Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Sabado 29 de abril de 2017
    
    

Última actualización: Abril 2017
Última revisión: Abril 2017

Sesión Plenaria - Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 10

Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 04 de Marzo de 2014

SUMARIO                                              


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COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

- Se aprueba el dictamen suscrito por la Comisión Contra la Trata de Personas, con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a que, en coordinación con los titulares de los poderes ejecutivos locales y del Distrito Federal, implementen y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a la trata de personas y todas las formas de explotación, incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en México. Intervienen al respecto los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez, a nombre de la Comisión Contra la Trata de Personas, Fernando Enrique Mayans Canabal, quien presenta propuesta de modificación que no se admite, David Monreal Avila, Fidel Demédicis Hidalgo y Luisa María Calderón Hinojosa.















































 

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

APERTURA

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: (11:31 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria María Elena Barrera Tapia: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 72 ciudadanas Senadoras y Senadores. En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Se abre la sesión del martes 4 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

“ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL MIERCOLES
VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las catorce horas con siete minutos del día miércoles veintiséis de febrero de dos mil catorce, encontrándose presentes ciento dos ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veinticinco de febrero de dos mil catorce.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Humberto D. Mayans Canabal, su Primer Informe de actividades legislativas, como Senador de la República, y de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Lic. Thelma Semiranis Calva García, oficio por el que informa que por motivos personales ha decidido no continuar su participación como postulante al cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, en la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 10 de febrero del año en curso en Cartagena de Indias, Colombia, acompañado de una copia del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.- Quedó de enterado. Se remitió copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Gobernación.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad a la vivienda.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 416 del Código Civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.- El Senador Manuel Camacho Solís presentó moción suspensiva, la cual se admitió a discusión. Intervinieron los senadores: Omar Fayad Meneses del PRI, en contra de la moción; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD, a favor de la moción. La moción suspensiva fue desechada.

Para la presentación del dictamen intervinieron los senadores: Cristina Díaz Salazar, por la Comisión de Gobernación; Arely Gómez González, por la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana; Alejandro Encinas Rodríguez, por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

En la presentación de votos particulares, hicieron uso de la palabra los senadores: Armando Ríos Piter, a nombre de diversos Senadores del PRD; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y Mario Delgado Carrillo del PRD.

Para los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; Angélica de la Peña Gómez del PRD; Héctor Larios Córdova del PAN; Gerardo Sánchez García del PRI.

En la discusión en lo general, intervinieron los senadores: Dolores Padierna Luna del PRD, en contra; Manuel Bartlett Díaz del PT, en contra; Javier Corral Jurado del PAN, en contra; Raúl Morón Orozco del PRD, en contra; David Penchyna Grub del PRI, para razonar su voto; Zoé Robledo Aburto del PRD, en contra; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, para razonar su voto; Lorena Cuéllar Cisneros del PRD, en contra; Fernando Mayans Canabal del PRD, en contra; y Omar Fayad Meneses del PRI, para razonar su voto. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles Montoya entregó su intervención a favor de este dictamen, la cual se integrará al Diario de los Debates.

El Presidente de la Mesa Directiva dio cuenta con una propuesta de modificaciones de consenso, que fue aprobada por la Asamblea y se integró al dictamen, para su votación.

Se informó que quedaron reservados los 65 artículos del proyecto de ley y el Artículo Quinto Transitorio.

El dictamen con la propuesta de modificaciones fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 103 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención.

Para la presentación de sus reservas, hicieron uso de la palabra los senadores: Fidel Demédicis Hidalgo, quien se refirió a los artículos 9, 11, 12, y 14; Raúl Morón Orozco, quien se refirió a los artículos 6, 12, 14, 15, 33 y 64; Javier Corral Jurado, quien se refirió al artículo 41; el Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador David Monreal Avila entregó sus propuestas de modificación; Alejandro Encinas Rodríguez, quien presentó propuesta de modificación al artículo 6, la cual no se admitió a discusión; Dolores Padierna Luna, quien presentó sus reservas a los artículos 12, 14, 28, 33, 34, 64 y al Artículo Quinto Transitorio y la adición de un artículo 66; Angélica de la Peña Gómez, quien informó que sus reservas fueron consideradas en la propuesta de consenso aprobada; Lorena Cuéllar Cisneros, que presentó sus reservas a los artículos 9 y 14; Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre también de la Senadora Marcela Torres Peimbert, quien se refirió al artículo 15; Fernando Mayans Canabal, quien se refirió a los artículos 15, 23 y 33; Manuel Bartlett Díaz, quien se refirió a los artículos 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 25; Adolfo Romero Lainas, quien se refirió al artículo 17; Zoé Robledo Aburto, que presentó sus reservas a los artículos 19, 23 y 28; Isidro Pedraza Chávez, quien se refirió al artículo 25; Marcela Torres Peimbert, que presentó reservas a los artículos 26, 27 y 28, a nombre propio y de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández; Armando Ríos Piter, quien se refirió al artículo 41; Rabindranath Salazar Solorio, para referirse a los artículos 41 y 64; Raúl Gracia Guzmán, quien se refirió a los artículos 41, 60, 61 y 62; y Mario Delgado Carrillo, quien se refirió al Artículo Quinto Transitorio. Ninguna de las propuestas de modificación se admitió a discusión. Los artículos 1 al 15 del proyecto de decreto fueron aprobados en los términos del dictamen por 80 votos en pro y 25 en contra. Los artículos 16 al 30 del proyecto de decreto fueron aprobados en los términos del dictamen por 80 votos en pro 24 en contra. Los artículos 31 al 45 del proyecto de decreto fueron aprobados en los términos del dictamen por 80 votos en pro y 25 en contra. Los artículos 46 al 65 y el Quinto Transitorio del proyecto de decreto fueron aprobados en los términos del dictamen por 80 votos en pro y 25 en contra. Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. El Presidente de la Mesa Directiva informó que la propuesta que entregaron diversos senadores en relación con la exposición de motivos, se incorporará al Diario de los Debates.

 

La Mesa Directiva dio cuenta con el dictamen de Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las solicitudes de los Ciudadanos Wanda Sigrid Arzt Colunga, Gerardo Laveaga, María Elena Pérez-Jaén Zermeño Y Angel Trinidad Zaldívar, Comisionados del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección De Datos.

Se informó que en el dictamen se determina que no se alcanzaron los acuerdos necesarios, por lo que no se advierten condiciones para alcanzar la votación necesaria que exige el Artículo Tercero Transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado el siete de febrero del 2014.

El Presidente de la Mesa Directiva informó que dicho dictamen se turnó a la Junta de Coordinación Política para que, como lo dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso General, contribuyera a las condiciones que permitieran al Senado asumir una determinación para el cumplimiento de las facultades asignadas a esta Cámara.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política comunicó a la Mesa Directiva su conclusión sobre el asunto turnado, que consigna que no se alcanzaron los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del decreto de reformas constitucionales.- La Asamblea se dio por enterada y se hizo del conocimiento de los cuatro interesados.

 

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes asuntos:

 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos.

 

De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández, Héctor Larios Córdova y Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a invitar a los diferentes grupos políticos venezolanos, en especial al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al diálogo transparente y franco en un marco de legalidad y tolerancia y sobre todo con el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades civiles.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las dos horas con cincuenta y dos minutos y citó a la siguiente a Sesión Solemne el martes cuatro de marzo a las once horas para recibir la visita del Presidente del Parlamento del Reino de Dinamarca; y a Sesión Ordinaria ese mismo día al concluir la Sesión Solemne.

 

Fin de la sesión”.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Comuníquese.

Pasamos al siguiente asunto.




 

COMUNICACIONES

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que solicita a la Comisión de Comunicaciones y Transportes dar seguimiento a dos Acuerdos aprobados.

“MARTHA PALAFOX GUTIERREZ
SENADORA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

México D.F. a 26 de Febrero de 2014

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL SENADO DE LA REPUBLICA.

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito atentamente se haga una excitativa a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de este H. Senado, a efecto de que de, seguimiento a los dos puntos de acuerdo aprobados, el primero de ellos en Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en diciembre del año dos mil doce y el segundo el día tres de diciembre del año dos mil trece

Puntos de acuerdo que exhortan al Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, y del Estado de Tlaxcala para requiera a la concesionaria promotora de autopistas del Pacifico S.A de C.V., (PAPSA), cumplan con la norma y con el acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Senado de la República, Dictaminado en la Sesión de 18 de Diciembre del año dos mil doce, en relación con la concesión del tramo carretero San Martín Texmelucan - Tlaxcala- El Molinito, conocida como la autopista de la muerte.

Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente

Atentamente”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase esta comunicación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, con la que remite su programa anual de trabajo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes instrumentos internacionales:

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de junio de 2013, en la ciudad de México.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/260/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.0537/2014 signado por el Lie. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, Respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION,

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 18 de julio de 2013, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, Respecto de Aruba, para el Intercambio de Información con Respecto a los Impuestos.

Tras la Reunión del Grupo de los Veinte (G20) celebrada el 2 de abril de 2009 en Londres, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó la denominada "Lista Gris" de los paraísos fiscales, en la que se incluían tanto estados soberanos como jurisdicciones. En dicha Lista, que incluye los territorios bajo la jurisdicción del Reino de los Países Bajos, se especificaba que para dejar de ser considerado como una "Jurisdicción no cooperativa" (por no haber aún puesto en práctica la normativa internacional sobre fiscalidad) los estados o las jurisdicciones incluidos en la misma debían firmar, por lo menos, doce Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA's) con otros Estados miembros de la OCDE.

El Reino de los Países Bajos ha celebrado este tipo de acuerdos con diversos países, en nombre y representación de los territorios bajo su jurisdicción. En el caso de México, el presente Acuerdo y el suscrito en 2008 entre ambos países en relación con las Antillas Holandesas, ampliarán la cobertura de la cooperación entre las autoridades tributarias neerlandesas y mexicanas sobre la totalidad del territorio del Reino de los Países Bajos.

El TIEA con Aruba se suma al celebrado con el Reino de los Países Bajos, respecto de Antillas Holandesas, así como a los celebrados con Bahamas, Belice, Bermudas, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guemsey, Islas Caimán, Islas Cook, Isla del Hombre, Jersey y Samoa.

Este Acuerdo constituye una herramienta que, junto con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos reglamentos, permite fortalecer la capacidad fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria.

De aprobarse el Acuerdo, el procedimiento de intercambio de información fiscal entre las partes permitirá un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, en virtud de que prevé un procedimiento de cooperación entre las administraciones tributarias de ambos países para el intercambio de información fiscal, incluyendo información bancaria. Asimismo, se podrá verificar en lo futuro que los contribuyentes paguen las cantidades que correspondan conforme a la legislación de cada uno de los países.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Acuerdo).

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto".





 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein, para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013, en Washington, D.C.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/259/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.0537/2014 signado por el Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013 en Washington, D.C.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 20 de abril de 2013, en Washington, D.C., el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de Información en Materia Tributaria y su Protocolo.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Economía, la inversión acumulada de Liechtenstein en México, de 1999 al segundo trimestre de 2013, asciende a 11.0 millones de dólares, y se concentra principalmente en los sectores de la construcción, la industria manufacturera, servicios de salud y asistencia social, y comercio.

El principal objetivo de los Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal (TIEA's) es combatir la evasión y el fraude fiscales. Para cumplir con este fin, las autoridades competentes de las Partes se encuentran facultadas para intercambiar información tributaria y bancaria que les permita determinar los impuestos a cargo de los contribuyentes.

El TIEA con Liechtenstein se suma a los acuerdos celebrados por México, y actualmente en vigor, con: Bahamas, Belice, Bermudas, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guemsey, Islas Caimán, Islas Cook, Isla del Hombre, Jersey, Reino de los Países Bajos, respecto de Antillas Holandesas, y Samoa.

Este Acuerdo constituye una herramienta que, junto con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación y sus respectivos reglamentos, permite fortalecer la capacidad fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria.

En este sentido, el Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria con Liechtenstein permitirá que las autoridades hacendarías mexicanas puedan verificar en lo futuro que los contribuyentes paguen las cantidades que correspondan conforme a la legislación de cada uno de los países.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo con Liechtenstein permitirá un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, en virtud de la información fiscal que las administraciones tributarias de México y de Liechtenstein podrán intercambiar.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Acuerdo).

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto".





 

Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica, para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013, en la ciudad de México.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/257/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.0537/2014 signado por el Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013 en la Ciudad de México.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solis Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 26 de agosto de 2013, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1992.

En 1992 ambos países suscribieron un Convenio con el propósito de suprimir los obstáculos al flujo de inversiones, mediante la eliminación de la doble imposición que representa una carga fiscal excesiva para los residentes de México y de Bélgica que realizan operaciones comerciales o financieras mutuas, así como para combatir la evasión fiscal.

A partir de esa fecha y con la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado el 8 de diciembre de 1997, México y Bélgica estrecharon sus relaciones económicas y comerciales.

De acuerdo con las cifras registradas por la Secretaría de Economía, de 1999 al segundo trimestre de 2013, la inversión acumulada de 355 empresas de Bélgica en México asciende a 14,708 millones de dólares, y se concentró principalmente en los sectores de la industria manufacturera, transportes, servicios inmobiliarios y comercio.

En ese contexto, las autoridades hacendarías mexicanas y belgas identificaron la necesidad de iniciar conversaciones para revisar el Convenio de 1992, lo que derivó en la celebración del Protocolo que se somete a aprobación, por el que se actualizan las disposiciones de dicho instrumento referentes a los impuestos comprendidos, residencia, establecimiento permanente, dividendos, intereses, ganancias de capital, asistencia en el cobro de impuestos, sociedades que gozan de los beneficios del Convenio, arbitraje y vehículos colectivos de inversión.

Asimismo, se incorporan en el Convenio de 1992 disposiciones que permitirán incrementar la cooperación internacional para el intercambio de información en materia fiscal, con el propósito de reforzar el combate a la evasión y elusíón fiscales.

El presente Protocolo amplía y actualiza el marco jurídico aplicable a las transacciones realizadas entre ambos países que generen ingresos sujetos a los impuestos sobre la renta y constituye una herramienta que interactúa con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones en materia fiscal.

De aprobarse este Protocolo, el Convenio de 1992 cumplirá en forma más eficaz con el propósito de eliminar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, lo cual permitirá fomentar los negocios entre México y Bélgica y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en ambos países, generando así un ambiente adecuado para incrementar los flujos de inversión, que redundará en el bienestar económico tanto de México como de Bélgica.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Protocolo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del citado Protocolo, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica).

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto".

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnense los tres expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil, firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013, en la ciudad de México.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/258/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.0537/2014 signado por el Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION,
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948.

De conformidad con la información registrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tráfico aéreo bilateral en operación directa entre Portugal y México supera los 22 mil pasajeros anuales y se estima que un volumen adicional tiene lugar vía terceros países, por lo que de existir un instrumento bilateral aéreo con disposiciones acordes a la actualidad y requerimientos de los transportistas aéreos, se incrementaría la conectividad aérea entre los dos países.

El Instrumento que se somete a consideración del H. Senado de la República tiene por objeto establecer el marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre México y Portugal, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de diversos sectores de ambas economías.

Asimismo, busca satisfacer adecuadamente la demanda de los servicios aéreos entre México y Portugal, para lo cual contempla la designación de dos aerolíneas por país con posibilidad de operar desde y hasta cualquier punto en sus territorios, sin restricción en el número de frecuencias y de la capacidad del equipo.

El Convenio establece los derechos que ejercerán las aerolíneas mexicanas y portuguesas, entre los que destacan la posibilidad de sobrevolar el territorio del otro Estado sin aterrizar, hacer escalas en el territorio del otro Estado para fines no comerciales y hacer escalas en el territorio del otro Estado con el propósito de embarcar y desembarcar en tráfico internacional pasajeros, carga y correo.

De igual manera, se establece que las aerolíneas puedan llevar a cabo operaciones bajo acuerdos de cooperación comercial con aerolíneas del mismo país, del otro país o de terceros países.

El Convenio prevé disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero que las autoridades de cada Estado concederán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas designadas por cada Parte, así como al equipo regular, repuestos, suministros de combustibles y lubricantes, otros materiales técnicos de consumo y suministros para las aeronaves a bordo de éstas.

Las disposiciones del Convenio sobre seguridad operacional y seguridad de la aviación son consistentes con las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y los principales tratados aplicables en la materia.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Convenio permitirá a México contar con una herramienta para contribuir a la ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de ambos países.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Convenio en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Convenio, así como la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica).

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Así también, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013, en la ciudad de México.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/261/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio 3.0537/2014 signado por el Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Organo Legislativo, el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la Ciudad de México.

En consecuencia, adjunto al presente, el documento al que me he referido, así como copia certificada de dicho Acuerdo acompañado de un Memorándum de Antecedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION,

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, me permito exponer a esa Soberanía lo siguiente:

El 16 de octubre de 2013, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Este Acuerdo establece las bases conforme a las cuales México y Portugal cooperarán para prevenir, investigar, detectar y perseguir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como prevenir la farmacodependencia e intercambiar experiencias en materia de tratamiento y reinserción social de los farmacodependientes.

La cooperación bajo este Acuerdo incluye el intercambio de publicaciones e información sobre iniciativas nacionales en materia de prevención, tratamiento y reinserción social de los farmacodependientes; información sobre localización e identificación de personas, organizaciones y objetos relacionados con actividades vinculadas al tráfico ¡lícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; lugares de origen y destino, métodos de cultivo y producción, canales y medios utilizados por los traficantes; modus operandi y técnicas de ocultamiento; variación de precios y nuevos tipos de sustancias psicotrópicas, así como información sobre el uso de nuevos medios técnicos para la fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Asimismo, prevé el intercambio de experiencias relativas a la supervisión del comercio ilícito de drogas y la reglamentación del control de la producción, importación, exportación, almacenamiento, distribución y venta de precursores químicos, solventes y otros componentes que sirvan para la producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y estrategias de reducción de la demanda a través de políticas en materia sanitaria, educativa, jurídica, penitenciaria y de bienestar.

Con base en este Acuerdo, las Partes podrán promover cursos de formación, intercambio de especialistas y conferencistas, y capacitación técnico-profesional de funcionarios. De igual manera, podrán promover políticas de prevención de la farmacodependencia, así como reducción de la demanda y producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Para la debida instrumentación del Acuerdo se creará una Comisión Mixta Luso-Mexicana, integrada por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de la República, por parte de los Estados Unidos Mexicanos, y la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial y el Servicio de Intervención de Conductas Adictivas y las Dependencias, por parte de la República Portuguesa.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo permitirá fortalecer el marco jurídico bilateral vigente en materia de procuración de justicia entre México y Portugal, el cual se integra por el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa y el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, ambos firmados en Lisboa, Portugal, el 20 de octubre de 1998.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en vigor (se anexa copia certificada del Acuerdo).

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Europa; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: De la misma forma, la Secretaría de Gobernación remitió un oficio con iniciativa proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cual se acompaña del correspondiente dictamen de impacto presupuestario.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/255/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones del C. Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la Iniciativa de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PARRAFO DE LA BASE VI DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Organo Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acompaño al presente copias de los oficios números 315-A-00406 y 353.A.-0137, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".

"PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION,

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por el digno conducto de Usted, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Política - Electoral constituye un avance de la mayor importancia en la vida democrática de nuestro país. Dicha reforma es producto de un amplio consenso de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, así como de los partidos políticos.

Entre los aspectos más relevantes, dicha reforma estableció las bases constitucionales en materia de nulidad de las elecciones federales y locales, las cuales deberán ser detalladas en la legislación secundaria. De esta manera, la Constitución General de la República dispone los supuestos mínimos en que la elección de que se trate podrá ser declarada inválida, así como la consecuencia correspondiente, misma que consistirá en la convocatoria a elecciones extraordinarias.

El sistema de nulidades en materia electoral quedó previsto en la Base VI del artículo 41 constitucional, en los términos siguientes:

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material.Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

El supuesto establecido en al inciso b) antes citado se refiere al de 'compra' de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los casos previstos por la ley. Es claro y notorio que dicho supuesto prevé una situación que significa una ventaja indebida, pues el acceso a los medios masivos de comunicación, fuera de los casos que la ley establezca, implica claramente una mayor penetración y presencia mediática de un partido político o candidato en la población en general, con relación a sus competidores, lo que en última instancia podría ser determinante para el resultado de la votación.

Para comprender plenamente el sentido del texto constitucional, es preciso acudir a la legislación civil, pues el término 'compre', supone la existencia de un acto jurídico por el cual se adquiere un bien o servicio a cambio de una contraprestación; esto es, un contrato de compraventa.

El contrato de compraventa es el acto jurídico por el cual se transfiere la propiedad de una cosa o un derecho a cambio de un precio. Genera la obligación del vendedor de realizar la transferencia de la propiedad al comprador y, la de éste, de pagar el precio estipulado. El Código Civil Federal lo define de la manera siguiente:

Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

Asimismo, la legislación civil determina el momento en que la compraventa es perfecta y obligatoria, conforme a la disposición que a continuación de transcribe:

Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.

Lo anterior supone que, salvo los casos expresamente previstos por la ley, la compraventa no requiere una formalidad específica, ya sea que se haga por escrito o ante fedatario público o alguna otra.

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima que el término 'compre' previsto en el inciso b) de la Base VI del artículo 41 constitucional, resulta limitado e insuficiente en relación con el propósito de la reforma constitucional. Ello es así porque el acceso a la cobertura informativa o a los tiempos de radio y televisión, no siempre se llevará a cabo mediante una contraprestación consistente en un precio cierto y en dinero y, no obstante, el resultado en materia electoral puede ser el mismo.

En efecto, la cobertura informativa y el tiempo de radio y televisión pueden ser otorgados de manera indebida sin contraprestación alguna (donación); o bien, a cambio de prestaciones en especie -las cuales podrían ser lícitas o no- y, en otros casos, como medio de pago para la liberación de obligaciones contraídas con el partido político o candidato de que se trate, e incluso, respecto de terceros.

De lo anterior se desprende que 'el pago de un precio cierto y en dinero', no es un elemento relevante para efectos de los fines que persigue la reforma constitucional, pues basta el acceso indebido a la cobertura informativa o los tiempos de radio y televisión para que se produzca una consecuencia en el proceso electoral. De allí que esta Iniciativa propone modificar el inciso b) de la Base VI del artículo 41 constitucional, para quedar en los términos siguientes:

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

Lo anterior implica un supuesto mucho más amplio, pues ya no sería necesario acreditar la obligación correlativa de la entrega del precio cierto y en dinero, sino únicamente la violación grave, dolosa y determinante, consistente en el supuesto de 'adquisición' de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, independientemente de la contraprestación pactada.

El Ejecutivo Federal a mi cargo está plenamente convencido y comprometido con asegurar procesos electorales transparentes y equitativos, pues sólo así lograremos la consolidación de la democracia, la que sin duda fortalecerá las instituciones de gobierno y la participación ciudadana, bajo reglas claras y condiciones iguales para todos.

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PARRAFO DE LA BASE VI DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. a VI. ...

a)...

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c)...

TRANSITORIOS

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veinte de febrero de dos mil catorce.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto".

- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, para sus efectos correspondientes.





 

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que el día de ayer se turnó directamente a la Comisión de Energía, la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028, la cual nos fue remitida por la Secretaría de Gobernación.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el informe correspondiente a los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, observados durante el ejercicio fiscal 2013, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de reformas a la Ley Federal de Derechos, publicado el 12 de diciembre de 2011.

"SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/286/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 349-B-037, el C. Eduardo Camero Godínez, Jefe de Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el informe correspondiente a los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, observados durante el ejercicio fiscal de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, envío para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicha información a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Comunicaciones y Transportes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió el cuarto informe trimestral de Petróleos Mexicanos del año 2013.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase el informe a la Comisión de Energía.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Asimismo, se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 9 al 11 de marzo de 2014, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente Constitucional de la República de Ecuador, para realizar una Visita Oficial; así como participar en las Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile, a invitación del Presidente de ese país.

SECRETARIA DE GOBERNACION

Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 9, 10 y 11 de marzo de 2014, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente Constitucional de la República de Ecuador, para realizar una Visita Oficial; así como participar en las Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile, a invitación del Presidente de ese país.

QUEDO DE ENTERADO.SE REMITIO COPIA DE LA DOCUMENTACION A LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLITICOS
Oficio No. SELAP/300/284/14
México, D.F., 28 de febrero de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNION 
PRESENTES

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-0271/14, signado por el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional los días 9, 10 y 11 de marzo de 2014, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente Constitucional de la República de Ecuador, Econ. Rafael Vicente Correa Delgado, para realizar una Visita Oficial, así como participar en las Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Chile, a invitación del Presidente de ese país, Sebastián Pinera Echeníque.

La presencia del Presidente de México en Ecuador, contribuirá al cumplimiento de nuestras prioridades en materia de política exterior: diversificación, integración, acercamiento político con la zona e intensificación de nuestro comercio exterior. De igual manera permitirá respaldar a empresas e inversiones mexicanas en ese país, cuyo monto asciende a 5,464 millones de dólares (mdd). Asimismo brindará la oportunidad de diseñar una estrategia encaminada a fortalecer el marco legal que rige el comercio entre ambos países. Cabe señalar que en 2013, el comercio bilateral fue de 1,034 mdd, en y comparación con los 986 mdd de 2012.

En la República de Chile, el Presidente de México participará en las Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial entre el Presidente Sebastián Pinera Echenique y Michelle Bachelet Jeria quien lo ejercerá para el periodo 2014 - 2018, lo que confirmará la importancia que nuestro país concede a la profundización de nuestras relaciones exteriores. Cabe mencionar que México firmó un TLC con Chile en 1999 y a partir de su entrada en vigor, el comercio bilateral se ha triplicado al pasar de 1,288 mdd en 1998, a 3,754 mdd en 2012. Chile es el 4o socio comercial de México en América Latina y el 2o dentro de la Alianza del Pacífico. Asimismo el país andino es el 5o destino de las inversiones mexicanas en la región, con un monto acumulado de 4,466 mdd.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: De la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el periodo enero-diciembre de 2013.

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/301/14
México, D.F., 3 de marzo de 2014

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTES
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. 113.2014.DGVP.147, el Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, durante el periodo enero-diciembre de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 27, fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario
Lic. Felipe Solís Acero



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Pasamos al siguiente asunto.





 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- La C. Secretaria Barrera Tapia: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibió oficio con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de enero de 2014; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2014.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase dicho expediente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió del Consejo Nacional de Armonización Contable, su informe anual, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

“CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

CONAC/Secretaría Técnica.-0006 /2014
México, D.F. a 27 de febrero de 2014.
SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
CAAMARA DE SENADORES
PRESENTE

En cumplimiento al artículo 9 último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mismo que fue incorporado en la Reforma a la citada Ley el pasado 12 de noviembre 2012 y que señala: "El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley".

Por el presente, se hace entrega del citado informe, mismo que fue autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en la sesión celebrada el 27 de febrero de 2014.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi especial consideración.

El Secretario Técnico

Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase el informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.





 

CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: También de la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales; y de Estudios Legislativos para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: De la Colegisladora, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: De la Cámara de Diputados, se recibió un proyecto de Decreto por el que se declara el año 2014 como “Año de Octavio Paz”.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, para sus efectos.

Pasamos al siguiente asunto.





 

- La C. Secretaria Barrera Tapia: La Colegisladora nos remitió también un punto de Acuerdo del Diputado Ricardo Mejía Verdeja, que exhorta a la Cámara de Senadores a aprobar el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Remítase a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, para sus efectos.

Esta Presidencia declara un receso en la sesión ordinaria para iniciar nuestra sesión solemne.

(Receso)

- El C. Presidente Asipuro Torres: Reanudamos la sesión ordinaria.

Se le concede el uso de la palabra al Senador René Juárez Cisneros para presentar, a nombre propio y de los Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Rosa Adriana Díaz Lizama e Isidro Pedraza Chávez, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 12 Y 13 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Y EL ARTICULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

(Presentada por el C. Senador René Juárez Cisneros, a nombre propio y de los CC. Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Rosa Adriana Díaz Lizama e Isidro Pedraza Chávez)

- El C. Senador René Juárez Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, de Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, Rosa Adriana Díaz Lizama y del mío propio, me permito poner a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 2, 3, 5, 12 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el artículo 5o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para lo cual presentaré una breve síntesis.

En el ámbito internacional, según datos de la ONU, en la actualidad hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes en el Continente Americano.

Debido a la importancia del tema, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el año 2011 como el Año Internacional de los Afrodescendientes. Entre los objetivos de dicha proclama, está lograr el goce pleno de sus derechos, así como su participación en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y la promoción de mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura.

Asimismo, se ha propuesto un programa de acción para la declaración y decenio de las personas afrodescendientes a partir del año 2013.

Es importante mencionar que en América Latina la totalidad de las constituciones aseguran a sus ciudadanos la igualdad y la no discriminación en sus distintas dimensiones.

No obstante lo anterior, el reconocimiento jurídico de los afrodescendientes es algo que aún está pendiente en la mayoría de los países de la región, incluyendo al nuestro. Situación por la que me permito hacer algunas referencias de la situación de los afrodescendientes en nuestro país.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la población afrodescendiente se ubica principalmente en algunas regiones de los estados de Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

En México, como en muchos países del mundo, los grupos afrodescendientes han contribuido al proceso de formación y desarrollo económico, social, político y cultural de los lugares donde viven.

La población afrodescendiente es una de las más vulnerables y pobres del país, pues se encuentran en desventaja frente al resto de la población en los ámbitos de la educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a servicios públicos en general.

Lo anterior es producto de una situación estructural ligada indiscutiblemente a la discriminación racial.

Todo lo anterior ha motivado a que en nuestro país se tomen acciones en beneficio de esta población.

En este sentido destaca el Foro Nacional, Poblaciones Afrodescendientes en México, convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y organizaciones afrodescendientes en el país.

Dentro de los acuerdos aprobados en dicho foro, destacan la declaración de una agenda mínima para la inclusión y bienestar social de las personas afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida pública, la cual propone, entre otras, las siguientes acciones:

Armonizar la legislación nacional a fin de garantizar el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes.

Incluir la variable étnico-racial en el censo, conteos de población y vivienda a instrumentos estadísticos y administrativos.

Es increíble que no sepamos, ni siquiera, exactamente cuál es la población afrodescendiente en nuestro país.

Hay estimaciones que hablan de 450 mil y otras que alcanzan los dos millones de personas.

También habrá de desarrollarse un proceso de sensibilización y reconocimiento de su historia, identidad y derecho.

Diseñar políticas y programas en educación, salud, alimentación, vivienda y representación política.

¿Qué creemos que se necesita?

Primero consideramos factible que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas amplíe sus facultades para proporcionar atención a las comunidades afrodescendientes de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley, al tiempo de incorporar plenamente a su población al desarrollo económico, social y cultural del país. Con ello se facultará a esa institución de atribuciones para orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral de las comunidades afrodescendientes.

¿Qué propone la presente iniciativa? Contribuir desde una perspectiva de derechos legalmente establecidos a la visibilización y el reconocimiento de la población afrodescendiente en México; comprender su realidad, desde una dimensión política que permita el diseño de políticas públicas de atención a estos colectivos, igual que se ha hecho con los grupos indígenas. Por ello nuestra propuesta es adicionar y reformar los artículos ya mencionados de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el artículo 5o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para que esta dependencia sea la encargada de contribuir al reconocimiento de la población afrodescendiente en México.

Compañeras y compañeros Senadores, como podemos apreciar, no obstante que pese a su cuantía y a su influencia en el plano nacional y cultural, la comunidad afrodescediente en México se encuentra en desventaja frente al resto de la población de los diversos ámbitos de la vida nacional.

Como resultado, sin duda, de una situación estructural ligada a la discriminación racial que por desgracia aún subyace, cuyos orígenes poseen una profunda razón histórica cultural y política. Por ello quisiera comentar algunas vivencias que ponen de manifiesto esta realidad reprobable en nuestro país.

Hace 15 años hubo un Presidente de la República, sin más preámbulo, en una gira de trabajo en el estado de Guerrero me soltó a boca de jarro una pregunta seguida de una carcajada, y me decía: oye, tú eres el primer gobernador negro en la historia y Joaquín Hendricks es el segundo.

Lo observé con seriedad, que solo puede ser semejante al color de mi piel y le dije: explíqueme donde está lo chusco para que usted se ría, y le expresé y le dije: Eso que a usted le parece chusco a nosotros los afrodescendientes nos irrita y nos indigna; y además en todos los ámbitos sociales hay una expresión despectiva como si eso fuera una gracia que todos tendríamos la obligación de aplaudir.

Se expresa despectivamente, eso fue como una cena de negros, tu panorama se ve negro, y aún en los antros y en los eventos donde algún cómico quiere hace reír expresa también y dice: antes los negros eran peones, macheteros, cargadores, como si ese empleo o ese trabajo fuera indigno, ahora son presidentes municipales, Presidentes de la República, gobernadores y hasta presidentes de países muy importantes como el país vecino.

Y yo me paré también en esa ocasión y le dije: a ver, por qué ese acto y esa actitud y esa expresión discriminatoria, que a mí en lo personal me parece irrelevante, pero lo que sí es relevante es que pensemos en el reconocimiento de los derechos plenos de los afrodescendientes; y en ese sentido, le pido a las Senadoras y Senadores que puedan acompañar esta iniciativa de las compañeras y compañeros que integramos la Comisión de Asuntos Indígenas, y aquí está un ejemplo, no me he pasado más que 40 segundos y ya me están diciendo: tiempo, déme la oportunidad, señor Presidente, en esta ocasión que me permito hacer uso de la palabra y terminar ya para poder expresar a nombre propio, porque excepto mi compañera que quiero mucho y respeto mucho, Martha Palafox y yo, no veo más negros aquí.

Y también allá, y otro allá atrás, a todos mi cariño y mi respeto.

Muchas gracias, amigas y amigos.

Iniciativa

“Los suscritos, RENE JUAREZ CISNEROS, EVIEL PEREZ MAGAÑA, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA E ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ, Senadores y Senadoras de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS1, 2, 3, 5, 12 Y 13 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Y EL ARTICULO 5º DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARA ESTATALES, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR RECONOCIMIENTO JURIDICO A LA POBLACION AFRODESCENDIENTE COMO INTEGRANTE DE LA NACION MEXICANA, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La población afrodescendiente es una de la más vulnerables, excluidas y pobres, así lo han establecido diversos organismos internacionales, así como diversos estudios elaborados por organismos académicos nacionales e internacionales.

Se trata de un grupo que pese a su cuantía y a su influencia en el plano social y cultural, se encuentra en desventaja frente al resto de la población en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a servicios públicos en general, como producto de una situación estructural ligada al racismo y la discriminación racial, cuyos orígenes poseen una profunda raíz histórica, cultural y política.1

En los últimos años los Estados, los organismos internacionales y la sociedad civil han realizado grandes esfuerzos en promover la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Algunos Estados han avanzado más que otros.

Mientras unos han creado instrumentos legales, otros se encuentran aún en una fase de reconocimiento o exploración de la problemática. En cada país los ritmos de implementación de políticas, instituciones, programas y acciones han dependido de un conjunto de acciones; entre las que se cuenta la voluntad política, la capacidad estatal, el desarrollo de la democracia y, sobre todo, la capacidad de los grupos afectados de poner la temática en la opinión pública y en la agenda social de sus respectivos países.2

Tanto la Conferencia Preparatoria de Santiago3 como la Conferencia Mundial de Durban4, convocadas por la ONU, a través de sus Declaraciones y Programas de Acción, pusieron de manifiesto la necesidad de que la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia tenga un soporte fundamental en la labor de los Estados y sus gobiernos, no sólo en cuanto al reconocimiento del origen, las causas y los efectos de estos flagelos sino; y sobre todo, en cuanto a la necesidad de que se adopten medidas a favor de las víctimas del racismo, la discriminación racial, con el fin de promover su plena integración en la sociedad.

La Declaración y el Plan de Acción de Santiago destacan la necesidad de promover estrategias, políticas y programas, que pueden incluir medidas, con el fin de aumentar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes y otras víctimas de racismo en América Latina, para garantizar que los beneficios del desarrollo, la ciencia y la tecnología contribuyan efectivamente a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.5

Por su parte, la Declaración y el Programa de Acción de Durban instan también a los Estados a que apoyen las actividades de órganos o centros regionales de combate contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia cuando esas formas y actitudes existan en su región, y recomiendan la creación de esos órganos o centros en aquellos países o regiones donde no existan.6

En relación a la población afrodescendiente, el Programa de Acción de Durban menciona lo siguiente:

Africanos y afrodescendientes

4. Insta a los Estados a que faciliten la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo económico de sus países, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura;

5. Pide a los Estados que, apoyados en su caso por la cooperación internacional, consideren favorablemente la posibilidad de concentrar nuevas inversiones en sistemas de atención sanitaria, educación, salud pública, electricidad, agua potable y control del medio ambiente, así como en otras medidas de acción afirmativa o positiva en las comunidades integradas principalmente por afrodescendientes;

6. Pide a las Naciones Unidas, a las instituciones financieras y de desarrollo internacionales y a otros mecanismos internacionales competentes que elaboren programas de fomento de la capacidad destinados a los africanos y a los afrodescendientes de las Américas y de todo el mundo;

7. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que considere la posibilidad de establecer un grupo de trabajo u otro mecanismo en las Naciones Unidas para que estudie los problemas de discriminación racial a que hacen frente los afrodescendientes que viven en la diáspora africana y haga propuestas para la eliminación de la discriminación racial contra esas personas;

8. Exhorta a las instituciones financieras y de desarrollo y a los programas operacionales y organismos especializados de las Naciones Unidas a que, de conformidad con sus presupuestos ordinarios y los procedimientos de sus órganos rectores:

a) Atribuyan especial prioridad y destinen suficientes recursos financieros, dentro de sus esferas de competencia y en sus presupuestos, a la mejora de la situación de los africanos y los afrodescendientes, prestando especial atención a las necesidades de estas poblaciones en los países en desarrollo, entre otras cosas mediante la preparación de programas de acción específicos;

b) Realicen proyectos especiales, por los conductos apropiados y en colaboración con los africanos y los afrodescendientes, para prestar apoyo a sus iniciativas comunitarias y facilitar el intercambio de información y de conocimientos técnicos entre estas poblaciones y los expertos en estas esferas;

c) Elaboren programas destinados a los afrodescendientes por los que se inviertan recursos adicionales en sistemas de salud, educación, vivienda, electricidad, agua potable y medidas de control del medio ambiente, y que promuevan la igualdad de oportunidades en el empleo, así como otras iniciativas de acción afirmativa o positiva;

9. Pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, tendiendo presente que el racismo los afecta más profundamente, poniéndolos en situación de mayor marginación y desventaja;

10. Insta a los Estados a que garanticen el acceso a la educación y promuevan el acceso a las nuevas tecnologías de modo que los africanos y los afrodescendientes, en particular las mujeres y los niños, dispongan de suficientes recursos para la educación, el desarrollo tecnológico y el aprendizaje a distancia en las comunidades locales, y los insta también a que hagan lo necesario para que en los programas de estudios se incluya la enseñanza cabal y exacta de la historia y la contribución de los africanos y los afrodescendientes;

11. Alienta a los Estados a que determinen los factores que impiden el igual acceso y la presencia equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles del sector público, incluida la administración pública, y en particular la administración de justicia; a que adopten las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos identificados, y a que alienten a su vez al sector privado a promover la igualdad de acceso y lapresencia equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles de sus organizaciones;

12. Hace un llamamiento a los Estados para que adopten medidas concretas que garanticen el acceso pleno y efectivo de todas las personas, en particular los afrodescendientes, al sistema judicial;

13. Insta a los Estados a que, con arreglo a la normativa internacional de los derechos humanos y a sus respectivos ordenamientos jurídicos, resuelvan los problemas de la propiedad respecto de las tierras habitadas desde épocas ancestrales por afrodescendientes y promuevan la utilización productiva de la tierra y el desarrollo integral de esas comunidades, respetando su cultura y sus modalidades particulares de adopción de decisiones;

14. Insta a los Estados a que reconozcan los problemas particularmente graves del prejuicio y la intolerancia religiosos con que tropiezan muchos afrodescendientes y a que apliquen políticas y medidas encaminadas a prevenir y eliminar toda discriminación basada en la religión y las creencias que, combinada con ciertas formas de discriminación, constituye una forma de discriminación múltiple.7

Debido a la importancia del tema, en el año de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó ese año como el Año Internacional de los Afrodescendientes. Entre los objetivos de dicha proclama, es lograr el goce pleno de sus derechos; así como su participación en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción de mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura.8 Asimismo, se ha propuesto un programa de acción para la declaración del Decenio de las Personas Afrodescendientes a partir de 2013.

Al respecto, es de mencionar un dato importante; en América Latina la totalidad de las Constituciones aseguran a sus ciudadanos la igualdad y la no discriminación en sus distintas dimensiones; sin embargo, ello no garantiza el cumplimiento real del mandato constitucional. No obstante, el reconocimiento jurídico de los afrodescendientes es algo que aún está pendiente en la mayoría de los países de la región, Incluyendo a nuestro país.

Según datos de la ONU, en la actualidad hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes en el continente americano. En México, no existen cifras al respecto; algunos estiman que actualmente hay alrededor de 450,000 afrodescendientes, otras estimaciones son mucho más altas;mencionan a cerca de 2 millones, pero se desconoce la cifra exacta. 9

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la población afrodescendiente se ubica principalmente en algunas regiones de los estados de Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. No obstante, es de considerar que las poblaciones de origen africano y afrodescendientes, desde el período colonial, tuvieron una enorme movilidad asociada, principalmente, a los espacios de trabajo en los que inicialmente fueron esclavizados;10 por lo que no se descarta que también se ubiquen en algunas otras regiones del país.

En México, como en muchos países del mundo, los grupos afrodescendientes han contribuido  al proceso de formación y desarrollo económico, social, político y cultural de los lugares donde viven. A pesar de ello, la mayoría de ellos han recibido tratos desiguales y manifestaciones de discriminación cuya reproducción histórica los ha mantenido en una situación de exclusión e invisibilidad.11 Las poblaciones afrodescendientes en el país se suman a las cifras de excluidos y marginados, condición que comparten con la población indígena.

Como se ha podido constatar, existe un desconocimiento generalizado entre la sociedad y las instituciones públicas sobre las personas afrodescendientes y la situación en que se encuentran. De igual manera, ha existido una nula o, en el mejor de los casos, insuficiente atención de las instituciones administrativas, legislativas y judiciales en todos los órdenes de gobierno a este sector de la población.

Lo anterior, ha propiciado que diversas instituciones académicas, civiles y gubernamentales estén preocupadas en coadyuvarcon propuestas en materia de derechos humanos, diversidad cultural y no discriminación para las poblaciones afrodescendientes. Han demandado el reconocimiento como sujetos colectivos de derecho en términos de igualdad.

En nuestro país, se han realizado diferentes acciones proponiendo temas al respecto; destacando, entre otros, El Foro Nacional: Poblaciones Afrodescendientes en México, realizado en septiembre de 2012. El evento fue convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil; incluyendo organizaciones afrodescendientes del país.12

Dentro de los acuerdos aprobados en dicho foro destaca la Declaración: Agenda mínima para la inclusión y bienestar social de las personas afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida pública, documento producto del diálogo entre Estado y sociedad.

Entre los puntos principales destacan: i) armonizar la legislación nacional a fin de alcanzar el reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes; ii) incluir la variable étnico-racial en el censo, conteos de población y vivienda e instrumentos estadísticos administrativos; iii) desarrollar un proceso de sensibilización y reconocimiento de su historia, identidad y derechos; iv) diseñar políticas y programas en educación, salud, alimentación, vivienda, y representación política; y v) observar los medios de comunicación para combatir la persistencia de estigmas, prejuicios, estereotipos y mitos en torno a los afrodescendientes que vulneran su dignidad e identidad.

Asimismo, desde el ámbito internacional, se ha empezado a agudizar las demandas de cumplimiento del Estado mexicano como suscriptor del conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos enfocados a la eliminación de la discriminación racial, sobre todo en lo que se refiere a su atención a la población afrodescendiente de México.

En este contexto, el 12 de marzo de 2011, el Comité para Eliminar la Discriminación Racial (CERD-ONU) emitió sus observaciones finales a México con relación a la población afrodescendiente. Estas observaciones fueron:

1. Falta de datos sobre la población afrodescendiente. Esta observación, emitida también en el 2006, refiere a su exclusión del Censo Nacional de Población que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que tampoco se ha hecho un reconocimiento étnico que permita la generación de programas para la promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

2. Tipificar como acto punible las distintas manifestaciones de discriminación racial.

3. Falta de información sobre la participación política de los afrodescendientes.

4. Insuficiencia de datos sobre los indicadores de salud y sobre las medidas adoptadas para mejorarlos. Generación de datos claros sobre mortalidad materna y esperanza de vida en comunidades indígenas y afrodescendientes. Es necesario implementar programas con enfoque de género que asegure la plena participación de las mujeres e intensificar esfuerzosen pro de la salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

En base a lo anterior, el Estado mexicano ha empezado a desarrollar respuestas a nivel institucional que, por una parte, atiendan los reclamos sociales y por otra le permitan dar cumplimiento a sus compromisos internacionales, así como también cumplir las disposiciones legales en materia de reconocimiento de su población afrodescendiente, el combate al racismo y la eliminación de la discriminación.

Recientemente, se ha iniciado un proceso de reconocimiento étnico de las poblaciones afrodescendientes en el país; tal como lo han hecho el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); quienes, conjuntamente con el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México y otras instancias académicas y de la sociedad civil, han emprendido una iniciativa cuyo objetivo general es “identificar mediante un proceso de consulta a las comunidades afrodescendientes de México y sus principales características”.

Así, el Conapred, en el marco del Año Internacional de los Afrodescendientes en 2011, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, publicó un documento titulado Guía para la acción pública contra la discriminación y para la promoción de igualdad e inclusión de la población afrodescendiente en México, en el se hace un recuento de las principales acciones en el ámbito internacional en contra de la discriminación y el racismo, así como de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en la materia, los cuales aún no se han traducido en programas y políticas públicas específicas a favor de estas personas. También se intenta explicar por qué ha permanecido en la invisibilidad este sector de la población en los ámbitos histórico, cultural, educativo, social, económico, político, legal e institucional de nuestro país. Esto se ha traducido en la afectación de sus derechos humanos y su desarrollo.13

Además de ser un documento de análisis, esta guía para la acción pública propone la adopción de medidas concretas para hacer efectivo el derecho a la no discriminación y promover la igualdad de trato y desde la perspectiva de los derechos humanos y la diversidad cultural.14

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, también en el marco del año 2011, realizó la Consulta para la Identificación de las Comunidades Afrodescendientes de México en diferentes entidades de la República Mexicana.

El documento en mención reconoce que en México las poblaciones afrodescendientes no aparecen en los imaginarios nacionales. No se reconoce su participación en la conformación nacional, ni constituye un referente cultural. En la memoria colectiva, estas poblaciones quedaron soslayadas al pasado colonial, reiteradas como una población “de paso” en la historia nacional. La ausencia de “rasgos culturales específicos” como la lengua, formas de organización, sistemas de autoridad, gobierno propio y territorio ancestral, descartaron su presencia como pueblo, grupo étnico, nación o cultura. 15

El documento plantea como objetivos específicos:

I. Favorecer la autodefinición de los pueblos afrodescendientes.

II. Determinar la ubicación geográfica de las localidades con población afrodescendientes.

III. Contribuir al conocimiento sociocultural de los pueblos afrodescendientes de México.

IV. Promover la participación de los pueblos afrodescendientes en los asuntos sociales, económicos, culturales y políticos que les conciernen.

V. Identificar a los sujetos de derecho.

VI. Establecer las bases necesarias para lograr el reconocimiento jurídico de los pueblos afrodescendientes.16

La presencia de población afrodescendiente en el país es un hecho innegable. La implementación de la Consulta en sus distintas modalidades permitió constatar la presencia diversa y vigorosa de colectividades afrodescendientes en la actualidad y aporta elementos para reconocer y valorar su historia y posicionarla en el imaginario de la construcción de la nación.

Se trata de un primer paso que permitirá tener un conocimiento de las poblaciones y una idea de su situación en las diferentes regiones de estudio, teniendo como perspectiva el reconocimiento jurídico de sus comunidades como sujetos de derecho.

Negar la historia de las personas afrodescendientes es negar la pluriculturalidad que caracteriza a las y los mexicanos y que ha sido reconocida por el Estado. La ignorancia y el desconocimiento de sus orígenes, se traducen en situaciones de marginación, discriminación y violencia, ya que el rechazo por expresiones de racismo, la falta de programas destinados a su mejoramiento económico y su exclusión de la historia mexicana ha orillado a este sector de la población a buscar alternativas de reivindicación social y económica.17

Desde 1990 se ha desarrollado un conjunto de iniciativas sociales y académicas, visibilizadas principalmente por la cada vez más vigorosa actuación de las organizaciones sociales de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca que exigen el reconocimiento de los afrodescendientes como parte fundamental de la historia y del presente de México, reclamo que se sintetiza en la demanda de reconocimiento en nuestro marco jurídico.

La falta de un marco jurídico al respecto, hace que la atención a las colectividades y comunidades afrodescendientes sea una tarea pendiente del Estado, más aún cuando hay factores internos e internacionales que le exigen el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos.

Debemos de reconocer que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha iniciado un esfuerzo para conocere identificar a las poblaciones afrodescendientes actuales. Hecho importante que permitirá sentar las bases para su reconocimiento jurídico, encaminar acciones tendientes a revalorar históricamente su presencia en el país, fortalecer su identidad colectiva, generar políticas públicas que promuevan el desarrollo con identidad, la equidad y su inclusión en la nación.

Pero también, debe ser una oportunidad para conocer y dar a conocer su historia, su cultura, sus tradiciones, sus derechos, sus aportaciones al desarrollo de México y, sobre todo, para construir las acciones públicas que contribuyan a erradicar la discriminación de la que son objeto y mejorar su inclusión en todos los ámbitos de la vida pública.18

La finalidad de la presente iniciativa es en consecuencia la de contribuir, desde una perspectiva de derechos legalmente establecidos, a la visibilización y el reconocimiento de la población afrodescendiente en México, comprender su realidad desde una dimensión política y que permitan el diseño de políticas públicas de atención de estos colectivos. Igual que se ha hecho con los grupos indígenas.

Como se ha podido apreciar, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha sido la instancia gubernamental que ha avanzado en el conocimiento de su problemática. De ahí nuestra propuesta de reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que esta sea la dependencia encargada de los asuntos en cuestión.

Es factible que la Comisión amplíe sus facultades para proporcionar atención a las comunidades afrodescendientes, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley, e incorporar plenamente  a su población al desarrollo económico, social y cultural del país.

Es de considerar también, que nuestra propuesta no requerirá de un mayor gasto presupuestal, ni la ampliación de su infraestructura y personal administrativo.

Asimismo, consideramos que dicha Comisión Nacional puede hacer cumplir el mandato reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los derechos de los pueblos afrodescendiente y garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Por todo lo anterior, es propósito de esta iniciativa, que en el cuerpo normativo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se incorpore a la población afrodescendiente, como destinataria también, paraorientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

Asimismo, se le facultará la obligación de apoyar y asesorar en la materia a las instituciones públicas, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para que se privilegie la interlocución con los pueblos y comunidades afrodescendientes, y la concertación con los sectores social y privado.

Proponemos entonces, que este conjunto de disposiciones a favor de pueblos y comunidades indígenas se dirija también, a los afrodescendientes, sin demérito de los actuales beneficiarios, sino más bien, por compartir el mismo trato de discriminación social y similar situación de desigualdad social, económica, educativa, respecto al resto de la sociedad mexicana.

Finalmente, el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades afrodescendientes representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL TITULO Y LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 5,12 y 13 DE LA LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Y EL ARTICULO 5º DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

Primero.- Se adiciona la denominación de la ley de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas para quedar como sigue:

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

Segundo.- Se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 3, 5, 12 y 13 de la ley de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas para quedar como sigue:

Artículo 1. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I…

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientesen el marco de las disposiciones constitucionales;

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y de concertación con los sectores social y privado;

IV…V

VI. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas y afrodescendientes;

VII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas y afrodescendientes;

VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas y afrodescendientes que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales;

IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas y afrodescendientes, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo;

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena y afrodescendiente a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

XII…

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas y afrodescendientes;

XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena y afrodescendiente, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales;

XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I…II

III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes;

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas y afrodescendientes sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras;

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas y afrodescendientes, y

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.

