Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Lunes 16 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
Búsqueda:

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 16



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 19 de Marzo de 2014

Versión para descarga
Imprimir Vesrión Estenográfica  



PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (12:36 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 77 ciudadanas Senadoras y Senadores.En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del miércoles 19 de marzo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
TRECE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con doce minutos del día jueves trece de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y seis ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes once de marzo de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano, su Programa Anual de Trabajo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, su Plan de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de la Delegación del Senado Mexicano en visita oficial de trabajo a las Repúblicas de Azerbaiyán, Irán e India, 12 al 28 de enero de 2014.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, Acuerdo relativo a la rotación de su Presidencia y por el que ésta será ejercida por el Senador Adolfo Romero Lainas en el segundo periodo de la LXII Legislatura, a partir de la fecha que posteriormente se acordará.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes asuntos desechados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional:

1) Proyecto de decreto por el que se declaraba al año 2013 como el "Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República".- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

2) Proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se recibieron de la Cámara de Diputados, dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea y ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo de la Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos.- Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Senador Martín Orozco Sandoval, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de Grupo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

 

El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del Señor Jerzy Hausleber, por su aportación como entrenador de marcha en México.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de salvaguarda a los sistemas normativos internos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Fernando Herrera Avila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 215 Bis al Código Penal Federal.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.- Quedó de primera lectura.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Intervinieron los senadores: Alejandro Tello Cristerna, para presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología; Ana Lilia Herrera Anzaldo del PRI; y Francisco Búrquez Valenzuela del PAN. Fue aprobado por 79 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes información respecto de las instituciones de formación artística de cada una de las entidades federativas; y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la estimación de la demanda educativa de las escuelas de formación artística, incluidos los datos del Centro Nacional de las Artes.- Intervino la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para presentar el dictamen. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer una efectiva estrategia que permita regularizar los instrumentos de organización básico en los núcleos agrarios.- Intervinieron los senadores: Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar el dictamen; y Adolfo Romero Lainas del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre las políticas públicas, programas y acciones que en materia materno-infantil se implementan para garantizar a las mujeres indígenas servicios de salud apropiados en relación con el embarazo, parto y puerperio, así como los relativos al recién nacido.

2) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Chiapas a informar sobre el desplazamiento de la población indígena residente en la localidad Puebla del municipio de Chenalhó en el estado de Chiapas.

Intervinieron los senadores: Eviel Pérez Magaña, para presentar los dictámenes; Zoé Robledo Aburto del PRD, quien presentó propuesta de modificación al dictamen sobre Chenalhó, la cual fue aceptada por la Asamblea; Francisco Salvador López Brito del PAN, quien se refirió al dictamen en materia materno-infantil; y Adolfo Romero Lainas del PRD, quien se refirió al dictamen sobre Chenalhó. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e incorporar al currículo de educación de nivel básico, contenidos dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, enfatizando la educación nutricional.

2) Que exhorta al Instituto Nacional de Educación para los Adultos, a las universidades, escuelas e institutos de educación superior estatales, federales y autónomos, a considerar la viabilidad de celebrar convenios para que en sus respectivos lineamientos concernientes al servicio social, se incluya una modalidad mediante la cual los estudiantes puedan dar cumplimiento a este requisito a través de la alfabetización de un determinado número de personas.

3) Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de Educación y el Acuerdo Secretarial 279 para otorgar el reconocimiento de validez oficial de estudios a la Universidad de los Pueblos del Sur.

Intervinieron los senadores: Raúl Morón Orozco, para presentar los dictámenes; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para referirse al dictamen sobre educación nutricional; y Lisbeth Hernández Lecona del PRI, para referirse al dictamen sobre educación nutricional. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 2014 como "Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán".- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 81 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con punto de acuerdo:

1) Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento para la ratificación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva número 98, de la Organización Internacional del Trabajo.

2) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, de la Organización de los Estados Americanos.

3) Por el que el Senado de la República se suma a la celebración, en el marco de la conmemoración del Día de la Organización de las Naciones Unidas.

4) Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones que emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013 para México.

5) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a someter a la aprobación de la Cámara de Senadores el retiro de la Declaración Interpretativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

6) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones, en la esfera de la enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

7) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a copatrocinar el proyecto de resolución presentado por los gobiernos de Alemania y de Brasil, sobre la protección de las libertades individuales.

Intervinieron los senadores: Angélica de la Peña Gómez del PRD, quien presentó propuestas de modificación a los dictámenes sobre el Convenio 98, sobre la Convención Interamericana contra el racismo y sobre recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del examen periódico universal 2013 para México; por lo que hace a la propuesta de modificación sobre el Convenio 98, no se admitió a discusión; por lo que hace a la propuesta de modificación en las consideración del dictamen sobre la Convención Interamericana contra el racismo, por ser una cuestión de forma la Presidencia instruyó se realizaran los ajustes pertinente; y por lo que hace a la propuesta de modificación sobre recomendaciones que el Consejo General de las Naciones Unidas emitió como resultado del examen periódico universal 2013 para México, no se admitió a discusión. La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno del PRD, se refirió al dictamen sobre el Convenio 98. Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Acuerdos de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los Secretarios de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la conformación de la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. de C. V.- Fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe sobre la situación que guardan las reservas probadas y no probadas de hidrocarburos del país, para cada uno de los campos que las contienen, así como los resultados de la actividad de exploración en cada una de las áreas en que se hubiera efectuado, para los años 2011, 2012 y 2013.- Se turnó a la Comisión de Energía.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar indicaciones a las secretarías correspondientes a fin de que sean publicados los atlas de riesgos de asentamientos humanos nacional, estatales y locales, conforme lo establece el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a la Comisión de Protección Civil.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Morelos a reforzar de inmediato acciones de coordinación con el Gobierno Federal en materia de seguridad pública, con el objeto de disminuir delitos que se han incrementado considerablemente durante los últimos meses.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades en la materia de las entidades federativas a garantizar el acceso a servicios de salud a mujeres embarazadas y niños recién nacidos; a fortalecer las acciones para que en México se alcancen las metas en lactancia materna establecidas en la Asamblea Mundial de la Salud y para que México ratifique los Convenios 183 y 191 de la Organización Internacional del Trabajo, referentes a protección de la maternidad y permiso de maternidad.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar la razón por la cual los presidentes municipales fueron excluidos del Consejo de Desarrollo Metropolitano.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a periodistas.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que informen el resultado de las investigaciones iniciadas en relación con la posible existencia de un vínculo directo entre TELMEX y MVS o su filial DISH MEXICO que pudieran resultar violatorios a la Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

Del Senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro proponga un replanteamiento en la regulación de estrategias de ahorro complementarias al Sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro, a fin de asegurar el patrimonio de los ahorradores.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asistir a una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, a fin de puntualizar la información del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y de discutir la política económica.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Aarón Irizar López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristáin Navarrete y Fidel Demédecis Hidalgo, con punto de acuerdo que solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

De los Senadores Benjamín Robles Montoya y Mariana Gómez del Campo Gurza, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a informar sobre las medidas implementadas ante la situación inusitada de violencia que impera en distintos puntos de la República Mexicana, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe de las previsiones que en materia económica se tienen para el resto del sexenio, así como la estrategia que se prevé en materia de miscelánea fiscal respecto a nuevos incentivos y beneficios fiscales.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias federales priorizar las inversiones del Plan Nuevo Guerrero en las pequeñas y medianas empresas de la construcción en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Fomento Económico.

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a implementar estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a incrementar la competitividad general del país y de todos sus índices a nivel internacional.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Guerrero un informe del ejercicio de recursos para la reconstrucción del estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la constitución de una comisión bicameral para dictaminar la reforma constitucional y reglamentaria del sistema nacional de combate a la corrupción.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

 

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor acciones inmediatas contra el abuso de precios en pescados en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a informar sobre las condiciones sociales y de seguridad, así como la pertinencia de la operación del Centro Federal de Readaptación Social establecido en la comunidad de Villa Comaltitlán, Chiapas.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a presentar un informe de la situación en la que se encuentra la educación superior en el estado, así como la situación actual que prevalece en la Universidad de Sonora y en la Universidad de la Sierra.- Se turnó a la Comisión de Educación.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las siguientes iniciativas:

 

De los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera y Claudia Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 bis 1 a la Ley General de Salud, en materia de emergencias obstétricas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regionalización de comisiones ordinarias.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado de la República, en materia de regionalización de comisiones ordinarias.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

(Efemérides)

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride en conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día Mundial del Riñón.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride en conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió efeméride en conmemoración del Día Mundial del Consumidor.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con veintiocho minutos y citó a la siguiente el miércoles diecinueve de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Del Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, con la que remite el informe de la visita que realizó un grupo de Senadores a la frontera Quintana Roo, México-Belice, los días 7 a 9 de marzo de 2014.

De los Senadores Martha Elena García Gómez y Fernando Torres Graciano, con la que remiten su informe de actividades durante la Feria Internacional de Turismo de España, realizada los días 22 al 26 de enero de 2014, en Madrid, España.

De la Senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de su Visita Oficial de trabajo a la República de Singapur y a la Reunión Ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico, realizadas en Singapur, del 22 al 25 de febrero de 2014.

De la Comisión de Reforma del Estado, con la que remite su Programa Anual de Trabajo.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. constitucional, en materia de derecho de identidad y gratuidad del acta de nacimiento, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Iris Vianey Mendoza Mendoza: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Cámara de Diputados, se recibió el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: De la Colegisladora, se recibió una comunicación con la que remite el expediente del proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, devuelto desechado, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-6-1325
EXP. 2839

Secretarios de la
CAmara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el acuerdo de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Andelina Carreño Mijares
Secretaria”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: La Cámara de Diputados remitió oficios por los que se expresa su conformidad con los Acuerdos del Senado de la República, de desechar los siguientes proyectos de Decreto:

El que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-7-1358
EXP. 2484
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, remitida el 18 de septiembre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.






El que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-7-1359
EXP. 2490
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, remitida el 18 de septiembre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.






El que reforma la fracción VIII del artículo 9 y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3190
EXP. 2487
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, por el que se expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 9 y el inciso O) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, remitida el 18 de septiembre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.






El que reforma los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-1-1683
EXP. 2995
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Salud, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud, remitida el 24 de octubre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.






El que expide la Ley sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-1-1682
EXP. 3605
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Salud, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Sobre Controversias Derivadas de la Atención Médica, remitida el 4 de febrero de 2014, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.






El que adiciona fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-5-1562
EXP. 3409
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud, remitida el 10 de diciembre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.






El que reforma la fracción II del artículo 163 de la Ley General de Salud.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3191
EXP. 3055
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar que en sesión celebrada en esta fecha, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 163 de la Ley General de Salud, remitida el 31 de octubre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.






Y el que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

“CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-6-1326
EXP. 3203
CC. SECRETARIOS DE LA
CAMARA DE SENADORES
PRESENTES.

Nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Senadores que desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, remitida el 20 de noviembre de 2013, con lo que su proceso legislativo queda concluido.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Dichos asuntos se dan por totalmente concluidos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Así también, la Colegisladora remite oficio por el que nos informa de la modificación de la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3185
EXP. 3185

C. Secretarios de la
CAmara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 19 de marzo de 2014

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.






Y de la designación de los Diputados Martha Leticia Sosa y Martín de Jesús Vázquez Villanueva, para asistir a la reunión plenaria de Euro-Lat, a celebrarse en el Parlamento Helénico y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, el día 26 al 29 de marzo de 2014, en Atenas, Grecia.

“Presidencia de la Mesa Directiva

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de marzo de 2014
Turno: 2431
Folio: s/n

Senador
RAUL CERVANTES ANDRADE
Presidente de la Mesa Directiva de la
CAmara de Senadores
Presente

At'n: Lic. Gustavo Sotelo Villegas
Secretario Técnico

Por instrucciones del Dip. José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva, me permito comunicar que se recibió el oficio del C. Luis Eduardo Espinosa Pérez, Secretario Ejecutivo de la Junta de Coordinación Política por el que comunica los nombres de los legisladores que asistirán a la Reunión Plenaria de Euro-Lat, a llevarse a cabo en el Parlamento Helénico y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, del 26 al 29 de marzo de 2014, en Atenas Grecia.+

NOMBRE

GRUPO PARLAMENTARIO

Dip. Martha Leticia Sosa Govea

PAN

Dip. Martín de Jesús Vázquez Villanueva

PRI

Lo anterior, para su conocimiento y para los efectos que estime conducentes

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. Humberto Aguilar Coronado
Secretario Técnico”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea se da por enterada. Túrnese la documentación a la Junta de Coordinación Política.

Compañeras y compañeros Senadores, por acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse a la conmemoración del aniversario de la Expropiación Petrolera.

Se concede el uso de la palabra, dese su escaño, a la Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Yo cuento 12 Senadores, ¿no quisiera checar el quórum?

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Informo a la Asamblea que esta Mesa Directiva acordó iniciar la sesión de este día a las 12:30 horas, a petición del grupo parlamentario del PAN, que se encuentra realizando una actividad de su interés.

Adicionalmente se están celebrando diversas reuniones de comisiones de manera simultánea a nuestra sesión. Lo que explica que no estén en este momento presentes las compañeras y compañeros Senadores, que previamente han registrado su asistencia.

De presentarse la necesidad, Senadora, de que acudan a esta sesión, se les convocará a través de los medios reglamentarios disponibles.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Si creo que es una falta de respeto, como quiera que sea, si dieron permiso, pues no creo que todos los Senadores estén ahorita, sean del PAN y todos hayan pedido permiso.

Creo que lo correcto es tocar el timbre para que asistan, ya que hay un registro de 85 Senadores.

Hoy tenemos que trabajar con fantasmas. Y además de que empieza la sesión tarde.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Tomamos nota, Senadora. ¿Va a intervenir para el tema de Expropiación Petrolera?






PRONUNCIAMIENTOS

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Sí voy a hacer uso de la palabra, para hablar a Youtube.

Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros, y curules fantasmas: Que grotesco este festejo del día 18 de marzo.

¿Qué celebramos?

Resulta que ahora también brindamos en los sepelios. Estamos enterrando un proyecto nacionalista por causa de utilidad pública y de beneficio para la nación, el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expropiaba el petróleo, y hoy por causa de intereses privados y para beneficiar a otras naciones, se expropia el petróleo de México, su principal patrimonio.

¿De cuándo acá ha crecido un país endeudándose, por un lado, y entregando su principal activo a manos extranjeras?

Que visión tan candorosa, por no llamarle de otra manera.

Peña Nieto confunde modernidad, con populismo económico, como le llama la periodista de Wall Street, Mary Anastasia, que advierte que la apertura del sector petrolero la quieren ver como un cheque en blanco.

Peña hace alarde, que va a haber una gran inversión en PEMEX. Pero no dice que creció la deuda en un 2 por ciento del Producto Interno Bruto y que en esta Cámara se aprobó hasta por 700 mil millones de pesos un nuevo endeudamiento.

A un mes de que tienen que ser aprobadas las leyes secundarias, éstas son un misterio, bueno, es un decir, porque un puñado en esta Cámara, ya deben de tener hasta el dictamen, y seguramente nos vamos a ahorrar la segunda lectura.

Ninguna acción contundente ha habido para combatir la corrupción en PEMEX. Por ahí se debió empezar, Oceanografía es apenas una rayita de este tigre que ha devorado a la paraestatal, este tigre de corrupción.

PEMEX ha sido una gran tentación para que políticos se metan a empresarios, el binomio político- empresario ha sido nefasto para el quehacer público del país, corrompió las entrañas, hasta el tuétano estamos de corrupción.

Les quiero, en un paréntesis, contar una anécdota: Trouyet, el hombre más rico de México entonces, el dueño de TELMEX, el Slim de esos años, le dice a López Mateos, su amigo, que quiere ser Senador; don Carlos, le contesta López Mateos, “no me friegue, usted es mi amigo, los chismositos de la política van a decir que el escaño usted lo ha comprado, y que yo acepté venderlo, ayúdeme en los terrenos que usted conoce”.

Hoy los grandes empresarios, los meros machuchones del dinero, no piden sentarse en una curul, esto ya es poca cosa; les parece que es mejor ver dignos representantes en este recinto, aplaudidores de Peña Nieto.

La Expropiación Petrolera es el acto más importante en la vida del país después del que dio fin a la Guerra de Independencia, y la mayoría de los ciudadanos no estamos de acuerdo con que se eche reversa, trabajadores, técnicos,  especialistas, los sabios de nuestro país que fueron premiados aquí en México, saben que ésta es una puñalada trapera a los intereses nacionales.

Peña Nieto debe consultar a los ciudadanos, ese es el mandato de la Constitución, y es la obligación de un mandatario.

Mientras ciudadanos protestaban en las calles, la ceremonia de ayer en Veracruz recuerda las de los lunes en la primaria: planchadita, presente la generalada, general secretario de la defensa; general y jefe del estado mayor; general y jefe de la zona militar; también presentes trabajadores selectos del sindicato, uniformaditos, calladitos, nadie se sale de la fila. Dos discursos lambiscones y un discurso cínico, diciendo que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos.

Esa farsa lo que dejó muy claro, es que hay de generales a generales, y de Presidentes a Presidentes.

Un Presidente debe aspirar a trascender como un patriota.

¿Cree que cuando esconde bajo la alfombra los casos de corrupción, cuando protege a los momos, a Moreira y a Montiel, que con una imagen mediática, su carita en la tele pronunciando discursos y comprando portadas en revistas extranjeras, cree que así va a trascender?

No señores, los traidores no trascienden, ni se perdonan, ni se olvidan; les sobrevive la vergüenza.

No hay motivo de celebración, vivimos acontecimientos muy graves para el desarrollo de la vida del país; nada qué celebrar.

Los actos de traición a la patria de un mandatario no se festejan, se repudian.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señora Presidenta.

La lucha del pueblo de México por su soberanía y un desarrollo con equidad y justicia, tiene como uno de los hechos más relevantes la Expropiación Petrolera del 18 de marzo de 1938.

La visión patriótica y de futuro del General Lázaro Cárdenas a la par del amplio apoyo popular, hicieron posible una de las gestas de tales dimensiones y de tal trascendencia histórica.

Nuestro país hizo valer el espíritu y la letra de la Constitución de 1917, y la gesta revolucionaria para enfrentar a los grandes intereses de las compañías petroleras inglesas y norteamericanas y a sus gobiernos, su política de chantaje y boicot a nuestro país, y así recuperar la riqueza del petróleo para el desarrollo nacional.

Fue una decisión nacionalista, anti-imperialista, que hasta el día de hoy está plenamente grabada en la conciencia nacional.

Ello nos motiva y nos inspira para ratificar nuestro compromiso de lucha en la defensa de nuestro petróleo, gas y electricidad; esto es de nuestra soberanía económica y energética.

Porfirio Díaz, en 1909 modificó las leyes para entregar la propiedad de los hidrocarburos a los particulares, tal como lo hace hoy Enrique Peña Nieto, pero la Constitución de 1917 estableció, en la fracción IV del artículo 27, la recuperación de los depósitos petroleros para la nación.

Fueron 20 años de tensiones, amenazas, presiones de los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos hacia el gobierno mexicano para evitar la aplicación de ese artículo y el rescate del país de su riqueza petrolera.

El conflicto laboral entre los trabajadores petroleros y las compañías extranjeras de 1937, y el desacato de esas empresas a la resolución de la Suprema Corte a favor de los trabajadores, sirvieron de catalizador para que el General Lázaro Cárdenas del Río tomara la decisión histórica de decretar la Expropiación Petrolera que ayer se conmemoró.

La Expropiación concitó de inmediato un enorme apoyo popular que llenó el Zócalo de la ciudad de México el 23 de marzo de 1938. Miles de ciudadanas y ciudadanos hicieron aportes económicos y en especie para cubrir las indemnizaciones; los trabajadores y técnicos hicieron frente al boicot de las grandes petroleras y sus gobiernos imperiales.

En esa lógica, el 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos, todo ello es parte de nuestra historia, es parte de nuestra herencia, de nuestro acicate para no claudicar y ratificar nuestra vocación para el rescate de nuestra soberanía nacional, a pesar de una política inconsistente y en muchos casos antinacional por parte de los distintos gobiernos en turno.

En estos 76 años PEMEX se consolidó como la columna vertebral del desarrollo nacional y una de las empresas petroleras más importantes del mundo, PEMEX es la segunda petrolera mundial por el volumen de su producción es la onceava como empresa integrada; las ventas de PEMEX equivalen al 16 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalen al 15 por ciento de las exportaciones nacionales, y representa el 37 por ciento de los ingresos públicos anuales.

La colindancia con Estados Unidos ha significado siempre un gran reto y un enorme problema para el país, en especial en el tema petrolero. Eso ha sumido al país a múltiples presiones externas por parte del gobierno norteamericano y de las grandes trasnacionales. El 80 por ciento de las exportaciones de petróleo mexicano se van a ese país como si fuera el único mercado en el mundo, a pesar de que Estados Unidos considera al petróleo mexicano como parte de su reserva estratégica. La corrupción institucionalizada, el modelo de gestión y el régimen fiscal de la empresa, han deteriorado la productividad de PEMEX, lo que ha servido de pretexto para impulsar desde hace varios sexenios las estrategias privatizadoras que hoy tienen como colofón la reforma constitucional y la aprobación de las leyes secundarias.

Una errática política energética y una mala administración han provocado la caída de la producción nacional de crudo, que pasó de 3.4 millones de barriles diarios en el 2005 a 2.5 millones de barriles en el 2012.

Las importaciones de petrolíferos, petroquímicos y de gas natural se han incrementado en un 86 por ciento de 2007 a 2011 al pasar de 15,800 a 29,400 millones de dólares en ese periodo como consecuencia de la política de desmantelamiento de la petroquímica y el rezago de producción en las refinerías del país.

En el caso particular de las gasolinas, la importación se ha incrementado 17 por ciento entre el 2000 y el 2013 al pasar de 90 mil 600 barriles diarios a 358 mil 700 barriles en ese periodo, hoy se importa el 45 por ciento del consumo nacional de gasolinas.

La imposición en el país de la globalización neoliberal desde inicios de los años 80’s ha significado una apertura indiscriminada de nuestra economía en detrimento de la producción nacional y la concentración de la riqueza mediante privatizaciones. PEMEX no ha estado exenta de tales presiones por parte de los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos.

La reacción de los gobiernos panistas y priístas ha sido el sometimiento, avanzar en la privatización de la empresa y en la entrega de la renta petrolera a las transnacionales, esa ha sido la conducta de los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto.

Zedillo dejó en prenda nuestro petróleo para garantizarle al gobierno mexicano el préstamo de 50 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis de 1995. Firmó cartas de intención para privatizar el sector energético, para introducir el esquema de Pidiregas; Fox y Calderón impulsaron los contratos de riesgo y los contratos incentivados.

La contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto permite la privatización de las actividades de exploración y explotación de crudo, poniendo en riesgo la renta petrolera. Y en las actividades de industrialización de crudo y gas, así como el transporte de hidrocarburos, permite la privatización de activos y actividades que antes eran reservadas para el Estado.

Una parte muy importante de la renta petrolera pasará a manos privadas y pondrá en riesgo el 40 por ciento de la recaudación que proviene de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad; el Ejecutivo podrá hacer esta transferencia mediante contratos de utilidad compartida, producción compartida, licencias o combinación de éstas.

No existe ninguna limitación de porcentajes de utilidad o de producción a compartir, ni el cobro mínimo en el caso de las licencias. Lo más grave es que ni siquiera se excluyen los yacimientos convencionales en los que PEMEX domina la tecnología que tienen una altísima rentabilidad y muy bajo riesgo, y es donde tenemos las reservas probadas y de esos yacimientos proviene el 100 por ciento de la renta petrolera.

Todas las actividades y activos de PEMEX en las áreas de refinación, petroquímica básica y ductos, quedan abiertos a la privatización.

En obvio de tiempo, diré solamente, que estamos ante una regresión de gran calado, de una regresión histórica de corte conservador y privatizador. Es la liquidación de uno de los principales legados del proceso revolucionario de 1910 y de la Constitución de 1917; es la negación total de la expropiación petrolera y de la herencia cardenista, pasamos de la expropiación a la entrega del petróleo a las transnacionales.

Es inaudito que mientras Estados Unidos por ley tiene prohibido exportar petróleo por su seguridad energética, México se apreste a entregar los recursos no renovables más valiosos. La contrarreforma de Enrique Peña Nieto es, en síntesis, la ruta al despeñadero del país, es entreguista y es privatizadora, es un gran atraco a la nación y una traición a la Patria y a nuestra historia.

A nosotros nos inspira el General Lázaro Cárdenas, nos guía la visión y el anhelo de un México distinto a los dogmas neoliberales, al conservadurismo, al entreguismo y a la corrupción. El petróleo, el gas y la electricidad deben de ser el sustento y la palanca del desarrollo nacional con soberanía, con progreso, con equidad y con justicia.

El PRD ha hecho sendas propuestas que hoy día no las comentaré, pero con nuestra decisión de acabar con la corrupción, de terminar con el charrismo sindical la antidemocracia y toda una serie de propuestas progresistas, con una estrategia clara y soberana: dejar de importar gasolinas y gas natural y consolidar la soberanía energética de México; nosotros por eso vamos a ir a fondo en el impulso de la consulta popular para revertir la reforma energética.

Vamos en una ruta, porque las mexicanas y mexicanos, en su mayoría, rechazamos la privatización y la extranjerización de nuestro petróleo, ni con la entrega de la renta petrolera a las transnacionales. Hoy con una visión congruente y soberana, de fe en el futuro, con una visión unitaria, sin sectarismos nosotros tenemos la plena convicción personal y la confianza del pueblo de México para ver hacia delante.

Tenemos la razón, nuestra lucha es justa y legítima, y por eso somos optimistas y vamos a ser capaces de echar abajo esta contrarreforma mediante la consulta popular. Vamos en la defensa del petróleo, que es al mismo tiempo la defensa de nuestra nación.

¡Que viva la Expropiación Petrolera! ¡Que viva Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva la soberanía nacional!

Y ¡que viva México y el pueblo de México! No sus entreguistas.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señora Presidenta.

Existe un gran entusiasmo en este Senado de la República por conmemorar la Expropiación Petrolera, como lo hizo Peña Nieto por ahí escondido, de alguna manera, para que la televisión lo sacara como si hubiera sido un gran evento.

Aquí no hay nadie, podríamos decir que ni siquiera habría quórum y mucho menos atención. Pero, en fin, hay que tocar el tema hoy y lo seguiremos tocando porque el tema sigue vivo.

¿Qué fue la reforma energética y qué será de la reforma energética?

La reforma energética fue un golpe de Estado constitucional, así de claro. Después de una elección de Peña Nieto totalmente cuestionada, comprada con dinero sin ninguna limitación, de manera impúdica, se organizó un pacto antinacional, a través del cual se logró el asalto al Congreso, el rompimiento de la división de poderes; y a través de esa maniobra, con una mayoría automática, insensible, como está insensible hoy, se fueron aprobando reformas constitucionales todas en una línea regresiva, antihistórica, antisocial, antinacional, 16 reformas constitucionales. La cereza del pastel para estos intereses fue la Reforma Energética.

Les recuerdo cómo se manejó, además de una brutal manipulación mediática, las televisoras y los medios, impidiendo que hubiera una discusión previa, permitiendo que los dirigentes del gobierno, el director de PEMEX, el Secretario de Energía, totalmente ignorantes del tema, se pasearan por todas las estaciones de televisión para ser aprobadas y que sus mentiras nadie pudiera refutar. Con esa dictadura mediática se fueron imponiendo estas reformas ante una población manipulada.

El proceso de reforma energética se puede decir que violó todo lo que se podía violar. El procedimiento está totalmente viciado, desde la manipulación de la presentación del proyecto que llevó el Senador David Penchyna, que aquí está muy serio tomando notas, fue presentado como un predictamen, un predictamen que prepararon el PAN y el PRI afuera del Senado; y obviamente violan el Reglamento que establece que los dictámenes se hacen en las comisiones.

Y podemos seguir analizando paso tras paso cómo fueron violando sistemáticamente el procedimiento.

En la Cámara de Senadores se violaron las reglas apareció un adendum, sí teníamos de origen dos iniciativas, la del PAN y la del PRI, que presentaron finalmente una tercera iniciativa para discutir en menos de 24 horas, y luego todavía metieron un adendum violando todas las reglas. Otra iniciativa que metió más cosas a la mitad de la discusión.

En la Cámara de Diputados el manejo fue desvergonzado, con el pretexto de que había una resistencia natural por esa premura de imponer esa barbaridad antinacional.

Se llevó a los Diputados a un salón adjunto, no hubo comisiones, no hubo dictámenes; obviamente una gran farsa y el aplastamiento por encima de los intereses de las minorías, el aplastamiento y la aprobación absolutamente ilegal.

La aprobación supuesta en los estados, que es lo que ordena el mecanismo constitucional, fue un escándalo desvergonzado, manejado por la prensa. En unas cuantas horas y hasta en cinco y diez minutos, los congresos de los estados aprobaron 300 cuartillas, más descarado y más falso no pudo haber sido el proceso de aprobación en las legislaturas de los estados.

La Comisión Permanente. Para cerrar con broche de oro este fraude legislativo, nunca se presentó al pleno de la Comisión Permanente los documentos, sino el presidente de la comisión por sí mismo declaró que habían sido aprobadas las reformas.

Todo este proceso es claramente fraudulento y hemos presentado un amparo que ha sido admitido, obviamente los medios de comunicación lo diluyen, no se le da la importancia que tiene un amparo admitido que está en curso, ese amparo va a manejarse como está planteados los escritos iniciales para que la Suprema Corte, el Poder Judicial, revise ese procedimiento, declare y dictamine que no hubo una aprobación constitucional sin un proceso viciado.

Y esta decisión que corresponde al Poder Judicial, no es la primera vez que lo va a ser, se los explico porqué, como les digo, los medios ocultan esta realidad, ya hay precedentes suficientes en el Poder Judicial, que han decidido que se puede entrar a analizar el proceso por medio del cual se aprobó una reforma constitucional. Y eso es lo que va a suceder.

De manera que las violaciones que ustedes cometieron, la imposición del supuesto pleno que es capaz de limpiar todos los defectos, eso lo va a analizar el Poder Judicial de la Federación. Y estamos seguros de que si procede, como ha procedido en otras ocasiones, va a declarar nula de pleno derecho la reforma constitucional energética.

¿Qué va a hacer esta reforma, en el caso de que se lograra imponer?

Las leyes secundarias no existen, sigue la misma manipulación de que “ya mero”, de que son muy importantes y que ya se están, ¿dónde se están discutiendo? Afuera.

Seguramente algunos de ustedes han sido invitados a Houston para conocer perfectamente el texto. Pero nuevamente no es el Congreso de la Unión, no es esta Cámara de Senadores la que está analizando las leyes secundarias de esa reforma inconstitucional, digo yo, sino es fuera.

Pero no solamente esto es grotesco, ya les parece lo más natural que se legisle en el Senado de la República, sino que además ya está el chantaje del PAN otra vez. El PAN, ya dijo, sus voceros, que no van a negociar las leyes secundarias como hicieron con ese supuesto predictamen que presentaron ya amafiados unos y otros.

Ahora ya el PAN dice que se va a levantar otra vez, se va a levantar de la mesa, o sea, están sentados en una mesa, quién sabe dónde, y por qué se van a levantar; pero este es el colmo de los colmos, yo no sé cómo ustedes, gentes distinguidas, con carreras y con toda una serie de principios morales, cómo aceptan que se diga que el PAN se levantó de la mesa porque se quiere agandallar el PRI con todas las posiciones que surgirán de esta reforma.

Los nombramientos que se van a hacer no se están repartiendo como debe de ser. Esa es una desvergüenza que debería de ponerles la cara roja, si todavía quedara algún principio de moralidad.

El PAN se levantó de la mesa porque les están escamoteando la distribución de las posiciones. Y eso nos recuerda que lo que ha ocurrido en PEMEX ha sido eso; cuando hablan de los programas de PEMEX, ha sido eso la corrupción brutal de los gobiernos del PRI y del PAN que han querido ocultar y que ahora aparece en Oceanografía, Que les sorprende qué es eso.

Y se ha sacado esa corrupción aquí porque los americanos la sacaron allá, no aquí. Aquí toda la corrupción brutal en la CFE y en PEMEX se oculta, porque ha sido la más brutal corrupción y la forma de enriquecerse desvergonzadamente a niveles verdaderamente escandalosos.

¿Qué va a ser de esa reforma? Va a ser el caos.

Ni Peña Nieto ni sus gentes tienen la menor idea. El director de PEMEX es hechizo. El Secretario de Energía no tiene idea. Ahora ya metieron otro en la Comisión Federal de Electricidad que tampoco tiene idea. Van a meter al país en un caos, van a destruir todo un sistema de energía que atiende a más de 115 millones de mexicanos en energía eléctrica y en hidrocarburos para entregárselos a los extranjeros y beneficiarse las cúpulas del PRI y del PAN, y de los otros también que participen en estas votaciones para repartirse el negocio.

Pero les quiero decir con toda franqueza, no van a imponer esta reforma, el pueblo de México está en contra, el prestigio de Peña Nieto cae más y más y más. Y cuando inicien, si es que la Constitución no es respetada por la Suprema Corte, la aplicación de ese desbarajuste brutal, van a generar tal caos en el país que no se van a detener en su carrera por huir a los Estados Unidos que es donde los van a poder proteger por sus méritos en relación con los intereses de nuestro vecino del norte.

Al fin están muy aburridos, no están muy atentos, tienen muchas cosas qué hacer.

Ayer esta farsa de Peña Nieto, en donde por ahí andaba el Secretario General del Sindicato Petrolero, ya no lo veo, les dijo a los trabajadores que están aseguradas sus prestaciones, mentira, en los artículos transitorios, esos que metieron, como una cuestión balín aquí en el Senado, ahí está muy claro, van a enanizar a PEMEX, empresa productiva de Estado, la van a hacer prácticamente privada, igual que a la CFE, porque esas son las reglas de libre comercio, porque las empresas extranjeras exigen que las empresas públicas dejen de serlo. Y los trabajadores petroleros a quienes siguen engañando, y ya se fue de aquí el dirigente que estuvo ayer con el Presidente Peña Nieto, van a ser purgados, PEMEX va a desaparecer, ese es el propósito, y las empresas transnacionales se van a apoderar del territorio nacional.

Pero el pueblo de México no lo va a permitir, es en contra, y ustedes lo saben, por eso hicieron esa ley de la participación y de la consulta falsa, porque no quieren que México les diga, que los mexicanos digan, no sean ustedes como Peña Nieto, traicionando a la Patria.

Muchas gracias por su tiempo.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señora Presidenta.

Prometo ser breve. El día de hoy, más que una fecha, conmemoramos un acto de dignidad nacional mediante el que se apostó por la defensa de las normas sociales en beneficio de los mexicanos, en beneficio de los intereses económicos de la nación, la seguridad energética, la paz y, sobre todo, la soberanía nacional.

Mediante una de las decisiones políticas más importantes de la historia contemporánea de nuestro país, el 18 de marzo de 1938 fue expropiada la industria petrolera, marcando con ello un parteaguas en el desarrollo económico y social de México.

