Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Viernes 23 de junio de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 15

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 13 de Marzo de 2014

SUMARIO                                              


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CAMARA DE DIPUTADOS

- Oficios con los que remite:

Minuta proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal; oficios con los que devuelve los expedientes de los siguientes asuntos desechados, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional: minuta proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como el "Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República"; minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; oficios por el que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea y ante el Parlamento Latinoamericano; punto de Acuerdo de la C. Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos constitucionales, en materia de inmunidad de servidores públicos.



























































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

APERTURA

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: (12:12 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

- El C. Vicepresidente Luis Sánchez Jiménez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 76 ciudadanas y ciudadanos Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Y le aprecio mucho, señor Vicepresidente, que nos esté coadyuvando en funciones de la Secretaría.

Se abre la sesión del jueves 13 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MARTES
ONCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día martes once de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes ochenta y cuatro ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves seis de marzo de dos mil catorce.

 

La Presidencia informó de las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el artículo 214 del Reglamento del Senado, emitió excitativas a las comisiones que concluyeron su plazo para la presentación de su dictamen.- La relación de los asuntos se publicará en la Gaceta del Senado.

2) Se dio cuenta con el Informe mensual de vencimiento de plazos para emitir dictamen sobre las prórrogas otorgadas y las excitativas formuladas.- La relación de los asuntos se publicará en la Gaceta del Senado.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Luis Sánchez Jiménez, el Informe relativo al IX Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado los días 16 y 17 de septiembre de 2013, en Panamá.- Quedó de enterado.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, por movimientos de Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la Secretaría de Economía sobre las negociaciones comerciales en curso, conforme a lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Comercio y Fomento Industrial.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, la Declaratoria de los Trabajos del 9o. Parlamento de las Niñas y los Niños de México, aprobada en la sesión del 28 de febrero de 2014.- Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, los proyectos de presupuestos de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para los meses de febrero y marzo de 2014.- Fueron aprobados en votación económica.

 

Se recibió de la Comisión de Administración, Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en el año 2013.- Quedó de enterado.

(Iniciativas)

El Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de Población.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de operaciones de mantenimiento de la paz.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo, a nombre propio y de los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Zoé Robledo Aburto, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Gil Zuarth y Layda Sansores San Román, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para la regulación de cannabis y tetrahidrocannabinol con un enfoque primigenio de salud pública y de reducción de riesgos y daños.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir el uso de animales en cualquier tipo de espectáculos en el que sean inducidos a realizar acciones fuera de su comportamiento natural.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador David Monreal.Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción vii del artículo 198 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

La Senadora Lilia Merodio Reza, a nombre propio y de las Senadoras Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Juana Leticia Herrera Ale e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Vivienda y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción xvii al artículo 7 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió iniciativa con proyecto de decreto que modifica la nomenclatura de la Ley General de Desarrollo Social por la Ley General de Desarrollo y Justicia Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 bis y 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes o fijos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de prohibir el uso de animales en circos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objeto de prohibir peleas de perros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con objeto de prohibir las peleas de gallos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 194 F-1 y 238 de la Ley Federal de Derechos, con el objeto de incrementar el pago de derechos a la actividad de cacería.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, con objeto de incrementar las sanciones por cacería ilegal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Del Senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de trato digno animal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictamen de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.- Quedó de primera lectura.

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió pronunciamiento, a propuesta de la Senadora Dolores Padierna, por el que el Senado de la República extiende una fraterna felicitación al pueblo chileno por el inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet como Presidenta de la República de Chile.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Intervinieron los senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD y Francisco Salvador López Brito del PAN. El dictamen fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Intervino el Senador Manuel Cota Jiménez, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones. El dictamen fue aprobado por 90 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Unico del Título Tercero Bis, se crea Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal.- Para referirse a éste y el siguiente dictamen, intervinieron los senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, quien los presentó, a nombre de las comisiones, adicionalmente, presentó una propuesta de modificación para el dictamen de reformas a diversas disposiciones del código penal federal, la cual fue aceptada por la Asamblea y se integró al dictamen; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN; Dolores Padierna Luna del PRD; David Monreal.Avila del PT; y Zoé Robledo Aburto del PRD. El proyecto de decreto con la modificación aceptada fue aprobado por 92 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno último, al artículo 259 bis del Código Penal Federal.- Fue aprobado por 85 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguiente tres dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de decreto que reformaba la denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adicionaba el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo.

2) De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de decreto que reformaba los artículos 6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de cobro de cuotas.

3) De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de decreto que reformaba el artículo 8 de la Ley General de Educación.

Los tres dictámenes fueron aprobados por 87 votos en pro. Se devolvieron a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, con relación al proyecto de decreto que reformaba los artículos 9-A y 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. El asunto se dio por totalmente concluido.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes en sentido negativo:

1) De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción XI al artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2) De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo por el que se aprueba el similar de la Cámara de Diputados del 12 de marzo de 2013 por el que se desechó el proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. Los asuntos de dieron por totalmente concluidos.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia para determinar si existe año ambiental en la Presa José López Portillo o Presa “Comedero”, ubicada en el municipio de Cosalá, en el estado de Sinaloa.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez del PRD. El dictamen fue aprobado en votación económica.

(Proposiciones)

El Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretaría de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal de Electricidad a diseñar una estrategia coordinada inmediata para reordenar el mercado de la manzana en nuestro país.- Fue considerado de urgente resolución. Intervinieron los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo del PRD y Luz María Beristáin Navarrete del PRD. Fue aprobado en votación económica.

 

El Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y del gobierno del estado de Tamaulipas a implementar una estrategia integral contra la inseguridad en el estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

 

El Senador.Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a promover medidas administrativas, normativas y legales tendientes a corregir el impacto negativo que la aerolínea "Aeroméxico" causa en la prestación de su servicio.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política)

Se sometió a consideración de la Asamblea un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que constituye la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. de C. V.- Fue aprobado en votación económica.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

Del Senador David Monreal.Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar al campo zacatecano 300 millones de pesos para apoyo al pago de energía eléctrica y para dar cumplimiento a la liquidación de obligaciones financieras que se han contraído con cajas o instituciones crediticias, derivado de la crisis que atraviesa el campo zacatecano.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos violentos ocurridos en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela; y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Del Senador David Monreal.Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre los criterios empleados para la distribución de los recursos públicos a sus distintas unidades responsables.- Se turnó a la Comisión de Justicia.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una mesa negociación con los estados que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tendiente a mejorar la competitividad de México en materia agropecuaria y pesquera.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el proceso de su intervención en el caso del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado el 22 de enero del presente año en Texas, Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud a informar cuáles fueron las razones por las que se han rechazado la mayoría de los medicamentos de última generación para la atención de cáncer en nuestro país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador David Monreal.Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a concluir lo antes posible la revisión del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y sea enviado para su ratificación a la Cámara de Senadores.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a brindar medidas de protección en favor de Gabriela Sánchez López, quien se dedica a defender e impulsar los derechos humanos de las mujeres.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones que ha emprendido y los resultados que ha obtenido al ayudar a los connacionales repatriados a recuperar el patrimonio y los hijos que dejaron en los Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a emitir las normas oficiales mexicanas que permitan la incorporación, reconocimiento y regulación de terapias a base de ozono para la prestación de servicios de atención médica en condiciones seguras para el paciente por personal capacitado.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a agilizar el proceso de decreto de reserva de la biósfera marismas nacionales sur de Sinaloa.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a continuar con los estudios de investigación en el Alto Golfo de California y se realicen los trámites y acciones necesarios para que se otorguen los recursos presupuestales en beneficio de las comunidades pesqueras afectadas.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana.Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a realizar campañas de difusión en medios de comunicación masivos para la promoción de hábitos alimenticios sanos y la implementación de una cultura nutricional en la población mexicana.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar el apoyo técnico-operativo necesario para la instalación de frigoríficos y empacadoras a fin de impulsar la industrialización productiva de las cooperativas pesqueras del estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

 

De las Senadoras Ivonne Liliana.Alvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar una campaña de difusión de los servicios que se proporcionan a través del Programa de Apoyo al Empleo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guerrero a analizar la factibilidad de la creación del municipio de Xaltianguis en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Municipal.

 

De la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del gobierno del estado de Puebla a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla recientemente localizados en el centro de esa ciudad.- Se turnó a la Comisión de Cultura.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emita un estudio que analice el impacto presupuestario referente al aumento salarial de al menos un 30% a docentes que impartan educación en lenguas originarias.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría Comunicaciones y Transportes a incluir a Campeche en el Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, indicado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a fin de que esta entidad sea considerada en el trazado de la ruta del Tren Transpeninsular y Corredor Transísmico.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena el lamentable asesinato de un migrante y se solicita la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores a favor de la protección y garantía de los derechos humanos de los migrantes.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas eficientes e intensificar acciones en materia de promoción y difusión de signos y síntomas de cáncer infantil en todo el país.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus delegaciones en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, a transparentar e informar sobre el destino y estatus del “Apoyo al Paquete Tecnológico de los Productores de Caña de Azúcar 2013”.- Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turnó a las siguientes iniciativas:

 

De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

 

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de operaciones de mantenimiento de la paz.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, Primera.

(Excitativa)

El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió solicitud de excitativa con relación al proyecto de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a corrupción, enviada a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2013.- Se remitió a la Cámara de Diputados.

(Efemérides)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron efeméride en ocasión del centésimo tercer aniversario del inicio de “La Sublevación a favor del Pueblo Humilde” a cargo de Emiliano Zapata, ocurrida en Villa de Ayala, Morelos, el 11 de marzo de 1911.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride en ocasión del centésimo tercer aniversario del inicio de “La Sublevación a favor del Pueblo Humilde” a cargo de Emiliano Zapata, ocurrida en Villa de Ayala, Morelos, el 11 de marzo de 1911.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con quince minutos y citó a la siguiente el jueves trece de marzo a las once horas.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señor Vicepresidente.

Compañeros Senadores, les informo que por Acuerdo de la Mesa Directiva, se retiró del Orden del Día el dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se declara el 2014 como “Año de Octavio Paz”.

Este retiro provisional, para permitir que se reciba también el correspondiente de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, que declarará el 2014, como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”.

Una vez reunidos ambos dictámenes, se pondrán a su consideración.





 

COMUNICACIONES

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

De la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano; y de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con las que remiten sus respectivos planes de trabajo para el segundo año de ejercicio de la actual legislatura.

De la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de la delegación del Senado mexicano, en la visita oficial de trabajo a las Repúblicas de Azerbaiyán, Irán e India, del 12 al 28 de enero de 2014.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNION

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: Se recibió de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, el Acuerdo relativo a la rotación de su Presidencia y por el que ésta será ejercida por el Senador Adolfo Romero Lainas, en el segundo periodo de la actual legislatura.



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: Se recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: De la Cámara de Diputados, se recibió el expediente del proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como el “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-3-1472
EXP. 2871

SECRETARIOS DE LA
C AMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013, como el "Año Belisaño Domínguez, de la Libertad y la República".

México, D.F., a 13 de marzo de 2014.

Dip. Xavier Azuera Zúñiga
Secretario”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: De la Colegisladora, se recibió el expediente del proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-4-1376
EXP. 2837

SECRETARIOS DE LA
C AMARA DE SENADORES
PRESENTES.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

México, D.F., a 13 de marzo de 2014.

Dip. Xavier Azuera Zúñiga
Secretario”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Vicepresidente Sánchez Jiménez: De la Cámara de Diputados, se recibió un oficio por el que se informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea y ante el Parlamento Latinoamericano.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3167

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos Unión Europea:

Diputados

Grupo Parlamentario

Movimiento

Cargo

Tomás Torres Mercado

PVEM

Baja

Integrante

Arturo Escobar y Vega

PVEM

Alta

Integrante

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente tramite; “De enterado Comuníquese”.

México, D.F., a 13 de marzo de 2014.

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-8-3174

CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que comunica la modificación en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, D.F., a 13 de marzo de 2014.

Dip. Angelina Carreño Mijares
Secretaria”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 113 A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Presentada por el C. Senador Martín Orozco Sandoval, a nombre de los CC. Senadores del grupo parlamentario del PAN, con aval de grupo)

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Con su permiso, señor Presidente.

Quienes suscribimos, Senadores integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa, con aval del grupo, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 113 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del 1° de enero de 2014 desaparece el régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, e intermedios; en su lugar, se crea el régimen de incorporación fiscal, RIF, mismo que se regula en el Título IV, Capítulo 2, Sección Segunda de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

El nuevo régimen es aplicable solo a personas físicas que realizan actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiriera para su realización título profesional, con ingresos anuales hasta dos millones de pesos.

Primero. Los contribuyentes de este régimen efectuarán pagos definitivos bimestrales, teniendo un descuento del Impuesto Sobre la Renta del 100 por ciento del pago durante el primer año, el cual ira disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes 10 años, para pagar la totalidad de Impuesto Sobre la Renta, a partir del año 11.

Las obligaciones que tiene este régimen, son las siguientes:

• Conservar comprobantes con requisitos fiscales.

• Registrar vía Internet ingresos, egresos, inversiones y deducciones.

• Entregar a sus clientes comprobantes fiscales, con factura electrónica.

• Efectuar el pago de erogaciones superiores a dos mil pesos, mediante cheque, tarjeta de crédito o débito o transferencia.

• Presentar declaración bimestral definitiva, vía Internet.

• Pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado.

• Pagar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, sobre todo de los productos chatarra.

• Y retener el Impuesto Sobre la Renta a sus trabajadores.

La problemática que tienen todos estos pequeños contribuyentes son las siguientes:

Estamos hablando de contribuyentes, como tienditas de abarrotes, fruterías, peluquerías, puestos en los mercados, tianguistas, todos ellos que en este momento están registrados como REPECOS, y que suman aproximadamente, según datos del propio SAT, 3.8 millones de contribuyentes.

La problemática en estos dos meses, de inicio de la reforma hacendaria, es la siguiente:

El SAT, supuestamente, envía dos cartas, una para el cambio del régimen automático, y otro para una contraseña, con la que ellos tendrían que hacer todas las operaciones vía Internet.

Dos. En el caso de que no te llegue esta información, hacer tres citas en las oficinas del SAT, una para la orientación fiscal, otra para la contraseña y otra para el cambio de régimen.

Para que te den un turno en el SAT, va de uno a dos meses aproximadamente.

Y cuando llegas allí, o ya que tengas ese turno y esa capacitación, regresas a la página de Internet del SAT y nunca funciona. Si tienes alguna duda, puedes consultar 01-800 del SAT, nunca te contesta.

El SAT crea un sistema que se llama “Mis Cuentas”, que es donde las tienditas y los changarros van a capturar todos sus ingresos y gastos. Un sistema que nunca funciona.

Determinar sus declaraciones vía sistema, una persona que atiende una tienda de abarrotes, una frutería, no va a saber, en ningún momento, cómo determinar su declaración mediante sistema, y expedir facturas electrónicas vía Internet.

¿Qué requiere ahí? Que una tienda de abarrotes o un puestecito de un mercado debe tener una computadora, una impresora, un teléfono e Internet.

Un taxista también está obligado a ésto, y debe de traer ahí en su carro todo este equipamiento, porque de lo contrario, si hay un cliente que le pide una factura por los 50 ó 60 pesos, tiene la obligación de dar una factura electrónica bajo este nuevo régimen.

Otro punto importante que es imposible de llevar a cabo por parte de los pequeños contribuyentes, es el sistema bancario. Para las compras de 2,000 pesos de cualquiera de estos changarros, debe hacerlas mediante cheque nominativo, mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o una transferencia bancaria; todo mundo tenemos una tienda cerca de nuestra casa, una lonchería o cualquier negocio o han ido a algún mercado, imagínense si pueden tener todo esto unos pequeños contribuyentes.

Son los problemas más relevantes que han ocurrido en estos últimos dos meses por esta reforma; solamente en mi estado hay 45, mil REPECOS que no van a poder cumplir con esta obligación.

La propuesta es la adición al artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que tenga las siguientes características para estos pequeños contribuyentes, que seguramente son más de 2 millones.

Que se establezca un régimen de excepción con las siguientes características:

Que las actividades de 1 a 750, mil pesos de ventas al año puedan estar en este nuevo régimen.

Expedir como venían haciéndolo, un comprobante simplificado, una simple nota, donde no tengan que desglosar el IVA y el IEPS, no olvidemos que, en una tiendita hay productos que gravan al 16, otros que gravan al 0, otros exentos, y otros que gravan IEPS con la nueva ley de la comida chatarra.

Entonces, bajo este esquema, dejarlos exentos también en estos impuestos, que es imposible que ellos desglosen; expedir comprobantes simplificados, una nota, eliminar la obligación del sistema bancario para todos ellos, una declaración semestral definitiva, una tasa sobre el Impuesto Sobre la Renta del 1 por ciento sobre las ventas, y con esto la Secretaría de Hacienda va a recaudar el 300 por ciento más de lo que recauda con REPECOS, y de lo que ahora no recauda con el nuevo régimen de incorporación fiscal.

Proporcionar al SAT las operaciones con los proveedores, porque en realidad esta también es una estrategia del SAT, que por medio de los pequeños quiere tener la información de los medianos y de los grandes, que sí es una buena estrategia y es una información necesaria para el SAT, pero con ponerle estos candados a los pequeños.

Simplemente basta que los pequeños guarden toda la información de sus notas de sus proveedores, capturarlas en el SAR, el mismo SAR puede capturarlas, y con eso tener la información que requiere para los medianos contribuyentes, y que los pagos se hagan en los estados o municipios, puesto que el SAT en ningún estado puede atender los millones de REPECOS que se tienen y que en realidad es imposible que los atiendan.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“Quien suscribimos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión , con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 113 A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la entrada en vigor de la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, a partir del 1 de enero de 2014 desaparecen los Regímenes de Pequeños contribuyentes (REPECOS) e Intermedio, en su lugar, se crea el Régimen de incorporación Fiscal (RIF), mismo que se regula en el Título IV, Capítulo II, sección segunda de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente.

El RIF es aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales de hasta dos millones de pesos.

El RIF es cedular y de aplicación temporal durante un periodo de hasta diez años, sin posibilidad de volver a tributar en el mismo. En el onceavo año, estos contribuyentes se incorporarán al régimen general de personas físicas con actividad empresarial.

Los contribuyentes de este régimen efectuarán pagos definitivos bimestrales, teniendo descuentos en el ISR del 100% del pago, durante el primer año, el cual irá disminuyendo paulatinamente a lo largo de los siguientes diez años, para pagar la totalidad del ISR a partir del onceavo año de su incorporación.

Se condicionan los referidos descuentos a la entrega regular al SAT de la información del total de sus ingresos y erogaciones, incluyendo los relacionados a operaciones con contribuyentes que pertenecen al régimen general. El cumplimiento de estas obligaciones se realizará a través de las herramientas electrónicas que para tal efecto determine el SAT.

Dentro de las principales obligaciones se encuentran:

• Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal digital por la operación.

• Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.

• Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

• Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior a $2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.

• Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.

• Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que corresponda.

• Para pagar el impuesto sobre la renta, presentarán en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.

Con base en lo comentado anteriormente, es importante mencionar que estos tiempos no se pueden entender sin la tecnología, y precisamente ha sido esta misma, la que nos ha dado herramientas de simplificación en las diversas áreas de nuestra vida diaria y más aún, en el campo laboral. Sin embargo, también debemos ser realistas en la situación que atraviesa la mayoría de la población de nuestro país, de quienes viven al día con sus ingresos y apenas les alcanza para comer. Es a este sector de la población a quienes no podemos exigir cumplir con todas las obligaciones fiscales, ya que están muy ajenas a sus posibilidades reales.

Del total de los contribuyentes que reciben menos de dos millones de pesos al año, una gran mayoría gana menos de $500,000. A este extenso grupo de personas, entre los que se encuentran las tiendas de abarrotes, papelerías, mercerías, taxistas, boutiques, puestos de comida en la calle, amas de casa con ventas por catálogos, ventas a domicilio, etc. es a quienes se les debe apoyar en cuanto a los requisitos que deben tener para cumplir con sus obligaciones fiscales, si no queremos que se queden u opten por la informalidad.

Según la encuesta del INEGI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información 2013, sólo el 35.8% de los hogares del país contaban con computadora y el 30.7% con internet. Con esta información, se hace imposible exigir a los contribuyentes con ingresos limitados a su sustento diario que adquieran sistemas de cómputo con internet para realizar sus operaciones porque no tienen los medios para hacerlo, razón por la cual es necesario darles facilidades que les permitan llevar a cabo sus actividades sin entorpecer sus ventas y sin que se vean obligados a realizar sus operaciones de manera informal.

El esquema del Régimen de Incorporación es muy complejo para todos aquellos comerciantes que haciendo sus cuentas con lápiz en una libreta se dan cuenta que lo que vendieron es incluso menos que lo que les costó la mercancía, y que ni siquiera sacaron para comer ese día. Para ellos cada peso que gastan en el traslado es importante porque es un peso menos con el que cuentan para comer. Pagar los servicios de algún contador o pagar transporte para acudir a las oficinas del SAT es algo que está fuera de sus posibilidades.

De esta forma, se propone que los contribuyentes cuyos ingresos no excedan de $500,000 pesos al año tengan la facilidad de expedir comprobantes simplificados y cuando el importe de la operación sea menor a $100.00 pesos no tenga la obligación de expedir comprobante.

También se propone que se elimine la obligación de pagar por sus compras e inversiones mayores a $2,000.00 pesos mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios, ya que estos contribuyentes, no son sujetos de crédito para obtener una tarjeta de crédito y no están en posibilidad de darse el lujo de pagar comisiones por la expedición de cheques, saldos promedios, etc., ya que como comentábamos en párrafos anteriores, cada peso les implica dejar de cubrir alguna de sus necesidades básicas.

Es una realidad, que la Secretaría de Hacienda no se ha dado abasto para atender a todos los contribuyentes que se acercan a las oficinas para solicitar apoyo, y es un hecho que existen todavía muchos más contribuyentes que no tienen idea que fueron cambiados del régimen de pequeños contribuyentes, al régimen de incorporación, y mucho menos que tienen que cumplir con otros requisitos fiscales.

Para todos es claro que todas las personas que perciben ingresos están obligados a declararlos y a pagar el impuesto correspondiente en su caso, pero también entendemos que en nuestro país existe una gran falta de información y de contribuyentes que jamás han usado una computadora y que es precisamente este sector a quienes estamos obligados a apoyar y no a perjudicar más, imponiéndoles requisitos y cargas administrativas que ni siquiera entienden cómo deben llevarlos a cabo.

Se deben simplificar los requisitos que deben cumplir los contribuyentes que están dentro de este rango de ingresos, con comprobantes simplificados tanto para las facturas como los pagos de sueldos en caso de que tengan empleados, eximiéndolos de la bancarización y facilitándoles la presentación de sus declaraciones de impuestos. Para cumplir con esto último, se está proponiendo que se presenten únicamente dos declaraciones semestrales definitivas, donde declaren sus ingresos obtenidos en el período y que tengan la posibilidad de acudir a las oficinas del SAT para que los apoyen en la emisión de una factura electrónica global semestral y en la elaboración de la declaración correspondiente, y así, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico. Se adiciona el artículo 113 Ade la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 113 A. Los contribuyentes que se encuentren en los supuestos mencionados en el artículo 111 de esta Ley, pero que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubiesen excedido de la cantidad de quinientos mil pesos y dichos ingresos sean obtenidos exclusivamente por operaciones realizadas con el público en general, podrán optar por pagar el Impuesto Sobre la Renta conforme a este artículo, siempre y cuando cumplan con los siguientes:

I. Expedir comprobantes simplificados por sus operaciones que deberán contener los requisitos de las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores a $100.00.

II. Para los efectos del artículo 111, quinto párrafo y 112, fracción VI y VII de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán presentar las declaraciones definitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones de manera semestral a más tardar el último día del mes inmediato posterior al semestre que corresponda.

III. Los contribuyentes que paguen el impuesto conforme a este artículo, calcularán el impuesto que les corresponda, aplicando la tasa del 1% a los ingresos que obtengan en el semestre, en efectivo, en bienes o servicios. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga tributando en el régimen previsto en esta sección, conforme a la tabla de reducción del Impuesto Sobre la Renta a pagar en el régimen de incorporación establecida en el artículo 111 de la presente Ley.

IV. Los contribuyentes que tributen conforme a este artículo quedan relevados de efectuar el pago de las erogaciones relativas a su compras e inversiones, cuyo importe sea superior a $ 2,000.00 mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios.

V. Para los efectos de la participación de los trabajadores en la utilidades de la empresa, la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 7.35 el Impuesto Sobre la Renta que resulte a cargo del contribuyente, sin considerar la disminución a que se refiere la fracción III de este artículo.

VI. Registrar en los medios electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, compras, gastos e inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores, de manera semestral. Para estos efectos el Servicio de Administración Tributaria emitirá mediante reglas de carácter general los criterios e información que se deberá presentar.

Para efectos del primer párrafo de este artículo, los contribuyentes a que se refiere dicho párrafo que inicien actividades, podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a este artículo.

También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

No podrán pagar el impuesto en los términos de este artículo quienes obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de comisión, medicación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos.

Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, cambien de opción, o dejen de cumplir los requisitos a que hace referencia este artículo, deberán a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente, pudiendo tributar conforme los artículos 111, 112 y 113 de la presente ley, siempre y cuando cumplan con los dispuesto en dichos artículos.

Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a este artículo y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado.

Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a este artículo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo.

Los contribuyentes que tributen en los términos de este artículo, y que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas de carácter general.

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 13 de marzo de 2014

Suscriben

Sen. José Rosas Aispuro Torres.- Sen. Daniel Gabriel Avila Ruiz.- Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela.- Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa.- Sen. Javier Corral Jurado.- Sen. Adriana Dávila Fernández.- Sen. Gabriela Cuevas Barrón.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Roberto Gil Zuarth.- Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván.- Sen. Martha Elena García Gómez.- Sen. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.- Sen. Francisco Domínguez Servién.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Raúl Gracia Guzmán.- Sen. Elia Hernández Núñez.- Sen. Fernando Herrera Avila.- Sen. Víctor Hermosillo y Celada.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. José María Martínez Martínez.- Sen. Carlos Mendoza Davis.- Sen. Sonia Mendoza Díaz.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Martín Orozco Sandoval.- Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán.- Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Juan Carlos Romero Hicks.- Sen. Ernesto Ruffo Appel.- Sen. Fernando Torres Graciano.- Sen. Salvador Vega Casillas.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. María Marcela Torres Peimbert.- Sen. Fernando Yunes Márquez”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Orozco Sandoval. Túrnese a la Cámara de Diputados.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Para solicitarle que me pueda adherir a la iniciativa del Senador.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Martín Orozco, ¿acepta la adhesión del Senador Víctor Hermosillo?

- El C. Senador Martín Orozco Sandoval: Claro que sí. Y, todo el grupo parlamentario de Acción Nacional suscribe esta iniciativa.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Claro que sí, con todo gusto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona para presentar, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

(Presentada por la C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La presente iniciativa es con la finalidad de poder promover y apoyar el empleo juvenil.

A nombre de mis compañeras, las Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García, Angélica del Rosario Araujo, Margarita Flores Sánchez, Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, integrantes del grupo parlamentario del PRI, venimos a presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la cual propone esencialmente el otorgamiento de las facultades específicas al Instituto Mexicano de la Juventud para la implementación de procesos de identificación de las mejores prácticas en materia de empleabilidad juvenil, con el afán de premiar a las empresas que se preocupan por brindarles a los jóvenes las oportunidades de crecimiento y condiciones laborales propicias para su desarrollo.

Lo anterior, tomando en consideración las recomendaciones realizadas en el documento intitulado “Indice Nacional de Participación Juvenil 2013”, en reconocimiento al trabajo de la sociedad civil organizada mediante la asociación civil denominada “Ollin, Jóvenes en Movimiento”.

Si bien que se desean desarrollar ampliamente con la iniciativa privada, se considera importante que como gobierno nos involucremos con temas que puedan calificarse de coyuntura.

Es por ello que se considera que la modificación al artículo 4, fracción XII de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud es un paso para atender las recomendaciones referidas en el sentido de que sea el INJUVE la instancia encargada de desarrollar e implementar un distintivo para identificar buenas prácticas de empleabilidad juvenil en la iniciativa privada, entendiéndose como parte de dichas prácticas el que se propicie la estabilidad en el empleo y en el ingreso, así como en las prestaciones y condiciones de trabajo para los jóvenes.

Comenzar con el cambio en nuestras leyes resulta oportuno para establecer las bases de actuación de otros actores involucrados en el tema.

Considerando que México cuenta con una población de entre 15 y 29 años mayor al 33.4 millones de personas, lo que representa más del 28 por ciento de la población total, y que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, durante el segundo trimestre de 2013 la población económicamente activa era de 5.2 millones de personas, de los cuales el 32 por ciento son jóvenes, cuyo nivel de ingreso es de poco más de 5 salarios mínimos, aunado a que más de una cuarta parte del total de jóvenes ocupados se encuentran en la informalidad.

Es por eso que debemos coadyuvar con las reformas estructurales para solidificar la estabilidad en el empleo y en el ingreso, sobre todo en el ámbito privado.

Es por estas razones que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de Decreto.

Unico.- Se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo, donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; así como implementar los mecanismos y procesos de identificación de las buenas prácticas de empleabilidad juvenil, en aras de reconocer e incentivar a las empresas que brinden oportunidades de crecimiento y condiciones laborales propicias para el desarrollo de los jóvenes y en general en todas aquellas actividades que de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Señor Presidente, solicito que el texto de la iniciativa se integre en el Diario de los Debates.

Muchísimas gracias. Esperando contar con su apoyo.

Iniciativa

"Las que suscribimos Senadoras de la República de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión LISBETH HERN ANDEZ LECONA, IVONNE LILIANA.ALVAREZ GARCIA, ANGELICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES S ANCHEZ, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Hablar de niños y jóvenes es hablar de esperanza para las naciones, las expectativas de un país se encuentran depositadas en ellos, pues son los próximos actores políticos, empresarios, activistas sociales y protectores del entorno cada días más deteriorado por las generaciones que los han antecedido. Al ser ellos el futuro, debemos heredarles las condiciones apropiadas, así como las herramientas suficientes para que superen el mínimo de bienestar en sus vidas y puedan alcanzar el desarrollo esperado en el mundo entero, lejos de convertirse en una carga para las economías y en grupos vulnerables que requieran del asistencialismo del Estado para subsistir.

El Gobierno de la República reconoce que la juventud representa una fuerza muy grande que logrará mover a México, que cuenta con una población entre 15 y 29 años mayor a 33.4 millones de personas, lo que representa más de 28% de la población total, por lo que para apoyar a este sector tan representativo se han ejecutado diversas acciones que brinden mayores oportunidades de desarrollo integral, entre ellas destacan la puesta en marcha de los programas de Apoyos a Proyectos Juveniles Impulso México, de Espacios Poder Joven y el de Fortalecimiento a la Empleabilidad de las y los Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad. Así mismo, se ha procurado la implementación de la educación de calidad a través de la reforma educativa que recientemente se aprobó, aunado al otorgamiento de más de 8 millones de becas, de las cuales, 5 millones se entregaron a alumnos de primaria y secundaria, por cuanto a la educación media superior se alcanzó una cobertura del 65.9% en el grupo de 15 a 17 años al entregarse más de 2.1 millones de becas y finalmente, respecto a la educación superior, el número total de universitarios becados fue de 839 mil jóvenes, quienes sin duda pondrán en alto el nombre de nuestro país en años venideros.

Lo anterior, sin duda ha contribuido a reducir el fenómeno suscitado casi un lustro atrás, referente a la impactante cifra de alrededor de 7 millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. La conjunción de esfuerzos del sector público y la participación del privado, a través de la sociedad civil encargada de abordar las problemáticas concernientes a los jóvenes, hoy podemos decir que el término “NiNi”, no es un concepto que se encuentre en el vocabulario del país. Es por ello que debe reconocerse la labor del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), organismo público descentralizado, cuyo trabajo preponderante recae en la elaboración de políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos para otorgarles las herramientas necesarias en educación, salud, empleo y participación social.

Dicho instituto fue creado en el año de 1999, y a partir de entonces reconoce preponderantemente la labor de un grupo de personas que se encuentra entre los 12 y 29 años de edad ya sea en la academia, en el trabajo comunitario, en derechos humanos o a favor del medio ambiente. El IMJUVE, se ha posicionado como una instancia de carácter estratégico para el desarrollo del país, pues además de las funciones referidas, también encabeza la ejecución de programas, presta servicio servicios y realiza acciones sin distinción del origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil de los jóvenes mexicanos, la Ley que lo crea, le ha concedido amplias facultades en sus artículos 3, 3 BIS y 4, para poder proveer y promover a un sector que representa la esperanza de México. De tales numerales, es preciso citar de manera literal el artículo 4, pues en él se contemplan las atribuciones que permiten que el IMJUVE cumpla con su objetivo primordial, que es principalmente el de promover el desarrollo de los jóvenes, tal y como se ha reiterado en este documento, por lo que a la letra dice:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación;

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;

III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte;

IV. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud;

V. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud;

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la juventud;

IX. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando así lo requieran;

X. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el Instituto en aplicación de esta Ley;

XI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país;

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en materia de juventud, y

XVI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios. 

Pese a los preceptos jurídicos anteriores, por otro lado se encuentra, como ya se ha mencionado, la sociedad civil organizada que ha demostrado su interés por el tema, materia de la presente iniciativa, mediante estudios, investigaciones, análisis y reflexiones sobre la juventud mexicana y su situación actual. En esta tesitura, “El índice Nacional de Participación Juvenil 2013” de la Asociación Civil“Ollin, Jóvenes en Movimiento” nos muestra un panorama que debe ser considerado y evaluado para la modificación y adecuación de nuestras leyes y políticas públicas.

En el documento se informa que en la actualidad se cuenta con una época propicia, para que los países en desarrollo inviertan en los jóvenes, a efecto de aprovechar la coyuntura sociológica, que recae en la reducción de la tasa de fecundidad, lo que se traduce en que, se incorporen a la vida laboral con menos dependientes económicos, implicando ahorro para los hogares y grandes oportunidades de crecimiento, en cambio si no se les emplea, los jóvenes que hoy tienen 26 años o menos y que forman parte de la mitad de la población mexicana (CONAPO, 2013) se volverán un lastre para la economía, por ende es necesario impulsar el incremento de los índices de participación juvenil. Jóvenes en Movimiento A.C. entiende por tal, como el involucramiento de los jóvenes en las instituciones pertenecientes a los espacios de incidencia que tienen mayor impacto en su desarrollo político, económico y social.

En ese sentido, se analiza la ocupación, oportunidades y desempeño de los jóvenes, determinándose que la condición económica a nivel mundial dificulta que entren en el mercado laboral. En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2013, la población económicamente activa (PEA) era de 52.2 millones de personas de los cuales más de la mitad eran jóvenes (32%), cuyo nivel de ingresos es muy bajo, pues únicamente el 3.8% del total de jóvenes ocupados y 4.1% de empleados y subordinados, percibieron más de 5 salarios mínimos, así mismo, más de una cuarta parte del total de jóvenes ocupados, se encuentra en la informalidad, lo que significa que no existe estabilidad en el ingreso, por lo que muchos han recurrido al autoempleo a través de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Bajo este tenor, se ha recomendado la implementación de un proceso de identificación de las mejores prácticas en materia de empleabilidad juvenil, con el afán de premiar a las empresas que se preocupan por brindarles a los jóvenes las oportunidades de crecimiento y condiciones laborales propicias para su desarrollo. Si bien es un proyecto que la Asociación Civil Jóvenes en Movimiento pretende realizar con la iniciativa privada, se considera importante reconocer el esfuerzo de los trabajos realizados por la sociedad civil que organizadamente se interesa por los temas de coyuntura y, respondiendo a esta preocupación de los jóvenes es que se presenta esta iniciativa en la que se dota de facultades específicas al Instituto Mexicano de la Juventud para el cumplimiento adecuado de su objeto, en el que además se impulse a los jóvenes en el ámbito laboral, favoreciéndolos en el tema del ingreso estable a través de la iniciativa privada. Se considera que la modificación al artículo 4 fracción XII de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud es un paso para atender las recomendaciones referidas, en el sentido de que sea el IMJUVE la instancia encargada de desarrollar e implementar un distintivo para identificar buenas prácticas de empleabilidad juvenil en la iniciativa privada, entendiéndose como parte de dichas prácticas, el que se proporcione estabilidad en el empleo y en el ingreso, así como en las prestaciones y condiciones de trabajo para los jóvenes, comenzar con el cambio en nuestras leyes resulta oportuno para establecer las bases de actuación de otros actores involucrados en el tema. Es por estas razones que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se reforma la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I a XI…

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; así como implementar los mecanismos y procesos de identificación de las buenas prácticas de empleabilidad juvenil, en aras de reconocer e incentivar a las empresas que brindan oportunidades de crecimiento y condiciones laborales propicias para el desarrollo de los jóvenes y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

En la sede del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Lisbeth Hernández Lecona.- Sen. Ivonne Liliana Alvarez García.- Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara.- Sen. Margarita Flores Sánchez.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.- Sen. Mely Romero Celis”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR

RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

Sonido en el escaño del Senador Oscar Rosas.

- El C. Senador Oscar Ramán Rosas González: (Desde su escaño)Gracias, señor Presidente. Para preguntarle a la Senadora Hernández Lecona, si me permite sumarme a su iniciativa. Muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Tome nota la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

Sí, Senador, ¿es para el mismo efecto?

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño)En el mismo sentido, felicitar a la Senadora Hernández Lecona por su iniciativa y solicitarle amablemente si nos permite suscribirla.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Toma nota la Secretaría. Gracias, Senador, gracias Senadora.

Esta Presidencia saluda a maestros y alumnos de la licenciatura en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)





 

MINUTO DE SILENCIO

Informo que a petición del Senador Carlos Alberto Puentes Salas, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; y de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, esta Mesa Directiva, a nombre del Senado de la República, expresa su pesar por el fallecimiento del señor Jerzy Hausleber, que fue entrenador de marcha en México.

Al trabajo del señor Hausleber lo debemos reconocer por la aportación para preparar a los marchistas mexicanos que lograron medallas olímpicas en esta disciplina.

En 1993 fue condecorado con el Aguila Azteca, que es la condecoración más alta que entrega el gobierno de México a los extranjeros distinguidos.

Les pido, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria del señor Jerzy Hausleber, por favor, Senadoras y Senadores.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Gracias Senadoras y Senadores, continuamos con el orden de la sesión.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del COFIPE, en materia de salvaguarda de los sistemas normativos internos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE SALVAGUARDA A LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Los representantes del estado de Oaxaca en este Senado de la República recibimos el pasado martes a un grupo de paisanos representantes de un movimiento indígena que nos hicieron planteamientos muy concretos que han motivado la presente iniciativa que, por cierto, suscriben los integrantes de la bancada del PRD, del PT y la Senadora Layda Sansores.

Compañeras y compañeros.

Su servidor tiene claro que la reforma político-electoral, publicada el pasado 10 de febrero de 2014, aún con sus bemoles y limitaciones, representa un esfuerzo inusitado a nuestro engranaje político social de consecuencias, sin duda, trascendentales. Es que hoy de toda suerte presento la siguiente iniciativa, repito, de la mano con el movimiento indígena e instituciones sociológicas del estado de Oaxaca.

La redacción, compañeras y compañeros, de una futura legislación en materia electoral, tendrá como principal eje, así lo espero, homogenizar las reglas de organización y operación de los procesos electorales a través de la profesionalización de su personal y de la sistematización de los procesos y procedimientos, siendo, como sabemos, cada entidad federativa quien determine en pleno respeto a su libertad y soberanía el número de distritos electorales y municipios, así como su cartografía y la composición del congreso local y ayuntamientos.

Pero es justamente esta premisa, compañeras y compañeros Senadores, que me obliga acudir a subir a esta tribuna para señalar que no se puede tratar de la misma forma a los 2 mil 454 municipios de México, no se puede tratar a este número de municipios bajo reglas federales iguales, no es ni legal ni es procedimentalmente posible.

Sin duda alguna la democracia en las localidades, como ustedes estarán de acuerdo conmigo, se vive de distinta manera que a nivel federal. Pero en Oaxaca la situación es tan particular que resulta importante hacer un profundo señalamiento al respecto.

En Oaxaca, compañeras y compañeros, se concentra el 24 por ciento de la totalidad de los ayuntamientos del país. De los 570 municipios que hay, sólo 153 de ellos se rigen bajo el sistema de partidos políticos, lo que podríamos ubicar como el derecho occidental, es decir, que el 74 por ciento de los restantes, 417, aplican en sus procedimientos de renovación de autoridades los usos y costumbres, es decir, el derecho consuetudinario.

Este sistema propio y ancestral no sólo es de Oaxaca, hay que decirlo, aunque concentra, como ya lo he dicho, la mayoría de ellos.

Hay que decir también que en los últimos años se han gestado criterios judisprudenciales en defensa al respeto, autodeterminación y pluriculturalidad de los pueblos. Por ejemplo, en Cherán, en el estado de Michoacán, en Puebla, en Guerrero, en Chiapas y Quintana Roo, por mencionar algunos.

De ahí, compañeras y compañeros Senadores, la necesidad imperiosa de sentar las bases en las próximas reformas a leyes secundarias de dejar plasmado la sociopolítica y pluriculturalidad que tiene nuestro país, al tiempo de garantizar y salvaguardar el derecho a la autodeterminación, establecido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ese es el motivo de esta iniciativa, incidir fundamentalmente en la redacción y aprobación de la próxima legislación secundaria definiendo ámbito de competencia y atribuciones del sistema normativo interno, salvaguardando así la libre autodeterminación de los pueblos originarios reconocidos, también hay que decirlo, tanto en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; o como la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales de nuestro país.

Recordemos que la lucha por este reconocimiento no ha sido fácil. Con la labor de la COCOPA y, por supuesto, con la participación activa de las comunidades oaxaqueñas, chiapanecas y el movimiento zapatista, es a partir del año 2001 que se legisla oportunamente sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas en la Constitución federal, estableciendo en su artículo 2o. el derecho a la libre determinación de los pueblos y, en consecuencia, a su autonomía para, entre otras cosas, decidir sus formas internas de convivencia y organización, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y en la solución de sus conflictos, y elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes en el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Compañeras y compañeros: la presente iniciativa representa un proyecto de reforma progresista que demuestra voluntad y visión de Estado; y entendemos que se requiere una profunda reingeniería electoral, pero a la par de convivir con los distintos sistemas ordinarios, los distintos sistemas políticos originarios que dan vida a la pluralidad del Estado mexicano, es por ello que conscientes de la efervescencia y animados por el deseo de colaborar intrínsicamente por el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios de México, me he propuesto consolidar la presente iniciativa, que ruego a ustedes sea leído con detenimiento y en comisiones respaldada, y por supuesto ante este Pleno.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, Senador de la República en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta Honorable AsambleaINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE SALVAGUARDA A LOS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS,al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Compañeras senadoras, compañeros senadores, inmersos en contexto político, y sabedor que la reforma política-electoral publicada el pasado 10 de febrero de 2014, aún con sus bemoles y limitaciones, representa un esfuerzo inusitado a nuestro engranaje político-social de consecuencias trascendentales.

La intención de los legisladores que integramos la LXII Legislatura es, finalmente, allanar el camino que detone el punto de inflexión y permita la implementación de la gran reforma electoral que necesita nuestro país.

La reforma constitucional vigente, sugiere la premisa de contar con un instituto nacional capaz de organizar, preparar, fiscalizar y validar todos los comicios que el país celebre tanto en el ámbito federal como en el estatal y municipal; es decir, la creación de un órgano autónomo constitucional encargado de asumir la responsabilidad y vigilancia de cualquier expresión electiva o todo acto que implique el sufragio efectivo de los mexicanos.

La conformación del Instituto Nacional Electoral tendrá como eje principal, así lo espero, homogenizar las reglas de organización y operación de los procesos electorales a través de la profesionalización de su personal y de la sistematización de los procesos y procedimientos; siendo cada entidad federativa quien determine, en pleno respeto a su libertad y soberanía, el número de distritos electorales y municipios, así como su cartografía y la composición de su congreso local y ayuntamientos.

Y es justamente bajo esta premisa, que no se puede se puede tratar a los 2454 municipios de México bajo reglas federales “iguales”. No es legal ni procedimentalmente posible.

Sin duda alguna, la democracia en las localidades se vive de distinta manera que a nivel federal, pero en Oaxaca, la situación es tan particular que resulta es importante hacer un profundo señalamiento. En esta entidad federativa se concentra el 24% de la totalidad de ayuntamientos del país. De los 570 municipios que hay, sólo 153 de ellos se rigen por el sistema de partidos políticos, el derecho occidental; es decir, el 74% de los municipios restantes, 417, aplican la elección de sus autoridades bajo los usos y costumbres, el derecho consuetudinario.

Este sistema propio y ancestral no sólo es de Oaxaca, aunque concentra la mayoría de ellos; en los últimos años se han gestado criterios jurisprudenciales en defensa al respeto a la autodeterminación y pluriculturalidad de los pueblos, por ejemplo: Cheran en Michoacán; Puebla, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

De ahí la necesidad imperiosa de sentar las bases, en las próximas reformas a las leyes secundarias, de dejar plasmado la sociopolítica y pluricultural que tiene el país, al tiempo de garantizar y salvaguardar el derecho a la autodeterminación establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese orden de ideas, el suscrito presenta la siguiente iniciativa, de la mano con las organizaciones sociales, académicas y el movimiento indígena de Oaxaca, a fin de incidir fundamentalmente en la redacción y aprobación de la próxima legislación secundaria que se realice con motivo de la reforma política-electoral, definiendo el concepto, ámbito de competencia y atribuciones del Sistema Normativo Interno, salvaguardando la libre autodeterminación de los pueblos originarios reconocidos tanto en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios jurisprudenciales.

Compañeras senadoras, compañeros senadores, el fin único de la presente propuesta es la vanguardia y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, expresada en la autonomía política, es decir, la facultad y capacidad que tienen municipios y comunidades para dotarse de sus propias reglas y procedimientos para la elección de sus autoridades..

La lucha por este reconocimiento no ha sido fácil. La legislación del Estado de Oaxaca ha sido vanguardia en esta materia..

Con la labor de la COCOPA, y por supuesto la participación activa de las comunidades oaxaqueñas, chiapanecas y el movimiento zapatista, es a partir del año 2001 que se legisla oportunamente sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas en la Constitución federal, estableciendo en su artículo 2 el derecho a la libre determinación de los pueblos y, en consecuencia a la autonomía para:.

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. (…);.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados..

Con esta reforma al marco jurídico nacional, el Constituyente permanente estableció un sistema electoral dual. Por un lado, el régimen de partidos políticos, con el que se realizan en todo el país comicios municipales, estatales y federales para elegir a los representantes a los Ayuntamientos, Congresos locales, Congreso de la Unión, gobernadores y presidente de la República. Por el otro lado converge la autonomía a pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades o representantes de sus formas de gobierno interno.

Con el mandato constitucional, aunado a la literalidad y obligación que imponen los instrumentos internacionales, los sistemas normativos internos se definen como el “conjunto de principios generales, normas jurídicas, orales o escritas, procedimientos e instituciones, que los municipios y comunidades reconocen como válidas y vigentes, y utilizan, entre otros, para: regular sus actos públicos; establecer su organización sociopolítica y los requisitos de participación ciudadana; elegir a sus autoridades locales; resolver sus controversias internas; tomar participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles; y proteger sus principios, valores y culturas políticas propias”.

Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas están entendidos por una cosmovisión distinta de la que rige para las llamadas democracias occidentales. Así como que los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas obedecen a principios diversos de los que priman en el derecho escrito, legislado o codificado que se inscribe en la tradición romano-canónica y germánica..

