Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 16 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: diciembre 2017
Última revisión: diciembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 17



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Marzo de 2014

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PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (11:39 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 79 ciudadanas y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 20 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con treinta y seis minutos del día miércoles diecinueve de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves trece de marzo de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, el Informe de la visita que realizó un grupo de Senadores a la frontera Quintana Roo, México-Belice, los días 7 a 9 de marzo de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de los Senadores Martha Elena García Gómez y Fernando Torres Graciano, su Informe de actividades durante la Feria Internacional de Turismo de España, realizada los días 22 al 26 de enero de 2014, en Madrid, España.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Marcela Guerra Castillo, el Informe de su visita oficial de trabajo a la República de Singapur y a la Reunión Ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico, realizadas en Singapur, del 22 al 25 de febrero de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Reforma del Estado, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad y gratuidad del acta de nacimiento, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente del proyecto de decreto que reformaba la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, devuelto desechado, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, oficios por los que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar los siguientes asuntos:

1) Proyecto de decreto que reformaba el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

2) Proyecto de decreto que adicionaba tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

3) Proyecto de decreto que reformaba la fracción VIII del artículo 9 y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social.

4) Proyecto de decreto que reformaba los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.

5) Proyecto de decreto que expedía la Ley sobre Controversias derivadas de la Atención Médica.

6) Proyecto de decreto que adicionaba la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

7) Proyecto de decreto que reformaba la fracción II del artículo 163 de la Ley General de Salud.

8) Proyecto de decreto que reformaba la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Quedaron de enterado. Se darán por totalmente concluidos dichos asuntos.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios por los que informa:

1) La modificación en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.

2) Que los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Martín de Jesús Vázquez Villanueva asistirán a la Reunión Plenaria de Euro-Lat, a celebrarse en el Parlamento Helénico y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, del 26 al 29 de marzo de 2014, en Atenas, Grecia.

Quedaron de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Los grupos parlamentarios intervinieron para referirse a la conmemoración del Aniversario de la Expropiación Petrolera.- Intervinieron los senadores: Layda Sansores San Román; Dolores Padierna Luna del PRD; Manuel Bartlett Díaz del PT; Juan Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Jorge Luis Lavalle Maury del PAN; y David PenchynaGrub del PRI.

(Iniciativas)

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asociaciones Políticas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, Reglamentaria de los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Beneficios de Liberación Anticipada para Sentenciados por delitos no violentos relacionados con el consumo o posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Lilia Merodio Reza, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Delitos Electorales, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Comunicación)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM "CUAUHTEMOC" (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 2014, zarpando del puerto de Acapulco, Guerrero.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.- Sin discusión, fue aprobado por 77 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Intervinieron los senadores: Cristina Díaz Salazar, por las comisiones, para presentar el dictamen; Luis Sánchez Jiménez del PRD; y Héctor Larios Córdova del PAN. El dictamen fue aprobado por 80 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo en relación al nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sin discusión, fue aprobado por 82 votos en pro. Se comunicó al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al Juez Décimo Primero de distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, al Director Jurídico del Senado de la República y al Ciudadano Horacio Cervantes Vargas.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.- Intervino el Senador Manuel Camacho Solís del PRD, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Sin discusión fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores adopte diversas medidas para proteger a las y los mexicanos que habitan en los Estados Unidos de América ante las deportaciones, en particular de la separación de familias por efecto de la aplicación de dicha medida.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

La Senadora María Verónica Martínez Espinoza, a nombre propio y del Senador Jesús Casillas Romero,del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se propone a Caminos y Puentes Federales realizar las gestiones y acciones necesarias para que, tratándose de las autorizaciones y registro de tarifas de autopistas de peaje, se considere una reducción temporal en los precios de cuota en los casos y tramos que exista una disminución en la prestación del servicio.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para solicitar se realicen diversas investigaciones relacionadas con las fallas y desperfectos que originaron la suspensión del servicio de la Línea 12 o Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la duplicidad entre programas federales, estatales y municipales en lo identificado como “población objetivo”.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a acudir al Senado de la República a rendir un informe en torno a la situación que enfrenta la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a informar los avances y las resoluciones que se han alcanzado en las negociaciones en cuanto a la celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico.- Se turnó a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga Krokodil dentro del territorio nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el consumo de dicha sustancia.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a fin de implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del gabinete turístico, para el ordenamiento y coordinación institucional.- Se turnó a la Comisión de Turismo.

 

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a desarrollar estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar de manera coordinada una campaña nacional a fin de evitar el uso de teléfonos celulares por parte de conductores de vehículos.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 80 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social.- Se turno a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.

(Efemérides)

La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride en conmemoración del aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride para referirse al 18 de marzo, LXXVI aniversario de la entrega de los recursos energéticos a la nación mexicana, por parte del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río.-Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con dieciocho minutos y citó a la siguiente el jueves veinte de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a la Secretaría informe al Pleno de las resoluciones que adoptó la Mesa Directiva, sobre los diversos asuntos que se abordaron en la reunión de esta mañana.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy cuenta con los asuntos que se abordaron hoy en la mañana:

La Mesa Directiva autorizó la ampliación de turno a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, para que participe en la dictaminación del punto de Acuerdo que exhorta a realizar campañas de difusión en medios de comunicación masivos, para la promoción de hábitos alimenticios sanos y la implementación de una cultura nutricional en la población mexicana.

Así también la Mesa Directiva, con fundamento en el numeral 2 del artículo 212 del Reglamento del Senado, autorizó nueve ampliaciones de plazo al mismo número de asuntos que les solicitaron diversas comisiones para la presentación de los dictámenes respectivos.

La relación de estos aparece en la Gaceta Parlamentaria.

Son todos los asuntos, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Presidencia ratifica los turnos y resoluciones que ha leído la Secretaría.

Pasemos a los asuntos de nuestra agenda de hoy.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Aarón Irizar López, con la que remite el informe de su gira de trabajo a la “Feria Internacional del Agua”, que se celebró del 1 a 8 de marzo de 2014, en Zaragoza, España.

Del Senador Teófilo Torres Corzo, con la que remite el informe de sus actividades con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas en Japón del 1 al 13 de marzo del año en curso, en el marco de la conmemoración del 400 aniversario de la Misión Hasekura y del Año del Intercambio México- Japón.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández deja de pertenecer a la Comisión de Agricultura y la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza deja de pertenecer a la Comisión de Protección Civil y se integra a la Comisión de Cultura.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: El Acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy. En consecuencia está a discusión. Si no hay quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17, 45 y 84 de la Ley General de Cambio Climático.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, de la Colegisladora se recibió un proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta.






INTERVENCIONES

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Agradezco esta decisión generosa, para que pueda desde mi curul, sin afectar la participación del representante del grupo parlamentario, en el desahogo de la efeméride del nacimiento de Benito Juárez, que para mí es un tema muy importante, un tema de formación personal muy importante.

Pero antes quiero hacer una reflexión, de que este Senado debiera contar con un reglamento de protocolo, en donde se prevea el desahogo de este tipo de sesiones, para poder darle la mayor importancia a días como éste.

El nacimiento del México universal: Benito Juárez García.

¿Para qué sirven las efemérides?, yo me hago una pregunta, y se les hago a mis amigas y amigos Senadores.

Ya estos actos cuentan con la menor atención de nosotros; y en eso me incluyo, para no poner a todos, excepcionándome.

Deberíamos tener presente que este tipo de actos mantienen los valores culturales, los valores de nación, los valores de país, y que un órgano del Estado, como es el Senado, debiera darle la mayor importancia.

Pronto propondré ese reglamento y antes a consideración de la Mesa Directiva, para esperar que sea valorado en sus alcances.

Gracias, señor Presidente.

Bien, cuando hablamos de Juárez, hablamos del hombre universal. Pero sin duda, para el Estado mexicano, la labor de Juárez fue generar las condiciones del estado fundacional.

La labor de Benito Juárez debe entenderse como la República. Y cuando nosotros nos instalamos en la época en que esto se debatía, se debatía contra naciones extranjeras, fuerzas militares, la existencia de la nación mexicana.

A partir de Juárez, puede entenderse que hay nación mexicana. Y el concepto de República, es el concepto por el cual por ese camino transitó nuestro héroe mexicano, la Constitución de 1857, esa Constitución liberal, esa Constitución que estableció de manera original para México una República representativa, federal, democrática y laica.

Esa Constitución que le dio elementos para que Juárez defendiera la República en una época donde se prevalecía en el mundo de las monarquías.

Acá llegaron las monarquías europeas a querer hacer suyo el Estado mexicano, y por eso el legado de Juárez debe de verse reflejado como la defensa de la República.

Tiene información seguramente de que el reloj legislativo arranca en 1857, la I Legislatura que arranca y que hoy integramos la LXII; la de 1857 fue la I, y hoy vamos en la LXII, para tener presente que el estado fundacional es el Estado y la República que defendió Benito Juárez con todos los conceptos que ustedes conocen.

La Constitución de 1917, una Constitución social, la primera liberal frente a un ambiente monárquico; la de 1917 fue una Constitución social que recoge los mismos principios de la Constitución de 1857, agregándole el sentido social y los artículos que forman parte de este concepto, artículo 3o. artículo 27, artículo 123, los derechos humanos, entonces garantías individuales; y después el carácter pluriétnico, pluricultural.

Podemos seguir haciendo un recuento de los principios de la República, del Estado mexicano, la República que tiene en la imagen de los que pensamos en el Estado mexicano a un fundador: a Benito Juárez.

Hoy actualizando ese pensamiento yo les preguntaría, y me preguntaría, ¿cuál es la República que hoy está fundada en el constitucionalismo mexicano?

En ese constitucionalismo que ha sido deformado por múltiples reformas, que han sido afectados los principios rectores que se dieron para tener el Pacto Social de 1917.

Hoy, con Juárez, en este día, recordando su legado, haciendo un recuento de ésto, lo único que hay que preguntarse es: ¿cuál República estamos nosotros festejando?, ¿cuáles valores constitucionales siguen preservándose para poder decir que la República liberal de 1857, la política social de 1917, siguen vigentes?

De verdad, gracias por escucharme, y gracias por la generosidad de la Mesa Directiva de permitírmelo desde mi escaño.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta, y gracias por sus palabras a la Mesa Directiva.

Saludamos a las personas provenientes del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. ¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

Hoy hablaremos de Benito Juárez, y habrá que preguntarse por qué persiste Juárez en la conciencia nacional, recordado como uno de los más grandes Presidentes, y más aún, de los más grandes mexicanos, gigantes frente a pigmeos que lo han sucedido; hombre de estado frente a oportunistas y negociantes.

Podríamos mencionar solamente dos virtudes, de la enormidad de valores que representa Juárez para los mexicanos: el patriotismo y la honradez.

Al restaurarse la República, Benito Juárez entra a la capital y pronuncia un importante manifiesto, menciono un solo párrafo para referirme al patriotismo como una de las virtudes cardinales de Juárez: “Lleno de confianza y de acuerdo a los principios que hemos sostenido, el gobierno, procuró cumplir sus deberes sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación.

Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes: no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior que pudiera perjudicar en nada la independencia y la soberanía de la República, la interior y la exterior. La integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes”.

Sus enemigos pretendieron hacer otro gobierno, otras leyes, sin haber podido consumar su intento criminal.

Después de cuatro años vuelve el gobierno a la ciudad de México con la bandera de la Constitución de las mismas leyes sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional.

Barbosa eso quería hacer hace un momento; hablar de Juárez y de lo que hoy vivimos. Hoy de esa República restaurada llegamos a la República traicionada, porque esa Constitución que Juárez defendió contra aquellos que querían cambiarla para beneficio de potencias extranjeras la mantuvo sin reformas.

Hoy estamos viviendo, en estos días, la República traicionada, porque para servir a intereses hegemónicos sí se reformó la Constitución; todo lo contrario de lo que Juárez dijera en aquel manifiesto a la nación.

El otro tema, la honradez.

Juárez dijo, y es una de las frases y de los pensamientos más importantes que se destacan y se mantenían en los libros de texto, me imagino que rápidamente los quitarán.

Dijo Benito Juárez:

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

De esa República de la honradez, de los grandes principios que se establecen para el funcionario público, obligado a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala, hemos pasado hoy a la función pública como la oportunidad para el enriquecimiento impune, para las enormes fortunas que están atrás de la reforma energética y de otras más.

Oceanografía y ahora Los Mochis que ya no son privilegio de un partido, sino de varios, Los Mochis, ya salieron Oceanografía, pero habrá aquí un análisis detallado y caerán todas las cabezas, incluso del más alto nivel. Sí, hoy vivimos las grandes fortunas.

Ayer en los medios de comunicación salió quiénes son los verdaderos propietarios del país. Fortunas inmensas hechas a la sombra del poder, casi todas ellas independientemente de que haya hombres honrados que hayan hecho su fortuna respetando la ley.

Pero aquí, después de este planteamiento de Juárez, no puede improvisar fortunas ni entregarse a la emancipación, sino consagrarse al trabajo disponiendo a vivir en la honrada medianía que proporciona la reclusión que la ley le señala, esa honrada medianía ya no existe.

Los sueldos que se reparten en el Congreso de la Unión no son la medianía, complementándolos por este escándalo, que debería de ser todo un problema nacional, que son Los Mochis, cómo se pudieron distribuir 10 mil millones de pesos entre los partidos, sino fuera por la aprobación de las cabezas de las fracciones que aprobaron el presupuesto en esas condiciones.

Y luego un texto más para recordar la diferencia entre Juárez y lo que estamos viviendo, aún cuando había que aclarar el origen, una cita importante.

Miren, hay hombres para los cuales todo sentido de la mesura es desconocido: dinero, honor, poder, placeres sensuales, placeres de la boca, placeres de todos tipos, en fin, nunca tienen suficientemente de nada, nunca hay suficiencia de nada.

Su deshonesto botín, lejos de disminuir su avidez, la excitan, hombres irrecuperables a ser encerrados más que a ser formados. Y diría yo, a ser elegidos o a ser designados en gobiernos en donde la corrupción es la regla.

Esto se dijo hace tiempo, lo dijo Cicerón en una obra que se llama “El Placer y la Verdad”.

Por eso Juárez, ese gigante frente a los pigmeos, sigue siendo el gran orgullo de los mexicanos pese a todo, pese al cambio de los valores, pese a la transformación de la República en la República de la avidez, del consumo, de los enormes sueldos, de la repartición del presupuesto, porque hemos tenido un pacto ¿no? que es hoy el pacto de Los Mochis.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

El grupo parlamentario del PVEM ha entregado a esta Mesa Directiva el texto de su posicionamiento, mismo que se integrará al Diario de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, a nombre del grupo parlamentario del PRD, digno Senador de Oaxaca.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El calendario cívico mexicano, desde mi punto de vista, lo quiero decir con mucho respeto, se ha convertido hoy en día en el objeto más temido del gobierno federal. Ya lo vivimos el pasado 18 de marzo, cuando desde el Monumento a la Revolución y en numerosas a ciudades del país, los hombres y mujeres leales a México se manifestaron dispuestos con patriotismo a participar en las tareas necesarias que nos lleven a recuperar el petróleo y el sector energético en su conjunto, que fueron privatizados a través de la reforma respectiva por el gobierno y sus aliados.

Ya he reiterado que con la reforma energética se sacrifica lo nacional del patrimonio para hacerlo patrimonio individual, y que se despoja del futuro a numerosas generaciones de mexicanos. Pero también he dicho que no vamos a descansar hasta recuperar el petróleo para el país, hasta que se efectúe la consulta popular y que nos pregunten a todas y a todos sobre esta simulada venta del país que perpetraron.

Hoy recuerdo la privatización del petróleo y lo relaciono con el calendario cívico, porque en el aniversario de Don Benito Juárez García, oaxaqueño magnífico, tengo la firme impresión de que también les incomoda a quienes sin reserva alguna permiten con sus actos la desigualdad, la injusticia y el retroceso democrático se yergan como el destino cotidiano de las mujeres y hombres de México.

Son, por lo tanto, fechas patrióticas que muchos de los presentes y ausentes quisieran arrancarlas del calendario para que la memoria nacional de una vez por todas se diluya, se evapore, se haga polvo. Pero el rostro de Juárez, su legado, no puede desvanecerse. Sus raíces profundas y su pensamiento tienen en nosotros seguidores leales.

Juárez nos dejó dicho en aquella carta memorable a Mariano Escobedo, y cito:

“Nosotros no necesitamos que un extranjero venga a establecer las reformas a nuestro país. Nosotros las hemos establecido todas sin necesidad de nadie”.

Cierro la cita.

Pero expongo, compañeras y compañeros, que tampoco han escuchado a Juárez, ni a Lázaro Cárdenas, ni a Morelos, ni a Zaragoza, ni a Madero. La verdad es que no escuchan la historia; y al no escucharla muestran desdén por la identidad de México.

Este es precisamente, compañeras y compañeros, el centro de nuestras diferencias. Ustedes quieren que olvidemos las gestas de Benito Juárez que recuperó, por ejemplo, los bienes a favor de la nación, mientras ustedes los entregan a manos privadas.

Ustedes quieren que permitamos la explotación de las trabajadoras y trabajadores del petróleo bajo contratos y condiciones desfavorables, mientras Cárdenas y el pueblo de aquel entonces lo hicieron todo por fortalecer esas mismas fuentes de trabajo y condiciones laborales.

Ustedes quieren que guardemos silencio ante la intervención de facto que sufre y sufrirá el país con su reforma, mientras nosotros coincidimos con Zaragoza en buscar por todos los medios defender a México.

Ya Benito Juárez les decía a los vencedores del 5 de mayo, herederos de Ignacio Zaragoza: “Un enemigo injusto nos trae la guerra y avanza ya sobre nosotros, porque nos cree débiles y degradados. Aprestaos al combate y probable al orgulloso invasor que México vive, que México no sucumbirá el capricho de ningún poderoso, porque defiende la causa de la justicia, de la civilización y de la humanidad, y porque cuenta con hijos leales y valientes como vosotros”.

Esas son, compañeras y compañeros, las diferencias entre ustedes y nosotros. Ustedes quieren entregar al país, nosotros hacerlo aún más grande.

Porque nadie en sus cabales puede, por ejemplo, comparar el proceso de la reforma de Juárez con las injustas reformas del actual régimen.

Y para decirlo más gráficamente, en 1860, el 4 de diciembre, para ser exactos, se decretó uno de los ordenamientos más emblemáticos de aquel proceso, la Ley de Libertad de Cultos, cuyo artículo 1o. consagró la protección del ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país como expresión y efecto de la libertad religiosa. Es decir, se atendió el derecho de las personas a creer y a ejercer su religión sin ninguna restricción ni obligación civil de por medio.

Hoy acudimos a lo contrario, y no me refiero, claro, a religión alguna, ni asociación eclesiástica relativa, me refiero al retorno al culto institucional, al Ejecutivo, a la manera en que a últimas fechas han regresado las antiguas prácticas de culto desmedido a la personalidad de un solo hombre por sobre las disposiciones de sus propios programas partidistas, e inclusive sobre la voluntad de sus bases y militancia.

El culto moderno que pretende restituirse en México es prueba suficiente de que el espíritu republicano de Juárez les es completamente ajeno. La división de poderes, por ejemplo, pilar del republicanismo, es un mecanismo que les incomoda y por eso lo atropellan; es decir, hay una fuerza hoy en el poder que pretende restaurar no sólo un proceso de reforma, como se publicita, sino el gobierno de un solo hombre, como lo pudieron imponer durante buena parte del siglo pasado en nuestro país.

Pero nosotros somos juaristas, por eso, conmemorando este 21 de marzo, a pesar de que el calendario cívico les sea adverso, hoy efectúo un llamado a todas y todos los mexicanos para que volquemos voluntades y trabajo a favor del destino común, el fortalecimiento de una conciencia nacional renovada que propende de forma activa por la paz, el respeto, la libertad y la independencia.

Y quien piense que la lucha de Juárez por estos valores culminó con su muerte, basta con referirle que hoy, a más de 208 años de su nacimiento, lo traemos a la memoria para dejar claro que todo, todo por lo que él vivió está vigente. Porque tanto los triunfos como las derrotas son pasajeras, y por eso sólo el trabajo es permanente.

Así que, compañeras y compañeros, nuestro compromiso con Juárez tiene un nombre: trabajo para México, trabajo sin descanso, trabajo con pasión; como él lo dijo durante su vuelta con triunfo a esta ciudad de México en 1867: “Trabajemos, cooperemos todos para poder legar una patria a nuestros hijos en camino a la prosperidad amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad”. Trabajo para México, nuestra razón juarista de cada día.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.

“Los hombres no son nada, los principios lo son todo”. Así afirmaba Don Benito Juárez García.

La vida de Juárez es lección de moral cívica, de congruencia, tenacidad y perseverancia; perseverancia de la acción humana para lograr un mejor porvenir. Pensar en su papel en la historia, leer y releer sus escritos, analizar su visión de la política y del Estado, la manera cómo comprendió su entorno y su momento son lecciones de las cuales debemos aprender.

Su conducta nos invita a fijarnos las metas más altas y tener la voluntad necesaria para alcanzarlas. Lo más digno de un hombre, nos enseña Juárez, es la congruencia entre sus dichos y sus hechos.

Defensor de la supremacía del poder civil, creía en la fuerza moral de las leyes por encima de los partidos, amistades o intereses. Ejemplo de ello es su impulso a las Leyes de Reforma que, entre otras cosas, separaron los ámbitos del Estado y de la iglesia, consolidando la idea de un Estado laico, respetuoso de todas las creencias humanas y religiosas.

Junto a la generación de liberales que lo acompañó, impulsó la Constitución de 1857, en la que se consagraron nuestros principios fundamentales, la libertad de expresión y de prensa, la asociación, libre tránsito, la libre reunión y la enseñanza, la garantía de igualdad de derecho, el derecho de petición y la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prohibición de contratos que cancelaron la libertad del individuo, por eso el Estado mexicano es eminentemente liberal.

Benito Juárez vivió siempre de acuerdo con tres ejes rectores: un acendrado nacionalismo, su confianza en las leyes y las instituciones para promover las bases del Estado liberal mexicano y, por supuesto, la austeridad en su entorno bajo el principio de la honrada medianía.

Las circunstancias actuales en poco se parecen a las vividas por Juárez. En lo interno nuestro país sigue cargando una enorme deuda social y padeciendo una injusta pobreza que castiga a millones de familias con una estructura económica y social que no ha sido capaz de proveer los niveles necesarios de empleo y oportunidades a todos por igual.

Nuestro modelo democrático es aún inacabado, especialmente en lo que se refiere al equilibrio entre poderes y órganos de gobierno, a una sobre preeminencia de los partidos políticos, y a una insuficiente participación y expresión ciudadanas. También, y desgraciadamente desde hace dos décadas, vivimos ante una continua amenaza de la violencia y de la inseguridad provocada por el crimen organizado.

En lo externo, hoy somos parte de las condiciones globales y regionales que nos afectan todos los días, en prácticamente todos los ámbitos de nuestra cotidiana economía social y cultural. En nuestros días nos afecta lo que pase en el amplio espectro de la agenda bilateral que tenemos con nuestro país del norte, pero también nos impacta lo que sucede en Europa, Asia o cualquier otra nación o región del mundo.

Ante esta nueva realidad, la idea de Juárez se engrandece y nos esclarece los caminos a seguir, su lección de vida personal junto a sus actos como hombre público tanto en su natal Oaxaca, como en la Presidencia de México y en su paso por el Congreso, nos enseñan que el hombre público tiene deberes políticos y morales a los que no puede fallar; uno, el de la honradez, la congruencia entre decir y hacer, y la perseverancia para lograr lo que uno se propone ante el mandato popular; otro, el de avizorar en los actos del presente el advenimiento de un futuro mejor que acabe con la pobreza y mejores condiciones para todos.

Nuestro enfoque para el trabajo parlamentario que hoy nos corresponde, es siguiendo las enseñanzas de Juárez, completar las reformas más importantes que ha impulsado o que hemos impulsado en los últimos 40 años. Las reformas constitucionales históricas que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión en diciembre pasado, para que éstas tengan su traducción, su aterrizaje en justas y transparentes reformas secundarias.

Por ello, atendiendo a este principio juarista, la posición del grupo parlamentario y la posición del PAN es muy clara, hay que respetar en las leyes secundarias el espíritu de la reforma constitucional para que no pretenda ningún parlamentario y ningún partido achicar ninguna reforma de modificaciones en los artículos transitorios.

Así fue la visión de Juárez, ir por lo mejor, así es la posición del PAN. Y es este el trabajo que estamos haciendo los Senadores panistas en todas las comisiones.

Una de las mejores maneras de celebrar el Natalicio de Juárez estriba en continuar la lucha por un México con millones, millones de excluidos de la justicia y la libertad, en donde cada vez más mexicanos ingresan o deben ingresar a la senda de la prosperidad y la igualdad.

Juárez es muestra viva de que la pobreza y las limitaciones pueden ser importantes motores para la superación personal. Hombre de trabajo, idealista con gran vocación de servicio, una de sus metas fue precisamente acabar con las desigualdades.

En Acción Nacional pensamos siempre en la preeminencia del interés nacional, asumimos este compromiso, respetamos y valoramos este ejemplo de servicio asumiendo el compromiso de imitarlo y vivirlo diariamente.

Como representantes populares, tenemos la obligación de continuar impulsando aquellas reformas que den solución a los grandes problemas de la nación; pero, además, teniendo siempre en mente el espíritu liberal juarista.

Las Senadoras y Senadores panistas continuaremos aprobando todos aquellos ordenamientos que permitan instalar a México en la modernidad. La historia se hace todos los días, o como dijera el poeta Amado Nervo: “Somos arquitectos de nuestro propio destino”.

Por eso el reto consiste siempre en tomar las mejores decisiones de acuerdo con las demandas de nuestra realidad y de nuestra época. Es la vieja lucha entre la teoría y la práctica, entre los principios y las consecuencias, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad equilibradas, como es el caso del Benemérito de las Américas, constituye la virtud de la estadista, quien se preocupa por las próximas generaciones asumiendo las consecuencias que arrastran las decisiones difíciles que pueden llegar a caer en la impopularidad.

Así festejamos el 209 del Aniversario del Natalicio de Juárez, la única frase o la segunda frase que está en casi todos los recintos parlamentarios la tenemos al frente. Recordemos a Juárez con los hechos, adaptando nuestros cambios a la realidad que hoy vivimos.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Oaxaqueño ejemplar que se distinguió no solo por su patriotismo, capacidad y visión de estadista; mexicano universal que supo llevar el timón de una nave en un mar embravecido, porque no abandonábamos el sentimiento de la colonia española, porque nos aferrábamos a una religión oficial, protegida por el gobierno civil, y porque se enfrentaban de fondo dos fuerzas antagonistas, dos diferentes formas de ver e interpretar nuestra realidad.

Las luchas entre liberales y conservadores que nutrieron de ideas, alternaron gobiernos, redujeron nuestro territorio, enfrentaron potencias extranjeras y también empaparon con sangre de humildes nuestro suelo patrio, templanza, sabiduría, reflexión y perseverancia, lealtad, decisión, inconmensurable amor a la patria, son virtudes cívicas que dan origen sin duda a Don Benito Juárez García, como el personaje más importante de la historia nacional.

Mañana 21 de marzo conmemoramos el Natalicio de Don Benito Juárez, de dimensiones continentales.

Compañeras Senadoras y Senadores, subo a esta tribuna honrado como representante popular y orgullo como oaxaqueño para recordar al prócer de la consolidación de la República Federal Mexicana, cuya vida pública corre paralela a la vida nacional de la segunda mitad del siglo XIX; aprendimos desde niños de su muy humilde zapoteco, en Guelatao en las profundidades de la sierra que ahora lleva su nombre.

Supimos de su orfandad, pobreza; y en la infancia, huir a Oaxaca, estudio en el seminario y luego en el Instituto de Ciencias y Artes del estado, y sus primeros cargos públicos en la ciudad de Oaxaca y ahora de Juárez.

Igualmente de los altos cargos públicos que ocupó en el Ministerio de Justicia, instrucción, gobernación, y en la presencia de la Suprema Corte de Justicia, que le permite ante un vacilante Ignacio Comonfort asumir la Presidencia en 1958, así da inicio una etapa trascendental en la vida política de México. Proclama las Leyes de Reforma, y con ella nuestra segunda independencia nacional.

Al frente del Poder Ejecutivo, el 6 de septiembre de 1860, proclama las Leyes de Reforma, estableciendo la independencia del Estado respecto de la Iglesia a través de las siguientes leyes: La Ley sobre el Matrimonio Civil y sobre Registro Civil; la Ley sobre la Libertad de Cultos, la Ley de Panteones y Cementerios y la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos.

La precaria situación económica nacional despierta la ambición de Napoleón III, y se genera la Intervención Francesa, que Juárez encara, reivindica la dignidad nacional y después de ordenar juicio a Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, restaura la República el 15 de julio de 1867.

Inicia así una dura etapa de consolidación, enfrenta duras críticas y problemas internos; aún así no se detiene el devenir de nuestro desarrollo.

México busca una identidad y ese esfuerzo por lograr la unidad nacional.

Juárez, Presidente de México, muere de angina de pecho en el Palacio Nacional, el 18 de julio de 1872. Patriota, firme, perseverante, infatigable, así vivió y murió el Benemérito de las Américas.

No hay mejor homenaje a Juárez que secundar su ejemplo de liderazgo reformador, de su responsable uso del poder público, con los costos que implique para transformar la realidad nacional sin conceder con inercias de poder.

No hay mejor homenaje al estadista visionario que reivindicar a la política como un instrumento que vence inercias y construye lo que necesita México en un entorno de libertad; que la libertad individual no riña con los intereses públicos, pues ella es un fín en sí mismo; y a la vista de la historia señala Cosío Villegas: es el fin más apremiante.

Continuemos con las reformas institucionales, legislativas y sociales, con el esfuerzo conjunto de un Ejecutivo resuelto y un Congreso comprometido con México; defendamos el legado Juarista con nuevas instituciones que fortalezcan el concepto contemporáneo de Estado con un gobierno eficiente que rinda cuentas, tolerantes, sin perder su laicidad, con autoridades que observen derechos fundamentales, de una sociedad plural, demandante que participe en el quehacer público.

No hay mejor homenaje a su memoria que alcanzar un México en paz, recobrando el orden, la seguridad y la justicia, un Estado en el que la proclama sea el respeto al derecho ajeno y Benito Juárez, paradigma de conducta republicana.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela Primaria Baltazar R. Leyva Mancilla, de Taxco de Alarcón, Guerrero, invitados por el Senador Armando Ríos Piter. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera para presentar, a nombre propio y de las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a nombre propio y de las CC. Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez y Angélica del Rosario Araujo Lara, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas Senadoras y Senadores:

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que el matrimonio infantil viola los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña; pero sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.

Lo anterior tiene como consecuencias que los cónyuges deban realizar trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas, embarazos prematuros e infecciones de transmisión sexual.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que anualmente en México se casan 113 mil niñas entre los 15 y 18 años de edad, por lo que se estima que en el país hay 388 mil 831 niños y niñas entre 14 y 17 años de edad que están casados o viven en unión libre.

Lo anterior toma mayor relevancia cuando somos testigos de hechos que suceden al día de hoy en el país, como el caso documentado por diversos medios de comunicación en días pasados, en donde se narra como una niña Tzotzil, de 14 años, del municipio de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, fue denunciada por su marido por el delito de abandono de hogar.

Compañeros legisladores, en el Estado mexicano debemos desarrollar sistemas que prohíban el matrimonio infantil, estableciendo en la ley que la edad mínima para contraer matrimonio legalmente sea a los 18 años, dejando de lado aspectos tradicionales o culturales de las regiones, puesto que el combate de esta práctica, más allá de un asunto de cultura, es de protección de derechos humanos, en donde, como ya en la mayoría de los ámbitos de la vida, la educación tiene un papel fundamental.

Quiero destacar que el derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la imposibilidad de que exista un consentimiento cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión.

Aunado a lo anterior, contamos con instrumentos que abordan el matrimonio infantil desde diversas perspectivas, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño, señaló en las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, su preocupación de que en México la edad mínima para contraer matrimonio sea tan baja, instando a elevar la edad mínima a 18 años de edad.

En este mismo sentido, en la primera Conmemoración del Día Internacional de la Niña, se eligió el tema del matrimonio infantil y la problemática que representa como violación fundamental de los derechos humanos que afecta todos los aspectos de la vida de la niña.

Senadoras y Senadores, quiero concluir destacando que evitar uniones en la infancia protegerá los derechos de las niñas y ayudará a reducir los riesgos de violencia, trata de personas, explotación sexual infantil, embarazos precoces, infecciones de transmisión sexual, muertes y discapacidades derivadas de la maternidad.

Por todo ello y en aras de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, respetando el principio del interés superior de la niñez, mandatado en la Constitución, armonizando los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, sobre todo, promoviendo que la niñez mexicana tenga un desarrollo integral y adecuado, se propone reformar el Código Civil Federal para que establezca como requisito indispensable para contraer matrimonio que el hombre y la mujer necesitan tener 18 años de edad.

A todas y a todos, muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, MARGARITA FLORES SANCHEZ y ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, Senadoras de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.-El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que el matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.

Lo anterior, aduce el organismo internacional, tiene como consecuencias que los conyuges deban realizar trabajos forzados, esclavitud, prostitución y violencia contra las víctimas, embarazos prematuros e infecciones transmisión sexual.

Datos de UNICEF referentes a este tema, señalan lo siguiente:

• 300 millones de niñas y niños en el mundo están expuestos a la violencia, la explotación y los abusos, sometidos a prácticas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil; además de que en todo el orbe más de 60 millones de mujeres de 20 a 24 años de edad se casaron o vivían en pareja antes de cumplir 18 años, cifra que representa el 36% del total de las mujeres del mundo en ese rango de edad.

• 14 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año en el mundo. Las que se encuentran en esta franja de edad tienen más probabilidades de morir durante el embarazo.

• El matrimonio de niñas es más frecuente en Africa subsahariana y en Asia meridional.

• En el Níger, el 77% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18 . En Bangladesh, la tasa era del 65% .

2.-En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que anualmente en México se casan 113 mil niñas entre los 15 y 18 años de edad, por lo que se estima que en el país hay 388 mil 831 niños y niñas entre 14 y 17 años de edad que están casados o viven en unión libre.

Ello, muchas veces, bajo pretexto de salvar la honra de la familia, encontrar el marido ideal para las hijas o incluso la devastadora práctica de algunas regiones de nuestra sociedad de intercambiar una hija por algún bien.

Sin duda alguna, como establece UNICEF, el matrimonio infantil tiene sus raíces en la discriminación de género, alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; también fomenta la preferencia por la educación del varón.

Lo anterior, toma aún mayor relevancia cuan somos testigos de hechos que suceden al día de hoy en el país, como el caso documentado por diversos medios de comunicación los días 10 y 11 de marzo pasados, en donde se narra como una niña tzotzil de 14 años del municipio de San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, fue denunciada por su marido, por el delito de abandono de hogar.

Por ello, en el Estado Mexicano debemos desarrollar sistemas que prohiban el matrimonio infantil, estableciendo en la Ley que la edad mínima para contraer matrimonio legalmente sea los 18 años, dejando de lado aspectos tradicionales o culturales de las regiones, puesto que el combate de esta práctica no es un asunto de cultura, sino de protección de derechos humanos, en donde como en la mayoría de los ámbitos de la vida, la educación tiene un papel fundamental.

3.-Es importante recordar, que el derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que establece la imposibilidad de que exista un consentimiento cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión.

Asimismo, que desde 1983 fue adoptada por México la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, la cual dispone que las naciones deben dictar las disposiciones adecuadas con objeto de abolir costumbres, antiguas leyes y prácticas para asegurar la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo el matrimonio de niñas y niños.

También que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de una niña no tendrán efectos jurídicos, estableciendo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer los 18 años de edad.

4.- Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, creado con la finalidad de supervisar la aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, señaló en las recomendaciones realizadas al Estado Mexicano su preocupación de que en México la edad mínima para contraer matrimonio sea tan baja y distinta para las niñas (14) y los niños (16), manifestando en consecuencia lo siguiente:

“22. El Comité alienta al Estado Parte a que aumente la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para las niñas como para los niños, y establezca la misma edad para ambos a un nivel internacionalmente aceptable. El Comité también aconseja al Estado Parte que emprenda campañas de información y adopte otras medidas para impedir los matrimonios precoces. A este respecto, el Comité se refiere también a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.”

“Los gobiernos tienen que establecer una ley por la que la edad mínima de los jóvenes para contraer matrimonio legalmente sea los 18 años y asegurarse de que dicha ley se lleve a la práctica.”

5.- El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña.

Para la primera conmemoración de ese día, en el año 2012, se eligió el tema del matrimonio infantil y la problemática que representa como violación fundamental de los derechos humanos que afecta a todos los aspectos de la vida de la niña.

Lo anterior, de acuerdo con la Asamblea, en virtud de que el matrimonio a una edad temprana deniega a las niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud y, por lo tanto, constituye un obstáculo para la consecución de casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo saludable de las comunidades.

Ello, debido que el matrimonio infantil es en muchas ocasiones, según la ONU, una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene a las familias atrapadas en la pobrezaque viene a traducirse en un obstáculo para casi todos los objetivos de desarrollo: acabar con la pobreza y el hambre (ODM 1); lograr una educación primaria universal (ODM 2); promover la igualdad entre los géneros (ODM 3); proteger las vidas de los niños (ODM 4) y mejorar la salud (ODM 5, 6).

Por todo ello, la Asamblea General recomienda a los Gobiernos, en colaboración con la sociedad civil y la comunidad internacional, tomar medidas urgentes para acabar con esta práctica dañina, entre las cuales están:

• Aumentar por ley la edad mínima de matrimonio a los 18 años y concienciar a la opinión pública sobre el matrimonio en la infancia como una violación de los derechos humanos de las niñas.

• Movilizar a las niñas, niños, padres, líderes y activistas para cambiar las normas sociales nocivas, promover los derechos de las niñas y crear oportunidades para ellas

• Apoyar a las niñas que ya están casadas, proporcionándoles educación, servicios de salud sexual y reproductiva, destrezas, oportunidades, medios de vida y la posibilidad de recurrir a la justicia en los casos de violencia en el hogar.

• Abordar las causas subyacentes del matrimonio en la infancia, incluida la discriminación de género, el valor reducido que se otorga a las niñas, la pobreza, o las justificaciones religiosas y culturales.

6.- En virtud de lo expuesto a lo largo de la presente, podemos concluir que evitar uniones en la infancia protegerá los derechos de las niñas y ayudará a reducir los riesgos de violencia, trata de personas, explotación sexual infantil, embarazos precoces, infecciones de transmisión sexual, muertes y discapacidades derivadas de la maternidad.

Por todo ello, en aras de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, respetando el principio del interés superior de la niñez mandatado en la Constitución, armonizando los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte y, sobre todo, promoviendo que la niñez mexicana tenga un desarrollo integral adecuado, se propone reformar el artículo 148 del Código Civil Federal para establecer que para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 18 años de edad.

Asimismo, se reforma el artículo 98 del citado Código para hacer referencia a la adición anterior y se derogan los artículos149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y la fracción I del artículo 156, que establecen los supuestos y condiciones para dispensar la edad legal para contraer matrimonio, situación que se propone eliminar por completo y sentar claramente que sólo podrán contraer matrimonio las personas que sean mayores a 18 años de edad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 98, el artículo 148, el último párrafo del artículo 156 y se derogan la fracción II del artículo 98, los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y la fracción I del artículo 156, todos del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 98.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el hombre y la mujer tienen edad legal para contraer matrimonio de acuerdo con el artículo 148 de este Código.

II. Derogada

III.- a VII...

Artículo 148. Para Contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 18 años de edad.

Artículo 149.- Derogado.

Artículo 150.- Derogado.

Artículo 151.Derogado.

Artículo 152.- Derogado.

Artículo 153.- Derogado.

Artículo 154.- Derogado.

Artículo 155.- Derogado.

Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I. Derogada.

II a X.-…

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 20 de marzo de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unida de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza para presentar, a nombre propio y de los Senadores Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los CC. Senadores Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández Núñez, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente.

Primero, quiero felicitar a todos en el Día Internacional de la Felicidad. ¡Mucha alegría en este Senado!

Nos preocupa el incremento de casos en los que pacientes con lesiones que ponen en riesgo su vida o mujeres en trabajo de parto, están siendo rechazados en los hospitales o se les está negando la atención médica a la que según nuestra Constitución todos tenemos derecho.

Es alarmante que cada día sea más común escuchar que médicos, directivos de hospitales, enfermeras y hasta choferes de ambulancias se han negado a prestar un servicio que por humanidad y sentido común deberían dar a quien lo necesite, independientemente de si se es o no derechohabiente. Por qué por encima de cualquier trámite burocrático, de cualquier autorización, está la vida de las personas.

Sabemos, gracias a información del INEGI, que aproximadamente el 77 por ciento de los usuarios de servicio de salud acuden a consulta externa, el 16 por ciento a servicio de urgencias y 6.5 por ciento a servicio de hospitalización.

Lo que llama la atención es que el 67 por ciento de las personas que acuden a los servicios de urgencia dijo sentirse no satisfecho con la atención que reciben, mientras que sólo el 33 por ciento dijo sí estar satisfecho.

Estos son datos de expectativas y experiencias de los usuarios del sistema de salud en México, este es un estudio de satisfacción con la atención médica.

Esta realidad coincide con el rezago en muchos estados del país; en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, alrededor de una de cada cuatro mujeres murió en su casa; y en Guerrero y San Luis Potosí, 15 por ciento fallecieron en la vía pública.

Cifras que evidencian un serio problema de acceso a los servicios de salud en los estados con mayor marginación.

Quiero compartirles algunos casos ante los que no podemos quedarnos callados o cruzados de brazos.

En octubre pasado, en el Hospital General de Guaymas, Sonora, José Sánchez Carrasco, un jornalero agrícola de 38 años de edad, falleció en el exterior del hospital esperando atención médica que nunca llegó por carecer de servicio médico y de dinero para pagarlo.

En San Antonio de la Cal, Oaxaca, la señora Alma Ruth Mendoza Martínez, dio a luz afuera de una clínica porque le negaron la atención.

Un caso muy conocido ocurrió en San Felipe, Xalapa de Díaz, Oaxaca, con Irma López Aurelio de 28 años de edad, a quien también le negaron el servicio por causas desconocidas, terminó dando a luz en el jardín de la clínica.

La presidenta municipal denunció que esa no era la primera vez que ocurrían estos hechos.

Otro caso que llena de indignación ocurrió en Puebla, en donde una bebé de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas, por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán, la madre vio morir a su hija tras una espera de más de 20 minutos para ser atendida, al llegar al área de recepción sólo se encontraba el vigilante del hospital, quien respondió que se sentara y esperara su turno.

