Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 25 de marzo de 2017
    
    

Última actualización: Marzo 2017
Última revisión: Marzo 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 30

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 21 de Noviembre de 2013

SUMARIO                                              


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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS; DE LA LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY DE VIVIENDA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE POBLACION; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

(Dictamen de primera lectura)

- Se da cuenta el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda.









PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS; DE LA LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY DE VIVIENDA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE POBLACION; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

(Dictamen de segunda lectura)

- Se dispensa la segunda lectura y se aprueba el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda. Interviene al respecto el C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Se remite a la Cámara de Diputados.



















 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:10 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- La C. Secretaria Lilia Guadalupe Merodio Reza: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 82 ciudadanos Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se abre la sesión del jueves 21 de noviembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, alas doce horas con diecisiete minutos del día miércoles veinte de noviembre de dos miltrece, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del catorce de noviembre de dos mil trece.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión de Ciencia y Tecnología, su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio, su Programa de Trabajo Anual y su proyecto de calendario, para el Segundo Año de Ejercicio, todo, de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió un oficio suscrito por losSenadores: Enrique Burgos García, Presidentede la Comisión de Puntos Constitucionales; Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; y Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con el que remiten fe de erratas a la parte expositiva del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, al cualse dio primera lectura el 14 de noviembre delaño en curso.- Quedó de enterado, la Presidencia informó de su trámite al momento de ser puestoa consideración de la Asamblea el dictamen correspondiente.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación,162 hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares.- Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 107 hojas de servicios para ratificación de diversos grados navales.- Se turnó a la Comisión de Marina.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación,similar de la Secretaría de Turismo, con elInforme Final de la Evaluación de Consistenciay Resultados del Programa E005 "Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica", así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional.- Se remitió a la Comisión de Turismo.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar discriminación, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyectode Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General delos Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 22 y25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente del proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo, devuelto desechado, para los efectos de la fracciónd) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa la modificación en la integración delos diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Los grupos parlamentarios emitieron pronunciamiento para referirse a la conmemoración del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.- Intervinieron los senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; Martha Palafox Gutiérrez del PT; Dolores Padierna Luna del PRD; Francisco Domínguez Servién del PAN; e Ismael Hernández Deras del PRI.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

(Iniciativas)

El Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez Garcíay Mely Romero Celis, del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 14, recorriéndose todas las subsecuentes de la Ley General de Educación y adiciona una fracción XVIII al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Pablo Escudero Morales,Laura Angélica Rojas Hernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández y Francisco Salvador López Brito, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre propio y de los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conaval de grupo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, delgrupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción xii del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

La Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para eliminar el cobro de larga distancia en la telefonía.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de diversos Senadores de la República, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 88 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen delas Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma elúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 80 votos en pro. Se devolvió ala Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrerode mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dosmil once.- Con dispensa de segunda lectura ysin discusión, fue aprobado por 85 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen de las Comisiones Unidas dePuntos Constitucionales, de Anticorrupción yParticipación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionandiversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.- La Presidencia de la Mesa Directiva informó a la Asamblea de la fe de erratas entregada por las comisiones dictaminadoras; en votación económica, se autorizó incorporar las modificaciones al dictamen.

Para presentar el dictamen, intervinieron los senadores: Enrique Burgos García, por la Comisión de Puntos Constitucionales, quien presentó, una propuesta de modificación al artículo 105 del proyecto; Pablo Escudero Morales, por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; y Raúl Gracia Guzmán, por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. La Asamblea aprobó la propuesta presentada por el Senador Enrique Burgos al artículo 105, la cual se incorporó al texto del dictamen.

Para los posicionamientos de los grupos parlamentarios hicieron uso de la palabra los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT, Luis Armando Melgar Bravo del PVEM, Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; Fernando Torres Graciano del PAN; y Arely Gómez González del PRI.

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: David Monreal Ávila del PT, en contra; Mónica Arriola Gordillo, en pro; Zoé Robledo Aburto del PRD, en pro; María del Pilar Ortega Martínez del PAN, en pro; Javier Corral Jurado, para razonar voto; y Roberto Gil Zuarth del PAN, en pro.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó de la reserva al artículo 6°, por parte del Senador David Monreal Ávila.

El proyecto de Decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados por 90 votos en pro y 6 en contra.

La Presidencia de la Mesa Directiva informó que el Senador David Monreal Avila retiró sus reservas al artículo 6°, el artículo fue aprobado en los términos del dictamen por 87 votos en pro y 6 en contra.

Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6°, 73, 76, 89, 105, 108,110, 111, 116 y 122 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

La Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras remitieron un Acuerdo con relación a esta reforma constitucional, que autoriza a la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el apartado e) del artículo 72 constitucional, remitir a las legislaturas de los estados el proyecto de Decreto sólo con los artículos aprobados por ambas cámaras, el cual fue aprobado por la Asamblea, se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de adición de un segundo párrafo al artículo 20 BIS 6de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de Decreto que reformaba diversos artículos de la Ley Generalde Salud, en materia de anticonceptivos.- Fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

 

Se recibieron cuatro dictámenes de la Comisiónde Marina, por los que se ratifican 107 grados navales.- La Asamblea autorizó su incorporaciónal orden del día de la sesión para su trámite correspondiente. Sin discusión fueron aprobados por 82 votos en pro y 1 abstención.

 

Se recibieron doce dictámenes de la Comisiónde Defensa Nacional, por los que se ratifican162 grados militares.- La Asamblea autorizó su incorporación al orden del día de la sesión para su trámite correspondiente. Sin discusión fueron aprobados por 77 votos en pro y 1 abstención.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Medio Ambientey Recursos Naturales, con punto de Acuerdoque exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un informe sobre las acciones a implementar en las ciudades con más de 500 mil habitantes, dirigidas a mejorar y sistematizar el monitoreo de la calidad del aire.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea cuatro dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un estudio sobre la posibilidad de establecer un conjunto de plantas desalinizadoras en el estado de Sonora.

2) Que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Coahuila a informar sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, durante el período 2010 a la fecha.

3) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de eliminar la sanción administrativa a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur.

4) Que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a iniciar los trabajos necesarios a efecto de llevar a cabo la consulta sobre el libre uso del agua; así como la revisión y eventual modificación del Decreto de Veda del Acuífero de Valles Centrales" ordenado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Sin discusión, fueron aprobados los cuatro dictámenes en votación económica.

 

Se sometieron a consideración dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar el porcentaje de los recursos del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario.

2) Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe los resultados y alcances obtenidos en la aplicación del Programa de Apoyos Directos al Campo en el estado de Zacatecas.

Sin discusión, fueron aprobados los dos dictámenes en votación económica.

(Proposiciones)

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con puntode Acuerdo que exhorta a la Secretaría dela Función Pública a realizar una auditoríarespecto de los contratos otorgados por laComisión Federal de Electricidad a las empresas “Repsol Comercializadora de Gas”, “Terminal kms de gnl s. de r.l. de c.v”, “MitInvestmen Manzanillo b. v.”, “Kogamez Investmen Manzanillo b.v.” y “Sam Investem Manzanillo b.v.”, con la finalidad de conocer su estatus jurídico y la legalidad de las mismas.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienday Crédito Público a realizar las acciones correspondientes a fin de que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa agropecuaria mexicana.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

Del Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economíaa rendir un informe acerca de las medidas regulatorias que se están implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaríade Economía a incentivar el fortalecimientodel programa Prosoft 2.0 para ser detonante delas distintas regiones en el país.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruíz y Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhortaal titular de la Secretaría de Comunicacionesy Transportes a incluir tecnología de punta y materiales de alto desempeño para la fabricación de señalamiento vertical y horizontal, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios de las autopistas y carreteras del país.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación a reforzar la presencia el Ejército, la Marina Armada de México, la Policía Federal -división caminos- en las carreteras del estado de Nuevo León, así como las de libre peaje y de cuota Monterrey-Reynosa y Monterrey-Nuevo Laredo con el objetivo de salvaguardar y mantener a la baja los delitos.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a investigar la información sobre una presunta convocatoria de un grupo de estudiantes a participar en un “juego” de cacería de indocumentados en la Universidad de Texas, en Austin.- Se turnó ala Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhortaal Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del Partidode la Revolución Democrática, con punto deAcuerdo solicita a la Secretarías de Comunicacionesy Transportes, de Gobernación y a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación detallada sobre los hechos ocurridos en México enfocado a aclarar el por qué no se revisó a cabalidad la aeronave con matrícula XB-MGM, así como a la tripulación de la misma.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, partiendo desus valores y principios de política exterior, y congruente con la posición de hermanamiento del Estado Mexicano con los países de América Latina y el Caribe, expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos con la República de Cuba.- Se turnóa la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador René Juárez Cisneros, delgrupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a firmar un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a fin de aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios temáticos y geográficos.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo para expresar congratulación respecto de la nueva elección de los Estados Unidos Mexicanos como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo respecto a la violencia sufrida por niñas y niños en sus hogares.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo en relacióncon el cáncer de mama.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguiente iniciativa:

 

De los Senadores Ernesto Gándara Camou, Daniel Amador Gaxiola, Jesús Casillas Romero, Graciela Ortiz González, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Benjamín Robles Montoya y Marcela Torres Peimbert, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de becas universitarias garantizadas para estudiantes destacados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

(Excitativas)

Los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron excitativa con relación al proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climáticoy aplicación de aranceles verdes.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió excitativa con relación al proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Efemérides)

El Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con relación a la fecha en que la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con doce minutos y citó a la siguiente el jueves veintiuno de noviembre a las once horas".

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.




 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió de la Cámara de Diputados, una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de fomento de valores.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 59, 62, 63 y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el Artículo Cuarto Transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 14 de diciembre de 2011.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Asimismo, la Cámara de Diputados, remite una minuta con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Igualmente, la Cámara de Diputados, remite un Acuerdo por el que se designa a la delegación de Diputados que participarán en la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en la ciudad de México, los días 21 y 22 de noviembre de 2013.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO. D.G.P.L 62-II-8-2691

C. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se designa a la Delegación de Diputadas y Diputados que participará en la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en la Ciudad de México, los días 21 y 22 de noviembre del 2013.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D. F., a 20 de noviembre de 2013.

Dip. José González Morfín
Vicepresidente”.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En virtud de encontrarse publicado en la Gaceta de hoy, dé lectura la Secretaría al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: (Leyendo)



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.





 

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y del Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 28, PARRAFO CUARTO, 73, FRACCION XXIX, NUMERAL 2 Y 116, FRACCION II, PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y del C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente; apreciables Senadoras y Senadores:

Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa a nombre propio y de mi compañero, el Senador Oscar Rosas González, la cual pretende dotar de facultades potestativas a las legislaturas de los estados, en materia de aprovechamiento y explotación de hidrocarburos.

Esta iniciativa forma parte de un compromiso con el estado de Campeche, el mayor productor de crudo en el país.

La potestad tributaria a la que se alude consiste en la modificación de los preceptos constitucionales que propone esta iniciativa, con la finalidad de que los estados puedan imponer contribuciones locales, sobre el aprovechamiento y explotación del petróleo, y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, siempre que estas actividades se ejecuten dentro de su extensión territorial, en su costa o en el mar territorial adyacente al litoral de éstos.

La iniciativa de Decreto que se propone pretende contar con un federalismo fiscal con mayor responsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno, dotando a las entidades federativas de una  nueva potestad tributaria, a fin de que cuenten con instrumentos fiscales que les permitan incrementar los ingresos propios y así satisfacer sus necesidades de gasto.

Y es que entidades federativas, como mi estado, Campeche, al no contar con facultades para imponer contribuciones locales a la explotación petrolera, se han tenido que conformar con recibir vía participaciones federales, una parte de estos recursos, que a la fecha representan el .6% del derecho ordinario sobre hidrocarburos, situación que se traduce en una inequidad tributaria.

La Constitución de cualquier Estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la satisfacción de las condiciones mínimas de vida y en el fomento de actividades realizadas por los sectores público, privado y social, orientados al desarrollo de las personas que integran la comunidad que conforma el Estado.

En la actualidad, los estados y sus municipios son los principales responsables de proveer los servicios necesarios para el desarrollo de la población.

A nivel internacional, hay ejemplos de países donde los estados petroleros se les destinan recursos para cumplir con sus obligaciones de servicios en educación, salud, medio ambiente, infraestructura y seguridad, al grado que existe un potencial de contratación de deuda pública para cumplir de mejor manera con dichas responsabilidades.
En ese tenor, para que esos servicios básicos se puedan ofrecer con calidad en México, es necesario hacerse de mayores ingresos, siendo el impuesto que se propone, un elemento que puede contribuir a ello sustancialmente.

Con base en lo antes expuesto, y debido a que los estados del país sufren consecuencias graves en su entorno económico, político y social, y que la Federación no cuenta con mecanismos eficaces que permitan resarcir de manera especial a aquellas entidades en donde se realiza la explotación intensa de algún recurso natural, nos permitimos presentar, para su estudio y análisis, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se modifica el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión; en el caso del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, las entidades federativas podrán establecer contribuciones locales sobre el aprovechamiento y explotación de hidrocarburos, siempre que estas actividades se ejecuten dentro de su extensión territorial, en su costa o en su mar territorial adyacente al litoral de éstas.

Artículo Segundo.- Se modifica el artículo 73, fracción XXIX, numeral 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX. Para establecer contribuciones:

2. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo cinco del artículo 27; de manera concurrente con las entidades federativas, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo cuatro del artículo 27 constitucional.

Artículo Tercero.- Se modifica el artículo 116, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del Presupuesto de Egresos correspondiente, así como establecer contribuciones locales sobre el aprovechamiento y la explotación de hidrocarburos, siempre que éstas actividades se ejecuten dentro de la extensión territorial o en el mar territorial adyacente al litoral de éstas, para lo cual aplicarán una tasa que en ningún caso será superior al 3% del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos durante el año.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Raúl Aarón Pozos Lanz y Oscar Román Rosas González, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, 4, y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 28, párrafo cuarto, 73, fracción XXIX, numeral 2 y 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como propósito contribuir al mejoramiento del esquema de recaudación en las entidades federativas, dotándolas con una nueva potestad tributaria a fin de que cuenten con instrumentos fiscales que les permitan incrementar los ingresos propios y así satisfacer sus necesidades de gasto.

La potestad tributaria a la que se alude consiste en la modificación de los preceptos constitucionales citados al rubro, con la finalidad de que las entidades federativas, de manera concurrente con la Federación, puedan legislar sobre contribuciones relativas al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo 4 del artículo 27 Constitucional; es decir, que los estados puedan imponer contribuciones locales sobre el aprovechamiento y explotación del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, siempre que estas actividades se ejecuten dentro de su extensión territorial, en su costa o en el mar territorial adyacente al litoral de éstos.

Es importante destacar la evolución que con el paso de los años se ha dado respecto al federalismo fiscal, ya que las relaciones fiscales entre jurisdicciones representan uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se edifican las instituciones federales en cada nación. Al efecto, Amabilia Terrazas considera que el federalismo fiscal garantiza una mayor equidad en el tratamiento fiscal de transferencias, los subsidios y las participaciones, con objeto de equilibrar las limitaciones de los gobiernos locales, de aprovechar las ventajas de esos gobiernos y de que ciertos servicios y bienes públicos estén presentes sin importar la capacidad de pago de las regiones. De ahí la importancia de que el conjunto federado colabore tanto en la conformación como en la participación de recursos del Estado.

En una primera etapa el federalismo fiscal tuvo diversas transformaciones, desde la aprobación de la Constitución de 1917 y a lo largo del siglo pasado con las Convenciones Nacionales Federales de 1925, 1933 y 1947, observándose una creciente centralización de recaudación en la Federación.

En 1953, México inicia un sistema legal de ingresos compartidos. Su objetivo era atraer al resto de los estados que aún no se unían al esquema de coordinación, con lo cual se consiguió incorporar a 7 entidades más, de esta forma los estados y municipios inician la dependencia financiera de los recursos federales, condicionados con frecuencia en atención a la agenda política nacional. Posteriormente, al aprobarse en 1972 el incremento el impuesto a las ventas (que se compartía con los estados) en uno por ciento, permitió que el resto de las entidades se coordinaran.

En 1980 inició el llamado periodo de “consolidación” con la expedición de una nueva Ley de Coordinación Fiscal (SNCF). Este último fue creado como un mecanismo institucional para proteger a los ciudadanos de la doble tributación y reducir los costos de administración fiscal. Desde este año, entidades y gobiernos locales han gozado del derecho de recibir ciertos porcentajes de los ingresos federales a cambio de abstenerse de tributar en ciertas áreas. Además, surgió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se derogaron 18 impuestos federales y 458 estatales, a cambio de transferencias de más recursos a los estados.

Con la creación del Sistema de Coordinación Fiscal y la introducción del Impuesto al Valor Agregado, el pacto fiscal transfirió al Gobierno Federal gran parte de las potestades tributarias de las Entidades Federativas. Este periodo termina en la década de los noventa, cuando la federación asumió la administración del IVA, con lo que la concentración de la recaudación en el orden federal alcanzó su máximo histórico.
En 1990 se promulgaron nuevas modificaciones fiscales como parte de las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Carlos Salinas de Gortari. La reforma aumentó la transparencia del SNCF e introdujo elementos compensatorios dentro de la fórmula de reparto de fondos para favorecer a los estados que recibieron menos transferencias durante los ochentas. La nueva fórmula de reparto contiene tres criterios para calcular los montos transferidos: (1) la población con un 45%; (2) la recolección de ciertos impuestos federales con un 45%; y (3) un criterio compensatorio con el restante 10%.

La legislación fiscal fue reformada en Diciembre 15 de 1995. La reforma introdujo dos cambios fundamentales: Primero, los montos de los fondos fueron aumentados, de un 18.1% de los ingresos federales tributarios, contemplados desde 1990, a un 20%. Y, segundo, otorgaron nuevas oportunidades a los estados para tener impuestos e ingresos propios, a través de una serie de medidas como el ingreso de los impuestos a los automóviles o el agregar sobre tasas a ciertos impuestos federales (de ocupación hotelera y tenencia vehicular a partir de 1997).

La última etapa es la conocida como de la “descentralización” fiscal. Al darse la alternancia en el poder (2000), fue palpable el otorgamiento y/o devolución a las entidades federativas de mayores facultades fiscales; por una parte, para fomentar la recaudación local que constituía un añejo reclamo de los estados; y por otra, ante una renovada vocación federalista.

El proceso comenzó con el traslado de facultades fiscalizadoras sobre el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos); posterior a ello, de las zonas federales marítimas; y más recientemente,  –a raíz de la reforma hacendaria de 2007–, de la tenencia y el nuevo impuesto a las gasolinas y el diesel.

En forma paralela, se incrementaron las aportaciones y transferencias a los estados por parte del gobierno central, las que formalmente quedaron establecidas desde el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998. Entre ellas, pueden destacarse los diversos fondos que proveen de importantes recursos a los estados y municipios en materia de educación (FAEB y FAETA), salud (FASSA) y seguridad pública (FASP), entre otros.6

Empero, el crecimiento notable de los recursos federales ha tenido un efecto tributario pernicioso: los “ingresos propios” de los estados, que en 1997 representaban casi una quinta parte de sus ingresos, en 2007representaron apenas el 14.2 por ciento. Si se excluye el caso excepcional del Distrito Federal, entonces los porcentajes son aún más alarmantes: 11 por ciento de los ingresos totales en 1997 y 9.5 por ciento en 2007.

La iniciativa de Decreto que se propone pretende contar con un federalismo fiscal con mayor responsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno, dotando a las Entidades Federativas de una nueva potestad tributaria, a fin de que cuenten con instrumentos fiscales que les permitan incrementar los ingresos propios y así satisfacer sus necesidades de gasto.

La Constitución de cualquier Estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la satisfacción de las condiciones mínimas de vida y en el fomento de actividades realizadas por los sectores público, privado y social, orientadas al desarrollo de las personas que integran la comunidad que conforma al Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 31, fracción IV, establece como una de las obligaciones de los mexicanos la de “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

El término “contribución” es una expresión genérica que engloba a todo ingreso que auxilia a sufragar los gastos del estado; incluyendo toda aportación económica que se realiza a favor del Estado para que éste pueda realizar sus atribuciones, como lo es la prestación de servicios públicos en beneficio de la comunidad a cargo de los órganos estatales, entre otras. Así las contribuciones ciertamente son la principal fuente de ingresos de un Estado moderno.

En la actualidad, los estados y sus municipios son los principales responsables de proveer cada vez más los servicios básicos necesarios para el desarrollo de la población. La educación, los servicios de salud y la seguridad pública son su obligación y la tendencia es hacia una mayor descentralización.

En ese tenor, para que esos servicios básicos se puedan ofrecer con calidad, es necesario hacerse de mayores ingresos, siendo el impuesto que se propone un elemento que puede contribuir a ello substancialmente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha considerado que los factores que han dado lugar a la disminución de los ingresos estatales y el incremento de los recursos de origen federal son, entre otros, las mayores responsabilidades y funciones a cargo de los estados, por ejemplo, en materia de educación, la creación del Ramo 33,y particularmente, la falta de aprovechamiento por parte de algunas entidades de sus potestades tributarias.

Incluso en el Distrito Federal se advierte un fenómeno similar: mientras en 1997 los ingresos propios representaban 52 por ciento de sus ingresos totales, para 2007 bajaron a 43%. Esto muestra que incluso en la entidad con mayores ingresos propios se ha producido una inversión entre el porcentaje que representan los ingresos locales y aquel que corresponde a las transferencias federales.

En los municipios se aprecia la misma tendencia, pues sus “ingresos propios” han disminuido a medida que se han incrementado las participaciones y aportaciones federales. Cabe recordar que un mínimo de 20% de las participaciones que reciben los estados se transfieren por mandato legal a los municipios e incluso, en algunos casos, se transfiere un porcentaje mayor, pues se trata de “gasto etiquetado” para servicios, lo que explica que las aportaciones se hayan convertido en el segundo componente más importante de los ingresos locales.

Lo más alarmante es que del total de recursos erogado por los estados y municipios, tan sólo 10.9% es recaudado por ellos mismos. Las únicas entidades federativas que se encuentran por arriba de esta media son Colima, Baja California, Campeche, México, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua y el Distrito Federal (los últimos dos por encima de 20 por ciento).

Aunado a lo anterior, es importante también considerar las afectaciones e impactos ambientales, sociales y económicos que sufren los estados y que se generan por el aprovechamiento y la extracción del petróleo y los hidrocarburos dentro de la extensión territorial de estas entidades federativas.

La producción de hidrocarburos en México ha alcanzado niveles de explotación sostenida desde 1980; lo que se debe a las ventajas del empleo de nuevas tecnologías, la aplicación de mayores recursos y la creación de una gran infraestructura; sin embargo, la participación de los gobiernos estatales resulta restringida. De ahí que sea necesario equilibrar los recursos que se obtienen de la actividad petrolera en forma nacional por las necesidades y obligaciones que deben atender los estados y municipios.

En la actualidad esta relación se da en términos de colonización de los estados por la Federación; se extraen los recursos naturales, pero se limita su desarrollo, como si el interés fuera sacar los recursos en beneficio del presupuesto Federal, pero dejando al estado en el subdesarrollo.

Como se sabe, el desarrollo tiene que ver con el bienestar de las personas y esto incluye necesariamente la calidad ambiental, entendida ésta como la continuidad de la sobrevivencia con una tolerable calidad de vida.
La calidad ambiental y ecológica es parte de una visión ampliada del desarrollo, principalmente porque su deterioro afecta negativamente el bienestar de las personas y reduce su calidad de vida, de ahí que ambiente y desarrollo sean inseparables.

Hay quienes afirman que la esencia de la sustentabilidad debería estar en la redistribución y no en el crecimiento, lo que presupone que la equidad es requisito fundamental del desarrollo sustentable, destacando que no debe ser únicamente el futuro, sino también el presente.

El crecimiento de regiones y ciudades se ha dado a expensas del medio en general y de la depredación de los recursos naturales, lo que difícilmente se puede definir como desarrollo, razón por la que se deben distribuir intergeneracionalmente los recursos, los costos y los beneficios del desarrollo, por la interdependencia de los componentes. Entre ellos, las disyuntivas sobre el tratamiento de los bienes públicos, las políticas públicas de todo tipo, los derechos y las responsabilidades de cada orden de gobierno, son aspectos que forzosamente se deben tratar y considerar de manera integral.

Las actuales formas y modos de explotación de los recursos naturales dominante en las regiones, son determinantes de los cambios sociales y ambientales que se tienen en la zona, con las que se pone en peligro los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los asentamientos humanos y las actividades productivas han propiciado una severa transformación de usos y costumbres en las zonas petroleras, situación que ha inducido a problemas de tipo ambiental y que han generado una polarización económica favoreciendo a sectores reducidos y marginando a gran parte de la población urbana y la rural.

El Golfo de México es un ejemplo de las interacciones del aire, agua y tierra, que hacen posible la vida en el planeta. Ninguno de los sistemas de alta diversidad biológica funciona de forma aislada, los ambientes marinos, litorales y costeros se encuentran interconectados por un mismo flujo de energía. Las corrientes caribeñas permiten el recambio de sus masas de agua, controlan sus temperaturas, su salinidad y regulan el clima creando las condiciones favorables para la proliferación de la vida desde sus ecosistemas templados y subtropicales hasta los arrecifes coralinos, pastos marinos, lagunas costeras, estuarios, ríos, pantanos y manglares. El Golfo, en su zona marina, alberga depósitos gigantescos de hidrocarburos y gas natural, pero además, su condición de cuenca semicerrada, sus depósitos sedimentarios con extensas y pobladas masas continentales, el dinamismo de sus corrientes y sus características climáticas lo convierten en centro generador de huracanes y ciclones tropicales, así como también altamente sensible a las perturbaciones humanas. El Golfo representa un recurso extremadamente valioso para los países y estados ribereños.

Para México representa una de las zonas más productivas por sus recursos económicos y costeros, sus cuencas hidrológicas abarcan más de dos tercios de la masa continental del territorio mexicano, las que vierten el 62 por ciento de la descarga fluvial del país, concentra el 70 por ciento de sus ríos, estuarios, lagunas costeras y pantanos, sus pesquerías de aguas profundas y litorales representan el 40 por ciento de la producción nacional y en los estados costeros vive 12 por ciento de la población nacional, por lo que al menos uno de cada cinco mexicanos dependen o dependerán directa o indirectamente de los recursos del golfo.

Con todo lo que representan los ecosistemas del Golfo de México, la explotación y la intensa actividad petrolera costa afuera, sobre todo la producción y transporte, las actividades portuarias, la refinación y petroquímica en litorales y planicies han ocasionado profundas tensiones ecológicas y sociales. Las áreas vitales como: dunas, estuarios, lagunas costeras, manglares arrecifes coralinos, la agricultura, la ganadería, los asentamientos humanos y el turismo no quedan a salvo de la explotación de los yacimientos petrolíferos.