La nueva concepción sobre la propiedad nacional de los hidrocarburos y su explotación como actividad estratégica y exclusiva a cargo del Estado, hizo que la economía nacional en aquellos años repuntara e incluso llegara a sostener la mayor parte del gasto público, generando con ello los niveles de bienestar que caracterizaron al México del siglo XX.

En el Partido Verde reconocemos la trascendencia histórica de estos acontecimientos, o que más bien es importante reconocer, ya que han contribuido a la identidad de los mexicanos; sin embargo, también coincidimos en que nuestro país tiene que avanzar a los nuevos retos que se presentan en un contexto muy distinto al de 1938.

Las tendencias energéticas de los últimos años han puesto en evidencia que los hidrocarburos convencionales se están agotando, y que cada vez resulta más difícil y costoso extraerlos para convertirlos en bienes y servicios competitivos.

Asimismo, los impactos del cambio climático hacen patente la necesidad de transitar hacia esquemas de sustentabilidad de la industria, de la energía, de tal manera que pretender que el petróleo continúe siendo la única fuente de energía y al mismo tiempo sostenga las finanzas públicas de México no solo es ingenuo, sino materialmente imposible.

La transformación de la industria de la energía debe atender las necesidades de un suministro continuo, confiable y sustentable de energéticos, bajo un régimen jurídico que elimine la existencia de una empresa monopólica e ineficiente dando paso a una apertura responsable, que permita al sector competir bajo las reglas del mercado en beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.

En atención a lo anterior y tomando como inspiración los ideales del cardenismo, legisladores integrantes de un Constituyente Permanente, responsable y sensible al contexto energético mundial y nacional, respaldó la intención de otro hombre de Estado para emprender un debate plural y abierto que permitió materializar el anhelo de modernizar la industria de la energía en nuestro país, superando así tabúes y prejuicios que impedían que el modelo energético nacional fuese acorde a las necesidades del siglo XXI.

Por último, las Senadoras y Senadores del Partido Verde estamos convencidos que el modelo de una industria tan importante como la energética, debe evolucionar y adaptarse a las exigencias de un mundo globalizado caracterizado por la integración económica y la libre competencia; pero siempre bajo los principios que dieron cauce a esta industria desde hace 76 años, pues a pesar de que las circunstancias económicas y energéticas han cambiado, las motivaciones para la transformación de la industria de la energía, permanecen intactas; la defensa de los recursos que son propiedad de la nación y el impulso del sector energético nacional con miras a ser una verdadera palanca del desarrollo con claros beneficios para los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores de la República:

Si algo está claro el día de hoy es que el petróleo es de los mexicanos; así fue consagrado en 1938 y seguirá siéndolo para siempre.

El petróleo seguirá dotando de ventajas competitivas a nuestro país, así como de los recursos para satisfacer las necesidades de todas y todos los mexicanos. Que no quede duda de eso.

La situación que vivía nuestro país en 1938 era extrema y requería de decisiones precisamente extremas; por eso la expropiación petrolera en defensa de la soberanía nacional, realizada por el Presidente Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, es un referente histórico de enorme relevancia.

Muchos historiadores han consignado que la situación y actitud que asumieron las empresas extranjeras en aquellos tiempos, fue difícil para nuestros gobiernos, a falta de leyes claras se negaron a acatar la decisión tomada por nuestro Poder Judicial. Desde aquel 18 de marzo, después de 76 años, los mexicanos hemos vivido una larga historia de aciertos y desaciertos.

Además, el escenario del sector energético global ha evolucionado y cambiado de manera importante; hoy esos cambios generan grandes retos y áreas de oportunidad al igual que diversas e importantes amenazas y riesgos inherentes al sector que deben ser previstas en nuestras leyes y en la actitud de nuestros gobiernos hoy en día.

Ciertamente, la Expropiación Petrolera remite inevitablemente al nacionalismo y a la soberanía. Ser nacionalista no significa pertenecer a un partido político, sino luchar permanentemente por los intereses de la nación y por el bien común de la ciudadanía mexicana.

Por su parte, soberanía implica también autonomía, implica independencia, el no depender de nadie, más que de la capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos.

Ser soberanos en materia energética significa contar con la capacidad de autogeneración de los diversos hidrocarburos y de sus derivados, se trata en todo momento de satisfacer, por lo menos, la demanda interna que requieren los mexicanos de hoy y también los mexicanos del mañana.

Soberanía energética significa, por ende, autosuficiencia energética; y por ello implica también tomar nuestras propias decisiones a partir de nuestras capacidades actuales y de la autosuficiencia de nuestras necesidades.

¿Cómo ser soberanos si seguimos importando gasolinas y derivados del petróleo? ¿Cómo podemos llamarnos soberanos a una nación que hoy por hoy importa el 50 por ciento de sus gasolinas, importa el 34 por ciento del gas natural que consumimos, importa el 65 por ciento de los petroquímicos que utilizamos en nuestro país?

Una nación puede ser independiente en lo formal y puede considerarse así misma soberana, pero si México no cuenta con un marco jurídico adecuado para el manejo de sus recursos, la independencia estará irremisiblemente acotada.

Del suministro confiable de energía depende el desarrollo de la economía y el mantenimiento de la calidad de vida de la población, por eso el Estado debe conservar en todo momento la rectoría sobre sus energéticos, rectoría que significa dirigir y planear la explotación de los recursos mediante los instrumentos constitucionales e institucionales con los que cuenta el Estado mexicano.

PEMEX es pilar de nuestro desarrollo, y debe ser una empresa realmente nacional, con una gestión abierta a diversos diseños de inversión. Mediante esquemas complementarios debe permitirse la participación pública y privada. No confundamos, amigas y amigos, la propiedad con la exclusividad, pues de esa manera se logrará una mejor y más eficaz explotación del petróleo, pero siempre con una premisa muy importante y clara, con una sola condición no negociable desde el año 1938; los hidrocarburos deben seguir perteneciendo, como hasta ahora, a la nación, debe seguir siendo utilizado para beneficio de todos y cada uno de los mexicanos; y por su parte, el gobierno tiene que dejar de pretender ser empresa y la empresa productiva del Estado como el día de hoy lo marcan nuestras nuevas leyes, operar con eficiencia, garantizando siempre los mejores beneficios para todas y todos los mexicanos.

No tengan la menor duda que los Senadores del PAN haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la letra y el espíritu de la reforma constitucional en materia energética se vean reflejados en el detalle de su legislación secundaria, porque ello significa seguir tomando las decisiones adecuadas con la responsabilidad y seriedad que la situación del país nos exige.

Sin temor a equivocarme, podría decirles que el día de hoy tenemos dos celebraciones importantes: la del 18 de marzo de 1938, cuando campeaba en todo el país un pleno espíritu nacionalista y la del 18 de marzo de 2014, pleno de responsabilidad política para garantizar la soberanía y el aprovechamiento de nuestro potencial energético para beneficio de las y los mexicanos de hoy y los del mañana.

En un documento histórico en el lejano año 1940, Manuel Gómez Morín afirmó, y cito textual: “PEMEX debe responder a las necesidades nacionales y a los fines nacionales que fueron invocados como su fundamento”. Cierro la síntesis.

Las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional preocupados y ocupados por el bien común de nuestra nación, estamos respondiendo con nuestro trabajo a esas necesidades y a esos fines nacionales.

La Expropiación Petrolera en 1938 fue una decisión necesaria por la decisión que vivía nuestro país en ese momento, pero el Constituyente de 2013 tomó una decisión también necesaria para la situación que vive nuestro país el día de hoy y para beneficio de los mexicanos.

Sigamos construyendo las leyes que nos den certidumbre y confianza, todas por el bien común y por la patria de la cual todos debemos sentirnos orgullosos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Lavalle Maury.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy celebramos el 76 aniversario de la Expropiación Petrolera. El entonces Presidente Cárdenas tomó una decisión valiente y visionaria congruente con los actos de su tiempo; una decisión que parte de un hecho histórico que no debemos nunca soslayar.

Empresas transnacionales se habían negado a acatar un fallo de un laudo laboral.

La visión de Cárdenas sin duda fue valiente, congruente con su tiempo y le dio pertenencia de unidad nacional a un país que lo necesitaba posterior a un movimiento post-revolucionario.

Esa defensa nacionalista que nos dio pertenencia y unidad nacional, hoy debe de ser conmemorada con el respeto del origen de la causa de lo que fue una decisión de Estado, la defensa de la clase trabajadora de México.

Se puede hablar de PEMEX en sus refinaciones, sus ductos, en sus pozos petroleros, pero no se puede entender a la industria de todos los mexicanos, Petróleos Mexicanos sin los trabajadores que día con día llevan en su andar la buena marcha de la República.

Eso es lo que venimos a celebrar hoy, el 76 aniversario de una clase trabajadora que le dio pertenencia y unidad a nuestro país.

En la bancada del Partido Revolucionario Institucional, antes que nada y que a nadie, lo que reconocemos es el trabajo de todas las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos en este 76 aniversario, ya que sin ellos PEMEX no existiría ni siquiera para producir un barril de petróleo.

Hoy celebramos 76 años de una expropiación en un contexto diferente al que ocurrió hace 76 años en nuestro querido país; 76 años después del paradigma energético, en el mundo ha cambiado pretender como lo pretenden algunos. Estacionar a México aislado de los cambios de la globalización y del cambio energético mundial; es no tener visión de lo que requiere nuestro país, el contexto de este 76 aniversario es muy distinto al que vivimos hace 76 años.

Hoy hemos perdido en menos de 9 años casi un millón de barriles de petróleo, hoy tenemos la imperiosa necesidad de reponer nuestras reservas y hacer de la renta petrolera de todos los mexicanos la palanca de desarrollo que necesitamos para salir de la pobreza y de la desigualdad.

Hoy los priístas celebramos estos 76 años con una reforma constitucional de la que nos sentimos orgullosos y responsables desde el ámbito legislativo, porque quien pretenda aquí a ser juez y poseedor de la verdad, no tiene razón alguna.

La verdad es que hemos mantenido la propiedad de los recursos petroleros en manos del pueblo de México, eso no se tocó en la Constitución y quienes pretenden engañar con ese paradigma, basta con leer la misma para saber que no la hemos tocado.

Hoy hemos mantenido la rectoría económica del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos.

Pero a diferencia del pasado, nos hemos comprometido, a través de diferentes artículos transitorios, a fortalecer la capacidad rectora del Estado como nunca antes se había hecho en una rectoría que se desvanecía a través de un monopolio.

Hoy nos hemos comprometido a legislar para tener organismos reguladores fuertes, con autonomía presupuestal, con autonomía técnica para que desempeñen sus funciones y donde a partir de un nuevo principio de competencia que amplíe la inversión y genere empleo, desterremos lo más triste de la industria petrolera que son los actos de corrupción.

No hay mejor medicina para desterrar la corrupción de un sector que someter la competencia, aquellos que pretenden quedar aislados en el pasado y estacionados en una historia que ha cambiado no pretenden las mejores intenciones para este país.

Se vale disentir, se vale confrontar ideas, lo que no se vale es decir medias verdades que acaban de ser por mentiras completas.

Hoy en el 76 aniversario de la Expropiación Petrolera, hemos implementado una reforma que proteja, antes que nada, los derechos de los trabajadores para honrar la historia de nuestro país y para saludar al futuro con optimismo y con benevolencia.

Hoy tenemos el mismo compromiso que tuvo Lázaro Cárdenas, a partir de la propiedad del Estado sobre sus recursos energéticos, maximizar lo que es nuestro para el desarrollo nacional.

Y a diferencia del pasado, por primera vez en nuestra historia hemos hecho una reforma que garantice que la renta petrolera pueda trascender a las generaciones presentes y pueda servir a las futuras en inversión, en infraestructura, en ciencia y tecnología y en educación.

Yo no tengo dudas que la división de poderes pondrá las cosas en su lugar.

No confundamos nuestros papeles, tengamos la responsabilidad de terminar lo que hemos iniciado por más de dos terceras partes, que nos guste o no poseemos la representación de un mandato ciudadano.

Hagámoslo con la responsabilidad histórica del pasado, pero sin negarnos y ser ciegos al presente y al futuro.

Tengamos la capacidad de generar los acuerdos para volver a la industria energética nacional la palanca de desarrollo, no con discursos diatribas y descalificaciones, no con medias verdades que acaban por ser mentiras completas, sino con la responsabilidad de legislar en nuestro tiempo, que es el mandato que nos ha dado el pueblo de México.

A Lázaro Cárdenas nuestro respeto y nuestro reconocimiento histórico y, sobre todo, la guía del conocimiento de fomentar la unidad nacional para que México amplíe sus recursos y promueva su inversión como la herramienta única para desterrar la pobreza y la desigualdad.

Que viva la clase trabajadora que le da pertenencia a la industria energética, pero que viva con mejores condiciones, con una mayor riqueza nacional y con la posibilidad de que México pueda ser mejor.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Penchyna Grub.

En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra la Senador Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos, estimadas compañeras y compañeros:

Quiero presentar ante ustedes una iniciativa con proyecto de Decreto que tiene que ver con una reforma constitucional para que este Senado de la República pueda legislar en materia de personas con discapacidad y personas adultas mayores; y esto fundado en lo siguiente:

En la actualidad, es un hecho que la dinámica social ha incidido en la manera clásica de actuar del Congreso de la Unión, obligándolo a adecuarse a tiempos distintos de los establecidos en el quehacer legislativo para dar respuesta a las demandas sociales.

Tal es el caso de crear leyes en materias consideradas exclusivas del ámbito local, bajo la premisa de que al ser temas de relevancia nacional, el Congreso de la Unión puede legislar sobre ellas, aduciendo una facultad implícita con el fin de crear instrumentos normativos que los congresos locales puedan emplear como marco en la expedición de su legislación.

Ejemplo de lo anterior, lo tenemos con las leyes en materia de derechos de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, que tienen como fundamento legal, preceptos distintos a los artículos 73, 74 y/o 76 constitucionales que facultan al Congreso de la Unión, o en su defecto, a alguna de las dos Cámaras que lo componen, para legislar en distintas temáticas.

En virtud de ello, los ordenamientos señalados pueden ser exhibidos al momento que se busque su aplicabilidad, situación que sin duda alegaría la visión pro-persona que mandata la misma Carta Fundamental y por la cual urge que el Congreso Federal sea facultado expresamente para legislar en dichas materias y otorgar certeza jurídica a los citados grupos poblacionales.

Asimismo, México ha aprobado una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En ese sentido, es importante señalar que aún y cuando existen tratados internacionales a través de los que el Estado mexicano es obligado a garantizar ciertos derechos, es necesario que desde el derecho interno, atendiendo las necesidades específicas de la sociedad, que el derecho internacional, por su concepción general no puede observar, diseñemos leyes a la medida de la población.

Senadoras y Senadores:

Entendiendo a la igualdad como la forma en que debemos ser tratados los beneficiarios por las leyes y a la equidad como todas aquellas necesidades específicas que deben otorgarse a diversos sectores sociales por su condición de vida, se presenta esta iniciativa con la finalidad de promover que el Congreso de la Unión tenga la facultad explícita, en la Carta Fundamental, para legislar a favor de los citados grupos vulnerables, con lo cual se lograría lo siguiente:

Se dotaría de soporte constitucional a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

También se evitaría que pudiéramos enfrentarnos ante una serie de controversias constitucionales que desvirtúen, limiten o, incluso, nulifiquen el valor de aplicación de este tipo de leyes.

Se legitimaría, de igual forma, el trabajo del Poder Legislativo respecto de la creación de marcos jurídicos destinados a salvaguardar y tutelar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad haciéndolos exigibles.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de la necesidad de establecer sustento jurídico constitucional a las leyes en materia de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, y al ser estos uno de los puntos sobre los cuales pactamos legislar en este Senado, se presenta la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de derechos de personas adultas mayores y de personas con discapacidad.

Por su atención, pero sobre todo, por su respaldo, porque estoy segura que lo habremos de tener, muchas gracias a todas y a todos.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador López Brito, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchas gracias. Para pedirle a la Senadora Flores Escalera, si me permite sumarme a su iniciativa, y felicitarla por la misma.

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Senador López Brito.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aceptado, Senador López Brito.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Senadora Flores Escalera.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 123 constitucionales.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4o. Y 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Víctor Hermosillo y Celada, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Con su permiso, señora Presidenta.

Según el artículo 123 de nuestra Magna Carta, los trabajadores únicamente tienen derecho a habitaciones baratas, así dice, a habitaciones baratas.

Francamente este adjetivo es desatinado y necesitamos modificarlo por uno que haga justicia al esfuerzo que todos los días los trabajadores de este país ponen en sus actividades.

Los trabajadores merecen más que habitaciones baratas. Es por eso que propongo sustituir este término de habitaciones baratas por el término de “vivienda adecuada”.

Este concepto es utilizado en el ordenamiento jurídico internacional, los cuales señalan que una vivienda adecuada implica:

Seguridad en su tenencia, es decir, que sus ocupantes cuenten con la protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura que cuente con agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para cocinar, calefacción y alumbrado y conservación de alimentos o eliminación de residuos.

Ubicación, es decir, que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y que no esté ubicada en zonas contaminadas o peligrosas, como ha pasado en muchos lugares, desgraciadamente.

Como podemos ver, una vivienda con estas características generales es lo que merece la fuerza trabajadora de México.

Compañeras y compañeros legisladores:

La iniciativa que propongo en este Pleno tiene un propósito simple en su forma, en el sentido que lo único que hace es modificar un concepto, sin embargo, es necesaria y ambiciosa en su fondo, puesto que su aprobación tendría como consecuencia la ampliación y el reconocimiento de un derecho humano a un grupo de la sociedad; cambiar la redacción del artículo 123 que expresa: “Los trabajadores deben de tener derecho a habitaciones baratas”.

Para que quede: “Tienen derecho a vivienda adecuada”.

Aquí cabe recordar la trascendencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que entró en vigor en junio de 2011, la cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Y se pone en el centro: el principio pro-persona.

Con esta reforma, la Constitución mexicana reafirma que es imposible concebir el bienestar de la persona sin el reconocimiento pleno de su dignidad a través de la protección y disfrute de los derechos fundamentales, en el caso de esta iniciativa, el derecho de los trabajadores a una vivienda adecuada.

Por eso pido, precisamente, el apoyo de ustedes, para que en el artículo 123 se cambie el concepto de: “habitación barata”; por el concepto de: “vivienda adecuada”.

Muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

“El suscrito Senador, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I; 164 numeral 1 y, 169 numerales 1 y 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 4 Y 123 DE LA  CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- Algunos estudiosos del tema, consideran el derecho a la vivienda como un derecho inalienable del individuo, que tiene su razón de ser en la necesidad de las personas de tener un lugar adecuado para vivir. Asimismo, se entiende a la vivienda como el resguardo del ser humano y de su familia que actúa como plataforma para su desenvolvimiento e incide en su progreso individual y colectivo [1].

El ejercicio del derecho a la vivienda es esencial para la potencial materialización de otros derechos. En otros términos, es un derecho compuesto cuyo fin no se agota al encontrar un espacio para dormir, sino que su vulneración o violación tiene un impacto en otros derechos: a la integridad física y mental, como cuando se vive ante la imposibilidad de cubrir una renta; al trabajo; a la salud; a la educación y al libre desarrollo de las personas, los cuales son imposibles de ejercer en espacios hacinados sin condiciones mínimas de habitabilidad e higiene.

SEGUNDO.- Actualmente, y a partir dela reforma de 1983, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el disfrute de este derecho a las familias, remitiendo a la ley secundaria la obligatoriedad de establecer los mecanismos y apoyos necesarios para lograrlo. En efecto, el párrafo séptimo del artículo cuarto de la Carta Magna señala a la letra que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Como consecuencia de esta reforma, se expidió al siguiente año la Ley Federal de Vivienda, la cual se ha constituido en el principal instrumento normativo para que el Estado cumpla con este derecho. Dicha Ley, abrogada por la Ley de Vivienda en 2006,se complementa con la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Bienes Nacionales y las leyes correspondientes de las entidades federativas para cumplir con el propósito constitucional.

Grosso modo, la Ley de Vivienda establece las disposiciones generales en la materia; consigna la Política y el Sistema Nacional de Vivienda; crea la Comisión Nacional de Vivienda yla Comisión Intersecretarial de Vivienda; establece la forma de coordinación y concertación con los sectores social y privado; fija las bases del Financiamiento de la Vivienda, puntualizando en sus disposiciones generales, en el crédito para la vivienda, el ahorro para la vivienda y los subsidios; determina condiciones sobre el Suelo; la Calidad y Sustentabilidad de la Vivienda y la Producción Social de la Vivienda.

Asimismo, dispone que las políticas y programas habitacionales reconozcan las características culturales y respeten las formas de asentamiento territorial, favoreciendo sistemas constructivos de acuerdo al entorno bioclimático y de conformidad con sus modos de producción de vivienda.

Además, incorpora los principios de no discriminación, el mejoramiento de vivienda y los de producción y productor social de vivienda. Establece que, para efectos del diseño y ejecución de políticas públicas, se deberán considerar todos los tipos y modalidades de producción de vivienda: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; rehabilitación de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y capacitación, asistencia integral e investigación de suelo y vivienda.

Cabe mencionar que en el artículo segundo de esta Ley, se establece lo que se considera vivienda digna y decorosa:

“La que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.

TERCERO.- El concepto utilizado en documentos y ordenamientos internacionales no es el de “vivienda digna y decorosa”, sino el de “vivienda adecuada”. En efecto, en la estrategia Mundial de la Vivienda, elaborada por la ONU, se define la vivienda adecuada, como “un lugar para poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó el 10 de diciembre de 1948 [2] y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966 [3].

En la Observación General N.° 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, adoptada el 12 de diciembre de 1991 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas [4], se señalan los aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:

a) Seguridad jurídica de la tenencia

La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados;

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura

Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia;

c) Gastos soportables

Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales;

d) Habitabilidad

Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas;

e) Asequibilidad

La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho;

f) Lugar

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes;

g) Adecuación cultural

La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.

Es necesario cubrir como mínimo los aspectos antes descritos para que pueda ser catalogada como una vivienda adecuada según consideraciones del Comité mencionado.

Otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos también se han referido al  derecho a una vivienda adecuada. Algunos de éstos son de aplicación general, mientras otros abarcan los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables: niños, trabajadores migrantes, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.

Entre dichos instrumentos podemos mencionar los siguientes:

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.

• El Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 (artículos 16 y 27).

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, (artículos 9 y 28).

• La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 (artículo 21).

• El Convenio No 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre política social, (artículo 52).

• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965.

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, (artículos 14 y 15).

• El Convenio No. 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículos 14, 16 y 17).

• La Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990 (artículo 43).

CUARTO.- La Senadora Angélica Araujo presentó el 19 de junio del año pasado una iniciativa – pendiente actualmente en Comisiones del Senado – que proponía, entre otras cosas, la adecuación conceptual del marco legal de nuestro país con las disposiciones internacionales en materia de vivienda. En este sentido, la propuesta de la Senadora contemplaba sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” que se encuentra en artículo cuarto de la Constitución, por el de “vivienda adecuada” utilizado en documentos y ordenamientos internacionales.

La modificación propuesta por la promovente es pertinente y loable, sin embargo, es insuficiente en sus alcances puesto que no propone modificar el artículo 123 de la Constitución, por lo que, en consecuencia, no se armoniza de una manera completa y satisfactoria el marco legal de nuestro país con los documentos internacionales y, lo que es más delicado, se excluye a los trabajadores del derecho a una vivienda adecuada.

En efecto, este artículo estipula que se deberá proporcionar “habitaciones cómodas e higiénicas” tanto a los empleados del sector privado como a los trabajadores del Estado. Más aún, en el inciso f) de la fracción XI del apartado B de este artículo, se menciona que se proporcionarán a los trabajadores “habitaciones baratas”. Como puede deducirse, los trabajadores merecen algo más que eso. En suma, actualmente en la Carta Magna los trabajadores del Estado tienen derecho a habitaciones, cómodas, higiénicas y baratas y no a viviendas adecuadas – con todos los aspectos positivos que implica este concepto, según los documentos arriba mencionados.

Por otro lado, el texto jurídico internacional más extenso sobre la vivienda es la recomendación Nº 115 sobre la vivienda de los trabajadores de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la cual figuran diversas cláusulas en que se reconoce la importancia fundamental de la vivienda y se enuncian otros fundamentos jurídicos del derecho a la vivienda. Después de señalar que en el preámbulo de la Constitución de la OIT se reconoce la obligación solemne de la Organización de fomentar programas que permitan suministrar una vivienda adecuada, en la recomendación Nº 115 se dice que:

"La política nacional debería tener por objetivo... garantizar que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de sus familias un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería darse prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes."

En total, el tema de la vivienda se menciona de una u otra manera en unos 37 convenios y recomendaciones de la OIT.

QUINTO.- El objetivo de la presente iniciativa es, por un lado, homologar el concepto de vivienda en todos los artículos en que se hace referencia a este término en la Carta Magna, es decir los artículos 4 y 123 y, por otro, la ampliación de los derechos humanos de las personas, garantizando, en este caso, el derecho de los trabajadores a una vivienda adecuada. Aquí, cabe recordar la trascendencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011, la cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y se pone en el centro de la acción estatal el principio pro personae.

Con esta reforma, la Constitución mexicana reafirma que es imposible concebir el bienestar de la persona sin el reconocimiento pleno de su dignidad a través de la protección y disfrute de los derechos fundamentales, en el caso de esta iniciativa, el derecho de los trabajadores a una vivienda adecuada.

La teoría constitucional contemporánea sostiene que la legitimidad estatal proviene de los Derechos Fundamentales de las personas. Asimismo, señala que la legitimidad del Estado reside en el reconocimiento de un conjunto de derechos que imponen límites y vínculos al poder político, y a su vez incluye, que la legitimación de las políticas públicas, depende de que estás ofrezcan garantía efectiva a esos bienes jurídicos fundamentales.

Los Derechos Fundamentales, entonces, son bienes jurídicos protegidos que adquieren la forma de libertades, potestades políticas y exigencias sociales.

Un Estado Constitucional y Democrático se distingue de otras formas de organización sociopolíticas, justamente, por el reconocimiento formal de esos derechos y por su garantía práctica [5].

SEXTO.- Es importante mencionar que la propuesta que presento no significa que el Estado deba proveer de habitación a todos los mexicanos. Plantear esto generaría un caos en el momento en que los ciudadanos reclamasen este derecho.

A este respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido criterios en los cuales no se debe confundir entre garantizar el derecho a la vivienda con el de construir y entregar viviendas a todos, lo cual sería prácticamente imposible.

El Comité señala que “una de las ideas erróneas más frecuentes vinculadas al derecho a una vivienda adecuada es que requiere que el Estado construya viviendas para toda la población, y que las personas que carecen de vivienda puedan pedirla automáticamente al gobierno. Si bien la mayoría de los gobiernos participan en cierta medida en la construcción de viviendas, el derecho a una vivienda adecuada evidentemente no obliga al gobierno a construir el parque de viviendas para toda la nación”.

Más bien, para el Comité “el derecho a una vivienda adecuada comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada”.

El Comité afirma que estas medidas necesarias pudieran requerir la intervención del gobierno en distintos planos: legislativo, administrativo, o de prioridades de gastos. “Pueden aplicarse mediante un criterio propicio a la vivienda en el que el gobierno, en lugar de desempeñar el papel de proveedor de viviendas, se convierte en facilitador de las actividades de todos los participantes en la producción y mejora de la vivienda” [6].

SEPTIMO.- Los argumentos para la aprobación de la iniciativa son, en consecuencia, los siguientes:

a) Está acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual obliga a las autoridades de todos los niveles a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

b) Reconoce el derecho de los trabajadores del Estado a una vivienda adecuada. En este sentido, perfecciona el marco jurídico actual y hace justicia a los trabajadores brindándoles la posibilidad de que accedan no a viviendas baratas, sino a viviendas adecuadas. El adjetivo “barata” francamente es inapropiado e injusto.

c) Con esta reforma, se reafirma el compromiso constitucional y democrático del Estado mexicano al reconocer y ampliar formalmente los derechos humanos y su garantía práctica. Asimismo, se reafirma que es imposible concebir el bienestar de la persona sin el reconocimiento pleno de su dignidad a través de la protección y disfrute de los derechos fundamentales, en el caso de esta iniciativa, del derecho de los trabajadores a una vivienda adecuada.

d) Se armoniza el marco legal vigente de nuestro país con los Pactos y Convenios internacionales en materia de vivienda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se reforma: el séptimo párrafo del artículo 4;la fracción XII del apartado A y el inciso f) de la fracción XI del apartado B, del artículo 123, para quedar como sigue:

Artículo 4. …

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Artículo 123. …

A. …

I a XI. …

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores viviendas adecuadas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales viviendas.

XIII a XXXI. …

B….

I a X.…

XI. …

a) a e). …

f) Se proporcionarán a los trabajadores viviendas adecuadas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad viviendas adecuadas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

XII a XIV. …

TRANSITORIOS

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la ciudad de México,
Distrito Federal, a 19 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Víctor Hermosillo y Celada”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador Javier Lozano.

- El C. Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta. Para preguntarle al Senador Víctor Hermosillo, si me permite sumarme a su atinada iniciativa.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Con gusto, Senador Lozano Alarcón.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Acepta el proponente. Gracias, Senador Hermosillo y Celada.

[1] Velásquez de la Parra, Manuel, “El derecho a la vivienda”, en Aspectos jurídicos de la vivienda, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Año IV, 1991.

[2] El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración señala que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

[3] Su artículo 11 reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”

[4] http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs21_sp.htm#observacióngeneraln.°4

[5] Abreu, José Pablo y Le Clercq (coords.), La reforma humanista. Derecho humanos y cambio constitucional en México, México, Porrúa, 2011, p. 10.

[6] Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, IIJ, 2011, p. vii.

[6] http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs21_sp.htm#observacióngeneraln.°4






Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, para presentar, con aval del grupo parlamentario del PRD, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señora Presidenta.

Quisiera solicitarle, me permitiera presentar en un solo acto cuatro iniciativas de ley que van vinculadas en el proceso de reglamentación de la reforma constitucional que en materia política-electoral, aprobamos en el pasado periodo de sesiones, y como lo dispone el artículo transitorio de la propia reforma constitucional, este Senado de la República, el Congreso de la Unión, tiene como plazo límite el 30 de abril para publicar las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional.

Por eso quiero presentar en un solo acto las iniciativas, que con aval del grupo parlamentario, no solamente del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, sino también del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y de la dirección nacional de nuestro partido, son las distintas iniciativas.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Asociaciones Políticas, la Ley General de Propaganda Gubernamental, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y más adelante la Senadora Angélica de la Peña también presentará una iniciativa, con el aval del grupo, para que expida la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Como ustedes saben, la reforma constitucional estableció criterios que buscan en lo fundamental garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en la contienda electoral y el desarrollo general de la vida institucional de la nación.

Sin embargo, lograr que esto sea eficaz en su implementación, dependerá en gran medida de la calidad de las leyes secundarias que se desprenden de la reforma constitucional.

Por eso en las iniciativas que presentamos, buscamos expedir normas que garanticen la imparcialidad de los órganos electorales, la regulación en la concurrencia de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, vistos estos como un sistema, salvaguardando el sistema federalista del país, la autonomía de los congresos locales; buscando, además, una eficaz reglamentación de los institutos políticos y el respeto pleno al principio de pluralidad en la representación popular, la paridad de género en los órganos de dirección y en las candidaturas a puesto de elección popular, así como la equidad plena en toda la competencia electoral.

En el caso específico de la Ley General Electoral, proponemos la creación de un Sistema Nacional Electoral, integrado por el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales, para que exista una concurrencia, en donde se propone armonizar y conciliar las atribuciones para la organización de las elecciones federales y locales.

Este sistema se conformará por el Servicio Profesional Electoral Nacional, una Coordinación Nacional de Fiscalización, un Registro Nacional de Electores y Geografía Electoral, y un Sistema Nacional de Información que concentre toda la información de la administración electoral, que permita conformar un esquema de casilla única e instrumentar un esquema de resultados definitivos y públicos al final de la jornada electoral.

En esta ley, y acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, se establece una fiscalización oportuna para que en tiempo real puedan verificarse los gastos de los partidos, de acuerdo con los principios de exhaustividad y máxima publicidad, estableciendo al mismo tiempo dentro de las organizaciones políticas, un registro nacional de bienes y liquidación de partidos y agrupaciones, con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y así garantizar el respeto a los topes de gasto de campaña.

Se establecen las figuras de coalición electorales y candidaturas comunes, simplificando las reglas para la conformación de estas figuras para contender electoralmente, evitando cualquier modalidad de transferencia de votos de un partido a otro, particularmente, para la asignación de Diputados de representación proporcional, en el que debe de prevalecer, en principio, plenamente la pluralidad política.

En materia de campañas electorales, se establece como el principal elemento de éstas, los debates públicos, prohibiendo tajantemente la entrega de dádivas y la propaganda encubierta en cualquier medio y el uso de encuestas como propaganda electoral.

En materia de candidaturas independientes, se garantiza la armonía y en la convivencia del sistema de partidos políticos con las candidaturas independientes; en aspectos como el financiamiento público, el acceso al tiempo de radio y televisión, homogenizando en todo el país como requisito al registro de candidaturas independientes, el apoyo del 2 por ciento de los electores de la demarcación electoral correspondiente.

En otro orden de ideas, se propone una nueva fórmula para redistritación electoral, definiendo como criterio de la distritación, el principio de igualdad del voto, dando el mismo peso al voto de cada ciudadano en la representación política; por lo que los distritos electorales no solo deben guardar equilibrio poblacional, sino también de igualdad en el número de electores.

Y finalmente, dentro de esta iniciativa, establecemos el voto de mexicanos en el extranjero, estableciendo un proceso de credencialización permanente en embajadas y consulados para que se elabore la lista nominal de electores para el voto en el extranjero, aplicable en las elecciones federales y en las elecciones locales.

En la segunda iniciativa, la Ley de Agrupaciones Políticas, concebimos a los partidos políticos como entidades de interés público destinadas al ejercicio del derecho de asociación política, con participación permanente en todos los asuntos políticos del país y no solamente en el ámbito electoral.

Para ello, debe hacerse efectivo el derecho de asociación libre, personal y voluntaria de los afiliados en igualdad de derechos y obligaciones, estableciendo al mismo tiempo la obligación absoluta de que entes gremiales o corporativos formen parte de los partidos, y estableciendo también la posibilidad de que los partidos políticos cuenten con instancias de participación de menores de 18 años de edad y con órganos de migrantes con residencia fuera del territorio nacional.

Uno de los aspectos centrales, es hacer efectiva la reforma constitucional para garantizar la paridad entre los géneros y la inclusión social, desarrollando los principios de alternancia y paridad de género, así como la aplicación de sistemas normativos de pueblos indígenas en la integración de órganos de dirección y postulación de candidaturas.