En San Jacinto de Milpas, Oaxaca, una mujer tuvo a su bebé en el baño del Centro de Salud de la Comunidad. Es indignante que, según medios de comunicación, el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en ese momento.

Aquí en el Distrito Federal un caso lamentable fue el de Alexandra del Río Guerra y Alejandro Barrera Fernández, fueron asaltados, les dispararon, y cuando llegaron a un hospital de la Colonia Escandón, Alexandra falleció al no recibir los servicios de urgencia, porque les dijeron que tenía que esperar a que llegara el Ministerio Público.

La semana pasada, en Villahermosa, Tabasco, falleció una bebé, porque su mamá sufrió un aborto en el baño de la clínica, primero la rechazaron en el ISSSTE por no ser derechohabiente y en el Hospital de la Mujer tampoco la atendieron porque un encargado de admisión estaba integrando un expediente y otro terminando su jornada laboral.

Es evidente que en muchos lugares hace falta infraestructura, que hay sobrecupo en hospitales y escasez de personal, pero eso no es justificación para negar la atención a pacientes que verdaderamente la necesitan, ni para que se actúe con insensibilidad y de manera negligente.

Por eso las Senadoras Adriana Dávila, Pilar Ortega, Rosa Adriana Díaz Lizama, Elia Hernández, Sonia Mendoza y el Senador Francisco Salvador López Brito, presentamos esta iniciativa para impulsar dos reformas que van en el mismo sentido.

La primera, una reforma a la Ley General de Salud, artículo 469, para considerar un delito la negación de la atención médica, para sancionar al profesional técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, específicamente en trabajo de parto instalado, activo y regularizado y/o con ruptura de membranas o en casos de urgencia derivado de accidentes, lesiones graves, descompensaciones o aquellos casos en los que se ponga en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto o que niegue la asistencia de servicios médicos en general.

Queremos que se impongan sanciones específicas de seis meses a cinco años de prisión y multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

Además de esa sanción, se separará del cargo o comisión a quien teniendo la responsabilidad de prestar los servicios de salud omita o se abstenga de prestarlos.

Y la segunda reforma va de la mano y es para sancionar la misma conducta, pero ahora en el Código Penal Federal en el artículo 230, al que se le agrega un numeral para imponer las mismas sanciones también a los directores encargados, administradores, así como al profesional técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud donde incurran en dicha omisión o actos negligentes y que se persigan por oficio.

Esta iniciativa tiene dos bondades. Terminar con la impunidad, brindar protección efectiva a los pacientes y garantizar las herramientas legales que protejan el derecho a la vida y el acceso a la atención médica.

Y la segunda es un importante paso a favor de la prevención de estas conductas, generar incentivos para que todo el personal del sector salud asuma el compromiso de poner a los pacientes como su prioridad.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Los que suscriben, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA, ELIA HERNANDEZ NUÑEZ, SONIA MENDOZA DIAZ Y MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ Y FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senadores de laLXII Legislatura del Congreso de laUnión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo estipulado en los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de laRepública, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL CODIGO PENAL FEDERAL, A FIN DE IMPONER UNA SANCION A QUIENES NIEGUEN O IMPIDAN EL ACCESO A LA ATENCION MEDICA A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO O EN CASOS DE URGENCIAS DERIVADAS DE ACCIDENTES, LESIONES GRAVES O DESCOMPENSACIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DEL PACIENTE, LA MADRE O DEL PRODUCTO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ley es una norma jurídica que emana del poder público, se caracteriza por ser general, heterónoma, coercible, abstracta y coactiva; es pues, una regla de carácter obligatorio cuya observancia se asegura mediante sanciones.

Para Pellegrino Rossi, (quien además es considerado como uno de los precursores de la Escuela Clásica), la pena es la remuneración del mal hecho con peso y medida por un juez legítimo. El derecho de castigar tiene su fundamento en el orden moral, obligatorio para todos los hombres y debe ser realizado en la sociedad en la que viven, construyendo de esa forma un orden social.

Para Emanuel Kant, la pena es un imperativo categórico, una exigencia de la razón y de la justicia y consecuencia jurídica del delito realizado; su imposición no aspira a obtener fines de utilidad, sino puramente de justicia; su fundamentación se halla en el principio absoluto de la retribución jurídica.

Para el jurista y maestro Juan Alejandro Carmignani, profesor de la cátedra de Derecho Penal en La Universidad de Pisa, el derecho de castigar no tiene su fundamento en la justicia moral, sino en la necesidad política de la conservación social; la ley moral sólo funciona como límite y criterio a favor de la mesura.

Para el jurista Eugenio Cuello Calón, la Ciencia del Derecho Penal es el conjunto sistemático de principios relativos al delito, a la pena y a las medidas de seguridad. Es una sistematización cuyo objeto lo constituyen las normas que definen a los actos seriamente trastornadores del orden social y las medidas adecuadas para su prevención y su contención.

La palabra delito deriva del latín delinquere, cuyo significado es abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley; según diversos autores está íntimamente ligado a la manera de ser de cada pueblo y a las necesidades de cada época, los hechos que unas veces han tenido ese carácter, lo han perdido en función de situaciones diversas y, viceversa, acciones no delictuosas, han sido erigidas en delitos; la idea especial del delito no está en transgredir las leyes protectoras de los intereses patrimoniales.

Según la conducta del agente los delitos pueden ser de acción y de omisión, los primeros se cometen mediante una actividad positiva, en ellos se viola una ley prohibitiva, en los de omisión el objeto prohibido es una abstención del agente, consiste en la no ejecución de algo ordenado por la ley. Para el jurista Eusebio Gómez, en los delitos de omisión, las condiciones en que deriva su resultado reconocen como causa determinante la falta de observancia por parte del sujeto de un precepto obligatorio. En resumen, los delitos de omisión violan una ley dispositiva, mientras que los de acción infringen una prohibitiva.

Los delitos de omisión suelen dividirse en delitos de simple omisión y de comisión por omisión, también llamados delitos de omisión impropia. Los delitos de simple omisión, o de omisión propiamente dichos, consisten en la falta de una actividad jurídicamente ordenada, con independencia del resultado material que produzcan, es decir, se sancionan por la omisión misma.

Los delitos de comisión por omisión, son aquellos en los que el agente decide no actuar y por esa inacción se produce el resultado material. Como ejemplo del delito de comisión por omisión, se suele citar el de la madre que con el deliberado propósito de dar muerte a su hijo recién nacido, no lo amamanta, produciéndose un resultado letal. La madre no ejecuta acto alguno, sin embargo, deja de realizar lo debido. En los delitos de simple omisión, hay una violación jurídica y un resultado puramente formal, es decir, únicamente hay violación a una ley dispositiva.

Asimismo, los delitos se clasifican en formales y materiales. Para los formales, se sanciona la acción (u omisión) en sí misma, como ejemplo tenemos el falso testimonio, la portación de arma prohibida y la posesión ilícita de enervantes. Mientras que para los materiales, se requiere la producción de un resultado objetivo o material como el homicidio, el robo, entre otros.

Por lo que respecta al daño que causan, se entiende al que reciente la víctima, clasificándose éstos en delitos de lesión y de peligro. Los de lesión, causan daño directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la norma violada, como el homicidio o el fraude, entre otros. Los segundos no causan un daño directo, pero ponen en peligro a tales intereses, tal es el caso del abandono de las personas o la omisión del auxilio. El peligro es la situación en que se colocan los bienes jurídicos, de la cual deriva la posible causa de un daño.

Entre otras tantas clasificaciones, podemos encontrar delitos comunes, federales, militares y políticos; siendo los delitos comunes los que se constituyen en una regla general; los oficiales, los cometidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones ajustándose a lo establecido por la ley de la materia, entre otros.

Ahora bien, los elementos de la omisión en los que existe una voluntad que se traduce en un no actuar, es decir, en una inactividad para realizar una acción ordenada por el Derecho. Para el jurista y político de origen austriaco, Franz Von Liszt, la omisión de manifestación de voluntad consiste en no ejecutar, voluntariamente, el movimiento corporal que debiera haberse efectuado. Los elementos de voluntad e inactividad aparecen tanto en la omisión simple como en la comisión por omisión, más en ésta emergen otros dos factores un resultado material típico y una relación de causalidad entre dicho resultado y la abstención. En la comisión por omisión la manifestación de voluntad se traduce al igual que en la omisión simple, en un no obrar teniendo la obligación de hacerlo, pero violándose, no sólo la norma preceptiva sino también, una prohibitiva, por cuanto manda abstenerse de producir el resultado típico y material.

Si bien es cierto que la causalidad en los delitos de omisión consisten en un no hacer, lo que puede traducirse en que a quien nada hace no se le puede exigir responsabilidad alguna, en otras palabras de la nada, nada puede resultar. También es cierto que únicamente en estos delitos existe un nexo causa efecto, porque producen un cambio exterior. A mayor abundamiento, para el penalista argentino Sebastián Soler, la mera abstención causal se transforma en omisión causal y punible cuando el acto que hubiera evitado el resultado era jurídicamente exigible, según el penalista, ese deber de obrar subsiste en tres casos diferentes: cuando emana de un precepto jurídico específico; si existe una obligación específica contraída a ese fin y cuando un acto precedente impone esa obligación.

Para el jurista Ignacio Villalobos, en su obra Derecho Penal Mexicano, estima que el no hacer es precisamente la causa del resultado en el sentido valorativo del Derecho. Si de acuerdo con la organización social, el hijo puede esperar las atenciones y los cuidados de sus padres, el abandono de un menor (omisión o falta de esos cuidados debidos) es la causa de los peligros y daños consiguientes, pues la voluntad del agente manifestada por un acto negativo, no prestando los auxilios y las atenciones debidas, es lo que altera el orden jurídico preestablecido y, al suprimir las soluciones arregladas para un estado de indefensión propia, hacen renacer todos los peligros inherentes a tal situación. Si se suprime en la mente de esa omisión de cuidados y se suponen prestados éstos conforme a las normas de la organización social, el resultado desaparecerá también.

Para Edmundo Mezger la clave del problema es la acción esperada. ¿Hubiera sido impedido el resultado que el Derecho desaprueba, por la acción esperada? Cuando esta pregunta se responde afirmativamente, la omisión es causal en orden al resultado. En otras palabras, para Mezger la omisión es causa del resultado inminente, imaginamos ejecutado el acto omitido; si subsiste el resultado, la abstención no será su causa; sólo adquirirá tal carácter si en nuestra imaginación, supuesta la realización del acto, desaparece el resultado.

En el caso de delito de comisión por omisión podemos señalar que en reiteradas ocasiones y de manera dolosa algunas instituciones encargadas de otorgar los servicios de salud en el caso de urgencias médicas y de atención a mujeres en trabajo de parto omiten realizar su función, lo cual se traduce en una negativa en la prestación de un servicio.

Dentro de los delitos de comisión por omisión, podemos señalar los siguientes casos que hemos conocido a través de algunos medios de comunicación:

• El ocurrido a las afueras del Hospital General de Guaymas, Sonora, en octubre pasado, cuando un jornalero agrícola de nombre José Sánchez Carrasco de 38 años de edad, falleció en el exterior de dicha Institución esperando atención médica que nunca llegó por carecer de servicio médico o dinero para pagarlo.

• En ese mismo mes, en la clínica del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, la señora Alma Ruth Mendoza Martínez, dio a luz en las inmediaciones de la clínica de dicho municipio, lo cual trajo como consecuencia la separación del cargo del médico responsable y del director de la clínica.

• Otro lamentable caso, sucedió en el centro de salud San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, cuando Irma López Aurelio de 28 años de edad, acudió a recibir atención médica en el centro de salud, en donde le negaron el servicio por causas desconocidas, teniendo que cursar latrabajo de parto en el jardín de dicho centro. Cabe señalar que la Presidenta Municipal de la localidad denunció que esta no es la primera vez que ocurrían estos hechos. Dado que en menos de dos meses otra mujer indígena tuvo que tener a su hijo frente al hospital, debido a que en dicho centro de salud se negaron a abrirle la puerta.

• Otro hecho que llena de indignación, es el que ocurrió en el Estado de Puebla, en donde una recién nacida de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas, el pasado 20 de octubre por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán. En tan lamentable hecho, la madre vio morir a su pequeña hija tras una espera de más de 20 minutos para ser atendida. La madre declaró sobre la desesperación que tuvo al no ser atendida inmediatamente, a pesar de las suplicas para que vieran a su hija. Al llegar al área de recepción, sólo se encontraba el vigilante del hospital, quien respondió que “se sentara y esperara su turno”. Al ver que su bebé empeoraba, tomó la decisión de tocar la puerta de un consultorio para que la atendieran, sin tener éxito. Después de varios minutos, un médico se dirigió a donde se encontraba para sólo confirmar la muerte de la menor.

• En la comunidad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño del centro de salud de la comunidad, resulta por demás indignante que según medios de comunicación el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos en el momento de los hechos.

• Hace un par de meses, llenaron de indignación los hechos ocurridos en contra de la hoy accisa Alexandra del Río Guerra y Alejandro Barrera Fernández, cuando fueron abordados por un individuo armado que realizó una serie de disparos de arma de fuego que alcanzó a la señora Barrera Fernández, acudiendo a un hospital de la colonia Escandón en la Ciudad de México, en donde falleció al no recibir los servicios de urgencia médica necesarios.

• A principios del año, un nuevo caso se registró en Oaxaca, esta vez en el municipio de Matías Romero, donde una pareja denunció que por falta de atención médica en un hospital del IMSS su bebé falleció en el vientre de su esposa.

• Rodolfo Feliciano Domínguez, un indígena mixe de San Juan Cotzocón, municipio ubicado en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, explicó que la mañana del pasado 13 de enero, él y su pareja Silvia Francisco de 24 años, acudieron al área de urgencias donde fueron atendidos por una enfermera que les pidió esperar para ser atendidos.

Posteriormente, otras enfermeras les indicaron que aún no era posible brindarles atención, hasta que luego de cinco horas, les dieron una orden para que Silvia acudiera a hacerse un ultrasonido a una clínica particular, cerca de la clínica del IMSS. Sin embargo, el médico les dijo que su bebétenía 10 minutos de haber fallecido. Feliciano Domínguez agregó que regresaron al IMSS con los resultados y fue cuando su esposa fue hospitalizada para ser intervenida.

El hombre culpó a las enfermeras y médicos de la institución por la muerte de su primera hija. Los doctores alegaron que la niña había fallecido asfixiada debido a la falta de líquido amniótico y porque se le enredó el cordón umbilical en el cuello. Todo esto hace ver la negligencia con la que se actuó en dicho caso ya que no es permisible que en ese corto lapso de tiempo la bebe se quedara sin líquido y además se le enredara el cordón sin haber sido detectado con anterioridad.

A este respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió el comunicado de prensa número CGCP/050/14, a través del cual, informó que ese Organismo Nacional inició una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de una mujer, cuyo bebé murió en su vientre, por falta de atención en el Hospital número 37 del Programa IMSS-Oportunidades en el municipio de Matías Romero, Oaxaca. En dicho comunicado, la Comisión Nacional reitera la importancia de la atención médica hacia los pacientes, al ser la vida un derecho humano fundamental. Reiterando la relevancia en la atención médica oportuna hacia los pacientes, al ser la vida un derecho fundamental. Soslayando que el derecho a la protección a la salud debe ser ejercido y exigido por todos, pero en mayor medida vigilados ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos.

Es evidente que en nuestro país, la falta de infraestructura, el sobrecupo en hospitales y falta de pericia o de sensibilidad aunado a la escases depersonal o incluso, la falta de personal capacitado para atender emergencias médicas, no es justificación para que el Estado y el personal médico deje a un lado su responsabilidad para garantizar la salud de personas, más aún a las que están en trabajo de parto o en condición de emergencia producto de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Por lo que refiere a la legislación a nivel internacional, así como lo establecido en nuestra Constitución y demás ordenamientos legales, podemos encontrar:

Primero.- Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se enuncian principios básicos de las personas, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, igualdad, no discriminación, obliga a nuestro país a garantizar derechos como el acceso a la salud, tal y como lo establece el artículo 25, que a la letra dice:

Artículo 25.-Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Segundo.- En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se establecen principios básicos para lograr la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos y cuya finalidad es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Asimismo, dicho Organismo Internacional señala que los Estados deberán crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludable posible, dichas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de los servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

Tercero.- De acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Parte, reconocen el derecho de toda persona para el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, como a continuación se transcribe:

Artículo 12

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Cuarto.- Asimismo, dicho derecho humano está reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en los siguientes términos:

Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

Quinto.- Según la Convención sobre Derechos del Niño, los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. Adicionalmente, los Estados adoptarán las medidas apropiadas, según el artículo 24:

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Sexto.- El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado también “Protocolo de San Salvador”, establece el derecho a la salud, como se menciona a continuación:

Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de  otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de  salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Séptimo.- Según la Organización Mundial de la Salud, este derecho universal, abarca cuatro elementos que son:

1.- Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.

2.- Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

• no discriminación;

• accesibilidad física;

• accesibilidad económica (asequibilidad);

• acceso a la información.

3.- Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida.

4.- Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

Octavo.- Por lo que respecta a nuestra legislación en materia de salud, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4 lo siguiente:

Artículo 4°.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Noveno.- La Ley General de Salud reglamentaria del artículo 4° Constitucional, establece en su primer artículo el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, estableciendo las bases, modalidades para el acceso a la salud y la concurrencia de la Federación y de las Entidades Federativas, en materia de salubridad general, señalando como autoridades las mencionadas en el artículo 4°, que a continuación se transcribe:

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias:

I. El Presidente de la República;

II. El Consejo de Salubridad General;

III. La Secretaría de Salud, y

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito Federal.

Décimo.- Establece su artículo quinto que el Sistema Nacional de Salud estará constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Dentro de los objetivos del dicho Sistema Nacional, se encuentran los siguientes:

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII.- Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Décimo Primero.- El artículo 9º de la Ley General de Salud, menciona que los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud.

Para efectos prácticos el artículo 23 y 24 de la Ley General de Salud, define los servicios de salud, clasificando éstos en tres grupos, a saber:

Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:

I. De atención médica;

II. De salud pública, y

III. De asistencia social.

Décimo Segundo.- El artículo 27 de la Ley General de la materia, establece los servicios básicos de la salud los siguientes:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

El artículo 33, indica las actividades de atención médica a saber:

Artículo 33. Las actividades de atención médica son:

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley General en comento, establece a lo largo de su articulado, sobre los derechos de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, que a continuación se mencionan:

Artículo 77 bis 36.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

I. Recibir servicios integrales de salud;

II. Acceso igualitario a la atención;

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;

IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud;

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;

VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social en Salud;

VII. Contar con su expediente clínico;

VIII. Decidir libremente sobre su atención;

IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos;

X. Ser tratado con confidencialidad;

XI. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión;

XII. Recibir atención médica en urgencias;

Por lo que respecta al Consejo de Salubridad General, es un Organo Colegiado dependiente directamente del Presidente de la República con carácter de unidad sanitaria, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales son obligatorias parta las autoridades administrativas del país en término de lo dispuesto por los artículo 73 fracción XVI Base 1ª de la CPEUM; 4º fracción II y 15 de la Ley General de Salud y 1° del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

Es fundamental lograr que cada una de las instancias responsables de brindar servicios de salud, así como sus integrantes, cumplan con sus funciones, debido a que el país cuenta con un marco normativo amplio y actualizado con sus obligaciones y compromisos contraídos mediante la suscripción de instrumentos internacionales, pero estamos presenciando una preocupante disociación entre la legislación, las responsabilidades de los servidores públicos y las necesidades de la población. En todo ello, preocupa que los casos de falta de atención médica en situaciones en las que la vida de los pacientes está en peligro vayan incrementándose y que los responsables gocen de impunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se reforma y agrega un párrafo al artículo 469 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

TITULO DECIMO OCTAVO

Medidas de Seguridad Sanitaria

CAPITULO VI

Delitos

ARTICULO 455 al 468 …

Artículo 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en trabajo de parto instalado, activo y regularizado y/o con ruptura de membranas o en casos de urgencia derivado de accidentes, lesiones graves, descompensaciones o aquellos casos en los que se pongan en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto o que niegue la asistencia de servicios médicos en general; se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

Además de la sanción que se señala en el párrafo anterior, se separará del cargo o comisión a quien teniendo la responsabilidad de prestar los servicios de salud omita o se abstenga de prestarlos.

Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el artículo 230 del Código Penal Federal, agregándose un párrafo y recorriéndose el numeral I, II y III para quedar como sigue:

TITULO DECIMOSEGUNDO

Responsabilidad Profesional

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 228 al 229 …

Artículo 230.- Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a juicio del juzgador, a los directores, encargados, administradores, así como al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I.- Impedir el acceso, negar la atención o prestación de los servicios de salud de mujeres en trabajo de parto instalado, activo y regularizado y/o con ruptura de membranas, así como a las personas en condición de emergencia médica, derivado de accidentes, lesiones graves, descompensaciones o aquellos casos en los que ponga en riesgo la vida del paciente, la madre o del producto.

II.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole;

III.- Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior;

IV.- Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió.

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella, con excepción de lo establecido en el párrafo I, que se perseguirá de oficio.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México,

Distrito Federal, a 20 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.-Sen. Adriana Dávila Fernández.-Sen. Sonia Mendoza Díaz.-Sen. María del Pilar Ortega Martínez.-Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.-Sen. Elia Hernández Núñez.-Sen. Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Gómez del Campo Gurza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 13 de la Ley General de Salud.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION X AL ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Senadores:

Es para mí, verdaderamente, un motivo de especial satisfacción el poder presentar esta iniciativa de ley, una iniciativa que hemos venido trabajando con varias Senadoras y Senadores, especialmente porque hoy nos acompaña gente de mi estado, el estado de Guerrero, y de uno de los principales municipios que tiene, como condición geográfica por su cercanía con la ciudad de México, por su cercanía con Morelos, un lugar privilegiado en materia de turismo, y que estoy convencido que, especialmente con iniciativas como esta que presentamos el día de hoy, a partir del turismo de salud, puede tener Taxco un nuevo momento de crecimiento, un nuevo momento de atracción a gente, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo; que pueda llegar a ese lugar tan bello, donde Santa Prisca, que significa “Belleza de Plata”, la energía de su gente y, sobre todo, la historia que tenemos en Taxco que presentarle al país y al mundo los guerrerenses.

El turismo de salud, compañeras y compañeros, se ha convertido en una de las principales fuentes de generación de ingresos en el mundo.

La ola de turistas médicos a México empezó en 1996. Fue precisamente Monterrey la ciudad pionera en la atención médica en el tema de obesidad, un tema que hemos tratado recurrentemente en este Senado de la República.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la industria de turismo de salud, la cual abarca unos 7 millones de personas al año, personas que viajan fuera de su país en busca de tratamientos médicos, atraídos por tecnología avanzada, científicos de vanguardia, calidad en el servicio y menores costos que son los que ofrece nuestro país.

México ha aumentado los ingresos generados por el turismo médico, alcanzando los 2 mil millones de dólares tan solo para el año 2013.

México cuenta con más de una docena de destinos especializados en turismo médico donde se unen prestadores de servicios turísticos de atención médica de la más alta calidad, para atender las especialidades de Oncología, Ortopedia, Cardiología, Cirugía en General, Cirugía Plástica y Gastroenterología.

Decirles, compañeras y compañeros, que México captó un monto de 122 millones de dólares para el 2009 por turismo médico.

Para el 2010 la cifra se incrementó en 304 millones de dólares, es decir, creció casi un 200 por ciento, y en esa lógica el crecimiento que tiene esta industria va en expansión y va en crecimiento.

Como guerrerense, estoy convencido que el turismo médico en lugares como Taxco, como la Costa Grande de Guerrero, con Ixtapa, Zihuatanejo, como Acapulco, como toda esta parte y toda esta franja que tenemos de 500 kilómetros, puede ser un importante vehículo para generar una atracción adicional a la que ya tiene nuestra belleza escénica, adicional a la que ya tiene la gente que sabe sobre servicios de salud, porque lo que podemos empezar a complementar es precisamente servicios de salud de alta tecnología, que en niños, como los que hoy están aquí presentes, que vienen desde Taxco, puedan empezar a generar nuevas carreras, nuevos conocimientos, nuevas dinámicas de crecimiento apoyándose en lo que ya tenemos.

Pensemos en Taxco, que es un lugar en el cual la gente puede ir a comprar plata el fin de semana; donde la gente, el turista normal que nos visita está 1 ó 2 días.

Si nosotros le apostamos al turismo de salud, no solamente generaremos un efecto positivo para la atracción de turistas que pueden estar entre 5 y 15 días, sino que lo que tendremos sera la posibilidad de aprovechar la ventana de oportunidad que significa estar cerca de la ciudad capital, y cerca de estar de la presencia territorial demográfica más grande que tiene el país.

México, en el valle central, en su colindancia con el Estado de México e Hidalgo, representa alrededor de 25 millones de personas; 25 millones de personas que podrían estar en Taxco o en Acapulco, entre 1 ó 3 horas, para poder tener este tipo de servicios de salud y para poder tener este tipo de experiencia de turismo de salud.

Hoy Morelos, por citar un ejemplo, ya se ha convertido en una de las líneas de vanguardia en el turismo de bienestar.

Los principales Spas que puede tener un lugar como Morelos, sirven de un atractivo para que la gente de la ciudad de México pase los fines de semana.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un importante polo de desarrollo, que ubique el valle central en la ciudad de México, pasando por Morelos, y llegue al estado de Guerrero.

Esa es la visión que tenemos en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para buscar que aquellas ventanas de oportunidad y de crecimiento económico que han sido características de lugares como el estado de Guerrero, encuentren nuevas opciones, encuentren nuevas vías donde capital humano, tecnología y turismo aprovechen la enorme ventana de oportunidad que hoy significa este mercado que está en expansión, tanto en México como en el mundo.

Compañeras y compañeros:

Yo los invito a que revisen esta iniciativa. Solamente mencionándoles que si somos el segundo país más importante hoy en crecimiento a nivel mundial en esta industria de turismo, pues estamos hablando de ciudades que están siendo vanguardia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, está: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad Juárez, Navojoa, Nogales, Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, la ciudad de México, Monterrey, Culiacán, Cancún, Mérida, Puerto Vallarta, Guadalajara, León y San Luis Potosí.

Estas ciudades hoy son punta de lanza en esta industria, estas ciudades no tienen colores, no tienen definiciones de carácter partidista, sino que lo que están encontrando es una brecha de crecimiento a partir del turismo, que como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene que ser la nueva frontera del crecimiento para nuestro país, y especialmente para estados como el mío, que es el estado de Guerrero.

Saludo a mis amigos y a mis amigas de Taxco que nos acompañan el día de hoy.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño)Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo Appel, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Para preguntarle al Senador Ríos Piter, si me permite adherirme a su iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Ríos Piter.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Encantado, Senador Ruffo Appel.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Aceptada. Solicito a la Secretaría tome nota igualmente de los Senadores Merodio Reza, López Brito, Juárez Cisneros, Demédicis Hidalgo, Sánchez Jiménez e Iris Vianey. Gracias, Senadores.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, Senadoras y Senadores. Gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se recibió de la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12 y la fracción V del artículo 14 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 12 Y LA FRACCION V DEL ARTICULO 14 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 19 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION

(Presentada por la C. Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM)



Se recibió de los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Alberto Puente Salas, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Roberto Armando Albores Gleason, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, que se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Primera.

1 PNUMA. 2012. GEO 5 Perspectivas del Medio Ambiente Mundial: Medio ambiente para el futuro que queremos. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Nairobi. 552 pp.

2 OECD. 2013. “Municipal waste” en OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD Publishing, París. [en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web:

3Idem.OECD. 2013.

4 SEMARNAT. 2013. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

5 INECC. 2012. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

6 INEGI. 2013. Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuentas económicas y ecológicas de México 2007-2011. Año base 2003. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 159 pp.

7 Presidencia de la República. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010.

8 SEMARNAT. Impactos de los residuos sobre la población y los ecosistemas en: Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, Compendio de Estadísticas Ambientales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. [en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web:

semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/07_residuos/recuadro1.html>

9 UNEP. 2011. Hacia una Economía Verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza – Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. [en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web:

10 EPA. 2002. What Is Integrated Solid Waste Management? United States Environmental Protection Agency, United States.

11 INEGI. 2011. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México.

12 SEMARNAT. 2013. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

13 INECC. 2012. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2012. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

14 EnvironmentalPaper Network. 2011. The State of the Paper Industry 2011: Steps Toward an Environmental Vision.[en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web:

15Op. Cit.SEMARNAT. 2013.

16 UNEP. 2011. Reporting Forests: A journalist’s guide to the role of forests in sustainable development and human well being.[en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web: <http://www.unep.org /forests/Portals/142/docs/IYF_Media_bro_web2.pdf>

17 SEMARNAT. 2013. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

18 INEGI. 2013. Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuentas económicas y ecológicas de México 2007-2011. Año base 2003. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 159 pp.

19 Posteriormente el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009 incorpora al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público las reformas que inicialmente se hicieran al artículo 27 del mismo ordenamiento el 5 de septiembre de 2007, modificándolas con el fin de facilitar su cumplimiento.

20 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2007.

21 SEMARNAT. 2012. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México: Compendio de Estadísticas Ambientales e Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. Edición 2012. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. [en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web:

22 ONU. Programa 21. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. [en línea] [ref. febrero de 2014] Disponible en Web:

23 Cámara de Diputados. 2007. Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Gaceta Parlamentaria, No. 2239-I, 24 de abril de 2007.

24 Cámara de Diputados. 2009. Dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública, de Justicia, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal. Gaceta Parlamentaria, No. 2748-I, 30 de abril de 2009.

25 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013.

26 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNION DECLARA EL DIA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DIA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FISICA”

(Presentada por los CC. Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Alberto Puente Salas, Daniel Gabriel Avila Ruiz y Roberto Armando Albores Gleason)

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNION DECLARA EL DIA 6 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO“DIA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD Y SALUD FISICA”QUE PRESENTAN LAS SENADORAS LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZAY LOS SENADORES DANIEL GABRIEL AVILA RUIZ, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON Y CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, con fundamento en lo establecido en la fracción ii del artículo 71 y artículo 72 de la constitución política de los estados unidos mexicanosbajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas el deporte y la actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial. Como individuos, el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos.

En el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades. A escala mundial, si se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente.

Su acceso y participación proporcionan una oportunidad para que la población marginada por barreras sociales, culturales o religiosas debido a cuestiones de género, incapacidad física u otro tipo de discriminaciones pueda, vivenciar la inclusión social y moral.

A través del deporte y la actividad física, los individuos pueden experimentar la igualdad, la libertad y un medio digno de fortalecimiento. Las personas que practican algúndeporte, obtienen beneficios valiosos, especialmente las niñas ymujeres adultas, todos aquellos con impedimentos físicos, así como quienes habitan en áreas de conflicto y aquellas que se recuperan de algún trauma físico.

La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas beneficiando el desarrollo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

A pesar de lo señalado anteriormente, desde hace varios años diferentes investigadores han hecho pronunciamientos claros sobre la escasa o ausencia de actividad física en la población en general; al respecto se ha identificado que los primeros signos de enfermedades cardíacas en humanos aparecen alrededor de los dos primeros años de edad, en las mismas investigaciones se determina que la enfermedad puede revertirse hasta la edad de 19 años. Lo malo es que si los hábitos de ejercicio de los niños no se cambian, estos sufrirán de presión alta o de obesidad cuando sean adultos.

México es el país que ocupa el primer lugar en obesidad y sobrepeso infantilde acuerdo a la ONU, lo cual nos ubica con un grave problema de salud física y mental. Es importante mencionar que la práctica de la actividad física y del deporte en edades escolares está relacionada con la salud de la población infantil y juvenil.

De acuerdo a la ONU, estos son los países con mayores problemas de sobrepeso, de acuerdo al porcentaje de obesidad de su población:

PAIS

%PORCENTAJE

  • México

32.8 %

  • Estados Unidos

31.8 %

  • Siria

31.6 %

  • Venezuela

31.2 %

  • Libia

30.8 %

  • Trinidad y Tobago

30.0 %

  • Iraq / Argentina

29.4 %

Hoy en día es sabido que la obesidad se inicia desde la infancia. Esto es ocasionado básicamente porque el gasto de energía en edades infantiles y juveniles es insuficiente, puesto que los juegos con gran diversidad de movimientos, tan habituales y prolongados en épocas anteriores han sido reducidos al mínimo, incluso han sido sustituidos por los juegos sin movimiento (en la computadora o los videojuegos, así como largas horas frente al televisor sin gasto de calorías).

De ahí que la obesidad y el sobrepeso son el resultado de este desequilibrio entre las fuentes de ingesta de alimentos y el gasto energético.

Por lo tanto podemos decir como primera conclusión,que la obesidad es el resultado de la combinación de factores dietéticos inadecuados y la inactividad física, lo que relaciona a la obesidad y el sedentarismo en los más jóvenes.

En ese contexto la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que las actividades físico-deportivas en la etapa de escolarización son necesarias en la infancia y la juventud con el fin de promover un desarrollo saludable del cuerpo y retrasar el deterioro de ciertos aspectos de la salud que pueden producirse en la vejez.

Es también durante estos períodos de crecimiento cuando el cuerpo es más vulnerable a las influencias ambientales perjudiciales, como lo son una nutrición defectuosa, un entorno psicosocial pobre o la falta de actividad física. Cuando estos factores son adversos, se retrasan el crecimiento y el desarrollo y no se utilizan al máximo los potenciales genéticos.

Además de lo anterior, nuestro país tiene un grave problema provocado por el sedentarismo que ha derivado en la obesidad, por lo que, la práctica adecuada y continua del deporte es un factor fundamental para combatir dicho padecimiento que además está ubicado comounaenfermedadcrónica de origen multifactorial que es prevenible y que está constituida por una acumulación excesiva de grasa o por un exceso en el almacenamiento del tejido adiposo en el cuerpo.

La obesidad se presenta cuando la reserva natural de energía del ser humano se almacena en forma de grasa corporal y que se ve incrementada hasta un punto en donde se afectan las condiciones de salud, se desencadenan enfermedades y al final se presenta un incremento de la mortalidad.

La misma OMS promovió en 2003 la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, con la finalidad de concientizar a la población del mundo de activarse físicamente, quedando establecido el día 6 de abril de cada año como la fecha de su celebración, misma que en nuestro país se festeja desde 2005.

El Día Mundial de la Actividad Física fue una iniciativa de la OMS lanzada a fin de hacer consciente a la población del mundo de la importancia de moverse.

La OMS considera a la actividad física como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas"; es un término amplio que abarca una multiplicidad de actividades, todas ellas beneficiosas para la salud. Subraya la importancia de la prevención no farmacéutica de las enfermedades cardiovasculares y pone el acento en la promoción del movimiento activo utilizando el consejo "por tu salud muévete".

La inactividad física está cada vez más extendida y ello repercute negativamente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de las enfermedades no transmisibles (ENT) –por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer– y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre y el sobrepeso.

Se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente de entre el 21 y el 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de la diabetes y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. Además, las ENT representan actualmente casi la mitad de la carga mundial total de morbilidad. Se ha estimado que, de cada diez defunciones seis son atribuibles a enfermedades no transmisibles.

Todas las propuestas de este tipo de programas se basan en las evidencias científicas más recientes que muestran que sesiones cortas de treinta minutos por jornada la mayor parte de los días de la semana, de forma continua o acumulada de 10 a 15 minutos en intensidad moderada, pueden representar el límite para la población de obtener efectos benéficos para la salud.

Para esto los científicos sugieren que las personas adopten un estilo de vida activo, o sea que incluyan actividades físicas en su día a día en la casa, en el trabajo o en el tiempo libre. Estas actividades incluyen subir o bajar escaleras, salir a pasear con el perro, cuidar el jardín, lavar el auto, realizar caminatas a ritmo ligero, bailar, pedalear o nadar.

Estas nuevas recomendaciones son confirmadas no sólo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino también por el Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y Educación Física (Icsspe), el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM), la Federación Internacional de Medicina Deportiva (FIMS) y Asociación Americana de Cardiología.

Hoy se conoce el enorme ahorro en medicamentos que implica la práctica de actividad física, además del gran beneficio mental que provoca el ejercicio, al actuar como una suerte de fertilizante de las neuronas.

El Día Mundial de la Actividad Física es un día no sólo para pasar de la teoría a la práctica evitando la quietud, sino también para que se fundamente y debata en las escuelas y en la comunidad toda sobre la importancia de evitar el sedentarismo.

Actualmente y desde la fecha de referencia, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de dicha celebración, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales (a través de sus Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones conmemorativos de la celebración, desde caminatas, clases masivas de aerobic´s, ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, adecuando las actividades a sus recursos, características y referencias de la población.

Al día de hoy participan entre otros:

• Gobierno Federal

• Gobiernos Estatales

• Gobiernos Municipales

• Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte

• Comisiones Municipales del Deporte

• Secretaría de Educación Pública

• Secretaría de Salud

• Educación básica, media superior y superior en los Estados

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

• Instituto Mexicano de la Juventud

• Instituto Mexicano del Seguro Social

Los beneficios de la actividad física y el deporte son señalados a diario en todos los medios de información, se señala que el ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta.

También señalan la contribución en la prevención de las enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, estrechamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares.

Es en la activación física y el deporte donde está la riqueza y el potencial para hacer cambios positivos de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos de vida al escolar, sus valores sobre la salud y medio ambiente, así, como derechos y obligaciones.

Lo anterior se podrá concretar de manera coordinada, participativa y más ágilmente, si además de evocar un Día Mundial de la Actividad Física, se solemniza de manera oficial elDía del Deporte, la Actividad y Salud Física, cuyo objeto sea resaltar la relevancia e importancia de realizar alguna actividad física o deportiva en beneficio de la salud y tenga por cometido la coacción de los tres Poderes de la Unión en sus tres Ordenes de Gobierno, para armonizar y adecuar las normativas nacionales en la materia a las políticas dictadas por los organismos internacionales; así como proponer, diseñar, desarrollar, implantar, dirigir y establecer acciones y esquemas de financiamiento de las mismas que den oportunidad a enfrentar de manera íntegra y saludable los desafíos que tiene nuestra sociedad mexicana.

Estamos seguros que en la medida en que las instituciones con algún vinculo en la materia fortalezcan sus planes y programas de promoción y fomento de la actividad física, en esa medida estarán fortaleciendo valores que contribuyen al desarrollo integral de toda persona.

Por lo anteriormente expuesto sometemos ante esta soberanía la aprobación del siguiente:

DECRETO

Artículo Primero.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 6 de abril de cada año como “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”.

Artículo Segundo.- La Secretaría de Educación Pública, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines.

Artículo Tercero.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo del “Día del Deporte, la Actividad y Salud Física”, promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza.-Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.-Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.-Sen. Roberto Armando Albores Gleason.-Sen. Carlos Alberto Puente Salas”.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Derechos.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 19, FRACCION VI DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE ADICIONA EL ARTICULO 256 BIS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Senadoras y Senadores:

El día de hoy pongo a su consideración un tema que es de importancia para los estados con actividad petrolera, pero que ensancha sus alcances a otras entidades federativas como producto de la reforma energética que tendrán actividad en materia de hidrocarburos, y me refiero a estados como Coahuila, Nuevo León o San Luis Potosí.

La reforma aprobada trae un inmenso abanico de oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestro país. En particular, se abre una ventana favorable para la explotación de recursos no convencionales en aguas profundas, gas natural e hidrocarburos, conocidos como shale gas y shale petróleo.

Atendiendo el tema del medio ambiente, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Sin embargo, deja un tema pendiente, el de los costos ambientales y sociales en las entidades federativas con actividad petrolera.

Y es en ese tenor donde surge la exigencia de crear un fondo de estabilización ambiental y social que permita tener recursos disponibles para hacer frente a los pasivos ambientales que ya existen en las entidades federativas y estar preparados para posibles contingencias en el futuro.

En 2012, la SEMARNAT contabilizó un total de 580 pasivos ambientales en la República mexicana. De los estados con mayores pasivos sobresalen Campeche, con 13; Colima, con 30; Guanajuato, con 48; Jalisco, con 40; Estado de México, con 35; y Querétaro, con 58.

Cabe destacar que la entidad más contaminada es Veracruz, con 69 pasivos ambientales.

Si bien existe discrepancia respecto de los posibles responsables de los daños ambientales y el número de estos pasivos, el INEGI aporta elementos ineludibles y contundentes sobre los costos económicos totales por daños ambientales en todo nuestro país.

La degradación ambiental generada por la actividad minera y de hidrocarburos, asciende a 240 mil 274 millones de pesos. Por ello, recalco la necesidad de encontrar esquemas que permitan fondear a los gobiernos locales para hacer frente a eventuales daños ocasionados por la dinámica industrial de los hidrocarburos.

En nuestro actual esquema hacendario y fiscal, tenemos dos experiencias exitosas para crear fondos que provienen de una actividad específica, excedentes petroleros y derechos mineros, y que son utilizados para resolver una externalidad o problemática financiera derivada de la misma actividad productiva.

En primer lugar, me refiero a los fondos de estabilización de ingresos de las entidades federativas de infraestructura para PEMEX y de ingresos petroleros, contemplados en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, financiados con los excedentes que resulten de los ingresos autorizados por la ley.

En 2013, los ingresos excedentes netos ascendieron a 13 mil 571 millones de pesos, los cuales fueron repartidos entre los distintos fondos ya mencionados.

Lo anterior demuestra que recursos excedentes hay, y que existe la manera de repartirlos para maximizar su beneficio social.

Lo que hasta hoy no hemos visto en los estados con actividad petrolera es el compromiso decidido para aliviar los impactos ambientales y sociales que generan en nuestras regiones, lo cual me parece injusto e inequitativo.

Un segundo caso de estudio que nos da luz sobre cómo fondear recursos para entidades federativas con afectaciones ambientales y sociales producto de la actividad petrolera, se encuentran en la creación del reciente fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros en la Ley Federal de Derechos, asignándole el 80 por ciento de recaudación total por concepto de los derechos especial, adicional y extraordinarios sobre la minería.

Siguiéndose esas experiencias, se propone crear el Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas con Actividad Petrolera.

Este fondo recibirá recursos financieros de dos fuentes; a través de un porcentaje de los recursos excedentes que resulten de la Ley de Ingresos y con la recaudación total de un derecho específico de estabilización ambiental.

Se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona el inciso e) a la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que modifica la estructura de reparto de los fondos de estabilización para asignar el 5 por ciento de los excedentes que resulten de la Ley de Ingresos al Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas.

En esa reforma se específica que el Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas, también contará con los recursos contemplados en la Ley Federal de Derechos.

En cuanto a la Ley Federal de Derechos, se adiciona el artículo 256 Bis, para crear el derecho del Fondo de Estabilización Ambiental y Social, el cual deberá ser pagado por PEMEX y por los titulares de los contratos y asignaciones en materia de explotación y producción de hidrocarburos.