La premisa antes indicada resulta fundamental para no realizar interpretaciones y aplicaciones normativas atendiendo a códigos culturales distintos y, en ocasiones, incompatibles, porque se estaría realizando una asimilación-imposición, cuestión que se prescribe como prohibida por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

ORDEN NORMATIVO INTERNACIONAL

Mediante diversos instrumentos de Naciones Unidas, se ha construido un marco universal de estándares mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos y comunidades indígenas del mundo, en particular, los que se glosan a continuación:

El Convenio 169. De la Organización Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de dicho organismo internacional el 27 de junio de 1989 y ratificado por México el 5 de septiembre de 1990, en su artículo 1, apartados 1, inciso b), y 2, contiene disposiciones similares a las contempladas en el artículo 2° de la carta magna, párrafos segundo y tercero, en cuanto precisa que el convenio resulta aplicable a los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Así mismo, que el criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones de dicho convenio, lo constituye la conciencia de su identidad indígena (o tribal).

Ahora bien, en lo que interesa, el instrumento internacional prescribe lo siguiente:

a) La obligación de los Estados signatarios, por conducto de sus gobiernos, de asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.1

b) En dicha acción deben incluirse medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social, cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones.2

c) La adopción de las medidas especiales necesarias para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.3

d) El respeto íntegro de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos indígenas, con motivo de la aplicación del convenio.4

e) La consideración de las costumbres o derecho consuetudinario cuando se aplique a los pueblos interesados la legislación nacional.5

f) El derecho de los pueblos indígenas de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.6

g) Tanto la consideración que debe efectuarse de las costumbres o derecho consuetudinario en la aplicación de la legislación nacional, como el derecho de conservación de tales costumbres y de sus instituciones, no pueden tener como efecto impedir a los miembros de los pueblos ejercer los derechos reconocidos a toda la ciudadanía del país.7

h) La protección de los pueblos indígenas contra la violación de sus derechos y la aptitud jurídica de iniciar procedimientos legales, personalmente o por medio de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.8

La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, se trata de un documento detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, en el cual se reconoce:

a) El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, para decidir sobre su condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural.9

b) Que las colectividades indígenas tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.10

c) Que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales,manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.11

d) Que las personas indígenas tienen derecho a.vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos.12 Así como al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de derechos humanos, ya sea como colectivo o como individuo.

En la declaración universal se afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de derechos humanos, condenando todo tipo de.discriminación contra los pueblos originarios.

En efecto, se reconocen las características propias y específicas de.cada pueblo, comunidad y municipio del Estado, sobre las cuales se generan sus sistemas normativos, y que retoman sus tradiciones ancestrales y que se han transmitido oralmente por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo a diversas circunstancias. Por tanto en el Estado Mexicano, dichos sistemas se consideran actualmente vigentes y en uso.

Efectivamente, la legislación reconoce no sólo la existencia de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, sino que integra su vigencia en el derecho positivo de las entidades federativas. Se reconoce la diversidad cultural a partir de las características propias y específicas de cada pueblo, comunidad y municipio de ellas, como fuente generadora de sus sistemas normativos, en los cuales se retoman.tradiciones ancestrales y que se han transmitido oralmente por generaciones, las cuales son enriquecidas y adaptadas con el paso del tiempo a diversas circunstancias y necesidades propias de cada pueblo o comunidad.

Ahora bien, por lo que corresponde a incorporar en los requisitos que deban reunión los aspirantes a ocupar el cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, en el sentido de que al menos uno de ellos deba contar con la adscripción indígena, así como demostar el conocimiento en la materia, es pertinente manifestar que hoy en díanos reconocemos como una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos “indígenas”, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización.

A raíz de este reconocimiento constitucional y legal, el gasto federal anual destinado para el desarrollo de los pueblos originarios ha ido en aumento, sin embargo de poco ha servido para mejorar las condiciones de vida de los integrantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Los índices de pobreza y marginación oficiales no reflejan ningún impacto en la reducción de la pobreza en los pueblos y comunidades indígenas; por el contrario, ésta se incrementa, y cada vez en forma más ofensiva para una nación donde, desde 1917, todos los gobiernos han reconocido declarativamente y de diferentes formas “la deuda histórica del Estado Mexicano para con nuestra población indígena” y se han pronunciado “por acabar con la indebida pobreza, marginación.e injusticias que padecen”.

Anecdóticamente, en una sociedad con fuerte tradición de exclusión étnica como la nuestra, la única manera de comenzar a pagar esa deuda histórica será garantizándoles voz y voto en aquellos espacios donde pudiesen hacer oír y respetar la cosmovisión y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas..Así pues, establecer que una mujer u hombre indígena ocupe uno de los espacios dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dará verdadera representatividad a los pueblos indígenas en un país cuya composición demográfica precisamente establece que 6.6 millones de personas se auto identifican como indígenas.

Así pues, la figura de la cuota indígena debiera estar presente en la integración del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, de las administraciones públicas en todos los niveles de gobierno y claro está, en la conformación de los organismos federales y locales en materia electoral y de los organismos jurisdiccionales de ambas esferas en dicha materia. Ya que así y sólo así se garantizará el respeto y pervivencia de su lengua, vestido, comida, celebración de sus festividades, convivencia y nombramiento de sus propias autoridades, de acuerdo a la muy particular concepción que tienen de la vida.

Debemos tener claro que en los organismos federales y locales en materia electoral únicamente están representadas las fuerzas políticas, no así los pueblos y comunidades indígenas, con lo cual no se garantiza que las opiniones de todos los interlocutores sociales se vean reflejadas en los acuerdos y normas que, al final del día, también afectan su esfera sociopolítica y económica.

En este sentido, es que en esta iniciativa se propone que un Consejero, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le sea garantizado a una ciudadana o ciudadano con adscripción indígena, con la única finalidad de hacer efectiva la participación e inclusión de este importante sector de la población en la vida democrática del país.

La presente iniciativa representa un proyecto de reforma progresista que demuestra voluntad y visión de Estado, entendemos que se requiere una profunda reingeniería electoral, pero a la par de convivir con los distintos sistemas políticos originarios que dan vida a la pluralidad del Estado Mexicano.

Es por ello, que conscientes de la efervescencia y animados por el deseo de colaborar intrínsecamente por el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de los pueblos originarios de México, me he propuesto, de la mano del movimiento indígena en consolidar la presente propuesta..

De ahí, que tengamos la imperiosa necesidad de modificar la legislación en la materia, para hacerla acorde con la nueva realidad sociopolítica, al tiempo de garantizar y salvaguardar el derecho a la autodeterminación establecido en las constituciones federal y estatal. Para ello es necesario redefinir varios aspectos centrales de este régimen electoral. En primer término, distinguir el bien jurídico tutelado en el orden constitucional, podemos advertir que uno, es precisamente el de la libre determinación; el otro, es el de preservar la pluralidad étnica y cultural del Estado mexicano.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

DECRETO

UNICO.- Se crean los artículos 1 Bis; 104 Bis; 110 Bis y 209 Bis; asimismo se adicionan los incisos i, j, k del artículo 105; y, se reforman los numerales 4 del artículo 2;.numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 110 y numeral 2 del artículo 111, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 1

Artículo 1 Bis

1. Las leyes federales y estatales reconocerán a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo a sus principios, normas, instituciones y procedimientos, las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

2. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en particular sus sistemas electorales y a mantener su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del país.

3. Las formas de gobierno y los sistemas político electorales de los pueblos, municipios y comunidades indígenas son fundamentales para mantener y fortalecer la composición pluricultural de la Nación y ejercer los derechos reconocidos en la Constitución General. El Estado deberá respetar sus principios, instituciones y procedimientos democráticos para elegir autoridades y ejercer la ciudadanía con base en su identidad cultural originaria, sus demarcaciones políticas, así como los requisitos que deban cumplir sus ciudadanos para ejercer cargos de elección popular de acuerdo con sus sistemas normativos.

Artículo 2

1 a 3 …

4. El Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en este Código. Respecto de las elecciones de aquellos municipios o comunidades que se rijan bajo el sistema normativo interno, garantizará que los institutos electorales locales salvaguarden los principios rectores y la autodeterminación de los pueblos, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Federal.

Artículo 3 …

LIBRO TERCERO

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 104. …

Artículo 104 Bis

1. Compete a las entidades federativas la organización, validación y calificación de las elecciones en los pueblos, municipios y comunidades indígenas de acuerdo con sus sistemas normativos, atendiendo a las características específicas que mejor expresen sus situaciones y aspiraciones. Así mismo, serán competentes para establecer los procesos de mediación para la resolución de conflictos y la garantía de acceso a la jurisdicción electoral.

2. Para los efectos del párrafo anterior, los congresos locales emitirán la legislación pertinente y establecerán las instancias competentes para garantizar la preservación y desarrollo de los sistemas político electorales de los pueblos indígenas.

3. El Instituto Nacional Electoral contribuirá al efectivo goce de los derechos político electorales de los pueblos indígenas, de acuerdo a sus sistemas normativos con el objeto de mantener la pluralidad democrática y la diversidad cultural de la Nación. Para tal efecto, establecerá los mecanismos institucionales pertinentes.

Artículo 105

1. Son fines del Instituto:

a) a h) …

i) Promover la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.en aras de la autenticidad, la efectividad del sufragio, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y los derechos políticos electorales de las comunidades y nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos;

j) Organizar, desarrollar y vigilar los mecanismos de participación ciudadana;

k) Respetar, garantizar y salvaguardar los sistemas normativos internos de los municipios y comunidades indígenas, en lo referente a su libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización política y elección de autoridades a través de sus institutos electorales locales.

2…

3…

Artículo 110

1. El Consejo General se integra por un consejero presidente, diez consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

2. El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General serán elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, quienes garantizarán los siguientes aspectos:

a) Igualdad de género en la integración del Consejo General.

b) La integración de un consejero electoral indígena, a efecto de salvaguardar la conformación pluriétnica y cultural de los pueblos originarios, así como sus sistemas normativos internos.

3. La elección del consejero presidente y de los consejeros electorales se realizará atendiendo los requerimientos del numeral anterior, así como el procedimiento previamente establecido en el Apartado A del artículo 41 de la Constitución.

4. El consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos.

5 a 9…

Artículo 110 Bis

1. En las entidades federativas donde se realicen elecciones municipales o comunitarias bajo los sistemas normativos internos, se garantizará que del total de integrantes de los organismos públicos locales y de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, se designen consejeros y magistrados, respectivamente, con conocimientos y experiencia en esa materia, que representen proporcionalmente al número de municipios y comunidades sujetos al mismo.

Artículo 111

1. …

2. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá en el más breve plazo a elegir al sustituto en los siguientes términos:

a) De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo de la vacante..

b) Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

LIBRO QUINTO

DEL PROCESO ELECTORAL

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 209 …

Artículo 209 Bis

1. Se entiende por sistemas normativos de los pueblos, municipios y comunidades indígenas, los principios generales, normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que dichos pueblos reconocen y establecen como válidas y aplican en la definición de sus cargos y servicios; la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias y municipales; la resolución de sus controversias internas; la participación en los asuntos susceptibles de afectarles y la protección de sus valores, culturas y lógicas políticas propias.

2. Los partidos políticos respetarán los sistemas político electorales de los pueblos y comunidades indígenas.

TRANSITORIO

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En los medios de impugnación, las autoridades jurisdiccionales competentes, respetarán los sistemas político electorales de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a sus instituciones y prácticas democráticas, mediante una interpretación progresiva en el marco del pluralismo jurídico, considerando los sistemas normativos indígenas en un plano de igualdad con el sistema jurídico estatal.

Artículo Tercero. El Estado otorgará los recursos suficientes para garantizar el fortalecimiento de sus sistemas políticos y electorales, el desarrollo de las elecciones en las comunidades y municipios, así como su atención institucional.

Dado en el salón de sesiones a 13 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 4o. DE LA LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

(Presentada por el C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

He solicitado el uso de la palabra en esta sesión para someter a la consideración de ustedes una iniciativa de Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.

En 1986, Correos de México se transformó en el Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La transformación a organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, tuvo como objeto otorgar la autonomía en la gestión de recursos y en la toma de decisiones.

Frente al importante avance tecnológico global de los últimos años, considero que este marco normativo debe se actualizado para permitirle a SEPOMEX incorporarse a la prestación de mejores y nuevo servicios, basados en el desarrollo de las tecnologías de la información en áreas con alto potencial de crecimiento, como son los servicios electrónicos y el marketing directo; así lo establece el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 2013-2018, presentados a la nación por el Presidente Enrique Peña Nieto.

SEPOMEX cuenta con una de las infraestructuras logísticas más grandes del país, lo que le permite prestar servicios al 94 por ciento de la población, tiene 65 centros de clasificación, 24 mil 364 puntos de atención, un mil 106 ventanillas, más de mil 400 oficinas propias, 4 mil 500 agencias postales, 201 mil apartados postales, 18 mil 296 buzones; además cuenta con 2 mil 201 rutas y 338 circuitos postales, no obstante el desarrollo de operación de esta infraestructura tan importante, SEPOMEX ha seguido el mandato legal de prestar servicios públicos de correos en todo el territorio nacional a precios accesibles, lo que ha originado que su distribución territorial no haya respondido a criterios de eficiencia y rentabilidad.

Para nadie es desconocida la crítica situación financiera que vive el Servicio Postal Mexicano, y obliga al gobierno federal a subsidiar en un alto porcentaje su operación, pues la política tarifaria actual ha otorgado fuertes descuentos a clientes corporativos, lo que también ha contribuido a deteriorar su situación financiera.

En 2013 sus ingresos fueron de 2 mil 548 millones de pesos, y su gasto de 4 mil 599 millones de pesos, los ingresos propios, en consecuencia, cubren el 55 por ciento de los gastos de operación, y el gobierno federal tuvo que transferirle 2 mil 279 millones de pesos para garantizar la operación del organismo.

En la actualidad, el servicio postal que presta el Estado mexicano, a través de SEPOMEX, se caracteriza por las siguientes condiciones: La precaria situación económica, un limitado acceso a las nuevas tecnologías de la información, y al hecho de que la incursión de nuevas empresas de servicio de mensajería y paquetería lo han desplazado de los mercados.

Por ejemplo, en el e-comercio, que es la compra por Internet y su respectiva distribución, representa tan solo en México el 0.52 por ciento del Producto Interno Bruto, en otras latitudes, como el Reino Unido, este ya alcanza el 13 por ciento.

Podemos señalar que algunos servicios postales en el mundo se están beneficiando de esta explosión del comercio electrónico, de los servicios electrónicos y el de paquetería, como el servicio postal alemán, por ejemplo, que en alianza con DHL, que en Alemania va invertir 750 millones de euros para 2015, en la mejora de su red de entrega de paquetes, con 20 mil nuevos puntos de recepción.

También los correos suecos y daneses agrupados desde el 2009 en la empresa PostNord aprovecharon en 2012 el crecimiento de la distribución de paquetes procedentes del e-comercio.

Amigas y amigos Senadores, actualmente operan en el país aproximadamente tres mil empresas de mensajería y paquetería, locales y regionales, con cobertura internacional y algunas más con servicios completos; este sector del mercado factura 17 mil millones de pesos anuales, y es controlado por seis empresas con el 85 por ciento del mercado, y que son DHL, Federal Express, UPS, Multipack, Estafeta Mexicana y Redpack.

Es del conocimiento público que el Servicio Postal Mexicano ha iniciado los primeros acercamientos con este tipo de empresas a fin de explotar las oportunidades de alianzas estratégicas; sin embargo, esto podría ser una vía para aumentar los niveles de inversión y para aprovechar la infraestructura pública, importantísima, instalada, dando mayor acceso a poblaciones rurales marginas o aisladas u ofreciendo la posibilidad de acercar trámites y servicios gubernamentales a un mayor número de población.

Con la presentación de esta iniciativa, deseamos aportar elementos a los trabajos de análisis, dictaminación y aprobación que lleva acabo en su momento esta Cámara de Senadores, acerca de la legislación secundaria de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y competencia económica, pues estamos convencidos que su alcance debe ser integral para que en el caso de SEPOMEX tenga mayor conectividad y menor rezago a Internet, para ser más competitivos, reduzca su dependencia económica y de servicio a una mayor cantidad de población, particularmente en poblaciones rurales y comunidades distantes en la geografía nacional.

Para hacer posibles las alianzas entre SEPOMEX y empresas postales privadas, es indispensable modificar el marco legal, por ello proponemos reformar el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para, en primer lugar, diversificar la oferta y calidad del servicio de SEPOMEX que le permita mejorar su situación financiera.

En segundo lugar, incrementar la competencia económica en el mercado postal a través de su participación con servicios adicionales por sí o a través de alianzas públicas o privadas, con nuevos productores, como el de paquetería, mensajería y otros en las condiciones actuales que requiere el mercado.

Y tercero. Poner sus servicios al alcance de la mayoría de la población, aprovechando las tecnologías de la información y de la comunicación. Para quedar como sigue:

Artículo 4o. El gobierno federal, por conducto del organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o. por sí o a través de asociaciones públicas o privadas, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta ley.

Señor Presidente, le solicito respetuosamente, que por el contenido de esta iniciativa, se turne a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; y a la de Fomento Económico de este Senado.

Muchas gracias, muy agradecido.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Fomento Económico; y de Estudios Legislativos.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 34 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

(Presentada por el C. Senador Fernando Herrera Avila, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Fernando Herrera Avila: Gracias, señor Presidente.

Para contribuir a la supervisión de los productos transgénicos o genéticamente modificados, presentamos la siguiente iniciativa:

Desde 1976, la PROFECO defiende los intereses del consumidor y propicia su organización con la promoción y protección de sus derechos.

Esta institución, desde entonces, ha fomentado el consumo inteligente, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores.

Dentro de los siete derechos básicos del consumidor, se encuentra el derecho a la información y el derecho a elegir, así el consumidor conoce las advertencias y recomendaciones de los productos que adquiere en el mercado.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Federal de Metrología y Normalización faculta a la Secretaría de Economía para expedir Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y publicidad de los productos adquiridos por el consumidor o usuario. Esta información, tal como lo exige la ley, tiene que ser veraz, comprobable y precisa.

En diversos países del mundo existen protocolos de etiquetado para productos que son denominados “amistosos con el medio ambiente”. Las industrias que los fabrican asumen la responsabilidad del impacto ambiental que generan sus productos y envases desde la cuna hasta la tumba y es un derecho del consumidor conocer la información de los productos que se les ofertan con el fin de comparar sus pretensiones ambientales, si son biodegradables o fotodegradables, si son ambientalmente benignos o si se descomponen sin liberar ningún tipo de residuos sintéticos o tóxicos. Este conjunto de derechos norma las relaciones del consumidor con los proveedores de bienes y servicios.

En nuestro país, el uso responsable de los organismos genéticamente modificados está regulado en base al Protocolo de Cartagena y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su reglamento.

Bajo este contexto, es indispensable que el consumidor tenga el derecho de adquirir o no un producto alimenticio genéticamente modificado en base a la información científica, sólidamente sustentada y analizada de manera responsable y objetiva por el propio consumidor, más allá de supersticiones o prejuicios en el uso de los productos transgénicos.

Basten estas razones para que la Ley Federal del Consumidor contemple en el capítulo relativo a la información y publicidad, la obligación de la industria alimenticia nacional y extranjera de que en los envases o etiquetas de los productos alimenticios que se consuman en nuestro país, se informe claramente que dichos productos son transgénicos o genéticamente modificados.

En todo el planeta se está demandando una mayor legislación y un mejor control sobre transgénicos por la incertidumbre que encierra su uso y abuso. Estas exigencias regulatorias contemplan las etapas que involucran a los organismos transgénicos: uso, monitoreo, vigilancia, traslado e identificación del producto vía el etiquetado, indicando el origen para obtener más información.

Es nuestra, compañeras y compañeros Senadores, la decisión de hacer efectiva la obligatoriedad de que todos los productos alimenticios genéticamente modificados que se consuman en México deberán informarlo en sus etiquetas o en sus envases.

Solicito, señor Presidente, que el texto de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa

Fernando Herrera Avila, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde 1976, la Procuraduría Federal del Consumidor, defiende los intereses del consumidor y propicia su organización con la promoción y protección de sus derechos.

Esta institución desde entonces ha fomentado el consumo inteligente, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica entre proveedores y consumidores.

Dentro de los siete derechos básicos del consumidor, además del derecho a la información y del derecho a elegir, se encuentra el derecho a la protección de la salud, la seguridad y la calidad de los bienes y servicios que deben observar determinadas normas y disposiciones en beneficio del consumidor relacionadas con las advertencias, recomendaciones y.el uso de los productos que adquiere en el mercado.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Federal de Metrología faculta a la Secretaría de Economía para expedir Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y publicidad de los productos adquiridos por el consumidor o usuario. Esta información tal como lo exige la ley tiene que ser veraz, comprobable y precisa.

En diversos países del mundo existen protocolos de etiquetado para productos que son denominados “amistosos con el medio ambiente”. Las industrias que los fabrican asumen la responsabilidad del impacto ambiental que generan sus productos y envases desde "la cuna hasta la tumba" y es un derecho del consumidor conocer la información de los productos que se les ofertan con el fin de comparar sus pretensiones ambientales, si son biodegradables o fotodegradables, si son ambientalmente benignas o si se descomponen sin liberar ningún tipo de residuos sintéticos o tóxicos. Este conjunto de derechos norma las relaciones del consumidor con los proveedores de bienes y servicios.

En nuestro país, el uso responsable de los organismos genéticamente modificados.está regulado en base al Protocolo de Cartagena y a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su Reglamento.

El objeto de estas disposiciones legales es garantizar la protección de la salud humana, del medio ambiente, de la diversidad biológica, de la sanidad animal, vegetal y acuícola vinculada con las actividades en las que se utilizan organismos genéticamente modificados.

La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados señala explícitamente que ningún organismo genéticamente modificado podrá ser utilizado como arma biológica en virtud de que es posible construir ciertos organismos genéticamente modificados que pudieran tener impactos negativos en la salud humana, animal y vegetal y su construcción sería ilegal.

Para la comunidad científica de México los organismos y productos transgénicos representan un reto para el desarrollo de la agricultura que no se puede soslayar. Sin embargo, el riguroso control y la evaluación de posibles daños que pudieran ocasionar a la salud humana y a la biodiversidad es un tema inacabado que siguen debatiendo expertos en la materia.

Bajo este contexto.es indispensable que el consumidor tenga el derecho de adquirir o no un producto alimenticio genéticamente modificado en base a la información científica, sólidamente sustentada y analizada de manera responsable y objetiva por el propio consumidor más allá de supersticiones o prejuicios en el uso de los productos transgénicos.

Sobran testimonios fehacientes de muchos productos genéticamente modificados que se han comercializado y que han tenido que retirarse del mercado después de comprobarse los efectos nocivos directos o colaterales en la salud a pesar de que no ha sido fácil detectar los daños en la salud humana vinculados a reacciones alérgicas y resistencia a los antibióticos.

La organización Greenpeace México en reciente estudio advierte que en el caso de las alergias, las nuevas proteínas, producto de los genes introducidos, pueden ser alergénicas. Los genes que mayor preocupación y debate han generado son los resistentes a los antibióticos, pues no tienen ninguna función en la planta a la que son introducidos; se utilizan en el laboratorio durante el proceso de manipulación genética y se denominan genes marcadores. Su objetivo es facilitar el trabajo de los biólogos moleculares para encontrar las células en que se logró la modificación deseada.

Expertos en microbiología han manifestado que estos genes pueden transferirse a bacterias intestinales de humanos y animales a través de la alimentación, así como a otros microorganismos que habiten en el ambiente. Los microorganismos que puedan integrar estos genes en su material genético serían resistentes al antibiótico; esto es muy preocupante en el caso de bacterias patógenas. Basten estas razones para que la Ley Federal del Consumidor contemple en el capítulo relativo a la información y publicidad la obligación de la industria alimenticia nacional y extranjera de que en los envases o etiquetas de los productos alimenticios que se consuman en nuestro país se informe claramente que dichos productos son transgénicos o genéticamente modificados.

En todo el planeta se está demandando una mayor legislación y un mejor control sobre transgénicos por la incertidumbre que encierra su uso y abuso. Estas exigencias regulatorias contemplan las etapas que involucran a los organismos transgénicos: uso, monitoreo, vigilancia, traslado e identificación del producto vía el etiquetado indicando el origen para obtener más información.

Con esta iniciativa que adiciona un nuevo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal del Consumidor no se pretende negar las evidencias científicas que consideran que los organismos genéticamente modificados tienen los mismos niveles de riesgo a los organismos que existen en la biota creados por procesos de transferencia horizontal de material genético y reorganización de genoma que ocurren cotidianamente en la naturaleza y que han sido parcialmente responsables de la evolución de las especies. Sin profundizar en estos aspectos trascendentales que nuestra legislación debe regular, el espíritu de ésta reforma se sustenta solamente en los derechos básicos del consumidor mexicano que las leyes en la materia le otorgan.

Es nuestra, compañeras y compañeros senadores, la decisión de hacer efectiva la obligatoriedad del etiquetado de los productos comerciales que contengan organismos transgénicos o derivados de éstos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

ARTICULO 34.-…

Los productos alimenticios genéticamente modificados deberán informarlo en sus etiquetas.o envases.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 13 de marzo de 2014.

Sen. Fernando Herrera Avila”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Herrera Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 6o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

(Presentada por el C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Hay un refrán muy conocido en el mundo de los ambientalistas que dice: “No hay ningún lugar lejos”. Y se refiere que hagamos donde hagamos las cosas, siempre tienen un efecto, siempre tiene una consecuencia, siempre habrá platos rotos que pagar.

Y se usa este refrán para dejar atrás el viejo concepto de que las actividades o los servicios que resultan, digamos, molestos para la ciudadanía, o que resultan contaminantes, o que son socialmente indeseables, pues basta con ponerlos muy lejos, allá donde no los alcancemos a ver, o debajo de la alfombra para que pareciera que simplemente no existen.

Así sucede con muchas áreas industriales, así sucede con otras instalaciones públicas que se ponían en la periferia de las ciudades, también con los sitios de disposición final de la basura, con las zonas de tolerancia y, por supuesto, con las cárceles y con los penales.

Como la gente no los quiere, como las personas no desean vivir cerca de sitios de esta naturaleza, pues entonces basta con ponerlos lejos. ¿Pero cuál es la gran sorpresa? Que en realidad no hay ningún lugar lejos.

Esta referencia, compañeras y compañeros Senadores, viene a colación por el modo con que el gobierno federal en la pasada administración, más puntualmente a partir de la extinta y tristemente célebre Secretaría de Seguridad Pública, definió la ubicación de nuestros Centros de Readaptación Social en nuestro país. Hay que recordar que en el 2010, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad de la pasada administración, esta Secretaría de Seguridad Pública concesionó la construcción y operación de ocho centros federales de readaptación social.

Estos centros fueron construidos en los estados de Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Coahuila y, por supuesto, en Chiapas. El Centro Federal de Readaptación Social, propuesto para Chiapas, el número 15, se ubicó en el municipio de Villa Comaltitlán, al sur de la entidad, justamente en la región más rica de mi estado, en el mero soconusco, muy cerca de la ciudad de Tapachula.

Y desde que se conoció el proyecto, desde que se empezó a hacer la obra, se generaron infinidad de críticas, de manifestaciones por parte del gobierno del estado, pero también de la sociedad civil. Permítanme ilustrar lo que quiero exponerles el día de hoy.

Esta es la ubicación actual y la construcción del CEFERESO número 15 en Villa Comaltitlán, y se ha señalado de manera muy fundada que los terrenos, estos terrenos donde se construyó esta cárcel, son de alto riesgo porque son inundables, y son inundables recurrentemente. Ante fenómenos que nosotros en Chiapas recordamos con mucha tristeza, de tormentas tropicales y huracanes, como los que ocurrieron en 1998 y en 2005, el famoso “Mitch” y el terrible “Stan”, estos terrenos se inundaron.

En esta imagen se ve la misma construcción, pero en ese perímetro rojo es la zona que recurrentemente en 1985, en 1998 y en el 2005 con el huracán “Stan” se inundó por una razón muy simple, está este terreno y esta construcción al lado del Río Vado Ancho, que todos conocen y la lógica de su propio nombre lo indica, se inunda recurrentemente.

Además, por si esto fuera poco, el terreno del CEFERESO está cerca de 20 metros por debajo del nivel medio del mar que el resto de toda la población de Villa Comaltitlán.

No obstante todo lo anterior, el CEFERESO ya fue construido, pero a la fecha no se cuenta, porque la propia Secretaría de Gobernación así nos lo indicó en respuesta a un punto de Acuerdo presentado en la Comisión Permanente, con un dictamen de ninguna autoridad ni federal, ni estatal, de protección civil que avale la seguridad y que afirme que dicho inmueble garantiza la integralidad de quienes eventualmente estarían ya sea internados en él o que trabajen en él.

El gobierno federal decidió y ordenó de manera discrecional la construcción de dicho inmueble sin tomar en consideración ni la opinión del gobierno de la entidad ni la opinión de los habitantes de toda esta región.

Además, por si esto no fuera suficiente, no se conoce ningún estudio sobre un impacto social ni económico de esta obra que viene a trastocar no solamente el paisaje del Soconusco, sino también, enteramente la vocación productiva de esta región de mi estado en Chiapas.

En el Soconusco hay gente que sueña con dedicarse a la producción de mango de rambután, de café, dedicarse a actividades turísticas, este CEFERESO pareciera una imposición que va en contra de todas estas aspiraciones.

No hay que olvidar que ahí, en esta región del Soconusco, hay mexicanos que se abren paso todos los días con enorme esfuerzo y trabajo y ahí existe una región que le provee de servicios ambientales a todo nuestro país y al mundo, tienen una vocación y quieren vincularla con su destino.

Por eso los chiapanecos están tan enojados, porque no se les consultó para decidir sobre la instalación de un servicio que no negamos que es necesario, pero totalmente impropio para una región y construido además en un lugar altamente riesgoso.

Por esas razones que les comento, compañeras y compañeros, es que estoy presentando esta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Lo que plantea es, por supuesto, que siga siendo la Comisión Nacional de Seguridad la que defina la política de readaptación y los lugares, pero que escuche la opinión de los gobiernos de los estados, que escuche la opinión de la ciudadanía y que a partir de este ejercicio se determine la pertinencia social, la pertinencia económica y la pertinencia geográfica y de protección civil, atendiendo políticas locales en materia de seguridad pública y protección civil.

Por eso, compañeras y compañeros, y con que esto concluyo, creo que nunca hay que olvidar que México ya ha vivido dolorosas lecciones justamente por falta de prevención.

Si hubiéramos hecho caso, el D.F. no hubiera sufrido de manera tan lamentable los sismos de 1985, si hubiéramos escuchado que era una zona sísmica de estas características, si hubiéramos hecho caso a las normas mínimas de protección civil, no hubieran fallecido 49 niñas y niños en la Guardería ABC de Sonora, si aplicáramos las normas mínimas de seguridad laboral no tendríamos en nuestra memoria a los 65 mineros de Pasta de Conchos.

Por eso es que esta también es una advertencia a tiempo sobre la operación de un CEFERESO, el número 15 en Villa Comaltitlán, su situación de riesgo es real y es muy alta.

No queremos que se repita una tragedia cuando todas las señales de advertencia están encendidas.

Fue un error la construcción de este CEFERESO en Villa Comaltitlán, pero será un doble error que se ponga en operación.

Yo los invito a que no seamos nosotros responsables por omisión de una tragedia que ya está anunciada.

El gobierno federal tiene una enorme oportunidad de corregir a tiempo y de no validar un error más de ésta que empieza a ser la tristemente célebre historia de la Secretaría de Seguridad Pública.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, ZoE Robledo Aburto, Senador por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 6º DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En junio de 2012, la extinta la Secretaría de Seguridad Pública reportaba que en las prisiones mexicanas había un total de 172 mil espacios penitenciarios y 238 mil 269 internos, lo que ubicaba los niveles de sobrecupo en una cifra cercana al 37 por ciento. Esta crisis de sobrepoblación del sistema penitenciario genera, además del menoscabo a los derechos de los internos, un detrimento en la aplicación de los reglamentos de cada centro.

Otra fuente, el informe de estadísticas del sistema penitenciario nacional, elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, hasta el primer mes de 2013 había en el país 193 mil 194 internos del fuero común y 49 mil 560 del fuero federal. Esto significa que, en conjunto, en las cárceles del país se encuentran aproximadamente 242 mil 754 personas, cuando éstas están diseñadas con una capacidad para albergar a 195 mil 278 internos; lo que representa una sobrepoblación de 47 mil 476, es decir, de 24.3 por ciento.

Actualmente, el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 21 centros que se dividen en tres modalidades:

• Once Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

• Tres Centros de Participación Social (CPS).

• Un Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI). Además del complejo de Islas Marías, que integra seis centros más.

Por esta razón, se emprendieron acciones desde la pasada administración para crear nuevos centros de readaptación social. Sin embargo, estas nuevas instalaciones se han construido bajo los criterios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, dejando de lado la opinión de las comunidades que albergarán las edificaciones penitenciarias, excluyendo así las preocupaciones legítimas de los pobladores. Tal fue el caso del municipio de Villa Comaltitlán en Chiapas.

En el año 2010, en el marco de la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio anterior, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, concesionó la construcción y operación de ocho Centros Federales de Readaptación Social. Los centros fueron construidos en los estados de: Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Coahuila y Chiapas.

El Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Estado de Chiapas se ubicó en el municipio de Villa Comaltitlán, al sur de la entidad. Desde que se conoció el proyecto, se generaron varias críticas por parte del gobierno estatal y la sociedad civil chiapaneca. Se han señalado, entre otras cuestiones, que el CEFERESO fue construido desobedeciendo las indicaciones de seguridad del terreno expedidas por Protección Civil, además, fue de manera arbitraria que el Gobierno Federal decidió y ordenó la construcción de dicho inmueble, sin tomar en consideración la opinión del gobierno de la entidad, ni la de los habitantes de la zona. En este sentido, existieron varias manifestaciones en contra de la edificación del complejo, sin embargo los reclamos no fueron atendidos y se continuó con su construcción.

La obra, que tiene un costo superior a los 4 mil cuatrocientos millones de pesos, fue construida sobre la cuenca del Río Vado Ancho, una zona que, tras el paso del Huracán Stan, quedó completamente anegada. El atlas de riesgos, elaborado por el Gobierno Chiapaneco tras este acontecimiento, señaló que el área donde se construye el CEFERESO es propensa no sólo a inundaciones, sino también a incendios y azolves.

El predio de 211.6 hectáreas se sitúa en un terreno adquirido por la empresa Makobil, S de RL de CV, a comuneros del lugar, en el que el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres del Estado de Chiapas (IPCMIRD)determinó queexisten diversos escurrimientos de arroyos intermitentes que descienden de la parte alta y atraviesan el predio. Vecinos afirman que durante el proceso de construcción, la empresa desvió el curso natural de los ríos del lado de una de las paredes laterales del Centro. El lugar es cercano, en el poniente (a unos 300 metros de distancia) al Río Vado Ancho, y en el oriente al río Zapaluta. El sitio donde se construyó el penal está a 5 kilómetros de la Cabecera Municipal de Villa Comaltitlán, a 5 minutos de la Cabecera Municipal de Escuintla a la altura del kilómetro 229 de la Carretera costera Arriaga–Tapachula, cuerpo derecho del subtramoHuixtla–Escuintla. Sus coordenadas geográficas son 15° 14’ 49.82”N, 92°35’ 42.98”W (A76) .Villa Comaltitlán se encuentra a 40 msnmm. El penal está a 54 msnmm. El Río Vado Ancho entre los 57 y los 73 msnmm.

En 2010, el entonces titular de la SSP asignó en forma directa a la empresa Arendal, la concesión (para construcción y operación a 20 años) de la obra del Centro Federal de Readaptación Social 15 con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. El 27 de diciembre del 2010 se firmó el contrato de prestación de servicios número OADPRS/DGA/S/083/2010 con la empresa proveedora Makobil, S. de R.L. de C.V., la cual fue encargada de la construcción de la obra. El CEFERESO será administrado por estas empresas mediante un contrato de prestación de servicios por un periodo de 20 años –del 1 de diciembre del 2013 al 1 de diciembre del 2033– por el que obtendrán un pago anual de mil 70 millones de pesos.

A través de diversos canales la sociedad civil organizada (cámaras empresariales, líderes sociales –además de autoridades locales y estatales) han manifestado su inconformidad en contra de quienes autorizaron la construcción del CEFERESO, y aseguran que el Centro está construido en una zona del alto riesgo. El estudio de impacto ambiental que la constructora presentó a la SEMARNAT advirtió este riesgo y la presencia de cuerpos de agua en el terreno. Además es muy probable que las contingencias climatológicas se vuelvan a suscitar, ya que son cíclicas, lo cual representa un grave riesgo para la seguridad de las personas que ahí sean internadas, así como de los custodios y demás personal que labore en el lugar.

Asimismo, los pobladores de la región argumentan que no se tomó en cuenta la posible explotación de la enorme zona agropecuaria sumamente fértil y productiva, ya que en el terreno donde se construyó el CEFERESO existía una importante diversidad agrícola en la que se encontró de manera silvestre diversas plantas, entre las que se encuentran: amate,cacao, capulín, castaño, cedro, ceiba, chaperno, cuajiote, guarumo, palo mulato, pastizales cultivados, estrella, pasto insurgente; además plantaciones de mango, palma de aceite, caña de azúcar y maíz; así como árboles maderables de producción agroforestal, silvopastoriles y cercos vivos; muchos de los cuales necesitan condiciones específicas para proliferar.

Las protestas de sectores sociales y productivos de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur, así como del propio gobierno del Estado, obligaron a las autoridades federales a retrasar la puesta en operación del CEFERESOmismo. Incluso en agosto del año pasado, el inspector general de la Comisión Nacional de Seguridad, Carlos Humberto Toledo Moreno les dijo a los pobladores del área que, en atención a estos reclamos, el Gobierno Federal ya había iniciado una investigación sobre la construcción de ese inmueble. Desafortunadamente, no se han revelado los resultados de dichas revisiones, si es que éstas se hicieron.

El pasado 29 de enero de 2014, en el marco de la Comisión Permanente, se hizo un señalamiento sobre el Centro Federal de Readaptación Social del municipio de Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas. Tomando en cuenta que el punto de acuerdo original tenía que ver con exhortar a la clausura de este centro, y éste se ha dicho que será inaugurado y estará operando en breve, y que no existen dictámenes de Protección Civil en sus instancias Federal y Estatal con la obra concluida, sería de mucha utilidad solicitar estos dictámenes para confirmar o, en su caso, descartar la posibilidad de eventuales desastres naturales que cobren la vida de las personas que estarán dentro del Centro. Por ello, se necesita que Comisión Nacional de Seguridad y la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social emitan un informe sobre las consideraciones sociales, económicas, geográficas y técnicas, a partir de las cuales se consideró pertinente la construcción de un Centro Federal de Readaptación Social en el municipio de Villa Comaltitlán.

Este ejemplo demuestra que si bien el diseño y operación de los Centros de Readaptación Social debe estar a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal especializada en la materia, es decir, la Comisión Nacional de Seguridad, la decisión de su ubicación debe contemplar las características de la localidad. Por este motivo, la definición del lugar para su asentamiento debe tomarse en coordinación con las autoridades de la entidad federativa que albergará la edificación, para que se pueda determinar su pertinencia social, económica y geográfica, atendiendo las políticas locales (tanto estatales como municipales) en materia de seguridad pública y protección civil.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 6º DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo décimo, se adiciona un párrafo décimo primero y se recorren los actuales párrafos décimo primero y segundo para constituir los nuevos décimo segundo y décimo tercero del artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 6o. …

En la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la Comisión Nacional de Seguridad tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios, con la opinión que emitan el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el gobierno de la entidad federativa correspondiente en materia de ubicación de los mismos, bajo argumentos de seguridad pública, protección civil, así como pertinencia social, económica y geográfica.

Los convenios a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y exclusivas que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria para las y los internos.

Las disposiciones del párrafo anterior, no aplicarán para aquellos establecimientos cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad, con apego a lo dispuesto por el artículo 18 constitucional.

Asimismo, se deben de contemplar espacios que permitan al interno recibir educación y practicar el deporte.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de marzo del 2014.

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Robledo Aburto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Saludamos a los estudiantes de la Universidad La Salle, provenientes de Córdova, Veracruz, invitados por el Senador José Francisco Yunes Zorrilla. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 215 Bis al Código Penal Federal.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 215 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA GESTA HEROICA DEL PUERTO DE VERACRUZ

(Dictamen de primera lectura)







 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA “13 DE AGOSTO, ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN, EN 1914”, AL INCISO A) DEL ARTICULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

En consecuencia, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 182, 190, 191, 192, 193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Cámara de Origen.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el ocho de octubre de dos mil trece, el Diputado Juan Carlos Uribe Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con fecha 04 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

3. En fecha 06 de febrero de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dio cuenta de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MINUTA

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estimamos pertinentes referir algunos elementos argumentativos expuestos en la propuesta original presentada en la Colegisladora, por considerar que en los mismos puntualizan y explican atinadamente la transcendencia de la importancia de lo que en materia se quiere conmemorar.

De la exposición de motivos de la iniciativa, se desprende que “Los tratados de Teoloyucan” realizada el 13 de agosto de 1914, fue un documento que representó la victoria de las clases medias y populares sobre las élites porfiristas del viejo régimen, y la disolución del Ejército Federal.

Asimismo, se señala que la historia nos indica que una vez que la Revolución Maderista triunfó en 1911, y que Francisco I. Madero llegó al Poder Ejecutivo de la Nación, su gobierno se caracterizó como de transición democrática; sin embargo esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913 Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del Presidente Madero, lo asesina hecho que se conoce como “La Decena Trágica” y reinstaura el sistema que operaba durante el Porfiriato, es decir, devuelve los privilegios a la clase alta, por lo que a su gobierno lo apoyaban los banqueros, grandes industriales, comerciantes, el clero y el ejército federal.

Dicha situación provocó la reacción del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa.

El 26 de marzo de 1913 se firma el Plan de Guadalupe, en dicho Plan nombran como primer jefe del ejército que se denominara constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila.

Esto surge a raíz de que es precisamente Don Venustiano Carranza quien inicia con el movimiento en defensa del orden constitucional.

Con el interés de no extender los daños a la sociedad, revolucionarios y representantes del gobierno Huertista, se reunieron en la población de Teoloyucan, Estado de México, para decidir la rendición de la capital del país y definir las condiciones en que se daría la rendición, disolución y evacuación del Ejército Federal, aquel 13 de agosto de 1914.

De esta manera, puede decirse que, con los tratados de Teoloyucan concluyó la segunda etapa de la Revolución Mexicana, al pactarse la disolución del Ejercito Federal, quedando de manifiesto el triunfo del Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza.

Basado en lo anterior, el legislador expresó que la firma de los tratados de Teoloyucan representa un parteaguas en el respeto del orden constitucional de nuestro país. Además de que así lo han reconocido diversos investigadores e historiadores.

Es así que el legislador sustenta que la firma de los Tratados de Teoloyucan del 13 de agosto de 1914 coadyuvó a recobrar el orden constitucional del país durante la Revolución Mexicana, y sentó la constitucionalidad de lo que hasta la fecha ha sido para nuestra nación el Ejercito Nacional.

Es por todo lo anteriormente expuesto que esta fecha merece ser recordada por todos y cada uno de los mexicanos, lo cual se logrará con el honor de que el 13 de agosto de cada año, la Bandera Nacional sea izada a toda asta.

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, concordamos en lo general con los argumentos vertidos en las consideraciones del Dictamen, así como del proyecto de Decreto que adiciona la fecha “13 de agosto: Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales que en envía la Colegisladora, razón por la cual proponemos aprobarla en sus términos, ya que ello demuestra un acto de honorabilidad hacia nuestros héroes nacionales.

Las Comisiones dictaminadoras coincidimos que los “Tratados de Teoloyucan” son un documento fundamental enfocado al restablecimiento del Estado de Derecho en beneficio a los ciudadanos.

De ahí la importancia de establecer una fecha conmemorativa a todos aquellos héroes nacionales participes de las luchas que contribuyeron, marcaron y fincaron los derechos de las clases medias y populares, sobre las élites porfiristas del viejo régimen.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, consideramos pertinente señalar que los “Tratados de Teoloyucan” se firmaron entre los Generales Alvaro Obregón, por parte del Ejército Constitucionalista y Gustavo A. Salas, por lo que respecta a los federales. Con este documento se dio la disolución del Ejercito Federal, lo que significó el triunfo definitivo de la Revolución Constitucionalista.

Asimismo, los integrantes de las comisiones coincidimos en que el decreto puntualiza correctamente los hechos históricos base de lo que en el tiempo actual representa una labor objetiva, constructiva y democrática para reforzar los derechos de los ciudadanos mexicanos.

De aprobarse el dictamen que se presenta, no solo se estaría conmemorando una fecha de gran hazaña, si no que a la vez estaríamos contribuyendo a que la sociedad no se limite en conocimientos claves de representación histórica, al contrario, el objetivo más allá de todos aquellos intereses que puedan presentarse, es el de reforzar y enriquecer nuestra cultura. De esa manera, los legisladores pretendemos aportar a nuestra nación una visión más amplia de las gestas históricas que sin oposición alguna marcan la vida, la historia y la trascendencia de México.

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, consideramos importante, que con la aprobación a la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914” al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, estaremos dando el lugar que se merecen a nuestros héroes revolucionarios que fueron pieza fundamental rumbo a la Revolución Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado A del artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, sometemos a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Artículo Unico.- Se adiciona la fecha “13 de agosto, Aniversario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18. …

a) …

13 de agosto:

Aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, en 1914.

b) …

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVO”.

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de acceso abierto a la información.




 

Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en materia de acceso abierto a la información.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y LA LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- El C. Vicepresidente Aispuro Torres: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señor Vicepresidente.

Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Tello Cristerna, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

- El C. Senador Alejandro Tello Cristerna: Hoy es un día importante para la ciencia y la tecnología en nuestro país. Hoy es un día importante para México, el conocimiento es poder, empoderemos a los ciudadanos.

Con su venia, señor Presidente.

Toda investigación realizada con recursos públicos o utilizando infraestructura del Estado debe ser pública y accesible. Bajo esta premisa es que las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, ponemos a consideración de este Pleno el presente dictamen.

La propuesta inicial de la reforma aquí planteada se deriva de la iniciativa presentada por nuestra compañera, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, misma que fue enriquecida después de un ejercicio plural y abierto, en el cual la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, consultamos a los representantes de los sectores públicos y privados relacionados con las actividades científicas nacionales.

Quienes firmamos este dictamen, y quiero aquí agradecer a todos los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a los miembros de la Comisión de Educación y a los miembros de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, estamos convencidos de que el conocimiento generado por la comunidad científica nacional debe ser de libre acceso para todos.

Para ello, el Estado debe incentivar y promover, mediante acciones concretas, el acceso abierto al conocimiento generado en nuestras universidades y centros de investigación.

En este sentido, es que la reforma planteada tiene como objetivo principal lo siguiente:

Primero, establecer como principio legal para la integración de políticas públicas en materia científica y tecnológica la diseminación de los contenidos científicos, académicos, de investigación e innovación, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.

Facultar al CONACyT para diseñar y ejecutar una estrategia que tenga como objetivo democratizar el acceso abierto y el acceso a la información científica.

Asimismo, establecer en la ley los conceptos de acceso abierto y acceso a recursos de información científica y tecnológica de calidad.

Crear y establecer las bases de operación de un repositorio nacional de acceso abierto.

Otorgar al CONACyT las atribuciones para promover y consolidar el acceso a la investigación científica, tecnológica y de innovación de calidad.