Además del deterioro de las condiciones del medio ambiente y la ecología, están la secuela de problemas que afectan el tejido social de las zonas petroleras de los estados, lo que tiene su origen por los movimientos migratorios de personas que, motivadas por el espejismo del petróleo, se movilizan con la esperanza de encontrar acomodo en una fuente de empleo para subsistir; sin embargo, muchos, al no encontrarlo, se dedican a la realización de actividades que no requieren esfuerzo ni preparación, lo que ha traído, además de concentración en la población, la demanda inmediata de servicios públicos indispensables, como agua potable, recolección de desechos, seguridad pública, alumbrado público, calles pavimentadas y caminos, transporte urbano, viviendas, energía eléctrica, infraestructura urbana, educación, salud y espacios de esparcimiento y diversión.

Con base en lo antes expuesto, y visto que los estados del país sufren consecuencias graves en su entorno económico, político y social, y que la Federación no cuenta con un mecanismo que permita resarcir de manera especial a aquellas entidades en donde se realiza la explotación intensa de algún recurso natural, nos permitimos presentar, para su estudio y análisis, la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se modifica el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión; en el caso del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, las entidades federativas podrán establecer contribuciones locales sobre el aprovechamiento y la explotación de hidrocarburos, siempre que estas actividades se ejecuten dentro de su extensión territorial, en su costa o en el mar territorial adyacente al litoral de éstas. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.


….

I a XII

I a VII

Artículo Segundo.- Se modifica el artículo 73, fracción XXIX, numeral 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a la XXVIII…

XXIX. Para establecer contribuciones:

1°…

2°. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en               el párrafo 5 del artículo 27; de manera concurrente con la entidades federativas, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el párrafo 4 del artículo 27 Constitucional.
3° a 5°…

XXIX-B. al XXX. …

Artículo Tercero.- Se modifica el artículo 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116.-…

Fracción I. …

Fracción II. …

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente, así como establecer contribuciones locales sobre el aprovechamiento y la explotación de hidrocarburos, siempre que estas actividades se ejecuten dentro de la extensión territorial o en el mar territorial adyacente al litoral de éstas, para lo cual aplicarán una tasa que en ningún caso será superior al 3 por ciento del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos durante el año. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

III. a la VII. …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de noviembre de 2013.

Sen. Raúl A. Pozos Lanz.- Sen. Oscar R. Rosas González".

1 Estas reglas fueron formalizadas dentro de la Ley de Coordinación Fiscal promulgada en el “Diario Oficial de la Federación” en Diciembre 28, 1953.
2 La nueva Ley de Coordinación Fiscal fue publicada en el “Diario Oficial de la Federación” en Diciembre
de 1978, pero su validez inició en enero de 1980.
3 Ver: Diario Oficial de la Federación, México, Diciembre 15, 1995.
4 PROPUESTAS DEL ESTADO DE CAMPECHE A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, mayo 2004.
5 PROPUESTAS DEL ESTADO DE CAMPECHE A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, mayo 2004.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Pozos Lanz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Sonia Mendoza Díaz, a nombre propio y de los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 2 de enero del presente año.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 2 DE ENERO DE 2013

(Presentada por la C. Senadora Sonia Mendoza Díaz, a nombre propio y de los CC. Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Sonia Mendoza Díaz: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Para el Partido Acción Nacional, la conducción gubernamental en el ámbito de la legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos debe ser fundamental para dar certidumbre y confianza a la ciudadanía, en el adecuado ejercicio de la función pública sobre la base de un sistema eficaz de rendición de cuentas.

Es así, que se coincide en que la prevención, el combate y la sanción a los actos de corrupción, tiene que ver con decisiones estructurales a través de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, en la participación ciudadana, la observancia y eficacia de las leyes y la racionalidad de las sanciones.

En ese sentido, la presente iniciativa es congruente con lo que el Partido Acción Nacional ha venido enarbolando durante el quehacer gubernamental. En efecto, han sido los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional quienes impulsaron reformas trascendentales en el país, para dotar de transparencia el funcionamiento de la administración pública de cara a la ciudadanía, lograr el fortalecimiento de los esquemas de fiscalización, así como de contabilidad gubernamental en aras de obtener una mayor y mejor rendición de cuentas.

En el caso específico que nos ocupa, cabe señalar que con fecha 2 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otros aspectos establecía la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, hacia un órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, el cual asumiría las atribuciones que venía detentando la referida Secretaría en materia de prevención y combate a la corrupción.
En tal virtud se preveía en el tercer párrafo del Artículo Segundo Transitorio de la referida reforma, que en tanto se creara este nuevo órgano constitucional autónomo, la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del referido Decreto, partiendo de la óptica de que este nuevo órgano constitucional sería creado a la brevedad por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, mediante el correspondiente proceso constitucional y posteriormente a través de la expedición de la ley correspondiente.

Bajo este orden de ideas, el Partido Acción Nacional ha presentado diversas iniciativas en materia de combate a la corrupción que vienen abonar en la creación del órgano constitucional en materia de anticorrupción, particularmente el 4 de abril de 2013, fue presentada con el aval de su grupo parlamentario, de Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, la cual fue analizada cuidadosamente en mesas de trabajo por los expertos en el tema, incorporando valiosas propuestas y sugerencias vertidas por miembros de la sociedad civil, académicos y operadores, en el proceso de audiencias que se celebraron respecto de este tema en el Senado de la República.

Esta iniciativa viene a unirse a otras iniciativas en la materia presentadas por diversos grupos parlamentarios e inclusive por el propio Ejecutivo Federal, que plantean diversas concepciones en torno a este tema, sin embargo, lo preocupante es que a casi un año de dicha reforma, no se ha podido concretar una reforma constitucional que establezca de manera clara, precisa y eficaz, que las funciones de control y fiscalización de la función pública sean ejecutadas bajo un marco de mayor eficacia y eficiencia por órganos dotados de la fuerza institucional necesaria para acabar en México con el lacerante fenómeno de la corrupción.

Al respecto, se puede señalar que la situación de incertidumbre y falta de definición no sólo respecto de cuándo se creará el órgano constitucional autónomo anticorrupción, sino además de cuál será el alcance y el modelo de combate a la corrupción que se adopte, en virtud de la diversidad de propuestas legislativas, ha provocado de igual forma aspectos de incertidumbre e indefinición en la aplicación de las políticas públicas en materia de combate a la corrupción y desarrollo administrativo, toda vez que si bien el régimen transitorio señala que en tanto se crea el órgano constitucional autónomo, la Secretaría de la Función Pública seguirá funcionando, no obstante esta situación transitoria y difusa en cuanto a su temporalidad, le resta certeza jurídica no sólo en la aplicación de los procedimientos correspondientes, sino en la existencia y accionar de la propia institución.

En todo caso, es de observarse que el diseño legal que estableció la obligación de crear el referido órgano constitucional, fue difuso en cuanto a su alcance, al no haber establecido propiamente hablando, una temporalidad cierta y definida y mucho menos una consecuencia legal en caso de su incumplimiento, lo que ha venido ocasionando una situación de falta de certeza en cuanto a la fecha de creación del nuevo órgano anticorrupción.

En ese sentido, partiendo de la óptica de que resulta apremiante que el Congreso de la Unión dé una respuesta contundente en el tema de combate a la corrupción, es que la presente iniciativa plantea lo siguiente:

Que el órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y anticorrupción deberá de crearse mediante la correspondiente reforma constitucional y legal, a más a tardar el 15 de diciembre de 2013.

Que en el caso de que el 15 de diciembre de 2013 no se hayan expedido las disposiciones constitucionales y legales por la cuales se crea el correspondiente órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, quedarán derogadas las modificaciones previstas en los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 de esta ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la transferencia de sus atribuciones, establecidas en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, continuando la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del referido decreto.

En suma, compañeras y compañeros Senadores, la presente iniciativa pretende contribuir a clarificar la ruta crítica para el establecimiento del sistema constitucional de rendición de cuentas y combate a la corrupción, estableciendo con certeza los plazos y consecuencias jurídicas en la definición legislativa del sistema anticorrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"Los suscritos, Sonia Mendoza DIaz, Ma. del Pilar Ortega MartInez,  Roberto Gil Zuarth, así como Senadores y Senadoras integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 2 DE ENERO DE 2013, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para el Partido Acción Nacional, la conducción gubernamental en el ámbito de la legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos debe ser fundamental para dar certidumbre y confianza a la ciudadanía, en el adecuado ejercicio de la función pública.

Es así que, tal y como se ha venido señalando en diversas latitudes, la prevención, el combate y la sanción a los actos de corrupción, tiene que ver con decisiones estructurales, sobre la base de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, en la participación ciudadana, la observancia y eficacia de las leyes y la racionalidad de las sanciones, por señalar algunos aspectos.

A lo largo de su historia y participación en la vida pública, Acción Nacional, ha venido enarbolado con tenacidad y firmeza, la bandera del combate a la corrupción y a la impunidad, que tanto lacera a nuestro tejido social. Al efecto, cabe señalar que fueron los gobiernos de Acción Nacional quienes impulsaron reformas trascendentales en el país, para dotar de transparencia el funcionamiento de la administración pública de cara a la ciudadanía, a través de leyes de transparencia y acceso a la información pública así como de la importante reforma constitucional en la materia que el día de hoy se discute en el Congreso de la Unión; de igual forma se fortalecieron los esquemas de fiscalización y de contabilidad gubernamental en aras de lograr una mayor y mejor rendición de cuentas e inclusive está por concretarse una reforma constitucional que establezca un adecuado modelo de control de la deuda pública de los Estados y Municipios, porque es indudable que a través del endeudamiento indebido se ha alimentado la corrupción en diferentes entidades del país.
Todas estas acciones han partido de la preocupación generalizada que desafortunadamente impera en el país en el sentido de que el actuar público ha sido rehén de la corrupción, originando desvíos en el ejercicio de la función pública, generando en muchos de los casos impunidad e irritación permanente por parte de la ciudadanía, además de desconfianza en las instituciones del Estado y un uso ineficiente de los recursos públicos.

En ese sentido, con fecha 2 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otros aspectos establecía la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, hacia un órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, el cual asumiría las atribuciones que venía detentando la referida Secretaría en materia de prevención y combate a la corrupción.

En tal virtud se preveía en el tercer párrafo del artículo segundo transitorio de la referida reforma, que en tanto se creara este nuevo órgano constitucional autónomo, la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición del referido Decreto, partiendo de la óptica de que este nuevo órgano constitucional sería creado a la brevedad por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, mediante el correspondiente proceso constitucional y posteriormente a través de la expedición de la ley correspondiente.

Bajo este orden de ideas, es de considerarse que al día de hoy han pasado más de once meses sin que pueda ser concretada la referida reforma constitucional, pese a que han sido presentadas diversas iniciativas al respecto.

En efecto, por lo que respecta al Partido Acción Nacional, éste ha presentado diversas iniciativas en materia de combate a la corrupción que vienen a abonar en la creación del órgano constitucional en materia de anticorrupción, particularmente el 4 de abril de 2013, fue presentada con el Aval de su Grupo Parlamentario, una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, la cual fue analizada cuidadosamente en mesas de trabajo por los expertos en el tema, incorporando valiosas propuestas y sugerencias vertidas por miembros de la sociedad civil, académicos y operadores, en el proceso de audiencias que se celebraron respecto de este tema en el Senado de la República.

De igual forma dicha iniciativa retomó disposiciones de diversos tratados internacionales en la materia así como recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales como la OCDE.

Entre los principales aspectos planteados por la iniciativa de referencia se encuentran los siguientes:

• La creación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que permita coordinar con mayor efectividad a las diversas instancias encargadas del combate a la corrupción.

• Facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Combate a la Corrupción que homologue las responsabilidades administrativas y los tipos penales que facilitarán la estandarización de procedimientos. Establecerá también la distribución de competencias, así como las formas de coordinación entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal en esta materia.

• Dotar de autonomía al órgano especializado de combate a la corrupción, denominado Fiscalía General de Combate a la Corrupción.

• La creación de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, que tendrá por objeto prevenir, conocer e investigar las conductas que, en el ámbito federal, puedan constituir responsabilidades administrativas.
• El establecimiento de órganos autónomos de combate a la corrupción en las entidades federativas y en el Distrito Federal.

Esta iniciativa viene a unirse a otras iniciativas en la materia presentadas por diversos grupos parlamentarios e inclusive por el propio Ejecutivo Federal, que plantean diversas concepciones en torno a este tema, sin embargo, lo preocupante es que a casi un año de dicha reforma, no se ha podido concretar una reforma constitucional que establezca de manera clara, precisa y eficaz, que las funciones de control y fiscalización de la función pública sean ejecutadas bajo un marco de mayor eficiencia, por órganos dotados de la fuerza institucional necesaria para acabar en México con el lacerante fenómeno de la corrupción. En otras palabras, contar con un marco jurídico eficiente y eficaz en materia de prevención, combate y sanción a los actos de corrupción.

Al respecto, se puede señalar que la situación de incertidumbre y falta de definición no sólo respecto de cuándo se creará el órgano constitucional autónomo anticorrupción, sino además de cuál será el alcance y el modelo de combate a la corrupción que se adopte – en virtud de la diversidad de propuestas legislativas -, ha provocado de igual forma aspectos de incertidumbre e indefinición en la aplicación de las políticas públicas en materia de combate a la corrupción y desarrollo administrativo, toda vez que si bien, el régimen transitorio es claro al señalar que en tanto se crea el órgano constitucional autónomo, la Secretaría de la Función Pública seguirá funcionando, no obstante esta situación transitoria y difusa en cuanto a su temporalidad, le resta certeza jurídica no solo en la aplicación de los procedimientos correspondientes, sino en la existencia y accionar de la propia institución.

En todo caso, es de observarse que el diseño legal que estableció la obligación de crear el referido órgano constitucional, fue difuso en cuanto a su diseño legal, al no haber establecido propiamente hablando, un temporalidad cierta y definida y mucho menos una consecuencia legal en caso de su incumplimiento, motivo por el cual fue imperfecta, lo que ha venido ocasionando una situación de falta de certeza en cuanto a la fecha de creación del nuevo órgano anticorrupción.

En ese sentido, partiendo de la óptica de que resulta apremiante que el Congreso de la Unión dé una respuesta contundente en el tema de combate a la corrupción y evitar medias tintas en el combate a uno de los principales problemas del país, como lo es la impunidad en el ejercicio de la función pública, es que la presente iniciativa pretende en general, establecer una temporalidad máxima para la creación del órgano constitucional en materia de corrupción, así como a su vez, establecer una consecuencia legal, clara y definida en caso de que no se haya dado cumplimiento a la obligación legal de constituir el órgano, vencido el plazo establecido al efecto.

Por ello en términos generales la presente iniciativa plantea lo siguiente:

• Que el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción deberá de crearse mediante la correspondiente reforma constitucional y legal, a más a tardar el 15 de diciembre de 2013.

• Que en caso de que al 15 de diciembre de 2013 no se hayan expedido las disposiciones constitucionales y legales por la cuales se crea el correspondiente órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, quedarán derogadas las modificaciones previstas en los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la transferencia de sus atribuciones, establecidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, continuando la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del referido Decreto.

En suma, la presente iniciativa pretende contribuir a clarificar la ruta crítica para el establecimiento del sistema constitucional de rendición de cuentas y combate a la corrupción, estableciendo con certeza los plazos y consecuencias jurídicas en la definición legislativa del sistema anticorrupción.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Senadores de la República presentamos a esta H.  Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 2 DE ENERO DE 2013.

Unico. Se reforma el tercer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, para quedar como sigue:

Segundo.

Para los efectos del párrafo primero de este artículo, el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción deberá de crearse mediante la correspondiente reforma constitucional y legal, a más a tardar el 15 de diciembre de 2013, debiéndose de observar lo siguiente:

a) En tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones constitucionales y legales por la cuales se crea el correspondiente órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

b) En caso de que al 15 de diciembre de 2013 no se hayan expedido las disposiciones constitucionales y legales por la cuales se crea el correspondiente órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, quedarán derogadas las modificaciones previstas en los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley, exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la transferencia de sus atribuciones, establecidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, continuando la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a los ordenamientos vigentes al momento de la expedición del referido decreto.

TRANSITORIO

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón del Pleno del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Roberto Gil Zuarth".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mendoza Díaz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

(Presentada por el C. Senador Raúl Morón Orozco, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

En el marco de la próxima discusión de la reforma política electoral y del Estado que habrá de suscitarse en este Senado de la República, acudo a esta tribuna parlamentaria para presentar una iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana, por ser uno de los temas fundamentales, ineludibles y transversales en la reconstrucción de nuestro régimen democrático.

En la época contemporánea y postmoderna, el principio constitutivo de la democracia ha sido el de la soberanía popular. Dicho en otros términos, el único soberano legítimo es el pueblo y sus decisiones son y deben seguir siendo las más importantes en la vida pública y en las decisiones del Estado.

Así lo afirman diversos especialistas, entre ellos José Woldenberg, quien ha señalado que el pueblo no lo conforma sólo un grupo limitado de representantes políticos, sino un conjunto de millones de personas que gozan de derechos políticos y ciudadanos y que por esta razón pueden participar en la constitución de la voluntad política colectiva bajo nuevos mecanismos de participación social.

Al respecto, se han implementado instrumentos que buscan ampliar la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, como complementos que fortalecen la democracia en el sistema representativo. Es el caso de mecanismos de democracia semidirecta donde la población participa de las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político.

La presente iniciativa, asume que México requiere emprender cambios radicales para arribar a un estado superior de la democracia y, al mismo tiempo, cerrar el paso a cualquier intento de regresión autoritaria.

En México se arraigó por décadas una forma vertical de toma de decisiones. El acceso al gobierno estaba reservado para unos cuantos.

La transición de la democracia, fue resultado, entre otros factores, de movimientos históricos, de luchas populares, de reclamo de organizaciones prodemocráticas, que pugnaron por abrir el régimen y porque lo público fuera un espacio fundamentalmente de los ciudadanos y no del Estado.

La vía electoral fue clave para el cambio político. Se dio paso a la etapa de la pluralidad y la alternancia de partidos en los distintos órdenes de gobierno.

Pero la transición debió desembocar en una nueva relación entre Estado y ciudadanos, y no sólo en la reconfiguración de las reglas para la competencia y el acceso al poder público como ocurrió. Esta nueva relación, debe fundarse en el ejercicio pleno de los derechos de todos.

En el contexto actual queda pendiente, como ha señalado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dar el salto de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos, a una democracia donde sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones más importantes de la vida pública y de la sociedad en la que viven, y eso sólo es posible hacerlo a través de lo que hoy se ha denominado la democracia lateral o democracia participativa.
Si bien es cierto que en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en el marco de la pasada reforma política se tuvo un significativo avance en ese sentido, al haberse aprobado en nuestra Constitución la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes como mecanismos de democracia directa, también es cierto que dicha reforma política, al menos en materia de participación ciudadana, es un asunto incompleto.

Sin duda, algunas las figuras aprobadas en la reforma política abrió un camino cerrado e inhóspito hacia la democracia participativa que muchos se resistían caminar.

Pero debemos reconocer que el tema aún no está concluido. Por eso el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, el pasado 27 de noviembre de 2012, presentó propuesta de reforma constitucional en la que se plantea la creación de nuevas figuras, aún no legisladas, como el referéndum; el plebiscito, la revocación de mandato, los consejos de participación ciudadana, presupuesto participativo y contraloría social, que tenemos confianza en que puedan ser discutidas y aprobadas en la actual reforma política del Estado.

Sin embargo, ninguna de estas figuras de participación ciudadana es posible hoy hacerlas efectivas si no existe el marco regulatorio que establezcan los tiempos, modos, procedimientos y requisitos de cada una de ellas.

Ese es uno de los argumentos que hoy justifican la presentación de esta iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana que ha sido complementada con otras figuras y mecanismos de participación social igualmente necesarios en el desarrollo democrático de México.

En la iniciativa que se presenta se ha propuesto la regulación de la consulta pública para los temas de trascendencia nacional por dos vías con propósitos distintos: por la vía del plebiscito, cuando dichos temas impliquen actos o decisiones del Ejecutivo o del Legislativo que no sean materia legislativa.

Y la vía del referéndum, cuando por el contrario dichos temas tengan relación con las funciones legislativas formales del Poder Legislativo Federal.

Hemos propuesto un procedimiento que haga accesible al ejercicio del derecho de la iniciativa ciudadana y de forma complementaria instituimos los observatorios ciudadanos y el consejo de participación social con actuación en el ámbito federal, como instancias de participación ciudadana, con derecho a opinar y en el diseño y evaluación de las políticas, planes y programas del gobierno federal.

Uno de los temas fundamentales de la presente iniciativa es el reconocimiento y la regulación del derecho a la discusión sobre la construcción del presupuesto participativo, así como del derecho al control y fiscalización social a través de la contraloría social como mecanismos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, ética en el servicio público y máxima eficiencia en el desempeño de la función y el ejercicio de los recursos públicos.

Compañeras y compañeros, la configuración de una democracia participativa, plena en México, sustentada en los principios de legalidad y legitimidad, será resultado de un proceso de transformación política permanente que requiere de la interlocución constante entre quienes ejercen el poder público y los ciudadanos.

Ejercer la soberanía sólo a través de los poderes constituidos ya no satisface las necesidades sociales derivadas de los contextos políticos actuales.

Hemos vivido épocas de abuso de autoridad, de absolutismo y manipulación de los poderes constituidos. Y hemos sido testigos de que la toma de decisiones de algunas autoridades públicas están lejos de considerar la opinión, peticiones y propuestas de los ciudadanos, así como sus derechos e intereses sociales.
Se trata, más bien, de decisiones basadas en intereses de grupo y en las exigencias internacionales vistas desde una conveniencia económica y no humanista.

Por eso hoy que nos encontramos frente a una eventual reforma energética, en donde habrán de tomarse decisiones de la mayor trascendencia en el futuro del patrimonio energético de los mexicanos y sobre la naturaleza jurídica, económica y administrativa de Petróleos Mexicanos, así como sobre el destino de la renta petrolera, resulta ineludible consultar a la ciudadanía, titular legítimo de la soberanía popular y de la riqueza de nuestro subsuelo, mediante estos mecanismos de participación ciudadana, qué decisión debemos tomar sobre el futuro de nuestros recursos.

De igual forma consideramos importante que este tipo de mecanismos sean una constante cuando se aborden temas que sean de interés nacional y obtengan un gran impacto en la vida de nuestra nación.

Nuestro compromiso como legisladores debe ser contribuir a la moralización del poder público mediante un ejercicio de los recursos y de la función pública, porque no podemos ni debemos seguir avanzando en una próxima reforma política ni en ninguna otra que no tenga como propósito central la protección de los derechos políticos, civiles, económicos y ciudadanos desde una nueva ética política y desde un nuevo régimen democrático de ejercicio del poder, donde lo principal sea el ciudadano.

Finalmente, una iniciativa legislativa de esta naturaleza no sólo hará posible transitar hacia una democracia participativa demandante de mayores espacios de participación social, hará posible también inscribir a nuestro país entre las democracia más consecuentes, incluyentes, plurales, abiertas y modernas del mundo.

México demanda hoy un régimen político auténticamente democrático y nuestra mirada no puede enfocarse hacia el pasado, estamos obligados a ver y avanzar hacia el futuro.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

"El suscrito, RAUL MORON OROZCO, Senador de la República a la LXII Legislatura del Congreso de Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participación ciudadana es un derecho fundamental que se relaciona con la democracia participativa y directa, que es en esencia, una de las prácticas políticas más antiguas de los sistemas de gobierno y ejercicio del poder político.

Partiendo de la idea de que la democracia es el gobierno del pueblo,, instituido por el pueblo, que deriva de las palabras griegas demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno), la democracia no puede ser otra cosa, que una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo, es que el pueblo no sea sólo el objeto del gobierno —lo que hay que gobernar— sino también el sujeto que gobierna (Salazar y Woldenberg 1993, p.15)1.

La democracia como forma de gobierno, es uno de los regímenes políticos más antiguos, que surgió en Grecia (siglos V-IV A.C.), donde sólo los que eran considerados ciudadanos podían participar directamente en la toma de decisiones.
La participación directa de los ciudadanos en la mayor parte de la toma de decisiones era la característica principal de la democracia antigua, donde las decisiones del pueblo reunido en asamblea, se tomaban por aclamación y por unanimidad. Esto último era así porque no era admitido el disenso, ya que se consideraba que la diferencia quebrantaba el sentido de comunidad, que durante muchos siglos, quedó olvidada, ante el ascenso de la antidemocracia representada por los regímenes absolutistas y totalitarios.

No obstante a finales del siglo XVIII, pero sobre todo a partir del siglo XIX la idea de democracia como forma de gobierno, volvió a emerger, adquiriendo un significado distinto, relacionado con un contexto e ideales nuevos (Sartori, 2009 )2 .

1. Salazar, Pedro y Woldenberg, José. 1993. Principios y Valores de la democracia. México: IFE, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática.

2. Sartori, Giovanni. 2009. La democracia en 30 lecciones. México: Taurus.

En la época contemporánea y postmoderna, el principio constitutivo de la democracia ha sido el de la soberanía popular. Dicho en otros términos, el único soberano legítimo es el pueblo y sus decisiones son y deben seguir siendo las más importantes en la vida pública y en las decisiones del Estado.

Así lo afirman diversos especialistas, entre ellos José Woldeneberg, quien ha señalado que el pueblo no lo conforma sólo un grupo limitado de representantes políticos, sino un conjunto de millones de personas que gozan de derechos políticos y ciudadanos y que por esta razón pueden participar en la constitución de la voluntad política colectiva bajo nuevos mecanismos de participación social.

Al respecto, se han implementado instrumentos que buscan ampliar la influencia de los ciudadanos en la toma decisiones públicas, como complementos que fortalecen la democracia en sistemas representativos. Es el caso de los mecanismos de democracia semidirecta, donde la población participa de las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la estructura burocrática o de un partido político.

Uno de los principios fundamentales de la democracia postmoderna —a diferencia de lo que ocurría en la antigua Grecia— es el respeto a la pluralidad social y política y, por tanto, a la existencia en una sociedad que reclama cada vez mayores espacios de deliberación, discusión y participación sobre los asuntos de la vida pública y los temas de trascendencia nacional de los pueblos y naciones.

La presente iniciativa, asume que México requiere emprender cambios radicales para arribar a un estado superior de la democracia y al mismo tiempo, cerrar el paso a cualquier intento de regresión autoritaria.

En México se arraigó por décadas una forma vertical de toma de decisiones. El acceso al gobierno estaba reservado para unos cuantos.