De aprobarse esta iniciativa, se aplicará la tasa de 0.30 por ciento al valor anual a la producción de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales; es decir, crudo, gas natural, hidrocarburos provenientes de lutitas, conocidos como shale gas y shale petróleo.

Amigas y amigos, los invito a sumarse a esta iniciativa, Senadoras y Senadores de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y la hago extensiva para todas y todos.

En alguno de nuestros estados ya contamos de manera intensiva con la actividad petrolera, pero en otros, en el corto plazo comenzarán a presenciar los alcances ambientales y sociales de la misma.

Aclaro que esta iniciativa no afecta recursos presupuestales, se basa en recursos excedentes y en la aportación de las distintas empresas, no solo PEMEX, que harán al fondo como producto del pago del derecho de estabilización ambiental.

Por su atención y por su apoyo, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 19, FRACCION VI, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE ADICIONA EL ARTICULO 256 BIS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, al tenor de los siguientes:

MOTIVOS

En un hecho histórico, el Presidente Lázaro Cárdenas del Rio, en 1938 nacionalizó la industria petrolera, retomando así el Estado mexicano la rectoría de nuestros recursos energéticos y potestades sobre ellos, conforme lo marcaba nuestra Carta Magna en su artículo 27.

Por el dinamismo inherente a la industria petrolera, ésta actividad se convirtió en uno de los sectores más productivos de nuestro país, no sólo porque nuestra empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) provee de los combustibles que necesitan los hogares y las industrias, sino por las aportaciones fiscales a la finanzas públicas.

Los ingresos producto de los derechos, impuestos y venta de hidrocarburos, representaban el 4% del Presupuesto Federal a finales de la década de 1950. Sin embrago, el descubrimiento de nuevos yacimientos ensancho nuestra industria de hidrocarburos, y para 1980 el gasto público del Gobierno Federal dependía en un 24.6% de los ingresos petroleros.1

A partir de ese momento los ingresos petroleros han sido el pilar de las finanzas públicas y de la economía nacional, los cuales alcanzaron un nivel histórico en el año 2005 al aportar el 40% de gasto público. Hoy en día, los ingresos por actividad petrolera reflejan en un 30% del gasto público federal.2

Sin lugar a dudas, se puede afirmar que la industria petrolera es motor fundamental de nuestro país, generadora de empleos y de infraestructura; carreteras, puentes, hospitales, escuelas y demás vías de comunicación son producto de los ingresos petroleros. De la misma manera, la política social no tendría los alcances que hoy tiene, pues muchos de los programas de combate a la pobreza tienen sustento económico en los ingresos petroleros.

A pesar de las bondades de nuestra industria, también hemos visto el otro lado de la moneda; el de sus impactos ambientales, y sus consecuencias al no prevenir accidentes y derrames que afectan los ecosistemas y alteran el desarrollo de las comunidades que habitan en las regiones con actividad petrolera.

Se considera una emergencia ambiental cuando la contaminación del sitio derive de un evento o circunstancia inesperada, y se conoce como pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente.

De acuerdo con la Dirección de Suelos y Residuos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las emergencias ambientales totales y emergencias que han derivado en sititos contaminados por hidrocarburos han mostrado notables descensos. “En 2005 se presentaron 215 emergencias ambientales, de las cuales 212 fueron emergencias derivadas de los hidrocarburos, para 2011 las emergencia se reducen a 125, de éstas, 102 fueron provocadas por actividades relacionadas con la industria petrolera”.3

En cuanto a pasivos ambientales, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT, estimó que la cierre de 2012 se tiene 229 sitios contaminados4. Cabe destacar que los pasivos ambientales en el país, se elevaron de manera exponencial ya que en 2006, solo se tenían registrados, oficialmente, 3 pasivos ambientales en el territorio nacional.

Las causas y responsables que han dado origen a los sitios contaminados, con base en los datos estadísticos del sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, PEMEX es el responsable del 67% de los pasivos ambientales, Comisión Federal de Electricidad 2%, Ferrocarriles de México en Liquidación 9% y las demás industrias y sectores con el 22%.5

Los datos arriba mostrados, nos dan una idea del impacto de la industria petrolera en el medio ambiente; el grueso de los pasivos ambientales son causados por la principal industria del país.

Sin embargo, las estadísticas dadas a conocer por la Dirección de Suelos y Residuos, contrastan con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 20126, publicado por la Semarnat, del cual se desprenden la localización de los sitios contaminados y de ellos los que se consideraran pasivos ambientales.

Este mismo Informe, con estadísticas desde 1995, contabiliza al cierre de 2012 un total de 580 pasivos ambientales en la República Mexicana. De los Estados con mayores pasivos sobresalen Campeche con 13, Colima 30, Guanajuato 48, Jalisco 40, Estado de México 35 y Querétaro con 58.7

Es necesario precisar que todas las Entidades Federativas tienen pasivos ambientales, pero de todas ellas, sobre sale Veracruz, como el Estado con más sitios contaminados del país registrando 69 pasivos ambientales, y es precisamente en éste estado donde la actividad de refinación y transformación de los hidrocarburos es preponderante importante para el país.

Aunque existen discrepancias sobre el número de pasivos ambientales y los posibles responsables o causantes de los mismos, el INEGI aporta elementos contundentes e ineludibles sobre los costos de las actividades industriales sobre el medio ambiente y su valor monetario respecto del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En Febrero de 2013 el INEGI presentó las Cuentas Económicas y Ecológicas de México8 que ponen en su justa dimensión los costos económicos totales causados por la degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales. El cálculo dado a conocer por dicho organismo autónomo, estima que los costos económicos que se tendrían que asumir por los daños ambientales son del 6.9% del Producto Interno Bruto; equivalente a un monto de 983 mil 886.2 millones de pesos.

Los costos por agotamiento ascienden a 287,108 millones de pesos; se incluyen los costosos por agotamiento de hidrocarburos, por agotamiento de aguas subterráneas y por agotamiento de los recursos.

Encontraste los costos por degradación casi han triplicado los costos por agotamiento, alcanzando costos sumamente elevados de 696,777 millones de pesos. Dentro de los sectores económicos que más contribuyen a la degradación del medio ambiente, son la minería, dentro dela cual se incluye la industria de los hidrocarburos, con 242,274.7 millones de pesos; el sector de transportes, correos y almacenamiento con costos de 188,780.1 millones; al sector de servicios le corresponden 141,135.8 millones; y al sector de agricultura, ganadería, pesca, casa y recursos forestales 113,620 millones.

Estos sectores representan el 69 % de los costos por agotamiento y degradación ambiental.

De la mima manera, el INEGI, señala que el gobierno y la sociedad en su conjunto gastan 125,774.9 millones de pesos al año para hacer frente a los costos totales por degradación y agotamiento ambiental, lo cual representa el 1% del PIB. En un caso hipotético, si partir del presente año no tuvieras costos por degradación y daño al ambiente, nos llevaría una década invirtiendo el 1% del PIB para revertir los daños.

Es tos indicadores nos dan una pauta del enorme esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad para cambiar manera en que disponemos de los recursos naturales, pero también del enorme gasto financiero que debemos aportar para prevenir y remediar los daños ocasionados.

Tratándose de daños causados por las actividades petroleras en las diferentes regiones del país, los gobiernos estatales y sus finanzas públicas no pueden solos hacer frente a un problema de esta magnitud. Siendo necesario encontrar esquemas que permitan fondear a los gobiernos locales para hacer frente a eventuales daños ocasionados por la dinámica industrial de los hidrocarburos.

Marco actual de los Fondos de Estabilización

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, norma reguladora de los preceptos constitucionales en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, estipula los tipos de fondos, los recursos financieros con los que estarán compuestos, su utilización y destino final.

De acuerdo con el Artículo 19 de la Ley en comento, se precisa que el Ejecutivo federal podrá hacer erogaciones adicionales a las especificadas en el presupuesto con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades.

En el caso de los excedentes de las dependencias, estos serán utilizados por la mimas, cuyos montos serán figados por la Secretaria de Hacienda. Por lo que hace a los excedentes con fines específicos de acuerdo a las disposiciones fiscales, de la misma manera, la Secretaría de hacienda autorizara las ampliaciones y programación de los recursos adicionales.

Ahora bien, tratándose de excedentes diferentes a los arriba señalados, se entiende como recursos adicionales, incluyendo los recursos por excedentes de la venta de hidrocarburos, se reparten de la siguiente manera:

• Se destinan, en primer lugar, a compensar el incremento en el gasto no programable; el costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicio; así como a la atención de desastres naturales cuando los recursos del FONDEN resulten insuficientes.

• El remanente de los ingresos excedentes, una vez descontados los rubros señalados, se reparte de la siguiente manera:

a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b) En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

c) En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; y

d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.9

Como se puede apreciar, los excedentes netos tienen destinos específicos con tres fondos de estabilización; de Ingresos para Entidades Federativas, de Inversión para Pemex y de Ingresos Petroleros. Adicionalmente, se crea un fondo para financiar proyectos de infraestructura y equipamiento de entidades federativas.

Es acertado que se busque estabilizar los ingresos de las entidades, es loable que se procure la inversión en infraestructura de Pemex y la estabilización de ingresos petroleros, y es justo que se destine a infraestructura y equipamiento de los estados. Lo que es injusto, es no prever en esta distribución de excedentes, recursos para hacer frete a los impactos sociales y daños ambientales, generados por la industria de los hidrocarburos en nuestro país.

Los argumentos que versan sobre la falta de recursos para crear un fondo de estabilización ambiental y social para entidades federativas con actividad petrolera, hoy ya no se sostienen, no sólo porque el cuidado y protección ambiental es una tarea que obligatoria para el gobierno y para la sociedad en su conjunto, sino porque el derecho a un medio ambiente sano es una máxima constitucional y un derecho humano.

Información oficial de la Secretaría de Hacienda, al Cuarto Trimestre del 2013, reportó que los ingresos excedentes netos, distintos a los previstos en la fracciones II y III del artículo 19 de la Ley, ascendieron a 13 mil 571 millones de pesos, de los cuales 5,428 fueron para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; 3,392 millones para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 3,392 para Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos; y 1, 367 para Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.10

Lo anterior demuestra que recursos excedentes hay, que existe la manera de repartirlos para maximizar su beneficio social, también. Lo que hasta hoy no hemos visto los estados con actividad petrolera es el compromiso decidido para aliviar los impactos ambientales y sociales que se generan en nuestras regiones.

La Reforma Energética y la necesidad de crear un Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas

Des pues de un intenso, largo y productivo debate legislativo, precedido de foros, audiencias, mesas de trabajo y reuniones con organizaciones civiles, académicas y sectores productivos; se logró incluir de manera plural a todas las voces y sus diferentes puntos de vista en una propuesta de Reforma Energética como nunca se había hecho desde 1938.

Finalmente, aprobada por el Senado de la República, la Cámara de Senadores y por la mayoría de los Congresos de los Estados, como lo marca nuestra Constitución, el 20 de Diciembre de 2013 fue publicada la Reforma Energética en el Diario Oficial de la Federación.11

Las reformas a los Artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, permitirán una mayor inversión en los sectores de hidrocarburos, electricidad y energías renovables, puesto que se permitirá de manera más clara, eficiente y controlada la participación privada en el sector energético nacional. Aclarando que la Nación sigue siendo la propietaria original de los recursos del subsuelo.

Por lo que hace al sector de los hidrocarburos, nos encontrábamos en una espiral de ineficiencia, falta de inversión y perdidas constantes. Nuestra producción descendió en los últimos 5 años de 3.5 millones de barriles a 2.5; importamos el 50% de las gasolinas; importamos el 40% del gas; importamos el 70% de los petroquímicos; red de ductos y almacenamiento con más de 30 años de antigüedad; y en general déficit financiero en refinación, gas y petroquímica.12

Esta situación no podía segur así. Con la Reforma se permite a Pemex concentrarse en las actividades que le producen mayor valor agregado y por ende producen mayor riqueza para el país, que a su vez es traducida en mayor presupuesto, mayor gasto público y finalmente, en mayor bienestar social.

Al concentrarse Pemex en lo que es más rentable para la nación, se habré un inmenso campo de inversión para la iniciativa privada, pues a pesar que tenemos un gran potencial en aguas profundas, gas natural e hidrocarburos conocidos como “Shale Gas y Shale Oil”, este estaba sub utiliza y sin inversión.

Y es precisamente, la participación de nuevos inversores en la explotación de más de 86 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente que estima la Secretaría de Energía como recursos “No Convencionales” susceptibles de aprovechamiento, donde surge el imperativo categórico de armonizar la intensa actividad industrial de hidrocarburos que se avecina con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las comunidades y centros de población que se ubican en las regiones a explotar.

En este sentido, el caso que más preocupa no sólo a las organizaciones civiles y grupos ambientalistas, sino a la sociedad en su conjunto es la exploración y explotación de los campos de formaciones de “lutitas” para la extracción de gas y petróleo “Shale”13, puesto que la extracción de este tipo de hidrocarburos del subsuelo, se realiza a través de la fracturahidráulica -“conocido en inglés como “fracking”- de diversas capas geológicas, método que utiliza de manera extensiva grandes cantidades de agua, porciones de tierra y utilización de productos químicos en el proceso.

En México, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía tenemos abundantes reservas de éste tipo de hidrocarburos en diversas cuencas o regiones, localizadas principalmente en los estados de Coahuila Tamaulipas, Veracruz, y Nuevo León. De la misma manera, en los estados de San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas pudieran contener importantes reservas.14

Debido al interés general por el cuidado y protección al ambiente, la Reforma Enérgica prevé la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental15, sectorizada con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como órgano en cargado de vigilar que todas las actividades desarrolladas por éste tipo de industrias se apeguen y cumplan con la normatividad ambiental.

Si bien, esta nueva agencia refuerza nuestro sistema de protección y cuidado al medio ambiente, mismo que ya cuenta con mecanismos de control y sanciones para quienes dañen nuestros ecosistemas, surge la exigencia de dotar a dicho sistema de un fondo de estabilización ambiental y social que permita tener recursos disponibles para hacer frente a los pasivos ambientales que ya existen en las entidades federativas y estar preparados para posibles contingencias en el futuro.

El caso del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros

Producto de la Reforma Hacendaría aprobada el Poder Legislativo, es de destacarse las reformas a la Ley Federal de Derechos que, en su apartado de minería, adiciona el artículo 268 para establecer el derecho especial sobre minería aplicando una tasa del 7.5% a las ganancias de los titulares y concesionarios de esta industria.16

Lo anterior, como una medida de equidad fiscal, puesto que la industria minera goza de beneficios y usufructos por su actividad y era de las industrias que menos retribuía a la hacienda pública.

Se crea el derecho adicional sobre minería17, el cual deberán pagar los titulares de las concesiones y asignaciones mineras que no realicen trabajos de exploración y explotación minera comprobable en las áreas asignadas.

Finalmente, se crea el derecho extraordinario sobre minería aplicable a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, los cuales deberán de pagar una tasa del 0.5% de oro, plata y platino, puesto que se trata de minerales con alto valor en los mercado internacionales. Este pago es independiente de los causados por otros derechos.18

Como una medida de retribución social para las comunidades y municipios donde operan las industrias mineras, el Legislativo decidió que el 80% de la recaudación total por concepto de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre sobre minería se destinara al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros19, distribuido en un 62.5% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5% a las entidades federativas que participen de las mismas.

Es así, como se decide crear un fondo específico, con recursos provenientes de una actividad en particular, la minería, que impacta directamente a municipios y estados en la República Mexicana, los cuales pueden utilizarse para reparar daños o afectaciones, realizar obras de infraestructura social, programas de preservación natural y desarrollo sustentable en diversas regiones y comunidades.

Siguiendo éste esquema innovador para fondear diversos programas y esquemas de apoyo para hacer frente a las externalidades de la industria minera, es impostergable la creación del Fondo de Estabilización Ambiental y Social para entidades Federativas con actividad petrolera, no sólo por la importancia de la industria, sino por las necesidades inaplazables en materia ambiental y social de nuestros estados.

Objeto de la iniciativa

Debido a los numerosos pasivos ambientales, a los altos costos económicos y a las afectaciones sociales que genera la actividad petrolera, a las cuales también podemos denominar externalidades de la industria, se vuelve indispensable contar con un mecanismo financiero que permita hacer frente a las mismas, puesto que los gobiernos locales carecen de instrumentos y recursos públicos para asumir los costos ambientales y sociales generados.

Para ello, se propone crear el Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas con actividad petrolera, el cual recibirá recursos financieros de dos fuentes: a través de un porcentaje de los recursos excedentes que resulten de la ley de ingresos y con la recaudación total de un derecho específico de estabilización ambiental.

Se reforman los incisos a), b) y c) y se adiciona el inciso e) a la fracción IV del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que modifica la estructura de reparto de los fondos de estabilización para asignar el 5% de los excedentes que resulten de la ley de ingresos al Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas.

En esta reforma se especifica que el Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas, también contará con los recursos contemplados en la Ley Federal de Derechos.

En cuanto a la Ley Federal de Derechos, se adiciona el artículo 256 Bis para crear el derecho para el Fondo de Estabilización Ambiental y Social, el cual deberá ser pagado por Pemex y los titulares de los contratos y asignaciones en materia de exploración y producción de hidrocarburos.

De aprobarse esta iniciativa, se aplicará tasa del 0.30% al valor anual de la producción de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales; es decir, petróleo crudo, gas natural e hidrocarburos provenientes de “lutitas”, conocidos como shale gas y petróleo.

El total de los recursos recaudados por este fondo a través de la Ley Federal de Derechos y de los excedentes netos que resulten de la Ley de Ingresos, se emplearan de la siguiente manera:

• En un 50% para la remediación de pasivos ambientales y programas de preservación y educación ambiental en las Entidades Federativas con actividad petrolera.

• En un 30% para programas de infraestructura rural y urbana, así como reubicación de poblaciones afectadas por el desarrollo de la industria petrolera.

• En un 20% para proyectos productivos que generen actividades alternativas de empleo e ingresos en las Entidades Federativas con actividad petrolera.

Con esta medida, estaremos dando un paso decisivo para coadyuvar en la solución de los impactos ambientales y sociales en nuestras entidades federativas, pero sobre todo estaríamos retribuyendo de manera justa a lo mucho que las entidades productoras de petróleo le dan a toda la nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se adiciona el artículo 256 Bis a la Ley Federal de Derechos

Primero. Se reforman los incisos a), b) y c), y se adiciona el inciso e) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I…

II…

III…

IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente:

a) En un 23% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b) En un 23% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

c) En un 39% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

e) En un 5% al Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas con actividad petrolera. Adicionalmente, éste fondo contara con los recursos contemplados en la Ley Federal de derechos.

Segundo.- Se adiciona el artículo 256 Bis a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 256…

Artículo 256 Bis. Pemex Exploración y Producción, así como los titulares de las asignaciones y contratos en materia de exploración y producción, estarán obligados al pago anual del derecho para el Fondo de Estabilización Ambiental y Social, aplicando la tasa del 0.30% al valor anual de la producción de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales. El valor anual de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales trimestrales que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo, gas natural e hidrocarburos no convencionales extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al que corresponda el pago, la tasa de 0.30 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales trimestrales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará al Fondo de Estabilización Ambiental y Social para Entidades Federativas con actividad petrolera.

Los recursos de dicho fondo se emplearan de la siguiente manera:

a) En un 50% para la remediación de pasivos ambientales y programas de preservación de áreas naturales y educación ambiental en las Entidades Federativas con actividad petrolera.

b) En un 30% para programas de infraestructura rural y urbana, así como reubicación de poblaciones afectadas por el desarrollo de la industria petrolera.

c) En un 20% para proyectos productivos que generen actividades alternativas de empleo e ingresos en las Entidades Federativas con actividad petrolera.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el primer el 1 de Enero de 2015.

Senado de la República, a 20 de marzo de 2014

Sen. Oscar Román Rosas González”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Rosas González. Túrnense a la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 6o. constitucional.

1 Pemex. 75 años. La empresa, su gente y la economía mexicana. 2012 Publicación de Petróleos Mexicanos.

2 : Ley de Ingresos 2013.Diario Oficial de la Federación.17-12-13. Pemex-Agosto de 2013.

3Alma. O Escamilla Cano. Foro: La Gestión de sitios contaminados y residuos en México a 10 años de la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. (LGPIR). Ponencia de la Directora de Suelos y Residuos.Semarnat.http://www.iingen.unam.mx/es-mx/BancoDeInformacion/MemoriasdeEventos/ForoGestionSuelosContaminados/02%20Fecha%2017%20de%20junio%202013/03-Escamilla-NOM-138.pdf

4 Ibíd.

5 Ibíd.

6Semarnat. http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/07_residuos/cap7_6.html

7Semarnat.http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/compendio/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServletf8e3.html

8INEGI. Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2007-2011.INEGI.Boletín de Prensa 045/13.

9 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf

10 Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2013/4to_trim/docs/ane/anefp01.pdf

11http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013.

12 Secretaría de Energía.

13 Se definen como un sistema petrolero de rocas arcillosas orgánicamente ricas y de muy baja permeabilidad, que actúan a la vez como generadoras, almacenadoras, trampa y sello. Para que el sistema funcione como yacimiento se requiere crear permeabilidad a través de la perforación de pozos horizontales que requieren fracturamiento hidráulico múltiple, para inducir el flujo de fluidos hacia el pozo. http://www.energia.gob.mx/webSener/shale/shale_sp.html

14 EIA. USA .Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: AnAssessment of 137 ShaleFormations in 41Countries Outside the United States.

15Artículo Transitorio Décimo Noveno de la Reforma Energética.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013.

16 Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5325371&fecha=11/12/2013

17 Ibídem. Artículo. 269.

18 Ibídem. Artículo. 270.

19 Ibídem. Artículo. 271.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El 4 de octubre de 1957, la antigua Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial llamado SPUTNIK, adelantándose a los Estados Unidos de América que dos años antes había anunciado el inicio de la carrera inter-espacial.

Con este hecho se marca el comienzo del uso de las comunicaciones globales.

Los antecedentes del uso del Internet en México, registran que en 1989 se realizó la primera conexión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Monterrey, hacia la Universidad de Texas en San Antonio, específicamente a la escuela de Medicina. México fue el primer país latinoamericano en conectarse a Internet.

El segundo nodo de Internet en México, fue la conexión de la UNAM a BITNET (Because It´s Time Network), que es una antigua red internacional de computadoras de centros de docentes que ofrecía correo electrónico y transferencia de archivos, basado en los protocolos de Network Job Entry de IBM.

Hoy en día, conforme a la encuesta en hogares sobre disponibilidad y uso de la tecnología de la información, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el mes de abril de 2013, se revela que 49.4 millones de personas son usuarios de una computadora.

46 millones de personas utilizan Internet en el país.

Los usuarios de Internet registraron un aumento del 12.5 por ciento respecto al 2012.

Del conjunto de usuarios de Internet, el grupo de población entre 12 y 24 años, es el que más utiliza el servicio, esto es un 62.6 por ciento

Hay 11.1 millones de hogares equipados con computadora, lo que representa un 35.8 por ciento del total de hogares en el país y significa un crecimiento del 13.3 por ciento con relación al 2012

En entidades como el Distrito Federal, Baja California Sur y Baja California, 5 de cada 10 hogares cuentan con computadora, mientras que en Chiapas y Oaxaca, menos de 2 de cada 10 hogares tienen acceso a este equipo.

Los principales lugares de acceso entre el conjunto de usuarios de computadoras, fueron: el hogar, 58.9 por ciento; sitio público, un 33 por ciento; y en el trabajo, un 22.7 por ciento.

En cuanto a los usos que le dan el servicio de Internet, predominaron tanto los referidos a obtener información de carácter general como los que lo utilizan para realizar actividades de comunicación en un 64.3 por ciento, seguido del grupo que las utilizó como apoyo a las actividades escolares con un 35.1 por ciento.

Después de 25 años de haberse registrado en los primeros antecedentes del uso del Internet, en el ámbito legislativo se establece que en el párrafo tercero del artículo 6o. constitucional, a través de una reforma publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluida el de banda ancha e Internet.

Reconocemos que dicha modificación constitucional es de enorme relevancia en diversos aspectos para la vida pública, sobre todo para el desarrollo económico del país, pero también para estar a la vanguardia en el pleno reconocimiento de este derecho humano conocido como de cuarta generación.

Es oportuno recordar que desde el 1o. de julio de 2010, en Finlandia se reconoció por primera vez que el acceso a Internet de banda ancha es un derecho fundamental con base en el razonamiento de que el acceso a Internet permite igualdad de acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación informada en la democracia.

En el caso particular de México, debemos seguir avanzando en el perfeccionamiento del diseño constitucional para alcanzar estos objetivos más específicos.

Así se propone precisar que para el ejercicio del derecho de acceso a la banda ancha de Internet la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

El acceso a Internet deberá ser asequible y con base en el principio de la no discriminación en el artículo 1o. de la Constitución.

El Estado garantizará en todo momento el ejercicio de este derecho en todos los tipos y modalidades de la educación que imparte el Estado.

El acceso a fuentes de información relativa a la vida privada y los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que establezca la ley.

El Estado fomentará el uso eficiente y responsable del Internet para que el acceso público sea la información y comunicación de calidad en sus contenidos.

Las leyes determinarán los mecanismos necesarios para la promoción de una cultura de respeto por la privacidad y la protección de los datos e información personales.

Cabe resaltar que el Programa Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación Básica, publicado en agosto del 2013 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que en 2012 sigue habiendo una importante desigualdad en la distribución territorial del Internet en todos los países de América Latina. De igual modo refiere que esta desigualdad se refleja en el acceso de las escuelas a Internet.

Compañeras y compañeros Senadores:

En mayo de 2012, durante el Consenso de Copenhague, en Dinamarca, se preguntó a un grupo de líderes mundiales economistas, entre ellos 4 Premios Nobel, en qué invertirían si tuvieran 75,000 millones de dólares para gastar en los próximos cuatro años y su objetivo fuera mejorar el bienestar de la humanidad, en especial de los países en desarrollo, con el fin de resolver algunos de los mayores problemas del mundo. El panel conformado concluyó que la principal prioridad para los responsables políticos y de filántropos, debe ser la reducción de la mala nutrición, el hambre, y mejorar la educación como presupuesto básico e imprescindible en la formación del capital humano para el desarrollo de un país.

Hago esta propuesta, consciente de que el acceso y uso de la banda ancha e Internet ayudan a generar sociedades más igualitarias y sirve para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico, la participación ciudadana, el acceso a la información y la erradicación de la pobreza.

Pido se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 4 de Octubre de 1957, la antigua Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial, llamado SPUTNIK, adelantándose a los Estados Unidos de América que 2 años antes había anunciado el inicio de una carrera inter-espacial.

Con este hecho se marca el comienzo del uso de las comunicaciones globales.

Los antecedentes del uso del Internet en México, registran que en 1989, se realizó la primera conexión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Monterrey, ITESM hacia la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), específicamente a la escuela de Medicina. México fue el primer país latinoamericano en conectarse a Internet.

El segundo nodo de Internet en México, fue la conexión de la UNAM a BITNET (Because It's Time NETwork), Red Porque ya es Hora) que es una antigua red internacional de computadoras de centros de docentes que ofrecía correo electrónico y transferencia de archivos basado en los protocolos Network Job Entry de IBM.

En 1993 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se conecta a Internet mediante un enlace satelital al Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), que es un instituto no gubernamental de los Estados Unidos, cuya misión es explorar y entender la atmósfera y sus interacciones con el Sol, los océanos, la biosfera y la sociedad humana.

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), hace lo propio el 18 de enero de 1993.

Hoy en día, conforme a la Encuesta en Hogares sobre disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el mes de abril-2013; se revela, que:

1. 49.4 millones de personas son usuarios de una computadora.

2. 46.0 millones de personas utilizan Internet en el país.

3. Los usuarios de Internet registraron un aumento del 12.5% respecto al 2012.

4. Del conjunto de usuarios de Internet, el grupo de población de entre 12 a 34 años, es el que más utiliza el servicio (62.6%).

5. Hay 11.1 millones de hogares equipados con computadora, lo que representa un 35.8% del total de hogares en el país y significa un crecimiento de 13.3% con relación al 2012.

6. En entidades como el Distrito Federal, Baja California Sur y Baja California, cinco de cada diez hogares cuentan con computadora, mientras que en Chiapas y Oaxaca menos de dos de cada diez hogares tiene acceso a este equipo.

7. Las diferencias en acceso a Internet es más marcada, "mayoritariamente" los estados fronterizos del norte del país, incluyendo al Distrito Federal y Quintana Roo, promedian un 44 por ciento; en contraste Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán promedian 15.7 por ciento de acceso.

8. Los principales lugares de acceso entre el conjunto de usuarios de computadora, fueron: el hogar (58.9%), sitio público (33.0%) y en el trabajo (22.7%).

9. En cuanto al número de usuarios de computadoras por sexo, los hombres tienen una participación del 49.9% y las mujeres el 50.1%.

10. En cuanto a usuarios de Internet las mujeres representan el 50.0% y los hombres el 50.0 %.

11. En cuanto a los usos que le dan al servicio de Internet, predominaron tanto los referidos a obtener información de carácter general como los que la utilizaron para realizar actividades de comunicación (64.3%) seguido del grupo que la utilizó como apoyo a las actividades escolares (35.1%).

Después de 25 años de haberse registrado los primeros antecedentes del uso de la internet, en el ámbito legislativo se establece en el párrafo tercero del artículo 6 constitucional, a través de una reforma publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información  y comunicación, incluido el de banda ancha e internet.

Reconocemos que dicha modificación constitucional, es de enorme relevancia en diversos aspectos para la vida pública, sobre todo, para el desarrollo económico del país, pero también para estar a la vanguardia en el pleno reconocimiento de este derecho humano conocido como de cuarta generación.

Esta categoría de derechos, como bien se ha reconocido en el plano internacional, busca la realización de la unidad en la diversidad, y obedece a la necesidad de concebir a la humanidad como un sola familia y que todos sus miembros deben sumar esfuerzos para el bienestar global económico y social.

Es oportuno recordar que desde el 1 de julio de 2010, en Finlandia se reconoció por vez primera, que el acceso a Internet de banda ancha es un derecho fundamental, con base en el razonamiento de que “el acceso a Internet permite igualdad de acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación informada en la democracia”.

En el caso particular de México, debemos seguir avanzando en el perfeccionamiento del diseño constitucional para alcanzar esos objetivos muy específicos.

Por ello, se hace indispensable el establecimiento en nuestro Código Político de un conjunto de principios y bases que le permitan al Estado mexicano cumplir con su obligación de garantizar a los ciudadanos, el acceso a la banda ancha e internet; mismos que se proponen incluir en un Apartado C al artículo 6 constitucional, tal como se prevén para el derecho a la información consagrado en dicho precepto. El propósito es orientar el diseño y la expedición de las normas jurídicas secundarias en esta materia; y en particular, para que se garantice dicho acceso en todos los niveles de la educación que imparte el propio Estado.

Cabe resaltar, que en el Programa Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Educación Básica, publicado en agosto de 2013 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se señala que en 2012, los datos muestran que sigue habiendo una importante desigualdad en la distribución territorial de Internet en todos los países de América Latina. Se observan diferencias entre el nivel de usuarios a lo largo del territorio, siendo en todos los casos mayor el nivel de conexión de hogares en los ámbitos urbanos que en las zonas rurales y aisladas (allí donde estas tecnologías son más críticas en tanto permiten acortar las distancias y garantizar la comunicación y acceso a la información). De igual modo, refiere que esta desigualdad se refleja en el acceso de las escuelas a Internet.

Compañeras y compañeros senadores:

En mayo de 2012, durante el Consenso de Copenhague en Dinamarca, se preguntó a un grupo de líderes mundiales, economistas, entre ellos cuatro premios Nobel, en qué invertirían si tuvieran US$ 75 mil millones para gastar en los próximos 4 años y su objetivo fuera mejorar el bienestar de la humanidad, en especial de los países en desarrollo, con el fin de resolver algunos de  los mayores problemas del mundo. El panel conformado concluyó que la principal prioridad para los responsables políticos y filántropos, debe ser: la reducción de la mala nutrición, el hambre y mejorar la educación; como presupuesto básico e imprescindible en la formación del capital humano para el desarrollo de un país.

Hago esta propuesta consciente de que el acceso y uso de la banda ancha e internet ayuda a generar sociedades más igualitarias, y sirve para fortalecer los servicios de educación y salud, el desarrollo económico, la participación ciudadana, el acceso a la información, y la erradicación de la pobreza.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración del pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Unica.- Se adiciona un apartado C al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Art. 6.- …

….

….

….

Apartado A.-…

Apartado B.-…

Apartado C. Para el ejercicio del derecho de acceso a la banda ancha e Internet, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. El acceso a Internet, deberá ser asequible y con base en el principio de la no discriminación previsto en el artículo 1º. de esta Constitución.

II. El Estado garantizará en todo momento el ejercicio de este derecho en todos los tipos y modalidades de la educación que imparta el Estado.

III. El acceso a fuentes de información relativa a la vida privada y los datos personales, será protegido en los términos y con las excepciones que establezca la ley.

IV. El Estado fomentará el uso eficiente y responsable de Internet, para que el acceso público sea a información y comunicación de calidad en sus contenidos.

V. Las leyes determinarán los mecanismos necesarios para la promoción de una cultura de respeto por la privacidad y la protección de los datos e informaciones personales.

Salón de sesiones, a 20 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria para que se integre totalmente este documento al Diario de los Debates.

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, para presentar, a nombre propio y de diversas Senadoras del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de las CC. Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Graciela Ortiz González y Margarita Flores Sánchez, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores de la República:

A nombre de mis compañeras Senadoras Angélica del Rosario Araujo, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Graciela Ortiz González, Margarita Flores Sánchez y del mío propio, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La Organización Mundial de la Salud define el maltrato infantil como la serie de abusos y desatención de que son objeto los menores de 18 años.

El organismo explica que el maltrato infantil incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en riesgo y en peligro inminente su supervivencia.

Entre las consecuencias de maltrato infantil se encuentran problemas de salud física y mental para toda la vida, así como efectos sociales y laborales negativos que pueden retrasar el desarrollo económico y social de los países.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el Estudio de Violencia Infantil, destaca que más de 700 niños son asesinados cada año en México.

Dicho estudio destaca que entre los menores de 4 años, la muerte se presenta principalmente por asfixia, y los niños de entre 5 y 14 años mueren por golpe contuso, acuchillamiento o disparo de arma de fuego.

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia registra anualmente 20,000 casos comprobados de maltrato infantil en todo el país, sin considerar todos aquellos casos que no están registrados de manera oficial, pero que sin duda existen y se dan en las zonas, sobre todo, de alta marginación, rurales y urbanas.

¿Qué dice el marco jurídico actualmente?

La propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que la ley protegerá la organización y el desarrollo de las familias; determina que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; establece que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; de igual forma, la Constitución establece que los adolescentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Sin embargo, a pesar de estos preceptos jurídicos, la violencia y el maltrato infantil sigue siendo en nuestro país un asunto altamente preocupante.

Pensamos qué se requiere que para preservar este desarrollo integral de la niñez y de la propia familia, que tiene que ver con las políticas públicas que incentiven la integración de la misma, que promuevan la formación de valores en sus integrantes y mejoren la convivencia mediante relaciones sanas, así como su capacidad de ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades dentro del núcleo familiar, sus comunidades y la sociedad en general; con ello, con este tipo de decisiones que el Estado mexicano debe de tomar, podría mejorarse y atacar este asunto que hoy nos lastima y nos indigna.

Creemos importante que cuando se dan este tipo del fenómenos al interior del núcleo familiar y toda vez que hoy no está perfectamente estipulado en la ley la obligación de los padres, tutores o responsables de la custodia de los niños, para que una vez que se dan estos fenómenos puedan ser sometidos, puedan ser llevados a tratamientos psicológicos que les permitan resolver y que les permitan, sobre todo, corregir estas desviaciones, nos parece necesario que se pueda modificar, como se plantea en esta iniciativa, y se pueda adicionar las fracciones K y L al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de facultar a las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales, para que coordinen esfuerzos a fin de promover la atención, tratamiento psicológico y rehabilitación de aquellos individuos que dentro del núcleo familiar sean causantes del maltrato infantil.

Asimismo, la iniciativa plantea que estas autoridades impulsen programas de educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer la violencia familiar y adoptar las medidas oportunas para su prevención.

Compañeras y compañeros Senadores:

Es importante crear programas preventivos que ayuden a reducir el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias a favor de las niñas y los niños de México.

Es por lo anterior que les pedimos su apoyo para que esta propuesta pueda prosperar en esta representación política a favor de preservar la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Los que suscriben, RENE JUAREZ CISNEROS, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MELY ROMERO CELIS, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MARIA DEL ROCIO PINEDA GOCHI, ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, GRACIELA ORTIZ GONZALEZY MARGARITA FLORES SANCHEZ, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Entre las consecuencias del maltrato infantil se encuentran problemas de salud física y mental para toda la vida, así como efectos sociales y laborales negativos que pueden retrasar el desarrollo económico y social de los países.

Sin embrago, es posible prevenir el maltrato infantil antes de que éste se produzca, y para ello es necesario un enfoque multisectorial.

En este sentido es importante crear programas preventivos eficaces que presten apoyo a los padres y que les aporten conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos, con el propósito de que la atención continua a los niños y a las familias reduzca el riesgo de repetición del maltrato y minimizar sus consecuencias.

En este mismo orden de ideas, la OMS da a conocer los principales factores de riesgo de maltrato infantil, con la idea de dar una visión más integral que permita comprender las causas del maltrato infantil.

Por lo que respecta a los infantes, proporciona una serie de características que pueden aumentar la probabilidad de que sean maltratados:

• La edad inferior a 4 años y la adolescencia.

• El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres.

• El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales.

Por lo que toca a los padres y cuidadores, el organismo señala que hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

• Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido.

• El hecho de no cuidar al niño.

• Los antecedentes personales de maltrato infantil.

• La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil.

• El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación.

• La participación en actividades delictivas.

• Las dificultades económicas.

La OMS destaca que no obstante que existen dificultades para el desarrollo de estudios sobre maltrato infantil en países de ingresos bajos y medianos, los estudios internacionales revelan que aproximadamente un 20% de las mujeres y 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que un 50% de los niños de ambos sexos refieren maltratos físicos. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico y víctimas de desatención.

Por desgracia muchos menores de 15 años son víctimas de homicidio, sin embargo, debido a que una importante proporción de las muertes por maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas, las estadísticas nos son precisas.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que México mantiene la tasa más alta de pobreza y desnutrición infantil entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, (OCDE), y ocupa los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años infringidos por sus padres o progenitores. En su estudio "Violencia Infantil", el organismo internacional destaca que más de 700 niños son asesinados en México cada año, lo que implica dos homicidios diarios. En los menores de cuatro años, la muerte se presenta principalmente por asfixia y entre los 5 a 14 años por golpe contuso, acuchillamiento o disparo de arma de fuego.

Cabe destacar también que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registra anualmente un promedio de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil en todo el país.

México tiene una tasa muy alta de mortalidad infantil, casi cuatro veces el promedio de la OCDE de 5,4 por cada 1,000 nacimientos. Tal vez conectado a estas cifras está el hecho de que la mayor tasa de madres adolescentes también se encuentra en México, registrándose alrededor de un hijo nacido por cada 15 niñas de entre 15 y 19 años de edad.

En este sentido, los especialistas del organismo recomiendan contar con indicadores confiables sobre violencia hacia los niños.

Asimismo, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que es necesario asegurar a la infancia mexicana el goce pleno de sus derechos humanos a través del acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda, vestido y recreación.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México precisa que en el país la forma de violencia más extendida es el castigo corporal con fines disciplinarios y el maltrato infantil (físico o psicológico), seguido de la falta de atención de sus necesidades básicas (omisión de cuidados) y los tratos humillantes (violencia emocional).

A decir de los especialistas, en nuestro territorio no se mide el maltrato físico. Los hospitales no cuentan con un registro de los casos de menores que ingresan. En Estados Unidos, esta información es nacional y existe todo un sistema a nivel federal para garantizar el bienestar de los infantes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º establece que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia. Asimismo determina que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De igual forma, la Constitución establece que los ascendientes, tutores y custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

En este sentido, uno de los aspectos importantes para preservar el desarrollo integral de la niñez, es el relativo al desarrollo de políticas que incentiven la integración familiar, que promuevan la formación de valores entre sus integrantes y mejoren la convivencia mediante relaciones sanas, así como su capacidad de ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades dentro del núcleo familiar, sus comunidades y la sociedad en general.

Según los expertos el objetivo es fomentar la convivencia basada en la comunicación y el respeto, promover las relaciones parentales con la comunidad y coadyuvar en la formación de ciudadanía. Con ello, los padres estarían mejor preparados para ofrecer a los niños un ambiente de seguridad emocional, alimentaria, jurídica y económica.

Al respecto, en México carecemos de políticas públicas para obligar a los familiares agresores a recibir terapia psicológica e instrucción sobre la violencia familiar y maltrato infantil, así como las medidas oportunas para su prevención, a través de los programas institucionales que los gobiernos federales, estatales y municipales determinen para tal efecto.

En este sentido, la presente iniciativa propone adicionar las fracciones K y L al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de facultar a las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales para que coordinen esfuerzos a fin de proveer la atención, tratamiento psicológico y rehabilitación de aquellos individuos que dentro del núcleo familiar sean causantes de maltrato infantil.

Asimismo, para que estas autoridades impulsen programas de educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer la violencia familiar y adoptar las medidas oportunas para su prevención.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que nos confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de nuestra Ley fundamental, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo único.-Se adicionan las fracciones K y L al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 28. …

A. a J. ...

K. Prever la atención, tratamiento psicológico y rehabilitación de aquellos individuos que dentro del núcleo familiar sean causantes de maltrato infantil.

L. Impulsar programas de educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer la violencia familiar y adoptar las medidas oportunas para su prevención.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2014.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de La Mora.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. Mely Romero Celis.-Sen. María del Rocío Pineda Gochi.-Sen. Graciela Ortiz González”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juárez Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. El motivo de que he solicitado la palabra, es porque quiero pedirle respetuosamente al Senador proponente, René Juárez, si me permite suscribir este punto que me parece fundamental.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador René Juárez, ¿acepta la adhesión de quienes han manifestado el interés?, aparte de los Senadores Hilda Flores, Miguel Romo, Oscar Román Rosas, Octavio Pedraza, Félix González y Raúl Aarón Pozos.