Artículo 5. La Comisión contará con una Junta de Gobierno, como órgano de gobierno; un Director General, como órgano de administración; y un Consejo Consultivo, como órgano de consulta y vinculación con los pueblos indígenas y afrodescendientes y la sociedad.

Artículo 6…11

Artículo 12….La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por:

I. Representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables derivadas del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales, especialistas en materia indígena y afrodescendiente;

III. Representantes de organizaciones sociales que trabajen con las comunidades indígenas y afrodescendientes;

IV

V. Un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades federativas en las que estén asentados pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Los integrantes a que se refieren las fracciones I a III serán nombrados de conformidad con la reglamentación que expida la Junta de Gobierno, debiendo garantizarse su legítima representatividad.

En la composición del Consejo siempre habrá mayoría de representantes indígenas y afrodescendientes.

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena o afrodescendiente, electo democráticamente en sesión plenaria del Consejo.

TERCERO.- SE ADICIONA EL ARTICULO 5º DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  y Afrodescendientes y los demás organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley.

TRANSITORIO

UNICO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de febrero de 2014.

Suscriben

Sen. René Juárez Cisneros.- Sen. Eviel Pérez Magaña.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama.- Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

 

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Juárez Cisneros.

Sonido en el escaño de la Senadora Lisbeth Hernández, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Lisbeth Hernández Lecona: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente, si me permite el Senador suscribir la iniciativa con él.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Senador Juárez Cisneros, ¿acepta que se sumen a su proyecto las compañeras y compañeros Senadores que lo están manifestando? Pido a la Secretaría tome nota de ello, veo que prácticamente todos están interesados en sumarse a esta iniciativa que se ha presentado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Esta Presidencia saluda la presencia de la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón, Directora del Canal 11; licenciado Eduardo Garzón Lozano, Coordinador; el C. José Reyes Aquino, Director de Administración; el C. Mayolo Reyes, Director de Desarrollo y Estrategia; la C. Gabriela Ortega, Directora de Noticieros; y del C. Oscar Baldenebro Salle, Director de Ingeniería. ¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

Igualmente esta Presidencia saluda a maestros y estudiantes de la Universidad de León Guanajuato, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks. ¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)

Se le concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

(Presentada por el C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN)

- El C. Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

Presento a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se pretende modificar el primer párrafo del artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se adiciona un último párrafo al mismo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Los últimos datos que tenemos del sector bancario, apuntan que a nivel mundial un 70 por ciento de los bancos negocia proyectos para poner en marcha cajeros más seguros. Para el sector de la banca, la seguridad de la información que se gestiona a diario es fundamental; así las principales preocupaciones que tienen las entidades bancarias y los usuarios están relacionadas con el robo de datos de tarjetas de los clientes, incluido el PIN, mediante el uso de dispositivos que se incorporan en los cajeros automáticos, lo cual es preocupante, ya que afecta gravemente la economía de las familias y de múltiples empresas mexicanas.

En México 7 de cada 10 reclamaciones en tarjetas de crédito son por fraude, de los 2.7 millones de reclamaciones que presentan los usuarios de tarjetas de crédito en el año 2012, por consumos no reconocidos, 70 por ciento obedeció a un posible fraude, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF.

Asimismo, 1.9 millones de mexicanos que suelen realizar transacciones con plástico se vieron involucrados en posibles fraudes a través de las Terminales Punto de Venta, con 1.5 millones; además mediante compras a distancia o por Internet con 356 mil 89 casos; y en operaciones en cajeros automáticos con 50 mil 645 personas afectadas.

Lo anterior indica que del total de presuntos fraudes, aproximadamente 82 por ciento se llevó a cabo en casi 630 mil Terminales Punto de Venta que hay en nuestro país; y el 18 por ciento restantes tuvo su origen en compras por Internet y en operaciones en cajeros automáticos.

Para cualquier entidad financiera la seguridad es uno de los puntos que orientan sus políticas de atención al cliente.

En este orden de ideas, y aprovechando las innovaciones tecnológicas, instituciones a nivel mundial están tomando la decisión de incorporar mecanismos que mejoren las brechas de seguridad que se presentan a propósito de transacciones con tarjetas de crédito o débito.

Los sistemas biométricos son un conjunto de tecnologías digitales que utilizan rasgos físicos de las personas como un medio de autenticación, estos mecanismos identifican a los individuos a través de sus características personales, tales como huellas dactilares, el iris del ojo, la imagen facial, el reconocimiento de la voz, entre otros; se trata, de un mecanismo de reconocimiento que ofrece mayores garantías y seguridad que las contraseñas tradicionales.

El reconocimiento automático de huellas digitales destaca como una de las principales áreas de la biometría. Su principal utilidad es identificar o validar a un sujeto a través de su información biométrica.

Por cierto, ya desde fines del siglo XIX estamos en conocimiento del hecho de que las huellas digitales son únicas para cada ser humano, conteniendo información que no cambia a lo largo de nuestra existencia.

Es por ello que la biometría, a través de huellas dactilares y otros elementos, se presentan como la lleve del futuro en lo que a seguridad se refiere.

Los avances en la tecnología han logrado convertir las características físicas, únicas y distintas en las nuevas claves de acceso.

El mayor miedo de la sociedad actual es precisamente el robo de información personal y financiera. En este contexto, la siguiente modificación propuesta que adiciona la Ley de Instituciones de Crédito, pretende implementar un sistema de seguridad biométrico en todas y cada una de las operaciones que se realicen con tarjetas de crédito y débito, complementando mediante el uso de claves de 4 dígitos, tal como se ha utilizado ya en nuestro país hasta el día de hoy, por lo que se presenta el comparativo de dicho numeral ya con la reforma propuesta.

Por todo lo anterior fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito y se adiciona un último párrafo al mismo, agregando en el artículo 52:

“Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos, y agregamos, sistemas biométricos”.

Y en el último párrafo de este artículo agregaríamos:

“Las instituciones de crédito emisoras de tarjetas de crédito y débito, deberán incorporar mediante medidas de seguridad biométricas adicionales a la utilización de las claves de 4 dígitos en todas las operaciones y servicios que se realicen”.

En en el Artículo Segundo Transitorio recalco “que para la implementación y uso de los sistemas biométricos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá los lineamientos para que las instituciones de créditos los incorporen a sus sistemas de seguridad a más tardar en el año posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, para que se hagan todos los cambios adecuados y necesarios”.

Por su atención, muchas gracias.

Iniciativa

“El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8º numeral I, 164 numeral I y 169 numerales I y IV del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER  PARRAFO DEL ARTICULO 52 DE  LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL MISMO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En los últimos datos del sector bancario, apuntan que a nivel mundial un 70% de los bancos negocia proyectos para poner en marcha cajeros más seguros. Para el sector de la banca, la seguridad de la información que se gestiona a diario es fundamental, así las principales preocupaciones que tienen las entidades bancarias y los usuarios está relacionado con el robo de datos de tarjeta de los clientes incluido el PIN mediante el uso de dispositivos que se incorporan en los cajeros automáticos.

En México Siete de cada diez reclamaciones en tarjetas de crédito son por fraude; de los 2.7 millones de reclamaciones que presentaron los usuarios de tarjetas de crédito en el 2012 por consumos no reconocidos, 70% obedeció a un “posible fraude”, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef).

Asimismo 1.9 millones de mexicanos que suelen realizar transacciones con plástico se vieron involucrados en posibles fraudes a través de las Terminales Punto de Venta (TPV), con 1.5 millones; además mediante compras a distancia o por internet, con 356 mil 89 casos; y en operaciones en cajeros automáticos, con 50 mil 645 personas afectadas.

Lo anterior indica que del total de “presuntos fraudes”, aproximadamente 82% se llevó a cabo en casi 630 mil TPV que hay en nuestro país y 18% restante tuvo su origen en compras por internet y en operaciones en cajeros automáticos.

Para cualquier entidad financiera, la seguridad es uno de los puntos que orientan sus políticas de atención al cliente. En este orden de cosas, y aprovechando las innovaciones tecnológicas, instituciones a nivel mundial están tomando la decisión de incorporar mecanismos que disminuyan las brechas de seguridad que se presentan a propósito de transacciones con tarjetas de crédito o débito.

La experiencia comparada deja en evidencia una permanente necesidad por parte de los emisores de invertir en mecanismos de prevención de fraudes y campañas preventivas de información a los clientes. Sin embargo, y pese a todos los avances, siempre la delincuencia creará formulas y mecanismos para evadir las barreras de seguridad, por lo que es necesario ir siempre implementando mecanismos que permitan adelantarnos a la acción delictual, nacional e internacional.

Aunque la biometría, que en griego significa "medición de la vida", existía ya en la década de los ochenta, se masificó en 2001, tras los atentando del 11 de Septiembre en Nueva York. A partir de este hito, los países se avocan a desarrollar tecnologías que permitan identificarse a través de huellas dactilares, los patrones faciales, el iris y la retina.

Los sistemas biométricos son un conjunto de tecnologías digitales que utilizan rasgos físicos de las personas como un medio de autenticación. Estos mecanismos identifican a los individuos a través de sus características personales, tales como huellas dactilares, el iris del ojo, la imagen facial, el reconocimiento de la voz, entre otros. Se trata de un mecanismo de reconocimiento que ofrece mayores garantías que las contraseñas tradicionales.

El reconocimiento automático de huellas digitales destaca como una de las principales áreas de la biometría. Su principal utilidad es identificar o validar a un sujeto a través de su información biométrica. Por cierto, ya desde fines del siglo XIX, estamos en conocimiento del hecho que las huellas digitales son únicas para cada ser humano, conteniendo información que no cambia a lo largo nuestra existencia.

El reconocimiento automático puede resumirse en tres pasos: se obtiene una imagen digital de la huella del individuo a analizar; luego se extraen las características de la imagen con el fin de identificar y medir los rasgos específicos de la huella; y finalmente se realiza una búsqueda de coincidencia en donde las características extraídas son comparadas con las almacenadas en una base de datos. La base de datos tiene que haber sido generada anteriormente con los datos numéricos obtenidos de las huellas digitales de estas personas.

Es por ello que, la biometría a través de las huellas dactilares y otros elementos, se presenta como la llave del futuro en lo que a seguridad se refiere. Los avances de la tecnología han logrado convertir las características físicas, únicas y distintas, en las nuevas claves de acceso. El mayor miedo  de la sociedad actual es el robo de información personal y financiera.

La identificación por geometría de huellas digitales es la más extendida dentro del sector bancario y lidera la implementación de estos sistemas de identificación en Japón. Colombia es otro de los países pioneros en implementar este tipo de sistemas de seguridad.

Por ello, el uso de los sistemas biométricos, pueden revolucionar la forma en que hacemos operaciones con los bancos. El sistema y la seguridad lo llevan directamente los bancos, no en la web o cajero de la entidad, lo que da un plus de seguridad, incrementando el nivel de en todas las operaciones.

En este contexto, la siguiente modificación y adición a la Ley de Instituciones de Crédito pretende implementar un sistema de seguridad biométrico en todas y cada una de las operaciones que se realicen con tarjetas de crédito y débito; complementado mediante el uso de claves de 4 dígitos, tal como se ha utilizado en nuestro país hasta el día de hoy.

Por lo que, se presenta el comparativo de dicho numeral ya con la reforma propuesta.

Texto vigente

Propuesta de reforma

ARTICULO 52.- Artículo 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos, o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.

Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate. La institución de crédito podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así lo hayan acordado con su clientela, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella.

En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones deberán notificar al cliente respectivo la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los mismos.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de transferencias de fondos en términos de su ley.

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela o de la propia institución.

El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

 

Artículo 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos, sistemas biométricos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

 

I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.

 

Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva.

 

Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate. La institución de crédito podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así lo hayan acordado con su clientela, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella.

En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones deberán notificar al cliente respectivo la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los mismos.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de transferencias de fondos en términos de su ley.

 

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela o de la propia institución.

El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

Las instituciones de crédito emisoras de tarjetas de crédito y débito, deberán incorporar medidas de seguridad biométricas, adicional a la utilización de las claves de 4 dígitos, en todas las operaciones y servicios que se realicen.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER  PARRAFO DEL ARTICULO 52 DE  LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL MISMO.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos, sistemas biométricos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.

Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva.

Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate. La institución de crédito podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así lo hayan acordado con su clientela, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes.

Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella.

En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones deberán notificar al cliente respectivo la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los mismos.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de transferencias de fondos en términos de su ley.

Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela o de la propia institución.

El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley.

Las instituciones de crédito emisoras de tarjetas de crédito y débito, deberán incorporar medidas de seguridad biométricas, adicional a la utilización de las claves de 4 dígitos, en todas las operaciones y servicios que se realicen.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Para la implementación y uso de los sistemas biométricos; La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establecerá los lineamientos para que las Instituciones de Crédito los incorporen a sus sistemas de seguridad, a más tardar en el año posterior a la entrada en vigor del presente decreto.

México, Distrito Federal a 25 de Febrero de 2014

Atentamente

Francisco Salvador López Brito”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador López Brito. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

(Presentada por el C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En el sexenio pasado, durante el desarrollo de la estrategia preponderantemente armada de combate al narcotráfico, se comenzó a llamar la atención desde diversos sectores sobre el problema de tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. Hoy, para nadie quedan dudas acerca de la gravedad de este problema.

Por ejemplo según, Amnistía Internacional, Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas en el mundo. Y las armas que se compran sin restricciones en territorio estadounidense, muchas terminan de ellas en territorio mexicano, en manos de organizaciones delincuenciales, siendo usadas en las ejecuciones que diariamente se registran en nuestro país.

Por cierto, van 13 mil 263, en lo que va del sexenio, un promedio de 31 ejecuciones diarias, según la Consultora Especializada Lantia.

Estas armas, compañeras y compañeros son, sin duda, un factor de violencia y de inseguridad.

Hace un año, también quiero comentarlo en este contexto, la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé de Brasil, publicaron un informe intitulado “El camino de las armas”, estimado del tráfico de armas de fuego a través de la frontera entre Estados Unidos y México, en el que se señala que las autoridades confiscan sólo el 14 por ciento de las 252 mil que cada año cruzan ilegalmente por la frontera norte; además de que el 46.7 por ciento de las 51 mil armerías estadounidenses dependen de la demanda mexicana, particularmente aquellas que se ubican en la zona fronteriza.

Más preocupante aún es que entre el 2010 y 2012 el tráfico de armas hacia México generó para el sector ganancias por 127 millones de dólares al año.

Asimismo, el 85 por ciento de las armas que han sido aseguradas a los miembros del crimen organizado en México, fueron vendidas lícitamente en aquel país, y de alguna forma desviadas al tráfico ilícito de armas de fuego.

Es claro que en este tema existe una responsabilidad compartida con los Estados Unidos de América, algo que ha sido reconocido, incluso por el gobierno del Presidente Obama, quien ha planteado, hay que reconocerlo, la necesidad de imponer restricciones a la venta de armas, pero se ha topado con la reticencia de diversos sectores allá en su país.

Pero los mexicanos no podemos esperar más, ni estar sujetos tampoco a las decisiones soberanas del país vecino.

Por eso vengo a presentar a ustedes, compañeras y compañeros, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que tiene como objetivo fortalecer nuestra legislación en materia de armas de fuego, particularmente en lo que se refiere al control y al combate al tráfico de armas, incorporando a nuestro marco jurídico algunas disposiciones del protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes, y además sus respectivas municiones, que complementa, precisamente, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita y ratificada, por nuestro país.

Compañeras y compañeros Senadores, no pretendo describirles a detalle, en esta intervención, el contenido técnico de la iniciativa que propongo.

Eso, sin duda, le corresponderá analizarlo a las comisiones dictaminadoras.

He preferido compartir con ustedes algunos datos que ilustran la magnitud de un problema que nos exige actuar, y que presento esta iniciativa con esa idea, con la idea de que desde el Senado de la República actuemos en lo que nos corresponde para combatir de manera más eficiente un fenómeno que está generando consecuencias dañinas a nuestro país, un fenómeno que trae aparejados, violencia, sangre y sufrimiento para miles de mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“El suscrito, Senador Angel BenjamIn Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I, 164 párrafos 1 y 2, 169 y 172 párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUESE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México las organizaciones delictivas que se dedican fundamentalmente al narcotráfico y al secuestro, han aumentado considerablemente la violencia y la inseguridad.  Las armas de fuego son uno de sus principales instrumentos para cometer tales delitos; mediante el homicidio, la extorsión, la amenaza y la intimidación imponen sus objetivos ilícitos y desafían abiertamente a las autoridades del Estado.

En enero de 2011, el gobierno federal dio a conocer que, según sus estadísticas, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 ocurrieron un total de 34 mil 550 homicidios. A esas cifras se suman los 12 mil 903 casos que la PGR dio a conocer en su portal de internet y que se registraron de enero a septiembre de 2011, lo que da un total de 47 mil 453 homicidios que están vinculados con enfrentamientos entre autoridades y delincuentes, venganzas entre grupos criminales y ejecuciones.

La posición del Estado mexicano ha sido en diversas ocasiones en el sentido de que existe responsabilidad compartida con los Estados Unidos de América en este problema, en virtud de que alrededor del 85 por ciento de las armas que han sido aseguradas a los miembros del crimen organizado en México, fueron vendidas lícitamente en aquél país y de alguna forma desviadas al tráfico ilícito de armas de fuego.

El presidente ha propuesto que en Estados Unidos de América se prohíba nuevamente la venta de armas de asalto, bajo el argumento de que está estadísticamente demostrado que al haber dejado de tener vigencia dicha prohibición, aumentó considerablemente la violencia en nuestro país.

El Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD), que se integra con la información que proporcionan diversas agencias del gobierno federal, registró el aseguramiento, entre otros, de las armas de fuego por tipo y calibre. Desde el 1 de diciembre de 2006 al 16 de mayo de 2012, se han asegurado un total de 148 mil 559 armas de fuego de distintos calibres, de las cuales 89 mil 558 son largas y 59 mil 001 son cortas.

Esto ejemplifica la magnitud del problema respecto al tráfico ilícito de armas de fuego en México; las organizaciones delictivas las compran y las usan para sus actividades ilícitas y forman parte de su infraestructura.

Eric Holder, Procurador de los Estados Unidos declaró ante el Congreso en el mes de junio de 2012, que su país necesita un nuevo estatuto de tráfico de armas contra el trasiego de rifles de alto poder a México; asimismo lamentó que de 94 mil armas decomisadas en México, 64 mil fueron rastreadas hasta sus orígenes de venta en territorio estadounidense.

El problema que actualmente enfrenta México, se presenta también en diversos países. En el mundo circulan más de 500 millones de armas pequeñas y armas ligeras, es decir, una por cada doce personas aproximadamente.

Desde diciembre de 1991 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución 46/36, sección L, llamada “Transparencia en Armamentos”, donde se estableció que el Secretario General debía mantener un Registro de Armas Convencionales donde se incluyera información sobre transferencias internacionales de armas, así como información obtenida de los Estados miembro sobre su material bélico, su producción armamentista y las políticas relevantes.

El Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas comenzó en 1992. Actualmente muchos gobiernos presentan informes cada año, incluidos casi todos los principales productores, exportadores e importadores de las armas convencionales, con la finalidad de contar con la información del comercio lícito mundial de las armas de fuego.

En relación a este tema del 9 al 20 de julio del 2001, se llevó a cabo la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas en todos sus Aspectos, donde el entonces Secretario General, Kofi Annan, declaró lo siguiente: "El mundo está inundado de armas pequeñas y armas ligeras que suman casi 500 millones, suficiente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra. La mayoría de ellas es controlada por autoridades legales, pero cuando caen en manos de terroristas, criminales y fuerzas irregulares, las armas pequeñas traen devastación. Exacerban los conflictos, provocan flujos de refugiados, socavan el estado de derecho y engendran una cultura de violencia e impunidad. En pocas palabras, estas armas son una amenaza para la paz y el desarrollo, la democracia y los derechos humanos."

El problema radica en las grandes cantidades de dinero que obtiene la industria armamentista a nivel mundial; muchos países son fabricantes de armas y sus respectivos gobiernos reciben a nivel nacional, por parte de las empresas que se dedican a este negocio, presiones de carácter político que han impedido disminuir la producción y comercio de las mismas y avanzar en la penalización de conductas relacionadas con ese comercio. El argumento que exponen a su favor es el derecho a la legítima defensa, individual y colectiva, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El comercio lícito de armas de fuego, desde esta perspectiva, es para que las autoridades gubernamentales tengan la posibilidad de brindar seguridad y protección a sus connacionales y de ejercer la legítima defensa en caso de un ataque armado por otro país; sin embargo, es un hecho que un gran porcentaje de las armas que se comercializan lícitamente terminan desviándose y caen en poder de criminales que las usan para cometer delitos en contra de las personas, afectando considerablemente la paz y tranquilidad.

En esta dinámica de intereses contradictorios se han propuesto diversas acciones internacionales para tratar de controlar el tráfico ilícito de armas de fuego.

En el plano nacional, el fortalecimiento del marco normativo es una medida idónea y puede ser un medio eficaz que contribuya decididamente para combatir del tráfico ilícito de las armas de fuego, fenómeno en el que la constante es que las organizaciones delictivas adquieren con cierta facilidad, armas de fuego que utilizan en sus actividades delictivas (homicidios, tráfico de drogas, trata de personas, secuestros, etc.).

Por ello hoy más que nunca resulta necesario contener ese comercio ilícito.

Existe un enorme comercio internacional lícito de armas de fuego, en el que muchos países ganan grandes cantidades de dinero vendiendo armas de forma lícita, al amparo de que están destinadas para ejercer el derecho a la legítima defensa y a las funciones de seguridad pública.

Sin embargo, el destinatario final en muchos casos, no es el Estado (ejército, policías, etc.), ni los particulares que tienen el interés de proteger su patrimonio, su integridad física y la de su familia. El crimen organizado siempre tiene la posibilidad de acceder a ese comercio, no sólo porque existe mucho armamento disponible en el mercado, sino porque los controles de venta no son siempre seguros y confiables para garantizar que el destinatario final de ese comercio lícito, no va, a su vez, a vender las armas a miembros de la delincuencia organizada.

En virtud de lo anterior, el primer paso que resulta lógico para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, es perfeccionar los controles del comercio lícito, y esa es precisamente la finalidad del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tratado internacional de observancia obligatoria para México en virtud de haber sido ratificado.

Dicho protocolo se enfoca en las transacciones internacionales, establece un procedimiento para la importación, la exportación y el tránsito de armas de fuego y sus componentes y municiones, se prevé que los Estados deben otorgarse unos a otros autorización antes de permitir que las remesas de armas de fuego abandonen sus territorios, lo que permite prevenir el robo y la desviación de las armas.

Las medidas de control de la circulación lícita están basadas en la penalización de la fabricación ilícita de las armas de fuego, el tráfico ilícito de las mismas y la alteración de las marcas de un arma que permite su localización y rastreo. En la medida en que exista un registro que permita identificar los antecedentes de un arma de fuego, esto es, en qué país se fabricó, cuándo y quién la importó, y quién la compró como supuesto destinatario final, hay mayor posibilidad de detectar en qué momento se desvió el arma de fuego al comercio ilícito.

De ahí la conveniencia de implementar el citado protocolo en nuestro país, incorporando en el derecho interno, en particular en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, medidas más rigurosas o de mayor alcance.

En primer lugar, el protocolo aporta la definición de los conceptos fundamentales con la finalidad de facilitar la interpretación y aplicación de la ley, por ejemplo, lo que debe entenderse por un arma de fuego.

Esto resulta importante pues actualmente dicho concepto no se encuentra definido en la Ley de la materia, y si bien eso no ha sido obstáculo para que los juzgadores hayan aplicado la ley, no siempre la interpretación de arma de fuego ha sido obvia y clara. En muchos casos se dejó en libertad a personas que portaban un arma de fuego bajo el argumento de que no funcionaba, porque se encontraba en mal estado mecánico, no tenía balas o cargador o le faltaban algunas piezas. A ese respecto fue necesario que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolviera una contradicción de tesis para establecer una definición y conformó la jurisprudencia 1a./J. 45/2002, visible en la página 142, Tomo XVI, octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son:

PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA O FUERZA AEREA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE. SE CONFIGURA ESE DELITO AUN CUANDO AQUELLA SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO MECANICO O LE FALTEN ALGUNA O ALGUNAS DE SUS PIEZAS, Y POR ESE MOTIVO NO FUNCIONE.

Si se toma en consideración que los bienes jurídicos tutelados en el delito de portación de arma de fuego tipificado en el artículo 83, fracción I, en relación con el 11, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no son solamente la vida e integridad personal de los ciudadanos, sino también la paz y la seguridad pública, se concluye que la circunstancia de que el arma en cuestión no funcione porque se encuentre en mal estado mecánico, no tenga balas o cargador o le falten algunas piezas, no es impedimento para que se configure el delito. Lo anterior es así, pues con la portación de una arma de potencialidad lesiva, se atacan, dañan y ofenden la tranquilidad y seguridad pública, que se alteran instantáneamente con la sola presencia de la persona armada.

Lo mismo aconteció en varios casos de armas de fuego de manufactura casera o artesanal; algunos jueces interpretaron que este tipo de armas no estaban reguladas y por ende sancionadas en la Ley Federal del Armas de Fuego y Explosivos, resultando en la absolución de los acusados. Una vez más la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis y emitió la Jurisprudencia 1a./J. 11/2009, consultable en la página 51 del tomo XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del tenor literal siguiente:

DE FUEGO. QUEDAN SUJETAS A LA LEY DE LA MATERIA, LA PORTACION Y POSESION DE UN ARTEFACTO BELICO DE MANUFACTURA CASERA O ARTESANAL QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDE CLASIFICARSE COMO ESCOPETA.

Los artículos 9o., fracción II, segundo párrafo, 10, fracciones III y IV, y 11, inciso e), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos describen enunciativamente las armas de fuego tipo escopetas atendiendo a sus características propias y no al tipo de manufactura; de ahí que si un dictamen pericial en materia de balística clasifica como escopeta un artefacto bélico de manufactura casera o artesanal, por tener características similares a las expresamente reguladas en los citados numerales, su portación y posesión quedarán sujetas a las disposiciones jurídicas respectivas. Por tanto, el arma deberá encuadrarse ya sea en las reservadas para las Fuerzas Armadas o en las que los particulares pueden poseer o portar, sin que ello implique violación a la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque además de la descripción legal mencionada, los artículos 7o., 8o., 15, 24, 31, 34 y 36 de la ley indicada regulan lo relativo a la posesión y portación del arma aludida, a la vez que los numerales 81, 83 y 83 Ter del propio ordenamiento establecen las sanciones correspondientes, con lo cual se cumple el mandato supremo que exige la descripción clara, precisa y exacta de la conducta considerada delictiva, así como de las sanciones imponibles a quienes incurran en ella.

Las diferentes interpretaciones judiciales y en muchos casos la impunidad de las portaciones de armas de fuego no hubieran acontecido de haber tenido una definición de arma de fuego. Tuvieron que discutirse muchos casos y haber trascurrido muchos años para lograr una interpretación obligatoria, de ahí la conveniencia de introducir las definiciones más importantes a nuestra legislación y aclarar el alcance de la aplicación de la ley; la propuesta es retomar los elementos que aporta el artículo 3 del Protocolo materia del presente estudio y adaptarlos al derecho nacional.

En este rubro destacan elementos que justifican la tipificación de conductas que actualmente no prevé la ley especializada de México. El primero es el relativo a las piezas y componentes de las armas de fuego, pues a manera de ejemplo, en el supuesto de que se descubriera la introducción clandestina de cajones, que es uno de los elementos esenciales de un arma de fuego, tal conducta no podría ser sancionada penalmente, toda vez que el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sólo sanciona “…la introducción al territorio nacional en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta Ley”.

En ese sentido, los cajones no pueden considerarse armas y tampoco hay una referencia precisa en la ley que señale cuáles son los materiales exclusivos del Ejército o cuáles son los materiales sujetos a control.

Otro elemento que destaca de las definiciones del protocolo y que se propone incluir en nuestra legislación, es el relativo a la marcación de las armas de fuego al momento de su fabricación, otra marcación al momento de su importación y una tercera en el caso de que se venda a particulares. Esto resulta importante porque en las definiciones del protocolo se considera fabricación ilícita el que no se marquen las armas, y tráfico ilícito cuando la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia se realice con armas de fuego no marcadas.

Por ello, una parte fundamental para controlar el comercio lícito de las armas de fuego es que las mismas estén perfectamente marcadas a fin de identificar a quién se les entregaron. De no ser así, sería imposible rastrear el origen de un arma no marcada que se encontró en poder de un narcotraficante.

Por lo que hace a la fabricación ilícita de armas de fuego deben tipificarse tres conductas, a saber:

1. La fabricación o el montaje de armas de fuego a partir de piezas o componentes respecto de los que no se cuente con un documento que ampare su legítima procedencia.

Esta sería una fórmula para presumir que las piezas o componentes son objeto de tráfico ilícito, o especificar la obligación del fabricante de indagar razonablemente la procedencia lícita de esos objetos. El fabricante no podría hacer caso omiso de indicios de ilegalidad o evitar hacer ciertas averiguaciones obvias que podrían revelar tal ilegalidad. En la Ley o el Reglamento de Armas de Fuego y Explosivos debe regularse la fabricación de piezas y componentes de armas de fuego, mediante la expedición de permisos y certificados que amparen la producción o el lote respectivo, para controlar el comercio de estos objetos.

2. La fabricación o el montaje de armas de fuego sin licencia o autorización de la autoridad competente.

Actualmente el título tercero intitulado “Fabricación, Comercio, Importación, Exportación y Actividades conexas” que abarca de los artículos 37 al 45 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé quién es la autoridad competente para autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas, pero no tipifica la realización de las conductas ahí reguladas.

3. La fabricación o el montaje de armas de fuego sin marcación.

El Protocolo exige la penalización cuando no se marquen las armas de fuego al momento de su fabricación, de ahí que se deban marcar no sólo las armas de fuego completas, sino también las que están incompletas y aún no se han montado. Esto permite frustrar las tentativas de impedir la localización de las armas de fuego marcando sólo las piezas más pequeñas y fáciles de intercambiar, contribuyendo también a tener material útil para las auditorias y un buen control de registros que deben tener los fabricantes.

Ahora bien, por lo que hace al tráfico ilícito de armas de fuego previsto en el inciso b) del párrafo primero del artículo 5, la propuesta es tipificar dos conductas distintas, a saber, cuando se realice la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o trasferencia de armas de fuego, o de sus piezas o componentes o municiones, sin la autorización correspondiente; y cuando se realice la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o trasferencia de armas de fuego, que no se hayan marcado o no estén marcadas conforme a la normatividad correspondiente.

El artículo 8 del Protocolo establece el estándar internacional que se sugiere se implemente en nuestra legislación en lo referente a las características de las marcas.

Así también se establece que todas las armas de fuego cuyas marcas hayan sufrido modificación, obliteración, supresión o alteración ilícitas, no se deberán considerar como armas marcadas y por lo tanto serán objeto de tráfico ilícito.

Por otro lado se establecen excepciones al tipo penal para los casos en que México sólo sea país de tránsito del embarque de las armas de fuego o de sus piezas y para la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables, tales como práctica de tiro deportivo, pruebas, exposiciones, mantenimiento o reparación.

Se propone también tipificar el supuesto en que un arma de fuego haya sido marcada en el momento de su fabricación con marcas que cumplen los requisitos del protocolo, pero que son falsas en comparación con la información que aparece en el registro oficial que se utiliza para localizar las armas de fuego.

Ello en virtud de que es factible que actualmente los fabricantes de armas de fuego puedan estar desviando sus productos al mercado negro, hipótesis en la que no tendrían ningún control respecto de las ventas que hicieran de su armamento sin facturar, principalmente a personas vinculadas al crimen organizado. La única posibilidad de detectar esta conducta sería auditando el armamento resultado de la producción de una fábrica, comparando las marcas realizadas con sus propios registros, de modo que la tipificación es para sancionar los supuestos en que se detectara que la fábrica estuviere marcando de tal forma que no se le pudiere vincular después como fabricantes de las mismas.

Se sanciona también las alteraciones o modificaciones tendientes a impedir la lectura o identificación de las marcas, previendo una excepción para la marcación o remarcación que puede hacer la Secretaría de la Defensa Nacional con las armas aseguradas o decomisadas y disponiendo que se lleven registros de las nuevas marcas en los que se haga referencia a la antigua forma de identificación de las armas de fuego, para que sea factible la localización de ese registro.

Adicionalmente a lo propuesto por el Protocolo, como el objetivo principal es controlar el comercio lícito de armas de fuego para evitar el tráfico ilícito de las mismas, se propone imponer a los fabricantes y a quienes se dedican al comercio de armas, la obligación expresa de contar con registros internos para localización e identificación de las armas, sancionando el incumplimiento de dicha obligación, así como el incumplimiento de notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional los registros, las operaciones o transacciones realizadas. Así también se imponen sanciones cuando el suministro de esa información sea falsa, inexacta o incompleta, así como la falsificación de los registros o de los permisos o autorizaciones para realizar la fabricación, importación, exportación, venta de las armas de fuego y sus componentes o piezas o municiones.

Ahora bien, es necesario reformar el artículo 82 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que es el único que pretende prohibir la comercialización de las armas de fuego y no cumple con su finalidad, a la luz de la interpretación que realizó el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito al emitir la tesis XVII.2o.P.A.28 P, visible en la página 1618, tomo XXV, febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece:

ARMAS DELITO DE. TRANSMISION DE LA PROPIEDAD. PARA SU CONFIGURACION ES NECESARIO QUE QUIEN LA TRANSMITA SEA EL PROPIETARIO DE LAS MISMAS.

El artículo 82 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dispone: "Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.-La transmisión de la propiedad de dos o más armas, sin permiso, o la reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al artículo 85 Bis de esta ley.". Por tanto, si se acreditó que el activo no era el propietario de las armas que vendió, dado que previamente las había robado, resulta inconcuso que el inculpado de mérito no estaba en aptitud para transmitir su propiedad y que, en consecuencia, no se configura dicho delito, pues el referido tipo penal requiere no sólo la transmisión material de las armas, sino también la transmisión de la propiedad, circunstancia que sólo puede efectuar quien sea legítimo propietario de éstas. Una diversa interpretación violaría la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que se traduce en que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Como se puede observar, el elemento normativo que actualmente tiene el tipo penal relativo a la transmisión de la propiedad del arma de fuego genera impunidad y no es idóneo para evitar precisamente que cualquier persona venda un arma de fuego sin el permiso correspondiente.

Por otra parte, se propone la reforma del artículo 79 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud de que la estructura de la citada disposición es inconstitucional, pues para que una norma penal se pueda sancionar es necesario que se establezca el supuesto de hecho de forma clara y la consecuencia jurídica.

Sin embargo, este último elemento no está claramente definido en el tipo penal, de tal suerte que la norma es incompleta porque la sanción no está directamente relacionada en la legislación en comento, ya que señala que se equipara al robo y que la pena aplicable está en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia de fuero Federal.

Al respecto habría que comentar que ya no existe tal normatividad pues ahora se denomina Código Penal Federal, pero lo más importante es que el artículo 367, al que remite la legislación de armas, no prevé ninguna pena. Tampoco se podría aplicar el 368 que describe los equiparables al robo, porque no establece ninguna hipótesis de armas de fuego y menos el artículo 370 que establece las penas de robo, porque son en función del monto de lo robado.

Finalmente se propone tipificar la omisión de hacer del conocimiento de la Secretaria de la Defensa Nacional el extravío, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma de fuego que se posea o seporte, dado que actualmente no se prevé sanción penal para su incumplimiento.

Lo mismo por cuanto hace al artículo17 del mismo ordenamiento jurídico que dispone que toda persona que adquiera una o más armas, está obligada a manifestarlo a laSecretaría de la Defensa Nacional en un plazo de treinta días. Tampoco se prevé sanción penal para su incumplimiento y lo conveniente es endurecer las sanciones para tener un mayor control de las armas de fuego y un registro actualizado y confiable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se REFORMAN los artículos 12; 41 en el  inciso d) de su fracción I;46; 73; 77 en sus fracciones I y IV; 79 en su segundo párrafo; 82; 84 en su fracción I; 84 Bis en su primer párrafo; 85 Bis en sus fracciones I, II y III y SE ADICIONAN los artículos 6° Bis,56 Bis; 73 Bis; las fracciones V y VI al artículo 77; un último párrafo al artículo 84; las fracciones de la IV a la XI así como un último párrafo al artículo 85 Bis; todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:

Artículo 6° Bis.-Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Arma de fuego.- toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, con excepción de las armas de fuego antiguas o sus réplicas.

b) Piezas y componentes.- todo objeto o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;

c) Cartuchos y Municiones.- las vainas, cebos, carga propulsora, balas, balines o proyectiles, utilizados como carga de las armas de fuego.

d) Marca distintiva.-conjunto formado por símbolos geométricos, códigos numéricos y/o alfanuméricos, que permiten la identificación de las armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, indicando cuando menos, el fabricante, lugar de fabricación y número de serie.

Artículo 12.- Son armas prohibidas, para los efectos de esta Ley, las ya señaladas en el Código Penal Federal.

Artículo 41.-

I.-

a) a c).- …

d).-Las piezas y partes componentes de las armas anteriores.

II.- a V.- …

Artículo 46.- Los fabricantes tendrán obligación de imponer a toda arma de fuego, así como piezas, componentes, cartuchos y municiones, una marca distintiva, adoptando las medidas tendientes a prevenir y evitar su supresión, clonación o alteración.

Artículo 56 Bis.-Toda arma de fuego, piezas, componentes, así como cartuchos y municiones que sean importados, deberán contar con una marca distintiva que permita identificar, cuando menos, su fabricante, el país de origen y número de serie. En caso de no contar con uno, la Secretaría de la Defensa Nacional se los asignará.

Los requisitos señalados en el párrafo anterior no serán aplicables en los casos de importación temporal a que se refiere el artículo 59 de esta ley.

Artículo 73.- Las fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y establecimientos comerciales que fabriquen, produzcan, ensamblen, organicen, reparen, almacenen o vendan armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones, deberán contar con un registro interno de dichos objetos.

En el registro interno se asentarán además, las marcas distintivas a que se refieren los artículos 46 y 56 Bis de esta ley. 

Los permisionarios a que se refiere este Título están obligados a cumplir con las medidas de información, control y seguridad que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional, con sujeción a esta Ley.

Artículo 73 Bis.- La Secretaría de la Defensa Nacional deberá asentar en el Registro Federal de Armas las marcaciones o remarcaciones que haga a las armas, piezas, componentes, cartuchos y municiones asegurados o decomisados, así como la marca distintiva anterior.

Artículo 77.-

I. Quienes adquieran o posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. y III. …

IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se refiere el artículo 50 de esta Ley;

V. Quienes omitan dar el aviso a que se refiere el artículo 14 de esta ley;

VI. Los servidores públicos que omitan dar el aviso a que se refiere el artículo 18 de esta ley.

Artículo 79.- ...

Se equipara al delito de robo y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 370 del Código Penal Federal, al servidor público que asegure o recoja un arma y no la entregue a su superior jerárquico o, en su caso, a la autoridad competente.

Artículo 82.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa, a quien fabrique, venda, entregue, adquiera, intercambie o transfiera una o más armas de fuego, o sus piezas, componentes, cartuchos o municiones sin el permiso correspondiente.

Las penas señaladas en el párrafo anterior aumentarán en una tercera parte cuando dichos objetos no cuenten con marcas distintivas en los términos que señalan los artículos 46 y 56 Bis de esta ley.

La reincidencia en la conducta señalada en el párrafo anterior, se sancionará conforme al artículo 85 Bis de esta Ley.

Artículo 84.-

I. Al que participe en la exportación o  introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, sus piezas y componentes, así como municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta Ley;

II. y III. …

Las penas señaladas en presente artículo aumentarán hasta en una mitad cuando las armas de fuego, sus piezas, componentes, cartuchos o municiones no cuenten con marcas distintivas en los términos que señalan los artículos 46 y 56 Bis de esta ley.

Artículo 84 Bis.- Al que exporte o introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, o sus piezas, componentes cartuchos o municiones, se le impondrá de tres a diez años de prisión.

Artículo 85 Bis.-

I. A quienes fabriquen o ensamblen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;

II. A los comerciantes en armas que sin permiso vendan, entreguen, adquieran, intercambien o transfieran los objetos a que se refiere la fracción I, y

III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea;

IV. A quienes fabriquen o ensamblen armas de fuego utilizando piezas, componentes, cartuchos o municiones que no cuenten con marca distintiva, ni con un documento que acredite su legítima procedencia;

VI. A los fabricantes de armas de fuego, piezas, componentes, cartuchos y municiones que omitan asentar en ellas la marca distintiva a que se refiere el artículo 46 de esta Ley;

VII. A quien altere, modifique o suprima una marca distintiva, o imponga una falsa a un arma de fuego, piezas, componentes, cartuchos o municiones;

VIII. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que no cuente con el registro a que se refiere el artículo 73 de esta ley;

IX. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que deliberadamente imponga a un arma de fuego una marca distintiva que no concuerde con su registro interno;

X. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que dolosamente omita notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional sus registros, operaciones o transacciones relacionadas con armas de fuego, o cuando la información que proporcionen sea falsa o deliberadamente incompleta;

XI. Al fabricante, comerciante, exportador o importador que falsifique sus registros o los permisos o autorizaciones para fabricar, importar, exportar, venta de las armas de fuego, piezas, partes componentes, cartuchos y municiones.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo, no se considerarán falsas las marcaciones o remarcaciones que haga la Secretaría de la Defensa Nacional a las armas aseguradas o decomisadas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.-La Secretaría de la Defensa Nacional impondrá la marca distintiva a que se refiere el presente decreto, a todas lass armas de fuego, piezas, componentes cartuchos y municiones que no cuenten con ella, previa acreditación de su legal origen y posesión.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Sen. Angel Benjamín Robles Montoya”

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores, hemos dado ya la bienvenida a la directora de Canal 11, la licenciada Enriqueta Cabrera, y a todo el equipo directivo.

Y quiero presentarles un pronunciamiento en torno al aniversario de este importante medio de comunicación en nuestro país.

Con once lustros de historia y trabajo, el pasado 2 de marzo el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, cumplió un aniversario más de transmisiones ininterrumpidas.

En su fundación concurrieron expertos en diversas áreas del conocimiento y estudiantes, quienes creyeron y tuvieron la visión de impulsar un proyecto único en su tipo, sin recursos ni la tecnología suficiente o de vanguardia.

Canal 11 fue la primera estación en América Latina y por supuesto, marcó el nacimiento de la televisión pública en nuestro país.

Desde el lanzamiento de su primer programa a la fecha, Canal 11 se ha transformado en una extraordinaria estación, con una sólida oferta educativa y cultural.

Ha logrado consolidar su prestigio, también ha logrado consolidar su credibilidad y, sobre todo, la calidad de sus contenidos.

Ello no habría sido posible sin el profesionalismo comprometido, el talento y la dedicación de todos los que han hecho y hacen posible que la señal del Canal 11 ocupe un lugar tan altamente significativo en las telecomunicaciones.

Actualmente el Canal 11 ofrece 24 horas de programación diaria a través de su señal abierta. Abarca al 70 por ciento de la población de nuestro país.

Cuenta con una audiencia en los sistemas de televisión por cable y de paga. Cuenta con un canal digital, con contenidos exclusivos para la niñez y la juventud mexicanas.

Ofrece su señal internacional vía satélite, que abarca a Estados Unidos y parte de Canadá. Ofrece servicios a Internautas a través de redes sociales, blocks y canales de Internet.

Vale mencionar que sus portales en conjunto recibieron, tan solo el año pasado, más de cinco y medio millones de visitas.

Al celebrar su quincuagésimo quinto aniversario, celebramos también un modelo que ha sabido sortear con éxito y gran vocación los retos de la competencia y de los nuevos modelos de comunicación, y que ha privilegiado, en todo momento, ser una televisión con responsabilidad social.

Enhorabuena a Canal 11, a su directora general, a sus reporteros, conductores, analistas, técnicos y colaboradores, al Instituto Politécnico Nacional y, desde luego, a la comunidad politécnica.

A nombre del Senado de la República, les extendemos nuestro reconocimiento y nuestra más sincera felicitación.

(Aplausos)

Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 54 y 56 constitucionales.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION III DEL ARTICULO 54 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 56 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

( Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con su permiso, señora Presidenta.

El sistema de partidos políticos en México, por muchos años se caracterizó por la predominancia de un partido de Estado, que controlaba y designaba desde candidatos a la Presidencia de la República, Senadores, Diputados, gobernadores y hasta cabildos municipales.

Esto trajo como consecuencia que las voces minoritarias por muchos años no fueran escuchadas, ni mucho menos tomadas en cuenta, debido a que el sistema político estaba diseñado para que no tuvieran cabida, ni espacios, ni cargos públicos para impulsar políticas que beneficiaran a los sectores minoritarios de la sociedad.

Fue hasta el año 1977 que se logró constitucionalizar a los partidos políticos minoritarios. Se reconoció el derecho a la información pública, se consolidó un sistema electoral para la integración de la Cámara de Diputados, hasta este momento preponderantemente mayoritario.

Se crea, además, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con lo que los partidos políticos obtuvieron su registro para participar en elecciones.

En 1986 se logra otra reforma en materia, para entonces, la Ley Electoral Federal cambió de nombre a Código Federal Electoral, y se incrementó el número de integrantes de la Cámara de Diputados, de 400 a 500, al pasar de 100 a 200 el número de Diputados de representación proporcional, y se transformó la asignación de estos 200 Diputados, llamándole cláusula de gobernabilidad y se fortalecieron algunas reglas sobre las prerrogativas de los partidos.

Asimismo, en 1996 se cambió la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, estableciendo un límite por el cual ningún partido político puede tener un porcentaje que exceda en ocho puntos a su proporción de votación nacional emitida.

También se reformó la forma de integrar la Cámara de Senadores, ya que se decidió elegir a dos Senadores por el principio de mayoría relativa, uno a la primera minoría, y 32 representando uno por entidad federativa en el principio de representación proporcional, mediante listas votadas en una sola circunscripción.

Sin embargo, en todo este proceso del sistema de partidos en México y la forma de integración del Congreso de la Unión, una figura que desafortunadamente no ha sufrido cambios desde su creación, es la designación de las candidaturas plurinominales.

El contexto en el cual surge esta figura dentro del sistema político mexicano, por un lado, fue el reclamo social de romper con la hegemonía del Estado y permitir que al Congreso de la Unión llegaran representantes de voces minoritarias y generalmente contrarias al gobierno.

Pero en otro sentido, fue utilizado como un mecanismo de pagos y recompensas partidarias. Es decir, los legisladores plurinominales fueron diseñados para permitir que diferentes expresiones políticas minoritarias tuvieran presencia en el Congreso de la Unión, aunque no hubiesen ganado en las urnas.

Sin embargo, hoy en día la sociedad reclama un cambio en la designación de los escaños plurinominales. La ciudadanía exige participar en la elección de estos cargos públicos, debido a que viven y cobran del dinero público.

En este sentido, la falta de transparencia en la designación de las candidaturas plurinominales al interior de los partidos, así como la falta de resultados hacia la ciudadanía por parte de todo el aparato político en México, ha hecho que la credibilidad de la democracia vaya en picada.

De acuerdo al Informe Latinobarómetro del 2013, el apoyo y respaldo que tiene la democracia de parte de la ciudadanía se encuentra en niveles deplorables. En el año 2002, el apoyo que tenía de la ciudadanía esta forma de gobierno era del 63 por ciento, cayendo al 48 por ciento en el 2007, para llegar a tan sólo el 37 por ciento de aprobación en el 2013.

Los bajos niveles de aprobación hacia la democracia por parte de la ciudadanía deberían estar siendo materia de discusión, ya que esto significa que la población no siente representados sus intereses en el Congreso, ni percibe que el gobierno trabaje en beneficio del bienestar de todos. Además, el reclamo social tiene mayor sentido cuando saben el costo del erario público, de las curules y los escaños plurinominales.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del año 2012, el gasto total de la legislatura de los Diputados de representación proporcional será de 7 mil 200 millones de pesos, mientras que los 6 años de las dos legislaturas de los Senadores plurinominales será de 12 mil 518 millones de pesos. Resulta obvio que el gasto que se ejerce en este tipo de representantes populares es muy grande, pero es incongruente que los ciudadanos no puedan participar directamente en la elección de los mismos; de ahí la irritación social que causa porque ninguno se siente representado y saben que al final cobran del dinero público.

En este sentido, una forma de responder a esta demanda de la ciudadanía es dar mayor transparencia y abrir la participación del electorado en la designación del orden de las candidaturas plurinominales.

Existen tres formas en que los partidos políticos hacen la designación de sus listas de representantes plurinominales y responden a diferentes intereses.

En México, de acuerdo a la legislación actual, opera un sistema cerrado en la selección de los candidatos a ocupar un cargo de representación proporcional, en el que los dirigentes de los partidos políticos son quienes eligen y deciden sus listas de candidatos plurinominales, porque tristemente, ni siquiera los afiliados de dichos partidos participan en la selección de la lista de personas a ocupar una candidatura plurinominal.

En este sentido es urgente modificar esta forma clientelar de otorgar los escaños y curules plurinominales y hacer partícipe a la sociedad en la elección del orden que ocuparán los candidatos registrados. No se trata de negar los lugares a las minorías, se trata de transparentar y evitar que estos espacios sirvan sólo para el pago de cuotas partidistas.

La democracia día a día debe ajustarse a las necesidades de la sociedad, debe responder a las exigencias ciudadanas y, sobre todo, debe dejar los vicios que la opacan y la hacen perder credibilidad.

En este sentido, se propone modificar los artículos 54 y 56 constitucionales, para que el día de la elección, los electores designen el orden de prelación de los candidatos a escaños plurinominales dentro de las listas registradas por los propios partidos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

“DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION III DEL ARTICULO 54 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 56 CONSTITUCIONAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Constituyente de 1917 instauró a México como una República representativa, democrática y federal, esto limita al ciudadano a votar sólo y únicamente el día de las elecciones. De esta forma los ciudadanos otorgan su Soberanía a otro ciudadano, encomendando representar sus intereses, sin saber si éste va a cumplir con el mandato que ha recibido por parte del electorado o si va a utilizar el poder arbitrariamente en contra del pueblo.

Sin embargo, y a pesar de lo señalado en la Carta Magna, desde el año 1929, México fue gobernado por el partido hegemónico el cual no permitía “una competencia oficial por el poder, ni una competencia de facto. Permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda, autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo no se produce de hecho la alternancia; no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en el poder. Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder tanto si gusta como si no […] no existe ninguna auténtica sanción que comprometa al partido hegemónico a actuar con responsabilidad. Cualquiera que sea su política, no se puede poner en tela de juicio su dominación”.1

Es decir, la configuración del Estado transitó de manera cíclica por 70 años, de la cual dependió el sistema bicameral mexicano; no obstante, un parte aguas para la transición democrática de México fue la reforma constitucional de 1977, dicha innovación marcó un hito en el sistema electoral del país.

La relevancia del ámbito político dominante característico del siglo XX, fue lo que le otorgó relevancia a la reforma de los años setenta, ya que en ella el cambio del sistema electoral puramente mayoritario a uno mixto, incluyente de la representación proporcional, inició con la inserción de los diputados en 1963 y se consolidó a partir de la reforma de 1977.

La reforma en comento era necesaria, ya que gracias a ella se reconoce y respeta el derecho de las minorías de participar, incidir y ser representadas en el ámbito político; por tal razón, la representación proporcional como sistema electoral, no sustituyó el sistema de mayoría, en cambio se integraron un sistema electoral mixto, en el que las minorías tienen el derecho a ser representadas.