El Estado fungía como el centro de la vida política, económica y social. Entre otras características fundamentales, había un esquema corporativo que aglutinaba o cooptaba a las organizaciones de todos los sectores sociales, restando su autonomía y los ubicaba en situación de disciplina y subordinación.

La transición a la democracia, fue resultado entre otros factores, de movimientos históricos, de luchas populares; del reclamo de organizaciones prodemocráticas, que pugnaron por abrir el régimen y porque lo público fuera un espacio fundamentalmente de los ciudadanos y no del Estado.

La vía electoral fue clave para el cambio político. Se dio paso a la etapa de la pluralidad y la alternancia de partidos en los distintos órdenes de gobierno.
Se fortaleció la división de poderes, que había existido en la Constitución pero no en la práctica. Se consolidó la democracia representativa, que adquirió vigor con la llegada de la pluralidad.

Pero la transición debió desembocar en una nueva relación entre Estado y ciudadanos y no sólo en la reconfiguración de las reglas para la competencia y el acceso al poder público como ocurrió. Esa nueva relación, debe fundarse en el ejercicio pleno de los derechos de todos.

Arribamos a un esquema democrático, donde se ejerce el derecho al voto y en ese acto, se delega en los representantes la toma de decisiones. Dicho en otras palabras la actuación del pueblo, el titular originario de la soberanía, se restringe a la elección del gobierno y de sus representantes.

En el contexto actual, esta concepción es insuficiente y limitada. Queda pendiente, como ha señalado el programa de naciones unidas para el desarrollo, dar el salto de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos.

Los partidos políticos se asumieron como los únicos espacios de acceso al poder, como los grandes decisores, lo que antes se había concentrado en el partido de Estado y más específicamente en el Presidente de la República.

La crítica más importante que se ha formulado a los partidos políticos, ha dicho Mauricio Merino, es su tendencia a la exclusión: en la búsqueda del poder están dispuestos a sacrificar los ideales más caros de la participación democrática. La importancia que los partidos le otorgan a sus propios intereses, a su propio deseo de conservar el mando político por encima de los intereses más amplios de los ciudadanos, constituye, de hecho, el argumento más fuerte que se ha empleado por los críticos del llamado régimen de partidos.

En el mismo sentido, se ha cuestionado la supremacía de los líderes partidistas sobre la organización misma que representan; la consolidación "institucional" de ciertas prácticas y decisiones excluyentes sobre la voluntad soberana. Todas esas críticas parten del mismo principio: la distancia que tiende a separar a los líderes de los partidos políticos del resto de los ciudadanos.

En nuestro país, como resultado de la transición, tenemos elecciones organizadas por los propios ciudadanos, mayor pluralidad y libertades, sin negar que existan muchas afrentas en materia de legitimidad política, porque no terminan de erradicarse inequidades, injerencias indebidas desde el poder público en sus diversos órdenes, intervenciones de poderes fácticos, casos de clientelismo, por señalar algunas.

Permanece intacto el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades. La desconfianza, la ausencia de credibilidad, la falta de acuerdos y resultados en materia de bienestar social, son factores cruciales para explicar el desaliento y la falta de participación.

Indebidamente, una parte considerable de la población considera que su papel en la democracia se agota en las elecciones, y aún así han decido no participar en ellas.

No pueden desconocerse sin embargo ciertos avances importantes. La creciente incidencia de la sociedad civil en organismos ciudadanos con funciones de Estado, como el IFE, la CNDH, el IFAI, el CONEVAL, etc. en menor medida, pero también relevante, es la presencia de ciudadanos en los Consejos Consultivos de diversas dependencias y entidades públicas.

La movilidad social y una mayor presencia de la sociedad civil son causa y efecto del avance democrático.

Además, en México han existido experiencias muy interesantes de participación en el plano local que van desde la planeación participativa, audiencias públicas, presupuesto participativo, Sin embargo, ninguna de ellas pudo subsistir ante la falta de vocación democrática de las autoridades.

Por virtud de diversos tratados internacionales, el Estado mexicano tiene responsabilidades públicas ineludibles con los derechos, una de ellas, es garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en los planes nacionales, las políticas y los programas públicos.
Cabe resaltar, que la mayoría de las entidades federativas han regulado en su Constitución o en la legislación local, diversas figuras de participación ciudadana, ello, a pesar de que no están expresamente previstas en la Constitución General de la República.

Es el caso de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Esta tendencia, de abrir la acción del gobierno a la participación social, es cada vez más recurrente, por cierto, en regímenes democráticos, y es ya una realidad política en países como Estados unidos, Francia, Canadá, Suiza, Inglaterra, Alemania, Italia, España, Suiza y en América Latina: Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Bolivia.

A pesar de los avances en el marco jurídico en el ámbito estatal y federal, el poder de intervención de los ciudadanos es sumamente restringido.

Hasta antes de la reforma política que entrara en vigor en 2012, México, junto con la República Dominicana, era el único país que no tenía en su constitución ninguna figura de democracia semidirecta.

Estábamos ante un atraso injustificado e inadmisible. Ello muestra que nuestro proceso de democratización no solo avanza a paso demasiado lento, sino que aun enfrente grandes resistencias en la clase política.

En México, el consenso político alcanzado con la Reforma constitucional del 2012, en materia política, hizo posible reconocer la Consulta Popular, la Iniciativa Ciudadana y las Candidaturas Independientes; las dos primeras como mecanismos para que los ciudadanos tengan posibilidad de expresar su opinión sobre temas de trascendencia nacional o para que puedan expresar, a través de proyectos de ley o decreto, su visión sobre el orden jurídico, de modo que las leyes los representen o atiendan sus intereses y necesidades.

Sin embargo, ninguna de estas figuras de participación ciudadana, es posible hoy hacerlas efectivas, sino existe el marco regulatorio, que establezca los tiempos, modos, procedimientos y requisitos de cada una de ellas. Ese es uno de los argumentos que hoy también justifican la presentación de esta iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana, que ha sido complementada con otras figuras y mecanismos de participación social igualmente necesarias en el desarrollo democrático de México.

Sin duda alguna las figuras aprobadas en la reforma política representó un avance significativo en favor de la democracia participativa, pero debemos reconocer que el tema aún no está acabado, por eso el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, el pasado 27 de noviembre del 2012, presentó propuesta de reforma constitucional en la que se plantea la creación de nuevas figuras, aún no legisladas, como el referéndum; el plebiscito, revocación de mandato, consejos de participación ciudadana, presupuesto participativo y contraloría social.

Con esa iniciativa de reforma constitucional, se buscó que los ciudadanos puedan participar en la elaboración del presupuesto público, que tienen por finalidad lograr la incidencia ciudadana en la asignación de presupuestos y orientación de políticas sectoriales y específicas, así como opinar sobre las acciones que requieren prioridad para el desarrollo de su localidad; velar por los resultados de las acciones de gobierno y gasto público a través de la contraloría social, para que la actividad del poder público sea más transparente, para que los ciudadanos se enteren en qué y cómo se gastan o invierten sus contribuciones y cómo se realizan las obras y servicios públicos, participando de ser necesario, en la remoción del Presidente de la República, de los Senadores, los Diputados Federales, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, los Diputados Locales, los Diputados a la Asamblea Legislativa, así como los Presidentes Municipales y demás miembros del Cabildo, a través de la revocación de mandato, cuando éstas no cumplan con su responsabilidad y compromiso de asumir el cargo con honradez, probidad, eficiencia, transparencia, legalidad, justicia, democracia y sobre todo calidad en el servicio público.

Esta reforma, aunque se encuentra pendiente de aprobación por el Congreso de la Unión, requiere de una legislación reglamentaria, que debe aprobarse de forma complementaria con la reforma Constitucional, para hacer posible el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía en la construcción de un gobierno y de una política pública con orientación social, mediante estos mecanismos de participación ciudadana, propuestos en nuestra iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana.

El Congreso de la Unión no puede posponer más el cumplimiento de su responsabilidad y de su deber constitucional en materia de participación ciudadana. Debe subsanar de inmediato esta omisión.

La presente iniciativa considera que es necesario instituir un marco jurídico mucho más amplio y ambicioso, que aliente y favorezca la participación ciudadana, en vez de obstaculizarla, que permita abrir el acceso y la intervención de los ciudadanos en todos los ámbitos del quehacer público, desde opinar, discutir, debatir, vigilar, evaluar, hasta tomar directamente las decisiones públicas.

Proponemos sentar las bases de una democracia deliberativa y participativa, con figuras de decisión directa, que lejos de socavar, ayude a subsanar defectos de nuestra forma de república representativa.

Buscamos caminar hacia una democratización total del poder y de la sociedad, un Estado auténticamente democrático, y evitar gobiernos de élites, alejados de la gente.

Ya sea que estemos ante disensos de la representación popular, entre esta y el gobierno, o frente a una decisión que puedan ser lesiva al interés nacional; los mecanismos de democracia semidirecta son indispensables.

En síntesis, proponemos arribar a una democracia plena, donde los ciudadanos, los titulares originarios del poder, tengan garantizado el derecho a determinar el rumbo que habrá de seguir el país, sobre todo, cuando se pretenden modificaciones que implican un cambio en el proyecto nacional o pacto social plasmado en la Constitución.

Por ello, el presente proyecto, busca regular las figuras de consulta popular e iniciativa ciudadana, incluidas en la Constitución, pero sobre todo, ampliar los canales de expresión, intervención e incidencia ciudadana en la toma de decisiones de interés público que les afecten; en el control de la gestión gubernamental; el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y en la definición de prioridades para la inversión presupuestal.

Las figuras de participación, son en todos los casos un derecho de los ciudadanos.

Por tanto se propone regular las consultas populares establecidas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se establece el Plebiscito como el instrumento mediante el cual la ciudadanía se expresa mediante el voto directo respecto a una determinada acción gubernamental derivada de la aplicación de políticas públicas que corresponden a las autoridades administrativas.

El plebiscito, por lo tanto, es un instrumento de democracia semi-directa para complementar el régimen de la democracia representativa. Los dirigentes elegidos por la sociedad en este caso, requerirán de la consulta pública para decidir sobre una determinada materia que se considera trascendente para la vida social.
Así, para el caso de que se trate de actos legislativos, se plantea el referéndum como la herramienta de participación ciudadana que sirve para dar al pueblo la posibilidad de aprobar o rechazar una ley.

Para hacer efectiva la participación ciudadana, se establece que los resultados del plebiscito y del referéndum pueden ser vinculantes para las autoridades federales, cuando la participación total corresponda por lo menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, en términos de los establecidos por nuestra Carta Magna.

Se plantea la iniciativa ciudadana como el instrumento de democracia participativa para ejercer el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de Ley o de Decreto, sin ser representantes populares ante el Congreso de la Unión; dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva cámara legislativa.

Como espacios de participación se establecen los Observatorios Ciudadanos, que se conformarán a través de instituciones académicas y de grupos de especialistas.

Con el establecimiento de los Observatorios Ciudadanos se busca fortalecer los procesos de evaluación de impacto de los resultados generales de la administración pública y de implementación de las políticas, así como de las acciones y programas públicos federales.

Se prevé que la Cámara de Diputados establezca anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los programas que contarán con Observatorios Ciudadanos para la evaluación de impacto de sus resultados y destinará los recursos correspondientes.

Se establece el Presupuesto Participativo como la herramienta de democracia participativa que permitirá a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos.

En la definición de presupuestos participativos con visión integradora, así como en la definición de las políticas y los programas sectoriales, resulta fundamental la opinión y propuesta de la propia sociedad organizada; a partir de esta iniciativa de ley, se propone un nuevo esquema de participación social para la planeación democrática del desarrollo, que permita que la Federación, pueda tomar en cuenta las propuestas ciudadanas a sus planes y programas de desarrollo y la inclusión de la participación de todos los sectores sociales en las decisiones de la agenda pública, así como la priorización del ejercicio de los recursos públicos.

Se establece el Consejo de participación Social, como un medio de interlocución entre la sociedad y las autoridades federales, fundamentalmente del poder ejecutivo federal, mediante el cual, los ciudadanos organizados en comisiones de trabajo por sectores gubernamentales, puedan opinar, evaluar, proponer e incidir en las decisiones de política pública y los criterios de asignación de los recursos públicos, con una orientación verdaderamente social y democrática.

Por otra parte, establecemos la Contraloría Social, para dar lugar a las acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.

Con la Contraloría Social se fortalecerá el combate a la corrupción y la creación de una cultura de la transparencia y la legalidad como metas irrenunciables de los mexicanos, que requieren para su cumplimiento no sólo de la acción decidida y constante del Estado, sino de la participación informada, activa y responsable de la ciudadanía en la vigilancia de la actividad pública.

Finalmente, aunque no es materia de esta iniciativa, no renunciamos al derecho ciudadano de poder decidir en consulta plebiscitaria el refrendo o la revocación del mandato de sus representantes populares, pues estamos de acuerdo en que la sociedad percibe que existe un alto porcentaje de impunidad en las decisiones para sancionar a los servidores públicos que incurren en conductas ilícitas o inapropiadas del ejercicio de poder, debido, entre otros factores, a los procesos burocráticos y a la falta de efectividad en la aplicación de la ley. Ello exige abandonar esquemas obsoletos de investigación y sanción que no van al origen de los problemas, ni a la solución de los mismos, por ello, es necesario garantizar a la sociedad, mediante mecanismo como la revocación del mandato, que el servicio público se ejecute bajo estrictos principios de legalidad, honradez, eficiencia, transparencia y austeridad administrativas, so pena de ser sometido a la suspensión o revocación del cargo, cuando a juicio de la consulta pública, no se cumpla estrictamente con el mandato constitucional para el cual un ciudadano ha sido electo a un puesto de representación popular. En este orden de ideas, desde ahora anunciamos nuestro compromiso de insistir en su reconocimiento constitucional y legal como mecanismo de participación ciudadana, en una posterior iniciativa.

Compañeras y compañeros Senadores, una iniciativa legislativa de esta naturaleza, no sólo hará posible transitar de una democracia representativa desgastada y cuestionada a una democracia participativa demandante de mayores espacios de participación social, hará posible también inscribir a nuestro país, entre las democracias más consecuentes, incluyentes y modernas del mundo.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana para quedar como sigue.

DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide la LEY FEDERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO
NATURALEZA, OBJETO, FINES Y DEFINICIONES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de observancia obligatoria en toda la República, y tiene por objeto garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar e intervenir, individual o colectivamente, en:

La iniciación Leyes o Decretos;

I. Las decisiones públicas;

II. La formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de autoridad;

III. Los órganos de representación ciudadana; y

IV. La definición de prioridades y formulación de propuestas en materia presupuestal.

Lo anterior, en el marco de las figuras que establece la presente ley, sin menoscabo de las formas de organización y participación que establezcan la Constitución General de la República, las Constituciones de las Entidades Federativas y las demás leyes.

Artículo 2. En lo no previsto en esta Ley se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 3. Son principios de la participación ciudadana, los siguientes:

I. Democracia;

II. Pluralidad;

III. Igualdad;

IV. No discriminación;

V. Libertad;

VI. Corresponsabilidad;

VII. Legalidad;

VIII. Transparencia

IX. Rendición de cuentas;

X. Respeto;

XI. Tolerancia; y

XII. Solidaridad.

Artículo 4. Son fines de la presente ley:

I. Promover el derecho de la ciudadanía a participar directamente y votar en los temas de trascendencia nacional, así como en la resolución de problemas de interés general y el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad;

II. Propiciar mediante la participación y vigilancia ciudadana, el ejercicio legal, democrático y transparente del gobierno;

III. Fomentar el desarrollo de una cultura de participación ciudadana; y

IV. Los demás que derivan de la Ley.

Artículo 5.Para los fines de la presente Ley, se entenderá por:

I. Ciudadano: Los ciudadanos mexicanos;

II. Consejo General: El Consejo General del Instituto Federal Electoral;

III. Consejo: El Consejo de Participación Ciudadana;

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Código: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

VI. Instituto: El Instituto Federal Electoral;

VII. Ley: La Ley Federal de Participación Ciudadana; y

VIII. Lista Nominal: La Lista Nominal de Electores.
Artículo 6. Son derechos y mecanismos de participación ciudadana para los efectos de esta Ley, los siguientes:

I. Consulta popular, bajo las modalidades de Plebiscito y Referéndum;

II. Iniciativa Ciudadana;

III. Observatorios ciudadanos

IV. Consejo de Participación Ciudadana;

V. Presupuesto Participativo; y

VI. Contraloría social.

Lo anterior sin perjuicio de otras formas de participación ciudadana que prevean otras disposiciones jurídicas en las relaciones de los ciudadanos con los órganos de los poderes ejecutivo y legislativo federal.

CAPITULO SEGUNDO
LOS CIUDADANOS MEXICANOS

Artículo 7. El ejercicio de los derechos que establece la presente ley, corresponde a las mujeres y a los varones, que reúnan los requisitos constitucionales para ser ciudadanos mexicanos.

En el caso de las figuras de consulta popular, se garantizará que el voto sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y que participen los ciudadanos que cumplan con lo siguiente:

I. Que se encuentren inscritos en el Padrón Electoral;

II. Que figuren en la Lista Nominal;

III. Que cuenten con credencial para votar vigente; y

IV. Que no tengan suspendidas sus prerrogativas en términos del artículo 38 de la Constitución.

CAPITULO TERCERO
LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

Artículo 8. Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes:

I. Intervenir a través de los mecanismos de participación ciudadana que se establecen en esta Ley con voz y voto, en los casos que corresponda;

II. Ser informado de las funciones y acciones de las dependencias y entidades federales, en los términos de la legislación respectiva;

III. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y control social de las políticas, programas, actos y decisiones de gobierno, así como en la integración del presupuesto participativo, en términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; y

IV. Los demás que establezcan la Constitución, ésta y otras leyes aplicables.

Artículo 9. Los ciudadanos mexicanos tienen las siguientes obligaciones:

I. Ejercer los derechos que les otorga la presente Ley;

II. Cumplir con las prevenciones y acuerdos que emita el Instituto;

III. Expresar su voluntad de aceptación o rechazo de los actos o decisiones de las autoridades federales durante la jornada de consulta, con orden, respeto y tolerancia a la diversidad de opiniones, mediante la forma y mecanismos establecidos en la Ley;

IV. Respetar los resultados obtenidos en los procesos de consulta popular, plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana; y

V. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta y otras disposiciones aplicables.
CAPITULO CUARTO
LAS AUTORIDADES

Artículo 10. Son autoridades en materia de derechos de participación ciudadana, para efectos de la presente ley, las siguientes:

I. El Titular del Ejecutivo Federal;

II. El Congreso de la Unión;

III. El Instituto Federal Electoral;

IV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; y

V. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 11. Las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos previstos en esta Ley.

Artículo 12. Las autoridades federales, están obligadas a garantizar la existencia de mecanismos que permitan la participación ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública, e incluirán en sus informes anuales la información correspondiente al cumplimiento de esta obligación.

Artículo 13. Las autoridades federales promoverán a través de campañas informativas, la cultura de participación y los derechos que establece esta ley. Deberán garantizar además la capacitación efectiva de los servidores públicos sobre la importancia de la participación ciudadana.

Artículo 14. Además de las obligaciones previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Desarrollar un programa de formación cívica y cultura ciudadana para la población en general, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que, resalte la importancia de la participación ciudadana en las decisiones trascendentales para la sociedad y en general en el ámbito público, así como de los derechos previstos en esta ley;

II. Garantizar el desarrollo adecuado de los procesos de participación ciudadana de su competencia;

III. Organizar y desarrollar los procesos de consulta popular así como proceder al cómputo y declaración de resultados, conforme a lo dispuesto por esta Ley;

IV. Difundir en los medios de comunicación masiva la convocatoria a cualquier proceso de participación ciudadana que tenga bajo su cargo;

V. Elaborar y aprobar los acuerdos y la reglamentación necesaria en materia de participación ciudadana de su competencia;

VI. Establecer los lineamientos para la participación de los mexicanos que radican en el extranjero;

VII. Ser órgano de asesoría y consulta en materia de participación ciudadana; y

VIII. Las demás que señale esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.

Artículo 15. El Consejo deberá incluir y aprobar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto, una partida destinada a la realización de los procesos de participación ciudadana, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
TITULO SEGUNDO
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO PRIMERO
LA CONSULTA POPULAR

Artículo 16. Los ciudadanos tienen derecho a votar en las consultas populares para manifestar su aceptación o rechazo de actos o decisiones de las autoridades federales o decretos del Congreso de la Unión, sobre temas de trascendencia nacional.

Artículo 17. La consulta popular, para efectos de esa ley, podrá adoptar las siguientes modalidades:

I. Plebiscito, y

II. Referéndum

Artículo 18. Las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; y,

III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal.

Artículo 19. Los supuestos de petición señalados en la fracción I y II del artículo anterior, deberán ser aprobados por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 20. Quedan excluidos de la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana, los asuntos relativos a:

I. Materias de carácter tributario, fiscal así como el presupuesto de egresos de la federación;

II. Régimen interno de la Administración Pública Federal;

III. Regulación interna del Congreso de la Unión;

IV. Regulación interna del Poder Judicial de la Federación;

V. La restricción de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución;

VI. Asuntos considerados de Seguridad Nacional;

VII. La materia electoral;

VIII. La organización, funcionamiento y disciplina del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada;

IX. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución;

X. Los actos que realice la autoridad por mandato de Ley; y

XI. Los demás establecidos en la Constitución y otras disposiciones normativas aplicables.
Artículo 21. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal, para lo cual el Instituto deberá tomar las medidas pertinentes y oportunas para el desarrollo adecuado del proceso, sin afectar los procesos electorales. En este caso la petición deberá ser presentada antes del 31 de enero del año en que deba realizarse la elección federal.

El Congreso de la Unión podrá convocar a consulta extraordinaria, entre periodos electorales, cuando sea solicitada y debidamente justificada la necesidad y urgencia de su desarrollo con éste carácter, por cualquiera de los peticionarios a quienes se les reconoce el derecho en el presente capítulo.

Dicho procedimiento se sujetará a las disposiciones que regulan el procedimiento ordinario.

Artículo 22. La organización y desarrollo de la consulta popular, ya sea plebiscito o referéndum, estará a cargo del Instituto, el cual podrá celebrar convenios con autoridades estatales para el debido cumplimiento de sus fines.

Artículo 23. El resultado de la consulta popular será vinculatorio para el Poder Ejecutivo Federal, o para el Congreso de la Unión, cuando la participación total corresponda por lo menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Artículo 24. Cuando el resultado de la consulta sea vinculante, el Titular del Ejecutivo Federal será responsable de implementar las acciones correspondientes para suspender, dejar sin efecto, declarar nulos los actos de autoridad o efectuar las acciones que se deriven de la consulta.

Los resultados de la consulta popular que impliquen suspender, dejar sin efecto o declarar nulos los actos o decisiones de autoridad, tendrá como efectos reestablecer el estado jurídico o condición material previa de los asuntos o temas materia de la consulta.

SECCION PRIMERA
EL PLEBISCITO

Artículo 25. Toda solicitud de plebiscito deberá contener los siguientes requisitos:

I. El acto o decisión de gobierno que se solicita someter a plebiscito;

II. La exposición de los motivos y razones por los cuales el acto o decisión se considera de transcendencia nacional;

III. La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que ésta exprese su aprobación o rechazo sobre el acto o decisión objeto del plebiscito solicitado; y

IV. Nombre y firma del promovente o promoventes.

Artículo 26. Si la solicitud es presentada por ciudadanos, deberá de reunir los siguientes requisitos:

I. Nombre completo de los promoventes;

II. Clave de elector;

III. Firma; y

IV. Nombre del representante común y domicilio para oír notificaciones. Si no se hacen tales señalamientos, será representante común quien encabece la lista de solicitantes y las notificaciones se harán por estrados.
Artículo 27. Son objeto del Plebiscito:

I. Los actos o decisiones del Presidente de la República; y

II. Los actos que le corresponde efectuar al Congreso de la Unión para admitir nuevos estados a la Unión Federal y para crear nuevos estados dentro de los límites de los existentes, así como todos aquellos que sean diferentes a la aprobación, modificación, derogación o abrogación de normas generales o Decretos.

Artículo 28. En todos los casos, la procedencia del plebiscito suspenderá la ejecución del acto o la decisión de la autoridad, hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo.

SECCION SEGUNDA
EL REFERENDUM

Artículo 29. Los ciudadanos tienen derecho a votar en los referéndums para manifestar la aprobación o rechazo a disposiciones legales vigentes, así como a los proyectos de creación, reforma, derogación o abrogación, de disposiciones de la Constitución, de las Leyes o Decretos que expida el Congreso de la Unión, en su contenido total o parcial.

Artículo 30. La solicitud de Referéndum deberá presentarse por escrito ante el Instituto, en cualquier momento del proceso legislativo y hasta antes de la aprobación de la Ley o Decreto.

Artículo 31. Toda solicitud de Referéndum deberá contener los siguientes requisitos:

I. La disposición o disposiciones legales que se solicita someter a referéndum;

II. La exposición de los motivos y razones que justifiquen la solicitud de referéndum;

III. La propuesta de pregunta o preguntas a consultar a la ciudadanía para que ésta exprese su aprobación o rechazo; y

IV. Si la solicitud es presentada por ciudadanos, deberá de reunir los siguientes requisitos:

a) Nombre completo de los solicitantes;

b) Clave de elector;

c) Firma, y

d) Nombre del representante común y domicilio para oír notificaciones.

Artículo 32. La procedencia del referéndum, tratándose de iniciativas, suspenderá el trámite legislativo de la iniciativa de Ley o Decreto hasta en tanto se conozcan los resultados del mismo.

SECCION TERCERA
TRAMITE Y RESOLUCION
DEL PLEBISCITO Y REFERENDUM

Artículo 33. La petición de consulta popular de plebiscito y referéndum, será presentada ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente durante sus recesos.

Artículo 34. En caso de que la petición de consulta se haga por el Presidente de la República o por el treinta y tres por ciento de los miembros de cualquiera de las cámaras, será informada de manera directa al Pleno de la Cámara receptora, a través del Presidente de la Mesa Directiva, para que sea turnada a la comisión o comisiones ordinarias competentes para su estudio y dictamen, en los mismo términos que una iniciativa, para lo cual se atenderán las disposiciones del reglamento respectivo.
Artículo 35. Una vez aprobada por la mayoría de los integrantes de la Cámara ante la cual se presentó la petición, será turnada a la Cámara revisora para que se someta al procedimiento de dictamen y aprobación de procedencia, en los mismos términos del artículo anterior.

Artículo 36. Si la petición es declarada procedente en la Cámara revisora, el Presidente de la Mesa Directiva, remitirá el documento con la solicitud de resolución de constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Artículo 37. Una vez recibida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta será informada al Pleno y turnada a la Cámara de origen para continuar con el trámite respectivo.