Pido a la Secretaría tome nota de ello.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 63 Y SE ADICIONAN UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 13, UN SEGUNDO Y CUARTO PARRAFO AL ARTICULO 63, RECORRIENDOSE LOS SUCESIVOS, UN ARTICULO 63 BIS, UN ARTICULO 67 BIS Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 72 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En los últimos años, los daños y pérdidas causadas por la presencia de fenómenos naturales han ido en aumento, provocando grandes catástrofes y tragedias humanas, lo anterior debido al aumento de la intensidad y de ocurrencias.

México ha sido escenario de un gran número de fenómenos naturales debido a su ubicación; entre los que destacan los de tipo hidrometeorológico y geológico.

La intensidad con la que ocurren estos fenómenos puede ocasionar desastres cuyos efectos representan un peligro para la vida humana, para la actividad productiva de las regiones y grandes pérdidas económicas.

Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí pueden atenuarse sus efectos desastrosos, conociendo mejor su naturaleza y estando alerta antes, durante y después de su presencia, protegiendo en todo momento a los habitantes de las comunidades afectadas. Este razonamiento dio origen a la protección civil.

Los daños directos a bienes y activos causados por los desastres, incluyen la destrucción total o parcial de viviendas y otras edificaciones, infraestructura e instalaciones, maquinarias y equipos, medios de transporte, depósitos, muebles, cosechas, tierras de labranza, represas, sistemas de irrigación, entre otros.

El impacto económico de un desastre va más allá de los daños directos y abarca también los indirectos, que son una consecuencia de la destrucción de la capacidad de producción y de infraestructura social y económica.

Estos daños muchas veces difíciles de cuantificar; se acumulan hasta que se concluye la labor de reconstrucción y restauración de la capacidad productiva, los daños, los bienes y activos pueden acelerar significativamente el empobrecimiento de la gente, pues además ocasiona la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos. Y es precisamente la falta de ingresos lo que en muchos casos demora la recuperación económica.

Los desastres naturales de una magnitud suficientemente grande pueden perjudicar el desarrollo económico de un país entero, afectando adversamente el Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento, el equilibrio fiscal y los índices de inversión. Los eventos catastróficos que afectan a grandes sectores de la economía generalmente disminuyen el ritmo del crecimiento.

Por tal motivo y con el objeto de evitar que esta tragedia se repita en nuestro país, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 13 del citado ordenamiento legal, para establecer que ante situaciones de emergencia, los medios de comunicación electrónico y escrito estén obligados a colaborar con las autoridades en la difusión de información para alertar a la población.

El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la prevención y atención de problemas se incrementen paulatinamente a través de instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN.

Diversas voces se han alzado para manifestar y denunciar la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en la entrega de recursos para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios, en la que se ha solicitado tanto al gobierno federal como a entidades locales, informar a la población de la entrega y gasto de recursos por parte de asociaciones civiles, líderes sociales, legisladores, entre otros, ya que existe el temor fundado de que sean aplicados para beneficio de empresas privadas de la construcción y prestadoras de servicios favorecidas por el gobierno, dado que no son recursos auditables ni sujetos a licitación.

Lo ponen de manifiesto las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública, quien afirma que el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales es, valga la redundancia, un desastre, según un documento de la dirección adjunta de operación regional de la Secretaría de la Función Pública.

Algunas de las anomalías encontradas en auditorías hechas a los estados, hablan de obra pagada y no ejecutada, adquisiciones pagadas en exceso e incumplimiento de contrato, obras realizadas en localidades no consideradas de una declaratoria de desastre natural y otras que fueron duplicadas en dos declaratorias, pese a ser sólo uno el requerimiento de rehabilitación.

A las anteriores afirmaciones, se suma la hecha por la OCDE en la evaluación sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México, que presentó en el año 2013, en la que se señala que México debe mantener los recursos del FONDEN a través de un instrumento claro y con rendición de cuentas para el financiamiento de riesgos.

La implementación de la Ley General de Protección Civil de 2012 es una oportunidad para fortalecer la cooperación en estos aspectos y establecer prioridades para alinear mejor los programas subnacionales con las políticas federales. Pero igual de importante es contar con una política de transparencia y rendición de cuentas de los recursos destinados a la protección civil en nuestro país, con los ajustes, modificaciones o reformas legislativas que se hacen necesarias como las propuestas en la presente iniciativa.

Cuando se habla de situaciones y daños que causan los acontecimientos naturales, como los que se han vivido en el país, la demanda de la transparencia y rendición de cuentas adquiere la máxima gravedad y urgencia, pues no se puede permitir que al dolor, el desamparo y la extrema necesidad que provocan se sumen el agravio, el perjuicio generados por los desvíos, la corrupción y los malos manejos en la entrega y ejercicio de los recursos asignados.

Por eso se propone reformar los artículos 63 y 72 y adicionar los artículos 63 Bis y 67 Bis de la Ley General de Protección Civil, para crear el sistema de información de gestión de riesgos, en el que se deberán registrar los apoyos otorgados a las instancias públicas federales y entidades federativas, mediante los instrumentos financieros de gestión de riesgos para la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastres de origen natural, provenientes de recursos públicos y donaciones.

Asimismo, establecer los lineamientos para la coordinación en materia de intercambio de información para difusión, atendiendo los principios de transparencia, legalidad, honestidad y rendición de cuentas, lo que de beberá difundirse en vía electrónica a nivel federal y estatal.

De igual forma se señala, en la iniciativa que hoy se presenta, las consecuencias de responsabilidad administrativa, civil o penal en que incurran los servidores públicos locales por el desvío o mal uso de los recursos de los instrumentos de gestión de riesgo.

Atender con mayor transparencia, legalidad y rendición de cuentas los programas y acciones de gestión de riesgo por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, no sólo es una premisa indispensable para acceder a un sistema de protección civil de primer orden, es al mismo tiempo una responsabilidad de ética de quienes tienen la obligación de proteger la vida con absoluto compromiso y de quienes consideramos que las necesidades de los damnificados deben responder a una política solidaria de Estado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE REFORMAN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 63 Y SE ADICIONAN UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 13, UN SEGUNDO Y CUARTO PARRAFO AL ARTICULO 63 RECORRIENDOSE LOS SUCESIVOS, UN ARTICULO 63 BIS, ARTICULO 67 BIS Y UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 72 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

En los últimos años, los daños y pérdidas causadas por la presencia de fenómenos naturales, han ido en aumento, provocando grandes catástrofes y tragedias humanas; lo anterior, debido al aumento de la intensidad de su ocurrencia; que a su vez, es consecuencia del calentamiento global del planeta,resultado de las actividades del hombre, relacionadas con la quema de combustibles fósiles y del cambio de uso de suelo (deforestación); y a que la intensidad de los fenómenos, rebasa la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas, debido a que el aumento de población, obliga a las personas a fincar residencia en áreas riesgosas, aumentando su vulnerabilidad ante ellos.

Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero si se puede atenuar sus efectos desastrosos, conociendo mejor su naturaleza y estando alerta antes, durante y después de su presencia, protegiendo en todo momento a los habitantes de las comunidades afectadas”, este razonamiento dio origen a la protección civil.

El 12 de agosto de 1949, en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, se define a la protección civil como: “el cumplimiento de las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

En diciembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidad, creó una Secretaría para ejecutar la “Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres”, con el propósito de disminuir los efectos de estos fenómenos, para lo cual, divulga información sobre su comportamiento, fomenta la cultura de la previsión y realiza múltiples tareas para disminuir los efectos de los desastres.

“México ha sido escenario de un gran número de fenómenos naturales, debido a su ubicación, entre los que destacan los de tipo meteorológico y geológico. La intensidad con la que ocurren estos fenómenos puede ocasionar desastres cuyos efectos representan un peligro para la vida humana, para la actividad productiva de las regiones y grandes pérdidas económicas, lo que se convierte en una prueba para la organización social y los instrumentos gubernamentales en materia de protección contra desastres de origen natural”.1

Los daños directos a bienes y activos causados por los desastres incluyen la destrucción total o parcial de viviendas y otras edificaciones, infraestructura e instalaciones, maquinaria y equipos, medios de transporte, depósitos, muebles, cosechas, tierras de labranza, represas, sistemas de irrigación, entre otros.

Estos daños directos son en función del tipo, cobertura geográfica y magnitud del fenómeno natural, así como de la vulnerabilidad de la zona afectada. El impacto económico de un desastre va más allá de los daños directos y abarca también los indirectos, que son una consecuencia de la destrucción de la capacidad de producción y de la infraestructura social y económica.

Estos daños, muchas veces difíciles de cuantificar, se acumulan hasta que se concluye la labor de reconstrucción y restauración de la capacidad productiva. Los daños a los bienes y activos (edificios, maquinarias, ganadería, tierra cultivable), pueden acelerar significativamente el empobrecimiento de la gente, pues además ocasionan la pérdida de fuentes de trabajo e ingresos. Y es precisamente la falta de ingresos lo que en muchos casos demora la recuperación económica.

Algunos de los daños resultantes de las catástrofes naturales son irreversibles, como por ejemplo las muertes, y en algunos casos la destrucción irreparable de recursos naturales como bosques y tierras cultivables. En consecuencia, sus efectos agudizan la pobreza y pueden aumentar las tensiones sociales, con repercusiones negativas potenciales en el proceso de desarrollo sostenible.

“Los desastres naturales de una magnitud suficientemente grande pueden perjudicar el desarrollo económico de un país entero afectando adversamente el PIB, la balanza de pagos, el nivel de endeudamiento, el equilibrio fiscal y los índices de inversión. Los eventos catastróficos que afectan a grandes sectores de la economía generalmente disminuyen el ritmo del crecimiento”2.

La actuación de las autoridades mexicanas de protección civil, ante los efectos negativos de estos fenómenos naturales ha evolucionado a través del tiempo, con las consecuentes mejoras en los sistemas de alerta, prevención y atención de las comunidades afectadas; se han asignado recursos para la realización de las tareas, se ha mejorado la estructura del Sistema Nacional de Protección Civil, y se ha establecido la normatividad que rige la actuación de los actores de la protección civil.

El 22 de diciembre de 1983 se promulgó en nuestro país, la ratificación del Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”.

El 22 de diciembre de 1983 fue inaugurado el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Con el sismo ocurrido en septiembre de 1985 en la Ciudad de México, surgió la necesidad de realizar acciones de auxilio y de carácter preventivo, antes, durante y después de la presencia de fenómenos perturbadores. Como consecuencia, el Gobierno Federal instaló la Comisión Nacional de Reconstrucción, con la cual se emitió el documento “Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil”, que sustentó el origen de este sistema, instituido mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986.

El 12 de mayo de 2000 se promulgó la Ley General de Protección Civil, que vislumbró las bases de la prevención ante los desastres. En esta ley ya aparecía la figura del Fondo de Desastres Naturales, “Fonden”, como herramienta financiera para la atención y recuperación económica de las comunidades afectadas.

El Programa de Protección Civil 2001-2006, fincó las bases del Sistema Nacional de Protección Civil y estableció el tránsito de un sistema reactivo a uno preventivo.

El 12 de mayo de 2006 se promulgó la Ley General de Protección Civil que expuso las políticas de protección civil como estrategias y estableció los mecanismos de coordinación de las unidades de protección civil federales, estatales y municipales para atender situaciones de emergencia.

El 6 de junio de 2012 se promulgó la Nueva Ley General de Protección Civil, que estableció una estructura incluyente del Sistema Nacional de Protección Civil y la hizo eficiente al crear la figura del Comité Nacional de Emergencias, como un mecanismo de coordinación ante las emergencias; dedica todo un capítulo a la Prevención de Desastres, identifica la figura de la Gestión Integral de Riesgos, establece la operación y actualización de un Atlas Nacional de Riesgos y establece claridad en la utilización de los instrumentos financieros en caso de Declaratoria de Emergencia.

Sin duda se cuenta con un buen avance en materia legislativa y administrativa en México, tal como se señala por las instancias evaluadoras internas y externas en el tema de protección civil, pero habría que reconocer, no obstante, que aún hay varios pendientes por cumplir.

La concepción vigente de la protección civil en el país es integral, para atender las necesidades de desarrollo que reconozca que los riesgos no sólo son producto de manifestaciones de la naturaleza, sino también derivan de factores institucionales, culturales, sociales, económicos y políticos; y define que el Sistema Nacional de Protección Civil tiene como finalidad proteger a las personas y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales, mediante la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.

De acuerdo con las normas de auditoría de la INTOSAI (ISSAI 5500) un evento de desastre tiene cuatro etapas: 1) prevención y preparación; 2) emergencia; 3) rehabilitación, y 4) reconstrucción. Esta normativa es consistente con la establecida en México respecto del ciclo de la protección civil, donde se identificó que un evento de desastre tiene las cuatro etapas siguientes: 1) Previsión del riesgo, en la que se identifican los peligros y amenazas a los que estamos expuestos, así como los riesgos; 2) Prevención, consiste en diseñar acciones y programas para reducir y mitigar el impacto de los desastres antes de que éstos ocurran; 3) Atención de emergencias, son las acciones que deben ejecutarse para minimizar la pérdida de vidas humanas, sus bienes y la planta productiva; y 4) Reconstrucción, que incluye las acciones orientadas a la rehabilitación de la infraestructura y el restablecimiento de los servicios.

La SEGOB, en la etapa de prevención, es la encargada de la conducción del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello, promueve que las entidades federativas y los municipios elaboren y mantengan actualizados sus programas de protección civil; que opere el Subsistema de Información de Riesgos para mantener informada a la población, y que se evalúe el Programa Nacional de Protección Civil.

El Sistema Nacional de Protección de Civil se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; por los sistemas de protección civil de las entidades federativas; sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil; los cuerpos de bomberos; así como por los representantes de los sectores privado y social; los medios de comunicación, y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

El FONDEN en México

Derivado de las condiciones especiales de México ante los desastres naturales se puso de manifiesto la necesidad de contar con un instrumento administrativo de cobertura nacional, que permitiera integrar y coordinar la respuesta de todos los sectores sociales en casos de presentarse algún desastre. Para tal efecto el Gobierno Federal creó una Comisión interinstitucional y multidisciplinaria de expertos que, después de realizar un profundo diagnóstico, propuso la creación del sistema nacional de protección civil, así mismo fue posible reorientar el gasto público que los tres diferentes órdenes de gobierno; federal, estatal y municipal destinaban en la respuesta a los daños sufridos en la infraestructura física, así como en la atención a la población damnificada.

En el año de 1996 se constituyó dentro del Presupuesto de Egresos de la federación el Fondo de Desastres Naturales, el cual es un instrumento financiero que tiene como finalidad apoyar a las entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, bajo sus reglas de operación, y cuyo objetivo es atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. Sin duda representa un salto importante como mecanismo de previsión frente a eventuales desembolsos que el gobierno debía hacer por desastres ocurridos, ya que anteriormente la respuesta del Gobierno Federal era improvisada y reactiva ante situaciones de desastre y emergencia; consistía en la reorientación del gasto para solventar los daños sufridos. Con la creación del FONDEN y otros instrumentos financieros y programas de previsión de riesgos por fenómenos meteorológicos, el Gobierno Federal fortaleció su capacidad para atender los efectos de un desastre, dándole mayor orden al ejercicio presupuestario, recurriendo entre otros, a los siguientes:

a. El Fondo Revolvente. Administrado por la SEGOB para la adquisición de suministros ante situaciones de emergencia o de desastre natural y es el primer desembolso que se realiza para ayuda a la población en casos de desastres.

b. El Programa “Fondo de Desastres Naturales”, del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación.

c. El Fideicomiso “Fondo de Desastres Naturales”, instituido en el Banco Nacional de Obras y servicios Públicos.

De conformidad con datos otorgados por la Auditoria Superior de la Federación, en el periodo 2007-2012, mediante el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se erogaron 77,310.6 mdp para reconstruir las zonas devastadas por los desastres naturales registrados en el país, de los cuales el 46.5% se destinó a 19 entidades federativas que contaron con el Atlas de Riesgos y con su Programa de Protección Civil, y el 53.5% restante a 12 que carecieron del atlas y/o del programa referidos.

La Secretaría de Gobernación desarrolló el Sistema de Vinculación y Respuesta como parte del Subsistema de Información de Riesgos, que convoca a las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil a atender emergencias con base en una metodología común; sin embargo, dicha plataforma no está integrada con la Base de Datos de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios, el Registro Nacional de Grupos Voluntarios, el Informe Integrado del Avance de Programas de Respuesta y la Base de Datos de Suministros en Emergencias, por lo que no permite mantener informada a la población con precisión y oportunidad.

Durante el año 2013 con los acontecimientos y consecuencias de desastre y pérdida de vida de los fenómenos hidrometeorológicos de Ingrid y Manuel, las voces de los diferentes sectores sociales, gubernamentales y empresariales se alzaron para manifestar no solo su sorpresa, sino su solidaridad y exigencia para la pronta atención de las necesidades surgidas de dichos desastres naturales.

Uno de los grandes reclamos fue la falta de acción oportuna para alertar a la población, lo que provocó que no se tomaran las precauciones y providencias necesarias para mitigar los efectos sufridos.

La pérdida de vidas humanas, daños en bienes patrimoniales e infraestructura, hace necesario que se revise la mecánica de las acciones inmediatas, como el caso de alertas tempranas y con ello se pueda evitar en la medida de lo posible riesgo en la población.

Por tal motivo y con el objeto de evitar que esta tragedia se repita en nuestro País, se considera que si bien el artículo 13 de la Ley General de Protección Civil prevé que los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte del Sistema Nacional, colaborarán con las autoridades para orientar y difundir oportuna y verazmente, información en materia de protección civil y de la Gestión Integral de Riesgos, éste serácon arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular, lo que desde el punto de vista del promovente limita la obligación de colaboración que deben tener los medios de comunicación para participar oportuna y eficazmente en la difusión de la información y las alertas de prevención.

Por lo que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 13 del citado ordenamiento legal, para establecer que ante situaciones de emergencia los medios de comunicación electrónica y escrita están obligados a colaborar con las autoridades en la difusión de información para alertar a la población.

Por otro lado luego de este acontecimiento meteorológico, diversas voces se han alzado para manifestar y denunciar la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en la entrega de recursos para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios, derivado de experiencias anteriores en la que se ha solicitado tanto a Gobierno federal como entidades locales, informar a la población de la entrega y gasto de recursos, por parte de asociaciones civiles, líderes sociales, legisladores, entre otros, ya que existe el temor fundado de quesean aplicados para beneficio de empresas privadas de la construcción y prestadoras de servicios favorecidas por el gobierno, dado que no son recursos auditables, ni sujetos a licitación.

El récord histórico por pérdidas económicas derivadas de desastres naturales se registró en 2010, cuando el huracán Karl, en Veracruz y Alex en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, dejaron daños por 82,540 millones de pesos. Dichas pérdidas superaron el monto asignado al Programa Oportunidades ese mismo año (62,335 millones de pesos), según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010, así como las pérdidas ocasionadas por el terremoto de 1985. Las pérdidas económicas ocasionadas por tormentas y huracanes se dispararon a partir de 2005, año en que los huracanes Wilma, Stan y Emily sumaron 45,096 millones de pesos en costos para los estados Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calculan que las pérdidas por Ingrid y Manuel podrían ascender a 75,000 millones de pesos, cifra que de ser confirmada por autoridades gubernamentales, representaría el segundo año con mayores pérdidas económicas de la última década.

El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la prevención y atención del problema se incrementen paulatinamente a través de instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

Es una obligación de las autoridades rendir cuentas y un derecho de la población dar seguimiento puntual a la aplicación de los recursos, con la finalidad de garantizar que la dependencia o entidad a quienes fueron asignados luego de cubrir con los requisitos legales y administrativos establecidos, se entreguen o apliquen para los fines autorizados, sin embargo, esto no siempre ha ocurrido con estricto apego a los principios de transparencia, legalidad y honestidad.

La opacidad en su aplicación se advierte de diversas manifestaciones y protestas de activistas e investigadores en materia de protección civil y prevención de desastres, entre la que se encuentran las siguientes:

1. La de Daniel Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres, quien afirma quelas cuentas de cómo se han invertido estos recursos no han sido claras, de acuerdo a la política de prevención de desastres, hay una serie de contradicciones entre el marco normativo, donde se dice que debe haber una planeación para la prevención, y la respuesta en la reconstrucción, porque acaba siendo una especie de oportunidad para negocios y para lucrar.

2. La de Porfirio Salas Castillo,presidente de la Confederación Nacional Campesina local ESCUINAPA, quien señaló, ante las afectaciones que su municipio sufrió por el huracán Manuel, "Nada más hay que acordarnos el año pasado, con las lluvias al municipio lo declararon como zona de emergencia y asignaron recursos para reparar el camino a Los Sábalos, pero por una o por otras causas el recurso supuestamente no llegó y al final tuvimos que repararlo nosotros mismos, nunca se informó si ese recurso llegó o en qué se gastó, ni a quién ayudaron, es decir, quedan muchas dudas"

"Hemos tenido malas experiencias con los recursos del Fonden, normalmente nunca sabemos qué pasa con ellos".

3. Asimismo lo ponen de manifiesto las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien afirma que el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales es, valga la redundancia, un desastre.

Según un documento de la Dirección Adjunta de Operación Regional de la SFP, algunas de las anomalías encontradas en auditorías hechas a los estados hablan de obra pagada y no ejecutada, adquisiciones pagadas en exceso e incumplimientos de contrato.

El reporte "Control y Seguimiento del Fonden", que no evidencia cuáles son las entidades con irregularidades, señala también obras realizadas en localidades no consideradas en una declaratoria de desastre natural y otras que fueron duplicadas en dos declaratorias pese a ser sólo uno el requerimiento de rehabilitación.

Otros problemas detectados son pagos improcedentes, como notas de otros programas; comprobación deficiente de viáticos y pasajes, y saldos no ejercidos en tiempo y forma con relación a los programas y metas, lo que, según la dependencia, significa un retraso en la rehabilitación de zonas afectadas.

A las anteriores afirmaciones se suma la hecha por la OCDE en la evaluación sobre el sistema nacional de protección civil de México que presentó en el año 2013, en la que se señala que “México debe mantener los recursos del FONDEN a través de un instrumento claro y con rendición de cuentas para el financiamiento de riesgos”.

Es importante tener un avance legal y administrativo para prevenir, mitigar y atender los daños causados por las emergencias y desastres naturales, las leyes mexicanas de protección civil a nivel federal y estatal han sido logros importantes en el proceso progresivo de crear un sistema nacional para la gestión integral de riesgos. Estipulan un fundamento jurídico para dejar el enfoque tradicional de preparación, respuesta y recuperación, sin embargo las condiciones financieras y administrativas actuales, exigen mayores medidas legislativas para prevenir y reducir los riesgos de desastres basadas en directrices comunes para la evaluación de riesgos con transparencia y legalidad. La implementación de la Ley General de Protección Civil de 2012 es una oportunidad para fortalecer la cooperación en estos aspectos, y establecer prioridades para alinear mejor los programas subnacionales con las políticas federales, pero igual de importante es contar con una política de transparencia y rendición de cuentas de los recursos destinados a la protección civil en nuestro País, con los ajustes, modificaciones o reformas legislativas que se hacen necesarias como las propuestas en la presente iniciativa.

Cuando se habla de situaciones y daños que causan los acontecimientos naturales, como los que se han vivido en el país, la demanda de la transparencia y rendición de cuentasadquiere la máxima gravedad y urgencia, pues no se puede permitir que al dolor, el desamparo y la extrema necesidad que provocan, se sumen el agravio y el perjuicio, generados por los desvíos, la corrupción y malos manejos en la entrega y ejercicio de los recursos asignados.

Por eso se propone reformar el artículo 63, artículo 72 yadicionar el artículo63 bisy el artículo 67 bis todos de la Ley General de Protección Civil, para crearel sistema de información de gestión de riesgos, en el que se deberán registrar, los apoyos otorgados a las instancias públicas federales y entidades federativas, mediante los instrumentos financieros de gestión de riesgos para la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural, provenientes de recursos públicos y donaciones; asimismo establecer los lineamientos para la coordinación en materia de intercambio de información para difusión, atendiendo los principios de transparencia, legalidad, honestidad y rendición de cuentas, lo que deberádifundirse en vía electrónica a nivel federal y estatal; de igual forma se señala en la iniciativa que hoy se presentalas consecuencias de responsabilidad administrativa, civil o penal en que incurranlos servidores públicoslocales por eldesvío o mal uso de los recursos de los instrumentos de gestión de riesgo.

Estoy cierto de la importancia de que se homologue la publicación enel uso de los recursos de los instrumentos de la gestión del riesgo, ya que existe una heterogeneidad de información, tanto a nivel federal como a nivel local, lo que dificulta el monitoreo de recursos utilizados y aplicados en situaciones de desastres, que le permitan a la sociedad en general tener certeza sobre el correcto uso de los recursos públicos.

Atender con mayor transparencia, legalidad y rendición de cuentas los programas y acciones de gestión de riesgo por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, no sólo es una premisa indispensable para acceder a un sistema de protección civil de primer orden, es al mismo tiempo una responsabilidad ética de quienes tienen la obligación de proteger la vida con absoluto compromiso y de quienes consideramos que las necesidades de los damnificados debe responder a una política solidaria del Estado.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, para quedar como se establece en el siguiente:

DECRETO:

ARTICULO UNICO. Se reforman el tercer párrafo del artículo 63 y se adicionan un tercer párrafo al artículo 13, un segundo y cuarto párrafo al artículo 63 recorriéndose los sucesivos, un artículo 63 bis, artículo 67 bis y un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 13…

Ante situaciones de emergencia, los medios de comunicación electrónica y escrita están obligados a colaborar con las autoridades en la difusión de información dirigida a la población con el fin de que realicen las previsiones necesarias.

Artículo 63…

Los recursos serán aplicados en las acciones y obras autorizados, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos. Los servidores públicos que tengan conocimiento de que no han sido aplicados a los fines aprobados, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de los órganos de control en forma inmediata.

La retención injustificada de dichos recursos así como el desvío o mal uso de los mismos por parte de los servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de acceso será sancionada de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos a que se refiere este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales competentes, en los términos de las leyes aplicables.

...

Artículo 63 bis. Con el propósito de asegurar la transparencia y eficacia en el uso de los recursos, se crea el sistema de información de gestión de riesgos, en el que se deberán registrar, los apoyos otorgados a las instancias públicas federales y entidades federativas, mediante los instrumentos financieros de gestión de riesgos para la prevención y atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural.

La Coordinación Nacional será la instancia responsable del registro y actualización de la base de datos que integrará el sistema de información de gestión de riesgos.

El sistema deberá contener entre otros:

I. Solicitudes y declaratorias de emergencia y de desastre natural;

II. Nombre de la instancia pública federal o entidades federativas a quien se otorgue el apoyo;

III. Tipo de apoyo o apoyos otorgados, en especie o en dinero, señalando la cantidad o cantidades asignadas;

IV. Fecha de entrega;

V. Contratos de adquisiciones de insumos;

VI. Acciones de seguimiento en la entrega de insumos;

VII. Aviso de terminación de emergencia;

VIII. Solicitud de recursos y diagnóstico de obras y acciones;

IX. Listado de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal a cargo del FONDEN;

X. El ejercicio en la aplicación de los recursos del FONDEN autorizados;

XI. Programas de obras y acciones autorizados por el comité de evaluación de daños correspondiente, y

XII. Apoyos diversos a la población afectada con motivo de un Desastre Natural.

El Consejo deberá coordinar acciones con las instancias públicas federales o entidades federativas a quienes se les otorgue el apoyo mediante los instrumentos financieros de gestión.

Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la entidad federativa, como aquélla de sus respectivos municipios o Delegaciones para el caso del Distrito Federal.

Artículo 67 bis. Cada entidad federativa realizará las previsiones legales y administrativas para generar y publicar en forma completa y actualizada en su portal de Internet, la asignación y ejercicio de los recursos del Fondo Estatal de Protección Civil, la cual deberá contener entre otros:

I. Monto presupuestal total destinado a la protección civil;

II. Programa anual para promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las Unidades de Protección Civil de las entidades federativas, municipios y delegaciones;

III. Distribución del presupuesto por rubro de ejercicio;

IV. Los contratos celebrados, y

V. Pagos realizados.

Artículo 72…

Los recursos que procedan de donaciones, igualmente deberán ser registrados en el sistema de gestión de riesgos indicando su fuente, para transparentar y rendir cuentas sobre su aplicación.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Sen. Raúl Morón Orozco”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Primera.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; y de Educación, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el 6 de abril de 2012.

1 Rodríguez Esteves, Juan Manuel. Los desastres de origen natural en México: el papel del FONDEN. Estudios Sociales [en línea] 2004, XII (023): [fecha de consulta: 04 de marzo de 2008] Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=41702304.

2 Planificación y protección financiera para sobrevivir los desastres. KariKeipi y Justin Tyson. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)






CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA COOPERACION EN MATERIA DE PROTECCION, PRESERVACION, DEVOLUCION Y RESTITUCION DE BIENES CULTURALES Y PREVENCION DEL ROBO, EXCAVACION CLANDESTINA E IMPORTACION Y EXPORTACION ILICITAS DE BIENES CULTURALES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, CHINA, EL 6 DE ABRIL DE 2012

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA PACIFICO; Y EDUCACION

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Educación, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce (en lo sucesivo el Convenio).

Las Comisiones dictaminadoras con fundamento en el Artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4 y 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos; 182, 183, 186, 188, 190 y demás concordantes del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio del Convenio y conforme a las deliberaciones que se realizaron, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha 28 de agosto de 2012, mediante oficio No. SEL/300/316/12, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, copias certificadas del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.

2. En sesión celebrada el 28 de agosto de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante oficio No. CP2R3A.-2723, turnó el citado Convenio a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En reunión de trabajo ordinaria, los senadores integrantes de ambas comisiones dictaminadoras, revisaron y analizaron el contenido del Convenio bajo estudio, con el objetivo de expresar sus observaciones, comentarios e integrar el presente dictamen.

OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

El Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, tiene por objetivo establecer las bases sobre las cuales las Partes cooperarán para proteger, conservar, devolver y restituir los bienes culturales que hayan sido materia de robo o importación y exportación ilícitas en sus territorios, así como para prevenir tales acciones y excavaciones clandestinas.

Dicho Convenio consta de 15 artículos y un anexo tal como se enlista a continuación:

Artículo I. Objetivo

Artículo II. Autoridades Centrales

Artículo III. Definiciones

Artículo IV. Intercambio de Información

Artículo V. Compromisos de las Partes

Artículo VI. Devolución de Bienes Culturales

Artículo VII. Medios Legales para la Devolución de Bienes Culturales

Artículo VIII. Solicitudes de Aseguramiento y Restitución de Bienes Culturales

Artículo IX. Gastos de Devolución de Bienes Culturales

Artículo X. Evaluación del Convenio

Artículo XI. Información que debe ser Presentada

Artículo XII. Facilidades

Artículo XIII. Solución de Controversias

Artículo XIV. Modificaciones

Artículo XV. Disposiciones Finales

ANEXO. Definición de Bienes Culturales

El Artículo I plantea que el presente Convenio establece las bases sobre la cuales las Partes cooperarán para proteger, conservar, devolver y restituir los bienes culturales que hayan sido materia de robo o importación y exportación ilícitas de sus territorio, así como para prevenir tales acciones y excavaciones clandestinas.

El Artículo II designa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por parte de los Estados Unidos Mexicanos; y a la Administración Estatal del Patrimonio Cultural, por parte de la República Popular China, como Autoridades Centrales para los fines que persigue el Convenio.

El Artículo III define aquello que se considera como bienes culturales.

El Artículo IV precisa los temas sobre los cuales, las Partes intercambiarán información.

El Artículo V estipula puntualmente aquello a lo que están obligadas las Partes firmantes del Convenio. Entre dichas obligaciones destacan el favorecer el intercambio y la capacitación de personal para evitar el robo de bienes culturales; promover el intercambio de conocimientos sobre innovaciones tecnológicas en materia de seguridad; y tomar medidas para impedir que museos o instituciones similares adquieran bienes culturales propiedad de alguna de las Partes.

El Artículo VI señala el procedimiento a seguir para el caso de que se tenga conocimiento del ingreso de bienes culturales al territorio de una Parte, que provengan de la otra Parte, derivado del robo o importación y exportación ilícitas.

El Artículo VII dispone que la devolución de un bien cultural robado o importado y exportado de manera ilícita, deberá ser solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México o por la Administración Estatal del Patrimonio Cultural de China por escrito y a través de la vía diplomática.

El Artículo VIII establece que la Autoridad Central de la Parte Requirente de un bien cultural robado o importado y exportado ilícitamente, proporcionará a la Parte Requerida, las pruebas necesarias para establecer la procedencia de la reclamación de los bienes.

El Artículo IX indica que los gastos para la devolución de los bienes culturales serán sufragados por la Parte Requirente.

El Artículo X determina que se revisará al menos una vez cada dos años, la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, por la vía diplomática o mediante reuniones de evaluación.

El Artículo XI especifica que las Partes se obligan a informarse acerca de los robos de bienes culturales de los que tengan conocimiento; además, la Parte Requirente deberá presentar a la Parte Requerida, información que permita identificar los bienes culturales y, de ser posible, a quienes hayan participado en el robo, con el fin de facilitar su identificación y establecer el modo operativo empleado por los delincuentes.

El Artículo XII ordena que las Partes se otorgarán todas las facilidades administrativas, fiscales y aduaneras necesarias durante el proceso de devolución, de los bienes culturales al país de origen.

El Artículo XIII puntualiza que las diferencias derivadas de la aplicación y la interpretación del Convenio serán resueltas por las partes de común acuerdo.

El Artículo XIV establece que el convenio puede ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y cuando ocurran cambios en la legislación nacional de las Partes.

El Artículo XV dispone que el Convenio entrará en vigor treinta día naturales después de que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos; que tendrá una vigencia de cinco años prorrogables automáticamente por periodos de igual duración, a menos que una Parte notifique por escrito su decisión de darlo por terminado; y que la conclusión del Convenio, no afectará la consumación de los procedimientos y solicitudes de devolución de bienes culturales.

El ANEXO contiene las definiciones puntuales de lo que se entiende por bienes culturales y cuáles se consideran como tales.

METODO DE TRABAJO, ANALISIS, DISCUSION Y VALORACION DEL ACUERDO

Los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación, señalan que con el fin de contar con mayores herramientas y elementos de orden especializado y jurídico para la elaboración delpresente dictamen, acordaron convocar en reunión de trabajo a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes proporcionaron información adicional sobre el Convenio y la importancia de que sea aprobado en sus términos.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República. Los elementos aportados en dicha reunión de trabajo fueron sustanciales para la integración y elaboración del presente dictamen.

CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos poderes, el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I, 15, y 117 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente, que a la letra ordenan:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…-IX…

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI…-XX…

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II…-XII…

Artículo 15.- No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;

II…–IX…

Una vez analizado el instrumento internacional objeto del presente estudio y cotejado por cuanto a su contenido frente a las disposiciones conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia, se concluye que el Convenio ha sido otorgado en cumplimiento al marco normativo aplicable.

En consecuencia, el instrumento internacional en comento es susceptible de ser aprobado, en los términos de lo que dispone el Artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de lo cual pasaría a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben este dictamen, reconocen la atribución del Ejecutivo Federal al firmar el Convenio en análisis, con apego a lo dispuesto en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES DE ORDEN ESPECIFICO

Las comisiones dictaminadoras señalan que el robo, la importación y exportación ilegal y el tráfico de bienes culturales, constituyen una mutilación irreparable a la gran riqueza cultural que posee una nación y que, es una realidad en la que resulta mayor la pérdida cultural, que las ganancias monetarias obtenidas de su venta ilícita.

Asimismo, advierten que este delito ha proliferado grandemente en los últimos años a través de bandas de crimen internacional, y México, al poseer un vasto número de sitios arqueológicos, piezas de arte sacro, y documentos estimados como fuente histórica, es uno de los países más perjudicados por esta actividad delictiva en todo el mundo.

Coinciden en que el robo y el tráfico de arte u objetos de valor histórico invaluable, a menudo se le cataloga como una actividad delictiva de menor impacto social que otras actividades transfronterizas como el tráfico de drogas, armas, y seres humanos, a pesar de que organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señalan que existe una cantidad sustancial de saqueo alrededor del mundo y que las acciones para combatir este ilícito no han correspondido con la gravedad de la situación.

Las Comisiones Unidas destacan que la expoliación, robo y saqueo no sólo es una actividad muy lucrativa para la delincuencia organizada internacional, sino que devasta el contexto histórico de los objetos y la capacidad de reunir conocimientos sobre el pasado y construir un entendimiento de nuestra historia colectiva. Además, tiene un impacto inconmensurable en la identidad cultural de los países de origen.

Asimismo, destacan que por la complejidad de diferenciar un comercio lícito del ilícito de los bienes culturales, es necesario estrechar la cooperación con países, organizaciones e instituciones internacionales para logar una efectiva protección del patrimonio cultural de la Nación.

Las dictaminadoras manifiestan su respaldo para que el Estado mexicano instrumente acciones firmes a favor de identificar, proteger, conservar, recuperar y rehabilitar el patrimonio cultural propio, con el objetivo de dejar asegurada su existencia y preservación para las futuras generaciones.

Ambas comisiones legislativas, subrayan que el Convenio objeto de análisis del presente dictamen, coadyuva al Estado mexicano a desplegar una estrategia para salvaguardar su patrimonio cultural a través de tres ejes fundamentales: la prevención, la búsqueda de objetos robados y la recuperación de los mismos.

Los senadores integrantes de ambas comisiones dictaminadoras, manifiestan que las disposiciones contenidas en el Convenio, se corresponden con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: Convenio sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos; Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórica; Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales; y la convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

Asimismo, coinciden en que el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, se suma a la red de tratados que México tiene celebrados con Belice, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Perú y Uruguay.

Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen reconocen que, en la firma del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, el Ejecutivo Federal ha cumplido con las disposiciones constitucionales para el establecimiento de acuerdo con otros Estados y, con base en el análisis y estudio de la propuesta, se ha corroborado que el mismo fue celebrado con apego con lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en la fracción I del Artículo 76 y 133 de nuestra Carta Magna, así como en la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Por lo expuesto y en virtud de que en las disposiciones establecidas en el Convenio que nos ocupa, no se lesiona ni la Soberanía nacional ni se contraviene lo establecido en nuestra Carta Magna, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Educación, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA PARA COOPERACION EN MATERIA DE PROTECCION, PRESERVACION, DEVOLUCION Y RESTITUCION DE BIENES CULTURALES Y PREVENCION DEL ROBO, EXCAVACION CLANDESTINA E IMPORTACION Y EXPORTACION ILICITAS DE BIENES CULTURALES, firmado en la ciudad de Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores,

México, D.F., a 20 de marzo de 2014

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACIFICO
COMISION DE EDUCACION”.

Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, queda de primera lectura.

Informo a ustedes que el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, se ha retirado de su primera lectura a petición de la Comisión de Educación.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, efectúe crucero de instrucción.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, efectúe crucero de instrucción.

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM “CUAUHTEMOC” (BE-01) DE LA ARMADA DE MEXICO, EFECTUE EL CRUCERO DE INSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DEL 9 DE ABRIL AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014, ZARPANDO DEL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta sólo de un artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Buque Escuela ARM “Cuauhtemoc” (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 2014, zarpando del Puerto de Acapulco, Guerrero. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, en materia de Educación e Información Ambientales.






DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, para hablar sobre este dictamen.

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

Este dictamen que hoy estamos discutiendo, donde se trata de reformar la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, solamente está tomándose una pequeña adición de dos palabras, “Las causas”, y este artículo ya estaba plenamente aprobado y en funciones, pero creo que la parte quisquillosa donde se le metió adherir que entre los temas que tiene que ver de manera transversal, las diferentes secretarías, ahora toca el turno a la Secretaría de Educación Pública para que entre los temas que se manejen en los programas educativos pueda considerarse también de estudio la difusión de las causas que han alterado el tema del cambio climático de nuestro país.

Creo que pareciera que no tiene trascendencia de divulgar los efectos; pero las causas, es un tema importante; y una de las cuestiones que tenemos que tener nosotros presentes, es que generalmente nosotros desconocemos de manera muy clara y precisa los programas de manejo ambiental que el gobierno federal tiene en las diversas instancias en sus secretarías y que valdría mucho la pena que esto fuera difundido con los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, hasta nivel medio superior.

Creo que este es uno de los temas importantes.

Ustedes sin lugar a dudas saben que se han estado haciendo investigaciones de carácter científico que establecen cuáles son las causas del calentamiento global y que inicialmente se había localizado al bióxido de carbono como uno de los gases que provocaban los efectos del calentamiento en el famoso y conocido efecto invernadero.

Pero también se ha ido localizando que hay otros gases que están generando los efectos del calentamiento como es el metano y el óxido nitroso, que son parte de las acciones del hombre en el desarrollo de la industria y que ha hecho particularmente que esto se tenga como una de las causales de incremento de la temperatura.

Ustedes deben de saber que desde 1880 al año 2012, se tenía considerado un calentamiento menor al 0.6 por ciento de grados centígrados del calentamiento de nuestro globo terráqueo, y ahora en esta medición que se hace de 1880 a 2012, hemos llegado al 0.84 por ciento de calentamiento en el globo terráqueo; y los programas y las metas que se han establecido a nivel mundial las cumbres de cambio climático, es poder detener el crecimiento de los 2 grados centígrados del calentamiento de nuestro globo terráqueo.

Por eso la importancia de incluir en los programas educativos, retomar esto y complementarlo, para que en los programas educativos esté muy claro y vigente el tema de las causas que están originando el calentamiento global.

Es importantísima esta parte, compañeras y compañeros, ya se habla en este artículo 7o. en su fracción VIII de los efectos, y por eso es importante insistir en la parte de los programas y los contenidos educativos para poder educarnos en ese tema.

Si no somos conscientes ampliamente los ciudadanos mexicanos de las causas que están generando este calentamiento de nuestro globo, jamás vamos a tomar acciones ciudadanas responsables, personales para hacer acciones de litigación y prevención del cambio climático.

Por eso la insistencia de que en ese trabajo legislativo, en este artículo que hoy se está discutiendo, esta adición, sentimos que es importante que se estén dando esos pasos y que pongamos en acento fundamentalmente en los efectos que están causando el calentamiento de nuestro planeta.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Gracias, señor Presidente. Es cuanto.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pedraza Chávez.

Informo a la Asamblea que el Senador Angel Benjamín Robles Montoya hizo llegar su intervención sobre este dictamen, el cual se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

No habiendo más oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto en un solo acto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, que contienen puntos de Acuerdo:

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.








COMISION DE PESCA Y ACUACULTURA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al siguiente dictamen.



(Se inserta intervención del C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo)

Dictamen de la Comisión de Pesca y Acuacultura, sobre el punto de Acuerdo de exhorto para la sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit afectada por el síndrome de mortalidad temprana de camarón.

