Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Martes 24 de octubre de 2017
    
    

Última actualización: octubre 2017
Última revisión: octubre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 33



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 28 de Noviembre de 2013

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PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (12:00 horas)Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 114 ciudadanas Senadoras y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del jueves 28 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior, se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día.






COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Comisión de Población y Desarrollo, por la que informa de la designación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona como Consejera Representante del Senado de la República ante el Consejo Consultivo Nacional del Sistema de Información, Estadística y Geografía, que tendrá verificativo el 3 de diciembre próximo en la ciudad de México.

Otra, de la Comisión de Población y Desarrollo, con la cual remite su Programa de Trabajo Anual correspondiente al periodo de octubre de 2013 a agosto de 2014.



Y una más del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la que remite el informe de su reunión del pasado 20 de noviembre con los señores Agustín Torres Ibarrola, Director General de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma y Ana Santiago, de la misma organización.



- La C. Presidente Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2013.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente de las aprobaciones de los estados y el proyecto de declaratoria de aprobación que realizó esa Cámara al proyecto de declaratoria de aprobación del proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116, y el inciso f) de la fracción V, Base Primera, del Apartado C, del artículo 122; y se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la mayoría de votos que aprueban el Decreto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Señora Presidenta, se da fe de los votos emitidos por los siguientes Congresos Estatales de: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas.



En consecuencia, se han emitido 17 votos aprobatorios al proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116, y el inciso f) de la fracción V, Base Primera, del Apartado C, del artículo 122; y se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es todo, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Solicito a las señoras y señores Senadores ponerse de pie a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional.

(Todos de pie)

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: Se aprueba el Decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116, y el inciso f) de la fracción V, Base Primera, del Apartado C, del artículo 122; y se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación.

Para referirse a este tema, tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya.

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

En nombre del grupo parlamentario del PRD, agradezco el uso de la palabra para referirnos a este tema que por supuesto abre la puerta para hacer una amplia reflexión sobre la agenda pendiente que tiene el Congreso de la Unión, de manera particular el Senado de la República, respecto a estos temas de nuestra agenda política.

Qué bueno que hoy damos un paso adicional, una vez que se concreta todo este proceso parlamentario, que estará permitiendo que estas candidaturas ciudadanas tengan esa presencia jurídica en todo el país.

Sin embargo, compañeras y compañeros Senadores, no podemos ser omisos. La verdad es que urge que el Senado de la República asuma con la mayor de sus responsabilidades, con la mayor seriedad, el momento que estamos viviendo.

Hace unas cuantas horas, un servidor, lo quiero dejar claro ante todos ustedes, estaba siendo convocado a las 9 de la noche a una sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales para avanzar y debatir también entorno a estos temas de la agenda política, concretamente de la llamada reforma política. Afortunadamente no se llevó a cabo.

No se llevó a cabo porque se ha pretendido que las Senadoras, Senadores, de algunas comisiones que estamos trabajando unidas, pudiésemos estar presentes sin haber conocido el dictamen de la llamada reforma política.

Hoy, horas después, prácticamente estamos todos en las mismas condiciones.

Y vale la pena tocar este tema ahorita que estamos precisamente reconociendo que se cierra un proceso parlamentario de otro aspecto de nuestra agenda política para subrayarlo y hacer un planteamiento serio que quede registrado no solamente en el Diario de los Debates, como posicionamiento del PRD, sino hacerlo de cara a la nación.

Urge que las legisladoras, que los legisladores de esta Cámara de Senadores, asumamos con una mayor seriedad lo que estamos haciendo.

Vemos muy mal, señora Presidenta, compañeras y compañeros Senadores, los integrantes del grupo parlamentario del PRD, lo que está sucediendo.

No es posible que se esté planteando legislar sobre las rodillas en estos temas fundamentales de la agenda nacional.

No es posible que se estén anteponiendo intereses personales, de grupos, a los intereses superiores de la Nación.

Debemos tomar como ejemplo lo que hoy se está conociendo y por lo cual hemos hecho un acto solemne al ver cómo concluye este proceso parlamentario de las candidaturas ciudadanas.

Pero, ¿qué pasó con la demás parte de la agenda?

Nosotros lo tenemos que señalar con una enorme responsabilidad, el PRD no está dispuesto a avalar un trabajo parlamentario que dista muchísimo de ser lo correcto, de ser lo correcto desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico.

Atropellándose todos los derechos que tenemos como parte de este Parlamento.

No es posible, compañeras y compañeros Senadores, no es posible, señora Presidenta, que se pretenda convocar en unos minutos más a sesión de comisiones unidas para analizar un tema, el de la reforma política, por lo menos así llamada, cuando no se conoce el dictamen por parte de todos los integrantes.

Y lo puedo decir con esa claridad, porque ya desde en la mañana escuchábamos en algunos medios de comunicación un intenso debate sobre este asunto. Y yo llamo con mucha responsabilidad a mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno, a las compañeras y compañeros integrantes del grupo parlamentario del PRI, del PAN, de todos los grupos parlamentarios para que no volvamos a atropellar, como ya ha sucedido en este Senado de la República, en estos trabajos que tenemos como legislatura el derecho que nos corresponde como nación y que nosotros como legisladores debemos salvaguardar.

Urge hacer una pausa, actuar con responsabilidad, concluyo, señora Presidenta, para decirlo con mucho énfasis, el grupo parlamentario del PRD no va a permitir que se siga atropellando el derecho de este país y, por supuesto, de nosotros, como legisladores, obligándonos a estar legislando sobre las rodillas.

La llamada reforma política no tiene ni pies ni cabeza y si no, que se lo pregunten a los integrantes de las comisiones unidas que podrán decirlo que ni siquiera la conocen.

Urge, señora Presidenta, que con las facultades que le confiere nuestra ley, nuestro Reglamento se corrija de inmediato esto que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la República y no demos pauta a que se siga señalando a que el Congreso de la Unión, esta Cámara de Senadores simple y sencillamente es comparsa de intereses que no son los que nosotros representamos como Senadores de la República.

Muchísimas gracias.

- La C. Secretaria Herrera Anzaldo: Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., fracción VI y 3o., segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; Contra la Trata de Personas; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Así también se recibió de la Cámara de Diputados, minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLITICA

(Presentada por los CC. Senadores Layda Sansores San Román, Manuel Bartlett Díaz, Víctor Manuel Camacho Solís y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez)

"Los que suscriben, la Senadora Layda Sansores San Román, Senador Manuel Bartlett Díaz, Senador Manuel Camacho Solís, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE REFORMA POLITICA.

Exposición de Motivos

Múltiples organizaciones sociales y civiles que impulsamos esta iniciativa consideramos que la democracia es un valor dinámico que incorpora los elementos que los pueblos demandan a lo largo de su historia, dado que las relaciones sociales y la relación gobierno-sociedad se transforman, los valores y las normas para lograr la convivencia pacífica y el desarrollo de las facultades y condiciones de vida de los seres humanos tiene que adaptarse a estos cambios.

Nadie duda que el régimen político de México debe cambiar, la alternancia electoral no fue suficiente para modificarlo y, por ello, el consenso nacional resulta cada vez más difícil. Este estancamiento político del país es hoy ya la principal causa del estancamiento en el desarrollo económico y social.

Se ha hablado por parte de las organizaciones partidarias de la necesidad de una reforma política, pero en lo que han hecho público ésta se reduce a los intereses de la clase política, a los mecanismos de acceso en los puestos electivos. Pretender resolver la falta de consenso nacional a través de la reelección es suponer que la permanencia en el poder de quienes han causado los problemas pudiera resolverlos, o que la vuelta al centralismo decimonónico fuera un avance para democratizar el pacto federal.

Lo que se requiere para iniciar la real transformación del régimen político es ir mucho más a fondo: modificar la relación entre el gobierno y la sociedad, a fin que ésta controle a sus representantes, para que no sólo gobiernen a nombre de ella, sino para que cumplan efectivamente su mandato, supuesto fundamental de toda democracia. Para ello se requiere ampliar mucho más la agenda de la reforma política.

Desde la década de los ochenta del siglo pasado las constituciones latinoamericanas se han modificado a fin de adecuarse a las exigencias de la época. Las constituciones elaboradas en América Latina a partir del retorno de las democracias tienen dos ingredientes fundamentales, los derechos humanos y la participación ciudadana.

● Los DDHH como norma suprema que pone en el centro a la persona, da sentido a la vida pública

● La Participación Ciudadana como elemento fundamental de la democratización del régimen político, pero también de racionalidad de la gestión pública

Veamos sólo algunos casos relevantes a manera de ejemplo:

Brasil

Constitución de 1988 Art. 1. La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos:

1. la soberanía;

2. la ciudadanía;

3. la dignidad de la persona humana;

Art. 14. La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y secreto con valor igual para todos, y, en los términos de la ley mediante:

1. plebiscito;

2. referéndum;

3. iniciativa popular.

Colombia

ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

República Dominicana

La constitución de este país, modificada en 2010 establece en su artículo 2º

Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Artículo 97.- Iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. Artículo 272.- Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora.

Venezuela

Artículo 5.

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica

De los anteriores ejemplos se siguen dos cosas

A) Se distinguen dos niveles de la participación ciudadana:

1) La democracia directa, como mecanismo para que la sociedad decida por sí misma sobre aspectos concretos en situaciones específicas (plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato);

2) La democracia participativa, como mecanismos de intervención de la sociedad -a través de sus diversas formas de agregación social- en la gestión pública. Como ejemplo de definición: la participación ciudadana es el derecho de los ciudadanos y habitantes a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

Pero no sólo es un pendiente de la democracia mexicana ponerse al corriente de las innovaciones que se han desarrollado en América Latina, varios de los preceptos de la democracia liberal y del federalismo siguen siendo parte de las aspiraciones nacionales, tales como el equilibrio entre los poderes del gobierno y entre sus distintos órdenes, la recuperación de los ciudadanía plena para los habitantes del Distrito Federal y, sobre todo, la subordinación del gobierno a la sociedad.

Como consecuencia de lo anterior tenemos la insatisfacción de la población mexicana con respecto de la democracia que tenemos. El informe 2013 de Latinobarómetro lo destaca con claridad:

México tuvo alternancia en el poder después de 72 años de hegemonía del PRI, en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox. En ese momento el apoyo a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó dos años, no fue hasta 2002 que aumenta a 63% manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Vicente Fox terminando con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede e inaugura su gobierno con un 54% en 2006 para bajar rápidamente a 48% en 2007. La democracia no se recupera en el período de Felipe Calderón llegando a un mínimo de 40% en 2011.

En 2012 vuelve el PRI al poder con Enrique Peña Nieto y México tiene en 2013 sólo un 37% de su población que apoya a la democracia.

El caso de México es uno donde la alternancia en el poder no produce un impacto inmediato sobre el apoyo a la democracia y después de un repunte se produce una pérdida sostenida. En 2013 México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995-2013. (Informe Latinobarómetro 2013, p. 19)

De acuerdo a este mismo informe, México ocupa el penúltimo lugar de satisfacción con su democracia -apenas el 21% de los mexicanos está satisfecho- nivel sólo rebasado por Honduras con el 18%, de una media de 39% para América Latina (p. 36).

Urge rescatar a la democracia, urge que los ciudadanos y ciudadanas de este país se reencuentren con ella a partir que les sean tangibles los beneficios en el bienestar de la población y en el ejercicio de sus libertades, por ello esta iniciativa pretende actuar sobre cinco aspectos fundamentales, a fin de establecer:

1.- Instrumentos de democracia directa.

2.- Instrumentos de democracia participativa

3.- Modificar la relación entre poderes y órdenes de gobierno

4.- Reconocer los derechos políticos plenos a la ciudadanía del DF

5.- Democratización del mundo del trabajo.

Consideramos que es hora que el régimen político deje de ser un obstáculo para el desarrollo, el bienestar, el ejercicio de las libertades y la solidaridad social y se convierta, por lo contrario, en uno de los principales factores para la garantía de los derechos de la población proponemos lo sigue:

DECRETO

ARTICULO UNICO. Reforma el primer párrafo del artículo17, se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 25, se adiciona el primer párrafo, se reforma el segundo y tercer párrafo del apartado A, se adiciona un nuevo apartado C del artículo 26, se reforma fracción VIII y el numeral 2 y se adiciona una fracción IX al artículo 35, se reforma fracción III del artículo 36, reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 41, se reforma la fracción VI y se adiciona una nueva fracción VI bis del artículo, se reforma del primer al sexto párrafos y el apartado A artículo 122 y se adiciona un nuevo párrafo al 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, y mediante el fomento del desarrollo social contribuya al ejercicio de las capacidades de las personas y de los pueblos, fortalezca su organización y tejido social y así permita el pleno ejercicio de los derechos humanos de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado asegurará la plena integración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en sus estrategias de desarrollo atendiendo especialmente a las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, asignando el máximo de los recursos disponibles para poner en práctica esas estrategias.

Al desarrollo económico y social nacionales concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado sin menoscabo de otras formas de actividad económica y social que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

El Estado fomentará y apoyará las actividades de promoción del desarrollo económico y social que realicen las organizaciones campesinas, pesqueras, sociales y civiles, considerando estas actividades de interés público.

Artículo 26. …

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, fortalezca el desarrollo social, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Incorporará la participación de los diversos sectores sociales y civiles en el diseño, ejecución y evaluación de los planes y programas.

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

El Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Ejecutivo. La cámara de diputados, junto con el presupuesto de egresos, aprobará lasreglas de operación de los programas de desarrollo económico y social, así comotambién, anualmente, hará la evaluación de sus avances, emitiendo las recomendaciones correspondientes al Ejecutivo. El Congreso de la Unión revisará cada tres años el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, estableciendo las modificaciones que considere pertinente en función de las evaluaciones hechas por la Cámara de Diputados y de las propuestas del Ejecutivo Federal. La ley establecerá el procedimiento para la realización de estas atribuciones.

La ley establecerá los procedimientos para la participación de los distintos sectores sociales -con criterios de inclusión y equidad, y de acuerdo a sus especificidades- en el sistema nacional de planeación democrática, a través de diversos instrumentos como podrán ser: la consulta popular, los consejos consultivos y los consejos gestores, los presupuestos participativos, auditorías sociales, entre otros, así como también establecerá los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo económico y social, con vertientes sectoriales y regionales.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

C) Para la participación de los sectores sociales y civiles en la planeación del desarrollo nacional y las políticas que lo impulsarán, y con el fin de contribuir a la generación de consensos intersectoriales y entre gobierno y sociedad, se constituye el Consejo Económico y Social, mismo que será autónomo, plural, tendrá las siguientes atribuciones:

i. será órgano de consulta obligada del Ejecutivo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y para los programas sectoriales y para las iniciativas de ley del Ejecutivo en materia de desarrollo económico y social.

ii) Recibirá el informe anual del Ejecutivo Federal a fin de emitir observaciones y recomendaciones

iii) Formulará iniciativas de programas de desarrollo económico y social que las pondrá a consideración del Ejecutivo para su realización.

En el Consejo Económico y Social participarán, de manera incluyente y equitativa, trabajadores, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, movimientos, personas de reconocida competencia y liderazgo en sus respectivas áreas de actividad y representantes del gobierno, que puedan discutir, en igualdad de condiciones, las cuestiones fundamentales del desarrollo

La ley establecerá los procedimientos para su integración y funcionamiento.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. a VII. …

VIII. Votar en las consultas populares, plebiscito y referéndum sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a). a c). …

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

IX. Revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente, conforme a lo dispuesto por esta Constitución y por la ley reglamentaria.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. a II. …

II. Alistarse en la Guardia Nacional;

II. Votar en las elecciones y en las consultas populares, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, en los términos que señale la ley;

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, participativa laica y federal, compuesta por treinta y dos entidades federativas. Los treinta y un Estados y la Ciudad de México son libres y soberanos en todo lo concerniente a sus regímenes interiores, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía, de manera permanente por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y los de la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, y de manera directa a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato.

Artículo 44. La Ciudad de México es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los poderes de la Unión y se compondrá del territorio que actualmente tiene. En caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, el territorio que actualmente ocupa la Ciudad de México se erigirá en un estado de la Unión con la denominación que le asigne el Congreso Federal, previa consulta a los habitantes de la entidad sobre este último hecho.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad.

VI. Para aprobar, a propuesta del Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo con los procedimientos y plazos de la ley;

VI bis.- En el mes de septiembre del tercer año de su mandato, el Ejecutivo presentará al Congreso la Evaluación de los avances del PND, así como la propuesta de su Adecuación, a fin de recibir las observaciones y la aprobación, con las modificaciones correspondientes, a más tardar en el mes de diciembre del mismo año La ley establecerá los procedimientos para este efecto.

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

(…) I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán, así como con la participación de la población destinaria de los mismos y de expertos e interesados en el tema, en los términos que disponga la Ley (…)

III. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y la verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas federales, la valoración ciudadana sobre los mismos, así como también un apartado específico con las observaciones y propuestas de reorientación de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Artículo 122.- La Ciudad de México, es la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Goza de autonomía en su régimen interior y se organiza política y administrativamente conforme a lo establecido en esta Ley Fundamental y a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Su gobierno está a cargo de tres Poderes de carácter local que ejercerán las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial de la Ciudad de México, y su organización y funcionamiento se establecerán en la Constitución local, de conformidad con las siguientes bases:

I.- De la Constitución de la Ciudad de México:

1.- La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los derechos y obligaciones fundamentales de los que, además de los establecidos en esta Constitución, gozarán sus habitantes y personas que en ella se encuentren; se integrará con base en los principios democráticos, de equidad, inclusión, universalidad, integralidad, participación y justicia social. Establecerá como criterio para el diseño de las políticas públicas de la Ciudad de México la garantía de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México.

2.- Para reformar la Constitución local se requerirá del voto de las dos terceras partes delos miembros del legislativo local; cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, o el ordenamiento territorial requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en referéndum aprobatorio.

3. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán de modo análogo para las autoridades de la Ciudad de México, en todo lo que no se oponga al presente artículo.

4.- Establecerá su división territorial y su organización política y administrativa en demarcaciones territoriales señalando: la denominación, base poblacional, número y límites territoriales estarán señalados en la Constitución local, salvaguardando la identidad histórica y cultural de sus habitantes;

5.- El gobierno de la Ciudad de México tendrá organismos autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre los que habrá por lo menos un órgano electoral, un tribunal electoral, un órgano de protección de los derechos humanos y un órgano de acceso a la información pública.

6.-Establecerá las instituciones y mecanismos para la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos, tanto en la Ciudad como en las demarcaciones territoriales, por medio de instancias deliberativas para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, la orientación del desarrollo de las comunidades y de la ciudad y, la ampliación de la cultura democrática.

Art. 123Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

No podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física, preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad, condición de embarazo y de salud, que tengan por efecto o por resultado anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo.

I a IV. …

V. …

Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiéndose su salud en el período de gestación. Toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo. No podrá ser despedida bajo ninguna circunstancia.

Para garantizar la igualdad sustantiva de trabajadoras y trabajadores con responsabilidades de hijas e hijos y de otros miembros de la familia, que requieran cuidado y sostén, accederán en condiciones de igualdad a las prestaciones laborales que la ley establezca.

La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades;

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho.

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los varones, aquéllas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las mismas oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo.

XIV. Los patrones… Queda prohibida toda practica de hostigamiento sexual, moral y violencia laboral contra las trabajadoras y se sancionará de acuerdo a lo que se establezcaen las leyes. Esta responsabilidad aún en el caso de que el patrón contrate el trabajo de un intermediario.

Asimismo los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;

XVI. Tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de asociación profesional. La ley reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o moral.

Queda prohibida la afiliación obligatoria de los trabajadores y de los empresarios, individual o colectivamente, a los partidos políticos;

La contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un instrumento normativo complementario de las garantías sociales y principios generales establecidos en esta Constitución y en la ley reglamentaria.

Cuando la contratación colectiva se extienda a una rama de actividad económica o a una cadena productiva se denominará contrato colectivo sectorial.

Para garantizar el derecho a la organización autónoma e independiente de los trabajadores y empresarios se inscribirán en el registro público nacional de organizaciones sindicales, patronales y contratos colectivos de trabajo, la consulta será pública y gratuita para quien lo solicite.

La libertad de elegir libremente a sus representantes y de ser electo no estará sujeto a revisión o validación de autoridad alguna siempre y cuando cumpla con los requisitos que establezca la ley reglamentaria.

La libertad de expresión en cualquier ámbito laboral no será motivo alguno de sanción, despido o cualquier otro mecanismo que menoscabe y prohíba este derecho.

El derecho a la información debe ser una herramienta para fortalecer la democracia. Será obligatorio informar sobre el expediente de su constitución, el registro del contrato colectivo, los estatutos o reglamento interno o cualquier otra información que sea solicitada.

Artículo 135.La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, propiedades de la Nación o el ordenamiento territorial requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en referéndum aprobatorio.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se elegirá por voto universal, secreto y directo una Asamblea Constituyente con el fin único de elaborar, aprobar y someter a referéndum constituyente la Constitución Política de la Ciudad de México.

TERCERO.- Se procurará la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México con base en los principios de diversidad, proporcionalidad, temporalidad y equidad; a fin de garantizar la inclusión de ciudadanos como integrantes del Constituyente, a partir de sus características de conocimiento, experiencia y aportes a la sociedad.

CUARTO.- El Proceso Constituyente de la Ciudad de México habrá de garantizar:

a) La más amplia información, difusión y orientación a la ciudadanía sobre el momento histórico y contenido a decidir entre todos y todas. La difusión se realizará a partir de la aprobación de la reforma constitucional y durante todo el Proceso Constituyente, hasta la ratificación del Texto Constitucional y su publicación.

b) La incorporación, en la integración del texto constitucional, de los aportes y propuestas de los sectores democráticos de la ciudad, reconociendo la experiencia desarrollada en las últimas décadas por las redes sociales y civiles que trabajan en los más diversos campos de la cultura, los derechos, la economía, el desarrollo y la democracia.

c) La colaboración de las redes sociales y civiles, en el proceso de integración de contenidos del texto constitucional, con relación al diseño y realización de procedimientos participativos que garanticen el aporte de los más diversos sectores de la sociedad.

QUINTO.- Una vez concluida la elaboración del texto constitucional de la Ciudad de México y aprobado por la Asamblea Constituyente, éste se someterá a Referéndum Constituyente de la ciudadanía y deberá publicarse inmediatamente.

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2013.

Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. VíctorManuel Camacho Solís.- Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez".

Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Presentada por el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy pido su atención para presentar una modificación, una iniciativa de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología en sus artículos 5 y 7.

En el artículo 5, se tipifica la existencia de un Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Ese Consejo es la cabeza, es quien coordina, es el máximo órgano de decisión en temas de ciencia y tecnología en nuestro país.

¿Quién conforma ese consejo? Lo conforma o lo encabeza el Presidente de la República, nueve Secretarios de Estado, el titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el titular del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, el titular de la Academia Mexicana de Ciencias, el Secretario de la ANUIES que representa a las universidades del país, y tres representantes de la iniciativa privada del sector empresarial.

¿Qué hace ese Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Investigación?

Pues a final de cuentas aprueba los programas, define las prioridades, el cauce que debe de llevar la ciencia y la tecnología en nuestro país, emite informes, realiza evaluaciones. ¡Vaya! Es el máximo órgano decisor que tenemos en México en temas de ciencia y tecnología.

¿Qué estamos planteando?

Es una modificación sencilla, primero es una modificación de forma, de quiénes lo integran, estamos proponiendo que pasen a formar parte de los integrantes de dicho consejo, los titularesde la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de Marina. ¿Por qué? Porque los temas de seguridad en los últimos años en nuestro país se han convertido en asuntos de Estado, no pueden estar estos personajes, estos titulares ajenos a las grandes decisiones que se toman en nuestro país.

Y la segunda modificación que estamos planteando es de forma, de cómo funciona el Consejo General.

Como referente, en la última década únicamente en cinco ocasiones sesionó dicho consejo. Esto nos habla de la inoperancia que han tenido, derivado de que como lo encabeza el Presidente de la República, en su momento no se convocó.

¿Qué estamos planteando? Estamos planteando sí, que lo siga encabezando el Presidente de la República, pero que pueda en determinado momento designar un representante con una salvedad, que lo que marca la ley que mínimamente deben de sesionarse dos veces al año, en una, por lo menos en una la encabece el Presidente de la República y en otra pueda enviar un representante, igualmente los Secretarios de Estado puedan designar representantes con la salvedad de que su rango jerárquico deberá ser mínimamente de Subsecretario.

Por lo antes expuesto, someto a esta Honorable Asamblea, esta iniciativa con proyecto de Decreto para reformar los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción IIdel Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción I, 164 párrafo 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por distintas razones, al día de hoy México se encuentra aún rezagado en el fomento de una política científica y tecnológica. Si bien hemos avanzado en distintos temas durante las últimas décadas, los indicadores internacionales muestran todavía resultados insuficientes.

Por un lado, es evidente, y varios diagnósticos así lo indican, que existe un problema relacionado con la inversión en el sector ciencia y tecnología, que comparado con otros países aún se encuentra muy por debajo de lo deseable. Por poner un ejemplo, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, de la cual nuestro país forma parte, el promedio de inversión en ciencia y tecnología con relación a sus PIB se encuentra alrededor del 2%, cuando en México nos encontramos en un promedio del 0.43% en los últimos años. Sin embargo, los problemas no se reducen a un asunto presupuestario, pues son muy diversos los factores que no han permitido alcanzar un desarrollo pleno de las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país.

En este tenor, es claro que hay no solamente un problema de inversión sino también problemas relacionados con la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este sentido, es inaplazable el mejoramiento y la revisión a fondo de los mecanismos que articulan a dicho sistema.

La Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 5, contempla la creación del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual es el máximo órgano de política y coordinación científica nacional y cuya principal función es establecer las políticas encaminadas al impulso y fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país.

Este Consejo es convocado y dirigido por el Presidente de la República e integrado por nueve secretarios de Estado. el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), quien tiene el carácter de Secretario Ejecutivo; el Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; tres representantes del sector productivo; un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Asimismo se establece que en las sesiones del Consejo pueden participar, a título personal y por invitación del Presidente de la República, personalidades del ámbito científico, tecnológico y empresarial, con el objeto de aportar sus conocimientos y experiencias.

Entre las principales facultades que la Ley de Ciencia y Tecnología otorga al Consejo, se encuentran:

• Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

• Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia.

• Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

• Emitir anualmente un informe general acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México.

• Aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales y financieros.

• Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia, resultados e impactos de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

• Realizar el seguimiento y evaluación del Programa Especial y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación y demás instrumentos de apoyo a estas actividades.

Así, el Consejo General es el máximo órgano decisor y cabeza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país, pues como se puede observar, de él depende la definición de los grandes objetivos nacionales en ciencia y tecnología, así como la definición programática y presupuestal de este sector estratégico para el país.

La presente iniciativa, en primer término, propone la integración a este Consejo General, de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, pues al día de hoy no forman parte de este importante órgano de Gobierno.

En México el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se han convertido en los últimos años en instituciones clave en las tareas relacionadas con la seguridad nacional, laseguridad pública y el auxilio a la población en caso de desastres.

Es por ello, que hoy resulta fundamental que las actividades desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina se encuentren vinculadas directamente con el desarrollo científico, tecnológico y de innovacióndel país. Sin duda, el impulso de la ciencia y tecnología en los ámbitos de atención de desastres y de seguridad nacional, resulta estratégico para garantizar una mejor atención en estos temas.

Por otra parte, es necesario que la estructura educativa militar y naval se encuentre relacionada y coordinada con las actividades científicas y tecnológicas nacionales, por lo que la participación de estas Secretarías en la definición de los lineamentos programáticos y presupuestales del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación es trascendental.

Con esta incorporación se busca una relación directa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con las ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de mantener actualizada y a la vanguardia a estas Secretarías para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, son varias y destacables las acciones y proyectos que la Secretaría de la Defensa Nacional ha desarrollado en materia de ciencia y tecnología. Resalta el recién creado Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuya misión es generar, coordinar, evaluar, administrar y fiscalizar los proyectos de investigación realizados por dicha Secretaría y el cual cuenta con tres subcentros de investigación, para el desarrollo de investigación en tres áreas estratégicas del conocimiento: Ciencias Militares, Ciencia, Tecnología e Innovación, y en Ciencias Biomédicas.

El segundo elemento de esta iniciativa tiene que ver con mejorar el funcionamiento y operatividad del Consejo General.

En los últimos dos sexenios el Consejo General no recibió la atención debida, y la ausencia y vacio por parte del Presidente para convocar a sus sesiones fue evidente. De hecho, desde su creación en el año 2002 sólo en cinco ocasiones se reunió cuando la ley dispone un mínimo de dos veces por año. Entonces, es obvio que el propósito de convertir al Consejo General de Ciencia y Tecnología en un organismo que planteara las políticas de estado se convirtió solamente en unbuen propósito.

Aunque hoy día y con la renovación del poder Ejecutivo Federal, se han dado señales concretas de que el impulso a la ciencia y tecnología es una prioridad nacional y que este Consejo merece toda la atención del Presidente, considero que lo anterior no obsta para proponer mecanismos, que en su caso, puedan ser utilizados para dar una mayor operatividad y funcionalidad al Consejo General.

Por otra parte, en el documento entregado el 10 de octubre del año pasado al Senado de la República por representantes de la comunidad científica Denominado “Hacia Una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, elaborado por más de 60 organizaciones académicas, gubernamentales, sociales y privadas, se propone al Poder Legislativo la inclusión de mecanismos legalespara posibilitar el mejor funcionamiento de este Consejo General.

Por esta razón en esta iniciativa se plantea la posibilidad para que tantoel Presidente de la República como los Secretarios de Estado puedan nombrar a un representante para participar en las reuniones del Consejo General. Asimismo se propone que el Presidente de la República acuda cuando menos una vez al año a la reunión de dicho Consejo.

De igual manera, en la iniciativa se plantea que los titulares de las Secretarías señaladas en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología, los cuales fungen como miembros permanentes del Consejo General, puedan designar a un representante para que acuda a las reuniones del Consejo. Dicho representante deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente en nivel jerárquico, de modo que las decisiones o resoluciones tomadas se emitan desde el más alto nivel posible.

Considero que el establecer en la Ley de Ciencia y Tecnología la figura de “representantes” y establecer la obligación de que el Presidente acuda cuando menos a una sesión al año alentaría la posibilidad de que este órgano pueda sesionar con mayor frecuencia y por tanto cumplir de forma cabal con las importantes facultades que la ley le encomienda; y más aún, no se le restaría el nivel ni la jerarquía que un órgano de esta naturaleza requiere.

La importancia de los trabajos y facultades del Consejo General hacen indispensable mejorar y optimizar el marco jurídico bajo el cual se desenvuelve a fin de funcionar de maneraóptima y eficiente.

Es por lo anteriormente expuesto,que me permito someter a la consideración de ésta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar de la siguiente forma:

Artículo 5.

I. El Presidente de la República;

II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud.

III. a IX. ...

Artículo 7.

....

El presidente de la República presidirá al menos una sesión del año y podrá designar un representante para que presida las demás. Los titulares de las secretarías mencionadas en la fracción II del artículo 5 podrán, a su vez, designar un representante, quien deberá tener el nivel de subsecretario o equivalente en nivel jerárquico.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Alejandro Tello Cristerna".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Tello Cristerna. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.

Enseguida, tiene la palabra la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Presentada por la C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN)

- La C. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Con su permiso, señora Presidenta.

La competitividad es un tema al que muchas veces se recurre en los discursos políticos, empresarios y sociedad general en México pero que pocas veces se trabaja efectivamente; tan es así que en "The Global Competitiveness Report de 2012-2013", elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), México pasó del lugar 52 al 55 en este año, descenso propiciado principalmente por la percepción de corrupción y la baja calidad de nivel educativo en el país ante los ojos del mundo. Sin embargo, estos no son los únicos temas en los cuales hemos fallado como ciudadanos, también está presente la poca importancia que le damos a nuestro ambiente y los endebles mecanismos de adaptación y mitigación que prevemos en nuestras leyes.

Ahora bien, para comprender la importancia del tema y su incidencia, debe considerarse la definición de competitividad elaborado por la misma WEF, la cual se explica de la siguiente forma:

Que el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, bajo esta idea, los legisladores mexicanos hemos incluido la competitividad en diversas disposiciones, partiendo por la Constitución federal, misma que explica en el primer párrafo del artículo 25 como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación del empleo. Esto nos lleva a darnos cuenta que no estamos aislados en el marco internacional, pero sobre todo, no podemos dejar entidad alguna del país olvidada en el rezago y la marginación.

El artículo 25 constitucional, a la letra establece: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable mediante la competitividad, el fenómeno del crecimiento económico y el empleo y una y más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo".

El artículo antes citado, enuncia en su texto los ejes rectores bajo los cuales deberá propiciarse el desarrollo nacional integral y sustentable entre los sectores social, público y privado. No obstante ello, las leyes secundarias que tienen estrecha relación con el desarrollo nacional, no han logrado traducir el concepto de concurrencia entre los 3 sectores por lo mismo, aunque nuestra legislación prevé la competitividad en pro de un desarrollo sustentable, éste no ha logrado tener el impacto deseado en la sociedad, sus actividades y su entorno.

Ahora bien, en el esfuerzo para preservar un ambiente equilibrado, hacer frente a los efectos del cambio climático y racionalizar nuestros recursos en aras del desarrollo nacional sustentable, ya contamos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que en su texto prevé la obligación de elaborar mecanismos que coordinen, introduzcan y concierten entre la autoridad del sector social y privado, acciones a favor de un ambiente sano.

No obstante el tema de competitividad señalado en la Constitución federal, queda relegado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y no se atiende el tema de una forma clara y directa, situación diferente que presenta la Ley General de Cambio Climático, la cual en diversos artículos reconoce la importancia de la competitividad para el desarrollo nacional.

Finalmente, la importancia de la competitividad impulsada por los sectores público, privado y social para llevar a México hacia una economía sustentable que la Estrategia Nacional de Cambio Climático prevé en sus objetivos enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono 128, y en la visión 10/20/40 a un México próspero, competitivo e incluyente.

Por ello y con el objeto de armonizar nuestra legislación en materia de protección al ambiente acorde con el mando de nuestra Constitución federal y con los objetivos de la Ley General de Cambio Climático y su Estrategia Nacional, se propone el siguiente:

Proyecto de Decreto, donde se adiciona la fracción XI al artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

XI.- Promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos sociales y privados, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura;con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción l, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara Alta, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1º DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La competitividad es un tema al que muchas veces se recurre en los discursos de los políticos, empresarios y sociedad general en México pero que pocas veces se trabaja efectivamente; tal es así que en The Global Competitiveness Report 2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), México pasó en Global Competitiveness Index1 del lugar 53 del 2012 al 552 en este año, descenso propiciado principalmente por la percepción de corrupción y la baja calidad del nivel educativo en el país ante los ojos del mundo. Sin embargo, estos no son los únicos temas en los cuales hemos fallado como ciudadanos, también está presente la poca importancia que le damos a nuestro ambiente y los endebles mecanismos de adaptación y mitigación que prevemos en nuestras leyes.

Ahora bien, para comprender la importancia del tema y su incidencia, debe considerarse la definición de competitividad elaborado por la misma WEF, la cual se explica de la siguiente forma: the set of institutions, policies, and factorsthat determine thelevel of productivity of a country3.

Así, bajo esta idea, los legisladores mexicanos han incluido la competitividad en diversas disposiciones, partiendo por la Constitución Federal, misma que la explica en el primer párrafo del artículo 25 como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo4. Esto nos lleva a darnos cuenta que no estamos aislados en el marco internacional, pero sobre todo, no podemos dejar Entidad alguna del país olvidada en el rezago y la marginación.

El artículo 25 constitucional a la letra establece lo siguiente:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

El artículo antes citado, enuncia en su texto los ejes rectores bajo los cuales deberá propiciarse el desarrollo nacional integral y sustentable, mismo que dejan claro lo indispensable que es la concurrencia entre los sectores social, público y privado. No obstante ello, las leyes secundarias que tiene estrecha relación con el desarrollo nacional no han logrado traducir el concepto de concurrencia entre los tres sectores, por lo mismo, aunque nuestra legislación prevé la competitividad en pro de un desarrollo sustentable, esto no ha logrado tener el impacto deseado en la sociedad, sus actividades y su entorno.

Ahora bien, en el esfuerzo por preservar un ambiente equilibrado, hacer frente a los efectos del cambio climático y racionalizar nuestros recursos en aras del desarrollo nacional sustentable, ya contamos la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección, misma que en su texto prevé la obligación de elaborar mecanismos que coordinen, induzcan y concierten entre la autoridad y los sectores social y privado acciones a favor del ambiente sano5; y también reconoce la importancia de lo social y privado como elementos fundamentales para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como para la protección al ambiente en el territorio nacional, particularmente en el caso de la opinión y consulta para la emisión de declaratorias de áreas naturales protegidas,6 así como la presencia de un Título7 dedicado a la promoción de la participación social para la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia del ambiente y sus recursos naturales.

No obstante, el tema de la competitividad señalado en la Constitución Federal queda relegado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección y no se atiende el tema de una forma clara y directa, situación diferente que presenta la Ley General de Cambio Climático, la cual en diversos artículos reconoce la importancia de la competitividad para el desarrollo nacional, v. gr:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono, mejorando su eficiencia energética, participando en el comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento nacionales o internacionales;

Artículo 60. La Estrategia Nacional constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Tal es la importancia de la competitividad impulsada por los sectores público, privado y social para llevar a México hacia una economía sustentable que la Estrategia Nacional de Cambio Climático prevé en sus objetivos enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono 128 y en la Visión10/20/40 a un México próspero, competitivo e incluyente.

Por ello y con el objeto de armonizar nuestra legislación en materia de protección al ambiente acorde con el mandato de nuestra Constitución Federal y con los objetivos de la Ley General de Cambio Climático y su Estrategia Nacional, se propone el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULODE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

XI.- Promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos sociales y privados, transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono.

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Garza Galván. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos.

Se concede el uso de la palabra al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 44, 73 y 122 constitucionales.


1 Se analizaron factores de referencia o pilares: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior, mercado interno, mercado laboral, tecnología, tamaño de mercado, complejidad de negocios e innovación.

2 De un total de 148 países evaluados.

3 Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report 2012-2013: Full data edition. World Economic Forum. 2012. p. 4.

4 Artículo 25, primer párrafo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5Vid. Artículo 1, fracción IX de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección.

6Vid. Artículo 58, frac. IV de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

7Vid.Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su Título Quinto. Artículos 157 a 159 BIS 6.

8 3 Objetivo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 3.1. Publicado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio de 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 44; SE ELIMINA EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 73, Y SE REFORMA EL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros:

La iniciativa que se presenta el día de hoy es complementaria a la presentada el pasado 20 de noviembre por parte del grupo parlamentario del PRD, respecto de nuestra ciudad-capital.

El deseo perseguido durante muchos años es que la capital de la República se consolide en sus derechos, y tenga autonomía plena como el resto de las entidades federativas. Que se reconozca, además, como sede de los poderes federales y como capital de la República Mexicana.

Lo que se pretende con esta iniciativa son varios aspectos:

Primero.- Consolidar la autonomía financiera de la ciudad, esto pasa por 2 decisiones muy relevantes:

La primera, que como el resto de las entidades federativas, la Ciudad de México pueda determinar el monto de financiamiento necesario año con año, quitar esa facultad que tiene el Congreso de la Unión para trasladarla a la Asamblea Legislativa, que se convertirá en una Cámara de Diputados Local, después de esta reforma.

La segunda variable, indispensable para lograr la autonomía financiera de la ciudad es, que el fondo de capitalidad, que felizmente iniciará en el 2014, le demos certidumbre, y que año con año la ciudad sepa cuánto va a recibir por esa vía.

Necesitamos tener una ley que regule el fondo de capitalidad para que pueda tener la ciudad la garantía de que va a tener esos recursos, año con año, y no tengamos una incertidumbre de cuánto va a ser el fondo de capitalidad, año con año, y que eso sea un obstáculo para planear la obra pública, que sea un obstáculo para dedicar esos recursos al desarrollo de la infraestructura en la Ciudad de México, y otras necesidades a las cuales el Jefe de Gobierno decida destinar estos recursos.

De tal manera, que esta iniciativa fortalece o va por la autonomía financiera de la capital.

En segundo lugar, también se propone consolidar, reconocer el régimen metropolitano, tal como lo presentó la iniciativa del PRD, que se reconozca como parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, y como parte de la zona centro del país, para que logre mayor eficiencia en la provisión de algunos servicios públicos que son ya imposible de pensar de manera independiente como ciudad, y que tenemos que pensarlo de manera metropolitana para el bien de todos los habitantes de esta gran zona centro del país.

Estamos hablando de temas como seguridad, medio ambiente, desechos sólidos, de residuos sólidos, agua, transporte público que son ya impensables de manera aislada.

También un punto muy importante que debe quedar claramente determinado en esta reforma constitucional es, ¿qué proceso seguimos para que la Ciudad de México pueda llegar a tener su constitución?

Es decir, tenemos que establecer reglas para que pueda convocarse a un congreso constituyente, una Asamblea Constituyente.

Primero, decir que tiene que ser electa. La Asamblea Constituyente debe ser electa.

Como la lógica de esta Asamblea va a ser la de hacer la constitución, no necesariamente tendríamos que ir a la elección de los constituyentes con una lógica territorial.

Por tal motivo, estamos proponiendo que ésta sea un tipo de elección directa e indirecta, donde la ciudadanía vote por el partido, y al hacerlo por el partido, está votando por una lista, una lista que será integrada por los partidos y sometida a la votación de la ciudadanía.

La Asamblea Constituyente estaría, entonces, representada por aquellos que alcancen a incorporarse a partir del porcentaje que se obtenga en la votación expresa para ello, y así tendríamos un Constituyente por cada 150 mil habitantes, daría aproximadamente una Asamblea de 60 constituyentes.

¿Cuándo se instalaría esta asamblea? Sesenta días después de que el Congreso de la Unión haga la declaratoria de reforma constitucional que dé paso a la reforma política de la Ciudad de México.

Es muy importante decir que los Diputados electos, los Diputados constituyentes tendrían un carácter honorario. En esta elección, de estos Diputados, evidentemente, necesitaría del auxilio y la organización de la autoridad electoral competente, la autoridad local para poder organizar este proceso.

El Jefe de Gobierno debe tener la facultad exclusiva, de que una vez instalada esta Asamblea Constituyente, envíe una propuesta de texto constitucional, mismo que será debatido y sancionado por esta Asamblea Constituyente.

Pero también, la novedad que estamos proponiendo para este proceso, es que una vez que la Asamblea Constituyente apruebe el texto constitucional, propuesto por el Jefe de Gobierno, con las modificaciones que considere adecuadas, el Jefe de Gobierno lo someta a referéndum, tenga un plazo de seis meses para someterlo a un gran referéndum, para que sea el pueblo, para que sea la ciudadanía la que legitime este esfuerzo constitucional que provenga de la soberanía popular, la legitimidad de la Constitución de la Ciudad de México.

Obviamente tiene que haber algún mecanismo de cómo se apruebe, que lo estamos aquí proponiendo. Pero esas serían las aportaciones de esta iniciativa.

Es un sueño perseguido durante muchos años que la Ciudad de México deje estos resabiosde lo que fue en el pasado, una ciudad administrada por el Presidente de la República, por consideraciones históricas, políticas, que prevalecieron durante muchos años.

Que le demos la total autonomía a nuestra ciudad, que confiemos en los capitalinos para que dirijan su propio destino y tomen las decisiones más relevantes en nuestra ciudad capital.

Un punto que siempre ha sido muy polémico, es el tema de la seguridad. El Presidente es responsable de la fuerza pública en el lugar donde resida; pero solamente estamos proponiendoque tenga la posibilidad de remover al jefe de la policía cuando haya una amenaza grave al funcionamiento de los Poderes de la Unión.

Pero en cualquier otro caso, no tiene porqué tener injerencia en la seguridad pública de nuestra ciudad.

Entonces, enfrentemos con mucho optimismo esta oportunidad histórica que puede tener la capital de la República.

Además, tenemos que hacerlo de manera inmediata. El Constituyente puede ser electo en el 2014, para que aprovechemos la elección federal de 2015, y ahí, en ese momento, se haga el referéndum y tenga la gente la oportunidad de votar para validar esta Constitución.

Estamos en una oportunidad histórica, siempre las constituciones se vuelven referentes históricos, momentos fundacionales para las ciudades, para los pueblos, para los países, y a casi cien años de que nuestra Constitución fue promulgada, la Constitución del ´17, hagamos este gran ejercicio los mexicanos, los capitalinos, de que tengamos una nueva Constitución, como lo requiere nuestra ciudad, que sea un fiel reflejo de lo que ahora somos los mexicanos, que represente nuestros mejores valores, los anhelos, los sueños, lo que las grandes metas que necesitamos, que queremos como país, como capital de la República, de la cual todos nos debemos sentir orgullosos.

Muchísimas gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

"Quien suscribe, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La reforma política para el Distrito Federal se ha presentado como un proceso siempre inacabado. En los últimos años se han presentado diversas propuestas que buscan modificar las condiciones políticas bajo las cuales se reconoce y funciona el Distrito Federal, es decir, transformar la naturaleza jurídica de la capital de la República Mexicana.

En este contexto y con la finalidad de desarrollar el marco constitucional adecuado que permita la aprobación de la Constitución Política para la Ciudad de México, el pasado 20 de noviembre de 2013, diversos Senadores del grupo parlamentario de la Revolución Democrática presentamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, en la que se destaca, en lo particular:

• El reconocimiento de la Ciudad de México como Ciudad Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los poderes de la Unión;

• La transformación de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México para que se reconozca como una entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades inherentes a dicha calidad y con autonomía constitucional;

• Se abre la posibilidad de la aprobación de la Constitución Política en la que se regulen y faculten a los poderes para ejercer el Gobierno en la Ciudad de México;

• El reconocimiento del derecho de iniciar leyes o decretos al Poder Legislativo de la Ciudad de México y a formar parte en el proceso reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

• La consideración de un régimen de capitalidad para la Ciudad de México, por el cual deberá considerarse anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos específicos para la Ciudad de México considerando su naturaleza jurídica de Ciudad Capital;

• El establecimiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro, con competencias en las materias de asentamientos humanos, medio ambiente, transporte, agua, drenaje, residuos sólidos y seguridad pública;

• Que dentro del proceso de realización de la Constitución Política de la Ciudad de México, será facultad exclusiva del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la presentación de un proyecto a la Asamblea Constituyente; y

• Será facultad de la Asamblea Constituyente el análisis, discusión y aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México.

La iniciativa de 20 de noviembre pasado, propone reforma a varios artículos de la Constitución donde, entre otros elementos, destaca la denominación de Distrito Federal que cambia a Ciudad de México con las consecuencias jurídicas que ello conlleva para las atribuciones constitucionales de la Ciudad de México. Adicionalmente a lo presentado en esa iniciativa, hacemos nuestras esas propuestas, suscrita por senadoras y Senadores del Partido de la Revolución Democrática.

Por otra parte, para dimensionar el proceso y la llegada actual a la discusión de reforma política del Distrito Federal, es importante considerar de forma somera las siguientes etapas histórico-políticas de la Ciudad de México.

• En 1917 la Carta Magna reconoció la existencia del Distrito Federal y territorios. Los territorios se dividían en municipalidades encabezadas por un ayuntamiento de elección popular directa. El texto constitucional también señalaba que el Distrito Federal y los territorios estarían a cargo de gobernadores, que dependían directamente y podían ser removidos por el Presidente de la República.

• En 1928 la Ciudad de México pierde la figura municipal y, en su lugar, en un ánimo de consolidación central del federalismo, se creó un Departamento administrativo encabezado por el Presidente de la República, quien delegaba esta función en un regente.

• En 1987, ante el debilitamiento del centralismo institucional que tuvo dificultades para dar respuesta ágil a las demandas ciudadanas y a las emergencias sociales, se avanza con la creación de la Asamblea de Representantes, cuyos miembros fueron electos por la ciudadanía.

• En 1993 se dio otro paso más para avanzar en la autonomía política del Distrito Federal con la constitución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien asumió facultades fundamentales en materia de ingresos, presupuestación y fiscalización de los recursos públicos.

• En 1996 se asientan las bases para la expedición del Estatuto de Gobierno por el Congreso de la Unión, mediante el cual se regula la organización y funcionamiento de las autoridades locales, preservando la naturaleza jurídico-política del Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unión y capital de la República. Además, se avanza significativamente para reconocer el derecho que tienen los habitantes para elegir a su Jefe de Gobierno y a sus Delegados en cada uno de los 16 órganos político administrativos en que se divide el territorio del Distrito Federal.

Desde entonces, a pesar de los grandes cambios históricos ocurridos en el país y en la propia Ciudad, las reformas1 que requiere la Ciudad de México entraron en una fase de suspensión que no corresponde con la dinámica realidad que vivimos. Muchas propuestas se han realizado en estos años que es preciso retomar y discutir con el ánimo de dotar a la Ciudad de su propia Constitución Política y ponerla de frente a la vanguardia del acelerado proceso de urbanización que se presenta a nivel global.

Dando continuidad a la propuesta referida, que nos parece de la máxima importancia en el contexto de trasformación política nacional actual, considerando que los puntos expuestos son fortalezas en el proyecto de reforma política para la ciudad, se desarrolla la presente iniciativa con la finalidad de complementar el texto presentado y profundizar respecto de los siguientes dos ejes temáticos:

A. CONSOLIDACION DE LA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO:

1. Autonomía financiera, para potenciar las capacidades de la Ciudad.

2. Régimen metropolitano, para elevar la calidad de vida e los habitantes de la región del Valle de México y Centro País.

3. Seguridad Pública.

B. PROCESOS PARA CONTAR CON UN CONGRESO CONSTITUYENTE PLURAL, PARTICIPATIVO, DEMOCRATICO Y LEGITIMO.

4. Integración del Constituyente, para asegurar la representación de todas y todos.

5. Participación Ciudadana, para que los ciudadanos contribuyan activamente en el proceso de elaboración de la Constitución.

6. Referéndum, para dar por primera vez en México el derecho a los electores de ratificar el proyecto constitucional.

Los temas referidos, deben ser considerados y analizados como prioritarios al cambiar la naturaleza jurídica que hasta ahora tiene el Distrito Federal, por las siguientes razones de conformidad con cada tema:

1.- Autonomía financiera. Se propone darle autonomía a la Ciudad de México para que a través de su propio poder legislativo autorice los techos de endeudamiento en concordancia con la autonomía constitucional que lograría la Ciudad de México. En consecuencia, ya no será necesaria la intervención del Ejecutivo Federal y del Congreso en materia de deuda para la Ciudad de México, que actualmente se prevén en los artículos 73, fracción VIII y 122.

Al cambiar la naturaleza jurídica de la Capital de la República para transformarse en una entidad federativa con autonomía constitucional, es indispensable que se reconozca esa autonomía también en los aspectos económicos, como lo es el proceso para la autorización de su techo de endeudamiento, rendición de informes y fiscalización de su ejercicio, ya que dichos recursos forman parte del funcionamiento interno de la Ciudad Capital, como entidad federativa tal y como sucede con el resto de las entidades federativas a fin de poner en marcha proyectos productivos de alto impacto social.

En materia de autonomía financiera, reconocemos los avances que ha habido en las últimas fechas, con las recientes reformas constitucionales a diversos artículos de la constitución. Sin embargo, dada la naturaleza de los nuevos mecanismos de autorización de deuda de las entidades federativas que entrarían en vigor, una vez que finalice el proceso revisor de la constitución, se propone eliminar la participación del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión en la aprobación de la deuda de la Ciudad y en su lugar, someter ese proceso a la reforma mencionada en la cual las entidades federativas, incluido el Distrito Federal, tienen atribuciones a través de sus poderes locales para aprobar su deuda, así como el derecho a solicitar al Gobierno Federal el mecanismo de garantía de su deuda.

2.- Régimen Metropolitano. Desde hace ya varios años, el Distrito Federal y su entorno (político, económico, geográfico, social) son una sola unidad urbana. Para fortalecer e impulsar la competitividad y calidad de vida de la Zona Metropolitana y para generar una innovación institucional necesaria para gobernar la Ciudad de México, se propone dar un decidido impulso y reconocimiento constitucional a su régimen metropolitano.

La Ciudad de México no está desvinculada de su condición de metrópoli, como la zona Metropolitana del Valle de México no se entiende sin la aportación esencial de la Ciudad de México.

Los estudiosos de las políticas públicas destacan la importancia de la gestión local como estrategia para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y en consecuencia, el aseguramiento de los recursos suficientes para su puesta en marcha. Los gobiernos locales entran en una fase histórica de mayor representatividad no sólo política, por los indicadores actuales de los procesos de ciudadanización, sino también económica, por la exigencia de respeto a su autonomía de gestión.2 Hoy la dinámica metropolitana es condición no sólo suficiente, sino necesaria de la gestión local y nacional.

La capital de la república requiere que le sea reconocida por su importancia, además de su condición de capitalidad y que se le dé una naturaleza jurídica como entidad federativa con la plena autonomía constitucional que le es inherente, su régimen metropolitano ya que es la Ciudad Capital es el centro de desarrollo y crecimiento del país y un claro referente para el resto de los países latinoamericanos.

En la medida que le vaya bien a la zona metropolitana del Valle de México, le irá bien al país.

Aquí se propone que la Ciudad de México participe junto con las demás entidades federativas y municipios dentro del régimen metropolitano, dándole una base especial en el artículo 122, y que las materias de ese régimen, sean determinadas por la ley respectiva del Congreso de la Unión.

3.- Seguridad Pública. En esta materia, de cara a la autonomía constitucional propuesta para la Ciudad de México, se considera que el mando de la fuerza pública dependa del Ejecutivo Local, sin embargo, se determina que el Ejecutivo Federal pueda remover al titular del mando de la fuerza pública cuando se pongan en riesgo del desempeño de los Poderes de la Unión.

4.- Integración del Constituyente. Establecer el proceso de integración y elección de los diputados de la Asamblea Constituyente a fin de que se dé certeza jurídica respecto de la forma en que éste funcionará y se integrará.

Por lo que se propone que para la realización de la Constitución Política de la Ciudad de México se esté a lo siguiente:

• El proceso constituyente durará un plazo máximo de tres meses, desde que se instale la Asamblea Constituyente, hasta la remisión del proyecto de constitución al Jefe de Gobierno.

• Será facultad exclusiva del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la presentación de la propuesta de Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente, con las condiciones que más adelante se señalan.

• El objetivo de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México será analizar, discutir y aprobar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

• Deberá iniciarse el proceso de elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, dentro de los 30 días hábiles siguientes a que surta efectos la publicación del decreto de la presente reforma constitucional, por el Instituto Electoral del Distrito Federal, debiendo efectuarse la jornada electoral el domingo 30 de marzo de 2014.

• Habrá un diputado constituyente por cada 150,000 habitantes o fracción de conformidad con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• Los requisitos para ser diputado constituyente serán los mismos que se requieren para ser diputado local, conforme a la normatividad vigente, pudiendo participar quienes tengan o hayan tenido la calidad de legislador local o federal, por el Distrito Federal, propietario o suplente. Los puestos de diputados de la Asamblea Constituyente serán de carácter honorífico.

• Los diputados que integrarán la Asamblea Constituyente serán electos según listas que reflejen la representación política, en los términos y condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Deberá instalarse la Asamblea Constituyente dentro de los 5 días hábiles posteriores a que haya sido validada la elección por el Instituto Electoral del Distrito Federal.

•La Asamblea Constituyente deberá celebrar su primera sesión ordinaria dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su instalación.

• El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en ejercicio de su facultad exclusiva, hará llegar a la Asamblea Constituyente su propuesta de texto constitucional en su primera sesión ordinaria. En la misma sesión, la Asamblea Constituyente deberá aprobar el régimen interior y las reglas para la discusión, deliberación y aprobación del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México.

• Una vez aprobado el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México por la Asamblea Constituyente, deberá ser remitido al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que dé inicio el proceso de referéndum.

5.- Participación Ciudadana. Se propone que el Jefe de Gobierno pueda convocar a la ciudadanía a participar mediante diversos mecanismos para que se aporten propuestas de redacción del texto constitucional.

6.- Referéndum. Se propone que el proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, una vez aprobado por la Asamblea Constituyente, se someta a sanción de la ciudadanía a través del referéndum, requisito indispensable para poder ser promulgada y publicada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En los últimos años del siglo XX fue notoria la intervención de los procesos de referéndum para la aprobación final de Constituciones. Por ejemplo, la constitución española de 1978, a pesar de suponer un quebrantamiento con el régimen de Franco, fue acordada por una comisión especial de los diputados y de senadores, y posteriormente sometida a referéndum de ratificación el 6 de diciembre del mismo año.3 A la misma, por el despliegue de su proceso constituyente, se le ha llamado “Constitución de Consenso.”4

Jorge CARPIZO, en el momento en que discute sobre la necesidad de una nueva Constitución en México, puntualiza que no está de acuerdo con la existencia de asambleas o congresos constituyentes –que son contrarios a la idea de soberanía y poder constituyente- y en su lugar propone que pueden existir asambleas proyectistas que presentan eso, un proyecto de reforma constitucional a la consideración del pueblo, quien decide a través de un referendo, puesto que el pueblo es el único titular del poder constituyente.5 Añade que la evolución actual de los sistemas democráticos exige que las asambleas o congresos que discutan cambios constitucionales tengan únicamente el carácter de proyectistas.

De forma tal que las asambleas constituyentes se constituyen como cuerpos políticos técnicos meramente proyectistas, tal como los describe Mario DE LA CUEVA,6 y la decisión sobre las constituciones y sus reformas corresponde siempre el Pueblo.

Es por ello que se debe impulsar la participación de los ciudadanos en este proceso, pues los habitantes de la capital son los que han promovido los grandes cambios políticos de México y por ello son quienes deben sancionar el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México a través del referéndum.

Por las anteriores razones, sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 44; se elimina el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 73, y se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 44. La Ciudad de México es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los Poderes de la Unión y se compondrá del territorio que actualmente tiene. En caso de quelos poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México.

A la Ciudad de México se le asignarán recursos por su condición de capitalidad en los términos que se establezcan en la ley que para tal efecto expida el Congreso de la Unión.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

VIII. ELIMINAR SEGUNDO PARRAFO. DEUDA

Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

Artículo 122.- La Ciudad de México, es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos y la sede de los Poderes de la Unión; goza de autonomía constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos y con las particularidades expresamente establecidas en esta Constitución y la de la Ciudad de México.

La Constitución Política de la Ciudad de México será la Ley Suprema de la Ciudad de México. Las facultades que no están expresamente conferidas por esta Constitución a los Poderes Federales, se entienden reservadas para los Poderes locales de la Ciudad de México. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán de modo análogo para las autoridades de la Ciudad de México, en todo lo que no se oponga al presente artículo.

La Constitución de la Ciudad de México preverá los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y establecerá las más amplias garantías para su protección. Además, adoptará, para la Ciudad de México, para su régimen la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, popular y laico. El poder Público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los términos que establezca su Constitución sujetándose a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. No podrán reunirse dos o más de los poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

BASE SEGUNDA. El poder Legislativo Local se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. Sus integrantes serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Los integrantes del Poder legislativo no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter del propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los propietarios no podrán ser electos ni con el carácter de suplentes.

El Poder Legislativo local tendrá derecho de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión y de participar en las reformas y adiciones a esta Constitución, en los mismos términos que las legislaturas de los estados.

BASE TERCERA. El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la Ciudad de México. No podrá durar en su encargo más de seis años y será electo por votación universal, libre, directa y secreta, de conformidad con lo que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y en ningún caso podrá volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo.

En caso de falta absoluta del titular, el legislativo local designará al interino o sustituto, en los términos que la Constitución Local establezca.

BASE CUARTA. El Poder Judicial se ejercerá por los tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y gozará de autonomía y presupuesto propios. Se deberá garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones.

El Poder Judicial contará con un Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, cuyos magistrados durarán en su encargo el tiempo que señale la Constitución Política de la Ciudad de México y podrán ser reelectos; percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, y deberán reunir como mínimo los requisitos señalados en las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución.

Todos los magistrados o sus equivalentes serán ratificados por el Poder Legislativo.

BASE QUINTA. La Constitución Política de la Ciudad de México definirá la división territorial y la organización política-administrativa de la entidad federativa, sujetándose a los siguientes criterios:

La administración pública de la Ciudad de México será centralizada, desconcentrada y paraestatal.

La Hacienda Pública de la Ciudad de México será unitaria y se organizará con tal objeto para imponer las contribuciones para cubrirla, las normas en materia presupuestaria y la administración financiera.

La Constitución Política de la Ciudad de México definirá la división territorial de las demarcaciones de la Ciudad de México y establecerá su denominación, base poblacional, número y límites territoriales, salvaguardando la identidad histórica y cultural de sus habitantes, así como la eficiencia en la administración de los recursos públicos y la eficacia, regularidad y oportunidad de la prestación de los servicios públicos.

El Gobierno de las demarcaciones estará a cargo de un titular electo por votación universal, libre, secreta y directa y de un órgano colegiado de elección popular directa, éste último tendrá exclusivamente facultades de supervisión y de evaluación del gobierno y del ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades de los titulares del gobierno y de los órganos colegiados de las demarcaciones.

En la elección de los titulares de las demarcaciones y de los órganos colegiados podrán participar los ciudadanos en forma independiente y los partidos políticos nacionales y con registro local en la Ciudad de México.

Los integrantes de los órganos colegiados serán electos bajo los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá los requisitos que deberán reunir quienes aspiren a la titularidad de las demarcaciones y a integrar los órganos colegiados de las mismas.

Las divisiones territoriales contarán con el presupuesto que establezca a su favor el Poder Legislativo local, que deberá considerar, cuando menos, una distribución basada en criterios poblacionales, de capacidad económica, de marginalidad social y de requerimientos y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, así como en las necesidades específicas de la división territorial, quienes tendrán autonomía de gestión y responsabilidad presupuestal.

BASE SEXTA. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre los que habrá por lo menos un órgano electoral, un tribunal electoral, un órgano de protección de los derechos humanos y un órgano de acceso a la información pública y protección a los datos personales, así como los que establezca su Constitución Política.

La integración y funcionamiento de dichos organismos estará determinada por la Constitución Política de la Ciudad de México y el régimen electoral de la entidad estará sujeto a lo establecido en el artículo 116 fracción IV, apartados b) al n) de esta Constitución.

Habrá un Tribunal de lo Contencioso administrativo que tendrá a su cargo dirimir las controversias entre la Administración Pública Local y los particulares. La Constitución Política de la Ciudad de México definirá su organización y funcionamiento

BASE SEPTIMA. En adición a lo que se establece en el segundo párrafo del artículo 44 de esta Constitución, lo poderes federales tendrán en forma limitativa las siguientes facultades respecto a la Ciudad de México:

Corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre todo lo concerniente a la funcionalidad de los poderes federales en el territorio del Distrito Federal. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos participará ejecutando las disposiciones generales para esa funcionalidad.

El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en la Ciudad de México, podrá ser removido por el Presidente de la República por causas graves que pongan en riesgo el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión.

En términos de lo establecido en el artículo 44 de esta Constitución, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerán los recursos que se otorgarán anualmente a la Ciudad de México por su condición de Capital de la República; el titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México enviará a la Cámara de Diputados las previsiones presupuestales correspondientes a este rubro para que sean consideradas en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

BASE OCTAVA. La Constitución local establecerá los mecanismos de transparencia del ejercicio de la función pública, responsabilidad de los servidores públicos locales, así como régimen laboral del gobierno local y sus trabajadores, con sujeción a las normas establecidas en las Fracciones V y VI del Artículo 116 de esta Constitución.

BASE NOVENA. Se reconoce la importancia de la Zona Metropolitana de la Ciudad deMéxico y de la Zona Centro País, por lo que la Ciudad de México establecerá mecanismos de coordinación metropolitana y regional con la Federación, los Estados y municipios conurbados a fin de garantizar la respuesta eficiente a las demandas de servicios y la eficaz prestación de los servicios públicos en su condición de megalópolis, parte de una zona metropolitana y de una zona regional conforme a la ley que emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación entre la Federación, la Ciudad de México y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones metropolitanas y regionales para la prestación de servicios públicos en la Zona Centro del país se establecerá el Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro.

La Zona Centro del país incluirá, además de la Capital de la República, los municipios conurbados de los Estados del centro del país, en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes de la materia.

Este Consejo podrá acordar acciones de planeación, regulación y coordinación para el desarrollo de dichos centros urbanos en las siguientes materias: asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública.

Una ley del Congreso de la Unión establecerá las bases para la integración y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro, las cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este artículo y lo establecido en el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, así como a las competencias constitucionales de los órdenes de gobierno que integren el Consejo. De conformidad con lo dispuesto en sus constituciones, los gobiernos de la Ciudad de México, de los Estados y de los Municipios conurbados de la Zona Centro del país podrán integrarse al Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro en términos de lo que disponga la ley a que se refiere este párrafo.

La ley que crea el Consejo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro establecerá las bases para:

a) Determinar los ámbitos territoriales y las funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el tercer párrafo de esta fracción;

b) Las bases para establecer sus funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación, y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes del Consejo de DesarrolloMetropolitano de la Zona Centro.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En tanto se expidan las nuevas normas aplicables a la Ciudad de México continuarán rigiendo las disposiciones legales vigentes. En consecuencia, todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones de este Decreto.