Otorgar a los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de posgrado, cuyas investigaciones sean financiadas con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura del Estado, la posibilidad de depositar una copia de dicha investigación para su publicación en acceso abierto a través de un repositorio nacional.

Establecer en la Ley General de Educación como atribución concurrente de las autoridades educativas, federales y locales la promoción del acceso abierto.

Y por último, establecer en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la facultad del CONACyT de promover y fortalecer los repositorios nacionales.

Democratizar el acceso al conocimiento es una tarea obligatoria del Estado mexicano.

Resulta prioritario que los resultados de investigaciones realizadas con fondos estatales como revistas, artículos científicos y académicos, tesis de posgrados, libros académicos, informes, etcétera, estén disponibles a través de plataformas de acceso abierto.

El impacto que generemos con esta reforma es contundente, pues gracias a este nuevo esquema podemos recuperar muchos artículos y documentos generados por nuestros investigadores y tecnólogos que quizás estén archivados.

Se calcula que el repositorio nacional que estamos promoviendo crear pueda, a mediano plazo, poner a disposición de la sociedad mexicana alrededor de 50 mil artículos de investigación, y más de 100 mil recursos de información como tesis de posgrado, disertaciones, conferencias, congresos internacionales, materia cultural y científica.

Si el Estado mexicano ha invertido recursos públicos en este conocimiento, es lógico y fundamental que el mismo sea compartido y accesible para cualquier estudiante, maestro, académico o ciudadano en general.

Doy las gracias a todos los legisladores que nos apoyaron en este proceso, y a los miembros de la comunidad científica nacional que nos apoyaron y orientaron para lograr esta trascendental reforma.

“El conocimiento es para conocerse”.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Tello Cristerna. Está a discusión en lo general.

Informo a la Asamblea que para la discusión en general de este dictamen, se ha inscrito la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, para hablar a favor.

- La C. Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.

“La ciencia que no se ve, no existe”. Este es el lema de Redalyc, el sistema de acceso abierto que desde hace 11 años impulsa la Universidad Nacional Autónoma Estado de México, y que permite hoy a cualquier ciudadano leer, descargar y compartir artículos científicos de forma absolutamente gratuita a quien lo desee. Pero es también una frase que resume el reto que tenemos nosotros como país; una frase que tiene contexto en las reformas de gran calado como las aprobadas en esta legislatura que apuesta al fortalecimiento del Estado y sus instituciones, a fin de que cada una de sus acciones garanticen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos como lo mandata nuestra Constitución.

Reconocer que la ciencia que no se ve no existe, nos permite reafirmar la pertinencia de reformas como la educativa, de reformas como la de telecomunicaciones o la de transparencia, y contextualizar adecuadamente la importancia del dictamen que hoy se somete a su consideración.

México necesita democratizar el acceso a la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación.

Hoy vengo, compañeras y compañeros Senadores, a pedir su apoyo, su voto favorable en torno a este dictamen, para que el Senado de la República siga impulsando los acuerdos que inserten a nuestro país en la sociedad del conocimiento; que permitan regular por primera vez en México el acceso abierto, se trata ¡Ojo! de regularizar sin restringir, de manera alguna la libertad de expresión que hoy se potencializa, particularmente a través del uso de las nuevas tecnologías de la información.

Al contrario, de aprobar este dictamen estaremos dando un impulso y sentando las bases de una política pública de diseminación del conocimiento a través de plataformas tecnológicas de acceso abierto que puedan ser consultadas en México y en cualquier parte del mundo, con la certeza de que sus contenidos, y además siendo voluntaria por parte de la comunidad científica y académica del país, son de la más alta calidad.

Quiero agradecer a las Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside mi compañero, el Senador Alejandro Tello, a la Comisión de Educación, que preside el Senador Romero Hicks, a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside el Senador Alejandro Encinas, por sus aportaciones, por su impulso y por su acompañamiento para que hoy este dictamen pueda ser presentado en términos favorables frente a todos ustedes.

Quiero también comentarles que se realizó un amplio proceso de consulta para esta iniciativa, en el que participaron la Academia Mexicana de Ciencias, el propio CONACyT y, yo diría, los académicos más destacados en la materia en nuestro país.

Se trata de hacer visible el trabajo científico de nuestro país, se trata de competitividad y, se trata, desde luego, de cuidar la calidad de la información, de dotar de contenidos de calidad a lo que hoy podemos todos consultar como ciudadanos en Internet.

A través de esta iniciativa estaremos dotando de facultades al CONACyT para que pueda promover y fortalecer repositorios institucionales, no sólo garantizando la calidad de esta información que pueda ser revisada por pares, sino además garantizando que los formatos, en materia tecnológica, son compatibles y pueden poner a competir a la ciencia en un mundo como el que hoy vivimos que tiene alcances globales.

Por todas estas razones, pongo a su consideración, y quiero agradecer en esta alta tribuna la posibilidad que me dio la Universidad Autónoma del Estado de México de tomar como modelo lo que se realiza ahí, Redalyc.

Gracias al Rector.

Gracias al doctor Eduardo Aguado, a quienes les decimos desde esta tribuna que los necesitamos para todo el reto que viene.

Gracias a la Academia Mexicana de Ciencias.

Gracias a la doctora Ana María Cetto y a todos los integrantes de la comunidad científica y académica que se involucraron, que aportaron y que hoy esperan tener, con su apoyo, una herramienta fundamental para democratizar el acceso al conocimiento científico y de innovación en nuestro país.

Muchísimas gracias, compañeros.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Herrera Anzaldo.

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

Informo a la Asamblea que sobre el dictamen que hoy estamos votando, nos hizo llegar el Senador Francisco Búrquez Valenzuela una participación en torno a dicho dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por lo que se insertará de manera íntegra en el Diario de los Debates.

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: (Desde su escaño) Señor Presidente…

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Sonido en el escaño del Senador Búrquez Valenzuela, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: (Desde su escaño) Señor Presidente, la idea era tener presente el posicionamiento del Partido Acción Nacional. Que como ustedes pueden ver aquí, fue positivo.

Y felicitar a comisiones unidas, pero sobre todo a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, que fue la impulsora de esta iniciativa. Felicidades a todo el equipo que te apoyó, Ana Lilia, y más éxitos. ¡Felicidades!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Búrquez Valenzuela. Con todo gusto, tomamos nota de ello.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 79 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo General de Ciencia y Tecnología. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de Acuerdo por el que se solicita información respecto de las instituciones de formación artística.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE CULTURA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISION DE CULTURA

H. ASAMBLEA

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del reglamento de la Cámara de Senadores, pone a consideración del Pleno el siguiente dictamen en relación con la resolución con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para la creación de centros de iniciación artística y escuelas de iniciación artística a nivel básico, medio superior y superior en cada una de las entidades federativas que no cuentan con una, presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 18 de septiembre de 2013 por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2013, el Senador Angel Benjamín Robles Montoya presentó, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para la creación de centros de iniciación artística y escuelas de iniciación artística a nivel básico, medio superior y superior en cada una de las entidades federativas que no cuentan con una.

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, fracción II, 108, 164 y 276 del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta del Senador Angel Benjamín Robles Montoya tiene como propósito crear un medio institucional que posibilite a los jóvenes contar con opciones que, de manera preventiva, constituyan un medio para que no sean presas de actividades delictivas. Su propuesta se fundamenta en el enunciado constitucional que establece que el Estado debe promover y atender todos los tipos y modalidades educativas, además de apoyar y alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

El proponente sostiene que es necesario que el desarrollo de la sociedad sea sustentable, incluyente, armónico y feliz. En ese sentido, hace referencia a numerosos estudios que demuestran que la actividad artística contribuye a un desarrollo equilibrado individual y social. No obstante este reconocimiento, en el terreno de los derechos, no se le ha dado el lugar que le corresponde a la educación artística.

La razón de esta omisión, según el proponente, obedece a que no tiene reconocimiento legal el derecho a la cultura, no obstante que nuestro país forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De la misma forma, es de tenerse presente que la educación artística forma parte de los programas de educación para la paz que promueve internacionalmente la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Desde esta perspectiva, el proponente considera la necesidad de crear opciones culturales para los jóvenes, de modo que, antes que optar por la violencia, tengan acceso a una educación artística que contribuya a recomponer el tejido social. Por ello, considera de la mayor relevancia que en cada entidad federativa existan centros de iniciación artística y escuelas de educación artística a nivel básico, medio superior y superior, toda vez que la mayoría de las instituciones de educación artística pertenecen al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura concentradas principalmente en el Distrito Federal.

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentado por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, los integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Las preocupaciones planteadas en el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar medidas necesarias para la creación de centros de educación artística y escuelas de iniciación artística a nivel básico, medio superior y superior en cada una de las entidades federativas que no cuente con una, parte de una reflexión contextualizada en el marco de la violencia a que están sujetas muchas regiones del país por la acción del crimen organizado y la falta de oportunidades de desarrollo profesional y personal para muchos jóvenes en el marco de una crisis económica y de empleo muy severa que enfrenta nuestro país.

SEGUNDA.- La violencia en muchas regiones del país deriva de muchas circunstancias, entre ellas, que México cuente con una frontera de casi 3000 kilómetros con el país donde más drogas se consumen, que territorialmente está ubicado en las rutas marítimas que conecta tanto al oriente como al occidente con los Estados Unidos, que es zona de tránsito de la droga producida en otros países de América Latina, además de los altos grados de corrupción, impunidad e ilegalidad de muchas corporaciones de seguridad pública del país en los tres órdenes de gobierno.

TERCERA.- también debe considerarse la falta de oportunidades educativas para los jóvenes, quienes no sólo no cuentan con instituciones de educación media suficientes para continuar sus estudios sino, muchas veces, tampoco disponen de los recursos económicos necesarios para solventarlos. Esta circunstancia asociada a la posibilidad de acceder, bajo una situación de alto riesgo, a dinero proveniente de actividades ilícitas, coloca a la juventud en una permanente condición de blanco para el reclutamiento criminal.

CUARTA.- Ciertamente las escuelas de mayor relevancia profesional en materia de las artes se encuentran en la ciudad de México, debido a una condición histórica del centralismo en todas las materias, de las que la educación y la cultura no escapan. No obstante, esta no es una condición definitiva, pues existen casos muy relevantes de escuelas de educación artística, como el Conservatorio de la Rosas de Michoacán, que durante décadas han formado a generaciones de músicos en la región, con un gran prestigio y solidez académica.

QUINTA.- Esta dictaminadora no cuenta con información para evaluar la contribución de las escuelas de educación artística en la disminución de los índices de violencia en las entidades Federativas, pues tanto en Michoacán como en Nuevo León se cuenta con centros de formación educativa de primer nivel, siendo que estas entidades lamentablemente se encuentran entre el grupo de estados en donde la incidencia delictiva es muy alta y, por ejemplo, Campeche que no tiene una red de instituciones culturales equivalentes , ha mantenido por años índices de criminalidad relativamente bajos.

SEXTA.- De acuerdo con el Atlas Cultural editado en 2010 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, había en esa fecha 1,715 casas de cultura y centros culturales ubicados en 1051 municipios (42.83 por ciento del total nacional y en donde residen 92 millones de habitantes). Respecto de instituciones de educación artística, el Sistema de Información Cultural tiene ubicados 681 centros de educación artística y cultural, de entre los que destacan el Sistema Nacional de Fomento Musical. Sin embargo, debe observarse que al dejar de lado las instituciones dedicadas al diseño y la arquitectura, el número disminuye en una tercera parte, quedando 413 dedicadas a textiles, vestido, danza, coreografía, música, canto, composición, cine y video, literatura, animación y multimedia, artes plásticas y visuales, antropología, historia y restauración, arte dramático, actuación, gestión cultural y estudios culturales. Proporcionalmente por número de habitantes, las entidades federativas con un menor número de centros de educación artística y cultural son Oaxaca, Tlaxcala, Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Guerrero y Morelos.

SEPTIMA.- No obstante, el espíritu de la propuesta del Senador Robles Montoya representa una reflexión con una perspectiva de futuro, en la medida en que a través de una actividad constante, tutelada o conducida por las instituciones del Estado, contribuiría a restituir el tejido social de muchas comunidades en donde la violencia y criminalidad han afectado las relaciones de confianza y solidaridad entre personas y comunidades. Al mismo tiempo, la formulación considera la necesidad de que la actividad cultura se constituya en un elemento de ocupación y reencuentro para los jóvenes, a fin de que desarrollen todas sus potencialidades humanas, tal como lo postula la Constitución respecto de la educación pública en su artículo tercero.

OCTAVA.- Ahora bien, es evidente que no pueden crearse escuelas de educación artística a nivel básico, medio superior y superior, porque la formación educativa regulada por el artículo 3° constitucional y la Ley General de Educación, expresamente definen los propósitos de cada tipo educativo y a qué autoridad le corresponde la formulación de los planes y programas de estudio correspondientes. Sin embargo, el espíritu de la propuesta es algo que se ha discutido en el Congreso de la Unión, en relación con las escuelas de tiempo completo que necesariamente va a incluir y enfatizar los contenidos culturales y de arte en la formación académica de los educandos.

NOVENA.- Sin embargo, atendiendo las preocupaciones del proponente, se coincide en que existe un número relativamente bajo de instituciones de educación media superior y superior que brindan servicios educativos para quienes, como vocación, han elegido el desarrollo de las disciplinas artísticas, incluida la cinematografía. Por citar a algunos ejemplos, la ciudad de las artes en Yucatán; la Escuela de Laudería de Querétaro; el Centro Cultural Tijuana en Baja California; la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey; el Conservatorio de las Rosas de Michoacán, de entre los más destacados, sin dejar de lado las más de 1,715 casas de cultura y centros culturales que cubren funciones de educación artística no formal por todo el territorio nacional.

DECIMA.- Es evidente que aun cuando existe infraestructura educativa en materia de formación artística en todas las entidades federativas, toda ella sería insuficiente para atender el propósito como el sugerido por el proponente, esto es, involucrar a todos los jóvenes en actividades culturales a fin de que cuenten con una herramienta que les permita obtener mayores elementos de juicio y oportunidad antes que, algunos de ellos, opten por involucrarse en actividades ilícitas. Sin duda, la cultura es una vía para restituir el tejido social, fomentar la cooperación social y generar la comunicación entre grupos y generaciones, pero con los recursos de que se dispone actualmente, el objetivo rebasa con mucho a la capacidad institucional dispuesta en los tres órdenes de gobierno.

DECIMA PRIMERA.- Es claro que una tarea de tales proporciones involucra tanto a las autoridades Federales, como a las autoridades estatales y municipales. De hecho, el mayor número de casas de cultura depende de los ayuntamientos, los centros culturales de los Estados y, las principales escuelas de formación artística, de la Federación. Esta es una circunstancia histórica que, por un lado, es resultado del centralismo y, por el otro, la falta de constancia en la asignación de recursos para el fomento del arte y la cultura en las entidades federativas y municipios.

DECIMA SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado son de la opinión de que es necesario que las autoridades a cargo de las instituciones de cultura de la Federación, estados y municipios destinen mayores recursos y esfuerzos para que la actividad cultural se convierta en un medio de apoyo a la reconstrucción del tejido social en aquellas comunidades que han sido o son objeto de la violencia criminal y, por otro lado, se constituyan en un medio para favorecer la cooperación entre personas, grupos y generaciones.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Cultura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse en los siguientes términos la proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador Angel Benjamín Robles Montoya el 18 de septiembre de 2013, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a las autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se proporcione a esta soberanía, información respecto de las instituciones de formación artística de cada una de las entidades federativas, distinguiendo aquellas que dependen económica y administrativamente de la Federación y las que dependan de los estados.

SEGUNDO.- Se solicita al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la estimación de la demanda educativa de las escuelas de formación artística, incluidos los datos del Centro Nacional de las Artes, así como la matricula total actual de las instituciones a su cargo y la tasa de deserción y de eficiencia terminal de cada uno de los recintos educativos.

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 13 de marzo de 2014.

Comisión de Cultura”

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión. Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- La C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente.

Simplemente para poder ponderar con la Asamblea, que esto es resultado de una solicitud de uno de nuestros compañeros, en relación con poder obtener información que nos permita impulsar, primero, tener el conocimiento y luego todo lo relacionado a educación artística.

La Comisión de Cultura, que me honro en presidir, da cuenta de la pluralidad y también de estar atento a las distintas inquietudes que los distintos integrantes de este Senado externan a lo largo de diversas sesiones de nuestro trabajo.

Pedir la afirmativa por este dictamen. Y en su oportunidad les daremos a conocer a todos la información que nos ha proporcionado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Alcalá Ruiz. Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de Acuerdo que exhorta establecer una estrategia que permita regularizar los instrumentos de organización básica en los núcleos agrarios.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE REFORMA AGRARIA

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco García Cabeza de Vaca, para presentar el dictamen.

- El C. Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El orden social y económico del campo mexicano, al igual que la vida nacional, nunca han sido ni deben de ser estáticos, siempre han sufrido adecuaciones; y en este sentido, tanto las normas y las leyes que rigen el estado de derecho mexicano, como sus instituciones deben de actualizarse permanentemente para dar respuesta efectiva a las necesidades que van surgiendo en el día a día.

Bajo esta tesitura, estoy convencido en que las instituciones que convergen el sector agrario deben participar activamente para que la vida del campo tenga un desarrollo integral, justo y equilibrado.

Debemos reconocer el hecho de que el grupo social que conforma la clase campesina de nuestro país requiere especial protección en diversos ámbitos, y es aquí donde radica el papel fundamental del Estado; pues es obligación de éste, mediante normas e instituciones, buscar igualar las desigualdades en la relación con otros grupos sociales más favorecidos.

Hoy en día existen graves limitaciones para el desarrollo rural, como el acentuado minifundio de los predios ejidales, el envejecimiento de los sujetos agrarios, la explotación desmedida de los recursos naturales, la incorporación irregular de tierras al crecimiento urbano y la falta de inversión y desarrollo de infraestructura, entre otras.

En ese sentido, el Senador promovente del punto de Acuerdo, materia del presente dictamen, en su exposición de motivos afirma que no sólo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la vida interna de los núcleos agrarios, es como los sujetos agrarios contarán con los elementos necesarios que les permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia entre sus integrantes desmidiendo así los conflictos; y en segundo lugar, establecer las bases que permitan asociarse con terceros para la explotación sustentable de sus recursos, así como también tener los elementos necesarios para defender sus derechos cuando éstos sean vulnerados.

Los Senadores integrantes de la Comisión de Reforma Agraria confiamos que en el marco de la nueva institucionalidad agraria, con la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el mes de enero de 2013, es posible cristalizar las condiciones necesarias para que el gobierno logre difundir con mayor eficiencia una cultura documental entre los sujetos de derechos agrarios, que les permita contar con las herramientas adecuadas para una mejor administración en el patrimonio de los núcleos agrarios; que refuercen la seguridad jurídica del campo, las garantías de preservación de lo social, lo ecológico y lo regional, sin menoscabo de tan anhelado desarrollo integral que brinde una mejor calidad de vida de los habitantes del medio rural.

En este sentido, es importante recalcar que la elaboración de los documentos que se engloban dentro del concepto de organización agraria básica, como son el Libro de Registro de Titularidad de Derechos, la Elaboración y Depósito o Formalización de la Lista de Sucesión; la Elaboración y Actualización del Reglamento Interno o Estatuto Comunal, el Libro de Contabilidad y Administración; la Renovación de los Organos de Representación y Vigilancia, son instrumentos mediante los cuales los núcleos agrarios regulan su convivencia social, económica y jurídica.

Sobre este punto quiero hacer especial énfasis, pues nuestra tarea como legisladores es la de hacer y reformar leyes, y para que se traduzcan en bienestar y sana convivencia del pueblo al que representamos, éstas deben, efectivamente, llegar a él.

Y es aquí donde radica la importancia de los órganos de gobierno, en especial de la SEDATU como cabeza de sector y como de la Procuraduría Agraria como asesor jurídico de los sujetos agrarios, en dar el debido acompañamiento a los núcleos agrarios para que sus documentos agrarios básicos contengan los elementos necesarios para lograr su incorporación al desarrollo productivo del país de manera efectiva y apegada a derecho.

Por lo anterior expuesto, hago un respetuoso llamado a las Senadoras y Senadores aquí presentes para que voten a favor del presente dictamen, pues es un tema de vital importancia en virtud de que el 51 por ciento de la superficie de nuestro país corresponde a la propiedad social, distribuida en los 31,871 ejidos y comunidades existentes en México, y en donde habitan alrededor del 25 millones de personas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador García Cabeza de Vaca.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del PRD, para razonar su voto.

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy lo que nos ocupa es algo fundamental. No podrá haber una lucha franca contra el hambre si no hay una lucha bien establecida, con fondos y con funciones legales.

El posicionamiento en relación a la proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Procuraduría Agraria, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezca una efectiva estrategia que permita regularizar los instrumentos de organización básica en los núcleos agrarios.

Como es del conocimiento de los presentes, con motivo de la reforma constitucional del año de 1992, se abrió una nueva etapa para que los titulares de los derechos agrarios, al habérseles otorgado la posibilidad de decidir libremente sobre el destino de las tierras de su propiedad, al otorgarles personalidad jurídica y patrimonio propio, esta reforma necesariamente obligó a reestructurar las relaciones entre los titulares de derechos agrarios y el gobierno de la República, pues con motivo de ella, el trato paternalista que les brindaba el Estado quedaba en el olvido, pasando a ser ellos mismos los protagonistas de sus destinos.

A fin de prepararlos frente a esta nueva realidad, el gobierno de la República está obligado a facilitarle los instrumentos que le permitan desarrollar su nuevo rol, tarea que con motivo de la propia reforma constitucional recae en la Procuraduría Agraria, como la institución encargada de procurar justicia agraria de conformidad a la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La organización agraria básica se concibe como el derecho de los núcleos agrarios para fortalecer la vida interna que les permita consolidarse jurídica, económica y socialmente que les facilite y permita tener éxito en las etapas de organización agraria productiva, en lo cual, los sujetos agrarios establecen el uso de las reglas jurídicas que más les convienen para organizarse y aprovechar de forma rentable y sustentable sus recursos.

La Procuraduría Agraria es a quien le compete brindar la asesoría en la elaboración de estos instrumentos, a saber el libro de contabilidad, siendo éste en donde se registran todos y cada uno de los movimientos monetarios que ingresan a los núcleos agrarios, es decir, en el que se establece cómo y en qué se destinan los recursos, el reglamento interno o estatuto comunal siendo el instrumento en el cual se reglamentan las conductas para tener una armoniosa convivencia al interior de los núcleos agrarios.

La actualización de los órganos de representación y vigilancia es necesaria pues los primeros son quienes resultan ser los representantes y mandatarios de la asamblea general; y los segundos, los encargados de vigilar que se cumplan acuerdos que son tomados y mandatados por la asamblea.

El libro de registro o titulares de derecho que es el documento en donde se contienen los datos de los ejidatarios y comuneros de los derechos sobre las parcelas, solares, tierras de uso común y los movimientos que se realizan sobre éstas y, algo primordial, la elaboración de la lista de sucesión, documento fundamental para que los titulares de los derechos agrarios decidan de manera libre la forma en que transferirán sus derechos y con ello evitar conflictos que se tornan violentos a la muerte de su titular. Y la principal carga de trabajo que registran hoy en día los tribunales agrarios.

Asimismo, en materia adicional, en concordancia con el libro de registro, titulares de derechos, se hace necesario llevar a cabo la actualización del padrón de ejidatarios o comuneros, en el documento fundamental para conocer quiénes son los titulares de los derechos agrarios.

Esta tarea resulta fundamental, ya que sólo a través de una actualización efectiva de los instrumentos que rigen la vida interna del ejido, así como un verdadero padrón que refleje la movilidad en las transmisiones de los derechos agrarios como los sujetos agrarios, contarán con los elementos necesarios que les permitan, en primer término, establecer las relaciones al interior entre sus integrantes, disminuyendo los conflictos y al exterior establecer las bases que le permitan asociarse con terceros para la explotación sustentable de sus recursos naturales, así como tener los elementos necesarios para defender sus derechos cuando éstos sean vulnerados.

Cobrando gran relevancia a lo anterior, si consideramos las siguientes reformas estructurales que se han venido llevando a cabo como es la energética y la recientemente anunciada por el titular del Ejecutivo Federal en el estado de Colima para hacer más competitivo al campo.

En razón de lo anterior, es que se solicita se establezca, por conducto de la dependencia del Ejecutivo Federal, una eficaz estrategia, de manera que actualice al cien por ciento estos instrumentos, ya que sólo con un campo ordenado es como se asegura, en primer término, sacar de la marginación a los titulares, permitiéndoles contribuir al desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura nacional, obteniendo mejores beneficios y acortando la materialización de estos grandes proyectos.

Es necesario que juntos hagamos la gran diferencia para el campo; hoy nuestros hermanos ejidatarios tienen esa encomienda de poder actualizar sus padrones y demás actividades ejidales.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Presidencia saluda la presencia del ciudadano Ricardo Joya, Secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la ciudadana Rosario Rogel, Directora del Programa Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la doctora Margarita Ontiveros, Directora General de CONASIF, y de Janet Valero, Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

(Aplausos)

Asimismo saludamos la presencia de estudiantes de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la Senadora Marina Gómez del Campo Gurza.

(Aplausos)

Pasamos a la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.







 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen.

COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión ambos dictámenes.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En octubre del año pasado y a partir de esa fecha, la opinión pública supo de mujeres que por falta de atención médica dieron a luz fuera de centros de salud o clínicas dependientes de la Secretaría de Salud en diferentes poblaciones del estado de Oaxaca y también en otras entidades.

Esta circunstancia irregular, indebida, que lastima, ha dado motivo a diferentes cuestionamientos y proposiciones en esta Cámara. Una de estas proposiciones, de la Senadora Dolores Padierna Luna, da origen al dictamen que la Comisión de Asuntos Indígenas pone a consideración de todos ustedes.

Informa la Senadora que Irma López, en octubre del año pasado, dio a luz en el jardín del Centro de Salud del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, después de que se le negó la atención médica.

Una fotografía oportuna dio vueltas en las redes sociales y generó la difusión de casos similares en todo el país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció de los hechos, solicitó informes y pruebas. Y el 29 de enero resolvió emitir recomendaciones al gobierno del estado de Oaxaca. Los puntos relevantes de esta recomendación son los siguientes:

Reparar el daño ocasionado por la responsabilidad institucional por la inadecuada atención médica.

Que se imparta al personal de jurisdicción sanitaria en Tuxtepec, Oaxaca, programas integrales en materia de derechos humanos en la protección a la salud, cuidados materno-infantil, trato digno y situación de vulnerabilidad de pueblos y comunidades indígenas.

Que se solicite al personal médico de dicha jurisdicción la entrega de su certificación y recertificación ante los consejos de especialidades médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para brindar un servicio médico adecuado y profesional.

Que los servidores públicos que presentan sus servicios en esta jurisdicción sanitaria adopten medidas que garanticen que los expedientes clínicos se encuentren debidamente integrados y protegidos.

Que se colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la denuncia que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca y en la denuncia administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca.

Tenemos conocimiento que el gobierno del estado aceptó en sus términos esta recomendación. Por ello las Senadoras y Senadores que integramos esta comisión coincidimos con los planteamientos y en la pertinencia de la enérgica recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y proponemos al Pleno que se exhorte al gobierno del estado de Oaxaca para que informe a esta Soberanía sobre las políticas públicas, programas y acciones que en materia materno-infantil se implementan o implementarán para que garanticen a las mujeres indígenas servicios de salud apropiados en relación con el embarazo, el parto y puerperio, así como los relativos al recién nacido. Que se exhorte al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informen a esta Soberanía sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la recomendación 1/2014 de fecha 29 de enero de 2014.

Sin embargo, nos preguntamos, ¿se trata de un caso aislado? ¿En otras entidades o regiones no suceden situaciones similares? ¿Es realmente la primera vez que sabemos que esto ocurre?

Compañeras y compañeros, el derecho a la salud es un derecho de todas y todos sin distinción alguna; mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños que integran pueblos y comunidades indígenas tienen ese derecho, pero además el Estado mexicano tiene la obligación de asegurarles su acceso efectivo a los servicios de salud.

Sin embargo, es evidente que hay carencias por falta de programas, por falta de presupuestos, por falta de capacitación, por descuido, o lo que es más grave, porque no se ha logrado desterrar la discriminación hacia los indígenas.

Unamos voluntades y esfuerzos en los tres niveles de gobierno para que no se repitan estas historias; la de Irma, de Jalapa de Díaz, la de Cinthia, en San Jacinto Amilpas, la de Nancy, en Huajuapan, la de Oricel, en la Sierra Sur, y el derecho a la salud no distinga mestizos a indígenas, garantizando su efectivo acceso a los servicios de salud, demostramos respeto a nuestra composición pluricultural que precisamente se sustenta en los pueblos indígenas.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, para referirse al dictamen sobre el municipio de Chenalhó.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Todos saben que Chiapas es una sociedad y un territorio muy complejo, es conocida su accidentada geografía, pero Chiapas es también una entidad compleja, social, étnica, culturalmente y también religiosamente.

En el estado que represento habitan 12 pueblos indígenas, el Tzeltal, el Tzotzil, el Tojolabal, el Chol, el Zoque, el Chuj, el Kanjobal, el Mame, el Jacalteco, el Mocho, el Cakchiquel y el Lacandón.

El 27 por ciento de los chiapanecos, es decir, un millón 300 mil habitantes, pertenece a alguno de estos pueblos originarios, pero Chiapas, y esto es menos conocido, es también complejo en su conformación religiosa. Fíjense, es el estado con menor proporción de población católica en todo el país, la media nacional de quienes profesan la religión católica en México es de 83 por ciento, en Chiapas solamente llega este número al 58 por ciento.

Según los datos del INEGI de 2010, en 33 de los 122 municipios de Chiapas, menos de la mitad de la población se declaró católica, incluso existen municipios donde la población católica no llega ni siquiera al 20 por ciento, tal es el caso de Bejucal de Ocampo, en la Sierra Madre de Chiapas, y justamente en Chenalhó, en donde solamente 16.8 por ciento de su población profesa esta religión.

¿Por qué es importante hablar sobre la composición religiosa en el estado de Chiapas?, porque ésta se ha expresado de muchas maneras, incluso en forma de conflicto, en forma de violencia y en forma de intolerancia religiosa.

No existen, desafortunadamente en mi estado, bueno, tampoco existen en el resto del país datos oficiales del número de personas desplazadas forzadamente por conflictos religiosos; sin embargo, en Chiapas lo que sí existe es una ley estatal que mandata a la creación de un censo de personas internamente desplazadas por esas razones de intolerancia religiosa y por muchas razones más.

Sin embargo, sí existen los datos de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que estima que desde los años 60’s del siglo XX a la fecha, más de 50 mil personas han sido desplazadas en Chiapas por motivos religiosos, solamente.

Ante esta realidad, se han hecho importantísimos esfuerzos desde la sociedad, y también desde el gobierno, por instancias nacionales e internacionales, para promover una cultura de paz y tolerancia, y que nos funcione y nos sirva para resolver pacíficamente estas diferencias comunitarias de carácter religioso.

Desafortunadamente, hasta el año pasado operaba en Chiapas un programa sobre cultura de paz que encabezaba la Oficina Regional de Naciones Unidas, sin embargo, por falta de recursos esa oficina tuvo que cerrar.

Hace mucha falta que volvamos los ojos al tema, porque hay muchas razones para avanzar. Se requiere que se ataquen las causas y los efectos que propician el desplazamiento forzado, ese es el origen de nuestra preocupación.

Por ello en Chiapas existe esta Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, ley a la que se precisa darle operatividad y empezarla a aplicar de manera inmediata.

La Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, está justamente para eso, para atender situaciones como la del ejido de Puebla, en Chenalhó, y muchos casos similares como el de Venustiano Carranza, que por razones muy diferentes también presentó recientemente un fenómeno de desplazados internos.

Hace falta, reitero, atacar las causas y dar seguimiento al problema, pero también es necesario solucionar de manera inmediata y conforme a los estándares internacionales la situación de los desplazados de Chenalhó, son familias enteras, y para eso ya hay una legislación que simplemente lo que se solicita es que se observe.

Compañeras y compañeros Senadores, quizá para muchos de ustedes Chenalhó no diga mucho, puede sonar como un pueblo más de los que tienen una nomenclatura indígena en su nombre, pero habrá que recordar que justamente otro lugar que seguramente sí recuerdan, que se llama Acteal, que ha sido citada en numerosas ocasiones por los trágicos eventos de diciembre de 1997, en donde fallecieron 45 personas, entre ellas mujeres y niños; Acteal está justamente en el municipio de Chenalhó, ahí en el ejido de Puebla. Se requiere toda la voluntad, toda la atención y toda la acción de las instituciones del estado para mantener la paz, para emplear los lazos de hermandad y para garantizar las libertades y los derechos de todos.

Simplemente déjenme actualizarlos con unos datos. Ayer el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, informó que pobladores del ejido Puebla quemaron la vivienda de una de las 17 familias católicas que fueron desplazadas desde agosto del año pasado, a causa del conflicto que mantienen las autoridades comunitarias de la mayoría evangélica.

Y hace apenas unos días, el 7 de marzo, fue quemada la puerta del salón de la catequesis, lo que obligó a los cien desplazados que están refugiados justamente en Acteal, a suspender el retorno que tenían programado para el día de hoy 14 de marzo.

Por eso mantenemos atentos a la evolución y resolución de los problemas sociales del ejido de Puebla en el municipio de Chenalhó, no es suficiente, requerimos también exhortar a que se dé un trato humanitario a los desplazados conforme a la legislación estatal y se desplieguen todas, absolutamente todas las capacidades institucionales para evitar una escalada del conflicto y evitar aquí también una nueva tragedia en esta región tan sensible y tan agraviada.

Por lo anterior, señor Presidente, es que apoyo y mi voto es a favor del punto de Acuerdo que presentó la Senadora Ana Gabriela Guevara, y que aprobó la Comisión de Asuntos Indígenas; pero le solicito se incorpore una breve modificación referente a que se incluya en el resolutivo único que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, y exhorta al gobierno del estado de Chiapas, este sería el añadido, en observancia a la Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, para que informe de la existencia y el estado actual de la situación expuesta por la Senadora proponente, Ana Gabriela Guevara, relativa al desplazamiento de parte de la población indígena residente de la localidad denominada Puebla del municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, motivado por conflictos sociales con habitantes de la misma localidad.

Y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informe en el mismo sentido o en su caso para que conozca de los mismos acuerdos, de acuerdo a sus atribuciones.

Esta sería la solicitud que dejo a consideración de la Mesa Directiva e invitarlos a voltear a ver a Chenalhó, acordarnos de Acteal y actuar para que no vuelva a ocurrir una desgracia como la de hace ya tantos años.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Eviel Pérez Magaña, Presidente de esta Comisión dictaminadora.

- El C. Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, señor Presidente.

Durante siglos a los pueblos indígenas del mundo se les ha negado su existencia como pueblos y culturas diferentes menoscabando sus derechos, entre éstos los relativos a la libertad de creencia y culto. Este derecho y el derecho fundamental de transitar libremente o de residir voluntariamente en un lugar están reconocidos por nuestra Constitución y tratados internacionales que México ha suscrito.

Como Senado de la República velemos por el respeto de estos derechos, hagamos frente común a la intolerancia, sea cual fuera su causa, que se encauce legalmente los conflictos sociales, pero que los conflictos de y entre comunidades indígenas sean consultados con sus integrantes y resueltos conforme a sus sistemas normativos internos. De esta forma estaremos apoyando el buen vivir de las comunidades indígenas y estaremos trabajando por un México unido en su pluralidad.

Señor Presidente, he hablado con los integrantes de la comisión, y claro que la inserción que propone el Senador Zoé Robledo le solicitamos sea considerada.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Pérez Magaña.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación del Senador Zoé Robledo Aburto, e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se acepta para su discusión.



Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación. Quienes estén porque si se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Por lo tanto, se incorporará a los dictámenes antes señalados para votarse de manera conjunta.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para referirse al primero de los dictámenes.

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

He pedido participar en la discusión del primer dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas para sumarme desde luego a ella, pero también en mi carácter además de representante popular, como integrante de la Comisión de Salud y, desde luego, como médico que soy también.

Me preocupa el hecho de que en México dos de cada diez recién nacidos no ven un médico en su primer mes de vida. Me preocupa que en entidades como Chiapas y Oaxaca el 30 por ciento de los partos se realizan sin supervisión médica calificada.

Es por esto que en este momento que se discute este dictamen, el llamado a atención no es únicamente al caso que lamentablemente vivió Irma López, sino compartir también nuestra preocupación con lo que sucede en comunidades indígenas, pero también en otros lugares apartados, que se supone tienen una mejor atención de la salud, como el estado de Sonora, como el estado de Puebla, e inclusive en la misma capital de la República, en esta ciudad de México, donde se ven casos de precisamente omisiones y negligencias, por lo que pacientes tienen sus partos fuera de las instalaciones de salud, en taxis, en los pasillos, en los jardines.

De tal manera que esto motiva una preocupación y coincide con lo que está en la agenda del día de hoy en esta sesión, donde precisamente hay varias iniciativas y puntos de Acuerdo que coinciden con esta preocupación, como la agendada por la Senadora Mariana Gómez del Campo, que precisamente su visión y su objetivo es en cuanto a la situación de delitos de comisión por omisión, donde podemos señalar que en reiteradas ocasiones y de manera dolosa algunas instituciones encargadas de otorgar los servicios de salud, en el caso de urgencias médicas y de atención a mujeres en trabajo de parto, se omite realizar su función, su atención por el personal de la salud, lo cual se traduce en una negativa en la prestación de servicios, y que en su momento oportuno, y desde luego yo me he sumado a esta iniciativa, vamos a revisar al seno de la Comisión de Salud esta situación reiterada de falta de atención eficiente y eficaz para las mujeres mexicanas en trabajo de parto.

Y también que el día de hoy está agendado un punto de Acuerdo de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, donde precisamente su tema es que en la Asamblea Mundial de la Salud, y para que México ratifique los Convenios 183 y 191 de la OIT, referentes a protección de la maternidad y permiso de maternidad; y desde luego mi reconocimiento a los Senadores María Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez, Miguel Romo, Enrique Burgos, Diva Gastélum, Hilda Flores Escalera y Claudia Pavlovich, que también están presentando una iniciativa de modificaciones a la ley de salud que precisamente versa sobre la preocupación de situaciones y deficiencias en la atención a la mujer en trabajo de parto.

Como médico me manifiesto en esta preocupación y que cerremos filas desde este Poder Legislativo para coadyuvar con el área ejecutiva, para que las políticas públicas en materia de salud materno-infantil mejoren. Y que los temas de morbimortalidad que a nivel mundial y a nivel nacional están todavía incidiendo en las políticas y en los sistemas de salud de todo el mundo mejoras para bien de las comunidades indígenas, para bien de la mujer indígena, para bien de la mujer mexicana, y todo lo que tenga que ver con la salud materno-infantil.

Me sumo a la promovente en este tema importante, y compartirlo también en la preocupación de toda la mujer mexicana.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, para referirse al primero de los dictámenes

- El C. Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señor Presidente.

Hoy vengo a manifestar un beneplácito porque somos cada día más los Senadores que estamos interesados en nuestros hermanos indígenas.

Hoy quiero presentar el posicionamiento del punto de Acuerdo referente a nuestra hermana indígena Irma López Aurelio.

Vengo a esta tribuna a solicitar a esta Soberanía la aprobación del punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre las políticas públicas, programas y acciones en materia materno-infantil, que se implementan para garantizar a las mujeres indígenas servicio de salud apropiada en relación con el embarazo, parto, puerperio y atención al recién nacido.

El tema de los derechos de los pueblos indígenas es un tema recurrente en el Poder Legislativo Federal, y esto deriva del problema aún no resuelto que representa el hecho de que, no obstante que en nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales y ha plasmado en el artículo 2o. constitucional los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en la práctica desgraciadamente no vemos estos derechos a los que sean efectivos.

A menudo nuestras autoridades olvidan que la salud es un derecho básico y que los pueblos indígenas tienen históricas diferencias en su calidad de vida con respecto a la población no indígena.

Los indicadores socioeconómicos muestran la veracidad de las diferencias en cuanto al acceso a los servicios de salud de los indígenas, lo que se refleja en las elevadas cifras de morbimortalidad materno-infantil.

En el estado de Oaxaca el 45 por ciento de la población es considerada indígena; y la falta de infraestructura para los servicios médicos en las comunidades indígenas es evidente y todavía es más preocupante la falta de capacitación y profesionalismo que acusan alguno de los encargados de brindar esos servicios a la población.

Recurrencia de los casos en el estado de Oaxaca, de las mujeres que han tenido la mala suerte de dar a luz en condiciones antihigiénicas y pocas dignas que ha puesto en riesgo la vida de las madres y de los productos.

Debemos ponernos en alerta, no se trata de casos aislados, sino más bien de omisiones de funcionarios del sector que no están haciendo su trabajo como lo deberían de realizar.

Esto ha llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir sendas recomendaciones a la Secretaría de Salud estatal para reparar los daños provocados a la ciudadana Irma López Aurelio y al recién nacido en el Centro de Salud de San Felipe Xalapa de Díaz, así como la recomendación de capacitar al personal en materia de protección a los derechos humanos y sus implicaciones en materia de salud.

Igualmente recomienda la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, a que inicie su procedimiento administrativo de investigación y formule una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia de esta entidad, en contra del personal que intervino en los hechos que se consignaron en el expediente, por esta razón pido la aprobación de este importante punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Oaxaca para que informe a esta Soberanía sobre las políticas públicas, programas y acciones en materia de atención materno-infantil que se implementan o implementarán para garantizar la atención de las mujeres indígenas en relación con el embarazo, parto, puerperio y atención del recién nacido.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informe a esta Soberanía sobre el cabal cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la recomendación número 1/2014 con fecha 29 del pasado mes de enero.

Creo que juntos podemos hacer esa gran diferencia de que en la política pública sean tomadas en cuenta desde lo local hasta lo federal y no de lo federal hacia lo local.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Romero Lainas.

Agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Tenemos la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Educación, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a la propuesta.





 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.

“COMISION DE EDUCACION

H. ASAMBLEA

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación a considerar, en el marco de susatribuciones, la incorporación de contenidos dirigidos a promover la educación alimentaria y nutricional en los centros escolares de educación básica.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 3 de abril de 2013, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Alvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron -ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más pronto posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles preescolar, primara y secundaria, respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria sana y nutricional”, misma que deberá ser impartida por especialistas de la materia. .

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República.

3. Ese mismo día la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen.

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Las Senadoras proponentes, preocupadas por los datos de sobrepeso, obesidad y el creciente número de casos de diabetes infantil, hacen un exhorto al Ejecutivo Federal para que éste, haciendo uso de sus atribuciones, incluya en la currícula de educación básica una materia cuyo contenido promueva la educación nutricional.

Las proponentes hacen hincapié en la importancia de que los padres se involucren activamente en la correcta educación de los hijos en materia alimenticia. Dentro de esta importante tarea, señalan las legisladoras, debe estar el enseñar a los niños a escoger correctamente los alimentos para, de esta manera, ayudarlos en el desarrollo individual tanto en el ámbito familiar como en el de la autoestima.

En opinión de las promoventes, las condiciones del mundo moderno, la competencia laboral y las campañas publicitarias de las compañías de comida rápida, han provocado una creciente demanda de productos de baja aportación nutrimental. Todo ello se conjuga para provocar crecientes problemas de salud.

El texto de la proposición indica que una estrategia integral educativa no solo serviría para fomentar hábitos alimenticios sanos entre los menores, sino también entre sus maestros y familiares e incluso contribuiría a influir al resto de la comunidad de la que forman parte.

En atención al contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Alvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes consideraciones:

III. CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA

PRIMERA. El sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria se consideran como desórdenes crónicos que se caracterizan por el incremento o pérdida gradual de peso corporal, que colocan al individuo en riesgo de desarrollar y padecer diversas enfermedades graves a corto, mediano y largo plazos, las cuales han desencadenado un grave problema de salud pública tanto en México como en el mundo. La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso como un Indice de Masa Corporal igual o superior a un coeficiente de 25, y a la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Ambos, umbrales que sirven de referencia para las evaluaciones individuales.

SEGUNDA. En el caso particular del sobrepeso y la obesidad, son identificados como padecimientos que pueden derivar en graves problemas de salud, crecientes y directamente proporcionales al porcentaje de tejido adiposo en exceso, así como al tiempo que el organismo soporta esta situación. La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo existen más de mil 600 millones de adultos, mayores de 15 años, con sobrepeso, y por lo menos 400 millones de obesos. Estima que para el año 2015 existirán más de 2,300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. Además considera que, derivado de la obesidad, existen más de 246 millones de personas que padecen diabetes y proyecta que en 20 años aumentará a 366 millones.

TERCERA. En los últimos años, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública en México: cifras de la Secretaría de Salud estiman que el 70 por ciento de la población total sufre alguno de estos padecimientos. Se trata de un padecimiento que no puede ser atribuido a una sola causa y su resolución depende en mucho de la decisión informada y responsable de cada persona o familia y, dependiendo el caso, de un tratamiento médico. La obesidad, por una parte, encuentra su explicación en el mayor consumo de alimentos con un alto contenido calórico que, en un lapso de años relativamente corto, han mostrado un abaratamiento y accesibilidad en productos alimenticios. Asimismo, las actividades físicas poco a poco han dejado de ser prioritarias o relevantes para muchas personas y familias, lo que ha contribuido a la proliferación de actividades sedentarias de esparcimiento por la que optan niños y jóvenes y a la nula práctica del deporte. Esta situación se reproduce en muchos centros urbanos y recintos educativos, mismos que carecen de espacios para la actividad física y la práctica del deporte.

CUARTA. Se considera también que estos padecimientos están asociados al crecimiento demográfico y a la transformación de los perfiles de morbimortalidad en la población, que viven una situación sanitaria compleja con múltiples desafíos y problemas, que inclusive manifiestan contradicciones en el ámbito de la salud nutricional pues, por ejemplo, encontramos un amplio sector de la población con graves deficiencias de nutrientes y una alimentación insuficiente, inadecuada e irregular y, al mismo tiempo, existen grandes y crecientes grupos poblacionales, sobre todo de las zonas urbanas, con hábitos alimenticios incorrectos y estilos de vida sedentarios, mismos que han generado un problema creciente de sobrepeso y obesidad.

QUINTA. Sin duda, la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad se explican a la persistencia de malos hábitos alimenticios combinados con la inactividad física y a la reproducción generacional de estilos de vida nocivos para la salud. De ahí que cuando los padres de familia son obesos, la probabilidad de que los hijos lo sean se eleve al 80 por ciento. Además, debe preocupar la gravedad del problema tomando en cuenta la tasa de crecimiento que, de acuerdo con la Encuesta Nacional en Salud de 1988, demostró que en México el 35.1 por ciento de las mujeres habían sido clasificadas con sobrepeso u obesidad y, para 1999, dicho porcentaje creció a un 52.5 por ciento.

SEXTA. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) reporta que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado un ligero ascenso a lo largo del tiempo: casi 2 puntos porcentuales de 1988 a 2012 (de 7.8% a 9.7%, respectivamente). El principal aumento se registra en la región norte del país, que alcanza una prevalencia de 12% en 2012, 2.3 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. Para la población en edad escolar, (de 5 a 11 años de edad). La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, utilizando los criterios de la OMS, fue de 34.4% (19.8 y 14.6%, respectivamente). Para las niñas esta cifra es de 32%(20.2 y 11.8%, respectivamente) y para los niños es casi 5 puntos porcentuales mayor, 36.9%(19.5 y 17.4%, respectivamente). Estas prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 millones 664 mil 870 niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional.