Se establecen normas claras para sentar bases sobre el ejercicio de la democracia interna, garantizando los derechos de los afiliados, su participación efectiva en las decisiones de los partidos políticos y en la renovación periódica de los integrantes de los órganos de dirección y de los órganos de representación popular a través del voto directo de todos los afiliados o del voto indirecto en órganos colegiados, garantizando mecanismos de arbitraje para la resolución de las controversias internas, a fin de salvaguardar el derecho de los militantes a una justicia pronta y expedita ante omisiones o prácticas indebidas de las instancias de dirección u órganos de resolución de controversias internas de los partidos.

Congruente con la reforma constitucional en transparencia, se refuerzan el carácter de sujetos obligados directos de los partidos políticos, estableciendo la obligación legal de entregar al Instituto Nacional Electoral periódicamente versiones actualizadas de sus afiliados y el informe público del financiamiento privado que los partidos reciban.

Respecto a la Ley General de Propaganda Gubernamental, esta se establece sobre dos principios fundamentales: el de austeridad y el de equidad.

Este es el objetivo para que todos los entes públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cumplan con las reglas y principios que garanticen el carácter institucional, los fines informativos, educativos y de orientación social que debe tener el ejercicio de la propaganda gubernamental, y proscribe y sancione la extendida práctica de la promoción personal de los servidores públicos. Así se establece la garantía de los derechos y las libertades, salvaguardando el derecho a la información, así como el ejercicio de las libertades de expresión y opinión con criterios de equidad.

Al mismo tiempo se garantiza la equidad en la competencia entre los partidos políticos y candidatos, con la prohibición absoluta de emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental en el proceso electoral y de adquirir publicidad para la difusión de informes de gestión o de gobierno, estableciendo, también, con toda claridad, la obligación del Instituto Nacional Electoral para el desarrollo de toda la información correspondiente a las consultas públicas.

De la misma manera, se establece que los programas anuales de la Administración Pública Federal contendrán los objetivos, las políticas y estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño y con la obligación para que los Poderes Legislativo y Judicial, así como las entidades federativas y los entes autónomos, desarrollen sus respectivos programas de propaganda, estableciendo al mismo tiempo un tope del 0.05 por ciento respecto al gasto corriente en materia de propaganda gubernamental.

Con ello se pretende no solamente la distribución equitativa de los tiempos oficiales, la erradicación de la censura indirecta, la prohibición de la propaganda encubierta y establecer un padrón nacional de prestadores de servicios de publicidad y comunicación.

Esa instrumentación de medidas de transparencia, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas serían acompañadas de la creación de un consejo ciudadano de supervisión a la propaganda gubernamental.

Y finalmente, aunque esto no viene considerado en la reforma constitucional, estamos planteando la necesidad de hacer una ley que permita la impartición y procuración de justicia electoral a partir de establecer procedimientos sancionadores electorales, que permitan un acceso efectivo a la justicia de manera imparcial, haciendo efectivas las causas de nulidad de una elección, y garantizando el principio de elecciones auténticas, libres y periódicas, ello requiere indudablemente del establecimiento de la carrera judicial electoral, así como que sea integrado mediante un procedimiento de convocatoria pública y evaluación para la integración de las propuestas para candidatos a magistrados electorales locales y federales.

El paquete en materia de delitos electorales, lo presentará la Senadora Angélica de la Peña, y falta todavía por resolver un tema fundamental, que es la Ley Reglamentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que hoy goza de autonomía constitucional, lo que implicará una reforma general de desarrollo social y, al mismo, tiempo la creación de un sistema nacional de programas sociales para transparentar de manera integral el uso de los recursos públicos en los programas sociales y evitar su desvío o la duplicidad de acciones dentro de las dependencias gubernamentales.

Este es el paquete de iniciativas, señora Presidenta, y lo dejamos aquí en la Presidencia, en la Mesa Directiva.

Muchas gracias, compañeros.

Iniciativa








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ASOCIACIONES POLITICAS

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 6o. Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)








INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)








Se recibió de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo)

“La suscrita Senadora MOnica T. Arriola Gordillo de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la siguiente:

ExposiciOn de Motivos

La materia base para la realización de la presente iniciativa es de la mayor categoría y debe de ponderarse contemplando el sinnúmero de beneficios que pretende fraguar. 

Así como el 10 de Diciembre de 1948 el documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta iniciativa se elaboró tomando en consideración los bienes jurídicos fundamentales para el correcto desarrollo de la sociedad y la conquista del bien común.

La dignidad, igualdad e inalienabilidad de los derechos humanos contempladas en documentos internacionales como el mencionado con anterioridad, tienen décadas de haberse pronunciado, sin embargo, hasta el día de hoy, las acciones encaminadas a un autentico y pleno respeto de los mismos se mostrado insuficiente.

Empezamos a comprender que la lucha por la defensa de los derechos tiene una naturaleza perpetua ya que el marco normativo siempre será perfectible conforme a la época y lugar en el que se aplique.

Por esto debemos de adoptar con prontitud la nueva cultura de respeto y armonía que permita la erradicación del desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos.

El respeto a la dignidad y el valor de la persona humana, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres, promueven el progreso social y elevan el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad que todo Estado está comprometido a asegurar por su propia naturaleza de existencia.

Los Derechos Humanos son definidos, doctrinalmente, como un conjunto de disposiciones, principios y valores mínimos inalienables al orden jurídico, y que sustentado en el derecho natural conforman el horizonte de valores humanos.

Estos derechos tienen una serie de condiciones y elementos fundamentales en los que se sustenta la presente iniciativa; al ser universales y precedentes al marco legal de cualquier Estado, se encuentran dotados de una supremacía que se sobrepone a creencias, religiones y filosofías.

Así se estableció en el documento de las Naciones Unidas ya mencionado varias ocasiones:

“Considerando que el respeto a la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y a sus derechos iguales e inalienables constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz del mundo” 1

Existieron antecedentes a la Declaración, desarrollándose principalmente en el siglo XVIII,  que contemplaban un enfoque del ser humano proteccionista, amparando la libertad, igualdad y dignidad esencial de toda persona humana por encima y al margen de cualquier contexto y circunstancia accesoria como es la religión, el género, la nacionalidad, la condición socioeconómica, etc.

Sin entender el contexto de nacimiento de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales que salvaguardan su cumplimiento, es imposible concebir la perspectiva necesaria para entender este tipo de reformas.

La necesidad se coloca como la principal causal de origen de los derechos humanos y de este documento histórico, ya que después de los trágicos acontecimientos que se vivieron en la segunda guerra mundial, en donde millones de vidas se perdieron y la dignidad humana se puso en entredicho por las prácticas belicosas de los actores involucrados, nacen, con la muerte de regímenes nazis, fascistas y dictatoriales.

Es un ejemplo claro de que la luz más brillante siempre sale de la oscuridad más intensa.

Es así que, como las Declaraciones elaboradas en los Estados Unidos de 1689 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789, el reflejo de las terribles experiencias que sufrieron generaciones de seres humanos, nos permiten el día de hoy luchas por estándares cada vez más altos de protección.

Los convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen que percibirse, jurídica y filosóficamente, conforme a su objetivo, tratamiento, y fin. Esto, a su vez, tiene que reflejarse forzosamente en la legislación vigente en un estado determinado, de manera que se plasme la intención superior de proteger los derechos humanos de los ciudadanos.

Un error común de los representantes de la sociedad, pero con consecuencias trágicas, es darle un tratamiento igualitario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y tratados de cualquier otra índole.

Asumiendo una pirámide jerárquica de clasificación en materia de tratados, tenemos, sin duda, que ubicar a la materia garante de los derechos humanos de las personas hasta la cúspide de la misma, y con una esfera jurídica inatacable. La materia de protección que abarcan estos instrumentos jurídicos, así como sus propósitos y causales, proporcionan a toda población, los mecanismos necesarios para salvaguardar el listado de derechos fundamentales que permiten el correcto desarrollo y cumplimiento de sus libertades civiles.2

El estado de derecho va mucho más allá del formalismo jurídico que podría interpretarse en la expedición de normas jurídicas ad hoc a intereses preestablecidos. Este debe de conformarse necesariamente por el conjunto de instituciones y mecanismos que garantizan la legalidad, el respeto a los derechos humanos y el surgimiento de la separación de poderes para que la garantía del respeto a las libertades individuales y el ejercicio de la soberanía popular se materialice en esa separación, ratificando la independencia de los órganos que ostentan los poderes del Estado.

Ahora bien, la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en su participación de la en la mesa redonda “El Estado de Derecho en México: Retos y Perspectivas”, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el 9 de octubre de 2002, expuso de manera extraordinaria una de las preguntas que dan sustento a esta iniciativa, en nombre de todos, ¿El Estado de Derecho para quién?

“Los sujetos del Estado de Derecho, es decir, los responsables de hacer efectivo el concepto, de darle forma y respetarlo como reza una campaña publicitaria somos todos.

Porque en nombre de la libertad, la igualdad, la legalidad y la confianza institucional, debemos hablar todos. A todos incumbe el Estado de Derecho, a todos nos es inherente.

A los ciudadanos en la medida que puedan ganar más espacios de decisión y su representatividad aumente; en cuanto puedan exigir más a sus representantes populares y hacer más efectivos sus derechos de vigilancia sobre la actuación estatal.

A los poderes (económicos, mediáticos, políticos) exigiéndoles respeto a los derechos y libertades individuales, pero también con la exigencia permanente de comportarse en los límites que marcan los cauces institucionales y, sobre todo, constitucionales.

Pero la exigencia más fuerte de un verdadero Estado de Derecho es al propio Estado, a sus órganos y poderes, a los representantes y gobernantes. Porque el reto más importante que tenemos frente al futuro es no solamente concretar un verdadero Estado de Derecho; sino aspirar a uno Social y Democrático de Derecho, en el que esos aspectos se fundan bajo un solo concepto:

Estado Constitucional de Derecho. Al amparo del cual, el Estado ajuste sus normas y hechos a las exigencias éticas y políticas de la sociedad, con compromisos serios de justicia social, cohesión nacional y eficacia de los derechos.

Sin todo ello, el Estado de Derecho seguirá siendo, como lo es hasta hoy, una aspiración permanente, que no podemos permitir sea cada vez más ajena, remota y quimérica.”3

De esta manera se comprueba de manera clara el sustento jurídico, dogmatico y teológico de la modificación propuesta en el presente documento, ligando de manera contigua a este modelo de estado reclamado por la sociedad, la protección de los derechos humanos de los que la constituyen. 

Asimismo, el cimiento toral de los Derechos Humanos es la inalienable dignidad de la persona humana y, por lo tanto, ostentan una vigencia universal. Al tener esta característica, de manera ingénita, surgen de su naturaleza ciertos factores que repercuten sobre la esfera de las personas.

Primeramente, ninguna persona, sin excepción, podrá ser privada de ellos; estos deben ser, necesariamente, la pauta por medio de la cual la sociedad establezca su estructura social, económica y política; deben ser acatados, promovidos y garantizados, prioritariamente, por la universalidad de estados del mundo.

De lo anterior resulta ilógico y contradictorio que un Estado autoproclamado democrático, republicano, con una constitución de corte social, que pretende poner a los derechos humanos como un pilar fundamental de observancia para toda actuación del mismo, continúe formulando o manteniendo reservas en tratados internacionales de diversa índole.

Ante un nuevo paradigma de protección de estos derechos desde la reforma de junio del 2011, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos adquieren una jerarquía especializada que debe ser preservada por el Estado Mexicano con preeminencia.

Ha sido notable la importancia que el actual gobierno ha comunicado en los discursos oficiales sobre el tema, y por lo tanto es momento de realizar acciones específicas que se interpretan en avances sustanciales en la materia. Al permitirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la facultad de proponerle al Ejecutivo Federal el retiro de reservas que el Estado Mexicano haya formulado en tratados internacionales manifiesta una verdadera congruencia de actuación.

Aunque la formulación de reservas por parte de un Estado a un tratado internacional es un acto que traspone a la lógica de manera inmediata, el problema que generó una discusión doctrinal contemporánea surge por dos usos discordantes en la comunidad internacional.  La primera consistía en la práctica que exigía que las reservas formuladas dentro de los tratados internacionales debían ser aceptadas por todas las partes del tratado, de lo contrario, el reservante no podía ser considerado parte del instrumento internacional.

La segunda práctica de esta dicotomía defendida por la Unión Panamericana, consistía en que una reserva no implicaba la imposibilidad del tratado para poder entrar en vigencia entre los estados no reservantes y el que formulaba la reserva. Esto dependía de la aceptación de los estados ya parte del instrumento, y al no exigir la unanimidad como en la primera práctica, buscaba ampliar el margen de firmantes del mismo.

Los instrumentos internacionales de esta índole, como han pronunciado organismos internacionales, son adoptados con un fin puramente humano y civilizador, procurando la preservación y protección de las personas, de sus derechos esenciales, así como confirmar y sancionar principios elementales de la moral, por lo que se entiende que los Estados que signan estos acuerdos no pueden hacerlo con intereses propios o egoístas, pero por la consecución de un fin común, que busque garantizar los fines superiores que constituyen al tratado internacional.

Las reservas que un Estado formula a un tratado internacional constituyen un acto jurídico unilateral, y da por entendido una discreción a una o varias disposiciones del mismo. Aunque desde cierta óptica doctrinal, la formulación de reservas se considera un aspecto positivo al incrementar la asequibilidad de que un estado firme el documento internacional, sin embargo, al dejar de lado la aplicación de ciertas disposiciones del mismo instrumento puede generarse una tergiversación de la integridad del mismo y del objetivo que busca cumplimentar. La falta de uniformidad en el cumplimiento de estas obligaciones también coloca en una situación irregular al Estado formulante sobre otros que hayan aceptado en sus términos el tratado, por lo que existe además una afectación en el contexto global que desentiende el elemento universal de los derechos.

La formulacion de reservas dentro de los tratados inetnacionles esta regulada en la segunda parte de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, procurando que el fin y objeto de los instrumentos convenidos no pierdan una correspondencia con las pretensiones de ciertos estados a abstenerse al comrpomiso con ciertas disposiciones;sin embargo, resulta irrazonable incluso pronunciar esta premisa, debido a que en materia de los derechos más elementales que tienen las personas por el solo hecho de serlo y estar reconocidos por la comunidad internacional, es inadmisible concebir la aceptacion parcial de la salvaguarda a los mismos.

La CNDH al ser un organismo constitucionalmente autónomo, garante y promotor de los derechos humanos debe, sin lugar a dudas, tener competencia para pronunciarse de manera influyente en las decisiones que se tomen sobre el articulado al que se compromete nuestro estado en los tratados internacionales.

Al ser exigencias elementales que puede oponer cualquier ser humano por el hecho de serlo, estamos conscientes que como necesidades básicas su satisfacción es indispensable para el pleno desarrollo del potencial de una sociedad. Es ineludible la urgencia de esta modificación a esta ley, ya que nos encontramos en violación flagrante a uno de los tres principales elementos que constituyen la naturaleza de los Derechos Humanos, la innegociabilidad, la cual presupone que ninguna sociedad debe negar la protección de estos derechos a sus miembros.

Al condicionar ciertos aspectos y factores de los tratados internacionales que buscan la protección de estos derechos, el Estado Mexicano proyecta una imagen equivocada del personaje garantista que busca ser. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue galardonada recientemente con el Premio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sus aportaciones en la materia. Al seguir esta línea que se gestiona diariamente por los poderes de la unión y la totalidad de la sociedad, esta iniciativa contribuye de manera trascendente a la construcción continua de una Nación medularmente humanista en el contexto mundial.

Inclusive, como ejemplo evidente, entre muchos otros, en el foro “Retiro de reservas a diversos tratados internacionales en materia de expulsión de extranjeros y fuero militar”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, el especialista en materia de derechos humanos Santiago Corcuera aseguró que esas salvedades son vergonzantes.

El internacionalista señalo con fervor que, “Es vergonzoso que un Estado diga que se reserva la posibilidad de violar los derechos humanos. Desde hace tiempo organizaciones habían formulado pronunciamientos sobre la invalidez de esas salvedades.

Gracias a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida durante la llamada guerra sucia en el estado de Guerrero, se ha avanzado en el marco jurídico”.

Incluso sustento de manera tajante que el significado de retirar las reservas tiene un valor más simbólico que jurídico, porque la Corte Interamericana ya lo invalidó.

Esto nos pone en un manifiesto perjuicio a los derechos de las y los mexicanos, deteriorando la imagen de México en el contexto global, y el potencial de desarrollo de su pueblo.

Al otorgarle esta potestad a la Comisión se subsanará la contravención en la que se encuentre actualmente el estado mexicano y, se edificará a su vez, un sistema de justicia imprescindible para garantizar a toda y todo mexicano un acceso a la justicia, a la dignidad, y a la igualdad que lo aproxime al bienestar.

Como Senadoras y Senadores de la República y, en honor a la enorme responsabilidad con que nos ha privilegiado el pueblo de México a realizar, debemos enmendar el menoscabo que se ha cometido, y saldar la deuda que ha clamado la sociedad por un largo periodo de tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:

Proyecto de Decreto

UNICO.- Se reforma el primer párrafo del Artículo 2; y se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 6, ajustándose los numerales subsecuentes, ambos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio, garantía y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

XIV.- Bis.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, el retiro de las reservas formuladas a convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte;

XIV Ter.- La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

Transitorio

Unico.- El siguiente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2014

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.

Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Beneficios de Liberación Anticipada para Sentenciados por Delitos No Violentos Relacionados con el Consumo o Posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.

1 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

2 Riquelme Cortado, Rosa. “Las Reservas a los Tratados, Lagunas y Ambigüedades del Convenio de Viena”.  Colección de Estudios de Derecho, Universidad de Murcia. 1era Edición 2004

3 ESTADO DE DERECHO, ¿para qué? ¿para quién?". Participación en la Mesa Redonda "El Estado de Derecho en México: retos y perspectivas", organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Ciudad de México, 9 de octubre de 2002.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DE BENEFICIOS DE LIBERACION ANTICIPADA PARA SENTENCIADOS POR DELITOS NO VIOLENTOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO O POSESION DE CANNABIS SATIVA, INDICA O MARIHUANA

(Presentada por el C. Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras y señores Senadores:

Concurro a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide una Ley Nacional de Beneficios de Libertad Anticipada para Sentenciados por Delitos No Violentos Relacionados con el Consumo y Posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana.

El día de hoy, con el apoyo de diversas Senadoras y Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de esta Asamblea esta iniciativa de ley reglamentaria del artículo 73 constitucional, que tiene objetivo de liberar a quienes hoy purgan condenas relacionadas a la violación al artículo 477 de la Ley General de Salud.

Este artículo establece los montos máximos de posesión para consumo personal, pero también establece las penas para quienes lo han superado en menor proporción y para quienes, al no podérseles demostrar intención de comerciar, se presume que tenía la intención exclusiva de consumir.

La iniciativa parte de un diagnóstico y se cimenta en una convicción; nuestra responsabilidad como legisladores es acompañar al proceso, a través del proceso legislativo, el desarrollo de las valoraciones de la sociedad, el ajuste de sus fines y de sus objetivos, encontrar las distorsiones, las amenazas a la convivencia y fomentar círculos virtuosos.

También como legisladores tenemos la obligación de minimizar el gasto irracional del dinero público y optimizar los recursos por definición escasos. Esta iniciativa propone abonar en todo ello.

El diagnóstico del que partimos es un sistema penitenciario sobrecargado en donde los internos viven en condiciones de hacinamiento y precariedad, negándose la posibilidad de reinserción social productiva.

Las estadísticas del sistema penitenciario ciertamente son difíciles de conocer, de sistematizar y de evaluar. Sin embargo, podemos aproximar los efectos de esta iniciativa en distintas dimensiones. Les comparto algunos de los datos fundamentales:

En promedio, en el país las cárceles están ocupadas al 125 por ciento de su capacidad; sin embargo, las disparidades regionales son aún más alarmantes.

En 2011, la sobrepoblación penitenciaria fue del 80 por ciento en el Distrito Federal del 76 por ciento en el Estado de México y del 64 por ciento en el estado de Nayarit.

De entre los sentenciados por delitos contra la salud, 40 por ciento lo están exclusivamente por consumo o posesión sin fines de comercio, es decir, delincuentes de mínima peligrosidad social.

Aproximadamente 60 por ciento de los internos en los centros penitenciarios federales fueron sentenciados por delitos contra la salud, pero esa cifra es mucho mayor entre las mujeres. El 80 por ciento de las mujeres internas fueron sentenciadas por delitos contra la salud, dada la participación relativamente menor de las mujeres en las cadenas de narcotráfico, pareciera que el esfuerzo penal está concentrado de manera desproporcionada en un sector cuyo peso relativo en el problema es francamente menor.

Más aún, el 99 por ciento de las mujeres internas por delitos contra la salud no tiene antecedentes penales, 88 por ciento no tienen concurrencia con otros delitos y el 91 por ciento no portaba armas en el momento de su detención. Es decir, 9 de cada 10 mujeres pueden inequívocamente ser catalogadas como personas sentenciadas por delitos de mínima peligrosidad e impacto social.

Y el riesgo de esto es muy alto. No sólo debemos contemplar el costo financiero que los internos representan para el Estado, calculado entre 140 y 167 pesos diarios, y estimado en 940 millones de pesos para todos los sentenciados por delitos relacionados con la marihuana.

Debemos atender también al costo de oportunidad de la disposición de esos recursos, del sacrificio que representa encarcelar a personas y no a otros delincuentes, de criminalizar a personas que han quebrantado la ley, pero no necesariamente han amenazado la convivencia de la comunidad.

En el caso de las mujeres, el costo social es aún mayor, 87 por ciento de las internas tienen hijos, casi la mitad de ellas deben dejarlos a cargo de familiares no directos para cumplir su condena en prisión. Los hombres internos generalmente dejan a sus hijos al cuidado de la madre.

Los hijos de mujeres internas se enfrentan, por lo tanto, de manera más intensa, a una situación de desamparo que repercute en la desestructurización del hogar y con ello del entorno que pudiera proveerles de las certezas de seguridad, afecto y destino que todo niño necesita. Esta ley pudiera, por tanto, tener un impacto generacional que no podemos soslayar y un efecto en la reconstrucción del tejido social de nuestro país.

Quiero ser claro en que esta iniciativa no transforma la concepción penal de la marihuana en su conjunto, pero ciertamente busca abrir un debate que la relativice.

La iniciativa, en caso de ser aprobada, sólo aplicaría a sentenciados que hayan sido sentenciados por violación al artículo 477 de la Ley General de Salud; es decir, micro posesión y micro consumo sin fines de comercio, pero que además cumplan con dos condiciones: primero, que la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia; y segundo, que no se rebase el límite de posesión de más de diez veces el umbral establecido en la propia Ley General de Salud.

La responsabilidad del legislador es establecer cauces para reordenar la convivencia social. Nuestra labor no se limita a redactar, proponer y votar una ley, la responsabilidad del legislador está directamente asociada a los efectos que la ley pueda proveer y producir en el ámbito social.

Es tarea del legislador evaluar y reevaluar constantemente los fenómenos sociales y las respuestas del poder público a esos fenómenos. Hacer cortes de caja que permitan caminar y reencaminar procesos sociales.

Esta iniciativa también busca contribuir a un proceso de ajuste en la forma en la que conceptualizamos y consideramos fenómenos sociales de la actualidad.

Tengo plena conciencia de que esta iniciativa no tiene el poder para transformar el sistema penitenciario, ni para resolver todas sus debilidades; tampoco tiene la capacidad de mejorar el estado de nuestras finanzas públicas; ni siquiera podrá terminar con el sesgo de la criminalización de mujeres y de personas en marginación social y también en situación de dependencia de ciertos narcóticos. Pero es un paso en ese sentido, un paso para que muchas personas, sobre todo para que las mujeres puedan recurrir a un beneficio de libertad anticipada y no purgar la pena de posesión o consumo en prisión. Un paso que, a mi juicio, vale la pena dar; un paso al que espero este Senado de la República esté dispuesto a acompañar.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gil Zuarth.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Solamente para solicitarle al Senador Roberto Gil si me invita a sumarme a su iniciativa.

Gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senador Roberto Gil. Concedido.

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señor Presidente, con la misma intención, preguntarle al Senador Roberto Gil si me permite apoyar su iniciativa.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Roberto Gil. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.






Tiene el uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza para presentar, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, y con aval del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

(Presentada por la C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre propio y de las CC. Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del grupo parlamentario del PRI, con aval de grupo)

- La C. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores:

En la actualidad las telecomunicaciones están estrechamente entrelazadas por la utilización de medios electrónicos o de avanzada tecnología.

Una forma de conexión a distancia se realiza por medio de la telefonía, ya sea fija o celular, tomando en consideración que las transmisiones que se hacen pueden ser de manera análoga o digitales.

Así, en la Constitución Política de nuestro país, se establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; sin embargo, hasta antes de la actual reforma en materia de telecomunicaciones, el Estado estaba limitado a garantizar dicho derecho, ya que se contaba con altas tarifas en telefonía fija, y con respecto a la telefonía celular, eran prácticas que abusaban del bolsillo de los mexicanos.

Con la reforma que presentó el titular del Ejecutivo Federal, se prevé una mejor calidad de servicios en telecomunicaciones, buscando garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, destacando que las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

El acceso a la tecnología por medio de la telefonía, ya sea fija o móvil, forma parte de las telecomunicaciones, ubicándola en la esfera jurídica del derecho a la información, ya que son actividades que tienen un impacto transversal en todos los sectores económicos del país.

Según datos de la entonces COFETEL, la telefonía fija se ha mantenido sin crecimiento neto en 10 años, aunque las cifras sí han cambiado bastante debido a dos importantes factores: el precio y la propagación de telefonía celular.

Estudios han revelado que la tendencia a la baja en consumo de líneas telefónicas se debe al creciente uso de telefonía celular, que aunque es más costosa, tiene mayores ventajas digitales que no pueden ser encontradas en la telefonía fija.

El uso de telefonía celular, por otra parte, ha mantenido un crecimiento constante desde el 2006, cuando se reportaban 55 millones de líneas; mientas que en 2012 el número fue de 102 millones, lo que implica un crecimiento de 10.7 por ciento por año.

Ahora bien, conociendo a grandes rasgos el panorama de la telefonía fija y móvil en nuestro país, cabe destacar que la entrada de la competencia para prestar servicios de larga distancia nacional e internacional ha provocado marcados descensos de los precios en los mercados de la OCDE; también han bajado en México; no obstante, cuando se comparan con otros países son muy elevados.

Los precios de la telefonía fija en México aún son de las más caros. Esto impone un costo a los consumidores y es particularmente grave para el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas que predominan en México.

Por las consideraciones antes expuestas, junto con mis compañeras las Senadoras Angélica Araujo Lara, Hilda Flores Escalera, Claudia Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, sometemos a la consideración de esta Soberanía, reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, adicionando un párrafo a fin de establecer una medida técnica que beneficia a los mexicanos y que se mantenga la competencia entre los servidores de telefonía fija y móvil.

De tal forma que tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, el cobro por llamada, realizado por los concesionarios y prestatarios, será el mismo en todo el territorio nacional sin considerar la larga distancia de una ciudad a otra.

Por su atención y por su apoyo, muchas gracias, compañeros.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“Las que suscriben, Senadoras Lilia Merodio Reza, AngElica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia ArtemizaPavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel SarahI RIos de la Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I; 76 numeral 1 fracción I; 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Aval del Grupo Parlamentario, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

A través del tiempo el ser humano se ha comunicado entre sí utilizando diversos medios, ejemplificando así la forma de comunicación a distancia, es por ello que a esta acción se le ha denominado telecomunicación, en la actualidad las telecomunicaciones están estrechamente entrelazadas por la utilización de medios electrónicos o de avanzada tecnología.

Una forma de conexión a distancia se realiza por medio de la telefonía, ya se fija o celular, tomando en consideración que las transmisiones que se hacen pueden ser de manera análoga o digitales.

Así, en la Constitución Política de nuestro país, se establece que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación”, sin embargo, hasta antes de la actual reforma en materia de telecomunicaciones, el Estado estaba limitado a garantizar dicho derecho, ya que se contaba con altas tarifas en telefonía fija, y con respecto a la telefonía celular eran prácticas que abusaban del bolsillo de los mexicanos.

Con la reforma que presentó el titular del ejecutivo federal, se prevé una mejor calidad de servicios en telecomunicaciones, buscando garantizar el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, también se garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Destacando que las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.

El acceso a la tecnología por medio de la telefonía, ya sea fija o móvil, forma parte de las telecomunicaciones ubicándola en la esfera jurídica del derecho a la información, ya que son actividades que tienen un impacto transversal en todos los sectores económicos del país. Por ello la reforma del ejecutivo federal busca poner a México a la vanguardia en el contexto internacional y se sientan las bases para incentivar la competencia.

La OECD en 2012 señaló que el mercado mexicano de telecomunicaciones estaba dominado por una sola compañía que dominaba el 80% del mercado de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil.

La deficiente competencia ha dado por resultado una escasa penetración, en ese sentido se da a conocer que el sector de las telecomunicaciones en México ocupa el undécimo lugar en tamaño entre los países de la OECD, con ingresos de alrededor de 26 600 millones de dólares en 2009. Telmex, el operador incumbente de servicios de red fija, ocupa el lugar 30 en tamaño de la OCDE, comparable a grandes rasgos como los de Grecia o Portugal. En el número total de líneas fijas, México ocupa el octavo lugar de la OCDE, pero el 34º en líneas fijas por cada 100 habitantes.

Según datos de la entonces COFETEL, la telefonía fija se ha mantenido sin crecimiento neto en 10 años, aunque las cifras sí han cambiado bastante debido a dos importantes factores: el precio y la propagación de telefonía celular.

En el año 2000, 39.6% de los hogares en México contaban con una línea fija, cifra que creció en 2006 para colocarse con un 51.2% de los hogares con un total de 19.9 millones de líneas de uso doméstico. Para el 2010, las líneas fijas fueron en picada, hasta colocarse en un porcentaje de 43.9% de los hogares. Aunque en los 2 años siguientes se ha incrementado el número de líneas debido a la competencia entre las empresas y su oferta en paquetes de internet, 19.7 millones para el 2012 siguen estando por debajo del 2006.

Para Neil Hernández, director del centro de innovación en inteligencia ambiente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), experto en materia de telecomunicaciones; afirma que la tendencia a la baja en consumo de líneas telefónicas se debe al creciente uso de telefonía celular, que aunque es más costosa, tiene mayores ventajas digitales que no pueden ser encontradas en la telefonía fija.

Por otra parte, la consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU) explica el nulo crecimiento de este rubro de la siguiente forma: "Hace falta infraestructura y servicios de la competencia, cerca del 50% de la población sólo tiene acceso a telefonía fija de un proveedor, en este caso de Telmex".

El uso de telefonía celular por otra parte, ha mantenido un crecimiento constante desde el 2006, cuando se reportaban 55 millones de líneas; mientas que en 2012 el número fue de 102 millones, lo que implica un crecimiento de 10.7% por año.

La competencia en el mercado mexicano de telefonía móvil comenzó en la década de los noventa. Este mercado ha sido el principal impulsor del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, al crecer a una tasa compuesta de 40% en el periodo 1996­2009, en comparación con el promedio de la OCDE de 20%. México se rezagó mucho respecto a otros países en el desarrollo del mercado de telefonía móvil en 1996, por lo que su alto crecimiento refleja un proceso de recuperación a partir de una baja tasa de penetración.

El número de minutos de telefonía móvil que usa un usuario (165 minutos mensuales por usuario en 2009 y 191 en 2010) es relativamente alto en México.

Ahora bien, conociendo a grandes rasgos el panorama de la telefonía fija y móvil en nuestro país, cabe destacar que la entrada de la competencia para prestar servicios de larga distancia nacional e internacional ha provocado marcados descensos de los precios en los mercados de la OCDE. También han bajado en México; no obstante, cuando se comparan con otros países de la todavía son muy elevados. Los precios de la telefonía fija en México aún son de los más caros. Esto impone un costo a los consumidores y es particularmente grave para el costo de las comunicaciones comerciales, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que predominan en México.

En razón de ello se propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de establecer una medida técnica que beneficie a los mexicanos y que se mantenga la competencia entre los servidores de telefonía fija y móvil.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de

Telecomunicaciones adicionando un párrafo.

Artículo Unico. Se Adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60.- Los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, el cobro por llamada, realizado por los concesionarios y prestatarios, será el mismo en todo el territorio nacional sin considerar la distancia de una ciudad a otra.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los 36 meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan para que las Areas de Servicio Local de telefonía fija se consoliden en una sola a nivel nacional, tomando en consideración los posibles efectos que en materia de competencia podría tener la medida.

Artículo Tercero.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan para que las Regiones del servicio de telefonía móvil se consoliden en una sola a nivel nacional, tomando en consideración los posibles efectos que en materia de competencia podría tener la medida.

Suscriben

Sen. Lilia Merodio Reza.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de La Mora”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Merodio Reza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por la C. Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, con aval de grupo)

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras Senadoras y Senadores:

La propuesta que ponemos a consideración forma parte del paquete que el grupo parlamentario del PRD está poniendo a su consideración, para ser turnada a comisiones este día. Hoy, de manera muy particular quiero mencionar la que tiene que ver con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Tenemos que mencionar que la norma vigente suma alrededor de 20 años sin ninguna modificación, por lo que en la actualidad varias de las conductas ahí descritas son obsoletas y requieren de actualización y por lo tanto, no responden, a las necesidades sociales vigentes que el país requiere para tener procesos electorales transparentes y en igualdad de condiciones.

La ley general que ponemos a consideración de esta Soberanía, responde a estos compromisos. En su esencia, plantea la incorporación de nuevas figuras y modalidades de los procesos electorales y un aumento en las penalidades para castigar a aquel que realice, reciba o destine aportaciones en dinero o en especie, superiores a los establecidos en la legislación electoral, u aporte fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero para el apoyo de precandidatos, candidatos, candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones.

Se sancionan como delitos de delincuencia organizada a quien participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales antes o durante el proceso electoral con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas políticas.

Se establece como delito grave el condicionar la prestación de un servicio público, el compromiso de programas sociales o la realización de obras sociales públicas para la emisión del sufragio a favor o en contra de un partido político, candidato o coalición, o bien a la abstención de votar.

En el caso de servidores públicos, se actualizaron las hipótesis para castigar toda práctica ilícita con el objeto de obtener el voto de los electores y que obligue a sus subordinados para que se abstengan a hacerlo o cuando soliciten aportaciones en dinero o en especie se les induzca a apoyar determinada precandidatura, candidato independiente o, partido político o coalición. Es decir, esta iniciativa va en congruencia con el paquete de iniciativas que el día de hoy se está poniendo a consideración por parte del grupo parlamentario del PRD, y que busca hacer plausible el mandato constitucional de la reforma política, publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Como sabemos, esta reforma política modifica sustancialmente el desarrollo y la complejidad de los procesos electorales en nuestro país.

Se trata de un cambio de paradigma en el modelo de organización electoral de los últimos 20 años e impacta de manera directa no sólo en la forma y los procedimientos electorales, sino en la implementación de nuevas instituciones, nuevas reglas y, por supuesto, también autoridades nuevas que tienen que ser expertas en la materia.

Proponemos una reforma integral en materia de reforma política para establecer los criterios básicos que garanticen la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en las elecciones y se fortalezca nuestra democracia.