Artículo 38. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, informará al Pleno el sentido de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procederá conforme a los siguientes supuestos:

I. En caso de ser declarada la constitucionalidad de la materia de consulta:

a) El Presidente de la Mesa Directiva lo comunicará al Pleno y procederá a ordenar que se emita la convocatoria correspondiente dentro de los 10 días hábiles siguientes, y ordenará su publicación en los términos que establece esta Ley; y

b) Se notificará a los solicitantes de la consulta popular y al Instituto lo conducente, para que inicie con los trámites de organización y desarrollo de la misma; y

II. En caso de no ser declarada la constitucionalidad, se dará por concluido el procedimiento y será notificado a los peticionarios;

Artículo 39. Las peticiones de consulta presentadas por ciudadanos seguirán el siguiente trámite:

I. Recibida la solicitud en cualquiera de las Cámaras, la Mesa Directiva verificará los requisitos señalados en esta sección. En caso de que existan aspectos que deban aclararse, se prevendrá a los promoventes a través de su representante común, para que sean subsanados dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

II. La Cámara receptora, a través del Presidente de la Mesa Directiva informará al Pleno sobre la petición presentada y enviará al Instituto dentro de los tres días hábiles siguientes, la documentación para que realice la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la fracción VIII del artículo 35 constitucional.

III. El Instituto, emitirá el documento de validación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud;

IV. Recibida la respuesta del Instituto la Mesa Directiva de la Cámara receptora informará al Pleno y notificará a los promoventes; y

V. En caso de ser afirmativa la verificación que lleve a cabo el Instituto, se procederá en los términos del artículo 33 y 35 de esta Ley.

Artículo 40. Cuando se presenten dos o más peticiones de consulta popular, el Congreso de la Unión podrá emitir una sola convocatoria y procurará integrar los temas de la consulta con claridad y concreción en las preguntas.
Artículo 41. La Convocatoria estará sujeta en su forma y contenido a las siguientes bases y requisitos:

I. Fundamentación;

II. Procedencia de la solicitud, señalando si ésta tiene su origen en alguna autoridad o en la ciudadanía;

III. El objetivo de la Consulta de los mecanismos a que se refiere el presente capítulo, según sea el caso, absteniéndose de emitir juicios de valor respecto de la disposición o acto materia de la consulta;

IV. Lugar, fecha y hora en que deberá realizarse la Jornada;

V. El tema o temas, asunto o asuntos sujetos a consulta de los mecanismos a que se refiere el presente capítulo;

VI. Las preguntas específicas que se someterán mediante el voto a la decisión ciudadana; y

VII. Los requisitos para participar.

Artículo 42. El Consejo General del Instituto emitirá los lineamientos para el proceso de la organización y desarrollo de la jornada, cómputo y declaratoria de resultados, en los que se preverá lo conducente para la participación de los mexicanos que radican en el extranjero.

Artículo 43. El Consejo General del Instituto, al aprobar el formato de la boleta que habrá de utilizarse, tomará las medidas que estime necesarias para garantizar la certeza en la emisión del voto. La boleta deberá contener, cuando menos, los siguientes datos:

I. Señalar el tipo de proceso;

II. La pregunta o preguntas sobre si el ciudadano está de acuerdo o no, con el tema o acto que se somete a consulta de los mecanismos a que se refiere el presente capítulo;

III. Cuadros o círculos para el SÍ y para el NO; colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por el ciudadano al momento de emitir su voto; y

IV. Las medidas de seguridad para evitar su reproducción indebida o falsificación y garantizar su inviolabilidad.

Artículo 44. Será responsabilidad del Consejo General del Instituto aprobar, proveer y salvaguardar la documentación y material destinado a la preparación de la Jornada.

Artículo 45. Se consideran campañas propagandísticas al conjunto de acciones de difusión realizadas por las autoridades o los ciudadanos para promover la participación en los procesos de consulta de los mecanismos a que se refiere el presente capítulo.

Artículo 46. Los actos propagandísticos podrán realizarse desde la publicación de la convocatoria y hasta tres días antes de la Jornada de Consulta y deberán estar enfocados a la difusión adecuada y suficiente a la ciudadanía, sobre los objetivos, temas y requisitos de participación, de la consulta de los mecanismos a que se refiere el presente capítulo.

Artículo 47. Toda propaganda impresa que se utilice o difunda durante los procesos de consulta deberá contener la identificación plena de quienes la hacen circular.

El Instituto determinará lo relativo a la difusión de la propaganda en el desarrollo de los procesos.
Artículo 48. La Jornada de Consulta se sujetará al procedimiento dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la celebración de la jornada electoral, con las particularidades que prevé el presente título.

Artículo 49. El Instituto prevendrá lo necesario para garantizar que en el desahogo de los procesos de los mecanismos de participación ciudadana participen observadores ciudadanos mexicanos y extranjeros, con la finalidad de verificar la legalidad de los mismos.

Artículo 50. Concluido el cómputo preliminar, se remitirán los resultados, junto con la documentación, al Consejo General del Instituto a fin de que el domingo siguiente a la jornada, proceda a la declaración de resultados.

Artículo 51. El Instituto deberá notificar a los representantes de los solicitantes así como al Congreso de la Unión, los resultados del referéndum, dentro de los quince días siguientes a la declaración de valides de los resultados.

Una vez que el Instituto notifique al Congreso de la Unión el resultado del referéndum y atendiendo la naturaleza del asunto, se turnará a la comisión legislativa correspondiente para que ésta, dentro de los quince días hábiles siguientes, elabore el dictamen de cumplimiento y lo turne al pleno para su formalización en un plazo que no excederá de quince días hábiles.

Artículo 52. Toda omisión, acto o resolución del Congreso de la Unión que viole los resultados vinculatorios del referéndum, serán sancionados en los términos del Título Cuarto de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO SEGUNDO
LA INICIATIVA CIUDADANA

Artículo 53. Los ciudadanos tienen derecho a presentar ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de Leyes o Decretos que correspondan al ámbito de competencia de dicho Congreso.

Artículo 54. La iniciativa ciudadana deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Podrá presentarse ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente;

II. Deberá presentarse en forma escrita;

III. Señalar domicilio para recibir notificaciones, y los nombres de quienes estén autorizados para recibirlas;

IV. Nombre del representante común;

V. Nombre completo de los ciudadanos solicitantes, cuyo número deberá representar el equivalente cuando menos al 0.13% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal;

VI. Clave de elector de los solicitantes;

VII. Firma de los ciudadanos;

Artículo 55. La estructura de la iniciativa ciudadana deberá contener:

I. Nombre de la iniciativa;

II. Exposición de motivos que explique las razones de la iniciativa;

III. Texto de la propuesta que contenga el articulado, y

IV. Artículos transitorios.
Artículo 56. Recibida la Iniciativa, en cualquiera de las Cámaras, la Mesa Directiva verificará los requisitos señalados en este capítulo. En caso de que existan aspectos que deban aclararse, se prevendrá a los promoventes a través de su representante común, para que sean subsanados dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Artículo 57. La Cámara correspondiente, a través del Presidente de la Mesa Directiva, dará cuenta al Pleno de la solicitud y ordenará que se remita la documentación al Instituto para el sólo efecto de que verifique que se cumpla con el número de ciudadanos que señala la fracción IV del artículo 71 constitucional.

Artículo 58. El Instituto remitirá el informe correspondiente en un plazo que no excederá los treinta días hábiles.

Artículo 59. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara respectiva dará cuenta al pleno, en caso de que se reúna el porcentaje requerido ordenará se turne a las comisiones ordinarias competentes para iniciar el proceso legislativo, caso contrario notificará la no admisión a los promoventes.

Artículo 60. En caso de que se haya verificado el requisito del número de ciudadanos, el Presidente declarará el inicio del proceso legislativo y turnará la iniciativa a la comisión o comisiones competentes, las cuáles procederán en los términos del artículo 72 constitucional, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara respectiva.

Artículo 61. Las iniciativas ciudadanas deberán ser discutidas y votadas en el mismo periodo de sesiones en que sean presentadas, o en el siguiente periodo, en caso de que se presenten ante la Comisión Permanente.

CAPITULO TERCERO
DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS

Artículo 62. Los ciudadanos, por conducto de las instituciones académicas y de las organizaciones civiles especializadas en alguna rama de la función pública, tienen derecho a conformar Observatorios Ciudadanos para dar seguimiento y analizar los resultados de la política pública, de los planes y programas de gobierno, así como del cumplimiento en el ejercicio de las facultades que tienen conferidas las autoridades federales.

Artículo 63. Los Observatorios realizarán una valoración integral de los programas, que incluirá su diseño, objetivos, normatividad, y resultados. Deberán remitir un informe a las dependencias o entidades operadoras de los programas, así como a las comisiones correspondientes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 64. Entre otros aspectos, los Observatorios tomaran en cuenta la existencia de instrumentos de participación ciudadana, transparencia, y rendición de cuentas, así como la adecuación de los programas al marco normativo que señala la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Artículo 65. La Cámara de Diputados establezca anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los programas que contarán con Observatorios Ciudadanos para la evaluación de impacto de sus resultados y destinará los recursos correspondientes.

Artículo 66. Las autoridades federales responsables de los programas de gobierno, emitirán una convocatoria pública dirigida a las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil de especialistas en alguna rama de la función pública, donde se establezcan claramente los criterios de selección.
CAPITULO CUARTO
EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Artículo67. El Consejo es un órgano ciudadano de interés público, que tienen por objeto representar los intereses de sus miembros como integrantes de la comunidad, ante la autoridad federal.

Artículo 68. Para el cumplimiento de sus funciones el Consejo deberá coordinarse con los titulares de las dependencias o entidades del Ejecutivo Federal respectivas, según la materia o política pública objeto del análisis y discusión de la participación ciudadana.

Artículo 69. En ningún caso, la participación de los integrantes del Consejo afectará el ejercicio del derecho a opinar en lo individual, en procesos diversos de participación ciudadana.

Artículo 70. La integración y participación del Consejo, en ningún sentido limitará la participación de otras organizaciones sociales o consejos diversos de participación social, para opinar sobre los asuntos públicos del ejecutivo federal.

Artículo71. En la integración y funcionamiento del Consejo, deberán observarse los lineamientos contenidos en su propio reglamento.

Artículo 72. En ningún caso, el Consejo interferirá en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, que la Constitución, las leyes y demás disposiciones aplicables le confiere.

CAPITULO QUINTO
EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 73. El presupuesto participativo tiene por objeto promover la participación ciudadana en la discusión, análisis, debate y definición de criterios para la asignación de recursos públicos federales.

Artículo 74. Los procesos de presupuesto participativo serán instituidos como complemento al sistema de planeación democrática establecido en la Constitución; los ciudadanos que participen en dichos procesos podrán deliberar sobre presupuestos asignados a políticas sectoriales específicas y sobre aquellos aspectos del presupuesto que incidan directamente en el desarrollo de la federación. Los acuerdos tomados deberán tener congruencia con los planes y programas de desarrollo aplicables.

Artículo 75. El ejecutivo federal, podrá remitir con la debida anticipación, a solicitud del Consejo, el anteproyecto de presupuesto de egresos y la información necesaria para el desarrollo del análisis, los debates y toma de decisiones. La información deberá ser presentada en forma accesible para la fácil comprensión de los participantes.

El anteproyecto de presupuesto será el documento rector de la discusión; si no se presentare con la anticipación debida, el Consejo en el presupuesto participativo podrá realizar el procedimiento que estime necesario de acuerdo con la metodología y orientación que decida.

El Consejo, podrá solicitar información complementaria y asistencia técnica cuando el tema así lo requiera.

Artículo 76. El Consejo, podrá desempeñar en el proceso de presupuesto participativo, las siguientes funciones:

I. Coordinar los procesos de presupuesto participativo, y comunicar al ejecutivo federal los resultados obtenidos;

II. Dar seguimiento general al ejercicio del presupuesto federal;

III. Opinar al final del ejercicio del presupuesto federal sobre la eficiencia del gasto y cumplimiento de objetivos;
IV. Convocar a talleres temáticos o foros de consulta para debatir la orientación del gasto público. Los resultados de los talleres o foros de consulta deberán arrojar conclusiones y acuerdos que permitan a la autoridad federal conocer claramente la opinión ciudadana en la orientación y ejercicio del gasto.

V. Aplicar instrumentos que permitan conocer la opinión de los diversos segmentos de la sociedad en la ejecución del gasto público federal; y

VI. Las demás que establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 77. El Consejo entregará al Poder Ejecutivo Federal los resultados de los ejercicios de opinión, talleres y foros, a fin de que puedan ser considerados en el proyecto que se remita a la Cámara de Diputados.

Artículo 78. Las dependencias y entidades federales promoverán la integración del presupuesto participativo, como un derecho ciudadano que fortalezca el desarrollo democrático en todo el país.

Artículo 79. El Poder Ejecutivo Federal, instituirá un programa de capacitación sobre planeación y presupuesto participativos, que estará dirigido a las autoridades y los ciudadanos. Dicho programa deberá involucrar organizaciones de la sociedad civil vinculados a la temática del presupuesto participativo.

CAPITULO SEXTO
DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Artículo 80. La Contraloría Social es el mecanismo de los ciudadanos, quienes de manera individual o colectiva, realizan una labor de vigilancia, control, seguimiento y evaluación de la gestión gubernamental, para contribuir en la transparencia, la eficacia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos y en el desempeño de los servidores públicos de gobierno.

Los ciudadanos tienen derecho a organizarse para la vigilancia y el control de las actividades, programas y planes de las diferentes dependencias y entidades federales;

Artículo 81. La contraloría social podrá realizarse de forma colectiva a través del Consejo por medio de las diferentes Delegaciones o comisiones que lo integran, o a través de los órganos de contraloría social que se constituyan por la ciudadanía para tal efecto.

Artículo 82. Las autoridades federales respetarán la autonomía de la contraloría social y estarán obligadas a proporcionar toda la información que esta cumpla con su función.

Artículo 83. La Contraloría Social podrá ejercer sus funciones en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y los programas públicos.

Artículo 84. Los ciudadanos al ejercer las acciones de contraloría social podrán vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas gubernamentales y podrán emitir opiniones sobre el desempeño de los servidores públicos encargados de su aplicación.

Artículo 85. Los ciudadanos podrán presentar ante las autoridades competentes, quejas y denuncias cuando existan elementos que permitan advertir que se ha incurrido en responsabilidades oficial o el desempeño ineficiente en la función pública.

Las autoridades en materia de contraloría y fiscalización aplicarán un programa de capacitación y asesoría en materia de derechos, responsabilidades, formas de control y vigilancia, así como de acciones de carácter preventivo, para ejercer adecuadamente las funciones de Contraloría Social.

Artículo 86. Las autoridades federales incentivarán la organización de ciudadanos para que se ejerza de mejor manera el derecho al control y vigilancia de las acciones gubernamentales.

Artículo 87. Desde la Contraloría Social se vigilará que la actuación de los servidores públicos se apegue a valores éticos, cívicos y con apego a las normas jurídicas para fortalecer la democracia.

Artículo 88. Los órganos de contraloría social se constituirán y funcionarán con base a los lineamientos emitidos por la instancia responsable en materia de control y vigilancia.
CAPITULO SEPTIMO
MEDIOS DE IMPUGNACION

Artículo 89. Las resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de la Constitución;

Las impugnaciones a que se refiere el artículo anterior se sustanciarán y resolverán por el Tribunal Federal Electoral, en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CAPITULO OCTAVO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 90. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, por parte de los servidores públicos, será sancionado administrativa y penalmente, de conformidad con lo establecido por el título IV de la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley.

TERCERO. El Instituto, en un término de 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá emitir los Lineamientos y normas que se requieran para la adecuada organización y desarrollo de las etapas de preparación, jornada de consulta, cómputo y declaración de resultados, de los mecanismos de participación ciudadana de su competencia a que se refiere esta Ley.

CUARTO. La autoridad correspondiente en materia de control y vigilancia contará con un plazo de 90 días para emitir los lineamientos y normas para la integración, funcionamiento y atribuciones de los órganos de contraloría social.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Sen. Raúl Morón Orozco".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias Senador Raúl Morón Orozco.

Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Además de felicitar al Senador Morón, solicitarle me pueda sumar a esta importante iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Raúl Morón, ¿acepta el que se sume a dicha iniciativa el Senador Zoé Robledo? Así es. Y pido a la Secretaría que tome nota de ello.

Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a diversos dictámenes de los cuales la Secretaría dará cuenta.
- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura de los dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTICULO 28; Y SE ADICIONAN LA FRACCION IV AL ARTICULO 1; LAS FRACCIONES XII, XIII Y XIV AL ARTICULO 3; UN ARTICULO 10 BIS; UN CAPITULO II DENOMINADO “DE LA POLITICA CON PERSPECTIVA GERONTOLOGICA”, CON LOS ARTICULOS 10 TER Y 10 QUATER AL TITULO CUARTO; UNA FRACCION III AL ARTICULO 14; Y UNA FRACCION IV AL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

“A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2013, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2013, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como finalidad complementar, enriquecer y actualizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores incluyan el saber gerontológico; para lo cual busca incluir en la legislación tres conceptos: la política gerontológica, la perspectiva gerontológica y la edad prospectiva.

Asimismo, propone que la política pública nacional dirigida a las personas adultas mayores, atenderá en cada uno de sus objetivos a la edad prospectiva y al diseño e implementación de una política gerontológica.

Finalmente, busca que los tres órdenes de gobierno concurran para promover las estructuras y recursos presupuestales que contribuyan al diseño y puesta en marcha de una política gerontológica en nuestro país.

CONSIDERACIONES

1.- Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, retoman los planteamientos del Senador promovente de la Iniciativa en estudio, en el sentido de considerar que como país debemos, dentro del marco de la protección de los derechos humanos, desarrollar una cultura de la protección y fomento de los derechos de las personas adultas mayores desde una perspectiva integral y con una visión de prospectiva gerontológica.

De igual forma, estas Comisiones toman como base la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, la cual reporta que en nuestro país existe un total de 10 millones 628 mil 802, personas de 60 años o más, de las cuales, 181 mil 826 requieren ayuda en sus actividades básicas diarias, mientras que 1 millón 144 mil 890 personas requieren de ciertos instrumentales también en su vida diaria. Por otro lado, se reporta que 3 millones 299 mil 203 personas no tienen seguridad social.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con la proyección del Consejo Nacional de Población, para el año 2020 el crecimiento de la población de 60 años o más en el país llegará a su pico máximo, con una tasa anual de crecimiento de 4.2 por ciento. Para el año 2050, uno de cada 4 mexicanos será adulto mayor.

2. Estas Comisiones están convencidas de la tarea que tiene el Congreso de la Unión para con las personas adultas mayores, ya que esta población requiere de atenciones especiales, pues presenta una alta incidencia de padecimientos crónico-degenerativos, por su condición de discapacidad, enfermedad, pobreza o abandono. De ahí la importancia de legislar en esta materia, siendo un rubro importante el de la atención gerontológica.

Como legisladores debemos resolver los problemas que enfrentan las personas adultas mayores, sobre todo de aquellos que no cuentan con ningún tipo de ingreso. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en México contamos con un índice de envejecimiento “moderado”, producto de la cantidad de personas con más de sesenta años, en relación con las de menos de catorce. Sin embargo, esta situación cambiará en los próximos años, por lo que estamos a tiempo para afrontar con responsabilidad este tipo de problemática.

3. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con las propuestas del Senador Salazar Solorio, por lo que están de acuerdo en reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que las políticas públicas que implemente el Estado Mexicano garanticen los derechos de las personas adultas mayores, bajo una perspectiva que tenga como base una visión gerontológica.

Es por ello que con las presentes reformas se busca que la legislación en la materia incluya una política gerontológica dirigida a garantizar los derechos de las personas adultas mayores, a través del empoderamiento y jerarquización el saber gerontológico.

4. Igualmente, estas Comisiones proponen adicionar el 3º artículo de la Ley en comento para introducir los conceptos de “Edad Prospectiva”, “Perspectiva Gerontológica” y “Política Gerontológica”, con la finalidad de actualizar nuestra legislación y así estar en mejores posibilidades de atender a las personas adultas mayores desde una perspectiva más especializada y profesional.

5. Consideramos importante la adición de un artículo 10 Bis, sin embargo estimamos oportuno hacer una modificación para ampliar el alcance del precepto y permitir a los diseñadores de los programas poder evaluar cuando sea oportuno que se atienda el concepto de política gerontológica y de edad prospectiva, así como cuando sea necesario la aplicación de otros principios.

Asimismo, en lo que corresponde a la adición de un Capítulo II al Título Cuarto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con sus respectivos artículos 10 Ter y 10 Quáter, con la finalidad de incluir un rubro especial sobre la Política dirigida a este sector de la población, con una perspectiva gerontológica, la cual permitirá que la atención a las personas adultas mayores no parta solamente de la edad de sus destinatarios, sino que tome en cuenta los aspectos sociales, económicos, psicológicos y culturales que los rodean, se tome en cuenta lo siguiente:

En cuanto al artículo 10 Ter se propone dividir el primer párrafo con la finalidad de poder observar claramente cuáles son los mandatos contenidos en cada uno. En ese sentido, dentro del contenido del segundo párrafo se establece que la política pública en materia de personas adultas mayores, en caso de que el programa así lo requiera, considerará para su diseño la edad prospectiva promedio en el ámbito territorial de su aplicación.

Finalmente, se está de acuerdo con la adición a este artículo para señalar que cuando sea necesario la determinación de la edad prospectiva se estará al Registro establecido en la III del Artículo 6° de la Ley a través del cual el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), recabará la información necesaria del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a las personas adultas mayores.

En este artículo se propone ampliar las acciones que debe realizar el Estado para garantizar la observancia de la perspectiva gerontológica en la ejecución de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores para ir de la “presupuestal” a todas aquellas a las que haya lugar.

En lo correspondiente a la adición de una fracción III al artículo 14, en el mismo sentido del párrafo anterior se propone que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios realicen lo conducente para promover el diseño y ejecución de una política gerontológica, sin que sea necesariamente a través de estructuras y recursos presupuestales.

6. Por último, se busca que en el ejercicio de las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se atienda una perspectiva gerontológica.

7. Las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, están convencidas que como país debemos modificar la forma tradicional en la que se ha venido atendiendo a las personas adultas mayores, debido a que necesitan de nuevas perspectivas, por lo que debemos aprovechar las ventajas y adelantos que el mundo nos ofrece hoy.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos:

RESUELVEN

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforman las fracciones VII y IX del artículo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1, las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3, un artículo 10 Bis, un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quater al Título Cuarto, una fracción III al artículo 14, y una fracción IV al artículo 27, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. a III. …

IV. La política gerontológica dirigida a los adultos mayores, la cual, a través del empoderamiento y la jerarquización del saber gerontológico, garantizará sus derechos.

Artículo 3º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. …

XII. Edad Prospectiva. La esperanza de vida de la población, a partir de los 60 años, con base en las cifras demográficas oficiales;

XIII. Perspectiva Gerontológica. El enfoque dirigido a transformar la imagen de las personas adultas mayores, atendiendo a su capacidad productiva en su familia y comunidad; y

XIV. Política gerontológica. Aquella dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, garantizando sus derechos y al mismo tiempo utilizando sus conocimientos y experiencias en igualdad de oportunidades para ejercer su participación en el proceso político, social y otros aspectos de la vida comunitaria.

Artículo 10 Bis. La política pública nacional de las personas adultas mayores evaluará la conveniencia de atender, en cada uno de sus objetivos, a la edad prospectiva y la implementación de una política gerontológica.

CAPITULO II
DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 10 Ter. La formulación de las políticas públicas para las personas adultas mayores no dependerá exclusivamente de su edad cronológica, por lo que el Estado podrá tomar en cuenta la perspectiva gerontológica.

Asimismo, procurará que el diseño e implementación de los programas consideren la edad prospectiva promedio en el ámbito territorial de su aplicación.

La determinación de la mencionada edad prospectiva se hará con base en la información a que se refiere la fracción III del Artículo 6° de la Ley.

Artículo 10 Quáter. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios realizarán las acciones necesarias para garantizar la observancia de la perspectiva gerontológica en la ejecución de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. a II. …

III. Promover el diseño y ejecución de una política gerontológica.

Artículo 27. En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto deberá atender a los siguientes criterios:

I. a III. …

IV. Perspectiva gerontológica.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. …

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores, con una perspectiva gerontológica;

VIII.

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, integrando en ellas la perspectiva gerontológica, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;

X. a XXX. …

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.





 

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 35, FRACCION VI Y 38 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS; DE LA LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY DE VIVIENDA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE POBLACION; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 60 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 60 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Otro, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 419 Y 423 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 419 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS

(Dictamen de primera lectura)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Debido a que dichos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, quedan de primera lectura.





 

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, en relación a la clasificación de sustancias psicotrópicas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del Artículo 245 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de enero de 2012, se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite propuesta del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa con fundamento en los Artículos 71 y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 245, fracciones I y III de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Según lo establecido en el Acuerdo relativo a dictámenes en poder de la Mesa Directiva, que no se resolvieron en el Pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó el asunto en comento a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 26 de febrero de 2013, se discutió y aprobó la Iniciativa que reforma las fracciones I y III de la Ley General de Salud, con 428 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En la misma fecha se remitió a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.

4. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta por la que se reforma el Artículo 245, fracciones I y III de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República para su análisis y Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente minuta, propone incluir en la clasificación de sustancias psicotrópicas, la mefedrona, la piperazinaTFMPP, el midazolam y el canabinoide sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia necesarias respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de vigilar las normas que regulan las sustancias con uso terapéutico o no, que pueden resultar peligrosas para la salud de los mexicanos o cualquier otra persona que se encuentre al interior del país.

B. La Minuta en comento se deriva de la Iniciativa propuesta por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que tiene como propósito incluir en el listado del artículo 245, ciertas sustancias que por sus características, pueden resultar peligrosas para su salud, si son utilizadas indebidamente.

Las sustancias que se proponen son sustancias que pueden generar adicción, entre otros daños por el uso indebido de las mismas, como ya lo señala la colegisladora, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el término de adicción lo define como el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor, se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia, preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

La preocupación del Ejecutivo Federal se deriva de uno de los problemas de salud pública más serios que se presentan no sólo en nuestro país, sino en el mundo y que tiene que ver con el consumo y la comercialización de drogas, que derivan además en el impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, de personas que se vuelven adictos o que a pesar de consumir algún tipo de droga por primera vez, llega a una sobredosis que afecta a su organismo de manera fulminante.

C. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones:

• La mefedrona es una substancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis; induce principalmente a estar más activo y alerta.

• El midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta, se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general; principio activo contenido en soluciones bucales y anestesias principalmente.

Sin embargo, ambas substancias se pueden adquirir sin ninguna restricción.