En 1999, 26.9% de los escolares presentaron prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad (17.9 y 9.0%, respectivamente). Para 2006esta prevalencia aumentó casi 8 pp (34.8%). El análisis de tendencias indica que estas cifras no han aumentado en los últimos seis años y que la prevalencia se ha mantenido sin cambios de 2006 a 2012. El aumento entre 1999 y 2006 fue de 1.1pp/año o 29.4% en tan sólo seis años para los sexos combinados. Encontraste, entre 2006 y 2012 se observa una ligera disminución en la prevalencia de sobrepeso y obesidad para los sexos combinados. En 2012 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 34.4% en ambos sexos, 0.4 p p o 1.1%menos que en 2006. Sin embargo, se observan algunas variaciones por sexo y en relación con el sobrepeso y la obesidad. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en tan sólo siete años, el número de niños de cinco a once años de edad con un peso mayor al ideal, registró un incremento de 77%. La Secretaría de Salud federal ha afirmado que los menores con obesidad podrían tener un retroceso en su esperanza de vida de hasta siete años, de no atenderse correctamente y llevar un mejor plan nutrimental.

SEPTIMA. Del lado opuesto, la ENSANUT 2012 reporta que 302 279 (2.8%) menores de cinco años de edad presentan bajo peso, 1 467 757 (13.6%) baja talla y 171 982 (1.6%) emaciación, en todo el país. En el contexto nacional se observa una clara y significativa disminución de las diferentes formas de desnutrición a lo largo de casi un cuarto de siglo de monitoreo de las encuestas de nutrición.1

OCTAVA. En el caso de los adolescentes, la Encuesta revela que 35% de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional esto representa alrededor de 6 millones 325 mil 131 individuos entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de alrededor de 35.8% para el sexo femenino (lo que representa a 3 175 711 adolescentes del sexo femenino en todo el país) y 34.1% en el sexo masculino (representativos de 3 148 146 adolescentes varones) en 2012.

La proporción de sobrepeso fue más alta en mujeres (23.7%) que en hombres (19.6%, 4 pp mayor); y para obesidad los datos revelan que el porcentaje de adolescentes de sexo masculino con obesidad fue mayor (14.5%) que en las de sexo femenino (12.1%, 2.4 pp mayor). En 2006 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, bajo este criterio, fue de 33.2% (33.4% en el sexo femenino y 33.0% en el masculino). El aumento entre 2006 y 2012 fue de 5% en seis años para los sexos combinados (0.28 pp/año); el aumento en el sexo femenino fue de 7% (0.40 pp/año) y en el sexo masculino de 3% (0.18 pp/año). La prevalencia de sobrepeso en el sexo femenino aumentó de 22.5% en 2006 a 23.7% en 2012 (5.3% en términos relativos), mientras que en el sexo masculino se observó una ligera reducción de 20 a 19.6% (-.02% en términos relativos), en el mismo periodo de tiempo.

El incremento más notorio fue en la prevalencia de obesidad, al pasar de 10.9 a 12.1% (11.0%) en el sexo femenino, y de 13 a 14.5% (11.5%) en varones. No se observan tendencias claras de sobrepeso y obesidad en relación con la edad, excepto por una ligera disminución de la obesidad a mayor edad en los hombres. La proporción de adolescentes que participó en la ENSANUT 2012 y que estaban en riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria (>10 puntos del cuestionario aplicado), fue de 1.3% (1.9% en el sexo femenino y 0.8% en el masculino). Esta proporción fue medio punto porcentual más alta (0.9 y 0.4puntos porcentuales para el sexo femenino y masculino, respectivamente) que la registrada en la ENSANUT 2006.2

NOVENA. Cabe destacar que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el costo directo estimado que representa la atención médica a personas con enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad (problemas cardiovasculares, cerebro-vasculares, hipertensión, algunos tipos de cáncer, atención de diabetes mellitus, tipo 2), se incrementó del año 2000 al 2008 en un 61 por ciento, al pasar de 26,283 millones de pesos a 42,246 millones de pesos. La misma dependencia estima que para el año 2017 dicho gasto alcanzará los 77,919 millones (en pesos de 2008). Para ese año el costo representó el 33.2 por ciento del gasto público federal en servicios de salud a la persona, presupuestado en ese ejercicio fiscal.

DECIMA. En opinión de la Comisión de Educación, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como las enfermedades relacionadas con estos padecimientos, son evitables si se logra una efectiva cooperación entre los diversos agentes involucrados (padres de familia, instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresarios) para fomentar, inculcar y ejercer la creación de estilos de vida saludable y hacer accesibles información y alternativas dietéticas que contribuyan a mejorar la salud de las personas.

En la consecución de dichos propósitos, la educación ha estado en la base de notables avances en materia de salud, de nutrición y de prevención de enfermedades que han contribuido a mejorar sustancialmente la esperanza y la calidad de vida de los mexicanos en las últimas décadas, por lo queuno de los objetivos más apremiantes de las políticas educativa y de salud ha sido enfatizar la importancia de contar con una educación que promueva ante todo el desarrollo digno de la persona, para que pueda desenvolver sus potencialidades, que le permita reconocer y defender sus derechos y cumplir con sus responsabilidades, como con una democratización plena del sistema educativo que abra espacios institucionales de participación a los padres de familia y a nuevos actores con el fin de fortalecer a las comunidades.

DECIMA PRIMERA. La prevención del sobrepeso y la obesidad y el fomento de prácticas adecuadas en materia de nutrición y alimentación requieren de acciones que van más allá de los sectores educativo y sanitario, por lo que ante la evidente necesidad de una política integral de Estado a través de la cual se desarrollen estrategias multisectoriales, intersectoriales y multinivel, las Secretarías de Salud y Educación Pública, con la participación activa de otros representantes del sector público, así como social y privado, suscribieron, el 25 de enero de 2010, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria3 y asumieron la puesta en marcha de la Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, mediante una coordinación nacional de acciones - dirigidas especialmente a los menores de edad, a nivel individual, comunitario y nacional- que logre en la población mexicana cambios significativos en los patrones de alimentación y actividad física, para contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al revertir la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que enfrenta el país, derivadas del sobrepeso y la obesidad; permitan mejorar la oferta y el acceso a alimentos y bebidas favorables para la salud, así como a la promoción de la práctica de actividad física constante a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

En el apartado relativo a las acciones correspondientes a la Secretaría de Educación Pública, en el marco del objetivo prioritario 3. “Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas”, la entidad está obligada a llevar acciones encaminadas a restringir la disponibilidad de bebidas azucaradas en los planteles escolares y elaborará materiales educativos de apoyo sobre los efectos a la salud del consumo excesivo de azúcar, grasas saturadas y sal. Asimismo, por lo que respecta al objetivo 8. “Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo la producción de grasas trans de origen industrial”, la SEP se comprometió a actualizar la normatividad a fin de favorecer que en las escuelas los alimentos que se expendan cumplan con ciertas características.

DECIMA SEGUNDA. Derivadodel Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, el 23 de agosto de 2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica4 que, entre otros objetivos,promueven que en los establecimientos de consumo escolar se preparen y expendan alimentos y bebidas que vayan de acuerdo con una alimentación correcta, así como el impulso de una “cultura de hábitos alimentarios saludables”. Debido a que dicho instrumento emana del acuerdo emitido por dos secretarías de Estado, su alcance normativo tiene un límite formal y material. De ahí que la importancia de que, en el ámbito legislativo, se constituya legalmente el andamiaje que habilite lo norma consensuada por la SEP y la SSA.

DECIMA TERCERA. El pasado 31 de octubre, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. De acuerdo con el documento, la Estrategia tiene el propósito de “promover la construcción de una política pública nacional que genere hábitos de consumo alimenticio saludables y la realización de actividad física en la población, involucrando a los sectores público y privado, así como a la sociedad civil”.5 Las líneas de acción promovidas por el Poder Ejecutivo Federal ubican el ángulo educativo como una de las piedras angulares para el logro de sus objetivos. Sobre el tema, la Estrategia establece una serie de actividades, entre las que destacan:

1.2 Promoción de la salud. 6

Promoción de la alimentación correcta a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitio de trabajo y comunidad).

Desarrollar acciones que promuevan la disponibilidad de agua potable en escuelas, sitios de trabajo y espacios públicos.

• Mejorar la capacidad de toma de decisiones informada de la población sobre una alimentación correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.

• Promover masivamente la alimentación correcta, actividad física y el consumo de agua simple potable.

Promoción de la actividad física a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitios de trabajo y comunidad).

Promocionar la actividad física en las familias, escuelas, sitios de trabajo y ciudades.

Incorporar a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Comisión Nacional del Deporte para implementar acciones de evaluación del estado físico de los educandos.

Realizar una evaluación basal del estado físico de los alumnos de educación básica, considerando factores como el Indice de Masa Corporal (IMC) y condiciones general del estado físico con el fin de suministrarles rutinas de ejercicio adecuadas a sus condiciones de salud.

Comunicación educativa

Diseñar e incorporar al currículo de educación de nivel básico una materia dirigida a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Generar manuales de procedimientos, materiales educativos, cursos en línea para profesionales de la salud, distribución de las guías internacionales y la norma nacional en unidades de primer contacto y hospitales de segundo nivel.

Establecer un grupo asesor de expertos en nutrición, promoción de la salud y salud pública para apoyar las campañas de comunicacióneducativa y los contenidos de salud y nutrición en los Libros de Textogratuitos.

DECIMA CUARTA. La Secretaría de Educación Pública ha reconocido el grave riesgo que representa la obesidad infantil y ha expresado que dentro de sus atribuciones puede definir contenidos educativos para que niños y adolescentes tomen conciencia de la buena alimentación desde la escuela. Asimismo, ha iniciado una serie de estrategias y consultas con las dependencias del sector salud y las autoridades educativas de los gobiernos estatales para enfrentar de manera conjunta este problema, cuya naturaleza es multifactorial, es decir, tiene que ver con la cultura alimenticia de las familias, las prácticas de comercialización de productos en los centros escolares, los hábitos sedentarios de los educandos propiciada por la falta de seguridad y espacios de recreo, el comercio ambulante afuera de las escuelas y la relativa facilidad para adquirir golosinas y refrescos antes que agua pura y alimentos de calidad, entre otros tantos.

DECIMA QUINTA. En el campo legislativo, el pasado 26 de febrero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto por el que se reforma el artículo 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX. En el Quinto Transitorio III, apartado C, a la letra dice: “Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”

Derivado del nuevo texto constitucional, el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a la Ley General de Educación (DOF, 11 de septiembre de 2013) paras establecer que: “La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el

Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental”. (Artículo 24 Bis de la LGE).

DECIMA SEXTA. Asimismo, el artículo 7 de la misma Ley estipula, como fines de la educación impartida por el Estado, el fomento de la educación en materia de nutrición y estimular a educación física y la práctica del deporte (fracción IX), y la creación de conciencia sobre la preservación de la salud (fracción X).

En este marco, la pertinencia de la instrumentación de políticas públicas las sugeridas por las promoventes de la proposición para abatir el sobrepeso y la obesidad y, su vez, fomentar prácticas adecuadas en materia de nutrición en las escuelas, deberán estar encaminadas a lograr un cambio de actitud entre la población, de tal manera que podamos, en el corto y mediano plazo, motivar cambios significativos en los hábitos alimenticios y conservar tradiciones saludables desde el hogar y en las escuelas.

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo de las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Ivonne Liliana Alvarez García, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, en el marco de sus atribuciones y con fundamento en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, diseñe e incorpore al currículo de educación de nivel básico contenidos dirigidos a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, enfatizando la educación nutricional.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores, a 13 de marzo de 2014.

COMISION DE EDUCACION”.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen.

1 Secretaría de Salud. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Ver documento completo en: http://ensanut.insp.mx/resultados_principales.php

2Ïbidem.

3 Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública (2010). Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Ver documento completo en:

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Acuerdo%20Original%20con%20creditos%2015%20feb%2010.pdf

4 Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública (2010). Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica Ver documento completo en: http://www.insp.mx/alimentosescolares/

5Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Presidencia de la República, 2013.

6Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. (2013). Presidencia de la República, pp. 61-63.





 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)



- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen.





 

COMISION DE EDUCACION

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes antes mencionados

Se le concede el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión.

- El C. Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Nuestro voto, el de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, obviamente es a favor de estos dictámenes presentados por la Comisión de Educación; y corresponde no sólo a la importancia que en la actualidad tiende a fomentar una educación nutricional de calidad, sino también a la urgencia que hoy representa erradicar de fondo dos grandes padecimiento sociales: El analfabetismo y la falta de oportunidades para los jóvenes en las universidades y demás instituciones de educación superior.

Obviamente fomentar la educación nutricional de calidad. Atender desde el ámbito de la educación pública la prevención, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes como el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo, es atender al mismo tiempo un problema de salud pública que cobra la vida de por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de este tipo de enfermedades y desórdenes alimenticios.

Este problema se ha agudizado a partir del desarrollo de una cultura alimenticia de consumo de productos de bajo o nulo valor nutricional que comienza en los hogares, en los centros recreativos y en las comunidades y se extiende en gran escala a los centros educativos, en donde de forma indiscriminada y sin ningún control legal ni orientación formativa se permite y fomenta su consumo a través de la producción y comercialización de este tipo de alimentos, principalmente entre aquellos que cursan la educación básica y la educación media superior.

Otro factor que incide en el crecimiento de este problema de salud pública ha sido, sin duda, la reducción de las actividades físicas que poco a poco han dejado de ser prioritarias o relevantes para muchas personas en edad escolar, lo que contribuye a la proliferación de actividades sedentarias de esparcimiento, por la que optan miles de niños y jóvenes en nuestro país, y la nula práctica del deporte.

Lo más grave todavía, es que esta situación se reproduce en muchos centros urbanos e instituciones educativas de nuestro país; y se complica aún más por la falta de espacios para la actividad física y la práctica del deporte, así como por la falta de contenidos educativos integrados al currículo de educación básica y media-superior, que refuercen la conciencia de los educandos sobre la importancia de atender con una adecuada tutoría las medidas necesarias para al desarrollo de una vida saludable y la prevención de enfermedades.

Queda, claro que el tiempo excesivo de actividades sedentarias, el poco tiempo dedicado a actividades físicas, moderadas o vigorosas; el consumo cada vez mayor dentro y fuera de los centros escolares de alimento chatarra y la falta de una política educativa que obligue a la incorporación de contenidos pedagógicos que fortalezcan la educación nutricional, sugieren ser, entre otras, las causas de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas observadas en México en los últimos años, especialmente entre la población infantil.

Por otra parte, resulta de la misma forma urgente que la autoridad educativa federal implemente las acciones necesarias para erradicar dos grandes problemas sociales vigentes aún en pleno siglo XXI: el analfabetismo y la falta de oportunidades de estudios superiores para los jóvenes de México.

Por eso me parece no sólo acertado, sino necesario que en la erradicación del analfabetismo las universidades y demás instituciones de educación superior motiven la participación de sus estudiantes en la enseñanza de la lectoescritura, particularmente para grupos de población con rezago, marginación y pobreza que por distintas razones no pudieron acceder a la educación formal.

Terminar con el analfabetismo aproxima a nuestro país a las sociedades del conocimiento y fortalece las bases de colaboración y solidaridad entre quienes más saben y los que más lo necesitan.

Qué mejor forma de hacerlo que impulsando a que sean los propios jóvenes universitarios quienes, como una modalidad para liberar su servicio social, presten verdaderamente un servicio de la mayor trascendencia para nuestro desarrollo cultural nacional.

Pero así como hoy demandamos acciones de alfabetización para las poblaciones con mayor rezago, también demandamos mayores oportunidades de estudio para quienes aspiran a ser los depositarios de nuestro futuro científico y tecnológico.

Actualmente las oportunidades de acceso a la educación superior siguen siendo particularmente limitadas en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, no sólo por la falta de recursos para ello, sino especialmente por la falta de instituciones educativas que puedan ofertarlas.

Es en ese sentido que me parece de la mayor trascendencia que las autoridades educativas replanteen las necesidades de la educación superior como una verdadera política de Estado que facilite, impulse y promueva la creación de nuevas universidades, como la Universidad de los Pueblos del Sur en el estado de Guerrero, que un grupo interdisciplinario de profesionistas vienen impulsando desde hace varios años, y para que en estos casos fortalezca las que ya existen, proporcionando mayor financiamiento público o autorizando su transformación de universidad de carácter estatal a universidades de naturaleza regional como es el caso de la propia universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que ya lo amerita.

El acceso a la educación superior y su gratuidad plena, son derechos humanos fundamentales que no podemos seguirle negando a las futuras generaciones, como tampoco podemos seguir siendo indiferentes ante la falta de una educación nutricional adecuada y ante la atención integral del analfabetismo.

Considerando lo anterior, es que nuestro voto será a favor de los tres dictámenes referidos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispurto Torres: Gracias, Senador Morón Orozco.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse al dictamen sobre educación nutricional.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchísimas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Por supuesto que estamos a favor del punto de Acuerdo en donde se solicita que se incorpore al currículo de educación de nivel básico el tema de la salud nutrimental para que se evite la obesidad en México, la obesidad infantil, principalmente.

Sin embargo, tenemos que razonar este asunto, sobre todo porque en el país existen ya en la currícula de educación preescolar, primaria y secundaria, hábitos alimenticios.

Desde mi visión, por supuesto que el tema no es solamente en ese sentido, porque en los diferentes niveles de educación básica el tema es tratado.

Nosotros seguiremos insistiendo que no va a haber educación de calidad si no se alimenta a los infantes de este país, ese es el asunto.

Los niños que asisten a la escuela en México, ¿comen o no comen?

Niñez es vida, y para poder generar hábitos alimenticios a los niños, sin duda que hay que enseñarles, desde el preescolar, cómo pueden adquirir estos hábitos y esto no se puede hacer más que en la práctica.

La primera actividad que debieran tener todos los niños de educación básica en México, antes de meterse a las aulas con los maestros, es precisamente desayunar, y que en ese desayuno se le explique al niño de qué está compuesto.

Nosotros lo hemos dicho en muchos foros, añoramos los apoyos que daba el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el primer acto, en mi tiempo, era el desayuno escolar.

¿En qué consistía? Bueno, consistía en un cuarto de leche.

Todos sabemos de las proteínas, los minerales, las vitaminas y el compuesto nutricional que tiene este producto elemental del que hoy carecen millones y millones de infantes en este país.

Luego, junto al cuartito de leche, nos daban una torta de jamón, jamón endiablado o de queso de puerco.

Y revisando las propiedades nutritivas, o nutrimentales de este producto, tanto del pan con el trigo y de la incorporación del jamón, bueno, pues completaba la dieta y luego era obligatoria una fruta, una manzana, una pera, un plátano, y junto a esto una palanqueta de cacahuate, amaranto o ajonjolí.

Yo digo: “Si los niños de México, en la actualidad, iniciaran la ruta del proceso de enseñanza-aprendizaje en estas condiciones, entonces no tendríamos problemas de diabetes infantil.

Y, ¿qué requerimos, entonces? Que la Secretaría de Educación Pública incorpore, con carácter de urgente, esta medida a todas las instituciones públicas de educación básica en el país.

Son verdaderamente escalofriantes las cifras que nos dan instituciones como la CEPAL.

La CEPAL dice que este país tiene 60 millones de pobres de esos 60, 30 millones están en pobreza alimentaria; de esos 30 millones, el 30 por ciento son niños; es decir, estamos hablando de que aproximadamente 10 millones de infantes en este país comen cuando mucho una vez al día.

Sin duda que es importante, compañeros Senadores, tomar medidas como las que se están proponiendo en este punto de Acuerdo, y coincidimos plenamente, pero no son suficientes.

Cómo enseñarle a un niño a tener buenas costumbres de alimentación, si a la hora de enfrentar la teoría con la práctica y la práctica no existe, ni siquiera un mendrugo de pan para alimentar a nuestros escolares.

Quiero concluir diciéndoles, compañeros Senadores, que el Senado de la República, como una instancia del Estado mexicano, tiene que ser enfática en que los desayunos escolares tienen que llegar con carácter de obligatorio a todos los escolares de nuestro país.

Una política pública que no se han atrevido a impulsar desde el gobierno de Peña Nieto. Y como están actuando, dudo mucho que lo hagan.

Pero el Senado, reitero, tiene que parar el hambre que cabalga sin freno a lo largo y ancho del país en las escuelas, si realmente quieren que haya educación de calidad.

Por su atención, muchas gracias.

Y por supuesto, a favor del punto de Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes de la Universidad Continente Americano, campus San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por el Senador Fernando Torres Graciano.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, para referirse al dictamen sobre educación nutricional.

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Compañeras y compañeros Senadores:

Hago uso de la palabra, a nombre de los compañeros del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, para agradecer a los integrantes de la Comisión de Educación por el trabajo realizado a favor del presente punto de Acuerdo. Por el apoyo a uno de los temas más preocupantes hoy en día, que es abatir los trastornos de la conducta alimentaria, así como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y demás enfermedades relacionados con la población infantil.

El presente expresa la importancia de fomentar buenas prácticas alimentarias, así como impulsar el conocimiento de la materia de alimentación, nutrición y actividad física en los planteles educativos y que se promueva a los niños y niñas al mayor control sobre su salud.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2012, revela que el 35 por ciento de los adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Además indica que uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad en cifras que son muy alarmantes para su salud.

Lograr una educación alimentaria sana y nutricional, es que los niños y las niñas adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación saludable.

La infancia y la adolescencia son las etapas en las que se establecen los hábitos alimentarios, que después nos acompañarán el resto de nuestra vida, determinando así nuestro estado nutricional y salud. Por ello, es importante cualquier esfuerzo encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos de alimentación durante esta etapa de la vida.

De la anterior a esta propuesta que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública va a diseñar e incorporar en la currícula de educación a nivel básico, contenidos, dirigidos a la promoción de la salud y de la nutrición.

Solicito a todos ustedes su respaldo al presente punto de Acuerdo.

Y agradezco de nueva cuenta a la Comisión de Educación su voto a favor, y que hoy se presente ante este Pleno la preocupación, pero más la ocupación por fomentar una educación alimentaria sana y nutricional entre los niños y niñas de México.

Por su atención y su apoyo, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Hernández Lecona.

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Torres Peimbert, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora María Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Quiero felicitar a la Senadora y solicitarle si me puedo adherir a su propuesta.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría tome nota de ello. Con todo gusto.

Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Como les informamos al inicio de la sesión, tenemos ya los dos dictámenes que proponen diversas menciones conmemorativas para el año 2014.

En consecuencia, procederemos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”.

Este dictamen está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, por lo que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 193 y 195 de nuestro Reglamento, por lo tanto, queda de primera lectura

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL 2014 COMO “AÑO DE OCTAVIO PAZ”

(Dictamen de primera lectura)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.

“COMISIONES UNIDAS DE CULTURA;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

H. ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segundade la Cámara de Senadores fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República el Proyecto de decreto por el que se declara al 2014 como “Año de Octavio Paz”, aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2014.

Con fundamento en el primer párrafo del artículo 72de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de decreto por el que se declara al 2014 “Año de Octavio Paz”, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El once de diciembre de dos mil trece la diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 2014 como “Año de Octavio Paz”.

2. En esa misma fecha, once de diciembre de dos mil trece, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó turnarla a la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

3. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Comisión de Cultura y Cinematografía aprobó su opinión en sentido positivo, remitiendo el mismo a la Comisión de Gobernación.

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

5. El 27 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación con 383 votos en pro y 1 abstención.

6. El 4 de marzo de 2014 la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda el Proyecto de decreto por el que se declara al 2104 “Año de Octavio Paz”.

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y valorar la viabilidad del mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada diputada Sonia Rincón Chanona, integrante del grupo parlamentario de Nueva Alianza, cuyo contenido es declarar oficialmente al 214 como Año de Octavio Paz, en reconocimiento a su destacada obra literaria que lo hizo merecedor a las más altas distinciones a que puede aspirar un escritor, entre ellas, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Cervantes, Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Gran Cruz de la Legión de Honor y el Premio Novel de Literatura, además de ser un destacado integrante de El Colegio Nacional y de la Academia de la Lengua.

Tanto las Comisión de Gobernación como la de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados manifestaron su conformidad con el propósito de celebrar al poeta y ensayista mexicano en ocasión a la celebración del centenario de su nacimiento, postura que fue avalada por el Pleno de la asamblea sin ningún voto en contra, esencialmente por la universalidad de su obra, su congruencia política en favor de la democracia y la libertad y por el amplio legado cultural que le brindó a nuestro país.

Desde la perspectiva de la colegisladora, la celebración de los cien años del nacimiento del Nobel de Literatura mexicano, permitirán una mejor comprensión de obras como El Ogro Filantrópico y El Laberinto de la Soledad en pleno ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos.

Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras

El 31 de marzo de 1914, hace cien años, en el antiguo pueblo de Mixcoac, nace el distinguido e ilustre escritor mexicano Octavio Paz, quien constituye el intelectual mexicano de mayor influencia a nivel internacional durante la pasada centuria y cuyas reflexiones sobre la sociedad mexicana de ayer y hoy serán siempre un referente para conocer nuestra idiosincrasia y cultura.

Su obra, ha sido traducida a una gran diversidad de idiomas. La idea de México en el mundo intelectual contemporáneo tiene una inmensa deuda con el maestro Paz, quien desde la perspectiva de un ensayista y crítico independiente, polemizó en una gran diversidad de temas y campos del conocimiento, caracterizándose por su rigor intelectual y firmeza, pero quien, además, legó una obra poética de gran profundidad y belleza y obras críticas sobre la política, las artes visuales, la poesía y la historia, entre otros temas.

Octavio Paz fue un idealista de la revolución influenciado el pensamiento de su familia y, en su momento, se encaminó al viejo continente para participar en la defensa de la República de España en su lucha en contra del franquismo y el fascismo creciente en muchos países del viejo continente. Su voluntad crítica lo llevó en su oportunidad a distanciarse con los movimientos revolucionarios porque no encontró la realización de sus ideales, sino una cruenta violencia ejercida en contra de quienes se oponían a la imposición de autoritarismo, circunstancia que lo hizo un férreo crítico del estalinismo que, en su momento, cobró vigencia en muchos países y movimientos sociales.

Octavio Paz enfrentó muchos debates; la denuncia del totalitarismo y la antidemocracia del socialismo real durante la primera mitad del siglo XX, porque consideraba que la sociedad civil desaparecía bajo los regímenes antidemocráticos. Fuera del Estado no hay nada ni nadie, decía respecto de la Unión Soviética y demás naciones del este. Este debate lo acercó a posiciones liberales y a la defensa de la democracia como forma de convivencia humana, convencido de que la misma era una vía posible de entendimiento de las sociedades contemporáneas.

Octavio Paz consideraba que la democracia "…no es un absoluto ni un proyecto sobre el futuro: es un método de convivencia civilizada. No se propone cambiarnos ni llevarnos a ninguna parte; pide que cada uno sea capaz de convivir con su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que todos preserven y defiendan los derechos de los individuos" 1.

El destacado intelectual mexicano fue siempre un defensor de las libertades cívicas y precursor de los derechos humanos, en su ensayo El ogro filantrópico, resumió su pensamiento crítico respecto de la actuación del Estado en la sociedad, con críticas abiertas al Estado mexicano y a los partidos políticos de esa época. En esa obra sentenció: El Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que la de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina2.

Refiriéndose a sus primeros años en Mixcoac decía: en aquellos años los habitantes del Distrito Federal no habíamos perdido el derecho democrático más elemental: elegir a nuestros alcaldes y regidores. Se olvida que el derecho a elegir nuestras autoridades incluye la libertad de honrar, en público, y a nuestra manera, a nuestros héroes y a nuestras divinidades3.

Destaca de manera especial su interpretación de la figura del ejido en el contexto del desarrollo mexicano, pues sostenía que esta forma de organización como sistema de producción era inferior a la agricultura capitalista. Sin embargo, estaba convencido que el ejido no era para producir más sino para vivir mejor, para vivir de manera diferente, más justa, armoniosa y más libre que la actual. Su función consiste en ser la base económica de un tipo de sociedad que está igualmente lejos del modelo capitalista y del modelo que, sin mucha exactitud, se llama socialista.4

Un momento sobresaliente de su congruencia con las ideas de la libertad y en contra del autoritarismo, fue su renuncia al presidente de la República como embajador de México ante la india, derivado de su reflexión sobre los lamentables acontecimientos del dos de octubre en la Plaza de las tres culturas en Tlatelolco.

Para él, el año de 1968 representó la ruptura del consenso que propició que apareciera la otra cara de México: una juventud encolerizada y una clase media en profundo desacuerdo con el sistema político que nos rige desde hace cuarenta años5.

Los mexicanos siempre tendremos una deuda con Octavio Paz. No sólo por su obra poética y ensayística, sino también por sus lecturas. Su trabajo editorial en la Revista Plural y más tarde en la Revista Vuelta (expresiones de otras publicaciones previas, taller y El hijo pródigo), brindó, primero que nadie, la oportunidad de que los lectores mexicanos se acerarán a las ideas del pensamiento contemporáneo. Fue así como se conocieron diversos ensayos de autores que habían sido traducidos a nuestro idioma de manera muy limitada, tales como Kundera, Irving Howe, Daniel Bell, Joseph Brodsky, Milosz, Kolakowski, Castoriadis o Enzensberger).

Octavio paz fue galardonado en 1990 con el Premio Novel de literatura, en cuya ceremonia hizo un breve discurso que concluyó con las siguientes palabras: Sólo si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la naturaleza, podremos defender a la vida. No es imposible: fraternidad es una palabra que pertenece por igual a la tradición liberal y a la socialista, a la científica y a la religiosa.

Es por ello el Senado de la República está de acuerdo con la propuesta de la colegisladora en el sentido de declarar al 2014 como el “Año de Octavio Paz”, como un singular homenaje a quien, con su obra, mostró un camino posible de conciliación para la patria y la democracia.

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda y para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 constitucional, someten a consideración del Pleno y, en su caso, a su aprobación, el siguiente Proyecto de decreto:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL 2014 COMO “AÑO DE OCTAVIO PAZ”

Artículo Primero.- El Honorable congreso de la unión declara al 2014 como el “Año de Octavio Paz”.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda “2014, Año de Octavio Paz”.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del

Honorable Congreso de la Unión, a 13 de marzo de 2014

Por la Comisión de Cultura

Sen. Blanca Alcalá Ruiz.- Sen. Javier Lozano Alarcón.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández.- Sen. Manuel Camacho Solís.- Sen. Gerardo Sánchez García.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez.- Sen. María Verónica Martínez Espinoza.- Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Luis Fernando Salazar Fernández”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone de inmediato a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores registrados ni reservas de artículos, se reserva para su votación nominal conjuntamente con el siguiente proyecto de Decreto.

Procedemos al trámite del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se declara el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se acepta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, el dictamen está disponible en sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.

1 Citado por Silva-Herzog Márquez, Jesús, Octavio Paz y los Partidos, “Reforma”, sección editorial, 16 de julio de 2005, p. 14

2El ogro filantrópico, México, 1979, Seix Barral, Biblioteca Breve, pag. 85

3Los privilegios de la vista, México, 1990, Centro Cultural Arte Contemporáneo, pag. 28

4Vuelta a El laberinto de la soledad, México, 1981, Fondo de Cultura Económica, pag. 334

5 A cinco años de Tlatelolco, en El ogro filantrópico, México, 1979, Seix Barral, Biblioteca Breve, pag. 150





 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2014 COMO “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE APATZINGAN”

(Dictamen de primera lectura)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda de primera lectura.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se pone de inmediato a discusión.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se le dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaría. En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores registrados ni artículos reservados para su discusión, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de éste y del anterior proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 80 votos a favor y cero en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el Decreto por el que se declara el 2014 como “Año de Octavio Paz” y queda también aprobado el Decreto por el que se declara el 2014 como “Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apantzingán”. Se remiten al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de siete dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que contienen puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.





 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al segundo dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al tercer dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al cuarto dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al quinto dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al sexto dictamen.







 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES,
ORGANISMOS INTERNACIONALES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al septimo dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión los dictámenes antes descritos.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para razonar su voto sobre los dictámenes de los cuales ya hemos dado cuenta.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Señoras y señores Senadores:

En primer término, el dictamen que tiene que ver con la ratificación del Convenio 98 de la OIT, me parece que es muy relevante mencionar que el trabajo que realizan las comisiones que hoy ponen en consideración este dictamen, hacen una exposición muy pertinente respecto del proceso que se ha llevado a cabo para que el gobierno mexicano pueda aprobar este convenio y, sobre todo, las gestiones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De tal manera que esta relación ha permitido que haya grandes condiciones muy favorables para que, sin haber impedimento de esta Secretaría que acabo de mencionar, efectivamente se pueda lograr que el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo pueda aprobarse.

Los méritos son muy importantes, por supuesto. Destaco solamente tres:

Uno tiene que ver con la adecuada protección contra todo acto de discriminación que sea tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo y que además esta protección se ejerza especialmente contra todo acto que contenga alguna intención de sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que esté afiliado o no a un sindicato, o dejar de ser miembro de un sindicato.

Igualmente me parece importante destacar lo que refiere respecto de que las organizaciones de trabajadoras, trabajadores y de empleadores, deberán gozar de adecuada protección contra cualquier acto de injerencia; y por lo tanto, me parece que junto con la referencia respecto de la necesidad de que se prevengan en el futuro casos de violación de este convenio, por supuesto México tendría una visión más integral de otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo que permitan, insisto, dar una respuesta con mayor certidumbre a las trabajadoras, a los trabajadores y, sobre todo, reafirmar el derecho que se tiene sobre sindicación y negociación colectiva.

Sin embargo, voy a presentar una pequeña reserva en el punto de Acuerdo, que tiene que ver con el primer punto donde dice: …”el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos realice las acciones conducentes a efecto de reencauzar el procedimiento para la ratificación”.

Eso tenemos que modificarlo porque no existe “reencauzar el procedimiento”; es un término que se tiene que cambiar. Y lo que proponemos es que sea no hacia la ratificación, como dice, sino reencauzar el procedimiento que permita someter a consideración del Senado la aprobación necesaria para la posterior ratificación.

Es decir, no se puede desde ahorita solicitar que se reencauce el procedimiento para la ratificación. La ratificación viene posteriormente de que el Senado de la República aprueba un tratado internacional, como es la característica de este Convenio 98 de la OIT.

De tal manera que es una cuestión de forma que me parece que es muy pertinente, porque también es de fondo respecto del procedimiento que está inscrito en nuestros ordenamientos y en la Constitución de cómo tiene que ser la aprobación y ratificación de los tratados internacionales.

De tal manera que pongo la propuesta de modificación para que el señor Presidente la ponga a consideración.

Bueno, paso a otro.

Entre los dictámenes que nos presentan la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, quiero hablar sobre el que tiene que ver con la Convención Interamericana Sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, de la OEA, ambos que son de la misma materia.

En el capítulo que tiene que ver con las consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen, en el párrafo número 14, antes tengo que mencionar la pertinencia de aprobar este dictamen, sin embargo, hay una cuestión aquí de forma que es atípica respecto de los dictámenes que se tienen que poner a consideración de la plenaria del Senado de la República.

Y es que no se puede aducir a posiciones que tienen que ver propiamente con los partidos políticos. De tal manera que lo que estoy, ya sé que es una parte de la exposición de motivos de este dictamen, pero no podemos, me parece que es desaciado referir lo que dice este párrafo. Se los leo, dice:

“Durante los gobiernos de Acción Nacional, se trabajó y lograron grandes pasos para fomentar el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y la tolerancia en México. Sin embargo, es necesario fortalecer este compromiso y mantener un esfuerzo permanente por un cumplimiento y fomento irrestricto al Estado”.

No puede haber esta redacción en un dictamen. Siempre, cuando hacemos un dictamen en comisiones, cuidamos mucho no particularizar y referirse a un partido político, porque son los méritos de un trabajo, de una discusión de todas las y los Senadores de todos los grupos parlamentarios.

De tal manera que me parece que esta referencia particular a que solamente en los sexenios de Acción Nacional se trabajó con los méritos que no vuelvo a repetir, me parece que no presenta un dictamen pertinente.

Por lo tanto, estoy sugiriendo que pueda quedar de manera general que el Estado mexicano ha trabajado intensamente, en vez de referirse específicamente al trabajo que se realizó, pues no es el tema a cuestionarse si sí o si no, si mucho o poco, qué tanto por ciento, no es materia de esta discusión; sino es un tema que está inscrito en que procesemos que estas convenciones puedan ser llevadas a proceso para que puedan ser aprobadas por el Senado de la República.

De tal manera que salvo este catorceavo párrafo de este capítulo que yo acabo de referir, efectivamente sufra una redacción.

Esa es la segunda propuesta, señor Presidente.

Paso a otro tema.

Es el que tiene que ver con el dictamen sobre el examen periódico universal que México presentó en el marco de este mecanismo el año pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no como dice el resolutivo, el punto que se está refiriendo al Consejo General de Naciones Unidas. No es así.

De tal manera que estoy presentando la corrección, señor Presidente, para que establezca, como tiene que ser el nombre, el mecanismo de evaluación periódico universal.

México, como todos los Estados parte de la Organización de Naciones Unidas, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Por lo tanto, es importante que corrijamos cómo se llama el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Y la segunda observación tiene que ver a que no es responsabilidad, todas las recomendaciones que México va a aceptar informarnos qué es lo que va a pasar con ellas; sino de una institución como está redactado el punto de Acuerdo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, no es así.

Insisto, esta es una responsabilidad del Estado mexicano, de tal manera que lo que yo propongo en la redacción del punto de Acuerdo es que diga: “El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a informar a esta Soberanía acerca de las acciones que el Estado mexicano emprenderá a fin de atender las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, que la ONU emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013, para México”.

Aquí está también la nueva redacción que pongo a su consideración.

Bien, ahora rápidamente paso al último punto, que tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Bueno, me parece que ya no tengo tiempo, simplemente digo que por supuesto, retirar la declaración interpretativa de esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, va por supuesto encaminada a fortalecer el trabajo que el Senado de la República está ya avizorando próximamente, no solamente con las reformas al Código de Justicia Militar, que por cierto se quita todos los temas que tienen que ver con desaparición forzada de personas, como se escribe en la propia exposición de motivos del proyecto de dictamen, porque el Senado de la República va a entrar a discutir en la legislación, una ley específica sobre esta materia.

De tal manera que retirar esta declaración interpretativa de esta convención por supuesto que incide en que haya grandes condiciones para que pasemos próximamente al dictamen de la ley que tiene que ver con la desaparición forzada de personas.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten para su discusión las propuestas presentadas por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, y la que se refiere a la parte expositiva, que es una cuestión del dictamen, que solo es una cuestión de forma. Solicito a la Secretaría Parlamentaria que haga los ajustes correspondientes para cumplir con la inquietud que ha presentado la Senadora de la Peña Gómez.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al primer dictamen, relativo al Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

Artículo Primero. Debe decir: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos realice las acciones conducentes a efecto de reencausar el procedimiento, y aquí es donde va la adición:

Que le permita someter a la consideración del Senado la aprobación necesaria para la posterior ratificación del Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, de la Organización Internacional del Trabajo.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

- La C. Secretaria Merodio Reza: La siguiente propuesta.

En relación al Examen Periódico Universal 2013, para México.

Primero. debe decir: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a informar a esta Soberanía acerca de las acciones que el Estado mexicano emprenderá a fin de atender las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitió como resultado del Examen Periódico Universal 2013, para México.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la carrera de derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Guadalajara, invitados por el Senador Félix González Canto. ¡Bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, para referirse al dictamen sobre el Convenio 98.

- La C. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

La intención de venir a esta tribuna es la de manifestar nuestra posición como grupo parlamentario a favor de este dictamen al que se acaba de dar lectura, donde se convoca al gobierno federal a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por supuesto que estamos a favor, porque además somos promoventes de este punto de Acuerdo que plantea reafirmar la posición del Estado mexicano a favor de promover la libertad de asociación de las trabajadora y de lo trabajadores sindicalizados en nuestro país.

Es importante el ratificar este convenio, sobre todo si revisamos que estamos en un país donde el 80 por ciento de los trabajadores, que son sindicalizados, no son consultados sobre el sindicato, la agrupación, la asociación a la cual desean pertenecer.

El 80 por ciento de estos casos, cuando un trabajador es reclutado en alguna empresa, ya tiene un sindicato previamente acordado, este sindicalismo que conocemos en el país, todavía como “sindicalismo de protección”, que es más bien de extorsión, incluso para los propios empresarios, para los propios patrones, y bueno, esto impide que ellos decidan libremente por su organización sindical.

Importante también destacar este convenio en un país donde tenemos que reconocer que somos de los pocos, sino es que el único en el mundo, donde a los trabajadores se les define cuál va a ser su destino hablando de la libertad sindical.

Es decir, en nuestra Constitución se establece qué trabajadores van a ser del Apartado A, y qué trabajadores van a ser del Apartado B, es decir, no hay esta posibilidad de unidad, como sí lo existe en muchos otros países del mundo.

 Y bueno, es muy importante esta ratificación. No perder de vista que México se había mantenido bajo reserva de ratificar este convenio en virtud de que existía todavía en nuestro país la famosa Cláusula de Exclusión, una cláusula polémica para el sindicalismo democrático, y una cláusula polémica para el sindicalismo antidemocrático, finalmente aplicada a conveniencia, pero que también vale la pena destacar y decirlo abiertamente, este Senado de la República en la pasada reforma laboral pudo eliminar por primera vez en la historia de nuestro país la famosa Cláusula de Exclusión, quedando con ello en condiciones de congruencia, en condiciones de poder ratificar este Convenio 98.

Por ello nos congratulamos, por ello el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática celebra este dictamen, se manifiesta a favor y ratifica también su compromiso para seguir trabajando por la democracia y la libertad de asociación de los trabajadores mexicanos.

Gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Barrales Magdaleno.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos, en virtud de que se ha agotado la lista de oradores.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban los Acuerdos, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Se recibió un Acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la integración de comisiones. Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.





 

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el presente Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones.





 

Se recibió otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a los Secretarios de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo:



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia está a discusión el Acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.





 

Se recibió otro Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con la Comisión Especial del caso de la empresa Oceanografía, S.A. de C.V.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura al Acuerdo.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho punto de Acuerdo. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Solicito a la Secretaría informe sobre las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones.





 

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura.

Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a periodistas. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EMITIR UN PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERIODISTAS.

“El senador MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCION, POR EL QUE SE SOLICITA, CON TODA ATENCION, A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION TENGA A BIEN EMITIR UN PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERIODISTAS, con base en las siguientes,

Consideraciones

México sufre una oleada de violencia que se ha ensañado con los periodistas y medios de comunicación. Hoy, como nunca antes, el ejercicio del oficio de informar trae consigo altos riesgos. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido, según la organización Periodistas sin Fronteras. En este 2014 que recién comienza, han sido asesinados el columnista Miguel Angel Guzmán Garduño del diario local Vórtice, en Chilpancingo, Guerrero y el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, de los periódicos Notisur y Liberal del Sur del Estado de Veracruz. Benjamín Galván Gómez, propietario de los periódicos Primera Hora y Ultima Hora fue decapitado en Nuevo Laredo, Tamps.

A unos días de la muerte de Gregorio Jiménez, numerosos periodistas y organizaciones marcharon por las calles de la capital de la república y exigieron mayor protección a los comunicadores y acabar con la impunidad que estimula la perpetración de nuevos ataques. Esta proposición tiene la finalidad de recoger dichas demandas, por lo que hace en esta ocasión a la posición en que se coloca a los periodistas en el ámbito judicial federal.

La organización Artículo 19 ha difundido que tan sólo en Veracruz, han sido asesinados 15 periodistas desde el año 2000. Nuestro país se ha convertido en uno de los lugares del mundo con el mayor peligro para quienes mantienen informada a la sociedad. Los ataques a los comunicadores trascienden los bienes jurídicos en tanto personas como la vida, la integridad corporal. Las agresiones van más allá y vulneran a la sociedad en su conjunto pues inhiben o dificultan uno de los derechos fundamentales de las y los mexicanos: la libertad de expresión.

La libertad de expresión es considerada por autores diversos tanto de la ciencia jurídica como de la ciencia política como un derecho de índole instrumental. Dicha concepción obedece a que se trata de un derecho cuya vigencia y ejercicio cotidiano y efectivo posibilita que un cúmulo de otros derechos sean una realidad. La libertad de expresión es la base sobre la que se construye la democracia deliberante, propia del Siglo XXI. Para Guillermo A. Tenorio Cueto, autor de “La Libertad de Expresión y sus Fronteras Contemporáneas” (Porrúa-Panamericana) “La libertad de expresión no sólo merece ser tomada en cuenta, como cualquier otro derecho afectado, sino que –mucho más- requiere de una atención privilegiada: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio del sistema democrático” ( pág. 5)

Aunado a la conculcación de la vida y la puesta en peligro de la integridad física, los periodistas afrontan otro riesgo en el contexto de la escalada de violencia que sufre el país. No se respeta su condición de actores de la libertad de expresión y garantes del derecho a la información cuando entran en contacto con el sistema judicial mexicano. A pesar de que el orden jurídico nacional ha dado grandes pasos para actualizar los derechos de los periodistas en función de los estándares internacionales, los comunicadores son afectados en sus derechos cuando son requeridos por la Justicia. Como parte del esfuerzo de armonización aludido, destacan la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor el 26 de junio del 2012 así como la adición del Artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales por decreto publicado el 6 de junio del 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, la primera no contiene una preceptiva que le permita un esquema de protección de oficio para los periodistas que intervienen en las causas criminales ya sea como sujetos a proceso, como testigos o como víctimas u ofendidos. El segundo ordenamiento se ha venido aplicando en contra de la protección debida más favorable al periodista. En efecto, a pesar de que la norma expresamente prohíbe que se ordene al periodista revelar sus fuentes, a pedido de la defensa se ha consolidado la práctica de citar al periodista, hacerlo comparecer bajo apercibimientos de multas o arrestos y requerirlo que diga quién le ha proporcionado los datos para sus notas. De no invocar el precepto protector de origen, el periodista es objeto de la aplicación de los medios de apremio a disposición del juzgador con lo cual el derecho a la reserva y confidencialidad se transforma indebidamente en la práctica diaria en una mera carga procesal perdiendo el noble propósito que tuvo la intención del legislador de preservar la libertad de expresión en el ámbito judicial.

La situación en torno a los periodistas en calidad de testigos se debate entre la aplicación mecánica de la ley a instancias de las argumentaciones de los defensores de la delincuencia y el compromiso de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación por alcanzar, conservar y consolidar una cultura judicial observante de los derechos humanos.

Cabe mencionar que este último esfuerzo ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas con el otorgamiento del Premio Derechos Humanos 2013.

Por otro lado, no es inusual que se abra proceso penal a periodistas sin pruebas únicamente con el señalamiento de testigos protegidos, miembros de la delincuencia, que le señalan.Los comunicadores son sometidos a juicio, puestos en prisión preventiva y en muchas ocasiones trasladaos a reclusorios de máxima seguridad a grandes distancias separándolos de su familia y compañeros. Finalmente, son absueltos después de meses o años en la cárcel. Se reputación rota y su patrimonio reducido a nada. Un caso emblemático es el del periodista Jesús Lemus Barajas, director de El Tiempo de La Piedad, Michoacán quien fue detenido el 7 de mayo del 2008 acusado de tener vínculos con la delincuencia y absuelto el 11 de mayo del 2011, luego de pasar más de tres años en injusta reclusión.