Señoras y señores, permítanme hacer una especial acotación respecto de que nuestros proyectos establecen que la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es una condición determinante de la democracia y un paso hacia la erradicación de la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.

Por tanto, dan pleno cumplimiento al mandato constitucional de establecer las reglas para la paridad entre mujeres y hombres.

En este sentido, nuestra propuesta no puede ser regresiva a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los propios tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos políticos de las mujeres.

Por lo tanto, establecemos que los partidos políticos desde sus procedimientos internos y convocatorias para la selección de candidaturas por el principio de mayoría relativa, establezcan una distribución igualitaria de fórmulas de candidaturas en aquellos distritos denominados ganadores. Es decir, aquellos en los que el partido político que los postule o las postule, haya obtenido el triunfo en elección inmediata anterior; o bien, haya quedado en un segundo lugar en una diferencia de cinco puntos porcentuales.

Debemos, con estos preceptos, prevenir que las fórmulas de candidaturas de mujeres, propietaria y suplente, no se inscriban en los distritos perdedores y para sí tergiversar el sentido de la reforma constitucional al artículo 41. Es decir, cumplir la paridad, pero solamente enviando a las mujeres a los distritos donde tienen las peores condiciones los partidos políticos para la competencia.

Para los casos de las candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa, se establece una distribución igualitaria para fórmulas entre mujeres y hombres en las 32 entidades federativas; de tal manera que las fórmulas que postule un partido político al Senado, sea equilibrada en las 32 entidades federativas.

Con estas propuestas que inscribimos tanto en la ley que tiene que ver con las instituciones políticas, como en la ley que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que estamos tomando consideración de las discusiones y de las decisiones que pueden anticiparse dentro de los partidos políticos, es decir, dejamos que los partidos políticos puedan tomar las decisiones conducentes a partir de su propia organicidad.

Me parece muy relevante mencionarlo, porque siempre hemos pensado en lo concreto que sabemos que acontece en cada uno de los partidos y que cada partido tiene sus propias normas que son indistintamente diferentes de un partido a otro partido.

En el caso de las listas plurinominales, proponemos que los partidos políticos o coaliciones deberán, cuando menos en dos circunscripciones electorales, encabezar fórmulas de un sexo, es decir, las otras tres de otro sexo, siempre buscando este equilibrio en el que se sustenta la paridad, es decir, la igualdad sustantiva, pero también haya una equidad en la competencia entre mujeres y hombres.

Nuestra propuesta tendría que estar inscrita también, en la Ley del Instituto Nacional Electoral, con reglas que establezcan acciones afirmativas. Por supuesto que tome a consideración también cuando se trate de reelección y también, de manera muy puntual, las sanciones cuando los partidos políticos incumplen con estas normas que reglamentan el artículo 41 constitucional.

Finalmente, tengo que mencionar que la Comisión de Venecia emitió su opinión sobre la legislación electoral mexicana, en la que a partir de un análisis sobre el sistema electoral mexicano, basado en la legislación que nos rige y la experiencia en procesos electorales anteriores, señaló que existe un exceso en la regulación electoral. Son, dice, demasiadas conductas las que se regulan en diferentes ordenamientos.

Dicha comisión recomendó simplificar la regulación electoral, de manera que siendo menos abundante y más simple, se contribuirá, sin lugar a dudas, a que su aplicación sea más efectiva.

Congruente con esta recomendación, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática inscribió estas iniciativas tomando en consideración, insisto, de la simplificación de los procedimientos jurisdiccionales en materia electoral para un acceso pleno a la impartición y procuración de justicia.

Es cuanto, agradezco a ustedes su atención.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

VER DOCUMENTO

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Angélica de la Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda.

Informo a la Asamblea que recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el nombramiento expedido a favor del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.

Dé cuenta la Secretaría con la comunicación.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy cuenta.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Secretaria. Túrnese la propuesta de nombramiento a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes:






De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Marina, con proyecto de Decreto por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01) de la Armada de México, efectúe el crucero de instrucción correspondiente a la anualidad del 9 de abril al 23 de noviembre de 2014, zarpando del Puerto de Acapulco, Guerrero.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE AUTORIZACION AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA PERMITIR QUE EL BUQUE ESCUELA ARM "CUAUHTEMOC" (BE-01) DE LA ARMADA DE MEXICO, EFECTUE EL CRUCERO DE INSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DEL 9 DE ABRIL AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014, ZARPANDO DEL PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XI DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Dictamen de primera lectura)



Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado del día de hoy, y con fundamento en la dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Informo al Pleno que a petición de los grupos parlamentarios se ha retirado la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 215 Bis al Código Penal Federal.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.






DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA GESTA HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. ¿Alguien tiene deseo de hacer uso de la palabra?

No habiendo oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 77 votos a favor.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”.






DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA “13 DE AGOSTO, ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN, EN 1914”, AL INCISO A) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En consecuencia, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Cámara de Origen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el ocho de octubre de dos mil trece, el Diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con fecha 04 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

3. En fecha 06 de febrero de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dio cuenta de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

I. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA.

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estimamos pertinentes referir algunos elementos argumentativos expuestos en la propuesta original presentada en la Colegisladora, por considerar que en los mismos puntualizan y explican atinadamente la transcendencia de la importancia de lo que en materia se quiere conmemorar.

De la exposición de motivos de la iniciativa, se desprende que “Los tratados de Teoloyucan” realizada el 13 de agosto de 1914, fue un documento que representó la victoria de las clases medias y populares sobre las élites porfiristas del viejo régimen, y la disolución del Ejército Federal.

Asimismo, se señala que la historia nos indica que una vez que la Revolución Maderista triunfó en 1911, y que Francisco I. Madero llegó al Poder Ejecutivo de la Nación, su gobierno se caracterizó como de transición democrática; sin embargo esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913 Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del Presidente Madero, lo asesina hecho que se conoce como “La Decena Trágica” y reinstaura el sistema que operaba durante el Porfiriato, es decir, devuelve los privilegios a la clase alta, por lo que a su gobierno lo apoyaban los banqueros, grandes industriales, comerciantes, el clero y el ejército federal.

Dicha situación provocó la reacción del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa.

El 26 de marzo de 1913 se firma el Plan de Guadalupe, en dicho Plan nombran como primer jefe del ejército que se denominara constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila.

Esto surge a raíz de que es precisamente Don Venustiano Carranza quien inicia con el movimiento en defensa del orden constitucional.

Con el interés de no extender los daños a la sociedad, revolucionarios y representantes del gobierno Huertista, se reunieron en la población de Teoloyucan, Estado de México, para decidir la rendición de la capital del país y definir las condiciones en que se daría la rendición, disolución y evacuación del Ejército Federal, aquel 13 de agosto de 1914. 

De esta manera, puede decirse que, con los tratados de Teoloyucan concluyó la segunda etapa de la Revolución Mexicana, al pactarse la disolución del Ejército Federal, quedando de manifiesto el triunfo del Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.

Basado en lo anterior, el legislador expresó que la firma de los tratados de Teoloyucan representa un parteaguas en el respeto del orden constitucional de nuestro país. Además de que así lo han reconocido diversos investigadores e historiadores.

Es así que el legislador sustenta que la firma de los Tratados de Teoloyucan del 13 de agosto de 1914 coadyuvó a recobrar el orden constitucional del país durante la Revolución Mexicana, y sentó la constitucionalidad de lo que hasta la fecha ha sido para nuestra nación el Ejercito Nacional.

Es por todo lo anteriormente expuesto que esta fecha merece ser recordada por todos y cada uno de los mexicanos, lo cual se logrará con el honor de que el 13 de agosto de cada año, la Bandera Nacional sea izada a toda asta.

II. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES.

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, concordamos en lo general con los argumentos vertidos en las consideraciones del Dictamen, así como del proyecto de Decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que en envía la Colegisladora, razón por la cual proponemos aprobarla en sus términos, ya que ello demuestra un acto de honorabilidad hacia nuestros héroes nacionales.

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos que los “Tratados de Teoloyucan” son un documento fundamental enfocado al restablecimiento del Estado de Derecho en beneficio a los ciudadanos.

De ahí la importancia de establecer una fecha conmemorativa a todos aquellos héroes nacionales participes de las luchas que contribuyeron, marcaron y fincaron los derechos de las clases medias y populares, sobre las élites porfiristas del viejo régimen.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, consideramos pertinente señalar que los “Tratados de Teoloyucan” se firmaron entre los Generales Alvaro Obregón, por parte del Ejército Constitucionalista y Gustavo A. Salas, por lo que respecta a los federales. Con este documento se dio la disolución del Ejército Federal, lo que significó el triunfo definitivo de la Revolución Constitucionalista.

Asimismo, los integrantes de las comisiones coincidimos en que el decreto puntualiza correctamente los hechos históricos base de lo que en el tiempo actual representa una labor objetiva, constructiva y democrática para reforzar los derechos de los ciudadanos mexicanos.

De aprobarse el dictamen que se presenta, no solo se estaría conmemorando una fecha de gran hazaña, si no que a la vez estaríamos contribuyendo a que la sociedad no se limite en conocimientos claves de representación histórica, al contrario, el objetivo más allá de todos aquellos intereses que puedan presentarse, es el de reforzar y enriquecer nuestra cultura. De esa manera, los legisladores pretendemos aportar a nuestra nación una visión más amplia de las gestas históricas que sin oposición alguna marcan la vida, la historia y la trascendencia de México.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, consideramos importante, que con la aprobación a la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, estaremos dando el lugar que se merecen a nuestros héroes revolucionarios que fueron pieza fundamental rumbo a la Revolución Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado A del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, sometemos a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Unico.- Se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

a) …

13 de agosto:

Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914.

b) …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”

(Se inserta intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Cristina Díaz.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:

El presente dictamen es sobre una minuta enviada por la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa presentada por el Diputado Juan Carlos Uribe Padilla.

La presente minuta tiene como finalidad adicionar al artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha 13 de agosto como aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan en 1914, a efecto de conmemorar los hechos relacionados al triunfo del Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.

La historia nos indica que una vez que la Revolución Maderista triunfó en 1911 y que Francisco I. Madero llegó al Poder Ejecutivo de la nación, su gobierno se caracterizó como de transición democrática y, sin embargo, esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913 Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del Presidente Madero, lo asesina, hecho que se conoce como la “Decena Trágica” y reinstaura el sistema que operaba durante El Porfiriato; es decir, devuelve los privilegios a la clase social alta por lo que a su gobierno lo apoyaban banqueros, grandes industriales, comerciantes, el clero y el Ejército Federal.

Dicha situación provocó la reacción del gobernador de Coahuila Venustiano Carranza y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa. El 29 de marzo de 1913, con la firma del Plan de Guadalupe, se nombra como primer jefe del Ejército Constitucionalista al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila.

Esto surge a raíz de que es precisamente don Venustiano Carranza quien inicia con el movimiento en defensa del orden constitucional.

Con el interés de no extender los daños a la sociedad, revolucionarios y representantes del gobierno huertista, se reunieron en la población de Teoloyucan, Estado de México, para decidir la rendición de la capital del país y definir las condiciones en que se daría la rendición, disolución y evacuación del Ejército Federal aquel 13 de agosto de 1914.

De esta manera, puede decirse que, con los tratados de Teoloyucan concluyó la segunda etapa de la Revolución Mexicana, al pactarse la disolución del Ejército Federal, quedando de manifiesto el triunfo del Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.

Con base en lo anterior, la colegisladora expresó que la firma de los tratados de Teoloyucan representa un parte aguas en el respeto del orden constitucionalista de nuestro país, como lo han reconocido diversos investigadores e historiadores.

Con la firma de los Tratados de Teoloyucan, del 13 de agosto de 1914 se coadyuvó a recobrar el orden constitucional del país durante la Revolución Mexicana, y sentó la constitucionalidad de lo que hasta la fecha ha sido para nuestra Nación, el Ejército Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que esta fecha merece ser recordada por todos y cada uno de los mexicanos, lo cual se logrará con el honor de que el 13 de agosto de cada año, la Bandera Nacional sea izada a toda asta.

Les pido entonces, atentamente su voto en favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

Tiene uso de la tribuna el Senador Luis Sánchez Jiménez.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Conmemorar los Tratados de Teoloyucan adquiere un significado político e histórico profundo, más aún, este evento, este acto realizado en Teoloyucan, Estado de México.

Es fijar en nuestra memoria el fin de la dictadura, la arbitrariedad y el golpismo encarnado por el huertismo de lo más oscuro en nuestra historia.

Es refrendar el triunfo de la legalidad, la democracia y la justicia social representada por el pueblo armado de principios del siglo pasado.

Es recordar que la soberanía radica en el pueblo y éste tiene el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno. A trazar una Revolución.

Así lo entendió Venustiano Carranza al convocar a la creación de un Ejército Popular cuya bandera fue la defensa de la Constitución de 1857, que vio culminada su tarea en el Constituyente de Querétaro de 1917.

Obra que culminó Lázaro Cárdenas con el reparto agrario y el fortalecimiento del artículo 27 constitucional y la consolidación de los derechos de trabajadoras y trabajadores y de campesinas y campesinos.

De ahí la importancia de que los pueblos tomen entre sus manos su destino, como lo hicieron los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza. Tras el golpe a la legalidad con la muerte de Madero y Pino Suárez en la Decena Trágica a manos del chacal Huerta.

Gracias al Plan de Guadalupe se pudo retomar el rumbo de la nación y se logró derrotar al viejo Ejército Porfirista que seguía lastimando a los desprotegidos y respondiendo a los opresores del pueblo mexicano.

De ahí la importancia de los Tratados de Teoloyucan, ya que fijaron un antes y un después de las instituciones mexicanas, sobre todo del Ejército Nacional. Ahí nació uno nuevo.

Además dijeron un “nunca más” a los poderes fácticos y sus aliados extranjeros.

Los Tratados de Teoloyucan firmados por Alvaro Obregón en una salpicadura de un automóvil en Puente Grande, entre el camino que va de Teoloyucan a Cuautitlán en el Estado de México, retratan la prisa con que urgía recomponer las instituciones dejadas por el huertismo que ya atrozmente había asesinado y silenciado a Belisario Domínguez.

Con los Tratados de Teoloyucan, el viejo Ejército Aristocrático formado por el Porfiriato, ese Ejército golpista y transgresor de la Constitución, rindió sus armas ante un nuevo Ejército Popular sometido a la Constitución y defensor de las instituciones.

Ahora bien, para qué los discursos, si no logramos darle vida y sentido a las luchas de los que nos antecedieron, comprometidos con la justicia local y la equidad.

Estamos obligados a refrendar el compromiso social constitucional de hacer que la democracia adquiera un sentido social.

Debemos de una vez por todas acabar con la pobreza, la marginación y la injusticia, la de aquella época generada por los conservadores porfirianos, la de ahora por los neoliberales.

Hoy en día tenemos a 11 millonarios en el país contra 52 millones de pobres.

La Revolución Mexicana vive hoy más que nunca renovada en la conciencia ciudadana de que la transición sólo es posible a través de un contrato social que no dilapide las riquezas del pueblo como sí lo hace la reciente aprobada reforma energética.

El país requiere acuerdos, sí, pero sujetos a los principios históricos de la nación en el marco de las atribuciones constitucionales de los poderes públicos, para ampliar los derechos que la Revolución consagró en el pacto de 1917.

Con la urgencia y la contundencia de los Tratados de Teoloyucan, redimensionemos la nación, busquemos la justicia para los que menos tienen, defendemos nuestros recursos naturales para las futuras generaciones, no retrocedamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Sánchez Jiménez.

Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios Córdova, del grupo parlamentario del PAN, para hablar del dictamen.

- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente.

De manera muy breve, simplemente referir que el que se modifique la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para que el 13 de agosto se ice la Bandera en conmemoración de los Tratados de Teoloyucan, en primer lugar se debe a los propios habitantes de Teoloyucan, que desde siempre han establecido como una fecha primordial en su calendario cívico.

Hace muchísimos años, poco después de 1914, los propios habitantes de Teoloyucan con el gobierno federal construyeron un pequeño monumento novelesco exactamente en el lugar en donde se firmaron los Tratados de Teoloyucan, en medio de las dos vías del tren, y pusieron una inscripción que dice:

“Caminante estás ante un lugar histórico, porque aquí se firmaron los Tratados de Teoloyucan”.

Entonces, en primer lugar, quiero reconocer que este es un acto de justicia del Congreso hacia los habitantes de Teoloyucan que han insistido permanentemente en este tema.

Desde luego que este tema fue retomado y encabezado por el Diputado Juan Carlos Uribe, que presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados, y que ha estado pendiente en ambas Cámaras porque este punto se pueda resolver a favor.

Me parece a mí que también tiene otra importancia. En México somos muy dados a conmemorar el inicio, pero no el final, no la conclusión. Y siempre, tan importante es empezar algo, como a veces mucho más importante terminarlo.

La segunda etapa de la Revolución Mexicana inició con el Plan de Guadalupe en marzo del 1913, y concluyó precisamente con la firma de los Tratados de Teoloyucan.

Celebramos al Plan de Guadalupe, pero no celebramos la conclusión de esta segunda etapa de la Revolución Mexicana.

Igual que en materia de independencia, celebramos el 16 de septiembre de 1810, que es formalmente el arranque de la lucha independentista, y no celebramos la consumación, la conclusión de la independencia el 27 de septiembre de 1821.

El Tratado de Teoloyucan finalmente es la rendición del Ejército Federal Mexicano del Presidente Huerta, que en ese momento ya no estaba en la Presidencia, había un Presidente interino, y fundamentalmente se pactaron dos temas en los Tratados de Teoloyucan:

Primero.- La disolución del Ejército Federal. Se pactó que saldrían de la ciudad de México, que se ubicarían diversas estaciones del ferrocarril y ahí entregar sus armas, y a partir de entonces dejó de existir el Ejército Federal, por eso acabamos de Conmemorar 100 Años del Ejército Mexicano, porque se disolvió el Ejército Federal y se creó el nuevo Ejército Mexicano.

Segundo.- Se pactó la toma pacífica de la ciudad de México. El tratado fue firmado por parte de los revolucionarios, por el General Alvaro Obregón, que había establecido su cuartel general en Teoloyucan, y por parte del Ejército Federal, por Gustavo Salas, en representación del Ejército, y por el gobernador de la ciudad de México, Iturbide; de tal manera que ellos pactaron que pudiera entrar sin saqueos, sin afectación de las propiedades de los capitalinos el Ejército Federal, tal como ocurrió 2 días después, una vez que fueron suscritos estos acuerdos, y que dio un fin a toda la etapa violenta, desde 1910 hasta el, 14 de la Revolución Mexicana.

Primera etapa de 1910 al triunfo de Madero; y la segunda etapa del Plan de Guadalupe hasta el 13 de agosto de 1914.

De manera que yo en esta tribuna hago un reconocimiento a los habitantes, a los ciudadanos de Teoloyucan que durante muchos años habían peleado porque se diera esta circunstancia.

Es cuanto, señor Presidente.

Por su voto a favor, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Larios Córdova. No habiendo más oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adiciona la fecha 13 de agosto, “Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de Acuerdo en relación con el nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.






NOMBRAMIENTO COMO MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura.

“COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO; DE JUSTICIA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

H. ASAMBLEA

Con fecha 2 de junio de 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos, Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Angeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.

De igual forma, se comunicó el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras, y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propuso nombrarlos nuevamente, por un periodo de diez años.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255 numeral 5 y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Angeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. Así, como se comunicó del vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza, Juan Manuel Terán y Contreras y José Cruz Yáñez Cano, por lo que se propone nombrarlos nuevamente, por un periodo de diez años.

2. Con fecha 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la propuesta de nombramientos citada con antelación, se turnara a la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 16 de junio de 2011, se recibió escrito suscrito por la C. María de los Angeles Fromow Rangel, mediante el cual informa al C. Felipe Calderón Hinojosa, que por circunstancias surgidas con posterioridad a la propuesta de nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declina su postulación a la misma.

4. Con fecha 22 de junio de 2011, se recibió Oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con el que remite propuesta de nombramiento de la C. Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, dejando sin efectos el nombramiento de la Lic. María de los Angeles Fromow Rangel.

5. Con fecha 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó los nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, Gustavo Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años. Asimismo, se aprobaron los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Sila Meza y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo periodo de diez años.

6. Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la propuesta de nombramiento de los ciudadanos: Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez Cortes, José Gustavo Ruiz Campos y Juan Manuel Terán y Contreras, por un nuevo periodo de diez años, se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente.

7. Con fecha 6 de agosto de 2012, el Ciudadano Horacio Cervantes Vargas, presentó demanda de amparo, señalando como actos reclamados a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, la ratificación tácita de su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; derivado de lo anterior se expidió el oficio DGPL-23A.-4999 con fecha de trece de marzo de dos mil doce, emitido por la Cámara de Senadores en el que se negó a tomar su protesta como Magistrado de dicho Tribunal.

Dicho amparo, se presentó bajo los argumentos de que el Senado de la República al ser omiso en aprobar o no, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal a favor del quejoso para ocupar nuevamente el cargo como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se argumenta que opera la ratificación tácita a su favor, por lo cual se solicitaba a esta Cámara de Senadores le tome su protesta como Magistrado de dicho Tribunal.

8. Con fecha 28 de enero de 2013 el secretario de acuerdos en funciones de Juez del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia resolviendo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para los efectos de que el Senado de la República le tome la protesta del cargo por haber operado en su favor la ratificación tácita.

Inconformes con esta sentencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República interpuso el recurso de revisión, ya que el Juez de Distrito emitió dicha sentencia sin fundamento legal, ya que dentro de la normatividad que rige el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no considera la figura de la ratificación, sino de nombramientos por tiempo determinado, por lo cual el Juez se extralimita y concede el amparo sin fundamentar y motivar en la Ley aplicable a la organización y funcionamiento de los Tribunales.

9. El 8 de octubre de 2013, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal notificó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos una ejecutoria en la que se estableció que “la Comisión o Comisiones competentes del Senado de la República o, en su caso de la Comisión Permanente, emitan el dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento del quejoso C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo”.

10. Para dar pleno cumplimiento a la ejecutoria del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se citó al C. Horacio Cervantes Vargas a comparecer el 13 de noviembre de 2013 ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin que expusiera sus merecimientos e idoneidad para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; respetando plenamente la garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 Constitucional.

11. Al término de la citada comparecencia se le notificó al C. Horacio Cervantes Vargas que contaría con un plazo para aportar pruebas y alegatos en su favor, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de documentación el ­22 de noviembre de 2013.

12. En reunión ordinaria realizada el 4 de febrero del año en curso, los CC. Legisladores integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento delC. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

13. En la Sesión del 11 de febrero del año en curso, el Pleno de la Cámara de Senadores conoció y votó el dictamen presentado por la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia, y Estudios Legislativos, Segunda, aprobándolo por 102 votos a favor.

14. El 4 de marzo del año en curso, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, el oficio DGPL-2P2A.-1652 haciendo de su conocimiento la notificación que hace el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal a dar cumplimiento a la decisión judicial de emitir un nuevo dictamen que contenga una fundamentación y motivación reforzada.

15. Los Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, en reunión extraordinaria el 12 de marzo del presente año, ampliaron los argumentos que llevaron al desechamiento de la propuesta del nuevo nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la propuesta de nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

III. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo siguiente:

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa comunicó al Ejecutivo Federal el vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once Magistrados de Sala Regional entre ellos del C. Horacio Cervantes Vargas, quien recibió una evaluación favorable para ser nombrado nuevamente como Magistrados de Sala Regional por un periodo de diez años.

En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración de esta Soberanía, el nombramiento del Magistrado Horacio Cervantes Vargas, por un nuevo periodo de diez años.

Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de los siguientes documentos: Curriculum Vitae; Constancias de estudios de maestrías, diplomados y especialidades; seminarios, conferencias, actualizaciones y reconocimientos. De la misma forma se acompaña una estadística de su producción; constancia de no habilitación y sus principales sentencias y tesis más relevantes, como elementos probatorios de que el candidato antes señalado continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para desempeñar el cargo de Magistrado.

IV. ANALISIS, DISCUSION, VALORACION Y CONSIDERACIONES, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255 numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el presente dictamen.

SEGUNDA. Que para decidir la aprobación u objeción del nombramiento de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultará suficiente que se actualice un aspecto negativo en la evaluación realizada por esta Soberanía, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la Revisión Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto siguiente:

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta innecesario que el consejo expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que se esta planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los primeros.

Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo funcionario judicial siempre que éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que rigen la carrera judicial o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud es razonable suponer que la única manera de averiguar si el funcionario respectivo cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la ponderación de los elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación.  En otras palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos, éstos, en cambio, si son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la posibilidad de ser ratificado.

En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer lugar, sobre la presencia de factores negativos, pues éstos, considerandos en sí mismos, son suficientes para excluir la ratificación.

La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún elemento negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la ratificación sirve para demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, con independencia de que exista o no, simplemente no puede vencer.”

De las consideraciones transcritas derivo la siguiente tesis P. XXXI/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10 del rubro siguiente:

RATIFICACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACION. EN LA RESOLUCION RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL.

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aun así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar.

Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta Soberanía sobre el cómo debe evaluar a los candidatos a aprobación de nombramiento como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para nombrar u objetar el nombramiento, en otras palabras, sí bien es imperativo analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, este Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para elegir según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones legales la postura que le convenga sobre la aprobación de éstos.

Así, estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, realizaron un análisis del expediente personal del interesado para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se aprecia que el ciudadano Horacio Cervantes Vargas, es mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

TERCERA. En relación a la sentencia de Amparo en Revisión 106/2013, dictada por el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del 12 de septiembre de 2013, notificado a esta Soberanía, el día 8 de octubre del 2013 y con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la Republica, las Comisiones Unidas citaron al C. Horacio Cervantes Vargas para el día miércoles 13 de noviembre de 2013, a las 11:00 en las Salas 1 y 2 del Piso 14 de la Torre de Comisiones, a efecto de comparecer respecto a su nombramiento como Magistrado de Sala Regional tomando en cuenta los criterios de desempeño como servidor público, su capacidad y honorabilidad.

CUARTA. Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el ciudadano, expusiera personalmente ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional descrita, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimara conveniente. En consecuencia, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas, en pleno respeto de la garantía de audiencia del compareciente, escucharon su interés jurídico respecto de su posible permanencia en el cargo y sus razones para ello.

En dicha comparecencia ante las Comisiones Unidas, el C. Horacio Cervantes Vargas fue cuestionado por los siguientes legisladores: Senador Carlos Mendoza Davis (PAN), 5 preguntas; Senadora Dolores Padierna Luna (PRD), 5 preguntas; Senadora Arely Gómez González (PRI) 2 preguntas; Senador Roberto Gil Zuarth (PAN), 3 preguntas.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron que las respuestas ofrecidas por el candidato resultaron ambiguas, cortas e imprecisas, no correspondiendo al perfil de actuación y desempeño que los Legisladores consideran idóneo para una magistratura. La falta de consistencia en las respuestas ofrecidas por el C. Horacio Cervantes Vargas fueron valoradas como elementos objetivos y razonables, motivo por los cuales se determinó el rechazo de la candidatura en comento, al no colmar el objetivo que establece el artículo 242 del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a que la comparecencia  se desarrolla con el único fin de permitir a los Senadores evaluar los conocimientos del compareciente sobre el cargo que se trata y conocer su visión de trabajo a realizar, parámetros que el candidato no demostró dentro de su comparecencia al sustentar los cuestionamientos hechos por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, tal y como se desprende de la versión estenográfica de la comparecencia del C. Horacio Cervantes Vargas de fecha 13 de noviembre de 2013, que a continuación se transcribe:

México, D. F., a 13 de Noviembre de 2013.

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, Presidida por el C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las salas 1 y 2 de Torre de Comisiones, hoy por la mañana. (11:00 horas).

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: Muy buenos días.

Vamos a dar inicio a nuestra sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Como saben las señoras Senadoras, y los señores Senadores, hoy es un día de múltiples actividades en Comisiones. Están en este momento sesionando las Comisiones de Fomento Municipal, de Comercio, al mismo tiempo, de Derechos Humanos, de Fortalecimiento Municipal. Hay reuniones de trabajo sobre los estudios de la Reforma y esto ha significado un tránsito de Senadores que están en este momento atendiendo distintos espacios. Es el caso del Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Yo saludo, como siempre, con mucho aprecio y respeto la Presencia del señor Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Roberto Gil Zuarth.

Y le pediría, si pudiese, conforme a las listas de asistencia, el registro de Senadoras y Senadores de estas Comisiones, verificar si existe quórum.

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, PRESIDENTE DE LA COMISION DE JUSTICIA: Conforme a la lista de asistencia de la Comisión de Justicia, existe quórum legal para sesionar, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchísimas gracias, señor Presidente.

Le pediría al Senador Carlos Mendoza Davis, pudiese verificar el quórum de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Existe quórum, señor Presidente, para sesionar en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.

En ausencia del señor Presidente, por las razones que comenté, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, le pediría al Senador René Juárez Cisneros, pudiese verificar la existencia de quórum, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: Existe quórum, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias.

Están los registros a disposición, para poder verificar este tema.

Esta reunión de Comisiones Unidas tiene como único punto del Orden del Día, la comparecencia del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, propuesto por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo periodo de 10 años.

Saludamos al licenciado Cervantes Vargas en esta Comisión y le damos la más cordial bienvenida.

Debe mencionarse que esta comparecencia, para que se emita dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, derivada de una ejecutoria de juicio de amparo y de conformidad con lo previsto en el Artículo 192, Párrafo Segundo, de la Ley de Amparo.

En cumplimiento de la ejecutoria, se notificó al interesado que se sigue un procedimiento para aprobar un nuevo nombramiento como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Derivado de lo anterior, se fijó la fecha de hoy, 13 de noviembre de 2013, para otorgarle al ciudadano Horacio Cervantes Vargas la garantía de audiencia de acuerdo al Artículo 14 Constitucional.

Con estos antecedentes, procederemos a escuchar al ciudadano Horacio Cervantes Vargas, para que exponga ante estas Comisiones Unidas las razones sobre la idoneidad de su candidatura.

Posteriormente se abrirá una ronda de preguntas de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

Por tal motivo, tiene el uso de la voz el ciudadano Horacio Cervantes Vargas.

Muchas gracias.

-EL C. HORACIO CERVANTES VARGAS: Señoras Senadoras y Senadores:

Primeramente deseo agradecer a esta honorable Soberanía la oportunidad de ser recibido para exponer ante ustedes sobre mi capacidad, desempeño y honorabilidad como servidor público, y si así lo tienen a bien, aprobar la propuesta de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En este tenor, si ustedes me lo permiten, procederé a describir, brevemente, mi desempeño laboral como servidor público dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Con fecha primero de marzo de 1990 ingresé a la Primera Sala Regional Hidalgo-México, con el nombramiento de Actuario Judicial, cargo desempeñado hasta el 31 de mayo de 1991, en razón de que el primero de junio de 1991 en dicha Sala fui promovido como Secretario General de Acuerdos concluyendo mi labor el 15 de julio de 1992……

(SIGUE 2ª. PARTE).

...en dicha sala fui promovido como Secretario General de Acuerdos, concluyendo mi labor el 15 de julio de 1992; y a partir del 15 de agosto de dicho año fui adscrito como Secretario de Acuerdos a la Secretaría General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyendo el 15 de septiembre de 1993.

Con fecha 16 de septiembre de 1993, fui adscrito a la Quinta Sala Regional Metropolitana como Secretario de Acuerdos en la segunda ponencia; posteriormente a partir del 31 de enero de 1999, previa evaluación, fui adscrito a la Sala Superior como Secretario de Estudio y Cuenta.

El 29 de septiembre de 2005, fui propuesto por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República como Magistrado de Sala Regional, adscrito a la Novena Sala, recibiendo la segunda ponencia con un número de juicios, al iniciar, de mil 562 juicios, contando al mes de octubre de 2013 con una cantidad de 469 juicios; es decir, notablemente menos de la mitad de los juicios con los que inicié mi gestión.

Respecto a mi capacidad he tomado diversos cursos de especialidad, como son: Diplomado en Derecho Procesal Constitucional organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Especialidad en Derecho Intelectual impartido por el ilustre nacional Colegio de Abogados; curso de Especialización en Materia Procesal, Fiscal organizado por el Instituto de Estudios sobre Justicia del Tribunal; Diplomado de Impuestos Automatizados impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; curso de Especialización correspondiente a la Carrera Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y una Maestría en Derecho Fiscal en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, además de diversos seminarios, conferencias y actualizaciones.

Como pueden apreciar, señoras y señores senadores, desde hace 23 años he desempeñado y ocupado diversos puestos en áreas estratégicas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa llevando a cabo un verdadero servicio profesional de carrera. Cabe notar que antes de ingresar al Tribunal y hacer carrera jurisdiccional dentro de esta honorable institución, en los años de 1983 a 1990, me desempeñé como maestro de grupo primaria.

En cuanto a mi honorabilidad durante los 23 años de vida profesional no he tenido procedimiento administrativo de responsabilidad o queja alguna que afecte a mi imagen y honestidad. Por otra parte, el Tribunal cumplió 77 años de existencia y está más sólido que nunca.

Y durante los años laborados he sido testigo de los cambios significativos  que han ocurrido en esta honorable institución, por mencionar algunos: el aumento de la competencia material, ya que desde la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, que entró en vigor el primero de enero de 1937, donde se creó el Tribunal Fiscal de la Federación, su competencia esencialmente era tributaria, pero con el paso del tiempo se amplió su competencia y fue con la reforma del 31 de diciembre del 2000 que se consolidó su competencia con la unión de dos jurisdicciones: la Fiscal y Administrativa, surgiendo como consecuencia el cambio de su denominación por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Fui también testigo de la creación de las salas especializadas en materia de Propiedad Intelectual, Material Ambiental y de Regulación y de la Sala de Juicio en Línea, así como de las reformas estructurales al crearse las secciones de la Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y la Creación de Salas Auxiliares; así como de modificaciones del procedimiento con la reforma del 10 de junio de 2010 que da cabida al juicio sumario y al juicio en línea.

Estas adecuaciones estructurales permiten que el Tribunal cuente hoy con herramientas útiles para consolidarse como una instancia que garantiza seguridad jurídica y una eficaz impartición de justicia, así las cosas. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una institución, cuya filosofía hace impartir justicia Fiscal y Administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia al servicio de la sociedad que garantiza el acceso total a la justicia apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, al desarrollo del país y a la paz social.

Es cuanto, honorable soberanía. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de escucharlo. Una vez concluida la intervención del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, se abre el registro para que las señoras senadoras o los señores senadores pudiesen aprovechar la ocasión y expresar alguna duda con respecto a esta comparecencia.

En este sentido y en este ánimo, tiene el uso de la voz el Senador, bueno, no sé si el señor Presidente de la Comisión de Justicia quiera hacer algún comentario.

El Senador Carlos Mendoza Davis.

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, Horacio Cervantes Vargas por estar aquí el día de hoy.