TERCERO. La seguridad social de los trabajadores de la Ciudad de México y de sus órganos autónomos, dependencias, entidades, Poderes Legislativo y Judicial y Consejo de la Judicatura, estará a cargo del organismo público de la Federación encargado de la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado de conformidad con su normatividad específica y con los convenio que suscriban estos entes y la dependencia federal.

CUARTO. El objetivo de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México será analizar, discutir y aprobar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

QUINTO. Será facultad exclusiva del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la presentación de la propuesta de Constitución a la Asamblea Constituyente.

SEXTO. Con la finalidad de que se considere la participación ciudadana durante la elaboración del proyecto de texto de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno podrá convocar a la ciudadanía a participar mediante diversos mecanismos, incluyendo las tecnologías de la información y de la comunicación, para que estén en posibilidad de aportar propuestas de redacción del texto constitucional.

SEPTIMO. El proceso constituyente durará un plazo máximo de tres meses, contados desde la instalación de la Asamblea Constituyente hasta la fecha de la remisión del Proyecto de Constitución al Jefe de Gobierno.

OCTAVO. Deberá iniciarse el proceso de elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente, dentro de los 30 días naturales siguientes a que surta efectos la publicación del Decreto de la presente reforma constitucional, por el Instituto Electoral del Distrito Federal; la jornada electoral deberá efectuarse el domingo inmediato posterior a los 60 días que ocurra la declaratoria de reforma constitucional por parte del Congreso de la Unión. En el supuesto de que no hubiere declaratoria en la fecha referida, la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente se realizará en la misma fecha en que se celebre la jornada electoral federal del 2015.

Habrá un diputado constituyente por cada 150,000 habitantes o fracción de conformidad con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los requisitos para ser diputado constituyente serán los mismos que se requieren para ser diputado local, conforme a la normatividad vigente, pudiendo participar quienes tengan o hayan tenido la calidad de legislador local o federal, por el Distrito Federal, propietario o suplente. Los puestos de diputados de la Asamblea Constituyente serán de carácter honorífico.

NOVENO. Los diputados que integrarán la Asamblea Constituyente serán electos según listas que reflejen la representación política, en los términos y condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECIMO. Deberá instalarse la Asamblea Constituyente dentro de los 5 días hábiles posteriores a que haya sido validada la elección por el Instituto Electoral del Distrito Federal y deberá celebrar su primera sesión ordinaria dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su instalación.

UNDECIMO. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en ejercicio de su facultad exclusiva, hará llegar a la Asamblea Constituyente su propuesta de texto constitucional como fecha límite en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Constituyente. Desde esa misma sesión y dentro de los 5 días hábiles posterioresla Asamblea Constituyente deberá aprobar el régimen interior y las reglas para la discusión, deliberación y aprobación del proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México.

DUODECIMO. A fin de que la ciudadanía tenga intervención directa en el procedimiento constituyente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México al recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México por parte de la Asamblea Constituyente, deberá convocar a referéndum dentro de los seis meses siguientes, proponiendo la forma y términos en que será sometido a sanción de la ciudadanía. El proceso de referendum será organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal.

En caso de que los electores de la Ciudad de México, con una participación de cuando menos tres quintas partes de los votos emitidos, sancionen favorablemente la totalidad del proyecto, el Jefe de Gobierno procederá a su promulgación y publicación.

En caso de que los electores de la Ciudad de México, con una participación de cuando menos tres quintas partes de los votos emitidos, sancionen favorablemente ciertas partes del proyecto, el Jefe de Gobierno devolverá a la Asamblea Constituyente el proyecto a fin de que sean analizadas y discutidas nuevamente las partes no sancionadas favorablemente por la ciudadanía. La Asamblea Constituyente tendrá un mes para analizar, discutir y aprobar las modificaciones y enviará el proyecto integral, con sus modificaciones, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación.

En caso de ser rechazado en su totalidad el proyecto de Constitución, vía referendum, la Asamblea Constituyente quedará disuelta y se deberá convocar nuevamente a elección de sus integrantes en el proceso electoral siguiente, de conformidad con las previsiones de este Decreto, en lo conducente.

DECIMOTERCERO. En caso de duda sobre la interpretación o alcances del presente régimen transitorio y del presente Decreto deberá estarse a los principios del derechos constitucional, de los poderes constituyentes, y en su aplicación se privilegiarán los valores de la democracia directa, de la pluralidad, de la diversidad, de la legitimidad, de la participación ciudadana, entre otros aplicables al proceso constituyente de la Ciudad de México.

DECIMOCUARTO El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes a que hacen referencia los artículos 44, segundo párrafo y 122, base novena, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carrillo".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mario Delgado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 49 y 52 de la Ley de Aviación Civil, que se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.


1 Hurtado y Arellano ubicaron más de 40 iniciativas en el Congreso de la Unión sobre el Distrito Federal que están en la congeladora. Cfr. Hurtado, Javier y Arellano, Alberto.La Ciudad de México no es el Distrito Federal. Estatuto Político y Diseño Institucional. UNAM. México. 2011.

2 Cfr. La Carta Europea de Autonomía Local, que entró en vigor general el 1 de septiembre de 1988. Esfuerzos similares se han realizado en América Latina.

3 LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional. Volumen I.8ª ed. Tirant Lo Blanch. España. 2010. pp. 21 y ss.

4 ibídem, p. 24.

5 CARPIZO, op. cit. pp. 272 y ss.

6Cfr. DE LA CUEVA, Mario. Teoría de la Constitución. 2ª edición. Porrúa. México. 2008.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 49 Y 52 DE LEY DE AVIACION CIVIL

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 49 Y 52 DE LEY DE AVIACION CIVIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El número de pasajeros que se transportan en avión ha aumentado, así lo demuestran las estadísticas; en el año 2000 la cifra de personas que utilizaron dicho medio de transporte fueron 17 millones 599, 785 pasajeros, doce años más tarde, en el 2012, la cifra llegó a los 27 millones 171,485 de viajeros, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).1

Ahora bien, uno de los mayores problemas que sufren las aerolíneas gira en torno a los retrasos y demoras en los vuelos, continuamente y sin ninguna explicación las aerolíneas retrasan la salida de las aeronaves provocando que los consumidores pierdan citas, reuniones o negocios importantes que perjudican la vida personal y profesional del usuario.

Datos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refieren que: “El índice de puntualidad de las aerolíneas se mide en base a las demoras que son atribuibles a la aerolínea, no del total de demoras. Las demoras que no son atribuibles a las aerolíneas pueden ser por diferentes motivos cómo: condiciones meteorológicas, seguridad operacional-aeroportuaria, sistemas de navegación, suministro de turbosina, entre otros.”2

Las aerolíneas mexicanas tuvieron un índice promedio de enero a junio de 2013 en puntualidad de 90 por ciento; es decir, 11 de cada 100 vuelos realizados llega tarde a su destino por causas atribuibles a la aerolínea, como retrasos en el mantenimiento o con la tripulación.3

Otro de los problemas que aquejan a los usurarios de las aerolíneas es la sobreventa de pasajes aéreos (overbooking), esta es una práctica que consiste en que las aerolíneas venden dos veces un mismo boleto, con el objeto de asegurar una ganancia y así evitar asientos vacios en los vuelos.

La sobreventa de pasajes aéreos es una práctica frecuente en la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales y, por lo tanto, conflictiva entre vendedor-comprador; es decir, existe un daño moral indemnizable para los usuarios.

Las aerolíneas tienen políticas internas respecto de dicha prácticas, a fin de tratar de subsanar el daño económico, lo real es que el tiempo que pierden los pasajeros es irreparable.

Al respecto, el ex Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, informó el pasado 7 de abril de 2013, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han atendido a mil 352 turistas, que reclamaban un monto por tres millones 313 mil 472 pesos, siendo las principales quejas el retraso de vuelos, sobreventa y pérdida de equipaje.4

Por tal razón, la sobreventa de pasajes aéreos se puede traducir en un incumplimiento de contrato por parte de las aerolíneas, y su magnitud se ve reflejado en los inconvenientes y desconciertos que acarrea para los usuarios, pues ellos en muchas ocasiones ya tienen programadas sus actividades, mismas que no en todos los casos las pueden desarrollar por la irresponsabilidad de las aerolíneas.

Es importante mencionar que un elevado porcentaje de pasajeros que realizan su reserva para un vuelo, no la utilizan, lo que supone; en primer lugar, que al figurar reservada, puede o no ser adquirida por otra persona y, en segundo lugar, que el avión puede llegar a despegar con pasajes que no han sido ocupados, lo que reportaría un grave perjuicio económico para las compañías.

De esta forma, para evitar esta situación, las empresas realizan una estimación de las reservas que pueden ser anuladas, basándose en estadísticas, y ofrecen al público más lugares de los que dispone el avión. Por lo que al venderse más lugares de los que tiene el avión, a muchos viajeros se les niega la posibilidad de embarcar.5

Es importante destacar la problemática que acarrea dicha práctica, ya que a pesar del disgusto que les hacen pasar al o los usuarios de no poder volar como así lo deseaban, una gran cantidad de pasajeros se puede quedar varados en una localidad e incluso en un país que no es el suyo; aunado a que esto difícilmente se resolvería con alguna cuestión económica.

En consecuencia, la sobreventa de pasajes aéreos es un incumplimiento contractual, ya que las aerolíneas oferta más de lo que realmente pueden dar; por tal razón, la concesionaria debe responder por las consecuencias de sus actos, no sólo económicamente, sino también moralmente, algo que difícilmente podrá hacerlo.

Por lo tanto, nos encontramos con las dos caras de un mismo problema; por un lado, la tolerancia de dicha práctica y por otro lado el negarle a un usuario volar el día y la hora en que lo tenía programado.

Cabe mencionar, que en varios países latinoamericanos, han modificado sus normas en la materia con el objeto de erradicar los abusos que cometen las aerolíneas en contra de los usuarios, al respecto nos encontramos con las siguientes.

Paraguay

La Ley N° 1.860/02, que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay6, señala que en caso de que se cancele el vuelo, el usuario tendrá derecho al reembolso del precio del boleto; Asimismo, estipula el rembolso fraccionado por el tiempo en que la aeronave tarde en despegar.

Artículo 147.- En caso de cancelación del viaje por el porteador, el pasajero tendrá derecho al reembolso del precio del billete abonado.

Artículo 148.- En caso de atraso de la partida de la aeronave por más de ocho horas, el porteador queda obligado a providenciar el embarque del pasajero en otra aeronave con servicio equivalente para el mismo destino, salvo preferencia del pasajero a ser reembolsado en el precio del pasaje.

Artículo 149.- Si el vuelo se interrumpiese o se atrasase en un aeropuerto de escala, por tiempo superior a seis horas, cualquiera sea el motivo, el pasajero podrá optar por el endoso del billete de pasaje o la devolución del precio del pasaje.

Cuando la interrupción o el atraso fuera imputable al porteador, todos los gastos razonables de alimentación, hospedaje, transporte del lugar y comunicaciones en que incurriese el pasajero, serán a cargo del porteador.

Chile

La Ley N°. 18.916; Código Aeronáutico7 de la República de Chile, funda como derecho de los usuarios del transporte aéreo la indemnización cuyo boleto estuviera confirmado y la aerolínea no le hubiese permitido abordarlo.

Artículo 133.- El transportador que no embarcare a un pasajero que se hubiere presentado oportunamente y cuyo boleto de pasaje estuviere previamente confirmado en un vuelo determinado, estará obligado a las prestaciones que señale el reglamento, sin perjuicio de las acciones de indemnización que correspondan, cuando no existiere una causa que lo exima de responsabilidad.

Si el viaje ya iniciado se interrumpiere o suspendiere por causa que no exima de responsabilidad al transportador, éste estará obligado, a sus expensas, a proporcionar mantención y hospedaje a los pasajeros.

De igual modo deberá ofrecerles, a elección de ellos. cualquiera de las siguientes opciones:

a) Reembolso del importe proporcional del trayecto no realizado;

b) Continuación del viaje, con la demora prevista para solucionar su interrupción;

c) Reanudación del viaje con otro transportador, en las mismas condiciones estipuladas, y

d) Retorno al punto de partida, con reembolso del precio del pasaje.

En este miso orden de ideas el Reglamento del Artículo 133 de La Ley N° 18.916; Código Aeronáutico de la República de Chile8, menciona las responsabilidades que tiene las aerolíneas para con los usuarios que no pudieron abordar el vuelo que tenían programado.

Artículo primero: El transportador aéreo que no embarcare a un pasajero que se hubiere presentando oportunamente y cuyo boleto de pasaje tuviere espacio previamente confirmado en un vuelo determinado, estará obligado, a elección del pasajero, al reembolso del importe pagado, o a embarcar al pasajero en el primer vuelo disponible que sea aceptable para éste.

En este último caso el transportador estará obligado, además, a proporcionar al pasajero, como mínimo y sin cargo para el mismo, las siguientes prestaciones:

a) Comunicaciones telefónicas que el pasajero necesite efectuar;

b) Comidas y refrigerios necesarios hasta el embarque en el otro vuelo;

c) Alojamiento, cuando el tiempo de espera para embarcar en el otro vuelo así lo requiera;

d) Movilización desde y hacia el aeropuerto.

e) Los arreglos y las prestaciones anteriores que sean necesarias para continuar el viaje, en caso que el pasajero pierda un vuelo de conexión con reserva confirmada.

Bolivia

En la Ley N° 2902 de la Aeronáutica Civil de la República de Bolivia,9 también se establece como prerrogativa de los usuarios el reembolso por daños y perjuicios ocasionados por las aerolíneas.

ARTICULO 101. Los pasajeros de transporte aéreo tienen las siguientes derechos:

a) A ser tratado como persona, con respeto y consideración a su dignidad humana.

b) A ser oportunamente informados de cambios de fuerza mayor.

c) A ser atendidos adecuadamente por cambio de horario, cancelación del vuelo sin cargo alguno.

d) A la garantía de su salud y la vida.

e) A sus garantías constitucionales y los derechos humanos.

f) Al derecho de percibir el reembolso por daños y perjuicios ocasionados.

En México la normatividad vigente no ha sido suficiente para eliminar de las aerolíneas este tipo de prácticas que lesionan considerablemente los derechos de los usuarios que ya han adquirido un boleto de viaje.

La sobreventa de pasajes aéreos se lleva a cabo en nuestro país bajo el amparo de la Ley de Aviación Civil; la cual, en su artículo 52 señala que:

Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, el concesionario deberá:

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior.

Sin embargo, aunque los usuarios cuenten con los derechos antes otorgados, esta por demás entendido que el procedimiento para que les reparen el daño es tortuoso; asimismo, la principal demanda de los pasajeros no siempre radica en lo económico, sino en el tiempo perdido, lo cual es un perjuicio imposible de reparar.

Se debe concebir que la sobreventa de pasajes aéreos es un vicio que se realiza frecuentemente por parte de las aerolíneas, en virtud de que lo realizan bajo el argumento de que en algunas ocasiones deben vender dos veces un porcentaje del pasaje con el objetivo de asegurar una ganancia para la empresa.

De tal modo, la presente iniciativa tiene como objeto prohibir la sobreventa de vuelos, el pasajero tendrá la plena seguridad de que podrá realizar su viaje el día y la hora que tenía planeado.

El Congreso de la Unión deben salvaguardar en todo momento los derechos de los pasajeros que utilizan este medio de transporte. No se pueden seguir tutelando las arbitrariedades de las aerolíneas en contra del tiempo y vida de los usuarios.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 49 Y 52 DE LEY DE AVIACION CIVIL

PRIMERO.- Se REFORMA y ADICIONA el Artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 49. El contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, el día y la hora estipulado de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio.

El contrato podrá ser prorrogado automáticamente cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el vuelo se cancele o no se realice conforme a la fecha y horario estipulado.

SEGUNDO.- Se REFORMA Y ADICIONA el Artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. a III. …

No se podrán expedir boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave cuando estos ya hayan sido comprados por los pasajeros.

En los casos del párrafo anterior y de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al cincuenta por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013".

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 49. El contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio.

El contrato deberá constar en un billete de pasaje o boleto, cuyo formato se sujetará a lo especificado en la norma oficial mexicana correspondiente.

Artículo 49. El contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, el día y la hora estipulado de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio.

El contrato podrá ser prorrogado automáticamente cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito el vuelo se cancele o no se realice conforme a la fecha y horario estipulado

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

  • a III. …

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

  • a III. …

No se podrán expedir boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave cuando estos ya hayan sido comprados por los pasajeros.

En los casos del párrafo anterior y de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al cincuenta por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

Se recibió de la Senadora Layda Sansores San Román, una iniciativa conproyecto de Decreto por el que se abroga la fracción X del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.


1 Gómez, Katyana “Calidad en servicio, el otro reto de las aerolíneas” [en línea], en el periódico Dinero en Imagen, [citado 15/11/2013], disponible en http://www.dineroenimagen.com/2013-06-15/21703

2 “Índice de puntualidad del AICM-aerolíneas nacionales 2013”, [en línea], Secretaría de Comunicaciones y Transportes, [citado 15/11/2013], disponible en http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadisticas-de-calidad/

3 Ibídem.

4Llama Benítez Treviño a funcionarios atender con eficacia a los turistas [en línea], Comunicado 075 de la Procuraduría Federal del Consumidor, [citado 15/11/2013], disponible en http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/abril13/bol075.asp

5 Damsky, Isaac Augusto “Reflexiones sobre la Práctica del Overbooking o Sobreventa de Pasajes en Argentina”, [en línea], México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, [citado 25/11/2013], disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2722/29.pdf

6 Ley N° 1.860/02, Que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay, [en línea], Paraguay, [consultado el 26/11/2013], disponible en http://www.rocafergo.com/dinac/LEY1860-02.pdf

7 La Ley N°. 18.916; Código Aeronáutico de la República Chile, [en línea], República de Chile, [consultado el 26/11/2013], disponible en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30287

8Reglamento del Artículo 133 de La Ley N°. 18.916 del Código Aeronáutico, [en línea], República de Chile, [consultado el 26/11/2013], disponible en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172122&idParte=&idVersion=2000-07-07

9 Ley N° 2902 de la Aeronáutica Civil de la República de Bolivia, [en línea], República de Bolivia, [consultado el 26/11/2013], disponible enhttp://clacsec.lima.icao.int/CLAC-Legislacion/BOL-LeyAeronautica.pdf






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA FRACCION X DEL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por la C. Senadora Layda Sansores San Román, del Partido Movimiento Ciudadano)



Se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señora Presidenta; compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

La iniciativa que me he permitido presentar el día de hoy para reformar el artículo 115 constitucional, tiene que ver con un aspecto fundamental.

Hoy por hoy, en este Senado de la República, hemos decidido, de manera contundente, defender los derechos humanos de todos los mexicanos.

Hace apenas un par de periodos aprobamos reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo. Porque el objetivo de los legisladores, de los Senadores, de las Senadoras, de los Diputados y las Diputadas, es salvaguardar los derechos de los trabajadores.

A fin de cuentas lo que se pretende es que, nuestro país camine hacia estadios de una mayor productividad.

Y si desde este Senado de la República hemos impulsado estas reformas. Y si hoy en el gran proyecto de nación que impulsa el Presidente Enrique Peña Nieto a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene que ver con garantizarle los derechos a los mexicanos, pues en esa misma línea, en ese mismo sentido, debemos también respetar los derechos de los trabajadores que están al servicio de los municipios y de los estados.

Es decir, aquellos trabajadores que ingresan a trabajar en las administraciones municipales, y que por su estatus laboral ya sea eventual, ya sea por contrato, ya sea supernumerario, se ha estilado, porque la ley no ha sido muy precisa, de que no tengan las prestaciones y no tengan los derechos que la Ley Federal del Trabajo reconoce para todos los trabajadores.

Es decir, muchos trabajadores de los municipios no tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a los servicios médicos, no tienen derecho a aportar para una pensión, que en el futuro les permita jubilarse y pensionarse.

Y esto, pues no puede seguir así. Sabemos que de las finanzas municipales en algunos casosson limitadas, pero no puede, por este motivo, pues pasar por alto los derechos humanos de los trabajadores.

Por eso esta reforma, esta reforma que tiende a garantizar desde la Constitución, para quelos estados puedan legislar en materia laboral; en materia laboral en el derecho burocrático, en el derecho para los servidores públicos, estatales y municipales, es indispensable.

Con esto estaremos abriendo la puerta para que los estados estén en posibilidad de hacerlo. Para que los Congresos de los estados puedan legislar en la materia y al final de cuentas, estos cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos, con una cantidad importante de años en el servicio, no han podido acceder, como es un derecho fundamental, a la pensión y a los servicios de salud.

Por eso yo solicitaría que esta iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales. Pedir la comprensión de mis compañeros de esta comisión, a efecto de que se apruebe en comisión y que estemos en condiciones de que el próximo año le entreguemos un producto legislativo a los estados, en beneficio de los servidores públicos municipales y estatales.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

"El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del grupo parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 8, fracción I  y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad social, es conceptualizada por algunos tratadistas, en esencia, como el instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y a la salud, por medio de prestaciones para las que contribuyen los patrones, los trabajadores y el Estado, o alguno de ellos como subsidios, pensiones y atención facultativa y de servicios sociales.

En nuestro país, la Seguridad Social es definida en base a su propósito, conforme el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, como la que tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Olímpico objetivo, por ello de ese tamaño su importancia, puesto que su incidencia en el bienestar de la población en general y de ciertos segmentos en particular, constituye una de las principales herramientas en el combate a la pobreza y un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla. Esto a su vez propicia el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño económico, así reconocido por la Organización Internacional del Trabajo.

En esa dimensión e importancia, es evidente que la seguridad social es para todos los trabajadores, ya sea que presten sus servicios a la iniciativa privada o al Estado mismo; y en cualquiera de las calidades que la prestación del trabajo pueda asumir, evidentemente, mientras se trate de un servicio personal y subordinado, para distinguirlo de las relaciones o servicios de carácter civil o mercantil.

Luego, tan es así, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse en su artículo 123 a los empleados de confianza, no obstante que éstos no cuentan con estabilidad en el empleo, textualmente sí se dispone que disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

Artículo 123. (…)

APARTADO B.

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

En esa lógica, es claro que pueden existir diferencias laborales originadas, de manera primigenia, por la distinción entre cargos de base y de confianza, pero también es claro que los beneficios de la seguridad social se encuentran protegidos para todos los trabajadores.

No obstante, esta conclusión parece estar en ocasiones a interpretación, en virtud de que en algunos casos, para ciertos trabajadores al servicio público, las prestaciones de seguridad social no están debidamente garantizadas.

Las Legislaturas de los Estados son las competentes para expedir las leyes que rigen las relaciones de trabajo de los servidores públicos de los municipios y la entidad pública de que se trate, sin dejar de observar las bases del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 115 de la invocada Carta Magna.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

Mas, como ya se dijo, en ocasiones esta disposición suprema parece estar a la interpretación, puesto que no necesariamente ocurre conforme así se dispone.

Por ejemplo, la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, señala…

Artículo 33. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, las personas que presten sus servicios mediante contratos por tiempo y obra determinada, y aquellos que lo hagan a través de contratos sujetos a la legislación común.

Disposición bajo la cual los servidores públicos con el carácter de supernumerarios en el Estado de Jalisco, no son inscritos ni gozan de los beneficios que implica la afiliación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Si bien es cierto, que normalmente los servidores públicos son inscritos en los términos de los convenios correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, también lo es que dichos convenios no contemplan la totalidad de las acepciones que constituyen la seguridad social, entre los que se puede resaltar la cobertura de los conceptos de jubilación, invalidez, vejez y muerte; los cuales, forman parte de las bases mínimas de la seguridad social, en los términos de la fracción XI del Apartado B del multireferido artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el término “prestación de servicios por tiempo u obra determinada”, dan la impresión de ser los nombramientos menos comunes, sin embargo, esto no es así, pues es común que porcentajes muy importantes de la fuerza laboral de los entes públicos estén formados por personal supernumerario. El caso se incrementa, contemplando que los nombramientos de los servidores públicos de confianza, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6 en relación al 8 y a las fracciones IV y V del 16 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, son considerados como supernumerarios.

Incluso, a mayor abundamiento, cabe decir que las anteriores consideraciones, son corroboradas en la jurisprudencia2a./J. 204/2007, sustentada por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 205 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, noviembre de 2007, materia Constitucional Laboral, con número de registro 170892, de rubro y texto que se transcriben a la letra:

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCION XIV, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCION AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros.

Mucho hemos invocado la seguridad social con carácter de universal, así que, los Estados no deben ser la excepción, por cuanto hace a la seguridad social de sus servidores públicos.

Baja California Norte, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán y Zacatecas; por mencionar algunos, son entidades que excluyen como sujetos de la seguridad social a los empleados temporales, independientemente de su clasificación por funciones como de base o confianza.

De tal suerte, que en congruencia y exigencia Constitucional, cualquiera que sea la clasificación de un empleado, trabajador o servidor público, debe tener garantizado su derecho al salario y a la seguridad social, por ello, que a efecto de evitar cualquier contradicción interpretativa, es mejor que la Carta Magna no deje lugar a ello y estipule claramente que todos los empleados públicos deben tener garantizado sus derecho al salario y a la seguridad social.

Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta Honorable Soberanía, es la contenida en la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAEL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. (….)

I. a la VII. (….)

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. Estas disposiciones deberán asegurar la protección al salario y a la seguridad social para los trabajadores, independientemente de su estabilidad en el empleo, temporalidad y clasificación por naturaleza de nombramiento y función a la que pertenezcan.

IX. y X. (….)

TRANSITORIO

UNICO.-El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Muchas gracias, Senador Casillas Romero. Túrnesea las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y del Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 254 Quintus de la Ley Federal de Derechos.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 254 QUINTUS DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y del C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señora Presidenta; apreciables compañeras y compañeros Senadores:

La problemática actual que enfrentan las entidades federativas, como mi estado, Campeche, en donde es incalculable la contaminación que afecta no sólo la ecología, sino también los mares, la flora y fauna y a los seres humanos, se deriva en parte por la explotación de hidrocarburos en la región, aunada a que no se cuenta con los recursos necesarios para establecer acciones preventivas en salud, infraestructura, fortalecimiento del medio ambiente, entre otros, por lo que se hace necesario que se modifique nuestro marco normativo vigente.

Numerosos estudios han concluido que en materia de contaminación el principal agenteque provoca este fenómeno en los estados petroleros es la producción, la cual genera desechos contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo como consecuencia de su actividad.

Al respecto, en el año 2001, el Banco Mundial realizó una revisión de la carga de enfermedad originada por riesgos ambientales en América Latina; estimando que la carga de enfermedad originada por la contaminación atmosférica en las próximas dos décadas se traducirá en un promedio de 140,000 muertes prematuras al año.

La situación actual nos indica que hacen falta recursos a los estados conocidos como petroleros, con el fin de que en ellos se concentren esfuerzos de investigación, monitoreo y control de áreas, así como estudios especializados para poder conocer los efectos sobre los organismos vivos. Es preocupante, por ejemplo, el uso de lodos en la perforación, con compuestos altamente tóxicos, ya que no existe información sobre sus efectos e impactos en las comunidades marinas; ejemplo de ello es el que se encuentra ubicado en la Zonda del estado de Campeche.

Por otra parte, la industria turística de los estados petroleros no ha podido crecer, debido a que las playas se ven afectadas, sobre todo, debido a que en el área de perforación para la explotación del petróleo, se derrama una gran cantidad de éste.

Adicionalmente, existen secuelas de problemas que afectan el tejido social, por ejemplo, los movimientos migratorios de personas que, motivadas por el espejismo del petróleo, se trasladan a otros estados con la esperanza de encontrar acomodo en una fuente de empleo para subsistir; sin embargo muchos, al no encontrarlo, se dedican a la realización de actividades que no requieren esfuerzo ni preparación.

Lo anterior ha traído, como consecuencia inmediata, la concentración de población enciertos territorios, con la subsecuente demanda de servicios públicos indispensables, como agua potable, recolección de desechos, seguridad pública, alumbrado, calles pavimentadas y caminos, transporte urbano, viviendas, energía eléctrica, infraestructura urbana, educación, salud y espacios de esparcimiento y diversión; todo esto sin que los estados petroleros cuenten con los recursos suficientes para atender dichas demandas.

Y es que si bien, los estados del Golfo de México conservan vastos recursos naturales; los asentamientos humanos y las actividades productivas han propiciado una severa transformación de usos y costumbres en las zonas petroleras de estos estados, situación que ha inducido a problemas de tipo ambiental, y que a su vez ha generado una polarización económica favoreciendo a sectores reducidos y marginando a gran parte de población urbana y rural.

Para México, esta es una de las zonas más productivas por sus recursos económicos y costeros; sin embargo, los niveles contaminantes encontrados en la región son señal de que se deben aplicar políticas e inversiones para tratar de evitar las irreversibles catástrofes ecológicas y sociales.

En semanas anteriores con la reforma fiscal y conscientes de la necesidad de implementar un régimen fiscal justo a favor del Estado mexicano y de las propias comunidades en donde se realizan mineras, se aprobó dotar de mayores recursos a los estados que tengan esta actividad económica con la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, los recursos que se obtengan por los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería serán aplicados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano que será positivo en las entidades federativas y municipios mineros toda vez que son éstas en las cuales tuvo lugar la explotación minera y quienes en realidad son sujetos de una afectación en su entorno ambiental.

A partir de estas premisas, y en vista de que los estados petroleros del país sufren consecuencias graves en su entorno económico, político y social, y de que la Federación no cuenta con un mecanismo que permita resarcir de manera especial a aquellas entidades en donde se realiza la explotación intensa de algún recurso nacional; la presente iniciativa propone el establecimiento de nuevo derecho para ser destinado a los estados que forman parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas con base en la última información del Censo Económico que lleva a cabo el INEGI.

Con el establecimiento de este derecho, los estados petroleros podrán contar con mayores recursos económicos para sanear los daños que le son ocasionados por la extracción de nuestros hidrocarburos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 254 Quintus, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Ley Federal de Derechos

Artículo 254 Quintus. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho de compensación a las entidades federativas, aplicando la tasa del 1.5 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente que corresponda el derecho.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo y gas natural, extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, la tasadel 1.5 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia del pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se distribuirá entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el INEGI, de acuerdo a la proporción total que les corresponda del valor de extracción bruta de los hidrocarburos, para lo cual Petróleos Mexicanos deberá presentar una declaración anual informativa en los plazos que establece el párrafo anterior de este artículo, así como el informe de estos valores por entidad federativa correspondientes al ejercicio que se informa.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

Iniciativa

"Los que suscriben, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz y Senador Oscar Román Rosas González, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 254 Quintus de la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es conocido que nuestro sistema fiscal es concurrente, debido a que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran definidas las potestades tributarias con las que cuentan la Federación y los municipios, y en consecuencia, las entidades federativas están facultadas a imponer cualquier contribución que no sea exclusiva de los primeros.

Sin embargo, en nuestro país prevalece una coordinación fiscal que data de 1953, que ha redundado en un centralismo fiscal a través del Gobierno Federal, ya que concentra los principales impuestos del país: Sobre la Renta, al Valor Agregado, Especiales a la Producción y Servicios; bajo este sistema, las entidades federativas reciben parte de estos recursos a través de las participaciones y aportaciones federales.

Es necesario que el federalismo fiscal en México evolucione, para así responder al problema de asignación óptima en materia de impuestos regionales y federales, su distribución y el diseño de las transferencias entre la Federación, los estados miembros y los municipios.

Lo anterior obedece a la problemática que enfrentan los Estados en donde se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos. La incalculable contaminación que afecta no sólo la ecología, sino también los mares, la flora y fauna y a los seres humanos, aunada a que no se cuenta con las facultades fiscales para imponer “contribuciones ecológicas”, genera que no se cuente con recursos que puedan ser destinados a acciones preventivas en salud, infraestructura, fortalecimiento del medio ambiente, entre otros.

En materia de contaminación, el principal agente que provoca este fenómeno es la paraestatal PEMEX, la cual genera desechos contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo como consecuencia de su actividad económica. Entre los contaminantes, genera Óxidos de Nitrógeno (NOx), grupo de gases altamente reactivos, que contiene Nitrógeno y Oxigeno en cantidades variables y Dióxidos de Nitrógeno (NO2), los cuales se forman cuando el combustible se quema a altas temperaturas.

El Óxido de Nitrógeno (NOx) es uno de los ingredientes para la formación de ozono a nivel del suelo, pero puede provocar ciertos problemas respiratorios; además, reacciona para formar partículas de Nitrato que también causan problemas respiratorios; además, el NOx contribuye a la formación de lluvia ácida que causa problemas en la vista y contribuye al calentamiento de la atmósfera.

Desde 1970, la Enviroment Protection Agency (EPA) ha llevado registros de las emisiones de los principales contaminantes del aire: Monóxido de Carbono (CO), Plomo (Pb), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2), partículas suspendidas y compuestos orgánicos volátiles (COV). Del citado registro, se ha encontrado que las emisiones de los contaminantes citados ha disminuido con excepción del Óxido de Nitrógeno, el cual ha aumentado 10%, en las últimas cuatro décadas.

La situación actual nos indica que hacen falta recursos a los Estados conocidos como petroleros, con el fin de que en ellos se concentres esfuerzos de investigación, monitoreo y control de áreas, así como estudios ecotoxicológicos para conocer los efectos sobre los organismos. Y es que también es preocupante el uso de lodos en la perforación, con compuestos altamente tóxicos, ya que no existe información sobre sus efectos e impactos en las comunidades marinas; ejemplo de ellos es el que se encuentra ubicado en la Sonda del estado de Campeche.

La calidad ambiental y ecológica es parte de una visión ampliada del desarrollo, principalmente porque su deterioro afecta negativamente el bienestar de las personas y reduce su calidad de vida, de ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuya el aumento de enfermedades respiratorias, agudas y crónicas, a la contaminación atmosférica.

En este contexto, el Golfo de México es un ejemplo de las interacciones del aire, agua y tierra, que hacen posible la vida en el planeta. Ninguno de los sistemas de alta diversidad biológica funciona de forma aislada: los ambientes marinos, litorales y costeros se encuentran interconectados por un mismo flujo de energía. Las corrientes caribeñas permiten el recambio de sus masas de agua, controlan sus temperaturas, su salinidad y regulan el clima creando las condiciones favorables para la proliferación de la vida desde sus ecosistemas templados y subtropicales hasta los arrecifes coralinos, pastos marinos, lagunas costeras, estuarios, ríos, pantanos y manglares.

Por otra parte, el desarrollo de un país tiene que ver con el bienestar de las personas y esto incluye necesariamente la calidad ambiental, entendida ésta, como la continuidad de la sobrevivencia con una tolerable calidad de vida.

El Banco Mundial, al respecto, realizó en 2001 una revisión de la carga de enfermedad originada por riesgos ambientales en América Latina, y para ello se utilizaron los años de vida ajustados en función de discapacidad (AVAD). El análisis reportó que el 11% de los AVAD perdidos se atribuyó directamente a factores ambientales en especial a la deficiente calidad del aire. El mismo informe estima que la carga de enfermedad originada por la contaminación atmosférica en las próximas dos décadas se traducirá en un promedio de 140 mil muertes prematuras al año, y una pérdida anual de 4millones de AVAD en la región, si no se adoptan medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Asimismo, la industria turística de los Estados petroleros no ha podido crecer, en virtud de que las playas se ven afectadas por la contaminación, sobre todo debido a que en el área de perforación de la explotación del petróleo, se derrama cerca de la mitad de éste, lo que implica grandes pérdidas y contaminación del agua y suelo; además la manera tradicional de extraer o recuperar el petróleo es mediante bombeo con agua lo cual representa una pérdida considerable. Así pues, estos factores redundan en desconfianza de inversionistas y de la población, y trasciende a problemas económicos.

Adicionalmente, existen secuelas de problemas que afectan el tejido social, derivado de los movimientos migratorios de personas que, motivadas por el espejismo del petróleo, se trasladan a otros Estados con la esperanza de encontrar acomodo en una fuente de empleo para subsistir; sin embargo muchos, al no encontrarlo, se dedican a la realización de actividades que no requieren esfuerzo ni preparación.

Lo anterior ha traído la concentración de población en ciertos territorios, con la subsecuente demanda inmediata de servicios públicos indispensables, como agua potable, recolección de desechos, seguridad pública, alumbrado público, calles pavimentadas y caminos, transporte urbano, viviendas, energía eléctrica, infraestructura urbana, educación, salud y espacios de esparcimiento y diversión; todo esto sin que los Estados petroleros cuenten con los recursos suficientes para atender dichas demandas.

Los estados del Golfo de México conservan vastos recursos naturales, lo cual representa ventajas para el desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal, energético y pesquero. Si bien es cierto que la industria petrolera ha sido generadora de muchos establecimientos que le ofrecen bienes y servicios para su desarrollo, y que también han beneficiado, relativamente, a la economía de estos Estados, no existe una compensación o resarcimiento de recursos para matizar los efectos negativos que afectan los recursos naturales.

Las actuales formas y modos de explotación de los recursos naturales dominantes en las regiones, son determinantes de los cambios sociales y ambientales que se tienen en la zona. Los asentamientos humanos y las actividades productivas han propiciado una severa transformación de usos y costumbres en las zonas petroleras de estos Estados, situación que ha inducido a problemas de tipo ambiental, y que a su vez han generado una polarización económica favoreciendo a sectores reducidos y marginando a gran parte de la población urbana y rural.

El Golfo en su zona marina alberga depósitos gigantescos de hidrocarburos y gas natural,pero además, su condición de cuenca semicerrada, de depósitos sedimentarios con extensas y pobladas masas continentales, el dinamismo de sus corrientes y sus características climáticas, lo convierten en centro generador de huracanes y ciclones tropicales. El golfo, representa un recurso extremadamente valioso para los países y estados ribereños.

Para México, esta es una de las zonas más productivas por sus recursos económicos y costeros; sus cuencas hidrológicas abarcan más de dos tercios de la masa continental del territorio mexicano, las que vierten el 62% de la descarga fluvial del país; concentra el 70% de sus ríos, estuarios, lagunas costeras y pantanos, sus pesquerías de aguas profundas y litorales representan el 40% de la producción nacional y en los Estados costeros vive 12% de la población nacional y por lo menos uno de cada cinco mexicanos dependen o dependerán directa o indirectamente de los recursos del Golfo.

Su singularidad ecológica, su situación geopolítica y económica, lo hacen la mayor y más importante cuenca de aguas de América; es una de las zonas estuarinas más importantes de la tierra, en las humedades costeras se albergan 45 de las 111 especies de plantas acuáticas, y una gran cantidad de especies de agua dulce, los bosques de mangles y los pastos marinos representan un hábitat de suma importancia por su función estabilizadora de sedimentos y de sitios de crianza y alimentación para una gran cantidad de invertebrados y peces.

Con todo lo que representan los ecosistemas del Golfo de México, la explotación y la intensa actividad petrolera costa afuera, sobre todo la producción y transporte, las actividades portuarias, la refinación y petroquímica en litorales y planicies, han ocasionado profundas tensiones ecológicas y sociales. Las áreas vitales como dunas, estuarios, lagunas costeras, manglares arrecifes coralinos, la agricultura, la ganadería, los asentamientos humanos y el turismo, no quedan a salvo de la explotación de los ricos yacimientos petrolíferos.

Los niveles de contaminantes encontrados son señal de que se deben aplicar políticas e inversiones para tratar de evitar las irreversibles catástrofes ecológicas y sociales.

La pesca en particular, ha sufrido la pérdida de volúmenes de captura, lo que ha ocasionado que en diversos Estados haya quebrantos potenciales de fuentes de empleo, que generaban congeladoras y empacadoras, talleres, ferreterías, fábricas de hielo, astilleros y otras que fueron afines a la potencialidad de recursos que generaba la actividad.

A partir de estas premisas, y visto que los Estados del país sufren consecuencias graves en su entorno económico, político y social, y de que la Federación no cuenta con un mecanismo que permita resarcir de manera especial a aquellas entidades federativas en donde se realiza la explotación intensa de algún recurso natural, se sustenta proponer el establecimiento de nuevo derecho para ser destinado a los estados que forman parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas con base a la última información del Censo Económico que lleva a cabo el INEGI. Se propone que PEMEX Exploración y Producción pagará anualmente a estas entidades federativas, el derecho de compensación del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, aplicando la tasa del 1.5%.

A cuenta de este derecho, la paraestatal realizará pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente que corresponda el derecho.

Asimismo, deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

Por su parte, Petróleos Mexicanos deberá presentar una declaración anual informativa a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, así como el informe de estos valores por entidad federativa correspondientes al ejercicio que se informa.

Con el establecimiento de este derecho, los Estados petroleros podrán contar con mayores recursos económicos para sanear los daños que les son ocasionados por la extracción de estos hidrocarburos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se Adiciona el artículo 254 Quintus de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE DERECHOS

TITULO SEGUNDO

De los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio Público

CAPITULO XII

Hidrocarburos

Artículo 254 Quintus. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho de compensación a las entidades federativas, aplicando la tasa del 1.5 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente que corresponda el derecho.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo y gas natural, extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, la tasa de 1.5 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se distribuirá entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la proporción del total que les corresponda del valor de extracción bruta de los hidrocarburos, para lo cual Petróleos Mexicanos deberá presentar una declaración anual informativa en los plazos que establece el párrafo anterior de este artículo, así como el informe de estos valores por entidad federativa correspondientes al ejercicio que se informa.

TRANSITORIO

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl A. Pozos Lanz.- Sen. Oscar R. Rosas González".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pozos Lanz. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentariodel PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por la C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes estimadas compañeras y compañeros; con su permiso, señora Presidenta.

El pasado 17 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Turismo, reconociéndose, como es, uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos a nivel mundial, y en nuestro país se ubica como motor de desarrollo regional y difusor de atractivos culturales y naturales.

Dentro de los aspectos más destacados de esta ley, encontramos que los prestados de servicios turísticos tienen la obligación de proveer la accesibilidad necesaria para brindar servicios adecuados a las personas con discapacidad.

De acuerdo con datos dados a conocer en agosto de este año por la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra dentro de los primeros 15 destinos turísticos más importantes del mundo, ya que cuenta con un valor agregado que lo caracteriza por tener destinos de sol y playa, sitios arqueológicos, monumentos, sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad, grupos étnicos, una gastronomía que también es Patrimonio de la Humanidad, un vasto ecosistema y una gran biodiversidad de especies animales. Por todo esto, el turismo representa alrededor del 9 por ciento del Producto Interno Bruto del país, es considerado la tercera fuente de divisas más importante y generador de más de 7.5 millones de empleos.

La actual Ley General de Turismo contiene un Capítulo sobre el Turismo Accesible, en donde se estipula que la Secretaría de Turismo promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

A pesar de que esta medida significa un gran avance para la inclusión de las personas con discapacidad en el disfrute de nuestros sitios turísticos y culturales de nuestro país, quedaron fuera de este beneficio las personas adultas mayores, 9.4 por ciento de la población total, quienes debido a la edad y a las enfermedades que puedan llegar a presentar por cuestiones naturales, también requieren de medidas accesibles que le posibiliten disfrutar plenamente de nuestros destinos turísticos y culturales.

Lo anterior, dado a que el turismo accesible debe estar destinado a las personas con una movilidad y/o comunicación reducida, a las cuales se les brinda o se les apoya con los requerimientos necesarios para que tengan una mejor accesibilidad a las instalaciones y a los establecimientos públicos y privados de interés turístico.

La vinculación entre accesibilidad y turismo es relativamente reciente e implica una planeación, diseño y desarrollo de actividades turísticas con la finalidad de que puedan ser disfrutadas por todas las personas.

En algunos países como España, este tipo de turismo se amplía para todas aquellas personas que por distintas circunstancias tienen limitadas sus condiciones físicas o sensoriales.

Por tal motivo, se requiere que nuestra legislación incluya a las personas adultas mayores dentro de los beneficiarios del turismo accesible.

Estimadas Senadoras y Senadores, es por lo descrito que la presente iniciativa tiene como objeto incluir a las personas mayores de 60 años de edad, que por sus condiciones físicas y propias de la edad, requieren de aspectos especiales para el disfrute de los centros turísticos y culturales, de acuerdo también con el Principio de Atención Preferente contenido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que establece la obligación de las instituciones, así como de los sectores social y privado a implementar programas acordes a sus diferentes etapas, características y circunstancias.

Por todo ello, les invitamos a sumarse a la presente iniciativa que tiene como objetivo la inclusión de las personas adultas mayores en los beneficios que ofrece el Turismo Accesible debido a que de esta manera promoveremos que más de 10 millones de personas mayores de 60 años gocen plenamente de los destinos turísticos y culturales que ofrece nuestro país en igualdad de condiciones.

Quiero comentarles también que esta iniciativa es suscrita no solamente por una servidora, sino también la suscribimos la Senadora Margarita Flores, Luz María Beristain, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo y el Senador Félix González Canto, por lo que nos permitimos invitarles a todos a que nos apoyen y respalden en esta muy noble y muy necesaria iniciativa.

Muchísimas gracias a todos. Gracias, señora Presidenta.

Iniciativa

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo accesible para las personas adultas mayores, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1.- El 17 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Turismo, la cual había sido aprobada en el H. Congreso de la Unión en abril de ese año.

En las discusiones del Dictamen que dio origen a esta Ley, tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado de la República, se reconoció que la actividad turística era uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos a nivel mundial, y en nuestro país, por lo que representa una importante fuente de empleos, una inversión económica, así como una significativa aportación de divisas que permite funcionar como motor de desarrollo regional y difusor de atractivos culturales y naturales.

La aprobación de una nueva Ley General de Turismo se dio gracias a la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003, en la que se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

Gracias a esta reforma, el Congreso Mexicano se dio a la tarea de expedir una nueva Ley en materia de turismo que fuera más adecuada a los tiempos actuales, abrogando la Ley Federal en la materia, la cual había sido publicada el 31 de diciembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de los aspectos más destacados de la nueva Ley aprobada y promulgada, encontramos que los prestados de servicios turísticos tienen la obligación de proveer la accesibilidad necesaria para brindar servicios adecuados a las personas con discapacidad.

2.- De acuerdo con datos dados a conocer en agosto de este año por la Organización Mundial de Turismo (OMT), México se encuentra dentro de las primeras 15 potencias en llegadas de viajeros extranjeros, gracias a que durante 2012, recibió a mas de 23 millones de turistas, en tanto que al interior del país se transportaron más de 14 millones de pasajeros.

En este tenor, nuestro país se encuentra entre los 15 destinos turísticos más importantes del mundo, ya que cuenta con un valor agregado que lo caracteriza por tener: destinos de sol y playa, alrededor de 30,000 sitios arqueológicos, más de 110 mil monumentos, casi 40 sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad, 62 grupos étnicos, 3,000 años de historia, una gastronomía que también es Patrimonio de la Humanidad (declarada así por la UNESCO en el año 2010), un vasto ecosistema y una gran biodiversidad de especies animales. Por todo esto, el turismo representa alrededor del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es considerado la tercera fuente de divisas más importantes y generador de más de 7.5 millones de empleos.

En los últimos meses, el turismo en nuestro país presenta cifras positivas de crecimiento. De acuerdo con un reporte del Banco de México, el monto de divisas en el país pasó de 3 mil 599 millones de dólares en el primer trimestre de 2012, a 3 mil 876 millones de dólares en el primer trimestre de este año, es decir, un aumento del 7.7 por ciento.

Por su parte, la ocupación hotelera en los 70 principales destinos turísticos del país, registró un crecimiento del 6.3 por ciento durante las primeras veinte semanas de 2013, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

3.- La actual Ley General de Turismo contiene un Capítulo sobre el Turismo Accesible, el cual es desarrollado en dos artículos (18 y 19).

En el artículo 18 de la mencionada Ley, se estipula que la Secretaría de Turismo, con el apoyo y en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Por su parte, el artículo 19 señala que los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios turísticos en condiciones adecuadas. La misma disposición aplicará para los sitios culturales con afluencia turística.

A pesar de que esta medida significa un gran avance para la inclusión de las personas con discapacidad en el disfrute de nuestros sitios turísticos y culturales de nuestro país, quedaron fuera de este beneficio las personas adultas mayores (9.4 por ciento de la población total), quienes debido a la edad y a las enfermedades que puedan llegar a presentar por cuestiones naturales, también requieren de medidas accesibles que le posibiliten disfrutar plenamente de todos nuestros destinos turísticos y culturales.

4.- El turismo accesible está destinado a las personas con una movilidad y/o comunicación reducida, a las cuales se les brinda o se les apoya con los requerimientos necesarios para que tengan una mejor accesibilidad a las instalaciones y a los establecimientos públicos y privados de interés turístico y social, obteniendo con ello mejorar su calidad de vida y la misma satisfacción para todas las personas, en un plano de equidad.

La vinculación entre accesibilidad y turismo es relativamente reciente e implica una planeación, diseño y desarrollo de actividades turísticas con la finalidad de que puedan ser disfrutadas por todas las personas, que se traduce en un turismo para todos, ya que incluye pautas de integración respecto de las actividades recreativas, turísticas y culturales ya sea para personas con algún tipo de discapacidad o sin ella, teniendo como objetivo específico la integración física y social de todas las personas.

En algunos países como España, este tipo de turismo se amplía para todas aquellas personas que por distintas circunstancias tienen limitadas sus condiciones físicas o sensoriales. En nuestro país, este tipo de servicios incluye solamente a las personas que sufren de algún tipo de discapacidad.

Es cierto que las personas con discapacidad son los principales destinatarios del turismo accesible; sin embargo, un gran porcentaje de personas adultas mayores, debido a su edad, a los problemas físicos propios también de la edad, así como por padecer de alguna enfermedad, se encuentran impedidos para disfrutar de una mejor manera de nuestros destinos turísticos y culturales.

Por tal motivo, se requiere que nuestra legislación incluya a las personas adultas mayores dentro de los beneficiarios del turismo accesible.

5.- Por lo descrito en párrafos precedentes, la presente Iniciativa tiene como objeto principal incluir, dentro del Capítulo IV de la Ley General de Turismo, que el Turismo Accesible, además de contemplar a las personas con discapacidad, señale también a las personas mayores de 60 años de edad que por sus condiciones físicas y propias de la edad, requieren de aspectos especiales para el disfrute de los centros turísticos y culturales, de acuerdo también con el Principio de Atención Preferente contenido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 4° que establece la obligación de las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

Para lograr tal objetivo, se propone reformar la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de Turismo para incluir, dentro del objeto de esta Ley, el de facilitar a las personas adultas mayores las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible.

Asimismo, se propone adicionar el artículo 18 de la misma legislación para que la Secretaría de Turismo, con el apoyo y en coordinación con las dependencias y entidades competentes, promueva la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, en beneficio, además de la población con alguna discapacidad, de las personas adultas mayores.

Por otra parte, se adiciona el párrafo primero del artículo 19, también de la Ley General de Turismo, para que los prestadores de servicios turísticos provean lo necesario para que las personas adultas mayores, al igual que las personas con discapacidad, cuenten con accesibilidad a los servicios turístico en condiciones adecuadas.

Finalmente, se busca adicionar la fracción IV del artículo 44 para incluir, dentro de las funciones del Fondo a la Actividad Turística, la de ejecutar obras de infraestructura y urbanización, así como realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico, tomando en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores.

Sin lugar a dudas, la inclusión de las personas adultas mayores en los beneficios que ofrece el Turismo Accesible es una cuestión de justicia y equidad, debido a que de esta manera promoveremos que 10´612,489 personas mayores de 60 años, gozar plena y cómodamente de los destinos turísticos y culturales que ofrece nuestro país en igualdad de condiciones.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

UNICO.- Se reforman los artículos 2, fracción VI, 18, 19, primer párrafo y, 44, fracción IV, todos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. a V. …

VI. Facilitar a las personas con discapacidad y personas adultas mayores las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible;

VII. a XV. …

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad, así como a las personas adultas mayores.

Artículo 19. Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad y personas adultas mayores cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas.

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones:

I. a III. …

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad y personas adultas mayores;

V. a XVI. …

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Flores Escalera.

Sonido en el escaño de la Senadora Verónica Martínez, ¿con qué objeto?

- La C. Senadora María Verónica Martínez Espinoza: (Desde su escaño) Poderme adherir a la propuesta de la Senadora Hilda Flores.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Con el mismo objeto, Senador Rosas González?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Sí, para solicitarle a la Senadora Hilda y a las demás proponentes si me permiten sumarme a su iniciativa.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: La Senadora autoriza, con mucho gusto.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

Registramos también al Senador Jesús Casillas y a la Senadora Ivonne Alvarez, con mucho gusto. Ruego a la Secretaría tomar registro de las Senadoras y Senadores que se han adherido con la autorización de la proponente.

Se concede la palabra al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 57 y 60-A a la Ley General de Educación.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTICULO 57 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 60-A A LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PARA CREAR EL INSTITUTO NACIONAL DE CERTIFICACION Y VERIFICACION ACADEMICA

(Presentada por el C. Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: Con el permiso de la Presidencia; Senadoras y Senadores:

Hoy pongo a su consideración un tema de suma importancia para la sociedad en su conjunto, pero de manera particular un tema que atañe a las autoridades educativas al momento de brindar certeza y confiabilidad sobre los documentos académicos que se expiden y el grado académico de conocimientos que sustentan quién o quiénes los presentan.

Anualmente existen miles de casos en donde la falsificación, alteración y presentación de documentos apócrifos distorsionan los procesos de formación académica, lesiona la confianza de los usuarios de servicios educativos y genera incertidumbre respecto a los estudios que han realizado las personas.

Si bien, la falsificación de documentos está tipificada como un delito del orden federal, para el cual existen penas privativas y fuertes sanciones económicas, ello no ha inhibido a la comisión de estos actos ilícitos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República se estima que la falsedad de documentos representa un 4.7% de la totalidad de delitos del orden federal; por lo que el índice delictivo es de 4.75 delitos de falsedad de documentos por cada 100 mil habitantes.

Por ello, la falsificación o alteración de certificados académicos y títulos de grado universitario, representa una de las preocupaciones más sentidas de los usuarios de servicios educativos y una exigencia social para que el gobierno implemente mayores medidas de seguridad a la hora de expedir las diferentes constancias y certificados e imponga penas a quienes cometan este tipo de delitos.

Por este motivo, la Secretaría de Educación Pública se dio a la tarea de crear el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, por sus siglas, RODAC.

El RODAC, además de verificar la autenticidad de los documentos académicos, genera un banco de datos para validar estudios o grados académicos, da certeza sobre los estudios realizados y garantiza un respaldo de la trayectoria académica de los estudiantes.

Desde la creación del RODAC, de 2009 a la fecha, se han recibido 48 mil 465 solicitudes de validación y autenticidad de documentos académicos, de los cuales se han validado el 72 por ciento, quedando en proceso de revisión 28 por ciento.

Es importante clarificar que, si bien se tiene todo este tipo de abanico de servicios, el RODAC no cuenta con todos los registros académicos de los estudiantes mexicanos. La estadística de la Secretaría de Educación Pública señala que la información disponible en la base de datos es de 39 millones de registros, de los cuales 37.2 corresponden a la educación básica. Por lo que existe un fuerte déficit en los registros de educación media, media superior y superior.

Ante ello, es necesario fortalecer y dotar de mayores facultades al RODAC no sólopara permitir que éste opere de manera óptima y confiable en la inscripción, sistematización y actualización de registros académicos, sino dotarlo de atribuciones propias en la Ley General de Educación para que actúe como un sistema nacional de certificación y verificación académica.

Es importante que esté regulado, operando y coordinado de manera sistemática a través de un instituto con capacidades propias y autonomía operativa y de gestión.

De esta manera, se pretende adicionarle al artículo 60-A, a la Ley General de Educación para crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica en sustitución del Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, RODAC.

Dicho instituto actuará bajo la figura de organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con plena autonomía operativa, de gestión y gasto para la realización de sus funciones. Su objetivo principal será regular, operar y supervisar la validez de estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional y en el extranjero.

Asimismo, creará un registro nacional académico con los documentos y trayectoria escolar de todos los mexicanos; escribirá y actualizará los registros con información del sistema educativo nacional; garantizará el respaldo oficial de la trayectoria de los mexicanos; certificará el grado de estudios conforme a los planes y programas que emitan las autoridades educativas; expedirá títulos y certificados para los ciudadanos que acrediten conocimientos terminales o parciales; se encargará de validar grados, títulos y asignaturas y verificará la autenticidad de documentos académicos; promoverá acuerdos con instituciones educativas nacionales y extranjeras con la finalidad de transferir los registros académicos de los ciudadanos a los registros nacionales.

Además, se adicionará la fracción VI al artículo 57 de la misma ley, con la finalidad de obligar a los particulares que presenten servicios de educación, transferir los registros y datos académicos al Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica.

Las autoridades educativas contarán con 180 días para emitir el reglamento del nuevo instituto con la finalidad de armonizar sus funciones con las demás áreas del sector educativo y así evitar duplicidad de funciones.

Con estas reformas a la Ley General de Educación estaríamos dando un paso decisivo parala conformación de un Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica, además de contar con un solo registro de la trayectoria académica de todos los mexicanos.

Por su atención y apoyo a la presente propuesta, muchas gracias, señoras Senadoras y señores Senadores.

(Aplausos)

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el Artículo 57 y se adiciona el artículo 60-A a la ley general de educación para crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la última década la principal preocupación de los gobiernos en materia de seguridad pública, ha sido reducir los índices de violencia que aumentaron significativamente por la comisión de delitos de alto impacto social como son el secuestro, el tráfico de estupefacientes, delitos contra la salud y el robo agravado. Sin embrago, existen otro tipo de delitos que, por su gravedad, alteran el orden jurídico, lesionan los intereses públicos o privados y corrompen las relaciones sociales; tal es el caso de la falsificación de documentos.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante su reporte de Incidencias Delictivas 2012-2013, informa que a lo largo del año 2012 se registraron 5,222 delitos por falsificación de documentos, delitos tipificados en el Código Penal Federal.

Por su parte la Procuraduría General de la República, estima que la falsedad de documentos representa un 4.7% de la totalidad de delitos del orden federal. Por lo que el índice delictivo es de 4.75 delitos de falsedad de documentos por cada 100,000 habitantes.

Dentro de este universo, la falsificación o alteración de certificados académicos y títulos de grado universitario, representa una de las preocupaciones más sentidas de los usuarios de servicios educativos y una exigencia social para que el gobierno implemente mayores medidas de seguridad a la hora de expedir las diferentes constancias y certificados e imponga mayores penas a quienes cometan éste tipo de delitos.

El Código Penal Federal prevé en su artículo 243, para el delito de falsificación, penas privativas de la libertad que van de cuatro a ocho años de prisión y sanciones económicas de doscientos a trescientos días de multa; en cuanto al delito de usurpación de funciones y de profesión, el artículo 250 dispone penas de uno a seis años y multa de cien a trescientos días.

Como se puede apreciar, para quienes falsifican y hacen uso indebido de documentos apócrifos, existen fuertes penas privativas de la libertad y sanciones económicas que inhiben estos hechos delictivos. A pesar de ello, se presentan anualmente miles de casos en donde la falsificación, alteración y presentación de documentación apócrifa distorsiona los procesos de formación académica, lesiona la confianza de los usuarios de servicios educativos y genera incertidumbre respecto a los estudios que han realizados las personas.

Ante ello, la Secretaría de Educación Pública, se dio a la tarea de crear el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, por sus siglas (RODAC). Este Registro fue puesto a disposición del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), el 8 de julio de 2009, para que en términos de La ley Federal de Transparencia, se difunda y publique la información contenida en dicho registro.

Desde la creación del RODAC, de 2009 a la fecha, se han recibido 48,465 solicitudes de validación y autenticidad de documentos académicos, de los cuales se han validado el 72%, quedando en proceso de revisión 28%.

De acuerdo con las autoridades educativas, el RODAC, además de verificar la autenticidad de los documentos académicos, cumple los siguientes propósitos:

* Generar un banco de datos que reduzca los tiempos de respuesta para la validación o verificación de autenticidad de documentos académicos, tales como: constancias, certificados, diplomas, títulos profesionales y constancias de antecedentes escolares.

* Dar la certeza a la sociedad de los estudios que han realizado las personas, así como los documentos académicos que han recibido.

* Garantizar a las personas un respaldo oficial de sus documentos académicos a lo largo de su trayectoria en el sistema educativo nacional.

Actualmente el RODAC funciona como un mecanismo de respaldo y validación de diversos documentos académicos. El acceso y utilización de la base de datos de éste registró se realiza a través de servicios de acceso general o acceso restringido.

Dentro de los servicios de acceso general se encuentran: Registro individual de documentos académicos; Verificación de antecedentes escolares por terceros con consentimiento del titular; Intercambio y portabilidad electrónica de datos académicos; actualización, corrección y; rectificación de datos personales y; Recuperación de antecedentes académicos.

De acceso restringido se encentran la Transferencia Institucional de Registros Electrónicosde Documentos Académicos, la Consulta de Base Nacional de Datos RODAC, el Registro de Formatos Académicos, y Catálogo Nacional de Documentos Académicos Falsos Detectados.

Es importante clarificar que, si bien se tiene todo éste abanico de servicios, el RODAC no cuenta con todos registros académicos de los mexicanos. Las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública señalan que la información disponible en la base de datos es de 39 millones de registros, de los cuales 37.2 corresponden a educación básica. Por lo que existe un fuerte déficit en los registros de educación media, media superior y superior.

Si tomamos, como ejemplo, el segmento del registro de certificados de educación básica, tenemos un déficit de información de la población entre 26 y 35 años del 40%, es decir de 35 millones de registros; en el rango de 20 a 25 años el rezago es de 14.4%, significando 12.5 millones de registros; y de la población entre 13 y 19 años, disminuye al 6.3%, lo que representa 5.6 millones de registros faltantes.

Ante ello, es necesario fortalecer y dotar de mayores facultades del RODAC no sólo para permitir que éste opere de manera óptima y confiable en la inscripción, sistematización y actualización de los registros académicos, sino dotarlo de atribuciones propias en la Ley

General de Educación para que actúe como un sistema nacional de certificación y verificación académica.

Cabe destacar que el artículo 12, fracción X de la Ley General de Educación, prevé que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, así como un registro nacional y un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos.

En tal virtud, la Secretaría de Educación Pública, mediante el “ACUERDO NUMERO 637”, publicado el 28 de mayo del 2012, delega al Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, dependiente de una Dirección General, la facultad de regular, coordinar y operar Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos.

Sin embrago, es importante que ésta función sea regulada, operada y coordinada de manera sistemática a través de un instituto con capacidades propias y autonomía operativa y de gestión.

De esta manera, se pretende adicionar el artículo 60-A de la Ley General de Educación para crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica en sustitución del Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos (RODAC).

Dicho instituto actuará bajo la figura de organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con plena autonomía operativa, de gestión y gasto para la realización de sus funciones. Su objetivo principal será regular, operar y supervisar la validez de estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional y en el extranjero.

Asimismo, creará un registro nacional académico con los documentos y trayectoria escolar de todos los mexicanos; inscribirá y actualizará los registros con información del sistema educativo nacional; garantizará el respaldo de oficial de la trayectoria escolar de los mexicanos; certificara y verificara el grado de estudios conforme a los planes y programas que emitan las autoridades educativas; expedirá títulos y certificados para los ciudadanos que acrediten conocimientos terminales o parciales; se encargará de validar grados, títulos, y asignaturas; y verificará la autenticidad de documentos académicos; promoverá acuerdos con instituciones educativas nacionales y extranjeras con la finalidad de transferir los registros académicos de los ciudadanos a los registros nacionales.

Además, se adiciona la fracción VI al artículo 57 de la misma ley, con la finalidad de obligar a los particulares que presten servicios de educación, transferir los registros y datos académicos al Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica.

Con base en lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 57 y se adiciona el artículo 60-A a la Ley General de Educación para, para quedar como sigue:

Unico. Se reforma el artículo 57, y se adiciona el 60-A a la Ley General de Educación para crear el Registro Nacional de Certificación y Verificación Académica, quedando de la manera siguiente:

Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I.-…;

II.-…;

III.-…;

IV.- Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55;

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen; y

VI.- Trasferir anualmente los registros y datos académicos a la autoridad educativa para su tratamiento por el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica.

CAPITULO VI

DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS

Artículo 60.-…

Artículo 60-A.- El Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica es el órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía operativa, de gestión y de gasto, encargado de regular, operar y supervisar la validez de estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional y en el extranjero.

El Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica, será presidido por un Director General, cuyo nombramiento recaerá en la Secretaría, con aprobación del Titular del Ejecutivo Federal.

Para el logro de sus fines, corresponde al instituto la aplicación de las siguientes atribuciones:

I.- Crear y administrar un registro nacional académico que contenga el historial educativo de los ciudadanos mexicanos, así como los certificados, diplomas, títulos o constancias escolares y de conocimientos recibidos;

II.- Inscribir, sistematizar y actualizar los registros académicos con base en la información generada por el Sistema Educativo Nacional;

III.- Celebrar convenios de colaboración y transferencia de información y datos con instituciones y centros educativos públicos y privados, a efecto de recibir la trasferencia de registros y documentos académicos a los que están obligados en términos de ésta Ley;

IV.- Garantizar el respaldo oficial de los documentos académicos de los mexicanos a lo largo de su trayectoria escolar;

V.- Certificar y verificar el grado de estudios y conocimientos adquiridos en el sistema educativo nacional, conforme a los palanes y programas emitidos por las autoridades educativas, así como los estudios adquiridos en el extranjero;

VI.- Expedir títulos, certificados, diplomas o constancias que acrediten los conocimientos terminales o parciales correspondientes a ciertos niveles académicos y grados escolares, con apego a los planes, programas, lineamientos y acuerdos autorizados por la Secretaría;

VII.- Validar grados, títulos, diplomas, asignaturas, créditos y conocimientos adquiridos con base en los planes y programas emitidos por la autoridad educativa;

VIII.- Emitir constancias de antecedentes académicos, así como de terminación y procesos de estudios;

IX.- Verificar la autenticidad de los certificados, títulos, diplomas o constancias de estudios a petición de los usuarios de servicios educativos o de los interesados;

X.- Promover por conducto de la Secretaría los acuerdos de colaboración con instituciones educativas del extranjero para facilitar la trasferencia de registros académicos de ciudadanos mexicanos con estudios fuera del territorio nacional;

XI.- Brindar el acceso a la información contenida en los registros y proteger los datos de los mismos, de conformidad con las normas de trasparencia y protección de datos aplicables; y

XII.-Las demás que le confieran otras leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 61…

Artículo 62…

Artículo 63…

Artículo 64…

Transitorios

PRIMERO. La Secretaría de Educación Pública, realizará las adecuaciones administrativas y reglamentarias necesarias a efecto de evitar duplicidad de funciones y facilitar la armonización del Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica con las otras áreas de la dependencia.