Como se puede apreciar, la situación de violencia que ha surgido a lo largo y ancho de la República ha colocado a los periodistas en una situación de vulnerabilidad que afecta sus derechos aun cuando comparecen ante la Justicia. De ahí que es necesario que de manera sistemática se garantice que se respetarán sus derechos en tanto actores principales de la libertad de expresión elevando la práctica judicial cotidiana al nivel de las disposiciones protectoras internacionales así como en una sana interpretación de las leyes recientemente expedidas en México y una vigencia efectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera al periodismo como la principal manifestación el derecho a la libertad de expresión. En la sentencia Herrera Ulloa vs Costa Rica, n 118, Argumento del Tribunal se lee lo siguiente:

“Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación primaria y principal de esta libertad y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de los conocimientos o la capacitación adquirida en la universidad. Al contrario, los periodistas, en razón de la actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la comunicación social.”

Y en la sentencia Ichver Bronstein vs Perú, n 150, Argumento del Tribunal:

“Asimismo es fundamental que los periodistas que laboran en dichos medios gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de plena libertad”.

La Convención Americana de derechos Humanos dedica su artículo 13 a la Libertad de Pensamiento y Expresión. En el numeral 3 de dicho precepto se reconoce que puede haber afectaciones a la libertad de expresión por medios indirectos. Además de los casos mencionados en la disposición se establecen también “cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones

El Protocolo que pedimos evitaría la generación involuntaria en los tribunales federales de medios indirectos de afectación a la libertad de expresión, en los términos de la Convención.

La Suprema Corte ha expedido ya sendos protocolos para personas, comunidades y pueblos indígenas; para niñas, niños y adolescentes; con perspectiva de género; así como para migrantes y personas sujetas a protección internacional. En esa dirección se inscribe la necesidad de una guía para que quienes imparten justicia garanticen los derechos de los periodistas.

Con el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a periodistas, la Corte haría una contribución significativa para impedir el efecto silenciador entre los periodistas derivado de una condición de riesgo en las causas penales y fortalecería la incipiente vida democrática de la Nación. Por ello me permito solicitar la aprobación del presente Punto de Acuerdo a los miembros de esta Asamblea.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta con carácter de urgente resolución, con toda atención, a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación tenga a bien emitir un Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a periodistas.

México, Distrito Federal, a 13 de marzo de 2014.

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas”.





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro proponga un replanteamiento en la regulación de estrategias de ahorro complementarias al Sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro, a fin de asegurar el patrimonio de los ahorradores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, CONSAR, PROPONGA UN REPLANTEAMIENTO EN LA REGULACION DE ESTRATEGIAS DE AHORRO COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, AFORE, A FIN DE ASEGURAR EL PATRIMONIO DE LOS AHORRADORES

DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La falta de ahorro en México se presenta como una amenaza a largo plazo para la economía, tanto de las familias como de la nación en sí. El incentivo a los mexicanos para llevar a cabo la cultura del ahorro ha sido prácticamente nulo, puesto que actualmente no hay un equilibrio financiero que les asegure un futuro estable, aunado a que el ingreso que los trabajadores obtienen es apenas lo suficiente para mantener sus necesidades básicas.

En 1997, con la finalidad de reducir los riesgos financieros de los trabajadores al concluir su vida laboral, la Ley del Seguro Social dio paso a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), con el fin de beneficiar a los mexicanos con base en la administración de fondos de retiro y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), por medio de instituciones financieras privadas.

Lo anterior, debido a que es claro que el ahorro generado por los mexicanos durante su vida laboral, contribuye a que en el futuro tengan acceso a una mejor calidad de vida y a que su situación económica sea mucho más estable durante su vejez, además de ser parte fundamental del sistema financiero mexicano.

El problema está en que según el centro de estudios Rand Corporation1, las AFORES no fortalecen el poder adquisitivo de los jubilados, pues al contrario, afirman que lo están erosionando, en tanto que las comisiones que cobran para el manejo de las pensiones son excesivas y, por lo tanto, limitan los beneficios que tendrán los trabajadores en su retiro; asimismo,afirma que dichas comisiones para la gestión de fondos de jubilación en México son las más altas en América Latina y los países de la OCDE, afectando entre el 18 y el 23 % de los ingresos acumulados para el retiro.

Incluso, según especialistas en ahorro e inversión de la firma Principal Financial Group,2 para el 2050, en México se triplicará la cantidad de personas mayores de 60 años que al no tener un ahorro complementario a la AFORE, podrían desencadenar una situación económica crítica para este sector de la población.

Aunado a lo anterior, el presente año ha iniciado con constantes efectos negativos y el comportamiento mensual de la administración de los recursos para el retiro por parte de las AFORES es uno de ellos; durante el mes de enero, las operadoras de pensiones reportaron una caída de recursos equivalente a 2,455 millones de pesos, por su parte, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), inició 2014 con pérdidas por 20 mil 742 millones de pesos y, sin embargo, muchos de los ahorradores no se enteraron de las pérdidas de sus instituciones financieras hasta que llegaron sus estados de cuenta con reducciones considerables de hasta 20% ya hechas a su patrimonio.

Por lo anterior, es claro que las AFORES no generan incentivos para aumentar el ahorro voluntario de los trabajadores mexicanos ni mucho menos, para que vean algún beneficio en salir de la informalidad laboral. Las instituciones intentan evadir su responsabilidad mediante la justificación de que diversificando los recursos de los trabajadores, al haber pérdidas, éstas no serán tan graves, y mientras tanto, los ahorradores tienen que enfrentarse a una reducción del monto de su patrimonio que además, los tomó por sorpresa.

Además, los ahorradores no tienen opción, si consideran cambiarse de administradora para evitar pérdidas, resulta peor, pues no se mueven títulos o instrumentos de inversión, se mueven pesos; es decir, la AFORE vende los títulos a un menor precio del que fueron comprados ya que en ese momento tiene minusvalías y el dinero que recibe es traspasado a otra AFORE, que invertirá esos recursos en nuevos instrumentos.

En México, el mercado de las AFORES no está llevando a cabo los objetivos para los que fue creado, además opera bajo una administración que ha ido generando una economía de mercado imperfecta que no aporta seguridad ni estabilidad financiera.

En consecuencia, las AFORES han dejado de ser un beneficio para los mexicanos, pues su función se ha ido convirtiendo más en la de un banco que en las de un sistema de apoyo al ahorro; las cifras son contundentes, muchos mexicanos no gozan de una cuenta individual y, quienes si lo hacen, corren el riesgo de generar pérdidas considerables a su patrimonio con el paso de los años.

Se trata de un problema estructural que afecta directamente a los trabajadores y enriquece a las AFORES; las llamadas “minusvalías” en los fondos de pensión, son realmente pérdidas millonarias, consecuencia de la baja rentabilidad y los altos precios que cobran las empresas administradoras de fondos y que se traducen en un despojo a los trabajadores.

Además, dichas instituciones que desde 1997 administran los fondos de pensiones, han relevado al Estado de sus obligaciones sociales y han significado un despojo al ahorro de los trabajadores, quienes a cambio de entregar sus recursos al capital financiero para su administración, están recibiendo jubilaciones magras e inciertas.

Ante este escenario, es importante fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados, la volatilidad de la economía a la que hoy se enfrenta el país, es un factor que claramente contribuye al incremento de las fallas de mercado, pero es precisamente la función de organismos como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regular y disminuir los efectos que merman de manera significativa los recursos que recibe un trabajador cuando se retira.

El aseguramiento de los recursos de los mexicanos no puede ser responsabilidad única de las instituciones privadas que tienen como único objetivo la generación de riqueza para sí mismos y no el bienestar social como se supone, es la razón de ser del Gobierno Mexicano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, proponga un replanteamiento en la regulación de estrategias de ahorro complementarias al sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORE, a fin de asegurar el patrimonio de los ahorradores.

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere un informe de seguimiento que asegure que las aportaciones voluntarias hechas al sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORE, sean retribuidas completamente de manera que sirvan como base para que las personas cimienten su proyecto de retiro.

TERCERO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta Soberanía sobre las medidas adoptadas para proteger los recursos de los trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORE”.

Atentamente

Sen. David Monreal Avila”.





 

De los Senadores René Juárez Cisneros, Francisco Salvador López Brito, Sofío Ramírez Hernández y Aarón Irízar López, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SENADORES RENE JUAREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ Y AARON IRIZAR LOPEZ, INTEGRANTES DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU), A ENCABEZARUNA GRAN CRUZADA NACIONAL PARA QUE EL AÑO 2014 SE SIGNIFIQUE COMO UN AÑO HISTORICO EN CUANTO A LAREGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL Y LA ENTREGA DE DOCUMENTOS AGRARIOS Y ESCRITURAS QUE DEN CERTEZA JURIDICA AL CAMPO MEXICANO.

“Los que suscriben, Senadores RENE JUAREZ CISNEROS, FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, SOFIO RAMIREZ HERNANDEZ Y AARON IRIZAR LOPEZ, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad agrícola representa uno de los principales problemas nacionales pendientes a resolver en nuestro país, debido a su rezago y la falta de políticas sociales que contribuyan a resolver la problemática que padece la población dedicada a ese sector.

Es innegable que en las comunidades rurales se concentra la pobreza y la falta de oportunidades. Existe también, una falta de rentabilidad en la producción agrícola que ha derivado en desabasto y que ha llevado a recurrir al mercado exterior para importar alimentos que podrían ser cosechados y procesados en nuestro país, a fin de encaminar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones de vida de millones de personas que viven en las comunidades rurales y que dependen de la agricultura.

Es por ello necesario generar políticas públicas que permitan fortalecer e incentivar la actividad agrícola y, con ello, proporcionar mejor calidad de vida y bienestar para los campesinos y productores agrícolas y sus familias.

Lo que es una realidad es que el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) no ha logrado incentivar la producción en el campo, y se convirtió en una política que a todas luces resultó insignificante ante los subsidios que otorga el gobierno de los Estados Unidos de América a sus productores agrícolas.

La situación de los productores agropecuarios requiere de soluciones urgentes y de fondo. Es necesario entonces que el Gobierno Federal dote al campo de instrumentos y un marco legal que le permita atraer nuevas inversiones.

La fallida y lenta titulación de tierras no ha servido para atraer al campo nuevas inversiones. No fueron suficientes las modificaciones al Artículo 27 constitucional ya que subsisten problemas de invasiones y regularización de la tierra que inhiben la inversión.

Es por ello necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encabece una gran cruzada para regularizar la propiedad rural y entregar los documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano a fin de revalorizar la tierra de los productores agrícolas.

La tierra tiene un valor estratégico ya que representa para las familias campesinas una herramienta de superación social.

Si logramos que las familias rurales se conviertan en verdaderos propietarios de sus tierras y obtengan un documento que así lo acredite legalmente, sabrán valorar y defender su patrimonio además de participar activamente en el relanzamiento del agro mexicano que pretende el Gobierno Federal, ya que podrán, mediante apoyos de los programas federales y el financiamiento de la banca pública y privada, incentivar la producción agrícola.

En este sentido, el Registro Agrario Nacional (RAN) requiere ponerse al día y generar mecanismos modernos que ayuden a agilizar los trámites pendientes para el rezago en la tenencia de la tierra en todo el país.

Asimismo, se requiere que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) haga más eficientes los procedimientos para agilizar la regularización en materia de tenencia de la tierra y reservas territoriales, en coadyuvancia con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

La SEDATU es una dependencia fundamental para impulsar el desarrollo del campo, así como pieza indispensable en el nuevo esquema del Gobierno Federal para atender una estrategia integral para que el campo sea más competitivo en producción y calidad.

Con la regularización de la tierra y la certeza jurídica en el campo motivaremos la participación social y ciudadana de los productores y sus organizaciones. Lo anterior, con el objetivo de que tengan mayor intervención en el diseño, integración, definición, supervisión y evaluación de las políticas públicas del sector rural.

El gran reto para los próximos cinco años es dar resultados concretos que impacten verdaderamente el ingreso de las personas y las familias en el sector rural y, convertir al campo mexicano, en un instrumento poderoso de combate a la pobreza y la marginación.

De la evolución del sector agropecuario depende el desarrollo económico y social de millones de mexicanos. Seguir con una visión miope y clientelar del campo mexicano nos aleja de entender lo que podría representar el hecho de dar un impulso adecuado a la actividad agrícola y ganadera en nuestro país a partir de la propiedad de la tierra. De lograrlo, nuevas generaciones verían que la expansión de la explotación de los productos agrícolas puede ser el motor que impulse el crecimiento de la economía de nuestro país al crear mayor capital y fomentar el ahorro interno y, por consiguiente, mejorar los niveles de vida de la población rural.

Es momento de que México plantee soluciones consistentes y de mediano y largo plazos que permitan alcanzar la autosuficiencia alimentaria, evitar la destrucción del campo y la desorganización de los pequeños y medianos productores. Por el contrario, se requieren políticas agropecuarias, fiscales y crediticias que impulsen esta actividad primaria. La tenencia de la tierra y la certeza jurídica de la propiedad rural son un gran incentivo para detonar el crecimiento de las actividades agropecuarias y combatir la marginalidad del sector rural.

Sin propietarios reconocidos jurídicamente en el sector rural no es posible planear y operar programas y políticas públicas que incentiven la participación social y activa de los pequeños y medianos productores del campo, ni tampoco, mejorar el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo productivo y económico del sector rural y campesino.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con

PUNTOS DE ACUERDO:

Primero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a encabezar una gran cruzada nacional para que el año 2014 se signifique como un año histórico en cuanto a la regularización de la propiedad rural y la entrega de documentos agrarios y escrituras que den certeza jurídica al campo mexicano.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a tomar las medidas necesarias para que el Registro Agrario Nacional (RAN) genere mecanismos modernos que ayuden a agilizar los trámites pendientes para acabar con el rezago en la tenencia de la tierra en todo el país.

Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), a realizar procedimientos más eficientes para agilizar la regularización en materia de tenencia de la tierra y reservas territoriales, en coadyuvancia con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Francisco Salvador López Brito.- Sen. Aarón Irízar López.- Sen. Sofío Ramírez Hernández”.





 

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar indicaciones a las secretarías correspondientes a fin de que sean publicados los atlas de riesgos de asentamientos humanos nacional, estatales y locales, conforme lo establece el Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Protección Civil.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A GIRAR INDICACIONES A LAS SECRETARIAS CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SEAN PUBLICADOS LOS ATLAS DE RIESGOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS NACIONAL, ESTATALES Y LOCALES, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO.

SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta soberanía la Propuesta con Punto de Acuerdo, en donde EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, GIRE INDICACIONES A LA MAYOR BREVEDAD Y CON EL CARACTER DE URGENTE, A LAS SECRETARIAS CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SEAN PUBLICADOS LOS ATLAS DE RIESGOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS NACIONAL, ESTATALES Y LOCALES, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO.

ANTECEDENTES

I. En México, el cambio climático ha puesto en peligro latente los asentamientos humanos, ya que con frecuencia se ha vislumbrado que las localidades más vulnerables se encuentran asentadas en lugares que no debieron haberse urbanizado por sus características topográficas, geográficas o de inestabilidad de suelo, lo cual afecta de forma grave su integridad ante los efectos del calentamiento global, convirtiéndose en zonas de peligro inminente para vivir; ya que el hombre en busca de una mejor calidad de vida, invadió terrenosnaturales que hoy se han convertido como una de las principales dificultades para tratar de implementar políticas de mitigación y adaptación.

II. Los efectos que puede tener el cambio climático, en los asentamientos humanos son de gran importancia, debido a la rapidez con la que crece la población y hace que sea más predominante su presencia. Actualmente el número de asentamientos es muy alto; parte importante del problema del riesgo en el país se asocia con la inadecuada planeación en el ordenamiento territorial, las políticas para la reducción del riesgo, por la deficiente aplicación dela normatividad tanto federal como estatal, la falta de medidas que induzcan a una localización más segura de los asentamientos humanos, el insuficiente manejo de las cuencas hidrográficas, el deterioro ambiental, la marginación, la escasa operación de sistemas de alerta temprana y la insuficiente cultura de prevención y mitigación entre otros.

Resultado de esto, es que según datos del INEGI, hoy en día alrededor de 90 millones de habitantes en el país residen en zonas de riesgo frente a los diversos tipos de fenómenos de origen natural, de los cuales, cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% lo hace en zonas rurales.

III. El Atlas Nacional de Riesgo de Asentamientos Humanos, será un instrumento para el sistema integral de información, compuesto por bases de datos distribuidas, que permitirán realizar análisis de peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo humano ante desastres a escala nacional, regional, estatal y municipal, con la finalidad de contar con información verídica, confiable y única.

El Atlas Nacional de Riesgo de los Asentamientos Humanos, está dirigido a autoridades y dependencias de los niveles de gobierno; autoridades de protección civil, diversas instituciones relacionadas con la planeación territorial, urbana, desarrollo social, ambiental; instituciones académicas y de investigación, así como población en general, con la intención de fortalecer al Sistema Nacional de Protección Civil a través de un esquema homogéneo de valoración del riesgo como una política preventiva y de desarrollo, en suma, contar con una herramienta útil.

IV. Si bien, en México, en los últimos años se ha incrementado el interés por los desastres y sus efectos sobre la población, la solución a dicha problemática se ha resueltode forma tradicional al reducirse fundamentalmente a temas de respuesta inmediata, dejando atrás la prevención. México no ha llevado a cabo un análisis y en consecuencia, no ha implementado algún proyecto o estudio sobre las causas de los desastres asociados con los fenómenos naturales y únicamente se asignan esfuerzos a la reacción en caso de presentarse una contingencia motivada por un evento climático, aplicándose recursos, planes emergente y regulación normativa cuando el desastre ya se produjo.

V. Por otra parte, la capacidad que ha tenido México en formular políticas de mitigación, adaptación y prevención en cuanto a aspectos particulares de la problemática de riesgo y desastre, ha sido normativa, ya que diversas acciones se encuentran previstas en la Ley General de Cambio Climático, incluyendo la integración y publicación del atlas nacional, estatales y municipales de riesgo, sin que a la fecha exista un documento dinámico que incluya evaluaciones en regiones o zonas geográficas vulnerables, que consideren los actuales y futuros escenarios climáticos.

VI. Ahora bien, el punto de acuerdo en mención, tiene la finalidad de solicitar y sensibilizar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia, gire instrucciones precisas a las Secretarías correspondientes a fin de que se cumpla lo que ordena la Ley General de Cambio Climático en su artículo Tercero Transitorio fracción l, inciso a), que a la letra dice:

Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos indicativos:

I. Adaptación:

a) En materia de protección civil, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios deberán establecer un Programa a fin de que antes de que finalice el año 2013 se integren y publiquen el atlas nacional de riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático:

(...)

Por tal motivo, se pone a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, gire indicaciones a la mayor brevedad y con el carácter de urgente, a las Secretarías correspondientes a fin de que sean publicados los Atlas de Riesgos de Asentamientos humanos Nacional, Estatales y Locales, conforme lo establece el artículo Tercero Transitorio fracción l, inciso a) de la Ley General de Cambio Climático, mismos que debieron publicarse antes de que finalizara el año 2013.

Dado en el salón de sesiones, a 13 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván”.





 

De la Senador Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos a reforzar de inmediato acciones de coordinación con el gobierno federal en materia de seguridad pública, con el objeto de disminuir delitos que se han incrementado considerablemente durante los últimos meses. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A FIN DE REFORZAR DE INMEDIATO ACCIONES DE COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR DELITOS QUE SE HAN INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE DURANTE LOS ULTIMOS MESES, TALES COMO LA EXTORSION Y EL SECUESTRO

“La suscrita, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS A FIN DE REFORZAR DE INMEDIATO ACCIONES DE COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL OBJETO DE DISMINUIR DELITOS QUE SE HAN INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE DURANTE LOS ULTIMOS MESES, TALES COMO LA EXTORSION Y EL SECUESTRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

  • Como es del conocimiento público en diversos medios de comunicación se ha hecho énfasis en la situación alarmante en materia de seguridad en que se encuentra el Estado de Morelos, tal es la preocupación de los habitantes de ese Estado que a principios del mes de marzo se llevó a cabo una numerosa manifestación encabezada por médicos y enfermeras en la que participaron diversos sectores de la población de esa entidad.
  • Ante los hechos acontecidos el Gobernador del estado, Graco Ramírez, reconoció que este problema de inseguridad no ha podido revertirse, ante tal situación anunció la implementación de un nuevo plan de seguridad.
  • Según información contenida en la investigación realizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., denominada “SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ, La violencia en los municipios de México 2012”, encontramos lo siguiente:

• Cuautla, Morelos es el municipio con la tasa más elevada de extorsión (50.23 por cada cien mil habitantes), la cual es casi diez veces la media nacional (5.28%).

• De los 20 municipios con los índices de violencia más elevados del país, cinco corresponden a Morelos y tres a Guerrero.

4.- De acuerdo con cifras de incidencia delictiva generada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de secuestro y extorsión se han incrementado alarmantemente, ya que mientras en enero de 2013 se cometieron 5 secuestros, en enero de 2014 se incrementó la cifra a 12; en tanto que en el delito de extorsión se observa un incremento aún mucho mayor, pues en enero de 2013 se registraron 10 extorsiones, y para enero del presente año la cifra se incrementó a 47 casos. De lo anterior se obtiene que el delito de secuestro aumentó en una tasa mayor al 100%; el delito de extorsión de incrementó en casi 500%.

5.- Este escenario de mayor incidencia delictiva refleja y evidencia que las acciones que se han implementado en materia de seguridad, específicamente en el combate y prevención de los delitos de secuestro y extorsión han sido ineficaces, de ahí la preocupación de la ciudadanía y la exigencia de que el Gobernador del estado cumpla con su compromiso de erradicar la inseguridad en el plazo comprometido de 18 meses. Cabe mencionar que dicho plazo fue impuesto por el actual Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez, y está próximo a cumplirse en las siguientes semanas. Ante el incumplimiento del Gobernador se han generado una serie de manifestaciones, y destaca la convocatoria emitida por la sociedad civil para realizar una marcha el próximo 1º de abril del presente año que puede convertirse en un evento significativo.

CONSIDERACIONES

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21, lo siguiente: la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

2.- Que el artículo 1º de la Ley de Seguridad Nacional, dispone que la ley tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia.

3.- Que el artículo 21 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para: llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno delictivo, así como difundir su contenido; y establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes, así como con las organizaciones sociales privadas con el objetivo de orientar a la sociedad en las medidas que debe adoptar para prevenir los delitos establecidos en la Ley, entre otras.

4.- Que ante el evidente y considerable incremento de los delitos de extorsión y secuestro en el Estado de Morelos, es urgente se tomen medidas de seguridad eficaces en coordinación con la Federación que permitan, en el corto plazo, reducir los índices delictivos y en el largo plazo erradicar la comisión de los delitos citados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la presente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta al gobernador del Estado de Morelos a reforzar de inmediato las acciones de coordinación con el Gobierno Federal en materia de seguridad pública, con el objeto de disminuir delitos que se han incrementado considerablemente durante los últimos meses, tales como la extorsión y el secuestro.

Sen. Mariana Gómez Del Campo Gurza”.





 

De la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades en la materia de las entidades federativas a garantizar el acceso a servicios de salud a mujeres embarazadas y niños recién nacidos; a fortalecer las acciones para que en México se alcancen las metas en lactancia materna establecidas en la Asamblea Mundial de la Salud y para que México ratifique los Convenios 183 y 191 de la Organización Internacional del Trabajo, referentes a protección de la maternidad y permiso de maternidad. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y AUTORIDADES EN LA MATERIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE GARANTICEN EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD A MUJERES EMBARAZADAS Y NIÑOS Y NIÑAS RECIEN NACIDAS; FORTALECER LAS ACCIONES PARA QUE EN MEXICO SE ALCANCEN LAS METAS EN LACTANCIA MATERNA ESTABLECIDAS EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y PARA QUE MEXICO RATIFIQUE LOS CONVENIOS 183 Y 191 DE LA OIT, REFERENTES A PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y PERMISO DE MATERNIDAD.

Mónica T. Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; 87 numeral 5; 95, numeral 1; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y AUTORIDADES EN LA MATERIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE GARANTICEN EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD A MUJERES EMBARAZADAS YNIÑOS Y NIÑAS RECIEN NACIDAS; FORTALECER LAS ACCIONES PARA QUE EN MEXICO SE ALCANCEN LAS METAS EN LACTANCIA MATERNA ESTABLECIDAS EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y PARA QUE MEXICO RATIFIQUE LOS CONVENIOS 183 Y 191 DE LA OIT, REFERENTES A PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y PERMISO DE MATERNIDAD, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para la mayoría de las mujeres del mundo la buena salud y el bienestar siguen siendo difíciles de alcanzar. A lo largo de todo su ciclo vital, las mujeres de muchos países del mundo no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de salud. Las niñas a menudo reciben menos atención que los niños en la prevención y el tratamiento de las enfermedades infantiles. En la adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad, la mujer carece de asesoramiento adecuado y de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Durante su 43º período de sesiones, celebrado en 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas propuso que se adoptaran nuevas medidas para mejorar la calidad de la salud de la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todos los programas y las políticas del sector de la salud. Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones había recomendaciones sobre la mujer y las enfermedades infecciosas, la salud mental, la higiene laboral y ambiental, esferas que habían recibido poca atención en la Conferencia de Beijing.

Al firmar la Declaración del Milenio, en septiembre de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 189 países se comprometieron a avanzar hacia un mundo más equitativo y libre de pobreza en 2015. Para lograrlo, establecieron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tres de los cuales se relacionan específicamente con la salud. El ODM 3 compromete la reducción, en dos terceras partes, de la mortalidad durante los primeros cinco años de vida. El ODM 4 se refiere a la mejora de la salud materna y se traduce en dos metas orientadas a disminuir la mortalidad materna y dar acceso universal a la salud reproductiva. El ODM 5 define haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a la humanidad.

A pesar de los esfuerzos derivados de estas recomendaciones, en América Latina el 50% de los embarazos no son planificados. Existen barreras geográficas, económicas y culturales que limitan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por toda la región. América Latina es además la única región del mundo donde la proporción de adolescentes que son madres no ha disminuido en los años recientes: uno de cada cinco embarazos ocurre entre mujeres adolescentes, grupo que presenta las más altas probabilidades de muerte durante el parto que las mujeres mayores, especialmente en el grupo de población entre 10 y 13 años.

En este contexto, la situación de nuestro país es motivo de una profunda preocupación, de acuerdo con el informe "Lactancia y maternidad en México: retos ante la inequidad", elaborado por SavetheChildren, como país estamos muy lejos de cumplir con elObjetivo del Milenio en la reducción de la mortalidad infantil, la realidad es que en 13 entidades federativas se registran tasas de mortalidad por arriba de la media nacional.

Según el documento, basado en datos oficiales, la tasa de mortalidad en menores de 5 años a nivel nacional es de 16.7 muertes por cada mil nacidos vivos. Sin embargo, Tabasco, San Luis Potosí, Durango, Campeche, Veracruz, Baja California, Hidalgo, Estado de México y Chihuahua tienen tasas por encima de la media nacional y en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla la tasa de mortalidad infantil rebasa las 21 muertes por cada mil nacidos vivos.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren unas 1.000 mujeres durante el parto o por complicaciones asociadas al embarazo y muchas de estas muertes son evitables mediante la provisión y la atención obstétrica oportuna, es decir, con el personal y el equipamiento adecuados, se pueden salvar muchas vidas y lograr un impacto directo en la reducción de la mortalidad materna.

En este contexto, para Savethe Children, la inequidad constituye el factor determinante en el retraso e incumplimiento de los objetivos suscritos por México en protección de la maternidad, actualmente la media nacional registra 43 muertes por cada 100 mil nacimientos y 65.3 muertos en los estados con muy alto grado de pobreza, muy lejos de la meta que se había planteado nuestro país de bajar hasta 22 muertes la media nacional para el 2015.

La inequidad es más evidente entre las mujeres que viven en zonas rurales donde se enfrentan mayores problemas y obstáculos para tener acceso a los servicios de salud, o en caso de que existan, se enfrentan a barreras del idioma, son de baja calidad, reciben malos tratos por parte delpersonal que carece de entrenamiento y capacidad en prácticas de lactancia materna, situación grave, pues Savethe Children, afirma que si los bebes reciben atención médica adecuada y son amamantados en la primera hora de vida, la tasa de mortalidad infantil se reduciría hasta en 80 por ciento, ya que el calostro actúa como una vacuna natural que los protege de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Sin embargo, la lactancia materna en zonas rurales enfrenta un aumento en el consumo de sucedáneos ante el desconocimiento de los beneficios, ya sea porque el personal de salud no puede comunicarse adecuadamente con las madres indígenas, o porque no tiene la capacitación necesaria como ya se mencionó. Un dato es revelador, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida se redujo en zonas rurales de 36.9 por ciento en 2006, a 18.5 por ciento en 2012, de acuerdo con cifras oficiales.

El momento más crítico para las vidas de las madres y de los bebés tiene lugar en los momentos anteriores al parto, durante el mismo o en los instantes inmediatamente posteriores, y es a lo largo de esas horas cuando se producen la mayoría de las muertes asociadas a la gestación.

Esta es una tragedia que no cesa y a la que se debería de prestar mucha más atención por parte de las autoridades de salud, seguimos viendo morir a demasiadas mujeres durante el parto, a pesar de saber que la atención obstétrica de calidad reduce enormemente el número de fallecimientos.

No debemos olvidar que una muerte materna es una muerte evitable.

Los últimos meses se ha dado amplia cobertura en diversos medios de comunicación sobre casos de mujeres que no son atendidas en los servicios de salud, que han tenido partos en salas de espera o en patios de los hospitales y más grave que han perdido la vida o sufrido la muerte de los bebes por falta de atención o atención inadecuada.

Está claro que por mandato constitucional es obligación del Estado garantizar el acceso a la salud, es urgente que las diversas instituciones públicas desde el gobierno Federal y los diferentes niveles de gobierno coordinen los esfuerzos para brindar atención a las mujeres embarazadas, durante el parto y la maternidad

Son loables las expresiones públicas de diversos funcionarios que manifiestan su indignación y disposición por evitar que esto continúe ocurriendo, sin embargo este no es un asunto que deba quedar sólo en la buena voluntad, por ello considero oportuno retomar las recomendaciones de SavetheChildren y se tomen acciones inmediatas para hacer efectivo el derecho a una atención adecuada durante el embarazo y el parto; que se promueva la lactancia materna como una medida de prevención en la salud de los recién nacidos y se combata la inequidad y situación de pobreza como causas de este fenómeno.

Por todo lo anterior, presento al pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades en la materia de las entidades federativas para que se garantice que sea efectivo el derecho universal a la salud, logrando que todos los recién nacidos y sus madres tengan acceso a un médico antes y después del parto, ya que en México 2 de cada 10 recién nacidos no ven a un médico en el primer mes de vida y existen entidades como Chiapas o Oaxaca donde el 30% de los partos no se realizan bajo supervisión de personal calificada.

SEGUNDO. Se exhorta al gobierno federal para que las instituciones responsables establezcan metas para el aumento de lactancia materna, que se considere alcanzar estas metas a mediano plazo para regresar a las cifras del año 2006 y que la meta a largo plazo sea la adoptada por México en la Asamblea Mundial de la Salud número 65, asimismo,incluir en el objetivo 11 de la Cruzada Nacional contra el Hambre el fomento a la lactancia materna exclusiva, buscando eliminar el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil en la población con pobreza extrema, implementando acciones que empoderen a las mujeres para tomar decisiones sobre la mejor manera para alimentar a sus hijos.

TERCERO. Se exhorta a al Gobierno Federal para que México ratifique los convenios internacionales de la OIT referentes a la protección de la maternidad (Convenio 183 y 191), particularmente en lo que concierne al permiso de maternidad, así como ampliar la cobertura a través del Seguro Popular en Salud para mujeres que trabajan en la economía informal.

Dado en el Senado de la República, 13 de marzo de 2014

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.





 

Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a explicar la razón por la cual los presidentes municipales fueron excluidos del Consejo de Desarrollo Metropolitano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A EXPLICAR LA RAZON POR LA CUAL LOS PRESIDENTES MUNICIPALES FUERON EXCLUIDOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO.

RAUL GRACIA GUZMAN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A EXPLICAR LA RAZON POR LA CUAL LOS PRESIDENTES MUNICIPALES FUERON EXCLUIDOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO Y A QUE SEAN REINCORPORADOS LOS PRESIDENTES MUNICIPALES A DICHO CONSEJO.

ANTECEDENTES

1. Los recursos destinados al Fondo Metropolitano se asignaran prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Para que estos fondos sean implementados es necesario apegarse a las siguientes reglas de Operación que tienen por objeto establecer los criterios que deben atenderse para la aplicación, erogación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano, los cuales tienen el carácter de subsidio federal y deberán destinarse a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso, para impulsar el desarrollo integral de las zonas metropolitanas, cuyos resultados e impacto impulsen los siguientes fines:

a) La sustentabilidad, la competitividad económica y el fortalecimiento de las capacidades productivas;

b) La disminución de la vulnerabilidad o riesgo por la ocurrencia de fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;

c) La consolidación urbana; y

d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. [1] (Federación, 04)

2. En este contexto es necesario y esencial que la participación de los municipios sea activa y que permita que los beneficiados de este fondo sean las personas que habitan en una ciudad o áreas metropolitanas. Es decir que los representantes del primer orden de gobierno como son los presidentes municipales, logren ejercer de mejor maneras los recursos destinados para este fin.

3. Este fondo metropolitano funciona otorgando el recurso al gobierno del estado y este a su vez es manejado mediante el consejo para el desarrollo metropolitano, el consejo tiene la obligación de manejar el recurso y asignarlo mediante la aprobación de proyectos que sean viables y fomenten la sustentabilidad de estos y el beneficio para la población.

4. En este contexto la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer las nuevas reglas de operación del fondo metropolitano en donde de manera arbitraria deja fuera del consejo para el desarrollo del fondo metropolitano a los presidentes municipales. Esto deja sin ninguna posibilidad a los presidentes municipales de poder participar en dicho consejo, el cual es el encargado de aprobar los proyectos y quien es responsable de la asignación de los recursos, es decir ya no tendrá integrante en este consejo y por lo tanto solo podrá participar como un observador en los procedimientos que se llevan a cabo dentro del consejo.

5. Aun a pesar de que en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, si establecía la participación de los municipios dentro del consejo esto se estipula en el artículo 39 de dicho presupuesto el cual establece lo siguiente:

“El Consejo para el Desarrollo Metropolitano, o su equivalente, estará presidido por el gobernador o gobernadores e integrado por el presidente municipal o presidentes municipales y, en su caso, jefes delegacionales, del territorio que integra la zona metropolitana, así como por los representantes que señalen las disposiciones del Fondo Metropolitano. En el caso de zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas la presidencia será rotativa y con duración de por lo menos un año, pudiendo acordar el establecimiento de una presidencia conjunta, en cuyo caso no tendrá término de duración. Dicho Consejo deberá quedar instalado a más tardar el tercer mes del año de ejercicio, salvo cuando se trate del inicio de un nuevo mandato de gobierno estatal, en cuyo caso dispondrá de hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha de toma de posesión del cargo”. [2] (EJERCICIO, 2014)

6. Cabe mencionar que esta misma regla operaba en el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del fondo metropolitano del 2012. Basándose en este último fue como se publico el artículo 39 del presupuesto de egresos de 2014.Es de resaltar que las reglas de operación que fueron publicadas en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 están por encima de los lineamientos que se publicaron en el diario oficial de la Federación.

7. En los lineamientos para las reglas de operación del 2014, simplemente se elimina este texto, dejando fuera a los municipios, esto los deja aun más indefensos de lo que ya estos estaban pues sin tener una representación en dicho consejo los gobernadores tienen la posibilidad de aprobar o no aprobar, los proyectos que presenten los municipios, pues de ellos dependerá esas decisiones.

Para una mayor comprensión de los cambios propuestos por la SHCP. Presentamos la siguiente tabla:

DOF: 26/04/2012

ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.

04/Marzo/2014

REGLAS de Operación del Fondo Metropolitano

Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano, o su equivalente, estará presidido por el gobernador o gobernadores e integrado por el presidente municipal o presidentes municipales y, en su caso, jefes delegacionales, del territorio que integra la Zona metropolitana, así como por los representantes que se señalan en el siguiente numeral. En el caso de zonas metropolitanas en territorio de dos o más Entidades federativas la presidencia será rotativa y con duración de por lo menos un año, pudiendo acordar el establecimiento de una presidencia conjunta, en cuyo caso no tendrá término mínimo de duración. [3] (Federaciòn, 26)

Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará, como mínimo, por los siguientes representantes o su equivalente, quienes tendrán el nivel mínimo de Subsecretario o equivalente [4](Metropolitano., 2014)

Como se puede observar en el cuadro anterior, las reglas de operación del fondo metropolitano contemplaban en la figura del consejo la presencia de los presidentes municipales que si bien es cierto no tenían derecho al voto, si tenían derecho a la voz, lo cual es de extrema importancia ya que en estas sesiones los munícipes podrían expresar sus preocupaciones y necesidades ante el consejo para efecto de la distribución del fondo.

A contrario en las reglas aplicables para el año 2014 como lo podemos observar dejan fuera del consejo a los presidentes municipales sin ninguna razón, lo cual es grave ya que el la naturaleza de ese fondo es el acceso de este recurso a los municipios para su mantenimiento y mejora.

8. Con esta nueva reglamentación se pone de manifiesto, la intención del Gobierno Federal de que el ejercicio de estos recursos sea por medio de los gobiernos de los estados, esto provoca que los municipios queden fuera del consejo para el desarrollo metropolitano, deja al descubierto a los municipios y el ejercicio de estos recursos lo haga los Gobiernos de los estados sin pedir alguna opinión a los municipios. Pues ya no es necesario tener su aprobación o no, ya que ellos no tendrá ni voz ni voto dentro del consejo.

9. Por lo anterior, es necesario que las reglas de operación sean respetadas tal cual lo propone el artículo 39 del presupuesto de egresos de la federación, cabe mencionar que esta forma de operación, si permite a los presidentes municipales que den su opinión en los proyectos en los cuales se utilizaran los recursos del fondo metropolitano.

CONSIDERANDOS

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El tema de la impartición y administración de recursos otorgados por parte de la federación a los municipios metropolitanos de Nuevo León es de gran importancia ya que a través de los años dichos municipios se han visto extremadamente castigados por diversas circunstancias ajenas a ellos mismos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a explicar la razón por la cual los Presidentes Municipales fueron excluidos del Consejo de Desarrollo Metropolitano y a que sean reincorporados los presidentes municipales a dicho consejo, respetando lo establecido en el artículo 39 del presupuesto de egresos de la Federación.

Sen. Raúl Gracia Guzmán”.

Bibliografía

EJERCICIO, P. D. (Enero de 2014). PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL . Mèxico.

Federación, D. O. (2014 de 03 de 04). Reglas de Operación del Fondo Metropolitano Objetivos del fondo metropolitano. Reglas de Operación del Fondo Metropolitano Objetivos del fondo metropolitano . Mèxico: Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

Federaciòn, D. o. (2012 de 04 de 26). Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano . Diario oficial de la Federaciòn.

Fuentes, A. (13 de 02 de 2014). El Economista Divergen sobre Fondo Metropolitano en Mty. Obtenido de El Economista Divergen sobre Fondo Metropolitano en Mty: http://eleconomista.com.mx/estados/2014/02/13/divergen-sobre-fondo-metropolitano-mty

metropolitano, G. M. (13 de 02 de 2014). Grupo Milenio. Obtenido de Grupo Milenio: http://www.milenio.com/region/Cede-repartira-Fondo-Metropolitano

Metropolitano., D. O. (04 de 03 de 2014). Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano . Mèxico.

[1].-. Diario Oficial de la Federación Reglas de Operación del Fondo Metropolitano Objetivos del fondo metropolitano. Fecha de la publicación 04/Mar/2014. Pp. 2-19

[2].- PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 TEXTO VIGENTE (a partir del 01-01-2014) Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 201TITULO CUARTO DE LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS CAPITULO II De los criterios específicos para la operación de los programas. Artículo 39.

[3].- Diario Oficial de la Federación Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Día de la publicación 26/04/2012. P.p. 7-19

[4] .- Diario Oficial de la Federación Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Lineamientos Específicos Coordinación institucional Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Día de la publicación 04/03/2014. P.p. 9-19





 

De los Senadores Angel Benjamín Robles Montoya y Mariana Gómez del Campo Gurza, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a informar sobre las medidas implementadas ante la situación inusitada de violencia que impera en distintos puntos de la República Mexicana, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.







 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a implementar estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a incrementar la competitividad general del país y de todos sus índices a nivel internacional. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE SUS SECRETARIAS CORRESPONDIENTES, A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS, ENFOCADAS A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD GENERAL DEL PAIS Y DE TODOS SUS INDICES A NIVEL INTERNACIONAL.

“El que suscribe, Angel Benjamín Robles Montoya, senador integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Indice de Competitividad Internacional evalúa y compara la capacidad de los países con las economías más importantes y avanzadas del mundo para atraer y retener talento e inversión en sus países. Para lograr estos dos objetivos, los países deben crear condiciones integrales que permitan a las personas y empresas maximizar su potencial productivo. Además, deben aumentar de una manera constante su nivel de bienestar, proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos y, a su vez, maximizar productivamente los recursos disponibles que tiene un país.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es una organización no gubernamental y fue fundado en el año 2003 en la Ciudad de México. Es un centro de investigación aplicada independiente, a-partidista y sin fines de lucro que estudia fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el contexto de una economía abierta y globalizada. Entre los objetivos del IMCO se encuentran las de generar propuestas de políticas públicas para fortalecer la competitividad de México a través de influir la agenda de políticas públicas, mantener el tema de competitividad vigente y lograr autosuficiencia financiera.

En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el pasado 10 de julio de 2013 el Indice de Competitividad Internacional 2013, que desde hace varios años evalúa la posición de México en el contexto internacional en su competitividad.

Este documento incluye a 46 países, con 10 subíndices y 111 indicadores. Los primeros datos que podemos obtener es que México actualmente se encuentra en el lugar 32, significando que en los últimos años el país sigue estancado en esta posición, oscilando entre la 30 y 32, obteniendo su mejor lugar en el año 2005 en el que logró llegar a la posición 29.

En el desempeño de México en el Indice General de Competitividad, que es el índice que engloba los 10 subíndices, nos ubicamos en la posición 32, obteniendo como dato importante que el PIB per Cápita promedio de los primeros 10 países en este ranking es de 58,951 dólares, en contraste el de México es de 10,047 dólares; el promedio de la inversión por trabajador en estos países es de 21,391 dólares y el de México es de 4,908 dólares.

El primer subíndice, sistema de derecho confiable y objetivo, tiene por objeto calificar la existencia y observancia generalizada de reglas claras, libertades y garantías indispensables para un correcto desempeño económico. También evalúa los niveles de seguridad pública y de corrupción en una sociedad.

Este subíndice se integra de 10 indicadores que son: Indice de imparcialidad de las cortes, índice de independencia del poder judicial, índice de corrupción, índice de crimen organizado, índice de derechos de propiedad, índice de libertades civiles, índice de protección a acreedores, índice de piratería informática, tiempo para resolver quiebras y tiempo para ejecutar contratos.

México se posicionó en el lugar 29 con una calificación de 51 en una escala del 0 al 100, comparado con el primer lugar que es Finlandia con una calificación de 92.1.

En el segundo índice que es manejo sustentable del medio ambiente, califica tanto el estado de conservación ambiental como la interacción entre los recursos naturales, las actividades productivas y la población. El subíndice refleja la sustentabilidad ambiental como condición indispensable para generar crecimiento y desarrollo en el largo plazo.

Se integra de la misma manera de 10 indicadores que son: Areas naturales protegidas, cambio en área forestal, eficiencia en el consumo de agua, eficiencia energética, emisiones de CO2, empresas certificadas como limpias, uso de fertilizantes no orgánicos en la agricultura, fuentes de energía no contaminantes, recarga de acuíferos y tragedias ecológicas por intervención humana.

México se posicionó en el lugar 29 con una calificación de 62.1, comparado con el primer lugar que es Suiza con una calificación de 87.5.

En el tercer índice que es sociedad incluyente, preparada y sana, califica los niveles de inclusión, salud y educación de una sociedad. Parte de considerar que el bienestar y las capacidades de la fuerza laboral constituyen una aproximación del capital humano de una sociedad, que a su vez está determinado por la escolaridad, la salud y las condiciones generales de vida de la población, así como por la equidad en el acceso a servicios básicos.

Se integra de 16 indicadores que son: Acceso a agua potable, acceso a alcantarillado, analfabetismo, índice de calidad educativa, cobertura en educación preescolar, tasa de dependencia de la población económicamente activa (PEA), equidad de género en el poder legislativo, embarazos de adolescentes, escolaridad promedio, esperanza de vida, gasto en salud por cuenta propia, índice e GINI, índice de desarrollo humano, población en ciudades medias y grandes, mortalidad infantil y por último mujeres en la población económicamente activa (PEA).

México se ubica en el lugar 35 con una calificación de 54.3, comparado con el primer lugar que es Canadá con una calificación de 84.4.

El cuarto índice que es el de economía estable, el cual mide el desempeño y la estabilidad de la economía que otorga certidumbre a inversionistas, empresas e individuos para planear y tomar decisiones de corto y largo plazo. Este índice incorpora medidas de riesgo relacionadas con el endeudamiento público y privado, así como el riesgo implícito en la volatilidad de la economía de cada país.

Se integra de 14 indicadores que son: Activos financieros, deuda externa, inflación, inflación promedio a 3 años, variabilidad de la inflación, crecimiento del PIB, crecimiento promedio del PIB, variabilidad del crecimiento del PIB, pasivos del gobierno, reservas, activos de los depositantes, índice de libertad para competir, índice de economía informal, y índice de riesgo del sector bancario.

México se posicionó en el lugar 21 con una calificación de 70.5, comparado con el primer lugar que es Chile con una calificación de 83.3.

El quinto índice llamado sistema político estable y funcional, este califica la calidad del sistema político a partir de su legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y efectividad. Se incluyen indicadores que incorporan los derechos políticos de los ciudadanos y su participación en los procesos electorales. También se consideran factores de riesgo que amenazan el desempeño de las instituciones democráticas.

Este índice se integra de 6 indicadores los cuales son: índice de estabilidad política, índice de factibilidad de conflicto armado, índice de libertades políticas, índice de interferencia militar en el estado de Derecho y/o en el proceso político, índice de libertad de prensa y por último el de participación electoral,

México se posicionó en el lugar 36 con una calificación de 67, comparado con el primer lugar que fue Austria con una calificación de 98.8.

El sexto índice nombrado mercados de factores eficientes, el cual califica la eficiencia de los mercados de factores de producción (es decir, los mercados de los insumos que utilizan las empresas para sus actividades productivas).

Este índice se integra de 9 indicadores los cuales son: índice de flexibilidad de las leyes laborales, índice de transparencia y regulación de la propiedad privada, producción de electricidad, productividad agropecuaria, productividad laboral en el sector industrial, productividad media del trabajo, liberación del sector energético, cambio de inventarios y productividad de capital fijo.

En este índice el país se posiciona en el alarmante lugar 39 con una calificación de 27.7, comparado con el primer lugar que fue Estados Unidos con una calificación de 93.3.

El séptimo índice llamado sectores precursores de clase mundial, mide la calidad, eficiencia y costos de sectores precursores tales como los de telecomunicaciones, transporte y financiero, que inciden en la productividad de muchos otros sectores de la economía. Por lo tanto, el buen funcionamiento de estos sectores es una condición necesaria para el desarrollo de largo plazo de un país.

El índice de precursores integra de 13 indicadores los cuales son: Capacidad de banda ancha, carreteras pavimentadas, distancia al principal socio comercial, índice de infraestructura portuaria, líneas telefónicas móviles, tránsito de pasajeros aéreos, red ferroviaria, competencia en la banca, transporte intraurbano de alta capacidad, usuarios de internet, servidores seguros de internet, índice de competencia Boone y penetración del sistema financiero privado.