Reserva para modificar resolutivo del dictamen:

PROPUESTA:

Unico. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a realizar las acciones de sanitización de las granjas acuícolas de Sonora, Sinaloa y Nayarit, afectadas por el síndrome de mortalidad temprana del camarón, asignando los recursos económicos necesarios, en su caso gestionando los faltantes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informando a esta Soberanía los resultados obtenidos.

Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes que contienen puntos de Acuerdo.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Francisco Salvador López Brito, ¿a cuál de los dictámenes se referirá?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) A los dos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para referirse a ambos dictámenes.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Para expresarme e informar a ustedes de los dos dictámenes que en la Comisión de Pesca recientemente hemos dictaminado.

El primero, favorable, con voto unánime.

Y el segundo desde luego por no ser ya materia, ha sido desechado.

Me referiré al primer dictamen. Es un dictamen derivado de una proposición con punto de Acuerdo del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, en relación a la pesca ilegal que supuestamente se han estado llevando a cabo en el área natural protegida “Reserva de la Biósfera Archipielago de Revillagigedo”, y que quiero compartir con ustedes algunos considerandos importantes.

El Archipiélago de Revillagigedo es un grupo de islas que se encuentran en el Océano Pacífico, forman parte del estado de Colima, se localizan entre 720 y 970 kilómetros al oeste de Manzanillo, y 386 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California.

Las islas fueron declaradas como reserva de la biósfera, el 15 de noviembre del año 2008; están integradas por la Isla Socorro, Isla Clarión, Isla San Benedicto e Isla Roca Partida, así como su respectivo territorio marino.

En las aguas de estas islas se reproducen numerosas especies de peces de importancia comercial como el atún, cocineros, sierra, rayas, mantarraya, tiburones, langosta y es reconocido como zona de alimentación el archipiélago, como zona de alimentación, de crecimiento y anidación de 4 de las 6 especies de tortugas marinas que habitan en las costas de México como son la tortuga laud, la golfina, la carey y la prieta.

No obstante la importancia biológica, ecológica y la gran diversidad de especies marinas, terrestres y aves que ahí se encuentran, se tiene conocimiento que dentro de los problemas que amenaza la pérdida de los recursos marinos, entre ellos los pesqueros, se encuentran actividades de pesca ilegal.

Considerando estudios en la materia, entre los principales impactos de la pesca irregular están el incremento en la taza de mortalidad de las especies por el esfuerzo no contabilizado; los impactos ecológicos a ecosistemas sensibles cuando se trata de pesca en zonas restringidas con artes de pesca prohibida por ley, así como la captura de especies prohibidas, como supuestamente se está dando, irregularidades en la calidad de la información disponible, conflictos entre los propios pescadores irregulares y debilitamiento en la cultura de la legalidad.

Este dictamen hace alusión a una serie de estudios y acciones que llevaron a cabo con fecha 20 de noviembre de 2013, en coordinación las Secretarías de Marina-Armada de México, la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional de Pesca CONAPESCA, en una serie de operativos realizados en esta Reserva de la Biósfera del Archipiélago de Revillagigedo y que hasta la fecha no hemos tenido la suficiente información.

Por todo lo anterior, desde luego, proponemos a ustedes, amigas y amigos Senadores, que nos manifestemos votando a favor de este dictamen para que precisamente contemos a la brevedad con la información adecuada de estas dependencias en cuanto a los operativos que se hicieron para analizar el tema de la pesca ilegal supuestamente llevada a cabo en esta zona restringida.

Respecto al segundo dictamen, bueno, compartir con ustedes que la Comisión de Pesca aprobó el desecharlo debido a que aludía a un tema que tenía que ver con el presupuesto con supuesta falta de subejercicios del presupuesto del año pasado, y ya este ya pasó en los términos, de tal manera que no hay materia para dictaminar esta segunda propuesta de punto de Acuerdo.

Por lo tanto, amigas y amigos Senadores, en el tema la supuesta pesca ilegal que se está llevando a cabo en las Islas Revillagigedo, les pido su voto en apoyo a este dictamen.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Informo a la Asamblea que el Senador Fidel Demédicis Hidalgo hizo llegar a esta Presidencia su participación sobre el tema que nos ocupa, el cual se insertará en el Diario de los Debates.

No habiendo más oradores inscritos, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes que contienen puntos de Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de seis dictámenes de la Comisión de Educación, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar o reforzar,en coordinación con las secretarias de Trabajo y Previsión Social y de Economía, programas orientados a promover la creatividad y el espíritu emprendedor, conforme a lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como a remitir a esta Soberanía un informe de los alcances y resultados del presente acuerdo.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 28 de febrero de 2013, el Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó, -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza.

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La proposición detalla cómo el emprendedurismo se ha venido posicionando dentro de las acciones gubernamentales en años recientes. Hoy en día el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, ejecuta aproximadamente once programas que dan impulso directo o indirecto a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). No obstante esta política, la mayoría de las nuevas empresas en México están orientadas al consumidor y en menor proporción se concentran en actividades de mayor valor agregado. Por esta razón el impacto tiende a ser bajo, ya que se trata de empresas que, en general, innovan poco, tienen bajo grado de internacionalización y limitadas expectativas en cuanto a la generación de empleos. Bajo este contexto, las legisladoras consideran que aún queda mucho por hacer para desarrollar una cultura emprendedora, fomentar la incorporación de habilidades en los individuos y dotar de una actitud de participación ante los retos que la nueva economía demanda.

De acuerdo con un estudio realizado en el año 2011 por el Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM por sus siglas en inglés), en México el 43.5% de la población adulta percibe oportunidades de negocio y 60.6% siente que tiene las habilidades requeridas para iniciar una empresa, pero solo 26.6% reconoce que el miedo al fracaso le impide hacerlo; en general, 24.2% tiene intenciones reales de emprender. Los datos de la actividad emprendedora muestran que 5.7% de la población adulta en México tiene una empresa naciente y 4% una empresa nueva, esto coloca al país en una posición desventajosa respecto de los países con economías basadas en eficiencias participantes del GEM, y cuyas condiciones en este terreno lo colocan en el lugar 17 de 24.

Se considera que la cultura para el emprendimiento, fomentada desde los primeros años de la educación hasta concluida la vida académica profesional, podría representar una herramienta más que permita mejorar los resultados de la actividad emprendedora en México. Asimismo facilitaría el desarrollo óptimo del autoempleo y de generación de empleos a través de la creación de MIPYMES y, sobretodo, sería una oportunidad que el Gobierno Federal implemente de forma más eficiente sus políticas en torno al tema.

En atención al contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El factor emprendedor está presente en todas las acciones humana. Debido a las incertidumbres presentes en el contexto de estas acciones, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los demás.

El espíritu emprendedor hace mención al desarrollo de actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, al desarrollo de una capacidad de relación con el entorno y a la sensibilidad ante las necesidades de las otras personas, así como a la capacidad de asumir nuevos roles en una sociedad que se halla inmersa en un continuo cambio.El punto de acuerdo utiliza el término en un sentido económico; en este ámbito la Organización Internacional del Trabajo señala que “El potencial [o capacidad] emprendedor es el reconocimiento de una oportunidad para crear valor, y el proceso de tomar acción sobre dicha oportunidad, sea que implique o no la formación de una nueva entidad.”1 Esta definición permite asociar la capacidad emprendedora con la perspicacia para reconocer oportunidades de creación de valor.

De este modo, el emprendimiento se fortalece con la enseñanza de los conceptos básicos de gestión, administración y demás aspectos de conocimiento relevantes para reducir la incertidumbre progresivamente y percibir las oportunidades antes que los demás.

SEGUNDA. El vínculo entre espíritu emprendedor, innovación y desarrollo ha estado presente en la teoría y la praxis. El economista Joseph Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones, y observó que: “La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción. Este tipo de actividades son las responsables primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico”.2 Bajo esta lógica, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas oportunidades.

TERCERA. Los cambios que se han producido en el entorno económico en las últimas décadas han propiciado una serie de nuevas condiciones en las que la generación de empleo y riqueza ya no descansa únicamente en las grandes empresas. Los cambios en la estructura productiva propiciados por la globalización de la economía, que exige mercados especializados para mercancías basadas en un mayor valor agregado, son cambios que han brindado oportunidades para una nueva visión empresarial. Sin embargo, poder ser competitivo en estas nuevas condiciones es complejo puesto que se encuentran fuera de las actividades tradicionales. Para superar los problemas suscitados se requieren aptitudes que, al menos en el país, han sido incipientemente desarrolladas en la población y que definen el espíritu del emprendedor. Es necesario entonces propiciar un acercamiento entre el sistema productivo y el sistema formativo, que dote a los jóvenes del contacto conpesetas aptitudes. En este cometido, los centros educativos juegan un papel clave, siendo necesaria la introducción de elementos innovadores, tanto en la dimensión pedagógica y curricular, como en la organizativa.

CUARTA. La situación del potencial emprendedor responde a un entorno económico y social que lo marca en sentidos precisos. La Organización Internacional del Trabajo3 distingue dos orientaciones:

Emprendedor por necesidad: es aquel que se lanza a la aventura de poner en marcha su propio proyecto movido por circunstancias ajenas, sin conocer si tiene o no el potencial de mercado para generar ingresos. Suele ser alguien que ha perdido su empleo y que se ve abocado a tomar esta vía no por deseo propio, sino porque es la única alternativa laboral que encuentra. Generalmente, este tipo de emprendimientos depende solo del emprendedor, el cual se convierte en un empleado de tiempo completo y es una opción de corto plazo mientras consiguen un trabajo estable. Proceden fundamentalmente de estratos de bajos ingresos.

Emprendedor por oportunidad: aprovecha las oportunidades que surgen, sus conocimientos y su propia vocación para lanzarse a esta aventura. Buscan materializar una idea de negocio en una empresa con potencial de crecimiento, que surge al observar algunos desatinos en el mercado y proponen una solución innovadora. Provienen de estratos sociales más afluentes, gozan de mejores niveles educativos que les permiten un mayor acceso a recursos críticos para la consolidación de sus emprendimientos y de otros elementos que configuran mejores oportunidades para el desarrollo de la opción empresarial.

El fin de las políticas de promoción emprendedora es el de reducir las condiciones de necesidad en individuos provenientes de estratos de bajos ingresos- en su elección del autoempleo y la empresa, y conseguir que la opción emprendedora de estos tenga al menos las mismas oportunidades que los sectores medios y altos. Esta nivelación de oportunidades abriría a mucho más individuos emprendedores las posibilidades de contribuir con su trabajo a la integración y desarrollo sociales.

QUINTA. La educación en México, según indica la legislación en la materia, está enfocada a formar el capital humano que fomente el desarrollo integral de las personas, la competitividad y el progreso nacional.

La Constitución General de la República estipula que la educación impartida por el Estado se orientará por una serie de criterios, a saber:

a) Será democrático, considerando a la democracia (…) como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá (…) al aseguramiento de nuestra independencia económica (…)

De igual forma, la Ley General de Educación resalta el aspecto económico como un fin de la educación:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

SEXTA. La política para crear el capital humano que impulse el proceso de emprender se ha acotado casi exclusivamente a acciones dentro de la educación superior. Las instituciones de este nivel educativo han gestado consultorías especializadas que ayudan a los emprendedores a "incubar" o "acelerar" las empresa. La primera institución en establecerlos fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a mediados de la década de los 90. Su modelo de incubación fue tan exitoso que sirvió de patrón para la creación de más de 200 incubadoras en todo el país, auspiciadas tanto por universidades públicas como privadas.

SEPTIMA. Por su parte la SEP ha establecido convenios con instituciones privadas y sociales buscando generar en la juventud una nueva forma de enfrentar las condiciones económicas con propuestas creativas que permitan el autoempleo y que también generen nuevas fuentes de trabajo y de producción. Uno de los programas que más destaca es el"Día del emprendedor", proyecto conjunto de la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP, la FundaciónEducación Superior-Empresa (FESE), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como las secretarías de Economía y del Trabajo. El proyecto está estructurado en tres componentes: el primero presenta un certamen que tiene el propósito de impulsar y reconocer la cultura emprendedora y la capacidad innovadora de los jóvenes de las instituciones de educación superior y premiar las tres mejores iniciativas en las categorías de negocio, proyectos de emprendimiento y empresas graduadas de incubadoras. El segundo componente está conformado por un programa académico que incluye talleres, conferencias, mesas redondas y páneles en los que se difunden las experiencias emprendedoras, los esquemas de promoción y financiamiento, así como los programas de promoción y financiamiento y los de gobierno para el fomento del emprendimiento. El último componente es juntar en un espacio físico exposiciones para mostrar los proyectos, empresas y productos diseñados por estudiantes e incubados en las instituciones educativas, evidenciando los alcances y los logros de los programas de emprendimiento de los universitarios.

OCTAVA.La promoción del emprendeurismo ha tenido mayor presencia como una acción de política pública enfocada a que los segmentos de la Población Económicamente Activa (PEA) que no encuentran un espacio en el mercado laboral desarrollen pequeñas empresas donde autoemplearse. Existen diversos programas públicos, aplicados por los tres niveles de gobierno, que apoyan y promueven a los potenciales emprendedores, así como aquellos que ya han iniciado los trámites para abrir su propia empresa, las cuales son coordinadas a través de la Secretaría de Economía, la mayoría de estas políticas son programas de créditos de montos medianos con los que una nueva empresa poco pude operar.

Sin embargo, abrir una microempresa no es sinónimo de ser emprendedor, el problema de sólo abrir negocios radica en que se da en actividades que no son productivas, no generan un valor agregado, su tiempo de sobrevivencia es corto y con alto costo financiero. Para que un emprendedor tenga impacto en la economía debe crear un negocio que repercuta en la multiplicación del empleo y ofrezca productos o servicios innovadores. La diferencia entre negociar y emprender está en el término responsabilidad social que está implícito a los tipos de negocios que se desarrollan.

NOVENA. Mientras en otras economías los emprendedores son hombres de 18 a 34 años de edad, en México es casi igual la proporción de hombres y mujeres que emprenden negocios, pero las edades se sitúan en dos grupos: de 18 a 34 y de 45 a 68 años, según el más reciente informe del Global Entrepreneur ship Monitor (GEM). Las personas entre 45 y 64 años buscan abrir negocios al no hallar un empleo, ya sea por la carente oferta laboral, en puestos e ingreso, o porque las empresas no contratan a mayores de 40 años.

DECIMA. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer trimestre de 2013 la PEA equivalió a 52 millones 309 mil 335 personas.

Población ocupada

Por posición en la ocupación

 

Por nivel de ingresos

Trabajadores subordinados y remunerados

42.6%

 

Hasta un salario mínimo

7.8%

Asalariados

40.0%

 

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

22.0%

Con percepciones no salariales

2.6%

 

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

22.9%

Empleadores

2.5%

 

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

19.4%

Trabajadores por cuenta propia

10.5%

 

Más de 5 salarios mínimos

9.6%

Trabajadores no remunerados

1.7%

 

No recibe ingresos 8

3.1%

No especificado

0.0%

 

No especificado

15.3%

Fuente: elaborado con datos de INEGI.

Según los datos arrojados por la Encuesta, en México el 50% de la población empleada recibe menos de 180 pesos diarios, por lo que la generación de empleos mejor remuneradores es una acción crítica y urgente de llevar a cabo. Conforme al mismo documento, el 8.9% de la población ocupada manifestó tener la necesidad de trabajar más horas para obtener mayores ingresos, además de contar con horas laborales disponibles para hacerlo. Respecto del sector informal, los datos que recabó el INEGI mostraron que en 2011, 29.1% de la PEA reunía las características para clasificarla dentro de este segmento.

Cuando el mercado es incapaz de absorber a todos los demandantes de empleo, deben facilitarse las vías para que optar por el autoempleo no sea el recurso de los desesperados, sino una alternativa a la que se dé continuidad en el tiempo necesaria para generar prosperidad económica, desarrollo y, por lo tanto, más trabajo.

DECIMO PRIMERA. En el país, 99% de las 4.3 millones de empresas se ubican en la clasificación de pequeñas y medianas (PyMES), las cuales, según la Secretaría de Economía, generan el 72% del empleo formal. Empero, no todas tiene el mismo nivel de competitividad, en parte por una deficiente gestión financiera: el 80% de las Pymes fracasa antes de los cinco años, y 90% antes de cumplir una década. Los principales problemas detectados en las Pymes mexicanas son la falta de experiencia (79%), escasez de capital (99%), excesivas inversiones en activos fijos (58%) y tienen pocos sistemas de información confiable (59%). La aportación de este sector al Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de 52 a 34% en sólo una década.

De acuerdo a un estudio realizado por la Incubadora de Alta Tecnología y Aceleración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, para las Pymes un problema es la profesionalización y capacitación de sus recursos humanos, en términos de gestión, el punto débil se ubica en la mala selección de personal (15%); graves errores en la fijación de estrategias (46%); falta de ausencia de planes alternativos (38%); resistencia al cambio (28%); excesiva centralización de toma de decisiones (42%); mala operación de fondos (96%), y problemas en la selección de socios (6%).

DECIMO SEGUNDA. Según un ranking sobre la facilidad para hacer negocios elaborado por el Banco Mundial en 185 países, en el que México se encuentra en el puesto 48M en el país existen tres principales barreras para el establecimiento de nuevos negocios: los monopolios públicos, los monopolios privados y el acceso al financiamiento. En estas circunstancias, continúa el texto, las ocasiones para aprovechar las oportunidades de mercado son escasas y destinadas a aquellos que cuentan con una mejor visión emprendedora y empresarial.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo de las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Alvarez García, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar o reforzar, en coordinación con las secretarias de Trabajo y Previsión Social y de Economía, programas orientados a promover la creatividad y el espíritu emprendedor, conforme a lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo, en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como a remitir a esta Soberanía un informe de los alcances y resultados del presente acuerdo.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014.

COMISION DE EDUCACION”.

1 Tueros, Mario. OIT. Potencial Emprendedor Juvenil en la Región ysus Políticas e Instrumentos de Promoción.http://white.oit.org.pe/tdj/docs/tueros_empjureg.pdf

2 ¿Qué es emprendimiento? El Instituto Tecnológico de Chile

3 Potencial Emprendedor Juvenil en la Región y sus Políticas e Instrumentos de Promoción http://white.oit.org.pe/tdj/docs/tueros_empjureg.pdf






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen.








COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen.

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública y a las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país a que, de manera coordinada, diseñen e instrumenten una estrategia que incorpore, entre otros, los recursos financieros, humanos y materiales, que garantice un incremento sustancial de la oferta y la matrícula de ese nivel educativo.

ANTECEDENTES

1. El 24 de julio de 2013, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron, -ante el Pleno de la Comisión Permanente-, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática de los jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM. A través del oficio DGPL-1P2A.-70, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República.

3. El 7 de agosto de 2013, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron, -ante el Pleno de la Comisión Permanente-, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, coordinadamente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, realicen lo conducente para incrementar sustancialmente la oferta de espacios, en favor de los aspirantes a cursar alguna licenciatura en las instituciones públicas de ese nivel educativo. A través del oficio DGPL-1P2A.-26, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La proposición fue fundada en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

A. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar al nivel superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México

La parte argumentativa de la proposición señala que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Zona Metropolitana de la Ciudad de México concentra cerca del 20 por ciento de la oferta y demanda de la matrícula de la educación superior en todo el territorio nacional. El Distrito Federal y el Estado de México, a través de las universidades autónomas, los institutos tecnológicos federales, las universidades politécnicas y las universidades Tecnológicas, ofrecen más de 200 opciones de licenciaturas e ingenierías a los estudiantes egresados de la educación media superior.

Para los legisladores, no obstante que en las dos últimas décadas se ha experimentado en la región un crecimiento exponencial en la cobertura de la educación superior, todos los años miles de jóvenes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México enfrentan la problemática de no ser aceptados en las instituciones de educación superior de mayor demanda a nivel nacional, principalmente la UNAM, IPN y UAM.

En opinión de los promoventes, una solución al elevado porcentaje de jóvenes que no pudo ingresar a alguna de las licenciaturas o ingenierías de la UNAM, IPN y la UAM consiste en participar por uno de los 42,000 espacios que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Programa Emergente de Matricula de Educación Superior y en coordinación con los Institutos Tecnológicos Federales, Universidades Politécnicas y Universidades Tecnológicas– ha dado como alternativa para matricularse en la educación superior.

Igualmente consideran importante señalar, que en muchas ocasiones estas instituciones son menospreciadas por los propios jóvenes y no son una opción real a sus expectativas, principalmente por no conocer su historia, planes de estudio, su vinculación con el mercado laboral, sistema de incentivos escolares y planta docente.

En palabras de los legisladores la problemática de los jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a una opción educativa en la UNAM, el IPN y la UAM, presenta la oportunidad de abrir el debate sobre la necesidad de que se aplique un examen único de admisión para el ingreso en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. La experiencia que se tiene en la aplicación de un concurso general de ingreso a las instituciones de educación media superior debe ser el modelo a seguir en las universidades, institutos tecnológicos y universidades politécnicas. Sin duda, el examen único contribuye a un proceso de selección más democrático y eficiente, pero sobre todo, abre la posibilidad para que los jóvenes no se queden sin una opción educativa.

B. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, coordinadamente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, realicen lo conducente para incrementar sustancialmente la oferta de espacios, en favor de los aspirantes a cursar alguna licenciatura en las instituciones públicas de ese nivel educativo.

En la exposición de motivos se señala que año con año se incrementa el número de solicitantes para cursar alguna carrera en las Instituciones de Educación Superior (IES), fenómeno que ocurre en todo el país, pero que se recrudece en las áreas conurbadas de las grandes ciudades. Tal es el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde a raíz de la aplicación del reciente examen de ingreso quedaron excluidos, rechazados o privados de acceder a esa oportunidad, alrededor de 250 mil jóvenes, lo que cancela que sus aspiraciones, y truncadas sus posibilidades de movilidad social.

Los legisladores afirman que son varios los factores que inciden en la exacerbación de ese problema. En primer término, en el caso de la capital del país y de los municipios adyacentes a ella, el hecho de que hasta cuatro quintas partes de la demanda para estudiar alguna licenciatura se concentre en sólo tres de las instituciones públicas más prestigiadas: las Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). También subyacen, desde luego, marcadas deficiencias académicas con las que egresan muchos estudiantes del nivel medio superior lo que, combinado con las condiciones crecientes que se les piden, incide en alguna medida en que no se logre acceder al siguiente nivel en los planteles seleccionados por los aspirantes como sus primeras opciones.

Ante las perspectivas poco favorables para los jóvenes ya excluidos de la educación superior y los que se acumulen, los legisladores pretenden contribuir a crear estrategias claras de corto, mediano y largo plazo por parte de que las autoridades, invitando al titular de la Secretaría de Educación Pública, a colaborar de manera estrecha y coordinada con el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para diseñar soluciones al problema de la deficiencia en la cobertura en educación superior.

En atención al contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Existe un consenso generalizado sobre la importancia que tiene la educación para el desarrollo de las naciones. La historia demuestra que el progreso guarda una estrecha relación con la solidez del sistema educativo, con su cobertura, calidad y vinculación armónica con las demandas y problemas de la cultura, la sociedad, la política, la economía, la ciencia y la tecnología. Numerosos estudios conciben que, en la era del conocimiento, la educación superior constituye uno de los vehículos de mayor fuerza para incorporar a la sociedad al desarrollo pleno y sostenido. En opinión de esta dictaminadora, omitir estas premisas implica condenar a generaciones enteras a la incertidumbre y la desigualdad.

SEGUNDA. Visto desde esta perspectiva, la educación superior es, entonces, precursora del desarrollo y no consecuencia de éste. A pesar de dicha premisa, uno de los aspectos más visibles de su rezago consiste en la insuficiencia de espacios para enfrentar el desafío de una demanda creciente y de costos unitarios cada vez más altos.Desde hace varios años, el gobierno mexicano se ha preocupado por implementar medidas que conformen en el país la ampliación de las oportunidades educativas de tipo superior. La anterior, no es sólo una labor obligada del Estado, sino una condición fundamental para impulsar el desarrollo del país, mejorar la competitividad y lograr la inserción ventajosa de la economía basada en el conocimiento. La cobertura de la educación superior, definida a partir de las condiciones de acceso y permanencia en el dicho nivel educativo, expresa el grado de inclusión social alcanzado por el sistema.

TERCERA. La educación superior tiene importantes efectos multiplicadores en el desarrollo económico y social, reflejados en una gran variedad de beneficios, tanto a nivel macro como a nivel individual, incluidos ingresos más elevados y mayor satisfacción laboral.Los datos reflejan la relación directa entre nivel de ingresos y nivel de escolaridad: conforme el nivel de escolaridad va ascendiendo, el número de individuos que percibe un nivel salarial alto es mayor.

Gráfica 1 Relación nivel de ingresos – grado educativo terminado.



Fuente: Elaborados con datos del INEGI, correspondientes a diferentes encuestas.

CUARTA. Más trascendentales colectivamente son los progresos públicos alcanzados a través de las externalidades positivas emanadas del empoderamiento de los individuos por medio de la educación. Dicha situación puede ser mensurable a través del Indice de Desarrollo Humano (IDH) el cual indica que el nivel de progreso nacional, este indicador muestra una relación directa con los años de escolarización promedio de los habitantes de un país. Así, por ejemplo, observamos que Mozambique, el país que menos años de educación registra, 1.2, obtiene también uno de la IDH más bajos, 0.318. Conforme van aumentando los números de años que un país mantiene a sus habitantes en la escuela, también va en aumento el desarrollo de ese país, Brasil, un país que se encuentra en la media de respecto a la escolarización, 7.2 años de educación, sube considerablemente en el índice de desarrollo 0.726. Por su parte, según el PNUD nuestro país México registra 8.5 años de escolaridad promedio a lo que le corresponde un IDH 0.77, y es considerado como un país de desarrollo humano alto. En contraste, Noruega, país que ha logrado consolidar un sistema educativo ejemplar hasta obtener 12.6 años de escolaridad promedio, obtiene también el IDH más alto a nivel mundial, 0.952.

QUINTA. Para efectos de planeación y ejecución de políticas públicas, el gobierno federal ha calificado a la educación superior como pilar del desarrollo del país. Sin embargo, los avances en materia educativa aún tienen un amplio camino por recorrer. Sin embargo, información oficial destaca que en México la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. De éstos, cerca del 94% estudia licenciatura o sus equivalentes, y sólo el 6% cursa estudios de posgrado. Además, se reconoce que la escasa matrícula en este nivel educativo obedece a rezagos e ineficiencias en los niveles previos, a la pobreza de las familias y a las características propias de las instituciones de educación superior.

SEXTA. En una reunión celebrada con más de 160 rectores integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 21 de mayo de 2012, el entonces candidato del PRI y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó su intención de impulsar de manera decidida la cobertura, por lo que se comprometió a apoyar este proceso para pasar, en el nivel superior, en los próximos seis años, de 30 a 45 por ciento. Los esfuerzos, declaró en aquella reunión, no pueden ser aislados ni unilaterales para el gobierno federal; tienen que ser con las instituciones de educación media y superior del país para, a partir de su experiencia, fortalecer las políticas en la materia.

SEPTIMA. El pasado 8 de junio, el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación, al participar en la 22 Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, ratificó el compromiso de la actual administración federal de alcanzar, al final del sexenio, al menos el 40 por ciento de cobertura en el nivel superior de educación y con lograr una orientación adecuada a lo que hoy demanda el mercado de trabajo.

OCTAVA. No obstante que la escasez de recursos ha sido un rasgo endémico del sistema de educación superior, en los años recientes el financiamiento federal se ha incrementado de manera significativa, dando pie a una sensible mejora de diversos indicadores financieros del sistema. Por ejemplo, la inversión educativa como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 0.54% en 2006 a 0.65% en 2010. Sin embargo, esta cifra está aún lejos de destinar el 1% del PIB para la educación superior, meta establecida como deseable por diversos actores. Asimismo, el gasto promedio anual por alumno aumentó de 39 mil 385 pesos en 2006 a 65 mil 100 pesos en 2012, aunque es-tos montos son insuficientes si se les compara con la inversión que realizan otros países de mayor desarrollo o de desarrollo relativo similar.

NOVENA. Los modos de producción y esquemas de distribución han propiciado el fortalecimiento de núcleos urbanos con alto grado de dinamismo económico. Esa reorganización territorial había producido una de demandas en lo relativo tanto a la localización de los establecimientos de educación superior como a sus funciones. Este proceso desembocó en la concentración de las instituciones de educación superior en las principales metrópolis debido a la integración de los estudiantes con los nichos de actividad profesional proporcionados por las ciudades.

DECIMA. Tal es el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se ubican más de 417 universidades e instituciones de educación superior, de las cuales cerca de 100 son instituciones públicas en donde se ofrecen más de tres mil programas de todo tipo. Dichas instituciones incluyen universidades estatales, tecnológicas o politécnicas; institutos tecnológicos, colegios o centros de enseñanza; así como sistemas de educación Abierta y a Distancia.

Empero, más que la concentración de la matrícula se suscita la concentración de la demanda por un lugar, fenómeno que responde a que en la ZMVM se han establecido las universidades históricamente más demandadas del país, tales como la UNAM, el IPN y la UAM.

Gráfica 2 Lugares ofertados y solicitudes a primer ingreso en las instituciones de educación superior.



Fuente: elaborado con datos de la SEP

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1899/2/images/principales_cifras_2011_2012.pdf

DECIMA PRIMERA. Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a este nivel mediante diversos procedimientos, constituye un componente cada vez más controvertido en las políticas de educación superior. Estos procedimientos se supeditan, de algún modo, a las condiciones contextuales que en función de la relación demandantes poder público establecen acuerdos mínimos como los requisitos exigibles a los aspirantes. Si bien todas las instituciones de educación superior exigen como condición la aprobación del bachillerato, no existe un patrón de requisitos que homologue la normativa de cada universidad para el ingreso estudiantil.

DECIMA SEGUNDA. Existen muchas universidades públicas que ofrecen estudios de bachillerato y permiten el pase automático de los egresados de este nivel al nivel superior, acceden directamente sin más límite que el cupo de la escuela o facultad; para los aspirantes provenientes de otras instituciones se aplican exámenes de admisión. Los exámenes son de selección y permiten situar a los alumnos en orden decreciente de calificaciones en función del número de vacantes existentes. También ocurre que pueden ingresar estudiantes con calificaciones no aprobatorias si la capacidad de la institución lo admite

DECIMA TERCERA. El gobierno federal reconoce que, en números reales, hay aproximadamente 100 mil mexicanos sin cupo en alguna universidad pública. Como una respuesta ante tal situación, durante el ciclo escolar 2013-2014, la SEP anunció la creación del Programa Emergente de Matricula de Educación Superior, que busca ofrecer alternativas de estudios universitarios a los aspirantes que participaron en los recientes procesos de admisión de la ZMVM, y que aún no se matriculan en alguna institución de educación superior.

El Programa Emergente consta de una oferta conjunta de 36 mil 376 lugares disponibles a través de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM); Autónoma Metropolitana (UAM); Pedagógica Nacional (UPN); Autónoma del Estado de México (UAEM); Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE); Mexiquense del Bicentenario (UMB); Intercultural del Estado de México (UIEM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA). A estas instituciones se suma la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C., que beneficiará a los aspirantes con una colegiatura reducida de mil pesos mensuales.

DECIMA CUARTA. En febrero de 1996, nueve instituciones educativas que ofrecen programas de educación media superior pública en el Distrito Federal y en el Estado de México firmaron un convenio de colaboración institucional por el que acordaron una convocatoria única, la realización de un mismo registro de aspirantes y la evaluación de habilidades y conocimientos de éstos mediante un solo examen, tomando como base los conocimientos básicos y habilidades generales del plan y programas de estudio de secundaria, así como las preferencias de cada participante por ciertas opciones educativas, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Lo anterior con la finalidad de: Informar con la mayor claridad posible acerca de las características de cada una de las modalidades, planteles y especialidades que ofrecen las instituciones públicas de educación media superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; asegurar la igualdad de condiciones a todos los aspirantes durante el proceso de selección; contar con elementos objetivos que permitan mejorar los procesos de planeación de la oferta de educación media superior en la región, y ampliar los mecanismos de colaboración y coordinación entre las autoridades educativas de los gobiernos Federal y del Estado de México.

DECIMA QUINTA. El Concurso Unico de Ingreso ha favorecido tanto a los aspirantes como al Sistema Educativo. Los aspirantes se benefician porque todos son evaluados en igualdad de condiciones y con criterios idénticos que permiten compararlos entre sí. Al pagar una sola cuota, con un mínimo de desplazamientos y un solo registro, en el que cada aspirante puede incluir hasta 20 opciones educativas de su preferencia, se facilita la transición de los jóvenes de la educación básica a la media superior. Por su parte, el Sistema Educativo se beneficia puesto que al conocer el volumen de la demanda en la Zona Metropolitana se logra la optimización del uso de la infraestructura, de los recursos y la experiencia de las instituciones que participan en las actividades del Concurso.

DECIMA SEXTA. Una vez examinados los elementos de diagnóstico anteriores, los miembros de esta dictaminadora consideran imperativo fortalecer el sistema de educación superior, para que sea capaz de ampliar la cobertura con objetivo de que ningún joven que quiera estudiar se quede sin hacerlo, dotar de elementes que propicien un capital humano calificado para desencadenar una serie de beneficios entre la comunidad y los individuos.

Los integrantes de la Comisión de Educación coinciden con los proponentes con la idea de que la SEP, en conjunto con las instituciones de educación superior, trace las estrategias que habrán de implementarse en la materia. De igual forma, esta comisión se muestra interesada en conocer la viabilidad de un examen único de admisión en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como solución a los desequilibrios entre lugares ofertados y solicitudes de ingreso en la zona, por lo que incitan a las instituciones antes mencionadas a realizar un estudio de viabilidad de este proyecto

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo presentado por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública y a las Universidades e Instituciones de Educación Superior del país a que, de manera coordinada, diseñen e instrumenten una estrategia que incorpore, entre otros, los recursos financieros, humanos y materiales, que garantice un incremento sustancial de la oferta y la matrícula de ese nivel educativo.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a las Universidades e Instituciones de Educación Superior y a los organismos de evaluación en la materia, a realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar a ese nivel educativo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014.

COMISION DE EDUCACION”.






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al cuarto dictamen.



(Intervención del C. Senador Rabindranath Salazar Solorio)








COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al quinto dictamen.

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones públicas de educación superior a remitir a esta Soberanía un informe sobre el presupuesto asignado y ejercido del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES).

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 1 de octubre de 2013, el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó, -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos de los estados de Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

2. La proposición fue fundada en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del numeral 1 del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

En la exposición de motivos se señala que el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) se creó en el ciclo escolar 2001-2002, para cuya operación concurrieron el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y diversas instituciones de educación superior.

Las becas de este Programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públicas en programas de licenciatura o de técnico superior universitario.

Sin embargo, expresa el Senador proponente, ha trascendido a través de los medios de comunicación que en muchos estados del país los recursos del Programa han sido retenidos, o bien, su pago se ha retrasado durante meses, por lo que –a efecto de contar con información actualizada por parte de las instancias involucradas en la operación del Programa, se remita información sobre éste.

En atención al contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones de la sociedad, las actividades productivas cada vez tienden a fundarse más en el conocimiento.Así pues, la educación superior se ha convertido en pieza fundamental para el desarrollo cultural, socioeconómico y ecológico. Sin embargo, uno de los eslabones más débiles del sistema educativo es la baja cobertura de este nivel, resultado de la insuficiencia de espacios para enfrentar el desafío de una demanda creciente y de costos unitarios cada vez más altos.

SEGUNDA. Los Estados miembros de la UNESCO acordaron, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior en el siglo XXI1, crear el marco legislativo, político y financiero para reformar y desarrollar la educación superior de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual la educación superior deberá ser accesible a todos en función del mérito. No puede aceptarse ninguna discriminación, ni nadie deberá quedar excluido de la educación superior ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y diferentes tipos de establecimientos por razones fundadas en raza, genero, lengua, religión, edad ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni discapacidades físicas.

TERCERA. El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) tuvo sus inicios en el ciclo escolar 2001-2002 con la participación de todas las Entidades Federativas y un grupo de instituciones públicas de educación superior federales. La población objetivo de este programa está constituida por los estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que solicitan la beca, y cursan estudios de Técnico Superior Universitario (TSU) y de Licenciatura, que provienen de hogares cuyo ingreso es igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita mensuales vigentes al momento de solicitar la beca y que habiten en las 32 entidades federativas.

CUARTA. El Programa está diseñado para contribuir a la equidad educativa, llegando a convertirse en la principal herramienta de equidad de la política de educación superior del país, por lo tanto, un efectivo mecanismo de redistribución del ingreso al impulsar sectores poblacionales menos favorecidos dentro de la educación superior.

QUINTA. Según menciona el Primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto: para atender la posible deserción de los jóvenes en la educación superior, en el último año se fortaleció el Programa Nacional de Becas de Educación Superior

(PRONABES), otorgando principalmente una beca económica a 336.9 mil estudiantes de este tipo educativo que presentaron diversas características para el abandono del nivel.

Durante el ciclo escolar 2012-2013 el PRONABES atendió a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y con necesidades especiales. De las becas otorgadas el 17.7% fue para alumnos que se autodeterminaron como indígenas; y 14.9% de las becas apoyaron a alumnos con alguna discapacidad.

SEXTA. El Programa ha tenido grandes avances en lo referente a su cobertura. Por un lado, la población atendida ha mantenido un crecimiento constante desde el año de creación del PRONABES; dicha población se incrementó de 44,422 en el ciclo escolar 2001-2002 a 309,075 beneficiarios en el ciclo escolar 2010-2011. Por otro lado, la cobertura (proporción que relaciona a la Población Atendida y Objetivo) en el ciclo escolar 2010-2011 tuvo un valor de 83.03%; si bien en este ciclo la cobertura decreció 15.7 puntos porcentuales con respecto a la del ciclo anterior, ello es a causa de que la Población Atendida y Objetivo no crecen paralelamente. Así, el PRONABES se ha consolidado año con año, hasta llegar a ser el programa de becas más importante y efectivo para este nivel educativo.

SEPTIMA. Durante su operación, el PRONABES ha sido objeto de numerosas evaluaciones, tanto internas como externas. Entre ellas destaca una del Banco Mundial, entidad que aportó recursos financieros para el programa; otra de la ANUIES, otra más del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como auditorías financieras y de desempeño de parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En general, las evaluaciones han resultado favorables sobre un enfoque de equidad, las críticas se han enfocado sobre aspectos administrativos y financieros. La apreciación más crítica ha sido la de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública del PRONABES en 2007, ejercicio dado a conocer en 2010. Según este órgano, el programa debe mejorar sustancialmente sus procesos administrativos, la administración, el flujo de recursos, la rendición de cuentas y la operación del conjunto de instancias de coordinación.

OCTAVA. El acceso a la información debe ser el pilar sobre el que se construyan políticas y acciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, y participación ciudadana que permitan generar un puente de diálogo sincero entre autoridades y ciudadanos. Para que un gobierno sea eficaz, efectivo y democrático no solo se requieren políticas públicas, programas y acciones que atiendan las necesidades de la población, se necesita también un uso responsable y transparente de los recursos públicos. El gobierno debe administrar los recursos que obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos, de manera eficiente, eficaz y transparente y debe rendir cuentas puntualmente a la ciudadanía sobre la aplicación de dichos recursos y los resultados obtenidos.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, señalados en el artículo 6° constitucional, el derecho de libertad de expresión y el libre acceso a la información pública son complementarios, prácticamente equivalentes e indivisibles, conforme a la interpretación que se le hace al párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la aplicación del principio constitucional pro-homine o pro-persona, los cuales serán regidos por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo anterior, encuentra un sustento y respaldo a lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió una sentencia con fecha del 5 de febrero de 2001. En esta sentencia, interpretó la complementariedad e indivisibilidad del derecho humano de libertad de expresión y libre acceso a la información pública, a través de la dimensión individual y social del primer derecho, que a la letra dice:

“La dimensión individual del derecho de libertad de pensamiento y expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. Con respecto, a la dimensión social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho de tratar de comunicar a otros sus puntos de vista, pero implica también de todas conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia”.

En otro orden de ideas, no se debe omitir que durante el 108 período ordinario de sesiones en el mes de octubre de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el denominado derecho a la autodeterminación informativa, que a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla”.

NOVENA. Haciendo referencia al trabajo de la Dr. Teresa Bracho, “Diseño e instrumentación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES)2 en donde señala que “una política no es algo que acontece de una vez por todas. Es algo que se rehace sin cesar. Elaborar una política es un proceso de aproximaciones sucesivas hacia algunos objetivos deseados que van también cambiando a la luz de nuevas consideraciones.”De tal suerte, un programa o política pública no es algo que se diseña y se aplica de una vez y para siempre, sino que es resultado de un proceso continuo de autocrítica y autocorrección.

Bajo el supuesto de que el diseño de una nueva política pública es consecuencia de programas y políticas anteriores, es posible señalar que las reglas de operación del PRONABES son resultado de programas y diagnósticos previos encaminados a la atención del problema del acceso a la educación superior de la población mexicana.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo del Senador Francisco Salvador López Brito, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones públicas de educación superior a remitir a esta Soberanía un informe sobre el presupuesto asignado y ejercido del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES).

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación y a sus homólogas en las entidades federativas a remitir un informe sobre las causas por las que hubiera habido retrasos en la entrega de recursos a los beneficiarios del PRONABES.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014.

COMISION DE EDUCACION”.

1 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior en el siglo XXI.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf

2 Bracho, Teresa. Diseño e instrumentación del Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores PRONABES).http://ses2.sep.gob.mx/pronabes/cide/Evaluacion_externa_ANUIES-CIDE_2002.pdf






COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al sexto dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con su permiso, señor Presidente.

En la Comisión de Educación hemos trabajado de manera muy ardua, a partir de la reforma constitucional y el primer ciclo de reformas que impactaron la Ley General de Educación y dos leyes especiales: la del Instituto Nacional para la Valoración de la Educación y la del Servicio Profesional Docente.

El día de hoy, quiero reconocer a los quince miembros de la comisión, al área de la secretaría técnica, porque estamos presentando diferentes aspectos que tienen que ver con la atención de la vida en la educación; son seis puntos de Acuerdo.

El primero de ellos, es de las compañeras Senadoras del Partido Revolucionario Institucional, que presentan un punto de Acuerdo a la Secretaría de Educación Pública para promover, conforme a lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, temas de creatividad y espíritu emprendedor para enriquecer los planes de estudio.

El segundo se refiere a una propuesta del Senador Víctor Hermosillo y Celada, y que tiene que ver con el uso responsable de las nuevas tecnologías, particularmente para la protección a la infancia, en lo que tiene que ver con uno de los temas que se han complicado en el país, y es el tema de la pornografía infantil.

El tercero se refiere a un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore el máximo de recursos humanos, financieros y materiales en la oferta de la matrícula, sobre todo, a la ciudad de México y ver la posibilidad de que se realicen algunos espacios de colaboración común. Esta es una iniciativa que deriva de dos propuestas de los Senadores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional.