SEGUNDO. La Secretaría de Educación Pública, emitirá el reglamento que normará la actuación del Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica, para lo cual contará con un plazo de 180 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

Sen. Oscar Román Rosas González".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Rosas González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.

Ruego a la Secretaría registrar a las Senadoras y Senadores que se han adherido a la propuesta del Senador Rosas González.

Tiene ahora la palabra el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en materia de seguridad de las sucursales bancarias.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS SUCURSALES BANCARIAS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras, compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros del Pleno.

Para presentar a ustedes esta iniciativa que aborda, como ya se ha referido, el tema de la seguridad de las sucursales bancarias, quisiera comenzar exponiendo algunos datos que ciertamente resultan muy ilustrativos sobre el problema que se pretende atender.

En el pasado mes de octubre, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el mes de septiembre los asaltos contra instituciones bancarias en México se incrementaron en un 20 por ciento con un registro de 119 asaltos en todo el país, mientras que de enero a septiembre del presente año se denunciaron robos por una cantidad de 806 a sucursales bancarias, casas de cambio y empresas de traslado de valores, superando así los 749 asaltos denunciados en el año 2012.

Por su parte, la Asociación de Bancos de México señaló también, en días recientes, que los asaltos bancarios en México se han estado incrementando durante el 2013, frenando así la tendencia descendente que ellos observaban desde el 2005. Han calificado que se ha dado un incremento de 186 por ciento en comparación con ese año.

Este incremento, en la cifra de asaltos bancarios es, desde nuestro punto de vista, una manifestación más del clima de inseguridad en nuestro país, pero sobre todo de los altos niveles de impunidad que muestran, lo tengo que decir, la incapacidad del Estado para brindar la seguridad y justicia que reclaman los mexicanos.

Pero estamos convencidos, compañeras y compañeros, que el caso específico de la seguridad de las sucursales bancarias es también un tema que exige responsabilidad de esas instituciones que también deben garantizar la seguridad de sus cuentahabientes, de sus usuarios, que diariamente acuden a ellas.

Por ello, la iniciativa que hoy someto a su consideración, compañeras y compañeros Senadores, propone elevar a nivel de ley las premisas fundamentales en materia de seguridad bancaria, estableciendo en la Ley de Instituciones de Crédito el tipo de mecanismos y dispositivos que deben formar parte de las medidas básicas de seguridad en toda sucursal bancaria.

Así también, se elimina, con esta propuesta, la discrecionalidad en los tiempos que tiene la autoridad para la verificación de las medidas y mecanismos de seguridad en dichas sucursales, estableciendo además que deberán efectuarse de manera continúa y de manera programada.

También quiero comentar que con el fin de garantizar la observancia y el cabal cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de las instituciones de crédito, nuestra propuesta incluye también la obligación de la autoridad de suspender las actividades de las sucursales bancarias al momento de la visita cuando estén incumpliendo estas disposiciones.

Finalmente, compañeras, compañeros Senadores, se propone una reforma a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de establecer que las supervisiones que dicha instancia realice sobre las sucursales bancarias en materia de seguridad, deban llevarse a cabo por lo menos una vez al año con personal especializado y debidamente capacitado.

En síntesis, señora Presidenta, compañeras, compañeros, esta iniciativa plantea fortalecerlas obligaciones de las instituciones de crédito relativas a garantizar la seguridad de sus sucursales, salvaguardando así no solamente sus instalaciones, sino la integridad de sus usuarios.

Las cifras, y con esto concluyo, las cifras sobre el incremento de asaltos bancarios en todo el país, hace necesario, ustedes deben sentirlo como yo, que pongamos atención en el tema y que tomemos las medidas necesarias para prevenirlos. Y espero, por supuesto, que esta iniciativa sea un punto de partida en la actividad legislativa que debemos hacer y que, por lo que acaba de anunciar el PRD con su salida del Pacto por México, pues no queda más que el trabajo parlamentario de este Congreso de la Unión y de este Senado.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa

"El suscrito, Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LAS SUCURSALES BANCARIAS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El incremento y permanencia de los altos índices de delincuencia no abatidos por la autoridad, son resultado de la descomposición del tejido social y han convertido la inseguridad en uno de los temas prioritarios dentro de la agenda nacional, ya que día con día la inseguridad aparece con sus distintos rostros: ejecuciones, narcomenudeo, corrupción, violencia y, en general, el ambiente público es de desconfianza e intranquilidad.

Quienes luchan en contra de las organizaciones criminales y su capacidad corruptora, no asumieron que éstas florecen y se acrecientan en buena parte porque les es fácil hacerlo en una sociedad empobrecida y polarizada, en la que resulta sencillo reclutar desde sembradores, gatilleros, transportistas, lavadores de dinero, abogados, hasta un segmento de los integrantes de las instituciones de seguridad que deberían combatirlas.

Por ello, sin duda, una de las demandas más sentidas de la población es contar con mayor seguridad en todas sus actividades. Sin embargo, ello no ha podido ser satisfecho a pesar de los esfuerzos conjuntos de las autoridades involucradas en la materia, dadas las circunstancias económicas y sociales que en general vive nuestro país.

Derivado de recientes actos de violencia, se vuelve a generar el debate respecto de a quién corresponde la responsabilidad de brindar seguridad en sucursales bancarias. Para nuestro Grupo Parlamentario resulta claro que corresponde brindarla a las propias instituciones de crédito, ya que desarrollan sus actividades en inmuebles privados, siendo en consecuencia de su interés particular el proveer de seguridad a sus clientes y empleados.

El pasado mes de octubre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el mes de septiembre los asaltos contra instituciones bancarias en México se incrementaron en un 20%, con un registro de 119 asaltos en todo el país, mientras que de enero a septiembre del presente año se denunciaron 806 robos a sucursales bancarias, casas de cambio y empresas de traslado de valores, superando los 749 asaltos denunciados en 2012.

Por su parte, la Asociación de Bancos de México señaló en días recientes que los asaltos bancarios en México se incrementaron durante 2013, frenando así la tendencia descendente observada desde 2005, con un incremento de 186% en comparación con ese año

La verificación de medidas de seguridad en sucursales bancarias que debe hacer la autoridad correspondiente requiere de una supervisión muy especializada y, por ello, las personas que la realizan deben recibir capacitación por especialistas en la materia, pues no se trata sólo de verificar si una sucursal cuenta con cámaras de video o alarmas, sino que se debe revisar dónde están colocadas, si se encuentran funcionando, cuánto tiempo tienen instaladas, si han recibido mantenimiento y, en el caso de las video-grabaciones, el lugar y condiciones en las que se guardan y quién determina cuándo destruirlas, sin mencionar los procedimientos a seguir en caso de robo o emergencia, entre otros aspectos. Estos elementos aún no se establecen en la normatividad vigente.

Ante los hechos de violencia y los altos índices de criminalidad, se debe atacar la problemática de una manera frontal y enérgica; no podemos esperar más.

Las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que declaran inconstitucional la reforma a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, crean un mal precedente que afectará la seguridad bancaria.

Lo anterior no favorece ni construye una buena armonía con los reclamos de la gente, en el sentido de contar con mayor seguridad para las instalaciones y para los cuentahabientes que acuden diariamente a realizar sus operaciones.

El hecho de que el Pleno de la Suprema Corte haya ignorado los acontecimientos suscitados en los últimos años en materia de seguridad, constituye una preocupación generalizada de los ciudadanos y autoridades; también se ha criticado que no se tomara en cuenta que la delincuencia se ha diversificado y especializado, como lo evidencian las estadísticas de los asaltos a las instituciones bancarias.

La Suprema Corte, al resolver a favor de la banca en diversos amparos, dejó sin efecto medidas ordenadas por la Ley de Establecimientos Mercantiles que obligaban a los bancos a contar con sistemas de grabación de imágenes en el interior y exterior del establecimiento mercantil, disponer de personal de vigilancia, tener un seguro de responsabilidad civil que garantizara a los usuarios y empleados el pago de daños que pudieran sufrir en su persona o bienes dentro de los establecimientos, así como prohibir el uso de teléfonos celulares, radios o cualquier otro aparato de comunicación móvil o inalámbrico.

Bajo la figura del convenio, los bancos y las autoridades locales implantaron de manera conjunta medidas que ya estaban aplicando, tales como la instalación de las puertas exclusas o giratorias, así como la instalación de cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes incluso comparten con la policía; asimismo se determinó no dar acceso al público que utilice gorras, anteojos oscuros, así como la prohibición del uso de teléfonos celulares, entre otras acciones.

Es por todo lo anterior que esta iniciativa propone elevar a nivel de ley las premisas fundamentales en materia de seguridad bancaria, reformando el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, que actualmente sólo menciona de forma general el establecimiento de medidas básicas de seguridad y la instalación de dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, sin señalar qué tipo de mecanismos y sin especificar alguno de estos dispositivos.

Pero sobre todo se elimina la discrecionalidad en los tiempos que tiene la autoridad para la verificación de dichas sucursales, señalando que debe ser de manera programada y continua.

La propuesta también incluye la obligación de la autoridad de suspender las actividades de las sucursales bancarias que al momento de la visita incumplan con las disposiciones correspondientes, lo anterior mediante la adición de un segundo párrafo al artículo 109 a la Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente se propone reformar el artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que actualmente no habla de otra cosa más que de otorgar la facultad de supervisión o verificación a dicha Comisión sobre las sucursales bancarias. En esta disposición se plantea la adición del concepto de supervisión en materia de seguridad, que en la actualidad no está definido dentro de las facultades de la Comisión y, lo más importante, se señala que en esta materia dichas supervisiones deberán llevarse a cabo por lo menos una vez al año y mediante personal debidamente capacitado.

Consideramos que al aprobar estas reformas se podrá avanzar en la generación de condiciones de seguridad para los bancos, para sus instalaciones, pero sobre todo para el público usuario que asiste diariamente a ellas.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 96.- Las instituciones de crédito, con la finalidad de proporcionar mayor seguridad, protección y tranquilidad para sus usuarios y trabajadores, deberán contar en las oficinas bancarias con lo siguiente:

I. Sistemas de grabación de video en el interior y exterior de los inmuebles y manuales de operación y controles para la guarda y custodia de las imágenes obtenidas y su destrucción correspondiente;

II. Personal de vigilancia;

III. Seguro de responsabilidad civil que garantice a los usuarios y empleados el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona o bienes en el interior del establecimiento;

IV. Puertas esclusadas en el acceso del patio del público a las ventanillas;

V. Mecanismos de acceso a las áreas de manejo o guarda de valores y efectivo;

VI. Puertas esclusadas de acceso del público a la sucursal;

VII. Procedimientos para detectar autorrobos;

VIII. Cajeros automáticos que puedan abastecerse desde el interior de la sucursal, con sistemas de grabación de imágenes.

Se deberán exhibir fotografías y/o retratos de probables responsables de delitos cometidos en sucursales y evitar que el público ingrese tanto a cajeros como a las sucursales con indumentaria que evite su fácil identificación, así como la utilización de radios o teléfonos celulares.

Cuando las instituciones contraten a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta Ley, con el objeto de que éstas reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas para llevar a cabo tales operaciones en representación de las propias instituciones, cuenten con las medidas básicas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el presente artículo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que deberán establecer las instituciones de crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, en términos del artículo 46 Bis 1 de esta Ley, y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

No se permitirá la contratación de personal al amparo del artículo 46 Bis 1 de esta Ley, para realizar en el interior de las sucursales de atención al público de las instituciones de crédito, cualquiera de las operaciones a que se refiere el artículo 46 de este ordenamiento.

Para implementar lo señalado en el presente artículo, las instituciones de crédito deberán contar con una unidad especializada. La Comisión Nacional Bancaria vigilará de manera programada y continua que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 109. …

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar, al momento de la visita,la suspensión de actividades en las sucursales de las instituciones que no cumplan con las disposiciones en materia de medidas básicas de seguridad, independientemente de las sanciones a las que se hagan acreedoras, al incumplir con la normatividad de la materia.

ARTICULO TERCERO. Se reforman el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 5 de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 5. La supervisión que realice la Comisión se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la Comisión esta ley, así como otras leyes y disposiciones aplicables. En materia de seguridad en sucursales bancarias, la Comisión atenderá lo establecido en las reglas generales que establecen las medidas básicas de seguridad a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a que están sujetas en materia de seguridad, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes, estables y seguras y, en general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluarán de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.

La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas. En materia de seguridad la inspección se efectuará por lo menos una vez al año con personal especializado y debidamente capacitado.

...

...

...

TRANSITORIOS

Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Félix González Canto, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

(Presentada por el C. Senador Félix Arturo González Canto, a nombre propio y de los CC. Senadores Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo)

- El C. Senador Félix Arturo González Canto: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta del Senado, solamente haré referencia a sus aspectos principales. Por lo que le solicito, señora Presidenta, se inserte su texto íntegramente en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros Senadores:

México cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos y vastos del planeta. Ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto mundial en sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La relación entre turismo y patrimonio cultural es innegable, éste último participa en la creación de nuevos productos turísticos, mientras que el turismo es uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, porque ofrece una experiencia personal no sólo acerca de lo que tenemos del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades.

Las diversas declaratorias sobre el patrimonio cultural de México incrementan el número de visitantes que quieren conocer estos bienes, a su vez, conlleva la responsabilidad de conservar el patrimonio a través de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y protección del mismo, ya que así como el turismo cultural potencia el desarrollo económico de las comunidades que cuentan con bienes de este tipo, el patrimonio cultural puede verse deteriorado cuando se da una sobreexplotación de sus bienes.

Por lo anterior, es necesario que desde la política turística se fomente la cultura de conservación y protección del patrimonio cultural. Es prioritario que se implementen campañas de promoción, conservación y cuidado de los productos turísticos culturales.

Si bien es cierto, que la rectoría de la conservación de nuestro patrimonio cultural le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, consideramos que la Secretaría de Turismo puede participar de manera concurrente en la conservación de este patrimonio, tal como lo señala en la fracción III el artículo 2 de la Ley General de Turismo.

Esta iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General de Turismo para que los municipios, estados y el Distrito Federal participen de manera concurrente en la conservación, protección y resguardo del patrimonio cultural que exista en las entidades o municipios.

Asimismo, se propone que tanto a la Secretaría de Turismo como a los estados, Distrito Federal y municipios se les permita participar con la Secretaría de Educación Pública en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación.

Al articular políticas y estrategias entre los sectores de cultura y turismo para desarrollar programas que combinen la preservación del patrimonio cultural con el ejercicio responsable del turismo se preservará, se difundirá y, sobre todo, se disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.

El hecho de que en la Ley General de Turismo se establezcan atribuciones para que la Secretaría de Turismo, estados, Distrito Federal y municipios coadyuven con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y preservación del patrimonio cultural de la nación, se fortalecerá, sin duda, la labor del CONACULTA, quien cuenta con la Coordinación Nacionalde Patrimonio Cultural y Turismo, la cual tiene la misión de coordinar, de manera concertada y organizada la actividad turística con las diferentes áreas de cultura de la iniciativa privada y de los tres niveles de gobierno, esto con el fin de facilitar el proceso de la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo cultural basados en el aprovechamiento turístico sustentable del patrimonio cultural de las diferentes regiones de México.

Finalmente, teniendo presente que el cuidado del patrimonio le corresponde a todos, es decir, a los encargados de la custodia del patrimonio, a los visitantes y turistas, a los gestores culturales y a las dependencias de turismo, incluimos en esta iniciativa el deber de los prestadores de servicios turísticos de fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y de la diversidad cultural.

Suscriben esta iniciativa las Senadoras Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Angélica Araujo Lara, los Senadores Isaías González Cuevas, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo y el de la voz.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"Los suscritos, Senadores y Senadoras de la República, Félix GonzAlez Canto,Martha Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, Isaías González Cuevas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Manuel Humberto Cota Jiménez, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Daniel Gabriel Avila Ruiz, Armando Ríos Piter y Luis Armando Melgar Bravo, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artIculos de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta: ocupa el primer lugar en América Latina y el sexto mundial en sitios declarados Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La cultura, entendida como el total de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad, incluyendo las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las costumbres une a la nación, le da identidad a los pueblos y sentido de pertenencia a las personas.

La cultura se manifiesta, por ejemplo, en la música, la escritura, el lenguaje, los monumentos históricos y arqueológicos, la arquitectura, en el modo de celebrar una fiesta, en las vestimentas, las danzas y bailes tradicionales, los ritos, las creencias, las leyendas, las técnicas originarias y únicas de cultivos, así como en la elaboración de los platillos típicos.

Las diversas manifestaciones humanas que dan testimonio de la cultura de cada pueblo es, sin duda, un atractivo que invita a los turistas a conocer la riqueza de cada nación, las peculiaridades de cada sitio.

De acuerdo con la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, expedida por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el turismo es uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, ofrece una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes1 destaca que el patrimonio cultural refuerza el sentido de identidad, porque nos ayuda a conocer, apreciar y fortalecer nuestros valores y raíces culturales; promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana; se transmite de generación en generación; y, genera riqueza, no sólo desde la perspectiva cultural, sino también como factor de mejora de calidad de vida de las comunidades receptoras de turismo que son partícipes de los planes de desarrollo local.

La relación entre turismo y patrimonio cultural es innegable, este último participa enla creación de nuevos productos turísticos, el turismo, por su parte difunde y acrecienta el intercambio cultural.

Las diversas declaratorias sobre el patrimonio cultural de México incrementan el número de visitantes que quieren conocer estos bienes, a su vez, conlleva la responsabilidad de conservar el patrimonio a través de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y protección del mismo, ya que así como el turismo cultural potencia el desarrollo económico de las comunidades que cuentan con bienes de este tipo, el patrimonio cultural puede verse deteriorado cuando se da una sobreexplotación de sus bienes.

Por lo anterior, es necesario que desde la política turística se fomente la cultura de conservación y protección del patrimonio cultural, es necesario que se implementencampañas de promoción, conservación y cuidado de los productos turísticos culturales.

Si bien es cierto, que la rectoría de la conservación de nuestro patrimonio artístico, histórico, cultural y arqueológico del país le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo puede participar, de manera concurrente, en la conservación del patrimonio cultural de nuestro país, toda vez, que éste es prioritario para la actividad turística.

Bajo estos argumentos es que se propone a esta soberanía modificar diversos artículos de la Ley General de Turismo para que los Municipios, Estados y el Distrito Federal participen de manera concurrente en la conservación, protección y resguardo del patrimonio cultural que exista en la entidad o Municipio.

Asimismo, se propone que tanto a Secretaría de Turismo, como los Estados, Distrito Federal y Municipios participen con la Secretaría de Educación Pública en la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación.

Al articular políticas y estrategias entre los sectores de cultura y turismo para desarrollar programas que combinen la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial con el ejercicio responsable del turismo se preservará, difundirá y disfrutará por más tiempo nuestro legado cultural.

Es importante señalar que la reforma propuesta atiende a uno de los objetivos de la Ley General de Turismo, ya que la fracción III, del artículo 2, señala que esta ley tiene por objeto:

Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes enla materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente.

Asimismo, se encuentra de conformidad con lo señalado por la fracción X, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que estipula que a la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades estatales y municipales.

Por otra parte, se destaca el hecho de que en la Ley General de Turismo se establezcan atribuciones para que la Secretaría de Turismo, Estados, Distrito Federal y Municipios coadyuven con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y preservación del patrimonio cultural de la Nación, se fortalecerá lalabor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), quien cuenta con la Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, la cual tiene la misión de coordinar, de manera concertada y organizada la actividad turística con las diferentes áreas de cultura, de la iniciativa privada y de los tres niveles de gobierno para facilitar el proceso de la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo cultural basados en el aprovechamiento turístico sustentable del patrimonio cultural de las diferentes regiones del país.

No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que, de acuerdo a su decreto de creación, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tiene como una de sus principales atribuciones el promover y difundir la cultura y las artes; y, que dicho Decreto no hace referencia a la coordinación de acciones en materia de protección y preservación del patrimonio cultural, por lo que se considera adecuado proponer una reforma a la Ley General de Turismo para coordinar las acciones en materia de protección, conservación y preservación del patrimonio cultural, bajo la rectoría de la Secretaría de Educación Pública.

Finalmente teniendo presente que el cuidado del patrimonio corresponde a todos, los encargados de la custodia del patrimonio; los que lo visitan, los que lo promueven y los visitantes, es decir: organismos públicos y privados relacionados con el patrimonio cultural, los turistas, gestores culturales, comunidad receptora y dependencias de turismo, también se propone una reforma al artículo 58 de la Ley General de Turismo para establecer que es deber de los prestadores de servicios turísticos fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

ARTICULO UNICO: Se adicionan la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; las fracciones XX y XXI al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; las fracciones XV y XVI al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. …

I.-X. …

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protecciónde los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, a través de la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los mismos;

XII. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el desarrollo de programas de fomento al empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las personas con discapacidad;

XIII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos, que determine la propia Secretaría;

XIV. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;

XV. Instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos tendientes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos;

XVI. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera, el otorgamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos;

XVII. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para impulsar a proyectos productivos y de inversión turística, que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables;

XVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 9. …

I.-XIX. …

XX. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección, y resguardo del patrimonio cultural de la Nación que exista en la entidad;

XXI. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomentenla protección y conservación del patrimonio cultural;

XXII. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia, y

XXIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 10. …

I.-XIV. …

XV. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación, protección, y resguardo del patrimonio cultural de la Nación que exista en el Municipio;

XVI. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación;

XVII. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados o el Distrito Federal;

XVIII. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio, y

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 21. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la Nación, así como mostrar un espíritu de servicio, hospitalidad hacía el turista nacional y extranjero.

Artículo 58. …

I.– IV. …

V. Fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural;

VI. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente;

VII. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VIII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;

XI. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;

X. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;

XI. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la presente Ley;

XII. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas, y

XIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

TRANSITORIOS

Unico.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Félix González Canto, Presidente.- Sen. Martha Elena García Gómez, Secretaria.- Sen. Luz María Beristain Navarrete, Secretaria.- Sen. Isaías González Cuevas, integrante.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, integrante.- Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante.- Sen. Roberto Armando Albores Gleason, integrante.- Sen. Fernando Torres Graciano, integrante.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrante.- Sen. Armando Ríos Piter, integrante.- Sen. Luis Armando Melgar Bravo, integrante".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador González Canto.

Sonido en el escaño del Senador Casillas Romero, por favor.

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. Bueno, sin duda el tema que hoy presenta el Senador reviste la mayor de las importancias.

Quienes representamos estados que tienen una fortaleza turística y que hoy en día representa la cuarta fuente de ingresos en nuestro país, y que el turismo se ha venido diversificando, o más bien se ha venido focalizando, hoy podemos ver que el turista busca lugares de playa, lugares de turismo ecológico y que, sin duda, hoy ha representado también el turismo cultural, pues un atractivo, en el caso de Jalisco, el Instituto Cultural Cabañas, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con los murales de José Clemente Orozco, es un referente.

Por eso yo quisiera, además de felicitarlo, solicitarle su anuencia para sumarme a esta iniciativa, porque el tema cultural no puede estar aislado. Hoy por hoy efectivamente tenemos y contamos en nuestro país con un gran acervo cultural; pero que hoy, para fortuna nuestra, no solamente lo disfrutamos los mexicanos, sino quien nos visita y obviamente la concurrencia de las autoridades en materia de turismo se hace indispensable para que ésta, que es nuestra fortaleza, y que le ofrecemos al mundo pueda difundirse mejor y qué mejor que a través de las instancias en materia de turismo.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senadora Pineda Gochi, SenadoraAlvarez García, Senadores que están levantando la mano, ¿con el mismo objeto?

Le consulto, señor Senador, si acepta.

Registre, por favor, la Secretaría a las Senadoras y Senadores que desean adherirse a esta propuesta.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede ahora la palabra al Senador Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Angel Chico Herrera y Layda Sansores San Román, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático.


1 CONACULTA. El ABC del Patrimonio Cultural y Turismo, disponible en http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/documentos/pdf/abc_patrimonio.pdf consultado el 24 de septiembre de 2013.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 7o., 47 Y 66, FRACCIONES VI, II Y III RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

(Presentada por el C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a nombre propio y de los CC. Senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Miguel Angel Chico Herrera y Layda Sansores San Román)

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

México cuenta con 11 mil kilómetros de litorales y tiene una de las zonas económicas exclusivas más extensas en el mundo, con 3.1 millones de kilómetros cuadrados. La zona costera en México comprende 150 municipios en 17 estados costeros y el territorio insular; en ellas viven 52 millones de mexicanos, quienes generan el 43 por ciento del Producto Interno Bruto.

Las actividades económicas que soportan el PIB son las actividades petroleras, turísticas, mineras, pesqueras y marítimas mercantiles. Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, el valor económico, social, político y ambiental que representan las costas, territorios insulares y mares mexicanos no son evidentes, pues los mecanismos institucionales que permiten integrar acciones de largo plazo, relacionados con el desarrollo sustentable de estos territorios, son insuficientes.

Es fundamental reconocer que los efectos tendrán impactos diferenciados sobre el territorio debido a la variabilidad de riesgos, vulnerabilidades entre las diferentes costas de México. Significa que no tendrá el mismo efecto la elevación de un metro del nivel medio del mar en estados como Tabasco y Campeche, que frente a costas de Michoacán o Guerrero, o para territorios insulares como Isla de Guadalupe o el Archipiélago de Revillagigedo.

La presente iniciativa tiene como propósito por un lado resaltar la importancia de una política de costas, mares y territorios insulares del país y por el otro lado, darle un estatus jurídico, jerárquico y vinculante que haga frente a la heterogeneidad existente entre las escalas de planeación nacional y la toma de decisiones y acciones locales para enfrentar los efectos del cambio climático. Por ello, se plantea la necesidad de modificar la Ley General de Cambio Climático en sus artículos 7o., fracción VI, la fracción II del artículo 47 y la fracción III del artículo 66 para la creación de grupos de trabajo, particularmente el de Gobernanza de Costas, Mares y Territorios Insulares Mexicanos.

La Ley General de Cambio Climático que entró en vigor en octubre de 2012, representa sin duda el efecto más acabado y reciente del gobierno mexicano para enfrentar el fenómeno del cambio climático.

Existe, pues, una proliferación de instrumentos de regulación, ya sea de manera de planes, programas, reglamentos y otras normas administrativas, que tienen un potencial importante de contener duplicidades, antinomias y otros problemas de diseño normativo que pueden incidir negativamente en la implementación eficaz de los objetivos de la ley, los cuales de por sí, habida cuenta de la indeterminación del lenguaje legal, tampoco son claros. Más aún, se aprecia que la profusa remisión a normas de jerarquía inferior a la Legislativa conlleva a las salvedades siguientes en la aplicación eficaz de la política pública:

Uno, falta de toma de decisiones por parte del órgano legislativo para llevar a cabo la política pública de diversificación de fuentes de energía;

Dos, vulnerabilidad general de la política pública en los vacíos contenidos en las leyes;

Tres, falta de vinculación de las autoridades por la degradación de los mandatos a disposiciones administrativas de menor jerarquía;

Cuatro, la política pública queda expuesta a cambios de mandos en la Administración Pública, la cual puede modificar unilateralmente el contenido de las normas que emite de su esfera de competencia.

Para evitar la degradación del espíritu y la efectividad de la ley, es importante modificarla y no dejar espacios de ambigüedad en un tema que requiere de la mayor atención por parte del gobierno de la República. Es necesario limitar la discrecionalidad y no dejar a cuerpos normativos la determinación de objetivos o lineamientos generales de acción en este tema.

Es imperativo optimizar el grado de comunicación entre sectores, usuarios y actores, establecer mecanismos efectivos de coordinación para optimizar recursos y eliminar políticas, programas y acciones antagónicos entre sí y promover la integración del manejo de los espacios y recursos costeros y marinos. Es necesario también revisar y analizar la política nacional de mares y costas a la luz de la Ley General del Cambio Climático y por las estrategias prioritarias del gobierno de la República. También se habrán de considerar los instrumentos de planeación territorial como los ordenamientos ecológicos territoriales municipales y los ecológicos marinos, así como las políticas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por ello es necesario crear un grupo de trabajo específico dentro de la Ley General de Cambio Climático para atender los problemas relacionados con las costas, mares y territorios insulares en México. La inclusión del Grupo de Trabajo de Gobernanza Costera, Mares y Territorios Insulares que aquí se propone agrupará a todos los actores relevantes para la construcción de una gobernanza costera, pero particularmente a los 17 estados y 150 municipios, como el de Campeche y sus municipios costeros, para fortalecer capacidades, identificar sus problemáticas, coordinar estrategias regionales para problemas similares y/o compartidos y establecer la escala de acción acorde a sus jurisdicciones, capacidades técnicas, recursos humanos, tiempo dentro de la gestión pública y la situación política y social de su entorno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se modifica el artículo 7o. para agregar un inciso a la fracción VI; y se modifican los artículos 47 y 66, fracciones II y III respectivamente de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue.

Artículo 7o…

m) Mares costas y territorios insulares.

n) Las más que determinen otras leyes.

Artículo 47…

II.- Formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes;con este fin, se crearán los grupos de trabajo de cambio climático en las materias a que se refiere el artículo 7o., fracción VI de esta ley.

Artículo 66…

III.- Las metas sexenales de adaptación a partir de grupos de trabajo específicos relacionadas con la gestión integral del riesgo; aprovechamiento y conservación de recursos hídricos, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura, ecosistemas y biodiversidad, energía, industria y servicios, infraestructura de transporte y comunicaciones, desarrollo rural, ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano, asentamientos humanos, infraestructura y servicios de salud pública, mares, costas y territorios insulares y las demás que resulten pertinentes.

Transitorios

Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

"Los que suscribe, Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Senador Miguel Angel Chico Herrera, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Senadora Layda Sansores San Román, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Partido Movimiento Ciudadano, en ejercicio de la facultad que nos confieren los Artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 7, 47 Y 66, FRACCIONES VI, II Y III RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México cuenta con 11 mil kilómetros de litorales y tiene una de las zonas económicas exclusivas más extensas en el mundo, con 3.1 millones de kilómetros cuadrados. La zona costera mexicana comprende 150 municipios en 17 Estados costeros y el territorio insular; en ella viven 52 millones de mexicanos, quienes generan el 43% del Producto Interno Bruto nacional (PIB).

Las actividades económicas que soportan este PIB son las actividades petroleras, turísticas, mineras, pesqueras y marítimas mercantiles. Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, el valor económico, social, político y ambiental que representan las costas, territorios insulares y mares mexicanos en las agendas políticas nacional, estatal y municipal, no son evidentes, pues los mecanismos institucionales que permitan integrar acciones de largo plazo, relacionadas con el desarrollo sustentable de estos territorios, son insuficientes.

La falta de una arquitectura institucional transversal, federalista y con efectos jurídicos vinculantes, se agrava cuando se analizan los efectos que el clima cambiante plantea para cada uno de los 150 municipios costeros de México, para cada sector económico marino, costero e insular, para cada población litoral y para la infraestructura vital de cada uno de los 17 Estados costeros.

Es fundamental reconocer que los efectos tendrán impactos diferenciados sobre el territorio debido a la variabilidad en riesgos, vulnerabilidades y resiliencias entre las diferentes costas de México. Significa que no tendrá el mismo efecto la elevación de un metro del nivel medio del mar en estados como Tabasco y Campeche, que frente a costas de Michoacán o Guerrero, o para territorios insulares como Isla Guadalupe o el Archipiélago de Revillagigedo. Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre los costos implícitos en daños y acciones de adaptación para afrontar dichos efectos es limitado. Tampoco se sabe con certeza cuáles son las capacidades técnicas, organizativas, de planeación, programáticas y presupuestales de cada uno de los 17 Estados costeros de México para emprender acciones de mitigación y adaptación al fenómeno del cambio climático pero con una visión de largo plazo, sobre todo cuando este problema y sus consecuencias, superan por mucho el ejercicio legal de las administraciones públicas que están limitadas a 3 o 6 años de gestión. Y es justo este tema el que merece particular atención si se han de adoptar medidas estratégicas para enfrentar el problema del cambio climático y sus impactos en los diferentes sectores de política pública.

La presente iniciativa tiene como propósito, por un lado, resaltar la importancia de una política de costas, mares y territorios insulares del país, y por el otro, darle un estatus jurídico jerárquico y vinculante que haga frente a la heterogeneidad existente entre las escalas de planeación nacional y la toma de decisión y acción locales para enfrentar los efectos del cambio climático. Por ello, se plantea la necesidad de modificar la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en sus artículos séptimo, fracción sexta, la fracción segunda del artículo 47 y la fracción tercera del artículo 66, para la creación de grupos de trabajo, particularmente el de Gobernanza de Costas, Mares y Territorios Insulares Mexicanos.

La Ley General de Cambio Climático que entró en vigor en octubre de 2012, representa sin duda el más reciente y acabado esfuerzo del gobierno mexicano para enfrentar el fenómeno del cambio climático. La importancia que el tema reviste también es evidente por el lugar que ocupa en la agenda legislativa del Senado de la República. Tal y como lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable representación, mi compañera Senadora Ninfa Salinas Sada, “la Ley General de Cambio Climático establece elementos clave para promover la adaptación de los sistemas naturales y humanos en México al cambio climático a través del cumplimiento concreto de metas a cargo de las autoridades federales, estatales y municipales, que incluyen por ejemplo, el desarrollo de atlas de riesgo, programas de desarrollo urbano que consideren el cambio climático e incluso, un Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el cambio climático.”

A pesar de ello y del logro tan importante que significa contar con una legislación sobre este tema, también es necesario mencionar que, de acuerdo con expertos jurídicos en el tema, la LGCC presenta lagunas que dan lugar a duda sobre sus posibilidades para convertir un mandato legal en políticas públicas.

De acuerdo a estos autores, la LGGC “no impone ninguna obligación específica para los sectores relacionados con acciones de mitigación en áreas como el uso y la generación de energía, el manejo de residuos, o los cambios del uso del suelo”. De igual manera, señalan que la LGGC “denota un lenguaje tendiente más a la aspiración que a la implementación dura de una política pública”.

Existe, pues, una “proliferación de instrumentos de regulación -ya sea a manera de planes, programas, reglamentos y otras normas administrativas- que tienen un potencial importante de contener duplicidades, antinomias y otros problemas de diseño normativo que pueden incidir negativamente en la implementación eficaz de los objetivos de la ley, los cuales de por sí, habida cuenta de la indeterminación del lenguaje legal, tampoco son claros. Más aún, se aprecia que la profusa remisión a normas de jerarquía inferior a la legislativa conlleva las salvedades siguientes en la aplicación eficaz de la política pública:

a) falta de toma de decisiones por parte del órgano legislativo para llevar a cabo la política pública de diversificación de fuentes de energía;

b) vulnerabilidad general de la política pública a los vacíos contenidos en las leyes;

c) falta de vinculación de las autoridades por la “degradación” de los mandatos a disposiciones administrativas de menor jerarquía;

d) la política pública queda expuesta a cambios de mando en la administración pública la cual puede modificar unilateralmente el contenido de las normas que emite dentro de su esfera de competencia”.

De manera similar, señalan que la LGCC “se limita a establecer los objetivos pero no ahonda ni hace referencia a la planeación específica que deberá llevarse a cabo para concretarlos, pues delega dicha regulación al contenido de posteriores cuerpos normativos”.

Como puede apreciarse, parece que la limitación más seria de la LGCC radica en lo limitada que resulta cuando deja el espacio normativo y tiene que enfrentarse a las complejidades no solo del diseño e implementación de una política pública, sino además hacerlo en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, con márgenes de discreción diferentes y que además tienen serias diferencias organizativas, jurídicas, presupuestales y técnicas. La “degradación” deja a la discreción de diversos actores y ámbitos, el cumplimiento de la Ley; su espíritu se torna difuso y al final, solo parece conminar, pero no obligar, a la toma de decisiones y generar acciones de gobierno para prevenir y solucionar los problemas derivados del cambio climático y con resultados medibles a los ojos de los contribuyentes.

De acuerdo con el mismo artículo, “aunque la Ley es un paso importante y digno de atención, es importante no perder de vista que su reglamentación -y por tanto en gran medida, su efectividad- dependen todavía de diversos desarrollos regulatorios”. En síntesis, si bien es cierto que la LGCC representa un logro importante en la agenda de gobierno sobre este tema, tambiénlo es que presenta limitaciones que ponen en peligro el logro de los objetivos para los cuales fue creada.

Por ello, y para evitar la degradación del espíritu y la efectividad de la Ley, es importante modificarla y no dejar espacios de ambigüedad en un tema que requiere de la mayor atención por parte del gobierno de la república. Es necesario limitar la discrecionalidad y no dejar a cuerpos normativos inferiores la determinación de objetivos o lineamientos generales de acción en este tema.

Uno de los sectores que mayor impacto sufrirá debido al fenómeno del cambio climático es el de los mares, las costas y los territorios insulares en nuestro país. La Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) tuvo su origen en del Plan Nacional de Desarrollo 2007– 2012, mismo que estableció dentro de sus lineamientos estratégicos la necesidad de crear políticas públicas que ordenaran las actividades productivas, desde la perspectiva de la seguridad de los ecosistemas, protección civil de los habitantes y la conservación de los bienes económicos de las zonas costeras y marinas, con el fin de mantener y recuperar la riqueza de estas regiones.

Por ello, el 13 de Junio de 2008 se creó por acuerdo presidencial, la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), cuyo objetivo es coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la planeación, ordenación y desarrollo sustentable de los mares y las costas del territorio nacional. De acuerdo a su reglamento, la CIMARES realizaría sesiones ordinarias en las que participan los miembros titulares de la Comisión, reuniones de enlace y de grupos de trabajo que se han derivado para la atención de temas específicos.

La Comisión se integra por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Marina; Desarrollo Social; Energía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien la presidirá. Además participan como invitados permanentes la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Petróleos Mexicanos y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Son siete los grupos de trabajo que creó esta Comisión: articulación de ordenamiento, calidad de vida, economía y competitividad, estructura y procesos ecológicos, agenda internacional, ciencia y tecnología y derrame de petróleo en el Golfo de México. Sin embargo, los grupos de trabajo no tienen trabajo reciente, las últimas reuniones de los grupos 1 y 5 fueron en el 2010; en el 2009 las del Grupo 3 y los Grupos 2, 4 y 6 en el 2011. Salvo los reportes de algunas de esas reuniones, no hay evidencia de avances significativos para la construcción de la gobernanza costera. Si bien es cierto la Comisión Nacional de Mares (CIMARES) está facultada a nivel federal para definir y proponer políticas, ello no ha podido traducirse en acciones concretas y medibles en los ámbitos de gobierno estatal y municipal.

Como puede apreciarse, es imperativo optimizar el grado de comunicación entre sectores, usuarios y actores; establecer mecanismos efectivos de coordinación para optimizar recursos y eliminar políticas, programas y acciones antagónicos entre sí; y promover la integración del manejo de los espacios y recursos costeros y marinos. Es necesario también revisar y analizar la política nacional de mares y costas a la luz de la Ley General de Cambio Climático y de las estrategias prioritarias del gobierno de la república. También se habrán de considerar los instrumentos de planeación territorial como los ordenamientos ecológicos territoriales municipales y los ecológicos marinos, así como las políticas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También será indispensable identificar aquellos puntos que permitan armonizar las políticas, programas y acciones sectoriales y coadyuvar con el Consejo de Cambio Climático recién nombrado por el Presidente de la República.

Por ello, es necesario crear un grupo de trabajo específico dentro de la LGCC para atender los problemas relacionados con las costas, mares y territorios insulares en México. La inclusión del grupo de trabajo de Gobernanza Costera, Mares y Territorios Insulares que aquí se propone, agrupará a todos los actores relevantes para la construcción de una gobernanza costera, pero particularmente a los 17 estados y 150 municipios costeros permitiéndoles fortalecer sus capacidades, identificar sus problemáticas, coordinar estrategias regionales para problemas similares y/o compartidos, y establecer las escalas de acción acordes a sus jurisdicciones, capacidades técnicas, recursos humanos, tiempos dentro de la gestión pública y la situación política y social de su entorno. De esta manera serán realistas los marcos de trabajo, las capacidades y por ende los enfoques y acciones.

La reglamentación de la Ley General de Cambio Climático proveerá el marco adecuado para la integración y fortalecimiento de acciones en materia de cambio climático, y por ello, la inclusión del grupo de trabajo de gobernanza costera en el texto de la Ley hará que los grupos de trabajo adquieran carácter de obligatoriedad y condicionantes de ley. Sin embargo, las particularidades de la zona costera y de los ambientes y actividades marinos requerirán del diseño de procesos, políticas y acciones coordinadas con visiones integrales entre usuarios y actores para el uso y aprovechamiento de los espacios y recursos. Todo ello, resultará en un proceso de construcción y fortalecimiento de la gobernanza costera a nivel nacional, regional y local.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

Artículo Primero.- Se modifica el artículo 7o. para agregar un inciso a la fracción VI; y se modifican los artículos 47 y 66, fracciones II y III respectivamente, de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue:

Artículo 7…..

I.-…..

II.…..

III.….

IV.….

V.…..

VI.….

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m) Mares, costas y territorios insulares

n) Las demás que determinen otras leyes;

Artículo 47…..

I….

II. Formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes; con este fin, se crearán los grupos de trabajo de cambio climático en las materias a que se refiere el artículo séptimo, fracción VI de esta Ley.

Artículo 66….

I….

II…

III. Las metas sexenales de adaptación a partir de grupos de trabajo específicos relacionadas con la gestión integral del riesgo; aprovechamiento y conservación de recursos hídricos; agricultura; ganadería; silvicultura; pesca y acuacultura; ecosistemas y biodiversidad; energía; industria y servicios; infraestructura de transporte y comunicaciones; desarrollo rural; ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano; asentamientos humanos; infraestructura y servicios de salud pública; mares, costas y territorios insulares y las demás que resulten pertinentes;

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este ordenamiento.

Atentamente

Sen. Raúl A. Pozos Lanz.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Miguel A. Chico Herrera.- Sen. Blanca Alcalá Ruiz".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Pozos Lanz.

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño)Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Rosas González, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Oscar Román Rosas González: (Desde su escaño) Para solicitarle alSenador Raúl Aarón Pozos Lanz, y a los demás proponentes, permitirnos sumarnos a la propuesta presentada.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Autoriza, señor Senador?

- El C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Con todo gusto, señora Presidenta.

Les agradezco mucho.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Consulto a las Senadoras y Senadores que han pedido el uso de la palabra, ¿si es para el mismo efecto?

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño del Senador López Hernández, por favor.

- El C. Senador Adán Augusto López Hernández: (Desde su escaño) Señora Presidenta, como es evidente que no existe quórum, le pediría, que en los términos del artículo 59, párrafo tercero del Reglamento del Senado, se verifique el quórum.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador, con gusto.

Le pido a la Secretaría registre a quienes desean adherirse a la propuesta del Senador Pozos Lanz.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera.

En atención a la petición del Senador López Hernández, en opinión de esta Presidencia, sí hay quórum, señor Senador.

Miembros activos del PAN en el estado de San Luis Potosí han sido invitados a este Recinto por la Senadora Sonia Mendoza Díaz, por lo cual, les damos la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República.

(Aplausos)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Pido la palabra, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Mayans Canabal, ¿con qué objeto?

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Le pido verificar el quórum, pues aquí es evidente que no hay Senadoras ni Senadores.

Si se pasó lista a las diez de la mañana, es la hora, ahorita, que no están aquí en el Pleno, y por eso se solicita la verificación del quórum.

Aquí hay más asistentes que Senadores.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Senador Mayans Canabal, en atención a su petición y a la del Senador López Hernández, y si mis compañeras y compañeros Senadores están de acuerdo, el siguiente punto en el Orden del Día es una votación nominal, lo cual es una manera natural de verificar el quórum.

Tiene ahora la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de diversos Senadores, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.






INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el C. Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre propio y de los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo)

- El C. Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

A nombre propio, y de los Senadores Angélica de la Peña, Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La propuesta se realiza en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como un recordatorio sobre la problemática de la violencia cometida contra la mujer en México y todo el mundo.

Entendemos que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

México ha suscrito la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y observa las disposiciones de la declaración sobre la eliminación de la violencia de la mujer para proteger todos aquellos ámbitos en donde se desenvuelven las mujeres, especialmente para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia en su contra.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ya que factores sociales como la pobreza, marginación, opresión, inseguridad, discriminación, entre otros, siguen afectando la calidad de vida de la población femenina.

De acuerdo con las cifras de la OCDE y del INEGI, se documenta que:

47 por ciento de las mujeres en México sufre violencia física y/o violencia sexual durante su vida.

63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea de parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

95 por ciento de los feminicidios cometidos en México quedan impunes.

Y de cada 100 mujeres víctimas de trata en el país, 70 son indígenas.

Por ello, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es fruto de un gran esfuerzo de organizaciones sociales, instituciones especialistas en derechos humanos, sociedad civil, legisladores e investigadores. Dicha legislación establece los criterios en coordinación entre la Federación, los estados y municipios para la formulación y aplicación de programas o política para la no violencia contra las mujeres, así como fomentar la igualdad entre la población.

Desafortunadamente la realidad nos sigue superando, dejando obsoletos todos los trabajos legislativos, sea porque el contenido de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien, porque las autoridades correspondientes no las aplican adecuadamente.

Es importante señalar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia omite mencionar de manera específica a las mujeres indígenas como un grupo objetode la ley, mismas que por sus circunstancias sociales son doble o triplemente discriminadas o violentadas.

Es cierto que la ley tiene por característica la generalidad y por tanto, el contenido normativose aplica al número determinado de personas, sin diferenciar o manifestar alguna señalización en especial.

Lo preocupante de esta situación es que las mujeres indígenas en razón de los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades, encuentran normalidad en la hegemonía del podery violencia ejercida en su contra, o bien, se les hace pensar que es habitual y correcto por su condición de género.

Según las cifras del Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, asciende a más de 6 millones el número de personas indígenas, de las cuales más de 3 millones son mujeres; en tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en ese mismo año, estima que la cifra es arriba de 10 millones, de las cuales 5.1 millones son mujeres.

De dicho registro poblacional, la misma CDI informa que al menos 1 de cada 3 mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia, sin embargo no es posible precisar la cantidad real de mujeres indígenas en situación de violencia, ya que la mayoría de los casos el delito no es denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta de juzgados expertos en la materia, así como la desconfianza que tienen hacia las autoridades correspondientes.

Por ello la relevancia de contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena. La invisibilidad de las mujeres indígenas en el ámbito privado y público han permitido atropellos enormes contra sus derechos humanos.

Hechos recientes, como los sucedidos en Oaxaca, en los que una mujer indígena no recibió atención médica inmediata e inició el trabajo de parto en el patio del hospital;la discriminación que sufrió una mujer en un establecimiento mercantil por vestir un atuendo tradicional indígena; los comentarios discriminatorios de la ex Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los indígenas; y el manejo de los usos y costumbres para impedir que las mujeres ocupen cargos o puestos de representación popular, son muestra de la realidad que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer sus derechos.

Bajo ese orden de ideas, compañeras y compañeros, es que se publicó en el Diario Oficial dela Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La modificación realizada por el Ejecutivo Federal, se reconoce la obligación expresa del Estado de proteger los derechos de las mujeres indígenas y la atención de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y su concordancia con el respeto a los derechos humanos de las mujeres, especialmente en la implementación de políticas para la prevención de la violencia.

Sin embargo, la intención queda plasmada a nivel reglamentario y no de ley,sin mencionar que no resalta la importancia que los titulares de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal en la materia se coordinen y abonen para prevenir y erradicar la violencia cometida con las mujeres indígenas.

Por lo anterior, nuestra propuesta plantea, adicionar una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la finalidad de que la CDI coadyuve con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y se realice el seguimiento de las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia y discriminación cometidas contra mujeres y niñas indígenas.

También es objeto de la propuesta, la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y viceversa la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La finalidad de la reforma va encaminada a establecer una perspectiva de género en el tema indígena, en el rubro específico de la prevención, atención y erradicación de la violencia y discriminación. La misma se construye acorde con los criterios del artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Consideramos que la cooperación y coordinación de las diferentes dependencias y organismos de la Administración Pública Federal y los otros órdenes de gobierno, abonará a lograr el empoderamiento de las mujeres.

Tenemos claro que la propuesta planteada es sencilla en comparación de las grandes reformas necesarias para revertir el difícil escenario de violencia en el que viven las mujeres mexicanas.

No obstante, abonemos en un primer paso a favor de las mujeres indígenas que son la fuerza impulsora del desarrollo social, económico, cultural, de sus pueblos y comunidades, por lo que representan y es que merecen una vida libre de discriminación y violencia, avanzando en el respeto de los derechos humanos y mejoramiento en sus condiciones de vida.

Finalmente, señora Presidenta, le pido sea tan gentil de que dé instrucciones para que el texto completo de la iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, por su atención.

Iniciativa

"Los Suscritos, Senadores Isidro Pedraza Chávez y Angélica de la Peña Gómez, integrantes del GPPRD; Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale, y Teófilo Torres Corzo, integrantes del GPPRI; en la LXII Legislatura y en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 76, 164, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamosa la consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionandiversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley Generalde Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como recordatorio a la comunidad internacional sobre la problemática de la violencia cometida contra la mujer.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de la Mujer señala que violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

De igual manera la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, así como su Protocolo Facultativo, establecen los criterios generales para definir políticas públicas en favor de los derechos humanos de las mujer, combatiendo la discriminación y violencia.

México se ha unido a las políticas implementadas mundialmente para proteger todos aquellos ámbitos en donde se desenvuelven las mujeres, especialmente para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia en su contra. Desde la ratificación de las Convenciones de Belém Do Pará y de la CEDAW, los avances y mecanismos legislativos que tutelan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y eliminación de todas las formas de discriminación han sido significativos, sin embargo aún falta mucho por hacer, ya que factores sociales como la pobreza, marginación, opresión, inseguridad, discriminación, entre otros, siguen afectando la calidad de vida de la población femenina.

Por ello, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es fruto de un gran esfuerzo de organizaciones sociales, instituciones especialistas en derechos humanos, sociedad civil, legisladores e investigadores. Dicha legislación establece los criterios de coordinación entre la Federación, los Estados y Municipios para la formulación y aplicación de programas o políticas para la no violencia contra las mujeres, así como fomentar la igualdad entre la población.

Desafortunadamente la realidad nos sigue superando, dejando obsoletos todos los trabajos legislativos, sea porque el contenido de las normas no protege a plenitud los derechos de las mujeres, o bien porque las autoridades correspondientes no las aplican adecuadamente.

La presencia de la violencia cometida contra la mujeres mexicanas por razón de género es abismal1:

• 47% de las mujeres en México sufre violencia física y/o violencia sexual durante su vida;

• 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

• Una cuarta parte del total de las mujeres asalariadas (26.3%), que trabajaron durante 2010, enfrentaron actos de discriminación laboral, por parte de sus empleadores.

• Las tasas de homicidios de mujeres, que se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mujeres), se registran en Baja California (6.0), Chihuahua (22.7), Durango (6.9), Guerrero (10.4), Morelos (4.7), Nayarit (9.7), Nuevo León (9.5), Sinaloa (7.9) y Tamaulipas (4.6).

• 95% de los feminicidios cometidos en México quedan impunes;

Cada día en México mueren seis mujeres por crímenes de violencia extrema;

Bajo el grave contexto de violencia, es importante señalar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia omite mencionar de manera específica a las mujeres indígenas como un grupo objeto de la Ley, mismas que por sus circunstancias sociales son doble o triplemente discriminadas o violentadas.

Es cierto que la Ley tiene por característica la generalidad y por tanto, el contenido normativo se aplica al número indeterminado de personas que se encuentren en el supuesto, sin diferenciar o manifestar alguna señalización en especial.

Lo preocupante de esta situación es que las mujeres indígenas en razón a los usos y costumbres de sus pueblos o comunidades "encuentran normalidad" en la hegemonía del poder y violencia ejercidas en su contra, o bien se le hace pensar que es habitual y correcto por su condición de género.

Según cifras del Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, asciende a más de 6 millones el número de personas indígenas, de las cuales más de 3 millones son mujeres; en tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) estima la población indígena en poco más de 10 millones, de las cuales 5.1 millones son mujeres (CDI, 2005).

De dicho registro poblacional, la misma CDI informa queal menos una de cada tres mujeres indígenas sufre o ha sufrido violencia en contra de su persona, sin embargo no es posible precisar la cantidad real de mujer indígenas en situación de violencia, ya que en la mayoría de los casos el delito no es denunciado debido a diferentes factores como la normalización de la violencia, amenazas a las víctimas, falta de juzgados expertos en la materia, así como la desconfianza que tiene hacia las autoridades correspondientes.

Por ello la relevancia de contrarrestar la violencia hacia la mujer indígena. La invisibilidad de las mujeres indígenas en el ámbito privado y público han permitidoatropellos enormes contra sus derechos humanos.

Hechos recientes como los sucedidos en Oaxaca, en los que una mujer indígena no recibió atención médica inmediata e inició trabajo de parto en el patio del hospital; la discriminación que sufrió una mujer en un establecimiento mercantil por vestir un atuendo tradicional indígena; los comentarios discriminatorios de la ex Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los indígenas; y el "manejo" de los usos y costumbres para impedir que las mujeres ocupen cargos o puestos de representación popular, son muestra de la realidad que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer sus derechos.

Bajo ese orden de ideas es que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por elque se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La reforma reconoce la obligación expresa del Estado de proteger los derechos de las mujeres indígenas y la atención de los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas ysu concordancia con el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres, especialmente en la implementación de políticas para la prevención de la violencia.

Sin embargo, la intención queda plasmada a nivel reglamentario y no de Ley, sin mencionarque no resalta la importancia de que los titulares de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal en la materia se coordinen y abonen para prevenir y erradicar la violencia cometida contra las mujeres indígenas.

Por lo anterior, la propuesta plantea adicionar una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la finalidad de que la CDI coadyuve con la Secretaría de Gobernación y lleven a cabo el seguimiento de las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, proteger, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres indígenas.

También es objeto de la propuesta, la inclusión del titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y viceversa la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La finalidad de la reforma va encaminada a establecer una perspectiva de género en el tema indígena, en el rubro específico de la prevención, atención y erradicación de la violencia. La misma se construye acorde con los criterios del artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Tenemos claro que las mujeres indígenas son la fuerza impulsora del desarrollo social, económico y cultural de sus pueblos y comunidades. Por lo que representan, es que merecen una vida libre de discriminación y violencia, avanzando en el respeto de sus derechos humanos y mejoramiento de sus condiciones de vida.

Estamos convencidos de que la cooperación y coordinación de las diferentes dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, y los otros órdenes de gobierno, abonará a lograr el empoderamiento de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose las subsecuentes; y se adiciona un inciso n) a la fracción I, del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como siguen:

Artículo 2.- La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. a XVIII.

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

XX. ...

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I....

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado:

a) a m)...

n) El Instituto Nacional de las Mujeres, y

ARTICULO SEGUNDO.-Se adiciona una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. El Sistema se conformará por las y los titulares de:

I. a XI.

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

TRANSITORIOS

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Angélica de la Peña Gómez.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Teófilo Torres Corzo.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale".

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Con gusto, Senador Pedraza Chávez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Primera.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a diversos dictámenes, de los cuales la Secretaría dará cuenta.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Doy cuenta con los dictámenes de primera lectura.

Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.


1 Información de la OCDE y "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", 25 de noviembre de 2013, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








Otro, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o., 11 y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H), FRACCION III DEL ARTICULO 11 Y LA FRACCION X DEL ARTICULO 28; Y SE ADICIONA LA FRACCION XIII BIS AL ARTICULO 3o. DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)



Uno más, de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.






PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 45 BIS, 45 BIS 1, 55 BIS, 55 BIS 1 Y 55 BIS 2 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXII Legislatura les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGIA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de Decreto en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.

II. En el capítulo correspondiente al “Contenido de la Minuta” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de las que Dictaminan.

I. ANTECEDENTES

1.- En fecha 20 de agosto de 2013, en Sesión Ordinaria de la LXII Legislatura, el Diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Ter, 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quinquies de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, turnó a la Comisión de Transportes la iniciativa de referencia.

4.- En fecha 16 de octubre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura aprobó con modificaciones la iniciativa en comento.

5.- En fecha 17 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXII Legislatura, turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, la minuta con proyecto de Decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1. El Diputado promovente argumenta que los vehículos que son retenidos por las diferentes autoridades federales a lo largo del país y que no son reclamados por sus propietarios, ha provocado la acumulación de miles de unidades en los patios de los permisionarios federales que cuentan con la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como los vehículos provenientes de procesos penales federales y aquellos que hayan sufrido accidentes o cometido violaciones administrativas en los caminos y puentes federales.

El Diputado Maldonado destaca que el estado de conservación de la mayoría de los vehículos a los que se hace referencia es malo, considerando el tiempo en el que se encuentran en depósito y la afectación climática en el estado de las unidades. En consecuencia, esta acumulación excesiva de vehículos no reclamados está provocando un daño ecológico en las áreas urbanas y rurales, pues afecta no sólo el suelo sobre el cual están depositados y abandonados dichos vehículos, sino también el entorno.

Por lo anterior, la reforma propuesta tiene el propósito de facilitar el procedimiento para que la autoridad competente pueda disponer de los vehículos que no son reclamados y lograr así la consideración legal y expedita del abandono de los vehículos y ponerlos a disposición para enajenación o destrucción.

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Ter, 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quinquies de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 45 Bis.- La Policía Federal cuando determine el retiro de la circulación de vehículos, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo.

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 45 Ter de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor de la Federación.

Artículo 45 Ter.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera busca, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Artículo 55 Bis.- Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor de la federación transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Policía Federal, al momento de retirarlos de la circulación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 55 Ter.- La Policía Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 60 días naturales a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán abandonados a favor de la Federación, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Quáter.- La Dirección General de Autotransporte Federal, notificará al interesado o representante legal del mismo, en tratándose de vehículos que se encuentren en custodia de los permisionarios de servicios auxiliares al autotransporte bajo la figura de arrastre, salvamento y depósito de vehículos y que no hayan sido notificados previamente por la Policía Federal, del vencimiento de los plazos previstos en el artículo 55 Ter de esta Ley, para que en el plazo de dos meses a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán abandonados, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Quinquies.- La Dirección General de Autotransporte Federal procederá a declarar abandonados los bienes asegurados conforme a las reglas siguientes:

I. Solicitará a la autoridad judicial, a la Policía Federal, al Ministerio Público o al Permisionario Federal de servicios auxiliares al autotransporte bajo la figura de arrastre, salvamento y depósito de vehículos según corresponda, el informe en el que se haga constar que el interesado o su representante legal no se presentaron a recoger los bienes o a hacer reclamo alguno;

II. Transcurridos los plazos previstos en esta Ley, Dirección General de Autotransporte Federal notificará al interesado o a su representante legal en los términos del artículo 55 Ter de este ordenamiento, y lo apercibirá que, de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación, los bienes serán declarados abandonados;

III. Concluido el plazo de treinta días naturales a que se refiere la fracción anterior, sin que el interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, la Dirección General de Autotransporte Federal declarará que los bienes han causado abandono a favor de la Federación. Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se presenta el interesado o su representante legal a recoger los bienes sobre los que, previamente se haya resuelto su devolución a manifestar lo que a su derecho convenga en los términos de esta Ley, se le devolverán previo acuse de recibo y pago en su caso del depósito, arrastre o salvamento efectuados por el permisionario de que se trate.

IV. Una vez declarado el abandono, la Dirección General de Autotransporte Federal deberá requerir la ratificación de la declaración efectuada en los términos antes señalados, a la autoridad judicial a cuya disposición se encontraban los bienes abandonados, o en caso de que el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal, a la autoridad judicial competente en materia administrativa. Para la ratificación, la autoridad judicial únicamente deberá verificar que las notificaciones a que se refiere el artículo 45 Ter, incisos a) y b) de esta Ley y la fracción II de este artículo se realizaron correctamente, que transcurrieron los plazos correspondientes, y que se le exhibió constancia del Ministerio Público y, en su caso, del juez de la causa, de que no recibieron del interesado o de su representante legal reclamo alguno. La autoridad judicial señalada deberá ratificar la declaración de abandono en un plazo que no excederá de quince días naturales a partir del siguiente en que la Dirección General de Autotransporte Federal lo haya requerido. En el supuesto de que la autoridad judicial referida considere que alguna notificación a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción no fue practicada conforme a esta Ley, ordenará que se reponga el procedimiento a partir de la notificación hecha incorrectamente.

V. Una vez declarado el abandono de los bienes, la Dirección General de Autotransporte Federal tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

2. La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, acreditada para la elaboración del dictamen, coincidió con el promovente en la necesidad de plasmar nuevas realidades que faciliten los procedimientos para que la autoridad disponga de los vehículos que no son reclamados y son abandonados por particulares en los patios de permisionarios, provocando así el desordenado hacinamiento de vehículos, con graves consecuencias en el medio ambiente.

La Colegisladora reconoce que la problemática del abandono de vehículos inicia por cuestiones legales, pero se agrava por cuestiones financieras, derivadas de la estadía en las pensiones o corralones que generan un costo diario, el cual en la mayoría de los casos en poco tiempo sobrepasa el valor del vehículo, provocando que el propietario decida no reclamarlo ya que en algunos casos resulta más costoso pagar por el arrastre y la pensión, que lo que representa el valor del vehículo.

La Colegisladora concuerda con el iniciante en relación a la saturación de los depósitos, dado que en 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicó los lineamientos para la transferencia y enajenación de vehículos acumulados en los depósitos de los permisionarios federales y se estimó en aproximadamente 1 millón el número de vehículos en dichos depósitos.

En este orden de ideas, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen incorporando las siguientes modificaciones:

a) En el artículo 45 se adecuó la redacción para que la Autoridad Federal que corresponda determine la remisión de los vehículos y no sólo la Policía Federal como venía estipulado en la iniciativa; en el segundo párrafo se agregó la redacción “si lo hiciere será nula de pleno derecho”; y en el párrafo tercero se sustituyó la referencia del artículo 45 ter por el 55 Bis 1.

b) El artículo 45 Ter se sustituyó por el 45 Bis 1.

c) En armonía a la modificación del artículo 45 se establece que los vehículos causarán abandono a favor del “gobierno federal”.

d) El artículo 55 Ter se sustituyó por el artículo 55 Bis 1; en armonía al artículo 45 se establece que la Autoridad Federal, notificará al interesado los plazos para que a partir de ello manifieste lo que a su derecho convenga; y se amplia de 60 a 90 días el plazo referido.

e) Se eliminaron los artículo 55 Quáter y 55 Quinquies y se incorporó el artículo 55 Bis 2, con objeto de simplificar las notificaciones que el permisionario debe informar a la Dirección General de Autotransporte Federal como lo es el listado de unidades que cumplan con los requisitos para que por disposición legal se consideren abandonados, de aquéllos que no estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad por parte del permisionario, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente, por el medio que se estime más eficaz.

De esta manera, una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

f) La Cámara de Diputados adicionó seis artículos transitorios. El segundo, para que los permisionarios informen de acuerdo al reglamento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de causar abandono en favor de Gobierno Federal. En el tercero transitorio se propone que la SCT automatice los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses. Un cuarto transitorio para que la SCT emita los lineamientos que regulen lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal en un plazo máximo de 18 meses. El Quinto transitorio tiene por objeto que la SCT gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal y finalmente, un sexto transitorio, en el que se establezca que los ingresos provenientes de la venta de vehículos que actualmente existen en los depósitos de guarda y custodia y sean estimados en la hipótesis de abandono después de haber permanecido menos de cinco años, en los patios de permisionarios, se estará a lo dispuesto al artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal, en el marco del presente Decreto. El Sexto transitorio señala que a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con un porcentaje del remanente de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga y en el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Iniciativa del Dip. Fernando Maldonado

Dictamen aprobado por la

Cámara de Diputados

Único. Se adicionan los artículos 45 Bis,45 Ter, 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quinquies de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 45 Bis.- La Policía Federal cuando determine el retiro de la circulación de vehículos, deberán notificarlo al interesadoo a su representante legal dentro de los15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el caso una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo.

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 45 Ter de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor de la Federación.