En síntesis, la reforma Constitucional de 1977 consistió en reformar dieciséis artículos de la Carta Magna: 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115, la innovación logró constitucionalizar a los partidos políticos minoritarios; se reconoció el derecho a la información pública; se consolidó un sistema electoral para la integración de la Cámara de Diputados, predominante mayoritario (pasaron de 237 a 400 Diputados). Se crea además la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con lo que los partidos políticos obtuvieron su registro para participar en las elecciones.

Con dichos lineamientos para la integración de la Cámara de Diputados, se modificó sustancialmente el sistema electoral mexicano y por ende el texto del artículo 52 constitucional:

Se integra la Cámara por 300 diputados electos, según el principio de votación mayoritaria relativa y hasta 100 electos según el principio de representación proporcional mediante listas regionales en circunscripciones plurinominales.2

Por su parte, el precepto 54 de la carta magna, estableció la descripción de las bases generales para determinar a los 100 diputados electos por el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, y los requisitos que debe cumplir un partido político para la obtención de sus listas son3:

• Acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos la tercera parte de los 300 distritos uninominales.

• No haber obtenido 60 o más constancias de mayoría.

• Alcanzar por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida.

• Cumplido lo anterior, le será asignado el número de diputados de su lista regional que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en la circunscripción plurinominal correspondiente.

Siguiendo con este orden de ideas, tenemos que en 1986 se da la séptima reforma en la materia. La Ley Electoral Federal cambió de nombre a Código Federal Electoral; se incrementó el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 400 a 500, al pasar de 100 a 200 el número de diputados de representación proporcional; se reforma la asignación de estos 200 diputados, llamándose “clausula de gobernabilidad”, y se fortalecieron algunas reglas sobre las prerrogativas de los partidos.

Asimismo, en 1996, se cambió la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, estableciendo un límite por el cual ningún partido puede tener un porcentaje que exceda en ocho puntos a su proporción de votación nacional emitida; también se reformó la Cámara de Senadores ya que se decidió elegir a dos senadores por el principio de mayoría relativa, uno a la primera minoría por cada entidad federativa y se eligen 32 por el principio de representación proporcional, mediante listas votadas en una sola circunscripción.

Por lo expuesto anteriormente, se puede aseverar que el sistema plurinominal mexicano, no ha sido modificado en cuanto a la selección de los candidatos a diputado o senador por la vía plurinominal, ya que si bien es cierto que dicho sistema fue creado para romper el poder absoluto del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión, la realidad es que hoy en día dichos funcionarios están amparados bajo el poder electoral de sus partidos políticos y las fuerzas minoritarias se han diversificado y aumentado.

Es importante mencionar que en el sistema de representación proporcional, el número de legisladores plurinominales que se asignan a cada partido político, depende del volumen de votación total obtenida; de ahí la importancia de que los candidatos a diputados y senadores estén colocados en los primeros lugares de la lista a nivel nacional que conforma cada instituto político, sobre todo el que encabeza la lista, pues si obtienen el porcentaje mínimo para conservar el registro como partido nacional, al menos colocan a uno de sus plurinominales.

Aunado a lo anterior, el problema de credibilidad de la democracia en México está en crisis, de acuerdo al Informe “Latinobarómetro 2013”4, el apoyo y respaldo que tiene la democracia de parte de la ciudadanía se encuentra en nivel deplorables con tan sólo el 37% de aprobación. En contraste, en el año 2002 el apoyo que tenía de la ciudadanía esta forma de gobierno era del 63%, cayendo a 48% en 2007.

Esto se traduce en una falta de credibilidad del sistema político mexicano por parte de la ciudadanía, ya que sólo una mínima parte de la población apoya este sistema político, lo que representa un grave riesgo para la estabilidad del país. Mientras no existan altos niveles de aprobación por parte de la población, no existirá identidad ni compromiso para con la nación, y los lazos identitarios cada vez serán más endebles, ocasionando que no exista trabajo para el bien común.

Cuando la ciudadanía no encuentra representados sus derechos y necesidades en el sistema político del país, se generan bajos niveles de participación, y por el contrario, altos niveles de desinterés y apatía por las cosas públicas. Esto se ve reflejado en los niveles de abstencionismo electoral en México.

Lo anterior se confirma ya que entre 1994 y el año 2000 la democracia mostró un cambio en cuanto a los niveles de participación que se mostraron históricos de concurrencia el día de las elecciones, este crecimiento en la participación se relacionó con los niveles de escolaridad y desarrollo urbano5. Sin embargo para el año 2003 habría una variación considerable en la participación del electorado, y llamaría la atención que a diferencia de otros periodos, donde el abstencionismo se relacionaba con la baja escolaridad de la ciudadanía, en esa ocasión había altos niveles de escolaridad pero baja participación.

La relación que se estableció en 2003 entre baja participación y niveles de escolaridad, fue que ese fenómeno era la consecuencia de la pérdida de credibilidad institucional6, reflejada en el ámbito político. De tal modo que la crisis de la falta de credibilidad del sistema político mexicano, es a causa de que no existe una verdadera representación ni identidad por parte de la ciudadanía con sus representantes.

En este sentido, el actual sistema partidista de selección de representantes plurinominales, abona a la desconfianza y abstencionismo de la ciudadanía, debido a que no pueden elegir directamente a estos representantes, y en la mayoría de los casos, sirven para el pago de cuotas políticas. 

Lo anterior es un claro reflejo de que los partidos políticos en muchos casos han dejado de ser el mediador entre el Estado y la sociedad; por lo que respecta el caso mexicano, el sistema representativo está en un alto grado de desconfianza ciudadana, debido a que los electores rara vez conocen a sus representantes plurinominales, y poco saben de su trabajo legislativo. Por medio del voto ciudadano pueden elegir a sus representantes, pero no los pueden llamar a rendir cuentas si éstos utilizan el poder arbitrariamente.

Por otra parte, en las democracias modernas se reproduce una reconfiguración de la esfera pública, modificando así el quehacer y designación de los actores políticos tradicionales y dar paso a la emergencia de nuevos actores. En la arena pública aparecen, cada vez nuevos actores que reflejan las demandas y exigencias políticas, sociales, económicas, y culturales de los ciudadanos.

En su inicio los sistemas de representación proporcional nacen como una opción contraria a los sistemas mayoritarios, y pueden traducirse en el reajuste determinante entre el porcentaje de la votación nacional lograda por un partido y los escaños que le corresponden7. Es imprescindible aludir que la figura de legisladores plurinominales nació con el objeto de romper el poder aberrante y absoluto que tenía el partido hegemónico en el Congreso de la Unión; sin embargo, los escaños plurinominales se han convertido en el pase automático de los políticos a una posición sexenal y sin necesidad de someterse directamente al escrutinio directo de los votantes.

Los legisladores plurinominales fueron diseñados para permitir que diferentes expresiones políticas minoritarias tuvieran presencia en el Congreso de la Unión, aunque no hubiesen ganado en las urnas, es decir, el sistema plurinominal atendió las demandas que en su momento se le presentaron al partido hegemónico.

La democracia en México se ha quedado estancada en el terreno electoral debido a que no se han abierto espacios de participación donde el ciudadano pueda expresar su opinión sobre los asuntos que inciden directamente sobre su vida. Esto ha traído como resultado que la democracia de corte representativo no atienda las demandas de los ciudadanos. En efecto existen problemas serios con la democracia representativa mexicana.

Un factor más acerca de la postulación de legisladores plurinominales, es el costo que representa para la ciudadanía, ya que de acuerdo al presupuesto de egresos del año 2012 el gasto total de la legislatura en diputados de representación proporcional fue de 7,200 millones de pesos; mientras que los seis años de las dos legislaturas de los Senadores plurinominales fue de 12,518 millones de pesos8. Resulta obvio que el gasto que se ejerce en este tipo de representantes populares es muy grande, pero es incongruente que los ciudadanos no puedan participar directamente en la elección de los mismos, en cuanto a elegir el orden que deben ocupar en la lista de candidatos plurinominales, y sólo sirvan para el pago de cuotas partidistas.

Existen tres formas en que los partidos políticos hacen la designación de sus listas de representantes plurinominales, y responden a diferentes intereses. Las listas cerradas apelan a favor de los intereses partidistas dejando a un lado los intereses de los grupos minoritarios; en cambio las listas abiertas provocan que en el seno de los partidos políticos exista una competencia interpartidaria; mientras que las listas libres, son aquellas que dan la oportunidad al votante emita tantos votos como escaños a ocupar en un distrito, y aun más pueden escoger entre los candidatos de una sola lista de partido o entre varias listas diferentes, como ellos lo deseen.9

Con base en lo anterior, se debe subrayar que en México, de acuerdo a la legislación actual, opera un sistema cerrado en la selección de los candidatos a ocupar un cargo de representación proporcional, en el que los dirigentes de los partidos políticos son quienes eligen y deciden sus listas de candidatos plurinominales, porque tristemente, ni siquiera los afiliados de dichos partidos participan en la selección de la lista de personas a ocupar una candidatura plurinominal.

De acuerdo a la legislación actual, para que un partido político pueda participar en la elección de diputados por el principio de representación proporcional debe acreditar que ha registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en cuando menos 200 de los 300 distritos uninominales. Si cumple con este requisito, el partido político puede proceder al registro de sus listas regionales de candidatos en las cinco circunscripciones plurinominales. Estas listas regionales son cerradas y bloqueadas, esto es, el orden de las candidaturas es invariable, por lo tanto, el elector no tiene opción de eliminar candidatos o alterar su orden de presentación10. Es decir, la ciudadanía tiene negado el derecho tanto de elegir quiénes deben ser los representantes plurinominales, o el orden en que las listas de candidatos registrados deberán seguir.

En este mismo sentido en la elección de candidatos plurinominales al Senado de la República, los 32 senadores a elegir por este principio, son elegidos por el mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, donde no participan los electores.

Hoy en día la sociedad reclama una democracia realmente representativa, en la que los representantes plurinominales no sirvan únicamente para el pago de cuotas políticas, sino que también la ciudadanía participe en la elección de los mismos.

Con la presente modificación a los artículos 54 y 56 constitucionales, no se interviene en la vida interna de los partidos, en cuanto a la designación de los candidatos, pero sí existe un cambio en cuanto a que los electores podrán decidir el orden que deberán seguir los candidatos registrado en el sistema de lista votadas en cada circunscripción en el partido político que decida participar,  así el elector es finalmente quien podrá decidir el orden de prelación de los candidatos propuestos por los partidos políticos.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCION III DEL ARTICULO 54 Y EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 56 CONSTITUCIONAL

UNICO. Se modifica la fracción III del artículo 54 y el segundo párrafo del artículo 56 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 54.

I.  …

II. …

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden de prelación que los votantes hayan designado en la boleta electoral, dentro de los candidatos en las listas correspondientes.

IV.  …

V.  …

VI.  …

Artículo 56. …

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el orden de prelación que los ciudadanos elijan del sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

ARTICULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO.El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.El Congreso de la Unión, deberá adecuar los ordenamientos legales correspondientes a lo establecido en el presente Decreto, en un plazo no mayor de 180 días a partir de su entrada en vigor.

TERCERO.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Texto actual

Texto propuesto

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

 

 

 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden de prelación que los votantes hayan designado en la boleta electoral, dentro de los candidatos en las listas correspondientes.

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el orden de prelación que los ciudadanos elijan del sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Dado en el salón de sesiones a los 4 días del mes de marzo de 2014”.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera.

Se recibió de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por la C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza)

“La que suscribe, Mónica TZASNA Arriola Gordillo, Senadora de la República de la LXII Legislatura, del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.Todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y el derecho de vivir libres del hambre. Hoy en México, además de la ratificación de los tratados internacionales previamente mencionados, este derecho está consagrado en nuestra Constitución Política.

El derecho a la alimentación adecuada comprende tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, como el hecho de que esos alimentos sean aceptables para una cultura determinada. Al mismo tiempo, incluye el acceso a los alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el disfrute de otros derechos humanos.

Por alimento adecuado se entiende que la alimentación debe satisfacer las necesidades de dieta, teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc. Por ejemplo, si la alimentación de las y los niños no contiene los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental, no es adecuada.

La alimentación con gran densidad de energía y escaso valor nutritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras enfermedades, podría ser otro ejemplo de alimentación inadecuada.

Los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas, como los contaminantes de los procesos industriales o agrícolas, incluidos los residuos de los plaguicidas, las hormonas o las drogas veterinarias.

El Estado debe ser responsable y ocuparse de que cada uno de los ciudadanos de nuestro país tenga una alimentación saludable.

Una alimentación adecuada y una dieta equilibrada, permite por un lado que nuestro cuerpo funcione con normalidad (que cubra nuestras necesidades biológicas básicas -necesitamos comer para poder vivir-) y por otro, previene o al menos reduce el riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Basta con recordar el impacto que tienen en nuestra sociedad las llamadas "enfermedades de la civilización". Hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ciertos tipos de cáncer se relacionan con una alimentación desequilibrada. No es, normalmente, una relación directa de causa-efecto, pero sí supone uno de los factores que contribuye a aumentar el riesgo de aparición y desarrollo de dichas enfermedades. Se ha demostrado que una buena alimentación permite mejorar la calidad de vida en todas las edades.
ARGUMENTACION

Bajo esta premisa, la Asamblea de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reafirmó la estrategia mundial para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles sobre  tres ejes fundamentales: vigilar, prevenir y fortalecer los sistemas de salud, esto como una respuesta integral ante el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso, misma que se reflejó en la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas, a la cual México se adhirió en 2004. En el marco de esta estrategia se contempló la implementación de estrategias globales en apoyo al combate a la obesidad y sobrepeso tales como, la reducción de consumo de sal, pues el consumo excesivo de sodio que se ingiere a través de la sal común, es uno de los principales factores asociados a la hipertensión arterial; y la reducción de grasas trans (AGT) en alimentos procesados, en virtud de que diversos estudios han demostrado que el consumo de AGT está vinculado con alteraciones del metabolismo de lípidos en la sangre, inflamación vascular y desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, es importante señalar que las grasas son imprescindibles en nuestra alimentación, debido a que aportan nutrientes esenciales para nuestro organismo, nos proporcionan energía, además de ser un componente básico para mantener la estructura de nuestras células. Por esta razón, es importante destacar que entre 30 y 35% de la energía diaria necesaria debe proceder de las grasas.

Existen dos tipos de grasas: las saturadas y las insaturadas. Las grasas saturadas son las que encontramos mayoritariamente en los alimentos de origen animal, como carnes, lácteos enteros y derivados (como la mantequilla o la nata). Las insaturadas son un tipo de grasas que encontramos principalmente en los alimentos de origen vegetal como los aceites vegetales (de oliva, girasol, etcétera), los frutos secos o las margarinas. Al contrario de las grasas saturadas, las insaturadas contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular.

Sin embargo, dentro de los insaturados se encuentran los ácidos grasos trans, que son compuestos generados durante la fabricación de algunas grasas (como la mayoría de las margarinas) durante un proceso conocido como “hidrogenación parcial” de los aceites vegetales. Además, estos compuestos también se forman en los aceites utilizados para freír, como los que han sido calentados durante largos períodos de tiempo, así como los que se emplean para elaborar comercialmente papas fritas, papas a la francesa y productos empacados.

Así, la industria alimentaria ha desempeñado un papel relevante, al presentarle al consumidor grasas con una mejor textura y estabilidad, modificando los ácidos grasos contenidos en los triacilglicéridos naturales durante los procesos de extracción y purificación de los mismos, como un efecto secundario al proceso. Los ácidos grasos trans (AGT) no sólo aumentan la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la sangre sino que disminuyen las lipoproteínas de alta densidad (HDL, responsables de transportar lo que llamamos el "colesterol bueno"), provocando un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Estos ácidos grasos pueden ser particularmente peligrosos para el corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de algunos cánceres. Los estudios más recientes demuestran que las concentraciones más altas de ácidos grasos trans pueden incrementar el riesgo de diabetes de tipo II.

Ante las evidencias mencionadas sobre los efectos negativos de las AGT sobre la salud, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han elaborado recomendaciones para la sustitución de AGT en alimentos procesados y de los que se sirven en restaurantes,  indicando que su presencia no debe ser mayor al 2% del total de grasas presentes en aceites vegetales y margarinas blandas y no mayor al 5% de grasa de alimentos procesados, e incluso se ha impulsado una tendencia hacia el abandono del uso de las grasas saturadas y de AGT (OPS, 22 de junio de 2008). La posición de estas instituciones se orienta a promover la sustitución de las grasas AGT por aquellas preferentemente de origen vegetal, por ejemplo, el aceite de girasol rico en ácido oleico, o de la familia omega 3.

El llamado para la eliminación de las AGT del abastecimiento global de alimentos, se ha identificado como una de las «mejores inversiones» en materia de intervenciones de salud pública para países con ingresos bajos y medios, por ello, se abogó por esta medida en la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles en septiembre de 2011. En este sentido, en el mes de noviembre de 2013, autoridades de seguridad alimentaria de Estados Unidos de América (E.U.A.) adoptaron medidas para avanzar hacia la prohibición del uso de las AGT por considerar que son una amenaza para la salud. Como primer paso de esta medida, se inició un periodo de consulta a efecto de recabar y sistematizar la información y datos sobre los efectos de la propuesta, al concluir el periodo de consulta la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América espera contar con las condiciones para vetar gradualmente las AGT, de todos los alimentos en Estados Unidos.

Para la FDA Los aceites parcialmente hidrogenados, fuente de la mayor parte de las AGT, ya no son “reconocidos como seguros”, el responsable del área de alimentos de la FDA, explicó que la agencia ha tomado esta decisión basándose, entre otros, en una investigación científica de 2011 que muestra que consumir estas sustancias hace que se eleve peligrosamente el nivel en la sangre de colesterol malo y disminuya el bueno. “Si la evidencia científica dice que un producto es malo para la salud, nuestra función es proteger a los ciudadanos. Y esto es lo que estamos haciendo”.

Si bien el consumo de AGT potencialmente perjudiciales ha disminuido en las dos últimas décadas en Estados Unidos, el consumo actual sigue siendo una preocupación significativa de salud pública. La agencia señaló que esta iniciativa puede evitar 7.000 muertes y 20.000 ataques al corazón en E.U.A. cada año.

Si el plan de la agencia tiene éxito, los aceites que obstruyen el corazón serían considerados aditivos alimentarios y no podrán utilizarse en los alimentos a menos que sean oficialmente aprobados, la medida no afecta a los alimentos con AGT de origen natural, que están presentes en pequeñas cantidades en algunos tipos de carne y productos lácteos.

Con esta medida, las autoridades sanitarias de los E.U.A. atienden el llamado que desde 2011, hizo la OMS para la eliminación de las AGT del suministro global de alimentos. En este mismo sentido, los nutricionistas han criticado desde hace tiempo su uso, asegurando que no tienen elementos nutritivos y que contribuyen a enfermedades del corazón en mayor proporción que las grasas saturadas. De hecho algunas empresas ya han eliminado las AGT de sus productos, impulsados por las nuevas etiquetas nutricionales que se ponen en los empaques de comida desde 2006 y en las que deben estar señaladas, además ciudades como Nueva York y otros gobiernos locales también las han prohibido.

Es importante destacar que desde el 25 de julio de 2008, California fue el primer estado de los E.U.A. en prohibir los AGT en restaurantes, tras esa medida con efecto al 1º de enero de 2010, los restaurantes californianos tienen prohibida la utilización de aceites, mantecas y margarinas que contengan AGT "artificiales" para untar o para freír, con la excepción de las donas fritas, mismas que se incluyeron junto con otra repostería a partir del 1º de enero de 2011. Sin embargo, la comida envasada, no está cubierta por la prohibición y se continúa permitiendo que contenga ácidos grasos trans.

Es evidente que en los E.U.A. ya es una tendencia a reducir y eliminar estas sustancias en los alimentos, es un hecho que la presencia de AGT en diversos alimentos se ha reducido a partir de 2006. Antes de ese año, los estadounidenses consumían 4,6 gramos de estas grasas al día; en 2012 ingerían un gramo diario. Sin embargo, la FDA señala que incluso un pequeño contenido de esta sustancia artificial puede acumularse y suponer riesgo para la salud. De ahí que, el paso para vetarlas definitivamente ha sido bien recibido por los responsables de salud pública estadounidenses.

Confirmando lo anterior, para la OMS las prohibiciones locales y nacionales de las AGT en la elaboración de alimentos constituye uno de los métodos más eficaces para prevenir algunas de las enfermedades letales más importantes del mundo, sin embargo muchos gobiernos no han adoptado  estas medidas argumentando su poca eficacia, contra esta posición la OMS publicó un estudio demostrando que las estrategias de Brasil, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, los Países Bajos, la República de Corea y los Estados Unidos de América durante las últimas dos décadas han demostrado ser eficaces en la eliminación de las AGT de los alimentos.

Los resultados del estudio son especialmente relevantes en materia de estrategias sanitarias, se demuestra, por ejemplo, que una prohibición nacional en Dinamarca prácticamente eliminó las grasas trans en los alimentos, mientras que las prohibiciones locales en Canadá y en los Estados Unidos de América han dado buenos resultados en la eliminación de AGT en los alimentos fritos. Aunque algunas de las estrategias gubernamentales que se estudiaron impusieron una autorregulación voluntaria y otras implicaron medidas obligatorias tales como el etiquetado. La prohibición local y nacional de las AGT ha demostrado ser la estrategia más eficaz para su eliminación.

Por ejemplo, de acuerdo a la política de control impuesta por la FDA, para marzo de 2009 ya todos los productos en el mercado deberían tener la información sobre el contenido de AGT en las etiquetas. Con el propósito de revisar su cumplimiento se visitó Carolina del Sur en Estados Unidos durante el mes de abril, y en varios Centros comerciales se revisó la etiqueta de algunos alimentos. La sorpresa fue que todos los alimentos tenían en la etiqueta el contenido de AGT. Lo cual habla de acciones eficaces en materia de salud. Un aspecto que se debe señalar es que la regulación es tan estricta que hasta algunas verduras de marca tenían la información de los AGT y como era de esperarse con contenido de cero. A este punto, se sugiere que la información del contenido de AGT se debe destinar sólo a los alimentos que por su naturaleza y proceso industrial, presentan en su composición grasa y AGT.

Para México, lo anterior tiene una gran trascendencia considerando la situación económica y de salud de la población, de acuerdo con análisis recientes de encuestas y estadísticas nacionales, México está experimentando cambios importantes en su perfil epidemiológico, caracterizado por un rápido incremento de la obesidad y las enfermedades crónico no-transmisibles asociadas con la nutrición; al mismo tiempo, se observa una disminución importante en las enfermedades infecciosas y transmisibles; a este fenómeno se le conoce como transición epidemiológica. Las estadísticas muestran que las tasas de mortalidad por infarto agudo del miocardio, hipertensión y diabetes han aumentado aproximadamente en 160% en los últimos 18 años, y la prevalencia de obesidad en adultos ha aumentado cerca de 165% en los últimos 11 años, y ha llegado a ser mayor a 40% en adultos mayores de 40 años de edad.

Estos cambios se asocian a modificaciones en los patrones de alimentación y estilos de vida de los mexicanos. Durante los últimos 20 años, las encuestas nacionales han mostrado una disminución aproximadamente de 30% en el consumo de alimentos saludables, tales como las frutas y verduras, y a la vez un incremento de 40% en el consumo de refrescos y alimentos industrializados con alto contenido calórico y ricos en grasas saturadas, que se presentan sin distinción de edad, sexo o condición social. Aunada a esto, existe una disminución importante en la actividad física en general. Todos estos contribuyen como factores causales en la aparición de la denominada epidemia de obesidad, así como en el incremento de enfermedades crónicas degenerativas que se vive en nuestro país.

Lo más grave es que la obesidad en niños y adolescentes se expresa ya como un problema de salud pública que continua en incremento tal como lo indican los estudios nacionales realizados en los años 1999 a 2010. El aumento en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad para niños en edad escolar (5 a 11años) fue de 39,7 %. El incremento más alarmante fue del 77 % en la prevalencia de obesidad en niños del sexo masculino. En el caso de los adolescentes los datos del 2006 indican que 1 de cada 3 tiene sobrepeso u obesidad, observándose un incremento del 33,3 % en la prevalencia de obesidad. Las estadísticas señalan la urgencia de aplicar medidas conducentes a la prevención de esta enfermedad

Como ya se mencionó, La FDA, reglamentó a partir del 1º de enero de 2006, que todos los alimentos deberían presentar en su etiqueta el contenido de AGT dado los efectos a la salud ya señalados. En el caso de México la NOM-043-SSA2- 2005, menciona que se debe disminuir el consumo de alimentos que presenten grasas en general y AGT, para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Al revisar y analizar la Ley General de Salud, así como el Reglamento correspondiente al Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, de la Secretaría de Salud, es evidente que no existe una normatividad que regule el uso de los AGT, ni el etiquetado que informe al consumidor sobre su contenido en forma específica, pero sí la manera de cómo lograr su control, incluso en lo que se refiere al etiquetado, estableciendo en la ley la obligación para que se eliminen de manera gradual, y de manera inmediata se precise en las etiquetas el tipo de grasas contenidas; además de adicionar una  leyenda con el fin de orientar a la población sobre los beneficios o daños a la salud por el consumo del mismo.

Es evidente que en nuestro país, a pesar de la normatividad ya mencionada, y de contar con algunos productos en el mercado que presentan información del contenido de AGT, existe un vacío legal en la información en comparación con otros países. Si bien los cambios son progresivos, es urgente iniciar el diseño de una regulación estableciendo plazos y con fundamento en un análisis de riesgos a la salud.

De abril a mayo de 2009, se realizó un estudio piloto para identificar los avances en la legislación de los alimentos que por su proceso de industrialización presentan AGT. Se seleccionó este tiempo, porque era el que ya en Estados Unidos de América habían tomado medidas radicales. Se visitaron cuatro centros comerciales (dos exclusivos y dos no exclusivos por ubicarse en zonas populares) de mayor demanda por los consumidores en la Ciudad de León, Guanajuato., y un centro comercial con membresía. Se observó que la información en el contenido de AGT la presentaban las frituras de marca mexicana y algunas margarinas nacionales. Se observó varias margarinas de marca extranjera y de venta a granel sin marca ni etiquetado, principalmente en los centros comerciales no exclusivos de la ciudad.

Respecto a los productos considerados “Fast food” como las hamburguesas, pollo frito, papas, helados, postres, entre los principales, los consumidores no tienen posibilidad de tener información sobre lo que están consumiendo. Los consumidores son incapaces de detectar con la vista, el gusto o el olfato si los productos que consumen han sido o no cocinados con este tipo de grasas.

Esta situación debe cambiar, es urgente tomar las medidas necesarias para que nuestras autoridades le den la oportunidad a la población mexicana del goce de los mismos derechos de protección a la salud que los de los ciudadanos de los E.U.A. Ya que los alimentos elaborados con AGT y cuyos riesgos de su consumo no son advertidos, son productos inseguros y no aptos para el consumo saludable. Los consumidores, ante la omisión de la información, no tienen forma de protegerse.

Es conocida la asociación entre la función cardiovascular y el consumo (en cantidad y calidad) de la grasas en los alimentos. Desde hace años se promueven diversas estrategias para reducir estos riesgos en materia de alimentación. La FDA planteó propuestas para que los alimentos presentaran información del contenido de grasas AGT y su disminución en los alimentos, lo cual se atendió con eficiencia en Estados Unidos, con campañas informativas a la población y exigiendo en plazos cortos para que antes de marzo de 2009 todos los alimentos con alto contenido de AGT presentaran información en todos los alimentos industrializados con excepción de los “Fast food”. La población tiene derecho a estar informada y tomar acciones de salud en corresponsabilidad con las autoridades

Enfrentamos una situación grave ante la casi nula regulación en materia de AGT, la demanda aumenta en productos de marca extranjera, con precios atractivos y estos productos no son ya permitidos en su país, pero sí en México. Si a esto se suma la situación económica del país y a la desinformación, se incrementan aún más los riesgos a la salud. Así que la llamada de atención es primeramente a las autoridades para que tomen acciones y se revisen las legislaciones en materia de nutrición y alimentación, así como las normatividades.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se recoge la preocupación de académicos, estudiosos de la nutrición e investigadores, ante el hecho de que en México se utilizan indiscriminadamente las AGT, sustancias que como ya se mencionó, están siendo prohibidas en diversos países como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Brasil, etc. La mayor parte de las compañías transnacionales y procesadoras de alimentos rápidos usan este tipo de grasas, sin informar o poner al alcance del consumidor, la posibilidad de tener conocimiento de los riesgos que enfrenta al consumir los AGT, mismos que están asociados a padecimientos que pueden provocar la muerte.

La presente propuesta tiene por objeto subsanar este vacío legal, propongo legislar en materia de etiquetado de los alimentos para que productores y empresarios den cuenta del uso de las grasas parcialmente hidrogenadas, además de otros componentes en cada uno de los productos y se plantea la necesidad de establecer la regulación para que se prohíba en los alimentos empacados los AGT, por sus efectos sobre la salud.

Si bien las medidas voluntarias de la industria son bienvenidas, se necesitan disposiciones reglamentarias para proteger de manera más rápida y eficaz la salud de la población. Además, el marco normativo sirve para nivelar "el campo de juego" para toda la industria local e internacional, pequeña y grande y además asegura que se proporcionen los mismos beneficios a todos los sectores de la sociedad (en particular a las poblaciones rurales y pobres), basándose en datos fidedignos sobre los costos, los avances técnicos y cuestiones de suministro, la eliminación de los AGT de producción industrial es factible y realizable; la velocidad de avance en el logro de esta meta en el tiempo debe considerar las diversas realidades locales.

La medida normativa clave e inmediata es adoptar, mediante medidas legislativas una regulación estricta que establezca límites de <2% de la cantidad total de AGT en los aceites vegetales y las margarinas blandas para untar y de <5% para los demás alimentos, como se ha propuesto por la OMS, con el propósito de avanzar hasta su eliminación total de los alimentos. Otras posibles medidas normativas son: a) el etiquetado nutricional para dar a conocer el contenido de AGT de los alimentos; b) el establecimiento de normas para reglamentar las afirmaciones sobre propiedades saludables de los alimentos y c) la declaración de los tipos de grasas y aceites, en especial los trans, que contienen los alimentos que se sirven en restaurantes, en los programas de ayuda alimentaria y de alimentación escolar; y otros proveedores de servicios de alimentación.

Para mandatar a la Secretaría de Salud el cumplimiento se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, incorporando la obligación de regular el etiquetado y la prohibición del uso de AGT en los alimentos y productos envasados que se expenden en nuestro país.

En los Estados Unidos, un análisis de costo-beneficio detallado evaluó los beneficios para la salud, en términos de reducción del riesgo cardiovascular al disminuir el consumo de las AGT, comparado con los gastos de la rotulación, llegando a la conclusión que por cada dólar gastado en rotulación se ahorraban 100 dólares en gastos de salud en un periodo de 20 años. Esto llevó a la FDA a la inclusión obligatoria del contenido de AGT en la rotulación de los productos alimentarios y a la recomendación de que las personas mantengan un consumo lo más bajo posible. Un comité multisectorial sobre grasas y aceites de Costa Rica ha propuesto la reducción del consumo de AGT en los países centroamericanos y la República Dominicana, y ha recomendado la inclusión de los AGT en el rotulado nutricional. Desde 2006 Chile siguió el ejemplo, y en agosto de ese mismo año se le unieron países del acuerdo del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Por último, en Brasil actualmente se está sometiendo a consulta pública una nueva propuesta para regular la comercialización de alimentos con concentraciones elevadas de grasas saturadas y de AGT, entre otros nutrientes. Estos ejemplos sirven para documentar que la acción del gobierno respecto a los AGT es factible y puede producir beneficios importantes, pero tal acción debe ser efectuada en forma generalizada y coordinadamente.

Adicionalmente y con el propósito de fomentar una alimentación saludable a través del enriquecimiento nutrimental de uno de los alimentos básicos de la población, se propone incorporar a la ley la disposición obligatoria para enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, indicando los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse, con el objeto de poner al alcance de la población un alimento con alto contenido nutritivo.

Con el propósito de dimensionar los efectos de esta medida, creo necesario hacer algunas precisiones: El “Nixtamal” es el maíz cocido con agua y cal, este proceso tiene la finalidad de hacer el grano más digerible así como el de aumentar su valor proteínico, la concentración de calcio aumenta en 20 por ciento, la de fósforo en 15 por ciento y la de hierro en 37 por ciento. La “Masa de nixtamal” es el producto que se obtiene de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado, misma que se utiliza para la elaboración de la tortilla, uno de los alimentos básicos de los mexicanos.

En este sentido, la fortificación de alimentos se define generalmente como la adición de uno o más nutrientes a un alimento con la finalidad de mejorar su calidad, reducir y controlar su carencia de nutrientes. Si partimos de que la desnutrición afecta en México a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil habitan las zonas marginadas de las ciudades y el campo presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas, es evidente que una medida como la mencionada, puede contribuir a fortalecer la nutrición de estos sectores.

De hecho, desde el año de 1998, la industria harinera de maíz nixtamalizado acordó voluntariamente con el gobierno federal a petición de este último, realizar acciones de enriquecimiento nutricional a la harina producida en paquete por esta industria. Esta acción se volvió obligatoria, al plasmarse en la Ley General de Salud publicada el 12 de julio de 1998 en el Diario Oficial de la Federación y que en su artículo 115, fracción VII, dice a la letra: “...establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse...”

Desde esa fecha, la industria harinera ha cumplido con este acuerdo beneficiando nutricionalmente a los consumidores de harina de maíz nixtamalizado en paquete, aunque, la venta de este producto es una mínima parte de la producción total de la industria harinera. La mayor parte de la producción de este producto se realiza con el método tradicional de la masa nixtamalizada, por lo que el objetivo central del Gobierno Federal de ofrecer un valor nutricional mayor a la población que más lo requiere, no abarca a toda la población, especialmente la de menor ingreso que tienen a la tortilla como base de su alimentación.

Es una realidad que el consumo de tortilla es parte sustancial de la dieta de los mexicanos, diariamente se consumen alrededor de 325 gramos de este alimento, y en zonas rurales provee cerca del 70 por ciento del total de calorías y el 50 por ciento de las proteínas. Si bien la tortilla fortificada existe desde hace años, y en México se han discutido diversas iniciativas que proponían impulsar su uso como medio para llevar nutrientes a los más necesitados y combatir la desnutrición, hoy en día miles de niños mexicanos crecen sin acceso a las dosis necesarias de hierro, zinc y ácido fólico entre otros micronutrientes esenciales, lo que acaba impactando su desarrollo, con efectos como un menor crecimiento, fortaleza física e inclusive deficiente desarrollo intelectual.

Con la modificación propuesta, se pondrá al alcance de los mexicanos y mexicanas de menores recursos, un producto alimenticio con alto valor nutritivo y se contará con un medio eficaz para combatir la desnutrición de miles de mexicanas y mexicanos.

Actuar sobre los estilos de vida que son los determinantes de la salud requiere de información clara a la población, pero también la posibilidad real de modificar hábitos no saludables y construir la voluntad individual y colectiva de cambiar. Junto al acceso a alimentos suficientes es preciso asegurar  la calidad de los mismos tanto en sus contenidos nutricionales como en su inocuidad.

Las enfermedades transmitidas por alimentos y las intoxicaciones deben prevenirse a través de una manipulación, preparación y conservación cuidadosa. Se trata de conocer los riesgos y los puntos críticos de peligro y cumplir con las normas sanitarias en toda la cadena que va del productor primario al consumidor. Enfrentamos sin duda un reto de gran envergadura y es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la alimentación y salud de las mexicanas y mexicanos, considero que con la presente reforma, contribuye a fortalecer las herramientas institucionales y jurídicas para hacer efectivo el derecho a la salud y a la alimentación saludable, con ese propósito y con base en los considerandos expuestos y fundados en mi calidad de Senadora de la República de la LXII Legislatura, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo único. Se Reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 115.-. . .

I. . . a VI. . .

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, de la masa de maíz nixtamalizado, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse; tratándose de alimentos industrializados deberá regular la información en el etiquetado y la prohibición del uso de grasas vegetales hidrogenadas en su elaboración.

VIII. . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizarán las adecuaciones correspondientes en su legislación en términos de 180 días naturales a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014

Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo”.





 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 20 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Unico del Título Tercero Bis, se crea un Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACION DEL CAPITULO UNICO DEL TITULO TERCERO BIS, SE CREA UN CAPITULO II DEL TITULO TERCERO BIS Y SE ADICIONA EL ARTICULO 149 QUATER DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona uno último, al artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y SE ADICIONA UNO ULTIMO, AL ARTICULO 259 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)







 

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos, sobre requisitos de capitanías de puerto.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 17 BIS A LA LEY DE PUERTOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 95 votos a favor y 0 en contra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo del artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, sobre requisitos para plazas de capitanía de puerto.





 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 9 DE LA LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS

(Dictamen de segunda lectura)



Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de modificación al dictamen del cual hemos dado cuenta.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Con el permiso de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El 6 de noviembre de 2013, se realizó la cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. En dicha reunión se llevó a cabo la discusión y votación del dictamen que contenía el proyecto de Decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, dictamen que fue aprobado y remitido a la Comisión de Estudios Legislativos, quien aprobó sin modificaciones el proyecto de dictamen en fecha 27 de noviembre de 2013, concluyendo así por el proceso de dictaminación de comisiones unidas.

El dictamen que ha sido remitido a este Pleno para su discusión, tiene por objeto la incorporación a la normativa referida de los requisitos que deberá cumplir el ciudadano que aspire a ocupar el cargo de capitán de puerto.

El que suscribe coincide con el ánimo de la comisión dictaminadora en el sentido que es fundamental plasmar en la normatividad aplicable y de manera expresa los requisitos para detentar el cargo de capitán de puerto, ya que el mismo es considerado un puesto estratégico en cuyo desempeño se deberá proteger y salvaguardar la seguridad nacional.

Sin embargo, el quinto requisito propuesto en el dictamen que establece no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente, traería como consecuencia coartar la posibilidad de participar en los procesos de selección para ocupar el cargo referido a cualquier ciudadano que haya sido sentenciado en juicio, sin distinción de la materia o jurisdicción del sistema de impartición de justicia mexicano.

Asimismo, existe una profunda y determinante diferencia entre el requisito de no haber sido sentenciado por una autoridad competente que el dictamen pretende establecer al requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso, que de manera congruente con la Ley de Seguridad Nacional, que lo establece como uno de los requisitos que deberán de cubrir quienes pretendan ocupar algún cargo dentro de las instituciones de seguridad nacional, ya que la capitanía de puerto, según el marco de coordinación para conformar la red de información en materia de seguridad nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 17 de diciembre de 2007, es considerada una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la vez una institución de seguridad nacional y que, por ende, resulte indispensable que su titular reúna los requisitos que fija la Ley de Seguridad Nacional.

A mayor entendimiento pareciera, sin pretender afirmarlo, que se confunde y se equipara el término sentenciado con el de inculpado o culpable de un delito. Por lo que retomando como referencia la redacción que establece la Ley de Seguridad Nacional respecto a la prohibición de no haber sido sentenciado por delito doloso, se sobreentiende que la sentencia deberá ser remitida por una autoridad jurisdiccional en materia penal, en un sentido condenatorio por la comisión de un delito doloso.

Es decir, la norma objetiva contempla un requisito de cumplimiento específico para un catálogo de puestos considerados instituciones de seguridad nacional, entre los que se encuentra la capitanía de puerto.

Por ello, en aras de una correcta armonización legislativa entre las normas, en congruencia por el espíritu e intención del legislador de incorporar un requisito tan específico y concreto como el que establece la Ley de Seguridad Nacional, e incluso la legislación en materia de responsabilidad de los servicios públicos y hasta la propia Constitución, consideramos que la restricción debe de ser la misma.

En resumen, la intención de incorporar como requisito el no haber sido sentenciado por autoridad judicial competente, sin tomar en consideración dos supuestos; primero, debido a que las sentencias son normas jurídicas individualizadas que recaen sobre un sujeto y pueden ser en diversas materias y que por lo tanto con la redacción propuesta por la comisión, quedarían fuera millones de mexicanas y mexicanos de la posibilidad de ser considerados simplemente porque recayó sobre ellos una sentencia, ya sea de un juicio de divorcio, testamentario, de patria potestad, agrario, reivindicatorio, electoral o de cualquier materia de derecho; y de igual manera dicha imprecisión sería contraria a una de las más fundamentales libertades consagradas en la Constitución, como lo es la garantía del empleo.

Y segundo, para el caso de que la intención era hacer referencia a una sentencia de materia penal, el no haber distinción del sentido de la sentencia absolutoria o acusatoria, deja sin la posibilidad de ocupar el cargo de capitán de puerto de manera injustificada y contraria a derecho a aquellas personas inocentes sobre las que versa y versó una sentencia de carácter absolutorio, simplemente por una imprecisa redacción en el dictamen.

Por lo tanto, para clasificar la pretensión de un servidor de coadyuvar a corregir y enriquecer la propuesta que nos presenta el día de hoy, voy a permitirme referir el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley de Puertos, normatividad que debe armonizarse con la que estamos discutiendo en estos momentos, y mediante la cual se pretende establecer que los requisitos para ostentar el cargo de capitán de puerto, y en donde se especifica de manera adecuada que el requisito deberá ser: no haber sido sentenciado por delito de tipo doloso.

Dicho dictamen se encuentra hoy inscrito en el Orden del Día para su discusión y votación de este Pleno, a fin de continuar con su proceso legislativo, por lo que señalo como factible este momento para vislumbrar la imperiosa necesidad de armonizar los requisitos de este dictamen con los contenidos que reforma la Ley de Puertos.

Finalmente, quisiera hacer un reconocimiento al trabajo y a la postura del Senador Javier Lozano Alarcón, así como de todos los integrantes de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, quien con total apertura han propuesto que en la quinta reunión de trabajo de la propia comisión, que durante los trabajos ante este Pleno para la aprobación del dictamen motivo de la presente reserva, se sometiera a consideración la homologación del contenido de los dictámenes, a fin de poder contar con el perfeccionamiento de esta propuesta con la que coincidimos en su esencia, pero que consideramos debe corregirse por las razones antes expuestas, y que son determinantes para llevar a cabo dicha modificación.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Salazar Solorio.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación hecha por el Senador Salazar Solorio.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio.



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión dicha propuesta. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba dicha propuesta.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. No habiendo más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto con la propuesta de modificación aceptada.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 93 votos a favor.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", correspondiente al año 2014.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al dictamen.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, para presentar el dictamen a nombre de la comisión.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

Estamos contentos por el inicio de una nueva etapa de reconocimientos que esta Cámara de Senadores ha autorizado mediante un proceso legislativo que cubrimos en tiempo y forma.

Tuvieron que pasar más de 50 años para poder alcanzar uno de los reconocimientos al más alto nivel, como es este reconocimiento que estamos generando a propósito del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo.

Después de un análisis de las mujeres y hombres de esta Cámara de Senadores, primero para denominar este premio, tuvimos la oportunidad de tener a la mano el nombre de muchas mujeres que han hecho de su vida un gran compromiso por el adelanto de las mujeres, mujeres valiosísimas, mexicanas, comprometidas, que la historia pinta su caminar como un hecho histórico en defender los derechos humanos, políticos y sociales, en todos los sentidos, de las mujeres.

Fue así como el Senado de la República aprobó que el nombre de una mujer emblemática, Elvia Carrillo Puerto, Yucateca, la Monja Roja del Mayab, una mujer avanzada a su época, pero sobre todo, reconociendo la necesidad de que todos los derechos políticos, que todos los derechos humanos estuvieran al alcance de las mujeres.

Se estableció este nombre y empezamos con todo este proceso legislativo para que con el voto de ustedes el próximo jueves podramos tener una sesión solemne para entregar por primera vez este premio, en donde tuvimos la presencia, la participación de muchas mujeres, todas muy reconocidas, con un alto grado de compromiso a favor de nuestra causa, de la causa de las mujeres.

Sin embargo, creo que Marcela Lagarde y de los Ríos es un ícono en esta lucha que hemos tenido.

Nadie olvida el término “feminicidio” que fue acuñado por Marcela y que dio la vuelta al continente y al mundo para llamar de alguna manera los crímenes de odio en contra de las mujeres.

Su mano estaba presente en la investigación, en la academia; como parlamentaria, fue coautora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que ha sido un ejemplo, un marco jurídico que poco a poco se ha ido adecuando a las exigencias que requieren las mexicanas para resolver la problemática que todavía tenemos y los retos por venir.

Marcela Lagarde representa una mexicana muy comprometida, una mexicana que ha hecho de su vida un apostolado por esta causa, por esta lucha.

Por eso yo pido, compañeras y compañeros, que podamos votar a favor de este dictamen que inicia una gran etapa de reconocimiento a favor de las mexicanas y que a partir del jueves tendremos oportunidad anualmente de reconocer a más mujeres comprometidas con esta digna causa, con este avance que requiere México para su democracia y para su progreso, como es a favor de las mujeres.

Nosotras, en la Comisión para la Igualdad de Género, nos pronunciamos porque Marcela sea quien inicie, quien aperture esta gran historia que entre todas y todos, segura estoy, vamos a escribir.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gastélum Bajo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:

No cabe duda que nuestra legislatura tiene una connotación distinta, se nota en lo que dictaminamos, se nota en las reformas que impulsamos, se nota en la participación de las Senadoras que hoy estamos en un momento histórico, pero también se nota en que no vamos solas, vamos acompañadas por los señores Senadores.

El Senado de la República está en un paso muy importante que le distinguirá históricamente al no solamente reconocer con cuidado cada año la entrega de la “Medalla Belisario Domínguez”, sino ahora el reconocimiento a mujeres mexicanas que por su trayectoria se destacan en nuestra sociedad y que es el reconocimiento de “Elvia Carrillo Puerto”.

Esa es la connotación. Eso es lo que pretendimos desde la Comisión para la Igualdad de Género, presidida por la Senadora Diva Hadamira Gastélum, que un día llega a la sección y nos planeta lo que en principio fue una inquietud y posteriormente lo fuimos construyendo para llegar a concretar este merecimiento que se va a otorgar por parte del Senado de la República a una mexicana emblemática que tiene que distinguirse por su lucha, porque su actividad haya e incida no solamente en la lucha social, sino también en el ámbito cultural, político y económico, pero yo quiero agregar, además, filosófico.

El reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, de esta gran yucateca mexicana de principios de siglo pasado, que como se mencionaba aquí, todo su trabajo parecía fuera de su época, pero es gracias a ella y otras mujeres feministas de su época que se empezó a construir en nuestro país toda la dinámica de lucha para lograr el reconocimiento del sufragio a las mujeres, que posteriormente se vio reflejado en las reformas a la Constitución hace 61 años.

No podría haberse dado esa lucha, ni otras luchas, estos avances importantes en el marco jurídico fundamental de nuestra nación, sin el haber y sin este gran batallar de mujeres como la que representa sin lugar a dudas Elvia Carrillo Puerto; y una forma de reconocerle para que efectivamente podamos destacarla en la historia de nuestra nación, no solamente en la promoción de los derechos de las mujeres, sino de los cambios hacia adelante en la sociedad mexicana. No podía ser de otra manera este gran reconocimiento como el que ahora estamos constituyendo en el Senado de la República.

El reconocimiento que este año instalamos para que se le entregue a una mujer destacada de la misma relevancia de Elvia Carrillo Puerto, y que sin lugar a dudas el dictamen que hoy presentamos a su discusión de la Comisión para la Igualdad de Género es que se le reconozca a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, tienen muchas cosas en común, no solamente nos han organizado a las mujeres a partir de ilustrarnos, esa es la gran característica que tienen en común; trabajaron para formarnos, para ilustrarnos en la filosofía del feminismo en el estudio escrupuloso, científico y diagnóstico que nos permite explicarnos por qué de la desigualdad entre hombres y mujeres, que solamente se puede explicar en base a un análisis diagnóstico y científico de nuestras sociedades, esa es la gran cualidad de Marcela Lagarde.

Es una mexicana ilustre no solamente en el ámbito académico, no solamente en el ámbito político, sino sobre todo, en el ámbito filosófico, porque ciertamente nos ha formado y nos sigue formando, y son generaciones tras generaciones de mujeres que desde la academia siguen siendo formadas por Marcela.

Por eso la pertinencia de la decisión que hoy ponemos a su consideración para que en sesión solemne Marcela Lagarde instale este reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, como tiene que ser desde el Senado de la República.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Sonido en el escaño de la Senadora Beristain Navarrete.

- La C. Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para sumarme a este homenaje, hoy es un día de gala, estamos todas las mujeres, especialmente las yucatecas, aquí en el Senado habemos tres yucatecas, la Senadora Angélica, la Senadora Adriana y su servidora, estamos de manteles largos porque es histórico el hecho de que una mujer puede ser del socialismo, hermana del gran líder Felipe Carrillo Puerto, denominada la Monja Roja del Mayab, haya sido la que inició hace noventa y tantos años el voto de la mujer, no hace 60 como anteriormente se había citado; noventa y tantos año fue en Yucatán la Monja Roja del Mayab, así se le llamaba, prócer del socialismo en Yucatán, en México y en América Latina.

Hoy todas las mujeres yucatecas y mexicanos estamos de gala, porque el Senado de la República está haciéndole un merecidísimo homenaje a Elvia Carrillo Puerto.

Gracias a la Comisión para la Igualdad de Género, y me sumo al beneplácito de que sea la señora Marcela Lagarde la que por primera vez en la historia del Senado de la República, reciba esta condecoración, denominada: “Elvia Carrillo Puerto”. Una gran mujer, la más grande de todo México.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa

.



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 89 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está aprobado el dictamen por el que el Senado de la República confiere el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, correspondiente al año 2014, a la ciudadana María Marcela Lagarde y de los Ríos.

El Senado de la República realizará sesión solemne el jueves 6 de marzo a las 11:00 horas en este recinto para entregar el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

Se solicita al Pleno de la Comisión para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana María Marcela Lagarde y de los Ríos la determinación de esta Asamblea.

Se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones necesarias para la realización de esta sesión solemne.

Damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad del Valle de México, División Ciencias Sociales, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.

Y a los alumnos de la Facultad Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, invitados por el mismo Senador.

¡Sean ustedes bienvenidos!

(Aplausos)
Pasamos al siguiente asunto.

Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación.





 

COMUNICACION

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al comunicado.

“Ernesto Cordero Arroyo
SENADOR DE LA REPUBLICA

México D.F., 26 de febrero de 2014.

Senador RaUl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva de la
CAmara de Senadores
Presente.

El que suscribe, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11, 12 y 13, fracción V del Reglamento del Senado de la República, presento respetuosamente a usted mi formal solicitud de licencia por tiempo indefinido, a partir de que lo apruebe el Pleno de este Senado, al ejercicio del cargo que ostento.

En ese sentido, ruego a usted someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la solicitud en comento, para los efectos del numeral 2 del artículo 13 del Reglamento citado.

Le reitero la seguridad de mi consideración distinguida y agradecimiento por sus atenciones.

Atentamente”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

- El C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

- El C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

¿Me permitiría el uso de la tribuna para complementar un párrafo que olvidé añadir en mi licencia, por favor?

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Concedido

- El C. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente Raúl Cervantes Andrade. Buenas tardes, Senadoras y Senadores:

El motivo que me trae a esta tribuna el día de hoy, es solicitar licencia a mi cargo de Senador de la República.

A lo largo de mi vida pública he tenido el privilegio de servir a mi país desde diversas responsabilidades, y ser Senador, y presidir esta Asamblea ha sido el más grande de los honores y el que mayor satisfacción personal me ha dado.

A mis compañeros de bancada quiero agradecerles la confianza y el respaldo durante el tiempo que fui Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pero más allá de eso, va mi agradecimiento sincero por su amistad.

A ustedes, Senadoras y Senadores de todos los partidos políticos, les agradezco la distinción de presidir esta Cámara. La confianza y respaldo de todos fue fundamental durante dicho periodo.

Trabajé, aprendí y viví momentos de gran intensidad con ustedes, mis compañeras y compañeros legisladores.

Recuerdo con gran aprecio cada negociación, cada diferencia, cada acuerdo alcanzado.

En el día a día buscamos mantener siempre un diálogo abierto por el bien de México.