A mí me llama la atención…

(SIGUE 3ª PARTE)

.....  muchas gracias, Horacio Cervantes Vargas por estar aquí el día de hoy. A mí me llama la atención que en el informe anual de labores que presenta el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se deja de manera muy clara que ha habido un gran avance en la atención del rezago, si bien es cierto se han incrementado la litigiosidad, hay más asuntos en trámite, también son más los que  están resueltos y es notable el esfuerzo que se ha hecho en esta institución, porque no se  genere un rezago  importante en materia de impartición de justicia en materia fiscal y administrativa.

Yo quisiera preguntarle a usted que ha estado tan cerca de la institución en los años recientes, cuáles son las medidas que ha implementado el Tribunal que usted considera que fueron determinantes para eficientar este trabajo institucional, y podría señalarle los números, pero la verdad es que son bastante notables, y no sólo en cantidad, sino también en calidad, porque de las sentencias emitidas, cerca del 30 por ciento fueron impugnadas, y solo en el tres por ciento de los casos fueron modificadas, esto habla de una “acertividad” importante en la impartición de justicia y de la confirmación de los criterio que adepta el Tribunal en la gran mayoría de los casos, lo cual de verdad me da mucho gusto. Entonces mi pregunta es ¿qué es lo que se ha hecho que ha tenido esta variación tan notable?  Y preguntarle si considera que esto que se ha hecho en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pudiera aplicase en otras materias, en otros órganos impartidores de justicia con el mismo éxito, y en su caso también que me comentara sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en la impartición de justicia si considera usted en especifico que existe alguna desventaja para las partes dentro del juicio en línea, y en este sentido qué propuesta le parecería adecuada para fortalecer el sistema. Muchas gracias.

-EL C. SENADOR FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias, senador Mendoza  por su participación. Le suplicaríamos al ciudadano don Horacio Cervantes Vargas pudiera dar respuesta.

-EL C. HORACIO CERVANTES VARGAS:  Sí, senador. Las medidas que se han tomado para combatir el rezago en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es la creación con la reformas del juicio sumario y del juicio en línea.

El juicio sumario es un juicio que acorta los plazos tanto para contestar la demanda y para emitir la sentencia correspondiente en un término de 60 días. Este juicio sumario se promueve por las partes físicas y morales que se vean afectadas por una resolución emitida por la administración pública federal, y es interpuesta dentro del término de 15 días, contados a partir de que fue perfecta la notificación de la resolución impugnada.

Entonces el juicio sumario en el momento que se admite el juicio sumario en el momento en que se admite el juicio sumario se establece la fecha de cierre de instrucción para que la sentencia se emita en ese tiempo, aproximadamente 60 días. Entonces estamos hablando que se acorta muy rápido la implementación de este juicio y se emiten las sentencias correspondientes en el menor término.

El juicio en línea es otra medida que se tomó en la cual también tiene como característica que este se puede interponer en cualquier lugar de la República Mexicana, incluso en el extranjero, dentro de los 365 días, las 24 horas.  Este juicio, su soporte es tecnológico, y al ser tecnológico se interpone a través del Internet; pero para accesar al Internet deben de tener las partes una firma electrónica avanzada, una clave de acceso, para que puedan accesar las partes.

Creo que esta medida del juicio en línea vino también a apoyar para que pueda combatirse el rezago en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

También otra medida que fue tomada, fue la creación de salas auxiliares; estas salas auxiliares tienen como objetivo resolver en última instancia el asunto dictando la sentencia sin llevar la instrucción. Hay en la actualidad cinco salas auxiliares que se dedican a esta situación dentro de toda la República Mexicana.

Ahora, una propuesta mía sería conveniente que se fueran creando Salas Regionales en toda las entidades federativas. Actualmente se inauguraron en este año la Sala de Zacatecas, y a Sala de Durango, entonces creo que todas estas medidas ha hecho que se conserve el prestigio del Tribunal, la eficiencia y la eficacia para emitir y para que los gobernados tengan esta medida para poder impugnar las resoluciones que le son notificadas.

Otra cosa que me preguntó, señor senador, sí bueno, lo hemos visto en el Poder Judicial que también cuenta con salas auxiliares, que también....

(Sigue 4ª parte)

…Sí, bueno, lo hemos visto en el Poder Judicial que también cuenta con salas auxiliares, que también ya iniciaron con el juicio de amparo en línea, verdad, toda esta circunstancia va a ayudar a que se agilicen todos estos juicios a favor del gobernado.

Eso es todo.

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias licenciado Cervantes Vargas por las respuestas.

Le pediría a la senadora Dolores Padierna, pudiese hacer uso de la voz.

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias. Sea usted bienvenido licenciado Horacio Cervantes Vargas, le felicito por el currículum, lo vimos con mucho detenimiento, tiene usted una experiencia importante. Yo le quiero hacer dos preguntas.

Primero, usted se sintió excluido de un proceso de selección de magistrados. Usted, haciendo uso de sus derechos y de la ley que tenemos, logró tener un amparo y que estemos hoy reponiendo el procedimiento que a juicio de las autoridades que revisan esto fue violentado.

Yo le quisiera preguntar cuáles fueron sus argumentos para reclamar la ratificación tácita que es algo muy parecido a la afirmativa ficta, porque sus respuestas pudieran ayudar a que su experiencia ayude al quehacer cotidiano de este importante tribunal de justicia fiscal y administrativa.

La otra, usted estará enterado de que acaba de haber, también entró en vigor, pero hicimos una Reforma hacendaria, en la cual se hicieron vastas, muchísimas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a muchos cambios: la reducción de plazos, la desaparición del dictamen fiscal, muchos.

Yo le quiero preguntar dos cosas en relación al Código Fiscal. En primer lugar porque el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue pionero en el tema de las tecnologías de información. Hoy día se incluyen estas nuevas tecnologías hacia toda la actividad tributaria y de fiscalización por parte de las autoridades.

Entonces le quiero preguntar, quisiera saber qué opina usted del buzón tributario sabiendo que apenas un 30 por ciento de la población tiene acceso al Internet, de qué manera podemos avanzar en este tema que es una de las innovaciones del nuevo Código Fiscal de la Federación.

Y de qué manera considera usted que todos los cambios, incluidos en el Código, aseguren un mejor cumplimiento de la capacidad recaudatoria del gobierno.

Eso es cuanto.

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, senadora Padierna, como siempre un gusto escucharla. Le pediría al licenciado Horacio Cervantes Vargas, pudiera hacer uso de la voz.

-EL C. LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Gracias. Respecto de la primer pregunta, señora senadora. Considero que esta figura que se invocó en el juicio de amparo relativa a la ratificación tácita, que no se encuentra en la ley, se hizo en base a las jurisprudencias que ha metido la Suprema Corte de Justicia en relación a ese tema, en donde se establece que por el transcurso del tiempo, verdad, y no habiendo una resolución hacia la aprobación del nombramiento, verdad, que se configura, valga la redundancia, la figura de la ratificación tácita. Por eso fue ese motivo que se promovió como un concepto de impugnación dentro del juicio de garantías.

Respecto de su segunda pregunta, he visto que la Reforma al Código Fiscal de la Federación que, la parte que me llamó mucho la atención es respecto a los fraudes que se hacen con las facturas que se tienen que emitir por parte de los contribuyentes.

Creo que es una medida correcta para que los gobernados cumplan con la obligación como sujetos pasivos de la orden tributaria donde deben de cumplir con su obligación de pagar impuestos.

Entonces considero que es correcta la medida de esta Reforma del Código Fiscal de la Federación.

Por lo que hace al Internet, bueno, esta cuestión es importante ir rompiendo paradigmas, porque la gente, verdad, todavía no tiene la confianza de……..

(Sigue 5ª parte)

. . . esta cuestión es importante ir rompiendo paradigmas porque pues la gente todavía no tiene la confianza de  promover alguna circunstancia en línea, algún trámite en línea.

Entonces considero que esto tiene que irse agotando poco a poco y llegar a la conclusión de que bueno, sabemos que no toda la gente cuenta con el Internet, pero creo que, como lo hemos visto  en cada esquina hay un café Internet que puede el contribuyente o el gobernado acceder a presentar sus trámites correspondientes.

Creo que esa sería mi respuesta.

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por las respuestas Licenciado Cervantes Vargas.

Tendría el uso de la voz la Senadora Arely para el mismo propósito.

-LA C. SENADORA ARELY GOMEZGONZALEZ: Magistrado García Horacio Cervantes Vargas.

Pues lo felicito también por su amplia  trayectoria que el día de hoy le permite estar en el proceso de ratificación  para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Federal  de Justicia Fiscal y Administrativa.

Tradicionalmente este Tribunal se ha conocido como un tribunal de legalidad, sin embargo a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, todos  los jueces tienen la facultad de analizar la constitucionalidad de las normas y actos para su caso inaplicar la norma que considere contraria a los derechos humanos.

Le quisiera pedir si por favor nos puede explicar de qué manera el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza en los asuntos de su competencia el análisis de la constitucionalidad en materia de derechos humanos, para lo cual le pediría también nos pudiera ejemplificar la situación a través de un caso concreto en el que usted ya haya participado en alguna resolución.

Y por otra parte cuáles considera son los puntos finos sobre los que se debe de poner atención en el tema de interpretación de derechos humanos en sede administrativa, de antemano le agradezco mucho sus respuestas.

-EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNESZORRILLA  : Muchas gracias Senadora.

Le suplicamos pudiese dar respuesta, Licenciado.

-EL C. LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Efectivamente con la reforma del 10 de junio de 2011 que  le … la Constitución y en el artículo 1º establece y quita la  denominación de garantías individuales para … las garantías fundamentales y derechos humanos, establece la obligación de las autoridades de aplicar un control difuso si existe la posibilidad de hacerlo.

En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en varias salas, incluso en la Sala Superior, se han llevado a cabo algunos asuntos en donde se ha aplicado esta circunstancia.

En mi caso particular, yo  he desaplicado una norma del Código Fiscal de la Federación precisamente hablando del artículo 133-A del Código Fiscal de la Federación que establece un término para que las autoridades  resuelvan un recurso.  Ese término no trae una consecuencia jurídica  si la autoridad no lo reserva en ese término del os cuatro meses.

Entonces en mi ponencia  hicimos un análisis exoficio de la convencionalidad para aplicar esta disposición normativa del artículo 133-A y llegamos a la conclusión, verdad, que en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí existe una sanción para que las autoridades en el tema de cuatro meses emitan el cumplimiento o resuelvan lo que en su momento se resolvió en el recurso.

Si me permite, incluso hice una tesis, si me permite voy a hacer el señalamiento de la voz de la tesis, dice:

Artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, al no disponer una consecuencia legal para la autoridad administrativa omisa de complementar una resolución de caída al resolver el recurso de revocación en el plazo de 4 meses establecido, procede su inaplicación mediante el control  convencional exoficio para acudir a la norma homóloga  como lo son los artículos 52 antepenúltimo párrafo y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso-Administrativo, a fin de brindar certeza jurídica al contribuyente y hacer prevalecer su garantía de acceso a la justicia.

En ese tema tuvimos que revisar, verdad la  Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí establece un principio de protección judicial, entonces en base a todos estos . . .

(Sigue 6ª parte)

…la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y ahí se establece un principio de protección judicial.

Entonces, en base a todos esos argumentos, y en base a la constitución también, que establece en su artículo 17: la protección al acceso a la justicia, es que se hizo este resultado y se emitió esta tesis en mi ponencia, en este caso de la aplicación, es un ejemplo.

Respecto a la segunda pregunta. Como me decía, el punto sobre esta interpretación de los derechos humanos consiste, primeramente, establecer si existe un derecho humano violado, para resolver el punto en cuestión.

Posteriormente, tendremos que hacer un análisis en la constitución, si también ¿Qué jurisprudencia han existido en base a ese tema? para posteriormente ver ¿Cuál de los 2 ordenamientos jurídicos, tanto la constitución o los tratados internacionales en los que México es parte, es el aplicable? Considerando, principalmente, al principio de pro-persona, que sea más benéfico para la persona.

Entonces, eso creo que sería el punto fino en manejar respecto de las cuestiones de derechos humanos.

Gracias, Senador.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, licenciado, por la respuesta.

Con la participación del Senador Roberto Gil Zuarth, se estaría agotando el registro de senadores, de señores legisladores participantes.

Si no hay nadie más, lo escucharemos con la atención de siempre.

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, Presidente.

Bienvenido, licenciado Cervantes Vargas.

Debo decirle que usted nos puso un susto con el amparo que obtuvo, porque estuvo a punto de cercenarle una atribución al Senado de la República, de ratificar nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa.

Afortunadamente en la revisión se logró sostener esta facultad, porque en efecto, por lo menos la constitución y las leyes no reconocían la ratificación tácita de los magistrados, es decir, la sanción al silencio parlamentario, como se suele ya denominar, y afortunadamente el tribunal colegiado ha establecido un criterio, no solamente que no existe el silencio parlamentario para efectos de la ratificación, sino que los cargos de las magistraturas del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, son por tiempo determinado, lo cual dejó, a nuestro juicio, a salvo la lógica institucional, tanto del tribunal, como de la participación del Senado en su composición.

Y quiero hacerle una pregunta, a partir del planteamiento que usted hizo, una pregunta de criterio.

¿Cuál es su criterio sobre la inaplicación de leyes fiscales por vicios en el procedimiento parlamentario?

Es decir, si un contribuyente le plantea a usted que una ley fue emitida indebidamente por faltas de fundamentación o motivación, o porque no se cubrió el trámite en la Comisión de Hacienda, no sería el caso de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, porque es mi Presidente muy escrupuloso en sus procedimientos.

Pero suponiendo que en alguna otra comisión, que no hubo quórum en la sesión, o alguna falta o vicio en el procedimiento.

¿Cuál sería su criterio para sostener la validez de esa ley, o mejor dicho, la aplicación en el caso concreto?

Es decir ¿Usted dejaría de aplicar una ley fiscal, advirtiendo algún vicio en el procedimiento si el contribuyente así se lo hace, así se lo plantea en un determinado caso?

Por sus respuestas, muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, señor Senador.

-Tiene el uso de la voz, licenciado Cervantes Vargas.

-EL LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Sí, Senador Roberto Gil.

Bueno, yo no diría que fue un susto porque no fue mi intención hacer esta circunstancia, fueron condiciones que se dieron en su momento con la legislación pasada, en donde no hubo una mención hacia mi persona, por eso acudí a la Secretaría de la Comisión, y le pedí:

¿Qué va a pasar?

¿Qué pasa con mi nombramiento?

Y, pues me dijeron: “Usted haga uso de los medios de impugnación correspondientes”.

Yo actúe de esa forma, tan es así que estoy aquí, pero no es para provocar un susto, ni tener nada con la Honorable Soberanía. ¿Verdad? Esa cuestión que no debe de ser.

La interpretación que hizo el juzgado de distrito y el tribunal colegiado respecto a la ratificación tránsita, bueno, pues son criterios que se establecen ¿No? que pues, están establecidas. En la ley no existe esa figura jurídica, ni hablar ¿No?

Respecto de la circunstancia que me dice de las leyes fiscales. Dentro de la reforma del 10 de junio del 2011, respecto de los derechos humanos, pues, no existe la competencia del tribunal para poder resolver, en cuestión fiscal, algún planteamiento, que el contribuyente diga que debe de aplicarse una norma fiscal en el aspecto de impuestos ¿Verdad?

El ejemplo que yo estoy poniendo es en relación a un procedimiento sustantivo, no estamos metiendo al fondo para revisar una aplicación de una norma que imponga un impuesto, que tengamos nosotros que realizar ese estudio ¿Verdad?

Entonces, creo que no seríamos competentes para resolver esa cuestión planteada respecto de los derechos humanos en la materia fiscal.

Ese sería mi criterio.

Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, licenciado Horacio Cervantes Vargas, por sus respuestas.

Con esto concluye la comparencia del ciudadano Horacio Cervantes Vargas.

El compareciente tendrá hasta el próximo viernes 22 de noviembre para aportar pruebas y alegatos a su favor, las cuales serán recibidas en las oficinas que ocupa la Comisión de Hacienda, ubicadas en el Piso 13, oficina 2, de este Edifico del Senado de la República, lo anterior, con el fin de otorgarle plena certidumbre jurídica al proceso.

Muchas gracias por su presencia.

Agradecemos que se haya logrado esta comparencia, y estaremos pendientes para la próxima convocatoria.

-EL LIC. HORACIO CERVANTES VARGAS: Muchas gracias. Quiero agradecerles.

Muy amable. Buen día.

QUINTA. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en pleno, con base en la documentación académica y de actualización profesional; en la constancia de productividad; y, en la descripción de sus sentencias más relevantes y el desempeño del candidato en la comparecencia desahogada en esta etapa del proceso, deliberaron sobre la candidatura del C. Horacio Cervantes Vargas  para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Ahora bien, la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al Senado de la República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos en un cargo determinado es ejercida sobre la base de un análisis subjetivo que puede desagregarse, para este caso en particular, en tres elementos primordiales: primero, el desempeño profesional del candidato en cuestión, segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto y, tercero, su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de Representación Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es aplicable por analogía la siguiente tesis VIII.5º.3A, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Diario Oficial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca Tomo XXV, de abril de 2007, pág. 1767, que al rubro señala:

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION NO DEBE INVADIR EL CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y A LA CAMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE RATIFICACION.

Cuando en el procedimiento de ratificación de Magistrados agrarios se cuente con datos tanto favorables como desfavorables en el desempeño de su función, el presidente de la República, en su momento, y el Senado, en resolución definitiva, se encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, sin apartarse de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, valorar las pruebas o apreciar los hechos) elegir según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales la postura que convenga sobre la conveniencia o no en la ratificación de aquéllos, en beneficio de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano de control constitucional.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 354/2006. Balbina Villa Martínez. 9 de febrero de 2007.

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Eduardo Alonso Fuentevilla Cabello.

Es decir, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones designadas para dicho encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y, por el otro, con los requerimientos subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse como un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con la Facultad Discrecional que le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las comisiones con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes, votación que da plena validez al acto desarrollado por los Senadores al tratarse de un cuerpo colegiado que expresa sus resoluciones, ya sean positivas o negativas, en determinado asunto, con la votación, como una expresión formal de su voluntad como un acto personal  indelegable, es decir, que cada votación a favor o en contra de determinado asunto, es la expresión de la voluntad del legislador.   

En ese orden de ideas, si bien el C. Horacio Cervantes Vargas ha satisfecho los requerimientos legales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los mismos han quedado debidamente acreditados, tal como se expresa en la consideración segunda del presente dictamen, dichos requisitos constituyen un elemento necesario, pero no suficiente, para la procedencia del nombramiento.

Sirve como fundamento de los argumentos anteriores la siguiente jurisprudencia:

RATIFICACION DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACION. EN LA RESOLUCION RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL.

Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar.

Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.

SEXTA. Los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas, después de un riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio pormenorizado de cada uno de las condiciones que tiene el candidato frente al puesto pretendido, bajo la óptica de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en su cargo como Magistrado y con su participación en  la propia comparecencia del candidato, el pasado 13 de noviembre de 2013 – se allegaron de todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para tomar una determinación, por lo que se considera haber cumplido con los requerimientos de la fundamentación y motivación de manera reforzada, sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia:

REGISTRO NO. 165745 LOCALIZACION: NOVENA EPOCA INSTANCIA: PLENO FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA XXX, DICIEMBRE DE 2009

PAGINA: 1255 TESIS: P./J. 120/2009 JURISPRUDENCIA MATERIA(S): CONSTITUCIONAL

MOTIVACION LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERISTICAS.

Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Oscar Palomo Carrasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Producto de tal proceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han colegido que las competencias y orientación profesionales del C. Horacio Cervantes Vargas no resultan compatibles con el perfil que esta Representación pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, de tener un servidor público de la dimensión de un impartidor de justicia, que además de difundir confianza, prestigio, aunado a la capacidad que logre a través de su experiencia como jurista e institucional, haga que la sociedad lo reconozca como el servidor público capaz de aplicar sus conocimientos, basado en sus principios, en el trámite y resolución de los casos concretos, perfil que no satisfizo al desarrollar su comparecencia, como quedó demostrado en el considerando CUARTA del presente dictamen. Por tanto, resulta inconcuso resolver que el candidato no satisface los requerimientos establecidos por el Senado de la República para ser nombrado, por un nuevo periodo de diez años, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEPTIMA. Las Comisiones Dictaminadoras consideran que se ha cumplido plenamente con los requerimientos del Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, toda vez que fueron respetados todos los derechos del C. Horacio Cervantes Vargas, al reponer el proceso de análisis, discusión y votación sobre su candidatura.

OCTAVA. Debe subrayarse que todas y cada una de las valoraciones sobre los merecimientos del candidato fueron expuestas al Pleno de las Comisiones Unidas, quienes decidieron rechazar unánimemente la candidatura en comento . De la misma manera, el día 11 de febrero del presente año, el Pleno de la Cámara de Senadores, conoció, analizó y se pronunció por 102 votos a favor del sentido del dictamen emitido por estas dictaminadoras rechazando la candidatura del C. Horacio Vargas Cervantes.

En función de la necesidad de facilitar el trabajo de la Cámara de Senadores, no solamente en el caso particular, sino en el de todas aquellas cuestiones relacionadas con las materias propias de su competencia, estas Comisiones Unidas proponen al Pleno del Senado rechazar el nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo periodo de diez años.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento del C. Horacio Cervantes Vargas como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

SEGUNDO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al C. Horacio Cervantes Vargas, para los efectos legales correspondientes.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los doce días del mes de marzo de dos mil catorce.

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;

COMISION DE JUSTICIA;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

¿Algún Senador o Senadora que quiera hacer uso de la tribuna?

En virtud de no haber oradores, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señor Presidente, conforme al sistema electrónico, se emitieron 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Remítanse las notificaciones correspondientes de esta resolución, al titular del Poder Ejecutivo Federal; al Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal; al director jurídico del Senado de la República y al ciudadano Horacio Cervantes Vargas.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina, con punto de Acuerdo en torno a la detención de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera.






Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

COMISION DE MARINA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy lectura al dictamen.

“ComisiOn de Marina

H. ASAMBLEA:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el cual, el Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaria de Marina-Armada de México por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2 inciso a, 86, 89, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 183, 190, 192, 193, 277 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

Se tomarán como elementos racionales para llegar a la resolución final del dictamen los siguientes elementos que lo integran:

I. ANTECEDENTES: Se da constancia de la recepción y turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual, el Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaria de Marina-Armada de México por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

III. CONSIDERACIONES: Se da cuenta de las razones y fundamentos que dan sustento al presente dictamen.

ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el día 25 de febrero de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual, el Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaria de Marina-Armada de México por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

II. En la misma sesión el Presidente de la Mesa Directiva turnó dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Marina para su estudio y dictamen mediante oficio No. DGPL-2P2A.-1236.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont, tiene como finalidad extender una felicitación a la Secretaria de Marina-Armada de México por su destacada participación, tanto en las labores de investigación como en la detención de Joaquín Archivaldo Loera Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, ejecutadas con un alto grado de profesionalización.

El autor de la Proposición hace mención de la notable presencia y la gran capacidad de la Secretaria de Marina-Armada de México en el mantenimiento de la seguridad nacional, reafirmando el compromiso de dicha institución por mantener los intereses del país, garantizando el Estado de derecho y la paz social.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Comisión Dictaminadora concluye que de acuerdo a los numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, se establece como misión principal de la Armada de México, la de coadyuvar en la seguridad interior del país; de igual forma le concede, entre otras, las siguientes atribuciones: cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano, realizar acciones para salvaguardar la soberanía, así como defender la integridad del territorio nacional donde el Mando Supremo lo ordene.

SEGUNDA.- La Comisión Dictaminadora considera que las atribuciones concedidas a la Secretaria de Marina-Armada de México, han permitido que dicha institución lleve a cabo estrategias eficaces y participe activamente en el combate al crimen organizado, narcotráfico, tráfico ilegal de personas y armasen cumplimiento de su deber. De igual forma, ha realizado importantes esfuerzos por generar un ambiente de paz y seguridad dentro del territorio mexicano, los cuales han tenido resultados favorables.

TERCERA.- La Armada de México se ha caracterizado por su constante y efectiva participación en el combate al narcotráfico, que en cooperación con otras fuerzas de seguridad en los tres niveles de gobiernos, a través de operaciones de alto impacto llevadas a cabo en diversas entidades del territorio nacional, ha logrado el decomiso y destrucción de medios de producción, de drogas ilícitas, así como la detención de diversos elementos del crimen organizado, como lo fue la de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

CUARTA.- Los senadores integrantes de la Comisión de Marina que dictaminan el presente Punto de Acuerdo coinciden con el Senador proponente, en el sentido de que la Secretaría de Marina ha contribuido con los distintos niveles de Gobierno a las acciones contra la delincuencia organizada y a la seguridad del país, con una estructura compuesta por las fuerzas navales establecidas a lo largo de las costas del pacífico y el golfo, con la responsabilidad de realizar la defensa del territorio nacional, y asimismo ha colaborado de manera importante en la lucha contra las actividades nocivas de la delincuencia organizada, acciones que sin duda derivaron en el resultado relevante consistente en la detención de uno de los infractores de la ley más buscado a nivel nacional e internacional, hecho que sin duda distingue a  la Armada de México como garante de la seguridad interior, aplicando la fuerza del Estado en el marco del Derecho.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Marina, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su beneplácito y extiende una felicitación al personal de la Secretaria de Marina-Armada de México por su destacada participación en la detención de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y téngase como tal y definitivamente concluido.

Salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de marzo de 2014.

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Marina de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión:

Sen. Ricardo Barroso Agramont.- Sen. Francisco García Cabeza de Vaca.- Sen. José Francisco Yunes Zorrilla.- Sen. Ernesto Ruffo Appel”.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión. Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Camacho Solís.

- El C. Senador Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeras: Seré muy breve.

La Marina Armada de México ha participado siempre con lealtad, institucionalidad, eficiencia y honestidad en las labores que la República le ha encomendado.

Esta fue también la forma en la que este instituto armado participó en la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán el pasado 22 de febrero.

En el grupo parlamentario del PRD, todos estamos convencidos de que las labores de seguridad que la autoridad tiene a su cargo, el fortalecimiento del estado de derecho y la consolidación del sistema democrático, tienen en la Marina un indiscutible baluarte, que siempre estará de lado de las mejores causas de México.

Nuestro más profundo reconocimiento a la Armada, por la lealtad con la que siempre ha servido a la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Camacho Solís. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueaba el anterior Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Tenemos la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 6 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

(Dictamen a discusión)

“Comisiones Unidas de Juventud y Deporte;
y de Estudios Legislativos,

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos fue turnada para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que  adiciona el artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la iniciativas descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta.

IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

I. En sesión celebrada el 9 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

II. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De conformidad con la exposición de motivos el objetivo de la iniciativa en estudio es el de adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que los tres niveles de gobierno con el objeto de reconocer, fomentar y promover el deporte como medida de prevención de enfermedades y adicciones que perjudiquen a las nuevas generaciones de México promuevan el 27 de abril de cada año el “Día Nacional del Deporte Mexicano, la activación y la salud física”.

Al respecto la senadora promovente argumenta que la cultura de la efeméride suele recrearse y también circunscribirse a través de actos protocolarios y formales que algunas veces propician que la potencialidad del momento, la energía del tema o el prestigio de la persona conmemorada, se limite a manifestaciones que se olviden una vez concluidos los eventos.

Señala que la propuesta de conjugar deporte, activación física y que estos dos conceptos posean un día para ser caracterizados, descansa en que los días de conmemoración suelen activar a las instituciones, a la memoria colectiva, a las academias, a los análisis mediáticos, la actualización de los estudios y del estado que guarda un concepto tan caro en estos tiempos de cultura sedentaria, como lo es la activación física.

Manifiesta que un día conmemorativo en el que se especifique la activación física como una cultura del cuidado de sí, a través de todo un esquema de participación institucional como es la escuela, los medios de comunicación, la publicidad prudente y la familia misma servirán de frente común, asociado a programas gubernamentales para aminorar causas y efectos de la obesidad que ya caracteriza la condición física de millones de mexicanos hasta convertirse en un franco problema de salud pública.

Argumenta que dado el carácter multifactorial de la obesidad, se requiere de una respuesta compleja coordinada por el Estado, con un abordaje transectorial, multidisciplinario, aplicado por los distintos órdenes y niveles de gobierno en diferentes entornos: en el hogar, la comunidad, la escuela, los centros de trabajo y los espacios públicos; con participación de la sociedad civil, la academia y la industria y basada en la mejor evidencia científica disponible.

Resalta que el asunto de la activación física, conducta poco practicada en nuestro país y menos alentada como una cultura del cuidado de sí, apenas va tomando relevancia dado los efectos catastróficos que está propiciando los altísimos índices de obesidad, sobre todo en las generaciones infantiles.

Por ello al reconocer esta institución que un paso importante y urgente es crear un día de la activación física el cual alentará a estudiosos y gobiernos de todos los estratos a crear opciones para la activación física.

III CONSIDERACIONES

Sobre las consideraciones anteriormente señaladas y argumentadas propiamente por la Senadora Promovente, creemos conveniente señalar que en el mes de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma al artículo 4° de nuestra Constitución Política, mediante al cual se reconoció como derecho de todos los mexicanos el Derecho a la Cultura Física y el Derecho al Deporte.

A ello cabe resaltar que dicha reforma constitucional estableció dentro de sus artículos transitorios el plazo para que este Congreso de la Unión expidiera la correspondiente Ley Reglamentaria, cuestión que sucedió el

7 de junio de 2013, mediante la Publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que abrogo a la cual es motivo de la iniciativa en estudio.

Consideramos importante resaltar que la nueva Ley publicada contempla a lo largo de su amplio articulado, diversas cuestiones relativas al fomento, estímulo y promoción de la actividad física como medio importante en la preservación de la salud.

Asimismo para quienes integramos de manera plural las Comisiones que dictaminan es indudable que la actividad física y el deporte transmiten valores propios de la sociedad en la que está inmersa; consideramos que el deporte educa cuando permite desarrollar las aptitudes motrices y psicomotrices relacionadas con lo afectivo, cognitivo y social de la personalidad de quien lo practica, es decir, formaliza una educación por conocimientos (técnica, fundamentos individuales, táctica) y también una educación en aptitudes que configuran el ámbito de la personalidad, basado en una serie de valores propios a la actividad que se  realiza, coadyuvando a una formación personal con autonomía y libertad.

Por otra parte considerando el objeto de la iniciativa de promover la conmemoración de un “Día del Deporte Nacional Mexicano, la activación y la salud física”,  de conformidad con lo expuesto por la Senadora Guevara Espinoza, bajo el argumento de que ese día puede ser un buen día para construir acuerdos, diseñar presupuestos, hacer eventos deportivos masivos en todo el país, emitir anualmente análisis y diagnósticos de los rubros mencionados por instituciones, grupos y estudiosos del tema.

Al respecto consideramos que la Senadora hizo bien alusión a lo observado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha establecido en una serie de reportes, en especial en el reporte técnico 916: Dieta, Nutrición y la Prevención de Enfermedades Crónicas recomendaciones basadas en evidencia, que proponen cambios de conducta en el ámbito individual, prácticamente todos los reportes técnicos de la OMS, la OPS, los Institutos de Medicina de los Estados Unidos y el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer (WCRF),  identifican la necesidad de que los gobiernos trabajen sobre el entorno promotor de obesidad (“obesigénico”), buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación saludable y actividad física por parte de la población debiendo ser regla en las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades.

No obstante lo anterior se omitió señalar que la misma OMS promovió en 2003 la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, con la finalidad de concientizar a la población del mundo de activarse físicamente, quedando establecido el día 6 de abril de cada año como la fecha de su celebración, misma que en nuestro país se festeja desde 2005.

Actualmente y desde la fecha de referencia, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) implementa diversas actividades con motivo de dicho día mundial, todo ello con la participación de todos los Gobiernos Estatales (a través de sus Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte) eventos y acciones conmemorativos de la celebración, desde caminatas, clases masivas de aerobic´s, ejercicios en empresas, zumba, eventos deportivos y recreativos, adecuando las actividades a sus recursos, características y referencias de la población.

Al día de hoy participan entre otros:

• Gobierno Federal

• Gobiernos Estatales

• Gobiernos Municipales

• Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte

• Comisiones Municipales del Deporte

• Secretaría de Educación Pública

• Secretaría de Salud

• Educación básica, media superior y superior en los Estados

• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

• Instituto Mexicano de la Juventud

• Instituto Mexicano del Seguro Social

Asimismo coincidimos en resaltar que conforme a la práctica parlamentaria y a los diversos procesos legislativos existentes, mismos que hacen más eficaz la implementación de acciones como la pretendida por la Senadora Guevara Espinoza derivan, más que de reformas o adiciones a los marcos legales existentes, a su promoción mediante una Iniciativa con proyecto de Decreto, cuya tramitación y desahogo legislativo permitirán mediante un Decreto de este Poder Legislativo una conclusión más pronta.

IV. CONCLUSIONES

Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos,  procedido el estudio de la iniciativa turnada y efectuando múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos y mismos que se observaron para su conformación, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el contenido y objetivo planteado por la promovente, cuya finalidad es la de adicionar la Ley General de Cultura Física y Deporte para promover el 27 de abril de cada año el “Día Nacional del Deporte Mexicano, la activación y la salud física”. Concluimos:

Primero.-Creemos conveniente señalar que en principio la Ley motivo de la iniciativa en cuestión fue abrogada de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de junio de 2013 de la nueva Ley reglamentaria del derecho a la cultura física y el deporte.

Segundo.- Coincidimos en que la vía más eficaz para la concreción del objetivo que se pretende, es mediante la promoción de una Iniciativa con proyecto de Decreto y no una reforma o adición al marco legal en la materia.

Tercero.- Derivado de la existencia y desarrollo de la celebración del día mundial de la actividad física el día 6 de abril de cada año, creemos conveniente en promover el mismo día su celebración nacional mediante Decreto de este Poder Legislativo.

Como resultado de los razonamientos expuestos, estas Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, han considerado no favorable la aprobación de la iniciativa motivo del presente Dictamen y de conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, someten a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente

ACUERDO

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Segundo. La Comisión de Juventud y Deporte se abocará con la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza a la integración de la Iniciativa respectiva a fin de Decretar el día 6 de abril de cada año como el “Día del Deporte, la Activación y Salud Física”.

Senado de la República, a 19 de marzo de 2014

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE;

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, está a discusión. ¿Algún Senador o Senadora que quiera hacer uso de la tribuna?}

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen que propone desechar el proyecto de Decreto.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente.

Solicito a la Secretaría informe sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones:

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy cuenta de las proposiciones que se turnan a comisiones.






PROPUESTAS

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar los avances y las resoluciones que se han alcanzado en las negociaciones, en cuanto a la celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, asI como a la secretarIa de relaciones exteriores informe a esta SoberanIa los avances y las resoluciones que se han alcanzado en las negociaciones en cuanto a la celebraciOn del Acuerdo de AsociaciOn TranspacIfico (TPP), lo anterior en el marco de los acuerdo comerciales que se estAn celebrando especIficamente en el sector salud

“DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Según el Sistema de Información sobre comercio exterior,1 el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), tiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. Los países integrantes del TPP se proponen diseñar un acuerdo inclusivo y de alta calidad que siente las bases para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo.