• La piperazinaoTFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina, es vendida legalmente como alternativa de los efectos del éxtasis, bajo el nombre de x legal, sus efectos son similares a los de anfetamínicos, y es utilizada principalmente en medicamentos contra parásitos, para que se puedan remover o expeler los organismos invasores.

• Finalmente los cannabinoides, K2, es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, y se comercializa como producto natural, el mismo puede provocar efectos adversos como agitación, pánico, aumento en la presión sanguínea, vómito y alucinaciones. Contenidos principalmente en estimulantes del apetito, analgésicos, sprays para dolores neuropáticos, entre otros.

• La piperazinaoTFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina, es vendida legalmente como alternativa de los efectos del éxtasis, bajo el nombre de x legal, sus efectos son similares a los de anfetamínicos.

• Finalmente el K2, es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, y se comercializa como producto natural, el mismo puede provocar efectos adversos como agitación, pánico, aumento en la presión sanguínea, vómito y alucinaciones.

D. Coincidimos con la Colegisladora en la viabilidad y pertinencia de reformar el Artículo 245 de la Ley General de Salud y regular así, aquellas substancias que propicien la afectación de la salud de las personas en nuestro país.

F. Conforme a lo anterior, en concordancia con la Colegisladora, señalamos la importancia de ratificar el sentido de la presente reforma a la Ley General de Salud.

Es por ello que con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable el instrumento legislativo en comento, en los términos que señala la Colegisladora, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación
Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación
Química

 

 

 

CATINONA

MEFEDRONA

NO TIENE

4- METILMETCATITONA

(-)-a-aminopropiofenona.

2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

NO TIENE

DET

n,n-dietiltriptamina

NO TIENE

DMA

dl-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

DMHP

3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano.

NO TIENE

DMT

n,n-dimetiltriptamina.

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina.

NO TIENE

DOET

d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-metilfeniletilamina.

(+)-LISERGIDA

LSD, LSD-25

(+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-lisérgico).

NO TIENE

MDA

3,4-metilenodioxianfetamina.

TENANFETAMINA

MDMA

dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina.

NO TIENE

MESCALINA (PEYOTE; LO-PHOPHORA WILLIAMS II ANHALONIUM WILLIAMS II; ANHALONIUMLEWIN II.

3,4,5-trimetoxifenetilamina.

NO TIENE

MMDA.

dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

PARAHEXILO

3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6h-dibenzo [b,d] pirano.

ETICICLIDINA

PCE

n-etil-1-fenilciclohexilamina.

ROLICICLIDINA

PHP, PCPY

1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.

NO TIENE

PMA

4-metoxi-a-metilfenile-tilamina.

NO TIENE

PSILOCINA, PSILOTSINA

3-(2-dimetilaminoetil)
-4-hidroxi-indol.

PSILOCIBINA

HONGOS ALUCINANTES DE CUALQUIER VARIEDAD BOTANICA, EN ESPECIAL LAS ESPECIES PSILOCYBE MEXICANA, STOPHARIACUBENSIS Y CONOCYBE, Y SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.

fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo.

NO TIENE

STP, DOM

2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano.

TENOCICLIDINA

TCP

1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

NO TIENE

THC

Tetrahidrocannabinol, los si-guientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) ysus variantes estereoquímicas.

CANABINOIDES
SINTÉTICOS

NO TIENE

K2

 

TMA

 

 

dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina.

PIPERAZINATFMPP

PIPERONAL O HELIOTROPINA

NO TIENE

1,3- trifluoromethylphenylpiperazina

ISOSAFROL

 

 

SAFROL

 

 

CIANURO DE BENCILO

 

 

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II.-

III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

BENZODIAZEPINAS:
ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA)
ALPRAZOLAM
AMOXAPINA
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CAMAZEPAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORACEPATODIPOTASICO
CLORDIAZEPOXIDO
CLOTIAZEPAM
CLOXAZOLAM
CLOZAPINA
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
EFEDRINA
ERGOMETRINA (ERGONOVINA)
ERGOTAMINA
ESTAZOLAM
1- FENIL -2- PROPANONA
FENILPROPANOLAMINA
FLUDIAZEPAM
FLUNITRAZEPAM
FLURAZEPAM
HALAZEPAM
HALOXAZOLAM
KETAZOLAM
LOFLACEPATO DE ETILO
LOPRAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OXAZEPAM
OXAZOLAM
PEMOLINA
PIMOZIDE
PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)
CARISOPRODOL
CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA)
ETCLORVINOL
FENDIMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
GLUTETIMIDA
HIDRATO DE CLORAL
KETAMINA
MEFENOREX
MEPROBAMATO
TRIHEXIFENIDILO.

IV. y V. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión e informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa, consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La minuta en comento se deriva de la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, el 25 de enero de 2012, tiene como propósito incluir en el listado del artículo 245 de la Ley General de Salud ciertas sustancias que por sus características pueden resultar peligrosas para su salud si son utilizadas indebidamente.

Es por ello que se propone incluir ciertas sustancias que pueden generar adicción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define adicción como: El consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra deseo compulsivo de consumir la sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia, y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

Este es uno de los grandes problemas de salud pública más serios que se presentan no sólo en nuestro país, sino en el mundo y que tiene que ver con el consumo y la comercialización de drogas que derivan además en el impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte de personas que se vuelven adictas o que a pesar de consumir algún tipo de droga por primera vez llega una sobredosis que afecta su organismo de manera fulminante.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, la Mesedrona es una sustancia estimulante que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes como el extasis, induce principalmente estar más activo y alerta.

El Midasolan es de acción muy corta, se utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general; sin embargo, ambas sustancias se pueden adquirir sin ninguna restricción.

Por su parte, la Pipedesina OTHMVP por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con al benzilpiperazina es vendida legalmente como alternativa de los efectos del “Extasis” bajo el nombre de “X-legal”, y sus efectos son similares a los de los anfetamínicos.

Finalmente, los canabinoides K-2, es un sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes y se comercializa como producto natural. El mismo puede provocar efectos adversos como agitación, pánico, aumento en la presión sanguínea, vómito y alucinaciones, contenidos principalmente en estimulantes del apetito, analgésicos sprays para dolores neuropáticos, entre otros.

Es, por lo anterior, que las comisiones dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en la viabilidad de la importancia de reformar el artículo 245 de la Ley General de Salud, y regular así aquellas sustancias que propicien la afectación de la salud de las personas en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Ortiz Domínguez.

Para su discusión, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 4o., y 73, fracción XVI, muestran la imperiosa necesidad de vigilar las normas que regulan las sustancias con uso terapéutico o no que puedan por sus características, resultar ser nocivas para la salud e integridad de las personas si son utilizadas indebidamente o derivada de ellas que generan adicción.

Este es uno de los temas que realmente debiera preocupar a la COFEPRIS y no ir a cerrar instalaciones como hospitales que no cumplen por la norma por lo pequeño que son, y que la queja en los estados de la República es el abuso que hace la COFEPRIS en este sentido.

Y este tema de los medicamentos debiera ser prioritario para esta parte de la institución de salud. Bajo esta premia la esencia de esta minuta es la inclusión en la clasificación de sustancias psicotrópicas que especifica el artículo 245 de la Ley General de Salud.

De las siguientes sustancias, que ya mencionó aquí la Presidenta de la Comisión, la doctora Maki, como la Mefedrona, la Piperazina, el Midazolam y el Cannabinoide, sintética K. Con la finalidad de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia necesarias respecto de su uso terapéutico, o en su caso, proceden contra el uso indebido de cada una de ellas.

La preocupación no debe ser menor, ya que se deriva de uno de los problemas de salud pública más graves en el país, el consumo y la comercialización de drogas y este terrible fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos, incluso la muerte de personas que se vuelven adictos o en una primera ocasión de consumo de alguna droga que llega a una sobredosis que acaba fulminantemente con ellos.

En este momento, estas substancias se pueden adquirir sin ninguna restricción, por lo que es menester que controlemos toda sustancia nociva para los mexicanos, apostemos por una salud pública lejana de toda droga, fomentemos el sano desarrollo de las personas restringiendo estas sustancias peligrosas, dándole su trabajo en la dimensión que tiene la COFEPRIS y que esto sí justifica que vaya y clausure negocios que expenden este tipo de medicamentos y no se vayan sobre los negocios cualquiera, que cerrándolos les representa una cuota de recuperación para que lo vuelvan a abrir.

Es por eso que venimos a votar a favor de esta propuesta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Martha Palafox.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, y en su momento al Senador Salvador López Brito.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes, compañeras, compañeros, con su permiso, señor Presidente.

Señoras y señores legisladores, esta minuta fue presentada como iniciativa el 25 de enero de 2012 por el Ejecutivo Federal, y propone incluir en la clasificación de las sustancias psicotrópicas, con valor terapéutico, escaso a la mefedrona, la piperazina, OTHMVP y el Cannabinoide sintético.

Su objetivo principal es el de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas necesarias de control y vigilancia respecto al uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

Queremos que quede claro que esta nueva medida no implica que su uso o incluso su venta, esté prohibida, cuando se reconoce que una sustancia contiene un valor terapéutico escaso o nulo, implica que el medicamento sólo pueda adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud.

Por lo mismo, en el grupo parlamentario del PRD, coincidimos con la Colegisladora en la pertinencia de regular dichas sustancias, que como dice el propio dictamen, pueden generar adicciones e intoxicaciones.

Entonces estamos hablando de una medida de protección a pacientes, ya que el uso ilimitado o irresponsable de estas sustancias, dependiendo de la dosis, pudiera provocar pérdida de la coordinación y control psicomotor, cambios en la memoria y capacidades cognitivas, náuseas o vómitos.

Además, con esta medida estaremos limitando la producción indiscriminada y hasta delictiva, pues en la mayoría de las ocasiones se crean productores ilegales para vender únicamente a los jóvenes, el efecto de estas drogas y no sus posibles beneficios.

El abuso de sustancias psicotrópicas constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época, que no se nos olvide, este fenómeno afecta principalmente a nuestros niños y adolescentes.

Ante este panorama, esta Legislatura tiene la imperante obligación de velar por la salud, el bienestar y la seguridad de la población del país.

En el grupo parlamentario del PRD reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la prevención, el control y la vigilancia del uso terapéutico de las sustancias psicotrópicas. Estos son los asuntos que debemos de detener; nuestra misión como miembros de la Comisión de Salud debe ser en todo momento contribuir al mejoramiento de la salud, impulsar el tema como asunto primordial de la agenda gubernamental y del Senado.

Es cuanto, compañeros Senadores.

Gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Salvador López Brito, a nombre del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, buenos días compañeras y compañeros Senadores:

El espíritu de la presente minuta propone incluir en la clasificación de sustancias psicotrópicas la mefedrona, la piperazina compuesta, el midazolam y el cannabinoide Sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y de vigilancia necesarias respecto de su uso terapéutico, o en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas, ya que actualmente se pueden adquirir sin ninguna restricción.

La minuta en comento se deriva de una iniciativa propuesta por el anterior Ejecutivo Federal y tiene como propósito incluir en el listado de 245 sustancias, que por sus características pueden resultar peligrosas para su salud si son utilizadas indebidamente, razón por la cual coincidimos con la Colegisladora en la viabilidad y pertinencia de reformar el artículo 245 de la Ley General de Salud y regular así aquellas sustancias que propicien la afectación de la salud de las personas de nuestro país.

Mi participación en este tema, es una preocupación que debe ser de todos nosotros como representantes populares, derivada de los resultados de la última consulta para adicciones en el cual se observa la alta incidencia de consumo de sustancias adictivas, en grupos de edad cada vez menores, es decir, entre nuestras niñas, entre nuestros niños y adolescentes, esto debe ser motivo de exhortar, aprovechando este tema, de exhortar a nuestras autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal para que establezcan con urgencia acciones y políticas públicas que vayan en la dirección de prevenir las adicciones, sobre todo, encaminado a la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar del resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador Raúl Gracia Guzmán.

¡Bienvenidos!

Esta Directiva saluda también la presencia de un grupo de 50 alumnos y 5 profesores de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes están presentes en este Recinto, a invitación del Senador Aarón Irízar López.

¡Bienvenidos!

Igualmente esta Directiva saluda la presencia de profesores y estudiantes de primaria del Instituto Inesiano, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.

¡Bienvenidos!



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presiente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

A continuación, tenemos la discusión de dos dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar proyectos recibidos de la Colegisladora, los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día.

En consecuencia pasamos a su discusión de manera conjunta.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que he hecho referencia.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura.

Están a discusión los siguientes dictámenes, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

(Dictamen a discusión)







 

Otro con el proyecto de Decreto sobre el que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXII AL ARTICULO 387 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)



- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, están a discusión.

No habiendo quién haga uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar el resultado de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal de los dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.

Informamos a la Asamblea que hay más votaciones electrónicas, para que podamos continuar en este Recinto.

VER DOCUMENTO

- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 76 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos:

El proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Y el proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal.

Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.





 

A continuación, tenemos la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y IX DEL ARTICULO 28; Y SE ADICIONAN LA FRACCION IV AL ARTICULO 1, LAS FRACCIONES XII, XIII Y XIV AL ARTICULO 3; UN ARTICULO 10 BIS; UN CAPITULO II DENOMINADO “DE LA POLITICA CON PERSPECTIVA GERONTOLOGICA”, CON LOS ARTICULOS 10 TER Y 10 QUATER AL TITULO CUARTO; UNA FRACCION III AL ARTICULO 14; Y UNA FRACCION IV AL ARTICULO 27 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

“A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113.2, 117.1, 135.1, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2013, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2013, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Iniciativa materia del presente Dictamen tiene como finalidad complementar, enriquecer y actualizar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores incluyan el saber gerontológico; para lo cual busca incluir en la legislación tres conceptos: la política gerontológica, la perspectiva gerontológica y la edad prospectiva.
Asimismo, propone que la política pública nacional dirigida a las personas adultas mayores, atenderá en cada uno de sus objetivos a la edad prospectiva y al diseño e implementación de una política gerontológica.

Finalmente, busca que los tres órdenes de gobierno concurran para promover las estructuras y recursos presupuestales que contribuyan al diseño y puesta en marcha de una política gerontológica en nuestro país.

CONSIDERACIONES

1.- Las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, retoman los planteamientos del Senador promovente de la Iniciativa en estudio, en el sentido de considerar que como país debemos, dentro del marco de la protección de los derechos humanos, desarrollar una cultura de la protección y fomento de los derechos de las personas adultas mayores desde una perspectiva integral y con una visión de prospectiva gerontológica.

De igual forma, estas Comisiones toman como base la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2009, la cual reporta que en nuestro país existe un total de 10 millones 628 mil 802, personas de 60 años o más, de las cuales, 181 mil 826 requieren ayuda en sus actividades básicas diarias, mientras que 1 millón 144 mil 890 personas requieren de ciertos instrumentales también en su vida diaria. Por otro lado, se reporta que 3 millones 299 mil 203 personas no tienen seguridad social.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con la proyección del Consejo Nacional de Población, para el año 2020 el crecimiento de la población de 60 años o más en el país llegará a su pico máximo, con una tasa anual de crecimiento de 4.2 por ciento. Para el año 2050, uno de cada 4 mexicanos será adulto mayor.

2. Estas Comisiones están convencidas de la tarea que tiene el Congreso de la Unión para con las personas adultas mayores, ya que esta población requiere de atenciones especiales, pues presenta una alta incidencia de padecimientos crónico-degenerativos, por su condición de discapacidad, enfermedad, pobreza o abandono. De ahí la importancia de legislar en esta materia, siendo un rubro importante el de la atención gerontológica.

Como legisladores debemos resolver los problemas que enfrentan las personas adultas mayores, sobre todo de aquellos que no cuentan con ningún tipo de ingreso. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en México contamos con un índice de envejecimiento “moderado”, producto de la cantidad de personas con más de sesenta años, en relación con las de menos de catorce. Sin embargo, esta situación cambiará en los próximos años, por lo que estamos a tiempo para afrontar con responsabilidad este tipo de problemática.

3. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con las propuestas del Senador Salazar Solorio, por lo que están de acuerdo en reformar y adicionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que las políticas públicas que implemente el Estado Mexicano garanticen los derechos de las personas adultas mayores, bajo una perspectiva que tenga como base una visión gerontológica.

Es por ello que con las presentes reformas se busca que la legislación en la materia incluya una política gerontológica dirigida a garantizar los derechos de las personas adultas mayores, a través del empoderamiento y jerarquización el saber gerontológico.

4. Igualmente, estas Comisiones proponen adicionar el 3º artículo de la Ley en comento para introducir los conceptos de “Edad Prospectiva”, “Perspectiva Gerontológica” y “Política Gerontológica”, con la finalidad de actualizar nuestra legislación y así estar en mejores posibilidades de atender a las personas adultas mayores desde una perspectiva más especializada y profesional.
5. Consideramos importante la adición de un artículo 10 Bis, sin embargo estimamos oportuno hacer una modificación para ampliar el alcance del precepto y permitir a los diseñadores de los programas poder evaluar cuando sea oportuno que se atienda el concepto de política gerontológica y de edad prospectiva, así como cuando sea necesario la aplicación de otros principios.

Asimismo, en lo que corresponde a la adición de un Capítulo II al Título Cuarto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con sus respectivos artículos 10 Ter y 10 Quáter, con la finalidad de incluir un rubro especial sobre la Política dirigida a este sector de la población, con una perspectiva gerontológica, la cual permitirá que la atención a las personas adultas mayores no parta solamente de la edad de sus destinatarios, sino que tome en cuenta los aspectos sociales, económicos, psicológicos y culturales que los rodean, se tome en cuenta lo siguiente:

En cuanto al artículo 10 Ter se propone dividir el primer párrafo con la finalidad de poder observar claramente cuáles son los mandatos contenidos en cada uno. En ese sentido, dentro del contenido del segundo párrafo se establece que la política pública en materia de personas adultas mayores, en caso de que el programa así lo requiera, considerará para su diseño la edad prospectiva promedio en el ámbito territorial de su aplicación.

Finalmente, se está de acuerdo con la adición a este artículo para señalar que cuando sea necesario la determinación de la edad prospectiva se estará al Registro establecido en la III del Artículo 6° de la Ley a través del cual el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), recabará la información necesaria del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios dirigidos a las personas adultas mayores.

En este artículo se propone ampliar las acciones que debe realizar el Estado para garantizar la observancia de la perspectiva gerontológica en la ejecución de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores para ir de la “presupuestal” a todas aquellas a las que haya lugar.

En lo correspondiente a la adición de una fracción III al artículo 14, en el mismo sentido del párrafo anterior se propone que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios realicen lo conducente para promover el diseño y ejecución de una política gerontológica, sin que sea necesariamente a través de estructuras y recursos presupuestales.

6. Por último, se busca que en el ejercicio de las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se atienda una perspectiva gerontológica.

7. Las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, están convencidas que como país debemos modificar la forma tradicional en la que se ha venido atendiendo a las personas adultas mayores, debido a que necesitan de nuevas perspectivas, por lo que debemos aprovechar las ventajas y adelantos que el mundo nos ofrece hoy.

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos:

RESUELVEN

UNICO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforman las fracciones VII y IX del artículo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1, las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3, un artículo 10 Bis, un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quater al Título Cuarto, una fracción III al artículo 14, y una fracción IV al artículo 27, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. a III. …

IV. La política gerontológica dirigida a los adultos mayores, la cual, a través del empoderamiento y la jerarquización del saber gerontológico, garantizará sus derechos.

Artículo 3º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XI. …

XII. Edad Prospectiva. La esperanza de vida de la población, a partir de los 60 años, con base en las cifras demográficas oficiales;

XIII. Perspectiva Gerontológica. El enfoque dirigido a transformar la imagen de las personas adultas mayores, atendiendo a su capacidad productiva en su familia y comunidad; y

XIV. Política gerontológica. Aquella dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, garantizando sus derechos y al mismo tiempo utilizando sus conocimientos y experiencias en igualdad de oportunidades para ejercer su participación en el proceso político, social y otros aspectos de la vida comunitaria.

Artículo 10 Bis. La política pública nacional de las personas adultas mayores evaluará la conveniencia de atender, en cada uno de sus objetivos, a la edad prospectiva y la implementación de una política gerontológica.

CAPITULO II
DE LA POLITICA PUBLICA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Artículo 10 Ter. La formulación de las políticas públicas para las personas adultas mayores no dependerá exclusivamente de su edad cronológica, por lo que el Estado podrá tomar en cuenta la perspectiva gerontológica.

Asimismo, procurará que el diseño e implementación de los programas consideren la edad prospectiva promedio en el ámbito territorial de su aplicación.

La determinación de la mencionada edad prospectiva se hará con base en la información a que se refiere la fracción III del Artículo 6° de la Ley.

Artículo 10 Quáter. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios realizarán las acciones necesarias para garantizar la observancia de la perspectiva gerontológica en la ejecución de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores.
Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para:

I. a II. …

III. Promover el diseño y ejecución de una política gerontológica.

Artículo 27. En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto deberá atender a los siguientes criterios:

I. a III. …

IV. Perspectiva gerontológica.

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. …

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores, con una perspectiva gerontológica;

VIII.

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, integrando en ellas la perspectiva gerontológica, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;

X. a XXX. …

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de Decreto.

En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Se emitieron 74 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones VII y IX del artículo 28; y se adicionan la fracción IV al artículo 1, las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 3; un artículo 10 Bis; un Capítulo II denominado “De la Política con Perspectiva Gerontológica”, con los artículos 10 Ter y 10 Quáter al Título Cuarto; una fracción III al artículo 14; y una fracción IV al artículo 27 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se remite a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.





 

A continuación, tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 35, FRACCION VI Y 38 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores inscritos, ni artículos reservados para su discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para recoger la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35, fracción VI y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.





 

A continuación, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones para actualizar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA; DE LA LEY DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS; DE LA LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE; DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL; DE LA LEY DE VIVIENDA; DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES; DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE; DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL; DE LA LEY GENERAL DE POBLACION; DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: En consecuencia, está a discusión.

En primer término, a nombre de la comisión, se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro Reglamento.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente; muy buenas tardes, compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Hago uso de esta tribuna para sintetizar las reformas que se han aprobado en las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, a raíz de la iniciativa de reforma, de la autoría del Senador Eviel Pérez Magaña.

En este sentido, es pertinente referir que las reformas contenidas en el presente dictamen, y que el día de hoy se someten a consideración del Pleno, se encuentran acordes con las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, por el cual, entre otras, se transformó la Secretaría de Reforma Agraria, en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU.

La cual a grosso modo, tiene diversas atribuciones en el ámbito agrario, en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda y de la planeación, el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento.

Consecuentemente, la SEDATU tiene la encomienda de atender, tanto a la población de zonas de zonas rurales, para equiparar sus condiciones de vida con las existentes en los centros urbanos, como la acelerada conversión de tierras a uso urbano, a lo largo y ancho del territorio nacional.

En el entendido, de que el Estado debe ser capaz de regular el uso de suelo y el destino de las tierras que integran el territorio nacional, y proporcionar condiciones para su aprovechamiento óptimo y sustentable.

En virtud de lo anterior, dentro del dictamen se propone ajustar la nomenclatura a un total de 16 leyes, para sustituir el nombre de Secretaría de Reforma Agraria, por la de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, buscando con ello evitar a toda costa confusiones dentro de la redacción de las leyes en aras de contribuir a un adecuado control normativo que dé certeza y seguridad jurídica que le permite desempeñar de mejor manera a la SEDATU las atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas por el Constituyente.

Asimismo, reconociendo la relevancia de consolidar las facultades que debe desempeñar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es que se propone que la SEDATU, de igual manera, forme parte de los siguientes organismos:

De la Comisión Nacional de Desarrollo Social, porque ésta tiene como objeto consolidar la integralidad y el federalismo sobre las bases de coordinación, colaboración y concentración de estrategias y programas de desarrollo social y la vivienda, como derechos fundamentales plasmados en la Constitución, ya que es parte de la noble tarea que tiene encomendada la SEDATU.

Del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, porque debemos de ser conscientes de los datos que arrojan las evidencias científicas sobre la existencia de un cambio climático, resultado de la acumulación en la atmósfera de emisiones de gases de efecto invernadero inducido por las actividades de los seres humanos, y en este tenor, el crecimiento de la población y su tendencia a concentrarse en ciudades, es uno de los factores más importantes que propician la emisión de gases que aumentan la temperatura del planeta y que dan lugar al llamado efecto invernadero.

Estoy convencido, en que con la participación que la ciudad tuvo con los organismos anteriores referidos, éstos habrán de favorecer a que dicha Secretaría contribuya de mejor manera, en la creación de políticas públicas incluyentes, integrales, equitativas y, por supuesto, bajo un enfoque de desarrollo sustentable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, hago una atenta invitación a las Senadoras y Senadores aquí presentes, para que voten a favor del presente dictamen, en razón de que las reformas antes referidas buscan la armonización jurídica para eliminar las inconsistencias que se encuentran actualmente en nuestro marco jurídico normativo en cuanto a las atribuciones que tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en materia de desarrollo y fomento a la vivienda, del territorio y del sector agrario.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco García Cabeza de Vaca.

En consecuencia, está a discusión en lo general dicho dictamen.

Informo a la Asamblea que se había inscrito el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, a favor del dictamen. En virtud de que no se encuentra y no habiendo más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que faltan dos dictámenes, además de éste, que serán votados de manera nominal, además de varios dictámenes que serán votados de forma económica.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 78 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población; de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 60 del Código Penal Federal.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 60 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 76 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 60 del Código Penal Federal. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.





 

A continuación, tenemos la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 419 Y 423 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 419 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

} - El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

No habiendo oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento, y ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de los estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, invitados por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

¡Bienvenidos!

(Aplausos)



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 75 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 419 y 423 y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Informo a la Asamblea que esta fue la última votación nominal, pero habrá 10 votaciones más de carácter económico.





 

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de Acuerdo.

Estos proyectos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)

Doy lectura al segundo dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos dictámenes.

En virtud de no haber oradores registrados ni reservas de los dictámenes, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los dictámenes. Comuníquense.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a implementar las acciones necesarias a fin de regular la urbanización en tierras de propiedad comunal y privada en zonas ejidales del territorio nacional.

Este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE DESARROLLO URBANO
Y ORDENACION TERRITORIAL

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION TERRITORIAL

“H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a implementar acciones y medidas necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA PROPOSICION”, se describe el alcance de la proposición en estudio y análisis.

III. En el capítulo de “ANALISIS DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, se estudian las características y la problemática que enfrentan los asentamientos humanos, la reforma urbana y la ordenación territorial.

IV. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.
I. ANTECEDENTES

1. En la sesión ordinaria del 3 de octubre de 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron al Pleno del Senado de la República una proposición con punto de Acuerdo.