El cuarto se refiere a un exhorto al Instituto Nacional de Educación para Adultos, para disminuir el rezago educativo, y esta es una propuesta que también tiene que atender a aspectos de la deserción escolar, y que es una combinación de dos iniciativas: una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo del Partido de la Revolución Democrática; y el otro del Senador David Monreal, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y que tiene que ver con temas muy sensibles, sobre todo en las áreas más necesitadas del país.

Y el último exhorto, es a la Secretaría de Educación Pública, para implementar programas orientados a reducir la deserción escolar derivada de la pobreza. Y es un punto de Acuerdo que inicia el Senador López Brito, del grupo parlamentario de Acción Nacional y que se extiende a otras partes del país.

Estos dictámenes, junto con uno de ellos que tiene que ver con la mejor atención del Programa Nacional de Becas de Estudios Superiores, que es el original del Senador López Brito.

Y finalmente, del Senador David Monreal, que tiene que ver con la atención a la educación media superior y a otros aspectos que hemos extendido para poder tener mejor cobertura, mejor calidad, mejor equidad y mejor pertinencia en el tema educativo.

Mi agradecimiento a todos los que han hecho esto posible.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Hicks.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, para referirse a los seis dictámenes antes señalados.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del PRD, vengo a razonar el voto a favor de los dictámenes que en esta sesión se presentan para su discusión y votación, sobre diversos puntos de Acuerdo que habrán de fortalecer el funcionamiento del sistema educativo y el derecho universal a la educación pública y de calidad.

Me sumo, por supuesto, y felicito a las voces de distintas compañeras y compañeros Senadores de los grupos parlamentarios, muchos de ellos, por cierto, integrantes de la Comisión de Educación, que han propuesto exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades educativas locales y a otras instituciones educativas, con la finalidad de implementar o reforzar programas orientados a promover la creatividad y el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo nacional.

El fomento de la creatividad y el espíritu emprendedor apoya, sin duda, la generación y desarrollo de competencias profesionales que abren nuevas oportunidades a los jóvenes mexicanos, frente a los retos que hoy implica la generación de empleo y el incremento de productividad; pero sobre todo, fortalece una nueva cultura de valores y formación ética y solidaria frente a la vida, que les habrá de permitir enfrentar con mayor actitud y aptitud los desafíos que el futuro les impone.

En esta nueva cultura emprendedora y de formación basada en valores para la vida y el trabajo, resulta fundamental que la autoridad educativa impulse la generación de programas dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

El uso de las nuevas tecnologías, aplicadas al proceso educativo y al mundo del trabajo, debe convertirse principalmente en una herramienta que facilite el acceso a la información científica y cultural, y al mismo tiempo que mejore los procesos de comunicación intra y extraescolar con fines formativos.

Otro tema que hoy resulta de la mayor importancia es el relativo al fortalecimiento de las instituciones de educación superior, que en el país demandamos que la autoridad educativa federal y las correlativas de los estados recuperen y reivindiquen el espacio universitario como un espacio para la liberación crítica de la conciencia, la formación de ciudadanía, el fomento a la cultura y el desarrollo de la ciencia y la tecnología con fines fundamentalmente humanistas y no utilitarios.

Por eso queremos que hoy las políticas de acceso y cobertura de las universidades e instituciones de educación superior del país deben enfocarse no a seguir limitando, sino a diseñar e instrumentar nuevas estrategias que garanticen la diversificación de su oferta formativa y el incremento sustancial de su matrícula, para que no exista en México un joven o un adulto más que se quede sin estudios superiores por falta de instituciones educativas o por su limitada capacidad de atención y prestación de este servicio educativo.

El Estado está obligado, en ese sentido, a proporcionar, entre otros, los recursos financieros humanos y materiales suficientes que garanticen el acceso, cobertura y gratuidad plena a todo mexicano que decida acudir a los espacios universitarios.

Impulsar una política de universidad para todos, no debe entenderse como una acción de masificación de la educación superior ni como un riesgo de sobreoferta de nuevos profesionistas; es el derecho y la oportunidad que todos debemos tener para aprender a ver y leer y entender el mundo de manera diferente, como dijo don Pablo González Casanova: “Vale más tener un ejército de desempleados con educación y formación universitaria, que un ejército de mexicanos sin educación y sin empleo, aunque nuestra aspiración es que todos tengan educación y empleo”.

El giro de las políticas educativas no pueden circunscribirse exclusivamente a la educación superior. Hoy resulta tan prioritario formar nuevos jóvenes universitarios, como ayudar a los que menos tienen y menos saben, salir del analfabetismo y el rezago educativo en el que se encuentran.

Necesitamos del esfuerzo de todos, de las instituciones dedicadas a la educación para adultos y, por supuesto, del compromiso de las autoridades educativas; por eso estamos convencidos de que el INEA debe asumir con mayor compromiso una cultura de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones, planes y programas implementados con este fin.

Pero también estoy convencido que para ayudar a los más de 40 millones de mexicanos que hoy se ubican entre analfabetismo y rezago, se necesita mucho más que eso; se necesita, sobre todo, mucha voluntad, compromiso y recursos del gobierno de la República. Los programas de beca, la satisfacción de las necesidades de las instituciones educativas y el fortalecimiento de nuestro modelo educativo en todos los niveles, debe lograr finalmente que se termine de una vez por todas con la falta de oportunidades para acceder al mundo de la cultura y a la formación profesional, pero también para reducir la deserción escolar derivada de la pobreza.

Por eso estimo procedente y oportuno exhortar a la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de las entidades federativas y a las instituciones públicas de educación superior, a remitir un informe sobre el presupuesto asignado y el ejercicio del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, así como a incrementar los esfuerzos financieros necesarios para garantizar que las becas de PRONABES se extiendan a todos los programas e instituciones de educación superior donde exista un joven que la necesite.

Finalmente, estoy seguro que los esfuerzos institucionales para fortalecer la educación básica, media superior y superior, la educación de adultos, la educación formal e informal y el uso de tecnologías para la información y la comunicación no serán suficientes, mientras siga habiendo pobreza y marginación en nuestras comunidades urbanas, rurales e indígenas, mientras siga existiendo un niño con hambre o mientras siga habiendo jóvenes y adultos que tengan que priorizar entre acudir a las universidades o trabajar para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.

Nuestro compromiso y el del gobierno federal debe ser el de continuar trabajando para que en México el derecho a la educación de calidad sea una auténtica realidad.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, para referirse a los mismos dictámenes

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por cuestión de tiempo, y por supuesto de respeto en esta intervención, me permitiré hacer referencia únicamente a dos dictámenes de la Comisión de Educación, el que se refiere al tema del analfabetismo y el tema de la deserción escolar.

Quiero hacerlo iniciando con una reflexión de José Martí, quien proclamó en el siglo XIX: “Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre, y que el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos”.

Y quiero recordar también que en México, el oaxaqueño José Vasconcelos, ciertamente trabajó incansablemente en una obra educativa a favor de la alfabetización, la cual está reconocida como una de las más importantes en la historia nacional.

Y cómo no recordar también que en la administración de Lázaro Cárdenas sucedieron relevantes contribuciones en la educación técnica popular campesina y para adultos.

Sin embargo, actualmente, a pesar de tantos recursos y programas gubernamentales, subsiste el problema del rezago de la alfabetización; millones, hay que decirlo con esas palabras, millones de analfabetas son la muestra clara del fracaso de las políticas públicas adoptadas para terminar con esta condición.

El problema del analfabetismo en México no se reduce a los adultos mayores de 60 años y a la población indígena del país, es un síntoma, desde mi punto de vista, de la falta de crecimiento del país, de la desigualdad creciente y, sin duda, de un modelo de progreso que favorece a los indicadores macroeconómicos antes de favorecer el desarrollo humano.

Compañeras y compañeros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como derecho inalienable de todo individuo recibir educación.

Comento esto porque en el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que un país que no invierte en la educación de su población, no tiene ninguna esperanza de desarrollo. En consecuencia, siempre estaremos a favor de fortalecer la educación en todos sus niveles y en todas sus modalidades.

Nuestro compromiso es buscar, desde el Congreso de la Unión, garantizar la gratuidad de la educación, y por eso señalo que el factor económico es el más recurrente cuando de deserción escolar hablamos, por lo que la falta de apoyos concretos y dirigidos especialmente hacia ese sector de la población, da como consecuencia altos índices de deserción.

Es urgente, por lo tanto, la implementación de acciones que fortalezcan la equidad y contribuyan a la formación integral de estudiantes; como por ejemplo, otorgar estímulos económicos que permitan a los estudiantes de escuelas públicas continuar con su formación en el nivel medio superior y superior. Pero también apoyar a los estudiantes sobresalientes con el fin de reconocer su esfuerzo y a contribuir con el desarrollo de liderazgo y competencia desde la infancia.

Y por qué no también señalar la obligación de garantizar que todo aquel estudiante entre 16 y 24 años, que habiendo sufrido la pérdida del sostén económico, no abandone su educación, y para ello requerirá del apoyo gubernamental.

No podemos, compañeras y compañeros, seguir permitiendo que la falta de recursos económicos sea el factor del abandono de niñas, niños y adolescentes de sus estudios, sobre todo en un país que como México, en el que hay más de 53 millones de pobres, en el que la delincuencia cada día recluta a más personas y en el que la violencia día con día cobra víctimas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la orfandad.

Desde el Senado de la República planteamos la aprobación del presente dictamen en sentido positivo; y planteamos que se exhorte respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del INEA, con el objeto de reducir y erradicar los índices de analfabetismo y deserción escolar que más de 6 millones mexicanos mayores de 15 años padecen actualmente y de los cuales 3.5 millones son mujeres y 2.3 millones son hombres.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya.

Esta Presidencia saluda a los alumnos del bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invitados por el Senador Miguel Romo Medina. ¡Bienvenidos jóvenes estudiantes!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, para el mismo asunto.

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, haremos válida la postura del grupo parlamentario del PRI relativo a estos seis dictámenes que presenta la Comisión de Educación del Senado de la República.

Es necesario comentar que para que podamos nosotros generar una cultura que enseñe, que estimule a los niños ese espíritu de creatividad y ese espíritu emprendedor, lo hagamos desde las aulas, especialmente desde la educación básica.

Nos parece altamente importante el que podamos, desde la primera niñez, que nuestra población esté de verdad comprometida con un ejercicio de productividad y con un ejercicio de competitividad a partir del espíritu emprendedor.

En el segundo dictamen presentado por al comisión se habla especialmente del uso responsable de las tecnologías de información y de comunicación.

De tal suerte que esta enorme y valiosísima herramienta que hoy día contamos los ciudadanos del mundo, nos sirva para la superación, para el fortalecimiento y, desde luego, para robustecer y fortalecer todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y todo el proceso de formación de los mexicanos y de las mexicanas del futuro.

Y uno de los temas que más ha preocupado a la comisión y que nosotros les pedimos que también sea preocupación de ustedes, es el tema de aumentar la oferta de la matrícula de educación superior. Por lo que es importante que haya un replanteamiento presupuestal programático y operativo para que esto suceda en todos los ámbitos de la educación, especialmente en la educación superior.

Especial mención merece el tema del analfabetismo, que es uno de los grandes retos que tienen todos los países, especialmente las economías emergentes, particularmente nuestro país que desde hace muchos años ha venido haciendo esfuerzos que no han sido suficientes y que la Comisión de Educación hoy exhorta a que se robustezca especialmente en el tema del combate al analfabetismo de los adultos.

Esto nos dará oportunidad para que todos juntos, en igualdad de circunstancias y oportunidades, podamos sumarnos al esfuerzo colectivo nacional por el desarrollo de nuestra nación.

Creemos que es vital también para el fortalecimiento de la preparación de los jóvenes de México el que se den oportunidades, el que se generen herramientas, el que se promueva y se estimule una igualdad de circunstancias a través del fortalecimiento de un programa nacional de becas que le permita a los jóvenes, especialmente a aquellos quienes tienen menos recursos económicos, poder acceder a sus estudios de nivel superior y de posgrado que les permitan asumirse como agentes que tengan todas las fortalezas, todas las herramientas para salir adelante y sumarse al esfuerzo nacional por un mejor país, por un mejor México.

Y finalmente, en este mismo esquema, en esta misma circunstancia, también se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se fortalezca, se estimule y, desde luego, que haya un mejor programa para que se acabe con ese reto que tiene la educación, especialmente desde la educación secundaria y hasta la educación superior, que es el reto de disminuir los indicadores de deserción escolar.

Para nadie es un secreto que especialmente en los niveles de educación media superior y superior es cuando los niños, jóvenes y adultos del mañana dejan de tener oportunidades por tenerse que incorporar a actividades económicas que coadyuven con el sostenimiento de las familias.

Es importante señalar que este programa al que nosotros exhortamos a la secretaría, debe estar también orientado desde el área preventiva, que es esencialmente desde el combate a la pobreza y que esto vendría a sumarse a ese gran esfuerzo que ha implementado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Quiero pedirles a todos ustedes que votemos a favor de estos dictámenes que presenta la Comisión de Educación.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- EL C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Pozos Lanz. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

En el apartado de proposiciones, tiene el uso de la palabra la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a garantizar un servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad, por parte del personal que labora en los aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional.






PROPUESTAS

- La C. Senadora Juana Leticia Herrera Ale: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, hago uso de esta tribuna para presentar ante esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, para realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, a fin de que los servicios que se otorgan en las terminales aéreas se realicen cumpliendo con los principios de calidad, seguridad, oportunidad y respeto a los derechos fundamentales de los usuarios, evitando actos de discriminación o maltrato hacia los mismos por parte de los operadores de aeropuertos y líneas aéreas en territorio nacional, al tenor de la siguientes consideraciones:

El servicio de autotransporte aéreo es uno de los más importantes del país, esto con base en lo publicado en el Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México, en diciembre de 2013. A partir de esa fecha utilizaron este medio de aerotransporte 2 millones 820 mil pasajeros.

Lo anterior hace necesario contar con una aviación comercial altamente especializada, brindando servicios integrales y de calidad para los usuarios, por lo cual es importante que los productos complementarios que se otorgan, cuenten con estándares de calidad suficientes para hacer de la industria aeronáutica nacional un pilar del crecimiento económico.

Un elemento a destacar es el caso de que todas las aerolíneas nacionales que no cuentan con servicios aeroportuarios de calidad, que es una situación preocupante y sobre la cual es necesario implementar acciones a favor de los usuarios en aras de que reciban un trato digno e integral.

Ante ello, es fundamental y urgente hacer un llamado a favor de quienes hacen uso de este transporte.

El otorgar un servicio de calidad es la garantía para que las compañías aéreas vean un incremento en el número de usuarios nacionales y extranjeros en este ramo, con ello contribuyen en gran medida al turismo y generando así nuevas fuentes de empleo.

Es fundamental que el personal que labora en las terminales aéreas y que tienen trato directo con los usuarios cuenten con la capacidad, criterio y respeto suficiente para no violentar los derechos fundamentales y que como consumidores tienen las personas que hacen uso del transporte aéreo.

No podemos dejar de mencionar lo que ocurre con las instalaciones sanitarias, las cuales se encuentran en mal estado y no cuentan con las medidas de protección y salubridad básicas poniendo en riesgo la salud de quienes hacen uso de las mismas.

Asimismo, existen salas de espera en donde no cuentan con el número de asientos suficientes para que los usuarios puedan aguardar para abordar sus vuelos, además de que en algunos casos no cuentan con accesos adecuados para personas con algún tipo de discapacidad, situación que no se debe permitir ya que se transgreden los derechos de este grupo social.

El servicio aeronáutico no puede continuar siendo caro, deficiente y, sobre todo, sin respetar los derechos fundamentales de las personas quienes hacen uso de los servicios complementarios, usuarios que tienen que someterse a las condiciones de las empresas áreas y que sus reclamaciones no son tomadas en cuenta, prueba de ello es que no se les da una solución inmediata.

Por lo anteriormente señalado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución.

Punto de acuerdo:

Unico.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, implementen de inmediato medidas para erradicar, sancionar y evitar todo tipo de situaciones que transgreden los derechos fundamentales y los derechos que como consumidores y usuarios tienen quienes hacen uso de los servicios de aerotransporte y servicios auxiliares o complementarios. Lo anterior, en aras de contar con un servicio de calidad, integral y respetuoso.

Compañeras y compañeros, les pido con todo respeto su apoyo para este punto de Acuerdo, porque tenemos una problemática grave en la atención que brindan las líneas aéreas. Pero sobre todo, en la discriminación, como sucedió hace dos días con un joven con una discapacidad, siendo un joven con síndrome de Down, no lo dejaron abordar el avión porque no llevaba una persona que estuviera al cuidado de él, cuando estas personitas se pueden cuidar hasta mejor que uno mismo.

Por su atención, muchísimas gracias.

Es cuanto, señor Presidente

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO, CON CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE A TRAVES DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL SE IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE QUE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN LOS AEROPUERTOS DEL PAIS SE REALICEN CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD, SEGURIDAD, OPORTUNIDAD, RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS, EVITANDO ACTOS DE DISCRIMINACION O MALTRATO HACIA LOS MISMOS, POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN DICHAS INSTALACIONES.

“La suscrita Senadora, JUANA LETICIA HERRERA ALE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO, CON CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, PARA EFECTUAR UN EXHORTO A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL; CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN SERVICIO EN CONDICIONES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y OPORTUNO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS AEROPUERTOS Y LINEAS AEREAS EN TERRITORIO NACIONAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El servicio de transporte aéreo es uno de los más importantes del país, esto con base en lo publicado en el Boletín Mensual de Estadística Operacional de la Aviación Civil en México en Diciembre de 2013 utilizaron este servicio 2 millones 820 mil pasajeros. De los cuales, 1 millón 10 mil pasajeros fueron transportados por Grupo Aeroméxico y sus subsidiarias, lo que representa casi un 60% de usuarios.

Lo anterior hace necesario contar con una aviación comercial altamente especializada, brindando servicios integrales y de calidad para los usuarios. No debemos perder de vista que no es suficiente con que el servicio de transporte aéreo se realice, es importante que los servicios complementarios que se otorgan cuenten con estándares de calidad suficientes para hacer de la industria aeronáutica nacional un pilar del crecimiento económico.

Un elemento a destacar es el caso de Aeroméxico, quien es la principal línea aérea nacional y que a pesar de ello sea quien presente el mayor número de inconformidades en la prestación de su servicio, una situación preocupante y sobre la cual es imperativo implementar acciones a favor de los millones de usuarios en aras de que reciban un trato digno e integral.

La misma problemática se presenta en Aeromar, ante ello es importante urgente realizar acciones en favor de quienes hacen uso de este servicio.

El otorgar un servicio de calidad es la garantía para que las compañías aéreas logren un incremento en el número de usuarios nacionales y extranjeros de este servicio, con ello impulsando el Turismo y generando así nuevas fuentes de empleo.

Es fundamental que el personal que labora en las terminales aéreas y que tienen trato directo con los usuarios cuenten con la capacidad, criterio y respeto suficiente, respetando los derechos humanos y que como consumidores tienen las personas que hacen uso del transporte aéreo.

No podemos dejar de mencionar lo que ocurre con las instalaciones sanitarias, las cuales se encuentran en mal estado y no cuentan con las medidas sanitarias básicas poniendo en riesgo la salud de quienes hacen uso de las mismas.

Asimismo, existen salas de espera que son insuficientes para que los usuarios puedan esperar para abordar sus vuelos, ya que el número de asientos no alcanza para atender la demanda, además de que en algunos casos no cuentan con accesos adecuados para personas con algún tipo de discapacidad, situación que no se debe permitir ya que se trasgreden los derechos de este grupo de personas.

El servicio aeronáutico no puede continuar siendo caro, deficiente y sobre todo sin respetar los derechos fundamentales de las personas quienes hacen uso de los servicios complementarios, usuarios que tienen que someterse a las condiciones de las empresas áreas y que sus reclamaciones hacen eco en vacío ya que no se les da solución a sus demandas.

Por lo anteriormente señalado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, implementen de inmediato medidas para erradicar, sancionar y evitar todo tipo de situaciones que transgreden los derechos fundamentales y los derechos que como consumidores y usuarios tienen quienes hacen uso de los servicios de aerotransporte y servicios auxiliares o complementarios. Lo anterior, en aras de contar con un servicio de calidad, integral y respetuoso.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2014.

Proponente

Sen. Juana Leticia Herrera Ale”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Herrera Ale.

Sonido en el escaño del Senador Teófilo Torres Corzo.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Para pedirle a la Senadora si me permite adherirme a su propuesta.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: La Secretaría tomará nota y ahorita consultaremos a la Asamblea si es de urgente resolución, apoyado con su voto.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se le concede el uso de la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señor Presidente.

Por supuesto que estamos de acuerdo con la Senadora promovente de este punto de Acuerdo; y es por eso que he solicitado el uso de la palabra porque, como esta Asamblea tendrá presente, también hace unos cuantos días sometí a consideración del Pleno, y se remitió ya a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, un planteamiento que guarda una importante relación con el tema, hablaba yo del caso particular de la línea aérea Aeroméxico, cuyos agravios la verdad son incontables.

Planteaba yo que no solamente debemos conocer lo que al respecto ha hecho la PROFECO, dado que desde que Mexicana de Aviación dejó de operar, pues no solamente nos hemos encontrado con el alza en los precios de las tarifas aéreas que presta esta línea entre un 40 y 60 por ciento.

Planteaba yo la necesidad de la que Secretaría de Comunicaciones y Transportes también informara a este Senado de la República las irregularidades y las sanciones de que ha sido objeto la línea aérea. Y planteaba yo también el tema del trato discriminatorio que está perfecta y ampliamente documentado sobre casos donde, como el que se comenta, han sido maltratados los usuarios.

Y a mí me parece que lo que estamos haciendo al abordar este tema, que estoy seguro habrá de aprobarse dada la solicitud de urgente resolución, guarda una relación con el planteamiento anterior y que debemos aprobar porque hay que ponerle un alto, un alto a las líneas aéreas, yo me refiero a Aeroméxico, a que inclusive señalaba yo, no se trata de un tema en contra de los accionistas o de los directivos.

Pero hacía el planteamiento de que esta línea aérea debe inclusive eliminar de su razón social el nombre de México, porque está desprestigiando al país, porque son tan incontables los agravios que se hacen diariamente a los usuarios, que pareciera que no hay forma de que la línea aérea entienda.

Entonces, yo aprovecho el planteamiento que ha hecho aquí nuestra compañera Senadora, no solamente para sumarme y pedir que todas las autoridades correspondientes hagan lo que les corresponde para que se verifique que haya una prestación del servicio correcto, diría yo, que lo que estamos haciendo los Senadores de la República, al debatir este tema, es poner atención al planteamiento de muchos usuarios, que es lo que no está haciendo la línea aérea.

Y así como los Senadores estamos obligados a escuchar las exigencias, los planteamientos de los ciudadanos, las líneas aéreas están obligadas a escuchar a sus usuarios.

Yo he planteado que quien no sabe respetar los valores de nuestro país y a los mexicanos, nos ubican en todas partes del mundo por ser un pueblo amistoso, un pueblo de buen trato, que es lo contrario que reciben los usuarios, parte de ello hizo referencia la Senadora, pues entonces si no se saben respetar los valores de nuestro país, entonces no se puede llevar en su razón social el nombre del país; y por eso también he planteado que Aeroméxico elimine de su razón social el nombre de México, porque está desprestigiando a nuestra nación.

El punto de Acuerdo ha sido remitido en sesiones pasadas a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero guarda una relación, y yo por eso aplaudo la propuesta que vine aquí a presentar, aunque no lo hace de manera particular a las líneas aéreas, las involucra porque hay de verdad un maltrato, un abuso.

Yo hacía la contabilidad de que son más de 13 millones de personas las que viajan por esta línea aérea de manera particular, por eso decía que se elimine de su razón social el nombre de México. Y le he pedido, inclusive se los quiero comentar a ustedes, en redes sociales he iniciado una campaña para que la gente proponga el nombre que debe llevar la aerolínea.

De saque, para iniciar el debate, he propuesto que se llame “Aeronoméxico”, porque no representa los valores que nos inculcaron desde niños como mexicanos. Y en función de ese planteamiento y de lo que hoy ya ha abordado la Senadora respecto a este punto de Acuerdo, yo estoy seguro que las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del PRD nos sumamos con gusto a su planteamiento, y esperaremos que las autoridades den puntual seguimiento a lo que se apruebe en este Senado de la República, ojalá suceda así muy pronto en el tema que propuse en sesiones pasadas, que la Comisión de Comunicaciones y Transportes ve le por los intereses de los usuarios.

En el Senado, repito, estamos haciendo lo que no hacen las líneas aéreas, que es escuchar a los usuarios, nosotros creo que debemos hacerlo y debemos aprobar, sin duda, la petición, la propuesta que se nos ha presentado.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robles Montoya.

No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Merodio Reza. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

¡Sean bienvenidos los estudiantes del Instituto Asunción de México! Invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo.

(Aplausos)






Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que solicita que la Comisión Especial del Senado para el caso de la empresa Oceanografía, invite a participar con la comisión a ex servidores públicos de los dos sexenios anteriores.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

PEMEX ha sido la caja chica y el centro de colocaciones para amigos, familiares, empresarios de los gobiernos en turno. El PRD ha venido señalando, desde la administración de Vicente Fox, un desmantelamiento agresivo de la flota naviera en los equipos de perforación y una serie de debilitamiento de la empresa que dio entrada al contratismo desmedido para amigos y familiares de funcionarios.

El caso de corrupción en Oceanografía ha sido ampliamente documentado por la Auditoría Superior de la Federación, asignaciones directas, ampliaciones de contratos, sobrecostos, tráfico de influencias, obras inexistentes, contratos leoninos para desviar recursos de PEMEX, dar entrada a los negocios privados a cambio de, y para eso sacrificaron el potencial de PEMEX, inmobilizaron su equipo, su tecnología, su personal, su experiencia, para dar paso a negocios privados que hoy día se ven plagados de corrupción.

Contratos que venden ante la opinión pública como si fueran inversiones privadas, cuando en realidad todo el capital es de PEMEX.

PEMEX pone los costos que es la socialización de las pérdidas y los privados se quedan con las ganancias.

Después del anuncio de la PGR de intervenir a Oceanografía, S.A. de C.V., por los fraudes cometidos contra BANAMEX y contra PEMEX, se espera que los bienes de Oceanografía se incauten y con ello se piensa recuperar parte del recurso defraudado, pero para el banco, nadie está pensando en el resarcimiento del daño para la empresa pública.

Habría que señalar que estos fraudes de Oceanografía no se hubieran podido cometer sin la complicidad de altos funcionarios del gobierno.

La cuenta pública 2006 cita año con año sendas, ejemplos de la corrupción a través de Oceanografía, voy a citar algunos:

PEMEX asignó un contrato de exploración de PEMEX Exploración y Producción a Oceanografía, y a petición de la propia empresa, PEMEX modificó los términos del contrato.

En esta auditoría hay al menos tres casos iguales; la empresa, dándole órdenes a PEMEX, este contrato fue de 2 mil millones de pesos que PEMEX entregó a Oceanografía, y lo más grave, dice la Auditoría Superior, no hubo evidencia de que hayan realizado las obras, es decir, PEMEX regaló 2 mil millones de pesos a esa empresa.

Otro caso, por ejemplo, en la cuenta pública 2006, se lanzó la licitación para instalar un oleoducto y un gasoducto en el yacimiento Ku-Maloob-Zoap a Oceanografía, se inscribió y fue desechada esta empresa por no cubrir los requisitos técnicos; sin embargo, después de que se inconformó la empresa contra PEMEX, con el despacho de Lozano Gracia, después se concluye de que habría que partir este contrato, y le tocó una tercera parte a Oceanografía.

En la cuenta pública 2007, en otro contrato, PEMEX multó a Oceanografía con el 10 por ciento del monto de la obra para construir un fletamento de lanchas y un transporte de fluidos, contratos incumplidos, por los cuales PEMEX pagó 110 millones de pesos en uno, y 112 millones de dólares en otro; obras tampoco entregadas.

En la cuenta pública 2008, Oceanografía fue contratada para rentar a PEMEX una grúa con determinadas características de capacidad de carga, establecida en las bases de licitación, la grúa que proporcionó la empresa a Oceanografía no cubría las especificaciones de las bases de licitación, y al contrario, entregó una que no era para el uso marino, y presentó justificaciones falsas; y en vez de resarcir el daño, lo que hicieron en PEMEX fue modificar el contrato, las licitaciones, las bases para ajustarlo a las bases de licitación del contrato entregado a Oceanografía.

La Auditoría Superior de la Federación señala muchos incumplimientos en contrato. Tengo ahí en mi curul al menos 112 contratos que suman 110 mil millones de pesos esa lista de contratos, y muchos de esos señalan incumplimiento. El daño tan solo en este fue de 101 millones de pesos.

En la cuenta 2011, Oceanografía fue contratada para construir un muelle en la residencia de operaciones portuarias de la Paz, Baja California, Sur. La auditoría constató que solo se entregó el 10 por ciento de la obra, y que ni la supervisora externa ni la supervisora interna, tampoco PEMEX pudieron resarcir el daño hecho a PEMEX; no corrigieron el retraso de las obras, no aplicaron la sanción para hacer cumplir la obra a esta empresa, lo cual evidencia complicidad de funcionarios y empresarios.

En fin, tengo los reportes de 2012, todos los reportes de la Auditoría Superior de la Federación son negativos, por eso llamo la atención que se hayan entregado contratos entre 2012 y 2013 que vencen hasta el año 2022; hay contratos pendientes entregados a esta empresa, la pregunta es: ¿Quién va a responder por estas pérdidas, y cómo se le va a resarcir los daños a PEMEX?

El Senado no puede quedar impasible ante hechos tan graves como los que están reportando varios medios de comunicación, que de verdad son amplísimos.

Mencionan no solamente a Amado Yáñez, sino también a Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda, que fue contratado por Amado Yáñez para que se pudieran obtener créditos millonarios de BANAMEX, porque tanto BANAMEX, que se le condonó en 2002 el pago de impuestos por la compraventa de BANAMEX a City Group, con eso se pudo colocar como titulares, como directivos de BANAMEX a gente relacionada con Gil Díaz, y de ahí fluyeron grandes créditos a esta empresa.

La última operación financiera que realizó Martín Díaz a favor de Oceanografía, fue la de conseguir un crédito de apalancamiento por 160 millones de dólares de un fondo de inversión “Pareto”, en Noruega, mismo que está reclamando el pago y pretende quedarse con el barco OSA Goliath, para recuperar su dinero, etc., son muchos casos.

La Auditoría Superior viene desde el 2005 hasta el 2012 haciendo estas investigaciones y el Senado de la República acordó crear una comisión que no se ha constituido. Yo hago el llamado para que se concrete la constitución de esta comisión y se le pueda dar seguimiento a las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y otras más; y se diga si lo que están informando a los medios de comunicación, también se investigua a fondo y se haga comparecer a varios funcionarios públicos, entre otros, a Marco Antonio de la Peña que es el abogado general de PEMEX y viene desde Fox, Calderón y todavía en este gobierno está ratificado en la actual administración de Emilio Lozoya Austin.

Por eso pedimos que haya la comparecencia de varios servidores públicos que rindan cuentas en relación a todos estos contratos entregados.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Padierna Luna. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Energía.






Se concede el uso de la palabra, desde su escaño, al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, para un presentar punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reprueba las acciones realizadas por el gobierno de Rusia en perjuicio de la soberanía e integralidad de Ucrania.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Este punto de Acuerdo fue promovido por el suscrito desde el pasado 4 de marzo cuando la situación prevaleciente en Ucrania era muy distinta a la que hoy lamentablemente tenemos frente a nosotros.

Me parece que es un tema muy importante en el que el Senado de la República, una Cámara con una indiscutible competencia en temas de asuntos internacionales o de relaciones exteriores de nuestro país, debería pronunciarse.

Como decía yo, lamentablemente la situación es muy distinta a la que prevalecía el día 4 de marzo cuando yo promoví este punto de Acuerdo. Como la mayoría de ustedes sabrán, el pasado fin de semana tuvo lugar un referéndum promovido de manera indiscutible por el propio gobierno de Rusia en la región de Crimea, otrora parte de Ucrania; referéndum en el que hubo efectivamente un pronunciamiento a favor de una opción para independizarse de Ucrania.

Lamentablemente este proceso tuvo lugar bajo condiciones que no se apegan a la normatividad constitucional prevaleciente en Ucrania; fue alentado por el gobierno Ruso, como decía, ganó la opción promovida por el gobierno del Presidente Vladimir Putin y extrañamente, o sorpresivamente, al día siguiente el Parlamento Ruso discutía ya la eventual administración de Crimea a la soberanía Rusa.

No obstante que las condiciones han variado de manera significativa, decidí mantener el punto de Acuerdo con el espíritu y el lenguaje original bajo el cual lo promoví; de hecho el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me hizo una propuesta para hacer algunos ajustes al lenguaje del punto de Acuerdo, mismos que he decidido aceptar y que me gustaría hacer llegar a la Secretaría para que por favor se pudiera dar lectura o si quieren doy lectura a los resolutivos tal y como quedarían conforme a la propuesta que me hizo el grupo parlamentario del PRI.

Voy a leer básicamente el texto de cómo debe quedar conforme a la propuesta que me ha planteado el grupo parlamentario del PRI. Son tres cambios que tienen que ver con la parte del título; el título en realidad ahora diría:

“Punto de acuerdo de urgente resolución, por el que el Senado de la República reprueba las acciones del gobierno de la Federación de Rusia en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

Los resolutivos, conforme a los cambios propuestos dirían:

Primero.- El Senado de la República reprueba el deterioro de la situación en Ucrania por la preocupante militarización en Crimea que atenta contra la soberanía y la integridad territorial de dicho país y se pronuncia a favor de mantener abierto el camino del diálogo y evitar a toda costa el uso de la fuerza militar.

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en nombre del gobierno de México, continúe dando puntual seguimiento a los hechos vinculados en el conflicto ante Rusia y Ucrania. Asimismo, que el Ejecutivo Federal vele por la integridad física de los mexicanos que residen en Ucrania.

Esa es la propuesta que me ha hecho llegar el grupo parlamentario del PRI, misma con la que estoy de acuerdo.

Y yo solicitaría que el Pleno de esta Soberanía avalara la propuesta y que sea resuelta como de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Flores Ramírez. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior Acuerdo se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si este Acuerdo se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente punto de Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, quien presentará un punto de Acuerdo para que la Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a suspender los procedimientos correspondientes a la llamada “Ronda Cero”.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su autorización, señor Presidente.

La reforma constitucional en materia energética que hemos impugnado, vía juicio de amparo, un grupo de legisladores, por contravenir el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Constitución, contiene disposiciones, que además de inconstitucionales, son ilegales como, ad cautelam, se expondrá en este punto de Acuerdo. Por lo anteriormente expuesto y sin consentir la constitucionalidad o validez jurídica de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y de los ordenamientos que se deriven de ella, expongo:

En el Decreto impugnado de reforma constitucional en materia energética, publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2013, y con entrada en vigor al día siguiente, se estableció en el Artículo Sexto Transitorio la llamada “Ronda Cero”, para asignar a PEMEX en un plazo de 90 días naturales, que están por cumplirse mañana, de manera preferente a los inversionistas privados áreas de explotación y producción.

Han surgido, además, declaraciones en los medios de comunicación acerca de la inminente repartición de dichas asignaciones, lo que viola la legislación vigente y propiciará actos de corrupción en la distinción ilegal de espacios para explotación con empresas privadas extranjeras, que significarían actos en contra de la hacienda pública y del patrimonio nacional.

Igualmente se menciona la “Ronda Cero” en la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, que veremos más adelante en comisiones, sin más explicación que simplemente la mención.

Hasta el momento no ha habido información por parte de las autoridades de la Secretaría Energía y PEMEX sobre el procedimiento y campos involucrados en esta “Ronda Cero”, ni se ha realizado un indispensable debate nacional a ese respecto.

Insistimos, no se ha hecho una estimación económica del impacto presupuestal que derivaría de la repartición adelantada entre PEMEX y empresas privadas.

La celebración de la “Ronda Cero” significa el inicio de la entrega de reservas a la explotación de empresas particulares que se verían beneficiadas con la transferencia de recursos que la nación ha invertido en infraestructura energética.

Crearía, insisto, grandes oportunidades de corrupción, como las que se ha involucrado, incluso a los más altos niveles de gobierno de sexenios anteriores y el actual en sonados casos de asignación irregular de contratos.

Por las circunstancias anteriormente descritas, permitir que se efectúe por parte de la Secretaría de Energía y PEMEX, sería una grave irresponsabilidad del Ejecutivo Federal.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado, el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.-Acuerdo de urgente resolución para que, ad cautelam, el Pleno de esta H. Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a PEMEX la suspensión de los procedimientos correspondientes a la llamada “Ronda Cero” por estar la reforma constitucional energética sub judice.

Señor Presidente, solicito se plantee como de urgente resolución en razón de que las fechas están ya establecidas en los transitorios de la reforma impugnada.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN PARA REQUERIR A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A PEMEX SE SUSPENDAN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA LLAMADA “RONDA CERO” HASTA EN TANTO SE CUENTE CON LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA ENERGÉTICA QUE BRINDE PLENA SEGURIDAD JURÍDICA A TODOS LOS GOBERNADOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

“La reforma constitucional en materia energética que hemos impugnado, vía juicio de amparo, un grupo de legisladores de la izquierda, por contravenir el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Constitución, contiene disposiciones que además de inconstitucionales son ilegales como, ad cautelam, se expondrá en este PUNTO DE ACUERDO. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y SIN CONSENTIR LA CONSTITUCIONALIDAD O VALIDEZ JURIDICA DE LA REFORMA A LOS ARTICULOS 25, 27 Y 28 DE LA CARTA MAGNA Y DE LOS ORDENAMIENTOS QUE SE DERIVEN DE ELLA, expongo:

En el decreto de reforma constitucional en materia energética a los artículos 25, 27 y 28, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y con entrada en vigor al día siguiente, se estableció en el artículo sexto transitorio la “Ronda Cero”, para asignar a Pemex en un plazo de 90 días naturales de manera preferente a los inversionistas privados áreas de exploración y producción.

Adicionalmente han surgido declaraciones en los medios de comunicación acerca de la posible e inminente repartición de dichas asignaciones, lo que desde nuestro punto de vista y al no existir legislación secundaria, puede propiciar no solamente inseguridad jurídica porque se desconocen los criterios y procedimientos definitivos de la Ronda Cero sino actos en contra de la hacienda pública y del patrimonio nacional.

Tampoco se explicita el proceso de la “Ronda Cero en la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028.

Hasta el momento no ha habido información suficiente por parte de las autoridades competentes de la Secretaría de Energía y de PEMEX sobre el procedimiento y campos involucrados en esta “Ronda Cero”, ni se ha realizado un debate nacional a ese respecto. Tampoco se ha hecho una estimación económica del impacto presupuestal que derivará de la Ronda Cero.

De celebrarse la “Ronda Cero” sin la aprobación de las leyes secundarias, no habrá mecanismos legales para que Pemex reciba las contraprestaciones que le tendría que pagar el Estado en contravención al párrafo 2º del Artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional energética.

Al no estar constituido Pemex todavía como empresa pública del Estado y estar en este momento en una transición según el artículo 3º transitorio de la reforma, Pemex no tiene, un modelo administrativo, legal ni presupuestal definido. Aprobar la Ronda Cero en estas circunstancias puede provocar el debilitamiento de Pemex además de que afectará su aportación al presupuesto federal, lo cual sería una enorme irresponsabilidad.

También hay que tomar en cuenta que la celebración de la “Ronda Cero”, sin las leyes secundarias provocará situaciones indeseables como la entrega de reservas a la explotación de empresas particulares, que se verían beneficiadas, con la transferencia de recursos que la Nación ha invertido en la Exploración. Igualmente, esto despertaría grandes sospechas de corrupción como las que han involucrado a los más altos niveles de gobierno del sexenio anterior y el actual en algunos sonados casos de asignación de contratos.

Por los motivos y en las circunstancias anteriormente descritas, permitir que se efectúe por parte de la Secretaría de Energía y PEMEX la “Ronda Cero”, sería una grave irresponsabilidad de esta soberanía y del Ejecutivo Federal.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

UNICO.  PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA QUE, AD CAUTELAM, EL PLENO DE ESTA H. CAMARA DE SENADORES REQUIERA A LA SECRETARIA DE ENERGIA Y A PEMEX SE SUSPENDAN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA LLAMADA “RONDA CERO” HASTA EN TANTO SE CUENTE CON UN ORDENAMIENTO VALIDO EN MATERIA ENERGETICA QUE BRINDE PLENA SEGURIDAD JURIDICA A TODOS LOS GOBERNADOS

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 19 de marzo 2014.

Sen. Manuel Bartlett Díaz”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Bartlett Díaz. Como lo solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, se turna a la Comisión de Energía.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.






JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo que modifica la integración de comisiones. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Si se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.

Solicito a la Secretaría informe sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy cuenta de las proposiciones que se turnarán a comisiones.






PROPUESTAS

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo en torno a las declaraciones rendidas por Javier Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, ante autoridades norteamericanas encargadas del caso del origen de su fortuna, el cual se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO EN TORNO A LAS DECLARACIONES RENDIDAS POR JAVIER VILLARREAL, EX TESORERO DEL ESTADO DE COAHUILA, ANTE AUTORIDADES NORTEAMERICANAS ENCARGADAS DEL CASO DEL ORIGEN DE SU FORTUNA.

“El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, preso en Estados Unidos, ha rendido sus primeras declaraciones a las autoridades norteamericanas encargadas del caso en relación al origen de su fortuna. En México, especialmente en Coahuila se espera que la justicia se haga efectiva y que tanto la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de Coahuila hagan lo que no han hecho hasta la fecha: las acciones necesarias para aplicar todo el peso de las leyes mexicanas a los responsables y recuperar todo el dinero sustraído de las arcas del Estado por Villarreal Hernández y sus cómplices.

2.- Sin embargo, y como todos sabemos, hasta el momento la indiferencia, sobre todo de las autoridades coahuilenses, encabezadas por Rubén Moreira, raya en lo inaudito. Al punto que el actual y, por enésima vez (también fue Secretario de Gobierno con Humberto Moreira) Secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, ha dicho que la fortuna de Villarreal es “ajena” al erario del estado, esto en un afán extremo y vergonzoso por tratar de exculpar a Villarreal de la Megadeuda de Coahuila, y con ello, al ex jefe de Luna Canales, Humberto Moreira.