México ingresó de manera formal a éste acuerdo el 8 de octubre del 2012,2 en el cual participan también Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile y Perú, además de Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, y se encuentra en medio de negociaciones con el objetivo de “actualizar de forma automática” el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), por lo que cabe mencionar, que el TPP se ha convertido en una de las prioridades de política exterior de Estados Unidos y entonces, la economía mexicana podría verse afectada por las iniciativas comerciales que el gobierno estadounidense ponga en marcha.

El TPP ha sido visualizado como un detonador de comercio, inversiones y actividades económicas en general, que se supone, redundaría en amplios beneficios para sus participantes frente a las adversidades y complicaciones de sus zonas, pero debido a que al menos en México, oficialmente no se ha dado un debate abierto y de cara a la sociedad ocasiona que se conozca muy poco acerca del TPP, y esto puede ser aprovechado por las transnacionales para imponer sus condiciones mediante negociaciones de las cuales sólo son partícipes los grandes grupos de poder, dejando aislados de ésta información a los ciudadanos e incluso, al Poder Legislativo.

Tal es el caso de los laboratorios médicos, que mediante el capítulo sobre Propiedad Intelectual del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, podrían lograr establecer las bases para que se les devuelvan patentes de viejos medicamentos y que se les otorguen mayores periodos para conservar las de los nuevos, así como que se les conceda patentar métodos quirúrgicos, terapéuticos y hasta de diagnóstico.3

Cabe mencionar, que la facilidad para que las transnacionales se instalen en  país, se da luego de que la protección de las patentes en  México, siendo un país en vías de desarrollo, se da en base a la carencia de tecnología suficiente, disminuyendo por tanto, la protección a las patentes a fin de poder explotar los inventos a la brevedad posible, mientras que, por otro lado, los países desarrollados se aprovechan de ello y extienden al máximo el tiempo de protección a sus patentes con distintos mecanismos, ya sea dentro o fuera de su territorio.

De manera que las facilidades que México concede a las transnacionales bajo el pretexto del TPP, permitirían que grandes empresas del sector salud como Phrma, Eli Lilly, Pfizer, Novartis y Sanofi, con su intervención en el país ocasionen que un número indeterminado de medicamentos deje de producirse en sus versiones genéricas y estén sólo disponibles para la población los productos patentes, es decir, las negociaciones que mediante el TPP se están llevando con las transnacionales farmacéuticas, ignoran el hecho de que el 84.1 % del volumen de medicamentos que actualmente se consumen al interior de la nación es genérico, debido a los altos costos de la medicina de patente y a la difícil situación económica que viven las familias mexicanas y que las obliga a consumir  productos de salud al menor costo posible.

Además, con el TPP las transnacionales farmacéuticas buscan extender el plazo de los monopolios de patentes de 20 a 25 años, lo que limitaría la competencia de productos genéricos en el mercado interno.

Aún así, oficialmente no hay canales de información hacia la población acerca de la forma en que dicho tratado, específicamente la negociación con las transnacionales farmacéuticas, afectarán su economía e incluso su salud, pues aunque el Senado es el encargado de ratificar o en su caso, derogar el pacto internacional, no se le ha tomado en cuenta ni se le ha informado acerca de las negociaciones que desde el 2010 comenzaron y han generado información sumamente limitada sin permitir el escrutinio público.

Por tanto, la transición que éste acuerdo ha tenido, da cuenta de los intereses de fondo que realmente conlleva luego de que tenía la finalidad de ser un acuerdo internacional, inclusivo, de desarrollo económico y con un marco en derechos humanos, para el país termina siendo un acuerdo comercial que únicamente se interesa por fortalecer, proteger y flexibilizar la implementación de un mayor número de empresas transnacionales en México que, pese a la difícil situación económica y social que actualmente vive el país, no pretende beneficiar de alguna manera a los mexicanos, pues por el contrario, los estaría afectando.

En tal caso, el TPP estaría fungiendo como un sistema de lavado de políticas que permite generar modificaciones a la ley y cumplir con las obligaciones internacionales que el Ejecutivo a adjudicado a la nación, distorsionando el sentido y el uso de negociaciones y acuerdos internacionales para reformar las leyes a favor de las empresas extranjeras y, que de otra forma, no tendrían el apoyo de los sectores clave dentro del país.

En México, hace falta una eficiente regulación de producción y venta de medicamentos, tanto patentes como genéricos, así como el incentivo a la competencia para poder derribar barreras que permitan la generación de precios más bajos; tanto para los productos farmacéuticos como para otros productos de salud, pero si se otorgan mayores beneficios solo a cierto grupo de empresas farmacéuticas, los precios resultan ser más altos para las personas que más lo necesitan y que generalmente son las que representan el mayor consumo de medicamentos a largo plazo.

Además, en cierto modo la producción de medicamentos genéricos le representa al país un incentivo considerable para la salud de los mexicanos, pero ello no implica que la exigencia a realizar un mayor esfuerzo para reducir el costo y el porcentaje de gastos en medicamentos sea un trabajo ya finalizado, pues por el contrario, habría que incentivarlo aún más.

Incluso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), reveló que en los últimos cuatro años y, debido a la aprobación de más genéricos, se han generado ahorros de 19 mil 32 millones de pesos a la población mexicana,4 lo que se traduce en una disminución de hasta el 67 % en los precios de los medicamentos.

Cabe mencionar que la misma COFEPRIS, señala que una  de las bases principales para que un medicamento pueda convertirse en genérico, es primeramente el porcentaje de mortalidad respecto a la sustancia y el tratamiento, lo que resulta trascendental, pues tan solo para el 2013 las ventas de productos genéricos fueron de aproximadamente 58 % del mercado,5 lo que se traduce en que, de no hallarse los medicamentos a un precio accesible la cantidad de enfermedades y muertes aumentaría considerablemente.

Si bien es cierto que el mercado requiere, por su naturaleza, ampliar el acceso a nuevas marcas y nuevas sustancias al mercado como el caso de los genéricos, el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de asegurar que los intereses de la salud pública no sean aplastados por intereses comerciales, asimismo debe garantizar la salvaguarda de la salud pública que representa una tabla de salvación para la población de los países en desarrollo, como es el caso de México.

Debe suponerse entonces, que la disponibilidad de los medicamentos  genéricos en el país depende de una estructura completa de leyes y reglamentos que, se supone, deberían irse adecuando a las necesidades de los consumidores, sin embargo, muchos de estos reglamentos se ven afectados por los tratados y otros tipos de acuerdos internacionales, en los que se supone que el país es integrante para el beneficio de los mexicanos, no para generar más pobreza y menos beneficios, como sería ahora el caso del TPP, en caso de que el país se integre a los acuerdos comerciales que éste le propone.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía los avances y las resoluciones que se han alcanzado en las negociaciones en cuanto a la celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), lo anterior en el marco de los acuerdo comerciales que se están celebrando específicamente en el sector salud.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que en función de sus atribuciones, genere los mecanismos de control y vigilancia de los productos y servicios de salud que otorguen las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. David Monreal Avila”.

1 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) - Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y VietNam, [en línea], México, Organización de los Estados Americanos, 2013, [citado 17/02/2014], SISTEMA DE INFORMACION SOBRE COMERCIO EXTERIOR, disponible en: http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP

2 SECRETARIA DE ECONOMIA (SE),México ingresa formalmente al Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP),[en línea], México, Dirección General de Comunicación Social, 2012, [citado 18/02/2014], disponible en:  http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/comunicados/8959-bol-234-12

3 COMERCIANDO CON LA SALUD. ACUERDO DE ASOCIACION TRANSPACIFICO. [en línea], 15ava, Edición, , Switzerland, 2013, [citado 18/02/2014], ACCESS CAMPAIGN, disponible en: http://www.msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/Access/Docs/Access_Briefing_TPP_ESP_2013.pdf

4 Espinosa, E., Genéricos ganan la batalla de los medicamentos, [en línea], México, DINERO EN IMAGEN, APARTADO EMPRESAS, 2013, [citado 18/02/2014], disponible en:  http://www.dineroenimagen.com/2013-09-02/25370

5 Gómez, C., Crecieron ventas de los medicamentos genéricos, pese a extorsiones: Dinamegi, [en línea], México, EL UNIVERSAL,2013, [citado 17/02/2014], disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/30/sociedad/030n2soc






Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga Krokodil dentro del territorio nacional, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO ACCIONES PARA DESCARTAR LA EXISTENCIA DE OTROS CASOS DE PERSONAS ADICTAS A LA DROGA KROKODIL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, ASI COMO EMPRENDER CAMPAÑAS DE PREVENCION PARA EVITAR EL CONSUMO DE DICHA SUSTANCIA.

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años en México el índice de consumo de drogas ha ido en aumento, tan sólo en drogas ilegales en la última década se duplicó el número de consumidores de estas, al pasar de 0.8 a 1.5 por ciento entre personas de 12 a 65 años de edad, aunque entre los hombres la prevalencia es de 2.6 por ciento a escala nacional, y en las zonas urbanas de 2.9, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.1

Este aumento en el consumo de drogas ilegales es una problemática social sumamente grave, por un lado es un tema de salud pública ya propicia condiciones de vida degenerativas en cuanto a la salud física y mental, ocasionando una falta de desarrollo individual y colectivo. Por otro lado es un tema de seguridad pública, ya que el tráfico de drogas ilegales ha ocasionado una descomposición social, a través de la violencia, la inseguridad y el debilitamiento del Estado.

A nivel mundial de acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2012, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el mundo hasta el año 2010 más de 230 millones de personas habían consumido alguna droga ilícita por lo menos alguna vez.  Del mismo informe se desprende que las drogas de mayor consumo a nivel mundial son la cannabis y los estimulantes.

Una de las consecuencias más preocupantes en la adicción de drogas ilegales, es que la dependencia a dichas sustancias y la falta de recursos económicos para acceder a su consumo, en algunos casos lleva a la persona dependiente de la droga a buscar sustituirla por alguna otra sustancia que le cause efectos similares, pero a un precio más accesible.

De acuerdo con algunas informaciones periodísticas este fue el caso del origen de la droga denominada “krokodile”, la cual se origina debido a la escases de heroína en algunas zona de la Federación Rusa, ocasionando que algunos consumidores comenzaron a remplazar esta sustancia con desmorfina, opio, acetilado o fentalino, que les producía efectos similares a la heroína pero a un costo mucho menor. 2  La producción de esta droga es casera y por lo tanto sus efectos son más dañinos para la salud.

Debido a los factores del precio, fabricación y disponibilidad esta droga ha tenido un aumento de consumidores, esparciéndose por varios países del mundo. En meses recientes, se tuvieron los primeros reportes de personas adictas en Estados Unidos, y con ello la inminente posibilidad de de que pudiera llegar a México.

En el mes de enero del presente año, la Secretaría de Salud de Sonora confirmó la detección de la primera persona adicta a la droga krokodile3, esto significa que la probabilidad de que existan otros adictos a dicha sustancia es exponencial.

Por ello, es urgente que se tomen medidas de prevención en cuanto a la nueva droga creada en Rusia, ya que destruye músculos y huesos hasta terminar con la muerte del consumidor.4 Estas características son las que han fomentado el incremento de su popularidad en Rusia y en Estados Unidos, en donde recientemente se han registrado casos médicos graves a causa de su consumo, pues deteriora en gran medida la piel creando severas infecciones, secando partes de extremidades como dedos; y otras veces genera ampollas y gangrena5 lo cual puede ocasionar fácilmente la muerte del adicto en un periodo de 1 a 2 años.

Dado a que esta droga generalmente se consume entre sectores pobres de la población, el krokodile fácilmente podría cobrar popularidad entre la mayoría de los jóvenes debido al costo tan barato y los efectos que causa, comparado con otras drogas, el cual es de poco menos de $100.00 por dosis6.

Frente a este tipo de problemáticas, la prevención es clave para evitar un problema social de dimensiones desproporcionadas, pues los efectos de la mencionada droga son muy rápidos y de difícil tratamiento, debido a la falta de conocimiento científico para su tratamiento y desintoxicación del organismo. 

Para lograr evitar el consumo por parte de la población mexicana, la prevención debe consistir en difundir toda la información posible tanto en centros de salud y en centros educativos en todos sus niveles sobre los efectos y consecuencias en la salud personal y pública.

Se debe actuar en sinergia, sobre todo los distintos sectores del Estado, cuya obligación es proteger y alertar a la población acerca de cualquier fenómeno que se presente y que pueda afectar o alterar de cualquier manera su integridad.

Finalmente, se debe crear conciencia acerca del grave problema que se podría desencadenar, y realizar todas las acciones necesarias de prevención, la salud pública debe ser prioridad para el Estado mexicano, en este sentido actuar para prevenir que más personas caigan en el consumo de cualquier tipo de drogas es urgente.

Sobre todo es importante llevar a cabo acciones para confirmar que en el país no existan otros casos de personas que consumen la droga krokodil, y alertar a la población de las consecuencias en el consumo de dicha sustancia. 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones:

a) Lleve a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga krokodil dentro del territorio nacional.

b) Diseñe una campaña de prevención para evitar el consumo de la droga krokodil, así como dar difusión entre la población de los efectos que causa dicha sustancia en el organismo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. David Monreal Avila”.

1 Cruz, Martínez Angeles, “Se duplicó en México el consumo de sustancias ilegales en 10 años”, periódico la jornada, viernes 18 de enero 2013, [citado 05-01-2014] disponible en internet en: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/18/adicciones/a11n3adi

2 Véase,  “La verdad del krokodil en México” [consulta realizada 3 de enero de 2014] disponible en internet: http://www.unionjalisco.mx/articulo/2014/01/03/salud/la-verdad-del-krokodil-en-mexico

3 Véase, “Confirman primer caso de adicción a ‘krokodil’ en México, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/01/detectan-en-sonora-primer-adicto-al-krokodil/#axzz2wKj8up7K

4 Veracruz se prepara contra el krokodil “la droga de los zombies, [Consulta realizada el 3 de enero 2014], publicación en líneas: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/30/936009

5 Krokodil, la droga que devora la piel, músculo y hueso, [Consulta realizada el 3 de enero 2014], publicación en líneas: http://www.sinembargo.mx/15-10-2013/784445

6 Krokodil, la droga que devora la piel, músculo y hueso, [Consulta realizada el 3 de enero 2014], publicación en líneas: http://www.sinembargo.mx/15-10-2013/784445






Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la duplicidad entre programas federales, estatales y municipales en lo identificado como “población objetivo”, que se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR LA DUPLICIDAD ENTRE PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LO IDENTIFICADO COMO “POBLACION OBJETIVO”

FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea el exhortar al Ejecutivo Federal para la revisión de la duplicidad entre programas federales, estatales y municipales en lo identificado como “población objetivo”.

CONSIDERACIONES

México, en los últimos quince años ha reorganizado la implementación de su política social como resultado de la descentralización y la modernización del Estado, éste proceso está aún lejos de haber concluido, en general, los beneficios de la descentralización se pueden analizar en función de los resultados de una división óptima del trabajo entre los diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, el gobierno federal es el mejor situado para coordinar la asignación de los recursos públicos entre los estados, los municipios y las organizaciones sociales de una manera eficaz y equitativa, y los gobiernos locales son los más cercanos a la información necesaria para gastar los recursos en proyectos específicos desarrollados en función de las necesidades locales1.

Un gobierno cercano es aquel que tiene como precepto construir un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad. El objetivo es atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. El actual gobierno federal, busca ubicar como eje central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población, así lo plantea el plan de desarrollo nacional 2013-2018, en donde la sociedad constituye el pilar fundamental en torno al cual deben diseñarse y ejecutarse políticas que permitan consolidar un gobierno moderno. Para lograr esto, es necesario poner especial énfasis en la atención de las demandas más sentidas de la sociedad y permitir su participación de una forma activa en los asuntos públicos.

Esto es, con ello se entiende que existe la intención de implementar acciones y programas para la inclusión social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Un gobierno cercano y moderno, es aquél que evalúa y reconoce las acciones que generan los resultados que se requieren para atender las necesidades más apremiantes del país, y para ello, implementa acciones de mejora y reorienta los recursos a aquellas actividades que generen mayores impactos positivos.

Es decir, no es únicamente un gobierno que gasta menos, sino aquél que invierte de una mejor manera. Por lo que se entiende como aquél que en todas sus acciones se centra en el logro de resultados claros, objetivos, y sobre todo, que responda a las demandas de la población. Implementar una efectiva gestión para resultados en el gobierno, requiere crear de manera integral una cultura institucional orientada al logro imperante de los mismos.

El 10 de septiembre de 2008, se publicó en el DOF el "Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012"(PMG), el cual incidió en la operación cotidiana de las instituciones de la Administración Federal, mediante diversas estrategias encaminadas a la mejora de sus procesos y de los servicios públicos que se brindan al ciudadano.

Con las reformas constitucionales y legales, se estableció la obligación de evaluar los resultados del ejercicio de recursos públicos, y se puso en marcha un sistema de presupuesto orientado a resultados. El objetivo era incrementar la eficacia en la aplicación del gasto público, y con esto el impacto social. A partir de lo anterior, se definieron las estrategias para iniciar la construcción de un Presupuesto basado en Resultados (PbR), en el que se contempló la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos federales aplicados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Como resultado, se implementó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), enfocado en realizar una valoración objetiva de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión. A la fusión de este Sistema con la orientación de los recursos a la obtención de resultados, se le conoce como el modelo del PbRSED, uno de los principales pilares de una Gestión por Resultados.

No obstante lo anterior, en muchas ocasiones las evaluaciones y los sistemas adoptados, son vistos más como un trámite que deben atender las dependencias o entidades con un enfoque primordialmente procedimental, que de mejora al propio programa.

Por lo que, hoy se tiene que tener un enfoque diferenciador entre los programas federales, no solo en la evaluación si no también, en su duplicidad de aplicación, esto es lograr que los resultados de las mismas se traduzcan en acciones concretas, que permitan mejorar el desempeño y los resultados de cada programa. El objetivo es generar mayor valor público, es decir "la mera existencia de recomendaciones puntuales derivadas de una evaluación no garantiza que serán procesadas adecuadamente"2

Con base a los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se puede tener un parámetro de los programas y acciones de los programas del gobierno federal de Impacto en el desarrollo social, sabiendo que estos son 19 entidades y al menos 278 programas y acciones dirigidas al desarrollo social.3

Con relación al tipo de apoyo entregado por los programas y las acciones, se tienen dos grandes rubros: monetario y no monetario. En dicho estudio, se muestra que la mayoría de los programas y las acciones entregan apoyos no monetarios (106 contra 98 programas y acciones que entregan apoyos monetarios), mientras que ambos tipos de apoyos son entregados por 60 programas.

El Inventario CONEVAL también brinda información sobre el tipo de apoyo específico de los programas y las acciones y el derecho social o la dimensión de bienestar económico al que se asocian. En particular, se muestra que el apoyo en capacitación es el más utilizado (76 programas), seguido por la categoría “otros” y asesoría técnica (54 y 48 intervenciones, respectivamente).

La mayoría de los programas y las acciones otorgan algún tipo de apoyo vinculado al derecho a la educación (194 programas); de éstos, 30 proporcionan servicios educativos, 27 brindan capacitación y 19 otorgan libros y/o material didáctico o asesoría técnica.

Con relación a los programas y las acciones vinculados a la dimensión de bienestar económico (93 programas), en 17 se proporciona capacitación, en 11 se dan asesorías técnicas y en 10 financiamientos de proyectos productivos o microcrédito. Por otro lado, los programas y las acciones que atienden a la salud con 61, en 28 brindan servicios de salud, mientras que se da capacitación en 7 programas, siendo estos programas, los que en sus acciones son los que determinan el impacto dentro del desarrollo social.

Así como en el año 2009 la Secretaria de la Función Pública, levantó un inventario de todos los trámites y normas vigentes en el Gobierno Federal, con la finalidad de eliminar o realizar una Tala Regulatoria de los que no estuvieran plenamente justificados; en el que se logró eliminar 16,174 normas lo que corresponde al 46% del total.

Asimismo, se debe de trabajar por evitar que haya duplicidad en los programas federales que se dirigen a los mismos públicos objetivos, beneficiando al mismo sector en el país, cuando existen muchos sectores desprotegidos que podrían verse beneficiados con programas de apoyo redirigidos a cubrir el mayor número de sectores vulnerables posibles, una persona puede verse beneficiada por un apoyo federal, al mismo tiempo que uno estatal y otro municipal, sin embargo otra misma persona con las mismas características dentro de ese mismo estado, podría no recibir ningún apoyo, por lo que esto es inequitativo a todas luces.

Es de amplio conocimiento, que se carece de un padrón general de beneficiarios a nivel federal, sin embargo ello no impide que poco a poco se vaya trabajando en el mismo para evitar las duplicidades en los apoyos y en general transparentar la ayuda de la población a los cuales van dirigidos, lo que evitará duplicidad de esfuerzos, eliminará cualquier posibilidad de fuga de recursos y favorecerá la ampliación de la cobertura. Concentrar y transparentar en un solo padrón a los beneficiarios facilita la gestión de recursos y el otorgamiento de los apoyos de los programas sociales; clarifica las reglas de operación de cada programa y posibilita que las personas fiscalicen el trabajo de los servidores públicos.

Es por ello, que ante esta alta Tribuna, me permito someter el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para llevar a cabo las acciones necesarias, con el objeto de que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se elabore un padrón general de beneficiarios de los programas.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que una vez elaborado el padrón de beneficiarios, se lleven a cabo las acciones necesarias con el objeto de que en las diversas Secretarías de Estado, se valore qué programas que se encuentren duplicados con los programas estatales y municipales merecen ser retirados y con ello no se dupliquen los  programas en lo identificado como “población objetivo”,  esto  para el beneficio de los diversos sectores en el país.

México, Distrito Federal a 19 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

1 Scott 2004

2 Diario Oficial de la Federación (DOF), 30 de Agosto 2013

3 Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social, Presentación y Análisis 2012-2013






De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a desarrollar estrategias para un diagnóstico temprano, presentación de servicios de apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD DESARROLLE ESTRATEGIAS PARA UN DIAGNOSTICO TEMPRANO, PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO AL PACIENTE Y A LOS FAMILIARES DE QUIENES PADECEN ALZHEIMER.

“La suscrita, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD DESARROLLE ESTRATEGIAS PARA UN DIAGNOSTICO TEMPRANO, PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO AL PACIENTE Y A LOS FAMILIARES DE QUIENES PADECEN ALZHEIMER.

CONSIDERACIONES

Pocas afecciones repercuten tanto sobre la calidad de vida del enfermo y su familia como los padecimientos demenciales y, en particular, el más frecuente de entre ellos: la enfermedad de Alzheimer (EA). Sin Embargo, no ha sido hasta la década de los años 80 que se reconoce como un problema mayor de salud mundial. Desde entonces, sin duda, no hay otra patología cerebral que haya despertado mayor interés entre los neurocientíficos.

Aún desconocemos el origen de esta común y devastadora afección cerebral. La enfermedad de Alzheimer ocurre en todo el mundo, sin preferencia de raza, y es la causa del 50 al 70% de todos los trastornos que producen deterioro de las funciones intelectuales en la vida adulta.

La demencia, explica la Secretaría de Salud (Ssa), es un síndrome geriátrico que impacta a los pacientes, a la familia y a la sociedad, al afectar a más de 5% de los adultos mayores de 65 años y a más de 30% de los que superan los 80 años de edad.

La sintomatología en un principio, surgen pequeñas e imperceptibles pérdidas de memoria, pero con el paso del tiempo, esta deficiencia se hace cada vez más notoria e incapacitante para el afectado, que tendrá problemas para realizar tareas cotidianas y simples, y también, otras más intelectuales, tales como hablar, comprender, leer, o escribir. Dependiendo de la etapa en que se encuentre el paciente, los síntomas son diferentes.

En México, hay más de 350 mil personas que padecen Alzheimer, según los datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN). La mortalidad es de 2 mil 30 de estos pacientes cada año. Es mayor en las mujeres, en una proporción de 2.3%, comparada con la de los hombres, que es de 1.2%.

Existen factores de riesgo modificables que favorecen el desarrollo de esta enfermedad, como: enfermedades cerebrovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, dislipidemias, traumatismos craneoencefálicos, abuso de sustancias como alcohol y tabaco, la depresión y el estrés entre otras.

Las demencias son enfermedades devastadoras, ya que hasta ahora no tienen cura y su evolución es progresiva. Esto ocasiona que la persona pierda también en forma progresiva sus capacidades hasta depender por completo de un cuidador.

El Alzheimer es el padecimiento más común en las personas de la tercera edad y un problema de salud pública en México, se estima que en el año 2050, uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años y las instituciones de salud no están preparadas para enfrentar los problemas de la vejez, advirtió el psicólogo Gabriel López Robles, Director de Docencia y Asistencia de la Fundación Alzheimer.

A decir del especialista, “a la par del envejecimiento de la población también se incrementará este padecimiento y las instituciones de salud pública no están preparadas para enfrentarlo”,  toda vez que no se cuenta con la infraestructura y los servicios que requieren los afectados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) de la Secretaría de Salud, en México más de 350,000 personas están afectadas por la enfermedad de Alzheimer y mueren por ella anualmente 2,030 pacientes.

En los últimos 40 años México ha envejecido lo que Europa en casi 200 años, y eso se acompaña de un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas que son características de la vejez, entre ellas las demencias. En particular, el Alzheimer.

En México, de sus 112.3 millones de habitantes, 9% tiene más de 60 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa alrededor de 10.1 millones de personas, se espera que para 2050 la cifra se incremente a 36.5 millones de personas que requerirán servicios de atención especializada.

Cabe destacar que México es uno de los países con mayor esperanza de vida (75.7 años) entre otras naciones de Latinoamérica (73.4 años). Estimaciones del Consejo Nacional de Población indican que para el 2050, México tendrá una población superior a los 121.5 millones de personas, de los cuales serán del sexo masculino 58.2 millones y 63.3 millones del sexo femenino; la tasa de natalidad se estima será del orden del 11.1%, la de mortalidad 9.8%, y la esperanza de vida será de 79.9 años para hombres y de 83.9 años mujeres.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud desarrolle estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. María Cristina Díaz Salazar”.

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos.

¿Usted solicita la ampliación de turno?

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Sí, ampliación de turno para la primera proposición del Senador David Monreal, que sólo se turna a Relaciones Exteriores, y por el tema debe turnarse a Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

- El C. Presidente Cervantes Andrade. Se obsequia. Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.






Tiene la palabra, desde su escaño, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, quien presentará un punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, adopte diversas medidas para proteger a los mexicanos que habitan en los Estados Unidos de América ante las deportaciones, hasta por tres minutos.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Pues qué sorpresa tan agradable. Miren, quiero presentar a los compañeros de la Asamblea un punto muy importante que me parece digno de ser destacado.

A raíz de la aprobación ejecutiva de un acta llamada DREAM ACT, de los Estados Unidos, que no es otra cosa más que permitir que los estudiantes mexicanos que ingresaron de manera indocumentada antes de los 16 años a los Estados Unidos junto con sus padres, que no tengan antecedentes penales y que, por supuesto, estudien, puedan alcanzar una visa de estudiantes a fin de poder complementar sus estudios profesionales.

Esta, que es una medida que definitivamente celebramos, porque tiene por objeto salvaguardar y proteger a los sufridos compañeros migrantes mexicanos en los Estados Unidos, esta trayendo una consecuencia muy funesta, y lo voy a explicar.

Desde hace semanas los familiares de éstos, conocidos como dreamers, que son estudiantes indocumentados, repito, que se les permite estar en los Estados Unidos bajo este acuerdo, fueron deportados, o sea, se quedaron sin sus papás, se quedaron sin sus hermanos.

Entonces, estos familiares de estos dreamers están llegando al puerto fronterizo de Otay, Tijuana, Baja Califonria, y se están entregando a las autoridades estadounidenses.

¿Cuál es la causa?

Que ellos están pidiendo un juicio de asilo político, y como todos sabemos, cuando un ciudadano de nacionalidad extranjera llega a un puerto fronterizo de los Estados Unidos en demanda de asilo político, se le concede el protocolo, y esto significa que se retiene al ciudadano en un centro de detención y se pone a disposición de un juez de inmigración.

Aquí lo que me parece que debemos de tomar en cuenta es de que estas personas no sé si están siendo debidamente asesoradas, porque se están entregando sin que tengamos la certeza de que haya ausencia de antecedentes penales en ellos.

Y segundo, si han vencido el número de deportaciones suficiente, porque, por un lado, si tienen antecedentes penales, y por otro, si ya vencieron el número de deportaciones, podrían ser sujetos de un proceso penal de grandes alcances, hablamos de 20, 25, 30 años de prisión.

Es por ello que yo quisiera llamar la atención de nuestros compañeros del Poder Ejecutivo, de las secretarías relacionadas, porque yo siento que no están poniendo atención en este caso. Tenemos una ley, sí, que el Presidente Barack Obama facilitó para ayudar a los compañeros estudiantes mexicanos en los Estados Unidos, pero es también ilógico creer que un estudiante va a concluir sus estudios sin el apoyo de sus padres en un gobierno extranjero, en un país extranjero.

Por ello, le solicito unos segundos, señor Presidente, para leer textualmente el punto de Acuerdo.

“UNICO.- Se exhorta con carácter de urgente resolución, con toda atención, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de su titular, para que ante la situación de vulnerabilidad en que quedan las familias separadas por efecto de la deportación de alguno de sus miembros, implemente una política pública concentrada en brindar a ambos lados de la frontera una atención integral a los migrantes, en particular los niños y jóvenes, para reducir al máximo el impacto de la deportación estrechando los vínculos familiares en tanto se impulsa una resolución migratoria favorable y se coloquen en actitud de continuar con sus estudios y actividades productivas bajo un enfoque diferencial de los derechos humanos”.

Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios.






Tiene el uso de la palabra, desde su escaño, la Senadora Verónica Martínez Espinoza, para presentar, a nombre propio y del Senador Jesús Casillas Romero, un punto de Acuerdo en relación con las autorizaciones y registro de tarifas de autopistas de peaje.

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Gracias, señor Prsidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El Senador Jesús Casillas Romero y la suscrita, presentamos un punto de Acuerdo en los siguientes términos:

Las vías de comunicación y los medios de transporte son de elemental importancia para el desarrollo del país. La conjunción de ambos hace posible el traslado de personas, mercancías, pertenencias, materias primas y productos elaborados que participan en los procesos económicos que inciden particularmente en el desarrollo de las comunidades y regiones, como en lo general en el desarrollo económico de México.

Nuestro país cuenta con una extensa red de carreteras, a las que se integran cada vez más modernas autopistas y se mejoran las existentes, contándose para tal propósito con el apoyo de la iniciativa privada para acelerar la construcción y renovación de las mismas.

Para lograr esa infraestructura, las autopistas y puentes de cuota han sido fundamentales; más de 4,500 kilómetros de autopistas de cuota. Se trata de autopistas en las que es necesario realizar el pago de una tarifa de peaje a su concesionaria para poder utilizarlas, dinero que se destina normalmente a financiar la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura de la red carretera.

Los proyectos carreteros tienen como objetivo básico el mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, seguir promoviendo el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes que se benefician con esos servicios.

Mientras que como objetivo en lo particular para quienes utilizan estas carreteras y con su pago de peaje aportan para el mantenimiento e inversión en la infraestructura, deben tener, además, como contraprestación directa beneficios como los siguientes: Ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgaste de vehículos, además de servicios que se manifiestan en comodidad, eficiencia y seguridad en sus traslados. Esto es una contraprestación por su pago.

No obstante estos beneficios o servicios, no siempre suelen ser proporcionados al 100 por ciento, y verse mermado por las labores de reparación y mantenimiento como también a la inversa por la omisión en estos rubros, generando tramos carreteros en malas condiciones, peligrosos, con obstrucciones y puntos de riesgos.

En estos casos es común hasta el cierre de carriles en los que la vía de un sentido es habilitada de manera improvisada como de doble sentido.

En algunos casos sólo subsiste un carril que es utilizado por un lapso de tiempo hacia un sentido y en otro espacio de tiempo hacia el otro; esto a través de personas haciendo funciones de controladores de tráfico.

Esto en realidad ocasiona retrasos, disminuye la seguridad de la ruta con graves riesgos de accidentes, la comodidad en el traslado y genera mayor desgaste vehicular y el ahorro de combustible desaparece.

Eso visto como la demeritada prestación de un servicio al usuario por el pago realizado, definitivamente debiera encontrar una reducción en el precio en un principio de equidad hacia el conductor que consume los servicios de carreteras de peaje, tal y como lo es con cualquier otra adquisición de bienes y servicios en justicia a los conductores de los aproximadamente 12 millones de vehículos que utilizan el sistema carretero en nuestro país, con un promedio de más de 430 millones de cruces en casetas de cobro al año.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República, propone respetuosamente a la consideración del OPD Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, el realizar las gestiones y acciones necesarias para que en tratándose de las autorizaciones y registro de tarifas de autopistas de peaje, se considere una reducción temporal en los precios de cuota en los casos y tramos que exista una disminución en la prestación del servicio en una forma gradual o equitativa al demérito sufrido, como lo son por causa de las malas condiciones del camino y sus puntos críticos por inseguridad, de labores de reparación, mantenimiento u obstrucciones y objetos en el mismo, y que no sean solucionables de forma inmediata, por ende, con implicaciones directas al debido servicio a los usuarios de los caminos de cuota.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONERESPETUOSAMENTE A LA CONSIDERACION DEL OPD CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE), EL REALIZAR LAS GESTIONES Y ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN TRATANDOSE DE LAS AUTORIZACIONES Y REGISTRO DE TARIFAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE, SE CONSIDERE UNA REDUCCION TEMPORAL EN LOS PRECIOS DE CUOTA EN LOS CASOS Y TRAMOS QUE EXISTA UNA DISMINUCION EN LA PRESTACION DEL DEBIDO SERVICIO.

“Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO y MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE PROPONERESPETUOSAMENTE A LA CONSIDERACION DEL OPD CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CAPUFE, EL REALIZAR LAS GESTIONES Y ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN TRATANDOSE DE LAS AUTORIZACIONES Y REGISTRO DE TARIFAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE, SE CONSIDERE UNA REDUCCION TEMPORAL EN LOS PRECIOS DE CUOTA EN LOS CASOS Y TRAMOS QUE EXISTA UNA DISMINUCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Las vías de comunicación y los medios de transporte son de elemental importancia para el desarrollo del país. La conjunción de ambos hace posible el traslado de personas, mercancías, pertenencias, materias primas y productos elaborados que participan en los procesos económicos que inciden particularmente en el desarrollo de las comunidades y regiones, como en lo general en el desarrollo económico de México.

Para ello, son necesario las carreteras para automóviles y camiones; aeropuertos donde despeguen y aterricen naves aéreas, vías para el ferrocarril, y puertos fluviales y marítimos para buques, barcos y otro tipo de embarcaciones.

Respecto a las primeras, nuestro país cuenta con una extensa red de carreteras, a la que se integran cada vez más modernas autopistas, y se mejoran las existentes, contándose para tal propósito con el apoyo de la iniciativa privada para acelerar la construcción y renovación de las mismas.