La nación obtuvo el pésimo lugar 42 con una pobre calificación de 23.6, comparado con el primer lugar que fue Holanda con una calificación de 70.7.

El octavo índice gobierno eficiente y eficaz, mide cómo interactúan los gobiernos con la economía, afectando su desempeño de manera directa e indirecta.

Este índice se compone de 11 indicadores los cuales son: Factibilidad de abrir una empresa, costo de la nómina, costos visibles de importación, índice de efectividad del gobierno, tiempo para calcular y pagar impuestos, impuesto sobre el ingreso, edad de retiro, índice de calidad de gobierno electrónico, miembro de Open Goverment, presupuesto balanceado y tiempo de altos ejecutivos a temas burocráticos.

México se encuentra en la posición 30 con una calificación de 61.7, a diferencia con el primer lugar que es Dinamarca con una calificación de 81.6.

Aprovechamiento de las relaciones internacionales es el noveno índice, el cual califica en qué medida los países capitalizan su relación con el exterior para ser más competitivos. Evalúa temas como el turismo internacional, el comercio exterior y los flujos de capitales a través de indicadores que reflejan tanto el volumen de los flujos como las barreras que enfrentan.

Se compone de 11 indicadores que son: Diversificación de las importaciones, diversificación de las exportaciones, barreras ocultas a la importación, índice de apertura económica, gasto militar, inversión extranjera directa, inversión extranjera directa promedio a 3 años, ingresos por turismo, llegada de turistas, acuerdos comerciales, y participación en organizaciones internacionales.

El país obtuvo el lugar 29 con una calificación de 31, en comparación con el primer lugar que es Bélgica que obtuvo 89.1.

El décimo y último índice es el de innovación y sofisticación en los sectores económicos, este índice califica la capacidad de los sectores económicos de los países para competir con éxito en la economía global, particularmente en sectores de alto valor agregado intensivos en conocimiento y tecnología de punta. Evalúa temas como el nivel de sofisticación de las economías de los países y su capacidad para generar valor a través de la innovación y el avance tecnológico.

Se integra de 8 indicadores los cuales son: Coeficiente de inversión, empresas ISO 9000, empresas nacionales e el Fortune 500, exportaciones de alta tecnología, gasto en investigación y desarrollo, artículos científicos y técnicos, PIB del sector servicios y por último valor agregado de la agricultura.

En este indicador el país se posiciono en el lugar 27 con una calificación de 23.6, en contraste con el primer lugar que es Corea del Sur con un 61.6.

Estos datos nos demuestran que el país se encuentra muy por debajo de la media en todos los índices, queriendo decir que la competitividad de México a nivel internacional es muy baja, lo que afecta en gran medida el desarrollo del país pero principalmente a la economía y al desarrollo humano de los mexicanos.

Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE SUS SECRETARIAS CORRESPONDIENTES, A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS, ACCIONES Y POLITICAS PUBLICAS, ENFOCADAS A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD GENERAL DEL PAIS Y DE TODOS SUS INDICES A NIVEL INTERNACIONAL.

Dado en el salón de sesiones da la Cámara de Senadores, a 13 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asistir a una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, a fin de puntualizar la información del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y de discutir la política económica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE ESTA SOBERANIA, A FIN DE PUNTUALIZAR LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 Y DE DISCUTIR ACCIONES QUE FOMENTEN LA CORRECCION DE LA POLITICA ECONOMICA.

“La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE ESTA SOBERANIA, A FIN DE PUNTUALIZAR LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA, LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 Y DE DISCUTIR ACCIONES QUE FOMENTEN LA CORRECCION DE LA POLITICA ECONOMICA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2013 presenta un balance preocupante del estado que guarda la economía nacional; con lo que se demuestra que nuestro país se encuentra en una alarmante desaceleración producto de una mala gestión por parte del gobierno en turno.

Con relación a la situación económica general, la Secretaría de Hacienda estima que la economía creció 1.3% durante 2013, muy por debajo del 3.5% que se había estimado en los Criterios Generales de Política Económica. Asimismo, se señala que el Indicador Global de la Actividad Económica creció sólo 1.1% al mes de noviembre; la inversión fija bruta cayó 1.8% a octubre; la industrial, por su parte, disminuyó 0.8% a noviembre; el valor de la construcción, 3.7% a noviembre y las ventas en el comercio al por menor,0.6% a noviembre.

El comercio exterior es el único sector que ha mostrado algún dinamismo. De enero a diciembre las exportaciones aumentaron 2.6%. Las no petroleras aumentaron 3.8% y las petroleras cayeron 6.2%, producto de la disminución de la plataforma de exportación de 5.3% y de una baja del precio del barril de 3.2%. Las importaciones crecieron 2.8% y el déficit de la balanza comercial se ubicó en 1,009 millones de dólares. El crecimiento del sector externo se debió a la recuperación económica de los Estados Unidos, ya que el PIB de ese país creció 2.7% durante 2013, más del doble del 1.3% que se prevé que la economía mexicana crecerá en el mismo año, lo que revirtió la tendencia de mayor crecimiento en México que en Estados Unidos, observada después de la crisis de 2009.

La diferencia de 2013 se debió fundamentalmente a que en los Estados Unidos se presentó un repunte del mercado interno y en México el pobre crecimiento se debió sólo al aumento de las exportaciones, ya que el mercado interno estuvo deprimido, por la falta de creación de empleos y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Como el crecimiento de la economía mexicana está condicionado principalmente a las exportaciones, mismas que se destinan casi en 80% a los Estados Unidos, la demanda de ese país es fundamental. Sin embargo, como el contenido nacional de las exportaciones es reducido, el aumento de las exportaciones trae como consecuencia un crecimiento de las importaciones y por lo tanto su efecto se mitiga considerablemente. De lo anterior se entiende que las exportaciones tienen un crecimiento muy superior al del PIB, por lo que tienen que ser excesivamente dinámicas para que tengan un impacto significativo en el crecimiento económico. Por otra parte, el alto contenido de insumos importados tiene un limitado efecto en la actividad industrial. Es decir, la actividad industrial crece mucho menos que las exportaciones y por lo tanto éstas tienen un efecto limitado en la economía real. El limitado impacto de las exportaciones en la actividad económica real, impide que se refleje en la creación de empleos.

El empleo en el sector manufacturero crece mucho menos que las exportaciones no petroleras. De aquí se deduce que la economía fundamentada en el sector externo no es suficiente para crear los empleos que demanda la población y si a ello se agrega la mala calidad de los mismos, da como consecuencia un mercado interno débil. Los salarios no sólo no han mantenido su poder de compra sino que se ha deteriorado. Después de la crisis de 2009, sólo en 2011 aumentaron ligeramente. A diferencia de la economía mexicana, la de los Estados Unidos se fundamenta en un mercado interno fuerte y en exportaciones con mucho mayor contenido nacional.

Es necesaria una política industrial que tenga como propósito elevar el contenido nacional tanto de las exportaciones como de los bienes y servicios que se consumen internamente, lo que sólo se puede lograr con un apoyo integral y decidido a las pequeñas y medianas empresas nacionales, para lo cual no se requieren reformas ni constitucionales ni a las leyes secundarias, sino de que el Gobierno asuma su responsabilidad de conducir la política económica y no, como lo han hecho las administraciones neoliberales, dejar librada a las fuerzas del mercado el desarrollo del sector industrial, lo que sólo ha ocasionado que México se haya convertido en un maquilador de las grandes empresas trasnacionales.

Por otro lado, el número de trabajadores afiliados al IMSS, a diciembre se incrementó 3.5%, respecto al mismo periodo de 2012. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 aumentaron en 463 mil trabajadores, mientras que la población económicamente activa se incrementó en más de un millón, lo que indica que el desempleo y la informalidad han seguido creciendo. Llama la atención que en el informe no se señale que en 2013 el salario base de cotización al IMSS cayó 1.7% en términos reales. Al cierre del año, la inflación se ubicó en 3.8%, por arriba de la meta de 3.0% establecida por el Banco de México. Sin embargo, en el informe no se menciona que la canasta básica aumentó 5.7% y los alimentos 5.3%.

En 2013, el financiamiento otorgado por la banca comercial al sector no financiero aumentó 3.1% en términos reales, menos 4.6% que creció 2012. Esto demuestra que la banca comercial sigue sin cumplir con el propósito fundamental de apoyar el crecimiento económico. En contraste, las utilidades de la banca comercial aumentaron 23.5% en relación con 2012, lo que pone de manifiesto que el margen de intermediación y el cobro de comisiones son tan elevados que no requieren de incrementar sus operaciones de crédito para obtener pingues ganancias.

FINANZAS PUBLICAS

En 2013, los ingresos totales fueron 8.2% mayores a los obtenidos en 2012. El gasto neto fue 6.6% mayor, lo que produjo que al balance presupuestal disminuyera -406 mil millones de pesos en 2012 a -378 mil millones de 2013.

Del análisis comparativo de los ingresos y gastos de 2012 y 2013, se desprenden los siguientes comentarios:

a. Los ingresos petroleros fueron 6.5% mayores, debido a que el IEPS negativo sobre gasolinas y diésel disminuyó a menos de la mitad, lo que compensó la caída de los derechos a los hidrocarburos, derivada de que el volumen de las exportaciones de petróleo crudo, su precio y el tipo de cambio disminuyeron.

b. Los ingresos tributarios fueron 8.4% mayores debido a una recaudación mayor de los impuestos a la renta, compensada en parte por una menor recaudación del IVA. Estas variaciones no son reales ya que la SHCP modificó el criterio para contabilizar las compensaciones entre impuestos. Hasta 2012, se compensaba el impuesto a favor en el impuesto que debía pagarse. Así por ejemplo si un contribuyente tenía un impuesto a favor por IVA lo compensaba con el ISR que tenía que pagar. En 2013 se contabiliza en el mismo impuesto. También los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS), distintos a los de gasolinas y diésel, aumentaron 7.7%.

En el informe, la SHCP señala que estos importantes aumentos se debieron en parte al programa “ponte al corriente” que permitió contar con una recaudación extraordinaria. Otra parte, se debió a que algunos contribuyentes adelantaron el pago de impuestos para evitar los efectos que ocasionará la reforma fiscal en 2014.

c. Los ingresos no tributarios fueron 30.3% mayores. El 72% de la diferencia se originó por la mayor recaudación de aprovechamientos, sin que en el informe se explique esta variación.

d. Los ingresos de los organismos y empresas, sin incluir a PEMEX, fueron 3.2% mayores. Dentro de este grupo destaca que los ingresos de CFE aumentaron 4.4%, lo que en valores constantes significa un aumento de sólo 0.6%.Por otra parte, el aumento en los ingresos del IMSS no guarda consistencia con el crecimiento del número de asegurados. Mientras los ingresos crecieron 1.5%, los asegurados aumentaron 3.5%.

e. El gasto programable fue 7.1% mayor al de2012. El gasto de los ramos autónomos fue 2.0% menor, el de los ramos administrativos aumentó 8.7%, mientras el de la administración pública paraestatal, incluyendo a PEMEX, sólo fue 4.4% mayor. Cabe señalar que el 22.1% del gasto se destinó a obra pública, casi el mismo porcentaje que se destinó en 2012. Esto pone de manifiesto que el gobierno actual no ha tomado acciones para aumentar el gasto en inversión, a pesar de haber dispuesto de mayores recursos.

f. En su conjunto, los ramos administrativos recuperaron los subejercicios que habían tenido hasta el tercer trimestre del año, de tal manera que ejercieron 10.6% más de lo programado. Sin embargo, se advierten diferencias importantes entre dependencias, dentro de la que destaca que a la Secretaría de Energía se le había asignado un presupuesto de 2,334 millones de pesos y ejerció 102,808 millones; es decir, 44 veces más. En el informe no se explica esta desmedida diferencia.

DEUDA PUBLICA

La deuda neta del sector pública continúo creciendo. Al 31 de diciembre de 2012 era de 5 billones 353 mil millones de pesos (el 33.3% del PIB); al 31 de diciembre de 2013 aumentó a 5 billones 994 mil millones de pesos (el 35.0% del PIB); es decir un aumento de 641 mil millones de pesos. El 71% de la deuda es interna y el 29% externa.

INDICADORES DE RECAUDACION

El saldo de los créditos fiscales a diciembre de 2013 ascendió a 516 mil millones de pesos, 152 mil millones menos que los que existían a diciembre de 2012. Durante el periodo enero a diciembre, se recuperaron 56 mil millones de pesos, por lo que se deduce que se cancelaron por lo menos 100 mil millones de pesos, sin considerar los nuevos créditos fiscales que se acumularon en el periodo. En el informe no se incluye una explicación sobre las cancelaciones de créditos fiscales ni sobre los nuevos créditos que se acumularon, por lo que es evidentemente incompleto en este aspecto.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la Republica exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asistir a una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, a fin de puntualizar la información proporcionada en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Cuarto Trimestre de 2013 y de discutir acciones que fomenten la corrección de la política económica.

Dado ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 13 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar un informe de las previsiones que en materia económica se tienen para el resto del sexenio, así como la estrategia que se prevé en materia de miscelánea fiscal respecto a nuevos incentivos y beneficios fiscales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A PRESENTAR UN INFORME DE LAS PREVISIONES QUE EN MATERIA ECONOMICA SE TIENEN PARA EL RESTO DEL SEXENIO, ASI COMO LA ESTRATEGIA QUE SE PREVE EN MATERIA DE MISCELANEA FISCAL RESPECTO A NUEVOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS FISCALES.

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION SOBRE EL ACUERDO DE CERTIDUMBRE TRIBUTARIA al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 27 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado de prensa en el que informa que el Gobierno Federal suscribió un “Acuerdo de Certidumbre Tributaria”1, en el que se establece que durante lo que resta de la administración, el Ejecutivo no propondrá al Congreso ninguna modificación a la estructura tributaria, lo que significa que no habrá nuevos impuestos, no se modificarán las tasas impositivas y se mantendrán las exenciones y beneficios existentes.

Así mismo señala que sólo en el caso de “eventos macroeconómicos sustanciales” se modificará el marco tributario, sin definir a qué se refiere este concepto. Por otra parte, se compromete a combatir la evasión fiscal, promover la formalidad, mejorar la eficiencia del gasto e impulsar la transparencia.

Las únicas modificaciones al esquema tributario que propondrá el Ejecutivo al Congreso serán las relativas al régimen fiscal del sector energético para que, según el comunicado, Pemex y CFE puedan producir más hidrocarburos y electricidad, así como bajar las tarifas de la energía eléctrica. Finalmente establece que el Ejecutivo propondrá al Congreso niveles de déficit decrecientes tendientes a lograr el equilibrio en el balance público, lo que significa reducir los requerimientos de endeudamiento.

En este sentido es preciso realizar algunas observaciones. En primer lugar, sin duda alguna es deseable que exista una estructura tributaria con la mayor estabilidad posible. Pero para que esto sea factible, se requiere que la estructura tributaria tenga las características básicas de proporcionalidad, equidad y suficiencia, de las que carece actualmente y que no se lograron a cabalidad con las contrarreformas de 2013. Es decir, la estructura tributaria aún tiene muchas imperfecciones que deberían eliminarse para que pueda funcionar adecuadamente por un periodo más o menos largo.

Asimismo, es indispensable que la autoridad opere con los niveles de eficiencia y transparencia que le permitan recaudar lo que potencialmente puede aportar la estructura tributaria. Está ampliamente documentada la ineficiencia y falta de transparencia con que opera la autoridad recaudadora, parte de la cual se debe a una legislación inadecuada y propiciatoria de la evasión y elusión fiscales. Aunado a lo anterior, el diseño de la estructura debe ser producto de una visión de largo plazo que parta de las necesidades del Estado para contar con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones fundamentales, no basarse, como hasta ahora se ha hecho, en una visión sexenal que obedezca a los intereses del grupo en el poder.

Establecer un “pacto fiscal” en los términos que señala el comunicado, dadas las deficiencias del sistema tributario actual, representa un importante riesgo, lo que aunado a la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la economía, puede ocasionar un serio problema para el financiamiento del gasto público y resta capacidad para aplicar políticas anti cíclicas oportunas que permitan mitigar los efectos negativos de una desaceleración o recesión económica. Aunque el pacto prevé modificaciones en el caso de “eventos macroeconómicos sustanciales”, el proceso de aprobación e implementación de dichas modificaciones puede llevar demasiado tiempo para que produzcan resultados oportunos.

En este sentido, el diseño tributario actual es puramente extractivo y los incentivos que de éste se derivan no están alineados con los objetivos de mayor trabajo, mayor ahorro y mayor inversión para que derive todo ello en mayor crecimiento económico. Las reformas lo único que logran es hacer aún más obeso al de por sí ya obeso y muy opaco sector público2.

El compromiso de mejorar la eficiencia y transparencia en el gasto público es una obligación constitucional que hasta la fecha no han cumplido las administraciones. No basta con una declaración retórica y mediática para que se tenga certeza de que ahora si va en serio. Lo que se requiere es de políticas públicas específicas que permitan dar un seguimiento a compromisos concretos, que no ha presentado el Ejecutivo.

Las modificaciones al régimen fiscal para el sector energético, que se prevén en la reforma privatizadora aprobada el año pasado, lejos de fortalecer a las empresas públicas, las hacen menos competitivas con respecto a las privadas que se adueñarán del sector.

Por otra parte, si se modificara el régimen de derechos actual aplicado a los hidrocarburos, para dotar de mayores recursos a la paraestatal, tendría un impacto negativo en las finanzas públicas que tendría que sustituirse con otras fuentes de financiamiento, lo que necesariamente implicaría modificaciones a la estructura tributaria, por lo que, en este aspecto el pacto fiscal es contradictorio. Cabe señalar que el 30 por ciento de los ingresos totales del sector público provienen de PEMEX, por lo cual resulta indispensable que el Gobierno Federal explique cómo va a subsanar el vacío fiscal que dejará la modificación del régimen de PEMEX, si bien no pretenden incrementar impuestos.

También sería deseable lograr un balance fiscal de largo plazo. Sin embargo, éste sólo se puede lograr con base en un sistema tributario suficientemente sólido que permita financiar mayoritariamente las necesidades de gasto con ingresos tributarios (impuestos a la renta y al consumo). Para 2014 se prevé que dichas fuentes de financiamiento aporten el 60% del gasto, por lo que subsiste una importante brecha que se pretende cubrir principalmente con los derechos a los hidrocarburos y el endeudamiento, lo que demuestra que la estructura tributaria, aún con las reformas de 2013, es endeble para que se pretenda mantener sin modificaciones.

Con relación a las medidas excepcionales donde el Ejecutivo Federal sólo propondrá modificaciones en respuesta a “eventos macroeconómicos sustanciales” ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario, sin que lo anterior sea definido a cabalidad, siendo que dentro de la excepción puede entrar medidas impuestas por paquetes fiscales del FMI o del BM, erogaciones a Organismos Internacionales no previstas, crisis económicas como las relacionadas con la desaceleración estadounidense o la sufrida por culpa de la deuda soberana de los países europeos.

Por si fuera poco existen aún regímenes de excepción, como son el minero, telecom, incorporación. El Acuerdo, claramente afecta el sistema de pesos y contrapesos puesto que rechaza todo intento de gravarlo.Este tipo de tareas tienen un impacto mediático, como el Pacto y el cambio de estrategia en seguridad, que no tienen mayor soporte que el de los medios de comunicación.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar a esta Soberanía un informe detallado de las previsiones que en materia económica se tienen para el resto del sexenio, así como la estrategia que se prevé en materia de miscelánea fiscal respecto a nuevos incentivos y beneficios fiscales, con el fin de establecer una mesa pública de trabajo en que se analicen dichas previsiones, los alcances del citado Acuerdo para redefinirlo, de ser necesario.

Dado en la Cámara de Senadores, a 13 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Dolores Padierna Luna”.





 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Aarón Irizar López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Zoé Robledo Aburto, Angel Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristain Navarrete y Fidel Demédecis Hidalgo, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA CREACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA LA ATENCION DE LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS DE 2013

“De los senadores Armando Ríos Piter, Aarón Irizar López, José Yunes Zorrilla, Sofío Ramírez Hernández, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristain Navarrete y Fidel Demédecis Hidalgo, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando moción de urgente resolución, la siguiente: Proposición conPunto de Acuerdo para la creación de la Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En septiembre de 2013 diferentes entidades federativas registraron fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y derrumbes, provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, dejando más de un centenar de decesos, miles de damnificados y pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, regiones ganaderas y pesqueras. La población civil y el sector privado resintieron el castigo de la naturaleza.

Desde hace 125 años no se presentaban lluvias de esta magnitud1, provocando al menos 157 muertos y un millón 698 mil 240 damnificados. Se registraron 491 municipios con alguna afectación, lo que representa la quinta parte del territorio nacional, de las 26 entidades dañadas, en 14 se concentra el 58% de los municipios afectados: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

De estos 19 estados de la república que sufrieron algún tipo de daño, los más afectados fueron Guerrero, Veracruz Tamaulipas y Sinaloa, sin olvidar a Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. La Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de emergencia para 386 municipios y declaratorias de desastres naturales en 364 municipios.

El desbordamiento de ríos y los numerosos deslaves provocaron daños a 25 mil 868 viviendas, tres mil 560 escuelas, mil 71 unidades médicas, 138 carreteras federales, 330 estatales, mil 223 vías de segundo orden y 347 puentes. En el campo también se resintieron los efectos de la naturaleza, 569 mil 134 hectáreas de cultivo quedaron inundadas, principalmente de sorgo y maíz, mientras que en el sector ganadero se perdieron 122 mil cabezas y 33 mil 190 colmenas.

En el caso de Guerrero 13,516 viviendas se reportaron dañadas, se colapsaron 152,813 hectáreas, de las cuales 103,000 son de maíz y están cubiertas por una aseguradora, la mitad (52,500) son de diversos cultivos como café, mango, limón, etcétera. 49 de los 81 municipios resultaron con daños. En Tamaulipas 27 de los 43 municipios resultaron con daños a infraestructura social. En el estado de Michoacán 20 de los 103 municipios resultaron con daños, Veracruz 167 de los 213 municipios fueron censados con perjuicios, finalmente Oaxaca 49 de los 570 municipios respectivamente con daños. En su conjunto el número de pérdidas humanas rondo en 153 fallecidos. Una de las características de esta tragedia es que el 71% de los municipios con declaratorias de desastre en los últimos meses tienen índices de marginación entre alto y muy alto.

El Fondo Nacional de Desastres Naturales destinó 22 mil millones de pesos para atender la contingencia y comenzar las labores de reconstrucción. Se estima que los daños económicos de las tormentas tropical “Manuel “y el huracán “Ingrid” ascienden a 15 mil millones de pesos, lo que coloca como el segundo desastre hidrológico más caro para el país, solo por detrás de “Wilma” en 2005.

Ante la catástrofe natural, el Senado de la República se dio a la tarea de responder a la emergencia nacional y a las demandas de los gobernadores de las entidades afectadas; de este modo, el 26 de septiembre de 2013 los Senadores Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca, Benjamín Robles Montoya, René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédecis, un proyecto de decreto donde se proponía crear el “Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca”, proponía la creación de un Fondo Extraordinario para la Reconstrucción de los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, con la asignación de 50 mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, administrados por un Consejo de Reconstrucción, presidido por la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de los estados afectados a fin de destinar recursos para:

a) Servicios Públicos: Reconstrucción de infraestructura para garantizar la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, suministro de carburantes, infraestructura turística y transporte.

b) Gobierno: Garantizar la reinstalación de servicios y funciones de la administración pública.

c) Seguridad pública: Garantizar la seguridad e integridad de la población afectada durante el proceso de reconstrucción, con énfasis en la protección de su patrimonio familiar.

d) Inversión pública: Gestionar y canalizar los recursos de la banca de desarrollo y del sector privado para la reactivación de actividades productivas estratégicas de cada entidad federativa, y

e) Empleo: Un programa focalizado de generación de empleo temporal.

Por la gravedad de los hechos, el 3 de octubre de 2013 los senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar López, José Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez Magaña, Héctor Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma y María del Rocío Pineda Gochi se presento un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como a Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados. La proposición con punto de acuerdo fue aprobado de urgente y obvia resolución y remito al Ejecutivo Federal.

En el marco de la discusión de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, el Congreso de la Unión incorporó un transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, que establece recursos presupuestarios para la reconstrucción de la infraestructura pública afectada en las entidades federativas por los recientes fenómenos hidrometereológicos del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. El Transitorio Sexto de la “Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014”, quedo en los siguientes términos:

“SEXTO. Para atender y mitigar los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos en el estado de Guerrero, se aprueban $7,000,000,000.00, para la creación de una reserva especial en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el objetivo de procurar la oportuna asignación y aplicación de recursos prioritarios para financiar la reconstrucción de la infraestructura federal y estatal en el territorio de dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN y la normativa específica que para tal efecto emita la Secretaría.

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2014, el Ejecutivo Federal, a través de la banca de desarrollo y con el objeto de fortalecer la infraestructura pública en el estado de Guerrero y sur del país, elaborará estudios de preinversión y, en su caso, realizará proyectos ejecutivos, entre los cuales deben considerarse los siguientes:

1. El desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas (Costa Grande, Guerrero) - Puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán).

2. La autopista Intercostera que conecte Michoacán en la Autopista Siglo XXI (Zihuatanejo - Acapulco - Salina Cruz), hasta Puerto Chiapas.

3. La autopista Puebla - Tlapa- Marquelia (Montaña, Costa Chica, Guerrero).

4. Mejorar accesos y libramientos de la Autopista del Sol desde la Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos, Chilpancingo y Acapulco.

5. Construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Papagayo.

6. Modernizar la infraestructura del puerto de Acapulco.

7. "Modernización de los distritos de riego de la región de Tierra caliente y la zona norte (Guerrero).

8. Corredor logístico Salina Cruz - Coatzacoalcos.

9. Camino Filo Mayor en la Sierra de Guerrero”.

A nivel estatal también se realizarán diferentes esfuerzos presupuestarios para enfrentar el desafío de la reconstrucción por estos meteoros, sin embargo, en México los daños que han causado las lluvias, sequías y huracanes de 2000 a 2012 han ido en aumento en México y acumulan pérdidas económicas por 284,351 millones de pesos, equivalentes a más del presupuesto anual conjunto de las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública.

Entre las causas que explican este incremento en el costo y frecuencia de los desastres, se encuentran los efectos del cambio climático y fenómenos sociales como la pobreza.

Sin embargo, el incremento de la precipitación por el calentamiento global no es suficiente para explicar la magnitud de los desastres, como los causados recientemente a estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, a raíz de las tormentas Ingrid y Manuel de septiembre pasado. “Los desastres no son naturales, como se dice, sino que son socialmente construidos por familias que por precariedad económica se asientan en zonas irregulares o desarrollos que se autorizan sin un diagnóstico previo”, lo anterior de acuerdo con el Dr. Norlang García Arróliga, subdirector de estudios económicos y sociales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Es importante mencionar que existe una correlación entre desastres naturales y pobreza, los estados del sureste como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, son los que presentan mayor número de declaratorias en los últimos años, estados donde el índice de marginación es de los más altos a nivel nacional. De acuerdo al Indice de Vulnerabilidad frente a inundaciones, desarrollado con el aval del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), se calcula que el 25% de la población, equivalente a 28 millones de mexicanos, vive en áreas susceptibles a inundación. De ahí que la vulnerabilidad de la población se incremente como consecuencia de sus bajos ingresos, malas condiciones de su vivienda y precarios accesos a servicios de comunicación. La principal característica de este desastre natural es que el 71% de los municipios con declaratoria de desastre durante 2013 tienen índices de marginación entre alto y muy alto.

El récord histórico por pérdidas económicas derivadas de desastres naturales se registró en 2010, cuando el huracán Karl, en Veracruz y Alex, en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, dejaron daños por 82,540 millones de pesos. Dichas pérdidas superaron el monto asignado al Programa Oportunidades ese mismo año (62,335 millones de pesos), según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010, así como las pérdidas ocasionadas por el terremoto de 1985. Las pérdidas económicas ocasionadas por tormentas y huracanes se dispararon a partir de 2005, año en que los huracanes Wilma, Stan y Emily sumaron 45,096 millones de pesos en costos para los estados Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calculan que las pérdidas por Ingrid y Manuel podrían ascender a 75,000 millones de pesos, cifra que de ser confirmada por autoridades gubernamentales, representaría el segundo año con mayores pérdidas económicas de la última década.

El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la prevención y atención del problema se incrementen paulatinamente a través de instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

Sin embargo, las cuentas de cómo se han invertido estos recursos no han sido claras, de acuerdo a Daniel Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres. La política de prevención de desastre hay una serie de contradicciones entre el marco normativo, donde se dice que debe haber una planeación para la prevención, y la respuesta en la reconstrucción, porque acaba siendo una especie de oportunidad para negocios y para lucrar.

Un documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), titulado Control y seguimiento del Fonden2, señala que las irregularidades más frecuentes se detectaron en las auditorías a obras ejecutadas con recursos del Fondo de Desastres Naturales:

a) Desapego a la estructura financiera.

b) Documentación comprobatoria improcedente.- Por ejemplo: notas de pagos de combustibles y lubricantes de fechas anteriores al evento o de otros municipios

c) Incumplimiento de contrato.

d) Saldos no ejercidos: Recursos radicados en el Fideicomiso Fonden no ejercidos en tiempo y forma, con relación a los programas y metas; lo que implica retraso en la ejecución de las obras y del cierre del programa.

e) Comprobación deficiente de viáticos y pasajes (sin notas, facturas, etc.).

f) Retraso en la liberación de pagos de estimaciones y, por lo tanto, en los registros de avances financieros.

g) Deficiencias en la integración de expedientes unitarios y, en general, en la integración de los expedientes de las obras y acciones del programa.

h) Falta de propuestas de los contratistas a quienes se les adjudicó la obra.

i) Falta de fianzas de vicios ocultos.

El documento también menciona la existencia de “pagos improcedentes” que utilizan recursos del Fonden para otro tipo de programas, la realización de obra pública en municipios no considerados dentro de la Declaratoria de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de Gobernación. Aunque el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, confirmó que se creó un Comité de Transparencia integrado por funcionarios junto con la sociedad civil para supervisar lo que se destina a la reconstrucción y mejoramiento tras los desastres, quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos también relevante la participación del Poder Legislativo en la fiscalización y ejercicio de todos los recursos relacionados con la reconstrucción.

Quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo consideramos que el Congreso de la Unión, específicamente la representación de la federación, está en la obligación de velar por el correcto ejercicio de los recursos públicos en todas las entidades, municipios y comunidades afectadas por las tormentas de Manuel e Ingrid, incluso de ser un órgano de vigilancia y supervisión de las obras comprometidas.

Estamos convencidos de la creación de una Comisión Especial para el Seguimiento de los Recursos Públicos para la Atención de los Fenómenos Hidrometeorológicos de 2013, con fundamento en el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, las facultades de fiscalización del Congreso de la Unión, la Ley de Contabilidad Gubernamental y las leyes reglamentarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, a fin de realizar las siguientes funciones:

a) Vigilar que los recursos autorizados, se apliquen de conformidad con los términos, montos y plazos establecidos.

b) Verificar la coparticipación del Gobierno del Estado.

c) Vigilar que en la ejecución de obras y acciones se observe estrictamente la normatividad federal y, en su caso, local, en materia de obra pública, adquisiciones, impuestos, servicios personales, etc.

d) Revisar el apego a la norma en la solicitud y regularización de los anticipos.

e) Asegurar la coparticipación del Gobierno del Estado.

f) Seguimiento puntual a los responsables del ejercicio directo de los recursos, integrarán un Libro Blanco para cada uno de los fondos y de los programas de obras y acciones, de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

g) Solicitar información del destino de aquellos recursos que sean concentrados en los Fideicomisos FONDEN Estatales y en el Fideicomiso FONDEN.

h) En caso de detectar irregularidades y/o desviación de recursos, promover la aplicación de las sanciones administrativas y/o penales a que haya lugar.

También consideramos importante que esta Comisión Especial, desde las facultades del Senado de la República implemente mecanismos de coordinación con la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, los Ejecutivos Locales que permitan el correcto y efectivo ejercicio de recursos públicos, dentro de los plazos fijados y con prioridad en los municipios con mayor marginación y pobreza. Estamos convenidos de la necesidad de convocar en el ejercicio de sus funciones a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de las entidades para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se constituye la Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119 del Reglamento del Senado de la República.

SEGUNDO.- La Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013 tiene por objeto:

I. La elaboración de un diagnóstico integral de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos de 2013 en las entidades federativas;

II. El seguimiento del ejercicio de los recursos federales destinados para la reconstrucción de la infraestructura social y económica en las entidades federativas afectadas;

III. La implementación de mecanismos de coordinación con la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, los Ejecutivos Locales que permitan el correcto y efectivo ejercicio de recursos públicos.

IV. La coordinación con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, y

V. Las demás que establezca la Junta de Coordinación Política.

TERCERO.- La Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013 contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Senadores.

CUARTO.- La Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, se constituirá hasta por 15 miembros, reflejando la pluralidad del Senado y permanecerá en funciones durante el tiempo necesario para cumplir su objeto o hasta la conclusión de la LXII Legislatura.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014.

Suscriben

Sen Armando Ríos Piter.- Sen Aarón Irizar López.- Sen Luz María Beristain Navarrete.- Sen Fidel Demédecis Hidalgo.- Sen José Yunes Zorrilla.- Sen Sofío Ramírez Hernández.- Sen Zoé Robledo Aburto.- Sen Angel Benjamín Robles Montoya”.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a las dependencias federales priorizar las inversiones del Plan Nuevo Guerrero en las pequeñas y medianas empresas de la construcción en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Fomento Económico.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PRIORIZAR LAS INVERSIONES DEL PLAN NUEVO GUERRERO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION EN EL ESTADO DE GUERRERO

“Del Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del GPPRD de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando moción de urgente resolución, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES PRIORIZAR LAS INVERSIONES DEL PLAN NUEVO GUERRERO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION EN EL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

En septiembre de 2013 diferentes entidades federativas registraron fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y derrumbes, provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, dejando más de un centenar de decesos, miles de damnificados y pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, regiones ganaderas y pesqueras. La población civil y el sector privado resintieron el castigo de la naturaleza.

El 26 de septiembre de 2013 los Senadores Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca, Benjamín Robles Montoya, René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Fernando Yunes Márquez, Fidel Demédecis, un proyecto de decreto donde se proponía crear el “Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca”, proponía la creación de un Fondo Extraordinario para la Reconstrucción de los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, con la asignación de 50 mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, administrados por un Consejo de Reconstrucción, presidido por la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de los estados afectados a fin de destinar recursos para la inmediata reconstrucción y reactivación de la economía, del proyecto presentado sobre salian dos ejes rectores de acción del Estado mexicano:

Inversión pública: Gestionar y canalizar los recursos de la banca de desarrollo y del sector privado para la reactivación de actividades productivas estratégicas de cada entidad federativa, y

Empleo: Un programa focalizado de generación de empleo temporal

En el marco de la discusión de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013, el Congreso de la Unión incorporó un transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, que establece recursos presupuestarios para la reconstrucción de la infraestructura pública afectada en las entidades federativas por los recientes fenómenos hidrometereológicos del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”. El Transitorio Sexto de la “Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2014”, quedo en los siguientes términos:

“SEXTO. Para atender y mitigar los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos en el estado de Guerrero, se aprueban $7,000,000,000.00, para la creación de una reserva especial en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el objetivo de procurar la oportuna asignación y aplicación de recursos prioritarios para financiar la reconstrucción de la infraestructura federal y estatal en el territorio de dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN y la normativa específica que para tal efecto emita la Secretaría.

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2014, el Ejecutivo Federal, a través de la banca de desarrollo y con el objeto de fortalecer la infraestructura pública en el estado de Guerrero y sur del país.”

Adicionalmente se realizaron gestiones con el Ejecutivo Federal para impulsar el Programa Plan Nuevo Guerrero, donde las dependencias de la Administración Pública Federal contribuirán en la construcción de un “Nuevo Guerrero”, que proyectos de infraestructura e inversión, orientados principalmente, a construcción de carreteras, conectividad logística, energía, turismo y campo:

a. Se elaborarán estudios de pre-inversión para distintas obras.

b. Se impulsará un plan integral de conectividad ampliando la red de fibra óptica y los puntos de acceso gratuito en escuelas, hospitales, ayuntamientos y otros sitios públicos.

c. Se implementará un Plan Hídrico para la región, elaborándose estudios de pre-inversión y proyectos ejecutivos, llevándose a cabo la rehabilitación y construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco.

d. Creación de nuevos esquemas de operación de los sistemas hidráulicos, los Diagnósticos Integrales de Planeación (DIP) y la Mejora Integral de la Gestión (MIG), para incrementar la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento.

e. En materia de vivienda, se buscará la rezonificación y reconstrucción de casas habitación para albergar a la población afectada.

f. En salud, la construcción del nuevo hospital de Acapulco Guerrero y conclusión del nuevo hospital general en Coyuca de Catalán.

g. Se destinarán recursos sin precedentes para cultivos y especies no asegurados, para la producción, así como a la inversión en infraestructura y equipamiento del campo.

Adicionalmente el “Plan Nuevo Guerrero” encaminará la Política Pública hacia el bienestar social, el desarrollo humano y la participación ciudadana destinando recursos para:

• La construcción de Ciudad Mujer.

• Establecer proyectos sociales que incentiven la participación ciudadana y el aumento en productividad a través de comedores comunitarios, proyectos de vivienda rural e inclusión de las mujeres en proyectos productivos, así como proyectos que fortalezcan la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

• Se ampliará el alcance del Programa de Empleo Temporal (PET), en el estado de Guerrero.

• En materia de Turismo, se relanzará el Centro de Convenciones de Acapulco y se promocionará intensivamente al Estado.

• Se crean clubes de playa públicos.

• En materia educativa, se fortalecerán las escuelas de tiempo completo.

• Se dignificarán las escuelas y se dotará de modernas tecnologías de la información y comunicación. El Plan contempla el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo.

• En educación media superior, se construirán nuevos planteles, se ampliarán los ya existentes y se pondrán en marcha programas de educación abierta y a distancia.

• En materia de Medio Ambiente, se llevará a cabo un programa de reforestación y restauración de suelos.

• Se llevará a cabo un programa de rehabilitación de infraestructura ambiental para gestión de residuos.

• En materia de Seguridad Pública, se contará con un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad y vigilancia, así como un aula de capacitación y laboratorio de simulación.

En la etapa de construcción, y de conformidad con el Presupuesto que apruebe la H. Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014, se alinearán los objetivos de programas presupuestarios para fortalecer la inversión en materia hidráulica, comunicaciones y transportes, así como para promover el desarrollo social y productivo del Estado. El programa cuenta con una partida especial al FONDEN por 7 mil millones de pesos, los cuales, mediante un esquema financiero que defina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permita destinar recursos para la inversión en obra pública del “Nuevo Guerrero” hasta por un monto de 30 mil millones de pesos

Además, se elaborará el Plan Integral de Desarrollo Regional, el cual definirá el objetivo de Política Pública y el monto asignado a infraestructura y proyectos productivos.

CONSIDERACIONES

Guerrero se caracteriza por un desarrollo endémico, que se refleja tanto en sus indicadores de desarrollo económico y social:

• Guerrero, con respecto de las 32 entidades1, ocupó el lugar dos tanto en porcentaje de población en pobreza como en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las cinco entidades con mayor pobreza en el país.

• En 2010, del total de la población que habitaba en el estado, 67.6 por ciento se encontraba en situación de pobreza con un promedio de carencias de 3.4, lo cual representó 2, 290, 679 personas.

• En 2010, el 31.6 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza extrema con un promedio de carencias de 4.1, o sea 1, 070, 793 personas. De lo anterior se deriva que el porcentaje de población en situación de pobreza moderada fuera de 36.0 por ciento con un promedio de 2.8 carencias, es decir, 1, 219, 886 personas.

• Para 2010 el porcentaje de población vulnerable por carencia social fue de 23.2, lo que equivale a 785,321 personas, las cuales aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias sociales; 2.0 por ciento fue la población vulnerable por ingreso, lo que equivale a 67,304 personas que no tuvieron carencias sociales pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas.

• El porcentaje de población no pobre y no vulnerable fue de 7.3 por ciento, es decir, 247,117 personas.

En materia de desigualdad por ingresos2, el Coeficiente de Gini para Guerrero en el 2010 estuvo en 0.514. Esto indica que en 2010, a nivel nacional, Guerrero se encontraba dentro de los 5 estados con más desigualdad en ingresos por habitante.

En carencias sociales3, Guerrero presenta una disfunción en comparación a otros estados de la República. De acuerdo con el Informe de pobreza y evaluación en el estado del Coneval 2012, estos son los indicadores de carencia social en el Estado en el 2010:

a) Rezago educativo: El porcentaje de la población en el estado es de 28.3%, lo que significa que 958, 409 personas son víctimas de esta situación.

b) Carencia por acceso a los servicios de salud: El porcentaje de la población es de 39.6%. En términos absolutos el número de personas con esta carencia es de 1, 342, 044.

c) Carencia por acceso a la seguridad social: El porcentaje de población es de 78.4%. Lo que significa que 2, 659, 366 personas con carencia por acceso a la seguridad social.

d) Carencia por calidad y espacios de la vivienda: El porcentaje de la población es de 40.6% es decir, 1, 374, 868 personas con esta carencia.

e) Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda: El porcentaje de población fue de 40.1% es decir, 1,358, 685 personas con esta carencia.

f) Carencia por acceso a la alimentación: El porcentaje de población es de 42.6%. En términos absolutos son 1, 443, 343 personas con esta carencia.

Los daños ocasionados por las lluvias en el mes de septiembre de 2013, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad y el abandono en que viven amplios sectores de la población en Guerrero, 13,516 viviendas se reportaron dañadas, se colapsaron 152,813 hectáreas, de las cuales 103,000 son de maíz y están cubiertas por una aseguradora, la mitad (52,500) son de diversos cultivos como café, mango, limón, etcétera. 49 de los 81 municipios resultaron con daños, y la mayor parte de las zonas dañadas están directamente ubicadas en zonas de alta o muy alta marginación y pobreza.

Las gestiones realizadas desde el Senado de la República, a partir del punto de acuerdo del 3 de octubre de 2013 por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como a Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los estados afectados y de la iniciativa presentada el 26 de septiembre de 2013, del Fondo Extraordinario de Reconstrucción para los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, contaban en su código genético una idea de reconstrucción de las zonas dañadas, pero también de sentar las bases de un nuevo desarrollo regional, a fin de combatir la pobreza y reactivar la economía con la participación de los empresarios de la región.

Sin embargo, a dos meses de la entrada en vigor de la Ley de Egresos de la Federación 2014, distintas voces de empresarios del Estado de Guerrero han acudido a esta representación popular, a fin de expresar su preocupación en la asignación de los recursos a empresa foráneas por parte de las dependencias federales.

La preocupación no es menor, por parte del Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en representación del Ing. Alfredo Adame Arcos y del coordinador general del Comité directivo de la CMIC, José Damián Valencia Alvarez, que solicitan que en la adjudicación de obras y ejercicio de recursos del Plan Nuevo Guerrero, se garantice la participación de las pequeñas y medianas empresas del Estado de Guerrero, a fin de potenciar los efectos multiplicadores sobre el crecimiento y la generación de empleo en el Estado, sobre todo, en aquellas regiones con mayor marginación y desempleo.

La petición está fundada y motivada, sobre todo por un argumento de maximización de un recurso público en atención para la reconstrucción, sino para atender desde la demanda de la sociedad, de generar empleo y reactivar actividades industriales distintas al turismo, principal motor económico del estado, pero focalizado en el puerto de Acapulco.

La adjudicación directa se encuentra considerada en la fracción II y III del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite bajo dos supuestos flexibilizar los criterios de asignación como son:

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;”

En tal sentido, y en consideración de la pobreza, marginación y desempleo regional del Estado de Guerrero solicitamos a través de este punto de acuerdo a las dependencias del Gobierno Federal que participan en el Programa de Reconstrucción Plan Nuevo Guerrero, con fundamento a la fracción II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de adjudicar prioritariamente los recursos públicos aprobados en la Ley de Egresos de la Federación para la industria de la construcción local en el Estado de Guerrero, con el objeto de mejorar las cadenas productivas y la generación de empleo en las regiones afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos de 2013.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a las dependencias del Gobierno Federal que participan en el Programa de Reconstrucción Plan Nuevo Guerrero, con fundamento a la fracción II y III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de adjudicar prioritariamente los recursos públicos aprobados en la Ley de Egresos de la Federación para la industria de la construcción local en el Estado de Guerrero, con el objeto de mejorar las cadenas productivas y la generación de empleo en las regiones afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos de 2013.

SEGUNDO.- El Senado de la República, en pleno respeto de la división de poderes, exhorta al Lic. Angel Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero,gestionar ante las autoridades federales la canalización de los recursos del Plan Nuevo Guerrero con prioridad a las pequeñas y medianas empresas de la construcción, a fin de integrarlas a la cadenas productivas de restauración de las regiones afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, con el objeto de sentar las bases de desarrollo económico con generación de empleo con prioridad en las zonas de mayor marginación social del Estado de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.





 

“Del Senador ARMANDO RIOS PITER, integrante del Grupo Parlamentario del GPPRD de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando moción de urgente resolución, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCHP Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO UN INFORME DEL EJERCICIO DE RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCION, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

I. El pasado 10 de octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, firmaron el documento de creación del Consejo de Reconstrucción del Estado para transparentar el uso de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden). Dentro del evento "Apoyos para la reactivación económica del Estado de Guerrero", el Mandatario estatal indicó que todos los recursos deben de llegar a sus objetivos.

II. El Senado de la República y la Cámara de Diputados establecieron diversas claúsulas y mandamientos legales para evitar toda posibilidad de discresionalidad o desvió de recursos para la atención de la población más desprotegida y pobre del país, donde el compromiso de los tres niveles de gobierno fue “cero tolerancia” a la opacidad de dichos recursos. Hasta la fecha, se sienten el dolor y la tristeza del desastre ocasionado en septiembre de 2013 por las fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y derrumbes, incluso las pérdidas humanas provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, donde Guerrero resintió con mayor fuerza el castigo de la naturaleza, y como si no fuera suficiente, la tragedia se ensaño en localidades con los mayores índices de pobreza y marginación.

III. Existen en estos meses varios hechos relacionados con el retrasado del ejercicio de recursos autorizados por el Congreso y comprometidos en el acuerdo del 10 de octubre de 2013, que van desde los recursos del FONDEN así como los recursos del Plan Nuevo Guerrero, pero dos hechos relevantes son de suma preocupación para este cuerpo legislativo:

Primero: Del 9 de marzo de 2014, donde el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en respuesta al Folio: 0000600298213, del Expediente: RDA 0264/14, instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer los recursos especiales o extraordinarios adicionales al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), otorgados al estado de Guerrero con motivo de la emergencia por el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. En la resolución se determina revocar la declaración de “inexistencia” de los datos por parte de la dependencia del gobierno federal, y ordenó una nueva búsqueda de los recursos otorgados al estado de Guerrero, con carácter de apoyos especiales o extraordinarios adicionales al Fonden. El pleno informó que en respuesta a un particular que solicitó estos datos, la SHCP lo remitió al vínculo electrónico ReconstrucciónMX, del portal de Internet de la Presidencia de la República en el que se publica la distribución de recursos del Fonden. Sin embargo, el particular interpuso un recurso de revisión en el que precisó que lo solicitado se refiere a la entrega de recursos adicionales al Fonden, para el estado de Guerrero.