2. La Mesa Directiva turnó la Proposición, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1837 de fecha 3 de octubre del 2013, a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial para su análisis y dictamen, siendo recibida el día 7 del mismo mes.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

En su exposición de motivos las proponentes señalan que la demanda de suelo para vivienda, la ocupación irregular de la tierra, la disminución de las zonas ejidales y comunales dedicadas a la agricultura y el crecimiento desmesurado de los asentamientos humanos, constituyen algunos de los principales problemas del desarrollo urbano y de la tenencia de la tierra, la solución de estos, dicen, representa una fuente de demandas permanentes de la sociedad y una de las preocupaciones prioritarias para nuestro país.

Dicen las proponentes que la mayor parte de las zonas ejidales y comunales han sido ocupadas por asentamientos humanos, originando la victimización de los campesinos por la especulación inmobiliaria y por los procesos expropiatorios, provocando la pérdida de tierras agrícolas a favor de la urbanización; consideran a la agricultura, más que un sector productivo importante, como la incorporación de un relevante potencial económico para el progreso del país y que, en gran medida, su desarrollo implica la realización de:

• La capacidad creadora y productiva de más de una cuarta parte de la población nacional; y

• Las mejoras en los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios.

Lo anterior constituye estímulos a la realización del potencial productivo de la población rural con el consecuente círculo virtuoso de progreso y crecimiento productivo, y mejora de las condiciones de vida en amplias zonas del país. Este desarrollo, además, impacta de manera virtuosa en el potencial de desarrollo económico global impulsando la demanda interna, la articulación interregional, el equilibrio social y la cohesión e integración regional.

Dicen que la afectación de las zonas ejidales y comunales por el crecimiento de los asentamientos humanos, impacta negativamente en las características naturales de las zonas y del medio ambiente, lo que no necesariamente implica poner freno al crecimiento urbano, ya que es prioritario que más personas cuenten con vivienda, pero si regular su crecimiento para que no afecte a los núcleos agrícolas.

El decremento de tierras agrícolas a favor de la construcción de vivienda, señalan las proponentes, además de generar desorden territorial afecta a ejidatarios mal asesorados en la venta de terrenos para vivienda que incluso, mencionan las senadoras, llegan a ser despojados de sus tierras.

Señalan que los instrumentos para incorporar suelo social al desarrollo urbano cambiaron a partir de 1992 cuando los ejidatarios, mediante sus asambleas, pudieron tomar decisiones sobre la enajenación de sus tierras dado que antes solo existía el mecanismo de expropiación, lo que ha provocado la incorporación anual de 35 mil hectáreas rurales al desarrollo urbano.

Por lo anterior, dicen, urge que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en conjunto con autoridades estatales y municipales, lleve a cabo estrategias de crecimiento y de desarrollo urbano que no afecten las tierras agrícolas.

Por lo expuesto, proponen:

“El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en ámbito de su competencia implemente acciones necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional “.
Su petición conlleva el hecho que el sector rural, sin detrimento del proceso de urbanización, logre mayores niveles de vida y a que dicha dependencia tiene entre sus atribuciones el impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población.

III. ANALISIS DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La petición de las senadoras proponentes a la SEDATU en el sentido de que “…implemente acciones necesarias para regular la urbanización en zonas ejidales dedicadas a la agricultura en el territorio nacional”contiene, de manera implícita, el soporte constitucional de la facultad de los ejidos para privatizar sus tierras y, por lo tanto, de que sean urbanizadas. Esto conlleva, necesariamente, a la construcción de viviendas para los distintos usos que las leyes lo permitan.

Otras facultades del Estado que van implícitas en el mencionado exhorto son las de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y por lo tanto, las de tomar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos, lo que significa que el Estado puede, y debe, regular la urbanización en zonas ejidales, acorde con el contenido del exhorto.

Al respecto y en línea con lo anterior, abona señalar que en la década de 1990 al 2000 el Estado implementó reformas al marco legal de la propiedad de la tierra ejidal permitiendo la privatización de las mismas surgiendo, dentro de los núcleos ejidales, pequeñas propiedades privadas mediante un programa de certificación de derechos para dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra. Se abría así el mercado de tierras ejidales, por lo que los ejidatarios podían realizar cualquier tipo de transacción de compra-venta y arrendamiento de sus tierras certificadas. Por ello, en una misma zona pueden encontrarse, y de hecho se encuentran, tierras de uso común a la vez que otras de propiedad privada, sujetas, estas últimas, a las leyes y procedimientos mercantiles .

En la petición de las senadoras proponentes se omite señalar si la “urbanización en zonas ejidales”, que piden sean reguladas por la SEDATU mediante la implementación de acciones necesarias, se lleva a cabo en tierras parceladas y por lo tanto de propiedad privada, o bien en tierras de propiedad social, violentando los planes y programas urbanos y la normatividad urbana. Esto último implicaría, de manera directa, el surgimiento de asentamientos irregulares así como su posible ubicación en perímetros no aptos de urbanización y en zonas de riesgo.

La Ley Agraria establece en el artículo 87 que cuando los terrenos de un ejido se encuentren en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras; por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos dice en su artículo 38, que el aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley, así como en la Ley Agraria, entre otras.

Hasta el mes de diciembre del año 2012 la Secretaría de Desarrollo Social tenía facultades referentes a la urbanización, al ordenamiento del territorio y en materia de asentamientos humanos; mediante decreto de fecha 2 de enero del 2013, dichas facultades fueron asumidas por la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano :

• Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

- El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

- La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;
- El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

- La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda;

• Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

• Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERO.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado Mexicano tiene la facultad de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público a fin de lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, y en consecuencia, tomar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos.

SEGUNDA.- Los núcleos de población se encuentran en expansión constante en la inmensa mayoría de los casos, a costa de tierras ejidales. Conforme al actual marco jurídico, en estos núcleos existen tierras de propiedad privada y social que carecen, en no pocas ocasiones, de las condiciones de seguridad, geográficas, naturales y legales para su urbanización.

TERCERA.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es responsable de planear y ordenar el territorio nacional, conforme a la normatividad existente, para su máximo aprovechamiento, regulando el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población, de impulsar el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de los centros de población en general. En la propuesta es necesario clarificar que la regularización de la urbanización en las tierras debe de llevarse a cabo tanto en la propiedad comunal y privada de las zonas ejidales, pues los asentamientos humanos se localizan en ambas tierras dedicadas a la agricultura en el territorio nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, considera que es de aprobarse la proposición con punto de Acuerdo y somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la resolución siguiente con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que en ámbito de su competencia implemente acciones necesarias para el interés público a fin de regular la urbanización en tierras de propiedad comunal y privada en zonas ejidales del territorio nacional.

Dado en la sede del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente.- Sen. Angélica Araujo Lara, Secretaria.- Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria”.


Consideradas como inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Los ejidatarios están en posibilidad de celebrar cualquier acto jurídico o emprender cualquier acción sobre las mismas

Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

En virtud de no haber oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(la Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo sobre cuidados paliativos.

Este proyecto se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a cumplir con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal y realice las acciones necesarias de manera eficaz en materia de cuidados paliativos.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de abril de 2013, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a cumplir con las disposiciones relativas a los derechos de los enfermos en situación terminal y realice las acciones necesarias de manera eficaz en materia de cuidados paliativos.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, señala la importancia de continuar realizando acciones encaminadas a promover los cuidados paliativos y darlos a conocer entre la población para que recurran a ellos cuando lo necesiten.

III. CONSIDERACIONES

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1990 México adoptó un documento básico para el progreso de los denominados cuidados paliativos, éstos de acuerdo con la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, EAPC, por sus siglas en inglés, se definen como el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial”.

Posteriormente la OMS amplió la definición de los cuidados paliativos de la siguiente manera: “Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales.”

Dicha Organización señala a partir de dicha definición se debe cumplir un enfoque multidisciplinario que integre a la familia, a través de una evaluación y alivio del sufrimiento físico, psicológico y social, ya que derivado de ello se logra mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, que enfrentan enfermedades amenazantes para la vida, disminuyendo el dolor y otros síntomas, proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico, hasta el final de la vida y aún durante el duelo.

B. En México, los cuidados paliativos surgen como programas de asistencia a partir de la atención de los pacientes con cáncer en fase terminal. En el mismo sentido con el aumento de esperanza de vida, pero a su vez el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, se inauguró en 1972 la Unidad de Medicina del Dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, con la finalidad de cubrir las necesidades del enfermo terminal.

Sin embargo, es hasta el 19 de octubre de 1992, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo número 106 por el que se establece El Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor, con sede en el Hospital General de México. Es en dicho documento donde se establece en su Artículo 1, que dicho Centro, tendrá como objetivo determinar los contenidos y características de los programas de capacitación en terapia del dolor y prestación de asesoría técnica a las unidades que proporcionan dicho servicio en los establecimientos de salud dependientes de la Secretaría.

Dicha publicación generó la divulgación de los cuidados paliativos, logrando en 1992 la creación de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, así como la del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. En 1999 en la Clínica del Dolor del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” se crea la clínica de Cuidados Paliativos, para la atención principalmente de pacientes oncológicos y la visita domiciliaria. En 2002, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, se conformó el programa de Cuidados Paliativos que incluye el apoyo domiciliario. En el 2007, inició la Unidad de Cuidados Paliativos en Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde se realiza el seguimiento a domicilio y además, asistencia telefónica.

D. Posteriormente el 05 de enero de 2009, como bien señala la Legisladora proponente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, así como la creación de un Título Octavo Bis denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal”.
Dichas reformas incorporaron en el marco normativo de la salud, aspectos tales como la orientación y capacitación a la población en cuidados paliativos, por lo que respecta a la educación para la salud, según lo establece la fracción III del artículo 112; los objetivos que tiene la inclusión de la materia en la ley, tales como salvaguardar la dignidad de los enfermos, garantizar una muerte natural, limitar la defensa de la vida del enfermo terminal y la obstinación terapéutica, el tratamiento del dolor, entre otros; además de definir una serie de conceptos, para la mejor interpretación de la ley.

E. A pesar de lo anteriormente señalado, la Legisladora proponente señala la falta de datos estadísticos reales, que permitan dimensionar el número de enfermos en fase terminal que ingresan a los Centros de Salud en nuestro país; además de mencionar las desventajas que se derivan de cuidar a enfermos terminales en su hogar, ya que no tienen un monitoreo cierto las 24 horas del día y la falta de preparación técnica en caso de colapso del paciente, dificulta la secuencia de los tratamientos para el mismo.

Cifras importantes que comenta la Senadora proponente, a partir de un estudio de principales causas de defunción en México, de 2010, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojó que más 70 mil personas fallecieron por tumores malignos; más de 19 mil por enfermedades pulmonares; más de 11 mil por insuficiencia renal; más de 4 mil por VIH/SIDA, entre otras causas, y sólo entre el 50 y 60 por ciento de ellos, recibieron cuidados paliativos.

F. Finalmente esta Comisión resalta la proposición de la Senadora proponente, de solicitar a la Secretaría de Salud, para que realice acciones reales afirmativas a favor de los enfermos en fase terminal, que se otorgue la atención y el servicio adecuado desde que se tiene conocimiento de la situación del paciente, ya sea en los propios centros e instituciones de Salud o en su defecto para que proporcione la suficiente atención a los pacientes que decidan irse con sus familiares.

Así mismo la integración de estadísticas reales, el fortalecimiento de los espacios destinados al tratamiento del dolor y manejo de enfermos terminales, en los que se les proporcionen los Cuidados Paliativos necesarios a través de los Centros e instituciones de Salud, así como una correcta y adecuada atención, permitirá que las personas en fase terminal puedan mitigar el sufrimiento.

Que la Secretaría de Salud promueva una mayor difusión de este tipo de lugares y que facilita la accesibilidad para estos servicios, debido a que el principal objetivo de los Cuidados Paliativos es, ser una alternativa viable para mitigar el dolor del paciente y sus familiares.

G. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se realice una mayor difusión sobre los Centros e instituciones que brindan los servicios de Cuidados Paliativos, con la finalidad de que los enfermos en fase terminal y sus familias conozcan y puedan acceder a tan importante servicio.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se realicen las acciones afirmativas necesarias a fin de que se implementen de manera eficaz los Cuidados Paliativos en los Centros e Instituciones de Salud de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, a favor de los enfermos en situación terminal y sus familiares.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto.

Se ha inscrito de manera oportuna la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen; igualmente los Senadores Adolfo Romero Lainas y Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Creo que el día de hoy, con el apoyo de todas y todos los Senadores, estaremos dando curso a uno de los temas que por humanismo, por derechos humanos, porque la salud es un derecho constitucional que hombres y mujeres de este país tenemos, que es el tema de la situación de las enfermedades terminales y lo que tiene que ver con cuidados paliativos.

Nos llama mucho la atención cómo en un proceso de una enfermedad larga, de una enfermedad que avanza de manera negativa, vamos a nombrarlo así, llegue un momento en donde a la familia del enfermo se le llama para decir: “tu enfermo ya no tiene remedio, llévatelo a tu casa”. Y lo más delicado del tema, es qué pasa en el periodo en donde se toma esa decisión; y lo entendemos, la hospitalización y los medicamentos tienen un costo, toda la manutención de un enfermo en donde no mejora su salud, tiene un costo; sin embargo, ¿qué pasa desde ahí hasta la muerte?

Nosotros estamos buscando que los cuidados paliativos que ya son una buena práctica en otros países, también México los tenga a favor de estas personas que tienen enfermedades terminales.

Desde el mes de abril yo presenté este punto de Acuerdo, y estamos buscando que la Ley General de Salud también lo contemple, porque es importante que podamos brindar este servicio, no solamente en este periodo de atención, sino en el periodo en el que se le llama persona desahuciada y que ya no tiene remedio.

Y por eso yo agradezco que haya sido en la Comisión de Salud votado a favor, y que hoy este Pleno pueda ratificar que los cuidados paliativos formen parte de la atención de las y los enfermos terminales. Por ello, agradezco el voto a favor, primeramente, de este punto de Acuerdo, pero posteriormente en la búsqueda de una reforma que consagre que el derecho a la salud es desde el principio hasta el fin.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Diva Gastélum.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes. Con su permiso señora Presidenta; con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores:

El posicionamiento de la Comisión de Salud relativo a la difusión sobre los servicio de cuidados paliativos que proporcionan las instituciones públicas de salud.

Los cuidados paliativos en enfermemos terminales es un tema particularmente sensible en nuestra sociedad. El propósito de este servicio, es lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias.

El actual enfoque sobre el tema es multidisciplinario e integra a la familia, buscando aliviar el sufrimiento físico, psicológico y social propio de estos casos.

En México, los cuidados paliativos comenzaron a proporcionarse en 1972, para la atención de los pacientes con cáncer en fase terminal, en la Unidad de Medicina del Dolor, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".

20 años después fue establecido el Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor en las instalaciones del Hospital General de México. Esta importante acción, trajo como consecuencia la creación de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara; una unidad similar en el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del ISSSTE, en 1999; en la Clínica del Dolor del Hospital General de México, "Doctor Eduardo Liceaga", para atender principalmente a pacientes con cáncer, se estableció la visita domiciliaria en el 2002; en el Hospital de Oncología del Centro Médico "Siglo XXI" del Instituto Mexicano del Seguro Social, se estableció el programa de cuidados paliativos que también incluyó apoyo domiciliario; en el 2007 inició la Unidad de Cuidados Paliativos en Pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde además del seguimiento domiciliario, se dio asistencia telefónica.

En el año 2009 se incluyó en la Ley General de Salud, un título denominado de los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal; así, dentro de las funciones de las Unidades de Cuidados Paliativos, se incorporaron la orientación y capacitación a la población.

Se establecieron entre los operativos la salvaguarda de la dignidad de los enfermos, la garantía de una muerte natural, la defensa de la vida de enfermos terminal, la obstinación terapeuta, el tratamiento para mitigar el dolor, entre otras medidas.

Como es evidente, el Estado mexicano ha hecho importantes avances en la atención de un tema por demás sensible a los pacientes y a las familias que enfrentan esta situación. Sin embargo, la Comisión de Salud del Senado de la República, coincide con la promovente de este punto de Acuerdo en que, ante el notable incremento de los casos de pacientes en fase terminal por enfermedades no contagiosas como los tumores malignos, las enfermedades pulmonares, la insuficiencia renal y otras contagiosas como el VIH-SIDA.

Es necesario que el Estado difunda entre la población la información relativa a los servicios, para que pacientes en etapa terminal sean entendidos en las instituciones de salud pública, de manera que podamos superar el porcentaje de atención que oscila actualmente entre el 50 y 60 por ciento de los casos.

Por ello, exhortamos respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que materialice a la brevedad acciones de amplia difusión entre la población, sobre los servicios de cuidados paliativos que presentan las instituciones públicas de salud, para que un mayor número de pacientes y sus familias conozcan y hagan uso de ellos.

Así como el exhorto para que los centros e instituciones de salud cumplan con lo establecido por la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos, tomando las acciones afirmativas necesarias; y que recordemos que todo enfermo en etapa terminal tiene todo el derecho de tener una muerte digna, porque es hacia donde tienen que ir las instituciones de salud pública.

Por su atención, muchas gracias compañeros.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Adolfo Romero.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.
- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Los cuidados paliativos no acortan ni alargan la vida, están dirigidos a prevenir y aliviar el dolor de los pacientes en situación terminal, posibilitándolos de mejores condiciones en sus enfermedades; así mismo, son el modelo de atención integral para atender al paciente que sufre una enfermedad de fase terminal. Su principal finalidad es cuidar al paciente involucrado en la toma de decisiones del tratamiento que ha de seguir.

Los cuidados paliativos, en su definición ampliada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, establece como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, de impecable evaluación y tratamiento de dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales; y digo espirituales porque los cuidados paliativos también quitan el dolor del alma.

Cuando un paciente ya no tiene algún tratamiento curativo, por lo menos sus últimos días los podemos ayudar con este tipo de tratamiento de atención médica, quitándoles el dolor, esto ayuda mucho, principalmente los pacientes con cáncer que acuden a estas Unidades de Cuidados Paliativos o Clínicas del Dolor; incluso por eso puedo decir que quitar el dolor del alma también ayuda al bien morir.

Espero que algún día podamos tocar en esta tribuna el tema de la eutanasia que va bastante ligado al tema de los cuidados paliativos.

En nuestro país, hasta el 19 de octubre de 1992, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 106, por el que se establece el Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor, con sede en el Hospital General de México.

Este documento establece, en su artículo 1., que dicho centro tendrá como objetivo determinar los contenidos y características de los programas de capacitación en Terapia del Dolor y prestación de asesorías técnicas en las unidades que proporcionan dicho servicio en los establecimientos de salud, dependientes de la Secretaría de Salud.

Otro logro que tenemos que aplaudir, es que en México contamos con morfina, una medicina maravillosa que se utiliza, incluso, no nada más para el dolor, sino como preanestésicos, pero que afortunadamente la hay en México, aunque el control es muy severo para un medicamento tan noble, pero a veces, dadas las circunstancias en que vive nuestro país, el control de los medicamentos de este tipo tienen que ser así de severos.

Sin embargo, considero que aprobando este punto de Acuerdo, vamos a ayudar a esta gente en nuestro querido México, para que si ya están fuera de tratamiento oncológico o fuera de toda ayuda médica, puedan pasar sus últimos días, su última etapa con dignidad.

Hay que vivir con dignidad, pero también hay que morir con dignidad.

Por su apoyo a este dictamen de cuidados paliativos, les doy las gracias y les agradezco su atención.

Muchas gracias señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Fernando Mayans.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en torno a la hipertensión.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la hipertensión arterial, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de abril de 2012, los Senadores María Elena Barrera Tapia integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Romo Medina, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera y Armando Neyra Chávez Integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la hipertensión arterial, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La proposición con punto de Acuerdo pretende exhortar respetuosamente a los Gobiernos Estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la hipertensión, dentro del marco del Día Mundial de la Salud. Así mismo a los Gobiernos Estatales para que soliciten a los titulares de las Secretarías de Salud respectivas, a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, en los 3 ejes rectores de la Política Nacional de Salud.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del punto de Acuerdo, como lo es contrarrestar la hipertensión arterial padecimiento que crece día a día en nuestro país.

B. Cabe señalar que las Naciones Unidas iniciaron la celebración del “Día Mundial de la Salud”, el 7 abril de 1950, precepto que se vale para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en esta materia fundamental.

En salud, las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, las adicciones, los accidentes, lesiones y violencia, las discapacidades y los problemas de salud mental, constituyen algunos de los retos más relevantes.

Por ello, la celebración en 2013 hace énfasis en una de las enfermedades más devastadoras de los últimos años, como lo es la “Hipertensión Arterial”, también llamada la epidemia silenciosa del siglo XXI.

C. Es importante hacer énfasis que la hipertensión arterial, es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias.

La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas, por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud pública, especialmente en los países desarrollados, afectando a millones de personas a nivel mundial.

Algunos de los factores que contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, el tamaño de la familia, circunstancias de nacimiento, las profesiones estresantes y el consumo alto en sal en los alimentos.

La hipertensión arterial persistente puede causar un accidente cerebrovasculartrombótico o embólico, infartos lacunares o un accidente cerebrovascular hemorrágico con hematomaintracerebral, entre otros. Tanto la presión sistólica y diastólica elevadas son perjudiciales; una presión diastólica de más de 100 mmHg y una presión sistólica de más de 160 mmHg han dado lugar a una incidencia significativa de enfermedades cerebro vasculares.

D. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que la hipertensión es una enfermedad silenciosa que mata alrededor de 9.4 millones de personas al año y afecta a uno de cada tres adultos a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, la hipertensión es el segundo mayor factor de riesgo de enfermedades cardiacas después de la obesidad, en todo el mundo el 40% de los adultos de más de 25 años padece hipertensión.

E. En México, las enfermedades cardiovasculares constituyen un importante problema de salud pública, las enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar como causa de defunción: en el año 2000 ocurrieron poco más de 68 mil muertes y se estima que el 2012, la cifra ascienda a más de 105 mil.
La Encuesta Nacional de Salud 2012 muestra que la prevalencia de la hipertensión arterial se ha mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 6 años, siendo del 31% en la población adulta de mayores de 20 años. Esta cifra se incrementa cuando se asocia a la obesidad (42%) y aún más, cuando se asocia a diabetes mellitus (65%).

En la encuesta también se pudo observar que del 100% de adultos hipertensos 47.3% desconocía que padecía hipertensión arterial. Por ello es llamada silenciosa, ya que una de cada tres personas con hipertensión desconoce que tiene esta enfermedad.

F. Cabe hacer mención que las enfermedades derivadas de la Hipertensión arterial para el Sistema Nacional de Salud causa un costo muy elevado. Ante este panorama una política pública eficaz en salud y la prevención de las enfermedades y de la promoción de la salud debe ser una prioridad.

G. Nuestro país representa retos dentro del ámbito de la salud, hoy en día existe una mayor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y la hipertensión, propias de los países desarrollados. Por ello, se deben realizar acciones y estrategias eficaces y sobre todo redoblar esfuerzos interinstitucionales.

Cabe mencionar que en ocasión del Día Mundial de la Salud 2013, el Gobierno Federal, a través del Ejecutivo, presentó la estrategia nacional de política de salud de los próximos 6 años.

La estrategia se divide en tres grandes ejes.

1. Acceso Efectivo. El Estado debe asegurar los servicios de salud a toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico o su condición laboral.

2. Calidad en el Servicio. Se busca que por igual, se cuente con médicos, profesionales calificados e instalaciones para recibir un servicio de salud de calidad, así como seguir ampliando y modernizando la infraestructura hospitalaria y, en particular, trabajar para que las comunidades aisladas cuenten con personal médico capacitado.

3. Prevención. Se debe anticipar a la enfermedad y evitar las condiciones que la generan, ese es el ideal de la mejor forma de cuidar la salud.

Es por ello que con esta proposición se busca alertar y enfatizar que la hipertensión así como otros padecimientos se deben tomar como prioridad ya que puede seguir creciendo el número a causa de este tipo de enfermedades.

H. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en el año 2013 contra la hipertensión, dentro del marco del Día Mundial de la Salud.

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales para que soliciten a los titulares de las Secretarías de Salud respectivas, a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, en los 3 ejes rectores de la Política Nacional de Salud.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.
- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Con su permiso, señora Presidenta.

Hablar de hipertensión, Senadoras y Senadores, es hablar de una enfermedad que caracteriza por el incremento continuo de la presión sanguínea en las arterías; a tal grado se ha multiplicado el impacto de este mal en el mundo, que ya es llamada también la epidemia silenciosa del siglo XXI; esto es porque la hipertensión arterial tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad, como una enfermedad asociada a la vida urbana y a los hábitos de consumo de productos industrializados y a la vida sedentaria entre otras causas.

La hipertensión arterial puede causar un accidente cerebrovascular como una trombosis o un émbolo, o infartos lagunares a un infarto cerebrovascular hemorrágico como hematoma y transcerebral, entre otros.

Tanto la presión arterial sistólica y diastólica elevadas son perjudiciales. Una presión diastólica de más de 100 milímetros de mercurio y una presión sistólica de más de 160 milímetros de mercurio, han dado lugar a una incidencia significativa de enfermedades cerebrovasculares.

Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial mata a 9.4 millones de personas cada año y afecta a uno de cada tres adultos a nivel mundial.

En América Latina y El Caribe, la hipertensión arterial es el segundo factor de riesgo de enfermedades cardiacas, sólo supera a la obesidad. En todo el mundo, el 40 por ciento de los adultos de más de 25 años de edad padece hipertensión arterial.

En México, en el año 2000 hubo poco más de 68 mil muertes relacionadas con la hipertensión; y se estima que en el 2012 la cifra superó las 105 mil defunciones.

La Encuesta Nacional de Salud de 2012, indica que la prevalencia de la hipertensión se ha mantenido constante durante los últimos seis años, afectando el 31 por ciento de la población mayor de 20 años, el porcentaje asciende a 42 por ciento cuando esa población presenta algún grado de obesidad y al 65 por ciento cuando se asocia a pacientes con diabetes mellitus.

La encuesta muestra que el 47 por ciento de los pacientes con hipertensión arterial ignoraba su padecimiento. Es decir, casi la mitad de los pacientes desconoce que son hipertensos.

Por estas razones, la atención a la hipertensión arterial, como problema de salud pública, debe tener alta prioridad en la política sectorial de los gobiernos estatales y federales. Se deben adoptar estrategias y tomar acciones eficaces.

En el 2013 el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Política de Salud vigente para los siguientes seis años, la cual plantea tres grandes ejes:

Primero.- Acceso efectivo para que toda la población, sin importar su nivel socioeconómico, tenga garantizado el acceso a los servicios de salud.