Para lograr esa infraestructura, las autopistas y puentes de cuota han sido fundamentales. Se trata de autopistas en las que es necesario realizar el pago de una tarifa de peaje a su concesionaria para poder utilizarlas. Ello, porque el dinero recaudado se destina normalmente a financiar la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras viarias de la red, como son las carreteras mismas, túneles y puentes.

La instancia gubernamental encargada de administrar, mantener y construir la red carretera del país es el organismo público descentralizado (OPD) del Gobierno Federal, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE); que opera una red propia y algunas de las autopistas, como ya se dijo, concesionadas a particulares, incluso a gobiernos de los estados.

Esta instancia, CAPUFE, en sus proyectos carreteros tiene como objetivos básicos el mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, seguir promoviendo el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes que se benefician con estos servicios. Mientras que, como objetivo en lo particular, para quienes utilizan estas carreteras y con su pago de peaje aportan para el mantenimiento e inversión en la infraestructura, deben tener además como contraprestación directa beneficios como ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos, además de servicios que se manifiestan en comodidad, eficiencia y seguridad en sus traslados. Esto es, una contraprestación por su pago.

No obstante, estos beneficios o servicios no siempre suelen ser proporcionados al cien por ciento. El ahorro de tiempos de traslado, combustibles y la máxima seguridad y comodidad que puede ofrecer una autopista puede verse mermada por las labores de reparación y mantenimiento; como también a la inversa, por la omisión en esos rubros, generando tramos carreteros en malas condiciones.

En estos casos, es común hasta el cierre de carriles, en los que la vía de un sentido es habilitada de manera improvisada como de doble sentido, en algunos casos, sólo subsiste un carril, que es utilizado por un lapso de tiempo hacia un sentido y en otro espacio de tiempo hacia el otro, esto a través de personas haciendo funciones de controladores de tráfico; de manera tal, que mientras se detiene temporalmente el tráfico de un sentido, el contrario transita hasta agotar cierto avance vehicular, para luego hacerse en viceversa.

Esto, en realidad ocasiona retrasos, disminuye la seguridad de la rúa con graves riesgos de accidente, la comodidad en el traslado y genera mayor desgate vehicular al rodar como coloquialmente se dice “a vuelta de rueda”, incluso al grado de vehículos detenidos y con el motor en marcha, por ende, también el ahorro de combustible se ve afectado.

Eso, visto como la demeritada prestación de un servicio al usuario por el pago realizado, definitivamente debiera encontrar una reducción en el precio, en un principio de equidad hacia el conductor que consume los servicios de carreteras de peaje, tal y como lo es con cualquier otra adquisición de bienes y servicios. Máxime que ese tipo de inconvenientes no ocurren por plazos de tiempo por así decirlo, breves o inmediatos, sino que persisten durante semanas y hasta meses.

Siendo esta la parte toral que en este documento se pretende poner a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, para ser sugerida a CAPUFE, en beneficio justo de los conductores de los aproximadamente 12 millones de vehículos que utilizan el sistema carretero en nuestro país, con un promedio de más de 430 millones de cruces en casetas de cobro al año.

Esto es, poner a la consideración del referido OPD, la realización de las gestiones y acciones necesarias para que en tratándose de las autorizaciones y registro de tarifas de autopistas de peaje, se considere una reducción temporal en los precios de cuota en los casos y tramos que exista un demérito en la prestación del servicio, en una forma gradual o equitativa al menoscabo sufrido, como lo son las malas condiciones del camino y sus puntos inseguros, las labores de reparación, mantenimiento, u obstrucciones y objetos en el mismo, y que no sean solucionables de forma inmediata, por ende, con implicaciones directas al debido servicio a los usuarios.

Aunque cabe decir, que por obviedad de razones no formarían parte de la presente solicitud, las disminuciones ocasionadas por accidentes, o aquellas obstrucciones que sean subsanadas en un plazo inmediato, como la presencia de semovientes.

Sabemos que para el caso de las reparaciones y mantenimiento, éstas se tratan de acciones necesarias para la adecuada prestación del servicio, lo que no está en duda ni mucho menos sujeto a objeción, sólo se advierte que mientras ello ocurre, durante el lapso de una reparación no podemos cerrar los ojos a que existe disminución en el servicio que debiera darse.

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de…

ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República, propone respetuosamente a la consideración del OPD Caminos y Puentes Federales CAPUFE, el realizar las gestiones y acciones necesarias para que en tratándose de las autorizaciones y registro de tarifas de autopistas de peaje, se considere una reducción temporal en los precios de cuota en los casos y tramos que exista una disminución en la prestación del servicio, en una forma gradual o equitativa al demérito sufrido, como lo son por causa de las malas condiciones del camino y sus puntos críticos por inseguridad, de labores de reparación, mantenimiento, u obstrucciones y objetos en el mismo, y que no sean solucionables de forma inmediata, por ende, con implicaciones directas al debido servicio a los usuarios de los caminos de cuota.

Dado en el salón de sesiones, a 19 de marzo de 2014

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Martínez Espinoza. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.






Compañeros Senadores, hago de su conocimiento que las demás iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTICULOS 80 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

“El suscrito, ANGEL BENJAMIN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTICULOS 80 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, tiene como objetivo fundamental impulsar una política social enmarcada por la coordinación efectiva entre los tres niveles de gobiernos, para que cualquiera de ellos este en la posibilidad de participar en la planeación y aplicación de los recursos de los programas sociales.

La ley en comento establece que la planeación del desarrollo social en México se integrará por programas y planes de carácter nacional, institucional, regional, estatal y municipal.

De tal suerte que éste instrumento jurídico tiene como propósito fundamentar, estructurar y generar certeza para que todas las personas que habitan el territorio nacional tengan la misma posibilidad de disfrutar de una vida digna.

En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática reconocemos que la Ley de mérito es una valiosa aportación al marco jurídico nacional, ya que es un ordenamiento legal que de manera clara instituye y define los derechos sociales de los mexicanos.

Pero también sostenemos que existen pendientes que deben de ser integrados al precepto de referencia en virtud de que el rezago y la desigualdad social continúa siendo un rasgo distintivo en nuestro país. Si bien es cierto que el texto es loable en sus fines, también es cierto que su aplicación aún dista mucho de ser eficaz, eficiente, oportuna y equitativa.

En este orden de ideas queremos destacar uno de esos pendientes que creemos que deben ser atendidos para que el proceso que la Ley determina para el desarrollo social cumpla con una mayor eficacia sus objetivos: la evaluación y seguimiento de los programas sociales.

La evaluación de programas sociales dejó de ser casual para convertirse en norma y en materia para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En este sentido la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 18 señala:

Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Lamentablemente, en nuestro país, durante años ha permeado una arríausanza de cooptación política, clientelar y partidista de los programas dirigidos a poblaciones de más pobres a fin de focalizar dichos programas.

Aunque se ha trabajado de manera incansable desde nuestro Instituto Político- léase el éxito de los programas sociales en el Distrito Federal a partir de la llegada de los gobiernos perredistas a la Ciudad- en el fortalecimiento de la operatividad de los programas sociales a través de la construcción de un marco jurídico e institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas no ha sido suficiente para contrarrestar los abusos que se cometen en aras del desarrollo social.

Este fortalecimiento se ha visto traducido en una mayor institucionalización de la política social, es decir, se han logrado avances en la elaboración de las reglas de operación que cada vez son más claras y definidas circunstancia que abona a la rendición de cuentas y a los procesos de transparencia.

En lo que respecta a la evaluación y seguimiento el ordenamiento legal que nos ocupa instituyó un proceso sistemático para evaluar la política de desarrollo social con el fin de dar seguimiento continuo al cumplimiento del propósito social de los programas, metas y acciones en la materia para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente,  para tal efecto se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

El artículo 72 de la Ley de mérito en lo conducente estipula:

La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

De igual forma se constituyeron mecanismos para coadyuvar a la evaluación de los programas al solicitar indicadores de resultados, gestión y servicios:

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Los indicadores de resultados deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social:

Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Por su parte los indicadores de gestión y servicios deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de dichos programas:

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Las disposiciones normativas referidas en los párrafos superiores se concatenan con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que en su artículo 2 fracción LI determina que el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Así que el objetivo de éste Sistema se entrelaza con fin que la Ley General de Desarrollo le otorga al ámbito de la evaluación de los programas sociales, en el sentido, de consolidar una herramienta de información eficaz para la toma de decisiones que refuerce el vínculo entre el proceso presupuestario con la planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

Lo anterior en virtud de la importancia del tema de evaluación como una prioridad en materia de política pública, siendo objeto de un gran proceso de instrumentación para sumar esfuerzos en la debida y correcta aplicación de los programas y del efectivo ejercicio de los recursos correspondientes.

Por otro lado en su artículo 80 la Ley General de Desarrollo Social en lo conducente determina que:

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

Con esta disposición se puede entender que se está fortaleciendo la relación que se genera a partir de los resultados de las evaluaciones y la retroalimentación del diseño y avance de las políticas y programas sociales.

Aunado a lo anterior, encontramos un mecanismo más que abona en la consolidación de las evaluaciones de la política pública en materia de desarrollo social; el 30 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación por conducto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, que tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo, así como la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades federales.

A través de estos preceptos legales desprendemos que la evaluación de los programas es recurrente, sistemática y basada en indicadores que permiten medir los resultados y el desempeño en su aplicación; de tal suerte que tenemos, en teoría, los elementos básicos para conocer qué programas están consiguiendo los fines por los que fueron creados.

Ahora bien, recordemos el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social que mencionamos con antelación para advertir que la evaluación de dichas acciones está sustentada en resultados que tienen que reflejar el oportuno cumplimiento de las metas trazadas en la formulación de la política nacional de desarrollo social.

Es en este momento en el que empiezan a surgir cuestionamientos que nos indican que a pesar de estos mecanismos legales en materia de evaluación existen, a la luz de los hechos, pendientes que atender. Preguntas del siguiente tenor:¿por qué si la Ley General de Desarrollo Social integra de modo preciso los procedimientos destinados a la evaluación de programas sociales, no se han conseguido correcciones significativas en las carencias arrojadas en los resultados de tales evaluaciones? es evidente que la conclusión de todo el trabajo evaluador es de carácter informativo sin tener un rasgo de mínima observancia por parte de los organismos que integran la administración pública federal.

Esto se advierte en el Título Quinto, de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Capítulo I, de la Evaluación; en ningún artículo se determina que las evaluaciones deban de ser observadas por las dependencias y entidades federales. Los artículos 79 y 80 de Capítulo de referencia en lo conducente establecen:

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría.

De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

En el sentido estrictamente mediático pueden ser de gran interés estas evaluaciones y sus respectivas recomendaciones. Pero en el sentido estricto que persigue el Desarrollo Social en nuestro país, lo anterior se traduce en una debilidad de nuestro sistema político. Por lo que otra duda salta de nuevo a la luz: ¿de qué sirve todo un aparato institucional de evaluación del desempeño si su labor es sólo para tomar conocimiento?

Es necesario e impostergable cambiar esta condición. Se tiene que dotar a las instituciones evaluadoras de facultades que permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para mejorar progresivamente los programas sociales y así estar en condiciones que nos ayuden a evitar errores que acoten el acceso a una vida digna a todos los mexicanos tal y como sigue ocurriendo en estos días.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

Artículo Unico.- Se adicionan un segundo párrafo a los artículos 80 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 80. …

Las sugerencias y recomendaciones resultado de las evaluaciones a las que se refiere este artículo, serán consideradas en los procesos programables y presupuestarios de la política nacional de desarrollo social por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de promover un ejercicio más eficaz y eficiente del gasto social introduciendo acciones de mejora continua en el diseño, operación y ejecución de los programas sociales.

Artículo 81. …

Las resoluciones que emita el organismo de conformidad con su objeto de creación serán de carácter observable por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal en los términos aplicables.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.






PROPUESTAS

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a acudir al Senado de la República a rendir un informe en torno a la situación que enfrenta la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ACUDA A ESTA SOBERANIA A RENDIR UN INFORME EN TORNO A LA SITUACION QUE ENFRENTA LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

“La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA y MA. DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ACUDA A ESTA SOBERANIA A RENDIR UN INFORME EN TORNO A LA SITUACION QUE ENFRENTA LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. A mediados del año 2008, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, anunció que se iniciaría con los trabajos de planeación para la construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el argumento de mejorar el sistema de transporte, hoy podemos asegurar que está sucediendo todo lo contrario, no vemos mejora en este medio de transporte tan emblemático para la Ciudad Capital.

2. Desde la planeación del proyecto de la Línea 12 se generó inconformidad y desconfianza, ya que cuando se anunció el proyecto se previó una inversión de 13 mil millones de pesos, cifra que posteriormente se modificó e incrementó a 17 mil 500 millones, no obstante, se previó un incremento que ascendería a una cifra total de 19 mil millones de pesos. La realidad hoy es distinta, pues es del conocimiento público que la obra alcanzó un costo superior a los 24,500 millones de pesos, incluso algunos medios de información manejan una cifra que sobre pasa los 26 mil millones de pesos.

3. Es importante recalcar que la puesta en marcha para la construcción de la llamada “Línea Dorada”, fue objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, en primera instancia por el incremento en el presupuesto para su desarrollo, y en segundo lugar, por la opacidad y falta de transparencia con que se desarrolló el proyecto, ya que, cuando se solicitó información relativa a al ejercicio del presupuesto, nombre de la empresa contratista, avances de la obra, entre otros cuestionamientos, nunca se obtuvo respuesta favorable, hoy los hechos nos dan la respuesta a tal negativa.

4. Ante tales circunstancias, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, V Legislatura, con fecha 10 de marzo del año 2010, un punto de acuerdo mediante el cual se propuso la creación de una Comisión de Investigación para la fiscalización del proyecto de la Línea 12 del Metro, desafortunadamente el punto de acuerdo fue desechado por la mayoría de ese Organo Legislativo.

De haberse creado tal Comisión, probablemente se habría evitado parte de los grandes problemas que está generando la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12.

5. En un hecho histórico para la Ciudad de México, sobre todo para los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, jamás durante los casi 45 años de vida de este medio de transporte se ocasionó un caos y colapso de tal magnitud como el que hoy se registra a consecuencia de la suspensión del servicio en más de la mitad de las estaciones de esa nueva línea, a tan solo 18 meses de haberse inaugurado.

No le basta, al Gobierno del Distrito Federal, con las afectaciones que se ocasionaron a los ciudadanos durante los cuatro años que duraron los trabajos para la construcción de esa línea, sino que el día martes se anunció que durante 6 meses se dejará de prestar el servicio argumentando ondulaciones y 4,800 durmientes defectuosos, en pocas palabras por miles de defectos que tendrán que subsanarse durante ese tiempo, aunque no se ha garantizado la reanudación del servicio después de ese tiempo, pues en la página web del Sistema de Transporte Colectivo se señala que será “hasta nuevo aviso”.

6. No olvidemos que desde los primeros días de operación, la cual tuvo un retraso de 6 meses, se detectaron cientos de fallas, tanto que el 14 de mayo de 2013, el Director del Sistema de Trasporte Colectivo, Joel Ortega, reconoció que durante los primeros 6 meses de operación se habían detectado al menos 11 mil fallas. Es decir, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios pues pudo haberse ocasionado una tragedia en cualquier momento.

7. Un elemento importante que no se ha tomado en cuenta es que en el año 2012 la Auditoría Superior de la Federación, señaló que hubieron deficiencias en el control y seguimiento por parte de las empresas encargadas de los trabajos. Otro punto es sobre la falta de control de los programas de intensidad, muestreo y seguimiento de las pruebas de laboratorio, debido a que no se cumplieron los rangos indicados en el proyecto. Asimismo, según una nota publicada por el diario Reforma la ASF encontró 30 fallas de 2008 a 2011, argumentando mala comunicación entre la Supervisión Externa y la Residencia de Obra. De la auditoría realizada, también se resalta que hubo 12 recomendaciones, 7 solicitudes de aclaración y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora; lo que llevó a la determinación de esa Auditoría determinar el resultado como negativo.

8. Es importante señalar que los daños ocasionados por las irregularidades detectadas en la Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro,  que han obligado a autoridades del Distrito Federal a suspender el servicio, traerá como consecuencia gastos extras para la reparación, renta de autobuses para la prestación del servicio gratuito a los usuarios afectados, estudios de evaluación y la pérdida de ingresos con motivo de la suspensión del servicios, cantidad que podría ascender a 944,062 millones de pesos, cifra que dado los antecedentes del costo millonario del proyecto seguramente ascenderán con el transcurso del tiempo.

Ante la incapacidad y falta de argumentos convincentes, tanto del Gobierno del Distrito Federal, como de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por evitar el caos que está generando la suspensión del servicio en la línea dorada, ya se encuentran buscando culpables, señalamientos que sólo exhiben aún más la falta de responsabilidad y seriedad de dichas autoridades ante un problema de tal magnitud.

De acuerdo con datos recabados por diversos medios de comunicación, el contrato para la construcción de la línea 12, 8.07 CO 01 T. 2.022; fue firmado por Pedro Servando Delgado Gamboa en su calidad de Director General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y por las empresas ICA, Alstom y Carso.

En mérito de lo anterior y con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 44, lo siguiente: la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto siendo el Senado de la República parte de los poderes de la unión, consideramos necesario intervenir respecto a la problemática derivada de la suspensión en más del 50% de las estaciones de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, sin duda el sistema de transporte más emblemático e importante del país.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, dispone que los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. Tal y como es el caso del presente instrumento parlamentario.

TERCERO.- Que al haber recibido el Gobierno del Distrito Federal recursos federales, así como del Fondo Metropolitano y del de Infraestructura para los Estados, se considera pertinente se informe a esta soberanía sobre las acciones que se están llevando a cabo para solucionar la problemática derivada del cierre en 11 de las 20 estaciones de la línea 12 del Metro.

CUARTO.- Que dada la posible comisión de los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Ejercicio Abusivo de Funciones, y Ejercicio Indebido de Servicio Público, todos contenidos en el Código Penal Federal, estimamos pertinente se informe a esta soberanía sobre las acciones emprendidas con el objeto de deslindar responsabilidades contra quien resulte responsable.

QUINTO.- Que se estima conveniente la presencia del Jefe de Gobierno del distrito Federal, ante esta Soberanía con el objeto de que informar sobre presuntas irregularidades en las que incurrieron servidores público de esa administración pública, ante las Comisiones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ACUDA A ESTA SOBERANIA A RENDIR UN INFORME EN TORNO A LA SITUACION QUE ENFRENTA LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

Dado en el salón de sesiones, a 19 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez”.






De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita se realicen diversas investigaciones relacionadas con las fallas y desperfectos que originaron la suspensión del servicio de la Línea 12 o Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR SE REALICEN DIVERSAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LAS FALLAS Y DESPERFECTOS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DEL SERVICIO DE LA LINEA 12 O LINEA DORADA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

 “La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR SE REALICEN DIVERSAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LAS FALLAS Y DESPERFECTOS QUE ORIGINARON LA SUSPENSION DEL SERVICIO DE LA LINEA 12 O LINEA DORADA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. A mediados del año 2008, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, anunció que se iniciaría con los trabajos de planeación para la construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el argumento de mejorar el sistema de transporte, hoy podemos asegurar que está sucediendo todo lo contrario.

2. Desde la planeación del proyecto de la Línea 12 se generó inconformidad y desconfianza, ya que cuando se anunció el proyecto se previó una inversión de 13 mil millones de pesos, cifra que posteriormente se modificó e incrementó a 17 mil 500 millones, no obstante, se previó un incremento que ascendería a una cifra total de 19 mil millones de pesos. La realidad hoy es distinta, pues es del conocimiento público que la obra alcanzó un costo superior a los 24,500 millones de pesos, incluso algunos medios de información manejan una cifra que sobre pasa los 26 mil millones de pesos.

3. Es importante recalcar que la puesta en marcha para la construcción de la llamada “Línea Dorada”, fue objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, en primera instancia por el incremento en el presupuesto para su desarrollo, y en segundo lugar, por la opacidad y falta de transparencia con que se desarrolló el proyecto, ya que, cuando se solicitó información relativa a al ejercicio del presupuesto, nombre de la empresa contratista, avances de la obra, entre otros cuestionamientos, nunca se obtuvo respuesta favorable, hoy los hechos nos dan la respuesta a tal negativa.

4. Ante tales circunstancias, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, V Legislatura, con fecha 10 de marzo del año 2010, un punto de acuerdo mediante el cual se propuso la creación de una Comisión de Investigación para la fiscalización del proyecto de la Línea 12 del Metro, desafortunadamente el punto de acuerdo fue desechado por la mayoría de ese Organo Legislativo.

De haberse creado tal Comisión, probablemente se habría evitado parte de los grandes problemas que está generando la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12.

5. En un hecho histórico para la Ciudad de México, sobre todo para los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, jamás durante los casi 45 años de vida de este medio de transporte se ocasionó un caos y colapso de tal magnitud como el que hoy se registra a consecuencia de la suspensión del servicio en más de la mitad de las estaciones de esa nueva línea, a tan solo 18 meses de haberse inaugurado.

No le basta, al Gobierno del Distrito Federal, con las afectaciones que se ocasionaron a los ciudadanos durante los cuatro años que duraron los trabajos para la construcción de esa línea, sino que el día martes se anunció que durante 6 meses se dejará de prestar el servicio argumentando ondulaciones y 4,800 durmientes defectuosos, en pocas palabras por miles de defectos que tendrán que subsanarse durante ese tiempo.

6. No olvidemos que desde los primeros días de operación, la cual tuvo un retraso de 6 meses, se detectaron cientos de fallas, tanto que el 14 de mayo de 2013, el Director del Sistema de Trasporte Colectivo, Joel Ortega, reconoció que durante los primeros 6 meses de operación se habían detectado al menos 11 mil fallas. Es decir, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios pues pudo haberse ocasionado una tragedia en cualquier momento.

7. Dato curioso, el pasado 30 de octubre de 2013 venció la garantía para cubrir cualquier deficiencia de la línea dorada, y los gastos para reparar las múltiples deficiencias de la infraestructura de dicha línea correrán a cargo del Gobierno del Distrito Federal y del erario.

8. Es importante señalar que los daños ocasionados por las irregularidades detectadas en la Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que han obligado a autoridades del Distrito Federal a suspender el servicio, traerá como consecuencia gastos extras para la reparación, renta de autobuses para la prestación del servicio gratuito a los usuarios afectados, estudios de evaluación y la pérdida de ingresos con motivo de la suspensión del servicios, cantidad que podría ascender a 944,062 millones de pesos.

Ante la incapacidad y falta de argumentos convincentes, tanto del Gobierno del Distrito Federal, como de las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por evitar el caos que está generando la suspensión del servicio en la línea dorada, ya se encuentran buscando culpables, señalamientos que sólo exhiben aún más la falta de responsabilidad y seriedad de dichas autoridades ante un problema de tal magnitud.

De acuerdo con datos recabados por diversos medios de comunicación, el contrato para la construcción de la línea 12, 8.07 CO 01 T. 2.022; fue firmado por Pedro Servando Delgado Gamboa en su calidad de Director General de Obras para el Transporte de la Secretaría de Obras y por las empresas ICA, Alstom y Carso.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 4º, lo siguiente: la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto siendo el Senado de la República parte de los poderes de la unión, consideramos necesario intervenir respecto a la problemática derivada de la suspensión en más del 50% de las estaciones de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, dispone que los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. Tal y como es el caso del presente instrumento parlamentario.

TERCERO.- Que artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, establece que la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, cuenta con atribuciones para; verificar y evaluar la aplicación de fondos federales transferidos a los estados y municipios, al Distrito Federal y sus órganos político-administrativos, a cuyo efecto podrá ordenar y realizar auditorías y revisiones.

De igual forma, la fracción II del artículo citado, dispone que la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, cuenta con facultades para establecer los sistemas de control y seguimiento de las auditorías y revisiones que se realicen a los recursos federales transferidos a los estados y municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos.

CUARTO.- Que al haber recibido el Gobierno del Distrito Federal recursos federales, así como del Fondo Metropolitano y del de Infraestructura para los Estados, se considera pertinente que la Secretaría de la Función Pública, ordene una auditoría con el objeto de verificar el uso y destino de los fondos y recursos federales destinados al Distrito Federal, para la ejecución de la línea 12 del Metro.

QUINTO.- Que dada la posible comisión del delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, contenido en el artículo 217 del Código Penal Federal, y toda vez que pudieron haberse afectado el patrimonio de la Federación, se considera pertinente exhortar al Procurador General de la República, se inicie de oficio la denuncia penal correspondiente respecto a los hechos narrados en el presente instrumento parlamentario.

SEXTO.- Que dada la problemática derivada de la suspensión la mayor parte de las estaciones de la línea 12 del metro, se estima conveniente exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin contemplar la creación de una Comisión Investigación, para avocarse a la investigación de todo lo relacionado con los posibles actos de corrupción en la ejecución del proyecto de la línea 12 del metro.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República, solicita a la Secretaría de la Función Pública, ordene una auditoría, respecto a los recursos y fondos federales transferidos al Distrito Federal, para la construcción de la Línea 12 del Metro “Línea Dorada”.

SEGUNDO.- Se exhorta al Procurador General de la República, a fin de que se inicie una investigación de oficio respecto a la posible comisión de los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Ejercicio Abusivo de Funciones, y Ejercicio Indebido de Servicio Público, todos contenidos en el Código Penal Federal, respecto al proyecto de la Línea 12 del Metro “Línea Dorada”.

TERCERO.- Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en uso de sus facultades y atribuciones, ordene la creación de una Comisión de Investigación, con el objeto de indagar las múltiples irregularidades detectadas en la Línea 12 del Metro.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2014

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez”.






Del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar de manera coordinada una campaña nacional a fin de evitar el uso de teléfonos celulares por parte de conductores de vehículos. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE LA DEPENDENCIA A SU CARGO IMPLEMENTE DE MANERA COORDINADA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS UNA CAMPAÑA NACIONAL A FIN DE EVITAR EL USO DE TELEFONOS CELULARES POR PARTE DE CONDUCTORES DE VEHICULOS.

“El suscrito Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República presento ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La pérdida de una vida, del patrimonio, así como el daño social que producen los accidentes viales no deberían de ser cuestiones inevitables, es necesario reconocer y promover el hecho de que las lesiones causadas por accidentes de tráfico, principalmente de vehículos motorizados, pueden evitarse.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período comprendido del año 2011 al año 2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”1, con el objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.

Múltiples son los factores que aumentan el riesgo de las lesiones, como lo son la velocidad inadecuada o excesiva, la falta de uso de cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños, la conducción en estado de ebriedad, la falta de uso de cascos protectores por quienes conducen vehículos motorizados de dos ruedas, una infraestructura vial mal diseñada o insuficientemente mantenida, vehículos viejos, mal conservados o que no cuentan con dispositivos de seguridad y recientemente un incremento sin precedentes en el uso del teléfono celular lo cual ha generado la irresponsable acción de hacer uso del mismo mientras se conduce un vehículo.

De acuerdo con un estudio de Competitive Intelligence Unit (The CIU)2, En nuestro país se contabilizan más de 101 millones 339,000 teléfonos celulares; podemos afirmar que prácticamente la mayoría de los ciudadanos contamos con un equipo de telefonía móvil lo cual implica estar conectados y en constante contacto a través de este medio.

Aunado a esto, desde la aparición e impresionante proliferación de los llamados “smartphones”, los servicios de mensajería instantánea se han convertido en una importante herramienta para establecer contacto e intercambiar información, sin embargo somos testigos día a día del uso irresponsable de estas herramientas al apreciar en las calles y autopistas de nuestro país que los conductores prefieren fijar su mirada en la pantalla de estos dispositivos antes que estar atentos a los imprevistos del camino, aun sabiendo que la utilización de celulares y dispositivos móviles durante la conducción de vehículos, aumenta la frecuencia de accidentes de tránsito al actuar como un distractor para los conductores.

De acuerdo a un estudio implementado por el Observatorio Nacional de Lesiones , del 2006 a 2011 los accidentes de vehículos ocuparon la sexta causa de muerte en nuestro país y de manera conjunta con los homicidios, los accidentes de tránsito son dos de las principales diez causas de muerte en México y, en conjunto con los suicidios, son  las tres primeras causas de muerte  en población joven.

Es importante resaltar de igual forma, que nuestro país se encuentra entre los 10 países donde se da lugar el mayor número de muertes por accidentes de tránsito, ocurriendo alrededor de 16 mil decesos al año, pero el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) calcula que, debido a las deficiencias en la recopilación de información, la cifra podría ascender, en realidad, a unas 24 mil muertes.

Es difícil estimar el porcentaje real de siniestros que pudieran evitarse si los conductores adquiriéramos una cultura de prevención y respeto a nuestra propia vida y la de los demás, sin embargo, un hecho es innegable: el uso de un teléfono celular durante el tráfico afecta de forma de manera considerable la pericia y reacción de los conductores de vehículos que circulan en las ciudades y autopistas de nuestro país, por tal motivo, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente:

ProposiciOn con Punto de Acuerdo

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implemente de manera coordinada con las entidades federativas, una campaña nacional a fin de evitar el uso de teléfonos celulares por parte de conductores de vehículos.

Sen. Miguel Romo Medina”.

1 https://www.un.org/es/roadsafety/index.shtml

2 http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2013/07/02/mexico-rebasa-100-millones-celulares

http://www.cenapra.salud.gob.mx/interior/Pub2013/Perfil_Nacional_Accidentes_Transito.pdf






Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a fin de implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del gabinete turístico, para el ordenamiento y coordinación institucional. Se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE TURISMO (SECTUR) Y DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), A COORDINAR ACCIONES CON LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO), A FIN DE  IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE TRABAJO EN EL SENO DE LA MESA DEL GABINETE TURISTICO PARA EL ORDENAMIENTO Y COORDINACION INSTITUCIONAL, CON EL PROPOSITO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LOS GOBIERNOS DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAIS, Y PARA QUE LOS OBJETIVOS QUE SE HA PLANTEADO EL GABINETE TURISTICO DEL GOBIERNO FEDERAL, SEAN MAS FRUCTIFEROS Y EQUITATIVOS CON LAS REGIONES DE LA REPUBLICA MEXICANA.

“El que suscribe, Senador RenE JuArez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El turismo representa un motor para generar desarrollo y bienestar social. Sin embargo, es indispensable la planeación en cuanto al ordenamiento turístico del territorio a partir de un enfoque social y ambiental.

Conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas para determinar la zonificación y distribución del aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, resulta indispensable para que exista certeza jurídica en el otorgamiento y tenencia de la tierra.

El ordenamiento territorial es una herramienta de planeación y regulación para el desarrollo turístico de las regiones, ya que implica diversas problemáticas de orden ecológico, económico y social en el territorio, así como las consideraciones que deben hacerse en cuanto al impacto social, territorial y ambiental, con el objetivo de generar las condiciones de sustentabilidad, uso racional de recursos, calidad del paisaje, biodiversidad y un ambiente sano para la población de las comunidades donde se desarrolla esta actividad.

En concordancia con la Agenda 21 de Organización de las Naciones Unidas, de la cual el Estado mexicano es parte, los países han implementado diversos programas para el desarrollo sostenible y la integración del medio ambiente con la dinámica demográfica.

La actividad turística tiene como requisito la necesidad de conservar y cuidar los recursos turísticos y medioambientales. Prueba de ello, son los innumerables documentos que a nivel internacional se han firmado en este sentido:

1. La Convención de París de 1972 firmada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que se levantó la voz internacional en defensa y protección del patrimonio cultural y natural de las naciones.

2. La Carta de Turismo Cultural de la UNESCO, en la que desde el año de 1976 se propuso una serie de actuaciones que tienen que ver con la preservación del patrimonio a partir de la integración de los valores culturales y los objetivos sociales y económicos.

3. La Recomendación de Nairobi de la Conferencia General de la UNESCO efectuada en 1976, en la que se reconoció que el urbanismo y la ordenación del territorio deben tomar en cuenta la riqueza y diversidad de las creaciones culturales, religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguarda y su integración, deben ser consideradas como parte de la vida de la sociedad contemporánea y como fundamento de su identidad.

4. La Declaración de Manila de 1980 sobre Turismo Mundial realizó esfuerzos importantes para esclarecer la naturaleza auténtica del turismo en todos sus aspectos y la responsabilidad que tienen los Estados en esta actividad para el desarrollo económico y social, pero sin descuidar el patrimonio cultural y ambiental de los pueblos y como un elemento fundamental para lograr un clima de paz y seguridad.

La Declaración de Manila dejó de manifiesto que el turismo debe ser utilizado como un instrumento para mejorar la calidad de vida de todos los pueblos, de conformidad con las exigencias de la dignidad humana.

5. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro en 1992, en la cual se reconoció a los seres humanos como el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.

En este sentido, se planteó que los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra a través de sus legislaciones nacionales, con el objetivo de impedir la degradación del medio ambiente.

Asimismo, obliga a los Estados parte a considerar en todo momento la identidad, cultura e intereses de los pueblos, a fin de garantizar su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. 

Es de destacar que a lo largo de las últimas cuatro décadas la UNESCO y la Organización Mundial de Turismo (OMT), han colaborado intensamente para garantizar políticas públicas que protejan el patrimonio de los posibles efectos negativos del turismo, así como para adoptar las medidas necesarias a través de las estructuras administrativas de los gobiernos para informar y concientizar a los turistas.

En sintonía con estos propósitos adoptados a nivel mundial, nuestro país ha desarrollado la Agenda 21 Mexicana, cuyo objetivo principal es generar lineamientos para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del país, así como un programa de turismo sustentable.

En este orden de ideas, el pasado 14 de enero la Secretaría de Turismo (SECTUR)instaló la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el propósito de instrumentar el programa de Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT).

Esta política incluye además el enfoque social y ambiental como parte de la planeación estratégica sectorial para mejorar la calidad del desarrollo turístico, mantener las condiciones ambientales, así como para dar certeza jurídica a los pobladores de esas regiones en cuanto al proceso de otorgamiento, tenencia de la tierra y aprovechamiento de los recursos turísticos como una fuente de ingreso para mejorar su calidad de vida.

En esta mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, se conjuntan esfuerzos de las secretarías de Turismo (SECTUR), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Hacienda y Crédito Público (SHCP)y Comunicaciones y Transportes (SCT).

La Secretaría de Turismo (SECTUR) dio a conocer que para lograr una política eficiente de ordenamiento turístico del territorio, se contemplan los siguientes propósitos:

• Instrumentar el programa de ordenamiento turístico del territorio (OTT), con enfoque social y ambiental.

• Conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad a las normas jurídicas aplicables.

• Dar certeza jurídica a los procesos de otorgamiento y tenencia de la tierra, así como determinar la zonificación y distribución de los usos de suelo en el país, y

• Que el turismo se signifique como un motor para generar desarrollo y bienestar social.

Hasta ahora, la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, se ha instalado en 6 estados y se espera que en mayo del presente año se instale en el resto del país a través de los consejos estatales de ordenamiento territorial.

Cada región del país tiene características y necesidades particulares, pero también, sus propias potencialidades turísticas para detonar el crecimiento económico, de ahí que la planificación y el ordenamiento del territorio requieran de estrategias específicas por parte de los diferentes órdenes de gobierno para el diseño de una política turística integral en nuestro país.

