre empleados de una camioneta de valores y un grupo de hombres, presuntos asaltantes que portaban batas blancas con el logotipo del hospital en comento, estos últimos intentaron asaltar dicha camioneta.

Derivado de dicho intento de asalto, fallecieron cinco personas, cuatro de las cuales presuntamente son asaltantes y uno, custodio de la camioneta de valores.

B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2013, INVIPE, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo propósito es generar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2012.

Derivado de ello, a través de la ENVIPE, se estimó que 21, 603,990 personas, fueron víctimas de algún delito durante el pasado 2012, lo que equivale a una tasa de 35,535 víctimas por cada 100,000 habitantes de 18 años y más, frente a 30,535 víctimas en 2010. Así mismo se estimó que durante 2012 se generaron 27, 769,447 delitos asociados al número de víctimas ya señalados, esto equivale a 1.3 delitos por víctima.

Una de las razones por las cuales se incrementaron los índices delictivos, se debe a que los delitos más comunes como robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión y el robo total o parcial de vehículo aumentaron.

Aunado a ello, las cinco razones más comunes por las que no se denuncian los delitos, es porque la ciudadanía piensa 1) Que es una pérdida de tiempo; 2) Desconfía de la autoridad; 3) Los trámites son largos y difíciles; 4) Son delitos de poca importancia; 5) No tienen pruebas para acreditar el delito; de las cuales las primeras dos representan el 61.9% de las razones por las que no se denuncian.

C. Lamentablemente una de las mayores preocupaciones entre la población de 18 años y más, apunta a la inseguridad como su mayor preocupación, seguida del desempleo y la pobreza. Asimismo, la sensación de inseguridad por entidad federativa, alcanzó un promedio de 72.3%.

Entre los estados de la República que representaron mayor incremento en el índice delictivo están el Estado de México con 30,920 víctimas en 2011 frente a 41,048 en 2012; seguido de Jalisco, Guerrero, Durango, Baja California, Morelos, Nuevo León y Yucatán con cifras similares.

D. Otro dato importante, señaló entre la población mayor de 18 años de edad, que los espacios donde se sienten más inseguros son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, con 81.5%; seguido de los bancos con 67.5%; las calles con 67.3%; los transportes públicos con 66.0%; las carreteras con 64.4% y los mercados con 55.8%. Es con el auxilio de estas encuestas que debemos elaborar las estrategias necesarias en materia de inseguridad.

E. A pesar de que el Distrito Federal no figuró entre los Estados cuyo índice delictivo incrementó entre 2011 y 2012, en lo que va del 2013, se han conocido diversos y graves delitos efectuados en dicho territorio del país. Como bien sabemos, depende de la entidad federativa, condición económica y diversidad cultura, la frecuencia de los delitos que se llevan a cabo, entre los más comunes se encuentran el secuestro, el homicidio relacionado con crimen organizado, la agresión con arma blanca, la extorsión y el robo a peatón con violencia; los tres últimos representaron la amenaza más grave para los habitantes del Distrito Federal en 2012.

Además la percepción de la población mayor de 18 años de edad, demostró un incremento en la sensación de inseguridad en 3.1 puntos porcentuales.

Por lo que es muy importante que se tomen las acciones necesarias y se mejoren las estrategias que disminuyan los índices delictivos que afectan diariamente la economía de las personas.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y al Titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación, a que informen a esta Soberanía, sobre los hechos sucedidos el pasado 25 de noviembre del año en curso, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde murieron 5 personas. Así mismo que se investigue e informe si el personal de seguridad de dicho nosocomio estaba coludido con los asaltantes para efectuar dicho delito.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que evalúe la seguridad de los hospitales y a partir de las debilidades que se presenten al respecto, trabaje en conjunto con las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas y del Distrito Federal, para reforzar y mejorar las estrategias que salvaguarden la seguridad de los pacientes y profesionales de la salud.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de diciembre de 2013.

Suscribe

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez".






De la C. Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a explorar la posibilidad de que el 30 de noviembre sea considerado como "día internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria".

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL 30 DE NOVIEMBRE SEA CONSIDERADO COMO "DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA"

"La suscrita, Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERALPARA QUE A TRAVES DE LA CANCILLERIA, SE EXPLORE LA POSIBILIDAD DE QUE EL 30 DE NOVIEMBRE, SEA CONSIDERADO COMO "DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La salud es un derecho que se encuentra estipulado en el artículo 4° de la Constitución, al establecer que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…"1

Parte de las problemáticas en materia de salud son los trastornos alimenticios, tales como: la anorexia nerviosa, bulimia y otros padecimientos de conducta alimenticia no especificada. Estas enfermedades, se inician principalmente en la pubertad y adolescencia; muy probablemente, las personas de mayor edad que los padecen iniciaron conductas sintomáticas en esta etapa de su vida. Las edades de aparición o de inicio del trastorno van desde los 12 hasta los 25 años y la frecuencia aumenta entre los 12 y los 17, es lamentable que la expansión de los padecimientos ha implicado también su aparición en edades cada vez más tempranas2.