Artículo 45 Ter.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera busca, se le dejará citatorio enel domicilio designado para que espere auna hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación,se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y

d) En todos los casos deberá levantarseacta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y unode mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Artículo 55 Bis.- Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor de la federación transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Policía Federal, al momento de retirarlos de la circulación de conformidad a lo dispuesto en el artículo74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 55 Ter.- La Policía Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 60 días naturales a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán abandonados a favor de la Federación, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Quáter.- La Dirección Generalde Autotransporte Federal, notificará al interesado o representante legal del mismo, en tratándose de vehículos que se encuentren en custodia de los permisionarios de servicios auxiliares al autotransporte bajo la figura de arrastre, salvamento y depósito de vehículos y que no hayan sido notificados previamente por la Policía Federal, del vencimiento de los plazos previstos en el artículo 55 Ter de esta Ley, para que en el plazo de dos meses a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán abandonados, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Quinquies.- La Dirección General de Autotransporte Federal procederá a declarar abandonados los bienes asegurados conforme a las reglas siguientes:

I. Solicitará a la autoridad judicial, a laPolicía Federal, al Ministerio Público o al Permisionario Federal de servicios auxiliares al autotransporte bajo la figura de arrastre, salvamento y depósito de vehículos según corresponda, el informe en el que se haga constar que el interesado o su representante legal no se presentaron a recoger los bienes o a hacer reclamo alguno;

II. Transcurridos los plazos previstos en esta Ley, Dirección General de Autotransporte Federal notificará al interesado o a su representante legal en los términos del artículo 55 Ter de este ordenamiento, y lo apercibirá que, de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación, los bienes serán declarados abandonados;

III. Concluido el plazo de treinta días naturales a que se refiere la fracción anterior, sin que el interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, la Dirección General de Autotransporte Federal declarará que los bienes han causado abandono a favor de la Federación. Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se presenta el interesado o su representante legal a recoger los bienes sobre los que, previamente se haya resuelto su devolución a manifestar lo que a su derecho convenga en los términos de esta Ley, se le devolverán previo acuse de recibo y pago en su caso del depósito, arrastre o salvamento efectuados por el permisionario de que se trate.

IV. Una vez declarado el abandono, la Dirección General de AutotransporteFederal deberá requerir la ratificación dela declaración efectuada en los términosantes señalados, a la autoridad judicial acuya disposición se encontraban los bienes abandonados, o en caso de que el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal,a la autoridad judicial competente enmateria administrativa. Para la ratificación, la autoridad judicial únicamente deberá verificar que las notificaciones a que se refiere el artículo 45 Ter, incisos a) y b) de esta Ley y la fracción II de este artículo se realizaron correctamente, que transcurrieron los plazos correspondientes, y que se le exhibió constancia del Ministerio Público y, en su caso, del juez de la causa, de que no recibieron del interesado o de su representante legal reclamo alguno. La autoridad judicial señalada deberá ratificar la declaración de abandono en un plazo que no excederá de quince días naturales a partir del siguiente en que la Dirección General de Autotransporte Federal lo haya requerido. En el supuesto de que la autoridad judicial referida considere que alguna notificación a que se refiereel segundo párrafo de esta fracción no fue practicada conforme a esta Ley, ordenará que se reponga el procedimiento a partir de la notificación hecha incorrectamente.

V. Una vez declarado el abandono delos bienes, la Dirección General de Autotransporte Federal tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Unico. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 45 Bis. Toda Autoridad Federal cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho.

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor del Gobierno Federal.

Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de lo que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, ose niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y

d) En todos los casos deberá levantarseacta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los edictos se publicarán en el DiarioOficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectosel día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Artículo 55 Bis. Los vehículos respectode los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Autoridad Federal, al momento de retirarlos de la circulación.

Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 90 días naturales a partir de la notificación manifieste lo quea su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Bis 2. El permisionariodeberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono, con excepción de los que esténsujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis1 de esta Ley.

Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados por disposiciónlegal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, civiles o administrativas que pudiesen surgir y será causa de revocación del permiso.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad al Reglamentode los Servicios de Arrastre, Arrastrey Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos que regularán lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días naturales siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, el cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar abusos de los prestadores de servicios, en un plazo máximo de 18 meses.

Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestionará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal.

Sexto. Los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron abandono, con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidosal Servicio de Administración y Enajenaciónde Bienes, se destinarán de conformidad conel artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienesdel Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el marco del presente Decreto y los lineamientos que al afecto se emitan. En este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados conel treinta por ciento de los remanentes delos ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga.

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia, en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán adjudicadosen forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Asimismo, el permisionario federal aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal, el uno por ciento de los ingresos que obtenga por este concepto, descontados los gastos administrativos mencionados en el presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de los permisionarios del autotransporte federal.

En consecuencia la Cámara de Diputados aprobó el siguiente Decreto:

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Unico. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 45 Bis. Toda Autoridad Federal cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho.

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor del Gobierno Federal.

Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de lo que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Artículo 55 Bis. Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Autoridad Federal, al momento de retirarlos de la circulación.

Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 90 días naturales a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Bis 2. El permisionario deberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono, con excepción de los que estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis1 de esta Ley.

Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, civiles o administrativas que pudiesen surgir y será causa de revocación del permiso.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos que regularán lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días naturales siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, el cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar abusos de los prestadores de servicios, en un plazo máximo de 18 meses.

Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestionará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal.

Sexto. Los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron abandono, con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se destinarán de conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el marco del presente Decreto y los lineamientos que al afecto se emitan. En este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga.

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia, en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Asimismo, el permisionario federal aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal, el uno por ciento de los ingresos que obtenga por este concepto, descontados los gastos administrativos mencionados en el presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de los permisionarios del autotransporte federal.

Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de Decreto a estudio, las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, elaboraron el proyecto correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. El Congreso de la Unión, se encuentra facultado para legislar en materia de Vías Generales de Comunicación, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece en el artículo 1º el objeto de la Ley y el artículo 5º la jurisdicción y competencia en los siguientes términos:

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

C. Las que Dictaminan en el Senado de la República asumen como propia la preocupación de la Colegisladora respecto a la problemática que representa el abandono de vehículos en los patios de los permisionarios, así como las repercusiones económicas y los daños ecológicos propiciados por aquellas unidades que nunca son reclamadas.

Por otro lado, se destaca que en el año 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicó los lineamientos para la transferencia y enajenación de vehículos acumulados en los depósitos de los permisionarios federales, haciendo énfasis en que se determinó que 1 millón de vehículos se encontraban en esta situación.

De igual forma, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos coinciden con la Colegisladora en que los depósitos de vehículos son propensos a convertirse en focos de contaminación ambiental derivada de los óxidos ferrosos y de los escurrimientos de aceites, ácidos y combustibles que inevitablemente emanan constantemente de los vehículos y que se acentúan con las lluvias, el viento y otros eventos climáticos.

D. Lasque Dictaminan reconocen el esfuerzo del gobierno federal por atender esta problemática, dado que en 2005 en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de Reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se ordenó la atención de este problema y se publicaron los Lineamientos que permitieran la enajenación de los vehículos materia del presente.

Lo anterior, dio como resultado que en Octubre de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos para la Transferencia y Enajenación de los vehículos que se indican”. En ese tenor a partir del año 2006, se recibieron en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes solicitudes de 208 permisionarios federales para la transferencia a nivel nacional en términos de los Lineamientos y un total de 37,794 vehículos fueron puestos a disposición de las diversas entidades transferentes: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría General de la República (PGR) y de la SCT, por los permisionarios federales. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudo acreditar jurídicamente la posibilidad de disponer solamente de 2,785 vehículos.

En consecuencia, han transcurrido más de 7 años sin que se registren avances significativos en el proceso de desalojo de los depósitos y por el contrario, desde entonces se siguen acumulando vehículos en los depósitos y se agrava la problemática que se ha descrito a lo largo de este dictamen.

E. Las que Dictaminan coinciden en que el procedimiento propuesto,representa una herramienta que le facilitará a la autoridad competente disponer de los vehículos que no son reclamados y realizar la enajenación o destrucción de los vehículos en los plazos que se establezcan en esta Ley.

Las que Dictaminan concluyen que al materializarse esta reforma, se incrementará la recaudación por la venta de los vehículos enajenados, considerando que entre menos sea el tiempo que estén expuestos a la intemperie menor será el daño y el deterioro de las unidades, por lo que su valor comercial será mayor entre más eficiente sea el proceso; por otra parte, se reducirán los costos de traslado y destrucción de los vehículos ya que cada vez serán menos los vehículos que tengan una permanencia mayor a 6 meses y finalmente se considera que la contribución a la ecología es incuestionable.

Adicionalmente, es de destacar que los Diputados consideraron en el artículo sexto transitorio que el 70% de lo recaudado por estos vehículos será destinado a un fondo que apoyará la modernización del autotransporte federal de carga, con lo que se abre una ventana de oportunidades para poner en marcha un programa que invariablemente ha carecido de presupuesto y que bajo este escenario se contaran con recursos que permitan implemente una política pública que contribuya a la modernización del autotransporte federal de carga, por lo que el Senado de la República considera acertada esta disposición.

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, del Senado de la República de la LXII Legislatura sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 45 Bis. Toda Autoridad Federal cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho.

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor del Gobierno Federal.

Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de lo que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II de este artículo, y

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva.

Artículo 55 Bis. Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Autoridad Federal, al momento de retirarlos de la circulación.

Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 90 días naturales a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal, en los términos de esta Ley.

Artículo 55 Bis 2. El permisionario deberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono, con excepción de los que estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis1 de esta Ley.

Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, civiles o administrativas que pudiesen surgir y será causa de revocación del permiso.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal.

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos que regularán lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días naturales siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, el cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar abusos de los prestadores de servicios, en un plazo máximo de 18 meses.

Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestionará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal.

Sexto. Los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron abandono, con menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se destinarán de conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el marco del presente Decreto y los lineamientos que al afecto se emitan. En este supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga.

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia, en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Asimismo, el permisionario federal aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal, el uno por ciento de los ingresos que obtenga por este concepto, descontados los gastos administrativos mencionados en el presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de los permisionarios del autotransporte federal.

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Informo a ustedes que a petición de la Comisión de Vivienda, el dictamen inscrito para su segunda lectura, se retira de la agenda.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto del 14 de diciembre de 2011.






DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 59, 62, 63 Y 63 BIS DE LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, Y DEROGA EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011

Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del presente dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Se omite la lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señora Presidenta; compañeros Senadores:

El dictamen que estamos sometiendo a su consideración tiene por importancia actualizar las reglas para la entrega de los Premios Nacionales del Deporte y de Mérito Deportivo.

El deporte es un medio que coadyuva al desarrollo integral del ser humano, fomenta hábito de la constancia, motiva el espíritu de la competencia y contribuye a un crecimiento sano del organismo.

El desarrollo del talento deportivo necesariamente va de la mano con el reconocimiento público que hace el Estado a través de los Premios Nacionales del Deporte y de Mérito Deportivo establecido en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Los Premios Nacionales de Deporte y de Mérito Deportivo, son otorgados a aquellas personas que por su actuación y desempeño hayan destacado o sobresalido dentro del ámbito deportivo y por otra, aquellas personas cuya actuación y trayectoria hayan sido exitosas dentro del deporte mexicano o bien por el fomento y la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

Este dictamen que se presenta tiene cuatro particularidades:

Primero. Atiende la necesidad de actualizar en la integración del consejo de premiación, la separación que existe entre la Comisión de Juventud y la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 32 numeral 2 fracciones XIV y XXIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Resuelve la no participación del titular de la Confederación Deportiva Mexicana A.C., como integrante del Consejo de Premiación y Jurado, y con lo anterior se pretende abonar a la armonía del orden jurídico nacional, pues encuentra consistencia con la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio.

Tercero. Se prevén ajustes de temporalidad, contempladas en el artículo 62 de la Ley, y en particular la modificación se centra en el periodo en el que se deberán proponer al Consejo de Premiación, las candidaturas correspondientes y la fecha límite en la que el jurado deberá entregar el mismo dictamen.

Dichos ajustes van a permitir que el proceso de premiación en materia deportiva, se recorra por cerca de un mes, lo que va a permitir que el Ejecutivo Federal pueda contar con la debida oportunidad para llevar a cabo los preparativos conducentes a la entrega del Premio Nacional del Deporte y del Mérito Deportivo.

Cuarto y último. Reforma el artículo 63 Bis, a fin de que la entrega del Premio Nacional del Deporte y del Mérito Deportivo, se realicen en el mes de diciembre de cada año, evitando con ello la coincidencia con cualquier otra fecha, en la que se realice alguna celebración nacional.

El dictamen que hoy está a su consideración, establece las condiciones para que el Ejecutivo Federal sea quien haga entrega directamente de este premio de tan importante trascendencia en la vida deportiva nacional y se busque brindar el debido reconocimiento a los deportistas mexicanos que con su empeño, dedicación, disciplina, esfuerzo y perseverancia ponen el nombre de México en lo más alto de cada competencia en la que participan.

Es por ello, señores Senadores, que coincidiendo plenamente con la Colegisladora en el sentido de esta reforma planteada, está a consideración el dictamen de Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativa, Primera, con ello reconociendo la participación de sus integrantes y este proyecto de Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63 y 63-Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Díaz Salazar.

En consecuencia, está a discusión en lo general. Pregunto si alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra.

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.



- La C. Secretaria Mendoza Mendoza: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 67 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma los artículos 59, 62, 63, y 63 Bis de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y deroga el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2011. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Les informo que las proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones.






PROPUESTAS

De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las probables irregularidades administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como “El Caballito”, del centro histórico de la ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR DE LAS PROBABLES IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y NEGLIGENCIAS, ASI COMO LOS AVANCES EN RELACION A LA DENUNCIA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA ESCULTURA ECUESTRE DE CARLOS IV, MEJOR CONOCIDA COMO EL CABALLITO, DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

"Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que entregue a esta soberanía un informe por escrito de las probables irregularidades administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del Centro Histórico de la Ciudad De México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Caballito es una de las estatuas de bronce más grandes del mundo, pesa más de 26 toneladas y data de 1795. Fue erigida por órdenes y recursos del Virrey Don Melchor de la Grúa Talamantes, en honor al Rey Carlos IV de España, diseñada por el escultor Manuel Tolsá. Está localizada como todos sabemos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Representa la obra cumbre de Manuel Tolsá, en ella se muestra al monarca vestido de emperador romano,  montado en un caballo fuerte y en movimiento como era la tradición romana. En un equilibrio perfecto entre caballo y jinete que asumen dignidad y equilibrio.

Por su tamaño y peso, equivalentes a 5.04 metros de longitud por 4.88 metros de altura y su peso equivalente a cuatrocientos quintales, necesitaron realizar moldes especiales para su fundición.

Desde entonces ha saldado varias batallas, por mencionar algunas, en 1821 como consecuencia del sentimiento antiespañol por la Independencia de México, corrió el peligro de ser destruida para hacer con ella cañones de batalla y monedas de bronce. Fue reubicada en 1852 una vez pasados los ánimos al cruce del Paseo de la Reforma y Paseo de Bucareli. Desde 1979, resguarda la Plaza Manuel Tolsá del Museo Nacional de Arte, frente al Palacio de Minería.

La última batalla del Caballito comenzó en mayo pasado, cuando el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México realizó un diagnóstico de su estado y otras esculturas públicas del Centro Histórico.

Como consecuencia de la vida urbana, la exposición por largo tiempo al dióxido de carbono, grasa producida por el parque vehicular, el polvo y la acidez de la lluvia,  provocaron daños de fracturas y fisuras de hasta 15 centímetros de largo. Por lo que el Comité determinó implementar un proyecto de conservación y mantenimiento.

Estos trabajos se le designaron al despacho especializado “Marina, restauración de monumentos”, que ha realizado durante las últimas dos décadas trabajos de restauración a esculturas y monumentos en la capital, entre ellos las de José Vasconcelos y Sor Juana Inés de la Cruz.

El gobierno del Distrito Federal, el 19 de septiembre comenzó bajo un procedimiento a todas luces ilegal la restauración de la pieza. Los resultados son de conocimiento público y de acuerdo con el dictamen de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pueden desprender las siguientes observaciones:

1. Como resultado del uso de ácido nítrico. Se disolvió la pátina que protegía la superficie. Al utilizarse en altas concentraciones provocó la eliminación del metal, poniendo en riesgo la integridad de la escultura.

2. Los daños que presenta, causados por el mal tratamiento y las técnicas de restauración inadecuadas, son “irreversibles”.

3. Estos trabajos en ningún momento fueron autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tampoco con un proyecto que lo justificara.

Presenta daños en más del 50% de la superficie, desaleación de elementos en más del 30%, corrosión del bronce, abrasión de la superficie por el uso de cardas metálicas, manchas en los tableros de mármol por el escurrimiento del ácido y salpicaduras de óxidos de hierro de los andamios.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por estos especialistas, los daños ascienden a más de 1 millón 415 mil pesos. Se trató de un trabajo inadecuado, realizado por personal inexperta para ello.

El dictamen dejó ver que estos trabajos se realizaban por personal que no estaba capacitado para intervenir un monumento histórico, por ejemplo, se encontró que se dejaron objetos en la base de la escultura como una cruceta de andamio que deja manchas y provoca corrosión en este metal, se dejaron tablones de madera que provocan una acumulación de humedad.

Otra muestra de su falta de profesionalismo es que utilizaron ácidos inorgánicos (ácido nítrico), que desde la década de 1950. Se han dejado de utilizar por el profundo e irreversible daño que causan en las piezas de este tipo.

A esto hay que sumarle una muestra más de su negligencia, los andamios, según el dictamen “inestables e inadecuados”, se amarraron a tres de las cuatro patas del caballo, aun cuando una de ellas tiene una grieta “visible” en la cañuela.

Es preocupante que el Gobierno del Distrito Federal realice este tipo de actividades sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología a Historia, y más aún cuando, se trata de monumentos históricos patrimonio de todos los mexicanos.

Es lamentable que el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México a cargo de Inti Muñoz Santini, pretendiera obtener una autorización para los trabajos. Cuando estos ya habían comenzado y evidentemente habían dañado tan importante monumento.

Entre otras irregularidades destacan que no presentó un diagnóstico que justifique los trabajos y estableció métodos además de materiales de intervención sumamente agresivos que afectaron la integridad del monumento histórico, lo que representa una violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a que envíe un informe detallado de los contratos realizados por el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México para la restauración de monumentos históricos.

Segunda. Se exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que entregue a esta soberanía un informe por escrito de las probables irregularidades administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Dado en el Senado de la República, a 15 de octubre del 2013.

Atentamente".






De los CC. Senadores María Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Gobernación para exponer los términos  en los que se desarrollan las negociaciones y los acuerdos a los que se han llegado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se turna a la Comisión de Gobernación y de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE GOBERNACION PARA EXPONER LOS TERMINOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN  LAS NEGOCIACIONES Y LOS ACUERDOS A LOS QUE SE HAN LLEGADO CON LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Marcela Torres Peimbert, VIctor Hermosillo y Celada, Javier Corral Jurado y Juan Carlos Romero Hicks, Senadores de la República, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura e integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109, 164, numeral 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, a través del cual se cita a comparecer al Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para exponer ante el Pleno del Senado de la República, los términos en los que se desarrollan las negociaciones y los acuerdos a los que se han llegado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dentro de los acuerdos generados dentro del Pacto por México, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, se comprometió a una educación de calidad impulsada por una reforma legal en materia educativa con los objetivos de:

• Aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA;

• Aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior;

• Que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad.

Para alcanzar dichos objetivos se plantearon algunas acciones concretas, entre las cuales destacan las siguientes:

La creación del Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos, que le permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. (Compromiso 7)

Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, dotando de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), consolidando un sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país. (Compromiso 8)

Crear el Servicio Profesional Docente, estableciendo un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores. (Compromiso 12)

En cumplimiento de lo propuesto dentro del Pacto por México, las principales fuerzas políticas de la Nación representadas en el Congreso de la Unión, en conjunción con el Ejecutivo Federal, y las Legislaturas de los Estados, procesaron, en el ámbito de sus respectivas competencias, los cambios necesarios para reformar nuestra Carta Magna. El 26 de febrero de este año el Titular del Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente se procesaron las reformas secundarias en materia educativa, con lo cual se aprobaron adecuaciones a la Ley General de Educación, la expedición de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la  Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Diversos actores, cuyos intereses eran trastocados por la reforma, se manifestaron para dejar claro su descontento respecto a las modificaciones realizadas por el Constituyente a la Carta Magna. Continuas manifestaciones bloquearon las calles de la Ciudad de México e incluso tomaron las Cámaras del Congreso de la Unión. Frente a la inacción tanto del Ejecutivo Federal como del Titular del Gobierno del Distrito Federal, el Congreso se vio obligado, incluso, al punto de tener que realizar sus funciones fuera de sus recintos parlamentarios.

Después de la promulgación de las leyes secundarias en materia educativa, la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se hizo sentir con más manifestaciones y plantones, la falta de control que ha mostrado tener el Ejecutivo Federal lo ha obligado a negociar de manera turbia y a puerta cerrada, estas negociaciones ponen en riesgo el Pacto por México, las leyes secundarias promulgadas e incluso el principio Constitucional de Educación de Calidad,  la ley está a punto de ser letra muerta gracias a la fallida actuación del Ejecutivo Federal.

Vale la pena hacer una cronología sobre los obscuros acuerdos entre la Coordinadora y la Secretaría de Gobernación:

Durante la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Coordinadora impuso al Gobierno Federal el documento conocido como Adendum, el cual modificó el proyecto de ley original, entre las prerrogativas que se concedieron a los trabajadores se encuentran las siguientes:

a) Mediante un transitorio se estableció que las escuelas normales continuarán teniendo, durante dos años, el monopolio del acceso a las plazas de los maestros;

b) Tras una estadía de 6 meses se puede lograr una plaza definitiva lo cual cancela el principal incentivo de obtener ésta después de un periodo de inducción de 2 años;

c) Incluyeron una reforma laboral dentro de Ley General del Servicio Profesional Docente, a través de la cual se reconocen todo los derechos previamente adquiridos, en una Ley cuyo espíritu no era laboral, sino meramente para efectos de profesionalización del cuerpo magisterial.

Días antes del 15 de septiembre, ante el plantón de maestros en la plaza de la Constitución, el Gobierno Federal en un acto de flaqueza anunció que se daría a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un fondo de apoyo a zonas con rezago educativo, a través del cual se pagaron salarios caídos e incluso el regreso a Oaxaca de todos los manifestantes.

No obstante lo anterior y ante la ineficacia de la Secretaría de Gobernación, y derivado de ésta del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el plantón se trasladó a la plaza de la República y se mantiene ahí hasta la fecha.

En virtud de que se acerca la celebración del 20 de noviembre una vez más el Gobierno Federal busca una salida fácil para palear el problema, sin resolverlo de manera definitiva mediante la aplicación de la Ley.

A dos meses de que la Ley del Servicio Profesional Docente fuera publicada por el Presidente en el Diario Oficial de la Federación ha sido incumplida, cabe resaltar que ésta en su artículo 76 señala:

“Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 75 de esta Ley.“

Hasta la fecha la impunidad de los faltistas se ha hecho constatar, el Ejecutivo Federal se encuentra en una disyuntiva: no tiene la fuerza para aplicar y hacer cumplir la Ley o  simplemente no quiere aplicarla.

El día 8 de noviembre, el periodista Mayolo López, del periódico Reforma hizo pública una minuta de trabajo donde consta que tras una nueva negociación los líderes sindicales habían doblegado una vez más al Gobierno, el documento se transcribe a continuación en su totalidad:

“EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LA DIECIOCHO HORAS DEL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL 2013, SE REUNIERON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON LIDERES DE LA COMISION UNICA NEGOCIADORA CNTE-SNTE, CON EL OBJETO DE ABORDAR DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA REFORMA EDUCATIVA, EXPUESTAS EN LA REUNION CELEBRADA EL PASADO 30 DE OCTUBRE DE 2013, PRECISANDOSE POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. NINGUN MAESTRO QUE SE ENCUENTRE EN SERVICIO PODRA SER DESPEDIDO COMO CONSECUENCIA DE UN MAL RESULTADO EN LAS EVALUACIONES PRACTICADAS.

2. LOS MAESTROS CONSERVARAN LOS DERECHO ADQUIRIDOS A LO LARGO DE SU CARRERA MAGISTERIAL

3. LOS MAESTROS PARTICIPARAN DE MANERA ACTIVA EN EL DISEÑO DE SUS EVALUACIONES, LAS CUALES AYUDARAN A CONOCER SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES, TOMANDO EN CUENTA EN TODO MOMENTO LA DIVERSIDAD ENTRE LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAIS.

4. ADEMAS DE LOS MAESTROS, LAS AUTORIDADES MAGISTERIALES TAMBIEN SERAN SOMETIDAS A PROCESOS DE EVALUACION

5. SE CREARA EL “PROGRAMA DE ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO”, LLEVANDO RECURSOS A LAS ZONAS DE MAYOR MARGINACION, IGUALANDO ASI LAS CONDICIONES BASICAS MINIMAS EN TODO EL PAIS.

6. LOS MAESTROS QUE PARTICIPEN DE TIEMPO COMPLETO EN LAS ESCUELAS RECIBIRAN UN COMPLEMENTO SALARIAL.

7. ASIMISMO, LOS MAESTROS QUE MUESTREN UN BUEN DESEMPEÑO OBTENDRAN INCENTIVOS DE CARACTER ECONOMICO, PROMOCIONES Y DEMAS RECONOCIMIENTOS

8. LAS AUTORIDADES NO PODRAN DESIGNAR NUEVOS MAESTROS DE MANERA DISCRECIONAL, YA QUE UNICAMENTE SERAN ADMITIDOS AQUELLOS QUE CUENTEN CON VOCACION DE SERVICIO Y PREPARACION ACADEMICA.
PLANTEAMIENTOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EN RELACION CON LA REFORMA EDUCATIVA:

1. EL GOBIERNO FEDERAL REITERA QUE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO NO SE PRIVATIZARA, ADEMAS SE INSISTE QUE EL COBRO DE CUOTAS DE CUALQUIER TIPO SE ENCUENTRA PROHIBIDO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 6° DE LA NUEVA LEY GENERAL DE EDUCACION.

2. LOS LIBROS DE TEXTO CONTINUARAN SIENDO GRATUITOS, ASIMISMO SE MANIFIESTA QUE ES RESPONSABILIDAD PUBLICA (SEP) ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADOS DICHOS TEXTOS.

3. LOS MAESTROS NO PERDERAN SUS PLAZAS NI DERECHOS, POR EL CONTRARIO, EN TERMINOS DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE TENDRAN MAS APOYOS Y RECONOCIMIENTOS EN BASE (SIC) A RESULTADOS.

4. AUN Y CUANDO EN LA TERCERA EVALUACION QUE SE PRACTIQUE A LOS MAESTROS ESTOS NO OBTUVIEREN NIVELES DE DE APROBACION SATISFACTORIOS, ELLO NO SERA MOTIVO DE DESPIDO O SEPARACION.

5. LAS EVALUACIONES QUE S PRACTIQUEN A LOS MAESTROS NO TENDRAN COMO OBJETIVO IMPONER CASTIGOS O SANCIONES A QUIENES NO OBTENGAN RESULTADOS SATISFACTORIOS SINO POR EL CONTRARIO, AYUDARA A ESTOS A CONOCER SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

6. SE ENTREGARAN PREMIOS ECONOMICOS A ESCUELAS, DIRECTORES Y MAESTROS QUE DESTAQUEN POR SUS MERITOS DOCENTES.

7. EN LAS EVALUACIONES QUE SE PRACTIQUEN A LOS MAESTROS SE TOMARA EN CUENTA LA DIVERSIDAD CULTURAL, ASI COMO LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS DE CADA REGION.

LOS LIDERES DE LA COMISION UNICA NEGOCIADORA CNTE-SNTE PRESENTES EN LA REUNION, SE COMPROMETEN A DIFUNDIR A LA BREVEDAD ENTRE SUS BASES EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

MEXICO DISTRITO FEDERAL, A 5 DE NOVIEMBRE DE 2013.

POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION

FIRMA LEGIBLE

LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAVA

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO”

De la lectura general del documento son dos los puntos (Punto número 1 y Punto número 4 de los “PLANTEAMIENTOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL EN RELACION CON LA REFORMA EDUCATIVA) los  que dejan claro que la Secretaría de Gobernación en un acto que contraviene la Constitución y las leyes secundarias, supone que tiene facultades meta legales para realizar negociaciones respecto del cumplimiento de la ley, al establecer que:

“1. NINGUN MAESTRO QUE SE ENCUENTRE EN SERVICIO PODRA SER DESPEDIDO COMO CONSECUENCIA DE UN MAL RESULTADO EN LAS EVALUACIONES PRACTICADAS.

4. AUN Y CUANDO EN LA TERCERA EVALUACION QUE SE PRACTIQUE A LOS MAESTROS ESTOS NO OBTUVIEREN NIVELES DE APROBACION SATISFACTORIOS, ELLO NO SERA MOTIVO DE DESPIDO O SEPARACION.”

La gobernabilidad de un país no implica repartir recursos de manera arbitraria e indiscriminada, mucho menos, violentar el Estado de Derecho. El documento deja en claro que el Gobierno del Presidente Enrique Peña, se encuentra no sólo contraviniendo la voluntad popular expresada mediante el Congreso de la Unión a través de la Ley, sino también nos enfrentamos a la comisión una falta administrativa e incluso hasta de un delito.

Debemos exigir a la Secretaría de Gobernación, que se transparenten y hagan públicas todas las audiencias de negociación, los mexicanos no podemos permitir que el gobierno regale prebendas legales o haga excepciones arbitrarias sobre grupos de interés en detrimento del principio constitucional de educación de calidad.

Han sido muchas las concesiones que el Gobierno Federal ha otorgado a un pequeño grupo de maestros que pretenden mantener las licencias de antaño en perjuicio del derecho de las niñas, niños y jóvenes mexicanos, de recibir educación de calidad. La constante opacidad de las negociaciones de la Secretaría de Gobernación, obliga a esta Institución Senatorial a ejercer sus facultades de control a efecto de exigir a los servidores públicos implicados que aclaren el modo en el que se han conducido con motivo de las negociaciones con la Coordinadora Nacional.

Las negociaciones del subsecretario Miranda han Roto el modelo del Servicio Profesional y con ello la voluntad del Congreso de la Unión, este acuerdo constituye una violación al Estado de Derecho, un acto delictivo y una grave falta administrativa, los cuales deben ser perseguidos y castigados de manera inmediata por las autoridades correspondientes, el acuerdo deja claro que el Pacto se rompió, pues el encargado de ejecutar la ley no ha podido cumplir su parte del mismo.

La Secretaría de Gobernación cuenta con una infinidad de facultades, sin embargo entre ellas no está la facultad de negociar la ley, los servidores públicos y en general todas las autoridades del Estado se constriñen al imperio de la misma, nadie ni nada está por encima de del marco normativo.

El Congreso no puede permitir que el Gobierno, pacte ni siquiera un punto de la Ley. Constituye una aberración negociar la ley en aras de palear un problema que desde hace mucho debió ser resuelto por el Gobierno Federal.

Dónde está la congruencia entre lo que promueve el Ejecutivo a través de interminables horas de publicidad pagada con millones del erario público en televisión, radio e internet y lo que está haciendo tras telón, el acuerdo signado por el Subsecretario de Gobierno hace de la Reforma Educativa un engaño a la ciudadanía, al publicitar que se alcanzará educación de calidad y al mismo tiempo negociar la ley mediante un simple acuerdo, dónde está el compromiso del Ejecutivo Federal con la educación de los niños, niñas y jóvenes de México.

Vivimos un secuestro flagrante de la ciudad y de la educación, ante el cual el Ejecutivo no ha podido hacer nada, ni siquiera hacer cumplir la ley que el mismo propuso ante las Cámaras del Congreso.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Pleno del Senado de la República solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, a efecto de que explique: las acciones, los acuerdos que se están tomando para resolver el conflicto los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respecto a la Reforma Educativa, así como para que ratifique o rectifique el presunto acuerdo, mediante el cual su subordinado, el Subsecretario de Gobierno, Lic. Luis Enrique Miranda Nava, negoció el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional Docente, violentando la Soberanía del Congreso, el Estado de Derecho e incurriendo en responsabilidades tanto administrativas como penales.

Segundo.- Cuando ocurra la comparecencia a que se refiere este acuerdo, el servidor público, deberá contestar de manera puntual y objetiva a las preguntas que le formulen los legisladores; asimismo, en los casos en que las respuestas requieran de información amplia y complementaria, deberán enviar ésta de forma expedita al Senado de la República.

Tercero.- La comparecencia señalada en el punto Primero del presente Acuerdo se realizara ante la Comisión de Educación del Senado de la República.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.






De las CC. Senadoras Lorena Cuéllar Cisneros y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración, a efecto de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto de la ley. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION A INICIAR UN PROCESO DE REVISION DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION, A EFECTO DE CORREGIR LAS DISPOSICIONES CONTRARIAS AL SENTIDO NORMATIVO Y TEXTO DE LA LEY

"Las suscritas, Senadoras de la República LORENA CUELLAR CISNEROS Y DOLORES PADIERNALUNA en la LXII Legislatura, e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República presento ante esta Soberanía proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, a iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración a efecto de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto de la Ley, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 28 de septiembre de 2012, la Secretaría de Gobernación, en uso de facultades delegadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, instruyó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población y del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

El reglamento expedido, vino a coronar el esfuerzo iniciado desde la Cámara de Senadores durante la pasada legislatura, para dotar de un nuevo marco jurídico a las personas migrantes, uno que se enfocara en la protección de sus derechos humanos y atendiera de manera comprensiva e integral al fenómeno migratorio. No obstante, el Reglamento contiene normas que toman distancia de la Ley, perfectible como es, se suponía la base mínima de derechos y obligaciones, por lo que sus disposiciones no estaban sujetas a regateos.

El Reglamento de la Ley de Migración llegó tarde y con dolencias. Al respecto, señala el Informe de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), con motivo del Informe Periódico del Estado de México relativo a la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que: “La Secretaría de Gobernación mantuvo ajenos en la elaboración del Reglamento, tanto a otros poderes del estado como a las organizaciones de la sociedad civil” para al fin desembocar, con meses de retraso, en la publicación de “un reglamento ambiguo, que no reglamenta y deja a discreción de la autoridad la interpretación y aplicación de la Ley de Migración”.

Transcurrieron más de dieciséis meses desde la promulgación de la Ley hasta la publicación de su ordenanza secundaria, más supusimos que este letargo abonaría a la calidad del mismo. Sin embargo, del estudio del Reglamento, advertimos la existencia de diversos artículos contrarios al espíritu de la Ley de la que emana, mismos que nos motivan a solicitar el desarrollo de un proceso de revisión de la norma en comento, con la finalidad de que se realicen las correcciones pertinentes, siendo los principales argumentos que sustentan esta pretensión, los siguientes (haciendo la acotación previa de que en lo sucesivo, toda referencia a la Ley se entenderá como a la Ley de Migración y aquellas al reglamento, se entenderán como al Reglamento de la Ley de Migración).

Inclusión de normas discriminatorias por razón de preferencia sexual.

Uno de los grandes avances de la Ley, fue el hecho de que se beneficiara de los derechos de preservación de la unidad familiar, no sólo al cónyuge del titular de una característica migratoria, sino también a su concubinario, concubina, o figuras equivalentes conforme al orden jurídico nacional; lo que incluiría por ejemplo a los convivientes conforme a la legislación del Distrito Federal o a las uniones de facto que generan derechos y obligaciones, independientemente de sus sexos.
Lo anterior, además de encontrar congruencia con el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refrendaba el respeto a las preferencias sexuales del individuo, reconocido y obligado por diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte.

No obstante, el reglamento desecha esta posición al señalar en la fracción XIII de su artículo 3, que entenderá por figura equivalente al concubinato “a la relación de un hombre y una mujer libres de matrimonio que viven en común, en forma constante y permanente por el tiempo que establezca la legislación del país que corresponda. De este modo, toda referencia ulterior, tanto en el reglamento como en la ley, deja de considerar a juicio del reglamento, a personas que mantengan relaciones homosexuales, negándoles el derecho a la unidad familiar.

1.- Delegación indebida de facultades del Instituto Nacional de Migración.

La Ley es escrupulosa al definir las facultades de las autoridades migratorias y las que ejerce de manera directa el Instituto Nacional de Migración como encargado de la ejecución de la Ley. En este sentido, se estableció que los actos que causaran molestia mayor al migrante, fueran fundados y motivados precisamente por el Instituto y no por funcionarios de menor jerarquía. En este sentido, resulta contrario a la Ley lo contenido en el artículo 3 del Reglamento, que en su fracción XIX delega en la autoridad migratoria la emisión del acto administrativo que determina la realización de visitas de verificación migratoria.

Al efecto, hemos de considerar que la Ley define a la autoridad migratoria, en su artículo 3, fracción I, como todo servidor público que ejerce la potestad legal  expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria.

La contradicción es clara considerando que la Ley invocada establece en el párrafo final de su artículo  92, que: “La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven.”

El hecho de que la ley delegue exclusivamente en el Instituto la facultad de mandatar visitas de verificación no es casual, sino que se estableció para acabar con la indebida asunción de facultades migratorias por autoridades de todos los niveles. De hecho, el artículo 96 de la Ley dispone que “Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”.

Resulta de mayor gravedad el hecho de que el mismo artículo 3 del reglamento, en su fracción XXIII, dispone que cualquier autoridad pueda poner a disposición del Instituto a algún migrante para que verifique su situación migratoria. Lo anterior contraviene el artículo 96 de la ley antes invocado, y niega la libertad de tránsito de que goza el migrante, preceptuada en el artículo 7 de la ley, que en su segundo párrafo establece que “El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.”

Otro contrasentido, lo encontramos al observar algunas de las obligaciones impuestas a las empresas de transporte internacional de personas, pues la fracción VI del artículo 42, no solo faculta, sino que obliga a los transportistas a solicitar al migrante la comprobación de su situación migratoria regular, siendo esa una facultad estrictamente reservada a la autoridad migratoria, tal como se dispone el párrafo final del artículo 7 de la Ley. Es en todo caso facultad y obligación del instituto, la verificación de la condición migratoria de quien pretenda ingresar o salir del país, más aun cuando esto se hace por las vías regularmente establecidas, tal como ocurre en el transporte público internacional.

En este tenor y asumiendo que tal como determina la Ley, el transportista no puede conocer la condición migratoria de sus pasajeros, pudiendo a lo más solicitarles pasaporte y visa del lugar de su destino, rebasa los límites legales al obligarlos a “responder de los gastos y sanciones que se impongan a sus tripulantes extranjeros que permanezcan o transiten en el territorio nacional sin la debida autorización de las autoridades migratorias.”, tal como establece la fracción VI del artículo 42 del reglamento, más aun cuando su obligación se limita al transporte y no se relaciona con la permanencia, tanto de los pasajeros como de los tripulantes.
2. Violación de derechos humanos en el rechazo de migrantes.

Los artículos 50, 60 y 79 del reglamento establecen que en caso de rechazo de un extranjero, este será trasladado al país de su procedencia “o a aquel donde sea admisible”, lo que resulta en una violación grave a los derechos humanos del rechazado, pues las reglas internacionales de retorno asistido e incluso las de deportación, establecen que solo puede ser considerado receptor el Estado de origen o residencia del extranjero, siendo la única excepción admisible, la que derive de observar el principio de no devolución de los solicitantes de asilo o refugio. En tal sentido fue redactado el artículo 121 de la ley, que en su párrafo segundo establece “El retorno asistido y la deportación no podrán realizarse más que al país de origen o de residencia del extranjero, exceptuando el caso de quiénes hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso se observará el principio de no devolución”.

3. Establecimiento de requisitos extraordinarios a los migrantes que tienen hijos de nacionalidad mexicana.

El artículo 54 de la Ley, establece los casos en que se otorgará la condición de residente permanente, disponiendo en su fracción VI, que los padres de un mexicano por nacimiento serán favorecidos con dicha medida. Esta situación no sólo representa un derecho para el migrante, sino que principalmente protege el interés superior del niño, buscando evitar casos de desintegración familiar en las situaciones en que una migrante irregular tenía hijo mexicano y debía ser expulsada de territorio nacional. Evidentemente, el hijo, mexicano por nacimiento tiene derecho a crecer en el país de su nacionalidad, más el hecho de que sus padres sean expulsados, imposibilita de facto el ejercicio de dicha prerrogativa.

En este sentido, la ley otorga una suerte de pase automático a los padres de mexicanos por nacimiento, otorgándoles sin mayor requisito la condición de residente permanente. La norma contenida en la ley es imperativa y no facultativa, sin embargo el reglamento es omiso en su artículo 240, de establecer como causal de regularización, la contenida en el precepto de ley antes invocado, sujetando el otorgamiento de dicha condición a la solicitud de una visa antes de ingresar a territorio mexicano, lo que en los hechos significa que el migrante deberá abandonar el territorio nacional si pretende obtener la residencia permanente, lo que se aleja de lo mandatado  por la Ley.

4. Establecimiento de requisitos extraordinarios a los migrantes víctimas de delito.

Uno de los avances sustanciales de la Ley respecto de su predecesora, estriba en el reconocimiento al derecho de la persona migrante para solicitar y obtener justicia cuando haya sido víctima de algún delito; en este sentido el artículo 52 de la ley en si fracción V, inciso a, establece que podrá permanecer en territorio nacional como visitante por razones humanitarias el ofendido, víctima o testigo de algún (cualquier) delito cometido en territorio nacional, hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia.

El reglamento sin embargo, sujeta dicho derecho primero, al reconocimiento de la comisión del delito “por autoridad competente”, plasmando dicha restricción en la fracción I de su artículo 137 y en el inciso a de la fracción III del artículo 141. Debe señalarse aquí, que la única autoridad competente puede ser el ministerio público, sin embargo éste no reconoce o niega la comisión de delitos, sino que investiga las denuncias formuladas y en su caso persigue hechos probablemente constitutivos de delito, pero el carácter de víctima le es inherente a la persona desde que sufre el ilícito y como tal es reconocida durante la averiguación previa y la instrucción.

Es entonces preocupante que se hable de un reconocimiento por autoridad competente, pues se posibilita a la autoridad migratoria para reconocer o desconocer “para efectos del trámite” a un migrante como víctima (el párrafo final del artículo 182 del reglamento dispone que para efectos migratorios, se entenderá por identificación al reconocimiento como víctima del delito, que realice el Instituto respecto de una persona extranjera). En este sentido, el artículo 178 establece un procedimiento para la detección, identificación y atención de migrantes víctimas de delitos, facultando a la autoridad migratoria a “corroborar su situación de vulnerabilidad” y “contar con mayores elementos que sustenten la detección e identificación de la persona extranjera como víctima de la posible comisión de un delito.”

Además, el artículo 180 rebasa los límites impuestos por ley, en detrimento y discriminación del migrante, al disponer que el extranjero en situación irregular sólo pueda obtener la condición de visitante por razones humanitarias si el delito perpetrado en su contra fue grave. Para mejor proveer, se trascribe la disposición en comento:

Artículo 180. Si la persona extranjera detectada como posible víctima de delito se encuentra en situación migratoria irregular será trasladada a las instalaciones del Instituto, con el fin de analizar y resolver su situación migratoria y la autoridad migratoria procederá conforme a lo siguiente: / I. Explicará a la persona extranjera de manera clara y precisa sobre los derechos que le asisten para: / d) La regularización de su situación migratoria hasta en tanto concluya el proceso penal cuando sea identificado como víctima de algún delito grave cometido en el territorio nacional, en términos de las legislaciones federales y locales en materia penal;

Rebasa también los límites legales el artículo 182 del reglamento, y discrimina al migrante irregular, al establecer por un lado que “el Instituto emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se reconozca su calidad de víctima.” y por otro que la víctima, cuando sea migrante irregular no será otorgada de la calidad de visitante por razones humanitarias, sino que “Hecho el reconocimiento anterior y una vez que la persona extranjera haya formulado la denuncia ante la autoridad competente, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo a través del cual otorgará a la persona extranjera un plazo para que inicie los trámites de regularización de su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley y con ello se garantice su acceso a la justicia.”

5. Violación al plazo máximo de privación de la libertad.

El reglamento rebasa no sólo lo dispuesto en la ley, sino incuso en el texto constitucional, al determinar tiempos de privación de la libertad mayores a 72 horas sin orden judicial, lo que redunda en mantener criminalizado el fenómeno migratorio. En este sentido, los artículos 144 en su fracción VII, 184 y 234, cuando menos, establecen plazos de entre quince y hasta sesenta días de confinamiento en las estaciones migratorias, y peor aún, el segundo párrafo del artículo 234 contiene una perversa disposición para desincentivar la interposición de recursos en contra del instituto o la autoridad migratoria, al establecer una suerte de castigo según la cual quien lo interponga deberá permanecer asegurado en la estación migratoria hasta que se resuelva en definitiva y cause estado el recurso, lo que se puede prolongar por meses.

Cabe señalar que el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional establece que “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.”

En el mismo sentido, la ley dispone en su artículo 68 que “La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.”

Transcurrido dicho término fatal, el migrante solo puede permanecer como alojado, pudiendo en cualquier momento salir de la estación migratoria, sin embargo el reglamento interpreta que puede mantener confinadas a personas por plazos mayores a sesenta días, violando expresamente lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, que establece que solo se justifica una detención que se prolongue por más de setenta y dos horas, cuando la misma sea ante autoridad judicial y exista un auto de vinculación a proceso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Angel Osorio Chong, a iniciar un proceso de revisión del Reglamento de la Ley de Migración a efecto de corregir las disposiciones contrarias al sentido normativo y texto de la Ley, que han sido señaladas en las consideraciones del presente instrumento.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros.- Sen. Dolores Padierna Luna".






Del C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo relativo a los activistas detenidos en el ártico ruso por manifestaciones en contra de la perforación para la exploración de hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales No Gubernamentales.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS ACTIVISTAS DETENIDOS EN EL ARTICO RUSO POR MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA PERFORACION PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS

“El suscrito, Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del grupo parlamentariodel Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores,de conformidad con lo previsto en el artículo 8 numeral 1, fracción II, 95 numeral 1 y 276del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION RELATIVO A LOS ACTIVISTAS DETENIDOS EN EL ARTICO RUSO POR MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA PERFORACION PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Greenpeace, es una organización ambientalista que acoge la problemática ambiental a nivel mundial y se ha caracterizado por sus acciones directas no violentas y de resistencia civil pacífica que se centran en el combate y la denuncia de delitos ambientales.

Esta organización busca incidir en políticas públicas, así como involucrar e inspirar cambios mediante voluntarios, socios, activistas y ciberactivistas. Además, se ha caracterizado por trabajar en cinco temas1:

1. Agricultura sustentable y transgénicos,
2. Bosques,
3. Energía y Cambio Climático,
4. Océanos y
5. Tóxicos

Las manifestaciones de esta organización sobresalen en los medios de comunicación por su determinación y cuentan con el apoyo de una sociedad que también está a favor de la protección del medio ambiente.

Greenpeace también ha ejecutado actos que para muchos suelen caracterizarse por la polémica, tal es el caso de su reciente campaña “Salva el Ártico” que representa el desafío medioambiental más importante del momento, porque está en juego el futuro de uno de los pocos lugares donde aún existe un equilibrio natural y porque lo que suceda en el Ártico determinará irremediablemente el futuro del planeta.

Greenpeace ha manifestado su descontento por la exploración de empresas petroleras en el Ártico Ruso, en donde a decir de la Asociación, la empresa Rusa Gazprom planea comenzar la producción de la plataforma Prirazlomnaya en el primer trimestre de 2014, aumentando el riesgo de un derrame de petróleo en un área que contiene tres espacios naturales protegidos por la Ley Rusa.

El pasado 18 de septiembre 30 personas de 18 nacionalidades, entre activistas de Greenpeace internacional y camarógrafos independientes, se manifestaron en contra de dichas acciones, en las inmediaciones de las plataformas Prirazlomnaya de la empresa Gazprom, en donde 2 de ellos intentaron escalar e instalarse en la estructura exterior de la plataforma para protestar así, en contra de la perforación para la exploración de Hidrocarburos.

Sin embargo, fueron arrestados por un comando de las fuerzas de seguridad rusas, respecto de lo que el Ministerio de Asuntos Internacionales de Rusia afirmó que la intervención de la Guardia Costera durante la protesta de Greenpeace se debió a supuestos cargos del delito de piratería, un cargo que conlleva a una pena de hasta 15 años de prisión.
El pasado 4 de octubre Holanda inició una acción judicial para obtener la liberación de los 30 activistas de Greenpeace, el Ministro de Relaciones Exteriores Frans Timmermans, señaló en una carta dirigida a los diputados holandeses que “El Artic Sunrise navega con bandera holandesa por lo cual Holanda decidió iniciar hoy un procedimiento de arbitraje basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.2

La Haya considera que el asalto al barco y la detención de la tripulación son “ilegales”, ya que Rusia debería haber solicitado a Holanda permiso para detener el “Arctic Sunrise”, de bandera holandesa, explicó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Friso Wijnen.

El 9 de octubre investigadores rusos señalaron que hallaron drogas en el barco de la agrupación (morfina y tallos de amapola, un ingrediente de la heroína y opiatos) y anunciaron que presentarán nuevos cargos contra algunos de los 30 detenidos por supuesta piratería. El Comité de Investigación también dijo que se halló equipamiento con potencial uso militar y que se intentaba establecer cuál de los detenidos era responsable del intento de embestir los botes de los guardacostas, poniendo en peligro la vida de la tripulación.3

Todo lo anterior apunta a que una acción pacífica realizada por un grupo de la sociedad civil que es conocido mundialmente por este tipo de acciones, que no representan riesgos a la seguridad nacional de nación alguna, está derivando en una situación jurídica de enorme complejidad con tintes internacionales.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte signante: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección […].”

Ahora bien, mediante la aceptación de este instrumento internacional, México reconoce que la libertad de expresión es uno de los derechos nacionales e internacionales fundamentales que deben ser garantizados y con mayor razón respetados, por ello, la importancia y urgencia que reviste el presente Punto de Acuerdo, que versa a favor al respeto de este derecho fundamental, toda vez que los activistas de Greenpeace se manifestaron de forma pacífica, y su actuar estaba basado en defender al medio ambiente.

Situación que por la importancia que reviste para México, al ser un país que respeta y apoya la libertad de expresión, consideramos adecuado y urgente realizar un pronunciamiento internacional a favor de los activistas de Greenpeace, en donde se muestre nuestro compromiso con los derechos fundamentales.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que por conducto del Secretario de Relaciones Exteriores, y con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte, nuestro país se pronuncie a favor del derecho fundamental de libertad de expresión de las manifestaciones sociales dentro del ámbito de legitimidad y legalidad, como las realizadas por Greenpeace en Rusia el pasado 18 de septiembre en el marco de la Campaña “Salvemos al Ártico”.

SEGUNDO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con la situación actual que viven los activistas de Greenpeace que han sido aprehendidos. Asimismo, esta soberanía reconoce la importancia de su labor en beneficio del medio ambiente, en especial por la Campaña “Salvemos al Artico”.

Dado en el recinto del Senado de la República sede de la Comisión, a 10 de octubre de 2013.

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez".


1 Greenpeace México, página electrónica, consultada el 8 de octubre del 2013,
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/

2 http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/10/04/holanda-inicia-defensa-activistas-greenpeace

3 http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/10/09/rusia-prepara-nuevos-cargos-contra-activistas-greenpeace






Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía a rendir un informe sobre los riesgos y consecuencias ambientales que traerá al país la exploración, explotación y producción del gas lutitas. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ENERGIA A RENDIR UN INFORME SOBRE LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS AMBIENTALES QUE TRAERA AL PAIS LA EXPLORACION, EXPLOTACION Y PRODUCCION DEL GAS LUTITAS

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal, distintos objetivos fueron planteados con la modificación de los artículos 27 y 28 Constitucionales, uno de ellos, es detonar nuevos proyectos de inversión en campos no convencionales, como lo son las aguas profundas del Golfode México, para la explotación y producción de petróleo y gas de lutitas.

En la iniciativa energética presentada por el Gobierno Federal se afirma que México cuenta con reservas de gas lutitas probadas para 10 años de producción, ubicadas mayoritariamente en las aguas someras del Golfo de México, en donde Petróleos Mexicanos cuenta con amplia experiencia, sin embargo, el Gobierno Federal menciona que el mayor reto exploratorio es reclasificar los recursos prospectivos, los cuales en su mayoría están localizados en yacimientos de gran complejidad que demandan capacidades de ejecución e inversión, y adicionan, que sólo se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras.1

Además, el Gobierno Federal asegura, sin fundamentos, que la reforma constitucional en matera energética propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir de la extracción de los hidrocarburos, lo que permitirá un abasto suficiente de gasolinas, gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos.

En este contexto, distintas irregularidades han salido a la luz pública; la modificación de los artículos constitucionales no va sólo enfocada a la apertura del mercado empresarial privado de producción, exploración y explotación de crudo, sino también a la explotación y producción de un energético crucial: el gas de lutita, mejor conocido como shale gas (en inglés).

El gas lutita es un tipo de gas natural que se encuentra atrapado en las formaciones de esquisto, es decir, una formación de rocas sedimentarias granuladas, también llamadas lutita y arcilla, el gas se encuentra a una profundidad de mil a cinco mil metros.2

Lo anterior resulta relevante, porqué según declaraciones del Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, el futuro para aumentar la producción de crudo en México será avanzar en la exploración en aguas profundas y en la explotación del gas de lutita o gas shale.3

Sin embargo, como lo plantea Manuel Bartlett en su libro Estrategia urgente en defensa de la nación, “la reforma energética es una suplantación de lo que traerá la explotación y producción de gas shale en México, ya que no existe demostración técnica de las reservas probadas, que supuestamente requieren inversiones urgentes, tanto en aguas profundas como en las reservas de lutitas”.4

También la Ingeniera Silvia Ramos Luna, declaró en un foro sobre la reforma energética organizado por Casa Lamm, que de un 100, el 80% de los pozos de extracción de gas shale reportan pérdidas.5

Abundando más, las tecnologías actuales de extracción del gas lutita son dos, yfuncionan de manera complementaria; la primera de ellas es la perforación horizontal, que permite llegar a la zona donde se ubica el gas lutita; se realiza inicialmente una perforación vertical hasta llegar al yacimiento, tras lo que el perforador gira horizontalmente para introducirse y taladrar los pozos de gas shale.6

La segunda y más alarmante respecto al impacto ambiental que ocasiona, es la fractura hidráulica, conocido también como fracking o hydrofracking, este procedimiento consiste en bombardear fluidos que contienen agua, arena, gases comprimidos, sustancias químicas, entre otros, a presiones suficientemente altas como para incrementar la porosidad y permeabilidad de las rocas creando fracturas artificiales para permitir el flujo y salida del gas.7

Esta última técnica requiere de maquinaria especializada y costosa, además de que es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo, ya que el flujo disminuye muy pronto, por lo cual, para mantener la producción, es necesario repetir el procedimiento constantemente.

Existe un gran riesgo al poner en práctica tan contaminante técnica, ya que los químicos, al momento de ser introducidos en el suelo, rompen la roca para abrir las grietas y pueda salir el gas, y de manera simultánea, se devuelve parte de esta agua toxica, la cual se mezcla en el subsuelo y metales pesados, causando un grave daño ambiental y a la salud.8

Cabe mencionar que en otros países la técnica del fracking para extraer gas shale está prohibida; Francia en 2012, por medio de la Asamblea Nacional prohibió por ley esta técnica por sus riesgos ambientales; Bulgaria en 2012 se sumó a esta postura, ante la justificación de que este método no cuenta con garantías de seguridad; el gobierno alemán también decidió detener sus planes con esta técnica de extracción; asimismo, Irlanda estableció moratoria para impedir su práctica.9

En consecuencia, explotar gas lutita en México es una amenaza ambiental, ya que con la extracción de este gas, se pone en riesgo el subsuelo ante una posible contaminación, lo que a largo plazo generará un daño ambiental irreparable, además, se requieren grandes cantidades de agua para su explotación.

Respecto al agua que será utilizada para la práctica del fracking, la Alianza Mexicana contra el Fracking informa en su página de Internet, que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo. En México, para extraer gas shale durante un año, se necesitará una cantidad de agua similar a toda la capacidad del Lago de Pátzcuaro, en Michoacán.10

Para ejemplificar lo anterior, la propuesta de reforma energética planteada por Partido Acción Nacional en julio pasado, establece que la industria del shale en México requerirá abrir 20 mil pozos por año, sólo en este tipo de yacimientos, lo que supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.11

Con la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal, se estima explotar 9,000 pozos de lutitas al año, lo que en cantidad de agua será equivalente al Lago de Chapala en el estado de Jalisco.

Ambas reformas plantean la apertura de la explotación del gas lutitas, estimando exploraciones por año, y midiendo desde ahora los supuestos beneficios económicos que traerá al país a largo plazo, dejando a un lado los impactos ambientales negativos, el uso de agua, y efectos secundarios que, como siempre, afectan a los sectores más vulnerables.

Lejos de apostar por energías más limpias y menos contaminantes, el gas shale figura, equivocadamente, como la catapulta al gran desarrollo energético que el país requiere, pero desafortunadamente la idea de explorar pozos de este gas pretende ser una mala copia del modelo de desarrollo en Estados Unidos, ya que en este país, la explotación de gas de esquisto, ha servido para surecuperación económica y para disminuir sus costos energéticos.

Sin embargo, no se especifican los riesgos y daños ambientales que ha traído la extracción de este gas en diferentes países; siguiendo con los Estados Unidos, en este país existen más de 1,000 casos documentados, en los cuales se observó un gran nivel de contaminación en fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto y, a pesar de que la técnica del fracking se practica en todo el país, distintos estados de la Unión Americana han emitido moratorias para impedirlo, incluso, en Texas, donde más se explota este gas, enfrenta problemas por falta de agua.12

La reforma en materia energética se limita únicamente a explicar las supuestas bondades de la explotación del gas shale y no aborda los problemas reales y las consecuencias funestas que acarreará esta técnica para el medio ambiente.

Asimismo, la fractura hidráulica o fracking para extraer gas de lutita es un peligro para el ambiente, y no sólo para el suelo, sino también la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del gas de esquisto supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. El 90% de estas emisiones se encuentra compuesto por metano (CH4), cuyo escape es superior en un 30% al de los proyectos de gas natural convencional. Además, también se producen emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles, provocadas por el uso de camiones y equipos de perforación.13

Es importante resaltar que el efecto invernadero es consecuencia de los impactos ambientales, el cual es provocado por las emisiones de gases como dióxido de carbono y metano, lo que hace que el clima cambie en un espacio de tiempo muy corto.
En consecuencia, la explotación del gas de esquisto contribuye a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución. El metano es un gas que presenta un efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2).14

Por tal motivo, es importante que no sea aprobada la reforma energética, es necesario que se conozcan los alcances y repercusiones que traerá consigo la explotación de gas lutitas, ya que para la extracción de este gas, México requerirá entre 20 y 25 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos, de tres a diez millones, derivado de lo anterior, se deduce que practicar la explotación de ese hidrocarburo, traerá elevados costos sociales, ambientales y económicos.

Es una contradicción del Gobierno Federal que se esté trabajando por energías más limpias, mejores empleos y mayor desarrollo, si a pesar de conocer la forma en que se extrae este hidrocarburo, y el notable daño ambiental que le ocasiona al suelo, continua en su afán de llevar a cabo esta explotación.

Varios países del G8 la han prohibido, además, el uso de químicos tóxicos afectará notablemente en la agricultura o ganadería, repercutiendo en el empleo de muchos mexicanos, y peor aún, a la salud; ya que expertos señalan que de los aditivos que se mezclan con el agua para lograr el fracking, más del 25% de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37% afectar al sistema endocrino, el 50% dañar el sistema nervioso y el 40% provocar alergias.

Otra contradicción del Gobierno Federal fue la aprobación de la reforma hacendaria, en la que se establecieron distintos gravámenes; uno, a los plaguicidas con el objeto de desincentivar conductas que afectan negativamente al medio ambiente, y otro, gravar combustibles fósiles con una tasa del 3% a la venta, quedando exento el gas natural; pero por otro lado, se promociona la extracción y explotación de gas shale, que afecta considerablemente al medio ambiente.

Finalmente, es necesario terminar con la dependencia por los hidrocarburos fósiles, estos no debe ser la única forma de aprovechamiento de energía, al contrario, debe optarse por la sustitución de energías renovables, velando por el medio ambiente, por la salud de los mexicanos; si bien el sector energético es una preocupación nacional, se deben buscaralternativas energéticas incluyentes, que generen desarrollo, y no conflictos sociales, ambientales y económicos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, rindan un informe detallado y pormenorizado a esta Soberanía sobre los riesgos y consecuencias ambientales que traerá al país la exploración, explotación y producción del gas lutitas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía informe detalladamente a esta Soberanía, en un término de 10 días naturales cuántos, yacimientos de gas lutitas se han identificado plenamente y dónde quedan ubicados geográficamente.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía a que realice una campaña informativa en los medios de comunicación de mayor exposición, acerca de los efectos negativos que conlleva la extracción y explotación del gas shale.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013".

1 Presidencia de la República. Reforma Energética. Toda nuestra energía para mover a México. [en línea]. México. 2013. Disponible en: http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing [consulta 14 de noviembre de 2013].

2 Alianza Mexicana contra el Fracking. Documentos y Publicaciones. [en línea]. México. 2013. Disponible en: http://nofrackingmexico.org/?page_id=102. [consulta 8 de noviembre de 2013].

3 Rodríguez Israel. Lozoya ve el futuro de Pemex en aguas profundas y gas shale. [en línea]. La Jornada. México. 2013. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/07/16/economia/020n1eco [consulta 14 de noviembre de 2013].

4 Bartlett Díaz Manuel. Estrategia Urgente en defensa de la nación. Política energética para que México sea potencia económica en el siglo XXI. México. Edición Isy de la Luz. 2013. Pág.119.

5 Redacción Dominio Ciudadano. Inviable la extracción de gas shale. [en línea]. Dominio Ciudadano. México. 2013. Disponible en: http://dominiociudadano.org/2013/10/lamm-shale/ [consulta 14 de noviembre de 2013].

6 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Informe quincenal de la snmpe. Shale gas / gas lutitas.[en línea]. España. 2012. Disponible en: http://shalegasespana.files.wordpress.com/2012/10/snmpe-quecc81-es-el-gas-de-lutitas.pdf [Consulta 5 de noviembre de 2013].

7 Ibídem.

8 Ramírez Peniley. ¡Aguas con el shale! [en línea]. México. Reporte Indigo. 2013. Disponible en:
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/aguas-con-el-shale [Consulta 28 de agosto de 2013].

9 Cabrera Rafael. Empuja Peña extracción de gas prohibida en otros países. [en línea]. Animal Político. México. 2013. Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2013/08/impulsa-pena-nieto-extraccion-de-gas-prohibida-en-otros-paises/#axzz2kffPwzfI [consulta 5 de noviembre de 2013].

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Cabrera Rafael. Empuja Peña extracción de gas prohibida en otros países. [en línea]. Animal Político. México. 2013. Disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2013/08/impulsa-pena-nieto-extraccion-de-gas-prohibida-en-otros-paises/#axzz2hMBM6boy [consulta 5 de noviembre de 2013].

13 Ibídem.

14 Ibídem.






De los CC. Senadores Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Mely Romero Celis, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Alvarez García, María Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María Verónica Martínez Espinoza, Graciela Ortiz González, María Lucero Saldaña Pérez, Miguel Angel Chico Herrera, Teófilo Torres Corzo y Raúl Morón Orozco, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo por su reelección como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, para el periodo 2013-2015. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXPRESA SU BENEPLACITO A LA SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO POR SU REELECCION COMO PRESIDENTA DE LA RED DE MUJERES PARLAMENTARIAS DE LAS AMERICAS, PARA EL PERIODO 2013-2015

"HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA, MARGARITA FLORES SANCHEZ, LISBETH HERNANDEZ LECONA, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, MELY ROMERO CELIS, BLANCA ALCALA RUIZ, IVONNE ALVAREZ GARCIA, CRISTINADIAZ SALAZAR, ARELY GOMEZ GONZALEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, LETICIA HERRERA ALE, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, VERONICA MARTINEZ ESPINOZA, GRACIELA ORTIZ GONZALEZ, LUCERO SALDAÑA PEREZ, MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA, RAUL MORON OROZCO integrantes de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El papel fundamental que la mujer ha venido desempeñando en la sociedad la ha convertido en figura indispensable de las transformaciones sociales de nuestros días; el trabajo que ha desarrollado en su lucha por la igualdad de oportunidades hacia el progreso, la libertad, la igualdad política y social, ha sido factor decisivo para cristalizar cambios estructurales y de conciencia, en el pasado reciente de nuestra sociedad.

Sin embargo, a pesar de ello y de los cambios sociales y culturales de los últimos años, que nos han permitido avanzar algunos pasos en favor de una sociedad más justa e igualitaria, la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como la materialización de su ejercicio efectivo, son hoy en día tareas que no han concluido. Hablar del tema de los derechos de la mujer, en el ámbito internacional, supone necesariamente precisar, que las mujeres gozan de todos los derechos reconocidos por las normas internacionales sobre la materia.

La Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, órgano de la Confederación Parlamentaria de las Américas, congrega a las legisladoras de las Asambleas Parlamentarias de las Américas, adoptando posiciones comunes en torno a temas de interés relativos a las mujeres en las instancias legislativas del continente. Busca incentivar la representación y la acción de las mujeres en los Parlamentos de las Américas, estimulando el intercambio de experiencias entre las que ya se encuentran formando parte de los mismos y promover la solidaridad entre las mujeres en general.

En el 2010, nuestra compañera Diva Gastélum fue electa Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, culminando su mandato este 2013; donde se ha caracterizado por impulsar acciones que son un punto de partida en la historia de la Red, destacando la elaboración de libros de consulta, investigaciones, conferencias regionales, comparaciones de marcos jurídicos e importantes resolutivos dentro de la asociación.
En este sentido, Senadoras y Diputadas de otros países integrantes de la Red, motivadas por este desempeño, se manifestaron por continuar con este plan de Trabajo para reforzar la Organización y colocarla como referente en la región.