Segundo.- Calidad en el servicio para que los médicos, personal de apoyo y administrativo estén debidamente capacitados, así como contar con una infraestructura hospitalaria adecuada, en especial en las comunidades aisladas.

Tercero.- Prevención para anticipar a la enfermedad y evitar las condiciones que la generen.

En la Comisión de Salud del Senado de la República, exhortamos al gobierno federal y a los gobiernos estatales a trabajar de manera coordinada dentro del Marco Mundial de la Salud del año 2013.

Un segundo exhorto se dirige respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de sus respectivos titulares de la Secretaría de Salud, trabajen de forma coordinada con el gobierno federal en el logro de los tres ejes rectores de la Política Nacional de Salud.

Es cuanto, señora Presidenta.
- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Adolfo Romero.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor de este dictamen.

 Declina su participación. Gracias Senador.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo sobre los hechos ocurridos en un centro de salud de Jalapa de Díaz.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca, a informar sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2013 en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en los cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar, por no haber recibido atención médica, así como de las acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a presentarse.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de octubre de 2013, los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Eviel Pérez Magaña, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 2013, en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en los cuales una mujer dio a luz en el jardín del lugar, por no haber recibido atención médica, así como de las acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a presentarse.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

Los Legisladores proponentes, exhortan al gobierno del estado de Oaxaca, para que informe sobre los hechos ocurridos el 2 el octubre de 2013 en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en el cual una mujer dio a luz en el jardín del lugar, por no haber recibido atención médica.

III. CONSIDERACIONES

A. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se define a la mortandad materna como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto, o los 42 días posteriores al parto, por cualquier causa del mismo, declarándola desde el año 2009 como un asunto de derechos humanos.

Aunado a ello, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 1,500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, traduciéndose como la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel mundial.

Así mismo, dicho Fondo señala que para lograr que ninguna mujer muera por complicaciones obstétricas, es necesario garantizar el acceso universal a servicios de planificación familiar, atención calificada del parto, cuidados de emergencia obstétrica y servicios para prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

También se encuentra entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, reducir tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad derivada de la maternidad; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo con los legisladores proponentes, señaló que esta meta tiene “progreso insuficiente” que impedirá lograrlo en toda la región de América Latina y el Caribe.

B. En México, el promedio nacional de muertes maternas es de 43 por cada 100 mil niños nacidos vivos, cuando la meta adquirida por el Estado Mexicano es de reducir esa cifra a 22 para el año 2015.
Los Senadores proponentes señalaron que en el País, la muerte materna es más común en las localidades pobres y con una alta proporción de población indígena, situación avalada por la ONU que advierte sobre la desventaja de las mujeres que dan a luz en áreas rurales respecto a las mujeres que lo hacen en zonas urbanas.

Al respecto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Salud, en relación a la incidencia de mortalidad materna donde las entidades federativas con la tasa más alta son Guerrero, Chihuahua, Campeche, Oaxaca y Michoacán.

En México, de acuerdo con las mimas instituciones, sólo tres entidades federativas tienen niveles de mortandad materna por cada 100 mil niños nacidos vivos, acordes a los Objetivos del Milenio, entre los que encontramos a los estados de Tamaulipas con 15.7, Sinaloa con 16.8 y Aguascalientes con 18 muertes por esta causa.

C. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, en el Capítulo de Atención Materno Infantil.

No obstante los esfuerzos realizados en el tema, hace falta mucho por hacer, a través de la materialización de políticas públicas y aplicación de las normas vigentes en la materia que eviten la falta de atención médica a las personas que lo necesitan, en este caso específicamente mujeres que se encuentran a punto de aliviarse, como el caso de la mujer de Oaxaca, a quien no se le brindó la atención adecuada y que llegó con avanzado trabajo de parto, situación que la obligó a dar a luz en el jardín del lugar, sin la mínima ayuda de parte del personal del Centro de Salud, situación que representó un grave riesgo tanto para la salud de madre e hijo.

Lo anterior, deja de manifiesto la situación que viven o es potencialmente probable que vivan mujeres embarazadas, quién además de no recibir una atención adecuada durante el embarazo, por diversas circunstancias, al momento del parto no son atendidas con el carácter prioritario que marca la Ley ni con la sensibilidad que debe existir ante cualquier emergencia médica.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca para que se envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre los hechos ocurridos el día 2 de octubre en el Centro de Salud de Jalapa de Díaz en el cual una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica, así como de las acciones tomadas para evitar que situaciones como esta vuelvan a presentarse.

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que informen a esta Soberanía sobre las acciones que realizan para combatir la muerte materno-infantil y refuercen las mismas, para garantizar la atención médica adecuada a las mujeres que durante su embarazo, parto y puerperio lo necesiten.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN.
- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia.

He pedido participar en este tema en nombre propio y en el de la Comisión de Salud, puesto que es un problema de vital importancia para la salud pública de nuestro país.

Quiero compartir con ustedes, amigas y amigos Senadores, el hecho de que, en lo que representan las tasas de mortalidad materna, nuestro país aún se encuentra por arriba de las cifras que la Organización Mundial de la Salud considera las mejores, pero las, diríamos, adecuadas o tolerables para un país que se pueda jactar de buenos servicios de salud.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, mil 500 mujeres y niñas mueren cada año a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, traduciéndose como la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel mundial.

Asimismo, para que ninguna mujer muera por complicaciones obstétricas, es necesario garantizar el acceso universal a servicios de planificación familiar, atención calificada del embarazo y el parto, cuidados de emergencia obstétrica y servicios para prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA.

La Organización de las Naciones Unidas, advierte sobre la desventaja de las mujeres que tienen sus partos en áreas rurales, respecto a las mujeres que lo hacen en zonas urbanas. En nuestro país la muerte materna es más común en las localidades pobres y con una alta proporción indígena.

En México, el promedio nacional de muertes maternas es de 43 por cada 100 mil niños nacidos vivos, cuando la meta adquirida por el Estado mexicano es reducir esta cifra a cuando menos 22 para el año 2015.

Al respecto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Salud, en relación a la incidencia de mortalidad materna, las entidades federativas con la tasa más alta son: Guerrero, Chihuahua, Campeche, Oaxaca y Michoacán por lo cual tenemos que en México, de acuerdo con las mismas instituciones, sólo 3 entidades federativas tienen niveles de mortalidad materna por cada 100 mil niños nacidos vivos acordes con los objetivos del milenio establecidos por la Organización Mundial de la Salud, entre los que encontramos a los estados de Tamaulipas, con 15.7; Sinaloa, con 16.8; Aguascalientes con 18 muertes por esta causa.

Yo hago un paréntesis para felicitar a los servicios de salud de los estados ya referidos y, desde luego, a mi estado, Sinaloa, por mantener y mejorar las cifras que da la OMS en este tema.

No obstante los esfuerzos realizados, hace falta mucho por hacer a través de la materialización de políticas públicas y aplicación de las normas vigentes en la materia, que eviten la falta de atención médica a las personas que lo necesitan.

En este caso, específicamente mujeres que se encuentran a punto de parir, como el lamentable caso de una mujer que sucedió en el estado de Oaxaca, a quien no se le brindó la atención adecuada y que llegó con un avanzado trabajo de parto, situación que la obligó a tener el mismo en el jardín del lugar, sin la mínima ayuda de parte del personal del centro de salud, situación que representó un grave riesgo tanto para la salud de la madre, como la del hijo.

Por lo anterior, es que estamos solicitando voto de apoyo en este dictamen que dice:

Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al gobierno del estado de Oaxaca para que se envíe a esta Soberanía un informe detallado sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre en el centro de salud de Jalapa de Díaz, en el cual una mujer tuvo su parto en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica, así como de las acciones tomadas para evitar que situaciones como ésta vuelvan a presentarse.
Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los gobiernos de las entidades federativas para que informen a esta Soberanía sobre las acciones que realizan para combatir la muerte materno-infantil y refuercen las mismas para garantizar una atención médica adecuada a las mujeres que durante su embarazo, parto y puerperio, así lo necesiten.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador López Brito.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en torno al mosquito del dengue.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que en coordinación con el Gobierno de San Luis Potosí fortalezcan y mejoren las acciones del operativo sanitario en los estados afectados por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica; así como para combatir y minimizar los riesgos sanitarios ante las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos.

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 3 de octubre de 2013 los Senadores Teófilo Torres Corzo integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y César Pedroza Gaytán, integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de Acuerdo, relativa a exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que en coordinación con el Gobierno de San Luis Potosí fortalezcan y mejoren las acciones del operativo sanitario en los estados afectados por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica; así como para combatir y minimizar los riesgos sanitarios ante las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

El punto de Acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que en coordinación con el Gobierno de San Luis Potosí fortalezcan y mejoren las acciones del operativo sanitario en los estados afectados por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica; así como para combatir y minimizar los riesgos sanitarios ante las inundaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el combate a la enfermedad del dengue en las diferentes entidades de la República Mexicana en específico en el estado de San Luis Potosí, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social, máxime que se trata de un asunto de salud pública del estado mexicano que es necesario atender a la brevedad.

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud estén al alcance de toda la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en particular para la prevención, atención y control de enfermedades como el dengue.
C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el dengue es una infección vírica transmitida por el mosquito AEDES AEGYPTI, que se presenta en los climas tropicales de todo el mundo, principalmente en las zonas urbanas y semiurbanas, convirtiéndose en un importante problema de la salud pública.

Cabe señalar que el mosquito se reproduce en recipientes que contienen agua clara y quieta como botellas, baldes, bebederos de animales, tanques de agua, macetas y lonas dentro de las casas, patios, jardines, balcones y terrazas.

Mientras que en los lugares públicos se cría en depósitos de neumáticos, chatarrerías, y en cualquier sitio donde haya recipientes en los que se acumule agua quieta.

D. El dengue y dengue hemorrágico son enfermedades de tipo febril con intensidad aguda, dolor intenso en el sistema músculo esquelético e inflamación de los ganglios linfáticos. La primera, es una enfermedad de tipo gripal que ataca a los adultos y a niños de edad avanzada, y excepcionalmente provoca la muerte. El segundo tipo es aún más grave, ya que pueden sobrevenir hemorragias y en ocasiones un estado de choque, que conduce a la muerte.

Se transmite al ser humano por la picadura del mosquito hembra denominado “Aedes aegypti”, o por la del “Aedes albopictus”, cuya característica es su color blanquinegro con rayas en el dorso y las patas.

E. Es de señalarse que la OMS afirma que la incidencia de dengue ha aumentado enormemente en las últimas décadas, ya que más de 2500 millones de personas podrían estar en riesgo de contraer la infección, es decir, más del 40% de la población mundial; cada año, 500 mil personas padecen dengue grave (niños en mayor proporción), necesitan hospitalización y aproximadamente un 2.5 % de los afectados fallecen.

A consecuencia de las variantes originadas por el cambio climático como lo fueron hace apenas unas semanas los fenómenos Ingrid y Manuel, se ha favorecido su aparición en diversos estados, en específico, el estado de San Luis Potosí se encuentra en alerta ante la posibilidad de brotes de enfermedades como hepatitis y dengue, por ello la importancia de hacer un llamado a las autoridades competentes de tener medidas preventivas.

F. Derivado del incremento del virus del dengue en diversas entidades federativas de la República Mexicana, resulta apremiante que los niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal actúen en coordinación para la elaboración de estrategias que complementen las ya existentes, tendientes a la erradicación de esta enfermedad.

G. Hay que enfatizar, que el 20 de septiembre del año en curso el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) reportó que en la semana epidemiológica número 36, el total acumulado de casos confirmados de dengue ascendió a 27, 783 mientras que en el mismo periodo del año 2012 la cifra acumulada fue de 20 mil 290 casos; lo que significa un incremento del 37%. La incidencia nacional encabezada por Tabasco, con 4,245 casos acumulados seguidos de Tamaulipas con 3,503, Veracruz con 3,147, Morelos con 985 y Chiapas con 1,838 casos, representando en su conjunto el 53% de casos en 5 entidades federativas.

A pesar de que en San Luis Potosí se han registrado 479 personas infectadas con el virus del dengue clásico y hemorrágico, no se pueden excluir que este número aumente, ya que por el momento la población se encuentra en situación vulnerable a causa de los daños ocurridos por los fenómenos meteorológicos en la región y por la cantidad de escombros y desechos que se han seguido generando.

H. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide en que resulta apremiante el combate del padecimiento del dengue, por lo que, a pesar de que muchas han sido las acciones, campañas y programas implementados por los gobiernos de los estados en coordinación con la Secretaría de Salud para apaliar esta enfermedad, es necesario fortalecer las acciones y las campañas de prevención realizadas en las entidades federativas afectadas por la presencia inusual del mosquito transmisor del dengue.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y en conjunto con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, trabajen coordinadamente para fortalecer y mejorar las acciones y estrategias del operativo sanitario en los estados afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión.

Tiene el uso de la palabra el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Agradezco a la Comisión de Salud que me haya permitido fundamentar este dictamen, razón por lo que vengo a esta tribuna a someter a la consideración del Pleno, este dictamen que contiene un punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y en conjunto con el gobierno de San Luis Potosí, trabajen para fortalecer y mejorar acciones y estrategias en el operativo sanitario que está siendo afectada, tanto la entidad de San Luis Potosí, como algunas otras entidades por fenómenos meteorológicos y para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en sus vertientes clásica y hemorrágica.

La Organización Mundial de la Salud afirma que el dengue ha aumentado en forma muy importante en las últimas décadas. 2 mil quinientos millones de personas podían estar en riesgo de contraer esta infección, es decir, el 40 por ciento de la población mundial.

Cada año, 500 mil personas padecen de dengue grave, los niños en mayor proporción; y el 2.5 por ciento de los afectados tienen la mala suerte de fallecer.

En México, este padecimiento es de reciente aparición, ya que se confirmó su introducción por la frontera sur en los años 70, y a partir de los años 80 ha permanecido en el país con tasas moderadas, aunque los últimos reportes de la Secretaría de Salud indican que existe el riesgo potencial que pueda aumentar considerablemente con los índices de mortalidad en la población.

Sin duda, el fortalecimiento a los programas de vigilancia, prevención y control, son la mejor arma que podemos tener los mexicanos para hacerle frente de manera efectiva, a fin de evitar una epidemia grave de esta naturaleza.

En San Luis Potosí ya se iniciaron las campañas operando con brigadas estatales. En el momento que hice la solicitud, las autoridades y brigadas federales no estaban apoyando todavía esta contingencia de salud pública.

En mi estado, los servicios de salud han reportado ya 985 casos de personas infectadas con el virus del dengue clásico y hemorrágico.
Insisto, la relevancia de privilegiar la prevención de este padecimiento, evitará que se convierta en corto y mediano plazo en una urgencia epidemiológica, cuya realidad rebase la capacidad de los servicios médicos asistenciales.

Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente a esta Soberanía, otorgue su voto a favor del dictamen que hoy presenta la Comisión de Salud, a fin de que se fortalezcan coordinadamente las acciones preventivas de atención y combate al dengue entre las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, no solamente en San Luis Potosí, sino en los estados del país que han tenido este problema.

Creo que los mexicanos debemos de adelantarnos a una contingencia de mayores consecuencias.

Agradezco a la Comisión de Salud, me haya permitido hacer uso de la palabra en su nombre, con la propuesta que aquí se ha establecido.

A todos y a cada uno de ustedes, Senadoras y Senadores, muchas gracias, por su atención.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Teófilo Torres.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Enseguida tenemos la discusión de otro dictamen de la Comisión de Salud, con punto de Acuerdo en relación con las personas intoxicadas por salmonella, en el municipio de Suaqui, El Grande.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE SALUD

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE SALUD

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, del Estado de Sonora, a informar sobre la intoxicación masiva ocurrida en el Municipio de Suaqui, El Grande.
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen del referido punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración del punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de agosto de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud, del Estado de Sonora, a informar sobre la intoxicación masiva ocurrida en el municipio de Suaqui, El Grande.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el punto de Acuerdo de mérito, para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO

La Senadora proponente, suscribió la presente proposición con punto de Acuerdo, durante la Comisión Permanente del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, con la finalidad de conocer las razonas por las cuales un grupo significativo de la población del Estado de Sonora, del Municipio de Suaqui, El Grande, resultó intoxicada el pasado 26 de agosto, por el consumo de pollo aparentemente contaminado con Salmonella.

III. CONSIDERACIONES

A. Como se señala en el apartado del contenido del punto de Acuerdo, la preocupación de la Legisladora proponente, surge a partir de la intoxicación de Salmonella, a partir del consumo de pollo, enfatizando, que el pasado 26 de agosto, conforme al Presidente Municipal de Suaqui El Grande, en el estado de Sonora, 50 de 100 personas afectadas, tuvieron que ser trasladadas a Hermosillo.

B. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, “Serotipos de Salmonella identificados en los servicios de salud en México” la salmonelosis es una infección de importancia en salud pública que puede ser transmitida a través de los alimentos, donde los serotipos con mayor frecuencia en nuestro país, son la Salmonella Enteritidis y S. Typhimurium.

C. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, las estadísticas de enfermedades gastrointestinales reportadas, corresponden entre otras las conocidas como; absceso hepáticoamebiano, amibiasis intestinal, fiebre tifoidea, giardiasis, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, salmonelosis, entre otras.
D. La salmonelosis, particularmente, es una infección bacteriana que generalmente afecta el tracto intestinal y ocasionalmente, el torrente sanguíneo. Así mismo, constituye una de las causas más comunes de gastroenteritis y produce varios miles de casos cada año. Dicha infección se deriva del consumo de alimentos o agua contaminados.

Algunos de los síntomas más comunes, son diarrea graves o leves, fiebre y en algunos casos, vómitos. Las infecciones del torrente sanguíneo pueden ser muy graves, especialmente en el caso de niños muy pequeños o personas de edad avanzada.

E. No obstante lo anterior, el pasado 18 de octubre, también se registró la intoxicación de 198 personas más por salmonella, por el consumo de comida japonesa, en la misma entidad federativa, cuestión preocupante toda vez que nuevamente ocurrió una intoxicación masiva, por la misma causa.

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las autoridades de epidemiología de la Secretaría de Salud, del estado de Sonora, para que informen a esta Soberanía, mediante un diagnóstico minucioso, del estado que guardan las personas intoxicadas por salmonella en el Municipio de Suaqui el Grande, y el origen de su intoxicación, así como empresas involucradas en este proceso.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD”.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.





 

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en las próximas reuniones que habrán de realizarse dentro del Mecanismo de Diálogo Económico de Alto Nivel, se privilegie el tema del tránsito de viajeros que ingresan por vía terrestre entre México y Estados Unidos.

Este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
AMERICA DEL NORTE

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, para presentar el dictamen.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

En esta ocasión, solicito su atención para presentar un dictamen que tiene que ver con una problemática que persiste en la frontera norte.

Hace algunos días, algunas compañeras y compañeros Senadores, presentaron un exhorto, en donde se buscaba solicitar al Secretario de Relaciones Exteriores, a que realizara las gestiones diplomáticas para implementar acciones que redunden en la calidad de procedimientos en los trámites de internación de viajeros que ingresan legalmente a los Estados Unidos, por la vía terrestre.

Nadie puede negar que ese espacio que comparten México y Estados Unidos, es un espacio muy importante, son 3 mil 140 kilómetros. Transitan un millón de personas diariamente, de manera documentada, en ambas direcciones. Hay 300 mil vehículos que la cruzan todos los días, de los cuales 70 mil son vehículos de carga.

Es una región donde se genera el 21 por ciento del Producto Interno Bruto de este país; es prácticamente el 80 por ciento de los productos que se comercializan vía terrestre en este país. Hay un comercio de mil millones de dólares que pasan a través de la frontera o lo que es lo mismo, 45 millones de dólares por hora.

El problema que se expone en la propuesta con punto de Acuerdo, tiene que ver específicamente con la forma migratoria I-94, un trámite adicional a la visa que el gobierno de Estados Unidos impuso a todos quienes desean internarse más allá de 25 kilómetros al interior de ese país.

¿Qué ha traído esto como consecuencia? Largas filas de vehículos que muchas veces llegan a esperar hasta cuatro horas; instalaciones inadecuadas donde existe la falta de higiene en los sanitarios; esperar en plena intemperie para quienes tramitan ese permiso; escaso personal bilingüe; no hay trato preferencial para personas de la tercera edad.

Seguros estamos que ante la inminente puesta en marcha del mecanismo, dado a conocer durante la visita del Presidente estadounidense Barack Obama, en mayo pasado, el Diálogo Económico de Alto Nivel, este problema al que hace alusión el punto de Acuerdo y otros más que se han identificado como obstáculos al ingreso de vehículos, en ambos lados de la frontera, deberá de tener un lugar privilegiado en la agenda.

Por lo tanto, proponemos en la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el siguiente punto de Acuerdo, el cual ponemos a su consideración.

El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en las próximas reuniones que habrán de realizarse dentro del Mecanismo de Diálogo Económico de Alto Nivel, se privilegie el tema del tránsito de viajeros que ingresan por vía terrestre entre México y Estados Unidos, a fin de que éste pueda llevarse a cabo mediante procedimientos ágiles y con un compromiso de reciprocidad.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, Senador Alejandro Tello.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobado el dictamen. Comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes veracruzanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México; de la Universidad Iberoamericana; de la Escuela Libre de Derecho; de la Universidad Nacional Autónoma de México; y del CIDE, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)





 

Solicito a la Secretaría, informe las iniciativas y los puntos de Acuerdo que se turnarán directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones.

Dos iniciativas de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, una con proyecto de Decreto que adiciona un inciso al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

"La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, Senadora de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO AL ARTICULO 28 DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, en materia de trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La niñez y adolescencia son etapas fundamentales en el desarrollo humano, por ser donde se incuban muchos de los problemas de salud mental que se expresan en etapas posteriores, sin embargo la falta de difusión y atención a esta problemática ha dado lugar a que no se atiendan de manera temprana y oportuna estos padecimientos y de esta manera no se les brinden los cuidados especiales que requieren.
Existen diversas razones por las que los niños no son diagnosticados de manera oportuna sobre trastornos mentales, las principales razones se deben a la no identificación a tiempo de estos, que los padres no buscan ayuda médica cuando creen que sus niños exhiben comportamientos inusuales, esto generalmente se debe al estigma que rodean las enfermedades mentales. Otra razón se debe al alto costo del tratamiento psicológico y de los medicamentos, al respecto, la OMS ha señalado que “Aproximadamente cuatro de cada cinco personas que necesitan atención por trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en los países con ingresos bajos y medios-bajos no la reciben.”

La población en general desconoce que son factores genéticos los que inciden en que el menor pueda padecer un trastorno mental, es decir, biológicamente existe un factor común hereditario entre estos trastornos psiquiátricos. Del mismo modo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que los trastornos mentales pueden causar discapacidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha destacado en la resolución 65/95 que “los problemas de salud mental tienen una gran importancia en todas las sociedades, contribuyen de forma significativa a la carga que suponen las enfermedades y a la pérdida de calidad de vida y suponen enormes costos económicos y sociales.”

De igual forma, la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la prevención y control de las enfermedades no transmisibles del 19 y 20 de septiembre de 2011, se reconoció que los trastornos mentales y neurológicos, incluidas la enfermedad de Alzheimer, como una causa importante de la morbilidad y contribuyen a la carga mundial de las enfermedades no transmisibles, por lo que es necesario proporcionar un acceso equitativo a los programas e intervenciones eficaces de salud.

Aunado a lo anterior, existen diversas autoridades en la materia como el Instituto Mental Infantil de los Estados Unidos que señala que el setenta y cinco por ciento de todas las enfermedades de psiquiatría ocurren antes de los 24 años de edad, y el cincuenta por ciento antes de los 14 años.

Inclusive, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” ha señalado que detectar de forma temprana cualquier trastorno mental, ayuda a disminuir el riesgo de consumo de sustancias adictivas. Tomando en cuenta lo anterior es de vital importancia la detección temprana de estas enfermedades para evitar que las niñas, niños y adolescentes sufran un deterioro en su calidad de vida y se vean marginados y afectados desde una temprana edad, convirtiéndolos en un blanco fácil para adicciones y se vean reducidas sus oportunidades de crecimiento.

En cuanto a cifras en México la Encuesta Nacional Epidemiología Psiquiátrica realizó en 2001 y 2002 las primeras estimaciones representativas a nivel nacional de los trastornos mentales en la población mexicana, en esta relación se destacó que los trastornos psiquiátricos durante las primeras dos décadas de vida. Desafortunadamente debido a la poca difusión y la falta de diagnósticos en la materia no se tienen cifras exactas de la población que sufre estos trastornos.

Ahora bien, de acuerdo a la información presentada por la Secretaría de Salud actualmente la niñez mexicana sufre a nivel nacional entre otros1:

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física

82

F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides

32

F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles

30

F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas

167

F20 Esquizofrenia

92

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios

35

F31 Trastorno afectivo bipolar

35

F32 Episodio depresivo

227

F33 Trastorno depresivo recurrente

111

F34 Trastorno del humor [afectivos] persistentes

79

F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación

32

F60 Trastornos específicos de la personalidad

65

F70 Retraso mental leve

34

F71 Retraso mental moderado

35

F90 Trastornos hipercinéticos

50

F91 Trastornos de la conducta

107

Los números crecen de manera alarmante en la población adulta, que siendo más conciente de esta problemática, acude a los centros de salud.

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física

1,700

F07 Trastronos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral

211

F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol

947

F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides

165

F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína

136

F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimilantes, incluida la cafeína

184

F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas

1,594

F20 Esquizofrenia

4,875

F22 Trastornos delirantes persistentes

132

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios

469

F25 Trastornos esquizoafectivos

839

F29X Psicosis de origen no orgánico, no especificada

140

 

F30 Episodio maníaco

 

50

 

F31 Trastorno afectivo bipolar

 

2,373

F32 Episodio depresivo

1,253

F33 Trastorno depresivo recurrente

1,490

F34 Trastorno del humor [afectivos] persistentes

138

F41 Otros trastornos de ansiedad

168

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo

56

F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación

132

F60 Trastornos específicos de la personalidad

778

F70 Retraso mental leve

202

F71 Retraso mental moderado

272

F72 Retraso mental grave

122

Es por lo anterior y en conmemoración del día internacional de la niñez, resalto la necesidad de atender esta problemática que afecta de manera grave a nuestros niños, impidiendo su correcta formación y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

DECRETO

UNICO: Se adiciona al artículo 28 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el inciso K para quedar como sigue:

Artículo 28…

A.- L.…

K. Llevar a cabo las políticas públicas pertinentes para la promoción de la salud mental, así como para la detección, atención, tratamiento y recuperación de las niñas, niños y adolescentes que sufran trastornos mentales.

TRANSITORIO

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 20 de noviembre de 2013.

Sen. María Cristina Díaz Salazar".