Tanto la Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa, Trastornos de la Conducta Alimentaria No Especificados, y el Trastorno por Atracón (Comedor Compulsivo), son psicopatologías que se van generando de manera progresiva e inclusive se tiene la creencia de que pueden verse iniciados a raíz de una preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, un deterioro de autoestima y autoconcepto.

Se calcula que alrededor del 10% 3 de la población femenina de menos de 30 años presenta algún problema alimentario, en cualquiera de las modalidades anteriormente mencionados. En los últimos años los trastornos alimenticios4 se han convertido en un importante problema sanitario con graves secuelas físicas, sociales y psicológicas; es una enfermedad que no sólo afectan al enfermo, sino también a su familia.

Diversos estudios demuestran que "la conducta alimentaria es el resultado de la interacción del estado fisiológico del organismo y de las condiciones ambientales; la capacidad para controlar la ingesta de nutrientes para equilibrar las necesidades corporales, requiere mecanismos que armonicen la información fisiológica del medio interno con la información nutricional del medio externo"5.

Los trastornos alimenticios ocurren principalmente en mujeres, sin embargo, en los últimos años el número de casos en hombres ha aumentado en forma constante.

La bulimia y la anorexia son trastornos cuya base se encuentra en alteraciones psicológicas que puede llegar a tener graves repercusiones biológicas y fisiológicas. Desde la ausencia de menstruación, caída del pelo, sequedad en la piel, alteraciones gastrointestinales o complicaciones endocrinológicas, hasta serios problemas cardiovasculares y renales.

En la actualidad, la sociedad a través de los medios de comunicación, hace que los adolecentes obedezcan a un mensaje, el estar delgados, imagen que se ha convertido en un sinónimo de éxito y autocontrol, lo cual ha ocasionado que muchos lleven a cabo dietas extremas sin consultar a médicos especialistas, convirtiéndose, al no ver resultados favorecedores, en un trastorno psicológico.

La anorexia y la bulimia son patologías psiquiátricamente muy graves que pueden llevar hasta la muerte. Por ello la importancia de observar a los trastornos alimenticios, entre los cuales se encuentran los siguientes:

a) ANOREXIA NERVIOSA.- Existe una pérdida significativa del peso corporal (superior al 15%), habitualmente fruto de la decisión voluntaria de adelgazar, a través de reducir o suprimir el consumo de alimentos (anorexia de tipo restrictiva), en especial "los que engordan", también la persona puede recurrir a vómitos auto-inducidos, uso indebido de laxantes, ejercicio físico desmesurado, consumo de anorexígenos y diuréticos (anorexia de tipo purgativa).6

Personas que padecen anorexia presentan un intenso miedo al aumento de peso, sin importar el hecho de que estén bajando drásticamente de peso. La distorsión de la imagen corporal es constante, se sobrevalora la dimensión de la silueta corporal (distorsión perceptual), lo que OBLIGA a mantener la restricción de alimento o conductas compensatorias.7

Principales secuelas: problemas cardiocirculatorios, respiratorios, alteraciones en sistema nervioso central, neuroendocrinológicas y digestivas, deficiencia renal y desequilibrio electrolítico.

b) BULIMIA NERVIOSA.-Se presentan episodios críticos en los cuales la persona ingiere cantidades de alimento muy superiores a lo que generalmente ingiere en circunstancias similares (atracón). Misma ingesta desmedida produce la sensación de "perder el control", generándose sentimientos de culpa al no poder controlar la comida que se ingiere. En un inicio la persona con bulimia no desea incurrir al atracón, tras esto se experimentan prácticas destinadas a compensar sus efectos SOBRE EL PESO: vómitos auto inducidos, uso desordenado de laxantes, diuréticos.8

Principales secuelas: alteraciones electrolíticas y renales, alteraciones mediastínicas (hernias, úlceras esofágicas, rotura esofágica), alteraciones dentales, complicaciones digestivas, alteraciones cardiovasculares, neurológicas, endocrinológicas.

Estos se presentan normalmente en mujeres, en una proporción de nueve mujeres por un hombre, e inclusive en México se ha observado un incremento en mujeres llegando al grado de que sea 95% mujeres y un 5% en hombres9.

c) TRASTORNO POR ATRACÓN (COMEDOR COMPULSIVO).- Existe una pérdida de control frente a los alimentos, ingestas compulsivas, dietas irregulares sin conductas de purga. Se registra que cada vez son más frecuentes y severos.10

Principales secuelas: problemas cerebro-vasculares, y circulatorios en general, alteraciones respiratorias y metabólicas; desviación de columna, dolor de huesos, desgaste de cartílago, lesiones en articulaciones, rodillas deformadas.

d) TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA NO ESPECIFICADO.-Hay restricción de comida, se realizan actividades físicas excesivas, existe una pérdida de peso sin embargo a diferencia de la Anorexia y la Bulimia Nerviosas si hay menstruación regular tratándose de mujeres. De las cuales se desprenden las siguientes:

• Conductas de Atracón-Purga aparecen menos de dos veces por semana o durante menos de tres meses.