En sus alegatos, la SHCP indicó que la Subsecretaría de Egresos, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, manifestó que tras una nueva búsqueda, no localizó dato alguno; por lo cual, el Comité de Información confirmó la inexistencia de la información solicitada. La ponente comisionado Angel Trinidad Záldivar expuso que, de acuerdo con información pública del caso, la Secretaría de Hacienda en conjunto con varias otras dependencias federales, emprendieron diversas acciones para la reconstrucción de las zonas declaradas como desastre natural, luego de esos hechos ocurridos en septiembre pasado.

El IFAI indico que por tal motivo se dispuso de recursos de seguros de riesgo contratados, se realizaron adecuaciones a las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, se diseñaron programas de crédito emergente de bajo costo para municipios a través de Banobras, entre otros beneficios fiscales, y se ejercieron recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), por lo que la SHCP omitió realizar la búsqueda de información en otras unidades administrativas identificadas con competencia para conocer de lo solicitado, como la Subtesorería de Operación, la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, la Unidad de Evaluación del Desempeño, y la Unidad de Contabilidad Gubernamental.

Segundo. El Gobierno de Guerrero omite datos del FONDEN. El portal oficial del gobierno de Guerrero no cuenta con información disponible acerca de los recursos adicionales para la reconstrucción del estado, luego de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel; incluso se omite lo entregado por la Federación por medio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En dicho sitio, pese a que ya es marzo, el gobierno de la entidad no ha publicado su Presupuesto de Egresos 2014, ni un apartado que indique a detalle las cantidades otorgadas por la Federación ni en qué se emplean. Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), que tendrían que venir especificados en el Presupuesto de Egresos del estado, y que contienen algunas obras planeadas para la reconstrucción de Guerrero, no se pueden consultar en el portal oficial del gobierno, ya que no existe tal documento en el portal. El Congreso del Estado aprobó en diciembre pasado el Paquete Económico 2014, que considera un Presupuesto de Egresos que asciende a 42 mil 417.8 millones de pesos, pero el decreto que contiene esa información tampoco aparece publicado en su página de internet. Con ello, el gobierno de Guerrero viola la ley general de contabilidad gubernamental y la de transparencia, que así lo exigen. La coordinadora de colonias afectadas por el río Huacapa y sus afluentes— organización integrada por gente que sufrió la pérdida total o parcial de sus viviendas durante la contingencia provocada por la tormenta Manuel, ha solicitado al gobierno del estado transparentar los recursos empleados, en este caso en la reconstrucción del cauce del río Huacapa, el cual atraviesa en tres kilómetros la capital, Chilpancingo. No obstante, el líder de dicha organización, Gumaro Guerrero, asegura que sólo han obtenido respuestas sin soluciones.

Con estos hechos, es importante que tanto los responsables de la SHCP y del Gobiernod el Estado de Guerrero cumplan con las disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos comprometidos del FONDEN y de la reforma hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión que están destinados, específicamente para la reconstrucción de las poblaciones y la infraestructura dañada por las lluvias el pasado mes de septiembre, daños y perdidas que a la fecha reclaman por parte de las autoridades la mayor eficiencia y responsabilidad en su ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a las dependencias del Gobierno Federal que participan en el ejercicio de recursos presupuestales del Programa de Reconstrucción Plan Nuevo Guerrero y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) remitan a esta soberanía un informe de los recursos presupuestados y ejercidos del mes de septiembre y programados para 2014.

SEGUNDO.- El Senado de la República, en pleno respeto de la división de poderes, exhorta al Lic. Angel Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero, de conformidad con las disposiciones de transparencia y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publique por los medios necesarios la información relacionada con los recursos públicos ejercidos y programados del Plan Nuevo Guerrero y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor acciones inmediatas contra el abuso de precios en pescados en el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.





 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROFECO ACCIONES INMEDIATAS CONTRA EL INCREMENTO DE PRECIOS EN PESCADOS Y MARISCOS DE CONSUMO FAMILIAR EN EL ESTADO DE GUERRERO

“Del Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del GPPRD de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando moción de urgente resolución, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAA LA PROFECO ACCIONES INMEDIATAS CONTRA EL ABUSO DE PRECIOS EN PESCADOS EN EL ESTADO DE GUERRERO, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

I. Una de las principales injusticias para los guerrerenses al momento de cumplir consus festividades de Cuaresma, encontrarse con el abuso de precios en pescados y mariscos.

II. La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y termina justo antes de la "Misa de la Cena del Señor" en la tarde del Jueves Santo.[] La duración de cuarenta días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba de Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto previos a su misión pública. También simbolizan los 40 días que duró el diluvio, además de los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.[2] A lo largo del tiempo de Cuaresma, los cristianos son llamados a reforzar su fe mediante diversos actos de penitencia y reflexión. La Cuaresma tiene cinco (5) domingos más el Domingo de Ramos (seis en total), en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es, por excelencia, el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico.

La práctica de la Cuaresma data del siglo IV, cuando se da la tendencia para constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia de ingesta de carne. Conservada con bastante vigor en las iglesias de Oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma se aligeró en Occidente, aunque debe observarse un espíritu penitencial, de conversión y de oración, y para fundamentar el presente punto de acuerdo es importante recordar que la religión católica representa al 84% de la población.

III. Durante este periodo de Cuaresma el 78% de los mexicanos no consume carne; el 47% prefiere consumir pescados y/o mariscos; el 25% carne de pollo, y el restante verduras, leguminosas y carne de soya, lo que representa un incremento en la demanda del consumo de pescado, en un país rico en oferta de este producto por sus grandes litorales, particularmente en el caso de Guerrero contamos con importantes suministros de alimentos del mar. De acuerdo acifras de la Comisión Nacional de Pesca, en Semana Santa se podrían comercializar cerca de 250 mil toneladas de productos del mar.

IV. Sin embargo, en las dos últimas semanas diversos sectores de la sociedad guerrerense han manifestado amargamente los abusos en precios de mariscos y pescados, tanto en cadenas comerciales como en mercados.

A pocos días de la Semana Santa, de la voz de las madres de familia, responsables del gasto de sus hogares se han reclamado a las autoridades acciones contra las tiendas departamentales ylos mercados de la ciudad de Chilpancingo y otras ciudades, y exigen la intervención de la autoridad, en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) sancione a los vendedores abusivos. Dentro de las denuncias se menciona que el róbalo, de 20 pesos que costaba una pieza mediana, se incremento hasta en 35 pesos.

V. En el operativo Cuaresma, la PROFECO revisa el precio y el peso de diferentes productos en los mercados y cadenas comerciales de supermercados en coordinación con gobernación municipal, posteriormente, en la semana mayor verifican a establecimientos restauranteros, a efecto de que no se vea afectada la ciudadanía, primero con el alza del precio y luego con el peso exacto.

Aunque la delegación de la PROFECO en Guerrero anuncio el 6 de febrero de 2014 el operativo "Cuaresma 2014" para la verificación e inspección de negocios de venta de pescados y mariscos, a fin de evitar que se cometan abusos hacia los consumidores, la población exige mayores acciones por parte de las autoridades. Aunque en varios estados como Yucatán y Tamaulipas la PROFECO aseguró a través de su página de internet que iniciaron su operativo "Cuaresma" en Guerrero éste no ha iniciado.

Esta demanda contra el abuso de precios en época de Cuaresma es recurrente año con año, y las quejas de las madres de familia se han hecho sentir ante la ausencia de las autoridades en la materia.

Como representante en el Senado de la República y con la fuerza de la Ley que tipifica esta conducta como grave de acuerdo a la fracción V, delartículo 128 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidorestablece como un caso particularmente graves cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o por cualquiera otra autoridad competente.

Solicito la aprobación de urgente y obvia resolución al Pleno del Senado la solicitud al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que gire inmediatamente instrucciones a la Delegación de la PROFECO en Guerrero, a realizar acciones contundentes para evitar el abuso en el establecimiento de precios de pescados y mariscos, principal alimento de consumo popular con motivo de la Cuaresma.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lic. Lorena Martínez Rodríguez, implemente acciones inmediatas para combatir el abuso de precios de pescados y mariscos de consumo popular en las plazas comerciales y mercados municipales en el Estado de Guerrero, con el objeto de proteger la economía familiar en este periodo de Cuaresma.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la constitución de una comisión bicameral para dictaminar la reforma constitucional y reglamentaria del sistema nacional de combate a la corrupción. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISION ESPECIAL PARA REGLAMENTAR LAS LEYES SECUNDARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCCION Y NOMBRAR A LA BREVEDAD A UN FISCAL ESPECIALIZADO PARA INVESTIGAR ACTOS DE CORRUPCCION

“Del senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del GPPRD de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando moción de urgente resolución, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOCILITA LA CONSTITUCION DE UNA COMISION BICAMERAL PARA DICTAMINAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y REGLAMENTARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCCION, al tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES

I. El pasado 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República alcanzo un acuerdo de carácter histórico para crear un nuevo andamiaje institucional en materia de combate a la corrupción.

II. La propuesta de dictamen contiene un claro avance en la instauración de un sistema efectivo de supervisión del buen ejercicio de la función pública y prevención y combate a la corrupción, al contemplar la mayoría de los temas considerados como mínimos para la izquierda, como:

Organo Autónomo Constitucional: Se crea un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades de combate, investigación y sanción respecto de las responsabilidades administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción.

Titularidad del Organo: Dirección unipersonal, nombrado por el Senado y objetable por el Ejecutivo, con requisitos de elegibilidad equiparados a los del Procurador General de la República.

Procedimiento Administrativo Sancionador: El órgano anticorrupción debía participar como coadyuvante en el proceso administrativo sancionador llevado a cabo por los tribunales de cuenta; la propuesta del dictamen encomienda a tal órgano la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley, cometidos por los servidores públicos de la Federación, o por cualquier persona física o moral involucrada o beneficiada por tales actos. Se mantiene pendiente y sujeta a la reforma en materia de Sistema Nacional de Fiscalización, la competencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Facultad de Atracción: El organismo anticorrupción podrá atraer aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios, en los términos que establezca la ley. Podrá atraer también investigaciones e imponer sanciones administrativas a servidores públicos de la Federación, por hechos diversos de los calificados como corrupción, siempre que en los términos que prevea la ley concurran razones suficientes que justifiquen su conocimiento directo.

Coadyuvancia: Establece como auxiliares del órgano anticorrupción a las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios, incluyendo a las unidades de auditoría interna.

Ejercicio de la Acción Penal: Se encomienda a fiscalías especializadasen investigar y perseguir los delitos de corrupción (federal y locales), nombradas por el Senado o por los congresos de las entidades federativas, en los términos de la Ley Penal vigente y de la Ley reglamentaria que se emita.

Recuperación de activos: Establece el decomiso y con la privación de la propiedad de los bienes cuya procedencia lícita no pudiesen justificar los servidores públicos acusados de enriquecimiento ilícito durante el tiempo de su encargo; se delega en la ley la determinación de estas sanciones.

Emisión de Recomendaciones: Se faculta al órgano para emitir recomendaciones particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.

Repercusión en el ámbito local y municipal: Se establecen bases para que el organismo anticorrupción ejerciera sus funciones en cada una de las Entidades Federativas a través de oficinas encargadas a un fiscal estatal, independientemente del establecimiento de organismos autónomos semejantes. Se considera limitado pero suficiente el establecimiento de las fiscalías especializadas nombradas por el Senado y las legislaturas locales, siempre y cuando la eventual autonomía de las Procuradurías se concrete.

Nombramiento de los auditores internos: Establece en régimen transitorio los requisitos para ser titular de las unidades de auditoría interna, mismos que serán certificados por el órgano anticorrupción.

Registro de declaración patrimonial y de intereses: El órgano anticorrupción estará facultado para mantener el registro público de la situación patrimonial de los servidores públicos

III. El 4 de febrero de 2014 la Cámara de Diputados recibió la minuta que reforma de los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 y se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a Corrupción, enviada el 13 de diciembre de 2013. El Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva, turnó el documento a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, donde se plantea crear este nuevo órgano, sin que a la fecha se contemple la dictaminación de dicho dictamen.

IV. En pleno respeto de la facultades constitucionales de las Cámaras y del proceso legislativo, consideramos por la gravedad que representa el fenómeno de la corrupción, costo para los contribuyentes y la credibilidad de la clase política, un esfuerzo de comunicación y trabajo conjunto con la constitución de una Comisión Especial para que se establezca de forma permanente la reforma constitucional en materia de los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116 y se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a Corrupción, enviada el 13 de diciembre de 2013, las reformas reglamentarias y el nombramiento del

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República crea la Comisión Bicameral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículo 119 del Reglamento del Senado de la República.

SEGUNDO. La comisión tiene por objeto:

I. Establecer un diálogo institucional para facilitar la dictaminación de las reformas constitucionales y reglamentarias para instaurar el Sistema Nacional de Fiscalización.

II. Establecer un mecanismo para el nombramiento del Fiscal Especializado Para Investigar Actos de Corrupción.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. Armando Ríos Piter”.





 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a informar al sobre las condiciones sociales y de seguridad, así como la pertinencia de la operación del Centro Federal de Readaptación Social establecido en la comunidad de Villa Comaltitlán, Chiapas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INFORMAR AL SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES Y DE SEGURIDAD, ASI COMO LA PERTINENCIA DE LA OPERACION DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL ESTABLECIDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.

“El suscrito, Senador ZOE ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INFORMAR AL SENADO DE LA REPUBLICA SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES Y DE SEGURIDAD, ASI COMO LA PERTINENCIA DE LA OPERACION DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL ESTABLECIDO EN LA COMUNIDAD DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el año 2010, en el marco de la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio anterior, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, concesionó la construcción y operación de ocho Centros Federales de Readaptación Social. Los centros fueron construidos en los estados de: Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Coahuila y Chiapas.

El Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del estado de Chiapas se ubicó en el municipio de Villa Comaltitlán, al sur de la entidad. Desde que se conoció el proyecto, se generaron varias críticas por parte del gobierno estatal y la sociedad civil chiapaneca. Se han señalado, entre otras cosas, que el CEFERESO fue construido desobedeciendo las indicaciones de seguridad del terreno expedidas por Protección Civil, sin contar la manera arbitraria por parte del Gobierno Federal en la que decidió y ordenó, de manera discrecional, la construcción de dicho inmueble sin tomar en consideración la opinión del gobierno de la entidad, así como la de los habitantes de la zona. En este sentido, existieron varias manifestaciones en contra de la edificación del complejo, sin embargo los reclamos no fueron atendidos y se continuó con la obra.

La obra, que tiene un costo superior a los 4 mil cuatrocientos millones de pesos, fue construida sobre la cuenca del Rio Vado Ancho, una zona que en 2005, tras el paso del Huracán Stan, quedó completamente anegada. El atlas de riesgos elaborado por el Gobierno Chiapaneco tras el paso de Stan, señaló que el área donde se construye el Cefereso es propensa no sólo a inundaciones, sino también a incendios y azolves.

El predio de 211.6 hectáreas se sitúa en un terreno adquirido por la empresa Makobil, S de RL de CV, a comuneros del lugar, en el que el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres localizó diversos escurrimientos así como al poniente (a unos 300 metros de distancia) al Río Vado Ancho y al oriente el río Zapaluta; a un kilómetro de la Carretera, a 5 kilómetros de la Cabecera Municipal de Villa Comaltitlán, a 5 minutos de la Cabecera Municipal de Escuintla a la altura del kilómetro 229 de la Carretera costera Arriaga–Tapachula, cuerpo derecho del subtramoHuixtla–Escuintla. Sus coordenadas geográficas son 15° 14’ 49.82”N, 92°35’ 42.98”W (A76) .Villa Comaltitlán se encuentra a 40 msnmm. El penal está a 54 msnmm. El Río Vado Ancho entre los 57 y los 73 msnmm.

De acuerdo con el Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres del Estado de Chiapas (IPCMIRD) existen escurrimientos de arroyos intermitentes que descienden de la parte alta y atraviesan el predio. Vecinos afirman que durante el proceso de construcción, la empresa desvió el curso natural de los ríos del lado de una de las paredes laterales del Centro.

En 2010, el entonces titular de la SSP asignó en forma directa a la empresa Arendal, la concesión (para construcción y operación a 20 años) de la obra del Centro Federal de Readaptación Social 15 con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. El 27 de diciembre del 2010 se firmó el contrato de prestación de servicios número OADPRS/DGA/S/083/2010 con la empresa proveedora Makobil, S. de R.L. de C.V., la cual fue encargada de la construcción de la obra. El CEFERESO será administrado por estas empresas mediante un contrato de prestación de servicios por un periodo de 20 años –del 1 de diciembre del 2013 al 1 de diciembre del 2033– por el que obtendrán un pago anual de mil 70 millones de pesos.

A través de diversos canales han manifestado su inconformidad en contra de quienes autorizaron la construcción del CEFERESO, la sociedad civil organizada (cámaras empresariales, líderes sociales –además de autoridades locales y estatales) asegura que el Centro está construido en una zona del alto riesgo. El estudio de impacto ambiental que la constructora presentó a la SEMARNAT advirtió este riesgo y la presencia de cuerpos de agua en el terreno. Además es muy probable que las contingencias climatológicas se vuelvan a suscitar, ya que son cíclicas, lo cual representa un grave riesgo para la seguridad de los que se internen ahí, así como de los custodios y demás personal que labore ahí.

Asimismo, los pobladores de la región argumentan que no se tomó en cuenta la posible explotación de la enorme zona agropecuaria sumamente fértil y productiva, ya que en el terreno donde se construyó el CEFERESO existía una importante diversidad agrícola en la que se encontró de manera silvestre diversas plantas, entre las que se encuentran: amate,cacao, capulín, castaño, cedro, ceiba, chaperno, cuajiote, guarumo, palo mulato, pastizales cultivados; además plantaciones de mango, palma de aceite, caña de azúcar y maíz; así como árboles maderables de producción agroforestal, silvopastoriles y cercos vivos, estrella, pasto insurgente; muchos de los cuales necesitan condiciones específicas para proliferar.

Las protestas de sectores sociales y productivos de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur, así como del propio gobierno del Estado, obligaron a las autoridades federales a retrasar la puesta en operación del mismo. Incluso en agosto del año pasado, el inspector general de la Comisión Nacional de Seguridad, Carlos Humberto Toledo Moreno les dijo a los pobladores del área que el Gobierno Federal ya había iniciado una investigación sobre la construcción de ese CEFERESO, en atención a estos reclamos. Desafortunadamente, no se han revelado los resultados de dichas revisiones, si es que se han hecho.

El pasado 29 de enero de 2014, en el marco de la Comisión Permanente, se hizo un señalamiento sobre el Centro Federal de Readaptación Social del municipio de Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas. Tomando en cuenta que el punto de acuerdo original tenía que ver con exhortar a la clausura de este centro, y éste se ha dicho que será inaugurado y estará en operaciones en breve y que no existen dictámenes de Protección Civil en sus instancias Federal y Estatal con la obra concluida, sería de mucha utilidad solicitarlos para confirmar o, en su caso, descartar la posibilidad de eventuales desastres naturales que cobren la vida de las personas que estarán dentro del Centro. Por ello, se necesita que Comisión Nacional de Seguridad y la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social emitan un informe sobre las consideraciones sociales, económicas, geográficas y técnicas, a partir de las cuales se consideró pertinente la construcción de un Centro Federal de Readaptación Social en el municipio de Villa Comaltitlán.

La frontera ya está siendo afectada con una medida, como fue la homologación del IVA al 16 por ciento. Una medida que nosotros en Chiapas consideramos injusta en términos sociales, no solamente económicos. En ese sentido, esto pareciera un embate más a ésta de por sí vapuleada frontera. Es por ello que se pide respetuosamente una profunda revisión al Centro Federal de Readaptación Social en el municipio de Villa Comaltitlán, la forma en que éste se construyó, su impacto en la región y las consecuencias directas para los chiapanecos.

Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a presentar a esta Cámara de Senadores, previamente a su puesta en operación, un informe sobre las consideraciones sociales, económicas, geográficas y técnicas, a partir de las cuales se consideró pertinente la construcción de un Centro Federal de Readaptación Social en el municipio de Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas.

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a presentar a esta Cámara de Senadores, previamente a su puesta en operación, un informe en el que se defina si el Centro Federal de Readaptación Social que se construye en el municipio de Villa Comaltitlán albergará reclusos de alta, media o mínima peligrosidad.

TERCERO.- Se cita a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a comparecer ante esta Cámara de Senadores, con el objetivo de que expliquen los criterios utilizados para determinar la ubicación geográfica de los Centros Federales de Readaptación Social.

CUARTO.- Se solicita respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil a presentar a esta Cámara de Senadores el dictamen de identificación de riesgos de obra concluida, correspondiente al Centro Federal de Readaptación Social que se construye en el municipio de Villa Comaltitlán, previo a su puesta en operación.

QUINTO.- Se solicita respetuosamente al Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgo de Desastres del Estado de Chiapas a presentar a esta Cámara de Senadores el dictamen de identificación de riesgos de obra concluida, correspondiente al Centro Federal de Readaptación Social que se construye en el municipio de Villa Comaltitlán, previo a su puesta en operación.

SEXTO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social a cancelar la apertura del Centro Federal de Readaptación Social en el municipio de Villa Comaltitlán y destinar el inmueble a otras actividades que atiendan a la vocación productiva de la zona donde se localiza la obra.

SEPTIMO.- Se solicita al pleno de ésta H. Cámara de Senadores que se considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del H. Senado de la República, a 13 de marzo de 2014

Atentamente

Sen. Zoé Robledo Aburto”.

Son todas las proposiciones, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria, esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.





 

Desde su escaño, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe sobre la situación que guardan las reservas probadas y no probadas de hidrocarburos en el país.

- El C. Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Como saben ustedes, la reforma energética aprobada en el pasado mes de diciembre, en su Artículo Sexto Transitorio establece que Petróleos Mexicanos debe comunicar a la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas de explotación y los campos de producción que esté PEMEX en capacidad de operar, aun cuando hemos escuchado por parte del Secretario de Energía, por parte del Director de PEMEX, de que esta empresa ahora no tiene capacidad para operar, así lo han afirmado ellos, bueno, pues nosotros estamos esperando tener información precisa.

Los propios términos de esta modificación constitucional establecen, también este Senado, el Congreso de la Unión tiene que aprobar la reforma secundaria, hay que hacer énfasis que es de la mayor importancia que el trabajo legislativo en esta materia se lleve a cabo teniendo como sustento la información más precisa sobre posibles recursos de hidrocarburos con que cuenta nuestro país.

Estamos hablando entonces de que la explotación petrolera tiene la sensibilidad para la modificación de su marco jurídico y demanda la procuración de mayor conocimiento y cuidado por parte de este Poder Legislativo.

Actualmente PEMEX publica diversos informes, entre ellos uno que él denomina “Las Reservas de Hidrocarburos en México”, pero ninguno de estos informes que publica nos da a conocer el total de campos que contienen las reservas de hidrocarburos propiedad de la nación ni tampoco nos da a conocer los resultados de la exploración en cada uno de estos campos, en cada una de éstas áreas.

Por eso es preciso que el legislador pueda conocer, con la mayor exactitud posible, el inventario y la ubicación de las reservas petroleras y de gas natural, así como la potencialidad en hidrocarburos con que cuenta en tierra y en los mares bajo jurisdicción nacional.

La información sobre recursos de hidrocarburos que se constituyen o pueden constituirse en reservas tales como las desarrolladas, las no desarrolladas, las probables o posibles y todos aquellos elementos que permitan identificar con precisión el patrimonio petrolero del país, hoy reviste para este Senado y para el Congreso de la Unión una importancia sin precedente.

No hay que soslayar que el debate sobre la convivencia y la forma como se efectuaron los cambios realizados hasta ahora se mantendrá en la opinión pública en los años por venir.

Por ello, en lo sucesivo, la transparencia y la disposición del gobierno federal a aportar la información necesaria para este trabajo legislativo, debiera ser entendido como un activo en la vida democrática del país.

Compañeras y compañeros, avanzar en el proceso de reforma al sector de la energía sin contar con la información necesaria aportada, oportuna y directamente por las dependencias responsables, pudiera significar una circunstancia cuestionable en el ejercicio de la función legislativa mandatada por los ciudadanos.

Por eso es que presento este punto de Acuerdo:

Unico.- Se solicita al Director General de Petróleos Mexicanos informe sobre la situación que guardan las reservas probadas y no probadas de hidrocarburos del país, para cada uno de los campos que las contienen, así como los resultados de la actividad de exploración en cada una de las áreas en que se hubiere efectuado, para los años 2011, 2012 y 2013.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Sánchez Jiménez. Túrnese a la Comisión de Energía.

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hóy se turnarán a comisiones.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGIONALIZACION DE COMISIONES ORDINARIAS

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REGIONALIZACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La compleja y especializada actividad que desarrollan las Asambleas Nacionales modernas con estructura Parlamentaria o Congresional, requiere de una eficaz división del trabajo y de procedimientos de control eficientes para preparar documentalmente la toma de las decisiones en las asambleas plenarias, labor que se desarrolla más ágilmente a través de órganos internos, formados por los propios legisladores de las cámaras, denominados “comisiones”.

Las Comisiones también conocidas como comisiones de trabajo o comisiones legislativas, se conforman por un conjunto de legisladores encargados de algún asunto, o facultados para ejercer durante cierto tiempo una función, también se conforman por nombramiento o delegación, que formulan, estudian o resuelven un tema o temas con carácter colectivo.

La labor que desarrollan las comisiones integradas por un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras, por encargo de las mismas, permite realizar un estudio amplio y a detalle los asuntos, que posibilita preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al pleno para resolver en definitiva.

Actualmente las figuras jurídicas de “comisión” y “comité” se incluyen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con connotaciones distintas, pero en otros países, se utilizan estos términos de forma indistinta y su diferencia se encuentra en la forma y al uso parlamentario que cada país le ha dado a estos cuerpos de trabajo.

Las comisiones de trabajo nacen de una necesidad, ya que derivado de los acontecimientos sociales a través de los cuales se adoptó el régimen constitucional en la mayoría de los países, los miembros de las Asambleas o Parlamentos se dieron cuenta que deliberar, discutir o ponerse de acuerdo en diversos temas era complejo, a demás de que el trabajo fluía de manera lenta, el análisis era superficial y la deliberación era difícil, por ello, llegaron a la conclusión de implementar una división del trabajo a efecto de hacer que dicho órgano colegiado se tornase dinámico y funcional, por lo que se crearon las comisiones parlamentarias.

Las Comisiones Parlamentarias surgen después de la Revolución Inglesa, constituyéndose como órganos compuestos por un reducido número de legisladores (select committees), creados eventualmente por la Cámara y con propósitos de investigación, la finalidad de las comisiones era obtener información suficiente sobre algún asunto concreto concerniente a los trabajos parlamentarios para facilitar la labor del Pleno y ser un instrumento de equilibrio entre el Parlamento y el Gobierno.
En el transcurso del siglo XIX las características de las comisiones fueron evolucionando y se fueron consolidando y organizando en medio de la creciente y compleja actividad política, por lo que en un principio las comisiones parlamentarias, eran órganos temporales y eventuales, para después irse constituyendo al comienzo de cada legislatura, estableciéndose su permanencia en las leyes, determinando el número y la denominación con que debían existir en cada cámara y adquirieron facultades propias.

Al pasar de los años, las comisiones se consolidaron como órganos de producción parlamentaria y se fueron constituyendo como grupos de trabajo, temporales o permanentes, estructurados a partir de áreas temáticas y constituidos por una parte de los integrantes de una asamblea, a los que ésta delegaba parte de sus funciones con el fin de promover mayor eficiencia en el desempeño de los asuntos propios de la función legislativa.

Es así que las comisiones legislativas se fueron convirtiendo en comisiones ordinarias y concibiéndose como entes auxiliares, especializados que atendían asuntos de interés común y que eran conformados por el Pleno para contribuir a que la cámara cumpliera con sus facultades, a través de la emisión de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, por lo que en dichos órganos colegiados es donde se realiza la labor de estudio, análisis, depuración y dictamen de documentos que se relacionan con el trabajo parlamentario.

Con el trabajo desarrollado por las comisiones, se posibilita determinar de manera más especializada los asuntos que finalmente el Pleno resolverá, además de que sirven como mecanismos de estudio, depuración y desechamiento de los distintos asuntos que le compete conocer al Parlamento.

En México, la existencia de las comisiones ha sido prevista desde 1812 en la Constitución de Cádiz y han tenido un papel determinante en la actuación de los constituyentes o congresos.

Por lo que respecta a la Constitución que actualmente nos rige y que es la de 1917, se prevé la existencia de las comisiones en los artículos 71 y 72, atribuyéndoles función dictaminadora, mientras que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General aplicable solo a la Comisión Permanente, determinan su integración, funcionamiento, funciones y los plazos que tienen para emitir dictámenes.

La Ley Orgánica del Congreso General establece que las cámaras que lo conforman deben de contar con comisiones, por lo que hace a la Cámara de Diputados, esta contará con comisiones ordinarias, con comisiones especiales y comités y la duración de las comisiones ordinarias será de legislatura a legislatura considerándolas por esta razón como permanentes y deben de quedar constituidas en el primer mes de ejercicio, de igual forma hay disposiciones sobre la fijación de los números máximos y mínimos que pueden tener de integrantes y el número de comisiones a las que puede pertenecer cada diputado.

Se establece en la ley que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno y a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la colegisladora cumpla con sus atribuciones, además de que se señala la denominación de las comisiones con las que contará dicha cámara.

Por lo que hace a las comisiones especiales, están se constituyen por acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados que determinará su objeto, el número de sus miembros y el plazo para que actúen y que una vez cumplido su objetivo tendrán que desaparecer.

Los comités también son órganos auxiliares en actividades de la Cámara de Diputados que difieren de las actividades que desarrollan las comisiones, también se constituyen por disposición del Pleno y duran el tiempo que señale el acuerdo que establece su creación.

Por su parte, el Senado de la República también cuenta con las comisiones que le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y serán catalogadas en comisiones ordinarias y especiales, las primeras son permanentes y tienen como atribución analizar y dictaminar las iniciativas de leyes y decretos, minutas, proposiciones y demás asuntos relacionados con las materias propias de su denominación, sesionan de manera pública o privada, se constituyen durante el primer mes de ejercicio de una legislatura y tienen hasta 15 miembros, que son nombrados por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política; adoptan sus decisiones por mayoría de sus miembros y el número de comisiones puede ser disminuido o aumentado, además de que se pueden subdividir en secciones a criterio del Pleno.

Las comisiones ordinarias de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, tienen conferidas atribuciones generales, por lo que se entendería que su actuar es libre y amplio y la discusión de las iniciativas, minutas, proposiciones y demás documentos relacionados con el trabajo parlamentario que realizan pretenden economizar tiempo, dar curso a los proyectos que cuentan con viabilidad para ser atendidos y de proporcionar a los legisladores una visión exacta, integral y clara del negocio o el asunto a considerar.

Como ya ha quedado establecido, las comisiones contribuyen a distribuir el trabajo, a la vez que permiten un tratamiento más particular de los asuntos y actúan como un filtro, dando la posibilidad al Congreso de priorizar entre los muchos temas e iniciativas que ante ellos se presentan, por lo que analizan, debaten y transforman las iniciativas con profundidad, con tiempo y facilitando su discusión, de manera que facilitan a las cámaras el que puedan tomar decisiones más razonadas y eficaces.

Si bien ya se dijo que las comisiones legislativas como órganos de las asambleas deliberativas, analizan, estudian y redactan documentos que son sometidos a su consideración, no está de más señalar que también fungen como medios de control y supervisión del funcionamiento de la administración pública y actualmente asumen un poder decisivo en ciertas materias.

Como se ha ido mencionando, la importancia de las comisiones legislativas o de trabajo parlamentario es mucha y juegan un papel determinante cuando las mismas conocen, estudian y determinan sobre temas relacionados con las atribuciones exclusivas de cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Nuestra Constitución General establece atribuciones para el Congreso General y determina de manera expresa atribuciones específicas para la Cámara de Diputados y para el Senado de la República, haciendo notar que cuando se le atribuye a alguna de las cámaras una facultad exclusiva, como es el caso del análisis de la política exterior, de la aprobación de tratados internacionales o ratificación de nombramientos de personal diplomático que realiza el Senado, sin que se haga copartícipe a la colegisladora, se debe a que se trata de un acto de colaboración entre dos poderes sin la participación de una segunda voluntad emitida por la colegisladora.

El análisis del rubro de política exterior de los informes anuales presentados por el Presidente de la República, confiado de manera exclusiva al Senado es una de muchas responsabilidades específicas que delimitan de manera clara el papel de esta cámara, papel que ha ido tomando cada vez más relevancia derivado de los cambios políticos que ha experimentado nuestro país, por los que se ha dotado al Congreso de la Unión de un papel más importante como interlocutor y promotor de proyectos económicos, sociales y políticos, además de que ido tomando una participación más activa en el diseño, el análisis y en los propósitos de la política exterior con el objetivo de que México se integre de manera más efectiva en el concierto internacional y para un mejor desarrollo de la cooperación de las distintas naciones en un mundo globalizado.

Los cambios tan vertiginosos que experimentan los distintos países derivados de la dinámica social y de los avances tecnológicos, así como del intercambio comercial, demandan que nuestro país no se quede rezagado, por ello, el Senado de la República debe de participar de manera más activa en la proposición de acciones y de estrategias que puedan ser utilizadas por el Poder Ejecutivo Federal al planear, conducir y llevar a cabo la política exterior.

La existencia de la Comisión de Relaciones Exteriores se remonta a la XXIX Legislatura en la que adopto dicha denominación y cuya función principal era la de realizar estudios y dictámenes de asuntos exteriores que tenía que presentar al Pleno para su discusión, haciendo notar que ese entonces las relaciones exteriores que México desarrollaba eran limitadas.

Así las cosas, no fue sino hasta la LIII Legislatura, que mediante un Acuerdo la Gran Comisión del Senado de la República, que fue aprobado el 4 de septiembre de 1985, se propusieron cambios en la estructura de las Comisiones Ordinarias, toda vez que la Cámara de Senadores requería para el cumplimiento de sus funciones, a la Comisión de Relaciones Exteriores, que estaría divida en una primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección y quinta sección.

En la LVI Legislatura, mediante acuerdo de la Gran Comisión, aprobado el 10 de noviembre de 1994, se propuso que la Comisión de Relaciones Exteriores desarrollará sus tareas apoyada por cinco secciones y que se especializarían en:

1a. Sección Asuntos de América del Norte.

2a. Sección Asuntos de América Latina.

3a. Sección Asuntos de Europa, Asia y África.

4a. Sección Organismos Internacionales.

5a. Sección Asuntos Consulares Migratorios y de Protección.

En ese mismo acuerdo, se estableció que la Comisión de Relaciones Exteriores estaría integrada por un Presidente y tres Secretarios, que corresponderían respectivamente a cada una de las fracciones parlamentarias, además de que contaría con un Secretariado Técnico de Apoyo, por lo que hace a las secciones, cada una tendría un Presidente y uno o dos secretarios, y de siete a dieciséis vocales, que coordinarían su actividad con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que tendría a su cargo el manejo de los asuntos de las relaciones con otros parlamentos y de coordinar y orientar los trabajos de las cinco secciones.

El 2 de octubre de 1997, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, se aprobó un acuerdo de la Gran Comisión, por el que se crean e integran ya como comisiones ordinarias, la Comisión de Relaciones Exteriores; la Comisión de Relaciones Exteriores, Primera (Europa y Asia); la Comisión de Relaciones Exteriores, Segunda (América del Norte); la Comisión de Relaciones Exteriores, Tercera (América Latina); la Comisión de Relaciones Exteriores, Cuarta (África y Oceanía); y la Comisión de Relaciones Exteriores, Quinta (Organismos Internacionales Gubernamentales).

En la LVIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política sometió al Pleno un acuerdo que fue aprobado el 29 de septiembre del año 2000, por el que se integró la Comisión de Relaciones Exteriores y que fue integrada por un Presidente, dos secretarios y doce integrantes.

En la LX Legislatura, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política que fue aprobado el 28 de septiembre del 2006, sobre integración de Comisiones para dicha legislatura, se crean las Comisiones de Relaciones Exteriores Europa y de Relaciones Exteriores África, se integran las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores Organizaciones No Gubernamentales.

Durante la LXI Legislatura, el 3 de Septiembre de 2009, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecía la facultad de las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores África, y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para analizar el rubro de la política exterior del tercer informe Presidencial.

Y por lo que hace a la LXII Legislatura, el 27 de septiembre de 2012, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establecieron las Comisiones Ordinarias que funcionaran durante los tres años legislativos, haciendo notar que a través de este acuerdo se mantuvieron las comisiones contempladas en la anterior legislatura, se crearon otras y como un elemento innovador, se crearon secretarias adicionales para algunas comisiones con el propósito de cuenten con la pluralidad y participación de todos los Grupos Parlamentarios y de Senadores Independientes en dichos órganos colegiados, ejemplo de esto, lo es la Comisión de Relaciones Exteriores, misma que se integró con una Presidencia, cuatro secretarias y diez integrantes.
En la actual legislatura se mantienen las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores África; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales.

Como se ha podido apreciar, la política exterior Mexicana ha ido experimentando diversos cambios, mismos que se han visto reflejados en la Comisión que analiza dicha política que derivado de su importancia fue creada primeramente como comisión ordinaria con la actual denominación de Comisión de Relaciones Exteriores, para después ser dividida en secciones para una mejor distribución del trabajo y por el cúmulo de asuntos que atendía una sola comisión, por ello, las secciones fueron adquiriendo importancia, para  tiempo después constatar la necesidad de crear a las Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por región Continental y por el tipo de organismos internacionales con los que nuestro país interactúa o en los que tiene participación.

Por ende, estas Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por región continental son estructuras diferenciadas en razón de la tarea realizada, por lo que los temas que cada una estudia y los asuntos de que se ocupa cada comisión, no coinciden con la que realizan las demás, además de que gozan de independencia en la toma de sus decisiones y cuentan cada una con cuerpos técnicos y de apoyo para realizar su labores y trabajan de manera unida o coordinada en la resolución de ciertos asuntos.

Otro aspecto importante, es el de que los integrantes de las comisiones que participan en las comisiones de relaciones exteriores especializadas por región continental, conocen de los temas y son especialistas en la materia competencia de la comisión, derivado de la tarea que realizan en el seno de cada comisión, por ello, si de facto se consideran autónomas e independientes cada una de estas comisiones, resulta conveniente establecer dicha autonomía en la ley que regula la organización del congreso y en el reglamento del Senado.

Hay que recalcar que es un hecho que el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho del ramo rindan al Congreso; la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscribe, así como la ratificación de la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; y la de ratificar los nombramientos de embajadores, cónsules generales, empleados superiores del ramo de relaciones exteriores, son tres de las facultades exclusivas más importantes que realiza del Senado de la República, por lo que la importancia de que exista una subdivisión de la Comisión de Relaciones Exteriores especializada por regiones y de los distintos organismos internacionales con los que tiene contacto nuestro país, son una herramienta importantísima para poder atender de manera pronta y expedita dichas facultades exclusivas en materia de política exterior y de acuerdo a la materia de su denominación.

Otro aspecto importante, es que derivado de la naturaleza de los asuntos internacionales, estos demandan la necesidad de tener un intercambio de experiencias y criterios, situación a la que ha contribuido cada una de las Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por Región Continental, ya que han sido puente de unión con representantes de poderes legislativos o parlamentarios de otros países con los que se han tenido intercambios de criterios que han resultado enriquecedores.

En la medida de que la Globalización influye en todos los ámbitos de la realidad internacional, se requiere que los órganos parlamentarios o los poderes legislativos de los distintos países tengan conocimiento especifico de las leyes, procesos y de los fenómenos sociales, tecnológicos, políticos, demográficos y económicos que suceden en el concierto internacional, por ello, las reuniones, eventos y foros de participación a los asisten las comisiones de relaciones exteriores especializadas por región continental del Senado, de índole bilateral o multilateral, sirven como medio de aprendizaje y de asimilación de experiencias internacionales que pueden ser recogidas por dichas comisiones e integradas a la política exterior que desarrolla el Presidente de la República en representación de nuestro país y también incluir aquellos aspectos en nuestra política interior que sirvan para mejor las disposiciones jurídicas y políticas públicas que beneficien a nuestra nación.

De la importancia del trabajo y del rol que desarrollan las Comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental, surge la necesidad de que las mismas sean integradas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, en aras de permitir que las mismas desarrollen sus funciones y trabajos de la mejor manera posible, robustece dicho criterio, el hecho de que el Pleno del Senado de la República, aprobó el 24 de septiembre del 2013, un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen los Criterios Generales para el turno de los Asuntos a las Comisiones de Relaciones Exteriores, del que se toman elementos para integrarlos a la presente iniciativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 86, 89, 91 Y 93; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVI BIS AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 86.

1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.

2. El Senado contará con el número que sea necesario de comisiones especializadas por región continental y de aquellas que les competa conocer de la relación con organismos internacionales u organismos no gubernamentales internacionales, para el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, para la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritas por dicho funcionario, así como para aprobar su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, y para ratificar los nombramientos del Secretario del ramo, de embajadores, cónsules generales y demás empleados superiores del ramo de relaciones exteriores y de acuerdo con las modalidades establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 76 Constitucional y serán consideradas como comisiones ordinarias.

ARTICULO 89.

1. La Comisión de Estudios Legislativos conjuntamente con las otras comisiones ordinarias que correspondan, hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la formulación de los dictámenes respectivos. Dicha Comisión se podrá dividir en las secciones o ramas que se estime conveniente.

2. El Senado contará con el número que estime conveniente de Comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental y de las que les competa conocer de la relación con organismos internacionales u organismos no gubernamentales internacionales, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por las fracciones I, II y III del Artículo 76 Constitucional.

ARTICULO 90.

1. Las comisiones ordinarias serán las de:

I … a XXV. …

XXVI. De Relaciones Exteriores Genérica.

XXVI Bis. Las Comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental, que deberán tener las siguientes denominaciones:

a) Comisión de Relaciones Exteriores África;

b) Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte;

c) Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe;

d) Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico;

e) Comisión de Relaciones Exteriores Europa;

f) Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y

g) Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales.

Estas denominaciones podrán ser modificadas por acuerdo aprobado por el Pleno que tendrá que ser emitido en el mes de septiembre del primer año de la legislatura que corresponda;

XXVII. … XXX. …

ARTICULO 91.

1. Las Comisiones contarán con un presidente y dos secretarios.

2. En los casos que se estime conveniente, el Pleno podrá autorizar la creación de secretarias adicionales, con el objeto de permitir una mayor participación de los integrantes de los Grupos Parlamentarios con que cuente la cámara y de los senadores sin grupo, en las comisiones ordinarias.

ARTICULO 93.

1. Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.

2. Las reuniones en las que se realicen trabajos de dictamen sobre ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales; para la  autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes en aguas mexicanas, serán organizadas de manera conjunta por la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica y por la Comisión de Relaciones Exteriores Continental o relacionada organismos internacionales u organismos no gubernamentales internacionales que corresponda, en razón de la materia de su especialización y de la región del mundo de que se trate.

La disposición que se señala en el párrafo que antecede también será aplicable cuando se trate del estudio y dictamen de instrumentos internacionales multilaterales que involucren dos o más regiones del mundo, en cuyo caso concurrirán las Comisiones de Relaciones Exteriores que en razón de su especialización o región del mundo de que se trate les corresponda conocer del asunto.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, 13 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EN MATERIA DE REGIONALIZACION DE COMISIONES ORDINARIAS

(Presentada por la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE REGIONALIZACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La compleja y especializada actividad que desarrollan las Asambleas Nacionales modernas con estructura Parlamentaria o Congresional, requiere de una eficaz división del trabajo y de procedimientos de control eficientes para preparar documentalmente la toma de las decisiones en las asambleas plenarias, labor que se desarrolla más ágilmente a través de órganos internos, formados por los propios legisladores de las cámaras, denominados “comisiones”.

Las Comisiones también conocidas como comisiones de trabajo o comisiones legislativas, se conforman por un conjunto de legisladores encargados de algún asunto, o facultados para ejercer durante cierto tiempo una función, también se conforman por nombramiento o delegación, que formulan, estudian o resuelven un tema o temas con carácter colectivo.

La labor que desarrollan las comisiones integradas por un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras, por encargo de las mismas, permite realizar un estudio amplio y a detalle los asuntos, que posibilita preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al pleno para resolver en definitiva.

Actualmente las figuras jurídicas de “comisión” y “comité” se incluyen en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con connotaciones distintas, pero en otros países, se utilizan estos términos de forma indistinta y su diferencia se encuentra en la forma y al uso parlamentario que cada país le ha dado a estos cuerpos de trabajo.

Las comisiones de trabajo nacen de una necesidad, ya que derivado de los acontecimientos sociales a través de los cuales se adoptó el régimen constitucional en la mayoría de los países, los miembros de las Asambleas o Parlamentos se dieron cuenta que deliberar, discutir o ponerse de acuerdo en diversos temas era complejo, a demás de que el trabajo fluía de manera lenta, el análisis era superficial y la deliberación era difícil, por ello, llegaron a la conclusión de implementar una división del trabajo a efecto de hacer que dicho órgano colegiado se tornase dinámico y funcional, por lo que se crearon las comisiones parlamentarias.

Las Comisiones Parlamentarias surgen después de la Revolución Inglesa, constituyéndose como órganos compuestos por un reducido número de legisladores (select committees), creados eventualmente por la Cámara y con propósitos de investigación, la finalidad de las comisiones era obtener información suficiente sobre algún asunto concreto concerniente a los trabajos parlamentarios para facilitar la labor del Pleno y ser un instrumento de equilibrio entre el Parlamento y el Gobierno.

En el transcurso del siglo XIX las características de las comisiones fueron evolucionando y se fueron consolidando y organizando en medio de la creciente y compleja actividad política, por lo que en un principio las comisiones parlamentarias, eran órganos temporales y eventuales, para después irse constituyendo al comienzo de cada legislatura, estableciéndose su permanencia en las leyes, determinando el número y la denominación con que debían existir en cada cámara y adquirieron facultades propias.

Al pasar de los años, las comisiones se consolidaron como órganos de producción parlamentaria y se fueron constituyendo como grupos de trabajo, temporales o permanentes, estructurados a partir de áreas temáticas y constituidos por una parte de los integrantes de una asamblea, a los que ésta delegaba parte de sus funciones con el fin de promover mayor eficiencia en el desempeño de los asuntos propios de la función legislativa.

Es así que las comisiones legislativas se fueron convirtiendo en comisiones ordinarias y concibiéndose como entes auxiliares, especializados que atendían asuntos de interés común y que eran conformados por el Pleno para contribuir a que la cámara cumpliera con sus facultades, a través de la emisión de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, por lo que en dichos órganos colegiados es donde se realiza la labor de estudio, análisis, depuración y dictamen de documentos que se relacionan con el trabajo parlamentario.

Con el trabajo desarrollado por las comisiones, se posibilita determinar de manera más especializada los asuntos que finalmente el Pleno resolverá, además de que sirven como mecanismos de estudio, depuración y desechamiento de los distintos asuntos que le compete conocer al Parlamento.

En México, la existencia de las comisiones ha sido prevista desde 1812 en la Constitución de Cádiz y han tenido un papel determinante en la actuación de los constituyentes o congresos.

Por lo que respecta a la Constitución que actualmente nos rige y que es la de 1917, se prevé la existencia de las comisiones en los artículos 71 y 72, atribuyéndoles función dictaminadora, mientras que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General aplicable solo a la Comisión Permanente, determinan su integración, funcionamiento, funciones y los plazos que tienen para emitir dictámenes.