Reconozco a los coordinadores parlamentarios: Al Senador Emilio Gamboa; Senador Jorge Luis Preciado, Senador Luis Miguel Barbosa; Senador Jorge Emilio González; Senador Manuel Bartlett y las Senadoras Mónica Arriola y Layda Sansores, su liderazgo y disposición a debatir de manera franca y honesta; y su responsabilidad en el ejercicio de función ha sido fundamental para el éxito de esta legislatura.

Quiero reconocer el trabajo de nuestra Mesa Directiva, en particular a nuestro Presidente, el Senador Raúl Cervantes, quien con docto liderazgo ha consolidado a este Senado.

Quiero agradecer en lo personal la amistad, el cariño y el consejo de los Senadores Emilio Gamboa y Luis Miguel Barbosa.

Compartir con ustedes negociaciones, encuentros y desencuentros; defender junto con ustedes la dignidad de este Senado, ha sido un honor que nunca olvidaré.

Gracias a quienes laboran en el Senado de la República.

Agradezco al doctor Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios, y a todo su equipo.

Al licenciado Rodolfo Noble, Secretario General de Servicios Administrativos, y a quienes colaboran a su cargo.

Agradezco a todo el personal del Canal del Congreso, al equipo de seguridad, de servicios médicos, y a todos los que hacen posible nuestro trabajo legislativo.

Con especial respeto agradezco a nuestras compañeras y compañeros de intendencia su dedicación y esfuerzo.

Desde el inicio de esta legislatura hasta el día de hoy, hemos vivido sesiones de arduo trabajo e intensos debates, siempre con altura de miras y en la búsqueda de lo mejor para nuestro país.

Reformas como la laboral, la educativa, en telecomunicaciones, energética, la de contabilidad gubernamental, son sólo muestra del nivel de acuerdos y diálogos que se viven en este recinto.

Mi estancia en el Senado estuvo marcada por la discusión de reformas trascendentales en las que siempre buscamos, desde distintas visiones, defender el patrimonio y bienestar de los mexicanos.

Han sido 18 meses muy intensos de importantes reformas para México.

Me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero consciente de que aún falta mucho por hacer.

Hoy en día este Senado es un referente democrático y plural donde todas las voces se escuchan, se respetan, y con ese ánimo se han aprobado y mejorado iniciativas históricas que hemos votado a favor.

He tomado la determinación de participar en el proceso interno para la elección a la dirigencia nacional de mi partido.

Quiero, en compañía de los militantes del Partido Acción Nacional, darle un rostro nuevo a nuestra institución política; ser ejemplo de rectitud, congruencia, honestidad y eficacia en el servicio público.

La dirigencia nacional de mi partido habrá de ser el espacio para seguir contribuyendo a la construcción de una democracia sólida, que haga de México una patria justa y ordenada para todos.

Compañeras y compañeros Senadores:

Nuevamente subrayo la importancia política y personal que ha sido para mí formar parte de esta legislatura.

Aquí, en estos escaños, en estos pasillos, en estas oficinas, hemos sabido construir un mejor país para todos. Aquí en este recinto legislativo hemos sabido poner por encima de los intereses propios a los intereses de la nación.

Es un orgullo ser parte de esta legislatura, ser parte de este grupo de mexicanas y mexicanos apasionados y capaces que siempre han puesto su talento, su experiencia y su liderazgo al servicio de México.

Me llevo el reto de poner en práctica la acción, como reza el nombre de mi partido, la congruencia y la honestidad que implican el pensar, decir y hacer en un mismo sentido; lograr, en pocas palabras, una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Cordero Arroyo

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del grupo parlamentario del PRD, para hablar de este asunto.

- El C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Bien, sin duda que este es un momento emotivo para muchos, relevante para el Senado, de trascendencia para los acontecimientos que día a día ocurren en este órgano del Estado.

Yo me he puesto a hacer un recuento simple de lo que ha ocurrido a partir del 1° de septiembre del año 2012, a este día.

Y encuentro que las interacciones que se producen entre 128 personajes, hombres y mujeres, son interacciones de amistad, interacciones personales, interacciones culturales, de capacidades, de talento, de estilos cuyo fruto, cuyo resultado ha sido exitoso y ha sido provechoso para el bien del país.

Un integrante importante dentro de estas 128 Senadoras y Senadores, sin duda que lo ha sido el Senador Ernesto Cordero Arroyo.

Sin duda que ha sido alguien que ha contribuido a los entendimientos, que ha mostrado rigidez, que ha mostrado carácter para poder tener posiciones de su grupo parlamentario, del Estado mexicano y, desde luego, de una convicción propia.

Así lo hemos conocido en el grupo parlamentario del PRD, con esas virtudes, con ese carácter, que veo que hay esa similitud en cada una de las Senadoras y Senadores que integran este órgano del Estado.

Hoy toma una decisión, pedir licencia para competir por la dirigencia de su partido.

En grupo parlamentario queremos que le vaya bien a su partido. Que desarrollen un proceso electoral con todas las características para que se fortalezca.

Yo estoy seguro que los integrantes del grupo parlamentario del PAN, van a estar pendientes de que así ocurra; pero el que más va a dar para eso, para que haya un proceso electivo en el Partido Acción Nacional, es Ernesto Cordero Arroyo, mi amigo, mi hermano Ernesto Cordero Arroyo.

Queremos que le vaya bien en el ámbito de la competencia legítima, en el ámbito de la competencia equitativa; que le vaya bien en la vida.

Los caminos ya no se separan. No veo a los políticos profesionales, mujeres y hombres, separados en los caminos en la búsqueda del mejoramiento y de la dignificación de la política.

Con esos mensajes, Ernesto, de verdad, nos ponemos muy cerca de ti. Yo muy cerca de tu espíritu, de tu alma, para que las cosas caminen bien en tu partido, caminen bien contigo, caminen bien con todos.

De verdad, el mejor destino. ¡Exito, amigo!

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Barbosa Huerta.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Nosotros en la fracción del PT, nos queremos sumar a esta felicitación y despido cordial y amistoso.

Y fíjense ustedes, nos hemos, sin estar en el pacto, lo cual tiene un valor superior, que creo que lo entienden muy bien. Sin estar en el pacto apreciamos al Senador Cordero, muy especialmente.

Y parte importante de lo que dijo aquí nuestro colega Barbosa, por cualidades personales, a final de cuentas, somos un cuerpo colegiado, con diferencias, ya lo sabemos, no solamente entre fracciones, sino al interior de las fracciones también; cosa que tiene que ver mucho con la salida hoy de nuestro admirado compañero Senador Ernesto Cordero.

De manera que con diferencias al interior, que por todos lados las vemos, faltan otras por aquí que no expresan todavía, pero por encima de las diferencias internas, por encima de las diferencias legítimas de fracciones, el Senador Ernesto Cordero ha hecho una buena labor.

Fue Presidente de la Mesa Directiva. Fue un Presidente amable, abierto. Tuve oportunidad de discutir con él muchas veces, sin necesariamente coincidir, pero es preciso reconocer que su trabajo fue sensible, con esas cualidades personales que lo caracterizan.

No podemos pronunciarnos abiertamente en quién debe ganar esta disputa, porque decía algún personaje hace tiempo en una disputa, sobre si me invitaban a mí, a una discusión sobre el aspecto energético, en la reforma aquella de Calderón, en donde estuvieron también muchos de los aquí de aquel lado, me acuerdo que un Senador dijo: El respeto al partido ajeno es la paz.

Con todo el respeto a este proceso, que deseamos democrático, en el Partido Acción Nacional, despedimos con afecto y reconocimiento al señor Senador y candidato a la presidencia de su partido.

Le deseamos suerte, afectuosamente. Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

De la misma manera que se han pronunciado mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, a nombre de mi coordinador y del grupo parlamentario del Partido Verde.

Queremos manifestar nuestro reconocimiento al Senador Ernesto Cordero, quien en su papel de Senador y, por supuesto, en su papel de Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara Alta, siempre ha tenido y tuvo un trato respetuoso con nuestra bancada, siempre atento y sensible, como lo señaló el Senador Manuel Bartlett.

Le deseamos, de la misma manera, y retomando el mismo principio del respeto a los procesos internos de otros partidos, le deseamos la mayor de las suertes, le deseamos que tenga éxito en los desafíos que ha decidido emprender.

Y de manera personal, como amigo y compañero de las aulas universitarias, le deseo el mayor de los éxitos, mi querido Ernesto.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Flores Ramírez.

Sonido en el escaño del Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.

- El C. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

No podía no hacer uso de la voz en un acto como este, en el que despedimos a uno de nuestros compañeros.

Y a veces cuando escuchamos nosotros, que de pronto hay diferencias internas, yo hago la lista de las reformas que este Senado ha sacado adelante con debate, con diferencias, con posiciones ideológicas muy claras y cuando vemos la reforma en telecomunicaciones, en competencia, la reforma financiera, el nuevo Código de Procedimientos Penales Unico, la nueva Ley de Amparo, la Ley de Educación, cuando vemos la reforma energética, cuando vemos estas casi 15 reformas, incluyendo la laboral, que hemos aprobado desde el 1° de septiembre al día de hoy, reviso las votaciones del grupo parlamentario del PAN y absolutamente todas fueron por unanimidad, sólo en una sola ocasión hubo dos votos de diferencia, de 35 votos a favor y 2 en contra en la reforma energética.

Pero en el resto de las votaciones que ha manifestado nuestro grupo parlamentario, la votación ha sido por unanimidad, y en ello ha contribuido en mucho la generosidad que ha tenido para nuestro grupo parlamentario el Senador Ernesto Cordero, por lo cual le hago un gran reconocimiento.

En segundo lugar, ha tomado la decisión de ir a una elección interna que el año pasado los militantes del PAN discutimos porque queríamos que por primera vez, en 75 años, la decisión fuera de los militantes, y ya no de los 382 consejeros nacionales. Así que el reto es muy grande, son casi 250 mil militantes a los que hay que ir a convencer, y bueno, yo sólo aspiro a que en ese convencimiento impere la propuesta, impere la posibilidad de tener un partido mejor, más allá de la descalificación tanto al proceso, como a las personas.

Por eso, Senador Ernesto Cordero, le deseo un buen viaje, y repetirle las palabras que decía nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín, que decía: “Por profundas que sean nuestras diferencias, debemos encontrar un campo común de acción y al final darnos la mano sin reservas”.

¡Buen viaje, amigo!

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Preciado Rodríguez.

Sonido en el escaño de la Senadora Layda Sansores San Román.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Quiero dejar testimonio en público de mi reconocimiento al Senador Ernesto Cordero, quien, independientemente de diferencias ideológicas, respeto por su calidad humana varias veces probada. Gracias a su intervención, injusticias que padecen los trabajadores más modestos de esta Cámara fueron resueltas una y otra vez. También quienes no tenemos fracción parlamentaria tuvimos un nuevo trato institucional por el que él se preocupó por establecer.

Las denuncias que ha hecho sobre corrupción en su partido creo que son parte del espectro de la política mexicana profundamente enraizadas.

Independientemente de lo que suceda deseamos que él mantenga esta línea de darle dignidad a la política y le deseamos de todo corazón que tenga éxito.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Sansores San Román.

Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa Patrón.

- El C. Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

No cabe duda que la política es una actividad dinámica que transforma a los pueblos y transforma a los hombres. Hace 18 meses en este recinto protestamos hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dinamismo del Senado, porque así se requiere en los tiempos modernos, va cambiando. Empezamos 128 compañeras y compañeros, y yo espero, de verdad, que muchos vuelvan a encontrar un camino que se han trazado desde jóvenes o ya siendo adultos.

Muchas compañeras y compañeros tendrán entre sí la oportunidad de buscar un sueño anhelado. Un compañero perdió la vida aquí en el Senado de la República, cumplió puntual y cabalmente con su compromiso como Senador de la República y como buen mexicano.

Tenemos algunas compañeras que estuvieron enfermas, y una que estoy seguro nos está viendo, y que desde aquí le deseamos que se recupere pronto, que aquí la esperamos. No tengo la menor duda que hoy en el Senado de la República soplan vientos de renovación. 5 grupos parlamentarios, 2 compañeras representando a su partido, configuran este cuerpo colegiado, un brazo del Estado mexicano.

Y la importancia del día de hoy, que uno de nuestros compañeros, el Senador Ernesto Cordero, pida licencia porque tiene un sueño en su vida, porque cree y está convencido que le ha servido a México desde el Senado de la República, como así lo hizo como Secretario de la SEDESOL y Secretario de Hacienda y Crédito Público, hoy toma una decisión difícil, lo dijo en la mañana: “la posición más importante y más orgullosa que he podido sentir como mexicano es haber sido Presidente del Senado de la República”.

Mi grupo parlamentario quiere aquí hacer un reconocimiento a un hombre con quien tuvimos diferencias, a un hombre con quien no se pudo llegar a veces a acuerdos; pero un hombre abierto a la pluralidad, abierto al diálogo y con capacidad, sin duda alguna, de defender sus tesis y sus posiciones.

El Senado, lo quiero decir de frente, cumplió un año bien calificado por la sociedad mexicana cuando la expectativa no era el que aprobáramos más de 15 reformas constitucionales y más de 40 ó 50 reformas secundarias.

Quiero aquí decirle al Senador Ernesto Cordero que esta decisión que toma el día de hoy a nosotros nos deja un hueco, un hueco porque se va otro compañero a buscar una oportunidad, y ese hueco estoy seguro que lo ocupará una mujer del Partido Acción Nacional, una guanajuatense con el mismo sentido, con el sentido de venir a trabajar por México.

Podemos estar en el pacto, o no estar en el pacto, lo importante es que estamos en el Senado de la República, lo importante es que aquí todos los grupos debaten todos los días, lo importante es que aquí hemos hecho historia legislativa para mejorar a las clases más populares de este país, y ahí contribuyó en su trabajo serio, responsable, mi amigo Ernesto Cordero.

Mucha suerte, Ernesto, en esta nueva etapa de tu vida.

Siempre he dicho, y repito: En política lo que viene conviene, éxitos y suerte”

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gamboa Patrón.

No podría dejar de pasar de decir unas palabras a mi querido amigo Ernesto Cordero, que fue Presidente en el primer año de ejercicio de esta legislatura, ni tampoco dirigírselas a las Senadoras y Senadores de esta legislatura. Me sigue emocionando y convenciendo que lo que estamos haciendo es dignificando el ejercicio de la política.

Yo no vi, ni estamos viendo, ni el pueblo mexicano lo que sucede en este recinto es una cordialidad parlamentaria, es una convicción de las capacidades humanas que se convierten en amistades con el respeto irrestricto de las diferentes ideas, los diferentes posicionamientos, pero una sola visión de un México mejor.

Comparto esa visión en esta legislatura, comparto el orgullo y le deseo a mi amigo Ernesto Cordero.

Exito, y esta es tu casa.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se concede licencia al Senador Ernesto Cordero Arroyo para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de marzo de 2014.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la licencia del Senador Ernesto Cordero Arroyo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia con fundamento en los artículos 61 de la Ley Orgánica del Congreso General y 14 del Reglamento del Senado, llamará a la ciudadana Elia Hernández Núñez, a fin de que rinda su protesta de ley como Senadora de la República.

Tenemos la discusión de dos dictámenes en sentido negativo, que propone desechar proyectos recibidos de la Colegisladora.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes en sentido negativo.





 

- La C. Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura al primer dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 395 DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)







 

Doy lectura al segundo dictamen.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 315 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Dictamen a discusión)



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los dos dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto.

Esta Presidencia saluda la visita de integrantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Contabilidad, invitados por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi. ¡Sean ustedes bienvenidos!



- La C. Secretaria Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 81 votos a favor.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, quedan desechados los siguientes asuntos: El proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal; y el proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 315 Bis del Código Penal Federal. Se devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional.

Tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de Acuerdo sobre la autopista Santa Ana-Altar.

Solicito a la Secretaría dé lectura al dictamen.





 

COMISION DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura.



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión dicho proyecto. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Pasamos a la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión Contra la Trata de Personas, que contiene puntos de Acuerdo.

Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.





 

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura al primer dictamen.

"COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

H. ASAMBLEA:

“A la Comisión Contrala Trata de Personas de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales de nuestro país, presentado por la Senadora Adriana Dávila Fernández.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 85, 86 Y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Contrala Trata de Personas presenta a la consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo lo siguiente:

METODOLOGIA

  1.  En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión.

 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la proposición” se expone, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se menciona; consideraron además que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES GENERALES.

1. En fecha 07 de noviembre de 2013, la Senadora Adriana Dávila Fernández, presentó propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales de nuestro país.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

II. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA PROPOSICION.

La Senadora proponente expone que existen datos que indican que el aeropuerto de la Ciudad de México es base de operaciones de bandas delictivas dedicadas a la trata de personas.

En tal virtud, la proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales del país.

III. CONSIDERACIONES.

Tal y como lo señala la proponente, la trata de personas es un crimen susceptible de ser cometido en la modalidad de crimen organizado por resultar en un negocio altamente lucrativo. Gracias a esto, las redes criminales dedicadas a la trata de personas, han perfeccionado sus tácticas y sus métodos de operación.

En tal sentido, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés, a través de su campaña lanzada en el 2012, señaló que la trata de personas es un mercado ilícito que afecta a millones de víctimas alrededor del mundo cada año. Con beneficios anuales estimados de 32.000 millones de dólares, la trata de personas es uno de los crímenes más vergonzosos del mundo, privando de dignidad y despojando de sus derechos a las víctimas.

Al tratarse de un crimen trasnacional, la corrupción de autoridades y la permeabilidad de las fronteras, son algunas de las causas principales para que se trasladen víctimas de una ciudad a otra o de país a país, siendo en muchos de los casos a través de los aeropuertos.

Como lo indica la senadora proponente, existen noticias que avalan la existencia y operación de redes de tratantes de personas dentro del aeropuerto de la Ciudad de México.

Al respecto, señala la proponente que “el pasado día 23 de septiembre se publicó una investigación basada en testimonios de víctimas que aportan elementos para identificar redes criminales integradas por agentes migratorios, personas empleadas de aerolíneas y policías federales, en la citada estación aeroportuaria”.

En el periódico El universal, se publico sobre ese mismo tema lo siguiente:

Las colombianas Pamela y Victoria aterrizaron en el país y, sin ser revisadas en la aduana, fueron llevadas con engaños a trabajar en un table dance VIP. Lograron escapar y ahora cuentan cómo opera la red de explotación sexual que contrata bailarinas extranjeras.

Organizaciones civiles y personas estudiosas del tema denuncian que agentes de migración, empleados de aerolíneas y policías federales están coludidos en la trata de personas. “Se metieron hasta la cocina. Están infiltradísimos en el aeropuerto”, asegura Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

Cuestionado sobre qué tan infiltradas están las bandas de trata de personas en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el director del CEIDAS Mario Luis Fuentes responde rápido: “infiltradísimos. Se metieron hasta la cocina. Están infiltradísimos”, y asegura que el crimen organizado corrompe en tres niveles: empleados de las aerolíneas, policía federal y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Sobre las aerolíneas, el académico Fuentes conoce cómo operan: desde el momento que la potencial víctima llega al mostrador de la aerolínea en su país de origen, un empleado le asigna un lugar aislado en el avión junto a su captor, o donde puede ser vigilada constantemente por otros trabajadores de la empresa que forman parte de la nómina de los tratantes.

Cuando llega a México, los trabajadores saben cómo evitar que pase por la Zona de Control Migratorio para que llegue hasta la puerta de salida de la terminal sin que conste un registro.

“Es un proceso articulado. Por eso, obviamente, necesariamente hay colusión de muchas partes. También (autoridades) públicas y privadas (…). Saliendo del filtro de migración, de inmediato hay una persona que está con un vehículo y se la lleva. Es una estructura”.

“(Las víctimas) son preseleccionadas, con una enorme definición de cuál es el tipo de ‘mercado’ y cliente. Son traídos con esta ‘inversión criminal’ que hace una red para traer un ‘producto’ -la persona se vuelve mercancía- y ya está definido el lugar de ‘consumo’. Tenemos un gran problema de impunidad”, comenta el experto.

Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, tiene su propia historia relacionada con el AICM y la trata.

En agosto pasado, Ulloa logró que un juez le permitiera viajar junto con dos niñas -una de 7 y otra de 9 años- desde el DF hasta Nueva York, Estados Unidos, para reunirlas con su madre, víctima de trata. Sorprendentemente para la activista, nadie le pidió documentos que aseguraran que no se trataba de un secuestro.

A partir de esa anécdota, Ulloa recordó que hasta hace unos meses, en el sexenio de Felipe Calderón, la Dirección General de Regulación Migratoria del aeropuerto capitalino estaba infiltrada por Tonatiuh García Castillo, un funcionario que vendía entradas al país a grupos delictivos, hasta que fue destituido.

“Lo que sé es que expedía las visas, pero legales”, comenta Ulloa sobre ese ex funcionario, a quien distintas organizaciones han señalado como operador del crimen organizado en el aeropuerto entre 2008 y 2011.

Estas irregularidades están documentadas por la CNDH, donde hay tres mil quejas relacionadas con asuntos migratorios, según el Quinto Visitador Fernando Batista.

“En cifras, podría decir que en materia de derechos humanos que se vulneran por parte de distintas autoridades en materia migratoria, en poco más del 50% de los casos la autoridad señalada es el Instituto Nacional de Migración (INM)”, comenta Batista, quien calcula el negocio mundial de la trata de personas en 32 mil millones de dólares.

“No dudaría que haya agentes de (Instituto Nacional de) Migración coludidos, como también policías federales. Tenemos que partir de que es una industria de muchos miles de millones de dólares, que tiene la capacidad de corromper a todos los niveles, de comprar conciencias, hacer alianzas con los más altos niveles del poder político y del poder económico”, afirma Ulloa.1

La nota hace visible la participación que tienen las y los funcionarios públicos en la comisión de la trata de personas. Se encargan de facilitar la operación de las bandas, lo cual sin lugar a dudas es un atentado en contra de la seguridad y tranquilidad de las personas que utilizan el aeropuerto de la Ciudad de México.

Como lo señala la proponente, es una cadena delictiva que cuenta con la participación de las y los funcionarios: comienza con el reclutamiento, pasa por el transporte y concluye con el sometimiento y explotación de las víctimas.
Por virtud de lo anterior, quienes dictaminamos tenemos a bien exponer lo siguiente:

El punto de acuerdo propone: “Unico. El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales de nuestro país”.

En cuanto al exhorto al titular de la Procuraduría General de la República, se estima oportuno toda vez queel artículo 21 constitucional, en su primer párrafo, señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Asimismo, tal y como se señala en el punto de acuerdo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 4, fracción I, dispone que compete al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, entre los que se encuentran aquellos que se perpetran en instalaciones o lugares que corresponde a dicho ámbito, como es el caso de terminales aéreas.

Por tanto, es oportuno que el Senado exhorte al Titular de la Procuraduría General de la República para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración diseñe y ejecute una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales nuestro país.

Por otra parte, el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Administración Pública Federal refiere que corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de sus respectivas áreas, la formulación y dirección de la política migratoria, así como la vigilancia de las fronteras y los puntos de entrada a nuestro país por mar, tierra y aire, además de la prevención de delitos del orden federal.

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XXXIII. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes; …

Derivado de lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece que incumbe al Instituto Nacional de Migración, analizar y proponer programas y acciones para la protección y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes; coordinar la operación de grupos de protección a éstas; regular lo relativo a aquellas personas extranjeras que quieren permanecer en México de forma temporal o definitiva, y en el mismo sentido, vincular a aquellas empresas y particulares que contratan personas extranjeras por cuestión laboral o que desean establecer algún parentesco con personas extranjeras.

Por su parte, corresponde al Comisionado Nacional de Seguridad adscrito a la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, la vigilancia e inspección en la entrada y salida de personas en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros. Al respecto, la Ley de la Policía Federal establece lo siguiente:

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables;

b) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos;

c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la federación;

d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y

e) En todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia.

Por tanto, esta dictaminadora considera que es oportuno que el Senado de la República exhorte a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en las terminales internacionales de nuestro país.

También se consideró tal y como lo señala la proponente, que la trata de personas no solo es susceptible de cometerse en terminales internacionales aéreas, sino que puede cometerse en puntos de traslado internacional terrestres y marítimos, especialmente si se toma en cuenta que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de los delitos mencionados.

De igual forma, vale la pena recordar que la trata de personas es un delito que puede cometerse de forma trasnacional, la cual implica el traslado de la víctima de un país de origen a uno diferente. Evidentemente, este proceso delictivo requiere del cruce de fronteras marítimas, aéreas o terrestres.

Si bien es cierto que la propuesta con punto de acuerdo ya considera esa situación, esta dictaminadora estima que resulta pertinente tomar en cuenta la redacción del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal antes citado que al referirse a las terminales internacionales, lo hace de la forma siguiente: “vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire”.

Por lo antes descrito, las Senadoras integrantes de la Comisión que dictamina, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a las personas Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Migración, a coordinarse para diseñar y ejecutar una estrategia eficaz que permita identificar, desarticular y sancionar redes dedicadas a la trata de personas que operan en los puntos de entrada al país marítimos, aéreos o terrestres.

Senado de la República, a 10 de febrero de 2014.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”.

1 Al respecto véase: http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/del-avin-43077.html





 

Doy lectura al segundo dictamen.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

"COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

H. ASAMBLEA:

“A la Comisión Contrala Trata de Personas de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, a la proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a conmemorar el 30 de julio como el “día mundial contra la trata de personas”, a fin de realizar una estrategia nacional para promover la prevención de la trata de personas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y sector privado.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 182, 188, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión Contrala Trata de Personas presenta a la consideración de esta Asamblea el presente Dictamen, bajo la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la proposición” se expone, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se menciona; consideraron además que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I. Antecedentes Generales

1. Con fecha 13 de diciembre de 2013, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a conmemorar el 30 de julio el “día mundial contra la trata de personas”, a fin de realizar una estrategia nacional para promover la prevención de la trata de personas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y sector privado.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión el Punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

II. Objeto y descripción de la proposición.

La propuesta tiene como objetivo exhortar al titular del Ejecutivo Federal a conmemorar el 30 de julio el “día mundial contra la trata de personas”, así como a que coordine una estrategia nacional para promover la prevención de la trata de personas en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y sector privado.

III. Consideraciones

La senadora proponente refiere que el pasado 27 de noviembre de 2013, se celebró el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU).

Derivado de los trabajos realizados por la Asamblea, esta misma emitió la resolución “A/C.3/68/L.17/Rev. 1” con las Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas, en la cual reitera su “enérgica condena de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que constituye un delito y una grave amenaza para la dignidad y la integridad física de las personas, los derechos humanos y el desarrollo”.

Asimismo, expreso “su seria preocupación por el hecho de que, a pesar de las medidas sostenidas que se han adoptado en los planos internacional, regional y nacional, la trata de personas sigue siendo uno de los problemas graves que afronta la comunidad internacional, también menoscaba el goce de los derechos humanos y requiere una respuesta internacional, colectiva y global más concertada”.

De igual forma, se destaca “la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas de la trata de personas y de reinsertar a las víctimas en la comunidad.”

Con base en tales consideraciones, la Asamblea decidió “instar a los Estados Miembros y otros interesados mencionados en el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, e invita a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes a que, con arreglo a sus respectivos mandatos, continúen contribuyendo a la aplicación plena y efectiva del Plan de Acción Mundial, fortaleciendo la cooperación y mejorando la coordinación entre sí para lograr ese objetivo”, tal y como lo describe la senadora en su exposición de motivos.

La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que su comisión implica una agresión a la dignidad humana en millones de personas en todo el mundo y, prácticamente, en todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino.

Esta conducta debe combatirse por diversos medios en los planos nacional e internacional. En ese tenor, en el año 2000 la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa esa Convención y que entró en vigor a fines de 2003.

Lo cierto es que la lucha contra la trata de personas no solo es de las autoridades, sino que cada ciudadano puede colaborar a prevenirlo, empezando por adquirir conciencia de la problemática que implica.

Incluso cabe recordar que el 23 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el cual tiene por objetivo eliminar situaciones como la violencia y el abuso sexual, de los que se derivan embarazos no deseados, abortos inseguros e irreparables secuelas psicológicas, entre otros daños colaterales.

Así, es relevante reforzar las herramientas que ya existen para lograr una efectiva lucha contra la trata de personas que sea integral, multidisciplinaría y en la que participen todos los integrantes del Estado mexicano.

Consideraciones específicas.

1. El primer exhorto del punto de acuerdo señala lo siguiente:

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que establezca una estrategia nacional y permanente para que incluya a partir del año 2014 la conmemoración el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas.”

Al respecto, la resolución A/C.3/68/L.17/Rev. 1 con las Medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas insta a los Estados a lo siguiente:

“4. Decide también, ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos, designar el 30 de julio Día Mundial de la Dignidad de las Víctimas de la Trata de Personas, que se celebrará todos los años a partir de 2014, e invita a todos los Estados Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como la sociedad civil, a que celebren el Día;…”

En consecuencia, esta dictaminadora estima oportuna la propuesta de punto de acuerdo; sin embargo, para mejorar la redacción del mismo, se estima necesario realizar algunas modificaciones, para quedar como sigue:

Primero. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal para que establezca una estrategia nacional y permanente contra la trata de personas que incluya a partir del año 2014 la conmemoración del 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”.

2. El exhorto Segundo propone lo siguiente:

El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, y en corresponsabilidad con los tres órdenes de gobierno y de la participación de todos los sectores de la sociedad: iniciativa privada, instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil; realice una estrategia nacional enfocada a prevenir la trata de personas que identifiquen los factores de riesgo que la originan y establecer mecanismos de coordinación.

En ese sentido, la ya citada resolución de la Asamblea a General de la ONU, refiere lo siguiente:

“9. Exhorta a los Estados Miembros, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado a apoyar y aumentar las actividades de prevención en los países de origen, tránsito y destino, prestando especial atención a la demanda que fomenta todo tipo de trata y a los bienes y servicios que se producen como consecuencia de la trata de personas;…”

Con base en lo anterior, las integrantes de esta Comisión estiman que la prevención del delito de trata de personas es un eje central para su combate y que para ello se requiere de la participación coordinada de las autoridades en sus distintos ámbitos de competencia, así como de la sociedad civil. De esta manera la lucha contra este delito será frontal y sistemática.

Por tanto, las integrantes de esta Comisión dictaminadora considera viable la aprobación del exhorto en análisis; sin embargo, a efecto de mejorar la redacción se sugieren algunos cambios que no alteran el sentido del exhorto, los cuales tienen por objeto evitar la repetición de conceptos, por ejemplo cuando refiere lo siguiente: “los sectores de la sociedad: iniciativa privada, instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil”. De tal forma que el exhorto queda de la siguiente manera:

Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado y las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, y en corresponsabilidad con los tres órdenes de gobierno y con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, realice una estrategia nacional enfocada a prevenir la trata de personas que identifiquen los factores de riesgo que la originan y establecer mecanismos de coordinación.

3. El exhorto Tercero señala lo siguiente:

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, adopte medidas como la difusión de actividades en el Sistema Educativo Nacional a fin de informarse sobre las causas y consecuencias de la trata de personas en los que se prevenga que las niñas y los niños se sitúen en un estado de riesgo potencial de ser víctimas.

Como es posible apreciar, el exhorto tiene el objetivo de que el Ejecutivo Federal aplique como política de prevención del delito de trata de personas la adopción de medidas tales como la difusión de actividades que informen sobre las causas y consecuencias de la trata de personas.

En tal caso, como se mencionó en el exhorto segundo, la ONU insta a los Estados a que aumenten las actividades de prevención, en especial aquellos que se son de origen, tránsito y destino, prestando especial atención a la demanda que fomenta todo tipo de trata y a los bienes y servicios que se producen como consecuencia de su comisión.

Derivado de ello, se coincide con la senadora proponente en que la aplicación de políticas públicas de prevención del delito de trata de personas, deben incluir campañas o actividades de difusión sobre las causas y consecuencias de la trata de personas.

En consecuencia, se estima viable el exhorto propuesto; no obstante, se proponen algunos cambios en la redacción que no alteran su sentido, esto a efecto de especificar a las Secretarías de Estado y al resto de las dependencias federales:

Tercero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado y el resto de las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, adopten políticas públicas de información sobre las causas y consecuencias de la trata de personas en los que se prevenga que las niñas y los niños se sitúen en un estado de riesgo potencial de ser víctimas.

4. En relación al cuarto exhorto, que señala lo siguiente:

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, adopte medidas para fortalecer la coordinación con el sector turístico y económico para impulsar acciones de prevención en los comercios, centros nocturnos y de naturaleza similar.

Esta dictaminadora coincide en la necesidad de que se adopten medidas para fortalecer los sectores turístico y económico para impulsar acciones de prevención en comercios, centros nocturnos y de naturaleza similar.

Al igual que en el caso del exhorto tercero, se estima adecuado insertar a las Secretarias de Estado, para quedar en los términos siguientes:

Cuarto.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado y todas las dependencias federales, desde el ámbito de sus atribuciones, adopte medidas para fortalecer la coordinación con los sectores turístico y económico para impulsar acciones de prevención en los comercios, centros nocturnos y de naturaleza similar.

Por lo antes descrito, las senadoras integrantes de la Comisión que dictamina, someten a la consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Titular del Ejecutivo Federal para que establezca una estrategia nacional y permanente contra la trata de personas que incluya a partir del año 2014 la conmemoración del 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado y las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, en corresponsabilidad con los tres órdenes de gobierno y con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, realice una estrategia nacional enfocada a prevenir la trata de personas que identifiquen los factores de riesgo que la originan y establecer mecanismos de coordinación.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado y el resto de las dependencias federales desde el ámbito de sus atribuciones, adopten políticas públicas de información sobre las causas y consecuencias de la trata de personas en los que se prevenga que las niñas y los niños se sitúen en un estado de riesgo potencial de ser víctimas.

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Estado y todas las dependencias federales, desde el ámbito de sus atribuciones, adopte medidas para fortalecer la coordinación con los sectores turístico y económico para impulsar acciones de prevención en los comercios, centros nocturnos y de naturaleza similar.

Senado de la República, a 10 de febrero de 2014.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”.





 

Doy lectura al tercer dictamen.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

"COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

H. ASAMBLEA:

“A la Comisión Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 182, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la proposición” se expone, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se menciona; consideraron además que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 19 de septiembre de 2013, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretario de Gobernación a llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión Contra la Trata de Personas.

II.- Objeto y descripción de la proposición

El legislador proponente reconoce que aun cuando han sido notorias e importantes las reformas que se han aprobado en las últimas legislaturas en materia de igualdad de género, es importante señalar que existe una materia pendiente en la que todavía falta mucho por hacer y que los esfuerzos nacionales e internacionales se han visto rebasados y sucumbidos ante uno de los grandes negocios del mundo: la trata de personas.

Expone que las drogas, la trata de personas y el tráfico de armas son los tres grandes negocios en el mundo de la delincuencia trasnacional, y que se caracterizan por el temor de las autoridades para reconocer el enquistamiento de estos delitos dentro del territorio a su cargo.

Por esas consideraciones establece como un primer desafío reconocer que existe el delito de trata de personas y segundo empezar a actuar para hacer frente al mismo.

Alude que cada 23 de septiembre se celebra el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”, mismo que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Tal conmemoración tiene como objeto concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este delito, el cual afecta a todas las regiones del mundo, aunque tal como apunta el legislador, con mayor gravedad a las naciones en desarrollo, donde el comercio de seres humanos se potencializa a través de la situación de mayor vulnerabilidad y pobreza que persiste.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en 2005 que 12.3 millones de personas es el número de víctimas de trata, en tanto que en 2012 el mismo organismo elevó la cifra a 18.7 millones de personas en situación de explotación, de las que 14.2 millones sufren explotación laboral y 4.5 millones explotación sexual.

El legislador expone que cada año, el número de víctimas captadas es de 2.5 millones, esto con base en datos que aporta de la Organización Internacional para las Migraciones; y de acuerdo con la UNICEF actualmente 1.8 millones de niños y niñas sufren explotación sexual.

Establece como uno de los factores, pero no el único, a la pobreza. No obstante, lo cierto es que las causas de la misma hunden sus raíces en la organización social; también inciden factores como la ausencia de la educación, la cultura y la seguridad pública. Como consecuencia se establece que, para lograr resultados efectivos es necesaria la implementación de medidas globales que abarquen todos los focos factoriales.

El Senador alude que México está considerado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, lo que significa que muchas son captadas dentro de México con fines de ser explotadas en otra nación, otras víctimas son captadas en otros países y explotadas en México, y por último el territorio nacional es usado como ruta de los tratantes hacia otros países, especialmente a Estados Unidos.

Argumenta de esa manera que son 13 las ciudades de mayor incidencia en el país, entre las cuales están Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Puerto Vallarta, Acapulco, Tapachula, Cancún, Distrito Federal, Tlaxcala y Veracruz, lo anterior de acuerdo al documento “Ruta de las redes de trata en México” elaborado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).

Considera entonces que es necesario hacer frente al problema social desde una óptica no sólo de los que se dedican al comercio y explotación sexual, sino también desde la óptica de los consumidores y que las acciones tomadas vayan encaminadas para que cada vez sean menos las personas que requieran dichos servicios, para que deje de ser un negocio redituable y tienda a su disminución.

En ese sentido, expresa que el Senado de la República en reiteradas ocasiones ha hecho pronunciamientos y acciones en contra de este delito, exhortando a las autoridades para que le pongan un alto al tráfico y explotación sexual de personas, sin que hasta la fecha se haya realizado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, ni una campaña a nivel nacional para brindar mejores resultados.

De esa forma, en junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. No obstante, reflexiona que a un año de su aprobación, no se han logrado los resultados deseados y seguimos presentando altos índices de incidencia de este delito en nuestro territorio, por lo que considera necesario hacer una revisión integral del ordenamiento en cuestión para determinar las causas por las cuales se siguen sin atender los focos rojos delictivos.

En tales términos, plantea la necesidad de que las nuevas políticas públicas den resultados diferentes a los actuales, también es necesario la autocrítica en todos los niveles de gobierno para determinar qué se ha hecho mal y qué ha faltado de hacer, para partir entonces de una causa razonable por la cual no se han alcanzado los objetivos deseados.

Expone, a manera de conclusión, que uno de los principales errores que se han tenido en la lucha en contra de tan lamentables delitos, es que se ha abordado el problema desde una óptica nacional cuando en realidad las condiciones y factores son muy diferentes de lugar a lugar, y en consecuencia se tiene que atacar desde un ámbito local en función de los factores que en cada caso particular imperan, pues se tienen identificados los municipios donde existe mayor incidencia y, por tanto, las soluciones deben estar principalmente dirigidas a los “focos rojos”.

Finalmente el senador propone el siguiente punto de acuerdo:

“Unico.-El Senado de la República, exhorta al Secretario de Gobernación a que implemente las gestiones necesarias para que en coordinación con los gobiernos locales, lleven a cabo las medidas enfocadas a hacer frente al problema de la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños en México, con especial interés a aquellos municipios detectados como focos rojos para el comercio sexual, así como para que en un plazo de 180 días naturales informe a esta Soberanía de los resultados de dichas medidas.”

III.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas

Las integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, coinciden con la necesidad de establecer y rediseñar medidas tanto en la materia de políticas públicas como en las acciones legislativas, con el objeto de erradicar la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación.

Al respecto se debe reconocer que han existido avances en la lucha contra la trata de personas, de esa forma en junio del 2012, fue expedida la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Consecuentemente, derivado del mandato de la misma Ley General, el pasado 23 de septiembre fue expedido el reglamento respectivo y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante, se puede percibir que si bien, han existido esfuerzos del Estado mexicano encaminados a establecer esfuerzos para erradicar la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños en México, lo cierto es que queda mucho por hacer sobre el tema.

Prueba de ello, es que el pasado 23 de octubre de 2013, en el marco del “Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, la comunidad internacional formuló sendas recomendaciones al Estado mexicano, las cuales, aun cuando está pendiente su aceptación o no, dentro de ellas se encuentran las siguientes:

1. Proteger siempre los derechos de la niñez (Djibouti);

2. Continuar con la promoción de la legislación y acciones tomadas para eliminar la discriminación y el fortalecimiento de la protección de derechos de grupos desfavorecidos como mujeres, niños y comunidades indígenas (China);

3. Continuar con los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, y llevar a los perpetradores frente a la justicia, mientras se asegura el libre acceso de las mujeres a la justicia y mejorar los programas de apoyo, incluidas las mujeres indígenas (Austria);

4. Asegurar una mejor protección de niños y adolescentes en contra de la violencia relacionada con el crimen organizado (Argelia);

5. Considerar establecer mecanismos dirigidos a la temprana identificación, referencia, asistencia y apoyo a las víctimas de trata de personas (Egipto);

6. Aumentar los fondos para los fiscales federales de trata de personas y tomar medidas para poner fin a la impunidad de los funcionarios públicos implicados en la trata (Noruega);

7. Redoblar esfuerzos en contra de la trata de personas (Bolivia)/ Continuar las políticas y esfuerzos para combar el tráfico de personas especialmente aquellas de mujeres, niñas y niños (Singapur)/ Continuar los esfuerzos para combatir la trata de personas, ambos a través de la introducción de legislación en la materia como a través de planes y programas nacionales y estatales para su implementación (Costa Rica);

8. Estandarizar la criminalización del delito de trata de personas a nivel federal y estatal (Trinidad y Tobago);

9. Continuar con la implementación de las leyes del 2012 en contra de la trata de personas, a través de esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de tráfico a nivel federa y estatal (Estados Unidos de América), y

10.  Reforzar más las medidas para combatir el contrabando de migrantes y la trata de personas (Sri Lanka)/ Reforzar medidas para combatir el tráfico de personas, incluida la violencia contra los migrantes (Argelia).

Al respecto, las integrantes de esta Comisión Dictaminadora estiman que la proposición con punto de acuerdo, abona precisamente a la necesidad de redoblar esfuerzos encaminados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas, por lo que en esos términos consideran viable la propuesta de referencia.

No obstante, es preciso formular modificaciones a la propuesta inicial. Lo anterior con el objeto de dejar en claro, tal como lo establece el Senador proponente, que es necesario involucrar a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas en dichas atribuciones y obligaciones, derivadas éstas de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

En ella se establecen las obligaciones y las formas de coordinación de la federación, las entidades federativas y los municipios, de esa forma, conforme establece el 89 de la mencionada Ley, corresponde a la Secretaría de Gobernación, entre otras cosas, coordinar los trabajos y ser enlace con las personas titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, en materia de las políticas públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos en materia de trata de personas.

Asimismo, el citado ordenamiento en su artículo 114, establece que las autoridades de las entidades federativas deberán formular políticas e instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esa Ley General, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, y para ese propósito en torno a la propuesta, deberán impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos en materia de trata de personas, que incluyan programas de desarrollo local.

En esos términos las integrantes de la Comisión, advierten sobre la necesidad de orientar la proposición a la Secretaría de Gobernación, tal y como ya se hace, y a las personas titulares de los poderes ejecutivos de las 32 Entidades Federativas, como corresponsables de las tareas aludidas.

También, relativo al término que se plantea para la presentación del informe, las integrantes estiman que no es necesario establecer dicho plazo, pues tal como dispone el artículo 93 de la misma ley, el dispositivo prevé la obligación de la Comisión Intersecretarial para elaborar un informe anual con la información que reciba por parte de los tres órdenes de gobierno, ello sobre la ejecución del Programa Nacional que define la Política del Estado Mexicano.

Cabe agregar que dentro de dicho programa se encuentran las tareas a las cuales alude la proposición con punto de acuerdo, es decir, las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas, incluidas de forma preponderante, la de mujeres, niñas y niños.

Al respecto la Ley establece que el informe se remitirá al Ejecutivo de la Unión y a las Cámaras integrantes del Poder Legislativo, por lo que derivado de ello estiman la necesidad de modificar el término y hacer solamente la petición de que informe a esta Soberanía sobre la ejecución de tales acciones.

Finalmente, quienes dictaminan consideran oportuno cambiar en el exhorto el término tráfico de personas por el de trata de personas, para ser congruentes con el objetivo y justificación de la propuesta, ya que si bien el proponente lo utiliza indistintamente, lo cierto es que de acuerdo con el Manual para la Lucha Contra la Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el tráfico de migrantes y la trata de personas son delitos distintos con diferencias claras como el consentimiento, la explotación y la transnacionalidad.

De igual forma, el documento titulado: “Trata de Personas: Aspectos Básicos”, editado por el Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto Nacional de Migración; Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Interamericana de las Mujeres, señala que la trata de personas y el tráfico de personas migrantes son fenómenos que pueden estar relacionados pero son fundamentalmente distintos, ya que no todo tráfico de personas migrantes implica necesariamente que haya trata de personas ni todos los casos de trata de personas implicaron el tráfico de personas.

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados con antelación, las integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas que dictamina, someten a la consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República, exhorta al Secretario de Gobernación para que a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en coordinación con las personas Titulares de los Poderes Ejecutivos Locales y del Distrito Federal implementen y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a la trata de personas y todas las formas de explotación, incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en México, y que con ese propósito, brinden atención prioritaria a aquellos municipios y grupos detectados con alta situación de vulnerabilidad. Asimismo, que derivado de lo anterior, la Secretaría informe a esta Soberanía los resultados de dichas medidas.

Senado de la República, 10 de febrero de 2014.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”.





 

Doy lectura al cuarto dictamen.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

(Dictamen a discusión)

"COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

H. ASAMBLEA:

“A la Comisión Contra la Trata de Personas de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio Sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos CETS n.° 197 del Consejo de Europa.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 182, 188, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión.

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la proposición con punto de acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la proposición” se expone, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

4. En el apartado denominado “III.- Consideraciones” se expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

Fundamentos legales y reglamentarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se menciona; estimó además que es competente para conocer del asunto que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

I.- Antecedentes Generales

1. En sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 26 de septiembre de 2013, la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Titular del poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio Sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos CETS n.° 197 del Consejo de Europa.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha proposición a la Comisión Contra la Trata de Personas.

II.- Objeto y descripción de la proposición

La Senadora proponente comienza por definir, conforme al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, a la trata de personas como la actividad destinada a la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, engaño, abuso de poder en una situación de vulnerabilidad, así como la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con propósitos de explotación.

Expone que la trata de personas es uno de los mayores problemas globales que enfrentan los estados-nación, y cuyos efectos se asemejan a los del narcotráfico, la venta de armas y el lavado de dinero. De ahí que el proceso de globalización y el desarrollo de medios de comunicación entre otros aspectos, han hecho de la trata de personas un fenómeno complejo, en ocasiones difícil de medir y regular.

Acertadamente, la proponente realiza una valoración que establece las diferencias entre el delito de trata y el tráfico de personas, previendo como elementos a partir de los cuales puede verse la diferencia:

a) Consentimiento: En el tráfico, los migrantes consienten ese tráfico, mientras que las víctimas de trata de personas nunca lo consintieron, o si éste en inicio existió, tiene vicios porque fue realizado con coacción, engaño o abuso de los traficantes.

b) Explotación: el tráfico ilegal termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto que la trata y la explotación es persistente.

c) Transnacionalidad: el tráfico ilegal es siempre transnacional, mientras que la trata puede no serlo.

Argumenta que el fenómeno de la trata de personas ha sido reportado por más de 130 países, y opera como el tercer ilícito más lucrativo para la delincuencia organizada a escala mundial –sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas– y produce ganancias anuales por aproximadamente 32 mil millones de dólares, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Instituciones como la Interpol y Europol, además de la policía especializada en Gran Bretaña, afirman que el fenómeno global de la trata de personas va en aumento. Los datos de una investigación realizada en 2009 por la Universidad John Hopkins, denominada Project Protection y realizada en 175 países, registró que cada año 1.39 millones de personas en el mundo, en su gran mayoría mujeres y niñas, son sometidas a la esclavitud sexual. Son compradas, vendidas y revendidas como materia prima de la industria del sexo, para posteriormente, hacer mención de distintas cifras en el terreno internacional sobre la problemática que conlleva la trata de personas.

De esa forma en un plano internacional menciona que Tailandia, Camboya y Japón son los tres países asiáticos donde más se produce la prostitución, pues cerca del 70% de los hombres pagan por sexo.

La Coalición contra la Trata de Mujeres (CATWLAC por sus siglas en inglés) informa que 200,000 mujeres y niñas de Birmania han sido traficadas a Karachi, Pakistán, para ser vendidas como esclavas sexuales y la mendicidad.

En el panorama nacional, la legisladora establece que acorde con anotaciones y diagnósticos de diversas organizaciones, México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, y ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe en esta problemática, de acuerdo con datos de CATWLAC, lo que ha obligado a las autoridades y a la sociedad a prevenir, denunciar y castigar ese delito.

Agrega que la Red Nacional de Refugios, estima que actualmente operan en México al menos 47 redes que se dedican a este ilícito. Al año hay 800 mil personas adultas y 20 mil personas menores de 18 años víctimas de este delito cuyas ganancias oscilan entre los 372 mil millones de pesos. Las rutas incluyen los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo, así como países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador.

Alude que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en conjunto con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social han identificado una mayor incidencia de casos de trata de personas en 15 estados de la República Mexicana. De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, los lugares que más preocupan son: Nogales, Sonora; Acapulco, Guerrero; Tapachula, Chiapas; Tijuana y Mexicali, en Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco. El 90 % de este acto ilícito se dan en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Respecto de la regulación vigente en la materia de la trata de personas, distintos esfuerzos previos por conjuntar esfuerzos de la comunidad internacional entre los cuales destaca:

a) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979;

b) La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (resolución 48/104 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993);

c) La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, así como su Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos armados;

d) El Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993;

e) El Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil; 

f) La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores; 

g) La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y

h) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se entiende por “crimen de lesa humanidad”, entre otros, a la “esclavitud”.

Refiere que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, debe ser reforzada con los ordenamientos y protocolos internacionales con los que actualmente se cuentan, en la búsqueda de fortalecer la cooperación internacional para combatir este delito.

Menciona como un elemento más para complementar a los instrumentos jurídicos contra la trata de personas, al Convenio Sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos CETS N.° 197 del Consejo de Europa, el cual supone a su juicio, una gran oportunidad para nuestro país de trabajar de manera conjunta en pro de erradicar este mal.

Tal Convenio entró en vigor en el 2008, y a su vez expresa que “no podrá atentar contra los derechos y obligaciones derivados de las disposiciones de otros instrumentos internacionales de los que las Partes del presente Convenio sean Partes o vayan a serlo y que contengan disposiciones relativas a las materias regidas por el presente Convenio” (art. 40, párr. 1).

La legisladora expone que el objetivo de la suscripción del presente Convenio es prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando la igualdad de género; proteger los derechos humanos de la víctimas de la trata; diseñar un marco global de protección y de asistencia a las víctimas y a los testigos, garantizando la igualdad de género; asegurar investigaciones y actuaciones penales eficaces, y promover la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos.

Finalmente, la legisladora sostiene que la suscripción de ese instrumento representaría un gran avance respecto a la erradicación de la trata de personas en nuestro país, lo anterior tomando en consideración la gravedad del problema y las dificultades estructurales existentes, así como el interés de grupos que dan atención y seguimiento al tema, la organización de foros, socialización de diagnósticos y otros elementos que aporten a la discusión, así como la inclusión de dicho problema en las agendas legislativas del H. Congreso de la Unión y entidades del país.

Por las consideraciones expuestas la Senadora presenta la proposición con punto de acuerdo con un solo resolutivo que a la letra dice:

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos CETS N.° 197 del Consejo de Europa.”

III.- Consideraciones.

Las integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República, coinciden con la necesidad de reforzar todas las medidas existentes tanto en materia de política pública como en el marco jurídico, tendiente mejorar las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas.

Tal como menciona la proponente, en materia legislativa han existido avances en la lucha contra la trata de personas, en especial con la expedición en el 2012 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Si bien las medidas que la citada Ley General contempla para los tres órdenes de gobierno son loables, lo cierto es que en parte surgieron a partir de los compromisos asumidos con la aprobación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Asimismo, es inconcusa la necesidad de incrementar los esfuerzos tendientes a perfeccionar y mejorar los mecanismos que actualmente se encuentran vigentes, con el objeto de que los sujetos estatales y la sociedad en su conjunto, gocen de una gama de opciones que tengan como objetivo la prevención y erradicación de la trata de personas.