Es necesario por tanto, realizar una clasificación para poder conocer los recursos turísticos con los que se cuentan. Esto supone:

a) Conocer el estado del patrimonio turístico.

b) Cuantificar y calificar los recursos.

c) Conocer la problemática asociada a cada recurso.

d) Adoptar medidas de protección y ordenación territorial de los recursos.

e) Establecer jerarquía y prioridades en los recursos existentes.

Es en este sentido, que esta proposición con punto de acuerdo busca impulsar una política de coordinación entre el Gobierno Federal a través de las secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y sus comisiones de Turismo, Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Medio Ambiente, a efecto de implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el objetivo de incentivar la participación con los gobiernos de todas las entidades federativas del país, y que los objetivos que se ha planteado el gabinete turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo:

Unico.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores (cONAGO) a través de sus comisiones de Turismo, Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Medio Ambiente, para implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el propósito de incentivar la participación de los gobiernos de todas las entidades federativas del país, y para que los objetivos que se ha planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.






También les informo que las efemérides inscritas en nuestra agenda se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera.

“76 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA
18 de marzo de 2014.

La lucha del pueblo de México por su soberanía y un desarrollo con equidad y justicia, tiene como uno de sus hechos más relevantes: la Expropiación Petrolera del 18 de marzo de 1938.

La visión patriótica y de futuro del general Lázaro Cárdenas a la par del amplio apoyo popular hicieron posible una gesta de tales dimensiones y trascendencia histórica. Nuestro país hizo valer el espíritu y la letra de la Constitución de 1917 y la gesta revolucionaria para enfrentar a los grandes intereses de las compañías petroleras inglesas y norteamericanas, a sus gobiernos, su política de boicot y chantaje a nuestro país, y así recuperar la riqueza del petróleo para el desarrollo nacional.

Fue una decisión nacionalista, fue una decisión antiimperialista que hasta el día de hoy está claramente grabada en la conciencia nacional; que nos motiva y nos inspira para ratificar a 76 años nuestro compromiso de lucha en la defensa de PEMEX, de nuestro petróleo, esto es, de nuestra soberanía económica y política como país.

Porfirio Díaz en 1909 modificó las leyes para entregar la propiedad de los hidrocarburos a los particulares. Con la fracción IV del artículo 27 de la Constitución de 1917 se recuperaron los depósitos petroleros para la nación. Fueron poco más de 20 años de tensiones, amenazas y presiones de los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos de América hacia el gobierno mexicano para evitar la aplicación de este artículo y el rescate del país de su riqueza petrolera.

El conflicto laboral entre los trabajadores petroleros y las compañías extranjeras en 1937, y el desacato de estas empresas a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los trabajadores, sirvieron de catalizador para que el gobierno encabezado por el general Lázaro Cárdenas del Río tomara la decisión histórica de decretar la expropiación petrolera que hoy conmemoramos.

La expropiación concitó de inmediato un amplio apoyo popular expresado por más de 250 mil personas el 23 de marzo de 1938 en el zócalo de la Ciudad de México; en los aportes económicos y en especie de miles de ciudadanos para cubrir las indemnizaciones; en el trabajo y compromiso de los trabajadores y técnicos para hacer frente al boicot de las grandes petroleras y sus gobiernos imperiales. En esa lógica el 7 de junio de 1938 se crea Petróleos Mexicanos (PEMEX). Todo ello es parte de nuestra historia, de nuestra herencia, de nuestro acicate para no claudicar y ratificar nuestra vocación de lucha y rescate de la soberanía nacional.

A pesar de una política inconsistente y en muchos casos antinacional por parte de los gobiernos en turno, en estos 76 años PEMEX se ha consolidado como la columna vertebral del desarrollo nacional y en una de las empresas petroleras más importantes del mundo. PEMEX es la tercera petrolera mundial por el volumen de su producción y la décima primera como empresa integrada.

Las ventas de PEMEX equivalen al 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, equivalen al 15 por ciento de las exportaciones nacionales y representa el 37 por ciento de los ingresos del sector público.

La colindancia con los Estados Unidos de América (EUA) ha significado siempre un reto y un gran problema para el país, en especial, en el tema del petróleo. Esto ha sometido al país a múltiples presiones externas por parte del gobierno norteamericano y de las grandes trasnacionales. El 80 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo mexicano se van a dicho país, que en gran medida considera al petróleo mexicano como parte de su reserva estratégica. El país que es la principal potencia imperialista del mundo y principal consumidor de energía.

La corrupción institucionalizada, el modelo de gestión y el régimen fiscal de la empresa han deteriorado la gestión de PEMEX, lo que ha servido de pretexto para impulsar desde hace varios sexenios las estrategias privatizadoras que hoy tienen como colofón la reforma constitucional y la próxima aprobación de las leyes secundarias en la materia.

Una errática política energética y una mala administración han provocado una caída de la producción nacional de crudo que pasó de la extracción de 3.4 millones de barriles diarios en 2005 a 2.5 millones de barriles en 2012.

Las importaciones de petrolíferos, petroquímicos y gas natural se han incrementado en un 86 por ciento entre 2007 y 2011, al pasar de 15 mil 800  a 29 mil 400 millones de dólares en el este periodo, debido al desmantelamiento de la petroquímica y las refinarías del país.

En el caso particular de las gasolinas se ha incrementado la importación en un 17 por ciento entre el año 2000 y 2013, al pasar de 90 600 barriles diarios a 358 mil 700 barriles en este periodo. Hoy se importa en promedia el 45 por ciento del consumo nacional de gasolinas.

La imposición en el país de la globalización neoliberal desde inicios de los años 80 del siglo pasado ha significado ha significado una apertura indiscriminada de nuestra economía y privatizaciones. PEMEX no ha estado exenta de tales presiones por parte de los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos; la reacción de los gobiernos priístas y panistas ha sido el sometimiento, avanzar en la privatización de la empresa y en la entrega de la renta petrolera a las grandes trasnacionales.

Esa ha sido la conducta de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto. Zedillo dejó en prenda nuestro petróleo para garantizarle al gobierno norteamericano el préstamo de 20 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis de 1995; firmó las cartas de intención para privatizar el sector eléctrico e impulsar el esquema de los PIDIREGAS para promover la inversión privada en el sector energético.

Fox y Calderón impulsaron los contratos de servicios y de riesgo modificando las leyes secundarias en violación a la Constitución. Hoy Peña Nieto, el PRI y el PAN, pretenden culminar esa ruta privatizadora y entreguista con las reformas constitucionales de diciembre pasado y las leyes secundarias que están en curso.

La contrarreforma energética de Peña Nieto permite la privatización de las actividades de exploración y explotación de crudo, poniendo en riesgo la renta petrolera. El contenido de la Reforma Energética permite la privatización de las actividades de exploración y explotación de crudo, poniendo en riesgo la renta petrolera. Además, en las actividades de industrialización de crudo y gas, así como transporte de hidrocarburos permite la privatización de activos y actividades que antes eran reservadas al Estado.

Una parte muy importante de la renta petrolera pasará a manos privadas y pondrá en riesgo del 35 al 40 por ciento de la recaudación que proviene de PEMEX. El Ejecutivo podrá hacer esta transferencia mediante contratos de utilidad o producción compartida, licencias o cualquier combinación de las anteriores. No existe ninguna limitación en porcentajes de utilidad o producción a compartir ni en cobro mínimo en el caso de licencias. Lo más grave es que ni siquiera se excluyen los yacimientos convencionales, en los que Pemex domina la tecnología y que tienen una altísima rentabilidad y muy bajo riesgo. De estos yacimientos proviene prácticamente el 100% de la renta petrolera.

Todas las actividades y activos de Pemex en las áreas de refinación, petroquímica básica y ductos son sujetas a privatización. El esquema aplicado en Pajaritos, en que Pemex cede la mayoría accionaria y la administración a un privado al “asociarse” con el mismo, puede aplicarse a refinerías, petroquímica básica y ductos. Pemex corre el riesgo de convertirse en un simple proveedor de crudo a terceros, sin agregarle valor. Además, como en el caso de Pajaritos, se pueden transferir activos a terceros en procesos poco transparentes; el riesgo para el patrimonio nacional es de decenas de miles de millones de dólares.

También es importante destacar que la autonomía presupuestal de Pemex no existirá en la práctica, porque queda sujeta al criterio de la Secretaría de Hacienda, que no le va a permitir invertir en todos los proyectos productivos que Pemex pudiera financiar.

La creación de un Fondo Soberano para administrar los ingresos provenientes de un recurso no renovable es una buena idea. Sin embargo, es una medida que no va a tener un impacto importante en el corto plazo porque, dada la dependencia fiscal de los ingresos de Pemex, se irá constituyendo de forma muy gradual.

En fin estamos hablando de una regresión de gran calado. De una regresión histórica de corte conservador y privatizador. Es la liquidación de uno de los principales legados del proceso revolucionario de 1910 y de la Constitución de 1917. Es la negación total de la Expropiación Petrolera de 1938 y del legado del Cardenismo.

La contrarreforma de Peña es, en síntesis, la ruta al “Despeñadero del país”. Es entreguista y privatizadora. Es un gran atraco a la nación y una traición a nuestra historia.

Santa Anna y Porfirio Díaz tienen hoy a sus fieles seguidores. Son inspiración de Peña Nieto y la oligarquía del país. Sin embargo, a nosotros nos inspira y nos motivan el ejemplo de Juárez y los liberales del siglo XIX, Zapata, Villa, los Magonistas y el general Lázaro Cárdenas.

Nos guía también la visión de un México distinto a los dogmas neoliberales, al conservadurismo, al entreguismo y la corrupción. PEMEX y nuestro petróleo deben ser el sustento y la palanca de un desarrollo nacional con soberanía, equidad y justicia.

El PRD tiene propuestas viables, soberanas para rescatar y reformar a PEMEX, todo ello respetando el espíritu y la letra de la Constitución de 1917. Respetando nuestra historia y el legado de la expropiación de 1938.

Respetando la Constitución del 17 se puede cambiar el régimen fiscal de PEMEX, se puede dotar de autonomía de gestión y financiera a la empresa. Respetando la Constitución se debe invertir en el desarrollo de la petroquímica nacional, en refinerías, en investigación y desarrollo tecnológico.

Con decisión y voluntad política se debe acabar con la corrupción en la empresa, se debe terminar el “charrismo sindical” y la antidemocracia.

Con una estrategia clara y soberana México debe dejar de importar gasolinas, gas natural y consolidar su soberanía energética.

Por eso necesitamos ir a fondo en el impulso a la Consulta Popular con relación a las reformas constitucionales. Vamos en una ruta de unidad y convergencia con las visiones democráticas y progresistas del país, la mayoría coincide con nuestra visión y nuestro proyecto. El grueso de las y los mexicanos rechazamos los cambios a la Constitución para privatizar nuestro petróleo y entregar la renta petrolera al extranjero.

La visión política y el nacionalismo del general Cárdenas, junto con el gran apoyo popular, hicieron posible en 1938 rescatar nuestra principal riqueza: el petróleo a favor de la nación.

Hoy una visión congruente, soberana y de futuro. Una visión unitaria sin sectarismos nos permitirá derrotar a los neoliberales y entreguistas de nuestro tiempo.

Tenemos la convicción personal y la confianza en el pueblo de México para ir hacia adelante. Tenemos la razón, nuestra lucha es justa y legítima. Por eso somos optimistas: seremos capaces de echar abajo la contrarreforma. La defensa de PEMEX y el petróleo es la defensa de la nación y del interés popular.

¡Qué viva el 18 de marzo de 1938!

¡Qué viva el general Lázaro Cárdenas del Río!

¡Qué viva la soberanía!

¡Qué viva México!

Sen. Dolores Padierna Luna”.






De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, en conmemoración del aniversario de la Expropiación Petrolera.

“EFEMERIDES EXPROPIACION PETROLERA.

EL 18 DE MARZO DE 1938 EL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO DECRETO LA EXPROPIACION PETROLERA, MEDIANTE LA CUAL LA RIQUEZA PETROLERA QUE EXPLOTABAN LAS COMPAÑIAS EXTRANJERAS, SE VOLVIA PROPIEDAD DE LA NACION MEXICANA.

LA HISTORIA DE LA EXPLOTACION EXTRANJERA DE  NUESTROS RECURSOS ENERGETICOS INICIA CASI DESDE LA  PERFORACION  EN EL ESTADO DE TABASCO, DEL PRIMER POZO EN 1862.- DURANTE EL IMPERIO DE MAXIMILANO DE AUSBURGO SE EMITIO UN DECRETO QUE PERMITIA LA EXPLOTACION DEL PETROLEO EN MEXICO, SIEMPRE Y CUANDO SE HICIERA CON LA ANUENCIA DEL GOBIERNO, OTORGANDO 38 CONCESIONES A PARTICULARES.

BAJO EL REGIMEN DEL PORFIRATO EN 1886 SE INICIA EN VERCRUZ LA OPERACION DE LA EMPRESA EL AGUILA Y DE WATERPIERECEOILCOMPANY, SUBSIDIARIA DE LA STANDARD OILCOMPANY, Y MAS TARDE  POR DIVERSAS COPAÑIAS EN SAN LUIS POTOSI, LA REFINERIA DE RIO PANUCO, EN TAMPICO TAMAULIPAS Y EN EBANO SAN LUIS POTOSI.

EN 1901 BAJO EL GOBIERNO DE PORFIRIO DIAZ SE EXPIDE LA LEY DEL PETROLEO Y DENTRO DE LOS PRIVILEGIOS A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS SE LES EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO DE EXPORTACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EXPLOTACION DEL PETROLEO, SE LIBERA DE GRAVAMENES A LOS CAPITALES INVERTIDOS POR UN PERIODO DE 10 AÑOS Y SE LES PERMITE LA COMPRA DE TERRENOS NACIONALES A PRECIO DE BALDIOS, INCLUYENDO UN DERECHO DE PASO POR TERRENOS DE PARTICULARES Y UNA PROTECCION PERIMETRAL DE 3 KILOMETROS EN TORNO  A LA UBICACION DE LOS POZOS PETROLEROS, CONSTITUYENDO NO SOLAMENTE UNA ENTREGA DE NUESTROS SUBSUELO, SINO DE NUESTRO TERRITORIO.

SIENDO PRESIDENTE DON FRANCISO I MADERO SE TRATO DE IMPONER A TRAVES DE LA LEY DEL TIMBRE, UN GRAVAMEN DE 20 CENTAVOS POR TONELADA PRODUCIDA DE PETROLEO, ES DECIR, 20 CENTAVOS POR BARRIL, DISPOSICION QUE DE INMEDIATO FUE REPUDIADA POR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS, MANIFESTANDO QUE ERA SUPERIOR AL QUE PAGABAN EN LOS ESTADOS UNIDOS, EL PRESIDENTE MADERO ADEMAS ORDENO QUE LAS EMPERESASDECLARESEN EL VALOR DE SUS PROPIEDADES, PUES NO SE CONOCIA EL VOLUMEN DE LOS EMBARQUES QUE EXPORTABAN.

LAS EMPRESAS PIDIERON A SUS GOBIERNOS QUE REALIZARAN UNA PROTESTA DIPLOMATICA, EL TRISTEMENTE FAMOSO EMBAJADOR HENRY LANE WILSON Y EL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO APOYARON SU PROOPUESTA FAVORECIENDO PRONCIPALMENTE A LA STANDARD OILCOMPANY.

COMO REULTADO DE ESTA PRESION EL GRAVAMEN FUE APLAZADO Y NO LLEGO A APLICARSE POR EL MOVIMIENTO DE VICTORIANO HUERTA QUE CULMINO EN LA DECENA TRAGICA, APOYADO CON LA COLABORACION DE DICHO EMBAJADOR, QUIEN  PROPICIABA UNA INTERVENCION POLITICA EXTRANJERA EN NUESTRO PAIS.

EN 1914 VENUSTIANO CARRANZA, TRATO DE IMPONER A SU VEZ UN GRAVAMEN A LA EXPORTACION DE PETROLEO MEDIANTE UN DECRETO QUE FIJABA UN IMPUESTO DE BARRA DE 10 CENTAVOS POR TONELADA DE PETROLEO SOLICITANDO UN AVALUO DE LAS INSTALACIONES DE LAS EMPRESAS, LAS QUE BAJO PROTESTA PAGARON EL IMPUESTO Y SE NEGARON A DAR LA INFORMACION SOLICITADA.

EL 15 DE MARZO DE 1915 UN GRUPO DE ABOGADOS E INGENIEROS COORDINADOS POR EL ENTONCES GOBERNADOR DE VERACRUZ, CANDIDO AGUILAR CREARON UNA COMISION TECNICA DEL PETROLEO Y UN AÑO MAS TARDE PERESENTARON UN INFORME SEÑALANDO LA NECESIDAD DE RESTITUIR A LA NACION LA RIQUEZA DEL SUBSUELO, LA QUE HABIA SIDO CEDIDA LIBREMENTE DURANTE EL PROFIRIATO.

DURANTE EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE 1917 EN LA REDACCION DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL SE OBTUVO LA COLABORACION DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, FANCISCO J. MUGICA Y DE PASTOR ROUX, EN LA QUE SE SEÑALO QUE EL DOMINIO DEL SUELO PODIA TRANSMITIRSE, PERO EL SUBSUELO Y SU RIQUEZA PERTENECIA EN FORMA INALIENABLE, IMPRESCRITIBLE A LA NACION, LA QUE PODIA OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION.

MEDIANTE PRESIONES DIPLOMATICAS Y AMENAZAS DE INVASION MILITAR, ASI COMO DE RECURSOS JURIDICOS LOGRARON LAS EMPRESAS EXTRANJERAS IMPEDIR SU APLICACION ARGUMENTANDO LA IRRETROACTIBILIDAD DE LA LEY., PROPONIAN INCLUSIVE LA DEROGACION DE VARIOS ARTICULOS CONSTITUCIONALES, LLEGANDO AL EXTREMO DE PROPONER UNA OCUPACION MILITAR Y LA CREACION DE UNA REPUBLICA INDEPENDIENTE CON LOS TERRITORIOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHILA, NUEVO LEON, SONORA, TAMAULIPAS Y EL NORTE DE VERACRUZ.

EN 1934 SE CREA LA EMPRESA PETROLEOS MEXICANOS. S.A. PETROMEX CUYA FUNCION ERA COMPETIR CON LAS EMPRESAS TRASNACIONALES EN EL MERCADO INTERNO, PARA EXPLORAR, EXPLOTAR, VENDER Y DISTRIBUIR EL PTEROLEOS Y SUS DERIVADIS PARA REDUCIR SU PRECIO Y ASGURAR EL ABASTO EN EL PAIS.

EL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO REALIZO UNA ALIANZA CON EL MOVIMIENTO OBRERO, QUE EXIGIA MEJORES CONDICIONES DE VIDA, IMPULSANDO LA CREACION DE UNA CENTRAL OBRERA, YA QUE EN ESA EPOCA HABIA TANTOS SINDICATOS COMO EMPRESAS, POR LO QUE EL SALARIO Y PRESTACIONES VARIAN EN CADA UNA DE ELLAS.

A PESAR DE LA RENUENCIA DE LAS EMPRESA PETROLERAS EL 15 DE AGOSTO DE 1935 LOS OBREROS SE UINIFICABAN EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA, PARA DEFENDER SUS INTERESES MEDIANTE LA FIRMA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, INICIANDO SUS NEGOCIACIONES EN 1936 SIN LOGRAR UN ACUERDO.

LAS NEGOCIACIONES NO LOGRABAN NINGUN ACUERDO, LOS OBREROS DEMANDABAN ADEMAS UNA JORNADA DE 40 HORAS SEMANALES, EL PAGO DE SALARIOS COMPLETOS POR ENFERMEDAD Y 65 MILLONES DE PESOS PARA EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES, LAS EMPRESAS SE NEGARON A FIRMAR Y OFRECIAN SOLAMENTE 14 MILLONES DE PESOS, EL SINDICATO EMPLAZO A HUELGA, LA QUE ESTALLO EL 28 DE MAYO DE 1937.

EL PRESIDENTE TRATO DE NEGOCIAR CON LAS EMPRESAS EXTRANJERAS QUE SE REHUSARON PARA NO SENTAR UN PRECEDENTE, CUANDO SE ENTERARON DE LA DETERMINACION DE EXPROPIAR QUISIERON NEGOCIAR, PERO LA DETERMINACION YA ESTABA TOMADA.

EL 18 DE MARZO DE 1938 EN UN DISCURSO A LA NACION DECLARO LA EXPROPIACION MEDIANTE LA CUAL LA RIQUEZA PRTROLERA QUE EXPLOTABAN LAS EMPRESAS EXTRANJERAS SE VOLVIA PROPIEDAD DE LA NACION, LA QUE ERA UNA DE LAS IDEAS DE LA REVOLUCION MEXICANA DISPUESTA EN EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL,

SERIA LARGO ENUMERAR LA REACCION DE LAS EMPRESAS Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ANTE ESTA DECLARATORIA, BASTE SEÑALAR EMBARGOS DE BIENES Y EQUIPOS, EL BOICOT EN CONTRA DEL EMBARGO, LA SUSPENSION DE COMPRA DE NUESTRA PLATA, LA NEGATIVA A VENDERNOS SUMINISTROS INDISPENSABLES ETC. NO OBSTANTE A TRAVES DEL TIEMPO LA NECESIDAD DE NUESTRO PEETROLEO CAMBIO ESTA SITUACION, PERMITIENDO LA CONSOLIDACION DE NUESTRA EXPROPIACION Y EL DOMINIO DE LA NACION SOBRE NUESTROS RECURSOS ENERGETICOS”.






Del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera.

“conmemoraciOn del SETENTA Y SEIS ANIVERSARIO
DE la expropiación petrolera,
18 de marzo de 1938.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, nos unimos a la conmemoración del septuagésimo sexto aniversario de la Expropiación Petrolera, hecho que por su trascendencia fue crucial para la consolidación del Estado Mexicano.

En el marco de esta celebración, reconocemos a las mujeres y hombres que hicieron posible el éxito de tan magno acontecimiento, a todos ellos nuestro respeto y admiración.

Sin duda, es un suceso de dimensiones mayúsculas en el cual queda de manifiesto la determinación, el compromiso con México y la visión del General Lázaro Cárdenas del Río, de que los recursos del subsuelo eran fundamentales para el desarrollo y progreso nacional.

Hoy, es oportuno mirar en retrospectiva y recordar el contexto en que se dio la Expropiación Petrolera. Debemos remontarnos a las condiciones políticas y económicas que imperaban en el sector petrolero en las primeras décadas del siglo XX, debido a las deplorables condiciones de trabajo que había en la industria petrolera, el Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros formuló un proyecto de contrato general de trabajo y emplazó a huelga para exigir su cumplimiento, de esta manera el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga. Una de las exigencias del pliego petitorio sería que las compañías debían pagar los salarios caídos, elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Ante el fallo, el General Lázaro Cárdenas fungió como mediador entre el sindicato y empresarios, sin embargo, no fue posible que llegarán a un acuerdo por lo que en 1938, decretó la expropiación de la industria petrolera para reorganizar, concentrar y coordinar la industria nacionalizada, posteriormente el 7 de junio se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, así como la Distribuidora de Petróleos Mexicanos.

De esta manera se dio un paso importante en el sector petrolero de nuestro país. Con la creación de Pemex inició una historia de grandes éxitos, de desarrollo y prosperidad para todos los mexicanos.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos conscientes que desde entonces y hasta nuestros días, los frutos de esa lucha representan la principal fuente de recursos para el Estado mexicano.

La situación actual, el avance tecnológico y la globalización hacían impostergable una reforma profunda en el sector para que la industria petrolera continuara siendo pilar del desarrollo de nuestro país.

En este sentido, con la Reforma Energética aprobada en 2013, dimos un gran paso hacia la modernización del sector, un cambio institucional que nos permite responder a las exigencias del siglo XXI y que nos permitirá ser más eficientes y competitivos a nivel mundial.

Enfrentamos los desafíos del sector energético tal como lo hiciera el Presidente Cárdenas hace 76 años. Con la misma determinación que él, hemos atendido con responsabilidad a nuestro llamado histórico, pues con la Reforma Energética vamos a aprovechar nuestros bastos recursos naturales y ponerlos al servicio y bienestar de toda la sociedad.

El panorama actual del sector en México se caracteriza por tener paradojas y grandes retos, pues a pesar de contar con grandes riquezas naturales no hemos sido capaces de explotarlos por completo, por ejemplo:

• Producimos menos petróleo y gas natural, pese a que la inversión pública en estos rubros ha incrementado durante los últimos 15 años.

• En el caso del gas natural, hoy la producción en el país es insuficiente para abastecer el mercado interno, se importa casi un tercio del consumo.

• Las facturas de electricidad en el país son en promedio 25% más caras que las de nuestro principal socio comercial.

• Hay rezago de inversión en la red nacional de transmisión eléctrica, 47% de las líneas de transmisión tienen más de 30 años de antigüedad.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto que la modernización del sector era impostergable por lo que reitero, estamos en el rumbo correcto.

Compañeras y compañeros legisladores

La celebración de la Expropiación Petrolera nos convoca a sumar esfuerzos para que la producción de hidrocarburos y de energía permita acelerar el crecimiento del país.

Por imperio de ley, pero sobre todo, por cultura, identidad y soberanía nacional, el petróleo le pertenece y seguirá perteneciendo a los mexicanos, que nadie tenga duda de eso.

Hoy, requerimos que el sector petrolero de nuestro país vuelva a posicionarse a nivel mundial y regrese a los primeros planos, por ello, hago el respetuoso pero también enérgico llamado a que juntos continuemos enalteciendo los ideales que motivaron tan importante acontecimiento.

Por su atención muchas gracias

Es cuanto, senador Presidente”.






Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al 18 de marzo, 76 aniversario de la entrega de los recursos energéticos a la nación mexicana, por parte del Presidente General Lázaro Cárdenas del Río.

“LXXVI ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS
ENERGETICOS A LA NACION MEXICANA POR PARTE DEL
PRESIDENTE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO

18 DE MARZO DE 1936
(ANTERIORMENTE ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA)

Con la venia de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros legisladores:

Pueblo de México:

Hoy, a 76 años, que desde Palacio Nacional, el Presidente General Lázaro Cárdenas del Río, anunció la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en favor del pueblo de México, recordamos con profundo sentimiento uno de los eventos más relevantes de la vida económica, política y social del país.

México no se encuentra en condiciones de festejar la conmemoración de dicho acto histórico. La reforma constitucional en materia energética -recientemente aprobada-, abre las puertas para entregar los recursos energéticos de nuestro país al manejo de empresas privadas que gozarán de privilegios para operar y contribuir con poco a la sociedad mexicana.

En el Grupo Parlamentario del PRD reafirmamos nuestra convicción de que no se debió deshonrar a nuestra Constitución Política Mexicana con la aprobación de artículos tan trascendentales para la seguridad y soberanía de la Nación.

Los argumentos vertidos por los impulsores a esta traición a la Patria no son suficientes para construir un México prospero; la prosperidad jamás será vista si nuestra riqueza es administrada y disfrutada por empresas privadas y capital de procedencia extranjera.

Las Mexicanas y Mexicanos tenemos la capacidad suficiente para impulsar el desarrollo de nuestro país, somos nacidos de una raza tenaz y guerrera que con el paso del tiempo ha construido una cultura magnifica y que ha sido violentada por unos cuantos.

¡Es hora de la Nación!, Es tiempo de las nuevas generaciones.

Estamos preparando el proceso constitucional que se establece en el artículo 35 fracción VIII de nuestra Carta Magna, por él que faculta como derechos de los ciudadanos el votar en una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional.

Es por esto y en vista de que los recursos naturales de México son recursos estratégicos que representan nuestra grandiosa riqueza natural, debemos unir nuestro amor por México e impulsar sin descanso una consulta en la que el mandato de la sociedad mexicana dirija efectivamente el rumbo.

Próximamente nos encontraremos analizando la aprobación de las leyes secundarias en la materia, y aunque estamos seguros de que la consulta popular de 2015 será un éxito para la Nación; los legisladores del PRD no descansaremos por integrar propuestas que velen por la seguridad y soberanía de México, que protejan los derechos de los mexicanos a decidir y a administrar lo que por naturaleza es de nosotros. Así mismo seremos severos al analizar temas y procesos que afecten y perjudiquen el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños.

Las mexicanas y mexicanos somos dignos aztecas capaces de continuar construyendo grandes éxitos en diferentes ámbitos; todas y todos tenemos el derecho a ser parte de un México seguro, justo, con empleo, alimentación, educación y salud.

Como legislador federal no desfalleceré por reintegrarle a mi pueblo, lo que les corresponde.

Es cuanto”.






Del Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para referirse al 76 aniversario de la expropiación Petrolera.

PRONUNCIAMIENTO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL 76 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA EN MEXICO.

19 de marzo de 2014
Señoras y señores Senadores:

El acontecimiento que hoy conmemoramos, marcó una imborrable y profunda huella en la historia de México; huella memorable que a la fecha permanece y que fue determinante para el rumbo de la vida democrática y del desarrollo económico pues frente a la presión extranjera, el entonces Presidente Cárdenas nos dio una gran muestra de valor nacional al ejecutar sobre las compañías petroleras extranjeras declaradas en rebeldía, la aplicación irrestricta de la Ley de Expropiación.

Esta acción fue el equivalente a la reafirmación del orden jurídico y sobre todo, la prueba palpable y tangible de la materialización de la soberanía nacional ya que con ello se inauguró una nueva época en el diseño institucional de la industria petrolera y las finanzas de nuestro país; decisión digna y enmarcada en el ejercicio del derecho de todo un pueblo, por ello, no hubo duda en su respaldo por parte de cada mexicana y cada mexicano, pues al final de cuentas la Expropiación Petrolera de 1938 representó el inicio de un largo camino hacia la consolidación de la institución petrolera mexicana.

Los detractores de esta medida no tuvieron la capacidad para pretender ocultar los testimonios de solidaridad en los que miles de personas con independencia de clase social acudieron al llamamiento para donar cualquier posesión valiosa para cubrir el monto de la indemnización; el intento por minimizar esta acción colectiva bajo el argumento de que con ello no se solucionaría el problema, solamente consolidó y grabó en la mente colectiva este hecho como una de las mayores representaciones de voluntad y de confianza de un pueblo para con su gobierno.

Esto no debemos olvidarlo pues esa misma muestra de fuerza colectiva y solidaria por parte de las y los mexicanos del 23 de marzo de 1938, seguramente se verá multiplicada ante la inminente consulta popular que deberá llevarse a cabo para derogar más de una veintena de Artículos Transitorios y la modificación Constitucional que pretende, devolver las cosas al estado que guardaban un día antes de la conmemoración que hoy celebramos.

Por eso existe temor fundado a consultar a la ciudadanía acerca de este tema; quienes actualmente implementan la estrategia entreguista de la industria energética nacional saben que si le preguntan a la gente la respuesta será de un rotundo rechazo; el apoyo que el Ejecutivo Federal recibió por parte del pueblo en 1938 será inversamente proporcional 76 años después.

La historia no nos debe permitir olvidar que en su momento, aun los más críticos conservadores de la expropiación petrolera del 38 han tenido que reconocer que nuestro país, jamás hubiera obtenido un beneficio similar de haber permanecido la industria petrolera en el uso y disfrute de empresas extranjeras.

Y así como en su momento, los detractores de la expropiación petrolera han reconocido los beneficios, estamos convencidos de que, al consolidarse el despojo de la industria petrolero-energética, el tiempo nos dará, lamentablemente y ya tarde, la razón.

Siempre hemos afirmado que somos una generación privilegiada porque a pesar del abuso financiero y operativo en el que la clase gobernante ha comprometido a la industria petrolera, todavía nos encontramos en posibilidades de debatir qué hacer y cómo aprovechar el petróleo de los próximos años, por ello la responsabilidad en la discusión es mayor, pues estamos comprometiendo el futuro energético de las próximas generaciones.

A 76 años de los hechos históricos que dieron pie a la consolidación de la soberanía energética, nuevamente nos encontramos discutiendo su reforma a partir de dos visiones muy claras y totalmente opuestas: la visión de quienes no pueden dejar de ver a la industria petrolera como el eterno cuerno de la abundancia del que saldrán recursos para burócratas o cargas fiscales y que además, alcanza para entregarle a los grandes intereses extranjeros la posibilidad de que también se aprovechen de manera indiscriminada de la industria.

Por otro lado, está la visión progresista y de defensa de la soberanía energética nacional de la izquierda; nosotros siempre hemos considerado que deben darse las reformas estructurales sin dañar irreparablemente modificando la Constitución; hemos afirmado que el motor de crecimiento económico y de industrialización, cuyo manejo responsable y sano que permita garantizar en gran medida la modernización del país transita por las correctas adecuaciones a la normatividad secundaria y no constitucional.

Ante la inminente consulta popular que echará abajo las reformas a la carta magna y con ello la intención de empeñar el futuro energético de las próximas generaciones, una vez más, al igual que en 1938 surgen voces que descalifican la opinión y sentir de millones de mexicanas y mexicanos bajo el argumento de que es innecesario consultar a la gente pues no conocen del tema energético. Ante este argumento podemos afirmar que las posiciones son tan claras y contundentes que no es necesario ser un experto en petroquímica para opinar de la reforma energética; frente al simple contraste de estas dos visiones antes mencionadas, de lo que debe ser la política energética, es evidente cuál contaría con el apoyo colectivo.

Por ello, insistiremos a través de los cauces institucionales y por medio de la defensa y el respeto a la legalidad, de la necesidad de derogar la reforma constitucional como consecuencia de los resultados de la consulta popular, evitando así, la entrega del patrimonio energético que pertenece a más de 120 millones de personas.

Señoras y señores Senadores:

En el marco de la conmemoración de los 76 años de la expropiación petrolera de 1938, se vuelve referencia obligada el realizar un puntual recuento de los hechos históricos no para el simple anecdotario o para un ejercicio de memoria; la historia energética, su consolidación, el posterior abuso que de ella hicieron a lo largo de décadas los gobiernos y la actual necesidad de replantear, desde el andamiaje jurídico el relanzamiento de la misma, nos compromete con nuestro pasado y con quienes de manera valiente hicieron frente a la ambición y voracidad de los intereses extranjeros.

Esos intereses se vuelven a presentar frente a nosotros, 76 años después, vislumbrando la posibilidad de recuperar lo que injustamente les era propio y que usufructuaron en perjuicio de nuestro país, por ello, las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, conscientes del reto que implica hacer frente a la privatización del petróleo mexicano, una vez más nos declaramos listos para exponer de frente a la nación y en la tribuna pública nuestras propuestas, sabedores de que los problemas de la industria son, desde hace mucho, del conocimiento público y su estancamiento ya no puede ser disimulado y por ello hacemos un llamamiento a todas y todos los mexicanos a que hagan suya la causa de la defensa del petróleo, esta y no otra será la mejor conmemoración.

Muchas gracias.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 20 marzo a las 11:00 horas.

Tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 15:18 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

Av. Paseo de la Reforma 135,

Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal

Teléfonos: 53-45-30-00
Exts. 5405/5408

Internet: http://www.senado.gob.mx
Correo electrónico: diario_d@senado.gob.mx





 

 

http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=13&mn=1&id=2603&lg=62&anio=2