La Ley Orgánica del Congreso General establece que las cámaras que lo conforman deben de contar con comisiones, por lo que hace a la Cámara de Diputados, esta contará con comisiones ordinarias, con comisiones especiales y comités y la duración de las comisiones ordinarias será de legislatura a legislatura considerándolas por esta razón como permanentes y deben de quedar constituidas en el primer mes de ejercicio, de igual forma hay disposiciones sobre la fijación de los números máximos y mínimos que pueden tener de integrantes y el número de comisiones a las que puede pertenecer cada diputado.

Se establece en la ley que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno y a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la colegisladora cumpla con sus atribuciones, además de que se señala la denominación de las comisiones con las que contará dicha cámara.

Por lo que hace a las comisiones especiales, están se constituyen por acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados que determinará su objeto, el número de sus miembros y el plazo para que actúen y que una vez cumplido su objetivo tendrán que desaparecer.

Los comités también son órganos auxiliares en actividades de la Cámara de Diputados que difieren de las actividades que desarrollan las comisiones, también se constituyen por disposición del Pleno y duran el tiempo que señale el acuerdo que establece su creación.

Por su parte, el Senado de la República también cuenta con las comisiones que le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y serán catalogadas en comisiones ordinarias y especiales, las primeras son permanentes y tienen como atribución analizar y dictaminar las iniciativas de leyes y decretos, minutas, proposiciones y demás asuntos relacionados con las materias propias de su denominación, sesionan de manera pública o privada, se constituyen durante el primer mes de ejercicio de una legislatura y tienen hasta 15 miembros, que son nombrados por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política; adoptan sus decisiones por mayoría de sus miembros y el número de comisiones puede ser disminuido o aumentado, además de que se pueden subdividir en secciones a criterio del Pleno.

Las comisiones ordinarias de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, tienen conferidas atribuciones generales, por lo que se entendería que su actuar es libre y amplio y la discusión de las iniciativas, minutas, proposiciones y demás documentos relacionados con el trabajo parlamentario que realizan pretenden economizar tiempo, dar curso a los proyectos que cuentan con viabilidad para ser atendidos y de proporcionar a los legisladores una visión exacta, integral y clara del negocio o el asunto a considerar.

Como ya ha quedado establecido, las comisiones contribuyen a distribuir el trabajo, a la vez que permiten un tratamiento más particular de los asuntos y actúan como un filtro, dando la posibilidad al Congreso de priorizar entre los muchos temas e iniciativas que ante ellos se presentan, por lo que analizan, debaten y transforman las iniciativas con profundidad, con tiempo y facilitando su discusión, de manera que facilitan a las cámaras el que puedan tomar decisiones más razonadas y eficaces.

Si bien ya se dijo que las comisiones legislativas como órganos de las asambleas deliberativas, analizan, estudian y redactan documentos que son sometidos a su consideración, no está de más señalar que también fungen como medios de control y supervisión del funcionamiento de la administración pública y actualmente asumen un poder decisivo en ciertas materias.

Como se ha ido mencionando, la importancia de las comisiones legislativas o de trabajo parlamentario es mucha y juegan un papel determinante cuando las mismas conocen, estudian y determinan sobre temas relacionados con las atribuciones exclusivas de cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Nuestra Constitución General establece atribuciones para el Congreso General y determina de manera expresa atribuciones específicas para la Cámara de Diputados y para el Senado de la República, haciendo notar que cuando se le atribuye a alguna de las cámaras una facultad exclusiva, como es el caso del análisis de la política exterior, de la aprobación de tratados internacionales o ratificación de nombramientos de personal diplomático que realiza el Senado, sin que se haga copartícipe a la colegisladora, se debe a que se trata de un acto de colaboración entre dos poderes sin la participación de una segunda voluntad emitida por la colegisladora.

El análisis del rubro de política exterior de los informes anuales presentados por el Presidente de la República, confiado de manera exclusiva al Senado es una de muchas responsabilidades específicas que delimitan de manera clara el papel de esta cámara, papel que ha ido tomando cada vez más relevancia derivado de los cambios políticos que ha experimentado nuestro país, por los que se ha dotado al Congreso de la Unión de un papel más importante como interlocutor y promotor de proyectos económicos, sociales y políticos, además de que ido tomando una participación más activa en el diseño, el análisis y en los propósitos de la política exterior con el objetivo de que México se integre de manera más efectiva en el concierto internacional y para un mejor desarrollo de la cooperación de las distintas naciones en un mundo globalizado.

Los cambios tan vertiginosos que experimentan los distintos países derivados de la dinámica social y de los avances tecnológicos, así como del intercambio comercial, demandan que nuestro país no se quede rezagado, por ello, el Senado de la República debe de participar de manera más activa en la proposición de acciones y de estrategias que puedan ser utilizadas por el Poder Ejecutivo Federal al planear, conducir y llevar a cabo la política exterior.

La existencia de la Comisión de Relaciones Exteriores se remonta a la XXIX Legislatura en la que adopto dicha denominación y cuya función principal era la de realizar estudios y dictámenes de asuntos exteriores que tenía que presentar al Pleno para su discusión, haciendo notar que ese entonces las relaciones exteriores que México desarrollaba eran limitadas.

Así las cosas, no fue sino hasta la LIII Legislatura, que mediante un Acuerdo la Gran Comisión del Senado de la República, que fue aprobado el 4 de septiembre de 1985, se propusieron cambios en la estructura de las Comisiones Ordinarias, toda vez que la Cámara de Senadores requería para el cumplimiento de sus funciones, a la Comisión de Relaciones Exteriores, que estaría divida en una primera sección, segunda sección, tercera sección, cuarta sección y quinta sección.

En la LVI Legislatura, mediante acuerdo de la Gran Comisión, aprobado el 10 de noviembre de 1994, se propuso que la Comisión de Relaciones Exteriores desarrollará sus tareas apoyada por cinco secciones y que se especializarían en:

1a. Sección Asuntos de América del Norte.

2a. Sección Asuntos de América Latina.

3a. Sección Asuntos de Europa, Asia y África.

4a. Sección Organismos Internacionales.

5a. Sección Asuntos Consulares Migratorios y de Protección.

En ese mismo acuerdo, se estableció que la Comisión de Relaciones Exteriores estaría integrada por un Presidente y tres Secretarios, que corresponderían respectivamente a cada una de las fracciones parlamentarias, además de que contaría con un Secretariado Técnico de Apoyo, por lo que hace a las secciones, cada una tendría un Presidente y uno o dos secretarios, y de siete a dieciséis vocales, que coordinarían su actividad con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que tendría a su cargo el manejo de los asuntos de las relaciones con otros parlamentos y de coordinar y orientar los trabajos de las cinco secciones.

El 2 de octubre de 1997, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVII Legislatura, se aprobó un acuerdo de la Gran Comisión, por el que se crean e integran ya como comisiones ordinarias, la Comisión de Relaciones Exteriores; la Comisión de Relaciones Exteriores, Primera (Europa y Asia); la Comisión de Relaciones Exteriores, Segunda (América del Norte); la Comisión de Relaciones Exteriores, Tercera (América Latina); la Comisión de Relaciones Exteriores, Cuarta (África y Oceanía); y la Comisión de Relaciones Exteriores, Quinta (Organismos Internacionales Gubernamentales).

En la LVIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política sometió al Pleno un acuerdo que fue aprobado el 29 de septiembre del año 2000, por el que se integró la Comisión de Relaciones Exteriores y que fue integrada por un Presidente, dos secretarios y doce integrantes.

En la LX Legislatura, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política que fue aprobado el 28 de septiembre del 2006, sobre integración de Comisiones para dicha legislatura, se crean las Comisiones de Relaciones Exteriores Europa y de Relaciones Exteriores África, se integran las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores Organizaciones No Gubernamentales.

Durante la LXI Legislatura, el 3 de Septiembre de 2009, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecía la facultad de las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores África, y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales para analizar el rubro de la política exterior del tercer informe Presidencial.

Y por lo que hace a la LXII Legislatura, el 27 de septiembre de 2012, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establecieron las Comisiones Ordinarias que funcionaran durante los tres años legislativos, haciendo notar que a través de este acuerdo se mantuvieron las comisiones contempladas en la anterior legislatura, se crearon otras y como un elemento innovador, se crearon secretarias adicionales para algunas comisiones con el propósito de cuenten con la pluralidad y participación de todos los Grupos Parlamentarios y de Senadores Independientes en dichos órganos colegiados, ejemplo de esto, lo es la Comisión de Relaciones Exteriores, misma que se integró con una Presidencia, cuatro secretarias y diez integrantes.

En la actual legislatura se mantienen las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores África; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales.

Como se ha podido apreciar, la política exterior Mexicana ha ido experimentando diversos cambios, mismos que se han visto reflejados en la Comisión que analiza dicha política que derivado de su importancia fue creada primeramente como comisión ordinaria con la actual denominación de Comisión de Relaciones Exteriores, para después ser dividida en secciones para una mejor distribución del trabajo y por el cúmulo de asuntos que atendía una sola comisión, por ello, las secciones fueron adquiriendo importancia, para  tiempo después constatar la necesidad de crear a las Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por región Continental y por el tipo de organismos internacionales con los que nuestro país interactúa o en los que tiene participación.

Por ende, estas Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por región continental son estructuras diferenciadas en razón de la tarea realizada, por lo que los temas que cada una estudia y los asuntos de que se ocupa cada comisión, no coinciden con la que realizan las demás, además de que gozan de independencia en la toma de sus decisiones y cuentan cada una con cuerpos técnicos y de apoyo para realizar su labores y trabajan de manera unida o coordinada en la resolución de ciertos asuntos.

Otro aspecto importante, es el de que los integrantes de las comisiones que participan en las comisiones de relaciones exteriores especializadas por región continental, conocen de los temas y son especialistas en la materia competencia de la comisión, derivado de la tarea que realizan en el seno de cada comisión, por ello, si de facto se consideran autónomas e independientes cada una de estas comisiones, resulta conveniente establecer dicha autonomía en la ley que regula la organización del congreso y en el reglamento del Senado.

Hay que recalcar que es un hecho que el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho del ramo rindan al Congreso; la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscribe, así como la ratificación de la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; y la de ratificar los nombramientos de embajadores, cónsules generales, empleados superiores del ramo de relaciones exteriores, son tres de las facultades exclusivas más importantes que realiza del Senado de la República, por lo que la importancia de que exista una subdivisión de la Comisión de Relaciones Exteriores especializada por regiones y de los distintos organismos internacionales con los que tiene contacto nuestro país, son una herramienta importantísima para poder atender de manera pronta y expedita dichas facultades exclusivas en materia de política exterior y de acuerdo a la materia de su denominación.

Otro aspecto importante, es que derivado de la naturaleza de los asuntos internacionales, estos demandan la necesidad de tener un intercambio de experiencias y criterios, situación a la que ha contribuido cada una de las Comisiones de Relaciones Exteriores especializadas por Región Continental, ya que han sido puente de unión con representantes de poderes legislativos o parlamentarios de otros países con los que se han tenido intercambios de criterios que han resultado enriquecedores.

En la medida de que la Globalización influye en todos los ámbitos de la realidad internacional, se requiere que los órganos parlamentarios o los poderes legislativos de los distintos países tengan conocimiento especifico de las leyes, procesos y de los fenómenos sociales, tecnológicos, políticos, demográficos y económicos que suceden en el concierto internacional, por ello, las reuniones, eventos y foros de participación a los asisten las comisiones de relaciones exteriores especializadas por región continental del Senado, de índole bilateral o multilateral, sirven como medio de aprendizaje y de asimilación de experiencias internacionales que pueden ser recogidas por dichas comisiones e integradas a la política exterior que desarrolla el Presidente de la República en representación de nuestro país y también incluir aquellos aspectos en nuestra política interior que sirvan para mejor las disposiciones jurídicas y políticas públicas que beneficien a nuestra nación.

De la importancia del trabajo y del rol que desarrollan las Comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental, surge la necesidad de que las mismas sean integradas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que su funcionamiento y desarrollo específico de actividades y tareas se incluya en el Reglamento del Senado de la República, en aras de permitir que las mismas desarrollen sus funciones y trabajos de la mejor manera posible, robustece dicho criterio, el hecho de que el Pleno del Senado de la República, aprobó el 24 de septiembre del 2013, un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen los Criterios Generales para el turno de los Asuntos a las Comisiones de Relaciones Exteriores, del que se toman elementos para integrarlos a la presente iniciativa.

Por último, se hace mención de que la presente iniciativa está íntimamente ligada con la iniciativa con proyecto de que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regionalización de comisiones ordinarias, que se presentará de manera conjunta por ser de la misma materia.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 115, 284 Y 300; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 118 BIS Y 118 TER, AL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 115

1. Por acuerdo aprobado por el Pleno, el Senado podrá contar con el número que sea necesario de comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental, encargadas de dar cumplimiento a lo dispuesto por las fracciones I, II y III del artículo 76 Constitucional y las mismas serán consideradas como comisiones ordinarias, que en los casos así establecidos por la Ley, el Reglamento y las demás disposiciones aplicables para cada una de ellas, coordinarán sus trabajos con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica.

2. Por acuerdo del Pleno las comisiones se pueden dividir en secciones; éstas conservan el nombre de aquélla y se les adiciona otra denominación que las distinga. Una comisión se podrá dividir en las secciones que resulten necesarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de su existencia y la comisión solicitará la división al Pleno a través de la Junta.

3. La solicitud propone la forma de integración de las secciones, su materia y duración.

SECCION PRIMERA
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS

Artículo 118

1....

2.…

Artículo 118 Bis

1. Las Comisiones de Relaciones Exteriores Genérica y las de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental, se regirán por la ley, por las disposiciones de la presente sección y las que le sean aplicables de este Reglamento, así como los demás ordenamientos aplicables para cada una de ellas.

2. Las Comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental deberán tener las siguientes denominaciones:

a) Comisión de Relaciones Exteriores África;

b) Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte;

c) Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe;

d) Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico;

e) Comisión de Relaciones Exteriores Europa;

f) Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y

g) Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales.

Estas denominaciones podrán ser modificadas por acuerdo aprobado por el Pleno que tendrá que ser emitido en el mes de septiembre del primer año de la legislatura que corresponda.

3. Para efectos de que las comisiones de relaciones exteriores, genérica y de las especializadas por región continental puedan emitir sus respectivos dictámenes, le corresponderá a la Mesa Directiva turnar los asuntos en primer lugar a aquella comisión que en razón de su especialización, deba tener la competencia directa en el conocimiento del asunto, misma que corresponde a su denominación, atendiendo a las disposiciones aplicables, a la mayor incidencia o relación que el asunto tenga para las diversas regiones continentales del mundo, o en su caso, con los organismos internacionales u organismos no gubernamentales internacionales involucrados.

4. Las iniciativas o proyectos podrán ser turnados como máximo a dos comisiones de Relaciones Exteriores, adicionales a la de Estudios Legislativos que corresponda, se encargará de coordinar los trabajos la que en razón de su especialización tenga la competencia directa del asunto, solo de manera excepcional, se podrá aumentar el número de comisiones adicionales a la de Estudios Legislativos, cuando a criterio del Presidente o de la Mesa, según sea el caso, el asunto tenga una incidencia directa en la competencia de alguna otra Comisión.

Artículo 118 Ter

1. Las Comisiones de Relaciones Exteriores Genérica y las de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental, tendrán las siguientes atribuciones:

I. La Comisión de Relaciones Exteriores Genérica tendrá competencia directa y coordinará los trabajos de dictamen tratándose de la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales; para la  autorización al Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes en aguas mexicanas; así como cuando se trate del estudio y dictamen de instrumentos internacionales multilaterales que involucren dos o más regiones del mundo, en cuyo caso concurrirán las Comisiones de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental y a las que les competan los organismos internacionales u organismos no gubernamentales internacionales, que les  corresponda conocer del asunto. Tratándose del análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho rindan al Congreso de la Unión, cuando su análisis se haga en Comisiones, podrá intervenir como comisión de segundo turno con las especializadas en la materia.

II. La Comisión de Relaciones Exteriores África tendrá competencia para participar en el análisis de la política exterior que se desarrolle en Comisiones, cuando en dichos trabajos se aborden temas relacionados con los países del Continente Africano; Intervendrá como Comisión coordinadora en el estudio y dictamen de los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal con países del Continente africano, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 Constitucional y en el caso de que la materia de dichos instrumentos se relacionen con la competencia de otras comisiones, podrán intervenir en la dictaminación, en los términos que determine la Mesa Directiva; Coordinará los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de acuerdo que tengan relación directa con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal con países del Continente Africano, o bien, con las relaciones diplomáticas entre México y los países de dicha región, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales iniciativas o puntos de acuerdo, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; y Participar con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica en la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules propuestos por el Ejecutivo Federal para los países de África con los que México mantenga relaciones diplomáticas.

III. La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte  será competente para participar en el análisis de la política exterior cuando este se desarrolle en Comisiones e intervenir en dichos trabajos en lo que corresponda a los países de la Región Norte del Continente Americano; Intervendrá como Comisión coordinadora en el estudio y dictamen de los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal con países de América del Norte, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 Constitucional, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales instrumentos internacionales, podrán intervenir  en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; Coordinar los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o de puntos de acuerdo que tengan relación directa con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal con países de América del Norte, o bien, con las relaciones diplomáticas entre México y los países de dicha región otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales iniciativas o puntos de acuerdo, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; y Participar con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica, en la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules propuestos por el Ejecutivo Federal para aquellos países de América del Norte con los que México mantenga relaciones diplomáticas.

IV. La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe será competente para participar en el análisis de la política exterior, cuando se desarrolle en Comisiones e intervenir en dichos trabajos en lo que corresponda a los países de América Latina y el Caribe; Intervendrá como Comisión coordinadora en el estudio y dictamen de los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal con países de América Latina y el Caribe, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 Constitucional, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales instrumentos internacionales, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; Coordinar los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de acuerdo que tengas relación directa con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal con países de América Latina y el Caribe, o bien, con las relaciones diplomáticas entre México y los países de dicha región, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales iniciativas o puntos de acuerdo, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; y Participar con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica, en la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules propuestos por el Ejecutivo Federal para aquellos países de América Latina y El Caribe con los que México mantenga relaciones diplomáticas.

V. La Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico será competente para participar en el análisis de la política exterior cuando se desarrolle en Comisiones e intervenir en dichos trabajos en lo que corresponda a los países de la zona Asia-Pacifico; Intervendrá como Comisión coordinadora en el estudio y dictamen de los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal con países de Asia-Pacifico, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 Constitucional, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales instrumentos internacionales, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; Coordinar los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de acuerdo que tengan relación directa con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal con países de Asia-Pacifico, o bien, con las relaciones diplomáticas entre México y los países de dicha región, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales iniciativas o puntos de acuerdo, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; y Participar con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica, en la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules propuestos por el Ejecutivo Federal para aquellos países de Asia-Pacifico con los que México mantenga relaciones diplomáticas.

VI. La Comisión de Relaciones Exteriores Europa será competente para participar en el análisis de la política exterior cuando se desarrolle en Comisiones e intervenir en dichos trabajos en lo que corresponda a los países de Europa; Intervendrá como Comisión coordinadora en el estudio y dictamen de los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal con países de Europa, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 Constitucional, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales instrumentos internacionales, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; Coordinar los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de acuerdo que tengan relación directa con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal con países de Europa, o bien, con las relaciones diplomáticas entre México y los países de dicha región, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales iniciativas o puntos de acuerdo, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; y Participar con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica, en la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos y cónsules propuestos por el Ejecutivo Federal para aquellos países de Europa con los que México mantenga relaciones diplomáticas.

VII. La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales  será competente para participar en el análisis de la política exterior cuando se desarrolle en Comisiones e intervenir en dichos trabajos en lo que corresponda a los Organismos Internacionales en los que México sea parte; Intervendrá como Comisión coordinadora en el estudio y dictamen de los instrumentos internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal con Organismos Internacionales e Instituciones Multilaterales, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 76 Constitucional, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales instrumentos internacionales, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; Coordinar los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de acuerdo que tengan relación directa con el cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal con los Organismos Internacionales, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales iniciativas o puntos de acuerdo, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva; y Participar con la Comisión de Relaciones Exteriores Genérica, en la ratificación de embajadores, agentes diplomáticos propuestos por el Ejecutivo Federal con respecto aquellos Organismos Internacionales en los que México sea parte.

VIII. La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales  será competente para participar en el análisis de la política exterior cuando se desarrolle en Comisiones e intervenir en dichos trabajos en lo que corresponda a los Organismos Internacionales No Gubernamentales; Intervenir en los trabajos de estudio y dictamen de aquellas iniciativas o puntos de acuerdo que tengan relación con las Organizaciones No Gubernamentales internacionales, otras Comisiones cuyas materias se correspondan con el objeto de tales instrumentos internacionales, podrán intervenir en la dictaminación en los términos que determine la Mesa Directiva.

2. Un asunto podrá ser turnado para opinión, al número de Comisiones que se estime necesario cuando el análisis de los asuntos de política exterior aborden de manera indirecta, asuntos de su competencia y así lo acuerde la Mesa Directiva, no obstante lo anterior, cualquier Comisión o Senador tendrá el derecho de aportar su opinión a las Comisiones dictaminadoras.

3. La rectificación o modificación del turno procederá por causa justificada y cuando exista autorización de la Mesa Directiva y podrá solicitarse tomando como base el criterio de idoneidad para el conocimiento del asunto atendido  a la competencia directa que corresponda a cada comisión de Relaciones exteriores atendiendo a su materia de especialización.

4. Para autorizar la ampliación de turno, la Mesa Directiva considerará el número máximo de Comisiones a las que se puede turnar un asunto y realizar de manera excepcional el turno a más Comisiones, tomando en cuenta la competencia directa de las Comisiones en razón de su especialización en la materia.

Artículo 284

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales:

I.

II.

III.

IV. Atender, con el apoyo de la Mesa y de las Comisiones de Relaciones Exteriores Genérica y de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental que corresponda a delegaciones de parlamentarios y a funcionarios de otros países, representantes de organismos internacionales o personalidades distinguidas, en visita al Senado.

Artículo 300

1....

2....

3....

4.…

5. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tendrá como objeto la realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como el prestar apoyo a las Comisiones de Relaciones Exteriores Genérica y de Relaciones Exteriores Especializadas por Región Continental para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 13 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. Marcela Guerra Castillo”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 64 BIS 1 A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS

(Presentada por los CC. Senadores María Cristina Díaz Salazar, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Esthela Flores Escalera y Claudia Pavlovich Arellano, del grupo parlamentario del PRI)

“Los que suscriben, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ROMO MEDINA, ENRIQUE BURGOS, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA FLORES ESCALERA Y CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, Senadores de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 64 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de los esfuerzos realizados desde la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo (1987), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que las tasas de mortalidad materna continúan siendo inaceptables en un número importante de países (Ramson, 2002), por ello existe un renovado interés mundial en disminuir este tipo de mortalidad. En septiembre de 2002 los miembros de la ONU adoptaron la Declaración del Milenio; el gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales el número 5 establece la meta de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990.

La Organización mundial de la Salud (WHO, 2004ª; WHO, 2004b) ha centrado su estrategia para abatir la mortalidad materna en la atención universal del embarazo, parto y post-parto por personal profesional o calificado, considerando como tal a médicos ginecobstetras, médicos generales, parteras profesionales y enfermeras obstetras, excluyendo a las parteras tradicionales que son las mujeres que atienden partos en la comunidad, que son independientes del sistema de salud y no han sido entrenadas formalmente. Se argumenta que la atención profesionalizada del parto asegurará la detección y tratamiento oportuno de las emergencias obstétricas, tanto en el primero como en el segundo nivel de atención. Este enfoque considera que todas las mujeres embarazadas pueden presentar una complicación, lo cual ha llevado a modificar la propuesta de atención y obliga a disponer de dos estrategias: una privilegia el cuidado profesional del parto, y otra que pone énfasis en la atención obstétrica de emergencia (AOE) para evitar la muerte materna. Ambas propuestas están siendo impulsadas por dos instancias internacionales involucradas en la promoción de una maternidad segura (Freyermuth 2004).

Family Care international ha respaldado la iniciativa que se centra en promover la atención profesional del parto y se basa fundamentalmente en la experiencia de los países desarrollados en el abatimiento de la mortalidad materna. La atención profesional implica que las personas que se encarguen del cuidado de las mujeres embarazadas, así como de sus partos y pospartos, hayan pasado por un proceso de entrenamiento profesionalizado (FCI; 2003), lo que lleva a que todas las mujeres embarazadas sean atendidas por médicos, enfermeras u obstetras profesionales capacitados para identificar las emergencias obstétricas, canalizándolas a la isntacia hospitalaria de manera oportuna. En su propuesta, Family Care estima necesario definir indicadores de referencia con el fin de dar seguimiento al progreso de la atención calificada del parto; elaborar políticas nacionales que garanticen el derecho de toda mujer a la atención calificada durante la maternidad; poner en marcha programas que permitan al personal del sector adquirir las destrezas y conocimientos para este fin; establecer normas y directrices nacionales para dar seguimiento al desempeño del personal calificado; invertir en los recursos necesarios que aseguren la atención calificada (medicamentos, transporte y recursos en los distintos niveles de atención), y eliminar las barreras financieras, de clase y culturales para asegurar el acceso universal (FCI; 2003). Esta propuesta ha tenido impacto en la Declaración del Milenio sobre el Desarrollo, que ha incluido como un indicador de evaluación el número de nacimientos atendidos por personal calificado.

La segunda propuesta ha sido promovida por Averting Maternal Death and Disability Program (AMDD, Columbia University, N.Y.) y está encaminada a resolver la atención obstétrica de emergencia. Se basa en los supuestos de que un embarazo, parto o posparto de evolución normal puede ser tratado por una partera o incluso por los familiares de la mujer embarazada. Sin embargo, la población en general debe tener los conocimientos necesarios para identificar los signos de emergencia obstétrica, para canalizar oportunamente a las mujeres que sufren complicaciones hacia los servicios de salud de primer y segundo nivel con el fin de que los resuelvan. Se necesita una red de servicios de salud que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para proporcionar la atención primaria y resolutiva de la emergencia. Esta propuesta se centra en la provisión de atención obstétrica de emergencias las 24 horas de los 365 días del año, en el primer y segundo nivel de atención. El plan requiere de la existencia de una red de servicios de atención básicos, con personal calificado capaz de instalar una venoclisis a una paciente con hemorragia, extraer una placenta o restos placentarios retenidos, y manejar oxitócicos, antibióticos, analgésicos y anticonvulsivantes intravenosos, propiciando la atención oportuna y la canalización a un servicio de emergencias completo que resuelva cualquier tipo de emergencia obstétrica. El nivel resolutivo, además de cumplir con lo anterior, debe contar con un cirujano o ginecobstetra, un anestesiólogo, un pediatra y un banco de sangre, debiéndose promover mecanismos para que dichos servicios sean utilizados por aquellas mujeres que realmente los necesiten, es decir, las que tienen una emergencia obstétrica. Es indispensable mejorar la calidad de la atención de esta red de servicios para disminuir la mortalidad materna, y contar con indicadores de evaluación y monitoreo de las acciones que se realizan.

Una observación frecuente en los análisis de muertes maternas está en relación directa con los múltiples motivos por los cuales se difiere la atención médica a las mujeres embarazadas, y no solamente es los criterios de derecho-habiencia, sino también está en función de carencia en ocasiones de infraestructura física y/o de personal calificado las 24hrs y las dilaciones en éste sentido pueden condicionar, en cualquier momento un riesgo inminente para la vida. El reto actual en nuestro fragmentado sistema de salud consiste en que no exista ya motivo para negarle la atención médica a ninguna mujer que la solicite de manera urgente.

Ya que existe una elevada cobertura de atención del parto en unidades médicas, misma que no parece relacionarse con una adecuada reducción en la mortalidad materna. En México, los datos de la más reciente ENSANUT documentan la elevada y creciente atención del parto en unidades médicas por profesionales de la salud, en línea con otras fuentes oficiales. De acuerdo con INEGI, por ejemplo, en 2011 en México hubo 2’586,287 nacimiento, de los que 1’046,883, se estima fueron atendidos en unidades médicas de la Secretaría de Salud (40.47%) y 559,718 en el IMSS (21.6%). Sin embargo, en nuestro análisis no se pudo documentar correlación alguna entre porcentajes de cobertura del parto y RMM por entidad federativa. Estos datos demuestran que, si bien es necesario incrementar la atención del parto hasta garantizar su cobertura universal para todas las mujeres, independientemente de su derechohabiencia o de su nivel socioeconómico, la cobertura en sí no es suficiente para lograr una reducción de la mortalidad materna conforme a los compromisos adquiridos por el país. Se requiere urgentemente garantizar que esta atención sea calificada, lo cual requiere contar con personal de salud con los conocimientos y habilidades necesarias, recursos e infraestructura que garanticen la atención obstétrica oportuna y de calidad en cualquier institución, así como de otras estrategias que permitan mejorar la calidad de la atención obstétrica y el funcionamiento del sistema de salud en su conjunto, incorporando en los servicios el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Como elemento estratégico, es necesario fortalecer los programas de planificación familiar e innovar políticas de salud capaces de promover acciones intersectoriales que disminuyan la enorme inequidad social, en un escenario donde el porcentaje de muertes materna en función de los nacimientos para la Secretaría de Salud es estimada en 0.04% y de 0.03% en el IMSS, eventos obstétricos fatales cuyo elevado riesgo no es predecible hasta el momento del inicio del trabajo de parto en la mayoría de los casos.
Las causas de muerte materna son bien conocidas y tratables en su gran mayoría: aproximadamente 75% de las mismas incluyen causas obstétricas directas tales como hemorragia, enfermedades hipertensivas, aborto inseguro, infección puerperal y parto distócico, las cuales requieren no sólo de acceso oportuno a unidades de atención obstétrica y de su tratamiento por personal capacitado, sino que la atención proporcionada en estas unidades y por este personal sea de calidad homogénea, culturalmente sensible y esté disponible permanentemente.

En la actualidad, el sistema de salud de México se encuentra segmentado, por lo que existen diversas instituciones que ofrecen servicios de acuerdo con el tipo de población. Las unidades médicas están desarticuladas y no funcionan como redes de servicios de salud. Asimismo, como ya se ha comentado, no se tiene garantizado el traslado, la comunicación entre las unidades médicas en zonas marginadas o la presencia de traductores en zonas indígenas.

Todavía existen plantillas incompletas de personal de salud que impiden tener cobertura con el núcleo básico (obstetra, anestesiólogo, cirujano y pediatra) las 24 horas del día, incluso en unidades que han sido establecidas como de referencia para emergencias obstétricas. Por otro lado, desde hace varios años, en las unidades médicas de primer nivel, ha disminuido la atención de partos e intervenciones en salud reproductiva de baja complejidad (aborto no complicado, salpingoclasia y vasectomía). Esto ha llevado a una saturación de servicios de atención de todo tipo de eventos obstétricos, des parto vaginal eutócico hasta una urgencia obstétrica.

La preocupación por esta problemática que nos lleva a aumentar la muerte materna se asume por el Poder Legislativo, ocupándonos de apoyar desde nuestro espacio y es por esto que existe ya un antecedente de la diputada federal Flor de María Pedraza y la senadora Martha Elena García Gómez, quienes también han legislado en la materia.

De esta iniciativa el objetivo de reducir la mortalidad materna eliminando las barreras de acceso a la atención ginecobstétrica de emergencia, independientemente de la derechohabiencia de las mujeres, pero también constituye uno de los primeros ejercicios operativos de integración funcional entre las instituciones del sector público de salud en nuestro país para tratar de optimizar los hospitales obstétricos existentes y como un camino hacia la universalización de los servicios de salud. Este esfuerzo no ha estado exento de dificultades en su instrumentación y apenas está dando resultados con las unidades médicas que actualmente participan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se adiciona un artículo 64 bis 1 de la Ley General de Salud, en materia de emergencias obstétricas.

Ley General de Salud:

Artículo 64 BIS 1: Los establecimientos que prestan los servicios de salud a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 34 de la Ley en comento, prestarán atención expedita con criterios de calidad, eficacia, resolutividad y gratuidad a las mujeres en periodo de gestación que presenten una emergencia obstétrica, solicitada de manera directa o por la referencia de otra unidad médica, en aquellas con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

TRANSITORIO

PRIMERO.- La presente iniciativa se ceñirá al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de marzo de 2014

Sen. Cristina Díaz Salazar





 

PROPUESTAS

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que informen el resultado de las investigaciones iniciadas en relación con la posible existencia de un vínculo directo entre TELMEX y MVS o su filial DISH MÉXICO que pudieran resultar violatorios a la Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión.







 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a presentar un informe de la situación en la que se encuentra la educación superior en el estado, así como la situación actual que prevalece en la Universidad de Sonora y en la Universidad de la Sierra.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FIN DE QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANIA, UN INFORME DETALLADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA EDUCACION SUPERIOR, ASI COMO LA SITUACION ACTUAL QUE PREVALECE EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA.

LOS QUE SUSCRIBEN SENADORES DE LA REPÚBLICA DE LA LXII LEGISLATURA E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A FIN DE QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO, ASÍ COMO LA SITUACIÓN ACTUAL QUE PREVALECE EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y EN LA UNIVERSIDAD DE  LA SIERRA, en razón de las siguientes:

Consideraciones

Garantizar el acceso a la educación constituye para todo gobierno una prioridad,  sin duda es un elemento indispensable para que nuestro país transite exitosamente a mejores niveles de crecimiento y desarrollo bajo principios de equidad con justicia social.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 3.04% de la población del Estado de Sonora es analfabeta, entre la población mayor de 15 años el promedio de escolaridad es de 9.4, así mismo, 290 mil 698 personas cuentan con estudios de nivel profesional y 25 mil 035 cuentan con posgrado.

La Dirección General de Planeación de la Secretaría de Educación Pública, informa que en el ciclo escolar 2012-2013 el Sistema Educativo Nacional contaba con una matrícula de 35 millones 251 mil 68 alumnos de los cuales 853 mil 859 eran del Estado de Sonora.  Así como 43 mil 005 docentes y 4 mil 863 escuelas.

En el nivel superior, la entidad cuenta con el 37.4% en cobertura (incluye posgrado, 18 a 23 años) y según el último informe de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), tiene una matrícula total de 101 mil 126 estudiantes, que representa más del 3.1% del total nacional. De la misma manera, la ANUIES establece que en los últimos años ha aumentado la matrícula de la demarcación, debido a la alineación de las políticas estatales con las federales, este aumento representa al más del 26.1%.

Uno de los centros educativos públicos más importantes de la Entidad es la Universidad de Sonora, que alberga a más de 3 mil profesores y 40 mil 955 estudiantes (29 mil 311 de licenciatura, 832 en posgrado, 717 talleres de arte y 10 mil 95 en curso de idiomas). Desde su fundación en 1942, han egresado de diversas disciplinas profesionistas de todas las regiones del Estado, bajo programas de calidad, en los que se articula la docencia con la generación y aplicación del conocimiento.

Esta institución se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo del Estado, debido a la relación directa y permanente con los sectores sociales productivos, a través de diversas investigaciones que en más del 60% de los casos son financiadas por recursos privados y a la implementación de diversos proyectos productivos de alto impacto social.

La ubicación geográfica de los Campus de esta institución, la convierten en una opción estratégica para el desarrollo educativo del Estado, debido a que atiende a estudiantes de las distintas localidades y regiones a través de la diversificación de las opciones educativas y la investigación. Actualmente cuenta con tres unidades Regionales: a) Unidad Regional Centro (Unidad Cajeme y Vicerrectoría URC) b) Unidad Regional Norte (Caborca, Santa Ana y Nogales) c) Unidad Regional Sur (Navojoa).

La Universidad de Sonora, se distingue por contar con una oferta educativa pertinente con la vocación productiva de la entidad y sus regiones, cuenta con 46 programas de licenciatura entre las que destacan las carreras en Negocios y Comercio Internacionales, Tecnología Electrónica, Trabajo Social, Biología, y Psicología de la Salud, así como las Ingenierías en matemáticas, Sistemas de Información y Metalúrgico. De la misma manera cuenta con 5 especialidades, más de 25 Maestrías y 11 Doctorados en Ciencia de Materiales, Ciencias Químico Biológicas y de la Salud, Humanidades y Nanotecnología.

Por su importancia en el Estado ha firmado convenios de colaboración con diversas instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, así como convenios de intercambio estudiantil con América Latina y Europa para el reconocimiento y convalidación de estudios, debido a esto por lo menos cada año más de 400 estudiantes forman parte del programa de movilidad, permitiendo una retroalimentación académica y de costumbres y tradiciones con otras culturas. 

A pesar de lo anterior, hoy vive su octava huelga en 8 años, y es que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora no ha logrado alcanzar los acuerdos con las autoridades, por lo que se inició una huelga desde el 28 de febrero de 2014 argumentando presuntas violaciones al contrato de trabajo.

Ante estas circunstancias, el Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, declaró que su administración no cuenta con los recursos para coadyuvar en la solución de los diversos problemas por los que hoy atraviesa la máxima casa de estudios del Estado de Sonora y que la mantienen paralizada, afectando de manera directa a trabajadores y a más del 30% de la matrícula total de educación superior de la entidad.

Por si esto no fuera poco, la Universidad de la Sierra se encuentra en peores condiciones, ya que en distintos medios de comunicación, se ha hecho público el despido de 30 docentes, la suspensión de diversas licenciaturas de su oferta académica, y el eminente cierre definitivo de dicha institución educativa que presta sus servicios formativos a toda la región.

Por su ubicación en la localidad de Moctezuma y oferta académica de licenciaturas e ingenierías entre las que se encuentran la de Telemática y Sistemas; Industrial en Productividad y Calidad; Administración de Turismo Rural y Biología en Producción Acuícola, constituye un polo de desarrollo regional.

El cierre paulatino y permanente respectivamente, de estas instituciones de educación superior, se debe, de acuerdo a las autoridades educativas, a serios problemas económicos, es decir, un presupuesto limitado en el ramo educativo y a nulos apoyos por parte del Gobierno del Estado, por lo que la cobertura educativa se verá permeada.

De no atenderse esta problemática, instrumentando distintas acciones, mecanismos y programas que incidan positivamente, muchos jóvenes del Estado de Sonora verán truncadas sus aspiraciones de obtener un título profesional y peor aún de tener más oportunidades de tener una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de atender de manera oportuna estos problemas del sector educativo del Estado de Sonora y Garantizar el acceso a la educación superior, acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Sonora, para que a través de las instancias correspondientes, presenten ante esta Soberanía un informe de la situación en que se encuentra la educación superior en Sonora. Así como la problemática actual que prevalece en la Universidad de Sonora y en la Universidad de la Sierra.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 13 de marzo de 2014

Atentamente”.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que las efemérides inscritas en nuestra agenda se insertarán en el Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del grupo parlamentario del PRI, en conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día Mundial del Riñón.

“DIA MUNDIAL DEL RIÑON
13 DE MARZO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

El Día Mundial del Riñón se celebra todos los años el segundo jueves del mes de marzo, siendo hoy 13 de marzo del año 2014 el día a celebrar. Se trata de un día en el que se realza la importancia del riñón como órgano vital del organismo humano, así como los posibles problemas o enfermedades derivadas de su mal funcionamiento.

El Día Mundial del Riñón surge en el año 2006 como iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y de la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (IFKF) para promover la salud renal a partir de la prevención partiendo de la premisa de que la Enfermedad Renal Crónica es nociva y tratable.

Este día se celebra con el objetivo de enseñar a la población acerca de sus riñones y su funcionamiento, así como también sobre la hipertensión y la diabetes, que son dos de los principales factores de riesgo que pueden desencadenar en enfermedad renal.

Debemos destacar el papel crucial que la presión arterial elevada y la diabetes tienen sobre el mayor riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica; además, buscar incentivar a la población general a efectuar la evaluación correspondiente de la presencia de factores de riesgo de enfermedad renal, y a realizarse un simple test renal periódico.

Es importante impulsar un estilo de vida sana y saludable, promover la donación para el trasplante renal, prevenir enfermedades renales crónicas, implementar la detección temprana de la enfermedad, incrementar el conocimiento sobre las enfermedades renales; así como, concienciar a la población sobre la prevención de la enfermedad e informar sobre los factores de riesgo frente a una enfermedad renal.

En todo el mundo es necesaria la realización de numerosos trasplantes de órganos y uno de los más necesarios en el de riñón. Por ello en este día se intenta sensibilizar a la población de la importancia que tiene donar órganos y sobre todo el riñón, ya que gracias a él se puede devolver la vida a una persona que padece una enfermedad renal.

Cuidemos nuestra salud, démosle importancia a nuestros órganos y nuestro cuerpo para prevenir o mejorar nuestra calidad de vida.

Jueves 13 de marzo de 2014

Atentamente

H. Camara de Senadores

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

“Efeméride por la Conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor con el objeto de que los gobiernos y la sociedad reflexionen y promuevan los derechos fundamentales de todos los consumidores, así como para que los consumidores exijan que sus derechos sean respetados y protegidos, y para que la sociedad en general proteste contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que día con día socavan1.

El Estado Mexicano tiene la obligación de velar por la defensa de los derechos y obligaciones de los consumidores dentro de esta sociedad moderna e industrial llamada: “sociedad de consumo”. Los consumidores generalmente son protagonistas de un conjunto de abusos y daños, contra los cuales las reglas del Derecho común constituyen una protección ilusoria.

El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores, que se debe manifestar, protegiendo todo daño, económico o material, provocado por bienes de consumo. El derecho a la reparación del daño que soporte el consumidor por la circulación de productos defectuosos, o por la difusión de mensajes engañosos o erróneos. Es por esta razón que en el marco de esta conmemoración debemos promover como máximo órgano legislativo el impulsar la aprobación de ordenamientos que establezcan reglas generales que provean la seguridad de los bienes y servicios; que instituyan controles sobre la productos del mercado y sobre su composición y etiquetado; y que protejan los intereses económicos de los consumidores con controles sobre las condiciones generales de contratación.

Es acertado que los consumidores se organicen y se asocien para ser representados en diversos organismos, para expresar opiniones sobre decisiones políticas y económicas inherentes a la disciplina del consumo. En México, la PROFECO debe erigirse como una autoridad fuerte, independiente y eficaz, que represente a los consumidores y a las categorías comerciales, con facultades tanto para expresar y sancionar a los prestadores de servicios que realizan actos de abuso en contra de los consumidores.

Un ejemplo claro del abuso en contra de los derechos de las y los consumidores es el servicio que presta AEROMEXICO y que he venido manifestando desde la semana pasada en tribuna, ya que una infinidad de personas que utilizan y pagan por el servicio de trasporte sufren de malos tratos, retrasos, pérdidas injustificadas de vuelo, por parte de dicha empresa sin que hasta ahora las autoridades mexicanas en la material hayan salido al paso de la revisión y la reparación de los derechos del consumidor que han sido violentados a lo largo de años.

Por lo tanto, conmemoremos este día con el ánimo de lograr una cultura de consumo con respeto a los derechos de las y los ciudadanos.

Es cuanto”.

1 http://es.consumersinternational.org/our-work/wcrd/about-wcrd/





 

De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PT, en conmemoración del Día Mundial del Consumidor.

“EFEMERIDES DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR.
15 DE MARZO.

TODAS LAS PERSONAS YA SEAN FISICAS O MORALES REQUERIMOS DE MULTIPLES BIENES Y SERVICIOS PARA SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES, A TRAVES DE LA COMPRA U OBTENCION DE DETERMINADO PRODUCTO Y TENEMOS QUE LLEVAR A CABO ALGUN TIPO DE OPERACION ECONOMICA, PARA QUE EXISTA UN CONSUMIDOR DEBE HABER DEL OTRO LADO UN ENTE QUE PROVEA DEL SERVICIO U OBJETO DE LA OPERACION.  QUIENES NOS PROVEEN DE  DICHOS BIENES Y SERVICIOS NO SIEMPRE CUMPLEN CON LOS COMPROMISOS PACTADOS, YA QUE CON ANTERIORIDAD NO EXISTIA NINGUNA DEFENSA DE NUESTROS INTERESES.

EL DIA 15 DE MARZO DE 1963 EL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY ANTE EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA SE REFIRIO A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, AÑOS MAS TARDE EL MOVIMIENTO DE CONSUMIDORES  COMENZO A CELEBRAR CADA 15 DE MARZO EL DIA MUNDIAL DE LOS CONSUMIDORES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA CONCIENCIA MUNDIAL SOBRE ESTOS DERECHOS.

 ES UNA OCASION ANUAL DE CELEBRACION PARA EL MOVIMIENTO DE CONSUMO A NIVEL MUNDIAL., ES UNA JORNADA PARA PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE TODOS LOS CONSUMIDORES PARA EXIGIR QUE SUS DERECHOS SEAN RESPETADOS Y PROTEGIDOS, ASI COMO PARA PROTESTAR CONTRA LOS ABUSOS DEL MERCADO Y LAS INJUSTICIAS SOCIALES QUE LO SOCAVAN.

ESTA CELEBRACION HA REALIZADO DIVERSAS CAMPAÑAS A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES, ASI PODEMOS SEÑALAR LA RELATIVA A REDUCIR EL COSTO DE LOS ENVIOS DE DINERO AL EXTERIOR, PARA QUE LOS CONSUMIDORES TENGAN SERVICIOS FINANCIEROS JUSTOS; CONTRA LA COMIDA CHATARRA Y LA PROMOCION NO ETICA DE MEDICAMENTOS, ENTRE OTRAS.

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR IMPLICAN UN CONJUNTO DE NORMAS QUE SURGEN DEL PODER PUBLICO Y ESTAN DESTINADOS A PROTEGER AL USUARIO O CONSUMIDOR, OTORGANDOLE EN LA RELACION CON LOS VENDEDORES O PROVEEDORES DEL SERVICIO, TANTO DERECHOS COMO OBLIGACIONES.

EN NUESTRO PAIS EL 22 DE DICIEMBRE DE 1975 SE PROMULGO LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y A TRAVES DEL TIEMPO HA TENIDO DIVERSAS REFORMAS, Y SUBSTITUIDA POR LA VIGENTE, EN ELLA SE DEFINE CON TODA CLARIDAD EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR COMO  A LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ADQUIERE, REALIZA O DISFRUTA DE BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS O LOS ADQUIERE, ALMACENA, UTILIZA O CONSUME BIENES O SERVICIOS CON EL OBJETO DE INTEGRARLOS  EN PROCESOS DE TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION O PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS

TIENE COMO OBJETO PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS Y LA CULTURA DEL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR, LA CERTEZA Y SEGURIDAD JURIDICA EN  LAS RELACIONES ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES.

EN ESTA NORMA  SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR LA INFRACCION DE LA LEY; LOS PAGOS POR EXCESO, LA REPOSICION DEL PRODUCTO A ELECCION DEL CONSUMIDOR, SE REGULA EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS,  LA GARANTIA QUE DEBEN TENER CIERTOS PRODUCTOS, LAS OPERACIONES A CREDITO, LA COMPRAR DE INMUEBLES, LOS SERVICIOS, LAS PROMOCIONES Y OFERTAS, LA INFORMACION YPUBLICIDAD DE BIENES Y SERVICIOS QUE DEBE SER CIERTA Y COMPROBABLE, LAS SANCIONES EN QUE INCURREN POR EL INCUMPLIMIENTO,  ASI COMO AL ORGANO ENCARGADO DE VIGILAR Y HACER CUMPLIR LA LEY QUE ES LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

EL DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, DEBE SER UN ESTIMULO PARA SEGUIR DEFENDIENDO SUS DERECHOS Y VIGILAR QUE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE SU DEFENSA CUMPLAN CON ESE OBJETIVO, ESPECIALMENTE RESPECTO A LAS CLASES MAS NECESITADAS, QUE SE IMPONGAN EFECTIVAMENTE LAS SANCIONES A QUIENES ABUSAN Y VIOLAN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS”.





 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de marzo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 15:28 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

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