Con ese propósito, si bien el objeto del Convenio es:

a) Prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando la igualdad de género;

b) Proteger los derechos humanos de las víctimas de la trata, diseñar un marco global de protección y de asistencia a las víctimas y a los testigos, garantizando la igualdad de género, y asegurar investigaciones y actuaciones penales eficaces, y

c) Promover la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos.

Es pertinente recalcar tal como menciona la Senadora, que el citado Convenio entró en vigor en el 2008, y a la vez expresa que “no podrá atentar contra los derechos y obligaciones derivados de las disposiciones de otros instrumentos internacionales de los que las Partes del presente Convenio sean Partes o vayan a serlo y que contengan disposiciones relativas a las materias regidas por el presente Convenio” (art. 40, párr. 1)

Sin embargo, es cierto que al tratarse de un Convenio emanado del Consejo de Europa, requiere de la materialización de ciertas condiciones que el mismo instrumento prevé en su Capítulo X denominado “Clausulas Finales”, y particularmente en los artículos 42 y 43 relativos a la “Firma y entrada en vigor” y a la “Adhesión”, respectivamente.

En ese tenor, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece como una responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores la conducción de la política exterior, a través de su intervención en tratados, acuerdos o convenciones.

En relación con esa disposición, el artículo 6o de la Ley sobre la Celebración de Tratados, establece como atribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la coordinación de las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro correspondiente.

Por lo anterior, las integrantes de la Comisión que dictamina, si bien consideran adecuado hacer el llamado para la suscripción de dicho Convenio, estiman que en el exhorto debe ser involucrada la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objeto de que sea ésta la que determine su pertinencia y la existencia de condiciones para suscribir la Convención materia del presente dictamen.

Por las razones y fundamentos que han quedado precisados con antelación, las integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas que dictamina, someten a la consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente, a la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se creen y coordinen las acciones y condiciones encaminadas a la suscripción del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos CETS N.° 197 del Consejo de Europa.

COMISION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, están a discusión dichos proyectos de dictamen.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, para referirse a los cuatro dictámenes antes mencionados.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

A nombre de la Comisión Contra la Trata de Personas y de manera particular, muy especial, a nombre de la Presidenta, la Senadora Adriana Dávila Fernández, queremos presentar estos cuatro dictámenes de manera muy rápida, señoras y señores Senadores.

El primero tiene que ver con una propuesta que hizo la Senadora Lucero Saldaña respecto de que México conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas en congruencia con lo que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas determinó a finales del año pasado.

Creo que no tengo qué decir, mucho para señalar que es muy pertinente que el Senado de la República pueda sumarse a esta dinámica internacional en la lucha contra la trata de personas, y por supuesto, recordarnos un día al año que permitirá revisión de las políticas, de las acciones de cada estado para castigar, sancionar debidamente, prevenir y, por supuesto, perseguir a estos criminales que están inscritos en la delincuencia organizada transnacional.

El segundo tiene que ver con una propuesta que hizo el Senador José María Martínez, que también preocupado por las cifras tan altas de trata de personas, especialmente contra mujeres, niñas y niños, presenta para su dictamen el punto de Acuerdo que tiene que ver con instar de manera respetuosa al Secretario de Gobernación para que pueda, a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y en coordinación, obviamente, con los titulares también de las entidades federativas, de manera muy destacada también del Distrito Federal, para que se implementen y se refuercen acciones que hagan frente realmente a la trata de personas. por lo tanto, creo que es muy necesario que lo aprobemos.

El tercero tiene que ver con la propuesta también en base a una preocupación respecto de las instancias que tienen que ser mayormente protegidas; especialmente se refiere a las terminales internacionales; sabedores que es necesario que haya mayor coordinación. Insisto, la trata de personas se expresa de distintas condiciones, y por supuesto es importante que también los ámbitos que tienen que ver con el tránsito aéreo de personas que pueden estar siendo movidas con fines de trata de personas, de tal manera que el punto de Acuerdo está inscrito para que la Procuraduría General de la República y, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, se coordine y se diseñe una política eficaz que permita tener una mayor vigilancia en la entrada de los ámbitos internacionales, en puertos aéreos, marítimos o terrestres.

El último, el Consejo de Europa, no es nuevo, realmente en Europa fue el Reino Unido el primer país en el mundo que lucha contra la esclavitud.

De ahí que el Consejo de Europa, distinguiéndose en esta preocupación de lo que significan los tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero de manera muy concreta el delito que tiene que ver con la trata de personas, ha instaurado este mecanismo que hoy estamos poniendo a consideración del Senado de la República para sumarnos y, por supuesto, integrar acciones conjuntas desde las policías internacionales, la INTERPOL, convenirlos debidamente para la persecución, insisto con este término, de este delito en la delincuencia organizada trasnacional.

La Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos que se conocen como los protocolos de Palermo, ciertamente tienen que ver en mucho con la determinación de este compromiso que hoy surge desde el Consejo de Europa.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para referirse al dictamen sobre la Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

En este recinto aprobamos por unanimidad recientemente diversas reformas a la ley contra la trata de personas.

Está en Cámara de Diputados y esperemos que pronto pueda haber también un dictamen y que pueda ser incluida como nueva ley todo lo que refiere a la trata de personas.

Apoyando estos puntos de Acuerdo.

Los aspectos de prevención son muy importantes.

El 30 de julio de 2014 sería el primer año que se puede conmemorar esta naturaleza que hoy no tiene fronteras y que a nivel global está generando ganancias ilícitas muy altas, pero que no solamente se trata de hablar de penas o de víctimas, sino de naciones coordinadas, las Naciones Unidas tienen un plan de acción mundial contra la trata de personas y emitieron diversas recomendaciones, entre ellas está instar precisamente a que los países miembros puedan celebrar el 30 de julio con una serie de medidas que puedan combatir y detener esta nueva manera de esclavitud en el mundo.

Sabemos que aquí en el Senado ha habido un trabajo plural e incluyente sobre esta materia, y reafirmamos hoy todos los partidos la necesidad de que vaya hacia el Ejecutivo Federal y pueda tener mejores instrumentos jurídicos, pero también mayor coordinación en los distintos órdenes de gobierno y niveles también.

Es por ello que hoy les pedimos a mis compañeras y compañeros Senadores, respalden estas medidas para seguir avanzando en conciencia, en información, en estrategia y, sobre todo, en prevención.

Por su atención, muchas gracias.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Esta Presidencia saluda la presencia de una delegación del INCOPSE, Instituto de Contadores Públicos al Servicio del Estado, del estado de Veracruz, invitados por el Senador Héctor Yunes Landa. ¡Bienvenidos!

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, para referirse al dictamen por la implementación de acciones para hacer frente a la trata de personas.

(Aplausos)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Me voy a referir al tercer dictamen, obviamente en sentido positivo, nada más es una adición, ya que la trata y la explotación de personas es un tema sumamente delicado que requiere acciones desde el ámbito parlamentario, como la que se propone con el dictamen que nos están presentando las compañeras.

Precisamente en días recientes se dieron a conocer a la opinión pública cifras que son elocuentes y que describen la lamentable situación por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes por trabajar sin un sueldo y en condiciones de explotación.

En el caso del sector rural, tal es el caso de los niños que trabajan en agricultura y en el caso de la ciudad los infantes que arriesgan su vida vendiendo en la vía pública todo tipo de productos.

Se aduce de conformidad a cifras del INEGI que en el país trabajan 3 millones 38 mil menores de edad que son explotados, laboralmente.

El hecho de ver a una gran cantidad de niños trabajando en estas condiciones nos debe motivar para que la legislación que el Congreso de la Unión ha expedido para atacar este fenómeno tenga una aplicación efectiva y cumplir con sus propósitos de prevención y erradicación, particularmente la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que prevé que la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, estarán obligados a coordinarse en el ámbito de sus competencias y en función de las facultades exclusivas y concurrentes, con el objeto de generar prevención general, especial y social.

Lo anterior, para hacer frente a la trata y explotación de personas no sólo sexuales, sino también laboral, particularmente de niñas, niños y adolescentes.

Bajo este espíritu, este Senado debe de estar pendiente, a través de su Comisión contra la Trata de Personas, para que la parte que nos corresponde se siga con las acciones para avanzar en la prevención y erradicación de la trata y de la explotación infantil, como son, entre otras, la ratificación del Convenio 138 de la OIT, relativo a la edad mínima de admisión al empleo, la implementación de programas como el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo que se aplicó en el sector agrícola para atender a más de 6 mil niños y la aplicación estricta del Protocolo de Inspección en materia de Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Compañeras y compañeros Senadores, frente al estado de vulnerabilidad de millones de infantes, no podemos detenernos en esta realidad, por lo que sea bienvenida toda propuesta que conlleve a constituir política pública para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes mexicanos.

Por ello, apoyo firmemente el dictamen a nuestra consideración, a fin de que esta Cámara Alta exhorte al Secretario de Gobernación para que a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, en coordinación con los titulares de los poderes ejecutivos locales y del Distrito Federal, implementen y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a dicho problema, y todas las formas de explotación incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en México.

Sin embargo, por razones obvias en cuanto a las circunstancias actuales de explotación laboral de millones de niños, es viable y oportuno que este exhorto respetuoso también se realice en particular a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal.

La propuesta es abonar y poner especial énfasis para continuar con el combate firme contra la explotación no sólo sexual, sino también laboral de la niñez y adolescencia mexicanas que como ven, por su diagnóstico es grave.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de este Pleno del Senado de la República, la siguiente propuesta de modificación al dictamen, para quedar como sigue:

UNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en coordinación con los titulares de los poderes ejecutivos locales y del Distrito Federal implementen y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a la trata de personas y todas las formas de explotación, incluidas de manera preponderante la de las mujeres, niñas y niños en México, y con ese propósito brinden atención prioritaria a aquellos municipios y grupos detectados con alta situación de vulnerabilidad.

Asimismo, que derivado de lo anterior, las secretarías informen a esta Soberanía los resultados de dicha medida.

Es cuanto, señor Presidente, y espero que nos apoyen con esta adición.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Mayans Canabal. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Mayans Canabal…

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, solamente para comentar que tenemos que ver bien la redacción para no dar oportunidad de que se pueda confundir que podemos estar legalizando con el punto de Acuerdo el trabajo infantil; eso tenemos que cuidarlo, por eso habría que ver.

A lo mejor es parte de otro punto de Acuerdo específicamente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la encomienda de inspeccionar que no haya trabajo infantil, pero también tiene que encargarse de garantizar el trabajo de adolescentes que están inscritos en la Ley Federal del Trabajo, por eso es un poco complicado ligar propiamente la tarea que tiene específicamente la Secretaría de Gobernación con el tema del trabajo, que tendríamos que revisar cómo queda redactado, sino, podemos cometer un grave error.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Precisamente Senadora, propondremos al Pleno si acepta a discusión la modificación presentada por el Senador Mayans Canabal, y si es aceptado habrá la discusión que se requiera. Solicito a la Secretaría que de lectura a dicha propuesta para que inmediatamente consulte al Pleno si se acepta para su discusión.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta.

Unico.- El Senado de la República exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en coordinación con los titulares de los poderes ejecutivos locales y del Distrito Federal, implemente y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a la trata de personas, y todas las formas de explotación, incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en México, y que con ese propósito brinden atención prioritaria a aquellos municipios y grupos detectados con alta situación de vulnerabilidad.

Asimismo, que derivado de lo anterior, las secretarías informen a esta Soberanía los resultados de dichas medidas.

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. En virtud de que la Asamblea no la admitió a discusión, con todo gusto le doy la palabra en el momento que proceda, te anoto para hechos, pero en este momento tenemos que desahogar este punto, ya ha sido desahogado, desechado porque el Pleno no lo acepto.

Se le concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Avila.

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso de la Presidencia, una de las grandes deudas que los gobiernos y la sociedad en general tienen con los grupos vulnerables, es el combate a la trata de personas.

En el año 2012 se calculaba que había 18.7 millones de personas en situación de explotación en el mundo, este negocio persiste gracias a las enormes ganancias que se obtienen, ya que de acuerdo a información de la Organización de las Naciones Unidas, la trata es el tercer negocio ilícito más redituable a nivel mundial, con 32 mil millones de dólares anuales, sólo por debajo del negocio de la venta de drogas y armas.

Desafortunadamente en los últimos años en México este ilícito ha ido en aumento, al grado que en el 2013 el país se convirtió en la nación que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia, de acuerdo al diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México.

Lo anterior, a pesar de que en junio de 2012 se promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. No debe asombrar que los delitos de trata de personas en el país vayan en aumento, ya que los altos niveles de corrupción en nuestro país así lo permiten.

En el 2013 la Organización de Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción y ubicó a México en el lugar número 106, de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos.

La corrupción genera las condiciones necesarias para que la trata de personas y muchos otros delitos funcionen con impunidad y tranquilidad. Desafortunadamente a pesar de que existe un marco jurídico que combate tanto la trata de personas como a la corrupción, no hay avances significativos.

Es necesario trabajar a fin de detectar y desmantelar estas bandas de criminales que se dedican a traficar con personas, pero también es necesario trabajar para concientizar a la población a fin de evitar caer en la trampa de los traficantes, y por otro lado evitar el comercio sexual.

En las estrategias de combate a la trata de personas se debe de incluir a toda la ciudadanía, aquellos que se favorecen de estos delitos deben de ser conscientes del daño que ocasionan a toda la sociedad.

Para lograr esto se requiere verdadera voluntad por parte de las autoridades, ya que en la cadena de corrupción seguramente hay funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno involucrados.

Es urgente que el gobierno implemente nuevas políticas públicas que den resultados diferentes a los actuales; es necesario que se comprometa de cara a la sociedad y decir cuándo habrá resultados significativos en la materia.

El hecho de que haya certeza de cuáles son los municipios con mayor incidencia en este tipo de delitos, permitirá focalizar de mejor manera las acciones a emprender. En este sentido, bienvenido el presente punto de Acuerdo para exhortar al Secretario de Gobernación a implementar las gestiones necesarias para que en coordinación con los gobiernos locales lleven las medidas enfocadas a hacer frente al problema de la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niñas México.

El único camino para alcanzar un verdadero estado de derecho es combatir la impunidad y la corrupción y proteger a los grupos vulnerables.

A favor del dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse a los dictámenes sobre la Conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, y sobre la Trata de Personas.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

Primero quiero felicitar, sinceramente, a la Senadora Lucero Saldaña Pérez y al Senador José María Martínez Martínez, porque la preocupación de este Senado debe ser siempre como se corrigen los grandes males que aquejan al país; y en ese sentido, la trata de personas sin duda que es uno de los males que más lastiman a la sociedad mexicana, y por supuesto a la sociedad mundial.

Y en ese sentido, cualquier acción que el Senado de la República implemente, sin duda que será importante que el Senado la revise, la analice y, si lo considera necesario, la apruebe.

En el primer punto de Acuerdo coincidimos plenamente con la Senadora Lucero Saldaña, en el sentido de que el Senado de la República debe condenar de manera enérgica la trata de personas, especialmente contra mujeres, niños, migrantes e indígenas.

Por supuesto que sí se requiere una respuesta nacional e internacional colectiva y global, más concertada, coincidimos plenamente.

Pero también tenemos que señalar que es necesario prevenir esta situación con la intención de que las personas que son susceptibles de enfrentar este problema tengan elementos para rechazar esta posibilidad.

Lo tenemos que decir no es necesario solamente señalar que el problema tiene consecuencias en contra de las personas, es necesario corregir las causas que lo originan. Por supuesto, la terrible pobreza que padece el pueblo de México.

Si revisamos los últimos datos de la CEPAL, ahí vamos a encontrar muchas de las causas, porque en este tema de la pobreza, es un caldo de cultivo en donde se generan situaciones de deformaciones sociales que conllevan a las personas a participar en este tema de la trata que estamos tratando el día de hoy.

La CEPAL dice que tenemos en este país 60 millones de pobres. Imagínense el dramatismo, que tenemos, de esos 60 millones, 30 millones en pobreza alimentaria; de esos 30 millones en pobreza alimentaria, el 30 por ciento son niños, es decir, tenemos un promedio de 9 ó 10 millones de niños en esta condición.

Y entonces, ¿cuál es la salida que el Estado mexicano les está dejando a estos infantes?

Por eso es necesario no sólo enunciar el problema. Por eso es necesario, no sólo señalar que es una cuestión estrictamente penal, sino que tiene su origen en deficiencias como las que estamos mencionando.

También es importante señalar y reafirmar la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas de la trata de personas y, por supuesto, intentar por todos los medios su reinserción en la comunidad.

Esto es con respecto al primer punto de Acuerdo estamos proponiendo, respetuosamente le pido a mi compañera Lucero Saldaña, que pudiera aceptar la adhesión de un quinto punto al Acuerdo que diría:

“El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Estado y todas las dependencias federales, en coordinación con los ejecutivos locales de autoridades municipales, generen programas de impacto inmediato que erradiquen la pobreza extrema, la marginación, el hambre, el analfabetismo, el desempleo y enfermedades curables que propician la trata de personas”.

Respetuosamente le pido a mi compañera Senadora que pudiera aceptar esta adhesión porque, insisto, es necesario dejar claro que la trata de personas no sólo es un fenómeno estrictamente penal, sino que tiene un trasfondo social ligado a la pobreza extrema, a la marginación, a la hambruna, al analfabetismo, al desempleo, a las enfermedades curables, a las terribles desigualdades sociales, al reparto inequitativo de la riqueza.

El liberalismo económico se fija cada vez en las personas menos o más pobres.

Entonces, por eso estamos proponiendo esto, y ojalá la compañera Senadora lo acepte.

Con respecto al punto de Acuerdo del Senador José María Martínez Martínez, aunque señala los factores, como estos que hemos enunciado, no se reflejan en el punto de Acuerdo.

Por eso le estoy proponiendo al compañero José María que acepte una adhesión que dice:

“El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación, para que a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en coordinación con las personas titulares de los poderes ejecutivos locales y del Distrito Federal, implementen y refuercen las acciones enfocadas a hacer frente a la trata de personas y todas las formas de explotación, incluidas de manera preponderante la de mujeres, niñas y niños en México, y que con ese propósito brinden atención prioritaria a aquellos municipios y grupos detectados con alta situación de vulnerabilidad”.

Y la propuesta que estamos haciendo de adhesión es: “generando además programas que erradiquen la pobreza extrema, la marginación, el hambre, el analfabetismo, el desempleo y las enfermedades curables”.

Asimismo, que derivado de lo anterior, la Secretaría informe a esta Soberanía los resultados de dichas medidas.

Respetuosamente le pedimos también al Senador José María Martínez Martínez, que pudiera aceptar esta adhesión, porque es necesario que ataquemos las causas que están generando que la gente pueda ser fácilmente coptable en este asunto tan delicado y tan lastimoso para nuestro país, como es la trata de personas.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, para tratar este mismo asunto.

- La C. Senadora María Lucero Saldaña Pérez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente.

Primeramente, gracias al Senador Fidel Demédicis por sumarse a hacer propuestas que hoy, está el tema en el Senado, que así surgió la iniciativa, las modificaciones a las reformas, y que es muy complejo, muy amplio. Efectivamente, el punto de Acuerdo sobre el 30 de julio, tiene relación con recomendaciones de la ONU, y efectivamente, estamos de acuerdo en que hay una serie de factores sociales como la pobreza, la marginación, que tienen que ver con la promoción, el incremento del fenómeno de la trata de personas.

Sin embargo, yo creo que esto ameritaría otro punto de Acuerdo, precisamente para atender todos esos aspectos y no separarse del objetivo, que en este caso, sí es prevención, sí, y que ya viene de un acuerdo de las tres fracciones, con la Senadora Angélica de la Peña, la Senadora Adriana Dávila y su servidora, que somos las que formamos parte de la Comisión de Trata de Personas.

Si le parece, podríamos, en mi caso, para dar respuesta a la solicitud del Senador Demédicis, que podamos considerar un siguiente punto de Acuerdo.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Saldaña Pérez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, para hablar del mismo asunto, desde su escaño.

- La C. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente. Quisiera atreverme a plantear el problema desde otro punto de vista.

Es cierto que hay miseria, es cierto que hay una diferencia gravísima entre los pocos que muchos tienen y los muchos que poco o nada tienen.

Pero me atrevería a hacer el planteamiento de la trata de personas como un asunto de construcción social.

Tiene que ver con esta necesidad de los “machos”, de sentir que controlan y por esta razón, controlan niños y los usan como objetos.

Creo que sería interesante involucrarnos en esta manera de plantear el problema, y en todo caso, hablar de prevención en un sentido distinto, en una construcción mucho más democrática y respetuosa de los géneros.

Son construcciones sociales con las que sufrimos mucho en nuestro país y en muchos otros países. De tal manera que me parece que, siendo un problema importante, reconociendo que algunos hombres de este grupo senatorial empiezan a interesarse en el problema de la trata de personas, cabría hacer una discusión distinta y dejar los puntos de Acuerdo como están hasta ahora, y en todo caso, hacer un planteamiento después que tenga que ver con la construcción social del género, para que podamos ir entre todos construyendo relaciones humanas de parejas, de pares, de respeto y democráticas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Calderón Hinojosa.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Estamos dando trámite, precisamente, a una de las dos propuestas que usted hizo y vamos a consultar, de acuerdo al Reglamento, a la Asamblea si se aceptan a discusión, y si se aceptan a discusión, obviamente que habrá las intervenciones que ustedes consideren.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido que le dé la palabra.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Nada más quiero comentar que se le dio el tiempo suficiente para hacer las dos propuestas, pero con el ánimo de buscarle la solución, tiene el uso de la palabra.

Pero sí, debo de ser muy concreto y claro de que el procedimiento que estamos siguiendo, es el que señalar precisamente, nuestro Reglamento. Pero en aras de escuchar más voces y construir acuerdos, se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.

- El C. Senador Fidel Demédicis Hidalgo: (Desde su escaño) Señor Presidente, con mucho respeto. La ciudadana Senadora Lucero Saldaña está haciendo una propuesta, que yo tengo toda la disposición de aceptar. Es decir, nosotros estamos haciendo el planteamiento, porque revisando los dos puntos de Acuerdo, observamos lo que hemos señalado como adición.

Pero si podemos construir un punto de Acuerdo como lo señala primero la Senadora Lucero Saldaña y luego la Senadora Calderón Hinojosa, pues yo creo que le pediría que retiráramos entonces las propuestas que estoy haciendo, para que después pudiéramos construir el punto de Acuerdo que se está plateando, desde la visión preventiva y no solamente como una cuestión penal.

En eso consistía mi participación.

Y le agradezco, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Demédicis Hidalgo.

En consecuencia, si usted retira las propuestas, consultaríamos a la Asamblea si se aprueba en los términos que se presentó originalmente dicha propuesta.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, una vez que se han retirado las propuestas del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, si se aprueban en los términos en que se presentaron los dictámenes con puntos de Acuerdo.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban en los términos en que fueron presentados los cuatro dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueban, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Mesa Directiva saluda la presencia de la doctora Laila Ghannam, Gobernadora de Ramalá y Al Bireh, estado de Palestina y su comitiva, por visitar hoy las instalaciones del Senado de la República, acompañada del Embajador en nuestro país de Palestina, Munjed Saleh.

¡Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República!

(Aplausos)

Informo a la Asamblea, que recibimos una comunicación del Director Jurídico del Senado, con la que remite al Presidente de esta Cámara, la notificación que hace el Juzgado XI de Distrito en Matería Administrativa en el Distrito Federal, en relación con el dictamen que esta Asamblea aprobó el pasado 11 de febrero, sobre la ratificación del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La notificación judicial requiere al Senado de la República que, en un plazo de tres días, dé cumplimiento a la decisión judicial, a fin de emitir un nuevo dictamen que contenga una fundamentación y motivación reforzada.

Una vez que se da conocimiento al Pleno de esta notificación, la Mesa Directiva acordó remitir el documento a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda para su atención.

Compañeras y compañeros Senadores, solicito a la Secretaría dé lectura a las proposiciones que se turnarán directamente a comisiones.

- La C. Secretaria Barrera Tapia: Doy lectura a las proposiciones con punto de Acuerdo que se turnarán directamente a comisiones:





 

PROPUESTAS

De los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Marcela Guerra Castillo, Adriana Dávila Fernández, Zoé Robledo Aburto y Humberto Domingo Mayans Canabal, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, a realizar un diagnóstico para el fortalecimiento del instituto, que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.







 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por la que el Senado de la República se congratula por la realización de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.







 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a diseñar estrategias en materia minera, que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN MATERIA MINERA CON EL OBJETO DE REGULARIZAR EL COBRO POR LA EXTENSION DE LOS TERRENOS QUE SE EXPLOTAN EN ESTE SECTOR

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

México es reconocido mundialmente por su industria minera, ocupa el primer lugar en la producción de plata, y se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales, al mismo tiempo, es conocido por contar con una legislación minera deficiente, además de bajas tasas de impuestos y falta de regalías mineras.

Hay que recodar que la apertura del sector minero se dio derivado de una serie de reformas en la legislación en esta materia en los años 1982 y 1996, las cuales lograron abrir la industria metalúrgica al capital privado, así, la inversión extranjera pudo comprar terrenos para minas en el territorio mexicano.1

Para obtener un terreno minado, como única obligación, se debían registrar las empresas extranjeras como una “sociedad mexicana”, con domicilio fiscal en el país, sin ninguna restricción, sin importar que todo su capital fuera extranjero. Los ejidatarios, hasta entonces dueños absolutos de las tierras, pudieron desde entonces enajenarlas, rentarlas, o “asociarse entre sí, con el Estado y con terceros para otorgar el uso de sus tierras”.2

Es así como en México inició la explotación, exploración y aprovechamiento de los minerales por medio de la inversión extranjera. Actualmente el 70 % de la industria minera mexicana está ocupado por empresas extranjeras, de éstas, el 74 % es de participación de compañías canadienses y 15 % de estadounidenses.3

Alarmante resulta que de acuerdo con un informe de la minera canadiense “GoldCorp”, empresa canadiense minera, líder México, describe que el “potencial minero” mexicano radica en que “no tiene que contribuir con el erario público, y mucho menos con la comunidad.

Lo anterior muestra una insuficiencia que se deriva de la falta de una legislación minera competente, puesto que en México se cobran impuestos ridículamente bajos en este sector comparado con sus ingresos; aunado a que según menciona una investigación realizada por un periódico de circulación nacional, las empresas extranjeras pagan salarios paupérrimos, constantemente se burlan de las leyes laborales, además, a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas de sus tierras.

En el “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación, se desglosan aspectos elementales referentes al sector minero, así como casos ejemplares respecto del abuso por parte de empresas extranjeras en el ramo.

El mencionado estudio fue consultado por diversos medios informativos de circulación nacional, Reporte Indigo reveló algunas cifras contenidas en el estudio, en el cual se hace un comparativo de la legislación mexicana y la legislación canadiense; es importante destacar que la comparativa entre estos dos países es bajo la justificación de que de Cánada provienen 7 de cada 10 mineras extranjeras instaladas en México, por lo que las diferencias son notables.

El primer comparativo es la trasnacional canadiense “GoldCorp”, con sede en Vancouver, ésta tiene varios proyectos en México, donde es la principal productora de oro. En Cánada, se rige bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act).

De acuerdo con esa ley, por la operación de una mina se tienen que pagar 2 % de su ingreso operativo, más 13 % de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR), uno provincial de 10 % y otro federal de 15 %; además de cumplir con requisitos como haber tramitado una licencia social de operación, pagar permisos y trámites municipales; la concesión no es de 50 años como en México y se obliga a seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.4

Asimismo, aquella empresa canadiense se somete a la iniciativa “Hacia una Minería Sustentable”, elaborada por el gobierno federal canadiense y organizaciones civiles, dicha iniciativa obliga a la empresa minera a aplicar programas de protección ambiental, armonía y desarrollo comunitario e inclusión laboral indígena, entre otros aspectos.

En contraste, en México el único impuesto que tiene que se debe pagar es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que además es acreditable por el Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede acceder a créditos o exenciones fiscales.5

Continuando con el comparativo, “Goldcorp” tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas en Sonora, en las que explota una mina de oro; en 2012 la explotación de esa mina le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil millones de pesos, pagando $5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, es decir, un total de 809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039 % de sus utilidades netas.6

Otro ejemplo que el estudio recoge, es el de la minera First Majestic en La Encantada, Coahuila, la cual pagó el año pasado al gobierno mexicano 68 mil 160 pesos de impuestos, es decir el 0.004 % de sus utilidades brutas. Una situación similar tiene Fortuna Silver Mine Inc., ubicada en San José, Oaxaca; la cual erogó al gobierno de México en 2012, 4 millones de pesos, esto es, 0.20 % de sus utilidades.

En México el pago de impuestos se cobra sobre utilidades netas, es decir, ya eliminando los costos; en Canadá pagan sobre las utilidades brutas, es decir, por lo que extraen.

Siguiendo con los resultados del estudio, en cuanto a los salarios se refiere, estos representan otra triste comparación entre México y Canadá. Mientras un trabajador minero mexicano gana en 3.26 dólares canadienses por hora, en Canadá se perciben 30 dólares canadienses por este lapso; si un minero trabaja una jornada de ocho horas, para un mexicano le significa 317 pesos, mientras que un minero canadiense representa 2 mil 923 pesos por el mismo tiempo; las cifras antes mencionadas exponen a la luz pública los abusos que se comenten en el sector minero.

Por su parte, el Pacto por México propuso revisar lo concerniente a la industria minera, para lo cual se estableció como objetivo examinar el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción.

Desafortunadamente los cambios fueron insuficientes, simplemente se autoriza al Gobierno Federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 % sobre las utilidades netas de las empresas mineras, cuando en otros países se cobra un impuesto sobre la minería y éste es sobre las ganancias brutas, ante el tenor de que “el daño al ecosistema no es neto, sino es directo y debe considerase compensarlo en su totalidad.”7

Además, cabe destacar la opacidad que se tiene con la información y cifras respecto a la minería en México, el estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México menciona que “durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de que las bases de datos oficiales se alejan de la veracidad de los hechos, por lo que el estudio pretende identificar las lagunas y distorsiones, puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas autoridades”, por ello, es necesario poner singular atención en el sector minero, que está siendo ignorado, olvidado, y manipulado por las autoridades federales.

Finalmente, se deja a un lado los salarios, la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores del ramo, manteniendo los beneficios de las empresas, solapando su poca contribución al Estado por la extracción de los minerales, además, se dejan desprotegidos a todos los ejidatarios, que sin razón, son despojados de sus tierras sin beneficio y sin reparar el daño ocasionado derivado de la actividad extractiva o industrial.

Por ello, es necesario hacer hincapié en la situación minera del país, revisando la   legislación de aquel sector y el ámbito laboral, con el objeto de verificar que efectivamente se esté cobrando lo justo por la extensión de los terrenos que explotan, además de que los trabajadores mineros tengan un pago razonable y justo por sus servicios.

Vigilar que la inversión extranjera respete las leyes del país traerá consigo que México sea reconocido mundialmente como un país minero, en el que se respetan los derechos laborales, los recursos naturales y sobre todo, a los mexicanos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus atribuciones diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el cobro por la extensión de los terrenos que se explotan en este sector.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en conjunto con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se establezcan condiciones viables de trabajo, así como pagos justos por sus servicios a todos los trabajadores mineros del país.

Dado en el salón de sesiones a los dieciocho días del mes de febrero de 2014”.

1 Ramírez Peniley. Gas shale: La nueva mina de oro [en línea]. Reporte Indigo. México. 2013.  Disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/gas-shale-la-nueva-mina-de-oro [consulta 18 de diciembre de 2013].

2 Ibídem.

3 El Diario mx Nacional. Mineras canadienses: ejemplares en su nación, corruptas en México [en línea]. México. 2013. Disponible en: http://diario.mx/Nacional/2013-12-14_e33fa304/mineras-canadienses-ejemplares-en-su-nacion-corruptas-en-mexico [consulta 18 de diciembre de 2013].

4 Ramírez Peniley. Gas shale: La nueva mina de oro [en línea]. Reporte Indigo. México. 2013.  Disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/gas-shale-la-nueva-mina-de-oro [consulta 18 de diciembre de 2013].

5 Ibidem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.





 

Del Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las fallas que existen en materia de presentación de servicios de telefonía celular, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR OMAR FAYAD MENESES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA Al INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, RINDAN UN INFORME A ESTA CAMARA DE SENADORES SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, ASI COMO LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE CADA UNA ESTA TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD Y EL AVANCE QUE PRESENTAN.

“El suscrito, Senador Omar Fayad Meneses integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito tenga ha bien someter a la consideración del Pleno, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES RINDAN UN INFORME A ESTA CAMARA DE SENADORES SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, ASI COMO LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE CADA UNA ESTA TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD Y EL AVANCE QUE PRESENTAN, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ante las constantes fallas que presentan los servicios de telefonía celular, presenté en el año 2013, una Proposición con Punto de Acuerdo que fue considerado como de urgente resolución por el Pleno, ante la importancia del asunto y el daño que se causa al patrimonio de los usuarios de la telefonía celular, a fin de que la en ese entonces todavía en funciones, Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor, presentaran a esta Cámara de Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, un informe sobre las fallas que existen en materia de prestación de servicios de telefonía celular, así como las medidas y acciones que cada una está tomando a fin de mejorar su calidad y el avance que presentan.

En la proposición con punto de acuerdo, se argumentaba que:

Es común que la red de telefonía móvil de alguna operadora deje de funcionar y sea restablecida durante la madrugada de días después, generando perjuicios económicos y en las actividades de los usuarios de servicios de telefonía móvil, sin que parezca importar a las compañías que prestan estos servicios. Esto nos lleva a la necesidad de cambiar los protocolos de las empresas para que obligar a que den aviso con oportunidad a la autoridad del tipo de falla que presentan y adecuar el marco de sanciones, ya que en México no son las adecuadas para este tipo de sucesos, ya que mientras en otros países en los que el servicios es más barato, las multas superan los millones de dólares, aquí el tope de las sanciones resulta ser de 4.5 millones de pesos.

En febrero de 2011, la COFETEL informó que subió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un proyecto para sancionar a algunas empresas de telefonía móvil, por el uso indebido del buzón de voz, desde entonces, las empresas tienen la obligación de que se le avise al  interlocutor que está haciendo la llamada que ingresará al buzón de voz y que a partir de determinado momento la llamada tendrá un costo y esto debe estar claramente especificado, lo que evidencia que cuando hay voluntad de la autoridad, los abusos pueden ser controlados.

En Septiembre de 2011, el Comisionado presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), señaló que ante las fallas de los operadores de telefonía móvil se tienen dos opciones, cambiar de compañía o quejarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que invitaba a acudir al sitio del verificador de la COFETEL, donde se puede presentar una queja contra los operadores de telecomunicaciones.

Esto derivó a que de mayo a septiembre de 2011, este verificador recibió 10,220 quejas, de las cuales 4,488 se refieren a servicios de telefonía móvil. Los estados que más quejas reportan son el Distrito Federal con 853, estado de México con 519, Jalisco con 386, Veracruz con 213 y Guanajuato con 211.

Pese a esto, lo que va del 2013, los jefes delegacionales de servicios de la PROFECO, reciben todas las quejas y estados de cuenta de los usuarios que se suman a la exigencia que se hiciera a través de medios impresos y redes sociales como “Facebook” y “Twitter” para presentar su denuncia por la deficiencia del servicio recibido. Con la entrega de estas denuncias los afectados dan inicio con el procedimiento legal para tratar de que las compañías telefónicas regularicen el servicio y resarzan el daño económico causado a millones de usuarios.

Lo cierto es que ante la negativa que llegan a mostrar algunas operadoras de telefonía móvil para abonar a los usuarios tiempo aíre de compensación, la COFETEL se ha declarado incompetente para defender a los clientes y traslada la responsabilidad a la PROFECO.

En consecuencia, lo que La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) suele hacer, es que cuando existen estos problemas, giran un requerimiento a las empresas operadoras o proveedores para que les indiquen cuál es el problema que enfrentaron y sobre todo cómo lo están atendiendo en el marco de la ley.

El problema es grave, ya que como el Procurador lo ha resaltado, el 25% de las quejas que recibe PROFECO al año están relacionadas con el tema de telecomunicaciones, siendo las principales áreas de queja la telefonía móvil, seguida de telefonía fija y televisión por cable.

Desde el punto de vista de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de las normas oficiales aplicadas a la materia, los proveedores no estaban obligados a adherir su contrato a la PROFECO.

Por ello, se ha planteado desde el 2011, que en el momento en que se brinden nuevos títulos de concesión o se hagan modificaciones a los vigentes, se tendrán que registrar los contratos de adhesión con la Procuraduría.

Con la intención de que el sector de telecomunicaciones abandone el primer lugar en quejas por parte de sus clientes y usuarios, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que ofrecerá orientación a los operadores de servicios de telefonía móvil, fija, Internet y televisión de paga en la generación de sus contratos, pero esto es insuficiente para erradicar el problema que surge por una deficiente prestación de servicios.

Pretendiendo subsanar estas deficiencia, la actuación de la PROFECO se sujeta desde octubre del 2012, a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 184-SCFI-2012,Prácticas comerciales-Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones, con lo que las empresas de la industria de telecomunicaciones están obligadas a adherir sus contratos ante la PROFECO.

En los nuevos lineamentos planteados por la NOM 184-SCFI-2012, los proveedores de servicios en este sector están obligados a compensar a los usuarios por las afecciones con veinte por ciento del monto del periodo en que se registró la falla.

De igual forma, se debe informar al consumidor, previo a la contratación del servicio, sus obligaciones, características, equipos, planes, paquetes, plazos forzosos, tarifas y publicidad relativa al servicio que le proporcionarán y especificar los requerimientos para cancelar un contrato, como otros compromisos contraídos.

Del mismo modo, lo son informarlos supuestos bajo los cuales cobrará servicios especiales como por evento, tiempo, capacidad o cualquier otra modalidad, así como justificar los motivos por los cuales opere algún servicio a plazo forzoso.

Medidas que si bien están reguladas, no siempre se cumplen con el rigor que se debiera.

Es claro que este tema les interesa a los legisladores del H. Congreso de la Unión y que deben darse muestras de sensibilidad a ésta sentida demanda de la ciudadanía, al dimensionar y resolver el problema que representa la falla en los servicios de telefonía móvil.

Diversos son los objetivos que pueden derivar del cumplimiento de la presente proposición: primero, que esta Cámara de Senadores cuente con un informe especializado sobre las fallas que existen en materia de prestación de servicios de telefonía celular y; contar con información veraz y oportuna que nos permitirá analizar las medidas, acciones y avances que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor realizaron en su momento para mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil, a la vez que se incentive a brindar un trato de calidad al consumidor, información que ahora debe tener el Instituto Federal Electoral, actualizada al tiempo que lleva en funciones.

PROFECO menciona que entre las incidencias suelen ocurrir cuando no hay tono al seleccionar una llamada, éstas no entran y no salen llamadas, así como inconformidad de los usuarios en el cobro de planes; y plazos forzosos o dificultad para cancelar contratos, o la negativa a corregir errores de cobro. También son frecuentes las quejas por productos o servicios no solicitados y la negativa a la entrega del producto o servicio.

Se han detectado fallas de software en los equipos de enrutamiento del tráfico de voz (conocidos como Media Gateway) lo que provoca perder el servicio durante todo el día, sin que se realice ningún descuento por todo el tiempo que se careció de señal, y si por el contrario, las cuentas suelen llegar con un importe exorbitante que no corresponde con el uso que se le ha dado.

Otro problema que todos hemos sufrido como usuarios de los servicios de telefonía móvil son en relación con los servicios de mensajes de voz y mensajes cortos (SMS), los cuales llegan de manera diferida, muchas horas más tarde o en definitiva no se envían o no se reciben.

Existen en la red fallas que generan saturaciones, rebote e interrupción de las llamadas, por la poca o nula señal al marcar, a la vez que en el servicio de prepago “se come el saldo”, situación que de un tiempo acá ha elevado el número de denuncias contra los principales operadores de telefonía celular.

Además el servicio es irregular porque hay zonas en que se va la señalo existen “puntos muertos” aún en el centro de las zonas urbanas, con lo que en casos de emergencia, no tenemos como comunicarnos, porque como las mismas empresas lo han reconocido, la demanda supero la capacidad que se tenía para la prestación del servicio, prueba de ello, y es de enfatizar, que hay días en que la señal falla mucho, aparte de que es de las telefonías más caras en el mundo.

Algunas operadoras argumentan, como se menciona, que las fallas se deben a la saturación de las líneas pues las antenas instaladas en la región y que enlazan la señal ya no se dan abasto.

Hay veces en que el servicio de telefonía celular se ha visto interrumpido hasta por cuatro días. Estas interrupciones en ocasiones se han extendido a las zonas de Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Morelos, con el añadido de que incluso en zonas urbanas que debieran tener una cobertura al 100% existen infinidad de “puntos muertos” en los que no es posible obtener señal para hacer o recibir llamadas.

Otros de los principales parámetros observados por la COFETEL refieren a la proporción de intentos de llamadas fallidas, tiempo en que tardó establecerse la llamada y la calidad de audio, lo que redunda en que no se está recibiendo el servicio por el que se está pagando, generando ganancias ilícitas para las compañías y pérdidas económicas en los usuarios.

Es evidente que si el consumidor ya no puede pagar lo estipulado en el convenio, no es responsabilidad de la compañía, pero sí lo es cuando hay un mal servicio de por medio, lo que se debe tomar como causal de rescisión del contrato y en consecuencia, sí debe proceder la cancelación.

En el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, se contaron 112 millones 336 mil 538 habitantes en México.

Hasta el primer semestre de 2012, 97.6 millones de mexicanos estaban suscritos a algún servicio de telefonía móvil, lo que significa que 86.9 de cada 100 habitantes cuentan con un teléfono celular, informó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).

Para abril de 2013, la cifra aumento a 100.6 millones de suscripciones a teléfonos celulares móviles: 84.9 millones de prepago y 15.6 millones de pospago; 257.6 millones de minutos de tráfico telefónico móvil; 96.3 SMS enviados; 240 mil 377 millones de pesos en ingresos.

En 2012, la capital registró 2 mil 388 quejas contra 1 mil 207 provenientes del estado de México y 769 de Jalisco. Igualmente, las quejas interpuestas en PROFECO contra América Móvil (TELCEL), Telefónica (Movistar), Iusacell-Unefón y Nextel, alcanzaron las 11, 316. Durante el primer trimestre de 2013, las telefónicas sumaron 3,486 quejas ante PROFECO. Las operadoras telefónicas año con año figuran en los listados de Las 20+ (empresas con más quejas) de PROFECO.

Para Marzo de 2013 el director general de supervisión de COFETEL afirmó que se han recibido 65 mil quejas en un portal que compartían de manera conjunta COFETEL con PROFECO y que los servicios de telefonía móvil son los que han recibido más quejas.

Ahora bien, de todo el universo de líneas de teléfono móvil, TELCEL concentra 70.4 por ciento; Movistar, 19.2 por ciento; Iusacell, 7.4 por ciento y Nextel, 3.9 por ciento, de acuerdo con CNN Expansión.

No obstante y a pesar de que TELCEL cuenta con el mayor número de usuarios y que se defiende señalando que solamente recibió 4,181 quejas, en 2012, y 1,178 quejas, en el primer trimestre de 2013. Es el proveedor de telefonía móvil con más quejas, agravado por el hecho de que si bien, estas cifras son una pequeña proporción en relación con el mercado que atiende, no es garantía de un buen servicio, ya que en la mayoría de los casos, los usuarios prefieren no presentar una queja por considerar que es una pérdida de tiempo, lo que conlleva paralelamente a la pérdida de la confianza en las autoridades, al no cumplir con una función primordial como lo es la tutela de los derechos de los ciudadanos, protegiéndolos de prácticas abusivas por consorcios que cuentan con mayores recursos humanos, legales y económicos para hacer frente a los quejosos y que están explotando indebidamente las concesiones que les han sido otorgadas para aprovechar bienes que están sujetos al régimen de dominio público.

Con todo y este desconocimiento, y a pesar de la baja proporción que las quejas representan en el total de suscripciones a teléfonos celulares móviles, la telefonía móvil es sobresaliente en quejas de los usuarios, consumidores o clientes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con todo y que se desconoce la cifra real de fallas del servicio por los motivos expuestos.

Las denuncias a empresas de telefonía móvil en México son, en conjunto, las más recurrentes, de acuerdo al más reciente reporte de quejas presentado en México por la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO. De las diez empresas con mayor cantidad de denuncias acumuladas en lo que va del año, cuatro corresponden a empresas de telefonía celular, al sumar un total de 4.875 actas levantadas por usuarios inconformes, quienes reportan abusos o irregularidades realizadas a ellos como consumidores, durante el primer cuatrimestre del año.

Para ejemplificar las fallas, se puede hacer mención que tan solo TELCEL cuenta con cerca de 71.2 millones de usuarios actualmente. Su índice de quejas que llegan a instancias públicas si bien es inferior al 1% de su totalidad de clientes, 2,3 quejas por cada 100.000 usuarios, en la realidad se observa fallas recurrentes en sus servicios. Por su parte, Nextel, la cual posee una base registrada de usuarios que asciende a los 3,9 millones de personas, y un número de 1.578 quejas, lo que equivale a poco más de 40 denuncias por cada 100.000 usuarios.

Si bien, la mayoría de las denuncias a empresas de telefonía móvil en México han logrado ser solucionadas a través del sistema de quejas ante PROFECIO, conservando índices de conciliación por arriba del 90 %, no debe ser causa de justificar las fallas, ya que el recurrir a esta instancia, debiera ser algo no contemplado en la contratación de un servicio tan importante como lo es la telefonía celular, ya que redunda en pérdida de tiempo y dinero, con los consecuentes permisos o faltas en los trabajos, por una situación ajena al consumidor.

El director de la en ese entonces todavía en funciones COFETEL afirmó que mientras PROFECO está iniciando acciones colectivas contra proveedores, COFETEL propuso a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte emitir sanciones, además de seguir acciones de monitoreo, hecho que no sirve de nada, ante el desconocimiento del alcance, mecanismos y grado de satisfacción que se están logrando con estas medidas.

El tope de multa que fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las compañías telefónicas en caso de no completar un proceso de portabilidad o incumplir con cualquier trámite con los usuarios, es de 4.5 millones de pesos, desconociendo de igual modo, cuál es el monto de las sanciones impuestas, la reincidencia de las compañías de telefonía móvil y si esto, ha logrado aminorar el problema.

Las operadoras de telefonía móvil, reconocen los problemas de red que tienen, y que finalmente no otorgan el servicio en todo México, como su eslogan lo indica, una publicidad engañosa que la PROFECO apenas puede sancionar.

En las defensas que López Martínez como representante de una de las empresas de telefonía móvil, presenta en las audiencias que se ventilan ante la PROFECO, señala alegatos de que el servicio que da TELCEL “es móvil” y por tanto en términos burdos si el usuario está “inmóvil” en casa, podría no tener servicio, como sucede en algunas zonas de Playa del Carmen, argumentación que además de ridícula, resulta ofensiva para las autoridades y para la sociedad civil, y ésta sola expresión, debiera ser motivo incluso para considerar la cancelación de la concesión.

Por otra parte, es menester considerar el sustento legal de la actuación de los entes públicos; la demanda colectiva es un recurso que tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente desde el 29 de febrero de 2010 y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Este mecanismo faculta a un grupo de usuarios en el reclamo ante tribunales de la Federación la afectación a derechos colectivos en materia de competencia económica, protección al consumidor, medio ambiente y servicios financieros.

La COFETEL en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 9-A, fracción XV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, puede proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a las empresa concesionarias, considerando las deficiencias en el servicio que refieren los usuarios.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7, fracciones II y V de la referida ley, debe promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes de telecomunicación que explotan las empresas concesionarias.

Actualmente, las empresas del sector de la telefonía móvil, se encuentran sometidas a mediciones de calidad, de acuerdo con el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil,  a cargo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Precisamente este “Plan tiene como objetivo establecer las bases para que el servicio local móvil se preste en mejores condiciones de calidad en el territorio nacional, en beneficio de los usuarios”, pero desgraciadamente, esta aseveración es utópica y no concuerda con la realidad.

Argumentos que adecuados al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en sustitución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, siguen vigentes.

En suma, esta soberanía no es ajena a la problemática de las telecomunicaciones, por lo que se considera necesario que las dependencias y entidades competentes informen las fallas que han detectado, así como las acciones, medidas y avances que consideran convenientes para mejorar la calidad y el servicio en beneficio de la población, pero debemos contar con información oficial que nos permita valorar el problema en su dimensión real y con ello tomar las medidas adecuadas.

Considerando que el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, en las que se contempló, entre otras cosas, la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene entre sus funciones con fundamento en lo establecido en el artículo 28 constitucional:

a) La regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

b) Ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

c) Le corresponde también el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.

Derivado de los trámites administrativos de la Cámara de Senadores, el punto de acuerdo presentado, quedó desfasado en su relación con el Decreto de Reformas Constitucionales en materia de Telecomunicaciones por lo que en el debate se contempló su modificación para que el exhorto se realizara al Instituto en vez de a la Comisión y se retirará como sujeto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por haber perdido competencia, manteniendo a la Procuraduría Federal del Consumidor en la solicitud expuesta.

En su momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se declaró incompetente para responder con fundamento en las reformas constitucionales ya mencionadas, y pese a que a pesar de que su argumento es correcto en las actuaciones posteriores a las reformas en materia de telecomunicaciones, si debió haber contemplado las acciones que habían tomado previo a su promulgación.

Aún así, a efecto de reiterar la propuesta y considerando que el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en virtud de las reformas constitucionales es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y reiterando la función de la Procuraduría Federal del Consumidor de proteger a la población en los caso de los abusos de los prestadores de servicios, se estima necesaria esta propuesta a fin de conocer las causas del deficiente servicio que han venido prestando las compañías de telefonía celular, en detrimento del patrimonio de los usuarios y de las condiciones contratadas, para contar con los elementos que nos permitan tomar las medidas pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito pone a consideración del Honorable Pleno del Senado de la República, la aprobación de la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES RINDAN UN INFORME A ESTA CAMARA DE SENADORES SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, ASI COMO LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE CADA UNA ESTA TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD Y EL AVANCE QUE PRESENTAN.

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
a 4 de marzo de 2014.

Sen. Omar Fayad Meneses”.





 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fortalecer las normas aplicadas a la introducción de especies exóticas en México, que se turna a la Comisión de Pesca y Acuacultura.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER LAS NORMAS APLICADAS A LA INTRODUCCION DE ESPECIES INVASORAS (EXOTICAS) EN MEXICO

“El suscrito, Senador FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

Proposición con PUNTO DE ACUERDO, por el que se exhorta respetuosamente, al Ejecutivo Federal para el fortalecimiento e implementación de las normas aplicadas a la introducción de especies invasoras (exóticas) en México, Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestro País es privilegiado en cuanto a la variedad de ecosistemas y variación genética de especies, se encuentra dentro de las principales naciones con mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, ya que posee cerca del 70% de la variedad mundial de éstas, además concentra entre 10 y 15% de las especies terrestres en sólo 1.3% de la superficie ambiental.

Basta mencionar que dentro de los indicadores que determinan su gran biodiversidad se encuentra que ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de especies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), el segundo lugar en mamíferos (500), el undécimo en aves (1,150) y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flores), ya que se calcula que tiene 25,000 especies1.

Aunado a esta importancia mundial, es preciso especificar que muchas de estas especies de flora y fauna son endémicas de esta región.

Sin embargo esta gran riqueza se encuentra amenazada constantemente por varios procesos la mayoría antropogénicos, que transforman el entorno en el que vivimos; entre ellos se pueden mencionar la pérdida y fragmentación de los hábitats, la contaminación ambiental, el cambio climático, la explotación desmedida de los recursos naturales y la introducción de especies invasoras (exóticas).