Es importante señalar que el día 14 de octubre de 2013, se llevó a cabo la II Consulta a Parlamentarias y Parlamentarios de las Américas, donde se firmó el Convenio de colaboración entre la Red y la Organización de los Estados Americanos (OEA), impulsado por la Senadora Diva Gastélum, el cual es un hito para la Red y le permite trabajar de la mano de esta instancia intergubernamental de carácter continental.

En el marco de la XI Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, la cual estuvo integrada por legisladores y legisladoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Quebec, Haití, Jamaica, Surinam y México; se determinó la reelección unánime de la Senadora Diva Gastélum Bajo, como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas para el mandato 2013-2015.

Para esta Cámara, es de suma importancia el seguir fomentando la Diplomacia Parlamentaria, y mantener espacios de interacción que permitan compartir experiencias que se materialicen en acciones concretas.

Por ello, reconocemos desde esta tribuna el gran esfuerzo, pero sobre todo los importantes resultados que ha generado la Senadora Diva Gastélum Bajo al frente de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas; y además refrendamos nuestra confianza de que en este nuevo periodo, habrá de desempeñar con mucha entrega este gran reto a favor de garantizar a las mujeres oportunidades de desarrollo, respeto y protección a sus derechos.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República expresa su beneplácito a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, por su reelección como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas para el periodo 2013-2015.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera".

De los CC. Senadores Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Eviel Pérez Magaña, Isidro Pedraza Chávez y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado a investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA CUMPLIR CON LA LEGISLACION E INSTRUIR AL PROCURADOR DE JUSTICIA DE DICHO ESTADO A INVESTIGAR Y EJERCER ACCION PENAL CONTRA QUIENES RESULTEN PROBABLES RESPONSABLES RELACIONADOS CON LA INDEBIDA OPERACION DE CAJAS DE AHORRO Y PRESTAMO EN LA MIXTECA OAXAQUEÑA

Los suscritos, Senadores Luisa MarIa de Guadalupe CalderOn Hinojosa, Eviel PErez Magaña, Isidro Pedraza ChAvez, Rosa Adriana DIaz Lizama integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 fracción II del artículo 8, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución mediante la que solicita al Gobernador del Estado de Oaxaca para que cumpla con la legislación e instruya al Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar, y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por lo expuesto y fundado, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca con estricto apego a sus atribuciones como titular de un Estado integrante de la Federación para que cumpla con la Constitución, las leyes y decretos e instruya al Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca para que investigue, practique las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de los hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de quienes resulten probables responsables, relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.

Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Isidro Pedraza Chávez.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama”.






Del C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a proporcionar el número total de desplazados dentro del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROPORCIONAR EL NUMERO TOTAL DE DESPLAZADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

"El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, PROPORCIONE EL NÚMERO TOTAL DE DESPLAZADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La tendencia legislativa existente, no sólo a nivel nacional sino también global, nos empuja inexorablemente a fortalecer la salvaguarda de los derechos humanos. Es el Artículo Primero de nuestra Carta Magna, donde se consagra la obligación por parte del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,interdependencia, indivisibilidad y progresividad, expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho lo anterior es menester del legislador velar por la dignidad y el valor de la persona humana; promoviendo la igualdad de derechos de hombres y mujeres, para elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad y el progreso social.

Esto debe sustentarse ante el fenómeno de Desplazamiento Interno Forzado a razón de fenómenos naturales, esta condición se da cuando personas o grupos de personas, motivadas por cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, ven afectada adversamente su vida o sus condiciones de vida, y por ello se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, desplazándose a otras regiones del país, compitiendo, con las poblaciones que los acogen, por los recursos, servicios básicos, puestos de trabajo, entre otros.

Ante dicha problemática, es responsabilidad del legislador emprender medidas de protección de las personas internamente desplazadas y contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de crisis, concibiendo la asistencia humanitaria adecuada que promueva la protección de las personas internamente desplazadas por fenómenos naturales.

Como legisladores hemos abonado, primero por el reconocimiento del fenómeno y segundo para crear mecanismos para su prevención y atención.

El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente en la Cámara de Diputados.

En el año 2004, el 30 de marzo, el Diputado del Partido de la Revolución Democrática, Emilio Zebadúa González promovió una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4º constitucional la figura de desplazados internos, con fundamento en el derecho internacional humanitario.

El 6 de abril del año 2005, la Senadora Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa con proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Población, entre las cuales incluía disposiciones en materia de protección a los desplazados internos.

El día 14 de febrero de 2012, el Congreso de Chiapas expidió la LEY PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el día 22 del mismo mes. Durante este proceso legislativo, tanto Helen Clark, administradora mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU, expresaron que la vía legislativa es la mejor para atender este fenómeno.

El 15 de noviembre de este año, el Diputado Israel Moreno Rivera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4º constitucional la obligación de todos los órdenes de gobierno para atender a los desplazados internos.

El 18 de diciembre de 2012 presenté la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO.

El 12 de septiembre de 2013, el Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Población para establecer disposiciones en materia de población desplazada.

Estos planteamientos prueban su pertinencia con los últimos acontecimientos ocurridos a ambos litorales del territorio nacional, los huracanes Manuel e Ingrid, que azotaron a mediados del mes de septiembre de 2013, al 80 por ciento del territorio nacional.

El gobierno Federal ha dado a conocer la cifra de 147 decesos, 18 estados han sido declarados zona de desastre, otros ocho estado con afectaciones, 309 municipios declarados en desastre, 212 municipios en emergencia, 60 000 evacuados, 29 mil personas en albergues, 297 mil 800 personas damnificadas.1 La Secretaría deGobernación calcula que 1.2 millones de personas en todo el territorio nacional tienen afectaciones. Guerrero es la entidad más afectada, con cerca de250 mil personas que se quedaron sin vivienda. Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima también resintieron los efectos de Manuel con deslaves, cortes carreteros, puentes caídos y casas inundadas. En materia de personas que se quedaron sin vivienda por los aguaceros, la entidad más castigada es Guerrero, con alrededor de 250 mil. En segundo lugar está Veracruz, con 23 mil, y Oaxaca con 10 mil.2

Estas cifras nos demuestran el impacto que ha sufrido la población en términos de vidas humanas, costes económicos y de seguridad, especialmente en la región Sur – Sureste, una región que año con año presenta afectaciones por fenómenos meteorológicos de gran intensidad, y donde el común denominador termina siendo el desastre y la falta de controles efectivos de salvaguarda para sus poblaciones. El efecto de desplazamiento interno en la región a causa de estos fenómenos medioambientales aun no puede ser cuantificado, pero con los números que el gobierno federal ha emitido, podemos estar frente a un posible éxodo de migración interna por parte de miles de personas que lo han perdido todo.

En respuesta a esa necesidad, se considera de primordial necesidad tipificar lafigurade “Desplazados Internos”, con el fin de instrumentar mecanismos para darles protección, en congruencia y coordinación con las autoridades civiles dentro del marco de los sistemas deprotección civil.

La polémica acerca de cómo definir y con qué término identificar a las personas que se desplazan por motivos medioambientales no está exenta de transcendencia, ya que de una buena parte de esta polémica y de lo que finalmente se consensue en este cuerpo colegiado dependerá de un marco legal que les proporciones ayuda y protección.

Como legisladoresdebemos enfrentarnos a la ingente tarea de garantizar protección a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, desplazándose a otras regiones, donde casi siempre sufren de graves privaciones, dificultades y discriminación.

Uno de los motivos que dificultan otorgar la protección a este sector deriva dela falta de cifras distintivas en México sobre la cantidad de personas que afecta y afectaran los cambios en el medio ambiente relacionados con el cambio climático, su localización, y los medios que disponen derivados de esos cambios.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, proporcione el número total de desplazados dentro del territorio nacional, considerando el incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados por las tormentas Ingrid y Manuel.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto".

1 “Septiembre, el más lluvioso en 100 años; 309 municipios, zona de desastre”, Aristegui Noticias, 28 de septiembre de 2013, http://aristeguinoticias.com/2809/mexico/septiembre-el-mas-lluvioso-en-100-anos-309-municipios-zona-de-desastre/, (Pág. Consultada el 30 de septiembre de 2013).

2 Figueroa, Héctor, “Suman 300 mil damnificados y 42 muertos por tormentas Ingrid y Manuel”, Excélsior, 16 de septiembre de 2013, http://www.excelsior.com.mx/ nacional/2013/09/16/ 91 89 35. (Pág. Consultada el 25 de julio de 2013).






Del C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a proporcionar el número total de desplazados dentro del territorio nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROPORCIONAR EL NUMERO TOTAL DE DESPLAZADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

"El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, PROPORCIONE EL NÚMERO TOTAL DE DESPLAZADOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La tendencia legislativa existente, no sólo a nivel nacional sino también global, nos empuja inexorablemente a fortalecer la salvaguarda de los derechos humanos. Es el Artículo Primero de nuestra Carta Magna, donde se consagra la obligación por parte del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,interdependencia, indivisibilidad y progresividad, expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho lo anterior es menester del legislador velar por la dignidad y el valor de la persona humana; promoviendo la igualdad de derechos de hombres y mujeres, para elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad y el progreso social.

Esto debe sustentarse ante el fenómeno de Desplazamiento Interno Forzado a razón de fenómenos naturales, esta condición se da cuando personas o grupos de personas, motivadas por cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, ven afectada adversamente su vida o sus condiciones de vida, y por ello se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, desplazándose a otras regiones del país, compitiendo, con las poblaciones que los acogen, por los recursos, servicios básicos, puestos de trabajo, entre otros.

Ante dicha problemática, es responsabilidad del legislador emprender medidas de protección de las personas internamente desplazadas y contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de crisis, concibiendo la asistencia humanitaria adecuada que promueva la protección de las personas internamente desplazadas por fenómenos naturales.

Como legisladores hemos abonado, primero por el reconocimiento del fenómeno y segundo para crear mecanismos para su prevención y atención.

El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente en la Cámara de Diputados.

En el año 2004, el 30 de marzo, el Diputado del Partido de la Revolución Democrática, Emilio Zebadúa González promovió una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4º constitucional la figura de desplazados internos, con fundamento en el derecho internacional humanitario.

El 6 de abril del año 2005, la Senadora Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa con proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Población, entre las cuales incluía disposiciones en materia de protección a los desplazados internos.

El día 14 de febrero de 2012, el Congreso de Chiapas expidió la LEY PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, la cual fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad el día 22 del mismo mes. Durante este proceso legislativo, tanto Helen Clark, administradora mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de la ONU, expresaron que la vía legislativa es la mejor para atender este fenómeno.

El 15 de noviembre de este año, el Diputado Israel Moreno Rivera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del artículo 4º constitucional la obligación de todos los órdenes de gobierno para atender a los desplazados internos.

El 18 de diciembre de 2012 presenté la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO.

El 12 de septiembre de 2013, el Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Población para establecer disposiciones en materia de población desplazada.

Estos planteamientos prueban su pertinencia con los últimos acontecimientos ocurridos a ambos litorales del territorio nacional, los huracanes Manuel e Ingrid, que azotaron a mediados del mes de septiembre de 2013, al 80 por ciento del territorio nacional.

El gobierno Federal ha dado a conocer la cifra de 147 decesos, 18 estados han sido declarados zona de desastre, otros ocho estado con afectaciones, 309 municipios declarados en desastre, 212 municipios en emergencia, 60 000 evacuados, 29 mil personas en albergues, 297 mil 800 personas damnificadas.1 La Secretaría deGobernación calcula que 1.2 millones de personas en todo el territorio nacional tienen afectaciones. Guerrero es la entidad más afectada, con cerca de250 mil personas que se quedaron sin vivienda. Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima también resintieron los efectos de Manuel con deslaves, cortes carreteros, puentes caídos y casas inundadas. En materia de personas que se quedaron sin vivienda por los aguaceros, la entidad más castigada es Guerrero, con alrededor de 250 mil. En segundo lugar está Veracruz, con 23 mil, y Oaxaca con 10 mil.2

Estas cifras nos demuestran el impacto que ha sufrido la población en términos de vidas humanas, costes económicos y de seguridad, especialmente en la región Sur – Sureste, una región que año con año presenta afectaciones por fenómenos meteorológicos de gran intensidad, y donde el común denominador termina siendo el desastre y la falta de controles efectivos de salvaguarda para sus poblaciones. El efecto de desplazamiento interno en la región a causa de estos fenómenos medioambientales aun no puede ser cuantificado, pero con los números que el gobierno federal ha emitido, podemos estar frente a un posible éxodo de migración interna por parte de miles de personas que lo han perdido todo.

En respuesta a esa necesidad, se considera de primordial necesidad tipificar lafigurade “Desplazados Internos”, con el fin de instrumentar mecanismos para darles protección, en congruencia y coordinación con las autoridades civiles dentro del marco de los sistemas deprotección civil.

La polémica acerca de cómo definir y con qué término identificar a las personas que se desplazan por motivos medioambientales no está exenta de transcendencia, ya que de una buena parte de esta polémica y de lo que finalmente se consensue en este cuerpo colegiado dependerá de un marco legal que les proporciones ayuda y protección.

Como legisladoresdebemos enfrentarnos a la ingente tarea de garantizar protección a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, desplazándose a otras regiones, donde casi siempre sufren de graves privaciones, dificultades y discriminación.

Uno de los motivos que dificultan otorgar la protección a este sector deriva dela falta de cifras distintivas en México sobre la cantidad de personas que afecta y afectaran los cambios en el medio ambiente relacionados con el cambio climático, su localización, y los medios que disponen derivados de esos cambios.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, proporcione el número total de desplazados dentro del territorio nacional, considerando el incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados por las tormentas Ingrid y Manuel.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 1 de octubre de 2013.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto".

1 “Septiembre, el más lluvioso en 100 años; 309 municipios, zona de desastre”, Aristegui Noticias, 28 de septiembre de 2013, http://aristeguinoticias.com/2809/mexico/septiembre-el-mas-lluvioso-en-100-anos-309-municipios-zona-de-desastre/, (Pág. Consultada el 30 de septiembre de 2013).

2 Figueroa, Héctor, “Suman 300 mil damnificados y 42 muertos por tormentas Ingrid y Manuel”, Excélsior, 16 de septiembre de 2013, http://www.excelsior.com.mx/ nacional/2013/09/16/ 91 89 35. (Pág. Consultada el 25 de julio de 2013).






Del C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre los gastos en la propaganda gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE LOS GASTOS EN LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134 establece los lineamientos generales para hacer uso de la propaganda gubernamental, y a letra señala que:

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración públicay cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

La adición constitucional de estos párrafos al artículo 134 se realizó en el ya lejano año 2007; sin embargo, a 6 años de su promulgación, el Congreso aún no aprueba una ley secundaria que regule la publicidad del Estado, por medio de la cual sea posible evitar abusos por parte del Gobierno Federal, así como los gobiernos locales y municipales en esta materia; del mismo modo, potenciar la equidad política y la imparcialidad antes, durante y después de los procesos electorales.

Ante esta omisión, es pertinente cuestionar acerca del excesivo gasto que el Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, ha destinado para sus campañas publicitarias y encubrir la verdad que hay detrás de las reformas estructurales que ha decidido impulsar para lastimar fuertemente a México.

De acuerdo al informe “El costo de la legitimidad, el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”,1durante el 2011, 27 entidades federativas gastaron $4, 518, 000,000.00 (cuatro mil quinientos dieciocho millones de pesos) en publicidad, lo que equivale al doble del monto de la producción y distribución de todos los libros de texto gratuitos del país.

Parece que estas prácticas excesivas se repetirán en el presente sexenio; como ejemplo inicial, hay que mencionar lo relativo a la Reforma Educativa, es decir, fue la primer iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal junto con la Secretaría de Educación Pública, para la cual, se destinaron 81.4 millones de pesos para la producción de una campaña mediática.2

Bajo esta misma lógica se encuentra la publicidad que se difundió sobre la Reforma Energética, desde su presentación oficial el pasado 12 de agosto, los ciudadanos fueron bombardeados con spots publicitarios que hablan de las supuestas bondades de dicha innovación, así como del poco progreso que Petróleos Mexicanos ha alcanzado, comparativamente con otros países.
No obstante, resulta oportuno cuestionar, ¿cómo es posible que se hayan destinado al menos 105 millones en promover dicha reforma y al mismo tiempo argumenten que no hay dinero para invertir en Pemex?

Ahora bien, “Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México”, rezaba el lema que une a la serie de spots producidos por la Administración Federal, tanto televisivos como radiofónicos, para promover la Reforma Energética.

Sin embargo, dichos anuncios publicitarios distan mucho de ser objetivos, por el contrario, únicamente están enfocados a publicitar la Reforma Energética, pero no en informar conscientemente al pueblo de México; no se hace mención, en momento alguno, acerca de la apertura a la inversión privada extranjera de los recursos naturales del país. Simplificando estas líneas, la propaganda oficial no menciona en qué consiste realmente la iniciativa privatizadora del Gobierno Federal.

Por ende, no es aventurado asegurar que la campaña mediática sobre el tema energético únicamente tiene el objeto de persuadir a los mexicanos sobre lo que verdaderamente implica el cambio constitucional en materia de energía.

De igual forma, no se puede obviar que la publicidad contempló, engañosamente, a la figura del ex presidente de México, el General Lázaro Cárdenas del Río; según los spots publicitarios oficiales, el General Cárdenas mencionó que “se necesitó de la participación privada para desarrollar esta industria” -refiriéndose a la industria petrolera.3

Por tal motivo, es importante aclarar que el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo del General Cárdenas), ha dejado ver en más de una ocasión, que su padre se opuso a la inversión privada en Pemex, y llamó a “no dejar por descuido, apetito o complicidad, que las utilidades de la Nación, se transformen en utilidades individuales”.

Excesivos gastos y campañas publicitarias engañosas es lo que ha pretendido el Gobierno Federal a través de su comunicación social. Aquél ha gastado al menos 186 millones de pesos en campañas para promover y convencer a la población de las reformas educativa y energética que impulsa Enrique Peña Nieto;4 esto sin tomar en cuenta que actualmente se está publicitando en diversos medios de comunicación la Reforma Hacendaria aprobada recientemente por el Congreso de la Unión.

Las enormes erogaciones en materia de publicidad contrastan diametralmente con lo que, el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, se comprometió durante se campaña política, es decir, a regular la viciada práctica en el otorgamiento discrecional de publicidad gubernamental; compromiso de campaña que no ha cumplido a casi un año de arribar a Los Pinos.

El pasado 13 de julio del 2012, el presidente electo escribió en el periódico Reforma: “impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno”.5Asimismo, el compromiso 95 del Pacto por México indica que en el actual período legislativo se presentaría ante el Congreso el proyecto de iniciativa para regular este tópico, sin embargo, hasta la fecha no hay ningún avance en el tema.

Este comportamiento no debe resultar extraño, el candidato más mediático en los últimos años y fabricado por los medios de comunicación, no puede traicionar su orígenes; en consecuencia, es imprescindible que se regule ejemplarmente sobre la forma en la aplicación de la comunicación social, a través del uso razonable del gasto, en el que los principios por excelencia sean la verdad, la objetividad y la austeridad.
México no se encuentra en condiciones de gastar irracionalmente el erario público en spots publicitarios, sino por el contrario, se debe a una República austera; y más cuando los spots sobre las reformas Educativa, Hacendaria y Energética no son informativos sino publicitarios, ya que tratan de influir en la percepción de los ciudadanos, a fin de convencerlos, equivocadamente, de que esas reformas estructurales son, equivocadamente, en beneficio de la población.

Además, cabe aclarar que se desconoce con precisión los recursos gastados para publicidad oficial en 2013 y la información disponible es incompleta. No basta lo que presentó en julio pasado el Poder Ejecutivo ante esta Soberanía, es decir, en su informe sobre el gasto en publicidad oficial para el periodo enero-junio de 2013; mencionó un gasto que alcanzaría un monto de 162 mil 78 millones de pesos.6

A pesar de esto, estas cifras no integran los gastos de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Turismo, las cuales han erogado más en publicidad oficial históricamente. Por ejemplo, en 2012, más de la mitad del gasto en publicidad oficial se ejerció entre la Secretaría de Salud (42% del gasto ejercido total) y la Secretaría de Turismo (17%).7

Estas cifras demuestran que el actual Gobierno Federal ha presupuestado tanto como el anterior en este rubro; y con relación a lo que se erogará en esta materia para 2014, es similar a lo presupuestado en los últimos tres años, alcanzando el monto de 2 mil 116.02 millones de pesos.8

Por tal motivo, es momento de que el Gobierno Federal efectivamente rinda cuentas claras y precisas de los montos que se gastan en comunicación social, que cumpla con su promesa de campaña y que se abstenga de gastar irracional y engañosamente en materia de publicidad.

Para que la democracia del país madure, es necesario que los ciudadanos cuenten con información veraz y oportuna, no sólo con publicidad, en muchas veces, engañosa. Por tal razón, es importante conocer los costos y objetivos de publicitar las Reformas Energética, Hacendaria y Educativa, así como demás publicidad, basta de imponer a la población las reformas estructurales a través e spots publicitarios.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, sirva hacer llegar a esta Soberanía un informe detallado sobre:

a) Los costos de producción que tuvo cada uno de los spots publicitarios de las Reformas Energética, Educativa y Hacendaria;

b) La manera de selección de la o las empresas que se contrataron para la producción de los spots antes mencionados;

c) Los costos de contratación de tiempos o espacios en los diferentes medios de comunicación en que se publicitaron los spots de las reformas antes mencionadas.

d) Los costos por las inserciones en medios escritos y digitales de todo el país sobre las Reformas Energética, Educativa y Hacendaria;

e)) Los objetivos generales y particulares que tuvo el Gobierno Federal de publicitar en diversos medios de comunicación las reformas en comento; y

f) El gasto total que se ha destinado en materia de comunicación social a cada Secretaría de estado y cuánto ha sido el monto aplicado por cada una de ellas, a la fecha, para tales fines.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013".

1 Ruelas Serna,Ana Cristina y Dupuy, Justine “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas” [en línea], Proyecto coordinado por ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica y Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C. con el apoyo de Open Society Justice Iniciative [consultado el 20 de noviembre de 2013], disponible en http://publicidadoficial.com.mx/v2/pdf/P.O.FINAL.pdf

2 Cabrera, Rafael “Infografía: ¿Cuánto ha costado promover las reformas de Peña Nieto?” [en línea], Animal Político [consultado el 20 de noviembre de 2013], disponible en http://www.animalpolitico.com/2013/11/cuanto-ha-costado-promover-las-reformas-de-pena-nieto/#axzz2lCxKxVig

3 Reforma Energética - Palabra por Palabra, Cárdenas [en línea], México, [consultado el 20 de noviembre de 2013], disponible en http://www.youtube.com/watch?v=SLxqXr1PE4E.

4 Cabrera, Rafael “Infografía: ¿Cuánto ha costado promover las reformas de Peña Nieto?” [en línea], Animal Político [consultado el 20 de noviembre de 2013], disponible en http://www.animalpolitico.com/2013/11/cuanto-ha-costado-promover-las-reformas-de-pena-nieto/#axzz2lCxKxVig

5 Dupuy, Justine “Publicidad Oficial: sin señal de cambio en la práctica”, [en línea], en el medio electrónico Etcétera, para entender a los medios, México,[consultado el 25 de noviembre de 2013], disponible en
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=22729

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar la situación que prevalece respecto al incremento exponencial de la deuda pública adquirida durante los gobiernos federales panistas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO A INFORMAR LA SITUACION QUE PREVALECE RESPECTO AL INCREMENTO EXPONENCIAL DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA DURANTE LOS GOBIERNOS FEDERALES PANISTAS

"Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con información publicada el pasado 15 de octubre en el diario La Razón, se da a conocer que en el transcurso de los sexenios gobernados por los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se incrementó la deuda ampliada en México en un 187%. Según información del diario, durante el sexenio de Felipe Calderón, la deuda ampliada de México, medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), alcanzó una cifra nunca antes vista, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) el SHRFSP sumó 5.9 billones de pesos al cierre de 2012, lo que representó el 36.1 por ciento del PIB y un incremento del 88 por ciento desde los 3.1 billones de pesos en que finalizó el sexenio de Vicente Fox. 1

Sin embargo, la información antes mencionada, solo es una cifra actualizada, ya que en febrero de 2012, también se publicó que en 11 años de gobiernos panistas la deuda pública creció 168%. Se destaca que en cinco años de la administración calderonista el endeudamiento fue 98% mayor al de todo el sexenio de Vicente Fox.

En ese entonces, la deuda total del sector público mexicano ascendió a 5 billones 473 mil 698 millones de pesos al término de 2011, con lo cual se registró un incremento de 168 por ciento durante los 11 años de gobiernos federales del Partido Acción Nacional (PAN), cifras divulgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Más de dos terceras partes del aumento del endeudamiento público se realizaron durante los cinco años de la pasada administración gubernamental, por un monto que ascendió a 2 billones 159 mil 236 millones de pesos, el cual resultó 98 por ciento superior al incremento de la deuda pública en los seis años de gestión del primer gobierno panista, mismo que fue de un billón 90 mil 432 millones de pesos. 2

Por estos hechos y en consecuencia, se sabe que en la administración de Vicente Fox, se originó una elevada deuda, por lo que su sexenio cubrió 1.4 billones de pesos sólo por amortizaciones e intereses; en tanto, que en el último año del sexenio calderonista la deuda pasó de poco más de 3 billones de pesos a 5.9 billones. 3

El monto fue superior a los recursos excedentes que obtuvo el país en los últimos 10 años, y que alcanzaron un billón 939 millones de pesos o, bien, dos terceras partes del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013.
No cabe duda, que la administración de Felipe Calderón ha sido desde luego, la gestión que más ha endeudado el país en los últimos sexenios.

Ante tales circunstancias, resulta inadmisible que el Partido Acción Nacional (PAN), dentro de su campaña recién puesta en marcha en contra de la Reforma Hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal, incluya en su postura número 4 lo siguiente: la bancada panista, se opone a la contratación de más deuda pública, que tendrá que pagar el pueblo mexicano con impuestos, para fondear los gastos del gobierno. 4

Lo anterior, solo representa una posición de encubrimiento blanquiazul, al no haber sido críticos con las administraciones panistas pasadas y que al día de hoy predomine la mezquindad política en vez de consolidar acuerdos a favor de los mexicanos.

En conclusión, Felipe Calderón Hinojosa, heredó al Presidente Enrique Peña Nieto, un país en el que el Ejecutivo Federal y el país entero, está mucho más endeudado que hace 12 años.

En este contexto, el Presidente Enrique Peña Nieto en su propuesta de Reforma Hacendaria, propone soluciones de fondo, que con el apoyo del Congreso, permitirán mantener una economía sana, fuerte y solida y que a su vez garantizará la estabilidad financiera de los tres órdenes de gobierno.

Los Senadores del PRI consideramos que los mexicanos están en su derecho de conocer a detalle las razones por las cuales todos pagaremos la deuda pública que por 12 años de gobiernos panistas, se incrementó. Los mexicanos de hoy exigimos transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos del servicio público. Los gobiernos panistas no deben ser la excepción.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar a esta Soberanía la situación que prevalece respecto al incremento exponencial de la deuda pública adquirida en los gobiernos federales panistas.

Dado en la sesión de la Cámara de Senadores, a 17 de octubre de 2013".

1 “Sexenios del PAN aumentan la deuda en 187%” en http://www.razon.com.mx/spip.php?article192416

2 “En 11 años de gobiernos del PAN la deuda pública creció
168%”http://www.jornada.unam.mx/2012/02/01/economia/032n1eco

3 http://www.razon.com.mx/spip.php?article192416

4 http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/4-puntos-que-rechaza-el-pan-de-la-reforma-hacendaria-de-pena-nieto/






Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública a establecer políticas públicas eficaces que permitan fortalecer la educación pesquera y acuícola del país. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A ESTABLECER POLITICAS PUBLICAS EFICACES QUE PERMITAN FORTALECER LA EDUCACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL PAIS

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública a establecer políticas públicas eficaces que permitan fortalecer la educación pesquera y acuícola del país.
CONSIDERACIONES

México es una Nación con más agua que tierra, por lo que ocupa un lugar 13 en el contexto mundial. Cuenta con 1 millón 964 mil 375 km2 de extensión territorial y 2 millones 946 mil 825 km² de mar territorial. Por si ello fuera poco, cuenta con 6 mil 500 km2, de lagos, lagunas, represas y ríos.

En sus 11 mil 500 kilómetros de litorales, se ubican ecosistemas marinos de gran importancia, que proporcionan gran variedad y diversidad de recursos marinos renovables y no renovables; además, de las barreras arrecifales más importantes del planeta y extensas zonas de ricos manglares.

En sus océanos concentra una gran riqueza por la existencia de recursos renovables y no renovables que con un adecuado aprovechamiento podría potenciar notablemente el desarrollo económico del país. Nuestros mares son fuente de diferentes minerales. En la actualidad los principales que se aprovechan de manera industrial por el hombre son la sal, el manganeso y el bromo, sin embargo aún falta explotar la riqueza mineral de los océanos.

Otra de las grandes perspectivas para incrementar la producción de recursos de origen marino, además de la pesca y la acuacultura, lo representa la biotecnología marina. La producción de alimentos bio-activos, que se utilizan en la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética puede representar un área estratégica y de gran oportunidad de las comunidades locales.

Nuestro país obtiene grandes ingresos provenientes del mar, tan solo el petróleo aporta el 37% de los ingresosdel Estado, que representan el 10% del PIB;aunado a lo anterior, al sumar los ingresos del turismo que representa el8.4% del PIB, y de la pesca que son de alrededor del 0.8% del PIB, arroja un total de 19.2% del PIB generados por actividades del sector marítimo.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

El PND reconoce queen los últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa una importante oportunidad de desarrollo.1

“A través de un fomento económico moderno, también se buscará construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Esto implica impulsar al sector mediante inversión en desarrollo de capital físico y humano. Además, es necesario fomentar modelos de asociación que aprovechen economías de escala y generen valor agregado, así como otorgar certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos. Asimismo, se deberá incentivar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”.2

Respecto a la inversión en el desarrollo de capital humano, México cuenta con entidades encargadas de alentar proyectos de educación en las diferentes disciplinas que comprenden el océano y sus aguas continentales, así como sus múltiples interacciones y posibilidades.

En el caso que nos ocupa, y conociendo la necesidad que tiene el país de lograr la autosuficiencia alimentaria, y generar proteína de alta calidad nutrimental a precios accesibles para la población, se requiere impulsar un sistema educativo coordinado que brinde atención a la acuacultura y Pesca, con el propósito de coordinar políticas, estrategias y acciones que formen a técnicos y profesionistas que respondan a las necesidades actuales del sector.
Un mayor número de técnicos y profesionistas en este campo, pueden ayudar a hacer más rentable a la actividad pesquera, a la vez de acelerar el crecimiento de la acuacultura como alternativa para satisfacer la demanda de alimentos.

La educación debe proporcionar al estudiantado habilidades, competencias y capacidades para una inserción y desempeño laboral exitosos. Por ello, en el PND se busca fortalecer las carreras de corte tecnológico y vincularlas al sector productivo.

Así entonces, uno de los enfoques transversales del PND es el de un México con Educación de Calidad, cuya Estrategia 1 apunta a Democratizar la Productividad. Esto deriva, entre otras, en la línea de acción: Impulsar la creación de carreras, licenciaturas y posgrados con pertinencia local, regional y nacional.

Por otro lado, el Plan define una serie de Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, resaltando, para estos efectos, la Estrategia 3.1.3 que se orienta a “Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”, y la Estrategia 3.5.1. que busca “Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB”.

En la actualidad, tanto la pesca como la acuacultura continúan enfrentando problemas serios por la falta de recursos humanos especializados y capacitados para la extracción, cultivo, reinserción de especies, mejoramiento del ecosistema, creación de técnicas sustentables, técnicas de extracción y cultivos, así como para la adecuada dirección de proyectos en este ramo.

De igual forma, se precisa la necesidad de contar con científicos con el conocimiento de los recursos pesqueros y acuícolas, para lograr un adecuado aprovechamiento de los recursos.

De acuerdo a algunos antecedentes, fue entre los años de 1948 y 1950, cuando el Gobierno federal propició el establecimiento de los primeros centros educativos que atendieran los problemas que enfrentaban los pescadores de esa época, creando en primer término las escuelas prácticas de pesca que impartían cursos básicos para el ejercicio de la navegación, mecánica y pesca .

Posteriormente, al crearse la Subsecretaría de Pesca, las escuelas prácticas de pesca se convirtieron en centros de Capacitación Pesquera, que instruían a sus alumnos y capacitaban al personal que ya laboraba en el sector.

En Febrero de 1972, se estableció el PlanNacional de Educación Pesquera Integral y se creó el Fideicomiso para la Investigación y la Educación Pesquera (FIEP). En este año se creó Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En 1973, el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), estableció el Programa Nacional Indicativo para el Aprovechamiento de los Recursos Marinos, con los objetivos de estudiar de manera sistemática la problemática del mar, sus usos y recursos; fomentar el desenvolvimiento de las ciencias del mar; establecer la debida coordinación de los esfuerzos de las instituciones nacionales, y proponer las acciones para optimizar los aspectos de cooperación internacional, entre otros.

Como principal actividad realizada por este programa se puede destacar el Plan Nacional para crear una infraestructura en Ciencias y Tecnología de Mar, que fue un proyecto conjunto entre el Gobierno de México, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), y la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), con la participación de varias instituciones nacionales, y que permitió formar personal de alto nivel académico.

Cabe destacar los méritos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (INP),los cuales desde 1939 venían atendiendo las demandas de profesionales especializados en áreas de ciencias del mar principalmente en los aspectos de investigación del medio ambiente acuático y biología marina.
En la década de los setentas, se amplió la cobertura en la educación media superior con la creación de diferentes instituciones y dependencias relacionadas con la actividad pesquera y acuícola.

A la par, el sistema tecnológico continuó reforzándose mediante la formación de técnicos profesionales que debidamente se incorporaron a la demandas de la industria pesquera nacional.

Posteriormente, se abrieron nuevas licenciaturas como la de Oceanología en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABS); en Ingeniería Bioquímica, en el Instituto tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; así como carreras afines en las universidades de Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, Nuevo León, Veracruz y Guerrero.

Se fundaron las licenciaturas de Hidrobiología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la UNAM y en el IPN las licenciaturas como la de biología orientada a los aspectos marítimo-pesqueros, o al postgrado en Ciencias del Mar.

Los programas desarrollados por las instituciones nacionales de esos momentos establecieron una serie de apoyos logísticos y de infraestructura para la investigación científica y tecnológica del mar siendo algunos de éstos: datos oceanográficos; comunicación costera; pronóstico meteorológico; predicción de corrientes; oleaje y mareas; portulanos; cartas hidrográficas; cartas náuticas; cartas pesqueras; vigilancia de la contaminación, entre otros no menos importantes.

En la actualidad, existe un número considerable de instituciones de enseñanza de educación básica, media superior y superior, en las que se imparten carreras relacionadas con disciplinas de ciencias del mar, ciencias pesqueras, aspectos marítimo-pesqueros y acuacultura.

A nivel básico, continúan existiendo escuelas Secundarias Técnicas para la enseñanza de tecnología pesquera y acuícola, las cuales pertenecen al sistema educativo de la SEP y tienen como finalidad: brindar una educación tecnológica básica que permita al alumno, no sólo la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas manuales, si no la apreciación del significado que la tecnología tiene en su formación para participar productivamente en las actividades del sector acuícola y pesquero del país, además de proporcionar formación humanística, científica y artística.

Por otra parte, la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) adscrita a la SEP, es otra de las instituciones que cuenta a nivel medio superior con 32 Centrosde Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y dos Centros de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAC) .

El cometido de la DGECyTM, es el de formar a través de su sistema educativo, profesionistas de alto nivel con dominio de las nuevas tecnologías, que sean innovadores, competitivos, y críticos con una clara realidad de su medio ambiente laboral y social, lo cual será promovido a través de profesores comprometidos con el sector educativo, social, acuícola y marítimo-pesquero, mediante una infraestructura educativa consolidada en los nuevos avances científicos, tecnológicos y en los procesos de aprendizaje.

Por otra parte, a nivel superior existen Institutos Tecnológicos, pertenecientes a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (SEP), en la que existen carreras enfocadas a la pesca y acuacultura como la de ingeniería en pesquerías e ingeniería en acuacultura, entre los que destacan los planteles de Mazatlán, en Sinaloa;Guaymas en Sonora y Boca del Río, en Veracruz.

Por otra parte, algunas de las Universidades que cuentan con Escuelas, Facultades, Centrose Institutos de Investigaciones en Ciencias del Mar, Ciencias Pesqueras y Acuícolas son: la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Sonora, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, La universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Tabasco, la Universidad del Noroeste, la Universidad, del Mar, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma Metropolitana.

Existe una amplia gama de carreras a nivel licenciatura y posgrado que se ofrecen: Biología Marina, Biología Pesquera, Ecología Marina, Ingeniería Pesquera, Ingeniería en Pesquerías, Ingeniería en Acuacultura, Oceanología, Geología Marina. Oceanología, Ingeniería en Alimentos Marinos, Licenciatura en Administración de Recursos Marinos, Ingeniería Naval, Hidrobiología, Oceanografía Física, Ciencias Marinas, Ciencias Pesqueras y Manejo de Recursos Marinos, entre otras.

Estas instituciones educativas, tienen como objetivo análogo realizar investigación científica encaminada al conocimiento, preservación y manejo de los ecosistemas y recursos acústicos en afinidad con las ciencias del mar y pesqueras. Asimismo, contribuir a la formación de recursos humanos altamente calificados y divulgar los resultados de sus investigaciones tanto en el ámbito nacional como internacional.

Entre las líneas de investigación que se desarrollan son: Acuacultura, Contaminación e Impacto Ambiental, Manejo de Ecosistemas Costeros, Procesos Costeros, Recursos pesqueros Tropicales, Oceanografía Biológica, Oceanografía Física, Geología Marina, Química Acuática Limnología, Acuacultura, Arrecifes Coralinos, Biología Marina, Contaminación, Ecología Marina, Manejo Costero Pesquerías, Sanidad Acuícola, Plancton, Biología Marina, Pesquerías, Ictiología, Mamíferos Marinos, Oceanografía, Geología, Contaminación Marina, Bioquímica Marina, Acuicultura, Microbiología y Macroalgas.

Sin embargo, a pesar que el país tiene una amplia infraestructura de niveles educativos en áreas y disciplinas de las ciencias del mar y ciencias pesqueras y acuícolas, actualmente se considera que la capacidad instalada de este sistema en general no ha tenido las características necesarias para responder a las necesidades básicas en la formación de profesionales y técnicos capacitados que requiere el proceso productivo pesquero y acuícola nacional para su desarrollo, debido a la falta de una planeación y operación de políticas públicas educativas acordes a estos sectores.

Esto a su vez, ha ocasionado serios conflictos a los egresados de los diferentes niveles educativos quienes enfrentan dificultades al intentar colocarse en el mercado de trabajo, ya que en muchos casos carecen de experiencia práctica, debido entre otros factores, a la escasa vinculación entre el proceso educativo y el sector productivo.

Por otra parte, existe un gran reto para las facultades de ingeniería, los centros de desarrollo tecnológico, así como las diferentes entidades del país, las cuales deben diseñar programas estructurales que articulen grupos de investigación y entidades de conocimiento con los problemas del agro.

Otro de los aspectos de esta problemática, es que son mínimas las asignaturas de derecho pesquero y acuícola que se imparten en las facultades de Derecho de las Instituciones de Educación Superior, lo cual no permite conocer los ordenamientos y regulaciones de este sector productivo.

Es importante que los estudiantes de las carreras de derecho, desde su proceso de enseñanza tengan acceso a conocimiento del derecho marítimo, pesquero y acuícola, a efecto de poder proporcionar orientación profesional a los diferentes actores de esta actividad económica, que les ayude a solucionar los problemas legales.

Las Instituciones Educativas de Nivel Superior,deben formar a susalumnos en el análisis y la aplicación del Derecho pesquero y acuícola, desde una perspectiva multidisciplinaria, donde se estudien los aspectos jurídicos, económicos, organizativos y logísticos del sector marítimo-pesquero, en los ámbitos internacional, nacional y estatal.

Asimismo, se requiere impulsar las asignaturas de acuacultura en las carreras de índole agropecuario que se imparten en tecnológicos y universidades públicas, debido a que en la actualidad ésta actividad es la actividad más viable para proveer alimentosde proteína con alta calidad nutricional a la población.

Cabe mencionar que los estudiantes de carreras como agronomía y agrobiólogos, especialistas en cultivos, al estar en contacto directo con comunidades rurales, les resulta muy útil el contar con conocimientos de cultivos de especies acuáticas tanto marinas como de aguas continentales. En ese sentido, para fortalecer su preparación académica se requiere que la institución donde cursa sus estudios los provea de bases técnicas y científicas para que puedan interpretar, comprender y resolver problemas de los diversos tipos de cultivos, extracción y producción de especies acuáticas,sanidad e inocuidad, agotamiento de recursos naturales y especies en peligro de extinción.
Por todo ello, requerimos formar profesionistas de alto nivel con dominio de las nuevas tecnologías, que sean innovadores, competitivos y críticos con una clara realidad de su medio ambiente laboral y social, a través de profesores comprometidos con el sector educativo, social, acuícola y marítimo-pesquero.

De esta manera, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que impulse un Sistema Educativo Nacional que brinde atención a la Acuacultura y Pesca, con el propósito de coordinar políticas, estrategias y acciones que formen a técnicos y profesionistas que respondan a las necesidades actuales del sector.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que realice una revisión detallada de los Planes y Programas de Estudio, con el propósito de impulsar la asignatura de acuacultura en las carreras de índole agropecuaria que se imparten en los tecnológicos y universidades públicas, que ofrezcan a sus egresados la alternativa de incursionar en esta actividad productiva.

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a las Secretarías de Educación de las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal, para que en uso de sus atribuciones impulsen la asignatura de derecho pesquero y acuícola en las facultades de Derecho de las Instituciones de Educación Superior.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

1 Plan Nacional de Desarrollo, Pág. 82 Consultado en el sitio de internet
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf

2 Idem. Pág. 87






Del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a realizar lo correspondiente para reactivar e impulsar el turismo en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A REALIZAR LO CORRESPONDIENTE PARA REACTIVAR E IMPULSAR EL TURISMO EN EL ESTADO DE GUERRERO

"Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 109 y 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES; DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A REALIZAR LO CORRESPONDIENTE PARA REACTIVAR E IMPULSAR EL TURISMO EN EL ESTADO DE GUERRERO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Estado de Guerrero fue uno de los más afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel del pasado mes de septiembre. Hasta el momento el Gobierno Federal por medio de diferentes instancias, las y los legisladores y la sociedad civil han puesto en marcha acciones para recuperar de alguna forma las pérdidas causadas por las lluvias.

Para atender la emergencia que vive Guerrero desde luego se necesitan recursos económicos, para lo cual, el pasado 30 de septiembre realicé una propuesta para la creación de un Fondo para la reconstrucción de los 24 Estados afectados, a la cual se sumaron legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios.
Sin embargo, se necesita ayuda inmediata, que fluya directamente y tenga impacto a largo plazo, considero que por las condiciones de Guerrero la herramienta para ello es el turismo. Es la primera fuente de empleo para Guerrero y el principal destino turístico del Estado es Acapulco; uno de los municipios que resultó más afectado por las lluvias, sin embargo hoy en día la zona hotelera y los restaurantes ya se encuentran en condiciones de recibir visitantes.

El turismo es la actividad económica que más recursos deja al Estado, pues aporta 30,689,750 pesos (24%) al PIB total del Estado y emplea a 140.000 trabajadores.1 Y específicamente, el puerto de Acapulco sigue siendo uno de los destinos preferido por los extranjeros que visitan México.

Aunado a las comodidades y atractivos que siempre han ofrecido tanto Acapulco como Taxco y Zihuatanejo, hoy ir de vacaciones a Guerrero es una formade ayudar a la reconstrucción de la infraestructura y la economía. Al consumir en el Estado se incentiva un círculo virtuoso para sus habitantes ya que genera una derrama económica tanto para las empresas turísticas como para sus trabajadores y por ello es necesario generar estrategias que reactiven y fomenten dicha actividad económica en la región.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en una reunión que sostuvo en Acapulco el pasado 21 de septiembre a la cual asistieron; la Presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), la Secretaria de Turismo, el gobernador de Guerrero, el Director General del Grupo Mundo Imperial y prestadores de servicios turísticos, entre otros, instruyó que “en el muy corto plazo, todo México y el mundo entero sepa y esté debidamente enterado de que Acapulco está de pie y que va a recibir más turistas”, para ello solicitó a la Secretaría de Turismo trabajar en una campaña de reposicionamiento del Puerto, a darle impulso por medio de una campaña mediática, la cual aseguré que Acapulco se encuentra en buenas condiciones y así fomentar la llegada viajeros.

Resulta indispensable incluir al Triangulo del Sol,en las estrategias de reactivación y fomento del Turismo, para ello como Senador del Estado de Guerrero solicito respetuosamente que la campaña publicitaria también haga referencia a los municipios de Taxco y Zihuatanejo ya que es necesario hacer que se reactive la economía en diferentes zonas, es una forma efectiva y directa de generar empleo y por lo tanto, no solo beneficiar a los centros turísticos sino también a las zonas aledañas, lugares en donde residen los trabajadores de restaurantes y hoteles por ejemplo.

Es fundamental que estas acciones se lleven a cabo lo antes posible para que los turistas regresen a Guerrero y este sector comience a ser un motor de reconstrucción.

Aunado a esto es necesario generar incentivos para que la gente vaya al Puerto de Acapulco; la ruta Ciudad de México-Acapulco tiene una longitud de 390 kilómetros y un costo de 571 pesos, es fundamental que para que hoy en día Acapulco sea una opción para los turistas no se cobre peaje en la Autopista, por lo menos hasta el 15 de diciembre; lo anteriores un planteamiento legítimo que sin duda, fomentaría el turismo y, como ya fue mencionado se activaría un círculo económico virtuoso que aceleraría la reconstrucción.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que se agilicen las medidas de promoción turística comprometidas en Acapulco el pasado 21 de septiembre en reunión con prestadores de servicios del ramo. Así como,incluir en dichas acciones a los destinos del Triangulo del Sol, Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, con el fin de apoyar e impulsar la actividad turística en el Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Titular de Caminos y Puentes Federales a no cobrar peaje en la Autopista del Sol hasta el 15 de diciembre para incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el turismo en el Puerto y en el Estado de Guerrero en general.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 10 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter".

1 Secretaría de Relaciones Exteriores,
(Dehttp://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/ftgue.pdf, consultado el 9 de julio de
2013)






De la C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, que contiene puntode Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a cumplir con los protocolos de atención a los turistas y viajeros que vienen del extranjero y darles todas las facilidades para su estancia en el país. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE TURISMO, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GOBERNACION A CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE ATENCION A LOS TURISTAS Y VIAJEROS QUE VIENEN DEL EXTRANJERO Y DARLES TODAS LAS FACILIDADES PARA SU ESTANCIA EN EL PAIS








De las CC. Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instalar un observatorio nacional del suicidio. Se turna a la Comisión de Salud.








De las CC. Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la elección de México como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXPRESA SU BENEPLACITO POR LA ELECCION DE MEXICO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

“La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con el carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: proposición con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito por la elección de México como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,reconoce y felicita a la sociedad civil mexicana defensora de los derechos humanos y a los integrantes de las instituciones y AGENTES del Estado Mexicano por haber contribuido a los logros que finalmente llevan a la mencionada elección, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El pasado martes 12 de noviembre México fue electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, según lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en su comunicado con número 440. La Secretaría señaló que México fue electo con 135 votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas para el periodo 2014-2016 y que dicha elección está fundamentada en la resolución 60/251 de la Asamblea General, considerando la contribución a la promoción y protección de los derechos humanos por parte de los candidatos.

2.- El Consejo de Derechos Humanos es el órgano de mayor jerarquía en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, está compuesto por 47 Estados Miembro y tiene como objetivo fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, así como enfrentar las situaciones de violaciones y formular recomendaciones sobre ellas.

3.- El Consejo de Derechos Humanos fue establecido por la Asamblea General el 15 de marzo del año 2006, sustituyendo a la Comisión de Derechos Humanos. México fue un impulsor de la creación de dicho Consejo, y uno de sus Miembros Fundadores. De hecho, el primer Presidente del Consejo de Derechos Humanos fue México, en la persona del Embajador Luis Alfonso De Alba Góngora. México ha formado parte del Consejo de Derechos Humanos en dos ocasiones anteriores: 2006-2009 y 2009-2012.

4.-Entre las tareas del Consejo de Derechos Humanos destaca el proporcionar orientación a los Estados, estudiar las violaciones a los derechos humanos y desarrollar nuevas normas internacionales, vigilar y examinar el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, tomando en cuenta la información proveniente de los Estados, las Organizaciones no Gubernamentales y otras fuentes.

Examen Periódico Universal cada 4 años. Dicho examen, tiene el fin de mejorar la situación de derechos humanos y atender las violaciones a los mismos. México, al presentar su candidatura, se comprometió a impulsar y fortalecer esta examinación, ya que se considera es la herramienta más efectiva en materia de cooperación para alcanzar el gran objetivo de promover y proteger los derechos humanos. México fue examinado en octubre del presente año 2013 recibiendo 176 recomendaciones.

5.-Es fundamental tener presente que México, para ser electo miembro del Consejo de Derechos Humanos, presentó atinadamente por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores un documento denominado; “CANDIDATURA DE MEXICO AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 2014-2016. Promesas y contribuciones de México a la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.

En el mencionado documento, México destaca su participación en el Consejo en periodos anteriores. Se transcribe a continuación:

I. México en el Consejo de Derechos Humanos:

Impacto de su participación

México ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos en dos ocasiones (periodos 2006-2009 y 2009-2012). Como miembro el Consejo, México se ha constituido como un actor de enorme sentido de responsabilidad para impulsar un enfoque de cooperación, iniciativas novedosas y una actuación oportuna de ese órgano internacional en situaciones críticas de derechos humanos que se presentan en todo el mundo.

• México impulsó el nacimiento del Consejo de Derechos Humanos como un órgano para la promoción y protección de los derechos humanos con vocación universal, capaz de atender la situación de todos los derechos humanos en cualquier parte el mundo.

• México asumió la primera residencia el Consejo con la convicción de consolidar su mandato con base en el principio de la no selectividad.

• Bajo el liderazgo de la presidencia de México se garantizó la institucionalización del Consejo, la definición de su funcionamiento y las herramientas que hoy guían sus trabajos, entre la que destaca el mecanismo del Examen Periódico Universal.

• Con la presidencia mexicana la construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos se logró a partir de un proceso participativo, equilibrado y transparente que dio paso al acuerdo unánime de crear un sistema de protección basado en la cooperación.

• Durante el proceso de revisión el trabajo el Consejo, México fomentó un diálogo plural con el objetivo de abrir paso a propuestas que reconciliaran las diversas visiones sobre cómo fortalecer al órgano.

• México favoreció la adopción de procedimientos que otorgaron mayor relevancia institucional al Consejo, como el que hoy establece su relación directa con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

• México ha contribuido a ampliar y fortalecer a participación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros actores interesados en los trabajos del Consejo.

• México ha promovido que únicamente los Estados que cumplen con los más altos estándares internacionales de derechos humanos sean parte del Consejo y ha velado por el compromiso que los Estados adquieren frente a la protección y promoción de los derechos humanos al formar arte el órgano.

• México ha buscado incorporar fórmulas para establecer criterios y otorgar mayor flexibilidad a este órgano para reaccionar de manera proporcional, eficaz menos selectiva, ante las situaciones de violaciones a los derechos humanos.

• México ha guiado sus trabajos en el Consejo bajo los principios deuniversalidad, no selectividad, equilibrio rendición de cuentas.
• México representa un soporte financiero para el sistema de protección de los derechos humanos, al ser el décimo mayor contribuyente al presupuesto regular de Naciones Unidas y al buscar de manera permanente el aumento del presupuesto destinado a derechos humanos.

6.- Como integrante del Consejo, y por vocación propia México deberá seguir siendo ejemplo en la promoción y defensa de los derechos humanos, para lo cual nuestro país se comprometió a contribuir con el fortalecimiento del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, cumplircon todas las obligaciones en la materia, tanto a nivel internacional como con las impuestas internamente. Es precisamente en atención a ello que el país plasmó claramente su compromiso irrestricto en el citado documento en el apartado que se cita a continuación:

IV. Compromisos de México para la promoción y protección de los derechos humanos 014- 016

El interés de México en participar activamente en los trabajos el Consejo de Derechos Humanos parte del reconocimiento de las ventajas que significa la cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, así como en la construcción de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos a nivel internacional.

La experiencia de México como miembro del Consejo desde su fundación, el papel que desempeñó en el proceso de construcción institucional y los importantes desarrollos que en los últimos años se han registrado a nivel nacional en la materia, respaldan su aspiración ser miembro de este órgano para el periodo 014-2016.

México ha favorecido el tratamiento equilibrado de os distintos temas que integran la amplia agenda de trabajo del Consejo y ha promovido una cultura de diálogo y entendimiento entre las delegaciones para alcanzar soluciones creativas en los temas más complejos. Se ha privilegiado el uso progresivo de las herramientas con las que cuenta el Consejo para responder de manera adecuada a las distintas situaciones, buscando siempre que las acciones el Consejo coadyuven a mejorar la promoción y protección de los derechos en el terreno.

Para el periodo 2014-2016 México asume los siguientes compromisos relacionadoscon el fortalecimiento y colaboración con el sistema internacional, con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, sí como con la aplicación de los estándares internacionales a nivel interno.

• Contribuir al fortalecimiento del sistema internacional de los derecho humanos y, particularmente a la consolidación del Consejo de Derechos Humanos, de forma congruente con la reforma a la Constitución de México en junio de 2011, que establece como principio de política exterior el respeto, la protección y promoción de los derechos.

• Propiciar un tratamiento objetivo y eficaz de la situación de derechos humanos en cualquier parte del mundo.

• Favorecer el desarrollo permanente de los estándares internacionales de derechos humanos necesarios para cubrir cualquier vacío de protección y para otorgar mayor coherencia al marco normativo internacional.

• Mantener una participación activa y constructiva en el seno del Consejo a fin de que el órgano tenga un papel eficaz en la difusión de una cultura de derechos humanos a nivel internacional y en la cooperación de doble vía con el sistema internacional de los derechos humanos, para fortalecer las estructuras nacionales.
• Consolidar el Mecanismo de Examen Periódico Universal como la herramienta más efectiva en materia de cooperación, evitando que sea identificado como el especio en el cual deben abordarse violaciones crónicas de derechos humanos. Profundizar en los esfuerzos en torno a los cambios estructurales nacionales, particularmente en las áreas de fortalecimiento institucional, capacitación de funcionarios públicos, difusión de la cultura de los derechos humanos y ampliación del diálogo con la sociedad civil.

• Asegurar que el Consejo de Derechos Humanos cuente con el presupuesto necesario para el desempeño de sus actividades, en tanto que los derechos humanos constituyen el tercer pilar de Naciones Unidas.

• Promover la eficacia y garantizar la autonomía de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los procedimientos especiales del Consejo.

• Incorporar de manera coherente la perspectiva de derechos humanos en el trabajo de las Naciones Unidas a partir de la interrelación de los pilares de desarrollo, seguridad y derechos humanos, así como promover la coordinación y complementariedad del trabajo del Consejo con la Asamblea General y otros órganos.

• Cumplir con sus obligaciones internacionales, particularmente las relacionadas con la sustentación de informes sobre la implementación de los tratados de derechos humanos y contar con mecanismos efectivos que permitan la atención de recomendaciones de órganos de tratados. Asimismo, promover el fortalecimiento del sistema de órganos de tratados.

• Continuar con la práctica de apertura plena a los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, así como la elaboración con éstos en el seguimiento de sus recomendaciones y en el respaldo a sus mandatos en los foros internacionales competentes.

• Mantener la colaboración con el sistema regional y cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

• A nivel interno, redoblar esfuerzos para lograr la adecuada implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, particularmente para que los estándares internacionales sean incorporados en la legislación y las políticas públicas nacionales.

Asimismo, México se comprometió a:

• Promover el respeto y la promoción de los derechos de las personas migrantes, de las personas con discapacidad y de los pueblos indígenas.

• Presentar iniciativas encaminadas a contrarrestar y eliminar la discriminación contra la mujer, la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y el registro de nacimiento y el derecho a ser reconocido como persona ante la ley.

7.- Finalmente, en el capítulo V; Rendición de Cuentas: acciones emprendidas por México en cumplimiento a sus compromisos (2009-2012),del ya multicitado documento, México enumera una serie de logros y contribuciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entre las internacionales, destaca la apertura a revisiones y visitas de diversos relatores y la presentación de un serie de informes sobre los avances en los distintos temas o áreas de derechos humanos, así como la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A nivel nacional señala los avances en materia legislativa, destacando la reforma constitucional, la nueva Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, la federalización de los delitos contra periodistas entre otras. A nivel nacional también se señalan algunos avances en materia de políticas públicas y fortalecimiento de instituciones en materia de derechos humanos.
En mérito de lo antes precisado y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

II.- Que de acuerdo a las facultades conferidas al Senado de la República, está la de analizar la política exterior del estado mexicano, así como aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, tal y como a continuación se indica:

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

III. Que México fue electo por la Asamblea General de Naciones Unidas para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, según los antecedentes previamente expuestos.

IV. Que el Consejo fue creado por las Naciones Unidas, en la Asamblea General del 15 de marzo de 2006 mediante resolución 60/251, cuyo objetivo es supervisar, analizar, asesorar e informar públicamente sobre cuestiones temáticas o situaciones de derechos humanos en países específicos.

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su beneplácito por la elección de México como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce y felicita a las Organizaciones de la Sociedad Civil mexicana por su apoyo y justo reclamo en la promoción y defensa de los derechos humanos.

TERCERO.- El Senado de la República se complace por los logros alcanzados en materia de los derechos humanos y reconoce que todavía quedan muchos pendientes por lo que refrenda su compromiso de seguir trabajando en la construcción de un marco jurídico y en el impulso de políticas públicas que permitan la más eficiente y eficaz promoción y defensa de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.






Del C. Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a tomar medidas para fomentar el desarrollo económico de las micro y pequeñas empresas, a través de sus exportaciones. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, A TRAVES DE SUS EXPORTACIONES

“El suscrito, MARIO DELGADO CARRILLO, Senador a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente PROPOSICION CON PUNTODE ACUERDO CON RELACION A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO ECONOMICO QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La economía mexicana creció 1.5% en el segundo trimestre del año, tasa significativamente inferior al crecimiento promedio anual de 2.1% registrado en los últimos 12 años.

En el mes de octubre la SHCP estimó que el crecimiento económico de México alcanzará 1.7% en el año 2013. Esta proyección es sensiblemente menor al pronóstico de 3.5% plasmado en los Criterios Generales de Política Económica 2013.

Más aún, en el mes de octubre el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento económico de tan sólo 1.2%, pronóstico significativamente menor al 2.9% que había proyectado en el mes de julio. De cumplirse esta proyección la economía mexicana habrá registrado en el año 2013 una tasa de crecimiento de prácticamente la mitad del crecimiento promedio anual observado en los últimos 12 años.

El pasado 13 de septiembre se realizó una reunión en la Residencia Oficial de los Pinos, entre el Secretario de Hacienda y los Gobernadores de las diferentes Entidades Federativas. En dicha reunión se presentó un Programa de Aceleración del Crecimiento que, de acuerdo con el discurso pronunciado por el Secretario, cuenta con tres ejes, que a continuación se describen:

1. Medidas de colaboración entre el Gobierno Federal y los Estados para impulsar el gasto en obras públicas.

2. Impulso a distintos programas de crédito a través de la banca de desarrollo, particularmente orientados a fortalecer la capacidad de consumo de las clases populares.

3. Apoyo decidido al financiamiento del sector de la vivienda.

Este planteamiento carece de elementos orientados a impulsar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que son la base de la generación de los empleos de nuestro país.

Por otro lado, en el proyecto de reforma fiscal, el Gobierno Federal ha incluido la propuesta de gravar con IVA a las importaciones temporales. Esto no sólo afectaría a las compañías transnacionales que importan grandes cantidades de insumos, sino que debilitaría la situación financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas, quienes también importan insumos para elevar su competitividad, ante la falta de materias primas e insumos nacionales.

En lo que respecta a la base de exportadores del país, existe una gran concentración de las ventas al exterior en muy pocos grandes exportadores; mientras que las micro y pequeñas empresas no representan un porcentaje significativo de las exportaciones. De las poco más de 35,000 empresas exportadoras del país, cerca del 70% -que equivale a más de 24,000 empresas- exportan menos del 0.4% de las exportaciones no petroleras. Esto hace evidente la falta de apoyo que tradicionalmente han enfrentado las PyMEs exportadoras, mismas que integran un mayor contenido de insumos nacionales en sus productos.
Ante esta situación de débil crecimiento económico y propuestas fiscales que podrían vulnerar la solidez financiera de las Pequeñas y Medianas Empresas, se considera fundamental poner en marcha un programa emergente de apoyo que permita impulsar las exportaciones de las PyMEs. De esta forma, las ventas al exterior se podrían convertir en un verdadero motor del crecimiento económico en México.

Al respecto, una manera altamente efectiva de impulsar las exportaciones de las PyMEs es mediante la apertura de una sucursal con vocación de ventas en el extranjero. Esto tiene amplias ventajas como son la posibilidad de diversificar la cartera de clientes en otros países, y la obtención mejores márgenes de utilidad, gracias a que las empresas no recurren a intermediarios.

El artículo 34 numeral IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la Secretaría de Economía fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país. Asimismo, el numeral XXIII de dicho artículo señala que corresponde a la Secretaría de Economía promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional.

En el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía -publicado el 14 de enero de 2013 en el DOF-, se crea el Instituto Nacional del Emprendedor, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social.

Se recomienda respetuosamente que el Instituto Nacional del Emprendedor ponga en marcha unprograma integral emergente de apoyos económicos para la internacionalización de las empresas mexicanas, que cuente con rubros de apoyo para realizar diagnósticos empresariales, planes de desarrollo, asesoramiento técnico para cumplir con normas y requisitos internacionales, obtención de certificaciones, asistencia legal relacionada con los trámites de apertura de empresas en el extranjero, asesoría y trámites para contar con certidumbre jurídica y migratoria en el extranjero, estudios de mercado para desarrollar estrategias comerciales, entre otros aspectos.

Por todo lo anterior, someto a consideración de la H. Cámara de Senadores la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA A IMPLEMENTAR, A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, UN PROGRAMA EMERGENTE DE APOYOS ECONOMICOS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS MEXICANAS, QUE LES PERMITA, A TRAVES DE LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL EXTRANJERO, ACCEDER A CLIENTES POTENCIALES DE MANERA DIRECTA.

SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE NACIONAL FINANCIERA (NAFIN) Y DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT), A QUE DESARROLLEN INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA QUE LAS PYMES MEXICANAS ACCEDAN A CREDITO, A TASAS COMPETITIVAS, QUE LES PERMITA FINANCIAR PARCIALMENTE LOS COSTOS RELACIONADOS CON LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL EXTRANJERO.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Mario Delgado Carillo”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Sonora a instruir a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública, Desarrollo Social y al titular del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, a que de manera conjunta establezcan una estrategia integral a fin de erradicar el fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar en dicho estado. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA A INSTRUIR A LOS SECRETARIOS DE EDUCACION Y CULTURA, SALUD PUBLICA, EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA, DESARROLLO SOCIAL Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA, A QUE DE MANERA CONJUNTA ESTABLEZCAN UNA ESTRATEGIA INTEGRAL A FIN DE ERRADICAR EL FENOMENO LLAMADO “BULLYNG” O ACOSO ESCOLAR EN DICHO ESTADO

"Los que suscriben, las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera enérgica al Gobernador del Estado de Sonora, C. Guillermo Padrés Elías a que en el ámbito de sus facultades instruya a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública, Desarrollo Social y al Titular del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, a que de manera conjunta establezcan una estrategia integral a fin de erradicar el fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar en el Estado de Sonora, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El concepto de “bullyin” refiere a distintas situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamiento y victimización que ocurren reiteradamente entre escolares.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entiende por acoso escolar los procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de aula o de centro escolar.

Un estudio realizado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados establece que Bullying es:

Una forma de comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, que se puede ejercer durante semanas o incluso meses, y supone una presión hacia las víctimas que las deja en situación de completa indefensión.

Un fenómeno que normalmente ocurre entre dos (o más) iguales, la semejanza más común reside en la edad. A pesar de esta coincidencia, debe existir un desequilibrio entre los participantes (de poder) con el fin de que a través del abuso se domine e intimide al otro.

Actos negativos generalmente deliberados, reiterativos, persistentes y sistemáticos, que pocas veces son denunciados, pues en la mayoría de los casos el agredido no puede defenderse y se generan en él muchos sentimientos encontrados que le impiden pedir ayuda.

En el caso del bullying puede o no haber daños físicos, pero siempre hay daño emocional, característica necesaria para definir una conducta como bullying.

Para dar a conocer la frecuencia con que se da el fenómeno, un estudio realizado por la CEPAL en agosto de 2011 se señala que un 11% de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, mientras que en secundaria ese porcentaje alcanza a poco más de un 7%. Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de 6º grado de primaria que declaran haber sido en su escuela, víctimas de: robo 40.24%, insultados o amenazados 25.35%, golpeados 16.72%, o atravesado por algún episodio de violencia 44.47%.