3.- Pero a pesar de la insistente actitud de encubrir el fraude perpetrado contra los ciudadanos coahuilenses, la herida no cierra con nada, y al contrario, empeora cada vez más, ahí tenemos el caso de Jorge Torres, ex Secretario de Finanzas y ex Gobernador del Estado, ahora prófugo de la justicia, y de quien tampoco quieren decir nada los Moreira y su actual gobierno, nada, ni la más mínima declaración o manifiesto, y mucho menos se aprecian acciones legales en contra de este ex servidor público y, ahora lo sabemos, socio de Javier Villarreal, de acuerdo a las evidencias en poder de los norteamericanos, que hasta ahora parecen ser los únicos interesados en resolver el caso de la megadeuda coahuilense.

No debemos olvidar que el padre de Javier Villarreal, Héctor Javier Villarreal García, apenas se enteró de la aprehensión de su hijo, y acusó sin miedo ni titubeos a Humberto Moreira de todo el fraude; por cierto, sin respuesta alguna de éste último.

4.- Ahora, Villarreal Hernández en sus primeras declaraciones, ha manifestado entre otras cosas lo siguiente:

a).- Al contestar el motivo de su omisión de presentar declaración patrimonial dijo que él sí sabía que debía de hacerse, pero fue instruido por el entonces contralor Ismael Ramos en el sentido de que la declaración no era necesaria en ese momento, y que en la práctica nadie es requerido para hacer esas declaraciones.

b).- Que su salario sí era de 100 mil pesos por mes, pero que recibía BONOS SUSTANCIALES además de su sueldo en la administración de Humberto Moreira Valdés.

c).- Afirma que los préstamos otorgados al gobierno de Coahuila no fueron fraudulentos.

d).- Afirma que nunca proporcionó información falsa a los bancos.

e).- Dice que Miguel Rodríguez preparó la documentación para pedir el préstamo a Banco del Bajío, y que Fausto Destenave preparó la documentación para solicitar el crédito a Banco Santander.

f).- Niega que haya conspirado para proporcionar información falsa a los bancos y niega que él haya tenido autoridad total para disponer de los recursos.

g).- Niega que las propiedades encontradas en Estados Unidos hayan sido compradas con recursos ilegales,

h).- Niega que Altagracia Rodríguez haya sido su amante,

i).- Dice que los fondos de su cuenta bancaria fueron desviados por el banco Chase sin su autorización a una cuenta de Altagracia  y luego desviado de ésta cuenta a una cuenta en las Bermudas controlada por Altagracia, todo sin su autorización.

j).- Por todo lo anterior pide la devolución de los fondos de la cuenta embargada  en un banco de las Islas Bermudas.

Ante esto, las autoridades de Coahuila tienen mucho que explicar, empezando por informar de manera pública cuáles eran los ingresos reales  de Villarreal como servidor público.

5.- Ismael Ramos Flores, es un funcionario que siempre ha sido hombre de todas las confianzas de los Moreira, pero muy a su pesar, no puede evitar colocarse en el centro de la polémica. El Ing. Flores era el Secretario de la Función Pública de Coahuila cuando se consumó el fraude de la megadeuda, y, jamás hizo nada pasa investigar o sancionar a los responsables. En el Diario de los Debates del Congreso de Coahuila existe una gran cantidad de proposiciones con puntos de acuerdo (de la oposición) donde se le piden explicaciones a este señor sobre la megadeuda y sobre otros asuntos; todas congeladas por el grupo dominante del PRI. También debe resaltarse que en los casi seis años que ocupó la titularidad de la Función Pública, fue el único secretario que jamás compareció ante comisiones del Congreso con motivo de los informes de gobierno.

Luego fue titular del SATEC (Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila)  ante la huida de Javier Villarreal, y fue el encargado de negociar y reestructurar la megadeuda con los bancos, negociación hecha  a espaldas de los ciudadanos y sin que se revelaran las condiciones y los alcances de dicha reestructura. Pues bien, increíblemente éste hombre es ahora el nuevo Secretario de Finanzas de Coahuila, como si de una burla cruel se tratara.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Primero: Esta Cámara de Senadores, solicita a la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que informe a esta Soberanía sobre el total de ingresos que percibió Héctor Javier Villarreal Hernández, durante los años en que laboró como servidor público para la entidad, incluyendo toda clase de percepciones extraordinarias como bonos, compensaciones, premios, estímulos o comisiones.

Segundo: Asimismo, se pide al actual Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, Ingeniero Ismael Ramos Flores, que informe a ésta Soberanía su respuesta o postura ante las imputaciones que le hace Javier Villarreal en relación al tema de sus declaraciones patrimoniales, y las razones por las que siendo el Secretario de la Función Pública no le exigió las mismas o procedió a sancionarlo.

Tercero: Esta Soberanía exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila Rubén Moreira Valdés, así como a la Procuraduría General de Justicia de dicho estado para que en su función persecutora de delitos, inicie una investigación y se cite a comparecer a los ex funcionarios del extinto Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) para aclarar las acusaciones de Javier Villarreal hechas ante la corte estadounidense.

México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.






De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos a realizar a la mayor brevedad posible las acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes en esta entidad federativa ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN A LA MAYOR BREVEDAD, LAS ACCIONES Y OPERATIVOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, ASI COMO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ANTE EL INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD Y DE LOS SECUESTROS.

“Los integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 fracción IX, 108, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO Y  A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE MORELOS A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN A LA MAYOR BREVEDAD, LAS ACCIONES Y OPERATIVOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, ASI COMO LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ANTE EL INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD Y DE LOS SECUESTROS, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

Entre las funciones más importantes de todo Gobierno, se encuentran las de garantizar el orden público y la integridad de las personas, lo cual permite el pleno desarrollo individual y colectivo, en consecuencia un mejor funcionamiento del Estado.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, ésta comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley y sus respectivas competencias.

En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos es la facultada para implementar acciones, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional de investigar los delitos del fuero local, función que debe cumplir de manera eficaz, eficiente, pronta y expedita.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos es la encargada de proteger la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses a través de estrategias de prevención y tácticas operativas, así como la construcción de políticas en red para detectar y atender oportunamente conductas antisociales y delictivas, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2013, el Estado de Morelos, registró los siguientes datos:

• 49,647 delitos, ubicándose dentro de las diez entidades con mayor incidencia delictiva del fuero común.

• 6,923 delitos patrimoniales de los cuales 3,103 fueron daño en propiedad ajena.

• Hubo un incremento de 400% en el delito de extorsión durante enero de 2014, en comparación con el mismo mes del año anterior, al pasar de 10 denuncias en 2013 a 47 este año.

• El secuestro también se incrementó en el mismo periodo 140%, al pasar de cinco casos en 2013 a 12 en los primeros 31 días de 2014.

Aunado a ello, cabe hacer mención que el pasado 7 de marzo del año en curso en Morelos médicos, enfermeras y sociedad civil llevaron a cabo una marcha que concluyó en el Zócalo de Cuernavaca, la cual tuvo como objetivo manifestar su inconformidad por la inseguridad que vive personal de salud.

Al personal de salud se unieron también sindicatos, organizaciones sociales, jubilados y transportistas y la ciudadanía en general, quienes también exigen un alto al incremento en la criminalidad tanto en la capital, como en el resto la entidad federativa.

De acuerdo a los principales medios de comunicación, a través de estas acciones se busca la intervención de las autoridades estatales ante la inseguridad que aqueja no solo al personal de salud sino al conjunto de la población morelense, que en fechas recientes constantemente ha sido víctima de asaltos, secuestros, violaciones, agresiones físicas en general e incluso homicidios.

De la misma manera, la ciudadanía de la entidad ha exigido de forma constante al gobierno del Estado y autoridades de la Secretaría de Seguridad de Morelos explicar el destino de recursos que se iban a utilizar para instalar cámaras de video vigilancia y demás medidas de seguridad.

El problema de inseguridad que se vive en Morelos es grave por sí mismo, sin duda, este fenómeno debe ser atendido a la brevedad. Es por ello que para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que se lleven a cabo las acciones conducentes a fin de resolver esta problemática que se ha propagado en los últimos doce años.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen a la mayor brevedad, las acciones y operativos que garanticen la seguridad, así como la integridad de los habitantes de la entidad federativa ante el incremento de la criminalidad y de los secuestros.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 20 de marzo de 2014.

Atentamente

Grupo parlamentario del PRI”.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan una cultura de cuidado del agua, que se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.








De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño por el inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén, como Presidente de la hermana República del Salvador, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE UNA FRATERNA FELICITACION AL PUEBLO SALVADOREÑO POR EL INICIO DEL MANDATO DE SALVADOR SANCHEZ CEREN COMO PRESIDENTE DE LA HERMANA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y REFRENDA LOS LAZOS ENTRAÑABLES DE AMISTAD QUE HAN UNIDO A AMBOS PUEBLOS A LO LARGO DE LA HISTORIA.

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95; 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de  Acuerdo URGENTE RESOLUCION EL SENADO DE LA REPUBLICA EXTIENDE UNA FRATERNA FELICITACION AL PUEBLO SALVADOREÑO POR EL INICIO DEL MANDATO DE SALVADOR SANCHEZ CEREN COMO PRESIDENTE DE LA HERMANA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y REFRENDA LOS LAZOS ENTRAÑABLES DE AMISTAD QUE HAN UNIDO A AMBOS PUEBLOS A LO LARGO DE LA HISTORIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 9 de marzo de 2014 se celebró la segunda vuelta de los comicios para la elección de la Presidencia y Vicepresidencia en El Salvador, siendo un proceso democrático y participativo. La tendencia a favor del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Salvador Sánchez Cerén fue irreversible, siguiendo la línea de lo anunciado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al día siguiente de la elección1.

El presidente del TSE, Eugenio Chicas, explicó que con el ciento por ciento de las actas escrutadas, Sánchez Cerén alcanzó el 50.11 por ciento, mientras Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), logró obtener el 49.89 por ciento, lo que implica una diferencia de apenas 0.22 puntos a favor del Frente.2 En este sentido, El escrutinio definitivo de la segunda vuelta, que comenzó el lunes 10 de marzo, arrojó que el candidato oficialista logró 1 millón 495 mil 815 votos, con una ventaja de 6 mil 364 respecto al opositor, que acumuló 1 millón 489 mil 451 sufragios, de acuerdo con los datos que el TSE divulgó en su centro de cómputo3.

La misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), así como diversos organismo internacionales entre quienes figuran  las Naciones Unidas, ONU, Organización de Estados Americanos, OEA, y misiones de observadores nacionales e internacionales, han calificado el proceso de ágil y transparente, al tiempo de que han felicitado a la ciudadanía y al Tribunal Supremo Electoral por su papel y describieron con claridad la transparencia en la transmisión y el procesamiento de los resultados, y descartaron a su vez cualquier posibilidad de fraude.4

Dentro del escrutinio participaron los y las integrantes de las Juntas Electorales Departamentales de todo el país, la Junta Electoral de Voto desde el Exterior, el Fiscal General de la República y sus delegados debidamente acreditados, representantes de los partidos políticos contendientes, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y sus delegados, la fiscal electoral, la Junta de Vigilancia Electoral, los observadores nacionales e internacionales.

El Tribunal Supremo Electoral declaró electos a Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, como Presidente y Vicepresidente, en acta firmada por los magistrados y magistradas este 16 de marzo5, con base en lo dispuesto por las leyes salvadoreñas, por lo cual Sánchez Cerén inició este lunes los preparativos de transición para el gobierno que encabezará a partir del 1º de junio, convirtiéndose en el primer ex guerrillero en llegar al poder en El Salvador.

El nuevo gobierno se propone replantear las relaciones regionales e internacionales sobre la base de la soberanía y el cambio, al tiempo que dinamizar la integración de la región correspondiendo a los intereses de su pueblo, hecho digno de reconocerse.

La historia reciente del pueblo salvadoreño ha sido marcada por la pobreza y la violencia, sin que uno sea causa de lo otro. Ambos han sido provocados por la imposición de un modelo económico en que lo menos importante es la persona. Lo anterior ha sido clara con tantas personas asesinadas en la lucha por la libertad y la igualdad, entre las que encontramos a Oscar Romero, los mártires de la UCA, Rutilio Grande, Enrique Alvarez Córdova, Juan Chacón, Manuel Franco Humberto Mendoza, y Enrique Barrera y que nutrieron no sólo el espíritu salvadoreño, sino el de toda Latinoamérica.

Quiero destacar los entrañables lazos de hermandad que han unido a México y a el Salvador, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas que datan de 1838. Nuestro país fue un destacado participante en el proceso de pacificación de el Salvador, puesto que en nuestro país se firmaron los históricos Acuerdos de Chapultepec en 1992, donde el gobierno de El Salvador y el FMLN suscribieron el Acuerdo de Paz.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe como de Urgente Resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo salvadoreño por el inicio del mandato de Salvador Sánchez Cerén como Presidente de la hermana República de El Salvador y refrenda los lazos entrañables de amistad que han unido a ambos pueblos a lo largo de la historia.    

Dado en la Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Irreversible, el resultado a favor del FMLN en El Salvador, La Jornada,
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/11/mundo/023n1mun

2 Op. Cit.

3 Ratifican triunfo de Sánchez Cerén en El Salvador, El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/ratifican-triunfo-de-sanchez-ceren-en-el-salvador-994752.html

4 Documento Oficial del Tribunal Supremo Electoral, Misiones de observación elogian la transparencia del proceso electoral,http://www.tse.gob.sv/77-categorias-tse/noticias/809-misiones-de-observacion-elogian-la-transparencia-del-proceso-electoral

5 TSE declara electos a los señores Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, luego de firmada el acta de escrutinio final, Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, http://www.tse.gob.sv/77-categorias-tse/noticias/816-tse-declara-electos-a-los-senores-salvador-sanchez-ceren-y-oscar-ortiz-luego-de-firmada-el-acta-de-escrutinio-final

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Compañeras y compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y propuesta de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCION V DEL ARTICULO 9o. Y LAS FRACCIONES VI, VII Y IX DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

(Presentada por las CC. Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRAGASTELUM BAJO integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción I y 164, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Sobereanía, una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR LA FRACCION V DEL ARTICULO 9° Y LAS FRACCIONES VI, VII Y IX DEL ARTICULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El día ocho de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, cuyo surgimiento se remonta al año 1911 en diversas naciones del continente europeo, el cual se extiende actualmente a una cantidad considerable de naciones que lo celebran. Pese a que desde esta fecha comenzó la lucha y reclamo porque las mujeres tuvieran los mismos derechos de los hombres, tales como el de trabajar, de ocupar cargos públicos, de votar, entre otros, lo cierto es que, independientemente de que se ha logrado el reconocimiento y trato igualitario respecto de hombres y mujeres en algunos rubros, aún hay mucho por hacer.

Desde sus orígenes, la sociedad ha ubicado a la mujer desempeñando funciones con características de corte asistencial con referencia al hombre a quien, de igual manera, se le ha dotado de la condición de productividad para sí y para quienes le rodean. Hace varias décadas, resultaba común que, si en la familia no había suficiente dinero para impartir educación a las hijas e hijos, eran ellos quienes acudían a las escuelas mientras las hijas permanecían, acompañando a sus madres y realizando labores propias del hogar. Cuando esto fue cambiando poco a poco, las mujeres eran formadas para desempeñar funciones de apoyo, tales como el de una secretaria, una enfermera, una mesera, es decir, una función de apoyo y asistencia de otra función más trascendental y obviamente mucho mejor remunerada que, generalmente recaía en un hombre.

Sin embargo, si la mujer optaba por casarse, su trabajo pasaba a segundo plano para convertirse en ama de casa, encargada de las labores del hogar, madre, cuidadora y la infinidad de funciones que, tal vez por costumbre, recaen en la mujer dentro de una familia. Y en el caso de que la mujer casada deseara continuar activa en el mercado laboral, al momento de embarazarse, era despedida por dicho motivo. Y esto, sin queja alguna.

A lo largo de los años, esta situación de repartición de roles y funciones entre la mujer y el hombre ha sido socialmente aceptada. Incluso cuando el hombre es quien realiza las funciones y tareas dentro del hogar, sin percibir remuneración alguna y la mujer es quien sale de su casa, para trabajar y desempeñarse como el pilar económico de la familia, es visto como una situación muy extraña, totalmente fuera de la realidad. Incluso en la actualidad.

En parte podríamos reconocer que la mujer opta por desempeñar su papel dentro del hogar, atender a los hijos, desempeñar las funciones de limpieza, cocina, cuidados, entre otros, porque ella es la madre y conoce mejor o de una manera más precisa las necesidades de atención y crianza de sus hijos. Más el optar por este camino, no le quita el que su papel dentro del hogar representa horas de trabajo doméstico continuo que no se encuentra ni reconocido por algún instrumento o normativa y por ende, carece de bases para regular la remuneración que debería de corresponderle. Y tampoco le quita el derecho de desempeñarse laboralmente fuera del hogar y tener acceso a un salario equitativo al de los hombres.

Según estadísticas y estudios realizados por el INEGI en el año 20111, de las horas de trabajo a la semana entre hombres y mujeres, tenemos que en México de un total, el 68.3 por ciento de las mujeres realizan labores domésticas y de cuidado, el 30.3 por ciento se desempeñan en el trabajo de mercado remunerado, mientras que el 1.4 por ciento realiza trabajo de bienes de autoconsumo del hogar. Por otro lado, el 74.5 por ciento de los hombres se desempeñan en el mercado remunerado, el 2.9 produce bienes de autoconsumo del hogar y solo un 22.6 por ciento de los hombres realiza labores domésticas y de cuidado.

Una de las acciones afirmativas en las que poco se ha avanzado para lograr la igualdad entre los géneros, es la relativa al trabajo equitativo y remunerado para mujeres en mismas condiciones y esquemas que los hombres. Hoy en día existe un número mayor de mujeres activas en el mercado laboral en comparación con décadas atrás. Pero ese número está aún muy por debajo del relativo a hombres activos laboralmente.

Con estos datos, vemos que hay una diferencia de casi 50 por ciento entre hombres y mujeres respecto a la posibilidad de obtener un pago por el desempeño de su función, sea cual fuere la categoría y condición de la misma.

De acuerdo a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres2, invertir en el empoderamiento de las mujeres en el aspecto económico, contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Las mujeres, tanto en la empresa, en la granja, en negocios propios, o trabajando como cuidadoras domésticas no remuneradas, contribuyen al impulso de las economías de las naciones. Y esto nadie lo puede debatir.

Necesitamos contar con herramientas que nos ayuden a conseguir un equilibrio para hombres y mujeres en los siguientes aspectos:

• Lograr la inclusión en el mercado laboral de más mujeres.

• Involucrar al hombre en las tareas y responsabilidades del hogar.

• Equilibrar los roles de funciones dentro de la familia.

• Propiciar las condiciones para que la mujer tenga acceso a un pago por su trabajo.

• Fortalecer la equidad de género.

• Crear patrones de conducta con perspectiva de género para las futuras generaciones laborales.

• Promover el respeto y la igualdad de condiciones.

• Eliminar la discriminación hacia el trabajo, esfuerzo y capacidad de la mujer.

• Promover mecanismos para mejorar las condiciones salariales de las mujeres que se desempeñan en el mercado laboral, atendiendo a criterios de igualdad.

• Colocar a nuestras instituciones como altas promotoras de la igualdad de género, de conformidad con las recomendaciones internacionales.

• Demás acciones que busquen mejorar la situación de la mujer en la actualidad, respecto a su capacidad, función, labor, entrega y responsabilidad.

Resulta necesario e indispensable continuar en la lucha por romper los paradigmas aún existentes que provocan un trato no igualitario o equitativo entre las mujeres y los hombres.

La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres3 surge como un instrumento jurídico enfocado a garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres; a proponer lineamientos institucionales orientados al cumplimiento de la igualdad sustantiva en el sector público y privado, a promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Es entonces, el ordenamiento clave para establecer y obligar a la realización de acciones más efectivas para colocar a la mujer en mejores circunstancias a las actuales, con respecto a las oportunidades laborales y a la remuneración justa por su trabajo.

Amigas y amigos senadores: esta propuesta no se trata de plasmar en ley una buena intención solamente. Se trata de cada uno desde nuestra trinchera luchemos día a día por buscar la igualdad de género, en el tema que nos ocupa, que es el rubro económico. Depende de nosotros como representantes de las demandas populares, actuar con plena convicción para buscar un trato igualitario y crear un modelo de conciencia colectiva para nuestras generaciones futuras, a fin de que éstas comprendan y asimilen la importancia de la igualdad entre los hombres y las mujeres, sin importar condición social, física, creencia religiosa, ideología, estado civil, profesión, origen y cualquier otra condición.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

DECRETO

UNICO. Se modifican la fracción V del artículo 9° y las fracciones VI, VII y IX del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 9.- La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de:

I. a IV. …

V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil, así como establecer programas para promover una mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral y eliminar la brecha salarial de género en perjuicio de las mujeres.

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones:

I. a V. …

VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres dentro del seno familiar, en el trabajo, en la escuela y en cualquier otro sector público y privado;

VII. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres, con especial énfasis en aquellas que favorezcan la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, la eliminación de la brecha salarial de género en perjuicio de las mujeres y la promoción en el reparto de funciones y responsabilidades de mujeres y hombres dentro del hogar;

VIII. …

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración pública, de los tres órdenes de gobierno;

X.a XII. …

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión, a 20 de marzo de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2013/
Mayo/comunica.pdf

2 http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(Presentada por la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD)

“La suscrita, LORENA CUELLAR CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA DE REFORMA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTICULO 42 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La cultura ciudadana de nuestro país, tiene serias limitaciones para asistir a las personas con discapacidad, ya sea para entablar una comunicación con ellos, ofrecerles algún servicio o para ayudarlos en razón de sus necesidades. Desafortunadamente, este tipo de exclusiones permean a buena parte de las autoridades destinadas a operar las políticas públicas de dicho sector.

Si bien existen normas que se han creado para su protección, rehabilitación e incorporación social, en múltiples ocasiones estas no se cumplen debido a que no existen los elementos jurídicos suficientes para vigilar su ejecución, lo que institucionalmente llega a ocasionar deficiencias en la atención por parte del personal de las dependencias encargadas de resolver cualquier tipo de controversia que se presente en perjuicio de la integridad de las personas con discapacidad,  pues no se implementan protocolos especiales para agilizar o privilegiar el servicio considerando las condiciones que presentan los individuos.

Con todo ello, además de ocasionar injusticias y sufrimiento a las personas con discapacidad, de cierta manera se les niega el acceso a los sistemas jurisdiccionales que defienden sus derechos.

Además, lamentablemente, actuamos de manera contraria a lo que sugiere la visión basada en los derechos humanos sobre la integración entre una persona con discapacidad y el  ambiente en el que vive.

Por eso, debemos cambiar y desarrollar una conciencia individual y colectiva,  que defina  principalmente el papel de la sociedad en relación con la realidad de las personas con discapacidad; tenemos que lograr ser incluyentes con nuestras actitudes y con la elaboración de normas de accesibilidad para ellas.

Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, se empezaron a desarrollar modelos sociales y jurídicos de integración social de personas discapacitadas, pero los resultados han sido francamente decepcionantes.

En México, en el 2011, se publicó la nueva Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral, la participación e inclusión plena en nuestra sociedad del sector, estableciendo obligaciones al gobierno y particulares para dar a esas personas oportunidades laborales, ayuda técnica para su desarrollo profesional, eliminar barreras arquitectónicas en inmuebles y modificar el transporte público para su beneficio, entre otras muchas.

Pero muchas de esas obligaciones establecidas en las leyes han sido hasta ahora letra muerta; estamos frente a un escenario de evidente y constante discriminación, de normatividad sin cumplir, en el que las políticas públicas son insuficientes y hasta inoperantes y, en el que la fuerza del Estado para hacer cumplir las normas relacionadas con los discapacitados, es verdaderamente precaria.

Es cotidiano ver en prácticamente todas las ciudades del país, en la vía pública, personas en sillas de ruedas, con muletas, con bastones, carentes de una alimentación diaria y hasta de un techo seguro, ya no digamos un hogar; personas que tratan de sobrevivir, mediante alguna actividad comercial informal o pidiendo limosna, exponiéndose a los naturales riesgos que representa el estar en la calle, en el mejor de los casos en alguna banqueta, pero muchos en medio del tránsito de los vehículos y demás situaciones que amedrentan y deterioran su salud.

Según datos del INEGI, en el 2011 la situación es alarmante: en México hay casi 6 millones de discapacitados, que representan más del 5 por ciento del total de la población; más preocupante aún, es el hecho de que dichas cifras no concuerdan con los datos de la Organización Mundial de la Salud los cuales indican que ya tenemos más de 10 millones de discapacitados en nuestro país.

Por todo ello, es que necesitamos ser más decididos en nuestras acciones para ayudar en la solución de esta problemática; es necesario dotar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de las herramientas jurídicas necesarias que  lo fortalezcan y hagan posible el debido cumplimiento de las  disposiciones jurídicas contenidas no sólo en la en la Ley de referencia, sino de todas las normas contenidas en otras leyes relativas a los discapacitados.

Asimismo, es indispensable lograr el que los discapacitados cuenten con una institución fuerte para la defensa de sus derechos; que tengan una vía importante de apoyo y representación gubernamental para la atención de sus problemas, independientemente de la naturaleza de éstos, que impida el vergonzoso ir y venir de ellos, de oficina en oficina, para intentar resolverlos y el duro lidear con autoridades insensibles.

Dicho de otra manera, es prioritario que el gobierno ofrezca una institución lo suficientemente fuerte, que dé respuesta a las necesidades jurídicas de los personas con discapacidad, aumentando y fortaleciendo las atribuciones que el Estado tiene en esta materia para que, a través de una sola instancia puedan atenderse los problemas que enfrenta el sector, sin importar la naturaleza de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma la fracción III del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

ll. (…)

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente; asesorando jurídicamente, sin distinguir la naturaleza  de las acciones respectivas y; coadyuvar con las autoridades competentes, en la aplicación de las normas correspondientes de responsabilidades de los servidores públicos, en los supuestos de incumplimiento o transgresión de normas o comisión de infracciones, referentes a la atención de personas con discapacidad.

lV. (…)

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION V DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN)

“El que suscribe, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos:71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución General de la República dispone en el artículo 116 lo siguiente:

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones….

Los tribunales de lo contencioso-administrativo existen desde los años setentas y ochentas en buena parte de las entidades federativas, en algunos casos fueron creados con nombres distintos, tales como de “Justicia Fiscal, o de Justicia Fiscal y Administrativa”.

En el pasado algunos fueron creados de forma autónoma para operar de forma independiente y con total libertad. Mientas que en otros casos se crearon como salas del Poder Judicial local. Para el caso, al final se cumple el objetivo de atender y proporcionar justicia gratuita al ciudadano frente a lo que considere un abuso, arbitrariedad o ilegalidad en el actuar de las autoridades estatales.

Ahora bien, entre ellos existen pequeñas diferencias en cuanto a los rubros y temas que pueden abordar, así como en relación al alcance de sus sentencias y resolutivos.

Estos tribunales, como ya lo señalamos, poseen ciertas diferencias en cuanto a los asuntos de su competencia; pero en general coinciden en brindar los medios de defensa necesarios para que el ciudadano pueda reclamar, oponerse o demandar por asuntos como los siguientes:

I.- Tributarios (cobros o retenciones indebidas o inconstitucionales, devolución de impuestos, ejecuciones fiscales, embargos, etc.) en relación a que el contribuyente pueda defenderse de lo que considere y funde como ilegal o arbitrario.

II.- Aplicación de sanciones fiscales o administrativas.

III.- Violaciones al procedimiento administrativo, derivadas de la Ley de Procedimiento Administrativo (cualquiera que sea su nombre) que corresponda o sea aplicable en cada estado.

IV.- Incumplimiento o inobservancia de los elementos básicos del acto administrativo, de acuerdo a la legislación del rubro y a los criterios de la Corte en la materia.

V.- Aplicación de sanciones por responsabilidades de los servidores públicos estatales y municipales.

VI.- Actos u omisiones definitivas cometidas por las autoridades estatales y municipales, así como sus organismos paraestatales.

VII.- Resoluciones definitivas correspondientes a los recursos legales establecidos en las leyes y reglamentos, cuando sean competencia de las autoridades estatales y municipales el resolver estos.

VIII.- Problemas derivados de trámites como concesiones, licencias, permisos y otros similares, cuando se hayan agotado los recursos previos a la instancia del Tribunal de lo contencioso-administrativo.

IX.- Etc.

Los tribunales de lo contencioso-administrativo, también conocidos bajo denominaciones como tribunales de justicia fiscal y administrativa, e incluso –en algunos casos- como tribunales fiscales; son la respuesta a una demanda esencial de la sociedad: obligar a las autoridades administrativas y fiscales de los estados y los municipios a respetar los derechos de los particulares, sin que se vean en la necesidad de tener que someterse a medios de defensa que son resueltos por la misma autoridad responsable generadora del perjuicio; y en segundo lugar, evitarle al afectado el tener que erogar diversas sumas de dinero para contratar asistencia legal y acudir al amparo directo o indirecto como se hace en las entidades que no cuentan con este tipo de tribunales.

A manera de ejemplo, el estado de Coahuila queda entre los pocos estados que no cuentan con un Tribunal así, y porque aprovechan la palabra “Podrán”, en la Fracción V del 116 Constitucional para evadir tal responsabilidad, y dejar al 75% de los ciudadanos en estado de indefensión, es decir, a los que no pueden pagar un abogado para presentar amparos contras las decisiones o resolutivos de las autoridades estatales y municipales que afectan el interés del Particular.

En efecto, el estado de Coahuila no cuenta con un Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, a pesar de que su Constitución local lo contempla desde el año 2007, sin embargo, el gobierno estatal, primero con el profesor Humberto Moreira, y luego con su hermano Rubén, han preferido crear un gran número de secretarías y subsecretarias, inflando las nóminas de modo exponencial, no obstante la necesidad de recortar el gasto corriente y de nómina por la pesada deuda que cargan los coahuilenses, antes que invertir en la creación de este muy necesario tribunal. La intención de no crearlo es obvia: que los ciudadanos no puedan defenderse de modo gratuito ante los abusos, excesos y arbitrariedades de la administración pública estatal y municipal. A sabiendas de que pocos pueden acudir en vía de amparo a defender sus derechos, sólo aquellos con capacidad financiera para sufragar los gastos necesarios.

La obligación constitucional de crear los tribunales de referencia será en beneficio de los ciudadanos, en la medida que un mayor número de mexicanos podrán acudir ante la justicia a defender sus derechos más comunes y cotidianos, es decir los que tengan que ver con los actos administrativos de la autoridad local, ante un tribunal especializado, local y sin necesidad de acudir forzosamente a la instancia federal.

Necesidades de adecuar la fracción V del 116 constitucional

I.- Creemos que debe ser un deber de todos los estados el contar con Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, con plena autonomía. Y no una “opción” como lo establece actualmente el 116 Constitucional, ya que son una necesidad ciudadana vital, e implica el derecho de los ciudadanos a contar con justicia expedita y gratuita. Y;

II.- La redacción actual se refiere a la “administración pública estatal”, pero en los hechos, los tribunales existentes, por lo menos la mayor parte de ellos, son competentes también para dirimir controversias entre los particulares y los municipios, facultades ya reconocidas por la Corte en diversos criterios jurisprudenciales.

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO: Se modifica el contenido de la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 116:

V. Las Constituciones y leyes de los Estados instituirán Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y Municipal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones….

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Las entidades federativas que aún no cuentan con Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, contarán un plazo de hasta un año contado a partir de la promulgación de esta reforma para instaurarlos.

ARTICULO TERCERO.- Los estados que cuentan con salas u órganos del poder judicial local encargados de la materia contencioso-administrativa, deberán hacer lo conducente para dotarlos de la autonomía que establece la fracción V del artículo 116 dentro del mismo plazo antes señalado.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México Distrito Federal, a 20 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 464 QUINTUS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 464 QUINTUS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En toda actividad relacionada con la atención a la salud, el diagnóstico y tratamiento de cualquier enfermedad, los profesionales del ramo utilizan diversos insumos que, de acuerdo a sus características y usos, son empleados con objetivos particulares y diferenciados uno del otro.

Entre los insumos para la salud se encuentran los equipos médicos; prótesis, órtesis, ayudas funcionales; agentes de diagnóstico; insumos de uso odontológico; materiales quirúrgicos y de curación; así como productos higiénicos. Dichos insumos se encuentran contemplados en el artículo 262 vigente de la Ley General de Salud; todos ellos denominados en el sector salud como Dispositivos Médicos.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, “los dispositivos médicos son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y eficaces. El logro de los objetivos de desarrollo relacionados con la salud, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, depende de que se fabriquen, regulen, planifiquen, evalúen, adquieran, gestionen y utilicen dispositivos médicos de buena calidad, seguros y compatibles con los entornos en que se emplean.”1

Regulación de los Dispositivos Médicos en México

El sector de los dispositivos médicos en nuestro país ha mostrado avances significativos en su regulación y normatividad durante los últimos años. Como prueba de ello, destacan las siguientes disposiciones:

• Preceptos específicos en el Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) a partir de la reforma ocurrida el 2 de enero de 2008.

• Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2012.

• Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2012.

• Convocatoria dirigida a las personas físicas y morales interesadas en fungir como Terceros Autorizados, auxiliares en el control sanitario de Dispositivos Médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2011 (y su modificación del 19 de junio de 2012)..

• Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de los Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud, a que se refiere el Capítulo IX del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud, a los requisitos establecidos por las secciones 510(k) y 514 del Federal Food, Drug and Cosmetic Act y por el Título 21, Capítulo I, Subcapítulo H, del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos de América, así como los establecidos por el Food and Drug Act, y las Medical Devices Regulations de Canadá para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio, y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América y por Health Canada de Canadá, para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010.

• Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2008.

Suplemento para Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, FEUM.

Lo anterior ha propiciado que los dispositivos médicos obtengan gradualmente un reconocimiento diferenciado en el marco jurídico respecto a otros sectores o industrias relacionadas con insumos para la salud (productos farmacéuticos, remedios herbolarios, por ejemplo).

Si bien todos los sectores relacionados convergen al momento de ofrecer servicios de salud a los pacientes, se ha hecho patente que las características, propiedades, especificaciones regulatorias, vida útil de los insumos, entre otros factores propios de los dispositivos médicos, han obligado que el marco jurídico se especialice en función de  las particularidades de estos insumos.

Legislación sobre comercialización ilegal de dispositivos médicos: un rubro pendiente

No obstante los avances mencionados, en el marco jurídico de los dispositivos médicos existen ciertos rubros en los cuales existe aún trabajo pendiente. Entre ellos se encuentra la implementación de disposiciones focalizadas en la persecución y la sanción de delitos relacionados con su comercialización indebida.

Hasta ahora, las acciones que la autoridad ha emprendido para contrarrestar la comercialización indebida de dispositivos médicos se ciernen en dos vías:

• Recomendaciones para la correcta adquisición de dispositivos médicos. La autoridad ha circulado con las instituciones del sector público, así como con representantes del sector privado (hospitales privados, distribuidores, sociedades médicas, etc.), diversas recomendaciones que podrán asegurar a los compradores en ambos sectores que sus adquisiciones corresponden a insumos que se encuentran alineados a los estándares regulatorios, sanitarios y aduanales oficiales.  Estas recomendaciones comprenden los siguientes puntos: que el dispositivo médico cuente con registro sanitario otorgado por la COFEPRIS; en caso de que la renovación quinquenal del registro sanitario se encuentre en trámite ante COFEPRIS, solicitar el escrito mediante el cual se hubiese solicitado la renovación del registro correspondiente; que el dispositivo médico cumpla con la normatividad sobre etiquetado correspondiente; que el dispositivo médico haya sido ingresado al territorio nacional de manera legal, al amparo de la legislación aduanera.

• Aseguramiento del producto. Aun cuando la autoridad sanitaria ha realizado decomisos de producto que presenta irregularidades de acuerdo a la normatividad vigente, a diferencia de las disposiciones para productos farmacéuticos (artículo 464 Ter de la Ley General de Salud), la legislación vigente no contempla penas ni multas para quienes lleven a cabo comercialización ilícita de dispositivos médicos.

Si bien la autoridad ha mostrado su compromiso y voluntad decidida por desincentivar y atacar estas actividades a través de esfuerzos loables, se considera necesario que el marco jurídico avance hacia la tipificación de delitos en esta materia, que les permitan ejercer sus actos de tal manera que verdaderamente reduzcan la práctica, ofreciéndoles las herramientas legales necesarias para tal efecto.

La comercialización ilegal y sus afectaciones a la salud pública

El combate de prácticas ilegales en la comercialización de Dispositivos Médicos en el país, debe obtener una atención particular por la grave afectación que puede provocar para la salud poblacional, a fin de evitar cualquier riesgo sanitario que genere un producto que no haya obtenido la autorización que avale su calidad, seguridad y eficacia por parte de la COFEPRIS,

El comercio de dispositivos médicos sin las autorizaciones correspondientes, por ejemplo, se configura como una de las principales y más preocupantes actividades relacionadas con la comercialización ilegal en este sector. La internación ilegal de dispositivos médicos al país se realiza de manera clandestina a través de las aduanas, utilizando incluso vehículos particulares para realizar esta actividad, donde terceros ajenos a la cadena comercial legalmente reconocida por las autoridades, introducen al país los productos sin cumplir con las disposiciones legales de internación.

Cabe señalar que dicha práctica es creciente: ejemplo de ello es el aseguramiento que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, realizó en marzo de 2013, donde se decomisaron más de 1 millón 220 mil dispositivos médicos por violaciones a la normatividad sanitaria. Se trata del decomiso más grande en unidades de dispositivos médicos registrado en la historia reciente.2

Asimismo, de acuerdo a un sondeo preliminar con diversas empresas del sector, se ha detectado que desde 2012, se han presentado más de 120 casos bajo diversos supuestos irregulares. No obstante, debe señalarse que de contarse con los instrumentos jurídicos necesarios así como un cómputo entre todo el sector, sin duda se arrojaría una cifra mucho mayor.

Estas actividades son realizadas por personas físicas o morales que en ocasiones se autodenominan como distribuidores autorizados, aún cuando formalmente no cumplan con los requisitos legales para ello. Una vez que dichos “distribuidores” introducen los productos en nuestro país, estos se ofrecen sitios de internet y/o directamente en locales comerciales ubicados en distintas ciudades del país. Estos actores reciben incluso adjudicaciones directas de Institutos de Salud de los gobiernos estatales. Más aún, existen sitios de internet donde se ofrecen productos a muy bajo costo no sólo sin el correspondiente registro sanitario, sino que se trata de productos “reesterilizados” o con fecha de caducidad expirada.

Ante tal escenario, la afectación a la salud pública resulta evidente y preocupante. Los actores que realizan la comercialización ilegal no cumplen con la normatividad obligada para comercializar un insumo para la salud (como es el caso de contar con un registro sanitario en términos del artículo 376 de la Ley General de Salud, o el permiso de importación que deriva de éste) ninguna buena práctica de transporte ni almacenamiento y, en caso de presentarse algún evento adverso derivado del uso de dichos insumos, no existen responsables formales que puedan atender las afectaciones generadas, toda vez que la internación del insumo no se efectuó por los conductos legales y no se observaron las disposiciones sanitarias aplicables.

Ante esta situación, se pone en peligro potencial tanto a la derecho habiencia de los diferentes esquemas de seguridad social, así como a los pacientes de hospitales privados, por la adquisición que por falta de información se efectúa de dichos insumos de procedencia dudosa.

Al respecto, pueden citarse algunos ejemplos del impacto negativo para la salud poblacional, para dimensionar la gravedad de esta problemática y la necesidad de contar con preceptos específicos respecto a este tipo de insumos:

Implantables. Tomando como ejemplo a los marcapasos, el riesgo recae  directamente sobre el paciente, ya que son equipos que fácilmente son vendidos e implantados en el mercado negro, sin contar con el manejo adecuado (Esterilización, temperatura de almacenaje y calidad de transportación) lo que puede ocasionar una infección del sistema aumentando la morbi–mortalidad, endocarditis bacterianas, exteriorización del sistema y sepsis;  pueden tener fallas de programación ya que el que los vende robados no cuenta con los equipos para la configuración de parámetros necesarios para el adecuado funcionamiento. Por otra parte existe la mala indicación de recetar este tipo de dispositivos a pacientes que no lo requieren con el único objetivo de obtener más ingresos.

Instrumental médico. Tales como Engrapadoras, Tijeras o Pinzas, que siendo dispositivos de dudosa procedencia al no cumplir con la normatividad correspondiente, la afectación a la salud representa un alto riesgo por el número de cirugías en las que puedan utilizarse estos productos. Se tiene conocimiento que durante un procedimiento quirúrgico de hemicolectomia, una engrapadora circular adquirida de manera irregular (que en su momento no se importaba ni comercializaba en el país) falló al no engrapar correctamente, provocando que el médico tuviera que hacer, durante la misma cirugía, una resección más amplia de colón (corte adicional innecesario) al paciente.

Equipo Médico. Para el caso de diversas enfermedades, un equipo de imagenología que no cuente con la calibración o el cuidado adecuados, acorde a estándares internacionales y de las compañías que los proveen, puede arrojar un diagnóstico incorrecto o impreciso que pone en riesgo la correcta detección de un padecimiento, y por ende, su tratamiento adecuado.

Como puede observarse, si bien las autoridades ejercen las facultades que legal y reglamentariamente tienen conferidas en la actualidad, y han mostrado un compromiso decidido para el combate de dichas actividades irregulares, como Poder Legislativo deben otorgarse mayores instrumentos jurídicos que les permitan incrementar acciones en la materia, se ponga un alto a este tipo de prácticas, y su continuidad y frecuencia decrezca para erradicar riesgos para la salud poblacional.

En consecuencia, el objetivo de esta propuesta es implementar en nuestra legislación los supuestos jurídicos necesarios para tipificar como delito –y grave, por los montos establecidos sobre penas privativas de libertad- la comercialización ilegal de dispositivos médicos en México. Lo anterior, fortalecerá la certeza de los pacientes, autoridades, instituciones de salud, médicos y profesionales del ramo sobre la calidad, seguridad y eficacia de los dispositivos médicos que utilizan en sus procedimientos para el cuidado de la salud.

Asimismo, se hace referencia a que por la gravedad de la conducta, con motivo de la reciente expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, los tipos penales propuestos ameritarán prisión preventiva oficiosa, en términos de su artículo 167 que a la letra dice:

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

[…]

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico: Se adiciona un artículo 464 Quintus a la Ley General de Salud.

Artículo 464 Quintus. En materia de dispositivos médicos, se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de dispositivos médicos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin las autorizaciones, se le aplicará una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II. A quien adultere, falsifique, o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de dispositivos médicos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate; y,

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya, interne al país o transporte con fines de comercialización, dispositivos médicos falsificados, alterados, contaminados o adulterados sin los registros, licencias, permisos o autorizaciones que señala esta Ley, en cualquier lugar o por cualquier medio, o bien, venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya, interne al país o transporte con fines de comercialización, material para envase o empaque de dispositivos médicos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga números o claves de identificación que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate;

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por dispositivos médicos, lo preceptuado en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 262 de esta Ley; y se entenderá por adulteración, contaminación, alteración y falsificación, lo previsto en los artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta Ley. Asimismo, los delitos contenidos en el presente artículo, ameritarán prisión preventiva oficiosa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de marzo de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.