 La situación actual por la que atraviesa esta gran biodiversidad es preocupante ya que es parte fundamental del entorno en el que nos desarrollamos y de nuestras vidas porque que constituye un recurso fundamental del que dependen familias, comunidades, naciones y las futuras generaciones. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) la introducción, intencional o accidental de las especies determinadas como exóticas (no nativas) son actualmente una de las mayores amenazas para la destrucción de la biodiversidad del País, ya que desarrollan un comportamiento invasivo, desplazando a las especies nativas y provocando grandes deterioros a los ecosistemas2.

Dichas especies se encuentran entre las principales causas de extinción de flora y fauna locales, es por tal motivo, que actualmente son consideradas como el segundo factor de pérdida de biodiversidad a nivel global, debido a los severos efectos que propician causantes en la degradación de hábitats que actualmente se presentan en el país.

Pero no solo se ha determinado que el impacto de las especies a los ecosistemas es inmenso e incalculable y que su repercusión va más allá del daño a la biodiversidad, estos daños también implican pérdidas económicas cuantiosas y problemas sanitarios severos, por lo que se vuelven una amenaza directa para el bienestar humano.

Entre los efectos negativos que estas especies ocasionan, se encuentran los desequilibrios ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambio, composición y funcionamiento de las comunidades, perdida de poblaciones silvestres, degradación de la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la transmisión de enfermedades que afectan la salud humana y la flora y fauna silvestres.

La mayoría de las introducciones de especies son a consecuencia de actividades humanas, relacionadas directamente con el comercio y el transporte. En el caso específico de las especies exóticas acuáticas, la introducción de éstas se lleva a cabo por diferentes medios de transporte como son avión, personas o buques mercantes y pesqueros, estos últimos en el agua de lastre, o por actividades económicas que no fueron debidamente realizadas.

El Sistema Nacional sobre Especies Invasoras de la CONABIO, ha identificado de manera preliminar, al menos, un total de 800 especies invasoras, que incluyen a 665 plantas, 77 peces, 10 anfibios y reptiles. Dentro de las especies de peces introducidas en nuestros mares y ríos, se encuentran a nivel nacional una gran variedad de: tilapias, carpas, truchas, bagres y lobinas, entre otras más.

La introducción de estas especies actualmente se ha transformado como una de las amenazas más críticas que enfrentan los hábitats acuáticos, desplazando y atacando a las especies nativas y la biodiversidad. Se estima que estas especies están asociadas con la extinción del 50% de especies de fauna de aguas continentales en el mundo. En el caso específico de México estudios refieren que de las 115 especies acuáticas invasoras que son consideradas de alta prioridad, 35 de éstas se encuentran distribuidas en Areas Naturales Protegidas.

Esto es importante ya que nuestro país posee una amplia gama de recursos asociados a los ambientes acuáticos, que contribuyen significativamente a las actividades productivas primarias que se desarrollan en éstos, tales como la actividad pesquera y acuícola de la cual dependen miles de familias. En la actualidad existe una gran preocupación de los actores productivos de estas actividades, sobre el impacto potencial que la introducción de estas especies está provocando a estos ambientes en detrimento de los recursos pesqueros y acuícolas.

Un ejemplo de ello son los llamados peces diablo, también conocidos como plecos “limpia peceras” o “limpia vidrios”, que desde su introducción han sido una amenaza  para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos continentales, ya que se han expandido alarmantemente en unos cuantos años y han causado grandes pérdidas materiales y económicas a las comunidades pesqueras. De acuerdo con la misma CONABIO, en el 2007 se presentó un descenso gradual en las pesquerías con pérdidas de hasta 36 millones de pesos al año y un costo social importante al dejar desempleadas o subempleados a 3,600 pescadores de diversas regiones del país3.

No obstante a que desde el 2010, se creó una estrategia nacional de especies invasoras que provee una guía para diferentes actores sociales para enfrentar estas especies nocivas; en la actualidad el problema sigue latente en diversas zonas del país, provocando pérdidas ambientales, económicas y sociales cuantiosas en perjuicio de miles de mexicanos.

Asimismo se han desarrollado programas orientados a brindar atención a esta problemática con el propósito de mitigar los impactos negativos ocasionados por las especies de peces introducidos, sin embargo aún en varias regiones se precisa de la necesidad de contar con dichos programas, además de la necesidad de abordar otros aspectos del conocimiento de la flora y fauna que son necesarios.

De igual forma el 6 de abril de 2010, se publicó en el Diario oficial de la Federación el Decreto por el cual se modificaron los artículos 80 y 85 de la Ley Genera de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los artículos 3º, frac. XVII, 27 Bis y 27 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS)4 con el propósito de incluir las especies exóticas invasoras, debido a estas modificaciones la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) será la responsable de definir las especies invasoras sujetas a regulación y expedir las normas para la prevención de la entrada de dichas especies. Sin embargo esto no ha sido suficiente para un control eficiente ya que aún esta problemática persiste.

Por otra parte las normas existentes se enfocan a la prevención y control, pero adolecen de regulación y establecimiento de medidas preventivas eficaces para la identificación y detección temprana de estas especies a pesar del monitoreo continuo de las zonas. Es por tal motivo que es apremiante que estas medidas sean modificadas y adaptadas para fortalecer las disposiciones aplicables en estos aspectos, así como orientarlas a enfoques con mayor cuidado y protección de los ecosistemas

En este sentido se precisa la necesidad de establecer una normatividad más eficiente que regule la introducción, control, manejo y ordenamiento de la introducción de especies acuáticas exóticas o invasoras de manera integral en beneficio de los actores productivos de las regiones como son la pesca y la acuacultura y de la sociedad en genera.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del Senado de la República, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Gobierno Federal para que a través de las instancias correspondientes fortalezcan las normatividad aplicable que regula la introducción, control y manejo de las especies acuáticas invasoras (exóticas) en nuestro País.

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Gobierno Federal a evaluar y encausar la estrategia nacional de especies invasoras, así como para combatir y contrarrestar los efectos nocivos de estas especies a los ecosistemas acuáticos.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.

1 Revista ciencias de la unam. “La biodiversidad en México: su conservación y las colecciones biológicas”.
En http://www.revistaciencias.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=843%3A la-biodiversidad-en-
mexico-su-conservacion-y-las-colecciones-biologicas.

2 Especies Invasoras. Biodiversidad Mexicana. (CONABIO). En
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/Invasoras/invasoras.html.

3 Revista Biodiversitas Boletín Bimestral de la CONABIO. Los Peces Diablo. En
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv70art1.pdf

4 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre. En
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Decretos/DOF2499102-2631116-20100406.pdf





 

Del Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a crear una campaña informativa de la reforma fiscal y hacendaria, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A CREAR UNA CAMPAÑA INFORMATIVA DE LA REFORMA FISCAL Y HACENDARIA, EN LA QUE SE PUNTUALICEN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AUMENTARON DE PRECIO DERIVADO DE LA ALZA DE GRAVAMENES EXISTENTES ASI COMO EN LOS NUEVOS IMPUESTOS

“Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 11 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, mejor conocido como la “Reforma Fiscal y Hacendaria”.

La Reforma Hacendaria fue presentada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el pasado 8 de septiembre de 2013 ante la Cámara de Diputados, según sus declaraciones, la iniciativa se basaba principalmente en tres objetivos: “Crear un sistema de seguridad social universal, tener un sistema tributario más justo y transparente y acelerar el crecimiento económico y la creación de empleos".1

En un inicio la Reforma Hacendaria contenía los siguientes cambios:2

• IVA a la enajenación de casa habitación. Es decir, las personas que compren un inmueble, renten o paguen hipoteca tendrán que pagar IVA sobre el valor de la vivienda. 

• Eliminar la exención en el IVA a los servicios de educación.

• Eliminar la exención al servicio de transporte público foráneo de pasajeros.

• Limitar la exención a los espectáculos públicos solo al Teatro y Circo y gravar con el IVA a los demás espectáculos.

• Permitir a las entidades federativas gravar los espectáculos distintos al cine.

• Aplicar IVA a chicles o gomas de mascar.

• Enajenación alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies.

• Gravar las importaciones temporales en la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), depósito fiscal automotriz, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico.

• Eliminar el tratamiento de tasa de 0% que prevé la ley en la enajenación de oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes.

• En el caso del ISR, se ubicará en 32% siempre y cuando el ingreso de las personas físicas sea de 500,000 pesos o más al año. Las personas con ingresos menores a esa cantidad continuarán pagando el 30%.

• Eliminar el Impuesto Empresarial de Tasa Unica (IETU) y el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE).

Impuesto a lasbebidas azucaradas y combustibles.

• Eliminar el Régimen de Consolidación Fiscal.

• Gravar las utilidades que se obtengan en la Bolsa de Valores con un 10% de impuesto.

Deducción de inversiones.

Gravar con ISR a prestaciones como los vales de despensa que se entregan en papel.
• Eliminar la posibilidad de deducir el consumo en los restaurantes.

Pensión universal.

Seguro de desempleo.

Con base en la información anteriormente planteada, fue presentada la parte técnica de la propuesta original del Ejecutivo Federal, entonces, sólo restaba concretar la parte política de dicha reforma mediante la imposición, negociación y cabildeo, con la finalidad de proteger los intereses de los grupos de poder del país, por encima de los intereses de la población.

La aprobación de la Reforma comenzó en la Cámara de Diputados, quien dictaminó que no era momento para gravar la enajenación de casa-habitación, los intereses derivados de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de casa-habitación, las comisiones que se cobran en su otorgamiento, así como el arrendamiento de vivienda”.3

En el mismo sentido, se mantuvo la exención del IVA a los servicios educativos, lo mismo que retirar la propuesta de gravar los espectáculos públicos; lo anterior por acuerdo de las principales fuerzas políticas.

En medio de críticas, advertencias y chantajes morales fue aprobada la Reforma Hacendaria, pasando desapercibidas diversas propuestas de modificación a la reforma que enriquecerían el dictamen, presentado por parte de diversos legisladores, a fin de eliminar la homologación del IVA en la frontera y pasarlo del 11 al 16 % a partir del 1 de enero de 2014, el cual, fue uno de los temas principales, debido al impacto que ocasionaría en la competencia de productos nacionales, beneficiando a los empresarios y no a la población.

Por su parte, los senadores aprobaron el documento con alrededor de 80 modificaciones; el camino de la reforma hacendaria terminó en el Congreso de la Unión con la aprobación de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 % en la frontera, así como el cobro de IVA a la comida para mascotas, la goma de mascar y el transporte foráneo de pasajeros.4

Concretando también el cobro del Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) de un peso por litro a las bebidas azucaradas, el cobro del 10 % de impuestos a las ganancias en la Bolsa de Valores y sus dividendos.

Se avaló el aumento del 5 al 8 % al gravamen a alimentos chatarra, el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 32 % a ingresos mayores a 750,000 pesos (se había aprobado ese cobro a partir de 500,000 pesos), o aumentar la deducibilidad de prestaciones del 47 al 53 %.

Otro de los cambios aprobados fue en la Ley Federal de Derechos, para que de los recursos obtenidos con el impuesto del 7.5 % con que se gravara las ganancias de las empresas mineras, el 50 % se destine a los municipios donde se asientan las minas, el 30 % a los gobiernos estatales y el 20 % a la Federación.

Es así como se pudo observar los abusos de las principales fuerzas políticas de México, aceptando y promoviendo leyes a la medida de quién las propone, sin cambios, sin justificación, que sólo dejan a un lado a la población, que como en este caso, son los más afectados con esta nueva y draconiana recaudación de impuestos.

Por Decreto presidencial los impuestos entraron en vigor el 1 de enero del presente año, pero es de cuestionarse si la ciudadanía está verdaderamente informada y conciente de estos nuevos gravámenes o tal vez sólo serán sorprendidos con nuevos costos, reduciendo su gasto.

Por su parte, el Gobierno Federal dio a conocer un simple decálogo informativo de lo que la ciudadanía debe conocer sobre la reforma hacendaria y del Servicio de Administración Tributaria; sin embargo, desafortunado resulta que estos 10 puntos son publicados solamente en el portal Internet de la Presidencia de la Republica, cuando en México existen nueve millones de hogares con una computadora, lo que equivale al 30 % de los hogares del país, es decir, el 70 % de hogares no tiene acceso a este medio de comunicación.5

Asimismo, según la encuesta elaborada por “Parametría” aplicada a 800 casos, arrojó que el 54 % no se enteró de la propuesta de reforma hacendaria que presentó Enrique Peña Nieto, y al ser cuestionados sobre algunos de los puntos que contempla la reforma hacendaria, la mayoría de entrevistados se manifestaron en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal.6

La misma encuesta hace referencia a los puntos de la reforma hacendaria con los que los mexicanos están más en desacuerdo, los cuales son: cobrar IVA a los alimentos de perros y gatos, la vivienda a quienes quieran comprar una casa o departamento, colegiaturas y el cobro de IVA a los intereses de los créditos hipotecarios, con porcentajes de rechazo de 84 % a 91 %.

Finalmente, la reforma hacendaria fue aprobada y la población tuvo como único medio para poder informarse los spots publicitarios del Gobierno Federal, desafortunadamente, el spot del Gobierno Federal solo tenía como objeto convencer a los mexicanos de que la aprobación de la Reforma Hacendaria era positiva para el país, sin informar acerca del contenido real y pernicioso de la reforma.

A pesar del discurso persuasivo que habla acerca de que esta será una reforma “social”, de grandes beneficios para la mayoría, Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México (Banxico), advirtió que la inflación general en México superará el 4.0 % en los próximos meses derivado de la reforma hacendaria, asimismo, diversos fiscalistas aseguran que la reforma hacendaria podría acabar con muchos negocios al problematizar el pago de impuestos y aumentar las tasas impositivas.

Por ello, es de cuestionarse si la población mexicana está informada respecto a los nuevos gravámenes, así como al impacto que traerá la miscelánea fiscal; muchos ciudadanos aseguran que el cambio de régimen fiscal los tiene con “un dolor de cabeza”, ya que es un tema que no alcanzan a entender del todo.

Lo anterior muestra que es necesaria una campaña informativa respecto a los nuevos impuestos, así como advertir a la ciudadanía sobre las consecuencias reales de la Reforma Hacendaria, que se explique estado por estado, municipio por municipio, los nuevos gravámenes, es decir, que se informe a la sociedad mexicana detenidamente cuáles serán los aumentos que deberá pagar, dependiendo sus gastos y compras.

Por ejemplificar, el impuesto de 8.0 % a la enajenación o importación de alimentos con alta densidad calórica, es de los más conflictivos, ya que se entienden como aquellos que tengan 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Pero es necesario hacer hincapié, que México es un país con muy poca cultura alimenticia, no se presta atención a las kilocalorías, entonces, no queda claro cuáles son esos productos; además, uno de cada cinco mexicanos vive con hambre, entonces ¿es prudente hacer énfasis en las calorías? Lo que la gente debe saber es cuales son los productos que tienen alza en su precio.7

Un ejemplo más, CNN México realizó un ejercicio para comprar diversos productos el 21 de diciembre de 2013 y el 18 de enero de 2014, adquiriendo los mismos artículos en las mismas tiendas y en diversas ciudades, con el fin de constatar el incremento en sus precios. En algunos casos se encontró que los aumentos superaron la tasa del 8 % del nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que tienen los productos con más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, pero en otros casos el alza de precios fue inferior al 8 %.8

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) dio a conocer el retiro de carteles en tiendas de autoservicio que contenían información errónea acerca de los productos que causan IVA e IEPS y de las tasas aplicables, con motivo de la entrada en vigor de la reforma fiscal.9

En distintas redes sociales se difundió la fotografía de cartulinas con información que indicaba que: “El primero de enero se actualizarán los precios de los productos con el nuevo impuesto, y que ello aplica a toda la tienda (electrónica, hogar, papelería, ferretería, etc)”. La PROFECO aclaró en un comunicado de prensa que la reforma no afecta a los precios de todos los productos.

Entonces, ¿qué productos si afecta el alza de impuestos y en cuáles no? Lo anterior muestra la clara confusión del aumento de precios, la gente no entiende y no acepta la Reforma Hacendaria, los únicos perjudicados siguen siendo los que menos ingresos tienen, por ello, es urgente implementar una campaña explicativa de los nuevos gravámenes, a fin de entender esta alza injustificada de precios derivado del alza de impuestos arbitrariamente aprobados.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a:

a) Crear una campaña informativa de la Reforma Fiscal y Hacendaria, en la que se puntualicen los productos y servicios que aumentaron de precio derivado de la alza de gravámenes existentes así como en los nuevos impuestos.

b) Implementen asesorías, foros y cursos de actualización a fin de que se informe detalladamente en qué consiste esta reforma estructural.

c) Explique a la ciudadanía en qué se va emplear el dinero que se va a recaudar por concepto de cobro de impuestos.

Dado en el salón de sesiones a los 25 días del mes de febrero de 2014”.

1 Economía. Videgaray entrega iniciativa hacendaria [en línea]. CNNExpansión. México. Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/09/08/congreso-recibe-paquete-economico [consulta 30 de enero de 2013].

2 Redacción ADN Político. La reforma hacendaria de Peña Nieto, punto por punto [en línea]. ADN Político. México. Disponible en: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/09/08/la-reforma-hacendaria-de-pena-nieto-punto-por-punto [consulta 31 de enero de 2013].

3 Isabel Mayoral Jiménez e Imelda García. La Comisión de Hacienda aprueba dictamen sin IVA a colegiaturas y rentas [en línea]. CNN México. México. 2013. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/10/17/diputados-dictamen-pena-nieto-reforma-fiscal-colegiaturas-iva [consulta 24 de Febrero de 2014].

4 García Imelda. El Poder Legislativo aprueba los nuevos impuestos para 2014 [en línea]. CNN México. México. 2013. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/10/31/el-poder-legislativo-aprueba-los-nuevos-impuestos-para-2014 [consulta 24 de Febrero de 2014].

5 Notimex. 42 millones con pc y 37 con Internet, en México: INEGI [en línea]. El Universal.  México. 2012. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulos/72560.html [consulta 24 de Febrero de 2014].

6 Parametría. Reforma hacendaria [en línea]. Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4586 [consulta 24 de Febrero de 2014].

7 González Amador Roberto. México, con 3.1 millones de nuevos pobres [en línea]. La Jornada. México. 2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/02/20/politica/002n1pol [consulta 24 de Febrero de 2014].

8 Redacción CNN México. ¿El impuesto a la comida 'chatarra' impacta en los precios? [en línea]. CNN México. México. 2014. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/27/el-impuesto-a-la-comida-chatarra-impacta-en-los-precios [consulta 24 de Febrero de 2014].

9 Rodríguez Darinka. Alzas y nuevos impuestos de 2014 ya pegan [en línea]. El Financiero. México. 2014. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/no-te-lo-pierdas/139-no-te-pierdas/48562-alzas-y-nuevos-impuestos-de-2014-ya-pegan.html [consulta 24 de Febrero de 2014].





 

Del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se propone que la representación de los Senadores en los estados del país contribuyan en la difusión del documento “cartilla de información básica para la localización de menores”, que se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONELA REPRESENTACION DE LOS CIUDADANOS SENADORES EN LOS ESTADOS DEL PAIS A TRAVES DE SUS OFICINAS DE ENLACE, A EFECTO DE CONTRIBUIR EN LA DIFUSION DEL DOCUMENTO “CARTILLA DE INFORMACION BASICA PARA LA LOCALIZACION DE MENORES” IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALERTA AMBER.

“El suscrito, Senador JESUS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONELA REPRESENTACION DE LOS CIUDADANOS SENADORES EN LOS ESTADOS DEL PAIS A TRAVES DE SUS OFICINAS DE ENLACE, A EFECTO DE CONTRIBUIR EN LA DIFUSION DEL DOCUMENTO “CARTILLA DE INFORMACION BASICA PARA LA LOCALIZACION DE MENORES” IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALERTA AMBER; lo anterior al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Alerta AMBER, es un programa para recuperar a menores de edad desaparecidos, extraviados o sustraídos. Es un esfuerzo internacional que organiza para su coordinación, a instituciones, sociedad civil y medios de comunicación para localizar a niños y adolescentes.

El programa surgió en 1996, luego del secuestro y asesinato de la niña de 9 años llamada AMBERHAGERMAN, en Arlington, Texas. La Comunidad y la radio local acordaron emitir alertas inmediatas cuando un menor desapareciera para poder localizarlo lo más pronto posible. En 2002 el entonces presidente, George W. Bush, firmó el decreto para convertirlo en programa nacional.

El programa se emplea en Alemania, Australia, Canadá, EUA, Puerto Rico, Francia, México, Reino Unido, Países Bajos. El 2 de mayo de 2012, se implementó en México. Es el primer país latinoamericano en adoptarlo y el décimo a nivel mundial.

Las estadísticas en México demostraron que el programa arrojó buenos resultados durante el año 2013, pues según información dada a conocer por el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en 2013 se emitieron 202 alertas Amber y se logró rescatar a 118 niños, niñas y adolescentes. La rapidez con que se activa es fundamental, pues a partir del programa la política ya no es esperar 48 o 72 horas para una alerta, sino que se emita inmediatamente. La idea es localizarlos en ese plazo.

En noviembre de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó el protocolo de ALERTA AMBER en México, mediante el cual se cuenta con coordinadores estatales en las 32 entidades federativas a través de las procuradurías y fiscalías generales de justicia, que complementan su actividad y coordinación con los enlaces en cada una de las delegaciones de la PGR en las mismas entidades.

El protocolo aplicará mediante criterios de activación cuando se trate de una persona menor de 18 años que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de ausencia, desaparición, no localización o cualquier circunstancia que haga presumir la comisión en territorio nacional del delito de trata de personas, secuestros u otro ilícito.
Entre las acciones, se intercambia información del menor con otras autoridades, se envía a medios de comunicación, organizaciones civiles de niños desaparecidos y empresas de transporte para evitar un traslado.

Está coordinado por la PGR, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Províctima y la Secretaría de Gobernación.

La Alerta puede ser activada mediante llamado a un número telefónico 01800 00 854 00 o por un reporte de desaparición. Además, se implementaron cuentas en las redes sociales para dar difusión a las alertas en estos valiosos medios.

Ahora bien, con la intención de fortalecer el programa ALERTA AMBER, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció la implementación de herramientas precautorias, como información que los padres deben ir guardando sobre sus hijos, por si llegasen a sufrir una situación de desgracia por sustracción o extravío de menores. Se trata de una especie de cartilla, en la que se asientan datos importantes para la localización de un menor, por mencionar algunos, las señas particulares, la foto actualizada, el tipo de sangre, cuanto mide, y algo muy importante, el documento explica cómo pueden los padres guardar información genética de sus hijos que puede ser fundamental para la búsqueda.

Es un documento elaborado por la Procuraduría General de la República, a manera de tríptico que además de mostrar información preventiva, también cuenta con espacios de vaciado de información, de manera que ésta pueda ser actualizada periódicamente para contar de manera ágil con lo necesario para facilitar la búsqueda y localización de un menor.

Es una cartilla muy útil, con datos básicos, bien planeada y estructurada, que la Procuraduría General de la República ha estado difundiendo. Ahora es fundamental en esas tareas de difusión, que el documento pueda llegar al mayor número de padres posibles, de manera tal que, además de conocer el programa ALERTA AMBER, puedan tomar notas preventivas y guardar la información básica necesaria para una eventual necesidad de búsqueda de sus hijos.

Definitivamente, ésta y todas las acciones que se realicen para el cuidado y protección de nuestros menores son merecedoras de especial reconocimiento, como también, merecedoras de que el resto de instituciones públicas y de la sociedad civil contribuyamos a que logren el máximo de resultados. Para el caso de la referida cartilla de datos del programa Alerta Amber, considero que el Senado de la República puede estar en condiciones de contribuir, tomando en cuenta la representación que cada uno de los ciudadanos Senadores tiene en sus estados, como lo es incluso, a través de las “oficinas de Enlace”, que prácticamente existen en todas las entidades federativas.

Sugerencia que me permito compartir a este Pleno, para proponer a su consideración, la contribución del Senado de la República en la difusión de dicha cartilla, independientemente de las instancias de coordinación con las que el “Programa Alerta Amber” cuenta.

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

UNICO.- El Senado de la República, con la intención de participar en las medidas preventivas que se realizan en materia de cuidado y protección de los menores de edad en el marco del Programa “ALERTA AMBER”; pone a la disposición de la Secretaría de Gobernación, a través de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y de la Procuraduría General de la República, la representación de los ciudadanos Senadores en los estados del país, a efecto de contribuir en la difusión del documento o “cartilla de información básica para la localización de menores”, con la finalidad de que dicho documento llegue al mayor número de padres de familia posible, como una forma para dar a conocer el Programa en sí, como la necesidad de tomar medidas de prevención para el cuidado de nuestro menores.

Suscribe

Sen. Jesús Casillas Romero”.





 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Adriana Dávila Fernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social un informe respecto al estado que guardan la atención de las mujeres en estado de gravidez en la clínicas y hospitales de dicho instituto, especialmente en el estado de Oaxaca, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNINFORME DETALLADO RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDAN LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN LA CLINICAS Y HOSPITALES DE DICHO INSTITUTO, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ESPECIALMENTE EN EL ESTADO DE OAXACA.

“Las que suscriben, Senadoras MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ y ADRIANA DAVILA FERNANDEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II,  114, 119,  121, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para SOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UN INFORME DETALLADO RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDAN LA ATENCION DE LAS MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN LA CLINICAS Y HOSPITALES DE DICHO INSTITUTO, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ESPECIALMENTE EN EL ESTADO DE OAXACA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dentro de toda política gubernamental se deben establecer diversas estrategias, políticas y acciones para otorgar a los ciudadanos un mejor acceso a los servicios de salud a nivel federal y en las entidades federativas de nuestro país. Pues ello constituye un derecho constitucional que no puede ser tratado con ligereza por ningún gobierno y mucho menos con los grupos vulnerables en los que el Senado de la República ha tenido constante atención en su protección.

En efecto, el artículo 2o., Apartado B, fracción III Constitucional establece con claridad el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, asimismo establece que la  Federación,  los Estados y los Municipios, deberán promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Asimismo, se establece el aseguramiento al acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

Por otra parte, el artículo 4º. De la Carta Magna prevé el derecho a la protección de la salud, esto constituido por los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en donde en su artículo 25 se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

En suma, los tres niveles de gobierno tienen la obligación de proporcionar servicios de salud adecuados y sobre todo para atender las emergencias médicas de forma rápida, eficaz y oportuna, situación que lamentablemente no ha sucedido en el estado de Oaxaca, pues ya en repetidas ocasiones desde el año pasado, se han venido presentando en diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un  ejemplo lo tenemos en el incidente suscitado el día 6 de febrero en la clínica número 2 del puerto de Salina Cruz, en donde se negó el servicio médico a una menor de 16 años lo que derivó en que diera a luz en el interior de un auto compacto, sin ninguna medida de higiene apropiada para estos casos. Incluso, se dice que la exdirectora de la clínica fue denunciada por las personas que se encontraban en el área de urgencias, pues estaba viendo una telenovela cuando fue informada del alumbramiento. El caso más reciente sucedió el pasado 13 de febrero en la Clínica del IMSS del municipio de Matías Romero también  en el estado de Oaxaca, en donde  una joven perdió a su hija dentro de su vientre, por falta de atención medica  tras una agónica  espera de cinco horas en la citada clínica.

Es lamentable que sólo en el estado de Oaxaca se hayan dado cinco casos similares en clínicas y hospitales del sector salud, por lo que resulta preocupante que esta situación, con independencia de que se haya sancionado a los servidores públicos y se haya impuesto una multa de 100 mil pesos al gobierno de Oaxaca por la COFEPRIS, también lo es que estas medidas resultan insuficientes para asegurar un acceso a los servicios de salud con calidad, infraestructura suficiente y un trato digno por parte del personal médico adscrito a los servicios de salud.

Es indudable que el gobierno de Oaxaca debe reestructurar su sistema de salud, pero también cambiar la mística de servicio del personal médico y atender con especial énfasis los problemas que aquejan a la población indígena y de cualquier usuario en materia de salud, para que con ello se cumpla lo previsto en los instrumentos jurídicos internacionales y en la Carta Magna en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores de Acción Nacional, preocupados por propiciar condiciones adecuadas de acceso a la salud en nuestro país y especialmente en el estado de Oaxaca, sometemos a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que remita a esta Soberanía un informe detallado respecto del estado que guardan la atención de las mujeres en estado de Gravidez en las clínicas y hospitales de dicho Instituto, en las Entidades Federativas, especialmente en el estado de Oaxaca.

Dado en el Senado de la República a 4 de marzo de 2014.

Sen. María del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Adriana Dávila Fernández”.





 

De los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco y Juan Carlos Romero Hicks, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública el respeto a lo firmado entre la Secretaría de Educación Pública y los diversos subsistemas educativos de fecha 14 de mayo de 2013, que se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL RESPETO A LA MINUTA FIRMADA ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y LOS DIVERSOS SUBSISTEMAS EDUCATIVOS DE FECHA 14 DE MAYO DE 2013.

“Los que suscriben Senadores FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, RAUL MORON OROZCO, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Integrante, Secretario y Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1. fracción II; 76.1 fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP) EL RESPETO A LA MINUTA FIRMADA ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y LOS DIVERSOS SUBSISTEMAS EDUCATIVOS DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El 14 de mayo del 2013,la Secretaria de Educación Pública(SEP) firmó la minuta de acuerdos para la “Revisión salarial para el periodo del 1 de febrero del 2013 al 31 de enero del 2014, y de prestaciones sociales y económicas para el periodo del 1 de febrero del 2013 al 31 de enero del 2015”, para el Personal Docente, No Docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación adscrito a los siguientes Subsistemas: Educación Superior Tecnológica, Educación Tecnológica Agropecuaria, Educación Tecnológica Industrial, Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, Centros de Estudios de Bachillerato, Escuela Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, Escuela Superior de Educación Física, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Educación Normal en el D.F., Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y Universidad Pedagógica Nacional en el D.F.

En dicha minuta por la Secretaria de Educación Pública firmaron el Mtro. Gustavo Nicolás Kubli Albertini, actualmente Oficial Mayor de la SEP; Mtro. Carlos Santos Ancira, actualmente Director General de Bachillerato de la SEP; Lic. Karla Raygoza Rendón, actualmente Directora General de Recursos Materiales de la SEP; el Dr. Jaime Hugo Talacon Escobedo, actualmente Director General de Profesiones de la SEP; Dr. Cesar Turrent Fernández, actualmente Director General de de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) de la SEP; Mtro. José Luis Cárdenas Palma; Lic. Daniel Avila Fernández actualmente Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la SEP; Lic. Claudia América Enríquez Vega, actualmente Directora General Adjunto de Presupuesto y Normatividadde la SEP; Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez, actualmente Director General de Educación Superior Tecnológica de la SEP; y la Lic. Claudia Paz González, Directora de Enlace y Seguimiento de Acuerdos con Organismos Sectorizados.

De dicha minuta se desprendieron diversos acuerdos, determinados en los rubros y numerales específicos: de I. Salario (2 puntos), II. Prestaciones Sociales y Económicas (5 puntos), III. Desarrollo Laboral y Profesional Permanente de los Trabajadores de la Educación (25 puntos), IV. En Materia de Subsistemas Transferidos (5 puntos).

En estos compromisos en especial del acuerdo contenido en el numeral “III. Desarrollo Laboral y Profesional permanente de los trabajadores de la educación” se especifica en el número décimo segundo de manera clara sobre las plazas de nueva creación y las vacantes por jubilación, renuncia, defunción o incapacidad total y permanente del Personal Docente de carrera y por hora-semana-mes, así como las del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y No Docente de los Subsistemas del Sector Central del Modelo de Educación

Media Superior y Superior, de los Subsistemas Escolares firmantes, a las Comisiones Dictaminadoras de los planteles, para evitar que se queden sin docente los grupos, y que los docentes y trabajadores puedan ejercer sus derechos devengados, incluido los de seguridad social, en este sentido este punto señala literalmente:

“12.- La SEP manifiesta que las plazas de nueva creación y las vacantes por jubilación, renuncia, defunción o incapacidad total y permanente del Personal Docente de carrera y por hora-semana-mes, así como las del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación y No Docente de los Subsistemas del Sector Central del Modelo de Educación Media Superior y Superior, se ocupen en los términos de la Normatividad Laboral vigente, utilizándose en primer término para atender las necesidades de promociones internas del plantel, compactaciones y regularizaciones, así como las nuevas contrataciones, con base en el dictamen de la Comisiones Dictaminadoras de los Planteles. El último recurso disponible podrá ser utilizado fuera del plantel y de acuerdo a las necesidades académicas de cada Subsistema, para la atención de la matrícula en los planteles y del servicio en los centros de trabajo”.

En contravención al acuerdo y numeral citado, se han emitido las circulares: C.A.No. 189/13 de fecha 2 de diciembre del 2013 y la 220(4)009/2014 de fecha 13 de enero del 2014, ambas firmadas por el C.P. Jorge A. Trejo Chávez, Coordinador Administrativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, dependiente de la Subsecretaria de Educación Media Superior, misma que establecen disposiciones contrarias a dichos acuerdos pese a la diferencia jerárquica normativa entre la minuta y las circulares, y que generan conflictos contrarían de manera retroactiva la vigencia y contenidos de dicho acuerdo, firmado por personal de esa Secretaria, referido líneas atrás.

Por la vía de los hechos las circulares citadas y las disposiciones contenidas contienen criterios en perjuicio personal de profesores en activo y de alumnos, suspendiéndose el proceso de las Comisiones dictaminadoras de los planteles, generando problemas graves y complejos, al no dictaminarse las plazas vacantes por los procesos de jubilación, renuncia, defunción, o incapacidad total y permanente, esto genera grupos de alumnos sin docentes y la arbitrariedad de la Dirección General quien deja sin efecto las Comisiones Dictaminadoras de los planteles, para imponer maestros al margen de los acuerdos consagrados en la minuta referida, trayendo como consecuencia la inconformidad de los docentes e inestabilidad de los planteles.

Solicito respetuosamente que este punto de acuerdo por las condiciones que el caso amerita, sea consultado a la Asamblea, a efecto de que se apruebe como asunto de urgente resolución, para ser discutido y en su caso aprobado por el Pleno en esta misma sesión.

Por lo anterior, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: EL SENADO DE LA REPUBLICA EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA (SEP) PARA CUMPLIR CON LOS ACUERDOS FIRMADOS EN LA MINUTA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013 POR EL QUE SE ESTABLECIO LA “REVISION SALARIAL PARA EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014, Y DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2013 AL 31 DE ENERO DEL 2015”,SUPERVISE Y EN SU CASO CORRIJA LAS DISPOSICIONES, OBJETIVOS Y APLICACION DE LAS CIRCULARES CONTARIAS A DICHO ACUERDO, DEBIENDO INFORMAR LO RESUELTO A ESTA SOBERANIA.

Dado en el salón de sesiones a 4 de marzo de 2014.

Suscriben:

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo.- Sen. Raúl Morón Orozco.-
Sen. Juan Carlos Romero Hicks”.





 

De la Senadora Sonia Mendoza Díaz, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados de la República y al del Distrito Federal a cumplir con los compromisos derivados de la firma del Convenio de Cooperación para la Implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se turna a la Comisión de Derechos Humanos.







 

Del Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a desarrollar programas que promuevan el reconocimiento de las comunidades afromestizas mexicanas, que se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A DESARROLLAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES AFROMESTIZAS MEXICANAS.

“El que suscribe, Senador RenE JuArez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo, que se fundamenta en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Nunca antes en la historia de México sino hasta la década de 1940, el Gobierno tomó la iniciativa de documentar la historia y situación contemporánea de las personas afrodescendientes a través del Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación a cargo del antropólogo Manuel Gamio.

En estos tiempos destacan también las investigaciones de Gonzalo Aguirre Beltrán, pionero en los estudios etnohistóricos de la población africana y afrodescendiente en México. Su obra se publicó por primera vez en 1946.

Aguirre Beltrán demostró la importancia económica, social y cultural de esa población durante el periodo virreinal en México. En obras posteriores también llamó la atención sobre las características de las comunidades afrodescendientes que seguían teniendo rasgos y expresiones culturales que recordaban el pasado que la población mexicana compartía con las culturas africanas.

Este destacado investigador explica que los primeros habitantes negros esclavos que llegaron a la Nueva España entraron principalmente por Veracruz y Acapulco. Asimismo, a través de sus investigaciones se tiene documentado que la población negra en el país provenía de 110 culturas o naciones de Africa, siendo las más representativas la Bantú y la Yoruba.

Desde entonces, el acervo cultural mexicano se enriqueció a través de su lengua, gastronomía, artes plásticas, medicina tradicional, religión, música y danza.

No obstante, diversos estudios han destacado que la preocupación central de los políticos e intelectuales del siglo XIX y la primera mitad del XX fue definir la identidad de los “mexicanos” en el nuevo proceso de construcción de la nación, en el que se formula y consolida la idea de que México es una nación mestiza, considerada principalmente, fruto de la mezcla entre indígenas y españoles.

Este nuevo proyecto de nación menospreció la participación de las personas africanas y afrodescendientes en la historia y el presente del Estado mexicano.

Es de destacar, que muchos afrodescendientes como Morelos, Vicente Guerrero o Juan Alvarez, fueron figuras esenciales de la lucha de Independencia y, aunque sus nombres y participación son reconocidos en la historia de México, poco o nada se dice sobre su ascendencia africana. La independencia abolió la esclavitud y promulgó la igualdad de todos los mexicanos sin distinciones. Sin embargo, paradójicamente el nuevo proyecto de nación menospreció la participación de las personas africanas en la historia y el presente de la nueva nación mexicana.

Diversos estudios sostienen que el concepto de “mestizaje”, como elemento aglutinador que pretendía resaltarse para impulsar la creación de una nación homogénea y como parte de un proyecto económico y político que a su vez permitiera solucionar los problemas internos de México, estuvo influenciado por ideologías racistas contenidas en los postulados de la Ilustración y posteriormente en el liberalismo de los siglos XVIII y XIX, que siempre estuvieron ligadas a consolidar los intereses económicos europeos alrededor del mundo.

Al respecto, los antropólogos Gonzalo Aguirre Beltrán y Gabriel Moedano han señalado que en México se ha omitido reconocer y valorar el aporte de las culturas africanas que contribuyeron a la conformación de la cultura nacional, debido principalmente a un racismo implícito y explícito vinculado a la idealización y exaltación mística del mundo mexica enmarcado en la concepción nacionalista posrevolucionaria que comprende a la cultura mexicana como producto de la mezcla entre el mundo prehispánico y las culturas ibéricas.

A partir de la iniciativa gubernamental, pero sobre todo por los trabajos de historiadores y antropólogos mexicanos y extranjeros, se ha logrado documentar, explicar y comprender las experiencias de los africanos y afrodescendientes en el pasado, así como las características de estas poblaciones y comunidades del presente.

Estas investigaciones han demostrado, entre otras cosas, las contribuciones de las personas africanas y sus descendientes en la formación de regiones como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, Colima, Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas o la Ciudad de México.

Cabe destacar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacan que los afrodescendientes representan entre el 20 y 30 % de la población en América Latina, sin embargo en su mayoría experimentan niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social y continúan enfrentando una severa discriminación en todos los órdenes.

En México, los índices de marginalidad se reflejan particularmente en Guerrero, Oaxaca, Tabasco o Veracruz, que son las entidades con mayores asentamientos de personas afrodescendientes.

El artículo 2º constitucional reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de la nación, y otorga el goce de derechos diferenciados sobre todo a los pueblos indígenas. Sin embargo, para estás comunidades y muchas otras minorías en el país, persiste el acceso inequitativo a la justicia y la igualdad como resultado de un histórico desdén hacia los grupos cultural o fenotípicamente diferenciados, a decir de historiadores, antropólogos e investigadores.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha concentrado en la creación de instrumentos internacionales de derechos humanos para el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas. Asimismo, en la prohibición de cualquier tipo de discriminación en razón de apariencia, tono de piel, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Al respecto, este organismo internacional ha propiciado espacios de reflexión y diálogo con la intención de identificar las causas, manifestaciones y efectos que provocan la discriminación y el racismo.

Las políticas del Estado mexicano han centrado su interés exclusivamente en las comunidades indígenas omitiendo a los afrodescendientes del panorama político nacional, pues se tenía la creencia de que las poblaciones con ascendencia africana-antes dispersas por todo el territorio nacional se diluyeron mezclándose con el resto de la población hasta desaparecer debido a una integración tan efectiva que resultaba imposible distinguirlas. Esto provocó que se perdiera el origen e identidad afromestiza.

Una de las bases necesarias para lograr el reconocimiento jurídico de los pueblos afrodescendientes es contar con información básica sobre su ubicación, características socio-demográficas y sobre sus dinámicas identitarias. Sin embargo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) no cuenta con datos específicos y suficientes de los afromestizos en México, ya que en cada censo se cuantifican como indígenas y sin hacer la distinción por cuanto a sus necesidades caracterizadas por una notable heterogeneidad, tanto por razones de ubicación geográfica (en zonas urbanas y rurales, localidades pequeñas y metrópolis), como por las relaciones establecidas con otros grupos sociales.1

En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en el 2011 “El año internacional de los afrodescendientes”, que busca fomentar la integración de los afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, así como promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura.2 Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1999 y se celebró por primera vez el 21 de febrero del año 2000.

Como marco de referencia socio-político, en su composición social, el Estado de Guerrero, junto con los estados de Oaxaca, Puebla y Chiapas son de las entidades con mayor diversidad cultural de la República Mexicana. Pese a ello, en los indicadores de desarrollo humano, son las entidades con mayor rezago social.

En el estado de Guerrero, comparten espacios y territorio miembros de cinco pueblos: cuatro de origen mesoamericano, nahuas (nauas), mixtecos (tuu sávi), tlapanecos (me’ paa), amuzgos (ñon daa nancua); y el pueblo de origen afro o afrodescendiente. El argumentando que expone el pueblo afrodescendiente que habita el territorio del Estado de Guerrero es que su presencia como grupo social con identidad propia, también es producto de un proceso de conquista y colonización, por lo cual y como lo estipula el derecho internacional para pueblos originarios, tienen derecho a ser considerados como pueblo y originarios de nuestra nación, no obstante que su raíz no esté ubicada en el territorio que actualmente habitan.

En lo que se refiere a los fundamentos legales para sustentar una política del reconocimiento hacia el pueblo afrodescendiente en las diferentes entidades de la República Mexicana donde existe presencia de este grupo social podemos considerar en el ámbito internacional, conjuntamente con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También está la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.3

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTOS DE ACUERDO

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a desarrollar programas que promuevan el reconocimiento de las comunidades afromestizas mexicanas, tales como: la preservación de su identidad, sus tradiciones, costumbres, conocimientos y todos los elementos que contribuyan a fortalecer y desarrollar su cultura y su patrimonio cultural material e inmaterial.

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a promover ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el reconocimiento de los aportes culturales de las comunidades africanas en las tradiciones mexicanas y en la construcción de la nacionalidad y la identidad mexicana.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a que reformule las metodologías de encuesta para calcular con precisión la población afromestiza en nuestro país, su ubicación geográfica, así como sus necesidades, con el objeto de que el Gobierno Federal pueda, a partir de esta información, formule políticas públicas específicas que ayuden mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes febrero de 2014.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas “Informe final de la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes de México”, México 2012.

2 Organización de las Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/events/iypad2011/global.shtml.

3 Op. Cit. 1





 

De las Senadoras María del Pilar Ortega Martínez y Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el avance en las investigaciones para localizar al ciudadano franco-americano Harry Devert, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONDUCTO DEL COMISIONADO PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTREGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN PARA EL EFECTO DE QUE INFORME SOBRE EL AVANCE EN LAS INVESTIGACIONES PARA LOCALIZAR AL CIUDADANO FRANCO AMERICANO HARRY DEVERT.

“Las que suscriben, Senadoras MARIA DEL PILAR ORTEGA MARTINEZ  y LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II,  114, 119,  121, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION POR CONDUCTO DEL COMISIONADO PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN PARA EL EFECTO DE QUE INFORME SOBRE EL AVANCE EN LAS INVESTIGACIONES PARA LOCALIZAR AL CIUDADANO FRANCO AMERICANO HARRY DEVERT, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el marco de las acciones en materia de seguridad, realizadas con motivo de la inseguridad que impera en el Estado de Michoacán, el gobierno federal, ha tomado las riendas en cuanto a las labores de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en esa entidad federativa con el fin de abatir la delincuencia y regularizar las autodefensas –por cierto situación que se encuentra en tela de juicio y que me pronunciare en el futuro sobre dicha acción. En las últimas semanas se han trasladado las fuerzas federales constituidas por elementos de la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano, todo ello para auxiliar a las autoridades locales en los rubros antes mencionados.

En este sentido, las labores de vigilancia y re-establecimiento del estado de Derecho constituye uno de los pendientes tanto del gobierno del estado como de la Federación, debido a que las acciones encaminadas a reconstruir el tejido social no son en nada fáciles para cualquier autoridad gubernamental y mucho menos que abarque todos los ámbitos de la seguridad en una determinada demarcación pues se necesita de una estrategia integral para así proteger como se debe a la población y a los agentes económicos que han sido mermados por la incipiente ola de violencia e inseguridad que todos conocemos en el estado de Michoacán.

Es de todos conocido por las redes sociales y los noticieros de la desaparición en el estado de Michoacán del ciudadano franco americano Harry Devert, persona que pretendía cruzar nuestro país para dirigirse a Brasil y asistir al Campeonato Mundial del Fútbol, sin embargo este asunto no podría tener mayor relevancia con respecto a las múltiples desapariciones que existen en nuestro país, sino porque la última vez que se tuvo contacto con el ciudadano americano informó a sus familiares que estaba siendo escoltado por miembros de la policía federal o militares, pues se encontraba en una zona riesgosa por la violencia en esa entidad federativa.

En este sentido, es necesario que el titular de la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía en primer lugar, sobre las acciones que se han implementado con el fin de ubicar y localizar al ciudadano americano Harry Devert, en el estado de Michoacán; y, en segundo término, informe de igual manera sobre las acciones de coordinación que se han implementado en la entidad federativa con el fin de conocer cuales servidores públicos de la Policía Federal o del ejército fueron los que escoltaron al señor Devert, hasta qué punto lo escoltaron y cuál fue su última ubicación, pues solamente existe el indicio de esta acción, -al menos eso pensamos-y por el contrario no existe una certidumbre en la actuación de los supuestos elementos que participaron y tuvieron conocimiento de la ubicación del ciudadano americano a que nos hemos referido.

Por todo lo anterior, se hace evidente que la estrategia implementada por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán dista mucho para acabar con la violencia en el estado, y por el contrario, se presupone una falta de coordinación entre las autoridades a que se refiere el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2014 en donde se establece lo siguiente:

“PRIMERO.-El presente Decreto tiene por objeto instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para implementar las estrategias y ejecutar las acciones necesarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para la seguridad y el desarrollo integral en el Estado de Michoacán, de conformidad con los ordenamientos legales y administrativos aplicables”.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores de Acción Nacional, preocupados por propiciar las correspondientes estrategias de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno con el fin de reestablecer la seguridad en el estado de Michoacán y en todo el país, sometemos a consideración de ésta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación por conducto del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán para el efecto de que informe sobre el avance en las investigaciones para localizar al ciudadano franco americano Harry Devert.

Dado en el Senado de la República a 4 de marzo 2014.

Sen.- María Del Pilar Ortega Martínez.- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa”.





 

De la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de los consultorios médicos, clínicas y hospitales ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos, que se turna a la Comisión de Salud y Educación.

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LAPROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) Y AUTORIDADES DE SALUD A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIOS MEDICOS, CLINICAS Y HOSPITALES, ANTE LA PROLIFERACION DE PERSONAS QUE SE OSTENTAN CON TITULOS FALSOS COMO MEDICOS.

“María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente existe una proliferación de consultorios, clínicas y hospitales que funcionan en prácticamente todo el país sin ningún tipo de control sanitario o verificación por parte de autoridades federales, estatales y municipales, sobre las normas de higiene, equipamiento y lo más grave, sin conocer si el personal que ahí labora cuenta con los títulos que los acrediten como médicos, enfermeras, anestesiólogos y otras especialidades.

Hay colonias populares en la Ciudad de México, pero también en otras entidades como la zona conurbada del estado de México y otras entidades, donde existen pequeñas clínicas donde proliferan quienes se ostentan como médicos y que ejercen esa profesión sin ningún tipo de control, utilizando en algunos casos cartas de pasantes o títulos falsos.

Es preocupante que en esas clínicas y hospitales te encuentras con que ofrecen el servicio de cardiólogos, cirujanos, pediatrías, ginecólogos, nutriólogos, oncólogo y otras especialidades y resulta que quien ofrece las consultas es el mismo “doctor” lo cual es imposible y sólo evidencia el fraude que ahí se comete con toda impunidad y riesgos para los pacientes.

Sumado esa situación se han multiplicado en la última década las farmacias que ofrecen el servicio de consultorios médicos con bajos costos en las consultas, pero con la condicionante de que tienen que comprar ahí mismo las medicinas o realizarse estudios de laboratorio.

Al margen de que esta nueva modalidad de farmacias-consultorios, es en muchas ocasiones para grandes sectores de la población una forma de enfrentar la ausencia de seguridad social, ya sea vía el ISSSTE, IMSS o los servicios estatales de salud y mucho menos seguros de gastos médicos en hospitales privados, debe existir un mayor control sobre el personal que labora en esos consultorios.

Se calcula que en la última década en México se ha desarrollado un esquema de consultorios ubicados a un lado de farmacias, que se ha convertido en un sistema de salud privado alterno que ofrece 9.7 millones de consultas mensuales y que atiende a 8 por ciento de la población.

En promedio cada día el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece alrededor de 500 mil consultas; el ISSSTE 50 mil 500, mientras que los consultorios con farmacias ofrecen unas 325 mil diarias.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entre 2010 y 2013 las farmacias con consultorio crecieron en 197 por ciento.

Para 2010 había 4 mil 370, un año después aumentaron a 6 mil 611; en 2012 sumaron 10 mil, y al término de 2013 eran 13 mil. En México existen 28 mil farmacias, de las cuales 13 mil, es decir el 46.42 por ciento del total cuentan con consultorio.

Para las autoridades sanitarias, el grado de penetración en la población que acude a estos consultorios es de tal magnitud que, en promedio, cada consultorio atiende entre 25 y 35 pacientes por día. Estos 13 mil consultorios ofrecen unas 325 mil consultas diarias y se estima que emplean aproximadamente 32 mil 500 médicos profesionales de la salud.

Cabe recordar que el artículo 5º de la Constitución expresa que profesión “es aquella ocupación u oficio que requiere estudios especiales y una declaración de carácter público de que se han cursado y aprobado”.

Si bien es necesario fortalecer el marco legal para erradicar y sancionar a quienes se ostentan no sólo como profesionales de la salud, sino de otras áreas como el derecho, ingeniería, periodismo, el magisterio o la contaduría, entre otras áreas, se requieren acciones urgentes y prácticas en el ámbito de la medicina, sobre todo porque quienes recurren a estos servicios son la población de menores ingresos y que carecen de seguridad social.

A la par de ello, son necesarios mayores controles y transparencia en los registros de profesiones, sobre todo de áreas sensibles como la medicina, para que la Secretaría de Educación Pública, las universidades públicas y privadas, tengan sitios de Internet donde se pueda consultar sí realmente una persona es egresada de una universidad, si tiene tal título o una o varias especialidades.

Con ello se podrían evitar el fraude y riesgo a la salud, incluso a la muerte, a la que son sometidos diariamente miles de mexicanos que carecen de seguridad social y de seguros de gastos médicos, por lo que tienen que recurrir a esas pequeñas clínicas y hospitales que funcionan prácticamente sin ningún tipo de control o vigilancia por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

Es urgente que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la propia Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) realicen campañas de concientización entre la población y operativos sobre todo en clínicas y hospitales donde se tengan denuncias o sospechas de negligencia.

Sumado a eventuales reformas al Código Penal Federal para establecer sanciones más severas a quienes falsifiquen títulos, a quienes los ostenten y a quienes contraten personas a sabiendas de que los grados o especialidades son falsos.