En este sentido, en el mes de agosto del año 2011, en una publicación mensual de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, denominada “Sonora Seguro”, en donde se enfatizó el tema de “Alto al Bullying”.
En dicha publicación se señala que en 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indico que México ocupa el primer lugar en casos de violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de educación básica de 23 países que se analizaron. se dio a conocer que México ocupa el primer lugar en casos de violencia verbal, física, sicológica y social (bullying) entre alumnos de educación básica de 23 países, según la Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés)

Al mismo tiempo, la CNDH menciona que 3 de cada 10 estudiantes de primaria sufren alguna agresión física por parte de un compañero, por lo que ante este fenómeno conocido como “bullying”, le sigue la nueva modalidad de acoso a través de internet o “ciberbullying” que va en incremento, ya que existe un riesgo de que 18 millones 781 mil 875 niños que estudian primaria o secundaria puedan ser víctima de este fenómeno, por ello es imprescindible reforzar las acciones para erradicar esta práctica nociva.

Los anteriores elementos que explican el presente fenómeno de acoso escolar o el llamado “bullying”, son en razón de que el pasado viernes 18 del presente, en la escuela secundaria número 11 “Rafael Huerta Sandoval” del Municipio de Hermosillo, Sonora, un menor de edad, alumno de dicha escuela, se suicidó; autoridades de la escuela, así como trabajadoras sociales, reconocen que sabían del problema de acoso que vivía el joven, tanto es así que las declaraciones de una de las trabajadoras sociales de la secundaria señalaron “la ‘carrilla’ siempre estaría pero que debíamos aprender a ser fuertes, a soportar la “carrilla” y después dejó de venir conmigo1

El acoso escolar o “bullying” una vez más ha cobrado una vida, es lamentable que aún a pesar de que el gobierno del Estado de Sonora cuente con protocolos de detección de acoso o “bullying”, las autoridades escolares no estén capacitadas para atender y dar seguimiento a problemas como lo sucedido en la secundaria aquella entidad.

No se puede obviar en ningún momento que los juegos entre jóvenes son sólo de jóvenes. Recordando que no es la primera vez que un caso como este se presenta en el Estado de Sonora, el Gobernador está facultado para intervenir e instruir que se implementen los mecanismos y protocolos para erradicar el fenómeno del acoso escolar o el llamado “bullying”.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta de manera enérgica al Gobernador del Estado de Sonora, C. Guillermo Padrés Elías a que en el ámbito de sus facultades instruya a los Secretarios de Educación y Cultura, Salud Pública, Ejecutiva de Seguridad Pública, Desarrollo Social y al Titular del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Estado, a que de manera conjunta establezcan una estrategia integral a fin de erradicar el fenómeno llamado “bullyng” o acoso escolar, en el Estado de Sonora.

Segundo.- Se exhorta con pleno respeto a la soberanía del Congreso del Estado de Sonora, para que en el ámbito de sus facultades considere regular, en la legislación correspondiente, el fenómeno del acoso escolar comúnmente denominado “bullying”.

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Sonora a fin de que se investigue y se sancione a las autoridades responsables que por haber incumplido con sus responsabilidades profesionales orillaron al menor al suicidio.

Dado en el Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013.

Atentamente".

1 http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22102013/767100-Nunca-nos-imaginamos-que-esto-podria-continuar-Director.html






Del C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo relativo a la situación que prevalece en las concesiones de la banda de 2.5 gigahertz del espectro radioeléctrico. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACION QUE PREVALECE EN LAS CONCESIONES DE LA BANDA DE 2.5 GIGAHERTZ DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO








Del C. Senador Víctor Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo sobre las presuntas acciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al entonces Presidente Felipe Calderón y al candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS PRESUNTAS ACCIONES DE ESPIONAJE REALIZADAS POR LA AGENCIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, AL ENTONCES PRESIDENTE FELIPE CALDERON Y AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA ENRIQUE PEÑA NIETO

"El que suscribe, VICTOR MANUEL CAMACHO SOLIS, Senador de la República a la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la siguiente PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS PRESUNTAS ACCIONES DE ESPIONAJE REALIZADAS POR LA AGENCIA DE SEGURIDAD DE LOS ESTADOS UNIDOS (NSA), AL ENTONCES PRESIDENTE FELIPE CALDERON Y AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA ENRIQUE PEÑA NIETO.

El comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 20 de octubre de 2013 referido a las filtraciones adicionales publicadas en medios internacionales repiten la posición inicial del gobierno mexicano de abordar el problema por la vía diplomática y del diálogo de alto nivel. Este enfoque que tuvo una justificación al inicio, resulta insuficiente en la actualidad en virtud de que aún no se conoce hasta ahora una respuesta suficiente de parte del gobierno norteamericano y porque existen informaciones adicionales que pretenden involucrar al propio gobierno mexicano en haber facilitado que estas acciones se hubieran llevado a cabo.

Este Senado considera que el gobierno mexicano está obligado a actualizar su repuesta en función de las nuevas informaciones, ya sea para confirmar si es que hubo una cooperación interna que la facilitara, o si se trata de un asunto exclusivo de violación al derecho internacional.

Esta Cámara Alta coincide en que en una relación entre vecinos y socios no hay cabida a las prácticas que se alega tuvieron lugar y que corresponderá al gobierno mexicano hacer las reclamaciones pertinentes o cualquier acción adicional.

Por lo que corresponde al Senado de la República, se considera de la mayor importancia que en el ámbito de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, se convoque a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores con el objeto de conocer y aclarar cuál es la información con la que cuenta el gobierno mexicano y las acciones que se podrían llevar a cabo por sí o de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Congreso.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, como de urgente resolución, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, se solicita citar a los C. Secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores a comparecer antela Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para informar sobre las presuntas informaciones adicionales realizadas en territorio mexicano por la Agencia Nacional de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís".






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe detallado sobre las causas que propiciaron el incremento de la contratación de deuda durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO A REMITIR UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CAUSAS QUE PROPICIARON EL INCREMENTO DE LA CONTRATACION DE DEUDA DURANTE LA ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERON HINOJOSA

"Los que suscriben, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las causas que propiciaron el incremento de la contratación de deuda durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el primer año de ejercicio de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, podemos estar orgullosos de haber aprobado una legislación trascendental para la vida política del país: evitar que la federación, estados y municipios se endeuden irresponsablemente.

Hoy, tenemos un marco jurídico que establecen sanciones ejemplares a los funcionarios que oculten información sobre el uso y destino de las finanzas públicas. En ese sentido, es importante señalar que se garantiza a todos los mexicanos el derecho a saber en qué se están utilizando nuestros recursos.

Es una iniciativa de gran trascendencia para México, más aun cuando tenemos mayor conocimiento del endeudamiento irresponsable que se dio bajo la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo cual, entre otras cosas, nos demuestra la falta de responsabilidad de los gobiernos blanquiazules en el manejo de las finanzas públicas, pero sobre todo, que compromete la estabilidad económica de las próximas generaciones.

La deuda de México, durante la administración de Calderón Hinojosa,se incrementó tanto en el ámbito interno, como en el externo, logrando situaciones de endeudamiento históricas.

Las cifras son alarmantes, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), referente a las finanzas públicas y a la deuda pública del año 2012, para noviembre 2012, último mes de gestión del Calderón Hinojosa, la deudainterna del sector público federal se ubicó en un máximo de 3 billones 567 mil 800 millones de pesos, y la deuda externa neta fue de 123 mil 100 millones de dólares.

La situación no termina ahí, los incrementos a la deuda interna y externa superaron el 100% en ambos casos. La deuda interna aumentó a máximos de un 168%, mientras que la deuda externa se incrementó en un 146.6%.

Durante noviembre de 2006 y noviembre de 2012, el saldo de la deuda interna registró un crecimiento de 2 billones 241 mil 100 millones de pesos,pasó de un billón 326 mil 737.3 millones a 3 billones 567 mil 800 millones de pesos, lo que constituye un incremento de 168 por ciento.

La deuda externa neta del gobierno federal aumentó un 146.6 por ciento, equivalente a 73 mil 200 millones de dólares, al pasar en noviembre de 2006 de 49 mil 919.1 millones a 123 mil 100 millones de dólares.

Según los datos oficiales, se observa un especial incremento desmedido en la deuda pública en el último año de gestión. En los primeros 11 meses de 2012, la deuda interna neta del sector público federal1 registró un incremento de 309 mil 400 millones de pesos respecto del saldo reportado el año anterior. El endeudamiento interno neto fue de 484 mil 300 millones de pesos. La deuda externa, presentó igualmente un incremento considerable. Para noviembre de 2012 la deuda externa neta del sector público federal creció en 9 mil 500 millones de dólares frente al cierre del año anterior.

Es lamentable que ante un contexto en donde la comunidad internacional actúa responsablemente para superar la crisis económica mundial, se lleven a cabo estas acciones en donde se manifiesta la falta de compromiso, transparencia y responsabilidad con los mexicanos. Los gobiernos blanquiazules nos heredaron un México endeudado como nunca antes.

Por lo anteriormente expuesto, es que se somete a consideración de esta Honorable Soberanía la presente proposición con el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, a que realice un investigación minuciosa para saber si existe alguna irregularidad sobre la contratación de deuda pública durante la gestión del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y, en caso de encontrarse alguna responsabilidad, se recomiende a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas ya Procuraduría General de la República apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Ley a los funcionarios.

Dado en el Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013.

Grupo Parlamentario del PRI".

1 Incluye al gobierno, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Banca de Desarrollo.






Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a informar las razones del retraso en la entrega del Fondo Pyme a los estados y cuáles serán las medidas que aplicará para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A INFORMAR LAS RAZONES DEL RETRASO EN LA ENTREGA DEL FONDO PYME A LOS ESTADOS Y CUALES SERAN LAS MEDIDAS QUE APLICARA PARA QUE NO SE REPITA DICHO RETRASO EN AÑOS SUBSECUENTES

“FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Economía informe a esta Soberanía todas y cada una de las razones del retraso en la entrega del Fondo Pyme a los estados y haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.

CONSIDERACIONES

La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PYME, lexicalizado como pyme) es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término MiPyME (acrónimo de “micro, pequeña y mediana empresa”), que es una expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa.

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal.

Existen diferentes posturas para clasificar a este tipo de empresas incluso dicha confusión y la falta de un parámetro real o indicadores confiables para su medición fue lo que muchas veces dificultó al Estado Mexicano para enfocar sus esfuerzos al no saber quién era micro, pequeño, mediano o grande, incluso esto varia de un país a otro de forma cualitativa y cuantitativamente por la misma aplicación de políticas de ayuda crediticia, arancelaria, fiscal y de asistencia técnica que cada país determina, en la actualidad se considera el número de trabajadores empleados y no sus ingresos como el mecanismo más eficaz para determinar si es Micro, pequeña o mediana empresa, la anteriormente denominada Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), fue quien determinó el tomar este criterio como válido y estableció que la empresa mediana es aquella que tiene una estructura, conocimientos y un crecimiento sustentable en volumen de empleo y la empresa pequeña y micro son los negocios relacionados con la subsistencia y el autoempleo, en lo que se refiere a las principales características de las MIPYMES son aquellas que tienen un componente inminentemente familiar, que carecen de formalidad, tienen falta de liquidez, falta de solvencia, operan con escalas bajas de producción, utilizan tecnologías adaptadas y su financiamiento proviene de fuentes propias además de que en su mayoría carecen de mano de obra calificada.

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que México ha tenido en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.

Por la importancia de las PYMES, es fundamental instrumentar acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación.

A través de la tecnología en internet, podemos observar que existen cifras de las dos formas de surgimiento y clasificación de las Pymes. Por un lado, aquellas que se originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo en dinero remunerado. Estas en su mayoría, son capital multifuncional y se desarrollan dentro del sector formal de la economía.

Por otro lado, aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión, a lo que solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas como el costo de oportunidad del capital, o la inversión que permite el crecimiento.
A partir del presente año, la Secretaría de Economía, maneja los recursos del Fondo Pyme a través de El Instituto Nacional del Emprendedor que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

Este año el Fondo Pyme cuenta consiete mil 291 millones de pesos para aplicarlos en los variados programas en todo el país, mismos que a la fecha, según declaraciones recientes del licenciado Enrique Jacob Rocha Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) no han sido entregados a los estados, sin embargo no ha quedado claro todas y cada una de las razones debidamente justificadas que a casi finalizar el presente ejercicio, todavía no se haya hecho entrega de los apoyos antes mencionados, ello sin contar que los beneficiarios tendrán poco tiempo para devengar los recursos y comprobarlos.

En Pachuca, por ejemplo el retraso en la entrega de recursos del Fondo Pyme ha afectado la agenda que tenían programada algunos organismos empresariales, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantesy Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) entre otros.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que informe todas y cada una de las causas por las cuales no ha sido entregado el Fondo Pyme en la mayoría de los estados, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicarán para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor tome en consideración el retraso en la entrega del recurso, con la finalidad de que los plazos para la aplicación del mismo se amplíen.

Dado en el Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Francisco Salvador López Brito
Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional”.






De la C. Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades del estado de Tlaxcala a actuar dentro de sus facultades a fin de que eviten vulnerar las garantías constitucionales de libre asociación sindical. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE TLAXCALA A ACTUAR DENTRO DE SUS FACULTADES A FIN DE QUE EVITEN VULNERAR LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LIBRE ASOCIACION SINDICAL

“La suscrita, Senadora, Lorena CuEllar Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION, POR LA QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EVITAR QUE SE VULNEREN LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LIBRE ASOCIACION SINDICAL Y LLAMA A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA ACTUAR EN EL MARCO DE SUS FACULTADES, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Tlaxcala, la violación a las garantías constitucionales se está convirtiendo en una práctica constante, que afecta profundamente el estado de derecho dentro del cual deberíamos vivir y repercute gravemente en la sociedad, en las familias y en los individuos.

En esta misma tribuna he dado a conocer los actos arbitrarios, injustos, ilegales y hasta ilícitos, que el gobierno de mi Entidad Federativa, ha cometido en agravio de los ciudadanos y sus familias.

La lista de este tipo de acciones es larga,preocupante y va en aumento, me permito mencionarles algunas:

• La violación a los derechos laborales que se llevó a cabo de manera arbitraria en el proceso de depuración de los cuerpos de seguridad, generando un movimiento social de trabajadores inconformes, donde uno de los líderes perdió la vida, en circunstancias hasta ahora no aclaradas completamente.

• El despido injustificado de decenas de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala; trabajadores de base, con antigüedades que alcanzaban algunos de ellos más de veinte años de servicio y cuyos procesos laborales están todavía pendientes de resolución jurisdiccional.

• La presión y represión constante sobre trabajadores del sector salud y sus sindicatos.

• El decreto de Ley de Pensiones Civiles, fue aprobado mediante un procedimiento vigilado e impuesto al Congreso Local por el titular del Ejecutivo del Estado. Esto generó innumerables juicios de amparo llevados ante Tribunales, quienes resolvieron en contra de dicho ordenamiento; generando una respuesta oficial en la que hace unos días el Congreso Local nuevamente cooptado y presionado aprobó una ley para dejar sin materia los amparos, pero sobre todo para ocultar la inconstitucionalidad que atenta contra los derechos laborales de los servidores públicos tlaxcaltecas.

• La detención y sujeción a proceso penal del Director de un importante medio de información por internet denominado “Consulta”, que ha sido crítico constante de las acciones gubernamentales, incluidas algunas referentes a mi persona,vulnerándose en su contra las garantías constitucionales de expresión y prensa.

• Por si lo anterior fuera poco, las acciones de represión se han multiplicado en contra del magisterio de esa Entidad, sobre todo en tratándose de las jubilaciones, en donde muchos profesores han sidoamenazados con perjudicar a sus familiares que todavía están activos en dicho sector, incluido el despido, si no aceptan las condiciones de jubilación y pensiones, tomándose como basenormas de cuestionable constitucionalidad y que pretender aplicarles, algunas de ellas, hasta de manera retroactiva en su perjuicio, lo que trae por consecuencia la disminución de sus percepciones a las que legítimamente tienen derecho, después de toda una vida de trabajo en el servicio público.

De todo lo anterior, he presentado ante el pleno de esta soberanía, por separado en intervenciones específicas: antecedentes, datos, nombres y circunstancias de prácticamente todos estos hechos; este Senado ha enviado exhortos a las autoridades correspondientes para evitar quese siga rompiendo el estado de derecho en Tlaxcala, pero los resultados han sido francamente desalentadores.

La evidente y peligrosa impunidad con que, en todos estos hechos, se han conducido las respectivas autoridades de Tlaxcala, puesto que no ha habido ningún efecto jurídico o resoluciónde tribunal que sancione dichas conductas y; los malos ejemplos de vulneración de garantías individuales establecidas en nuestra constitución federal, en perjuicio de habitantes y ciudadanos del Estado de Tlaxcala, por parte de las mismas autoridades; han generado la multiplicación de esas conductas ilegales en diversos niveles de gobierno.
Lo peor, es que loshechos que a continuación referiré parece y tienen todos los ingredientes, por así decirlo, de ser lacontinuación de una misma actitud gubernamental ante una problemática ya conocida; la represión en contra de los trabajadoresdel Sindicato “7 de Mayo” por parte de los Directivos del organismo público desconcentrado del Municipio de Tlaxcala denominado por sus siglas CAPAM (que es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala), con la complacencia de las autoridades municipales o, diríase mejor,bajo sudirección.

La grave causa, el “delito”, la “culpa”, que han cometido esos trabajadores sindicalizados, es precisamente el haberse opuesto de manera decidida, abierta, pública y ante las autoridades judiciales competentes, a la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que acaba de ser abrogada hace unos cuantos días, en circunstancias por demás vergonzosas y cuya vigencia precisamente -debe destacarse- sólo duró unas cuantas semanas.

Dicha ley de pensiones, fue abrogada de manera apresurada por una nueva ley que pretende subsanar las deficiencias legales de la anterior, ante laprevia e inminente resolución de inconstitucionalidad de la misma, que estaban a punto de dictar los tribunales federales (que sin duda, merece un tema por separado) y, que prácticamente fue impuesta por el gobernador priista de Tlaxcala, Mariano González Zarur, al Congreso de esa entidad, en agravio de los servidores públicos del Estado y en flagrante violación de garantías constitucionales establecidas en nuestra constitución federal, tanto por el procedimiento empleado para su creación como por las normas que dicha ley contenía.

Volviendo a la parte medular del tema que me ocupa: las acciones de represión por parte del Director de la CAPAM Marco Antonio Velasco Velasco y de la Lic. Angélica Hernández Romero, titular de Recursos Humanos de ese organismo, con la complicidad del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, encabezado por su Presidente, también priista, Pedro Pérez Lira, del cual depende directamente dicho organismo desconcentrado municipal, consisten en lo siguiente:

Desde hace algunos meses, dichos funcionarios se han dado a la no muy noble tarea, de amenazar a sus trabajadores que están incorporados al ya mencionado sindicato denominado “7 de Mayo”, para que renuncien a ese sindicato y se incorporen al sindicato “dicen ellos: oficial” de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) de filiación exclusivamente Priista, pues en caso contrario, ellos y sus familiares que sean trabajadores del organismo, serán despedidos.

En su desesperación, esos funcionarios de CAPAM han recurrido incluso a ofrecerles dinero a los trabajadores para que accedan a cambiarse al referido sindicato de la CTM.

Los trabajadores tienen nombres y apellidos; los directivos de CAPAM ya pasaron de las amenazas a los hechos, pues ya despidieron, dicen ellos: “para empezar” a FAUSTINO GALICIA ESPINOZA y ANTONIO CANO MENDEZ; porque, “dicen ellos” también, tienen la consigna- no dicen de parte de quién?- de cumplir sus amenazas en contra de los demás trabajadoresdel referido “7 de Mayo”, a los que ya les advirtieron que: o se afilian al sindicato “oficial priista de la CTM” o “se van”.

También los amenazados tienen nombres y apellidos,pero con la finalidad de protegerlos de las naturales represalias de que pudieran ser sujetos, me reservo los nombres, pero quiero expresar que tengo constancia de ello.

Salvo su mejor opinión, estas acciones de esas autoridades municipales, juntocon las que ya mencioné en párrafos anteriores del poder ejecutivo, todas ellas del estado de Tlaxcala, están poniendo en riesgo la gobernabilidad del estado y del país.

Esto que he mencionado no debe tomarse a la ligera ni es un problema menor y, permítanme decirles el porqué, haciendo las siguientes reflexiones:

La constante práctica y reiteración de estas conductas por parte de los gobernantes, violatorias de garantías constitucionales, como lo es en este caso la libertad de asociación de los trabajadores al servicio del Estado, para la defensa de sus legítimos intereses, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal, generan cada día más, entre los habitantes de nuestro país, un clima de indignación, descontento, de inconformidad, de rechazo, de reacciones poco previsibles a situaciones injustas, ilegales e ilícitas,propiciadas al amparo del quehacer gubernamental, por personas investidas de poder público: léase, “gobernantes”.
Si a lo anterior, le sumamos la problemática que como sociedad padecemos, entre otras:

• Del desempleo que estamos enfrentando,

• La violencia,

• El crimen organizado,

• La deficiencia en los sistemas de salud y educativos,

• Las acciones encaminadas a la concentración del poder en las autoridades federales,

• El alejamiento del control por parte de la ciudadanía de organismos de contraloría y fiscalización del trabajo de los gobernantes,

• De la ineficiencia en la salvaguardade derechos humanos fundamentales,

• Las acciones de concentración del poder federal, en lamateriaelectoral,intentando crear un sólo organismo nacional de control,

• Etcétera, etcétera;

Se están, sin duda, creando las condiciones de inestabilidad social que en nada favorecen las aspiraciones de muchos, me incluyo, de alcanzar mejores condiciones de vida personal y familiar y, de convivencia social.

En conclusión, ahora, además de la compleja problemática social, familiar y personal, generada por las condiciones materiales de vida y de la pérdida de valores fundamentales en el comportamiento individual y de colectivo, del desmedido afán del gobierno federal de concentrar el ejercicio del poder en sus manos, al estilo de antaño, le estamos agregando la sistemática represión de los habitantes, de los trabajadores como lo es el presente caso, por parte de los gobernantes en sus diversos niveles, a través de la violación a los derechos humanos fundamentales; gobernantes que, por cierto, deberíamos ser los primeros garantes de los derechos establecidos no sólo en nuestra carta magna, sino en cualesquiera de nuestras leyes.

Se supone que nuestra población nos paga para que la protejamos, para que trabajemos realizando acciones que la beneficien, para defender sus legítimos intereses, para ayudarle en la solución de la problemática que enfrenta, para procurarle mejores niveles de vida en todos los aspectos; pero, ¡PERO!, al parecer muchas autoridades, muchos funcionarios, se comportan como si fueran AMOS de la población, sus patrones y hasta reyes, pasando por alto que somos sencillamente “servidores públicos” y que es la gente la que nos paga para servirle.

Estamos creando condiciones de inestabilidad social, diría yo hasta peligrosas, para el desarrollo del país. Son ya muchas las voces en nuestro país, que están advirtiendo del peligro que representan estas conductas gubernamentales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPUESTA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala para que evite continuar con la vulneración de la garantía constitucional de libre asociación sindical derivada del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de los trabajadoresdel Sindicato “7 de Mayo” que laboran en el organismo desconcentrado perteneciente a su Municipio, denominado por sus siglas CAPAM (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlaxcala) e instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se finquen las responsabilidades administrativas y penales en contra de las autoridades que correspondan.

SEGUNDO.- Esta soberanía hace un atento llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, a efecto de que procedan en el ámbito de su competencia a conocer y resolver lo conducente respecto de los hechos precisados en esta Proposición.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una auditoría sobre el ejercicio de los recursos públicos federales a partir del 1 de diciembre de 2011, hasta el 30de noviembre de 2012 en Pronósticos para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes al Senado de la República. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A INICIAR UNA AUDITORIA SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2011, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA Y PRESENTE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL SENADO DE LA REPUBLICA

Los que suscriben, Senadoras y Senadores de la República de la LXII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X; 95, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno, la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que en el ejercicio de sus facultades inicie una auditoría sobre el ejercicio de los recursos públicos federales a partir del 1 de diciembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012 en Pronósticos para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes al Senado de la República, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En México, el fraude es un delito tipificado como no grave a pesar de que refiere inevitablemente a la corrupción, la intransigencia y el abuso de poder. Son muchos los casos que circulan de manera subyacente en la burocracia mexicana, mismos que admiten que, día con día, la nación sea despojada por saqueadores que hacen uso de las ventajas que les ofrecen sus posiciones legales, para premiar beneficios fuera del interés público.

En ese sentido, es necesario comprender que la inacción es también una acción política, y es una acción de consentimiento. Mantener el silencio ante circunstancias que se desarrollan en aras del exceso y la prevaricación, es consentir la inoperancia de la ley en nuestro país, de manera que los marcos jurídicos que garantizan la igualdad y la justicia para todos los mexicanos son constantemente burlados con nuestro permiso.

Por ello, es necesario asumir con determinación acciones afirmativas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, así como en la persecución de delitos que infringen los esquemas de legalidad sobre los que queremos construir un México más próspero, justo y democrático.

El 22 de enero de 2012, se cometió un fraude por 160 millones de pesos en perjuiciode Pronósticos para la Asistencia Pública. Varios funcionarios públicos de esta dependencia, coludidos con trabajadores de la empresa prestadora de los servicios de grabación y difusión de los sorteos (Just Marketing), simularon el concurso 2518, grabándolo con varias horas de anticipación al tiempo que llenaron las papeletas con los números ganadores, mismos que fueron cobrados por familiares de los involucrados. 1

Entre los presuntos responsables se encuentran José Luis Jiménez Mangas, ex director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, quien se presume, es el autor intelectual del acto. También se le vincula a Héctor Hugo Jiménez López (ex subdirector de Concursos y Deportes), Carlos López Martínez (ex responsable del pesaje de las esferas), Gustavo García Pérez (ex representante de la subdirección de sorteos), Sara Solórzano (edecán del concurso), Jorge Ibarra (ex jefe de edición y Master de Just Marketing) y Ramón Sánchez (ex floor manager de Just Marketing), algunos de ellos, aún prófugos de la justicia.
La Procuraduría General de la República persigue actualmente el delito, mismo que aún no se puede resolver dada la desaparición de varios de los implicados. En esta condición, la PGR solicitó el apoyo de la Interpol con la intención de desplegar acciones que permitan la captura de los sospechosos para que estos sean remitidos a las autoridades competentes. 2

Es sumamente importante subrayar que el fraude se llevó a cabo durante la Dirección de Jesús Villalobos López, ex funcionario público que ha sido inhabilitado por 10 años, para ocupar cargos públicos, en virtud de la utilización de recursos del erario para un viaje personal, evento por el que la Secretaría de la Función Pública emitió una sanción en 20123. Sin embargo, Villalobos tiene una historia llena de anomalías en otras dependencias. 4

Cuando fue director de Finanzas del ISSSTE, la institución pagó 229 millones de pesos a dos empresas (en 2008 y 2009) por los servicios de inventariado, pero nunca lo realizaron, aunque sí fue cobrado. En 2009, inició una indagatoria por un quebranto financiero al ISSSTE por 332.4 millones de pesos; el instituto pagó por software informático y no tenía la infraestructura para aplicarlo. De la misma suerte, fue relevado como director general del ISSSTE en noviembre de 2011, en medio de acusaciones por carencia de medicamentos en clínicas y hospitales.5

Es inaceptable que una persona se encuentre continuamente vinculada con delitos relacionados a la desviación de recursos públicos y que se le sancione únicamente por la menor de sus actividades ilícitas. Si bien las autoridades emitieron ya una sanción por una de las varias investigaciones que enfrenta, también es cierto que durante la administración de Felipe Calderón se hizo caso omiso de las múltiples acusaciones que se le hicieron a Jesús Villalobos, que son por mucho, más graves que la castigada.

Existen razones suficientes para considerar que el ex funcionario se encuentra vinculado con la simulación que tuvo evento en enero de 2012 en perjuicio de Pronósticos para la Asistencia Pública y según otros servidores públicos de la institución en comento existen por lo menos una decena de casos similares al fraude dado a conocer en enero, más de los cuales no se ha dado mayor difusión.

No es posible quedarse de brazos cruzados y seguir permitiendo que la impunidad y la corrupción sean pilares que sostengan a personas que utilizan el cargo para satisfacer intereses personales y abusan del poder conferido, ignorando sus responsabilidades en agravio de la nación.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que en el ejercicio de sus facultades inicie una auditoría sobre el ejercicio de los recursos públicos federales a partir del 1 de diciembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012 en Pronósticos para la Asistencia Pública y presente los resultados correspondientes al Senado de la República.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República para que informe a ésta Soberanía el estado que guardan las investigaciones en curso, respecto a diversos delitos cometidos en agravio de Pronósticos para la Asistencia Pública durante la administración del 1° de diciembre de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2012.

Dado en el Pleno del Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013”

.1 Ver http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/11/913201

2 Ver http://www.razon.com.mx/spip.php?article146105

3 Mejor conocido como Caso SuperBowl.

4 Ver. http://www.excelsior.com.mx/2013/01/11/nacional/878929

5 Ver. http://www.razon.com.mx/spip.php?article146105






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la Repúblicaa investigar a los ciudadanos Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Director General y Luis Antonio Godina Herrera, como Secretario General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por su presunta intervención ilegal en los procesos de contratación de personal en dicho instituto. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A INVESTIGAR A LOS CIUDADANOS SEBASTIAN LERDO DE TEJADA COVARRUBIAS, DIRECTOR GENERAL Y LUIS ANTONIO GODINA HERRERA, COMO SECRETARIO GENERAL, AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR SU PRESUNTA INTERVENCION ILEGAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE PERSONAL EN DICHO INSTITUTO

"De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, 108; 109; 110; 276; y 277 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a que investigue al C. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Director Generaly Luis Antonio Godina Herrera como Secretario General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta intervención ilegal en los procesos de contratación de personal en dicho instituto. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PAN estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos convencidos que el combate eficaz a la corrupción es una asignatura que no puede ser postergada por más tiempo, razón por la cual se solicita el siguiente punto de acuerdo.

El pasado 8 de febrero del presente año el C. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), designó al C. Luis Antonio Godina Herrera como Secretario General del Instituto.

El Titular del ISSSTE como el recién nombrado Secretario General son socios de la firma “Lerdo de Tejada-Godina o LTG Lobbying México S.A de C.V.”, esta empresa, según su propia página en internet, ofrece los siguientes servicios: elaboración y promoción legislativa; temas hacendarios: aduanas, aranceles, gasto público, impuestos; impulso de iniciativas y negociaciones con sectores productivos; comunicaciones y transportes: proyectos aeroportuarios, ferrocarriles, telecomunicaciones; reingeniería de organizaciones; e inversión regional.

El diario 24 Horas, en su publicación de internet, de 22 de febrero del presente año, realizó una investigación al respecto de la firma LTG Lobbying México S.A. de C.V. y encontró que ésta ha sido contratada, entre otros, “ […] por el gobierno de Nuevo León y por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En 2008 y 2009, recibiendo un total de 460 mil pesos, a través de tres pagos. En 2007 recibieron pagos por casi dos millones de pesos, por “asesoría profesional de promoción e inclusión de proyectos de inversión con el gobierno del estado de Nuevo León”, por lo que su contrato fue cuestionado públicamente en la entidad”.

Afirma el columnista, que de acuerdo con un documento que se les hizo llegar desde “círculos oficiales”, en la estructura operativa del ISSSTE, se encuentra una mayoría de miembros de la firma LTG Lobbying México, cuyos socios fundadores sonSebastián Lerdo de Tejada yLuis Antonio Godina Herrera.
Añade Garfias que los dos funcionarios se separaron formalmente del despacho, tal y como consta en documentos notariales, pero el sobrino del Director General del ISSSTE, Ángel Lerdo de Tejada, es “quién da la cara” para guardar las formas, pues llevan el mismo apellido. A pesar de lo anterior, otros miembros de la consultora LTG ocupan puestos clave en el Instituto, como es el caso de Juan Ahuactzin Ponce, director de Administración; Carlos Ortiz de la Peña, como secretario particular de Godina; Iván Pérez Salazar y Sonia Salazar Ham, como secretario particular y secretaria técnica de Lerdo de Tejada, respectivamente. Por si fuera poco también trabaja en el ISSSTE Antonio Abasolo, subdirector de Recursos Materiales, quien es hermano de la esposa de Godina.

En consecuencia, la estructura operativa del ISSSTE está conformada por los intereses familiares, personales o de negocios de los funcionarios públicos antes mencionados y ponen en duda la transparencia de los procesos y el ejercicio de gasto en el Instituto.

El columnista señala que Lerdo de Tejada no aprobó los nombramientos porque es facultad de la Junta Directiva, pero “indebidamente” hizo la propuesta a los miembros de ese órgano de gobierno, interviniendo en su selección y contratación; lo que es contrario a lo dispuesto en la fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que textualmente dice: “Cualquier funcionario público debe excusarse de intervenir en lo que tenga interés personal familiar y de negocios.”

El pasado domingo 3 de marzo, en el marco de la “XXI Asamblea Nacional del PRI” el presidente Enrique Peña Nieto afirmó categóricamente que en su gobierno “no hay intereses intocables”. Expresamos nuestro beneplácito por la declaración del Titular del Ejecutivo Federal y en consecuencia exhortamos al Secretario de la Función Pública y al Director General del ISSSTE para que honren el compromiso asumido por el presidente de la República y atiendan las peticiones efectuadas en el presente punto de acuerdo.

Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Senadores sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, con el carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El H. Senado de la República, solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a que se investiguen los presuntos delitos señalados, cometidos en el ISSSTE y se actué conforme a la ley.

SEGUNDO.- El Senado de la República, solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que investigue a Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias y Luis Antonio Godina Herrera por su presunta intervención ilegal en los procesos de contratación de personal en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que destituya de su cargo al C. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para facilitar las investigaciones administrativas y penales que se inicien en su contra.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente".






De los CC. Senadores Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación a la construcción de la refinería “Bicentenario” en Tula, Hidalgo Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA CONSTRUCCION DE LA REFINERIA BICENTENARIO EN TULA, HIDALGO

“Los suscritos, Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, Senadores de la República en la LXII Legislatura, e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículo 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República presenta ante esta Soberanía la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION CON RELACION A LA CONSTRUCCION DE LA REFINERIA BICENTENARIO EN TULA HIDALGO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado dos de noviembre, el periódico “El Universal” destapó la decisión de Pemex de cancelar la construcción de la Refinería Bicentenario en la ciudad de Tula, la cual fue aprobada en el 2009, debido a la falta de recursos y a la asignación de éstos a proyectos más rentables.

Debemos recordar que el proyecto de la refinería Bicentenario se anunció el 18 de marzo del 2008 cuando Felipe Calderón también presentó una reforma energética. La viabilidad de la construcción recaía en 2 lugares en Tuxpan, Veracruz y en Tula Hidalgo, siendo éste último, el lugar definitivo. El presupuesto planeado sería de 129 mil millones de pesos, contemplado en diversas partidas anuales hasta el año 2015.

La Refinería Bicentenario es un proyecto liderado por PEMEX y consiste en la construcción de un complejo refinador integrado por 17 plantas de proceso con una capacidad de 250 mil barriles por día de crudo fresco y 73 mil barriles de residuo de vacío de la Refinería Miguel Hidalgo, la construcción se realizará en un terreno con una superficie aproximada de 700 hectáreas en el estado de Hidalgo, México de acuerdo del proyecto presentado por la Secretaría de Energía en el año 2008.

En el Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008 se establece que “Petróleos Mexicanos podrá emplear los recursos acumulados al cierre del ejercicio fiscal 2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en la Infraestructura de Petróleos Mexicanos con el propósito de financiar la construcción de una nueva refinería en territorio de los Estados Unidos Mexicanos e inversión en infraestructura en la entidad”. La duda está en el modo en que dicho Fondo fue utilizado desde el Ejercicio de 2009.

Petróleos mexicanos entregó en mayo del 2012 al Congreso de la Unión un reporte donde informó el inicio de la construcción. Se precisó que el 12 de agosto de 2009 el proceso de construcción de la refinería Bicentenario tenía un progreso de 0.54 por ciento. Asimismo, reportó que hasta marzo de 2012 el avance global del proyecto era del 5 por ciento. El entonces Director de la Paraestatal, Juan José Suarez Coppel explicó que las obras avanzaban “en tiempo y en forma” según el proyecto original y destacaba los grandes beneficios de reducir las importaciones de combustibles. 1

Hasta ese momento ya se habían ejercido, según Suárez Copel, 3 mil 200 millones de pesos; de los cuales, 435 millones de pesos se aplicaban en trabajo de terreno y 2 mil 600 millones en estudios de preinversión e ingeniería para la planta. Hasta este día, hay un gasto de 4,480 millones de pesos, ya se realizó una etapa en el desarrollo tecnológico y parte de la ingeniería básica donde el Instituto Mexicano del Petróleo y la UNAM están colaborando. Y no siendo suficiente, se tenía previsto destinar mil 542 millones más para 2014. Sin embargo, en 5 años solo se ha construido un barda perimetral de 13 kilómetros por 435 millones de pesos, lo cual parece una burla. 2

Por otra parte, en algunos medios de comunicación se difundió que en el Plan de Negocios 2014-2018, presentado y avalado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, se descartaba la construcción de la refinería. Lo anterior resultaba con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, que prevé recursos para la refinería, incluyendo la Bicentenario. 3

Es de señalar, que pese a esta omisión si se consideran dos proyectos de inversión para el estudio de un nuevo poliducto que iría de Tula-Lázaro Cárdenas para desalojo de la nueva Refinería Bicentenario, donde se describe que en dicho poliducto pasarían 100 millones de barriles por día de productos destilados de la nueva Refinería Bicentenario en Tula. Las claves de estos proyectos es 1218T4M0029 y 1218T4M0028 con un flujo estimado para el 2014 de 41 millones 514 mil 708 pesos y 10 millones 378 mil 677 pesos. 4

Cabe señalar que en el presupuesto de Egresos de los últimos 5 años, se etiquetó el proyecto para construir la Refinería Bicentenario, otorgando el Congreso de la Unión, recursos suficientes para la realización,previamente aprobado por esta Soberanía. Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 no aparece éste importante infraestructura sin que el Congreso haya autorizado dicha cancelación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente punto de Acuerdo de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex) a entregar un informe detallado sobre el Plan de Negocios 2014-2018 de la paraestatal, explicando la causa de la eliminación del proyecto construcción de la Refinería Bicentenario en la ciudad de Tula.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de la Función Pública y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos una relación detallada de las adjudicaciones que se han realizado con relación a la Refinería Bicentenario.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, entreguen un informe detallado sobre las auditorías realizadas al proyecto de la Refinería Bicentenario y al Fondo de Estabilización para la Inversión en la Infraestructura de Petróleos Mexicanos entre 2008 y 2012, así como las posibles recomendaciones derivadas y el seguimiento a las mismas. De igual modo, se les exhorta a iniciar los procedimientos de vigilancia y fiscalización que correspondan a partir del ejercicio fiscal de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Rabindranath Salazar Solorio.- Sen. Dolores Padierna Luna”.

1 Excélsior. Obtenida el 11 de noviembre de 2013 de http://www.excelsior.com.mx/2012/06/08/nacional/839911

2 Criterio. Obtenido el 11 de noviembre de 2013 de http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=103252

3 El Financiero. Obtenida el 11 de noviembre de 2013 de http://eleconomista.com.mx/taxonomy/term/10966

4 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Obtenida el 11 de noviembre de 2013 de
http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/temas/tomos/18/r18_t4m_pie.pdf






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a iniciar una investigación en contra de Juan Manuel Olivia Ramírez, ex gobernador de la entidad, por los probables actos de peculado en la construcción del Centro Paralímpico Nacional; así como para deslindar responsabilidades del ex director de la CONADE, Bernardo de la Garza, en el incumplimiento de contrato por la construcción y operación de dicho centro. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO A INICIAR UNA INVESTIGACION EN CONTRA DE JUAN MANUEL OLIVIA RAMIREZ, EX-GOBERNADOR DE LA ENTIDAD, POR LOS PROBABLES ACTOS DE PECULADO EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO NACIONAL; ASI COMO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES DEL EX DIRECTOR DE LA CONADE, BERNARDO DE LA GARZA, EN EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE DICHO CENTRO

"Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición de punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para que inicie una investigación en contrade Juan Manuel Olivia Ramírez ex-gobernador de la entidad, por los probables actos de peculado en la construcción del Centro Paralímpico Nacional; así como para deslindar responsabilidades del ex director de la CONADE, Bernardo de la Garza, enel incumplimiento de contrato por la construcción y operación del centro, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En América Latina el centro deportivo más innovador y equipado para deportistas con alguna discapacidad se encuentra en Guanajuato. Hoy, es un elefante blanco y constituye un monumento más, a la ineficiencia e incapacidad para gobernar de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de Juan Manuel Olivia Ramírez ex-gobernador del Estado de Guanajuato, común denominador de las administraciones panistas.

No es posible, que este espacio digno para las personas que tienen alguna discapacidad, que son ejemplo de tenacidad en el deporte y en la vida, hoy sea un espacio inservible. Su propósito era preparar atletas paralímpicos de alto rendimiento en instalaciones equipadas con la más nueva tecnología, y así garantizar espacios adecuados para nuestros representantes en competencias nacionales e internacionales en esta modalidad.

En el sexenio perdido de Felipe Calderón y la administración ineficiente de Juan Manuel Olivia Ramírez, se inició la construcción del Centro Paralímpico Nacional, en una extensión de más de 30 hectáreasen la comunidad El Copal, con una inversión de 179.4 millones de pesos en su primera etapa, prometía ser, ejemplo nacional para la promoción de estas disciplinas. Según los contratos de edificación 139 millones de pesos se destinaron a la construcción del complejo y obras complementarias de servicios y 40.4 millones en equipamiento, como colchonetas, caminadoras y equipamiento especial,necesario para este tipo de instalaciones.

Juan Manuel Olivia Ramírez presumía que el Centro Paralímpico Nacional contaba con 2 canchas de fútbol siete, 2 canchas de fútbol cinco, 4 canchas de usos múltiples, 2 canchas de tenis y estaciones con 186 cajones para vehículos, y que estaba a la altura de las necesidades.

En el discurso oficial de inauguración, se anunció que en el Centro se desarrollarían 16 disciplinas distintas, entre las que figuraban: atletismo, basquetbol en silla de ruedas, danza deportiva, esgrima en silla de ruedas, futbol siete para personas con parálisis cerebral, futbol cinco para ciegos y débiles visuales, judo, natación, tenis en sillas de rueda, voleibol sentado y tenis de mesa. La realidad es que hoy sólo se practican 6 de estas disciplinas.
La apertura de este Centro Paralímpico Nacional estuvo encabezada por el titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) Bernardo de la Garza Herrera, la directora general adjunta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) Marcela Cuén Garibi y el Gobernador Juan Manuel Olivia Ramírez, así como el alcalde Jorge Estrada Palero.

En ese acto el Gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Olivia Ramírez, destacó que se trataba de uno de los proyectos más trascendentes en materia deportiva de su administración. Con ello se cumplía la meta de hacer de Guanajuato una potencia deportiva nacional, con instalaciones nuevas y modernas para los atletas con alguna discapacidad.

Anunció que su administración se comprometía a realizar eventos nacionales e internacionales que podrían a Guanajuato y México como referentes internacionales. Hasta ahora sólo se han llevado tres eventos importantes: 1) Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil; 2) Campeonato de Atletismo Sub-23 y 3) La Paralimpiada Nacional 2012.

Por su parte, la directora adjunta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Marcela Cuén Garibi, declaró que el Centro Paralímpico Nacional era un proyecto innovador, y que generaría recursos propios que le permitiría ser autosustentable. Incluso el Presidente municipal de Irapuato Jorge Estrada Palero, mencionó que durante su primer año generaría una derrama económica de más de50 millones de pesos.

Las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Juan Manuel Olivia Ramírez en Guanajuato, se caracterizaron por gobernar a través de buenas intenciones pero pésimos resultados, hasta este momento se ha invertido más de 518.5 millones de pesos, lo peor de todo es queel Centro no está siendo utilizado y ya presenta deterioro visible en algunas áreas, por ejemplo las albercas especiales contienen aguas estancadas desde hace varios meses, sin que se haya realizado algún trabajo de limpieza, o las colchonetas de salto de garrocha destruidas por los ratones y ratas del lugar.

Es claro que bajo estas condiciones, ahora nadie quiera hacerse responsable. Francisco Ildefonso Loya, director municipal del deporte de Irapuato, atribuye el abandono a que la Comisión Nacional del Deporte no ha designado a un administrador del centro ni destinado fondos a su mantenimiento.

Es importante que tomemos conciencia de este tema, ya que en el Centro actualmente se lleva a cabo la construcción de la segunda etapa, y aún se requiere más de 627 millones de pesos para una tercera fase, lo que representaría un despilfarro de recursos, cuando no está dando los resultados proyectados, por lo que a todas luces constituye un acto de corrupción, que esta soberanía no puede permitir que suceda, por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Deportepara que entregue a esta Soberanía un informe por escrito de los avances en la construcción del Centro Paralímpico Nacional, así como los contratos para su construcción, haciendo énfasis en los procesos de licitación y financiamiento, al igual que los convenios para su cuidado, vigilancia, mantenimiento y operación.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para que inicie una investigación en contrade Juan Manuel Olivia Ramírez ex-gobernador de la entidad, por los probables actos de peculado en la construcción del Centro Paralímpico Nacional; así como para deslindar responsabilidades del ex director de la CONADE, Bernardo de la Garza, enel incumplimiento de contrato por la construcción y operación del centro.

Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013.

Atentamente".






Del C. Senador Octavio Pedroza Gaitán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como al Distrito Federal a actualizar sus atlas estatales de riesgos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COAHUILA DE ZARAGOZA, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MEXICO, MICHOACAN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEON, OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATAN Y ZACATECAS; ASI COMO AL DISTRITO FEDERAL A ACTUALIZAR SUS ATLAS ESTATALES DE RIESGOS, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El suscrito, Senador OCTAVIO PEDROZA GAITAN, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Ley General de Protección Civil define al Atlas Nacional de Riesgos como el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. El actual Atlas Nacional de Riesgos contempla que el territorio de la República Mexicana es susceptible de los siguientes riesgos:

I. Riesgos Geológicos: Sismos, Erupciones y Emisiones Volcánicas, Tsunamis, Inestabilidad de Laderas, Hundimientos Regionales y Locales, así comoAgrietamientos

II. Riesgos Hidrometeorológicos: Ciclones Tropicales (Huracanes), Inundaciones, Tormentas de Granizo, Heladas y Nevadas, Tornados, Viento, Sequías y Frente frío.

III. Riesgos Químico –Tecnológicos: Fugas y Derrames, Almacenamiento de Sustancias Peligrosas Incendios y Explosiones, y Transporte de Sustancias Peligrosas

IV. Riesgos Sanitarios –Ecológicos: Epidemias o Plagas, Erosión, Contaminación de aire, del agua, suelo y alimentos y Residuos Peligrosos1

V. Riesgos Socio – Organizativos: Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población.

2.- Ahora bien, al igual que en la Federación, las Entidades Federativas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 86 de la Ley General de Protección Civil, deberán crear un Atlas Estatal de Riesgos, según se establece:

Artículo 19.- La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:


XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones;

Por su parte el artículo 86 establece lo siguiente:

Artículo 86. En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.2

De la cita anterior se desprende que las entidades federativas no solo deben tener un Atlas Estatal de Riesgos, sino que también tienen la obligación de mantenerlos actualizados.

4.- Según el informe de los Atlas Estatales de Riesgos elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo no existe este Atlas Nacional de Riesgos, ni documento homólogo que permita desarrollar con eficacia las labores de protección civil.3

5.- Aunado a lo anterior, el informe en comento indica que los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, carecen de un Atlas Estatal de Riesgos actualizado de acuerdo a las realidades meteorológicas y de riesgos en las que viven.4

6.- Así también, el Informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres, señala quelos estados de Jalisco, Querétaro y Veracruz, así como el Distrito Federal, existen Atlas Estatales de Riesgos con categoría de avanzados, pero no actualizado.5

7.- Es importante señalar que, según el informe de la Secretaría de Gobernación acerca del Fondo de Desastres, anualmente se aportan 325 millones de pesos al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), para la creación de proyectos que incluyen desde la actualización de los Atlas Estatales de Riesgos, hasta estrategias para la conformación de otros mecanismos de prevención de desastres.6

Cabe mencionar que previo a que la Coordinación General de Protección Civil considere una solicitud hecha por una entidad federativa para un proyecto de inversión en mitigación de riesgo, dicha entidad federativa debe conducir una evaluación de riesgo y elaborar un Atlas de Riesgo.

Por lo anterior, es posible concluir que las entidades federativas no pueden acceder al Fondo para la Prevención de Desastres a menos que cuenten también con un Atlas de Riesgos, situación que impide el desarrollo de políticas públicas, obras y proyectos que resguarden la integridad de la población ante una situación de desastre.
8.- En este sentido, las estadísticas económicas y sociales sobre muertes y pérdidas económicas, realizadas por el Centro Nacional de Desastres, indican que en la década del 2000-2010 han muerto 4,470 personas a consecuencia de desastres naturales en México; y se generaron daños por más de $260´882´400,000.00 pesos.7 Muchas de estas pérdidas se pudieron haber evitado si se hubieran contado con instrumentos para fijar políticas públicas de prevención de desastres.

De lo anterior se puede concluir que el estado mexicano, debido a su situación geográfica, se encuentra expuesto a una constante de riesgos naturales que año tras año han cobrado las vidas de cientos de mexicanos, así como también han tenido un impacto negativo en la economía del país, situación que actualmente se está viviendo con las inundaciones que afectaron este año a buena parte del país.

Si bien es cierto que el Centro Nacional de Prevención de Desastres elabora el Atlas Nacional de Riesgos, este documento constituye solo una visión general de la problemática nacional, por esto es indispensable la existencia de documentos que reflejen la problemática local de manera muy puntual y detallada, siendo el documento idóneo para esto el Atlas Estatal de Desastres.

Aunado a lo anterior, y como lo indica la Ley General de Protección Civil, los Atlas Estatales de Riesgos constituyen los mecanismos idóneos para que, de manera específica, se analicen los riesgos en determinado territorio; atendiendo a las características especiales de cada entidad federativa. Los Atlas Estatales cumplen también con la función de proporcionar a las autoridades de desarrollo urbano, la información necesaria para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos, así como el diseño de políticas públicas de precaución en zonas de riesgo. En este tenor, resulta indispensable que las Entidades Federativas no solo cuenten con Atlas Estatales de Riesgos, sino que además estos se encuentren actualizados.

No obstante, toda vez que de la información obtenida a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, se advierte que diversas entidades federativas han sido omisas en actualizar sus Atlas Estatales de Riesgos, mientras que otros estados no han siquiera expedido los mismos, se estima pertinente exhortar a las autoridades competentes para que actualicen y expidan los respectivos Atlas de riesgo.

Por lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como al Distrito Federal para que actualicen sus Atlas Estatales de Riesgos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, a expedir sus Atlas Estatales De Riesgos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil.

Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Sen. Octavio Pedroza Gaitán”.

1 Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

2 Ley General de Protección Civil.

3 Atlas Estatales de Riesgos. Atlas Nacional de Riesgos. Centro Nacional de Prevención de Desastres. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=212

4 Idem

5 Idem

6 El FOPREDEN recibe una asignación presupuestaria anual a través del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, con un monto de cerca de 25 millones de dólares estadounidenses.El Fondo de Desastres Naturales de México-Una reseña. Secretaría de Gobernación.
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/469/1/images/LibroFonden_versionEsp.pdf

7 Estadísticas estatales de pérdidas económicas acumuladas y muertes en el periodo 2000-2010. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=206






Del C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas para llevar a cabo la revisión del modelo educativo en su conjunto. Se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA LLEVAR A CABO LA REVISION DEL MODELO EDUCATIVO EN SU CONJUNTO

"El que suscribe, Senador FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de Acuerdo mediante el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a llevar a cabo la instalación de las mesas de trabajo para la revisión del modelo educativo en términos del artículo 12 transitorio de la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La reforma Constitucional Federal a los artículos 3 y 73 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero del dos mil trece, como antecedente de las reformas a las leyes reglamentarias en la materia por las cuales se promulgó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y se aprobaron diversas reformas a la Ley General de Educación, todas estas últimas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre del dos mil trece.

Mediante convocatoria de la Comisión Permanente se instaló el primer periodo extraordinario de la Cámara de Senadores para llevarse a cabo del 21 al 23 de agosto del 2013, en cuyos trabajos legislativos se recibió de la Cámara de Diputados, entre otros instrumentos legislativos la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, esta minuta se aprobó el 21 de agosto del 2013 en la cámara de origen, y se remitió al día siguiente a esta Cámara Alta, misma que se publicó en la Gaceta número 2, correspondiente al Primer Periodo Extraordinario, del Primer Año de Ejercicio, de la LXII Legislatura, del día jueves, 22 de agosto de 2013.

Dicha minuta contempló mediante un artículo único y trece artículos transitorios, que se reformaban los artículos 2, primer y tercer párrafos; 3; 6; 8, primer párrafo; 10, fracciones I y III; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII y VIII; 16, primer párrafo; 20, fracción 11; 21; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 33, fracciones IV, VI, IX y XV; 34, segundo párrafo; 41, quinto párrafo; 44, tercer párrafo; 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo párrafo; 57, fracción I; 58, primer párrafo; 59, segundo párrafo; 65, fracciones II y VI; 67, fracción III; 69, segundo y tercero párrafos, en su inciso g); 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; 72, y 75, fracciones XII, XV y XVI; se adicionan la fracción IV al artículo 80.; las fracciones VIII, IX y X, y un último párrafo al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo párrafo a la fracción I, una fracción V Bis y una fracción XII Bis al artículo 12; las fracciones I Bis, II Bis, XI Bis, XII Bis, XII Ter, XII Quáter y XII Quintus al artículo 14; un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al artículo 15; un artículo 24 Bis; un quinto párrafo al artículo 25; un artículo 28 Bis; las fracciones IV Bis, XVI y XVII al artículo 33; un segundo párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto y sexto al artículo 58; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 65, y una fracción XVII al artículo 75, y se derogan la fracción IV del artículo 11; la fracción VII del artículo 12, y el último párrafo del artículo 75, de la Ley General de Educación.

La Cámara de Senadores remitió dicha minuta a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, misma que lo dictaminó en sentido positivo y presentó al Pleno el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, y que se publicó en mismo en la gaceta del Senado el mismo Jueves, 22 de Agosto de 2013.

Durante la discusión del Dictamen de reforma al artículo tercero constitucional en la sesión que comenzó el jueves veinte de diciembre del 2012, un servidor me pronuncie fijando mi posición sobre la necesidad de tener un modelo educativo integral, mi posicionamiento fue de la siguiente manera:

“EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Muchas gracias.

Con su venia, compañero Presidente.

Compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos sido insistentes en que nuestra buena fe quedó de manifiesto cuando asistimos sin ningún rubor a signar el pacto por México.

Sin embargo, sí nos preocupa que cuando se trata de poner en práctica lo que ahí acordamos se están haciendo las cosas a medias, no se vale que se aprovechen de la buena fe y menos que quieran tomarnos el pelo, porque eso tiene resultados y desafortunadamente no son resultados favorables para la República.

Criticamos en su momento la alianza por la calidad educativa que firmaron Elba Esther Gordillo y Calderón, y la criticamos porque era un Frankestein sin pies ni cabeza, adolecía de lo fundamental, de un diagnóstico, no se puede recetar ninguna medicina a ningún enfermo si antes no se diagnostica y no se sabe cuál es el padecimiento que tiene para poder curar el mal.

El Gobierno de Peña Nieto mal empieza haciendo reformas constitucionales sin antes diagnosticar cuál es la situación del sistema educativo del país, sin antes decirnos cuál es el tipo de ciudadano que piensa obtener con estas reformas constitucionales, sin antes aclararle al país cuál es el modelo educativo que se pretende implantar a partir de estas reformas.

Por eso, compañeras, compañeros, es tan elemental el asunto y por eso hacemos las observaciones; diagnóstico, modelo educativo, currícula, aspectos materiales y el tipo de ciudadano que pretendemos construir con todos estos elementos.

Hay una campaña que como educador, déjenme decirles, que yo sí estoy molesto, porque el Senado de la República se ha prestado a desprestigiar a los maestros de manera general diciendo que no estudiamos, diciendo que somos flojos, diciendo que le damos plazas y diciendo una serie de lindezas que al que le quede el saco que se lo ponga, pero no se vale, no se vale que generalicen y sobre todo que sean ingratos con quienes les enseñaron a leer y a escribir a todos y cada uno de ustedes.

¿La reforma es mala en su conjunto?, también tenemos que reconocer las cosas que se hacen bien y vamos a votar por ellas.

El país requería con carácter de urgente y hoy se lo vamos a proporcionar un instituto de evaluación educativa que estuviera al margen de los poderes fácticos, que estuviera al margen de la posibilidad que el poder constitucional lo acotara, y hoy el Senado de la República va a votar un Instituto de Evaluación Educativa que sinceramente yo espero que los ciudadanos consejerosque aquí vamos a nombrar estén a la altura de la situación educativa que padece el país y con su sabiduría, con su compromiso con México logren a partir de la evaluación, dar los elementos para sacar adelante al Sistema Educativo Nacional.
También tenemos que decir que es importante que quede en la constitución de la República el hecho de que se respetarán los derechos labores de los trabajadores, es un elemento fundamental, coincidimos y por eso lo apoyamos.

También tenemos que señalar que las definiciones que no se daban, y hoy se dan a nivel constitucional, como es el hecho de definir lo que significa calidad educativa, nos pone en una posición de poder hablar de la calidad de la educación con el concepto que hoy se va a incluir en la Constitución de México.

La parte negativa, acordamos y no se vale romper acuerdos, y se los digo de frente, compañeros del PRI, y compañeros del PAN, acordamos que el tema de la autogestión o la autonomía de gestión necesitábamos erradicarla de la Constitución de la República porque es la gran tentación para que en las escuelas públicas se den situaciones de privatización, para que en las escuelas públicas se siga con la mala costumbre de pedir cuotas a cambio de inscribir o no inscribir al muchacho, no coincidimos con eso, en lo particular vamos a reservar algunos aspectos que hemos planteado, pero en lo general por estas situaciones que señalamos, que son favorables, vamos a votar a favor en lo general, y en el Plan Nacional de Desarrollo daremos la discusión en las consultas para que nuestras ideas queden plasmadas en ese documento tan importante. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).”

Por otra parte hacemos notar que durante la sesión del 22 de agosto del 2013, durante la discusión de los dictámenes referidos en el Pleno, en primer lugar el Senador Juan Carlos Romero Hicks, en su primera intervención hacía patente la necesidad de revisar el modelo educativo, me permito transcribir el párrafo de lo que se pronunció en tribuna:

“- EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Con el permiso de la Presidencia.

(Párrafos primero al décimo tercero…)

Nosotros estamos convencidos que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo deaprender, y en este proceso educativo es lo que hemos querido venir haciendo, y también estamos conscientes que vamos a tener que trabajar en temas de la mayor importancia que quedan pendientes. ¿Qué quedaría pendiente? Evidentemente la Ley del Servicio Profesional Docente,es muy importante cumplir, porque es una tercia de normas que van integradas, y luego vienen aspectos de segunda generación que vamos a tener que revisar, el modelo educativo, la educación normal, el financiamiento, entrar a ver aspectos que tienen que ver con el aspectode la educación universitaria, y asimismo temas laborales que todavía no han sido debidamente atendidas, democracia, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito del sindicato, las dos vueltas en materia laboral, la libertad de asociación. Todo este tipo de consideraciones tendrán que irse añadiendo, la educación inicial, la parte de la discapacidad y una lista muy importante que cierra también con el tema de los valores de la educación y la ética sobre cómo nos vamos a conducir.

En la minuta y dictamen que se voto ese día, se hace una amplia referencia a la calidad de la educación por lo que en el artículo doce transitorio se instrumentó como medida que las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, para mayor comprensión trascribimos el dispositivo:

Décimo Segundo. A efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos.”

Esta disposición quedó vigente desde el pasado doce de septiembre del 2013, por lo cual hacemos un llamado a que se implemente de inmediato, ya que se requieren de acciones específicas que nos lleven a avanzar en el tema de la calidad de la educación.
Por otra parte, constituye un hecho notorio las inconformidades que ha generado esta reforma constitucional y reglamentaria en los trabajadores de la educación, contra la cual se han manifestado ampliamente y mantienen acciones de lucha, tanto en esta ciudad Capital como en los diversos estados de la República, es por ello, que preocupados por estas circunstancias, hacemos un llamado a las autoridades competentes a atender los reclamos y darle una solución definitiva, por el bien de los educandos, docentes, la sociedad y las instituciones públicas.

Por lo anterior, se hace imperante que además de darle cumplimiento a las disposiciones transitorias de la Ley General de Educación, se lleven a cabo estos trabajos, que además de involucrar a todos los sectores relacionados con la educación y que serán de máxima trascendencia en la materia, se podrá establecer el modelo educativo nacional, con las modalidades, características y particularidades que se requiere para el fututo inmediato y mediato de México.

El trabajo no es menor, ya que nos comprometimos a revisar todos los componentes del sistema educativo nacional donde debemos atender las particularidades del mosaico pluricultural que implica nuestra nación con sus entidades federativas, municipios, regiones y pueblos naturales, encontrando las directrices que nos generen el perfil de egreso de los educandos deseable y posible, tal como lo propusiera el ilustre maestro mexicano, Jaime Torres Bodet al referirse al ciudadano del porvenir, como resultado de la formación que obtuvieran los estudiantes en su paso por las aulas de la escuela mexicana.

Recordemos las palabras del entonces Secretario de Educación, cuando se refería al tipo de mexicano que debería obtenerse del modelo educativo nacional, al cual denominó “el ciudadano del porvenir” pronunciado en un discurso del 14 de febrero de 1946, en ella se enfoca a las virtudes que requiere el desarrollo de México, particularmente la tenacidad, perseverancia, grandeza de alma, trabajo, sacrificio, veracidad y nobleza.

“El ciudadano del porvenir, aparte de corresponder a un tipo leal, honrado, limpio, enérgico y laborioso, será el que quiera a su patria entrañablemente, sin necesidad de engañarse; pero quererla, sobre los males y fracasos, no para exagerarlos con la ironía o el pesimismo, sino para corregirlos con el trabajo, con el sacrificio, con la verdad.

Un tipo de ciudadano veraz con sus semejantes y veraz consigo mismo, fiel a su palabra, superior a las mezquindades del servilismo y a la adulación, que no se cruce de brazos ante las dificultades, esperando que lo salven de ellas, tardíamente, un golpe de valor, un medro, una astucia vil. Un ser que no abdique de su derecho por negligencia, pero que no lo ejerza abusivamente y que, sobre todo, jamás olvide que la garantía interna de esos derechos radica en el cumplimiento de los deberes, y que cualquier derecho resultaría un privilegio específico excepcional. Un ser que ame la vida y que la enaltezca.

En fin, un tipo de ciudadano capaz de juzgar las cosas y los hombres con independencia y con rectitud, porque es capaz de juzgarse a sí mismo antes que los otros, y que sabe que, por encima de la libertad que se obtiene como legado, el destino de los pueblos coloca siempre la libertad superior: La que se merece”.

Esta no es una labor que pueda llevarse a cabo desde un escritorio y desde la ciudad de México, debe ser un esfuerzo amplio y completo que nos dé elementos objetivos, para así poder también trabajar sobre los materiales que abran de otorgarse y disponerse de manera objetiva y real; en el mismo orden de ideas se debe trabajar para establecer los métodos educativos a aplicarse, donde tendremos que escuchar y atender a los especialistas, las experiencias profesionales en campo de los miles de docentes, y la disponibilidad de recursos que tenemos para el tema; debimos haber empezado por aquí, para plasmar lo anterior en el marco normativo, sin embargo, ya es imperante llevar a cabo este gran trabajo.
Con esta visión, es por lo que exhortamos en el marco del más amplio respeto a la división de poderes al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, para que nos presente el proyecto, mediante el cual se debe llevar a cabo la revisión del modelo educativo, referido en el citado artículo doce transitorio del al Ley General de Educación, ya que debemos atender que una tarea de este envergadura no puede ni debe improvisarse.

La Cámara de Senadores debe ser coadyuvante para trabajar por el modelo educativo nacional, no podemos ser simples espectadores, de nada sirve que se genere un modelo que no cuente con el aval de los sectores involucrados y en especial de esta Soberanía donde confluye la pluralidad y representación de todos los estados de la República, por lo tanto de toda la sociedad mexicana, por lo que conmino a esta Soberanía a que nos comprometamos a trabajar en este proceso para llevar adelante los trabajos a desarrollarse.

Una vez cumplido lo anterior, exhortamos a las autoridades educativas competentes de acuerdo al proyecto que genere la Secretaría de Educación Pública a poner en marcha estos trabajos que son trascendentales para México.

Solicito respetuosamente que este punto de acuerdo por las condiciones que el caso amerita, sea consultado a la Asamblea, a efecto de que se apruebe como asunto de obvia y urgente resolución, para ser discutido y en su caso aprobado por el Pleno en esta misma sesión.

Por lo anterior, me permito someter a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EN EL MAS AMPLIO RESPETO A LA DIVISION DE PODERES, EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE MEDIANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 12 TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y GENERE UN PROYECTO PARA LLEVAR A CABO LA REVISION DEL MODELO EDUCATIVO ENSU CONJUNTO, DE LOS PLANES Y PROGRAMAS, LOS MATERIALES Y METODOS EDUCATIVOS.