1 Sitio de la OMS dedicado al tema de Dispositivos Médicos. Véase en:  http://www.who.int/medical_devices/es/

2 Fuente: Comunicado de Prensa de COFEPRIS 016/13, 13 de marzo de 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PARRAFOS TERCERO AL ARTICULO 14 Y SEPTIMO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, BenjamIn Robles Montoya, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La administración pública federal tiene como una de sus funciones la de operar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios. Tal encomienda está regulada por una serie de instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para darle forma a dicha atribución.

Todos conocemos que estos ordenamientos son generados a través del proceso legislativo que invariablemente emana de nuestra Carta Magna y presentan una materia reservada como es el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tiene su fundamento en el artículo 134 constitucional que eleva a rango constitucional la materia de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes así como la prestación de servicios de toda naturaleza.

Entre otras disposiciones el artículo de referencia señala:

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El precepto también nos indica que las acciones que se realicen en la materia deberán hacerse dentro de un marco de actuación que asegure: “que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

De modo que podemos notar que el tema que nos ocupa ha adquirido relevancia ya que, invariablemente, tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos lo que se traduce en una especie de efecto multiplicador que tiene impacto sobre el campo económico a la vez que repercute directa e indirectamente en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública.

Los dos ámbitos en los que se circunscribe todo lo relacionado con los procesos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios públicos son el jurídico y administrativo-organizacional que tienen por objetivo el de regular, definir y determinar el quehacer de la gestión pública en lo relacionado a la planeación e instrumentación del procedimiento de dichas adquisiciones, por lo que se requieren una serie de medidas y acciones que enmarquen estos mecanismos a fin de tener elementos de prevención y corrección de circunstancias que posiblemente vulneren todo este esquema.

En la presente propuesta pretendemos dar los argumentos para que uno de estos ordenamientos se modifique a efecto de poder asegurar que este esquema se encamine a dar prioridad a empresas mexicanas bajo el principio de regionalización. A fin de lograr que estos recursos federales tengan como primera opción de destino compañías nacionales de índole local.

En relación con lo anterior, el artículo 25 de la Constitución deposita en el Estado la responsabilidad del desarrollo nacional con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional tomando como base, entre otras, la competitividad, el fomento del crecimiento económico, una más justa distribución del ingreso y la riqueza; para que cualquier individuo, grupo o clase social tenga las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico.

El ordenamiento constitucional de mérito también señala, en su párrafo octavo:

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Es en este punto donde encontramos que el gobierno tiene la obligación de promover un crecimiento económico a través de principios como la regionalización.

Por lo que creemos que este principio debe de integrarse al esquema normativo que encuadra las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para lograr que los recursos públicos otorgados a estos rubros se encaminen a impulsar el desarrollo económico regional y local a través de priorizar como sus potenciales depositarios a grupos empresariales locales en concatenación de lo que dispongan los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, es decir, que el gobierno ejerza su gasto dando mayor importancia a empresas mexicanas regionales en el tema que nos ocupa.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del año 2000, solo utiliza el término región en su artículo 41 segunda fracción que en lo conducente estipula:

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I. …

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

Esto es, que por razón de ley sólo se tomará en cuenta el concepto de regionalización en la materia, en caso de no adscribirse a la contratación por el procedimiento de licitación pública cuando una región del país esté en peligro o se altere su orden social bajo los términos señalados.

En virtud de lo anterior, queremos destacar que el propósito nodal de esta iniciativa es el de apuntalar al sector empresarial mexicano de la micro, pequeña y mediana industria a través del principio de regionalización, en relación con la participación y apoyo gubernamental con el objetivo de impulsar su crecimiento a partir de la participación directa del gobierno en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios públicos con un carácter local.

Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) tienen como una  de sus características la falta de oportunidades para generar desarrollo por lo que sostenemos que a través de este proyecto el Estado asumirá en una mayor proporción su responsabilidad de asegurar y fomentar la competitividad y desarrollo de las mismas incluyendo obligatoriamente el principio de regionalización para que por ningún  motivo se margine a este sector en el tema de las contrataciones.

Si bien es cierto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público considera una serie de criterios mediante los cuales pretende dar un trato especial a estas empresas aún hace falta que estos mecanismo se consoliden y se dirijan por razón de ley al principio de regionalización a fin de que las compañías referidas sean beneficiadas en un mayor número y sobre todo respondiendo a su carácter local.

En este sentido el artículo 8 de la Ley que nos ocupa en lo conducente señala:

Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten regularmente.

Sin embargo, tenemos que destacar que este tipo de empresas resultan de gran relevancia para el sector económico en México, ya que ante la ausencia de un verdadero gobierno rector de la economía, estos grupos empresariales representan un pilar de la economía, un eslabón fundamental e indispensable para el desarrollo del país tanto por generar empleos como por crear riqueza.

De manera tal, que resulta imperativo que el ejecutivo federal consolide más mecanismos para estimular las labores que realizan las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país ya que por el papel que están jugando en la economía nacional merecen una atención efectiva, ya que en los hechos no hay un verdadero interés por parte de las administraciones por cumplir de manera cabal las responsabilidades legales frente al sector mencionado.

Por lo que creemos que la inclusión del principio de regionalización abonará para que la autoridad cumpla con sus atribuciones en la materia de una manera más definida y con un objetivo específico: impulsar el desarrollo de las empresas locales.

En otro orden de ideas, existen factores que contrastan significativamente frente a la realidad de este sector empresarial en México y su vinculación con la administración pública federal; es el relacionado en materia de licitaciones públicas internacionales.

Nuestro país ha suscrito compromisos multilaterales como el relacionado con el Protocolo de Adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que inició formalmente su proceso el 27 de noviembre de 1985: culminado el 26 de agosto de 1986; y que finalmente entró en vigor el 30 de diciembre de 1994.

El ordenamiento internacional en cita, establece en el Artículo XVII, acerca de las empresas comerciales del Estado, lo siguiente:

a) Cada parte contratante se compromete a que, si funda o mantiene una empresa del Estado, en cualquier sitio que sea, o si concede a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales, dicha empresa se ajuste, en sus compras o sus ventas que entrañen importaciones o exportaciones, a los principios generales de no discriminación prescritos en el presente Acuerdo para las medidas de carácter legislativo o administrativo concernientes a las importaciones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados.

b) Las disposiciones del apartado a) de este párrafo deberán interpretarse en el sentido de que imponen a estas empresas la obligación, teniendo debidamente en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo, de efectuar las compras o ventas de esta naturaleza ateniéndose exclusivamente a consideraciones de carácter comercial -tales como precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás condiciones de compra o de venta- y la obligación de ofrecer a las empresas de las demás partes contratantes las facilidades necesarias para que puedan participar en esas ventas o compras en condiciones de libre competencia y de conformidad con las prácticas comerciales corrientes.

Lo anterior deja asentado el "Principio de no Discriminación" a las empresas que deseen participar en alguna licitación pública emitida por el gobierno mexicano; además de establecer la obligación de otorgar a todas las compañías las facilidades para su participación.

Otro acuerdo trasnacional suscrito por el gobierno mexicano, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es ilustrativo ya que en el artículo 1003 del Capítulo X: Compras del Sector Público, fija los principios básicos por los que se debe observar los conceptos del “Trato Nacional” y “No Discriminación” para que las partes involucradas en un procedimiento de licitación están comprometidas a cumplir una serie de derechos y obligaciones en los procesos referidos.

Lo anterior viene a colación en virtud de que a nivel internacional nuestro país a suscrito tratados que se sustentan en una legislación de avanzada en materia de licitaciones públicas encaminada a abrir la participación en dichos procesos por parte de compañías extranjeras; y dentro de su propio territorio a dejado a su suerte al sector local de la micro, pequeña y mediana industria, al no otorgarle las condiciones jurídicas indispensables para su pleno desarrollo y crecimiento al no lograr beneficiarse del todo,  en la consecución de recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos y servicios públicos.

Ahora bien, la Ley de mérito en su artículo 28 determina el carácter de las licitaciones públicas en nuestro país, para pronta referencia citamos algunas de estas disposiciones:

El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente.

Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y

III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:

a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o

b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.

Logramos observar que existe un cuidado en estipular que el origen de las empresas sujetas a concurso mayoritariamente tiene que ser mexicanas. Sin embargo, esta condición no define bien el tipo de empresa, situación que ha valido para beneficiar solo a algunas compañías mexicanas, cuando la Ley deja abierta la posibilidad a cualquier empresa.

Esta es precisamente la problemática a resolver en la presente propuesta, a saber: las administraciones públicas federales se han servido de esta particularidad para favorecer a ciertas empresas y sectores. Haciendo a un lado de prácticamente todos los procesos de licitación a las micro, pequeñas y medianas empresas de índole local dificultando su desarrollo y sin tomar en cuenta que es en sector preponderante en la economía nacional.

De modo que integrando al precepto legal la obligación de incorporar de forma prioritaria al sector empresarial de mérito con base al principio de regionalización, pretendemos dar solución a esta circunstancia.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se adicionan los párrafo 3 al artículo 14 y séptimo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue:

Artículo 14.

Dar prioridad en los procedimientos de contratación a las micros, pequeñas o medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución.

Artículo 42.-

En los procedimientos de contratación a los que se refiere este artículo se dará prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas respetando la vertiente de regionalización que establece el artículo 25 de la Constitución.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Benjamín Robles Montoya”.






PROPUESTA

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Juana Leticia Herrera Ale, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a fortalecer e impulsar en el “Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, la capacitación permanente de las personas responsables y los asistentes que coadyuvan en las estancias infantiles; en materia de desarrollo infantil temprano, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de la niñez. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A FORTALECER E IMPULSAR EN EL “PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”, LA CAPACITACION PERMANENTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LOS ASISTENTES QUE COADYUVAN EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; EN MATERIA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ.

“DE LAS SENADORAS LISBETH HERNANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MELY ROMERO CELIS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea, Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; A FORTALECER E IMPULSAR EN EL “PROGRAMA ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS”, LA CAPACITACION PERMANENTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES  Y LOS ASISTENTES QUE COADYUVAN EN LAS ESTANCIAS INFANTILES; EN MATERIA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

En las últimas décadas el papel de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado de sus hijos ha sufrido significativos cambios. Cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral y contribuyen al sustento del hogar. Prueba de ello es la mayor participación de las mujeres en actividades económicas. Durante el cuarto trimestre de 2013, la población de 14 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 52.7 millones, cuando un año antes había sido de 51.6 millones, en el caso de las mujeres 44 de cada 100 son económicamente activas.1 Este crecimiento está relacionado con diversos factores socioeconómicos. La necesidad de apoyar a madres trabajadoras con el propósito de abrir espacios a niños y niñas de dichas madres trabajadoras, para que puedan recibir atención y cuidado, mientras ellas trabajan.

De ahí que el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el 2007 puso en marcha el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es un Programa que apoya, a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil, a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijas(os) o niñas(os) bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas(os) con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita no rebase la Línea de Bienestar (LB), y que cumplan con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación.

La población potencial del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras, se define como el grupo de madres de 14 años en adelante, con hijos entre 1 y 4 años, sin acceso a seguridad social de forma directa o por parentesco con el jefe del hogar, en hogares con ingresos per cápita por debajo de la línea de bienestar, misma que para el ejercicio fiscal 2014 se estima en 3,474,101 personas. El Programa aplica tres modalidades de apoyo: Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil e Incorporación al Programa de Estancias Infantiles. 2

Es menester señalar que a finales de 2011, el Instituto Nacional de Salud Pública presentó el Informe de Resultados de la Evaluación de Impacto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Entre sus principales resultados, la evaluación reveló que el Programa es efectivo en promover la participación en el mercado laboral de mujeres de escasos recursos con hijos pequeños, con incrementos de 18% en la probabilidad de tener un empleo, de 15% en la probabilidad de permanecer en el mismo trabajo a corto plazo y el aumento de 24 horas de trabajo al mes.

Es de suma importancia considerar además de la efectividad que ha tenido este programa en cuanto a la participación de las mujeres en la vida laboral, la atención y el cuidado que ofrecen las Estancias Infantiles afiliadas a la Red.

Toda vez que la atención y educación de la primera infancia, debe ser vista como una necesidad para sentar las bases del desarrollo humano, así como para alcanzar mayores logros educativos a lo largo de la vida y una consecuente reducción de las desigualdades, la malnutrición y la mortalidad infantil. Una buena atención y educación desde el nacimiento promovería resultados potencialmente más favorables.

La UNICEF contempla que el desarrollo infantil temprano es un proceso continuo, no secuencial, que conjuga diversas dimensiones como la salud, la nutrición, que permiten a las niñas y niños potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida.

“El Desarrollo Infantil Temprano, se refiere al desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional de los niños y niñas de 0 a 8 años, de una manera integral para el cumplimiento de todos sus derechos”.

El desarrollo integral de niñas y niños requiere de una adecuada oferta de servicios de cuidado y atención, educación y desarrollo social. Por ello, es necesario que las personas dedicadas a la atención de la niñez se encuentren debidamente capacitadas en el tema, se requiere de una eficiencia en el cuidado de los niños, por medio de un equipo de trabajo de gran capacidad humana y profesional.

Refiriéndose al tema es importante destacar que la UNICEF en relación con la Convención de los Derechos del Niño, ha señalado que los niños y niñas tienen derecho a medidas especiales de protección, de conformidad con sus capacidades en evolución, y al ejercicio progresivo de sus derechos. En ese sentido, la Convención debe aplicarse de forma integral en la primera infancia, teniendo en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. La primera infancia, periodo que va desde el nacimiento y los primeros años de vida, representa una etapa decisiva en la vida de niños y niñas en lo que al desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y emotivas se refiere. Es también la etapa más vulnerable del crecimiento, en ella se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida y la mayor parte del cerebro y sus conexiones. Asimismo, se establecen vínculos interpersonales fuertes que impactarán la formación de su autoestima y las relaciones con otras personas y su comunidad. Es necesario que cuenten con una atención integral que les permita gozar de una buena salud, que estén mejor preparados en el desarrollo de habilidades para la vida. 3

El programa referido con anterioridad, tiene presencia también en municipios con alto o muy alto grado de marginación de acuerdo con la clasificación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en municipios con población predominantemente indígena, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en municipios con menor Indice de Desarrollo Humano, en localidades con menos de cinco mil habitantes y en municipios prioritarios de atención que integran la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH).Por lo que resulta prioritaria la capacitación más intensiva del desarrollo infantil de acuerdo a la edad de los niños beneficiarios en las Estancias Infantiles, tanto de las personas responsables y asistentes de estos establecimientos, como de los padres de familia.

Aunado a que en las reglas de operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se establece la obligatoriedad de capacitar de manera permanente a las personas responsables de las Estancias Infantiles, así como a las personas que fungen como asistentes en dichos establecimientos, sobre el cuidado y atención infantil, abarcando diversos temas como la promoción de la salud, la alimentación, nutrición y demás temas relacionados al buen funcionamiento de las estancias infantiles, se requiere enfatizar sobre temas como el desarrollo infantil temprano, debido a que va encaminado a garantizar el pleno desarrollo integral de la niñez.

El presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a la Secretaria de Desarrollo Social y al DIF Nacional, para que se capacite a las personas responsables de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, en materia de desarrollo infantil temprano. Esto presenta una importante área de oportunidad para el programa, con el fin de potenciar su efectividad a través de una estimulación más intensiva del desarrollo de los niños de acuerdo a la edad, la estimulación temprana es una inversión especialmente rentable para aumentar la escolaridad de las personas e incluso la productividad laboral en el futuro.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno Legislativo de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Social y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; a fortalecer e impulsar en el “Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, la capacitación permanente de las personas responsables y los asistentes que coadyuvan en las estancias infantiles; en materia de desarrollo infantil temprano con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de la niñez.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 20 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Mely Romero Celis”.

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) durante el periodo octubre-diciembre de 2013.

2 http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles

3 http://www.desarrolloinfantiltemprano.mx/images/stories/Losninosyninasde0a5enMexico.pdf






También les informo que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del ducentésimo octavo aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

“ducentEsimo octavo aniversario del
natalicio de benito juárez garcIa
el 21 de marzo de 1806.

“Mi deber es hacer cumplir la ley no sólo
 con medidas del resorte de la  autoridad,
sino con el ejemplo para atentar
a los que con un escrúpulo infundado se retraían
de usar el beneficio que les concedía la ley.
Benito Juárez García.

Compañeras y Compañeros Legisladores:

Oaxaqueño ejemplar que se distinguió por su patriotismo, capacidad y visión de estadista,  virtudes cívicas que lo erigen  como el personaje más importante de la historia nacional. Hoy, 21 de marzo, conmemoramos el natalicio del benemérito de dimensión continental.

Subo a esta tribuna, honrado como representante popular y orgulloso como oaxaqueño, para recordar al prócer de la consolidación de la república federal mexicana, cuya vida pública corre paralela a la vida nacional de la segunda mitad del siglo XIX.

De su origen zapoteca, horfandad, infancia, huida a Oaxaca, estudios en el Seminario y luego en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado y sus primeros cargos públicos en la ciudad de Oaxaca, ahora de Juárez, supimos desde niños por ser tema obligado de nuestra historia nacional.

En 1855, Ministro de Justicia e Instrucción, cargo desde el que promovió la Ley Juárez, que eliminaba los fueros y los privilegios del clero y el ejército.

En noviembre de 1857, con Ignacio Comonfort como Presidente, fue Ministro de Gobernación y en diciembre de ese mismo año, fue nombrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que le daba el carácter de Vicepresidente. 

A la salida de Comonfort, Juárez asumió la Presidencia el 11 de enero de 1858, dando inicio a una etapa trascendental en la vida política de México.

Al frente del Poder Ejecutivo, el 6 de septiembre de 1860, proclamó las Leyes de Reforma, que establecían la separación del Estado respecto de la Iglesia a través de las siguientes leyes:

• La ley sobre matrimonio civil y sobre Registro Civil;

• La ley sobre la libertad de cultos;

• La ley de panteones y cementerios; y

• La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos.

El 17 de julio de 1861, ante la quiebra del erario nacional declaró la suspensión del pago del servicio de la deuda externa, causando gran inconformidad de los gobiernos de Inglaterra, España y Francia.

Así, dio inicio la intervención francesa, que Juárez encaró, reivindicado la dignidad nacional y restaurando la República el 15 de julio de 1867.

Juárez, Presidente de México, murió en Palacio Nacional el18 de julio de 1872.

Patriota, firme, perseverante, infatigable, así vivió el “Benemérito de las Américas”.

Compañeras y compañeros senadores:

No hay mejor homenaje a Juárez que secundar su ejemplo de liderazgo reformador, de uso responsable del poder público, con todos los costos que implique, para transformar la realidad nacional y no para condescender con intereses creados.

No hay mejor homenaje a ese estadista visionario, que reivindicar a la política como un instrumento para desmontar lo que no funciona y para construir lo que México necesita.

No hay mejor homenaje a Juárez que seguir procesando la segunda generación de reformas estructurales, con el esfuerzo sumado de un Ejecutivo resuelto y un congreso republicano.

No hay mejor homenaje al gigante de Guelatao que defender su legado con nuevas instituciones que fortalezcan su concepto de Estado, un Estado laico, liberal, y comprometido con los mexicanos que menos tienen.

Muchas gracias”.






De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Mundial del Agua.

“DIA MUNDIAL DEL AGUA.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de Diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193, por lo que se declaró que el 22 de Marzo de cada año se celebrara como el “Día Mundial del Agua”, de conformidad con lo establecido con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra, contenidas en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21, derivada de la reunión de la Cumbre de Rio de Janeiro, Brasil.

Se invitó a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como fomento de la conciencia pública.

“El Agua Fuente de Vida”

Fue el primer lema mundial en 1993, el cual engloba y resalta aspectos diversos, al tiempo que transmite una sensación de urgencia y premura. El contenido abierto a cualquier posibilidad, se presta a interpretaciones creativas en el plano visual y textual, que sirven como vínculo de expresión para una amplia variedad de situaciones y emociones humanas individuales o colectivas. “El Agua Fuente de Vida”, puede entenderse de modos bastante distintos dependiendo de las prioridades y los contextos regionales y nacionales.

El lema, constituye una llamada que traspasa fronteras de la propia comunidad para establecer lazos con aquellas agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y comunidades en genera. Asimismo, representa la oportunidad de sacar provecho de la energía y el compromiso de las personas, así como de lograr un objetivo común, a través de un llamado a la atención nacional e internacional para impulsar cualquier tipo de actuación, de modo que todos los habitantes del planeta sean menos vulnerables al estrés hídrico, a las catástrofes relacionadas con el agua y a la escasa calidad de ésta.

Por otra parte, La UNESCO ha desempeñado una función decisiva en la promoción del tema del “Día Mundial del Agua”, con la creación del Programa Hidrológico Internacional. En 1975, lideró las iniciativas destinadas a proporcionar una base científica que permitiera evaluar los recursos hídricos mundiales y elaborar principios éticos y socioeconómicos por lo que se guiaran las prácticas de ordenación y aprovechamiento de los recursos hídricos, especialmente en las zonas áridas. Asimismo, la UNESCO actúa en estrecha colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo la Secretaría del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, de igual manera ha hecho causa común con la Cruz Verde Internacional, que preside Mijaíl Gorbachov, en torno a un nuevo gran proyecto, "Agua para la Paz", cuyo objetivo es que los encargados de adoptar decisiones así como los expertos y estudiantes en hidrología adquieran capacidades de negociación necesarias para impedir que el problema del agua genere conflictos internacionales.

Lema del Día Mundial del Agua 2014

“Agua y Energía”

El Día Mundial del Agua trata de lo que se va a hacer a partir de éste año 2014, para promover prácticas sostenibles en el ámbito de agua y energía. Los mensajes clave que figuran a continuación podrán ser utilizados como base para ayudar a encuadrar y diseñar las actividades y mensajes por el día.

1. El agua requiere energía y la energía requiere de agua

El agua es necesaria para producir casi todas las formas de energía. La energía es necesaria en todas las etapas de extracción de agua, el tratamiento y la distribución.

2. Los suministros son limitados y la demanda es cada vez mayor

La demanda de agua dulce y energía seguirá aumentando significativamente en las próximas décadas. Este aumento presentará grandes desafíos y los recursos de deformación en casi todas las regiones, especialmente en el desarrollo y las economías emergentes.

3. El ahorro de energía, es el ahorro de agua. Ahorrar agua significa un ahorro de energía

4. El sector más pobre de la población, necesita urgentemente el acceso a los servicios tanto de agua y saneamiento como de electricidad

A nivel mundial, 1,3 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad, 768 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2,5 mil millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento. El agua y la energía tienen impactos importantes sobre el alivio de la pobreza.

5. Una mejor eficiencia en el uso del agua y la energía es tan imprescindible como son las políticas coordinadas, coherentes y concertadas

Una mejor vinculación entre los sectores de agua y energía mejorará la coordinación en materia de energía y planificación del uso del agua, dando lugar a la reducción de ineficiencias. Quienes diseñan políticas, los planificadores y los profesionales, pueden tomar medidas para superar las barreras que existen entre sus respectivos dominios. Se necesitan políticas nacionales innovadoras y pragmáticas que puedan conducir a una mayor eficiencia y una prestación de los servicios de agua y energía efectivas en cuanto a sus costos.

El día mundial del agua, brinda una oportunidad excepcional para llamar la atención y crear un impulso que anime a intervenir a la comunidad internacional y a la sociedad para hacer conciencia del vital líquido.

Asimismo, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, contaba en 2010 con una disponibilidad natural media total de 462,583 millones de m3 al año, y un escurrimiento natural medio superficial total de 379,035 hm3 al año. Sin embargo, su distribución espacial es bastante irregular: en el 42% del territorio, principalmente en el norte del país, los registros de precipitaciones medias anuales son inferiores a los 500 mm y en algunos casos, como en las zonas próximas al río Colorado, son inferiores a 50 mm. Por el contrario, en el 7% del territorio, existen zonas con precipitaciones medias anuales superiores a los 2,000 mm, en algunas regiones incluso por encima de los 5,000 mm.

Anualmente México recibe del orden de 1,489 miles de millones de m3 de agua en forma de precipitación. Se estima que el 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre por los ríos y arroyos, y el 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, el país cuenta con 462 mil millones de m3 de agua dulce renovable por año, lo que se denomina disponibilidad natural media.

La disponibilidad media per cápita de agua a nivel nacional disminuye con el aumento de la población, ya que la disponibilidad natural media total se divide entre un mayor número de habitantes. Por tanto se estima que la disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá de 4,090 m3 por habitante por año en 2010 a 3,815 en 2030.

En algunas regiones hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en 2030, niveles cercanos o incluso inferiores a los 1,000 m3 por habitante por año, lo que se califica como una condición de escasez grave. Por ejemplo, las regiones hidrológico-administrativas, I Península de Baja California, VI Rio Bravo y XIII Aguas del Valle de México, presentarán niveles bajos de agua renovable per cápita, destacando la última (Valle de México) ya que actualmente presenta un nivel extremadamente bajo por la densidad de población

De acuerdo a los pronósticos para 2030, se debe tener especial cuidado con el agua subterránea, ya que su sobreexplotación ocasionará el abatimiento de los niveles freáticos, el hundimiento del terreno, provocará que se tengan que perforar pozos cada vez más profundos, además de las afectaciones a los ecosistemas. Cabe aclarar que la mayor parte de la población rural depende de manera significativa del agua subterránea, y en algunas zonas áridas la dependencia es total.

Por tal motivo, conmino a que este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, sirva para reflexionar y hacer conciencia sobre el papel que este recurso vital tiene en nuestras vidas y en el desarrollo de nuestras regiones. Sirva entonces la conmemoración de este día como impulsora de medidas de conservación y optimización del uso del agua, antes de que como en otros casos enfrentemos una escasez fatídica, que derive en problemas mayores, inclusive de índole económica, a causa de la mala administración y valoración de este elemento fundamental para la supervivencia del planeta.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al Día Mundial del Agua.

“DIA MUNDIAL DEL AGUA
22 DE MARZO

Desde que fue declarado en 1992 por las Naciones Unidas, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, con el propósito de captar la atención global de todo el planeta sobre la importancia del agua y promover acciones que mejoren la gestión sostenible de nuestros recursos hídricos. 

Agua, una palabra fundamental para nuestra sociedad, líquido vital que día con día toma más relevancia en el panorama mundial debido a la importancia que tiene en todos los ámbitos de nuestra vida como en sectores de salud.

El agua albergó la vida hace 3000 millones de años en forma de células que se fueron haciendo cada vez más complejas hasta formar la biodiversidad que hoy día conocemos, como los peces, las plantas, los animales y el hombre.

Ya sabemos que el agua es el componente principal para que exista la vida, sin este vital líquido no es posible la vida, ni animal ni vegetal, no podrían existir animales ni pequeños ni grandes, y uno de los factores fundamentales que busca la nasa cuando manda señales a otros planetas es la búsqueda de agua, ya que encontrar agua aumenta las posibilidades de poder encontrar vida fuera de la Tierra.

Sin agua no podríamos vivir, es por eso necesario que tomemos conciencia de la importancia que tiene en el desarrollo de nuestra vida y orientemos más esfuerzos para cuidarla. El ahorro de agua por parte de cada uno de nosotros es fundamental ya que el desperdicio que se hace por individuo es muy alto.

Urge reflexionar en lo importante que es tener una serie de medidas, acciones, políticas públicas y normatividad que vayan direccionados a lo que es el importante uso y cuidado del agua.

Para los que tenemos la suerte de vivir en países del llamado primer mundo, el disponer de agua corriente y potable no supone un problema. Sin embargo, al enfrentarnos a situaciones de riesgo como la sequía, o derivadas de la crisis económica, nos damos cuenta de lo que supone no tener un acceso fácil al agua.

Hoy en día son millones las personas en todo el mundo que viven a diario esa situación, y por eso me parece importante concienciar sobre este problema, y recordar que el agua es un bien muy valioso y escaso, que todos debemos cuidar.

“Esto tiene que ver con valorar el fenómeno del cambio climático, el uso irregular e indiscriminado del agua, tanto para el uso agrícola, industrial, ganadero e incluso domestico; tiene que ver con legislación que coadyuve a garantizar el cuidado y la administración de los recursos hídricos, todo esto bajo una serie de acciones que tiene que empezar por el tema legislativo”.

Jueves 20 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con motivo del Día Mundial del Agua.

“DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA
22 DE MARZO

La protección al medio ambiente se ha convertido en prioridad. Cuidar nuestros recursos naturales es una responsabilidad ética muy importante, que va acoplada al desarrollo económico.

Para producir un kilo de maíz se requieren 900 litros de agua; para producir un kilo de trigo, 1,350; para producir un litro de leche, 1,000 y para producir un kilo de carne de res se requieren 16,000 litros.1

El Día Mundial de Agua tiene su origen en la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra. La Asamblea General de dicha organización instituyó, a partir de 1993, el 22 de marzo como “Día Mundial del Agua”, para promover entre los países miembros actividades orientadas a fomentar la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo, el bienestar social y los ecosistemas de nuestro planeta, en el marco de las recomendaciones del capítulo sobre Agua Dulce del Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable, conocido como Agenda 21. Para la celebración de este año, la ONU ha declarado el lema “agua y energía”.

Es responsabilidad del ser humano, como se deriva de la Declaración de Río de 1992, promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Conforme cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

- En nuestro país, del subsuelo se extrae aproximadamente el 68.05% del agua producida, mientras que de las fuentes superficiales se obtiene el 31.95 por ciento.

- La disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá de 4,090 m3 por habitante por año en 2010 a 3,815 en 2030.

- Por precipitación, México recibe anualmente cerca de 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación; de esta cantidad, el 73.1% se evapora, transpira, el 22.1% se escurre por ríos y arroyos y el 4.8% se infiltra al subsuelo.

- En 2010, de un total de 2,457 municipios en nuestro país, el 98% (2,410) contaban con servicio de agua potable.2

El cuidado del líquido vital representa beneficios múltiples para la micro y la macroeconomía: beneficios en la economía doméstica al reducir gasto, se garantiza el suministro futuro, cuidamos la vida al usar racionalmente el recurso más importante del mundo, contribuimos en la consecución del bienestar de un mayor número de personas. Sin duda, el cuidado del medio ambiente es una buena inversión.

El agua es elemento fundamental para lograr un desarrollo sostenible. Tiene un valor social, económico y medio ambiental. Su gestión debe ser en un marco integral. Tecnología, educación, investigación, derecho, economía y políticas públicas a favor de su protección, su mejor aprovechamiento y la más eficiente gestión.

- Para el año 2030, un tercio de la población mundial estará viviendo en cuencas fluviales que tendrán que enfrentar un significativo recorte de agua.

- Cada 21 años se duplica la población mundial y el volumen de agua es el mismo.

- El desarrollo económico depende en última instancia de la disponibilidad de agua. La creciente escasez, las sequías cada vez más prolongadas y el aumento constante de las necesidades humanas y económicas han producido conflictos por el control y empleo del agua.3

- En algunas regiones hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en el año 2030 niveles cercanos o incluso inferiores a los 1,000 m3 por habitante por año, lo que se califica como una condición de escasez grave.4

Es impensable un ecosistema sin la existencia del vital líquido. Todos nosotros compartimos la responsabilidad de proteger los entornos comunes que rodean a los ríos y las masas de agua asociadas a ellos.5

Debe ser inclusivo el enfoque de cooperación en materia de agua. Coincidimos por completo con las declaraciones del Departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas al mencionar lo siguiente:

“Los temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos deben abordarse a nivel local y nacional así como desde el nivel regional e internacional más adecuado. Debería involucrarse a todas las partes implicadas, incluidos el gobierno, las organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad civil y la académica, poniendo especial atención a los medios de vida de la población más desfavorecida y vulnerable. Las decisiones sobre la gestión del agua deben ser compatibles con las políticas de otros países y viceversa. Las decisiones sociales, políticas y económicas deben tomarse buscando un equilibrio y una distribución justa de los recursos naturales y, al mismo tiempo, teniendo siempre en cuenta los límites biofísicos del medio ambiente.”

Debemos valorar mejor el consumo del agua y fomentar su uso racional. Es preciso que aprovechemos este recurso escaso mediante un mejor control de la demanda, fomento de usos más eficientes, así como el uso de técnicas de uso alterno.

Los recursos hídricos imperativamente deben ser considerados en las políticas sectoriales, en particular los sectores del agua potable, saneamiento, salud, energía, agricultura y pesca, transporte fluvial, protección contra el riesgo y conservación de la biodiversidad. Hacerlo así, contribuirá al desarrollo sostenible y a la lucha contra la pobreza.

Ha sido en esta LXII Legislatura, donde el Partido Verde ha impulsado acciones contundentes al impulsar la reforma al artículo cuarto constitucional para incluir el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y aceptable. Estamos comprometidos en continuar con los esfuerzos.

Somos una sola comunidad con un destino en común. Debemos pugnar por una sociedad global fundada en el respeto a la naturaleza y los derechos humanos, para lograr una cultura de paz.

Con motivo del día internacional del Agua, confirmemos todos nuestro compromiso, declaremos y activemos día a día nuestra responsabilidad de conservar nuestros recursos naturales y su aprovechamiento sustentable.

Adaptemos hábitos de producción, uso y consumo que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Es necesario aprovechar nuestros recursos sin exceder las posibilidades de regeneración, lograr el equilibrio entre desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos.

El agua es de todos, la responsabilidad de cuidarla también.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinte días del mes de marzo de 2014

Sen. Ninfa Salinas Sada”.






De la Senadora Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

“efeméride del Grupo Parlamentario
del PRI con motivo DEL
DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION RACIAL.

Con su permiso senador Presidente,
Compañeras y compañeros legisladores

En la Sexagésima Segunda Legislatura, del Senado de la Republica, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 1966 y el cual se celebra el 21 de marzo de cada año.

Se eligió esta fecha como homenaje a las víctimas de la masacre de Sharpeville, Sudáfrica ocurrida el 21 de marzo de 1960, donde elementos policiacos privaron de la vida a 69 manifestantes que se oponían a la “ley de pases”, la cual pretendía limitar a los ciudadanos de color el acceso a lugares exclusivos para blancos.

Este día se exhorta a la comunidad internacional a establecer acciones y sumar esfuerzos para combatir la discriminación racial. Asimismo, cada año se elige un tema central, siendo para 2014 “El papel de los dirigentes en la lucha contra el racismo y la discriminación racial”.

Según Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, discriminación racial es: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.”

Sin duda, la presencia de la discriminación racial deja de manifiesto involución social, injusticia, intolerancia y carencia total de valores, asimismo, se traduce en sufrimientos y conflictos que destruyen la libertad e igualdad, de ahí lo urgente de erradicar el racismo, estigmatización y prejuicios, como individuos.

En este sentido, vemos con profunda tristeza que a pesar de los múltiples esfuerzos a nivel nacional e internacional en el pleno reconocimiento de los Derechos Humanos, la discriminación racial continúa siendo una cruel realidad que lacera profundamente a las sociedades del mundo.

En relación al combate a la discriminación racial, en el ámbito nacional, tenemos como principales instrumentos jurídicos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, mientras que en el ámbito internacional, entre otros, tenemos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

Hoy, es oportuno reflexionar sobre la presencia de la discriminación en México, fenómeno que a través del tiempo ha dañado a las sociedades del mundo, inhibido el óptimo desarrollo de las personas y representa el desprecio por los derechos humanos.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México –ENADIS-, la mitad de la población afirma que a las personas se les insulta por su color de piel, 1 de cada 4 no está dispuesta a que en su hogar vivan personas de otras razas, 4 de cada 10 opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su tono de piel.

Peor aún, 1 de cada 10 personas justifica que se insulte a alguien en la calle por su color de piel y 3 de cada 10 mexicanos piensan que no se respetan nada los derechos de las personas de otra raza.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto la necesidad de impulsar acciones que permitan, por un lado, garantizar el respeto de los derechos humanos, y por el otro, que entre la población mexicana exista empatía con las demás personas.

Compañeras y compañeros legisladores

Históricamente la presencia de discriminación racial en las sociedades del mundo, incluida la mexicana, ha derivado en esclavitud, invasiones, guerras, homicidios, xenofobia, injusticias y arbitrariedades. 

Si bien, paulatinamente hemos conseguido grandes avances en la erradicación de la discriminación de todo tipo, incluida la racial, lo cierto es que aún tenemos grandes retos por delante. 

En el marco de tan magna conmemoración, hacemos el llamado para que desde el Senado de la República continuemos impulsando acciones que permitan erradicar la discriminación racial, seamos garantes de la dignidad de todas las personas.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto senador Presidente”.






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

“DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION RACIAL
21 DE MARZO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.

La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia pueden adoptar diversas formas: desde la negación de los principios básicos de igualdad de las personas hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar comunidades. La lucha contra el racismo es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional y es el centro de la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición de la discriminación racial ha quedado consagrada en todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los Estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar la discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también a los Estados que adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial.

El mundo ha cambiado desde entonces, pero millones de personas aún siguen luchando cada día contra la injusticia del racismo y la discriminación. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, además de ser el momento de honrar la memoria de aquellos a quienes se arrebató la vida en Sharpeville, brinda a todos la oportunidad de aunar esfuerzos para combatir el racismo.

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Debemos trabajar sin descanso por la comprensión de la diversidad humana y cultural propiciando la convivencia fraterna y la justicia social, como pilares para la construcción permanente de la paz.

Jueves 20 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del PVEM, con motivo del Día Internacional de los Bosques.

“DIA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
21 DE MARZO

La existencia de la humanidad es una aventura incierta, su bienestar depende del cuidado que brindemos a nuestros recursos naturales.

El “Día Internacional de los Bosques” tiene lugar cada 21 de marzo, su conmemoración es un recordatorio global para continuar y reforzar las medidas de cuidado y protección a los diversos tipos de bosques.

Los bosques son elemento fundamental que conforma el medio ambiente. Como recurso natural, comparte la característica de ser agotable. Es nuestra responsabilidad, como seres racionales, emplear las medidas necesarias para procurar la conservación y desarrollo de nuestros recursos forestales. Es nuestra tarea lograr un desarrollo económico sustentable, también, en la materia forestal.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

- México cuenta con alrededor del 70% de vegetación forestal, entre la que se encuentra 30 mil especies vegetales -algunas de ellas propias del territorio nacional- comprendidas en matorrales xerófilos, bosques, selvas, pastizales y vegetaciones acuáticas.

- La ubicación geográfica, los diferentes relieves, tipos de clima de México y diversidad en sus ecosistemas, ubican a nuestro país, dentro de los 5 países con mayor diversidad biológica a nivel mundial. 1

- En 2012, México reportó una superficie reforestada de 375 mil hectáreas 2 considerada como la cifra más alta en los últimos 20 años, destacando las entidades de San Luis Potosí, Coahuila de Zaragoza, Veracruz de Ignacio de la Llave, Zacatecas y Chiapas con áreas superiores a las 24 mil hectáreas.3

En el ámbito forestal, se confirma nuevamente que la economía y el crecimiento económico son conceptos relacionados y que pueden motivarse de manera mutua y positiva, por ejemplo:

- El 31 % de la superficie terrestre está cubierta por bosques.

- Cada año se producen medicamentos a base de plantas existentes sólo en bosques tropicales, con un valor superior a los 120 mil millones de pesos.4

- Para el 2013 se consideró que 1,600 millones de personas en el mundo dependen directamente de los bosques para subsistir.5

- Estimativamente, el sector forestal representa una fuente de empleo oficial a 10 millones de personas y empleo informal a otros 30 a 50 millones de personas en los países en desarrollo.

- La madera produce el 10% de la energía generada en el mundo.

- 50% de la producción anual de papel es reciclado ya que se consumen 400 millones de toneladas al año.6

No obstante, y a pesar de estas cifras tan positivas, el INEGI estima que cada año México pierde entre el 5 y el 7% de riqueza como resultado de la pérdida de capital natural. La degradación del medio ambiente impacta directamente en múltiples sectores de la vida humana: económico, social, laboral.

Los riesgos son manifiestos:

- En 2013 se registró un total de 10,391 incendios forestales en México, mismos que abarcaron más de 413,500 hectáreas. 7

- Por deforestación, cada año en el mundo se pierde más de 5 millones de hectáreas de bosques, el equivalente a perder, al área de un campo de futbol, por segundo.

- A nivel mundial se estima que cada año se pierde el 0.11% de superficie boscosa.

Es evidente que las cantidades son alarmantes.

Reiteradas son las veces en que se repite que estamos en un momento importante, un momento crítico en la historia. Repetirla no es trillado, si hoy no cuidamos nuestros recursos naturales, el panorama se agravará. La humanidad tiene la magnífica capacidad de elegir. Ayer, hoy y mañana estamos en esa posibilidad, pero la decisión de cuidar nuestro medio ambiente, debe ser inmediata y constante.

Las problemáticas actuales y los retos venideros deben ser enfrentados de manera integral. Tecnología, derecho, economía e investigación, adecuadamente enfocados a favor y en protección del medio ambiente, pueden dar excelentes resultados.

Los bosques son fuente de vida, de medicinas, alimentos, materias primas y empleo. Proveedores de oxigeno, necesarios para la conservación de los suelos y las aguas, generadores de valores estéticos, éticos, culturales e incluso religiosos. Son por tanto, elementos indispensables para la vida.

Nuestro futuro representa riesgos, pero también grandes promesas. En el marco del Día Internacional de los Bosques, refrendemos nuestro compromiso. Elijamos hoy, optemos por un futuro mejor, decidamos hoy cuidar nuestros bosques.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veinte días del mes de marzo de 2014

Sen. Ninfa Salinas Sada”.

1 INEGI. Estadísticas. Día Internacional del Bosque. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/forestal0.pdf. Consulta realizada el 18 de marzo, 2014.

2 Un total de 375,705.8 ha.

3 SEMARNAT. Temas. Estadísticas Ambientales. Base de datos Estadísticos. Consulta temática. Recursos forestales, 2013. www.semarnat.gob.mx. Consulta realizada el 17 de marzo, 2014.

4 108 mil millones de dólares.

5 FAO. Los bosques y el uso de la tierra. Infografía. Disponible en: http://www.fao.org/economic/es-home/infographics/infographic-es/es/#.UmbgYuiI670. Consulta realizada el 15 de marzo de 2014.

6 INEGI. Estadísticas. Día Internacional del Bosque. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/forestal0.pdf. Consulta realizada el 18 de marzo, 2014.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo martes 25 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:10 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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