• Empleo regular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas cantidades de comida por parte de un individuo con peso normal.

• Masticar yexpulsar, pero no tragar, importantes cantidades de comida.

De lo anterior, se aprecia que un trastorno hace referencia a una serie desíntomas, conductas de riesgo y signos que puede presentarse en diferentes modalidades ydiversos rangos de gravedad. Como hemos mencionado los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, etcétera.11

En nuestro país, tres de cada 10 personas sufren algún tipo de trastorno alimenticio como bulimia, anorexia o síndrome del atracón, las cuales afectan en mayor medida a las mujeres y adolescentes12. Desafortunadamente la conducta proviene de las presiones sociales y se da en personas con baja autoestima.

Es de mencionar que éstos trastornos alimenticios, son una enfermedad y no de una simple manía o capricho de quienes la padecen. Cabe mencionar que en nuestros país se han hecho diversas campañas por parte de la sociedad civil, para que se le de reconocimiento de carácter internacional.

Asimismo, en las redes sociales desde hace un par de años se ha considerado en hacer algo para apoyar la lucha contra los Trastornos Alimenticios, la primera idea fue usar una pulsera o listón de color azul en la muñeca izquierda como el símbolo de la esperanza, la fe y la solidaridad.

Es de precisar que de manera espontánea y natural se propusieron dos días para la Celebración Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios: El 18 y el 30, siendo esté último el elegido.

De esa manera, surge que el 30 de Noviembre, sea considerado como el "Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios", sin embargo solo ha quedado en propuesta, mismas que solo se encuentra en difusión, la labor que se sigue es noble, debido a que se busca que se propague información sobre la problemática que existe en el tema.

De ahí la importancia de que el Estado Mexicano, pueda apoyar en el reconocimiento para que el 30 de noviembre sea considerado como Día Internacional de la Lucha Contra Los Trastornos de la Conducta Alimentaria", la finalidad es generar conciencia y atención en la población, en razón de que es una problemática de nuestros días.

Cabe precisar que los Estados miembros son los que proponen los Días Internacionales13, ante la Organización de la Naciones Unidas, en el caso de México el Ejecutivo Federal como mandatario del Estado a través de la Cancillería, la finalidad de la creación de un día internacional es generar ocasiones para promover acciones en la materia.

En atención a lo anteriormente expuesto, la senadora que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Cancillería, se explore la posibilidad de que el 30 de Noviembre,sea considerado como "Día Internacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria"

Segundo.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, manifiesta su beneplácito de que al 30 de Noviembre sea considerado como el Día Internacional de la Lucha Contra Los Trastornos de la Conducta Alimentaria" con la finalidad de crear conciencia en la sociedad, de este problema de salud.

Tercero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaríade Salud para que se implementen programas de prevención y tratamiento sobre los trastornos alimenticios.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 2 de diciembre de 2013.

Sen. María Elena Barrera Tapia".


1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2http://www.iztacala.unam.mx/amta/pdfs/guia_trastornos_alimentarios.pdf

3http://www.psiquiatria.com/imgdb/archivo_doc5846.pdf

4 Barrera Francés http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psicologiacom/article/viewFile/1253/1157/, 2011

5 Chinchilla, A. Guía teórico-práctica de los trastornos de conducta alimentaria: anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Ed. Masson, 1995.

6 Cervera, S. y Quintanilla, B. Anorexia Nerviosa. Manifestaciones psicopatológicas fundamentales. Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), 1995.

7 Gómez Pérez-Mitré, G. (1995). "Peso real, peso imaginario y distorsión de la imagen corporal". Revista Mexicana de Psicología, 12(2) 185 – 198.

8 Gómez Pérez-Mitré, G. (1995). "Peso real, peso imaginario y distorsión de la imagen corporal". Revista Mexicana de Psicología, 12(2) 185 – 198.

9http://www.valoresmujer.org/inicio/articulo_autoestima.php

10 Chinchilla, A.: Trastornos de la Conducta Alimentaria. Anorexia y Bulimia nerviosas, Obesidad y Atracones. Ed. Masson. Barcelona 2003.

11 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/guiatrastornos.pdf

12http://www.valoresmujer.org/inicio/articulo_autoestima.php

13 Organización de la Naciones Unidas http://www.un.org/es/events/observances/






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, este mismo día, a las 15:30 horas.

Gracias, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 14:15 horas del martes 3 de diciembre)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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