SEGUNDO: SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA MEDIANTE LA COMISON DE EDUCACION A PARTICIPAR EN LA REVISION DEL PROYECTO DEL MODELO EDUCATIVO QUE GENERE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

TERCERO. EL SENADO DE LA REPUBLICA EN EL MAS AMPLIO RESPETO A LA DIVISION DE PODERES, EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN SU AMBITO DE COMPETENCIA A PROVEER LO NECESARIO PARA PROCEDER SIN DILACIONES A LA REVISION DEL MODELO EDUCATIVO EN SU CONJUNTO, DELOS PLANES Y PROGRAMAS, LOS MATERIALES Y METODOS EDUCATIVOS, EN TERMINOS DEL ARTICULO DOCE TRANSITORIO DE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo".






De la C. Senadora Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales de los estados a colaborar y otorgar todas las facilidades que sean requeridas con la caravana de búsqueda de madres centroamericanas, durante su trayecto y estancia en nuestro país. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS EJECUTIVOS LOCALES DE LOS ESTADOS A COLABORAR Y OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES QUE SEAN REQUERIDAS CON LA CARAVANA DE BUSQUEDA DE MADRES CENTROAMERICANAS, DURANTE SU TRAYECTO Y ESTANCIA EN NUESTRO PAIS

“Layda Sansores San RomAn, Senadora de la RepUblica en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artIculos 8.1, fracciOn II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la RepUblica, someto a la consideraciOn de esta Honorable Asamblea la siguiente ProposiciOn con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Desde hace nueve años, las Caravanas de Búsqueda de Madres Centroamericanas, han venido a nuestro país, a averiguar el paradero de sus hijos, hermanos, o familiares no localizados quienes según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ubican en decenas de miles, pues se considera que hay 20 mil desapariciones cada año, cifra que se ha recrudecido en forma alarmante en los últimos tres años.

2. La historia personal de cada una de esas madres es un compendio de la injusticia y fracaso de los modelos económicos que expulsan de manera forzada a miles de seres humanos. La historia de una de las madres ilustra su lucha: “Cuando su hija Ana Marlén Ortiz partió de su pueblo hacia el norte, tenía 17 años. Emeteria empezó su búsqueda. A ciegas, al principio. Después, tejiendo redes. Fue pionera en las caravanas de familiares en búsqueda de migrantes de Centroamérica. Finalmente, en noviembre de 2010 encontró a Ana Marlén. Emeteria declaró, que finalmente el alma le había vuelto al cuerpo. Pero no se retiró a su casa en El Yoro, a cuidar a sus demás hijos -tiene seis- y a sus numerosos nietos. Siguió acudiendo cada semana a su programa de Radio Progreso, promoviendo la búsqueda de migrantes hondureños perdidos en la tierra de nadie en la que se ha convertido la ruta migratoria en su paso por México. “Entre sus muchos quehaceres se había hecho cargo de 26 migrantes amputados por “La Bestia” -hombres y mujeres, en su mayoría entre los 20 y los 30 años, con hijos- a quienes canalizaba en el Teletón hondureño para que pudieran tener sus prótesis y su rehabilitación. Y sobre todo ofrecía la mano y el oído atento a los que regresaban con las manos vacías después de intentar el viaje a la utopía, inútilmente. “En octubre del 2011 volvió a México, acompañando a sus compatriotas en la caravana Liberando la esperanza. Ella traía los expedientes de al menos 200 migrantes desaparecidos, solamente del departamento de El Yoro, de los más de 600 casos registrados en Honduras…” Yo sé que para ellas yo soy como la esperanza, me dijo Emeteria. Por eso sigo viniendo a las caravanas. No voy a dejarlas solas”.1

3.- Este año la caravana de madres de migrantes desaparecidos, auspiciada por el Movimiento Migrante Mesoamericano y en la que participan numerosas organizaciones sociales y los albergues de migrantes, se realizará en memoria de Doña Emeteria Martínez. Del 2 al 18 de diciembre del presente la caravana recorrerá el territorio nacional, implicando un intenso trabajo y un recorrido de más de 4 mil kilómetros por las zonas más peligrosas de la ruta migrante, exponiendo su integridad física y su seguridad personal.

4.- En el año 2012, el H. Senado, por iniciativa de la Senadora Ana Gabriela Guevara, fue aprobado punto de acuerdo por el cual se convocó a los integrantes de la caravana liberando la esperanza para acudir a este recinto legislativo, para exponer sus experiencias, opiniones y propuestas de la problemática ante la búsqueda de sus familiares para darle seguimiento y tratamiento legislativo. Por pongo a consideración de esta asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. Que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo federal y a los ejecutivos locales de los Estados Unidos Mexicanos para que a través sus respectivas Secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías de Justicia incluyan y activen mecanismos que promueven la búsqueda de migrantes desaparecidos en tránsito por México, enfocando esfuerzos adicionales en la localización de quienes se encuentran con vida, como son víctimas de trata de personas, enfermos, prisioneros, cautivos del crimen organizado y no sólo concentrarse en los que están en fosas clandestinas o comunes.

SEGUNDO.- Que se exhorte al Poder Ejecutivo para que redoble los sistemas de prevención y seguridad en la ruta migratoria, actualmente en manos del crimen organizado, evitando que la desaparición de migrantes en tránsito continúe colocando a México como el país más violento del mundo en contra los pueblos en movimiento.

TERCERO.- Dar la bienvenida a la Caravana de madres con hijos desaparecidos en tránsito por México e invitarlas a que en su paso visiten esta sede parlamentaria para tratar con ellas el tema de la VISA DE TRANSITO que tanto presumió el Senado, cuando el pasado 24 de febrero de 2011 aprobó por unanimidad esa solución humana dentro de la LEY MIGRACION, y que nunca fue incorporada en el reglamento de la propia Ley.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Sen. Layda Sansores San Román”.


1 Tomado parcialmente de: Blanche Petrich, Periódico La Jornada, Miércoles 9 de enero de 2013, p. 11






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a presentar un informe de las posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos durante la administración de Octavio Mijangos Borja como delegado de la comisión en el estado de Guerrero, en favor de una inmobiliaria, por su relación directa en las pérdidas materiales y humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A PRESENTAR UN INFORME DE LAS POSIBLES IRREGULARIDADESEN EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DURANTE LA ADMINISTRACION DE OCTAVIO MIJANGOS BORJA COMO DELEGADO DE LA COMISION EN EL ESTADO DE GUERRERO, EN FAVOR DE LA INMOBILIARIA GEO, POR SU RELACION DIRECTA EN LAS PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS, CAUSADAS POR LAS INUNDACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE GUERRERO

"Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman que presente a esta soberanía un informe pormenorizado de las posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos durante la administración de Octavio Mijangos Borja como delegado de la Comisión en el estado de Guerrero, en favor de la inmobiliaria GEO, por su relación directa en las pérdidas materiales y humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el estado de Guerrero.

Consideraciones

Muchas de las tragedias que vivieron nuestros hermanos de Guerrero se pudieron evitar. Escenas de unidades habitacionales con casas de interés social inundadas, perdida del patrimonioy desolación, nunca debieron haber sucedido, son consecuencia de actos de corrupción e irresponsabilidad de personas sin ética. Cada día que pasa, nos sorprende el grado de cinismoy la impunidad con la que algunos funcionarios públicos se conducen; hoy la corrupción tiene nombre y se llama Octavio Mijangos, actual Delegado de la Comisión Nacional del Aguaen Guanajuato.

En Acapulco Guerrero, otorgó la construcción de casas de interés social al corporativo “Geo”, inmobiliaria para la que un año después trabajaría, asimismo, aprobó la construcción de un centro comercial -WalMart- en zonas protegidas, todas ellas resultaron afectadas en las últimas inundaciones del ciclón tropical “Manuel”.

Durante su administración como Delegado de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Guerrero, se vieron favorecidas un sinnúmero de inmobiliarias, principalmente GEO, para construir un canal que colapsó y causó inundaciones en zonas habitacionales donde desafortunadamente se perdió el patrimonio de miles de familias y peor aún, decenas de vidas humanas. Todo apunta a que se construyó sin las autorizaciones y permisos correspondientes, haciendo caso omiso de los protocolos de protección civil.

Se presume que Octavio Mijangos, fue el artífice de una red de corrupción que en el 2005 favoreció a la inmobiliaria Geo con el 70% de los desarrollos habitacionales en la Zona de Llano Largo. Incurrió en un delito al permitir la tala inmoderada de mangle en la laguna de Coyuca de Benítez y la nula preservación de áreas naturalesen las inmediaciones del Río La Sabana y la laguna de Tres Palos, así lo denunció el presidente de la Organización Ambientalista Protección EcológicaSubacuática, Ramiro Gómez Pardillo.

Por si esto fuera poco, siendo titular de la Conagua en el estado de Tabasco, operó el presupuesto más alto en obras hidráulicas que se la ha dado a esa entidad como parte del Plan Hídrico Integral. La ejecución de este recurso se dio entre simulaciones y desvíos de que ascienden a más de 140 millones de pesos.

Motivo por el cual, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Federal aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y la Auditoría Superior de la Federación, e iniciar de manera inmediata una auditoría por supuestos incumplimientos a diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y la Ley de Aguas Nacionales, así como irregularidades en diversos contratos.

Con el cinismo que lo caracteriza, durante las inundaciones de Tabasco y en plena contingencia, externaba que obedecían al ineficiente sistema de bombeo, sin aceptar su responsabilidad por la mala planeación de las obras o la inexistencia de las mismas.

Es amplia la lista de fechorías del hoy funcionario del Gobierno del Estado de Guanajuato, incluso adjudicar de manera irregular obras a las empresas Promotora y Edificadora Ajusco, cuya razón social estaban domiciliadas en la casa de su entonces esposa, a quien sólo en el 2012 se le concedieron más de 24 contratos que en conjunto superan los 90 millones de pesos.

Otro acto obscuro es la adjudicación a empresas del estado de Guerrero con las que con anterioridad Mijangos había laborado, más de 13 obras de gran impacto económico. No es casualidad que el nombre de Octavio Mijangos esté asociado a corrupción, inundaciones e impunidad. Sus actos en guerrero se traducen en la pérdida del patrimonio de 78, 609 familias, y la muerte de más de 100 personas, en Tabasco a decenas de familias que lo perdieron todo.

Son muchas las voces que piden la separación del cargo e inmediatarenuncia para iniciar un proceso jurídico y deslindar responsabilidades contra quienes resulten responsables tras estas irregularidades identificadas. No podemos seguir permitiendo que se juegue con los intereses de la nación, que se antepongan los intereses personales a los nacionales y que sigan trabajando aun cuando tiene antecedentes de haber sido cesado por incurrir en irregularidades constantemente.

Finalmente, estos hechos dejan claro que existen áreas de oportunidad en el seguimiento y acompañamiento a los delegados federalesde la Comisión Nacional del Agua; tareas en la que el Senado de la República tiene mucho que hacer.
Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación Juan Manuel Portal Martínez,para que entregue a esta Soberanía un informe por escrito de los avances y resultados de la auditoría por supuestos incumplimientos a diversas disposiciones, así como irregularidades en la adjudicación de diversos contratos del Plan Hídrico Integral, durante la administración de Octavio Mijangos Borja como delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco.

Segundo. Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman que presente a esta soberanía un informe pormenorizado de las posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos durante la administración de Octavio Mijangos Borja como delegado de la Comisión en el estado de Guerrero, en favor de la inmobiliaria GEO, por su relación directa en las pérdidas materiales y humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el estado de Guerrero.

Dado en el Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI".






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar el origen de los recursos mediante los cuales el candidato de la coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, realizó diversos actos presuntamente irregulares para favorecer su campaña electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A INVESTIGAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS MEDIANTE LOS CUALES EL CANDIDATO DE LA COALICION COMPROMISO POR BAJA CALIFORNIA, FERNANDO CASTRO TRENTI, REALIZO DIVERSOS ACTOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES PARA FAVORECER SU CAMPAÑA ELECTORAL

“De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, 108; 109; 110; 276; y 277 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución el punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que investigue el origen de los recursos mediante los cuales el candidato de la Coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, realizó diversos actos presuntamente irregulares para favorecer su campaña electoral. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En junio, diversos medios como Reforma, Animal Político y el Universal se publicaron diversas notas acerca de las “dudosas” propiedades del priista Fernando Castro Trenti. El candidato en Coalición por la gubernatura de Baja California adquirió una casa en las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, por la cantidad de 10 millones de pesos. Al poco tiempo de haber adquirido la casa, decidió venderla después de “pequeñas remodelaciones” en 5 millones de dólares, lo que equivale a más de 50 millones de pesos.

La propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec no era el único inmueble en venta; los medios informaron que Castro Trenti también puso a la venta una residencia en Chula Vista, California por la no onerosa cantidad de 850 mil dólares, es decir, más de 9 millones de pesos.
Asimismo a lo largo de este año, diversos medios de comunicación han dado a conocer las propiedades del ex candidato constantes en 2 casas en Tijuana, un terreno en Ensenada y una residencia en San Diego, California.

Cuando se cuestionó al candidato acerca de las propiedades que presumían eran de su propiedad, éste argumentó que el inmueble de las Lomas de Chapultepec fue adquirido a través de un préstamo bancario y que adeuda el 90% del valor del inmueble. Sin embargo, la duda se hace presente por las siguientes razones:

1. La “modesta remodelación” de la casa de las Lomas de Chapultepec implicó un costo de 16 millones de pesos, la suma de ambos implica que gastó 26 millones de pesos con un préstamo de 9 millones, asimiento que es cierto que recibió dicho préstamo.

2. El inmueble fue adquirido por el priista en 2010, justo en la época en que Castro Trenti era Presidente del Comité de Administración de la nueva sede del Senado. El candidato priista se comprometió con “el Universal” a entregar copia de sus declaraciones patrimoniales; Castro Trenti no envío las referidas declaraciones y su equipo de campaña refirió que el candidato estaba ocupado o no tenía señal en su teléfono.

3. Castro Trenti no ha ocultado que los recursos obtenidos de la venta de la mansión de las Lomas de Chapultepec, serían destinados para financiar su campaña al gobierno de Baja California. También afirmó que lleva más de 20 años comprando “terrenitos” para arreglarlos y después venderlos y obtener alguna utilidad. Esta actividad es a todas luces lícita y válida, sin embargo, ningún inmueble con las características y el valor de las propiedades que él posee se pueden clasificar como “terrenitos”.

4. El equipo de campaña de Fernando Castro Trenti entregó tarjetas de prepago para llamadas gratis Nacionales y a Estados Unidos como parte de la propaganda de Coalición “Compromiso por Baja California” con el recuadro del Partido Revolucionario Institucional tachado por una cruz, con la intención de inducir el voto del electorado y cuya fuente de presupuesto es dudoso.

El 25 de noviembre, se aprobó en lo general en la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe el nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Argentina. No es posible que el Senado ratifique el nombramiento de un Embajador cuya cuantiosa fortuna es de origen cuestionable.

Consecuentemente, podemos afirmar que hay elementos suficientes para suponer que fueron adquiridos con recursos provenientes de actos de corrupción debido a que los ingresos que Castro Trenti ha tenido como servidor público las posibles ganancias que pudiera obtener con el ahorro de éstos en los últimos 20 años, no concuerdan con el costo de las casas que posee.

Por ello, es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fiscalice todas y cada una de las cuentas, propiedades y demás elementos que constituyan cualquier forma de activo o pasivo de Fernando Castro Trenti.

Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Senadores sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República, con el carácter de urgente resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que investigue el origen de los recursos mediante los cuales el candidato de la Coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, adquirió todos sus inmuebles.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente”.






De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abstenersede entregar los recursos correspondientes a las partidas de los 17 proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos, hasta que la administración de Pemex detalle la situación real de esta infraestructura. Se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ABSTENERSE DE ENTREGAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS DE LOS 17 PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS, HASTA QUE LA ADMINISTRACION DE PEMEX DETALLE LA SITUACION REAL DE ESTA INFRAESTRUCTURA

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108, 109 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES 

La que suscribe ha presentado dos puntos de acuerdo en lo que va de esta legislatura, el primero el pasado 23 de Enero y el segundo el 01 de Octubre del presente año, referente a la situación que guarda el Complejo Petroquímico Pajaritos propiedad de la nación y administrado por Petróleos Mexicanos.

Se ha cuestionado y también se ha solicitado información sobre la alianza de coinversión entre la empresa privada Mexichem y Pemex Petroquímica, para que el Complejo Pajaritos pasara a integrar una nueva empresa privada, no paraestatal, llamada Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV, quedando PEMEX con un porcentaje accionario “minoritario” del 44 por ciento, perdiendo de facto la facultad de decisión primordial en el consejo de administración de esta nueva empresa. Alianza aprobada en la reunión 852 extraordinaria del consejo de administración de PEMEX, realizada el día miércoles 16 de Enero del 2013.

El Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía nos describió, en respuesta al primer punto de acuerdo, proyecciones y beneficios esperados en la llamada “integración de la cadena del Vinilo” en esta asociación, señalando que la producción de Monómero de Cloruro de Vinilo MCV, forma parte distinta a la petroquímica básica por lo que la producción NO CONSTITUYE UN AREA EXCLUSIVA Y ESTRATEGICA DEL ESTADO.

He insistido en que esta alianza debe de ser auditada y supervisada, ya que la realidad en hechos dista mucho de la versión oficial que nos han presentado. El pasado 11 de Octubre el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Secretario de la Comisión de Energía, el Diputado Federal Javier Orihuela García, integrante de la Comisión de energía de la Cámara de Diputados y la que suscribe, visitamos las instalaciones del Complejo ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí recogimos quejas y denuncias directamente de las y los trabajadores petroleros tanto obreros y operarios sindicalizados, como Técnicos y profesionistas del régimen de confianza.

Prácticamente los trabajadores han sido desplazados, la nueva compañía creada llamada Petroquímica Mexicana de Vinilo, se maneja con total autonomía en las instalaciones, con un poder absoluto de decisión. Se ha contratado a la compañía ICA Flour para los trabajos de rehabilitación y esta a su vez introdujo obreros bajo el régimen outsourcing, han rentado maquinaria para los trabajos de ingeniería y mantenimiento, mientras las unidades de Pemex permanecen estacionadas.

En dicha Alianza de co- inversión, PEMEX reportó que no tenía recursos para mantener en total control directo Pajaritos, por lo que la inyección de capital e infraestructura que Mexichem sumaría a esta alianza seria benéfica para ambos. INDAABIN (Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) evaluó los terrenos, edificios, maquinaria y equipo como las plantas químicas de proceso del Complejo Pajaritos en 254 millones de dólares, mientras que los bienes de Mexichem fueron evaluados en 125 millones de dólares.
Sin embargo, para que la privada Mexichem obtuviera la mayoría y la Presidencia en el Consejo de administración en la nueva empresa, sumó a la composición accionaria 44 millones de dólares más en “aportación capital trabajo” y declaró que invertiría 156 millones de dólares en efectivo. Con esto la composición quedó finalmente en 56 por ciento para Mexichem y 44 por ciento a Pemex.

Sumado a lo anterior cerca de 1300 trabajadores Petroleros altamente calificados y expertos en este sector con trayectoria y antigüedad demostrada, están en calidad de “disponibilidad absoluta “para que desempeñen otras actividades como jardinería o mantenimiento en otras instalaciones de la paraestatal, manifestando su preocupación e incertidumbre.

Pero sin duda, lo más grave se observa en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2014que presentó el Ejecutivo Federal, en el Tomo V Entidades de Control Directo, y programas y proyectos de Inversión en Pemex Petroquímica, se etiquetan recursos para 17 proyectos en el Complejo Petroquímico Pajaritos, con un costo total de 510 millones de dólares, de los cuales ya se han invertido 198 millones de dólares en los años pasados recientes 2012 y 2013. Dando continuidad a un programa cien por ciento gubernamental en este ejercicio 2014 le asignan 131 millones de dólares más, presentando una planeación para que todavía en los años siguientes 2015 y 2016 se apliquen 181 millones de dólares restantes.

En los hechos y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación del 30 de Julio del 2013, este activo se enajenó y desincorporó para que dieran entrada a la nueva empresa, pero en forma dolosa hoy solicitan recursos del erario para inyectarle a un proyecto de control privado, donde sobrepasa al doble lo evaluado de las instalaciones así como también duplica lo pactado en la composición accionaria de la nueva empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV.

Por lo anterior es evidente que esta alianza no cumple con lo pactado, y que ante la desventaja en que quedó PEMEX ahora se pretende inyectar recursos del erario público a un proyecto de control privado. Confirmamos que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en la alianza entre las empresas Pemex y Mexichem y también con el consentimiento de la Comisión Federal de Competencia, son completamente violatorios de lo señalado en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente motivado y fundamentado, solicitamos que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se abstenga de entregar los recursos correspondientes a las partidas de los 17proyectos etiquetados en el presupuesto de egresos para el Complejo Petroquímico Pajaritos (se incluye en el anexo) hasta que la administración de PEMEX detalle a esta soberanía la situación real de esta infraestructura.

Segundo. El Senado de la República solicita respetuosamente al Presidente del Consejo de Administración del Petróleos Mexicanos, que anule el acuerdo unilateral de alianza para la creación de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el Complejo Petroquímico Pajaritos con una adecuada dirección y profesionistas altamente calificados y especializados en esta materia se encarguen aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica.

Tercero. El Senado de la República acuerda la instalación de una Comisión de Investigación a fin de supervisar toda la información y decisiones sobre el tema de esta alianza y se reintegre e incorpore el área y terreno autorizados que fueron enajenados. Asimismo, dicha Comisión deberá investigar el Consejo de Administración de Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV.

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores, a 14 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a llevar a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar a los responsables de los actos de desvíos de recursos del erario de la entidad durante la administración de Emilio González Márquez. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE DETERMINAR A LOS RESPONSABLES DE LOS ACTOS DE DESVIOS DE RECURSOS DEL ERARIO DE LA ENTIDAD DURANTE LA ADMINISTRACION DE EMILIO GONZALEZ MARQUEZ

"Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar a los responsables de los actos de desvíos de recursos del erario de la entidad durante la Administración de Emilio González Márquez, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transparencia y la rendición de cuentas son dos instrumentos fundamentales para el fortalecimiento de todo régimen democrático, sin ellos, la pluralidad que caracteriza a nuestro sistema político nos ha permitido avanzar paulatinamente en el tema, sin embargo, es una realidad que sigue habiendo resistencia por parte de algunos gobiernos locales y municipales.

El pasado 17 de octubre el Contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, dio a conocer que la dependencia a su cargo detectó que durante el último año de la administración de Emilio González Márquez, la entidad sufrió un daño patrimonial al presupuesto que superaba los 7 mil 573 millones de pesos.

El funcionario se pronunció de la siguiente manera: “En estos momentos estamos trabajando con mucha discreción para llegar a un buen fin en todos los casos –en total cerca de 350- donde se detectó daño al erario, porque debemos acreditar las denuncias administrativas y penales, además de tener todos los elementos de prueba para dictaminar quienes son los ex funcionarios responsables y que las autoridades correspondientes procesen a los señalados”.

El funcionario preciso que en este momento no es conveniente señalar a los ex funcionarios involucrados en los asuntos, pues éstos podrían sustraerse de la acción legal de la justicia. Por la magnitud de las irregularidades halladas, es necesario que se impongan las penas y medidas correspondientes.

Además, resaltó que tan sólo en obra pública se detectó el desvío de 2 mil 531 millones de pesos principalmente de la Secretaría de Infraestructura y el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece), en la edificación de la Ciudad Judicial y de la Villa Panamericana.

Otro caso es la construcción de la Ciudad Judicial, la cual se inauguró el 26 de octubre del presente año. El complejo que se proyectó en 2007, con una inversión inicial de 325 millones de pesos, debido a las irregularidades con que se condujeron a lo largo de la pasada administración, terminó costando 699.7 millones de pesos, es decir, se duplicó el proyecto original lo cual ha generado una serie de suspicacias entre la sociedad jalisciense.

La edificación de la Ciudad Judicial de Jalisco, estuvo a cargo del “Grupo Nova”, empresa de la cual tiene como apoderado a Aarón González Márquez, hermano de Emilio González Márquez. Asimismo, se benefició de adjudicación de las “Villas Panamericanas”, proyecto del cual, el ex gobernador de Jalisco, de manera ilegal, sustrajo recursos de los trabajadores, a través de Pensiones del Estado.
Precisamente, las dudas derivadas del manejo de recursos en la construcción del complejo, fueron las que impulsaron al actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz a realizar una investigación minuciosa sobre las cuentas para su construcción.

Por otro lado, expresó que durante la administración de Emilio González Márquez, no se realizaban auditorías a las dependencias estatales ni a los organismos paraestatales descentralizados con recursos estatales y federales, sólo en ocasiones había pequeñas observaciones y no más.

Lo anterior en contravención de lo establecido en los párrafos primero y tercero del artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dicen:

“Los entes públicos estatales o municipales descentralizados o fideicomisos, están obligados a remitir a la Auditoría Superior del Estado antes del día 30 de junio sus estados financieros dictaminados, cada anualidad por contador público externo autorizado por la Contraloría del Estado, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado a la Auditoría Superior y los municipales por Contralor Interno del municipio debidamente autorizado por el Auditor Superior en los términos de esta ley.

La Auditoría Superior del Estado rendirá informe final sobre los resultados a la revisión de las cuentas pública o los estados financieros y lo remitirá al Congreso del Estado para su revisión. La Auditoría Superior del Estado, por derecho propio, podrá realizar auditoría a las entidades que hayan remitido sus resultados de auditoría por despachos externos, no obstante éstas hayan rendido los resultados sobre sus estados financieros.”

Asimismo, el desvío de recursos que tuvo lugar durante la administración del panista, Emilio González Márquez, constituye de manera fehaciente lo establecido en el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

Además, a reserva de las penas y medidas de seguridad que luego de los procesos penales correspondientes impongan las autoridades judiciales, los hechos dejan de manifiesto que los responsables, al menos incurrieron en la comisión del delito de peculado. Sobre el particular, el párrafo primero del artículo 148 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, señala que:

“Comete el delito de peculado todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa.”

Asimismo, se debe actuar de conformidad a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, que al efecto dispone lo siguiente:

Artículo 21. La Auditoría Superior tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

X. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, gestión financiera y patrimonio;

XXIII. Sancionar a sus servidores públicos conforme a las leyes de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, según corresponda;


Artículo 22. Corresponde a las contralorías internas o quien haga sus funciones de los entes y entidades auditables:

II. Iniciar auditorías internas simultáneas o posteriores a los ejercicios fiscales que corresponda y dar cuenta detallada de las mismas a la Auditoría Superior para su conocimiento o en su caso, intervención;

III. Coadyuvar con la Auditoría Superior en sus funciones de auditoría pública; y

IV. Iniciar y llevar los procedimientos de responsabilidades que se deduzcan en el proceso de auditoría que lleven a cabo y en caso de existir daños al erario o patrimonio público elevarlos a crédito fiscal y notificar a la autoridad fiscal que corresponda para su cobro correspondiente.

Artículo 25. Son autoridades concurrentes en materia de la presente ley:

I. El Congreso del Estado de Jalisco y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

II. La Auditoría Superior de la Federación y del Estado; y

III. Las contralorías internas.

Artículo 26. El principio de concurrencia se da cuando por la conformación de los fondos públicos, sean federales, estatales o municipales, dichas autoridades están facultadas indistintamente para revisar y auditar las cuentas públicas o los estados financieros, así como para iniciar procedimientos de responsabilidades.

Artículo 100. Las facultades económicas coactivas de las autoridades fiscales derivadas de las cuentas públicas, prescriben en cinco años a partir de la publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” del dictamen que resuelva la cuenta pública respectiva.

Artículo 101. Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades administrativas e imponer las sanciones a que se refiere esta ley prescriben en tres años.

El plazo de la prescripción contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

En todos los casos, la prescripción a que elude (sic) este precepto se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento.

Es necesario que las autoridades ministeriales y judiciales de la entidad realicen las diligencias que permitan conocer las irregularidades en el procedimiento de licitación, adjudicación y contratación de los proyectos; así como la justificación y comprobación del gasto público, a fin de que a los responsables se les impongan las penas y medidas que correspondan.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, realice una investigación minuciosa de la participación y responsabilidad del ex gobernador Emilio González Márquez, en el manejo irregular y desvío de recursos en los Proyectos Villas Panamericanas y la Ciudad Judicial.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior del Estado, recomiende a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría del Estado de Jalisco aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos a los que se les haya demostrado su participación en el desvío de recursos en los Proyectos Villas Panamericanas y la Ciudad Judicial.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 5 de noviembre de 2013".






De la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reitera una vez más su profundo interés en la atención al fenómeno de la migración, y en ejercicio de sus atributos y responsabilidades solicita a la Secretaría de Gobernación remita un informe sobre la participación del Estado Mexicano frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA REITERA UNA VEZ MAS SU PROFUNDO INTERES EN LA ATENCION AL FENOMENO DE LA MIGRACION, YEN EJERCICIO DE SUS ATRIBUTOS Y RESPONSABILIDADES SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION REMITA UN INFORME SOBRE LA PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO FRENTE A LAS DISTINTAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION

“La que suscribe, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislaturadel Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 2 del Reglamentodel Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía PROPOSICION CON PUNTODE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA REITERA UNA VEZ MAS SU PROFUNDO INTERES EN LA ATENCION AL FENOMENO DE LA MIGRACION, Y EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUTOS Y RESPONSABILIDADES SOLICITA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME SOBRE LA PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO FRENTE A LAS DISTINTAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION, al tenor de la siguiente:

ANTECEDENTES

1. El fenómeno de la migración, sin duda alguna, conlleva uno de los más grandes retos para el mundo, y de una manera más acentuada, dolorosa e injusta, para el corredor América Central- América del Norte. El fenómeno de la migración es sumamente complejo y desgraciadamente presenta muchas aristas, su origen es multifactorial aunque predomina la búsqueda de mejores horizontes económicos. El fenómeno migratorio indocumentado presenta, lamentablemente, una serie recurrente e inaceptablede violaciones a los derechos humanos de las personas que migran. Estas personas son sujetos a una serie de actos denigrantes y repugnantes como la trata de personas en sus dos grandes vertientes; la explotación laboral “por la falta de papeles” implica que los trabajadores estén mal pagados o carezcan de salario y faltos de seguridad social o de acceso a la salud o a la educación; y la trata en su vertiente de la explotación sexual, como ocurre desgraciadamente en nuestro país.

2. El fenómeno de la migración indocumentada está presente en nuestras fronteras desde hace muchas décadas, acrecentándose en diversos momentos de nuestra historia así como de la historia mundial. Así ocurrió durante la Revolución Mexicana, en la que familias enteras huyeron a los Estados Unidos de América en busca de seguridad, o bien cuando a raíz de la Segunda Guerra Mundial surge el Programa Bracero, que se extendió hasta la década de1960 ante la falta de mano de obra a bajo costo en los Estados Unidos. También sucedió en la década de 1980 y 1990, cuando a raíz de guerras civiles en diversos países centroamericanos sus habitantes decidieron migrar en busca de seguridad y paz. Conla globalización y sobre todo a partir de la década de 1980, el conocido “sueño americano” atrajo a millones de latinos.

3. El fenómeno de la migración irregular está tan arraigado en nuestra historia, que podemos decir que hasta forma parte de nuestra cultura, como se constata en diversas canciones populares y corridos, o en el hecho de que en muchas comunidades los jóvenes están esperando cumplir los 15 o 16 años para poder entonces tener el permiso de “irse al norte”, ello independientemente de las condiciones económicas de su familia.

4. Por todo lo anterior, entre muchos otros motivos, los presidentes de la región decidieronen la Cumbre de Presidentes Tuxtla II celebrada en febrero del año 1996 crear la Conferencia Regional sobre Migración (CRM). Esta, como un foro multilateral en la que los Estados Miembro compartieran de manera constructiva y desde sus perspectivas y experiencias particulares, una problemática común, considerando su origen, tránsito y destino. Cabe mencionarse que la CRM también es conocida como Proceso Puebla por haberse celebrado en esa ciudad, en marzo de ese mismo año, su primera reunión.
5. Al día de hoy, los países miembro son once: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Asimismo, participan con carácter de países observadores Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú. Es de señalarse, que los países observadores participan en algunas de las actividades de la Conferencia Regional sobre Migración como las discusiones abiertas de la Reunión de Viceministros, pero no intervienen en los puntos de agenda, en los procesos de toma de decisiones, ni en la elaboración de documentos que contengan recomendaciones o compromisos.

5. Un aspecto a reconocerse es la determinación de la Conferencia de contar con organizaciones observadoras regionales o internacionales como son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Económica para América Latinay el Caribe de las Naciones Unidas/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL/CELADE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría General de la Conferencia Iberoamericana (SEGIB), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Como la propia Conferencia lo expresa, “el papel de los Organismos Internacionales en la CRM consiste en apoyar en la implementación de algunos proyectos que los gobiernos determinen, aportar información sobre el estado de la situación de temas de interés, brindar asesoría técnica y dar recomendaciones sobre aspectos específicos.”

6. Adicionalmente a las observadoras regionales o internacionales, la Conferencia regional sobre Migración determinó conformar, junto con las Organizaciones de laSociedad Civil, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RRCOM) y fortalecer con ello el diálogo entre ambas. La RRCOM inició su participación en durante la III Conferencia efectuada en Ottawa, Canadá en el año 1998. Actualmente participa en seminarios y talleres de la CRM y cuenta con espacios de participación en las agendas de trabajo de las Redes de Funcionarios de Enlace, del Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM) y de la Reunión Viceministerial.

7. La CRM cuenta también con el Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), cuyo fin es el de instrumentar y dar seguimiento a los acuerdos políticos. Este Grupo, representa el nivel técnico y operativo de la CRM, impulsa la cooperación y promueve el intercambio de información respecto a temas específicamente relacionados con la migración. Los organismos observadores participan en las reuniones técnicas del GRCM, no así los países observadores. Este Grupo se reúne dos veces al año, realizándose el primer encuentro en conjunción con el de los Viceministros. Entre sus funciones se encuentran:

• Actualizar el Plan de Acción de la CRM, que incluye el intercambio de información, los seminarios, las capacitaciones y los proyectos dentro de tres temas principales: gestión y políticas migratorias, derechos humanos, y migración y desarrollo.

• Examinar, en coordinación con la Secretaría Técnica, y aprobar los Planes de Trabajo de la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata y al Tráfico Ilícito y la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular. Dichos Planes son las herramientas de monitoreo de las acciones de las Redes.

• Examinar cuestiones administrativas y presupuestarias relacionadas con la Secretaría Técnica (ST).

• Preparar recomendaciones para los Viceministros(as) e implementar y monitorear las acciones decididas por ellos(as).

En las sesiones también existe un espacio para la participación de la Sociedad Civil, representada por la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM).

8. Como la misma Conferencia regional sobre Migración lo señala, la Conferencia está conformada por los siguientes órganos y bajo el siguiente orden de importancia: La Reunión de Viceministros(as), el Grupo Regional de Consulta sobre Migración (GRCM), la Red de Funcionarios de Enlace para el Combate a la Trata de Persona y al Tráfico Ilícito de Migrantes y la Red de Funcionarios de Enlace de Protección Consular.
9. La Conferencia Regional sobre Migración cuenta con un Plan de Acción que resume los compromisos para una acción regional y un marco básico de dirección y coordinación de las actividades. Es importante señalar que para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia la agenda y el plan de acción de la Conferencia se dividen en; a) Políticas migratorias y Gestión; b) Derechos Humanos; c) Migración y Desarrollo.

En mérito de lo anterior y con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de los legisladores federales presentar proposiciones y denuncias, así como representar los intereses legítimos de los ciudadanos y de los estados promoviendo y gestionando la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

II.- Que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos goza de la facultad en nombre del Estado mexicano para dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales; entendiéndose esta potestad como aquella que se le atribuye no sólo para adherirse a aquellos de los que nuestro país puede llegar a ser parte, sino como aquella conferida para impulsar entre distintas naciones acuerdos “inter pares” que permitan el desahogo, atención y solución multilateral de distintas problemáticas y asuntos que trasciendan las barreras nacionales, deviniendo dicha facultad del dispositivo constitucional en comento y que “ad literam” señala:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a IX (…)

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI a XX (…)

III.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2ª de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en los principios generales, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Estableciéndose como principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

• Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
• Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

• Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

• Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

• Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

• Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente, en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades.

• Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

• Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

• Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

• Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

• Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de la cultura y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

• Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

• Que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.
Estableciendo el precepto legal de mérito que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

IV.- Que tomando en cuenta que el Estado mexicano ha sido un amplio promotor del respeto a los derechos de las personas migrantes destacando a nivel internacional por la suscripción y posterior ratificación de los siguientes instrumentos internacionales en materia de migración:

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y REGIONALES

FECHA DE RATIFICACION

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP).

23/03/81

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PDESC).

23/03/1981

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (CER).

07/06/2000

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (PER).

07/06/2000

Convenio 143 sobre los Trabajadores Migratorios (C143).

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

23/03/1981

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

21/09/1990

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CPDTM).

08/03/1999

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Ajena (CRTPEPA).

21/02/1956

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racional (CERD).

20/02/1975

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT).

23/01/1986

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC).

16/06/1965

Convención sobre Asilo Diplomático (CASD).

06/02/1957

Convención sobre Asilo Territorial (CAST).

03/04/1982

Convención Americana de Derechos Humanos.

03/04/1982

Protocolo sobre la Competencia de la Corte Interamericana.

16/12/1998

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIT).

22/06/1987

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

12/11/1994

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDF).

09/06/1994

Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales.

16/04/1996

De lo anterior, advirtiéndose con toda claridad que el Estado mexicano siempre ha procurado suscribir aquellos instrumentos internacionales que considera protegerán al migrante en todas sus esferas de desarrollo como persona y en su unidad tanto familiar como social en el país de origen y en el de destino.

V.- Que existe una profunda necesidad de ocuparse de los problemas y las oportunidades que presenta la migración para los países de origen, tránsito y destino.

VI.- Que según la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, la migración no sólo plantea problemas a la comunidad mundial sino que también le aporta beneficios, y es de suma importancia que se incluya el tema en los debates y deliberaciones sobre desarrollo en todos los países.

VII.- Que el Grupo de Consulta Regional sobre Migración se reúne entre el 18 y 19 de noviembre de 2013 en San José, Costa Rica, en virtud de lo precisado en los antecedentes.
En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República reitera su profundo interés en la atención al fenómeno de la Migración, y en ejercicio de sus atributos y responsabilidades solicita a la Secretaría de Gobernación remita a esta Soberanía un informe sobre la participación del Estado mexicano frente a las distintas reuniones de la Conferencia Regional sobre Migración, así como sus conclusiones y la estrategia para su implementación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.






De la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Turismo.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AREALIZAR LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA QUE SE ABRAN MAS ACCESOS PUBLICOS A LAS PLAYAS DE PUERTO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente en el Estado de Quintana Roo, debido a los numerosos hoteles, restaurantes y negocios en general, situados a la orilla de la playa y a que su construcción entre cada edificación es muy cercana, se han ido disminuyendo los accesos a las playas, dejando excluidos principalmente a los originarios de las localidades, situación que resulta paradójicamente lamentable, ya que al radicar a una distancia corta del mar no pueden acceder a este.

Así mismo, el artículo 7° de la Ley General de Bienes Nacionales establece:

ARTICULO 7.- Son bienes de uso común:

“I a III…

IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

V.- La zona federal marítimo terrestre;

VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas;

VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público;

VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;

IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes;

X a XIV…”

Por lo que las playas, así como la Zona Federal Marítima Terrestre son bienes de uso común.1
El derecho a la recreación y esparcimiento reviste un carácter social, ya que tiene que ver con la calidad de vida de sus habitantes, pues forma parte de los elementos satisfactores, como la alimentación, la vivienda, la educación, protección a la salud y trabajo; forman parte de los derechos económicos, sociales y culturales, donde el Estado debe actuar como garante y promotor del bienestar económico y social de todas las personas con el fin de que éstas desarrollen al máximo, tanto a nivel individual, como colectivo.

El derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, tales como:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que en su artículo 24 establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 3º y 7º, señala la obligación de los Estados Parte de asegurar, tanto a hombres y mujeres el goce todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en él, como el descanso y el disfrute del tiempo libre.

• Así también, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 31, el reconocimiento y promoción de los Estados Partes, del derecho del niño y de la niña al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30 también hace alusión a la obligación que tienen los Estados Partes, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, para lo cual deberán adoptar medidas pertinentes, tales como asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.

• En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 15, se establece que toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también ha contemplado el derecho a la cultura y a la cultura física.

Es menester mencionar en el artículo 1° de nuestra Carta Magna establece que:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Los organismos competentes deben de garantizar los Derechos humanos y el interés General.

Es algo que no se ve reflejado en las playas de Quintana Roo, en la actualidad se está prohibiendo el acceso y el libre tránsito en las playas, lo que resulta totalmente violatorio a los derechos humanos.

También es importante manifestar que ante empresas que buscan expandir sus negocios, es fundamental la intervención de la SEMARNAT y SECTUR para continuar el crecimiento de Cancún como un centro integralmente planeado y ejercer un control en beneficio de los mexicanos.

El artículo 11, constitucional nos expresa el derecho a la libertad de tránsito, el cual a la letra dice:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…

Se concluye que desafortunadamente no se está dando cumplimiento al interés general, ni a los tratados internacionales y mucho menos al Artículo 1° ni 11° de nuestra Carta Magna; por intereses de algunos empresarios en privatizar las playas, se está restringiendo el acceso a los habitantes y a los turistas que no tienen reservación en este tipo de hoteles que ofrecen los servicios privados de las playas.

En Cancún, la problemática en mención, se ha ocasionado, increíblemente que se tengan sólo nueve entradas con acceso a playas para la población y turistas de escasos recursos o aquellos que no quieren gastar en hoteles de lujo.

Las nueve playas son: Delfines o El Mirador, Ballenas, Marlin, Chacmool, Gaviota Azul, Caracol, Tortugas, Langosta y Las Perlas.

Entonces, las playas son públicas o son de los grandes empresarios hoteleros que se distribuyen estas con el aval de las autoridades.

En atención a lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para quede conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales aplicables, se respeten los Derechos Humanos que establecen la protección de todos los mexicanos y turistas, en relación al libre tránsito, acceso, y disfrute de las playas, con la finalidad de que se realicen las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.


1 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1441/1/mx/antecedentes.html






Del C. Senador Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a considerar la eliminación de las zonas económicas para la determinación de los salarios mínimos generales y profesionales que deberán regir durante 2014 en todo el territorio de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS A CONSIDERAR LA ELIMINACION DE LAS ZONAS ECONOMICAS PARA LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES Y PROFESIONALES QUE DEBERAN REGIR DURANTE 2014 EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA

“El suscrito, Senador Isaías González Cuevas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instruya al titular de la CONASAMI a considerar la eliminación de las zonas económicas para la determinación de los salarios mínimos generales y profesionales que deberán regir durante 2014 en todo el territorio de la República Mexicana. Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. En nuestro país, la evolución del proceso de generación neta de empleos, ha sido muy lenta, se han cerrado empleos permanentes y se han venido creando empleos de menor calidad y remuneración, por lo que la masa salarial ha disminuido en relación al tamaño de nuestra economía, pues su participación en el Producto Interno Bruto pasó de ser del 31.0 por ciento del PIB en 2001 a representar sólo el 27.6 por ciento del PIB en 2012, lo que representa una caída acumulada de la masa salarial de -11.1 por ciento.

2. Esta disminución de la masa salarial ha tenido un impacto importante en el tamaño del consumo agregado del sector privado de la economía; en 2001 la participación de la remuneración de asalariados en el consumo privado total era de 45.0 por ciento, mientras que en 2012 es de 37.0 por ciento, esto es una caída del 17.8 por ciento en el consumo privado total, con lo que se ha debilitado el mercado interno, pues la inversión productiva crece sólo de manera inercial, ya que no encuentra los incentivos de mercado suficientes.

3. En gran parte, la debilidad del mercado interno responde a esta disminución del consumo agregado de la economía, lo que inhibe la expansión de la inversión productiva, y por tanto no permite el crecimiento sostenido del empleo formal.Por ello es necesario aumentar la masa y la tasa salarial.

4. Para establecer los aumentos a los salarios mínimos y salarios mínimos profesionales que prevalecerán en el país durante 2014, es importante impulsar los salarios como variable económica central para el logro de la recuperación económica, para apoyar el crecimiento en el corto plazo.

5. Aumentar la cantidad de empleos formales remunerados, aumentará la masa salarial, las aportaciones fiscales, las aportaciones a la seguridad social; aumentar la tasa salarial aumentará el poder adquisitivo de los salarios y por ello, podrá crecer el mercado interno y se podrá avanzar en empleo e inversión productiva.

6. Considerando que los representantes de los trabajadores en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) han expresado de manera reiterada y clara, ante el Consejo de Representantes, su posición respecto a los aumentos a los salarios mínimos generales y profesionales, y sobre lo inadecuado de la existencia de zonas económicas salariales, pues los precios de los artículos de consumo medidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el país, se comportan de manera similar en todo el territorio nacional, resultando incluso que en algunas regiones donde los precios se elevan más, son las zonas en que los salarios son más bajos.

7. Por otra parte, el aumento que autoriza cada año la CONASAMI, afecta también a todos los trabajadores en los diferentes estratos y niveles salariales, pues el porcentaje de aumento, es de facto adoptado por los empresarios como el “techo” de los aumentos de los salarios contractuales que se pactan a lo largo del año entre empresarios y trabajadores en todas las ramas de actividad económica.

8. Por el lado de los precios al consumidor, se ha observado que en cada zona económica salarial, avanzan de manera homogénea, mientras que los salarios, muestran diferencias que resultan en detrimento de los trabajadores mexicanos, pues la mayoría de los municipios del país se encuentran ubicados en la zona salarial “B” (antes “C”) que es donde menor es la percepción, por lo que también de manera reiterada, los representantes de los trabajadores hemos propuesto ante el Consejo de Representantes de la CONASAMI que es necesario homologar los niveles de los salarios mínimos en el país alineándolos con los de la Zona “A” y asimismo, proponemos la desaparición de la zona salarial “B” (antes “C”).

9. Proponemos además que para fijar el porcentaje de aumento de los salarios mínimos y mínimos profesionales para el 2014, debe tomarse en cuenta; el aumento de la productividad laboral, la inflación observada en 2013, la proyección de inflación para el próximo año y un porcentaje adicional que signifique una mejora en el poder adquisitivo del salario mínimo.

10. De igual manera es importante que la CONASAMI en el marco de sus atribuciones, no solo cumpla plenamente las funciones y tareas que le marca nuestra Constitución en el sentido de aprobar salarios mínimos que permitan cumplir las necesidades de todo trabajador; sino que además debe respetarlos compromisos internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de derechos humanos laborales. 

11. Por ello, y en base a lo establecido en la Constitución Política, en su título sexto denominado; “Del Trabajo y de la Previsión Social”, artículo 123, fracciones VI. y VII y de acuerdo a las consideraciones dichas anteriormente.

Me permito someter a su consideración, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo instruya al titular de la CONASAMI, en el marco de sus respectivas atribuciones, a que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 123 fracción VI segundo párrafo de la Constitución Política, de modo tal que el aumento otorgado a los salarios mínimos, se establezca considerando la inflación habida este año, la proyección de inflación del próximo y la necesaria recuperación de los salarios en términos de su poder adquisitivo, por lo que el aumento que se determine para 2014, no sea menor al 8.0%.

SEGUNDO.-La Cámara de Senadores exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario del Trabajo y por su conducto al de la CONASAMI, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, cumplan con lo dispuesto en el artículo 123, fracción VII y se reclasifiquen los municipios del país para que exista una sola zona económica A, y desaparezca la Zona B referente a los salarios mínimos, debido a que los precios se comportan de manera homogénea en todo el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Isaías González Cuevas”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe las causas por las cuales no ha sido ejercido el presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicarán para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA QUE INFORME LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO HA SIDO EJERCIDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE FEDERACION PARA 2013, ASI COMO HAGA DE CONOCIMIENTO CUALES SERAN LAS MEDIDAS QUE APLICARAN PARA QUE NO SE REPITA DICHO RETRASO EN AÑOS SUBSECUENTES

"De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 8, numeral 1, fracción II así como los artículos 95, 108,109,110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente resolución la proposición con punto de Acuerdo en el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que informe a esta soberanía todas y cada una de las causas por las cuales no ha sido ejercido el presupuesto asignado en el presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio fiscal 2013, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repita dicho retraso en años subsecuentes.

CONSIDERACIONES

La presente administración se ha caracterizado por un bajo crecimiento económico y un mal manejo de las finanzas públicas, recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó su estimación de crecimiento económico para 2013 de un preocupante 1.3%. Sin embargo, el descenso para el 2013 puede ser más grave pues la economía para el primer trimestre creció sólo 0.6%, mientras que en el segundo trimestre tuvo un crecimiento de apenas 1.6% y para el tercer trimestre de 1.3%, lo anteriorrepresenta un crecimiento de 1.2% en los primeros nueve meses del presente año.

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Tercer Trimestre del 2013 de la SHCP, de enero a septiembre de 2013, el subejercicio presupuestario ascendió a 3,661.1 millones de pesos. Cifra que puede explicar el mediocre crecimiento obtenido en los primeros 9 meses de 2013.

Asimismo, entre las secretarías con mayor subejercicio de enero a septiembre de 2013 se encuentra: Desarrollo Social con 2,194.8 millones de pesos, Gobernación con 820.4 millones de pesos, Salud con 788.7 millones de pesos, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 753.5 millones de pesos, Procuraduría General de la República con 598.4 millones de pesos, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 554.4 millones de pesos y Hacienda y Crédito y Público con 488.9 millones de pesos.

Bajo el mismo el contexto, entre los principales programas con mayor subejercicio de enero a septiembre de 2013 se encuentra la partida de Desarrollo Social del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades con 958.4 millones de pesos, la partida de Educación Pública del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades con 935.0 millones de pesos, el Seguro Popular con 250 millones de pesos, el Fondo PYME con 164.1 millones de pesos, por mencionar algunos.

Lo anterior resulta inaceptable toda vez que existe una disminución generalizada en el gasto de la administración pública, principalmente en dependencias cuyo ejercicio del recurso es vital para detonar el desarrollo de nuestro país, generación de empleo y combate a la pobreza. De la misma forma pone en evidencia la incapacidad de la actual administración para gobernar, llevar un manejo responsable de las finanzas públicas y la aplicación de sus tan “destacadas” estrategias como “cruzada contra el hambre”.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el Siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que comparezca ante el pleno e informe todas y cada una de las causas por las cuales no ha sido ejercido de manera responsable el presupuesto de la administración pública asignado en el presupuesto de Egresos de Federación para el ejercicio fiscal 2013, así como haga de conocimiento cuáles serán las medidas que aplicaran para que no se repitan dichos subejercicios en años subsecuentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente".






Del C. Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social asista a comparecer al Senado de la República para analizar el último informe de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ASISTA A COMPARECER AL SENADO DE LA REPUBLICA PARA ANALIZAR EL ULTIMO INFORME DE LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACION Y EMPLEO

"Del Senador Armando RIos Piter, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ASISTA A COMPARECER AL H. SENADO DE LA REPUBLICA PARA ANALIZAR EL ULTIMO INFORME DE LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACION Y EMPLEO al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A un año de la Reforma Laboral aprobada por Cámara de Diputados el 1ero de noviembre del 2012, se comprueba que no ha logrado generar más empleos, mejor remunerados ni un crecimiento económico importante; tal como lo dijeron en su momento el entonces titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderóny el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En la discusión que se llevó a cabo para dicha Reforma se dijo que se mejoraría el desempeño de nuestro mercado de trabajo. La reforma estuvo basada en la modernización de la Ley Federal del Trabajo con dos objetivos fundamentales: primero, promover la generación de más empleos y segundo, lograr que aquellas relaciones laborales que se desarrollan en la informalidad, se regularicen y transiten al mercado formal1.
Sin embargo, a pesar de haber aprobado una reforma “de gran calado” se sigue golpeando a la clase trabajadora, deteriorando salarios, disminuyendo los derechos sociales,dificultando el acceso a la seguridad y a la protección social.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un informe publicado el 12 de noviembre del presente año sobre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el cual se reportó las cifras del tercer trimestre de 2013, se destaca que el desempleo aumentó, al ubicar a 2.7 millones de personas en esta condición, lo que representa una tasa de 5.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que en el mismo periodo del 2012 se ubicó en 5.1 por ciento2. Dichas cifras muestran el comportamiento del empleo en fechas recientes y con dicha información es posible analizar el impacto de la Reforma antes mencionada.

El tema central de una reforma laboral debería ser la recuperación del poder adquisitivo del salario. México destaca por tener uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, el precio de la hora de trabajo no llega siquiera a un dólar3 y tenemos, al mismo tiempo, muchos de los empresarios más ricos del mundo. Tenemos una economía con altos niveles de pobreza y desigualdad.

Es necesario una vez aprobadas las reformas, darles seguimiento para que a partir de los diagnósticos se cumpla con el objetivo para el que fueron modificadas las leyes, de otra forma nos quedaríamos en el plano insuficiente y sin estar seguros que realmente beneficien a la ciudadanía que nos brindó su voto para legislar en beneficio de sus intereses.

Hoy nuestro interés debe ser la clase trabajadora y si la reforma aprobada no está dando los resultados esperados, habrá que replantear los fundamentos y hacer lo necesario para que se cumpla con lo establecido.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta H. Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se cita al Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a comparecer al H. Senado de República para analizar el último informe de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

SEGUNDO.- Se le solicita al Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a publicar un informe con lo referente a la Reforma Laboral aprobada en noviembre de 2012, sus avances e impacto en la clase trabajadora.

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en conjunto con el Congreso de la Unión se realicen mesas de trabajo para revisar dicha Reforma y garantizar la generación de más empleos y mejor remuneración de los mismos.

Senado de la República, 20 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter".

1 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/Ini_Ref_Laboral_2012.pdf

2 Boletín INEGI 461/13 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/estrucbol.pdf

3 En Chile es de 2.43 dólares, en Portugal 3.67, en Grecia 4.93, en EUA 6.5, Francia 8.88, Luxemburgo 9.27.






De la C. Senadora Layda Sansores San Román, que contiene punto de Acuerdo para que un grupo plural de Senadores se traslade a la Plaza de Coalcomán de Vásquez de Pallares, Michoacán, a fin de conocer la situación de inseguridad que padecen los migrantes en sus comunidades de origen. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE UN GRUPO PLURAL DE SENADORES SE TRASLADE A LA PLAZA DE COALCOMAN DE VASQUEZ DE PALLARES, MICHOACAN, A FIN DE CONOCER LA SITUACION DE INSEGURIDAD QUE PADECEN LOS MIGRANTES EN SUS COMUNIDADES DE ORIGEN

“LAYDA SANSORES SAN ROMAN, SENADORA DE LA REPUBLICA, PERTENECIENTE AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 8,1 FRACCION II, 95 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, SOMETO A CONSIDERACION DEL PLENO, LA PRESENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

“No es propicio de una sociedad sana, observar como si nada ocurriera, que se cieguen vidas por razones políticas, o presumiblemente ligadas al poder, y que esos crímenes permanezcan en la impunidad, porque al trivializar la muerte política la convertimos en una amenaza que puede caer sobre todos nosotros”. (Anónimo)

I. SITUACION DESCRITA POR EL OBISPO DE APATZINGAN

Dicen los clásicos que para que haya un estado de derecho se necesita que sea regido por la ley que lleve a la práctica de la justicia. La justicia conduce a la paz donde se disfrutan valores tan fundamentales como el respeto a la vida, la libertad y el trabajo. Tiene como resultado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar para toda la sociedad.

Su contra parte es un estado de hombres, un estado fallido, donde hay un vacío de poder y ausencia de leyes y de justicia, lo que ha provocado inseguridad, miedo, tristeza, violencia, desconfianza, rivalidades, indiferencia, opresión y muerte, lo más grave el rompimiento del tejido social y del orden institucional del Estado. Cuando no hay justicia tampoco hay paz, ni desarrollo, ni prosperidad, ni bienestar en la sociedad.

El Estado de Michoacán tiene todas las características de un estado fallido. Los grupos criminales autonombrados como: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, se lo disputan como si fuera un botín:

• La Costa para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas;

• La Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera, para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales; y

• Las ciudades más importantes del Estado, para el trasiego y comercio de la droga, “venta de seguridad” cuotas, secuestros, robos y toda clase de extorsión.

El pueblo tiene años sufriendo atrocidades del crimen organizado que se han recrudecido en los últimos meses. Han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo.
En los últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el ejército y los federales se vayan de Michoacán y a los comisariados ejidales se les amenaza para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición.

Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales y cada vez más crece el rumor, que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad.

Son ya seis municipios que al ver a sus gobiernos municipales vendidos al crimen organizado y la incapacidad de la federaciónpara restablecer el estado de derecho; han tomado la decisión de organizarse para auto defenderse, logrando expulsar en estos municipios a los miembros del crimen organizado, acabando con las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones.

Pero ahora son agredidos constantemente por los Caballeros Templarios que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultando la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas surtan las gasolineras que se encuentran en esas localidades.

Desde mayo hay presencia de fuerzas federales, policía y militares, con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se ve por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas.

Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas que han sido levantadas. No obstante les damos el voto de confianza y esperamos tengan el firme propósito de solucionar el problema.

Invitamos al Poder Legislativo a sumarse en este esfuerzo por hacer de Michoacán un estado de derecho y que su apoyo sea efectivo en inversiones en nuestro Estado para que los jóvenes tengan alternativas de trabajo.1

II. ESTADO DE MICHOACAN, VISTO POR EL GOBIERNO

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa afirmó que el conflicto que vive la entidad se deriva de que durante años “se dejaron de hacer cosas”, lo que provocó un aumento en la inseguridad, reflejado en la irrupción de cárteles y grupos de autodefensa.

Durante la reunión privada que sostuvo la tarde del pasado lunes con legisladores federales y 17 diputados locales, el político priista comentó que se fortalecerá la relación con la Federación en todos los ámbitos, principalmente el de seguridad, porque hay varios municipios bien identificados de la Tierra Caliente, la sierra y la costa que requieren de una estrategia de combate al crimen, no sólo con la fuerza, sino con programas de carácter social.

Vallejo manifestó que se reunirá con los dirigentes de los grupos de autodefensa para buscar un cauce legal a su lucha y no se corra el riesgo de que se contaminen con algún grupo delictivo.

La mañana de este martes, el gobernador Vallejo estuvo en la capital del país y se reunió con funcionarios federales, ante quienes gestionó apoyos para programas sociales, así como con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para delinear una estrategia con base en la cual se ‘‘rescate’’ a Michoacán luego de los ataques ‘‘esquemáticos’’ a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y otros hechos de violencia ‘‘grave’’ en esa entidad.

Rechazó que los ataques contra subestaciones de la CFE y gasolineras, el pasado fin de semana, puedan considerarse actos terroristas.2

Por lo antes descrito y los pronunciamientos recientes sobre la desaparición de poderes en el Estado Michoacán, y dada la Semana del Migrante que se realiza en este recinto parlamentario, a petición de las comunidades de origen en retorno a su terruño, urge la presencia de una comisión del Senado para que se percaten de la situación y resuelva lo conducente. Por lo que pongo a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

EL SENADO DE LA REPUBLICA, ACUERDA SE INTEGRE UNA COMISIONES DE SENADORES Y SENADORAS PARA QUE SE TRANSLADENAL MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES DEL ESTADO DE MICHOCAN (TIERRA CALIENTE), A FIN DE QUE CONOZCAN Y ANALICEN LA SITUACION DE INSEGURIUDAD QUE VIVE EN AQUELLA ENTIDAD FEDERATIVA Y LA CAUSA DEL SURGIMIENTO DE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA; Y

RESUELVE

CON EL OBJETO PULSAR DIRECTAMENTE LA SITUACION QUE SE VIVE EN LA TIERRA CALIENTE, SIERRA Y COSTA MICHOACANA, ASI COMO ANALIZAR LAS CAUSAS QUE IMPACTAN LA MIGRACION VOLUNTARIA O INVOLUNTARIA, LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS DEL SENADO ENCABEZARA UNA GRUPO PLURAL E INSTITUCIONAL DE SUS MIEMBROS PARA VISITAR COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES Y LLEVAR ENCUENTROS PRESENCIALES CON LOS CIUDADANOS DE ESA REGION DE MICHOACAN (COALCOMAN, CHINICUILA, TEPALCATEPEC, BUENAVISTA, AGUILILLA Y LOS REYES).

- SE BUSCA QUE LA COMISION TENGA IDEAS Y PROPUESTAS CLARAS E INNOVADORAS PARA ABATIR LAS CAUSAS DE LA MIGRACION A TRAVES DE MEJOR LEGISLACION Y POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, PROMOVIDAS DESDE EL SENADO DE LA REPUBLICA.

- LA COMISION DE ASUNTOS MIGRATORIOS INVITARA A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, A LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD NACIONAL, A ORGANISMOS NO-GUBERNAMENTALES, A LA PRENSA NACIONAL PARA COMPILAR MEMORIA DE ESTE COMETIDO HISTORICO Y ASI CUMPLIR PLENAMENTE CON ESTE RESOLUTIVO.

- LA COMISION PROPICIARA REUNIONES CON LAS SECRETARIAS DE LA DEFENSA NACIONAL, LA DE LA MARINA Y ARMADA DE MEXICO, ASI COMO EL COMISIONADO DE SEGURIDAD NACIONAL PARA INTERCAMBIAR INFORMACION QUE SIRVA PARA PROMOVER UNA SOLUCION DE FONDO Y EL RESPETO A LOSDERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de noviembre de 2013.

Sen. Layda Sansores San Román”.


1 Patiño Velázquez,Miguel,“Hagamos de Michoacán un Estado de derecho”.Obispo de Apatzingán,Mich., 15 de octubre 2013. Año de la Fe. (Carta editada, circulada por las redes sociales)Página Web. https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es&shva=1#inbox/1421fb770f766234(Consultada 03 de noviembre de 2013)Vid. Ibarra Aguirre, Eduardo, “Utopía: Estrategia Regional Contra el Narco” Revista Forum Nº 1323, 1ª al 15 de noviembrede 2013. Página Web. https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es&shva=1#inbox/142200b1591d52e8 (Consultada 03 de noviembre de 2013)

2 Martínez Elorriaga, Ernesto y Fabiola Martínez, “Inseguridad, porque durante años se dejaron de hacercosas: Fausto Vallejo”, Periódico La Jornada, Miércoles 30 de octubre de 2013, p. 3.Página Web. http://www.jornada.unam.mx/2013/10/30/politica/003n2pol (Consultada 04 de noviembre de 2013)






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas a investigar que las actividades laborales del ciudadano Mony de Swaan Addatti-ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones-, cumplan con las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo referente a las obligaciones de los funcionarios que han concluido su empleo, cargo o comisión en la administración pública federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS A INVESTIGAR QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES DEL CIUDADANO MONY DE SWAAN ADDATTI -EX PRESIDENTE DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES-, CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, EN LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS QUE HAN CONCLUIDO SU EMPLEO, CARGO O COMISION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

"Los que suscriben, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, a investigar que las actividades laborales del C. Mony de Swaan Addatti –ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones–, cumplan con las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo referente a las obligaciones de los funcionarios que han concluido su empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 11 de noviembre el Periódico El Economista publicó en su Primera Plana que el C. Mony de Swaan Addati –ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones–, estaría prestando servicios de asesoría y cabildeo en materia de telecomunicaciones a la firma Inversión Tresalia y a la transnacional Virgin Mobile, a efecto de “implementar un plan de cabildeo para ‘participar’, por su conducto, en el proceso legislativo de redacción y discusión de la legislación secundaria vinculada con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”1

De acuerdo con El Economista los servicios de Mony de Swaan incluirían también las siguientes asesorías: 1. Acciones para lograr que pasen desapercibidos los incumplimientos de permisos que haya realizado o realice Virgin Mobile en México; y 2. Buscar los mecanismos para rechazar el contratoque Virgin Mobile firmó con Telefónica Movistar y que la Comisión Federal de Telecomunicaciones autorizó.

De confirmarse la información, el C. Mony de Swaan –a dos meses de haber dejado la Presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones–, estaría violentando el Artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual señala que “el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo 8. [Esta fracción señala que deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.”];
b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público.”

En el Grupo Parlamentario del PRI defendemos la libertad de cualquier ex servidor público de ejercer su profesión, emprender una empresa o prestar sus servicios en la rama de su preferencia. No obstante, es nuestra responsabilidad vigilar que se realice con base en el respeto irrestricto a la normatividad vigente, a efecto evitar la creación de conflictos de interés, así como el uso indebido de las relaciones y conocimientos que se adquieren de manera natural por el ejercicio de un cargo público.

Los funcionarios que han dejado un cargo en la administración pública –más aún cuando hablamos de un órgano estratégico del Estado mexicano con lo fue la COFETEL, actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones–, tienen el compromiso de que sus conocimientos y habilidades adquiridas durante su servicio al país no afecten el interés general.

Actualmente, tenemos una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones –asimismo estamos en proceso de aprobar sus leyes secundarias–, que permitirá impulsar una mayor competencia y catapultar al sector en una auténtica palanca de desarrollo de México.

Por lo anteriormente expuesto, y en razón de que en el sector de las telecomunicaciones debe prevalecer el bien común, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, a investigar que las actividades laborales del C. Mony de Swaan Addatti–ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones–, cumplan con las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en lo referente a las obligaciones de los funcionarios que han concluido su empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, y en caso de que se le demuestre que ha obtenido alguna ventaja se le apliquen las amonestaciones correspondientes conforme a derecho.