1 Secretaría de Salud. Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios, 2012.





 

Y una con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 77 y su primer párrafo de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 77 Y SU PRIMER PARRAFO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

"La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 77 Y SU PRIMER PARRAFO, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD MENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los padecimientos mentales y emocionales de los niños y los adolescentes forman parte de un panorama controvertido, “que no es aceptado por la población en general ni por muchos pediatras, los cuales incluso comentan que lo que le ocurre a los niños se debe a su edad y que con el tiempo ‘desaparecerá’. Mucha gente se niega a reconocer que existan la depresión, la angustia u otras alteraciones severas en el niño, pero se ha constatado que es posible”.

Las primeras alteraciones que se presentan en el infante pueden ser aquellas que corresponden al desarrollo psicomotor, como sucede con los niños que no controlan sus esfínteres a la edad en que deberían hacerlo, o que no aprenden a hablar o a caminar en el momento adecuado.

“Estas desviaciones son las primeras, pero también las más importantes y las más frecuentes, porque se correlacionarán más adelante con el rendimiento escolar.

Después de estas anomalías, se deben considerar los trastornos de conducta, que son condiciones más incisivas y delicadas que deterioran el funcionamiento escolar y social de los niños. En estas se encuentra el déficit de atención (TDAH) (incapacidad para prestar atención a una tarea concreta durante un período prolongado, inquietud, impulsividad y desorganización), y los casos de ansiedad y depresión infantiles, que hasta la década de 1960 empezaron a ser considerados por los especialistas como entidades propias, con manifestaciones diferentes a las de los adultos”.

De suma importancia resulta el desarrollo psicosocial del niño, su seguridad para enfrentar retos y la manera en que entiende su circunstancia. Un niño que ha sido maltratado psicológicamente será, en consecuencia, un individuo que arrastre consigo un costal de prejuicios, temores y reclamos que impedirán explotar sus capacidades.

“A un niño hay que ayudarle a que fortalezca el sentimiento de confianza básica en sí mismo desde que es un bebé, porque ésta será la pieza fundamental de la autoestima en el futuro. A un menor no se le debe decir que lo que hizo estuvo terrible o muy mal; lo ideal es explicarle que lo que hizo probablemente lo puede mejorar, que fue más bonito lo que hizo antes. Siempre debe comparársele consigo mismo, no con los demás, pues eso determina en gran medida la confianza y el sentimiento de autoestima positivo”.

Cierto es que llama la atención saber de un niño diagnosticado con ansiedad, depresión o déficit de atención (TDAH), pero existen condiciones que son sumamente graves y que son ignoradas por mucha gente. Hablamos de los trastornos generalizados del desarrollo, son lo más grave que le puede ocurrir a un niño.
Se trata de condiciones como los síndromes autista (autismo de Kanner), de Rett y de Asperger, así como del Trastorno desintegrativo de la infancia. Los niños que sufren alguno de estos padecimientos podrán tener limitaciones para hablar y ausencia de gestos que demuestren su estado de ánimo, así como dificultad para comprender los mensajes no verbales de las demás personas.

De igual forma, tendrán problemas para socializar, incluso para satisfacer necesidades fisiológicas como el hambre. En ocasiones el niño intentará establecer amistades, pero no sabrá cómo hacerlo y constantemente será presa de burlas, debido a su ingenuidad.

Finalmente, sirva todo lo anterior como referencia para reflexionar sobre la salud mental de las familias y la conveniencia de llevar a sus hijos a una revisión anual con un experto en psiquiatría infantil (paidopsiquiatra), lo que, es sumamente importante para verificar el desarrollo de los niños.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se modifica el artículo 77, y su primer párrafo, ambos de la Ley General de Salud en materia de salud mental en niños y adolescentes.

Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los pacientes con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niños y adolescentes.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Sen. Cristina Díaz Salazar".





 

PROPUESTAS

También, de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar acciones de prevención y control de diabetes y su diagnóstico temprano. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL DE DIABETES Y SU DIAGNOSTICO TEMPRANO, Y ESTABLEZCA UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES DIABETICOS EN EL CUAL PARTICIPEN TODAS LAS INSTITUCIONES DE SALUD

"La suscrita, Cristina DIaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD AGILICE ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL DE DIABETES Y SU DIAGNOSTICO TEMPRANO, Y ESTABLEZCA UN REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES DIABETICOS EN EL CUAL PARTICIPEN TODAS LAS INSTITUCIONES DE SALUD.

CONSIDERACIONES

Este día 14 de noviembre, se conmemora el día Mundial de la Diabetes, durante las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes en México se ha incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte en el país. Los datos de la ENSANUT 2012 identifican a 6.4 millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.2% de los adultos en México han recibido ya un diagnóstico de diabetes. El total de personas adultas con diabetes podría ser incluso el doble, de acuerdo a la evidencia previa sobre el porcentaje de diabéticos que no conocen su condición. Del total de personas que se identificaron como diabéticas en la ENSANUT 2012, 16% (poco más de un millón) son del grupo que reportan no contar con protección en salud, en tanto que 42% (2.7 millones) son derechohabientes del IMSS, 12% (800 mil) de otras instituciones de seguridad social, y 30% (1.9 millones) refieren estar afiliados al SPSS.

Del total de diabéticos diagnosticados, 14.2$ (poco más de 900 mil), dijeron no haber acudido al médico para el control de la diabetes en los 12meses previos a la entrevista, es decir, se puede considerar que no se encuentran en tratamiento y por lo tanto están retrasando acciones de prevención de complicaciones.

Por lo que se refiere a las complicaciones más frecuentes relacionadas con la diabetes están los padecimientos cerebros vasculares, coronarios, enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia renal y retinopatía, entre otras.

Considerando las estimaciones hechas para México sobre el costo anual de la atención de la diabetes, que sitúa el costo de atención por parte de los proveedores, en 707 dólares por persona por año, para 2012 se requieren 3,872 millones de dólares para el manejo de la diabetes, lo que representa un incremento de 13% con relación a la cifra estimada para 2011. Para contextualizar esta cifra, este monto es superior a los 3,790 millones asignados al Seguro Popular en 2010.

En el marco del Programa Nacional de Salud, se ha iniciado un plan estratégico de prevención y control de la diabetes, con el más alto liderazgo del ámbito federal, con responsabilidades, indicadores y metas para los diferentes proveedores de servicio. Este plan estratégico prioriza un abordaje preventivo, tanto desde el ámbito de la salud pública (estrategias para la población general) como en la atención primaria en salud, con elementos de identificación temprana de los factores predisponentes y potenciadores de la diabetes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud agilice acciones de prevención y control de diabetes y su diagnóstico temprano, y establezca un registro nacional de pacientes diabéticos en el cual participen todas las instituciones de salud

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de noviembre de 2013.

Sen. Cristina Díaz Salazar".





 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Ismael Hernández Deras, Luis Armando Melgar Bravo, José Ascención Orihuela Bárcenas, Graciela Ortiz González y René Juárez Cisneros, un punto de Acuerdo que exhorta a las entidades del país a fortalecer o, en su caso, crear sus respectivas policías cibernéticas, como una forma de combatir de manera más efectiva las nuevas modalidades de delitos en México. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES DEL PAIS A FORTALECER O, EN SU CASO, CREAR SUS RESPECTIVAS POLICIAS CIBERNETICAS, COMO UNA FORMA DE COMBATIR DE MANERA MAS EFECTIVA LAS NUEVAS MODALIDADES DE DELITOS EN MEXICO

Los suscritos, Senadores MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA ERNESTO GANDARA CAMOU, ISMAEL HERNANDEZ DERAS, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, JOSE ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ y RENE JUAREZ CISNEROS, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhortar a todas las entidades del país a fortalecer o en su caso crear sus respectivas policías cibernéticas, como una forma de combatir de manera más efectiva las nuevas modalidades de delitos en México; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A la par de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como es el uso intensivo de Internet, redes sociales, teléfonos móviles, banca electrónica, compras en línea, trámites gubernamentales vía la red, han aparecido también nuevas modalidades de delitos que van desde fraudes, robo de identidad, pornografía infantil, secuestros, extorsiones e incluso actos criminales que pueden poner en riesgo la economía y estabilidad de naciones enteras.

En México se han realizado esfuerzos en los gobiernos federal y en algunos estados para combatir este tipo de delitos, sobre todo en instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, ello con la finalidad de formar a nivel internacional frente común en la lucha contra la delincuencia cibernética.

Sin embargo, cada día aparecen nuevas expresiones de la criminalidad, muchas de ellas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, lo que representa un reto para las autoridades.

De acuerdo con los especialistas, los delitos cibernéticos se pueden catalogar de la siguiente manera: terrorismo cibernético y crimen organizado. Dentro de este último apartado se ubican el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros; secuestro, delincuencia organizada, piratería, pornografía infantil, estafas electrónicas y delitos tradicionales cometidos a través de medios electrónicos.

Ello incluye hacking, ataques destructivos a información estratégica gubernamental y financiera, manipulación de datos y programas, falsificaciones informáticas, creación de virus, sabotaje informático, estafas electrónicas, intrusiones, modificaciones, intercepción, copia de información no autorizada, interrupción de las comunicaciones electrónicas, violaciones a los derechos de autor, spam y robo de identidad.

Raúl Mortera, especialista en este tema, señala que en Europa y Estados Unidos se han logrado los mayores avances, tanto a nivel legislativo como en las acciones instrumentadas para el combate a los delitos cibernéticos, desde finales del siglo pasado los países de América Latina empezaron a intercambiar experiencias y a impulsar políticas para enfrentar este tipo de criminalidad.
De acuerdo con el estudio “Tendencias actuales del delito cibernético en México’’, el especialista Miguel Ángel Morales revela que hasta agosto del 2004, México ocupaba el tercer lugar en número de sitios vulnerados por país, con más de 650 casos; detrás de Estados Unidos que reportó más de 7,000 y de Brasil con más de 1,200 casos.

Dicho estudio indica que el 50 por ciento de los delitos cibernéticos en México se relacionan con la pornografía infantil y el resto se reparte entre fraudes cibernéticos, manejo ilegal de información y pirateo de páginas de Internet oficiales.

Cabe destacar que en noviembre del 2007, las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Función Pública, Comunicaciones y Transportes y PGR celebraron un foro sobre delitos cibernéticos en el que tomaron parte más de 150 servidores públicos de 23 dependencias. Entre las conclusiones destacaron el establecimiento de un centro nacional para atender incidentes de seguridad cibernética; la necesidad de abordar esos ilícitos como asunto de seguridad pública y seguridad nacional, sin olvidar que la protección a la seguridad del Estado se debe dar preservando la libertad de expresión y la confidencialidad de los datos personales.

“Aunque la reciente reforma al Código Penal Federal permitió avances importantes en las penas y sanciones económicas para el caso de la decodificación ilegal de señales de telecomunicaciones, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, en materia de derecho de autor, corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio de menores, aún falta que el legislador profundice en la materia”, añade Raúl Mortera.

Aún sin una legislación que penalice los delitos cometidos a través de Internet, México cuenta con una Policía Cibernética, integrada por especialistas en seguridad informática que luchan 24 horas al día contra los delitos en la Red, en particular los que son cometidos contra menores.

La Policía Cibernética tiene como objetivo atrapar a los delincuentes que cometen fraudes, intrusiones y organizan actividades delictivas en internet, sin que sean necesariamente casos de pornografía infantil.

Este organismo perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con intercambio de información con diversas organizaciones internacionales y de inteligencia, así como de organismos no gubernamentales, como los CERT para responder a delitos informáticos que involucran a México.

Tan sólo en 2002 y frente al alarmante auge de bandas que transmiten pornografía infantil y corrompen a menores de edad por Internet, en México la Policía Cibernética, detectó más de dos mil correos electrónicos de miembros de las principales suministradoras de pornografía infantil en la Red.

En el 2003, este cuerpo policiaco, el primero en su tipo en América Latina y que depende de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detectó 497 casos de menores desaparecidos que, se presume, fueron ubicados vía Internet por sus plagiarios.

Cabe señalar que si bien entre sus funciones está la de combatir la pornografía infantil vía Internet, la Policía Cibernética también busca prevenir otros delitos que se cometen en y a través de una computadora, principalmente aquellos que atentan contra las instituciones y la población vulnerable.

Además, se intercambian datos con organizaciones internacionales como el National Center For Missing and Exploited Children, de Estados Unidos, que ha ayudado identificar grupos de pedófilos en el estado de California.

La Policía Cibernética opera a través de “patrullajes antihacker por el ciberespacio, a través de computadoras, con lo que han comprobado el “alarmante crecimiento de organizaciones de pedófilos que transmiten pornografía infantil y promueven la corrupción de menores vía Internet”.
Dicho “ciberpatrullaje” sirve también para atrapar a los delincuentes que cometen fraudes, intrusiones y organizan sus actividades delictivas en la red, sin que necesariamente se dediquen a la pornografía infantil.

Estas operaciones tuvieron su máximo fruto en 2002, cuando la Policía Cibernética identificó en Acapulco a la organización pedófila más importante a nivel mundial y que encabezaba Robert Decker, quien fue detenido y expulsado a Estados Unidos.

Actualmente esta área que correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya corresponde a la Secretaría de Gobernación y se denomina Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal.

A nivel estatal Jalisco cuenta con una Policía Cibernética que ha desactivado en los últimos seis años tres mil 788 sitios relacionados con pornografía infantil.

En la lista de ciberdelitos más comunes le siguen 601 dominios eliminados y relacionados con la promoción o venta de estupefacientes; y 449 sitios por ciberfraude. Una de las labores de la ciberpolicía jalisciense es desactivar los portales de Internet que difunden prácticas ilícitas.

El estado de México también cuenta con su propia Policía Cibernética, que tiene como función detectar a los delincuentes que realizan amenazas, cometen fraudes y delitos diversos a través de internet. Asimismo la Policía Cibernética atiende cada semana en promedio entre tres y cuatro casos relacionados en su mayoría con secuestros y amenazas.

Coahuila a través de su procuraduría estatal tiene su Policía Cibernética que en cuatro años de existencia ha trabajado con el objetivo de prevenir y perseguir delitos cometidos a través de la red o cualquier aparato que tenga acceso a las redes o que almacene datos.

Durante este tiempo se han realizado más de 100 investigaciones, en los que se contemplan delitos como el de robo de identidad, fraudes realizados a través de internet, amenazas, extorsiones, secuestros, entre otros.

El pasado 4 de abril en el Gobierno del Distrito Federal también anunció la creación su Policías Cibernética, la cual se anunció, busca frenar la comisión de delitos de trata de personas, pornografía infantil, fraude y ciberbullying, principalmente.

El agrupamiento está conformado por 30 agentes, de los cuales 20 efectúan “patrullaje en internet” las 24 horas, los 365 días del año y los 10 restantes se dedicarán a dar cursos preventivos en escuelas, empresas y dependencias.

Asimismo el estado de Sinaloa cuenta con su Policía Cibernética con un total de 60 elementos en toda la entidad. De acuerdo con autoridades locales, ello “ante el grave impacto que está teniendo el delito cibernético, que aunque no está tipificado como un delito, todos puede ver cómo el sicópata sexual, el extorsionador y el secuestrador están entrenados por la vía del Internet”.

Yucatán también cuenta con la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a temas como el ciberbullying, hackeo, crackeo, cibergraffiti y virus, entre otros temas de actualidad relacionados con el uso que los jóvenes dan a las redes sociales.

Algunos estados como Hidalgo, Veracruz y Nuevo León, ya han anunciado que están analizando la creación de sus respectivas policías cibernéticas, ello ante la recurrencia de delitos en Internet como son redes de prostitución y pornografía infantil, hackers, extorsionadores, fraudes, robo de identidad y otras variantes de expresiones delincuenciales.

Los delitos en Internet van a la alza. No sólo los de fraudes, de robo de identidad, o los graves como la pornografía y prostitución infantil, sino además las bandas de criminales utilizan las redes sociales para lanzar amenazas, extorsionar, hostigar y denostar a ciudadanos.
Ante este panorama, nos permitimos presentar a esta Honorable Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a los Estados que cuentan con Policías Cibernéticas a fortalecer su operación e intercambio de información con las respectivas áreas federales y de otros estados para lograr un combate más eficaz a los llamados ciberdelitos.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los Estados que aún no cuentan con Policías Cibernética a que impulsen su creación de manera expedita y con ello lograr un frente común a nivel nacional para contrarrestar delitos como la pornografía infantil, fraudes, extorsiones, amenazas, robo de identidad, sabotaje informático, entre otros.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. Ernesto Gándara Camou.- Sen. Ismael Hernández Deras.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo.- Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.- Sen. Graciela Ortiz González.- Sen. René Juárez Cisneros”.





 

Del Senador Miguel Romo Medina, un punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a promover una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A PROMOVER UNA CAMPAÑA DE PROTECCION A LOS CONSUMIDORES DURANTE LA PROXIMA TEMPORADA NAVIDEÑA Y EMPRENDA ACCIONES ESPECIFICAS ENCAMINADAS A INCENTIVAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE DE CALIDAD, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL RAMO, DURANTE LAS VACACIONES DECEMBRINAS

El suscrito, Senador Miguel Romo Medina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República presento ante esta Soberanía la proposición con punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Campaña de Prevención

El artículo primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece diversos principios que rigen las relaciones de consumo en nuestro país. De manera particular, dicho artículo hace hincapié, en sus fracciones IV y V respectivamente, en “la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos” y en el “acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños.”

Como se observa, en nuestro marco jurídico la prevención constituye un elemento central para la defensa de los consumidores y representa un mecanismo potencialmente útil para proteger sus derechos y favorecer las relaciones adecuadas entre proveedores y compradores. Prever es posible cuando se tienen elementos que permitan vaticinar con cierto nivel de certeza el comportamiento de los agentes económicos y se poseen los instrumentos suficientes para actuar en consecuencia.

En materia de consumo es posible observar claras regularidades en las pautas y los hábitos de los compradores, como consecuencia de los flujos estacionales de ingresos, y prevenir los abusos que podrían generarse por parte de algunos proveedores al aprovecharse de incrementos considerables de la demanda de sus productos.

El caso más claro de lo anterior ocurre con el consumo realizado cada fin de año con motivo de las fiestas decembrinas. El incremento en los ingresos derivado de las prestaciones anuales de los trabajadores, las celebraciones navideñas y de fin de año, así como el periodo vacacional en dicha época intensifica los compras familiares y pone a los consumidores en una situación de mayor vulnerabilidad ante los proveedores, quienes tienen incentivos para sacar provecho del abrupto incremento de la demanda y otorgar bienes y servicios de menor calidad y a un mayor precio.

En este sentido, la encuesta telefónica que la Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo, para identificar los hábitos de utilización del aguinaldo durante el año 2009 en las principales ciudades de nuestro país, muestra información relevante que podría tener vigencia al día de hoy en muchas localidades de México. De acuerdo a dicho estudio, la población afirma con mayor frecuencia que el 30% de su aguinaldo es utilizado para financiar gastos de temporada, utilizando alrededor de un 26% en las fiestas de fin de año y un 4% en las vacaciones. De la misma manera, la percepción de la sociedad sobre la calidad en los servicios y los abusos cometidos por los proveedores se ve afectada en forma negativa durante las épocas de gran afluencia de consumidores y requieren de medidas adicionales de prevención y protección por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Sin lugar a dudas, en los últimos meses la participación de la PROFECO en la protección de los consumidores ha sido intensa y constante en los diferentes mercados. Llaman la atención de manera positiva las sanciones que se han aplicado, cuando han incurrido en falta, a diversas empresas sin importar su tamaño y la promoción de acciones colectivas varias que fortalecen el respeto de los derechos de los consumidores. Sin embargo, ante los abusos potenciales que pudieran presentarse por parte de proveedores durante la temporada navideña, los cuales tienen claros antecedentes en los años pasados, resulta pertinente exhortar a la PROFECO a que lleve a cabo una campaña específica de protección al consumidor en el presente año. Lo anterior, con la finalidad de generar acciones preventivas que permitan que los compradores estén informados de sus derechos, protegidos de abusos potenciales y cuenten con el apoyo y el acceso oportuno a los servicios de la PROFECO.

Servicios de Transporte

En forma particular, durante la época decembrina, la demanda de servicios de transporte observa un gran incremento como consecuencia del periodo vacacional y de las celebraciones propias de la temporada. Debido a las características que tienen dichos servicios es común observar fallas graves en el cumplimiento de los horarios y en la calidad de la provisión del transporte aéreo y terrestre.

Ante dichas circunstancias, los consumidores poseen pocos recursos para hacer valer sus derechos y comúnmente tienen que aplazar la generación de denuncias por su necesidad de desplazarse de lugar. Los costos de oportunidad para presentar una queja se incrementan en forma tal que pocos son los que acuden a la PROFECO y se vuelve complicado actuar de manera colectiva.

Muestra de las inconformidades originadas por las situaciones en comento son los diversos puntos de acuerdo que durante el primer periodo de receso fueron presentados ante la Comisión Permanente de la presente Legislatura con el objetivo de controlar los abusos y las faltas cometidas por algunas empresas del sector de la aviación civil. El sentir de la ciudadanía es el mismo cuando se habla de transporte foráneo, al observarse el mismo tipo de acciones por parte de los proveedores.

El apoyo y la supervisión de la PROFECO ante dichas irregularidades podrían contribuir de manera importante a incentivar mejores prácticas por parte de las empresas de transporte aéreo y foráneo durante las vacaciones decembrinas. Del mismo modo, la presencia y el desarrollo de acciones específicas por parte de la dependencia en los principales centros de traslado de personas serían un sólido mecanismo de protección a los derechos de los consumidores.

Una participación más proactiva por parte de la PROFECO, durante un periodo de alta vulnerabilidad de los derechos de los consumidores como el que se avecina, fortalecería su labor y generaría beneficios importantes para la sociedad y para la economía de nuestro país.
Tenemos la seguridad de que, tanto en el sector de transporte, como en los diversos mercados, la participación activa de la Procuraduría resultaría en mejores condiciones económicas para la población y, por tal motivo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que promueva una campaña de protección a los consumidores durante la próxima temporada navideña.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que emprenda acciones específicas encaminadas a incentivar que la prestación de servicios de transporte aéreo y terrestre sean de calidad y a precios justos por parte de las empresas del ramo, durante las vacaciones decembrinas.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Sen. Miguel Romo Medina”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se fortalezca el legado heredado en los artículos 3o., 27 y 123 constitucionales y las instituciones que resultaron de este movimiento político y social, mismas que convirtieron a México en un país socialmente estable, con gobernabilidad y respetado en el extranjero. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL MARCO DEL 103 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, SE FORTALEZCA EL LEGADO HEREDADO EN LOS ARTICULOS 3°, 27 Y 123 CONSTITUCIONALES Y LAS INSTITUCIONES QUE RESULTARON DE ESTE MOVIMIENTO POLITICO Y SOCIAL, MISMAS QUE CONVIRTIERON A MEXICO EN UN PAIS SOCIALMENTE ESTABLE, CON GOBERNABILIDAD Y RESPETADO EN EL EXTRANJERO

El suscrito, Senador ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se fortalezca el legado heredado en los artículos 3°, 27 y 123 constitucionales y las instituciones que resultaron de este movimiento político y social, mismas que convirtieron a México en un país socialmente estable, con gobernabilidad y respetado en el extranjero.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana de 1910, debe ser motivo de reflexión y análisis, ya que este movimiento tuvo como base que el pueblo obtuviera mayores derechos como ciudadanos y erradicar la miseria y la pobreza que creó el régimen de Porfirio Díaz.

Recordemos que el México de 1910, el que acudió a la convocatoria de derrocar a un régimen injusto, era un país subdesarrollado y prácticamente analfabeto, un país carente de infraestructura para generar progreso, un país cuyo territorio y riquezas se concentraban en unas cuantas familias frente a la dolorosa miseria del resto. La Revolución Mexicana encontró en este pueblo su causa principal, pero encontró también líderes que comprometieron los alcances de este movimiento social, sus razones y justificaciones. Líderes que supieron encauzarla por los canales adecuados: Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, hombres que supieron entender los contrastes dolorosos de un México con enormes recursos y potencialidades, hombres que México necesitaba para construir la nación que hoy somos.

La Revolución Mexicana fue un conjunto de movimientos sociales que iniciaron con el movimiento anti reeleccionista de Francisco I. Madero, motivados por conceptos políticos, económicos y sociales, encaminados a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, en donde Zapata buscaba la posesión de la tierra en manos de los campesinos; Villa buscaba una mayor autonomía para las regiones más alejadas del país; Carranza buscaba la elaboración de una nueva Constitución que diera cauce legal a las distintas manifestaciones y demandas de los distintos grupos revolucionarios y sentara las bases de un nuevo sistema político que evitara los abusos del pasado. Gracias a estos movimientos y a la lucha incansable de muchos hombres y mujeres que sacrificaron su vida por vivir en un país que gozara de elecciones libres, hoy podemos contar con este privilegio.

El legado de estos hombres quedó impreso en nuestra Carta Magna, en los artículos 3°, 27 y 123 constitucional, tal como lo refieren sus instituciones, las instituciones que han convertido a México en un país socialmente estable, con gobernabilidad y paz social, un país respetado en el extranjero y una de las economías más importantes del mundo.

Así es como la Revolución Mexicana se dio; a causa de la exclusión social, económica y política de la mayoría de la población. Hoy debemos reconocer, que la mayor parte de México, sigue excluida de las posibilidades de crecimiento económico y social.

Destaquemos que uno de los principales ideales de la Revolución fue la igualdad, obteniendo con ésta grandes y muy considerables cambios en la vida del país tales como el avance en el estado laico, en peligro, en discusión, asediado pero firmemente asentado en nuestra Historia. El derecho a la educación pública nacional basada en el Artículo 3º. Hoy es necesario seguir fincando bases sólidas para el desarrollo de la nación por lo que es necesario continuar con la Reforma del Estado.

La gesta revolucionaria de 1910 tuvo como consigna la tierra y la libertad, y sin embargo, hoy la demanda del pueblo es por la tierra, por los empleos bien pagados, por educación, por vivienda, por salud, por más democracia, en México la desigualdad no ha desaparecido.

Por lo tanto, es necesario encontrar los caminos adecuados que permitan enfrentar una nueva revolución, una revolución ideológica, sin armas, pero una revolución que deberá cumplir con las necesidades del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

UNICO.- Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se fortalezca el legado heredado en los artículos 3°, 27 y 123 constitucionales y las instituciones que resultaron de este movimiento político y social, mismas que convirtieron a México en un país socialmente estable, con gobernabilidad y respetado en el extranjero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

Son todos los asuntos para turno directo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que es muy probable que la próxima semana sesionemos el martes, miércoles y jueves, a efecto de que tomen las previsiones necesarias.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente, el martes 26 de noviembre a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:41 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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