Tan sólo en Morelos, en el año 2013, el Sector Salud detectó 44 falsos médicos, algunos de los cuales tenían cargos directivos. Sin embargo, a pesar de haber cometido el delito de falsificación de documentos, fraude y violado la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, los Servicios de Salud de esta entidad sólo pidieron una disculpa y no hubo sanciones penales.

Ante ello, presento al Pleno del Senado de la República la siguiente proposición con Punto de Acuerdo para:

UNICO: Exhortar al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y autoridades del Sector Salud a nivel Federal, Estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, sobre todo en zonas urbano-populares y rurales, ante la proliferación de personas que se ostentan como médicos o con especialidades en diversas áreas de la salud.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 4 de marzo de 2014.

Sen. María Verónica Martínez Espinoza”.





 

Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Coahuila a demostrar ante la opinión pública y conforme a la ley sus manifestaciones en el sentido de que el dinero o parte del dinero procedente de la deuda contratada por el ex tesorero Héctor Villarreal Hernández no fue transferida a los Estados Unidos, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.







 

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo en relación a la impunidad en materia de delitos cometidos contra periodistas, que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA IMPUNIDAD EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS.

“La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 11 de febrero, fue encontrado en el estado de Veracruz el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez. Gregorio fue secuestrado en Coatzacoalcos el 5 de febrero y encontrado sin vida en una fosa 6 días después.

Según datos de Artículo 19, organización que se ha trazado como como objetivo identificar las zonas de mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y sistematizar las agresiones registradas del 2000 a la fecha, entre 2001 y 2012, 122 periodistas han sido asesinados en el país (114 hombres y 8 mujeres).

En el caso concreto de Veracruz, tan sólo en los últimos tres años, 9 periodistas han sido asesinados, tres aún se encuentran desaparecidos y se han denunciado 132 ataques contra la prensa estatal. El caso de Regina Martínez es quizá el más emblemático de ellos.

A lo anterior, debemos sumar las amenazas y las agresiones físicas de las que, de manera sistemática, son víctimas periodistas y personas defensoras de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Pero el contexto generalizado de violencia se agrava y profundiza no sólo por los crecientes embates provenientes de autoridades o integrantes de la delincuencia organizada. El factor determinante de la compleja situación que atraviesa el país en esta materia, es la impunidad y la ausencia de respuesta por parte del Estado.

De acuerdo con cifras publicadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos “en los últimos 13 años se han iniciado 145 averiguaciones previas por agresiones a periodistas, pero sólo 14 casos han concluido, lo que se traduce en un 86 % de impunidad y en una invitación abierta para amenazar y atentar contra este sector”.

A esto es a lo que en realidad debemos que México siga siendo considerado como el país más peligroso y mortífero en el mundo para el ejercicio periodístico.

De acuerdo con el último Informe Anual La Libertad de Información en el Mundo de la Organización Reporteros Sin Fronteras, en nuestro país, “se amenaza y asesina con impunidad; la corrupción constituye un cerco constante a la libertad de prensa; aumentaron notablemente las desapariciones de periodistas y se constató que las amenazas lograron apartar a varios periodistas de su profesión y de sus lugares de residencia”.

Este es el contexto en el que fue asesinado Gregorio Jiménez. Un contexto de impunidad, de complacencia, de incapacidad, de insensibilidad. Hace un par de años, el Congreso de la Unión expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Dicha Ley creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de dotar al Estado de herramientas temporales para cumplir con su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos en el país, en un contexto de violencia generalizada y lucha contra la delincuencia.

De igual forma, durante la actual legislatura, aprobamos el decreto por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta” . 

Sin embargo, creo que ha llegado el momento de preguntarnos con seriedad y con honestidad ¿qué es lo que no que está funcionando? ¿por qué no podemos prevenir los secuestros como el de Gregorio?, ¿por qué no podemos encontrar y rescatar a las víctimas de secuestro o de desaparición forzada antes de que sean ejecutadas y abandonadas o enterradas en alguna fosa?. ¿Por qué no podemos encontrar y juzgar a los responsables de estas miserables conductas?.

¿Por qué el mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos debe asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de personas cuando esa es la responsabilidad fundamental de los gobernadores?

¿Por qué los estados no están colaborando con el mecanismo y por qué las procuradurías (tanto la federal como las locales) no avanzan en la investigación y sanción de quienes son responsables de las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos?

¿Por qué no funciona la Fiscalía Especial de la PGR y por qué no funcionan las fiscalías estatales? ¿Por qué, en el caso particular de Gregorio, se desestima su labor periodística como móvil de su secuestro y asesinato?.

¿Por qué gobiernos como el de Veracruz, acusados de perseguir periodistas y atentar en contra de la libertad de expresión, por un número creciente de organizaciones defensoras de los derechos humanos, siguen negando la realidad y actuando con tal ausencia de compromiso?.

En mi opinión. La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Porque no pasa nada. Ni por acción, ni por omisión. La impunidad nos gobierna.

Por lo antes expuesto y fundado, y porque creo que es muy importante reflexionar al respecto y promover algunas medidas urgentes, pongo a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, a efecto de que en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), solicite a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y del Distrito Federal que avancen en las investigaciones y sancionen a los responsables de los delitos cometidos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Procurador General de la República, un informe detallado sobre el funcionamiento de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); así como sobre el ejercicio de la facultad de atracción que le confierela fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Procurador General de la República, a efecto de que ejerza su facultad de atracción y profundice la investigación del homicidio de Gregorio Jiménez, sin descartar ninguna línea de investigación.

H. Cámara de Senadores a 4 de marzo de 2014

Suscribe

Sen. Angélica de La Peña Gómez”.





 

Del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno de estado de Veracruz a hacer una investigación pronta e imparcial del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y los diez periodistas asesinados durante su gestión, que se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE VERACRUZ JAVIER DUARTE DE OCHOA, PARA QUE SE HAGA UNA INVESTIGACION PRONTA E IMPARCIAL DEL ASESINATO DEL PERIODISTA GREGORIO JIMENEZ DE LA CRUZ Y LOS  DIEZ PERIODISTAS ASESINADO DURANTE EN SU GESTION Y ASI COMO LA PRG TOME MEDIDAS NECESARIAS A TRAVES DE LA FEADLE Y A LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA AGILIZAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA PARA ESTABLECER LA PLENA APLICACION DEL MECANISMO DE PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

“Los Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En los últimos años, en nuestro país y particular en provincia se han incrementado de manera alarmante la magnitud y el número de los ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación y  así como defensores derechos humanos. Estos incidentes están   afectando a la capacidad para ejercer la libertad de expresión, como consecuencia de amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de los crímenes de los que son víctimas en las zonas en dónde la violencia se ha incrementado y en dónde la ciudadanía requiere de manera imperante mayor información veraz y oportuna de lo que sucede en sus localidades.

Sin duda, la seguridad de los periodistas y de los defensores derechos humanos es la lucha contra la impunidad de la que gozan sus asesinos y esencialmente es la lucha por preservar el derecho fundamental a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de expresión que no es sólo un derecho individual si no colectivo que empodera a la población que fortalece mecanismos de participación y defensa contra todas las formas de injusticia condiciones de vulnerabilidad.

Cabe señalar que, el gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte por el Partido Revolucionario Institucional, han sucedido 10 casos de asesinatos contra periodistas, sin que, actualmente se haya dado una explicación certera a familiares de los periodistas asesinados ni a la sociedad mexicana. Varios medios de comunicación, en este caso, medios escritos de Veracruz han sufrido el acoso de sus reporteros, como el periódico Notiver, que lleva 38 años de ser el periódico con más popularidad en Veracruz, revista Proceso, Veracruz News, Milenio el Portal de Veracruz y Notisur.

El pasado 11 de febrero del presente año, el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz corresponsal de la fuente policiaca del periódico el Liberal del Sur y Notisur fue encontrado muerto.

Para la PGJ, en su investigación ministerial 4/058/2014 concluyó que fue asesinado por “diferencias personales y familiares con Teresa de Jesús Hernández Cruz, para la procuraduría estatal el asesinato no está vinculado con las investigaciones periodísticas que llevaba acabo.

Gregorio Jiménez, fue interceptado el 5 de febrero, por una camioneta al parecer con cinco sujetos que lo levantaron cuándo regresaba de llevar a su hija de la escuela. El periodista estaba vinculado con el seguimiento de varias investigaciones relacionadas con las desapariciones y secuestros de los cárteles en Veracruz.  Fue él, quién dió a conocer el secuestro del secretario de la CTM, Ernesto Ruíz Guillen y su cuerpo sin vida fue hallado junto con el de Gregorio, por lo que se ha relacionado el asesinato del periodista con el ejercicio de su profesión.

La organización internacional defensora de derechos humanos Article 19 señalo que: “resulta alarmante que, como en casos anteriores en ese mismo estado, la Procuraduría de General de Justicia pretenda descartar de inicio la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico, señalando que un ‘conflicto personal entre vecinos’ fue el móvil del asesinato de Jiménez”.

Por su parte la Oficina del Alto Comisionado, declaró que: “el fatal desenlace trae una vez más el luto de Veracruz” y que es urgente "combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra los y las comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades, pero urge además atender el evidente clamor del gremio periodístico por que se diseñen e implementen medidas eficaces de prevención ante la vulnerabilidad creciente en la que desarrollan sus labores."1

Por lo anteriormente expuesto propones el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exige al titular del Gobierno del Estado de Veracruz Javier Duarte Ochoa para que haga una investigación pronta imparcial del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y los diez periodistas asesinados durante su gestión.

SEGUNDO.- Exhortamos a las autoridades locales y federales para que emprendan de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de las y los periodistas y defensores de derechos humanos que laboran en la zona sur de Veracruz.

TERCERO.- Solicitamos  a todas la autoridades competentes garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,  y la operación adecuada de todas las unidades contempladas por la ley.

CUARTO.- Se solicita al Secretario de Gobernación agilizar los trámites administrativos para ejercer el presupuesto del Fondo de protección, para garantizar aplicación efectiva de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

QUINTO.- Que la Unidad de Prevención sea puesta en marcha a la brevedad posible de manera adecuada y se comience a elaborar el registro nacional de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tal como obliga la Ley.

Salón de sesiones del Senado de la República a 4 de marzo de 2014.

Suscribe

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez”.

1 Declaración de Javier Valencia Alto Comisionado de las Naciones Unidas





 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a dotar de mobiliario escolar suficiente para eliminar el déficit en las escuelas públicas del estado de Guerrero, que se turna a la Comisión de Educación.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SE DOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE PARA ELIMINAR EL DEFICIT EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO.

“El suscrito Senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La educación a través de los siglos ha sido parte fundamental para el desarrollo de las naciones.

Nuestro país enfrenta una coyuntura en el tema educativo que no se puede dejar de lado, las recientes modificaciones a la Carta Magna en esta materia deberían marcar la pauta para impulsar propuestas que mejoren las condiciones y la calidad de la educación.

En México para el ciclo escolar 2012-2013, la matrícula total del sistema educativo nacional fue de 35 millones 251 mil 68 alumnos, de los cuales 30 millones 645 mil 390 pertenecen a instituciones públicas y 4 millones 605 mil 678 pertenecen a escuelas privadas1.

Del total de matrícula que hay en el país, 25 millones 891 mil 104 comprenden al nivel básico, 4 millones 443 mil 792 al medio superior, 3 millones 300 mil 348 a la educación superior y 1 millón 615 mil 824 al tipo capacitación para el trabajo.

Un factor importante en el desarrollo educativo además de la planta docente es la infraestructura escolar. La escuela es un lugar en el que los alumnos pasan gran parte de su tiempo y por lo tanto desarrollan capacidades, además de intelectuales, físicas, sociales y emotivas.

Sin duda, el tener instalaciones educativas adecuadas incentiva a los alumnos a sentirse en un ambiente cómodo, y potencializa su aprendizaje.

Alrededor del país nos encontramos con escuelas que carecen de aulas, baños, sin servicios de agua potable y energía eléctrica, así como carencia de materiales didácticos y mobiliario básico, léase, butacas, sillas, pizarrones.

Esta situación se acentúa en estados en condiciones de pobreza extrema como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en donde la falta de escuelas es una constante y las pocas que existen no cuentan con la infraestructura ni el mobiliario necesario.

Por ejemplo en el estado de Guerrero la precariedad de las escuelas es un problema que aqueja fuertemente al sistema educativo estatal y por ende repercute en el desarrollo cognitivo de los alumnos.

El estado de Guerrero cuenta con 1 millón 103 mil 255 alumnos, distribuidos en 11 mil 49 escuelas. En el nivel básico hay una matrícula de 900 mil 236 educandos, 125 mil 725 estudian el nivel medio superior, 58 mil 896 en educación superior y 18 mil 398 al tipo de capacitación para el trabajo2.

La planta docente que tienen los planteles educativos en el estado de Guerrero es de 58 mil 671 profesores.
Sin embargo, como consecuencia de las tormentas del mes de septiembre de 2013, resultaron dañados 1,248 planteles escolares en el Estado, según datos de la Secretaría de Educación de Guerrero (Ver tabla 1).

REGION

No. DE PLANTELES

TOTAL

1,248

TIERRA CALIENTE

79

NORTE

100

CENTRO

199

MONTAÑA BAJA

38

MONTAÑA ALTA

182

COSTA GRANDE

127

COSTA CHICA

250

ACAPULCO - COYUCA DE BTEZ.

273

Tabla 13

Además, según una investigación llevada a cabo por el Consejo de Participación Social de la Educación (Comupase), realizada por supervisores de zona y directores escolares de Iguala, la cual arroja que en dicho municipio se necesitan construir por lo menos 150 aulas, habiendo planteles que requieren ser reconstruidos totalmente ya que han cumplido su periodo de vida4; además de la falta de mobiliario escolar.

Lo mismo ocurre en el municipio de Taxco en la región norte; Tecpan, Atoyac y Benito Juárez en la Costa Grande y sobre todo en los municipios de la Montaña del estado de Guerrero, en donde imperan las escuelas sin techo, sin paredes y con pisos de tierra.

Cabe mencionarse el esfuerzo realizado por el gobernador del estado, Angel Aguirre Rivero, quien en días pasados hizo entrega de mobiliario escolar para escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria; lo que demuestra el compromiso que el gobierno estatal tiene con la educación en Guerrero.

Ante este panorama es necesario que impulsemos una educación de calidad en nuestro país, que no solo quede como buena intención en la ley, sino que sea una realidad por el bien de nuestros niños, jóvenes y el futuro de México.

Si anhelamos ubicarnos en una un buen lugar a nivel internacional, debemos apostarle a la educación dotando siempre a nuestros estudiantes de las herramientas necesarias que potencialicen su desarrollo y los ponga en consonancia con la era tecnológica que hoy se presenta en las naciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se dote de mobiliario escolar suficiente para eliminar el déficit en las escuelas públicas del estado de Guerrero.

Sen. Sofío Ramírez Hernández”.

1 Secretaría de Educación Pública. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos Principales cifras, ciclo escolar 2012-2013.

2 Ibíd.

3 Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. Datos Estadísticos e Indicadores Educativos del Estado de Guerrero (2014).

4 La Jornada de Guerrero. Escuelas con toda clase de carencias, la otra realidad de la educación en Guerrero. 14 de abril de 2013





 

Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la constitución del "Fondo de Apoyos Emergentes a los Productores de café en Chiapas" afectados por la roya anaranjada del cafeto, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.







 

Del Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita el informe del estado que guarda la obra del Nuevo Puente Vehicular “La Unidad”, en Ciudad del Carmen, Campeche, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECCION GENERAL DE PETROLEOS MEXICANOS Y A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INFORMAR A ESTA SOBERANIA EL ESTADO ACTUAL, GRADO DE AVANCE Y CONDICIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD QUE GUARDA LA OBRA DE BENEFICIO MUTUO DENOMINADA “INGENIERIA, PROCURA, Y CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR “LA UNIDAD”, EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.

“El suscrito, OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa más importante del país y es pieza fundamental para el desarrollo y bienestar de los mexicanos. La responsabilidad social de Pemex forma parte de su compromiso para mejorar la calidad de vida y las condiciones sociales en las que se desenvuelven las comunidades y municipios donde mantiene sus operaciones productivas.

Las obras de beneficio mutuo, forman parte de esa responsabilidad y de ese compromiso con el desarrollo y mejoramiento social de las localidades con actividad petrolera.

En este sentido, en marzo de 2011, se dio a conocer por parte del Ejecutivo Federal, la construcción del Nuevo Puente de la Unidad, en Ciudad del Carmen Campeche, financiado por Petróleos Mexicanos como parte de las obras de beneficio mutuo, atendiendo a las necesidades de seguridad, eficiencia, desarrollo económico de los de los habitantes del Carmen y el estado de Campeche.1

La importancia estrategia de esta obra de infraestructura radica en dos factores; en primer lugar porque es la única vía que comunica a la Isla de Ciudad del Carmen, con la Península de Yucatán, y en segundo porque funge como ruta de transito primaria para las actividades logísticas, de transporte y administrativas de Petróleos Mexicanos en toda la región.

Es importante destacar que, a pesar de su importancia, el arranque de la obra tuvo un retraso de 18 meses, desde el anunció de su construcción hasta el momento en que fue licitada y adjudicada por parte de Petróleos Mexicanos.

A pesar de los constantes retrasos en la licitación de la obra, y que en una ocasión, se declarase desierta, se procedió a realizar adjudicación directa No. CPEP-SV4-O-DE-101/12 denominada, “Ingeniería, Procura, y Construcción del nuevo Puente Vehicular “La Unidad” que va desde Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 del Estado de Campeche; incluye aproches y Alumbrado”, mediante presentación de propuestas de cuatro empresas constructoras; resultando ganadora la empresa Tradeco Infraestructura, haciéndose entrega de la carta de adjudicación el 28 de agosto de 2012.2
La construcción del nuevo Puente “La Unidad”, comenzó formalmente hasta el 26 de octubre de 2012, con un inversión de 850 millones de pesos y un tiempo aproximado de entrega de 600 días naturales, por lo que se estimaba que la obra se entregase en junio de 2014.

A estos retrasos, se suma el accidente ocurrido el pasado martes 18 de febrero del presente, donde una de las trabes de concreto que forman parte de la construcción de nuevo puente “La Unidad” no fue colocada de manera adecuada, provocando la ruptura del material y su inevitable caída.3

Afortunadamente, este incidente no cobró la vida de trabajadores, ni al momento se han reportado heridos o mayores pérdidas que lamentar.

Estos hechos han provocado que los habitantes de la localidad no tengan la certeza de que la obra se terminará en el tiempo fijado4, además surge la exigencia social de estar debidamente enterados sobre las condiciones técnicas, seguridad y calidad de los materiales utilizados en la construcción.

La terminación en tiempo y forma del nuevo puente “La Unidad”, es de suma importancia para la infraestructura nacional, no sólo porque se reemplaza una construcción de 32 años de antigüedad que representaba altos costos de mantenimiento y mayores previsiones de seguridad y protección civil, sino porque potencia el desarrollo de Campeche y su utilidad trasciende hacia las actividades productivas del sureste mexicano.

En éste caso, se vuelve necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise con oportunidad y con total apego a sus atribuciones, si la empresa ejecutora esta observando de manera puntual los lineamientos, normas técnicas y especificaciones que deben seguirse para la construcción de la obra mencionada.

Con base en las anteriores consideraciones, someto al Pleno la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informar a esta soberanía el estado actual, grado de avance, condiciones técnicas y de seguridad que guarda la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada “Ingeniería, Procura, y Construcción del nuevo Puente Vehicular “La Unidad” que va desde Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 del Estado de Campeche; incluye aproches y Alumbrado”.

SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en apego a sus atribuciones, realizar un estudio sobre el cumplimiento de las normas, lineamientos técnicos y materiales utilizados en la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada “Ingeniería, Procura, y Construcción del nuevo Puente Vehicular “La Unidad” que va desde Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 del Estado de Campeche; incluye aproches y Alumbrado”, así como informas sobre el resultado del mismo a esta soberanía.

Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Sen.- Oscar Román Rosas González”.

2 Ingeniero Alfonso Ramírez Lavín. Testimonio. Testigo Social Público 027, designado por la Función Pública para atestiguar el proceso de adjudicación directa No. CPEP-SV4-O-DE-101/12, del contrato para la Ingeniería, Procura, y Construcción del nuevo Puente Vehicular “La Unidad” que va desde Isla del Carme a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 del Estado de Campeche; incluye aproches y Alumbrado”. P.2.





 

Del Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el seguimiento de la reforma hacendaria, que se turna a la Junta de Coordinación Política.







 

De la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las adecuaciones necesarias y armonizar la legislación por lo que hace a los requisitos para permitir la salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, que se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ATENTAMENTE ALA SECRETARIA DE GOBERNACION A REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS Y ARMONIZAR LA LEGISLACION POR LO QUE HACE A LOS REQUISITOS PARA PERMITIR LA SALIDA DEL PAIS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS BAJO TUTELA JURIDICA.

“HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presento ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas bajo tutela jurídica dentro y fuera de nuestro país, representa un compromiso conjunto, tanto por parte del gobierno, de la sociedad y de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los mismos.

Considerando la necesidad latente para establecer esquemas de protección especiales para la niñez, dada su vulnerabilidad debido a su falta de madurez física y mental se emitió La Declaración de los Derechos del Niño1 que, en todos y cada uno de los principios que proclama, establece diversas disposiciones con un común denominador o premisa: la protección y bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Instrumentos como éste, han dado impulso a la creación y vigencia de normativa general y secundaria en nuestro país que tienen por objeto la protección, defensa y cuidado de este sector de la población que demanda mayores atenciones en cuanto a su desarrollo dentro del ámbito más íntimo como lo es el seno familiar, como en el social.

La Ley de Migración2 establece como principios de la política migratoria del Estado mexicano, entre otros, el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de los grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas adultas mayores, así como víctimas del delito. De este ordenamiento derivan una serie de dispositivos legales, como es el caso de su Reglamento, el cual debe, en todo momento guardar congruencia con la norma que le dio origen.

Tratándose del tema específico de la salida de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, la Ley de Migración vigente a partir del 26 de mayo de 2011 establece que para salir del país sin sus padres, debe contarse con la autorización de éstos ante notario público, esto con el fin de que al estar en el extranjero la persona mayor de edad que lo acompañase contara con permiso para ejercer la tutela del menor de edad en caso de que fuese necesario; principalmente por el tema de que requiriera alguna intervención quirúrgica, que tuviera un accidente o alguna situación similar. Asimismo, en el caso de que viajaran con alguno de sus padres, se requería la autorización notariada del otro, en virtud de que la patria potestad se ejerce de manera conjunta. Dichos requisitos se encuentran previstos en el artículo 49 de la citada ley.

Una de las afectaciones que más se presentan en contra de la niñez y adolescencia en México, tiene que ver con su seguridad e integridad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía3, entre los años 2009 y 2011, el número de procedimientos levantados por el delito de sustracción y tráfico de menores de edad y personas que no pueden tomar decisiones por simismos, se ha incrementado a casi 4 mil quinientos. Derivado de la consecución de este tipo de delitos, las autoridades tanto de los ministerios públicos, como de carácter judicial, han detectado que en buena parte se debe a que uno de los padres se lleva al o los hijos o hijas, como venganza en contra del cónyuge o derivado de una discusión o situación de conflicto con su cónyuge o con quien comparta la patria potestad de los menores.

Herramientas para combatir este tipo de situaciones que, a quienes afectan más es a los menores de edad en sí, se han implementado a nivel internacional, a partir de esquemas de divulgación e información inmediata como el caso del instrumento denominado Alerta Amber, el cual funciona como un sistema de notificación de menores desaparecidos y del que ya más de la mitad de las entidades federativas de nuestro país lo tiene implementado.

Sin embargo, esfuerzos que se sumen a la herramienta antes descrita no están de más, y con mayor justificación cuando se trata de la armonización y adecuación de un ordenamiento que actualmente se encuentra en discrepancia con la ley que le dio origen, como es el caso del Reglamento de la Ley de Migración. Esto, en virtud de que, aunque sabemos que las disposiciones reglamentarias no pueden ir más allá de las leyes por las cuales fueron creadas, lo cierto es que, con este punto de acuerdo proponemos que se fortalezca la aplicación de los dispositivos legales en materia de migración, por parte de todas y cada una de las autoridades involucradas con esta materia.

El Reglamento de la Ley de Migración4, establece en el artículo 42 lo siguiente:

Artículo 42. Las empresas que presten servicios de transporte internacional de pasajeros vía marítima o aérea, tendrán las siguientes obligaciones:

I.       …

II.     …

En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, deberán verificar que cumplen con lo establecido en el inciso b) de la fracción V del presente artículo. Lo anterior no será necesario para el caso de mexicanos que viajen solos y que vayan a ser repatriados al territorio nacional;

III.   …

IV.    …

V. Transportar a niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil fuera del territorio nacional, cuando porten pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Tratándose de mexicanos, así como de extranjeros con condición de estancia de residente permanente, residente temporal y residente temporal estudiante en territorio nacional, además deberán ubicarse en alguno de los siguientes supuestos:

a) Que viajen en compañía de alguna de las personas que ejercen sobre ellos la patria potestad o la tutela, cumpliendo con los requisitos de la legislación civil, o

b) Que viajen solos o acompañados por un tercero mayor de edad distinto a los señalados en el inciso anterior, siempre y cuando presenten:

1. El documento a través del cual quienes ejerzan la patria potestad o la tutela autorizan su salida del territorio nacional, otorgado ante fedatario público, o

2. El documento emitido por autoridad facultada para ello. Dicho documento podrá ser en el formato que para tal efecto establezca la autoridad migratoria mediante disposiciones administrativas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los documentos otorgados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados según sea el caso, y acompañarse de la traducción cuando se trate de idioma distinto al español.

VI. …

VII. …

VIII. …

IX.  …

El artículo descrito presenta una discrepancia con las disposiciones de la ley migratoria, toda vez que, el numeral 2 del inciso b de la fracción V, posibilita la sola presentación de un formato emitido por la autoridad migratoria, el cual, en el caso que nos ocupa, fue modificado mediante acuerdo publicado en el DOF el pasado 3 de enero del presente año. En dicho acuerdo, en el segundo párrafo del artículo Décimo Bis establece que este formato podrá aplicarse cuando no se exhiba el documento de autorización de salida del país otorgado ante fedatario público o autoridad facultada para ello.

De lo anterior podemos deducir que este formato permite la omisión de la intervención de un notario público para avalar la autorización de salida del menor de edad y posibilita la autorización de solo uno de los padres que ejerza la patria potestad en caso de que una niña, niño o adolescente salga del país con un tercero mayor de edad que no tiene la patria potestad del mismo, cuando la autorización debe ser por ambos.

Por lo tanto, consideramos de gran importancia solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo Federal encargado de la aplicación de estos dispositivos legales, la armonización entre lo plasmado en la Ley de Migración y en su Reglamento. Esto, en función de la facultad reglamentaria que posee el Poder Ejecutivo en sus distintos órdenes, aunado a la necesidad imperante de contar con los mayores candados posibles que limiten la salida de un menor de edad, sin el conocimiento o consentimiento de aquellas personas que por Ley, les corresponde la anuencia de dicha circunstancia.

Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, para realizar las adecuaciones necesarias y armonizar el contenido del Reglamento de la Ley de Migración con la Ley en la materia, en lo correspondiente a los requisitos necesarios para permitir la salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 4 de marzo de 2014.

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera”.

Son todas las proposiciones para turno, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria. Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría.

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012 y recién reformado el 2 de diciembre de 2013.





 

Se le concede el uso de la palabra, desde su escaño, al Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para presentar punto de Acuerdo en relación con el “Parque Juárez-Zócalo 11 de Julio”, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

- El C. Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Vengo a solicitar el apoyo de las y los Senadores para evitar que con bienes destinados expresamente para beneficio común, se hagan negocios privados desviándolos de su destino legítimo original.

Si quienes quebraron la ley pensaban que con el pasar del tiempo la indignación se iba a debilitar. Se equivocaron, pues la inconformidad, por el contrario, se incrementa día con día, y me refiero a Tijuana.

El problema consiste en que el gobierno federal donó un extenso terreno al pueblo de Baja California con el ánimo de coadyuvar en la satisfacción de la necesidad de espacios para edificios y recintos oficiales para la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. El Decreto publicado el 14 de julio de 1978 en el Diario Oficial de la Federación autoriza la enajenación a título gratuito, en favor del gobierno del estado de tres terrenos. Uno para la construcción del Palacio Municipal de Tijuana; otro para la Plaza Cívica; y uno más para el edificio del gobierno del estado, si no fuera esto poco lo que se construyó ahí.

El Decreto condiciona la enajenación y dispone que si se da un uso distinto a los inmuebles entonces éstos se van a revertir a favor del gobierno federal. Las fracciones del inmueble recibido de la Federación no han sido dedicadas a su propósito original, en efecto, el inmueble ha sido destinado para lo siguiente:

Primero. En el terreno destinado a la Plaza Cívica se construyeron, hace más de 15 años, oficinas del gobierno estatal y estacionamientos que los afectan en miles de metros cuadrados.

Segundo. En palacio municipal opera, desde 2008, una sucursal bancaria con todos los servicios.

Tercero. La calle Juan Ruiz de Alarcón, que unía la Vía Rápida Oriente con la Glorieta de Miguel Hidalgo y cerraba el circuito de vialidades alrededor de los palacios de gobierno y el Parque Juárez, ya no existe. En su lugar funciona, desde hace 4 años, un estacionamiento de paga construido y operado por una empresa privada.

Cuarto. Se han demolido o aislado las instalaciones del “Parque Benito Juárez”, incluida la estatua del prócer nacional, se han talado árboles y se construye, en lo que queda de sus terrenos, un desarrollo comercial conocido como “Zócalo 11 de Julio”, que lo convertirá en sótano del nuevo centro comercial que operará en segundo piso.

El proyecto inmobiliario-comercial que sustrae de la esfera pública bienes que debieran ser de utilidad para la creciente población del municipio de Tijuana, generó el más rotundo y generalizado rechazo de la sociedad civil expresado en más de 200, mil firmas estampadas por los ciudadanos que visitaron personalmente el lugar de los hechos.

Por ello solicito se aplique la Ley General de Bienes Nacionales a fin de que los inmuebles que he mencionado se recuperen de manos privadas que ahora indebidamente los explotan y sean devueltos al dominio público.

Propongo a la Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se exhorta al Secretario de la Función Pública para que se sirva aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a fin de que surtan efectos los artículos 84, fracción X y 92 en relación con el inmueble de dominio público federal de origen, conocido como “Parque Juárez- Zócalo 11 de Julio”, derivada de los usos irregulares que al mismo se le han dado; lo anterior con la finalidad de que dicho inmueble revierta a la Federación para beneficio de los habitantes del municipio de Tijuana, que somos muchos.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA A APLICAR LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES A FIN DE QUE SURTAN EFECTOS LOS ARTICULOS 84, FRACCION X Y 92 EN RELACION CON EL INMUEBLE DE DOMINO PUBLICO FEDERAL DE ORIGEN, CONOCIDO COMO “PARQUE JUAREZ/ZOCALO 11 DE JULIO”, UBICADO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

“El senador Marco Antonio BlAsquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con moción de urgente resolución por el que se exhorta al Secretario de la Función Pública para que se sirva aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a fin de que surtan efectos los artículos 84, fracción X y 92 en relación con el inmueble, de dominio público federal de origen, conocido como “Parque Juárez / Zócalo 11 de Julio”, derivada de los usos irregulares que al mismo se le han dado, con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES.

De una sana intención.

El pueblo de Baja California logró su autonomía constituyéndose en Estado Libre y Soberano en 1952, quedando atrás la categoría de Territorio Federal. En 1970, la nueva entidad federativa rebasaba los 870 mil habitantes. El municipio de Tijuana tenía casi 350 mil habitantes en ese año. Hoy día Tijuana es el tercer municipio más poblado a nivel nacional con 1’559,683 habitantes (según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto de Geografía y Estadística, INEGI el año 2010). Se requería contar con espacios como recintos oficiales y para la prestación de servicios públicos, donde la gente fuera atendida debidamente. Con el ánimo de coadyuvar en la satisfacción de dicha necesidad, el gobierno federal donó un extenso terreno al pueblo de Baja California. El Decreto publicado el 14 de julio de 1978 en el Diario Oficial de la Federación autoriza la enajenación a título gratuito, en favor del Gobierno del Estado de Baja California, de tres terrenos con vialidades con los destinos siguientes, de conformidad con su Artículo Primero:

Para construcción del Palacio Municipal de Tijuana, la Manzana 23 con superficie de 13, 974.60 M2.

Para Plaza Cívica, la Manzana 231, con superficie de 43, 257.89 M2.

Para edificio del Gobierno del Estado, la Manzana 232 con superficie de 12, 913.72 M2.

Dicho Decreto condiciona la enajenación y dispone la penalidad aplicable al gobierno estatal en caso de incumplir con las obligaciones derivadas de la misma en los siguientes términos:

Artículo Tercero.

“Si el Gobierno del Estado de Baja California le diere a los inmuebles que  le enajenan un uso distinto al señalado en este Decreto revertirán, con todas sus mejoras y accesiones,  en favor del Gobierno Federal."

De los Usos diversos.

La Ley General de Bienes Nacionales es un ordenamiento de orden público, lo cual le da un rango superior. La calificativa a una ley como de orden público implica que se le considera como un conjunto de normas e instituciones que no pueden ser alteradas. Ni por la voluntad de los individuos ni por la decisión discrecional de los servidores públicos. El Decreto aludido se fundó precisamente en la ley de la materia que en la fecha se encontraba vigente. De ahí que de utilizarse el inmueble donado para fines diversos, la operación queda sin efectos y, en consecuencia, cobra aplicación la reversión en favor de la Federación.

Lamentablemente las fracciones del inmueble recibido de la Federación no han sido dedicadas a su propósito original que, por efecto de la ley, resulta su finalidad permanente. En efecto, el inmueble ha sido destinado para lo siguiente:

1) En el terreno destinado a Plaza Cívica se construyeron, hace más de 15 años, oficinas del Gobierno Estatal y estacionamientos que lo afectan en miles de metros cuadrados.

2) En Palacio Municipal opera, desde 2008, una sucursal de Banamex con todos los servicios.

3) La Calle Juan Ruiz de Alarcón, que unía la Vía Rápida Oriente con la Glorieta de Miguel Hidalgo y cerraba el circuito de vialidades alrededor de los Palacios de Gobierno y el Parque Juárez, ya no existe. En su lugar funciona, desde hace 4 años, un estacionamiento de paga construido y operado por una empresa privada.

4) Se han demolido o aislado  las instalaciones del Parque "Benito Juárez" (incluida su estatua), talado árboles y se construye, en lo que queda de sus terrenos, un desarrollo comercial , conocido como "Zócalo 11 de Julio", que lo convertirá en  sótano del nuevo "mall" que operará en segundo piso (planta alta) sobre ellos.

Las anteriores situaciones, producto de decisiones discrecionales, rompen con la esencia de una preceptiva de orden público pues permiten el beneficio de particulares por encima del interés general y exigen, desde luego, solución con arreglo a las leyes de la república.

El proyecto inmobiliario-comercial que sustrae de la esfera pública bienes que debieran ser de utilidad para la creciente población del municipio de Tijuana, generó el más rotundo y generalizado rechazo de la sociedad civil expresado en más de 200,000 firmas estampadas por la ciudadanía que visitó personalmente el lugar de los hechos.

Colegios de arquitectos, Ingenieros, Abogados, Médicos, Ecologistas y periodistas de prensa, radio y televisión han manifestado también su repudio a la preeminencia de intereses particulares sobre la sociedad en el llamado "Zócalo 11 de Julio"

De la preceptiva sobre las donaciones a Estados y Municipios.

La Ley General de Bienes Nacionales es clara. Para el caso de desviaciones en las donaciones que la Federación lleva a cabo dispone lo siguiente:

Artículo 84. Los inmuebles federales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que no sean de uso común, podrán ser objeto de los siguientes actos de administración y disposición:

I a IX

X Donación a favor de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, o de sus respectivas entidades paraestatales, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos o de asistencia social; para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas, o para promover acciones de interés general o de beneficio colectivo;

Artículo 92. La enajenación a título gratuito de inmuebles federales a que se refiere el artículo 84 de esta Ley, sólo procederá mediante la presentación de proyectos que señalen el uso principal del inmueble y, en su caso, el tiempo previsto para la iniciación y conclusión de las obras, y los planes de financiamiento. En el caso de incumplimiento de los proyectos dentro de los plazos previstos, tanto el bien donado como sus mejoras revertirán a favor de la Federación.
Sin duda, el inmueble donado en 1978 ha sido destinado no sólo a fines diversos de los contemplados en el Decreto de enajenación sino que para beneficio de particulares fracturando el carácter de orden público tanto de los preceptos de ley como del acto administrativo de la transmisión de la propiedad.

En razón de que los actos celebrados contra el tenor de las leyes de orden público no producen efecto alguno procede, como lo solicito en representación de más de millón y medio de tijuanenses, se apliquen los preceptos que garantizan el cumplimiento de los fines para los cuales la Federación se desprendió de los predios mencionados para beneficio de la población.

Por lo anterior, y con la finalidad de que prevalezca el Estado de Derecho, se eleva a consideración del pleno del Senado de la República, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta al Secretario de la Función Pública para que se sirva aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a fin de que surtan efectos los artículos 84, fracción X y 92 en relación con el inmueble, de dominio público federal de origen, conocido como “Parque Juárez / Zócalo 11 de Julio”, derivada de los usos irregulares que al mismo se le han dado; lo anterior con la finalidad de que dicho inmueble revierta a la Federación para beneficio de los habitantes del municipio de Tijuana.

México, Distrito Federal a 4 de marzo de 2014.

Sen.- Marco Antonio Blásquez Salinas”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Blásquez Salinas. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Municipal.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Víctor Hermosillo y Celada, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el programa de trabajo para dar cumplimiento a la política para la transición a la televisión digital terrestre, hasta por tres minutos.

- El C. Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la semana pasada la entrega gratuita a la población de distintas ciudades fronterizas de 14 millones de televisores digitales de alta definición para la segunda etapa del llamado “apagón analógico”.

Acuérdense que para Tijuana nada más se les entregó a los ciudadanos un aparato para transferir las ondas de manera que pudieran ellos en sus televisores viejos poder captar las ondas nuevas analógicas.

El funcionario federal dio a conocer que el monto a derogar es del orden de los 19 mil millones de pesos. Y hace poco en la prensa salió que iba a subir hasta 24 mil millones.

Y se tomará en cuenta para la entrega de estos aparatos un padrón que elaborará la Secretaría de Desarrollo Social, pues el criterio es que toda familia que reciba un beneficio de esta dependencia tendrá derecho a una televisión en forma gratuita.

Sin embargo, compañeras y compañeros, es alarmante que se proceda con la entrega de estos aparatos cuando el programa de trabajo para dar cumplimiento a la política para la transición a la televisión digital terrestre esté apenas siendo analizada por diferentes dependencias de la Administración Pública Federal.

Recordamos que el Artículo Décimo Séptimo Transitorio, fracción IV de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones recientemente aprobada, obliga a la deliberación de este programa.

Antes de pensar en regalar a la población televisores, es necesario que el Estado cuente con un programa bien estructurado con estrategia definida que nos dé rumbo en esta política de transición.

Tampoco está claro qué empresas ganaron la licitación para producir y entregar los 14 millones de televisores. No sabemos a qué empresa se le pagarán los miles de millones de pesos para la producción y entrega de los mismos.

Esto es muy delicado y así como lo señaló el señor Secretario, las televisiones se empezarán a entregar a fin de este mes.

Del mismo modo, las declaraciones de este funcionario se desprende que la SEDESOL, que está elaborando apenas el padrón de los beneficiarios de las televisiones que se repartirán, será importante conocer en su momento quiénes van a ser estas familias beneficiadas y cuál es su situación social para saber si antes de recibir el aparato requieren cubrir necesidades o carencias básicas más urgentes.

Antes de comenzar con la entrega de televisores es necesario tener el padrón de beneficiarios y no al revés.

Recordemos que según las propias declaraciones del titular de la SCT, se estarán entregando los primeros aparatos ya próximamente.

En suma, necesitamos un plan de trabajo y padrón de beneficiarios antes de entregar los televisores. Hagamos las cosas bien, primero lo primero.

Ahora bien, el Secretario señaló de manera absurda que el criterio es que toda familia que reciba un beneficio de la SEDESOL, tendrá derecho a una televisión.

Sin embargo, el criterio debería de ser si los beneficiarios tienen una televisión análoga o una digital.

Al tomar como criterio ser parte de los programas de la SEDESOL, se está excluyendo a las personas que en verdad necesitan de este apoyo, es decir, a los consumidores que cuentan con una televisión analógica.

Al mismo modo qué va a pasar cuando una persona es beneficiada por algún determinado programa de la SEDESOL, y ya cuente con una televisión digital. ¿Se le entregará de todas maneras el televisor?

Estos son aspectos que se deben de tomar en cuenta en el padrón de beneficiarios que se piensa hacer.

Por otro lado y con la finalidad de transparentar este proceso de transición a la televisión digital terrestre, es necesario saber de dónde van a salir los recursos para la compra de los televisores. Incluso cabe preguntarse si es preferible bajo la lógica de reducción de costos, entregar decodificadores o antenas, como se venía haciendo antes en el área de Tijuana, que así sucedió.

Sí, Senadoras y Senadores, no nos engañemos. El nombre para describir todo esto anteriormente descrito es populismo, estamos hablando de 19 mil millones de pesos por lo menos que se pueden usar en atender verdaderos problemas de la frontera. Un ejemplo es el de los deportados que diariamente son expulsados a las ciudades fronterizas en condiciones inhumanas. Usemos estos recursos para ayudarlos, para darles un trato digno y de respeto de sus derechos humanos.

Ayudemos a los ciudadanos de la frontera, sí, pero no regalándoles aparatos prescindibles. No nos vayamos con la salida fácil y falsa que representa el populismo, hay otras necesidades, otros problemas reales. Tengamos visión de Estado, no seamos cortoplacistas, dejemos atrás la visión paternalista y electorera del Estado.

Nuevamente el Senado tiene la oportunidad de evitar que el Ejecutivo Federal tome decisiones que a la larga sólo perjudican a los ciudadanos.

Cuento con su apoyo para evitar que el populismo siga siendo un lastre para este país.

Sí a la construcción de la ciudadanía, no al paternalismo. Apoyemos este punto de Acuerdo, cuento con ustedes.

Muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hermosillo y Celada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Angel Chico Herrera, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Guanajuato a trabajar en conjunto con las demás instancias de los tres niveles de gobierno para detener los avances del crimen organizado en la entidad.

- El C. Senador Miguel Angel Chico Herrera: Gracias, señor Presidente.

Hace unas semanas mi estado, Guanajuato, sufrió embates del crimen organizado, eventos poco comunes en el territorio guanajuatense.

Los jefes policiacos de Acámbaro y Salvatierra fueron emboscados. Jesús Iván Orozco, actual Director de Policía en Acámbaro, resultó herido de bala, lo mismo que una mujer civil de 27 años.

Por su parte, en el municipio de Salvatierra, hombres armados atacaron la camioneta de Juan José González González, aunque en ella sólo viajaba su escolta quien se dirigía a recogerlo y resultó herido.

Ese mismo día se registró en la ciudad de Guanajuato, una persecución y balacera que dejó un herido y seis detenidos. Todo esto se da bajo el contexto del blindaje que el gobierno del estado ha llevado a cabo, cuyo plan denominado Programa Escudo, contempla que con el apoyo de tecnología de punta se mejore el sistema integral de seguridad en el estado.

Por eso, desde esta tribuna, hago un respetuoso llamado a rebasar las barreras partidistas para lograr mejores condiciones de seguridad en Guanajuato. El tema de la seguridad de los ciudadanos no debe politizarse, es hora de cerrar filas en torno a los cambios que deben realizarse para lograr mayor seguridad en el estado de Guanajuato.

Aunado a la maximización del Programa Escudo, cuyo costo aproximado es de 2 mil 500 millones de pesos, anunciado hace un año y tres meses, y que aún no aterriza, además de dar celeridad a los procesos para lograr consolidar el mando único policiaco.

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato, en 2013 se presentaron 641 homicidios dolosos, que es igual a 1.21 homicidios por cada cien mil habitantes.

En materia de extorsión resultó el quinto peor estado con 468.

Por último, en cuanto al secuestro, al respecto se dieron 17 casos en el estado.

Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente punto de Acuerdo:

Unico.- Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guanajuato a trabajar en conjunto con las demás instancias de los tres niveles de gobierno para detener los avances del crimen organizado en la entidad, concretar el Programa Escudo y dar celeridad al mando único.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato a trabajar en conjunto con demás instancias de los tres niveles de gobierno para detener los avances del crimen organizado en la entidad, concretar el “Programa Escudo” y dar celeridad al Mando Unico.

“El suscrito Senador Miguel Angel Chico Herrera por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La situación de violencia que se ha desatado en el país en las últimas semanas ha tocado fibras sensibles de nuestra sociedad. Los altos índices de delincuencia han azotado territorios comunes, y se empiezan a expandir a lugares donde estos problemas antes se veían lejanos.

La semana pasada, el estado de Guanajuato sufrió embates del crimen organizado, eventos poco comunes en nuestro territorio. Los jefes policíacos de Acámbaro, y Salvatierra, fueron emboscados. Jesús Iván Orozco Villagómez, actual director de la Policía en Acámbaro, resultó herido de bala, lo mismo que una mujer civil de 27 años. Por su parte, en Salvatierra hombres armados atacaron la camioneta de Juan José González González, aunque en ella solo viajaba su escolta quien se dirigía a recogerlo, y resultaría herido1.

Ese mismo día se registró en la ciudad de Guanajuato una persecución y balacera que dejó un herido y seis detenidos2. Todo esto se da bajo el contexto del blindaje que el gobierno del estado ha llevado a cabo, cuyo plan denominado “Programa Escudo” contempla que “con el apoyo de tecnología de punta, se mejore el Sistema Integral de Seguridad en el estado, a esta estrategia de modernización en seguridad, se suman acciones integrales de prevención, capacitación, información y asesoría, con la participación de los tres niveles de gobierno”.3

Por eso, desde esta tribuna, exhortamos a rebasar las barreras partidistas para lograr mejores condiciones de seguridad en nuestro estado. El tema de la seguridad de los ciudadanos no debe politizarse, es hora de cerrar filas en torno a los cambios que deben realizarse para lograr el bien común de la entidad federativa.

Aunado a la maximización de eficiencia que se buscaría lograr con el “Programa Escudo”, anunciado hace un año y tres meses, se debe dar celeridad a los procesos para lograr consolidar el mando único policial.

 De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2013 se presentaron 641 homicidios dolosos en el estado, lo que es igual a 11.21 homicidios por cada 100 mil habitantes. En materia de extorsión es el quinto peor estado con 468 en 2013, esto es que 8.18 guanajuatenses de cada 100 mil habitantes han sido victimas de extorsión. Por último, en cuanto al secuestro respecta, se dieron 17 casos durante 2013 en la ya mencionada entidad federativa.4

Es inminente fortalecer las estructuras de seguridad y completar los procesos que permanecen abiertos en el estado. No se debe esperar a que la situación de seguridad rebase sus capacidades. El problema debe ser atacado cuanto antes con medidas preventivas y no llevarlo a acciones reactivas.

Por lo anterior, se somete a esta H. Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato a trabajar en conjunto con demás instancias de los tres niveles de gobierno para detener los avances del crimen organizado en la entidad, concretar el “Programa Escudo” y dar celeridad al Mando Unico.

Suscribe

Sen. Miguel Angel Chico Herrera”.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Chico Herrera. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.





 

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, desde su escaño, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las razones del desabasto del medicamento antiviral Tamiflu, en las farmacias del país.

- La C. Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sí, efectivamente creo que este debe de ser un punto de urgente resolución. Hay desabasto del Tamiflu que sirve para combatir la influenza, en días pasados la padecí, de manera personal, tardamos 24 horas en poder localizar el medicamento, no existe en las farmacias, y no se sabe en qué hospitales se tiene.

Hasta que envié un twitter a la Secretaría de Salud pudimos tener este medicamento, a pesar de la insistencia del equipo de médicos de aquí del Senado, que todavía, a media noche buscaban en los hospitales a ver en dónde podríamos localizarlo.

Creo que esto es muy serio, porque todos los días nos dan informes de cuantos muertos aumentan, pero no nos dicen cómo o qué se está haciendo para distribuir mínimo el medicamento y medidas de prevención.

Creo que se deben de usar los tiempos oficiales en la radio y la televisión para la difusión de esta información y generar una base de datos en la que se le informe a la población cuáles son las farmacias y las unidades médicas, no es en el Distrito Federal donde se tiene el mayor número de decesos, es en Jalisco y en Baja California, y si aquí no tenemos información, y si el Senado ni siquiera puede conseguirla de manera expedita, qué se puede esperar que suceda en otros estados del país.

Creemos que esto es delicado; además, preocupa que a través de la unidad médica se solicitó a la comercializadora que surte el medicamento en este Senado, y contestó que no nos surte, porque ya el laboratorio que produce este medicamento dijo expresamente que está agotado.

Entonces, creo que se debe de transparentar qué es lo que sucede, y tomar este punto de Acuerdo de urgente resolución para que nos den información, por qué el desabasto, y en qué lugares se informa a la ciudadanía que se puede encontrar, aparte de los tres hospitales que sí los subieron en su página de Internet, que son el Hospital General, el de Nutrición y el otro hospital Juárez.

Entonces, apelo a la sensibilidad de los que aquí quedan para que este punto de Acuerdo sea votado como de urgente resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Sansores San Román. Túrnese a la Comisión de Salud, con la sugerencia de que la misma pueda dictaminar lo antes posible.





 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a informar sobre la situación de las negociaciones respecto a la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, hasta por tres minutos.

- El C. Senador Rabindranath Salazar Solorio: Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:

El 8 de diciembre de 1997 se suscribió el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, los Estados Unidos Mexicanos, por la otra, también conocido como el Acuerdo Global, que entró en vigor en el año 2000. Dicho Acuerdo abarca tres ejes fundamentales de acción: el comercio, el diálogo político y la cooperación en diversos ámbitos.

Además, como nota distintiva, dicho compromiso incluye un marco interinstitucional y la referencia a los principios democráticos y de derechos humanos, lo que hace que este instrumento internacional se ubique dentro de los denominados acuerdos de cuarta generación, por lo que constituye el tratado más ambicioso jamás suscrito por el Estado mexicano.

México fue el primer país de América Latina en firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, posteriormente lo haría Chile en el año 2002, y Centroamérica en el año 2012.

También en el 2012 Perú y Colombia firmaron un Acuerdo con la Unión Europea, pero limitado al comercio.

En lo que respecta a América del Norte, Canadá firmó en octubre del año 2013 un Acuerdo de Comercio e Inversión con el bloque europeo; Estados Unidos por su parte ya ha celebrado varias rondas de negociación con la Unión Europea para la firma del denominado Acuerdo Trasatlántico.

Por lo anterior, México se encuentra ante la necesidad de modernizar el Acuerdo Global en sus distintos apartados con carácter de urgente, pues de lo contrario corre el riesgo de quedar rezagado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de Acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que informe sobre los acercamientos y las negociaciones realizadas hasta el momento respecto a la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por la otra.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía a que informe sobre los acercamientos y las negociaciones realizadas hasta el momento respecto de la revisión y actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por la otra.

Tercero. El Senado de la República convoca a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a constituir junto con el Senado de la República un grupo de trabajo que se ocupe de acompañar al Ejecutivo Federal en las negociaciones mencionadas, a fin de velar por los mejores intereses de México y sus ciudadanos en la revisión y modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea.

Cuarto. El Senado de la República, exhorta a la elaboración de un estudio a modo de libro blanco o de recomendaciones que aborde las posibilidades y rubros que es pertinente actualizar del Acuerdo Global, previa convocatoria a un foro donde expertos en la relación bilateral México-Unión Europea puedan expresar objetivamente las condiciones de México para la modernización del Acuerdo Global.

Solicito atentamente al Presidente de este Senado sea tomado en cuenta la totalidad de este punto de Acuerdo, por obviedad del tiempo, para el Diario de los Debates.

Es cuanto, muchas gracias.

Propuesta



- El C. Presidente Aispuro Torres: Con gusto se hará, Senador Salazar Solorio. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores Europa.