Dado en el Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

Atentamente

Grupo Parlamentario del PRI".


1 El Economista, Sección Primera, 11 de noviembre de 2013, pp 4-5.






Del C. Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Veracruz a implementar medidas urgentes para garantizar la protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES QUE CRUZAN EL ESTADO DE VERACRUZ

"El que suscribe, Senador de la República, Fernando Yunes MArquez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado día martes, en la región de San Juan Evangelista, dos personas fallecieron y una más resultó herida, en otro ataque más a migrantes que viajaban en el tren conocido como “La Bestia”.
Como es ya una costumbre, el Gobierno de Veracruz inmediatamente minimizó el hecho e hizo un juicio a priori sin tener todos los elementos para hacerlo. La Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que los migrantes fueron agredidos por otro grupo de migrantes que también viajaba a bordo del ferrocarril y que los arrojaron a las vías, lo que resultó la muerte de dos personas y una tercera perdió una de sus extremidades. Por su parte, el hombre que sobrevivió a la agresión narró a la Policía Municipal que cuatro personas armadas con pistolas y machetes los asaltaron y que a él lo arrojaron del tren en movimiento, luego que se resistiera.1

La actitud reprobable y totalmente irresponsable por parte de las autoridades locales no es nueva. Repitieron exactamente el mismo posicionamiento respecto a los hechos, como el que ocurrió el pasado 2 de mayo del presente año. En aquél día, 15 personas fueron heridas de bala y de machetes, en una agresión a migrantes, luego de que el tren salió de la ciudad de Coatzacoalcos. Inmediatamente, el Gobernador de Veracruz, señaló que era una riña entre ellos. El Fray Tomás González hizo esta denuncia, y reprobó que el Ejecutivo Estatal calificara el hecho como una “riña”, señaló que no era ninguna riña, que era más bien una tragedia.2

Estos ataques a migrantes han sido denunciados por diversas organizaciones de la sociedad civil, así como distintas organizaciones religiosas, tales como la Organización “El Movimiento Migrante Mesoamericano”, “FUNDAR”, “Hermanos en el Camino”, “La Congregación de los misioneros de San Carlos – Scalabrinianos”, “La Misión de Observación de la Ruta Migratoria”, entre otras.

Todas ellas conocen perfectamente el modus operandi de la delincuencia organizada, que extorsiona a los migrantes con el pago de 100 a 300 dólares a cambio de puedan iniciar o continuar con su viaje, de lo contrario son atacados con armas de fuego y armas blancas, y en muchos casos, como el que ocurrió el pasado martes, los arrojan del tren en movimiento, causando muerte y heridas graves a las personas.

El 4 de junio de este año, la Misión de Observación de la Ruta Migratoria denunció que en la estación de Medias Aguas, en Sayula de Alemán, Veracruz, el salvadoreño Jorge Alberto Pérez León, fue herido por una arma de fuego a cargo de un grupo delincuencial que intentaba bajar del tren a dos menores que se negaron a pagar “la cuota” para poder subir al tren. Recibió cinco balazos en el tórax y las piernas.

Asimismo, el pasado 31 de mayo del 2013, dos mujeres centroamericanas fueron baleadas cerca de las vías del tren, entre la estación Pakal-Nah y Salto de Agua en Chiapas, por resistirse a pagar la “cuota” a un comando armado que controla esa región.

El 7 de junio también de este año, un joven hondureño murió por herida de arma de fuego y uno más resultó herido en el sur de Veracruz, por negarse a pagar la cuota.

El 3 de octubre de 2013, de acuerdo con denuncias de activistas, al menos 40 migrantes irregulares que cruzaban México fueron secuestrados de un tren de carga en Medias Aguas, Veracruz.

Estos ataques son constantemente perpetrados contra los migrantes que buscan mejorar su calidad de vida al intentar ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, sus sueños son interrumpidos por la delincuencia organizada, que pide cuotas por continuar con su viaje o permitir la subida al tren para iniciarlo. Si no la pagan, incluso extorsionan a los familiares de los migrantes, los obligan a convertirse en pistoleros, y en el peor de los casos, los ejecutan tal como en el presente punto de acuerdo se ha descrito.

El problema de inseguridad por el que atraviesa Veracruz, está afectando a todos los estratos sociales, y no sólo a ciudadanos mexicanos, si no a personas de Centroamérica que intentan cruzar el estado para continuar su viaje a Norteamérica. Sin embargo, no sólo la delincuencia organizada está cometiendo estos atropellos, la Cónsul de El Salvador, Claudia Patricia Saldaña de Sifontes, señaló recientemente, que en el primer trimestre del año, se han registrado 35 casos de violación a los derechos humanos de migrantes salvadoreños en el estado, de los cuales el 15% corresponde a extorsiones por parte de autoridades policiales federales, estatales y municipales. Sin duda es algo gravísimo. 3

Asimismo, el Cónsul de Honduras, Raúl Othoniel Morazán, señaló que en lo que va del año, 30 hondureños han muerto en Veracruz, debido a diversos motivos, como delitos perpetrados por la delincuencia organizada. Pero además, confirmó que las extorsiones van en aumento.

Lo dicho por las autoridades de El Salvador y Honduras, reafirman la grave situación por la que atraviesa el estado en materia de inseguridad, pero además, la terrible corrupción que impera en las autoridades federales, estatales y locales. No se puede entender este fenómeno, sin la permisividad de las autoridades, de su indiferencia e indolencia para atender este grave problema. El Gobierno de Veracruz minimiza cada acto violento contra los migrantes, y el Gobierno Federal no ha llevado a cabo políticas públicas que protejan a estos seres humanos. La cantidad de derechos humanos internacionalmente reconocidos que se atropellan diariamente en el sur de Veracruz, debería ser ya motivo de verdadera preocupación tanto por el Gobierno Federal, como por el Gobierno Estatal, sin embargo, vemos que ocurre exactamente lo contrario.

Cada vez es más común, observar cómo se criminaliza a los migrantes, se les juzga sin conocimiento previo de los hechos, se les amotina en la estancia migratoria federal del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, entre otras graves violaciones a sus derechos humanos. Precisamente el día de ayer, el padre Alejandro Solalinde visitó esta centro migratorio, y constató el maltrato del que son víctimas decenas de migrantes por parte de elementos de seguridad y personal de la dependencia migratoria. Criticó la actuación de las autoridades federales y estatales, e incluso al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no ha hecho absolutamente nada en pro de los migrantes.4

Esta declaración la hizo después del amotinamiento que realizaron aproximadamente 259 migrantes de diversas nacionalidades sudamericanas en la estancia migratoria federal del Instituto Nacional de Migración. La información no ha podido corroborarse oficialmente, ya que el Gobierno Estatal insiste en esconder todo lo relacionado con ataques a migrantes, pero trascendió que la exigencia es que los tienen desde hace varios meses confinados, no les han iniciado su proceso de deportación y los torturan y maltratan físicamente, asimismo, no reciben atención médica ni alimentos para poder subsistir decorosamente. Como legisladores y representantes populares no podemos permitir este tipo de agresiones y atentados contra los derechos humanos de las personas.

El artículo 99 de la Ley de Migración, señala que “la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno”. Es decir, que la presentación ante alguna instancia sólo debe tener el propósito de regulzarizar su estancia o la asistencia para retornar a su país, y lo que realmente está ocurriendo en la estancia de Acayucan, es criminalizar a los migrantes, tratarlos como tal, y someterlos a toda clase de vejaciones y atropellos a sus derechos humanos.

Criminalizar a los migrantes es un asunto deplorable por donde quiera que se le vea, el Delegado del Instituto Nacional de Migración, Tomás Carrillo Sánchez que de enero a abril del 2013, “aseguraron” a 5 mil 705 personas de otras naciones que carecían de la documentación necesaria para estar en el país. Afirmó que éstas “detenciones” se lograron luego de revisiones que se hicieron en varios puntos del estado. 5
Al utilizar los términos “aseguraron” y “detenciones”, sólo demuestra la incapacidad y la nula vocación de servicio del Delegado del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, así como el claro atropello de los derechos humanos de los migrantes, peor aún, el mantener hacinados a más de 250 migrantes, sin aclarar cómo están sus procesos administrativos conforme a la ley, y tratarlos como criminales, debe tener como consecuencia, la inmediata separación del cargo del C. Tomás Carrillo Sánchez alfrente de la Delegación.

El artículo 200 de la misma ley, señala:

Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas:

I. Sin estar autorizados, den a conocer cualquier información de carácter confidencial o reservado;

II. Dolosamente o por negligencia retrasen el trámite normal de los asuntos migratorios;

III. Por sí o por intermediarios intervengan de cualquier forma en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o su Reglamento o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones o trámites migratorios a los interesados o a sus representantes;

IV. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria;

V. Faciliten a los extranjeros sujetos al control migratorio los medios para evadir el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;

VI. Por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la autoridad competente, y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución, la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Sin duda, estamos ante un problema que escala lo nacional y se convierte en un asunto de trascendencia internacional. Las autoridades deben cuanto antes actuar para garantizar la protección de los migrantes que intentan cruzar el estado, y deben garantizar la protección de los derechos humanos de los que se encuentran en la estancia migratoria anteriormente señalada.

No podemos permitir que siga la actuación irresponsable por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, que sigan tratando a los migrantes como delincuentes, que permitan que se les violente sus derechos humanos, que se les maltrate en las estancias de migración, y que sean objetos de diversos delitos por parte de la delincuencia organizada que opera con total impunidad en la zona sur de Veracruz.

Por lo anterior, es que el presente Punto de Acuerdo, tiene como objetivo principal, exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales, a que me implementen medidas urgentes para garantizar la protección de los migrantes que cruzan por el sur de Veracruz, así como exhortar que se investigue de manera pronta, y se determinen las responsabilidades a los delincuentes que están cometiendo delitos con una total impunidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se hace un respetuoso exhorto al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Veracruz, para que implementen medidas urgentes que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el estado de Veracruz.

SEGUNDO. Se hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de la República, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, a agilizar las investigaciones y fincar responsabilidades por los delitos perpetrados el pasado 26 de noviembre del presente año, así como otros hechos delictivos en lo que va del 2013 en contra de migrantes por cruzar el estado de Veracruz.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a que lleven a cabo una investigación urgente porlos hechos suscitados el pasado 22 de noviembre del presente año, en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, a que informe detalladamente la función que está llevando a cabo el Delegado de la Institución, el C. Tomás Carrillo Sánchez, durante todo el año que lleva al frente de dicha dependencia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Fernando Yunes Márquez".

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/impreso/arrojan-a-migrantes-de-tren-en-veracruz-hay-2-muertos-92940.html

2 http://aristeguinoticias.com/0205/mexico/ataca-crimen-a-migrantes-en-tren-gobierno-de-veracruz-no-lo-informa/

3 http://www.solucionpolitica.net/autoridades-federales-deben-proteger-a-migrantes-consul-de-el-salvador/

4 http://www.notinfomex.info/2013/11/someten-en-veracruz-migrantes-regimen.html

5 http://www.ultra.com.mx/noticias/veracruz/Local/78666-hallan-a-5-mil-705-migrantes-en-veracruz-.html






De la C. Senadora Luz María Beristain Navarrete, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar el estatus actual del Nevado de Toluca, con la finalidad de regresarle la calidad de Parque Nacional. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERALA RECONSIDERAR EL ESTATUS ACTUAL DEL NEVADO DE TOLUCA, CON LA FINALIDAD DE REGRESARLE LA CALIDAD DE PARQUE NACIONAL

“La suscrita, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A través de un decreto publicado el 1° de octubre en el Diario Oficial de la Federación el presidente Enrique Peña Nieto canceló el estatus de Parque Nacional otorgado por Lázaro Cárdenas al Nevado de Toluca, que desde 1936 prohibía cualquier tipo de explotación de los recursos de esta zona natural.

El Nevado de Toluca es estratégico para el abasto de agua a la ciudad de Toluca su zona metropolitana y parte del Valle de México, sus escurrimientos abastecen a dos de las cuencas más importantes del país; hacia los ríos Lerma y Balsas.1

Fue por su importancia estratégica para el abasto de agua que, en 1936, el ex presidente Lázaro Cárdenas ordenó proteger de toda explotación la superficie forestal del Nevado de Toluca.
Recientemente nuestro país ha padecido de sequías prolongadas, zona donde regularmente el agua dulce escasea, por ello la reciente apertura de explotación al Nevado de Toluca implica comprometer el agua para consumo humano que provocará que haya comunidades directamente afectadas; es por ello que responsablemente debemos hacer una reflexión y seguir con políticas de preservación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su publicación “México en el mundo 2012”,2 podemos encontrar que los recursos de agua dulce renovables de nuestro país se encuentra por debajo de países como China, Estados Unidos, Brasil, con un total de 409.2 (km3) en el cuadro 1.53, lo que implica una gran preocupación ya que países como China con 2 739.0 (km3) presentan problemas de falta de recurso de agua debido a que en gran medida es usada para la obtención de hidrocarburos y actualmente está implementando programas para reducir el uso de agua.

Es muy importante comenzar a prevenir problemas futuros, para no tener escases de agua, así como prevenir políticas públicas que causen un menoscabo en la economía y salud de los mexicanos en un futuro.

A continuación podemos encontrar según información de la CONANP, lo que se entiende por un Área Natural Protegida, donde además denota su importancia:

“Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio (terrestre o acuático) cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y cuyas características no han sido esencialmente modificadas. Estas zonas son manejadas bajo el instrumento político con mayor definición jurídica para la conservación, regulando sus actividades bajo el marco normativo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estando sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley (CONANP, 2009).”4

A consecuencia de los cambios establecidos por el Titular del Ejecutivo Federal queda permitido realizar “turismo sustentable”, “manejo forestal”, “actividades agrícolas y pecuarias”, “erradicación de especies de flora y fauna que se tornen perjudiciales”, “construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada”, por lo que se pone en riesgo el Nevado de Toluca.

Al permitir y abrir las puertas a la construcción de hoteles se ocasionará que exista un incremento poblacional, cabe destacar que se ha estado buscando reducir el incremento poblacional, incluso se había logrado reducir, ya que la presencia humana afecta al ambiente. La autorización de emitir construir hoteles es una medida que actúa en contra de la preservación de la zona en comento.

Otro factor muy importante es el de la protección de flora y fauna ya que la presencia humana afectará directamente a esta misma, tal como podemos apreciar a continuación en el decreto publicado el 1° de octubre de 2013, en donde cambia el estatus de Parque Nacional al nevado de Toluca se expresan las especies de flora y fauna que se verán directamente afectadas:

“Que también se recibió información técnica, la cual permitió actualizar la contenida en el estudio previo justificativo e identificar que el “Nevado de Toluca” continúa representando un área de gran relevancia biológica, pues en él confluyen las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical, lo que permite que sus ecosistemas sean muy variados, al estar presentes bosques de pino, de oyamel, de pino encino; así como zacatonal y páramo de altura, ecosistemas en los que existe diversidad de flora y fauna representada por1,127 especies, de las cuales 768 corresponden a plantas entre las que se encuentran el cedro blanco (Cupressuslusitanica), el enebro azul (Juniperussabinoidesmonticola), el palo liso (Carpinuscaroliniana), el trueno (Zinowiewiaconcinna), el madroño (Comarostaphylisdiscolor), la orquídea (Corallorhizamacrantha), elodontoglossum atigrado (Rhynchostelecervantesii), así como 124 especies de hongos macromicetos, incluyendo comestibles, entre los que se encuentran, el selpanza (Boletusedulis), y la mazorca o mazorquita (Morchella elata y Morchellaconica); especies todas éstas que se enlistan en la Norma Oficial MexicanaNOM-059-SEMARNAT-2010, “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”,

Que por otra parte, en el “Nevado de Toluca” se han registrado 235 especies de animales como: rotíferos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, de las cuales 41 están dentro de alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana referida en el Considerando que antecede, entre las que destacan por ser representativas de sus respectivos grupos, las siguientes: el ajolote o siredón de Toluca (Ambystomarivularis), la salamandra pie plano común (Chiropterotritonchiropterus), el tlaconete pinto (Pseudoeuryceabellii), el tlaconete regordete o salamandra pinta (Pseudoeuryceacephalica), el tlaconete de Robert (Pseudoeurycearobertsi), la rana de Moctezuma (Lithobatesmontezumae), la rana surcada o rana de árbol plegada (Hylaplicata), el lagarto alicante del Popocatépetl (Barisiaimbricata), el lagarto alicante cuello rugoso (Barisiarudicollis), la culebra terrestre dos líneas (Conopsisbiserialis), la culebra listonada cuello negro (Thamnophiscyrtopsis), la culebra listonada del sur mexicano (Thamnophiseques), la culebra listonada de montaña colalarga (Thamnophisscalaris), el eslizón de Cope (Plestiodoncopei), la víbora de cascabel (Crotalustransversus), la víbora cascabel pigmea mexicana (Crotalusravus), el gavilán pecho rufo (Accipiterstriatus), eláguila real (Aquila chrysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el hormiguero cholino escamoso, cholina, fullino o pájaro hormiguero (Grallariaguatimalensis), la codorniz coluda Neovocánica (sicNeovolcánica-), gallina de monte, gallina cimarrona, tsícatacharondo, angahuan, tsícata, gallina, charondo,codorniz de árbol, perdíz rabudo, gallina de monte coluda o colín rabudo (Dendrortyxmacroura), el chipe de Potosí (Oporornistolmiei), el chipe crisal (Vermivoracrissalis), el tecolote canelo, mochuelo moreno, tecolotitovolcanero, tecolotito serrano, lechucita inmaculada, lechucita parda (Aegoliusridgwayi), la ardilla voladora del sur (Glaucomysvolans), la musaraña orejillas de Goldman (Cryptotisgoldmani), el teporingo o conejo de los volcanes (Romerolagusdiazi) y el tlalcoyote (Taxideataxus);”5

Como podemos apreciar es conveniente señalar que para poder preservar las especies de flora y fauna es necesario tomar medidas necesarias que en la realidad tengan efectividad, la presencia humana siempre ha ocasionado un menoscabo a los ecosistemas, permitir la explotación de los recursos y además del turismo, trae aparejado una presencia humana que irá en aumento.

Actualmente se han presentado problemas que llevan varios años como;

• El aumento de la población.
• La tala de árboles ilegal.
• El saqueo ilegal de las mina principalmente, entre otros.

La solución no es regular y permitir diversas actividades realizadas por la presencia humana, sino conservar y vigilar que no se dañe el territorio en mención.

En atención a lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que reconsidere el estatus actual del Nevado de Toluca con la finalidad de regresarle la calidad de Parque Nacional. Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 19 de noviembre de 2013.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Luz María Beristain Navarrete”.

1http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315889&fecha=01/10/2013

2http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/
mexmun/2012/mexmundo12.pdf

3http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/
mexmun/2012/mexmundo12.pdf

4http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/
diagnostico_final%2022_marzo_3.pdf

5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315889&fecha=01/10/2013






De los CC. Senadores Jesús Casillas Romero, Miguel Angel Chico Herrera y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI, contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y locales a anticipar e iniciar urgentemente con los esfuerzos, campañas y medidas preventivas y de protección a la población con motivo de la época invernal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES A ANTICIPAR E INICIAR URGENTEMENTE CON LOS ESFUERZOS, CAMPAÑAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION A LA POBLACION CON MOTIVO DE LA EPOCA INVERNAL

Los suscritos, Senadores JESUS CASILLAS ROMERO, MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA Y BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta respetuosamente tanto a las autoridades federales como locales a efecto de que anticipen e inicien urgentemente con los esfuerzos, campañas y medidas preventivas y de protección a la población con motivo de la época invernal, a efecto de evitar sucesos fatídicos que lamentar, como los decesos por causas asociadas a las bajas temperaturas, lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La temporada de frío prácticamente ya se adelantó y con ello, las complicaciones propias de la época.

Todo indica que este invierno será de los más fríos. A esto influye que la temporada de frentes fríos se espera bastante activa para este año en nuestro país, pues se auguran entre 52 y 64 eventos de ese tipo, desde septiembre hasta mayo siguiente, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en un reporte preliminar.

Las bajas temperaturas comenzaron a sentirse desde finales del mes de octubre, cuando oficialmente la temporada invernal inicia el 21 de diciembre y el descenso en la temperatura se comienza normalmente a resentir a principios de este mismo mes. Definitivamente, invierno 2013 será uno de los más amenazantes para la población.

Durante la época invernal, el principal problema de salud son las infecciones respiratorias agudas. Esto constituye un serio problema, ya que llegan a posicionarse como la tercera causa de muerte en pequeños menores de cinco años.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta época las consultas médicas aumentan cuando menos en un 30%, debido a la exposición a cambios bruscos de temperatura, ya que la proliferación de los virus causante de los principales problemas al respecto, tienen mayor proliferación por el viento y el ambiente frio condensado.

La población más vulnerable a contraer una enfermedad en vías respiratorias son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Mas eso no lo es todo, el mal tiempo que se espera hace necesario también tomar medidas para evitar defunciones asociadas con las bajas temperaturastales como hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras.

(El uso de calefactores dentro del hogar ya sea por gas, gasolina, leña u otros, donde al no tomar las medidas preventiva adecuadas, se pueden presentar intoxicaciones por monóxido de carbono e incidentes con quemaduras)
Basta señalar, que la Secretaría de Salud a nivel federal reportó en sus cifras, que en la temporada invernal 2012-2013 se registraron en el país al menos 60 defunciones por hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras.

En el diagnóstico emitido por la dependencia federal se precisa que de esos decesos 28 ocurrieron en Chihuahua, 14 en Sonora, seis en Coahuila, uno en Durango, dos en Baja California, uno en Tamaulipas, seis en Zacatecas, uno en Puebla y otro más en Nuevo León.

Para ello, es de suma importancia que la población realice una serie de medidas preventivas. Las principales recomendaciones son:

• Beber bastante agua natural;

• Permanecer bien abrigados;

• Evitar en lo posible exponerse al aire helado;

• Evitar encender fogatas;

• Evitar el tabaquismo, tanto activocomo pasivo;

• Aplicación de vacunas para evitar exacerbación de infecciones respiratorias;

• Incluir frutos cítricos en la alimentación;

• Incrementar hábitos de higiene;

• Permitir la ventilación natural de espacios cerrados; y

• Evitar la automedicación

Además, resultan indispensables todas aquellas medidas que las autoridades toman ante este tipo de contingencias. Éstas van desde la difusión misma de las recomendaciones y medidas, como también la aplicación de vacunas a los grupos vulnerables, dotar a las unidades médicas con suficiente para el tratamiento de las enfermedades respiratorias, supervisar que la instalación de los refugios preventivos temporales sea la adecuada, brindar atención médica en los mismos, al refuerzo de la vigilancia epidemiológica y a la entrega de ropa de abrigo y cobijas a las personas más desprotegidas, y en algunos casos, se modifican los horarios y hasta se suspenden las actividades escolares, por mencionar algunos.

Tratándose de los albergues, se vigilan y suministran aspectos básicos como agua, alimentos, medicamentos, así como las acciones de desinfección de cisternas, aljibes y fuentes formales de abastecimiento de agua como pozos para evitar riesgos a la salud de la población refugiada.

Como se ve, los riesgos a la población ante el inminente periodo de frio no son menores, como tampoco las medidas que se hacen indispensables lo son y mucho menos sencillas.

Por ello, debemos considerar que ante el adelantado inicio de la época de frio, lo presagiado de su fuerza y mayor peligrosidad, así como las medidas que se hacen necesarias; resulta indispensable a su vez, que también las autoridades competentes en la materia anticipen e inicien urgentemente con los esfuerzos, campañas y medidas asociadas a la época invernal, como también, con mayor intensidad y capacidad de respuesta, a efecto de evitar sucesos fatídicos que lamentar como lo son los decesos por causas de las bajas temperaturas.

Términos precisos en los que se presenta la sugerencia que en este documento se propone, esto es, hacer patente y manifiesta la preocupación del Senado de la República por los referidos riesgos a nuestra población, mediante un respetuoso exhorto a las autoridades locales y federales en los términos que del párrafo que antecede se desprenden.
En mérito de lo anterior, nos permitimos presentar a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO.- El Senado de la República hace patente su preocupación por los riesgos inminentes a nuestra población, con motivo del anticipado e intenso inicio de la época de frío por el periodo invernal entrante.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos del Distrito Federal y las Entidades del país, a efecto de que anticipen e inicien urgentemente con los esfuerzos, campañas y medidas preventivas y de protección a la población con motivo de la época invernal, a efecto de evitar sucesos fatídicos que lamentar, como los decesos por causas asociadas a las bajas temperaturas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Jesús Casillas Romero.- Sen. Miguel Angel Chico Herrera.- Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz”.






Del C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Turismo del gobierno federal a elaborar y poner en práctica en las zonas turísticas del país un programa de protección civil para instalaciones turísticas, a fin de prevenir afectaciones provocadas por fenómenos de diversa índole, involucrando la participación de sectores público, privado y social. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL A ELABORAR Y PONER EN PRACTICA EN LAS ZONAS TURISTICAS DEL PAIS UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PARA INSTALACIONES TURISTICAS, A FIN DE PREVENIR AFECTACIONES PROVOCADAS POR FENOMENOS DE DIVERSA INDOLE, INVOLUCRANDO LA PARTICIPACION DE SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 8 numeral 1, fracción II, 108 numerales 1 y 2,y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARIAS DE GOBERNACION Y DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE A TRAVES DE SUS DEPENDENCIAS COMPETENTES ELABOREN Y PONGAN EN PRACTICA EN LAS ZONAS TURISTICAS, EN EL PAIS, UN PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL PARA INSTALACIONES TURISTICAS A FIN DE PREVENIR AFECTACIONES PROVOCADAS POR FENOMENOS DE DIVERSA INDOLE, INVOLUCRANDO LA PARTICIPACION DE SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, establece:

En el Artículo 1° que la Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma prevé.
En el Artículo 2 que para los efectos de esta Ley se entiende por:

Agente regulador: las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador (fracción I).

Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros (fracción XII).

Coordinación Nacional: A la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (fracción XIII).

Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana (fracción XX).

Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza (fracción XXI).

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo (fracción XXXVII).

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos (fracción XXXVIII).

Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción (fracción XXXIX).

En el Artículo 5 que las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 27 de esta Ley, deberán actuar con base en principios, entre ellos, la prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas (fracción I).

En el Artículo 7 corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos (fracciónI).

Conforme al Artículo 14 el Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las Entidades Federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.

En el Artículo 15 se dispone que el objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.
El Artículo 16 prevé que el Sistema Nacional se encuentra integrado por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Los integrantes del Sistema Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

En el Artículo 17 se establece que los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal, tendrán dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil, conforme a lo que establezca la presente Ley y la legislación local correspondiente (primer párrafo).

El Artículo 19 fundamenta que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene, entre otras, las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos, especiales y regionales de protección civil (fracción III).

Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad (fracción IV).

Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones (fracción XXII).

El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.

Los Atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo; Coordinar el apoyo y asesoría a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los demás Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos en la prevención de desastres y, con base en la suscripción de convenios, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios o delegaciones, así como a las instituciones de carácter social y privado (fracción III).

Promover y apoyar la capacitación de los profesionales, especialistas y técnicos mexicanos en materia de protección civil (fracción XXIV).

Conforme al Artículo 20 para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Coordinación Nacional podrá integrar Comités Interinstitucionales para los diferentes agentes perturbadores, quienes apoyarán a las autoridades en el diagnóstico y toma de decisión en la gestión del riesgo,a fin de reducir al máximo los posibles daños que pudiesen generar. Dichos Comités Interinstitucionales, serán técnicamente apoyados por los Comités Científicos Asesores u otras instancias técnicas conforme el Manual de Organización del Sistema Nacional.

Artículo 21 en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente.

Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección civil.

El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la atención de una emergencia o desastre.

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internasde Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal o delegacional que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a la unidad municipal o delegacional de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o delegación, acudirá a la instancia estatal o del Distrito Federal correspondiente, en los términosde la legislación aplicable. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

En las acciones de gestión de riesgos se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables y de escasos recursos económicos.

El Comité Nacional de Emergencias es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 21 de esta Ley y de conformidad con el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional y en los términos que se establezcan en el Reglamento (Artículo 32).

Los Programas Especiales de Protección Civil son el instrumento de planeación y operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de población específicos y vulnerables, y que por las características previsibles de los mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos (Artículo 38).

Los integrantes del Sistema Nacional promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil (Artículo 44).

También, la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, fundamenta diversas acciones que de forma coordinada deben establecerlas autoridades responsables del ramo turístico, con la prevención y atención de emergencias y desastres por eventos de índole diversa.

En el Artículo 3, para efectos de la Ley se entenderá por:

Actividades turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos (fracción I).

Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley (fracción XI).

Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento (fracción XVIII).
Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población (fracción XX).

Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría (fracción XXI).

El Artículo 4, que son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría de Turismo, entre otras, participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.

Los habitantes de la República Mexicana y quienes por asuntos de negocios, académicos, recreación, etc., se ubican transitoriamente en alguna zona de este territorio, están expuestos a dos tipos de fenómenos: 1.- los de origen natural y 2.- antropogénicos (acción humana). Los primeros se clasifican en a) Geológicos: sismos, maremotos, volcanes, deslizamiento de suelos; b) Hidrometeorológicos: ciclones tropicales (depresión tropical, tormenta tropical y huracán), Inundaciones, tormentas eléctricas, sequías, heladas, nevadas, incendios forestales.

Los de origen humano o antropogénico, se clasifican en a) Químico-tecnológicos; b) Sanitario-ecológicos; y c) Socio-organizativos.

El riesgo a los efectos de fenómenos de diversa índole, es igual al peligro, que es la probabilidad de que se presente un evento, multiplicado por la exposición, que es la cantidad de personas, bienes y sistemas afectables, multiplicado por la vulnerabilidad, que es la propensión de estas personas, bienes y sistemas a ser afectados, de manera que:

R= P xEx V
R= PELIGRO x EXPOSICIÓN x VULNERABILIDAD
RIESGO.- resultado de los tres factores.

No podemos evitar que se manifiesten los fenómenos naturales o que manejemos materiales peligrosos, por ejemplo, pero lo que sí podemos, es reducir la probabilidad de afectación de personas, bienes y sistemas, a través de la reducción de la vulnerabilidad, de manera que:

PELIGRO x EXPOSICION DE PERSONAS, BIENES Y SISTEMAS VULNERABILIDAD = REDUCCION O MITIGACION DEL RIESGO

FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL.

Geológicos:

Dentro del territorio nacional existen zonas con diferente nivel de riesgo sísmico. Son 7 Estadoslos clasificados con mayor peligro a sismos: Baja California, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. En las zonas clasificadas de alto y muy alto peligro sísmico habita la tercera parte de la población.1

En el caso de maremotos o tsunamis, antecedentes históricos identifican peligros a estos fenómenos de origen natural, en Acapulco, Gro. (1732), (1754) y (1787); Zihuatanejo, Gro. (1925); Cuyutlán, Jal. Manzanillo (1932); Islas Marías, Nay. (1948); Acapulco-Salina Cruz, Gro. (1957); Lázaro Cárdenas, Mich-Ixtapa-Zihuatanejo, Gro. (1985); Acapulco-Zihuatanejo, Gro. (1985); Barra de Navidad-San Mateo-Melaque, Col. Jal. (1995).2

En cuanto a riesgos volcánicos, se calcula que cerca de 5 millones 300 mil habitantes, distribuidos en 120 municipios, se encuentran expuestos o viven cerca de algún volcán, como el Volcán de Fuego o Volcán de Colima, ubicado entre Jalisco y Colima, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba en Veracruz, el Tacaná en Chiapas y Guatemala, el Chichón o Chichonal en Chiapas y el Popocatépetl, compartido entre el Estado de México, Puebla y Morelos.3
Hidrometeorológicos:

Los Estados de la República Mexicana de mayor peligro a ciclones tropicales, son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.4

Por riesgo alto de inundaciones a causa de las lluvias Chiapas, Coahuila, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.5

Los Estados con mayor recurrencia de heladas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.6

Respecto a los Estados de mayor peligro por sequías, son: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.7

FENOMENOS DE ORIGEN ANTROPOGENICO O HUMANO.

Químico-tecnológicos.

Los incendios forestales, en un 97 por ciento del total de los que se producen en México, son atribuibles a causas humanas.8 Los Estados susceptibles a riesgo extremo por este fenómeno, son: Baja California, Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

En cuanto a accidentes químicos, los Estados de mayor peligro por almacenamiento de sustancias peligrosas, son: Veracruz, México, Puebla, Tamaulipas y Jalisco.9

Sanitario-ecológicos.

Agrupa eventos relacionados con contaminación de aire, agua y suelos. Los del área de salud, fundamentalmente epidemias. Algunos vinculados a la actividad agrícola, como la desertificación y las plagas.10

Socio-organizativos.

Se agrupan ciertos accidentes y actos que son resultado de actividades humanas, muchas de ellas, donde ocurren grandes concentraciones humanas donde hay comportamiento desordenado, como estadios, mercados, cines, etc. Asimismo, los relacionados con transporte aéreo, terrestre, marítimo o fluvial; interrupción del suministro de servicios vitales; accidentes industriales o tecnológicos no asociados a productos químicos y aquellos producto de comportamiento antisocial, como actos de sabotaje o terrorismo.11

Derivado de las recomendaciones de la X Asamblea General Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo (OMT), realizada en Bali, Indonesia (octubre de 1993),12 donde se establecieron compromisos de los Estados para garantizar medidas de seguridad de losviajeros, turistas e instalaciones turísticas, así como para otorgar facilidades para la oportuna información y asistencia en sus recorridos por países anfitriones, en el año 2002, las Secretarías de Turismo (SECTUR) y de Gobernación (SEGOB), implementaron acciones compartidas para que conociendo lugar y tipo de fenómeno y su recurrencia; el comportamiento y características; así como ubicación de la población, se vinculara al sector turismo a través de la acción concertada entre ambas dependencias, en lugares o destinos turísticos, con el fin de promover la cultura de protección civil entre la comunidad turística.13

Ambas Dependencias implementaron estrategias específicas de coordinación, a través de la Subsecretaría de Operación Turística y la Coordinación General de Protección Civil, para el envío de boletines meteorológicos diario y para alertamiento sobre riesgos en zonas turísticas.

También, la participación de la SECTUR en el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales de la SEGOB, con un representante y el área de comunicación social de la primera, de tal manera que las recomendaciones que emitiera este Grupo de inmediato se transmitieran a las diversas autoridades turísticas, desarrolladores y se tengan los elementos precisos para la su difusión pública a nivel nacional e internacional en el ramo.

En correlación, la participación de la SEGOB, (Coordinación de Protección Civil, Instituto Nacional de Migración y Comunicación Social), en el Comité de Comunicación de Crisis del Sector Turismo. En destinos turísticos, la coordinación permanente entre funcionarios de Entidades Federativas de la SECTUR y titulares de Protección Civil de esas Entidades y Municipios.

En un esfuerzo compartido, ambas Secretarías emitieron una publicación titulada ¿Cómo actuar ante situaciones de emergencia? Recomendaciones de Protección Civil para prestadores de servicios turísticos.14 Conteniendo herramientas valiosas destinadas a garantizar una respuesta oportuna y adecuada ante la presencia de eventuales fenómenos de origen natural como humano, que puedan poner en riesgo la tranquilidad y convivencia de los destinos turísticos de nuestro país.

Pero es evidente que también se requiere proporcionar herramientas específicas ex profeso para centros turísticos, empresas turísticas e inmuebles turísticos, que vinculen en tareas de protección civil a las autoridades, prestadores de servicios turísticos, administradores, trabajadores y a los propios turistas y viajeros, que por diversas circunstancias ante un evento que genera una emergencia o condiciones de desastre, se encuentren en estos lugares. Para que todos los involucrados estén preparados con anticipación para saber qué hacer, antes, durante y después. Y de ser posible se pueda coordinar la anticipación de la salida oportuna del lugar próximo a ser afectado, si no, dónde, cómo y qué medidas deberán ser tomadas para garantizar la seguridad de turistas y viajeros e instalaciones turísticas.

Por todo ello, es que esta representación popular, hace un respetuoso exhorto a las Secretarías de Gobernación y de Turismo del Gobierno Federal, a que elaboren a la brevedad un Programa Especial de Protección Civil para Centros Turísticos e instalaciones turísticas, convocando la participación de prestadores de servicios turísticos.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Turismo del Gobierno Federal, a que a través de sus Dependencias competentes elaboren y pongan en práctica en las zonas turísticas, en el país, un Programa de Protección Civil para usuarios, trabajadores e instalaciones turísticas a fin de prevenir afectaciones por fenómenos de diversa índole, involucrando la participación de sectores público, privado y social.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México, CENAPRED, Primera Edición.

2 Ídem

3 Ídem

4 Ídem

5 Ídem

6 Ídem

7 Ídem

8 Ídem

9 Ídem

10 Ídem

11 Ídem

12 http://www2.unwto.org/es/content/asamblea-general

13 ¿Cómo actuar ante situaciones de emergencia? Recomendaciones de Protección Civil para prestadores de servicios turísticos. Primera Edición, 2002.

14 Ídem






Del C. Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a ampliar el subsidio a las tarifas eléctricas desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, considerando el incremento de las altas temperaturas en diversas regiones del país, con el fin de beneficiar a los hogares de menores recursos y a las economías locales. Se turna a la Comisión de Hacienda Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A AMPLIAR EL SUBSIDIO A LAS TARIFAS ELECTRICAS DESDE EL 1° DE MARZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, CONSIDERANDO EL INCREMENTO DE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN DIVERSAS REGIONES DEL PAIS, CON EL FIN DE BENEFICIAR A LOS HOGARES DE MENORES RECURSOS Y A LAS ECONOMIAS LOCALES

“El suscrito, RaUl AarOn Pozos Lanz, Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a ampliar el subsidio a las tarifas eléctricas desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre, considerando el incremento de las altas temperaturas en diversas regiones del país, con el fin de beneficiar a los hogares de menores recursos y a las economías locales, al tenor de las siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El aumento constante en la temperatura un fenómeno que se ha presentado con mayor intensidad en los últimos años, y que afecta el desarrollo de la vida cotidiana. En el caso concreto de México, no sólo formamos parte de la tendencia global respecto al aumento de temperatura, sino que, según un estudio de la oficina de investigación de Gran Bretaña, Met Office Hadley Center, el incremento en la temperatura previsto para México en lo que resta del siglo será mayor al aumento promedio global previsto por la comunidad científica1.

La temperatura media anual en México ha presentado un aumento progresivo desde 1993, lo que se traduce en años cada vez más calurosos, cuyos efectos se acentúan particularmente en aquellas entidades federativas caracterizadas por ser las más calurosas de la República, como Campeche, Coahuila y Sonora, en donde el año pasado se alcanzaron temperaturas de hasta 42º, 46º y 47º centígrados respectivamente2.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, 24 Estados en nuestro país, el 75 por ciento del total, presentan un continuo incremento en su temperatura promedio anual; aunado a esto, se han prolongado la cantidad de meses al año en los que se mantienen altos niveles de calor.

Estas anomalías3 en la temperatura han llegado a magnitudes tales que, en uno de los últimos reportes que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, se señala que el promedio de temperaturas máximas alcanzadas en el estado de Campeche en el período comprendido entre los meses de marzo a septiembre del presente año, han alcanzado un nivel de 34.7°C, dato que resulta preocupante si se compara con el promedio que se obtuvo durante el mismo período en el año 2009, cuando apenas rebasó los 30°C4. Al margen de esta información, quedan pendientes los reportes que emita el SMN respecto de los meses de octubre y noviembre, cuyas temperaturas se pronostican continúen en aumento.
Estas fluctuaciones en la temperatura han provocado que los habitantes de las entidades federativas con altos índices de calor deban adecuar sus actividades diarias a las nuevas condiciones que generan tan elevadas temperaturas, incluyendo las previsiones necesarias ante los riesgos y efectos negativos que se presentan.

Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, la constante exposición a altas temperaturas contribuye directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias5. Igualmente se ha demostrado que estos períodos de exposición pueden ocasionar en las personas desde calambres y estrés por calor, hasta agotamiento físico e inclusive golpes de calor.

Cabe destacar que existen sectores poblacionales más propensos a padecer estos efectos negativos derivados del calor, como los infantes y, particularmente, los adultos mayores, es decir, las personas de 60 años en adelante.

Lo anterior resulta preocupante cuando, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de habitantes6, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total.

Aunado a estos problemas en materia de salud, el aumento de temperaturas provoca ciertas dificultades en otros ámbitos de la vida cotidiana, como la conservación de víveres, en la que se vuelve menester el uso de aparatos de refrigeración, toda vez que es necesario para su preservación, mantenerlos en promedio a una temperatura que oscila entre los 4º y 7º centígrados.7

Para poder resolver estos problemas se vuelve indispensable para la sociedad un mayor uso de artefactos eléctricos para contrarrestar los efectos negativos que las altas temperaturas conllevan; por ejemplo, el uso de aparatos de ventilación y refrigerantes, con la finalidad de tener un ambiente idóneo en el hogar, a efecto de que las personas puedan desarrollar satisfactoriamente sus actividades diarias, ante el probable agobio que sufrirían si carecieran de un entorno adecuado.

Además de éstos, cabe recordar que de manera cotidiana en el hogar son empleados una gran variedad de artículos electrodomésticos, los que obviamente requieren de energía eléctrica para su funcionamiento; tal es el caso de lavadora, secadora, plancha, horno de microondas, computadoras, televisión, o lámparas, por nombrar algunos.

En suma, el uso de todos estos aparatos representa un duro gasto en las economías domésticas, sobre todo en el periodo que comprende los meses de marzo a noviembre, en los que, como se señaló con anterioridad, tienen lugar las temperaturas más elevadas del año; toda vez que en este período el uso de los aparatos mencionados aumenta.

Por ello resulta menester que el Estado garantice la accesibilidad a las fuentes de energía que son necesarias para el desarrollo de una vida digna, en el que la población cuente con servicios asequibles para poder realizar sus actividades diarias.

Es indispensable recalcar que el aumento en las temperaturas está ligado a un mayor empleo de la energía eléctrica para contrarrestar los menoscabos que se suscitan en la vida diaria de la población que sufre de este fenómeno. Por lo que para asegurar el derecho que tiene todo sujeto a desenvolverse personalmente en un nivel aceptable, es necesario que el Estado ofrezca las facilidades que estén a su alcance para garantizarlo.

Considerando que la CFE toma en cuenta sólo los seis meses de mayores temperaturas como “temporada de verano”, es menester cambiar este criterio y aplicarlo por tres meses más, debido a que está comprobado que es durante nueve meses, y no sólo durante seis, cuando se presentan altas temperaturas en los Estados de la región norte y sur del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a ampliar el subsidio a las tarifas eléctricas desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre, considerando el incremento de las altas temperaturas en diversas regiones del país, con el fin de beneficiar a los hogares de menores recursos y a las economías locales

Dado en el Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz”.

1 Enciso L., Angélica, “El aumento de temperatura en México será mayor que el promedio global, alertan”, periódico La Jornada, México, miércoles 21 de enero, 2009.

2 Informe anual emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en el año 2012, a través de la Gerencia de Meteorología y Climatología, y la Subgerencia de Pronóstico a Mediano y Largo Plazo

.3 En climatología, anomalía se refiere a la desviación o sesgo de un valor medido respecto a su valor promedio en el mismo lapso.

4 Informe mensual emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en el mes de septiembre del año 2013. Dicho informe se actualiza mensualmente.

5 “Cambio climático y salud”, Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva No. 266, octubre de 2012.

6 De la redacción, “10.9 millones de adultos mayores en México”, UNO TV NOTICIAS, México, 27 de septiembre de 2013.

7 Paola Cruz, Gina, “La Conservación de los Alimentos y Temperatura”, Colombia, miércoles 22 de febrero, 2012






Del C. Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

El que suscribe, Senador SofIo RamIrez HernAndez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el término cambio climático se refiere “a cualquier cambio en el clima... debido ya sea a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana” (IPCC, 2007a). Esta definición difiere un tanto de la adoptada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC, 1992, p. 3), que lo describe como “un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”.

Sin duda, se trata de un cambio que afectará a todas las regiones y países; por ello, en los últimos años se le ha dedicado gran atención y se está actuando a nivel mundial, regional y nacional en el establecimiento de medidas de mitigación, es decir, acciones para disminuir las emisiones de gasesde efecto invernadero. Igualmente, cada vez se están encauzando más esfuerzos hacia las medidas de adaptación, entendida como las modificaciones de sistemas naturales y humanos para disminuir o evitar los posibles daños por el cambio climático. Lo más importante en el cambio climático actual es que prácticamente se le atribuye a la actividad humana; esencialmente del último siglo y medio.

Es por eso que, dicho cambio, aunado a los factores que lo producen constituyen un problema de grandes dimensiones y complejidad, que requiere abordarlo desde varias perspectivas, que van desde la formulación e instrumentación de políticas públicas y la práctica de acciones gubernamentales, privadas y de las organizaciones de la sociedad civil, hasta el comportamiento cotidiano de los ciudadanos.
Durante las últimas décadas, México ha sufrido una serie de eventos hidrometeorológicos que han generado graves daños sociales y económicos, que requieren de importantes inversiones para permitir a las regiones afectadas regresar a su condición habitual. Esto ha hecho evidente la gran vulnerabilidad del país.

El gobierno mexicano ha concentrado sus esfuerzos en identificar medidas y políticas que pueden reducir la vulnerabilidad de la sociedad al cambio climático. Con la participación de diversas instituciones nacionales e internacionales, ha llevado a cabo actividades enfocadas a diferentes sectores.

Con base en lo anterior, en abril de 2005, se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), integrada por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Desarrollo Social; Energía; y Relaciones Exteriores. La Comisión cuenta, además, con un Consejo Consultivo de Cambio Climático, integrado por 23 especialistas en el tema.

La Comisión tiene como objetivos coordinar el desarrollo de políticas nacionales para prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; incorporar acciones de adaptación a través de los diversos sectores; así como, desarrollar los marcos legales que permitan instrumentar dichas propuestas, y lograr el cumplimiento de los compromisos suscritos ante la CMNUCC.

En marzo de 2007, la CICC creó el Grupo de Trabajo para Estrategias y Políticas de Adaptación (GT-ADAPT), cuya presidencia y coordinación están a cargo del Instituto Nacional de Ecología (INE). En este grupo participan las Secretarías que son miembros de la CICC, además de delegados de las Secretarías de Turismo, de Salud (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), de Gobernación (Centro Nacional para la Prevención de Desastres); y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Asimismo participan delegados del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional del Agua, del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión Nacional Forestal.

En mayo de 2007, se presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENACC), la cual refleja el compromiso del Ejecutivo Federal en relación con la mitigación y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, sobre la base del reconocimiento del problema como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad.

Otra medida a destacar, es el planteamiento propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que consiste en impulsar medidas de adaptación ante los efectos del cambio climático conforme a las siguientes estrategias:

• Promover la inclusión de los aspectos de gobernabilidad a la adaptación al cambio climático en la planeación y quehacer de los distintos sectores de la sociedad.

• Desarrollar escenarios climáticos regionales de México.

• Evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos.

• Promover la difusión de información sobre impactos, vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático.

Posteriormente, se creó el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, el cual fue realizado atendiendo los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el marco de los Programas Sectoriales de la Administración Pública Federal.
El PECC establece 105 objetivos y 294 metas en la materia, y considera componentes fundamentales para el desarrollo de una política integral para enfrentar el cambio climático: una visión de largo plazo, una estrategia de mitigación y adaptación y elementos de política transversal.

Por medio del PECC, México ha asumido la “meta aspiracional” de reducir en un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 en comparación con las emitidas en el año 2000, para lo cual se promoverá una descarbonización de la economía. La gestión integral de riesgos, en particular de aquéllos relacionados con fenómenos hidrometeorológicos extremos, y la necesidad de asegurar la coordinación intersectorial e interinstitucional son elementos necesarios para la elaboración de una estrategia nacional en materia de adaptación.

Por otra parte, en la comunidad internacional se ha prestado especial atención al caso de México y ha generado una red de apoyo técnico y financiero que ha impulsado al país en su preparación ante el cambio climático.

Diversos organismos internacionales como: United Nations Collaborative Programmeon Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD), el Forest Carbon Partnership del Banco Mundial, la iniciativa Life Web del Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica, The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola promueven y apoyan el desarrollo de la política pública en materia de cambio climático en México. Al mismo tiempo, una variedad de países se encuentran colaborando activamente para la consecución de tal objetivo. Entre ellos Noruega, Japón por medio de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), el Reino Unido por medio de la Embajada Británica en México y España por medio de su Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Respecto al ámbito legislativo, antes del año 2012 el cambio climático sólo se regulaba en un marco legal limitado, toda vez que a falta de una legislación en la materia, en diversas leyes que tienen una incidencia directa o indirecta en el tema se incorporaron algunas disposiciones para cumplir con lo contenido en el PECC, de las cuales podemos encontrar las siguientes:

Leyes en materia de planeación y normalización

• Ley de Planeación.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Leyes con incidencia en el marco institucional

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Decreto de creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Leyes en materia de mitigación de los gases de efecto invernadero

• Ley para Aprovechamiento de la Energía Renovable y el Financiamiento para la Transición Energética.
• Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Leyes en materia de adaptación a los efectos del cambio climático

• Ley General de Asentamientos Humanos.
• Ley General de Protección Civil.
• Ley General de Turismo.
• Ley de Caminos y Puentes del Autotransporte Federal.

Leyes con incidencia en el desarrollo agrario y forestal

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Ley Agraria.
• Ley de Aguas Nacionales.
• Ley Federal de Derechos.
Fue hasta el 6 de junio del 2012, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, con lo cual concluyó el proceso legislativo de dicha iniciativa, el cual duró más de dos años. Sin embargo, la publicación de dicho ordenamiento no significó el final de la construcción del régimen jurídico en la materia, ya que aún se requiere la elaboración y expedición de una serie de instrumentos reglamentarios que, a nivel administrativo, desarrollen las disposiciones generales contenidas en el ordenamiento legal citado.

El Artículo Cuarto Transitorio de la citada Ley establece que “El Ejecutivo federal publicará las disposiciones para la operación y. administración del Registro o cualquier otra disposición necesaria para la aplicación de esta ley dentro de los doce meses siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación”. Es decir, se trata de la facultad reglamentaria atribuida al propio Ejecutivo Federal, misma que este dispositivo prevé el plazo para su cumplimiento.

Conforme a lo anterior, es de resaltar que el plazo para emitir un reglamento de esta Ley ya se ha agotado, por lo que se considera de gran importancia que se le exhorte al Ejecutivo Federal para que lo emita en el tenor de las siguientes razones:

1. La fracción II del artículo 7o de la Ley General de Cambio Climático, establece que la Federación tendrá que “elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos por esta Ley”. Los instrumentos de política en materia de cambio climático incluye el reglamento que desarrolle el contenido de la Ley, las NOM que establezcan especificaciones técnicas en materia de adaptación y mitigación, el inventario con la estimación de las emisiones antropógenas, del PECC, entre otros. Por ello, al tratarse de un mandato genérico, será necesario revisar las disposiciones de la Ley para identificar de manera puntual los demás elementos mínimos que deberán ser diseñados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de reglamentar este ordenamiento jurídico.

2. La fracción V del artículo 7º, dispone que la Federación deberá “Establecer procedimientos para realizar consultas públicas a la sociedad en general, los sectores público y privado, con elfin de formular la Estrategia Nacional y el Programa”. Se estima que dichos procedimientosse necesitan especificar en el reglamento, a efecto de desarrollar las disposiciones generales contenidas en la propia Ley.

3. La fracción IX del mismo artículo, faculta a la Federación para “Crear, autorizar y regular el comercio de emisiones”. La creación de un mercado para el comercio de emisiones constituye un instrumento económico de mercado, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 dela Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual dispone que éstos incluyen “las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo…

Esto se confirma con el párrafo cuarto del artículo 92 de la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, dicho ordenamiento determinó que el sistema de comercio de emisiones que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) será de carácter voluntario.1

Para tal efecto, el reglamento de la Ley en comento tendrá que desarrollar los alcances, procedimientos y reglas de dicho sistema voluntario de comercio de emisiones, a efecto de que pueda ser implementado.

4. La fracción XIV del artículo 7o faculta a la Federación para que expida las metodologías y criterios para la elaboración, actualización y publicación del inventario nacional y de los inventarios estatales. Es de señalar que el presente ordenamiento es omiso en detallar los contenidos y los alcances de las metodologías y criterios señalados en la fracción en referencia, por lo que será necesario desarrollar dichos aspectos en el reglamento.

5. la fracción XVII del multicitado artículo faculta a la Federación a que establezca las basese instrumentos que le permitan promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales en la mitigación.
Sobre el particular, uno de los objetos de la Ley consiste en fortalecer las capacidades nacionales de respuesta frente al cambio climático2. Por ello, el presente ordenamiento ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la elaboración de programas de fortalecimiento de capacidades, tal como lo establece la fracción VI del artículo 30, en este sentido, se considera que es necesario que el reglamento desarrolle el fortalecimiento de capacidades.

6. La fracción XXVII del numeral en referencia ordena a la Federación la expedición del reglamento de la presente ley, así como de las NOM en materia de cambio climático.

7. La fracción XIV del artículo 30 de la multicitada Ley faculta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a “Elaborar y publicar programas en materia de manejo sustentable de tierras”. En relación a esto, dicho ordenamiento omitió establecer los alcances, contenidos y procedimientos para la elaboración de los presentes programas, por lo que se aprecia que deberán ser abordados en su reglamento.

8. El artículo 37 señala que “Para los efectos de esta Ley serán reconocidos los programas y demás instrumentos de mitigación que se han desarrollado a partir del Protocolo de Kioto y cualquier otro que se encuentre debidamente certificado por alguna organización con reconocimiento internacional.

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley establecerán los requisitos que deberán cumplirse para el reconocimiento y registro de los programas e instrumentos referidos en el presente artículo”.

9. El artículo 38 requiere el establecimiento de las bases de la coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático. Para dichos efectos, el numeral 44 dispone que el reglamento incluya el funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Cambio Climático. Por lo tanto, la propia Ley expresamente dispone que los detalles y procedimientos para la integración y funcionamiento del sistema, tendrán que desarrollarse mediante las disposiciones reglamentarias correspondientes.

10. Por último, el artículo 111establece que “La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará actos de inspección y vigilancia a las personas físicas o morales sujetas a reporte de emisiones, para verificar la información proporcionada a la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley se deriven”.

Lo antepuesto, fue realizado a manera de ejemplo de las disposiciones contenidas en la Ley General de Cambio Climático que requieren una reglamentación para que puedan operar de forma oportuna.

Es por ello, que se considera de gran importancia que se cuente con un cuerpo normativo que establezca los contenidos, requisitos y procedimientos que complementen la legislación en estudio, logrando con esto que se puedan cumplir con los objetivos plasmados en la propia Ley.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este Honorable Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Cambio Climático.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático.

2 Fracción IV del artículo 2o de la Ley General de Cambio Climático.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los dieciséis jefes delegacionales a llevar a cabo las acciones correspondientes a fin de cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS DIECISEIS JEFES DELEGACIONALES A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

"Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa,y a los dieciséis Jefes Delegacionales a que lleven a cabo las acciones correspondientes a fin de cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Entre las principales atribuciones de La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se encuentran: 1. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; y 2. Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Distrito Federal.

En su artículo 49, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal establece que la autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.

El 17 de septiembre del año en curso, durante su primer informe de labores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa manifestó que su proyecto político busca “posicionar a la Ciudad de México como la Capital Social y ejercer la función pública con respeto irrestricto a los derechos humanos”.

En virtud de lo anterior, se comprometió con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a avanzar conjuntamente en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las y los capitalinos. Compromiso que abarca tanto las 19 recomendaciones formuladas durante su administración como las que se han ido rezagando con sus antecesores.

Desde su creación en 1994 a octubre del presente año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha dirigido a las autoridades capitalinas 280 recomendaciones. De acuerdo con el informe de “Seguimiento de Recomendaciones Pendientes1 de Cumplimiento” realizado por este organismo, el estatus que guardan es el siguiente:

• 148 están como expedientes concluidos satisfactoriamente;

• 3 se consideran cumplidos, pero de manera insatisfactoria;

• 104 están sujetas a seguimiento;

• 6 aún se encuentran dentro del plazo para acatarse; y

• 19 han recibido tarjeta de rechazo a las observaciones por parte de la autoridad.
Tan sólo en 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió 20 recomendaciones a autoridades de la entidad, de las cuales 15 están sujetas a seguimiento y las 5 restantes no fueron aceptadas.

Por lo que respecta a las 19 presentadas durante la actual administración: 14 están sujetas a seguimiento, 2 no fueron aceptadas y 3 aún se encuentran dentro del plazo para ser cumplidas.

Es alarmante que las autoridades capitalinas lejos de garantizar el respeto de los derechos humanos y las condiciones mínimas para que la población se pueda desarrollar en todos sus ámbitos, sean las primeras en vulnerar e inobservar los derechos consagrados en nuestra ley suprema. Lo anterior se agrava con el hecho de que las autoridades que más incurren son las que tutelan el acceso a la impartición y procuración de justicia; el buen gobierno; y la integridad e incluso la vida de los capitalinos.

Es importante conocer el estado de las recomendaciones a los entes con mayor número de violación de derechos humanos. De acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos del DF, estas dependencias son la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud.

I. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

• 1 de las 16 recomendaciones emitidas en 1995 que continúa sujeta a seguimiento, es decir, no ha sido cumplida, tiene como autoridad responsable a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; trata sobre losprivilegios y carencias en los centros penitenciarios varoniles del Distrito Federal, una realidad que de manera preocupante sigue vigente.

De las 19 recomendaciones que han sido rechazadas por autoridades del Distrito Federal, 7 fueron formuladas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las violaciones a los derechos humanos consisten en ejercicio indebido de la acción penal, detenciones arbitrarias, tortura, negativa al acceso a la impartición de justicia, indebido proceso y publicación de información considerada como confidencial en la Averiguación Previa.

Asimismo, 2 de las tres recomendaciones cumplidas pero de manera insatisfecha corresponden a la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las violaciones consisten en irregularidades dentro de la Averiguación Previa y tortura por parte de Policías Judiciales y Agentes del Ministerio Público.

De las 19 recomendaciones presentadas por el ombudsman local en 2013, 7 han sido formuladas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De estás: 5 están sujetas a seguimiento y 2 no fueron aceptadas.

II. Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Este año 5 de las 19 recomendaciones emitidas por el ombudsman local han sido dirigidas a la Secretaría de Gobierno. Los casos son los siguientes:

• Vertimiento de aguas residuales en un cuerpo de agua denominado Río Santiago en la Delegación Xochimilco por el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

• En el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 denominado por las autoridades del Distrito Federal "Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional".

• En conjunto con la Secretaría de Salud, mala práctica médica,violaciones al derecho a la salud, vida e integridad de personas privadas de la libertad en Reclusorios del Distrito Federal.
• Muerte violenta de cinco personas privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla.

• Habitantes de los pueblos de Santa Bárbara, Santa Catarina, San Martín Xohinauac, San Andrés, Barrio de San Andrés, Colonia Nueva España y de la Unidad Habitacional "Ferrería" de la Delegación Azcapotzalco, que fueron vulnerados por la construcción ubicada en la Avenida Granjas número 800, Pueblo de Santa Bárbara, en la Delegación Azcapotzalco.

De las 5 recomendaciones, 4 continúan sujetas a seguimiento y 1 más se encuentra dentro del plazo para ser acatada. Como vemos esta dependencia ha incurrido en diversas violaciones de distintos derechos humanos, poniendo en peligro la seguridad pública, la calidad ambiental y la vida de los ciudadanos capitalinos.

Los derechos humanos vulnerados son: Derecho a un medio ambiente sano; Seguridad ciudadana y derecho a la seguridad personal; Derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad; Derecho a la salud y a la vida; Derechos de las personas privadas de la libertad; Derecho de consulta y participación; y Derecho a la libertad de expresión.

III. Secretaría de Salud del Distrito Federal.

Del año 2000 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha emitido 38 recomendaciones a la Secretaría de Salud de la entidad, de éstas 24 siguen pendientes de cumplimiento, es decir, el 63 % permanecen sujetas a seguimiento, y tan sólo el 37 % han sido concluidas satisfactoriamente.

Este tipo de violaciones a los derechos humanos afectan doblemente, por un lado, se vulnera la esfera jurídica de las personas, y por el otro, inhibe uno de los derechos más sensibles e indispensables para el pleno desarrollo de las personas, el derecho a la salud, que tutela el más importante de los bienes jurídicos, la vida.

En el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos del DF realizó investigaciones respecto a 17 casos en los que el personal de la Secretaría de Salud negó la atención médica a mujeres embarazadas, cuando se encontraban a punto de dar a luz.

Las consecuencias de la negligencia y deficiencias en el servicio médico fueron fatales: ocho bebés perdieron la vida al nacer y tres más sobrevivieron pero con secuelas físicas o neurológicas; además, una mujer dio a luz en un baño del hospital y otra en el acceso; finalmente una mujer perdió la vida y dos más quedaron con secuelas.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto la necesidad de que autoridades capitalinas den pronto cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal les ha hecho desde su creación, de lo contrario además de haber vulnerado a la población, contravendrán la convencionalidad que a partir de 2011 forma parte de nuestro derecho positivo.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa correspondientes a fin de cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013".


1 Última actualización: 30 de octubre de 2013. http://www.cdhdf.org.mx/index.php/recomendaciones/seguimiento






De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que condena enérgicamente el espionaje recurrente del que es víctima el Estado mexicano en su conjunto y exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar una investigación exhaustiva para fincar responsabilidades por los actos perpetrados por el gobierno de Estados Unidos de América en lo referente al centro de espionaje llamado “Centro de Fusión México” que opera en la Embajada de Estados Unidos en México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO QUE CONDENA ENERGICAMENTE EL ESPIONAJE RECURRENTE DEL QUE ES VICTIMA EL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA PARA FINCAR RESPONSABILIDADES POR LOS ACTOS PERPETRADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LO REFERENTE AL CENTRO DE ESPIONAJE LLAMADO “CENTRO DE FUSION MEXICO” QUE OPERA EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MEXICO

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que El Senado de la República condena enérgicamente el espionaje recurrente del que es víctima el Estado Mexicano en su conjunto y exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, inicie una investigación exhaustiva para fincar responsabilidades por los actos perpetrados por el Gobierno de Estados Unidos de América en lo referente al centro de espionaje llamado “Centro de Fusión México” que opera en la Embajada de Estados Unidos en México al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es claro que el gobierno mexicano no puede permanecer callado, sumiso e indiferente ante las nuevas denuncias y evidencias sobre las acciones de espionaje que realiza el gobierno de los Estados Unidos en nuestro país. A los hechos inicialmente denunciados sobre el espionaje hacia Enrique Peña Nieto en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, y a Felipe Calderón Hinojosa en su periodo al frente del poder ejecutivo de nuestro país, ahora se suma la nueva información sobre la operación de un centro de espionaje llamado “Centro de Fusión México” que opera desde la sede de la Embajada de los Estados Unidos de América en la capital de la República, de acuerdo con información obtenida de los documentos oficiales desclasificados del gobierno norteamericano desde el año 2010.

El documento fue obtenido en uso de la Ley de Transparencia de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés). En este sentido, el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense, declaró, a través de su investigador Jesse Franzblau, que el documento citado “podría ser lo más detallado que se ha encontrado, hasta la fecha, de los programas de inteligencia de Estados Unidos para espiar a otros países”. El investigador también afirmó que el texto fue desclasificado por el Pentágono y no por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y también afirmó que hasta la fecha “no habíamos visto un documento tan claro que confirme la presencia de la NSA en otros países”.

El memorándum está fechado en 2010 y fue elaborado por elDepartamento de Defensa de EUA (DOD). Ahí se afirma que el “Centro de Fusión México” persigue “objetivos de alto valor” (highvalue targets), y está prohibido para extranjeros. El texto fue escrito por Pwill Weschler, de la Oficina antinarcóticos y amenazas globales del Pentágono, y dirigido a Mike Vickers, de la Secretaría de la Defensa, donde se ofrecen datos sobre un centro que cuenta con al menos diez computadoras conectadas con “el protocolo secreto de Internet” (SIPR) y al Sistema Mundial de Comunicaciones de Inteligencia. Igualmente, revela que trabajan ahí oficiales del Pentágono, la Defensa, del Comando Norte y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que ha sido la espía global. El “Centro de Fusión México”, según la información divulgada, mantiene estaciones para monitoreo satelital, además de equipos para transmisión segura de voz y datos.

El gobierno norteamericana está obligado a dar una explicación inmediata y a profundidad sobre este nuevo hecho. Se debe saber el alcance de las tareas de ese centro de espionaje instalado en nuestro país; quiénes fueron espiados; en qué temáticas han estado “trabajando” los agentes norteamericanos; etcétera. En este caso hablamos de operaciones hechas al margen y sin autorización del gobierno de México.

Está claro que en la mira y enlos objetivos del gobierno norteamericano está nuestro petróleo, están los liderazgos políticos del país, empezando por los titulares del poder ejecutivo. Es un asunto que va más allá del tema del narcotráfico y el crimen organizado. Se trata, hay que decirlo con todas sus letras, de espionaje político y de intervencionismo. El “Gran Hermano” estadounidense despliega con cinismo e impunidad sus ojos, sus oídos, y su fuerza intimidatoria para hacer valer sus intereses hegemonistas en México.

Estas prácticas no son nuevas, ni nos generan sorpresa, es una práctica común de las potencias imperiales, pero son ilega