Informo a la Asamblea que las demás iniciativas y propuestas inscritas en el Orden del Día se turnaran a las comisiones correspondientes.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTICULO 42 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

(Presentada por los CC. Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Carlos Mendoza Davis, del grupo parlamentario del PAN)

“Ernesto Cordero Arroyo y Carlos Mendoza Davis, Senadores de la República del Congreso General de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones VII y VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El origen teórico del Congreso es la de ser un órgano deliberativo, legislativo y de contrapeso. Por eso se le han brindado, en todo el mundo, facultades precisas para controlar al poder. Se infiere que, siendo la representación de la sociedad y de los estados que integran la República, sus miembros ejercerán sus funciones anteponiendo el bien común a los intereses partidarios, personales o de grupo.

Los electores depositan su confianza en que honraremos nuestra obligación de aprobar todo aquello que les beneficie y que velaremos por evitar, denunciar y castigar el abuso. Ese es nuestro mandato.

Por lo mismo, la constitución nos confiere la potestad de determinar los ingresos del Estado y, a la Cámara de diputados, de aprobar los egresos del Estado.

La organización y funcionamiento del Estado implica la realización de gastos y la obtención de los recursos económicos indispensables para cubrirlos; en ese sentido, se requiere una adecuada administración de los recursos públicos federales, para lo cual, los sujetos que intervienen en la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos del país, deben garantizar que en todas estas fases se cumplan los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los instrumentos donde se refleja la planeación de la actividad financiera del Estado son la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). La primera, es el ordenamiento jurídico propuesto por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos públicos que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal.

Por su parte, el PEF es el acto legislativo que permite a la Administración pública usar los recursos monetarios recaudados por el Estado durante un ejercicio fiscal, cuya aprobación compete exclusivamente a la Cámara de Diputados.

Así, el PEF se considera como uno de los documentos de política pública más importantes de un país, toda vez que su contenido refleja las prioridades que se deben atender con los recursos públicos con que el Estado cuenta.

Tenemos la obligación de vigilar que los ingresos sean justos, y los egresos sean eficientes.

No hay equidad sin ingresos justos ni igualdad sin egresos que tengan un efecto positivo sobre la vida de los mexicanos.

Los recursos públicos son limitados y generalmente no alcanzan para atender todas las necesidades de un país en el corto plazo. De ahí, que la determinación de los programas y proyectos a los que se van a destinar, deben estar respaldados por todos  los elementos que generen la convicción de que los recursos aplicados a los mismos rendirán los resultados esperados en relación con las metas contenidas en la planeación nacional del desarrollo.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que parte importante de los recursos del Estado proviene de los impuestos que la sociedad paga al gobierno. Por ello, la relevancia de que la planeación y estrategia económica del Gobierno Federal se enfoquen en acciones que deriven en el alcance de mayor bienestar para la población, pues si bien, ésta tiene la obligación constitucional de contribuir al gasto público, también le asiste el derecho de pedir cuentas a los sujetos que participan en el proceso de elaboración de los ordenamientos en comento.

Un problema común bajo el diseño del gasto público actual, se encuentra particularmente en la programación de los recursos en la Cámara de Diputados: los legisladores,  durante la discusión del PEF, tienen la facultad de gestionar a favor de proyectos específicos que benefician a sus representados de manera directa. Desafortunadamente, en algunos casos, los representantes actúan de manera poco transparente, atendiendo a intereses particulares de personas específicas, que promueven proyectos que no siempre son de importancia y resultan de beneficio para la población.

En fechas recientes, diversos medios han señalado de manera repetida esta discrecionalidad en notas periodísticas, donde sujetos beneficiarios de ciertos programas o proyectos, así como algunos presidentes municipales, han hecho público que diputados federales piden dádivas a cambio de apoyo en la gestión de recursos del PEF para proyectos específicos.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que dentro del ejercicio del PEF existen espacios para malas prácticas, tales como la imposibilidad de comprobar el destino de los recursos, opacidad en la distribución de los fondos de dependencias federales a municipios y delegaciones, y la mala calidad de los sistemas contables que dificultan rastrear adecuadamente el destino del gasto. Estas fallas, no sólo afectan el desarrollo de las políticas públicas, sino también la imagen y confianza ciudadana en las instituciones. Bajo esta realidad, no se puede omitir la existencia de indicios de que las malas prácticas se dan incluso mucho antes de la etapa del ejercicio de los recursos.

En atención a lo anterior, la presente iniciativa tiene como objeto establecer dentro de los principios que deben observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del PEF, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), un precepto enfocado a resolver la problemática de obtención de beneficios en el proceso de aprobación de programas y proyectos del PEF.

Esto, en armonía con las recientes modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados a su Reglamento, por las cuales se prevé sancionar las prácticas indebidas en el ejercicio de sus facultades y, en general, atendiendo a la transparencia, que es elemento indispensable para obtener la aprobación por parte de la población respecto de la actuación de sus representantes.

En ese sentido, en la última década, se han integrado diversas reformas al artículo 6to constitucional en materia de transparencia.  Esto ha ampliado las posibilidades de escrutinio de la sociedad sobre el trabajo de los servidores públicos en general, lo que ha abonado a la mejora del desempeño de funciones, así como a la rendición de cuentas.

Uno de los puntos más revisados por la sociedad en el ámbito del derecho de acceso a la información, ha sido el uso de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno. Mucho se ha legislado también en el ámbito de leyes federales, las cuales reglamentan diferentes artículos constitucionales relacionados con el uso de recursos por parte de los poderes, legislativo, judicial, ejecutivo federal y sus secretarías, entidades federativas, municipios, etc.

Sin embargo, a pesar de que las autoridades federales han diseñado mecanismos para monitorear su ejercicio, éstos no han sido del todo exitosos, pues aún existe amplia discrecionalidad y debilidad en el proceso de programación y asignación del gasto en la Cámara de Diputados, lo que abre áreas de oportunidad legislativa, en favor de incidir en la efectividad de la integración del PEF.

Todo lo anterior deriva de la facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados, contenida en el artículo 75 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), misma que consideramos no es necesario reformar para atebnder la problemática, toda vez que se puede legislar en otras leyes federales, con el fin de hacer más transparente la etapa de elaboración del PEF, especialmente en el proceso de estudio y discusión en la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, se propone sea una obligación, y no una opción como actualmente marca la normatividad vigente, que la Cámara de Diputados prevea en el PEF los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Con esto, se blinda el ejercicio de los recursos públicos, reduciendo el margen de discrecionalidad en su aplicación dentro de los programas y proyectos aprobados.

Asimismo, se propone que la elección de los proyectos o programas presentados por los diputados a efecto de ser integrados al PEF, atienda siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido, disminuyendo la oportunidad de que se introduzcan aquellos que no tienen un beneficio real para la sociedad y que sólo atiendan a los intereses de unos cuantos.

Para el efecto, proponemos facultar a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que, en aquellos programas o proyectos extraordinarios que se pretenda sean incluidos en el PEF, sin contar con el registro previsto en la fracción III del artículo 34 de la LFPRH, se pronuncie en relación a que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, observando sin excepción los criterios de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de la LFPRH a propósito del análisis de costo y beneficio.

Finalmente se propone adicionar un precepto que oriente la conducta de los legisladores en el sentido de que éstos deben negarse a obtener beneficios de cualquier índole, derivados del ejercicio de sus funciones, pues éstos deben desvincularse de intereses personales que entorpezcan el correcto desempeño de la función pública, específicamente en lo relativo a la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el PEF. Los servidores públicos mexicanos tienen la obligación y los ciudadanos el derecho a que, en todo momento, nuestros representantes tengan un adecuado desempeño de sus funciones y una correcta administración de los recursos públicos.

De la técnica legislativa.

En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa:

a) Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley.

b) Realce, para las adiciones al texto vigente de la ley.

c) Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma la fracción VII y se adicionan un párrafo segundo al  inciso c) y un inciso g) a la fracción VIII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:

I. …  a  VI. ...

VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, deberáprever en el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley;

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

a) … a b) …

c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos.

Cuando dichos proyectos no se encuentren registrados conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 34 de esta Ley, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse en relación a que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, que observan los criterios mínimos de rentabilidad socieconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional , concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de esta Ley a propósito del análisis de costo y beneficio.

d) …a  f) … 

g) Los Diputados se abstendrán de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan influir ilícitamente en la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos. La infracción a este precepto será sancionada en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

IX. …

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Ernesto Cordero Arroyo.- Sen. Carlos Mendoza Davis”.





 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 333 Y SE ADICIONA UN ARTICULO 338 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TRAFICO DE ORGANOS

(Presentada por la C. Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI)

“La suscrita, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR , Senadora de la República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  ARTICULO 333 Y SE ADICIONA UN ARTICULO  338 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TRAFICO DE ORGANOS,  de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México hablar de Tráfico de Organos en correlación a la Trata de Personas, se ha vuelto un Tabú y hasta cierto punto un tema que algunas autoridades todavía se muestran renuentes a aceptar que son delitos que han penetrado en nuestra esfera social, transgrediendo y causando daños a los sectores en situación más vulnerable de la población, en recientes fechas hemos visto a través de medios de comunicación declaraciones de autoridades estatales y federales en materia de procuración de justicia, que reconocen que se han iniciado investigaciones, averiguaciones previas y procedimientos en el que los querellantes manifiestan haber sido víctimas de Tráfico Ilícito de Organos o de Trata de Personas con los mismos fines, justamente el punto medular donde encuentra sustento la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TRAFICO DE ORGANOS.

Analicemos el concepto desde la óptica de la norma vigente, el tráfico de órganos, consiste en la extracción, venta y compra clandestina de partes del cuerpo humano, entendiéndose por órgano a la "entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que concurren al desempeño del mismo trabajo fisiológico".

La situación de realizar un trasplante comienza por tener un órgano saludable, entonces se necesita saber si realmente la persona de donde se extrajo el órgano no padeció enfermedades crónicas o no murió en condiciones violentas, ya que en esta medida se sabrá si el que recibirá el órgano no lo rechaza o acepta.

Es por tal razón que referirse al tráfico de órganos o tejidos de seres humanos, implicaría referirse a toda una organización bien estructurada con la capacidad de mantener una tecnología médica de punta y contar con el personal médico adecuadamente capacitado para realizar dichas operaciones. De los datos proporcionados por la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Informática y procreación de órganos y tejidos, se sabe que no ha podido constatar fehacientemente la realización delictiva del tráfico de órganos.

El delito de tráfico de órganos lo encontramos en el artículo 461 de la Ley General de Salud al señalarnos que "al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a ocho años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

“La imposición de las pena se establece en el artículo 462, que a la letra dice "se impondrá de dos a seis años de prisión y multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate: I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos, y II. Al que comercie con órganos, tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. Si intervinieren profesionistas, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicará además suspensión de uno a tres años en el ejercicio profesional y hasta cinco años más en caso de reincidencia.

"Asimismo, los artículos 320 y 322 establecen que "se considerará disposición ilícita de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, aquella que se realice en contra de la ley y el orden público." "Queda prohibido realizar el trasplante de un órgano único esencial para la conservación de la vida y no regenerable de un cuerpo humano vivo a otro cuerpo humano vivo." Necesariamente para la realización de la extracción de un órgano o tejido humano con la finalidad de poder venderlo a un donante, es necesario de la utilización de todo un aparato médico sofisticado, que realice tal cirugía, así como de tecnología para que su preservación pueda ser aceptable de recepción. Independientemente de que tanto el donante como el receptor deben coincidir en todo una serie de características determinadas, así como el mantenimiento de buenas condiciones de salud de ambos.

Considerando que México ha sido permanentemente un país adscrito a las políticas mundiales emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario resaltar que desde el año 2004 dicha organización mundial solicitó a los estados miembros "tomar medidas para garantizar que los grupos más pobres y vulnerables estén protegidos contra el turismo de trasplantes y la venta de sus órganos".

En tal sentido, nuestro país no es ajeno a dichas actividades, ya que en los últimos meses diversas agrupaciones han intentado constantemente realizar trasplantes entre personas extranjeras. No obstante que nuestra legislación ha sido reformada y publicada en el mes de Diciembre de 2011, con el propósito de enfrentar y reducir las prácticas alejadas de las disposiciones legales aplicables, buscando también apegarnos a la legislación internacional. Más aún derivado de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y de la CONTRADICCION DE TESIS 293/2011, Por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Pleno definió el criterio que debe prevalecer respecto del lugar constitucional de los tratados de derechos humanos de fuente internacional, … “La mayoría determinó que los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo 1° constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional.”

“De esta manera, se interpretó que la reforma en materia de derechos humanos, amplía el catálogo constitucional de los mismos, pues permite armonizar a través del principio pro persona, las normas nacionales y las internacionales garantizando así la protección más amplia a la persona.” Así mismo señalo: ... “de la misma forma trascendente, el Tribunal Pleno resolvió, que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluyendo aquella en los casos de litigios en los que México no fue parte, resulta obligatoria para los jueces Mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.”

Es por ello que la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Trasplantes rechaza de manera contundente y categórica estos actos de donación y trasplantes de órganos y tejidos condenados internacionalmente, haciendo un llamado de atención y alerta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, y de manera particular a los profesionales de la salud interesados en la realización de trasplantes, para que se tomen las medidas y las precauciones necesarias y se difunda su control y las sanciones claramente señaladas en la Ley General de Salud.

Sobre el particular es propio citar lo que refiere la Corte Interamericana de derechos Humanos:

“…el Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa.1

“Los Estados tienen, como parte de sus obligaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce.2

“…Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención.3

En este sentido, es conveniente precisar que el artículo 333 de la Ley General de Salud (LGS) enumera los requisitos para la realización de trasplantes entre vivos, y en su fracción VI, inciso "c" establece de manera muy clara la obligación de los establecimientos de salud en los que se llevan a cabo los trasplantes referidos para constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.

Aunado a lo anterior, los artículos 462 y 462 Bis del mismo ordenamiento legal refieren las sanciones a las que se harán acreedores quienes lleven a cabo, promuevan, favorezcan, faciliten, publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos.

En razón de lo anterior, es una obligación del personal del Centro Nacional de Trasplantes llevar a cabo la notificación a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios cuando se tenga conocimiento de cualquiera de los ilícitos señalados, por lo que nos encontramos con toda la disposición para coadyuvar en su estricto cumplimiento.

Dicho texto es retomado de manera íntegra de un Comunicado emitido por Dr. Arturo Dib Kuri Director General del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud el cual puede ser consultado en la pagina electrónica http://www.cenatra.salud.gob.mx/turismo_organos.html. En este sentido debemos señalar que efectivamente México al ser miembro de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas está obligado a considerar dentro de su marco jurídico interno mecanismo para el cumplimiento de los tratados internacionales de los cuales sea parte, así como de los criterios que emitan dichos organismos internacionales, tal es el caso de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual emitió en el 2010 LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE TRASPLANTE DE CELULAS, TEJIDOS Y ORGANOS HUMANOS, Aprobados por la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22, cuyo principal objetivo es proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable para la adquisición y trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Cada jurisdicción determinará los medios para poner en práctica los Principios Rectores.

El Principio Rector 5 de la OMS dicta, entre otros, que la donación debe ser un acto altruista, sin recompensa alguna que no sea el rembolso de los gastos ocasionados por el procedimiento propiamente tal. Todas las legislaciones incluyen ese principio en sus normativas y proclaman la gratuidad de la donación.

En cuanto al rembolso de los gastos vinculados con la ablación, las legislaciones no son homogéneas y varias no mencionan este punto. En algunos casos, se aclara que la prestación de los servicios para el trasplante será gratuita para el donante, pero el pago correrá a cargo del receptor, ya sea a través de su cobertura social o de manera directa.

En relación con las instituciones y centros de trasplante, se establece que podrán realizar el cobro de los valores correspondientes al proceso del trasplante y mantenimiento del donante fallecido, así como los demás gastos en que se incurra durante el proceso.

Adminiculando dicha idea con otro tema de especial interés para a la suscrita y para el gobierno Mexicano, encontramos el tema de la Trata de Personas con Fines de Extracción de Organos, problemática abordada en el artículo 30 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos publicada el 14 de junio de 2012 en el Diario oficial de la Federación, y que tiene como finalidad sancionar dicha conducta, con penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Debemos resaltar que aunque el tema de trafico de órganos y trata de personas convergen en un punto que es la extracción de órganos, son dos problemáticas que se deben abordar de manera distinta es por lo anterior y atendiendo a la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos así como a las resientes denuncias públicas sobre el tema de trafico de órganos y la trata de personas con dicho fin, que considero necesario fortalecer las actuales disposiciones jurídicas contenidas en la Ley General de Salud y el la Ley General de Trata de personas de la siguiente manera:

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Decreto por el que se reforma el artículo 333 y se adiciona un artículo 338 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 333 y se adiciona un artículo 338 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 333.-  …

I. a V. …

VI. …

a) Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá de estar firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes;

b) Asimismo, para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean extranjeros, deberá además de cumplir lo previsto en el presente artículo y demás disposiciones aplicables, acreditar su estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables y el establecimiento en el que se vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al paciente en el Registro Nacional de Trasplantes con una antelación de por lo menos quince días hábiles.

Cuando no exista parentesco entre el donador y el receptor, el receptor del órgano deberá  tener un historial clínico en el país de por lo menos ciento sesenta días.

 c) Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refieren los dos párrafos anteriores deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación jurídica o comercio de órganos y tejidos.

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

I. Contar con la condición de estancia regular, en términos de las disposiciones migratorias vigentes, con una estancia en el país de por lo menos ciento sesenta días previos a la realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia, debidamente documentados, de extranjeros con diagnóstico de hepatitis fulminante;

II. Obtener resolución favorable por escrito del Comité Interno de Trasplantes, del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos y/ o tejidos. Esta resolución deberá estar firmada por todos los integrantes del Comité Interno de Trasplantes, y

  1.  Cuando un extranjero se interne al territorio nacional específicamente con el propósito de recibir un órgano o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá verificar que en primer término, se encuentren satisfechas las necesidades del trasplante de que se trate para los mexicanos.

 

IV. La Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un órgano para trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días naturales siguientes a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de emisión de la resolución.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Sen. Cristina Díaz Salazar”.

1 ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie CNo. 205).

2 (Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97).

3 (Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14).





 

PROPUESTAS

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a instrumentar un plan de acción que permita garantizar el derecho a la salud de las mujeres en estado de gravidez de la entidad. Se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUMENTE UN PLAN DE ACCION QUE PERMITA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN LA ENTIDAD.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA SE EXHORTA AL GOBIERNO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE PERMITAN A ATENDER LAS CARENCIAS DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA QUE TIENEN LAS MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ DE LA ENTIDAD A FIN DE GARANTIZAR SU DERECHO A LA SALUD, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Tradicionalmente la salud ha sido asociada con enfermedades, virus y bacterias, sin embargo, actualmente también comprende fenómenos que van más allá del desequilibrio o alteración del funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata del estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por ello, es fundamental atender las acciones u omisiones que produzcan repercusiones en completo bienestar de las personas.
 
La preservación, conservación y atención es crucial para el Estado Mexicano, por ello, en el cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en favor de las y los mexicanos el derecho a la protección de la salud. 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley Estatal de Salud Oaxaca, son autoridades sanitarias estatales: El Gobernador del Estado; La Secretaría de Salud del Estado; y Los Ayuntamientos en el ámbito de su respectiva competencia.

Asimismo, la ley en comento establece que  al Gobierno del Estado de Oaxaca le corresponden, entre otras actividades, llevar a cabo las siguientes acciones:1

• El control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud de los servicios públicos a la población en general; servicios sociales y privados sea cual fuere la forma en que se contraten y otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.

• La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.

• La promoción de la formación de recursos humanos para la salud.

• La educación para la salud.

A pesar de que la salud está consagrada como un Derecho Humano en nuestro país, en entidades como Oaxaca sólo forma parte de un conjunto de buenos deseos que dista con la realidad. Es común conocer de casos de negligencias, inadecuada atención médica y malos tratos del personal de hospitales de dicha entidad.

Esta situación no es nueva, durante el segundo semestre de 2013 y en lo que va de 2014 la falta de acceso a los servicios de salud en el Estado de Oaxaca se ha presentado con mayor frecuencia en perjuicio de las mujeres y sus hijos. Situación que se agrava en virtud de que se trata de grupos vulnerables.

Para dimensionar correctamente la gravedad del problema es preciso referirnos a los acontecimientos que han ocurrido en la entidad durante el periodo referido y que han tenido mayor difusión en los medios de comunicación, todos relacionados con mujeres de comunidades indígenas y la falta de atención médica al momento de dar a luz.  

Cronología de los hechos:

El 2 de octubre de 2013, la señora Irma López Aurelio acudió al Centro de Salud de Jalapa de Díaz en virtud de que estaba a punto de dar a luz, sin embargo, le fue negada la atención médica motivo por el cual tuvo que dar a luz en el jardín de las instalaciones.

En el particular, una vez que se dieron a conocer los hechos, personal del hospital señaló que uno de los motivos por los que no le brindaron los servicios correspondientes, fue porque la mujer de origen mazateco no hablaba bien el español por lo que no le entendieron.

• El 11 de octubre de 2013 se dio a conocer otro caso de negligencia en el mismo centro médico, los cuales acontecieron el 18 de julio del mismo año y que se hicieron públicos por la agraviada después de conocer el caso de la señora Irma López Aurelio.

De la misma manera, la señora Cristina López dio a luz a las puertas de la clínica en Jalapa de Díaz, al respecto la mujer indígena de 29 años, declaró a medios durante su parto solo fue asistida por su esposo y por una enfermera que apareció hora y media después de tener al niño en plena intemperie.

• El 25 de octubre de 2013, una mejor que fue identificada con el nombre de Cinthia dio a luz en el baño de la posada del Centro de Salud de San Jacinto Amilpas. Los hechos ocurrieron a pesar de que la doctora que la atendió le dijo que todavía le faltaba trabajo de parto.

• El 5 de noviembre de 2013, Ruth Mendoza de 24 años de edad, dio a luz en la vía pública en un municipio de San Antonio de la Cal, después de que no obstante la negativa de la mujer, el médico del Centro de Salud al que acudió, la regresara a su casa en plena labor de parto.

• La madrugada del 27 de enero de 2014, Nancy Salgado López, de 21 años de edad, dio a luz a su hija en la banqueta de urgencias del hospital Pilar Sánchez Villavicencio, en el en el municipio de Huajuapan de León.

Los hechos son contundentes y dejan de manifiesto los grandes y graves rezagos en el Sistema de Salud Pública del Estado de Oaxaca, realidad que no puede seguir siendo tolerada, y por el contrario, debe ser atendida por las autoridades de la entidad. 

Si bien ya se han emprendido acciones como son:

• Destituciones de personal de los hospitales.

• Destituciones de funcionarios de la Secretaria de Salud.

• Presentación de quejas y recomendaciones por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No podemos ni debemos permitir que estos casos formen parte de la cotidianidad, por ello es fundamental que tanto el Gobernador, así como el Secretario de Salud de la entidad cumplan con las obligaciones derivadas de sus respectivos encargos en materia de salud pública.   

En el Grupo Parlamentario del PRI nos preocupa que las mujeres en estado de gravidez de Oaxaca cuenten con la posibilidad de acceder a los servicios de salud, pues esto garantiza tanto su bienestar como el de los menores.

Asimismo, estamos convencidos que no hay paliativos válidos para negar la atención médica aludiendo a cuestiones de idioma o falta de previsión de las mujeres. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de sus atribuciones instrumente un plan de acción que permita garantizar el derecho a la salud de las mujeres en estado de gravidez en la entidad.

Asimismo, se solicita informe a esta soberanía cual es el estado que guardan las investigaciones emprendidas por la Procuraduría General de Justicia de la entidad en cada uno de los casos referidos donde se ha denunciado la negligencia médica.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las clínicas y hospitales de los servicios de salud del estado de Oaxaca y envíe un informe pormenorizado de a esta Soberanía.

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de enero del año 2014.

Atentamente”.

1 Artículo 4, apartado A.- En materia de Salubridad General.- Fracciones I, II, VII y X.  de la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca. http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/legislacion/leyes/081.pdf





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las causales por las que sus espacios educativos ostentan los más altos niveles de deserción del país. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ENVIEN ESTA SOBERANIA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LA DESERCION ESCOLAR EN LOS PLANTELES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE BACHILLERATO DE LA CIUDAD DE MEXICO

LOS QUE SUSCRIBEN SENADORES DE LA REPUBLICA DE LA LXII LEGISLATURA E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Proposición de PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANIA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS CAUSALES POR LAS QUE SUS ESPACIOS EDUCATIVOS OSTENTAN LOS MAS ALTOS NIVELES DE DESERCION DEL PAIS, ASI COMO LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS O A INSTRUMENTAR, A TRAVES DE LA INSTANCIA A SU CARGO CON LA  FINALIDAD DE DESASIR ESTA TENDENCIA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Del sistema educativo nacional, el nivel de media superior es uno de los más importantes, pues busca incrementar la escolaridad de la población y así ofrecer más posibilidades de crecimiento y desarrollo para el país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el país existen 15,427 escuelas, 285,974 docentes y 4, 333,589 alumnos, de estos, 10, 144 escuelas, 186,541 docentes y 2, 813,118 alumnos se encuentran en el Distrito Federal, en el que 438,602 alumnos, 34,888 docentes y 683 escuelas, forman su sistema del nivel de Educación Media Superior.

Durante el ciclo escolar 2012-2013, el DF contó con el 130.4% en absorción, 49.3% en eficiencia terminal y 10.6 en grado promedio de escolaridad que fue superior al nacional que ascendió al 8.8, de la misma manera, contó con el 43.3% en el indicador de reprobación, 107.5 de cobertura (15 a 17 años), 106.5 de cobertura (16 a 18 años) y 76.8% de tasa neta de escolaridad, según el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa.

El Distrito Federal, cuenta con la mayor tasa de deserción del país debido a que en el 2013, más de 90 mil jóvenes truncaron sus estudios. Es preocupante que de los 173 mil 139 estudiantes inscritos en la última década, sólo han egresado 14 mil 67, cifra que representa un 8%. Se ha identificado que las delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza y Alvaro Obregón  concentran los mayores índices de deserción.

La última Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, muestra que el 67.1% de los jóvenes que abandonaron el nivel quisieran concluir sus estudios, el 47.7% de los encuestados los abandonaron por falta de recursos para comprar útiles escolares, pasajes del transporte o cuotas de inscripción, 17.8% porque les disgustaba estudiar y el 17.5% por embarazó. De los encuestados que provienen de una familia de bajos recursos que representó el 35.1%, el 18.3% consideraba más importante trabajar que estudiar.   

Estos datos muestran que se han habilitado espacios educativos pero no se han instrumentado las acciones necesarias en relación a la permanencia, equidad, calidad, gestión, integración y coordinación de este nivel educativo, representando pendientes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) que es el órgano público descentralizado adscrito a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Distrito Federal responsable de estas acciones.

Este Instituto  tiene como objetivo impartir e impulsar la educación del nivel medio superior en el Distrito Federal con énfasis en las zonas en las que la atención ante la demanda sea insuficiente, para lo cual, los servicios educativos que implemente serán gratuitos, por ello, está facultado para desarrollar, instrumentar y ejecutar modelos alternativos de educación media superior, así como sus planes y programas de estudio; establecer, organizar, mantener y administrar planteles de educación media superior… así como impartir educación media superior a través de las modalidades escolar y extraescolar… esto de acuerdo con su decreto de creación.

Este escenario nos invita a reflexionar si en el Distrito Federal la permanencia en el nivel medio superior está garantizada, asimismo, si  los jóvenes no cuentan con los apoyos suficientes y adecuados para concluir sus estudios.

Atender la deserción en la capital del país es una obligación del Gobierno del Distrito Federal y sus instituciones, por lo que debe instrumentar las acciones y políticas públicas necesarias para contenerlo y prevenirlo. Es claro que no basta con destinar recursos financieros y humanos, prueba de ello es el alto índice de deserción escolar que se ha mantenido en los últimos años.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION EXHORTA  AL JEFE DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ENVIEN A ESTA SOBERANIA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA REDUCIR LA DESERCION ESCOLAR EN LOS PLANTELES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE BACHILLERATO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo relativo al informe de labores de los titulares de los órganos político administrativos en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL INFORME DE LABORES DE LOS TITULARES DE LOS ORGANOS POLITICO ADMINISTRATIVOS EN EL D.F.

“Los que suscriben Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1, fracción II; 108, 109 y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de URGENTE RESOLUCION, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA AL INFORME DE LABORES DE LOS TITULARES DE LOS ORGANOS POLITICO ADMINISTRATIVOS EN EL D.F. al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un concepto muy utilizado en las últimas décadas en la administración pública de los tres órdenes de gobierno en México, es la rendición de cuentas1, que representa un acto administrativo mediante el cual los responsables de la gestión de recursos públicos justifican y se responsabilizan de su aplicación. Se piensa que el origen del término proviene del latín “accomptare- a cuenta” y “computare-calcular”.

Accountability o rendición de cuentas, tienen en el fondo una noción de carácter ético cuyos antecedentes provienen de la cultura anglosajona y tuvo sus primeras apariciones en la década de los años sesenta en Estados Unidos de Norteamérica.

Al igual que otros términos anglosajones, no existe una traducción exacta al castellano de accountability, por ello diversos autores han trabajado sobre su significado y características. Tal es el caso de Andreas Schedler2 para quien accountability es un acto obligatorio para responder por acciones u omisiones; mientras que la noción de rendición de cuentas representa una acción voluntaria.

Otros estudiosos como Joseph G. Jabbra definen el “public service accountability”3 como el método mediante el cual una agencia pública o un servidor público, completa sus deberes y obligaciones y es requerido a responder por los mismos. Toma en cuenta cinco factores para su análisis: cuestiones administrativas, legales, políticas, profesionales y morales.

Siendo un concepto multidimensional, resulta preferible tomar una definición amplia de la rendición de cuentas4 que, por un lado, señala la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability). Y por otro lado, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement). Lo que nos lleva a tener presente siempre que la rendición de cuentas implica tres aspectos fundamentales: información, justificación y castigo.

Es decir, existe una obligación de reportar, explicar o justificar algo para dar cuentas y responder a preguntas expresas por parte de otros actores; circunstancia a la que tarde o temprano, todos los servidores públicos se enfrentan, ya sea ante una Legislatura, ante un Tribunal o ante la propia opinión pública.

En este orden de ideas se presenta este texto, relativo a la rendición de cuentas como instrumento fundamental en las democracias con calidad; concepto que ha sido poco entendido por algunos gobernantes, quienes han decidido no atender el fondo del concepto sino sólo la forma, para legitimar un acto de propaganda bajo el pretexto de “informar” a los ciudadanos.

Los informes de labores anuales, se han convertido en actos unidireccionales mediante los cuales, los ciudadanos sólo son convocados a escuchar y vitorear, sin tener oportunidad de intercambiar ideas y generar retroalimentación para el gobernante. Los ciudadanos tampoco tienen ocasión de analizar con detalle las cifras proporcionadas por el gobernante en turno y cotejar su certeza.

Más aún, lo que debería estar presente en todos los informes de labores, los “indicadores de gestión5”, son los grandes ausentes. Todo queda reducido a una numeralia de acciones que por mandato deben atenderse.

Un apartado también ausente en los informes de labores anuales son las sanciones por incumplimiento de algún programa de gobierno, todo se reduce a campañas publicitarias, que desatienden los principios de austeridad, de transparencia y oportunidad de la información.

Queda claro que ante la carencia de la legislación reglamentaria, se ha omitido observar la Ley6 como se ha percibido en casos anteriores, a pesar de las denuncias ante los órganos y tribunales electorales, en donde en el mejor de los casos, se instruye al Congreso del Estado respectivo a aplicar la sanción correspondiente cuando se ha tratado de casos que atañen al poder Ejecutivo estatal.

Un ejemplo concreto en el D.F. fue lo que ocurrió el pasado 27 de enero, cuando el delegado en Miguel Hidalgo, realizó su Primer Informe de Gobierno, en el deportivo “Plan Sexenal”, ante la presencia de diversos funcionarios de la administración pública capitalina, en el que se llevaron a cabo una serie de actividades más allá del acto de informar; tales como, el uso de fuegos pirotécnicos, artistas y pantallas gigantes.

Según datos no oficiales, hay cálculos sobre el costo del evento y la publicidad efectuada para tal motivo, cuya erogación alcanzó los 20 millones de pesos7.

Muy lejos del cálculo anterior, el titular de la delegación Miguel Hidalgo ofreció cifras que reportan un costo de 3 millones 209 mil 285.68 pesos, mediante documentales de carácter privado.8

Si bien ante tal abuso, el pasado 4 de febrero del 2014, el propio Instituto Electoral del D.F. anunció que expediría un reglamento para atender principios básicos como la austeridad y los límites de territorialidad de la difusión de los mismos; de manera anticipada un diputado de la Asamblea Legislativa del D.F. indicó que el órgano electoral de la capital del país estaría invadiendo atribuciones del cuerpo legislativo en caso de pretender reglamentar los informes convertidos en propaganda.

La pregunta es ¿Si la opacidad y la discrecionalidad son la regla los informe de labores de los servidores públicos, por qué no se ha legislado al respecto en la capital de la vanguardia?

Es cierto que el numeral primero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tiene entre sus atribuciones, fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Que el propio artículo 134 del mismo ordenamiento, mandata que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

También prevé que los resultados del ejercicio de dichos recursos deben ser evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen conforme lo previó el legislativo.

Sin embargo, la Ley se hace nugatoria cuando se trata de informar a los ciudadanos para desvirtuar ese acto en publicidad, como si fuera la persona y no la institución quien realiza el trabajo presentado, convirtiéndose en todo caso en un acto de propaganda9.

Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, es muy claro, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Señala el artículo 228 del COFIPE que el informe anual de labores10 de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer no serán considerados propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional, al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

Ante lo anteriormente expuesto, queda claro que ninguno de los titulares de las delegaciones en el D.F. que han presentado su informe anual de labores, ha atendido a la Ley en la materia, es más, se han visto pancartas y espectaculares que rebasan los tiempos establecidos para la publicidad de siete días antes de la presentación del informe y cinco días después e incluso se ubica su propaganda muy lejos de su jurisdicción.

Lo mismo ocurrió en la delegación Cuauhtémoc con Alejandro Fernández; en Tlalpan con Maricela Contreras; en Iztacalco, con Elizabeth Mateos; en Iztapalapa con Jesús Valencia y en Miguel Hidalgo con Víctor Hugo Romo.

En éste último caso, la publicidad de su imagen excedió el ámbito territorial de su administración, pues lo mismo se le pudo observar en espectaculares de periférico sur que en el circuito interior, muy cerca del aeropuerto de la capital del país, es decir, en las delegaciones, Alvaro Obregón y en Venustiano Carranza, donde no tiene jurisdicción.

Dicha promoción además de ser contraria a la esencia de un informe de labores, violó diversos artículos de la Ley de Publicidad Exterior vigente en el Distrito Federal respecto a las reglas para colocar publicidad de carácter institucional en el equipamiento urbano, generando contaminación visual.

Por si esto no bastara, la fracción XXIX del artículo 42 del Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal, es muy clara al estipular que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la encargada de recibir y analizar el informe anual de gestión que le presenten, por conducto del Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales.

Si existe una disposición para el cumplimiento de esta obligación, ¿Por qué transgredir la Ley11 que si bien es imperfecta, es un mandato a cumplir, principalmente por los servidores públicos?

Ese presunto ánimo de rendición de cuentas a los ciudadanos tendría su mejor ejercicio en las acciones que se llevan a cabo en cada calle, colonia y área común de las demarcaciones territoriales, incluyendo los servicios de carácter social.

Los actos espectaculares que a la fecha observamos disfrazados de informes de labores, incluso a través de la compra de espacios en prensa escrita y electrónica como al parecer ocurre con la jefa delegacional en la demarcación territorial de Magdalena Contreras, Leticia Quezada12, quien aparece en la Revista Alcaldes de México, deben ser explicados a la opinión pública.

Es el mismo caso de Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo, quien se anuncia en espacios como Masarik TV13 o se da espacio para tener una “charla con Vogue México”14 y contar de sus resultados en el espacio noticioso “El mañanero”15 en televisión abierta. Todos estos ejemplos, están lejos de cumplir con la bondad que representa la construcción de ciudadanía a la que tanto recuden.

El titular de la delegación Miguel Hidalgo, lejos de estar solicitando la organización de una consulta que indique si ha lugar a la revocación de su mandato16, -figura que no existe en el orden jurídico nacional- sería mejor que hiciera una consulta pública si ha lugar a hacer uso dispendioso de los recursos públicos para publicar su imagen o mejor construir estacionamientos en diversas zonas de su demarcación.

Estas circunstancias repetitivas deben ser la gran oportunidad para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal atienda en el ámbito de sus atribuciones, la expedición de lineamientos que eviten seguir lacerando la democracia en la capital del país, que es la capital de todos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación; así como a la Asamblea Legislativa del D.F. para que instruya al órgano fiscalizador de la entidad, investigar por el probable riesgo y por los antecedentes antes señalados, y llevar a cabo de manera coordinada, una auditoría a los dieciséis titulares de los órganos político administrativos del D.F. para verificar un probable desvío de recursos hacia rubros en materia de comunicación social; asimismo, se solicita verificar que se hayan atendido los principios constitucionales en materia de uso de recursos públicos e informes de labores.

SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en uso de sus atribuciones, solicite a los dieciséis titulares de los órganos político administrativos del D.F. rendir un informe desglosado, exhibiendo documentales públicas y privadas del gasto ejercido con motivo de su Primer Informe de Labores y lo haga del conocimiento de esta Soberanía en un plazo no mayor a treinta días.

TERCERO.- El Senado de la República hace un atento exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en uso de sus atribuciones solicite a los dieciséis titulares de los órganos político administrativos del D.F. un informe detallado que incluya los costos de las publicaciones contratadas en medios impresos y electrónicos en las que aparezca su imagen, del 1 de diciembre de 2013 al 18 de febrero de 2014.

Dado en el salón de sesiones del Senado el 4 de marzo de 2014.

Suscribe

El Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional”.

1 En México, sus antecedentes se remiten al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1994, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de que el Estado dispusiera de mejores instrumentos para la Gestión Pública, a través de la oportunidad y eficiencia en el servicio a los ciudadanos. Así nació la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

2 Schedler, Andreas. Et. Al. The self restraining state: power and accountability in new democracies. Lynne Rienner publishers, Colorado, EUA. 1999. P. 14-18.

3 En artículo de SMITH B, Thomas. The comparative analysis of bureaucratic accountability. Asian Journal of Public Administration. Vol. 13, núm. 1. 1991.P. 94

4 Schedler, Andreas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos” de Transparencia, 03, IFAI. P. 13. Cfr.  http://etresa.com/bbzt-img/rendicion-de-cuentas.pdf

5 Para evaluar tres dimensiones: uso de recursos, eficiencia, para producir mejores resultados con los recursos disponibles y efectividad, en el logro de los requerimientos demandados por el cliente-ciudadano.

6 Caso muy interesante fue el derivado de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) CG280/2012 el 2 de mayo de 2012 respecto al acto promovido por el C. Francisco Hernández V.S. del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; su director de comunicación social, Sergio Ramírez; Radio Tehuacán S.A. de C.V.; Gpo. Radio Fórmula Reynosa; XETY-AM; Make Pro S.A. de C.V. El promoverte presentó documentales públicas y técnicas (valor indiciario) en torno al hecho de que del 11 al 20 de enero del mismo año, en diversas difusoras de AM y FM con cobertura en el D.F. se publicitó el informe de gobierno del gobernador en comento. Además de que el 19 de enero en CINEMEX de Plaza Metrópoli de Patriotismo, en el D.F. se difundió publicidad del mismo informe fuera del ámbito territorial permitido. Lo anterior, por claras violaciones a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional y al quinto del artículo 228 del Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE). El resultado fue un proceso largo en el que la sala superior del TEPJF ordenó al Congreso de Puebla imponer la sanción correspondiente al gobernador de esa entidad, lo cual nunca ocurrió.

7 http://www.reporteindigo.com/reporte/df/el-delegado-panoramico

8 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/reina-opacidad-en-gasto-de-delegados-984704.html

9 Ver un mayor análisis en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/8.pdf

10 Cfr. http://normateca.ife.org.mx/internet/files_otros/COFIPE/COFIPE14Ene08yNotaArtInvalidados.pdf

11 Los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan a los servidores públicos del Distrito Federal como sujetos de responsabilidad por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

12 Cfr.  http://www.youtube.com/watch?v=9CcbHqIcJ8Y http://alcaldesdemexico.mx/portal3/tag/quezada/

13 Cfr. http://masaryk.tv/65318/entrevista-exclusiva-con-victor-hugo-romo

14 Cfr. http://www.vogue.mx/articulos/entrevista-a-victor-romo-jefe-delegacional-de-miguel-hidalgo-por-fno-mexico/2803

15 Cfr. http://noticieros.televisa.com/foro-tv-el-mananero/1309/entrevista-victor-hugo-romo/

16 http://www.milenio.com/df/Delegacion_Miguel_Hidalgo-informe_de_Victor_Hugo_Romo-consulta_vecinal-revocacion_de_mandato_0_234577107.html





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a informar sobre las acciones a implementar encaminadas a reforzar la seguridad en las instalaciones e inmediaciones de ese transporte, ante los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANIA UN INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTAN INSTRUMENTANDO O SE CONTEMPLAN IMPLEMENTAR, ENCAMINADAS A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES E INMEDIACIONES DE ESTE TRANSPORTE, ANTE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN SUSCITADO EN LOS ULTIMOS DIAS.

“El que suscribe GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANIA, UN INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTAN INSTRUMENTANDO O SE CONTEMPLAN IMPLEMENTAR, ENCAMINADAS A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES E INMEDIACIONES DE ESTE TRANSPORTE, ANTE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN SUSCITADO EN LOS ULTIMOS DIAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es el medio de traslado más importante de la Ciudad de México: diariamente traslada a más de 8 millones de pasajeros tanto del Distrito Federal como de los municipios conurbados del Estado de México. Como ejemplo de su importancia para todos los sectores de la población, observamos que 6 de cada 10 usuarios son empleados y estudiantes, 3 de cada 10 son profesionistas, amas de casa y comerciantes, y 1 de cada 10 son obreros.

La inseguridad en el Sistema de Transporte Colectivo se ha agravado en lo que va de este año, para ejemplificar esta problemática destacan los casos de hallazgos de cuerpos sin vida, robos, alumbramientos, desmanes y venta irregular por parte de los vagoneros y bocineros.

La seguridad de los usuarios en estas instalaciones, es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal y sus instituciones, por lo que debe instrumentar las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad de los usuarios que diariamente hacen uso de este servicio.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de enero a octubre del 2013, los principales delitos que se cometen en el Sistema de Transporte Colectivo Metro son robos y abuso sexual. Las estaciones Pantitlán con 35% de los delitos, Guerrero 27% e Hidalgo con el 20% son los espacios con mayor incidencia delictiva.

A estos delitos, debe sumarse los sucesos acontecidos en los últimos días en varias estaciones de servicio, que en su conjunto propician un clima de inseguridad para los usuarios, entre estos hechos destacan:

a) Localización de cuerpos sin vida en sus instalaciones.

• Paradero Metro Tasqueña, el 12 de febrero, fueron localizados los cuerpos de un hombre en situación de calle de alrededor de 35 años, en el Andén F del paradero sur y el de una mujer en la estación del tren ligero, este último caso, fue identificada como parte del personal de limpieza de nombre Aracely Sandoval de aproximadamente 30 años de edad.

• Estación Insurgentes, el 12 de febrero, se encontró sin vida al joven Arturo Bausa Pérez de  25 a 30 años aproximadamente.

b) Según datos del último informe de las autoridades este servicio, en sus instalaciones se dieron más de 2 643 delitos, de los cuales 321 fueron por robo, 189 agresiones sexuales y 2 mil 95 por falta a la Ley de Justicia Cívica y 38 por delitos contra la salud.

c) En lo que va del año, se han presentado diversos casos de alumbramientos en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que se deben tomar medidas preventivas, protocolos de intervención y acciones a realizar en coordinación con otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Preventiva del Distrito Federal para garantizar los primeros auxilios y el traslado al nosocomio más cercano, entre estos casos se encuentran:

• 29 de enero, una mujer de 18 años tuvo a su hija en los baños públicos de la estación Chapultapec.

• 10 de febrero, una madre de 22 años dio a luz en las instalaciones de la estación Copilco, la recién nacida y su madre fueron llevadas al hospital pediátrico de la delegación Coyoacán.

• 11 de febrero, una fémina de 38 años de edad tuvo labor de parto en la estación La Paz de la Línea A, la madre e hija fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en la carretera México- Texcoco, en los Reyes La Paz.

d) Aunado a estos casos, las instalaciones del Metro han sido escenario de violencia de los llamados Reguetoneros, se han suscitado en las estaciones de San Pedro de los Pinos y Tacubaya, con daños en los vagones y en la señalización de los andenes.

En suma, el aumento del precio no se ha reflejado en las acciones para la seguridad y mejorar la eficiencia, eficacia y economía del servicio, dado que las acciones hasta ahora instrumentadas no han arrogado los resultados esperados. Este panorama evidencia que las autoridades del Distrito Federal tienen mucho que hacer para garantizar la tranquilidad en las instalaciones del Sistema Colectivo Metro. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que presente ante esta Soberanía, un informe detallado de las acciones que se están instrumentando o se contemplan implementar, encaminadas a reforzar la seguridad en las instalaciones e inmediaciones de este transporte, ante los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días.

Segundo.-Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones, en relación a los cuerpos hallados sin vida en diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en lo que va de este año.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los ataques a la sede del PRI en la entidad. Se turna a la Comisión de Justicia.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACION A LOS ATAQUES A LA SEDE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA ENTIDAD. 

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS A QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACION A LOS ATAQUES A LA SEDE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA ENTIDAD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS:

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

En consecuencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos tiene la responsabilidad de implementar las acciones que sean necesarias para cumplir con su mandato de administrar la justicia de manera eficaz, eficiente, pronta y expedita.

Hace unos días en los principales medios de comunicación se dio a conocer que el martes 11 de febrero de 2014 un grupo de sujetos atacó la sede del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, ilícito que produjo daños materiales en la fachada del inmueble, luego de que lanzaron piedras y bombas molotov contra los cristales.

Al respecto, cabe mencionar que según medios locales, los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos tardaron en llegar al lugar de los hechos, además, media hora después de que fue controlado el fuego los policías municipales se retiraron del edificio ubicado en colonia Vista Hermosa, Cuernavaca.

Producto de los ataques, en la fachada del edificio principal se identificaron los impactos de piedras, cristales rotos, la pared flameada, así como restos de botellas utilizados para lanzar el combustible contra el inmueble.

Por fortuna al momento del ataque, en el edificio no había personas dentro, por lo que sólo se registraron daños materiales, sin embargo, es preciso que las autoridades de la entidad lleven a cabo las investigaciones conducentes a fin de que los responsables enfrenten el proceso penal correspondiente y respondan por sus conductas.

Si bien el área jurídica del PRI en Morelos ya hizo la denuncia correspondiente, es importante que el asunto sea observado por esta soberanía nacional en virtud de que eventualmente todos los Partidos Políticos son susceptibles de conductas de la misma naturaleza.

Se trata de un asunto de certeza jurídica, tranquilidad y orden público. No se trata de un fenómeno aislado, por ello es necesario que las autoridades ministeriales y judiciales determinen la responsabilidad penal y la aplicación de las penas.

El Código Penal para el Estado de Morelos en su Capítulo IX, establece el tipo penal del Daño, conducta descrita en dos hipótesis normativas:

• La primera establecida en su artículo 193, y que a la letra dice: “A quien por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en perjuicio de otro, se le impondrán las sanciones aplicables al robo simple.”

• La segunda en su artículo 194, y que a la letra dice: “Si el daño recae en bienes de valor científico, artístico, cultural o de utilidad pública, o se comete por medio de inundación, incendio o explosivos, se aplicará el incremento previsto para el robo calificado…”

Por la dinámica de los hechos, es evidente que nos encontramos en alguno los supuestos señalados, en virtud de que el daño fue producido por un incendio y explosivos, razón por la cual queda de manifiesto que las penas por las conductas antijurídicas cometidas en agravio del instituto político deben ser las señaladas en el numeral 194 de la ley penal sustantiva de la entidad.

De acuerdo al valor del inmueble, se aplicará la pena establecida en la fracción V del artículo 174 de la ley en comento, que a la letra dice: “De diez a catorce años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días-multa cuando el valor de la cosa exceda de seiscientas cincuenta veces el salario mínimo.”

Por lo que respecta a la calificativa, el artículo 176, señala que las sanciones previstas se aumentarán hasta en una mitad, entre otros casos, cuando la conducta se realice con violencia y por una o varias personas armadas o portando instrumentos o peligrosos como ocurrió en los hechos del martes pasado. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, rechazamos todo tipo de violencia por eso nos parece de vital importancia las investigaciones sobre el ataque a la sede del partido en Morelos, pues de ellas dependen, por un lado, que los responsables reciban las penas y medidas correspondientes, y por el otro lado, y más importante aún, que el Gobierno de la entidad cumpla con su obligación de dotar de seguridad a la población de la entidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los ataques a la sede del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, asimismo envíe un informe pormenorizado de los resultados.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014".





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar y presentar un informe sobre el probable incumplimiento en los contratos y en la ejecución del presupuesto asignado para la remodelación de los Estudios Churubusco, Cineteca Nacional Siglo de XXI y Centro Cultural Elena Garro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se turna a la Comisión de Cultura.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO ANTE ESTA SOBERANIA SOBRE EL PROBABLE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS Y EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REMODELACION DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO, CINETECA NACIONAL SIGLO DE XXI Y CENTRO CULTURAL ELENA GARRO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Y EN CASO DE ACREDITARSE LAS PROBABLES IRREGULARIDADES SE ACTUE CONFORME A DERECHO.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 72 fracción XII, numeral 5 del artículo 87, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO ANTE ESTA SOBERANIA SOBRE EL PROBABLE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS Y EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REMODELACION DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO, CINETECA NACIONAL SIGLO DE XXI Y CENTRO CULTURAL ELENA GARRO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, Y EN CASO DE ACREDITARSE LAS PROBABLES IRREGULARIDADES SE ACTUE CONFORME A DERECHO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, desarrolla actividades de promoción, apoyo y patrocinio de eventos que propician y promuevan el arte y la cultura en el marco de la política cultural del Gobierno Federal. Esta institución fue creada para coordinar las políticas, organismos y dependencias de carácter cultural y artístico del país, en las que destaca el Centro de Capacitación Cinematográfica, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos Chávez", Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral “Rodolfo Usigli”, Centro Nacional de las Artes, Conservatorio Nacional de Música, los Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional de Siglo XXI y el Centro Cultural Elena Garro.

En algunos de estos espacios, se iniciaron trabajos de remodelación y ampliación sin que hasta este momento estén concluidos, por el contrario, representaron gastos superiores a los programados y no se tienen los resultados esperados, en estos trabajos se han identificado probables irregularidades entre las que sobresalen:

1. Remodelación de los Estudios Churubusco

Forman parte de la creación artística de México, constituye uno de los estudios cinematográficos más importantes del país y América Latina, desde su fundación en 1945 han dado algún tipo de servicio a más de 2000 películas, aportando significativamente a la cultura popular.

Entre sus instalaciones destacan las salas THX que se encuentran entre las más modernas de América Latina, y su por sus nueve foros, un laboratorio químico, centro postproducción digital, dos salas de regrabación, salas de doblaje y dos aulas digitales únicas en México.

Por sus aportaciones, se ha hecho acreedor en 1997 al Ariel, como coproductor por la película “Por si no te vuelvo a ver”, en el 2008 recibió la certificación Imagecare que cuentan los mejores laboratorios del mundo en el proceso de revelado en negativo, así mismo, en el 2010 y 2011 recibió el Ariel en la categoría de mejor sonido por sus contribuciones en las películas “Banck Yard y El Infierno”.

En el 2010, esa administración, decidió remodelar por adjudicación directa los Estudios Churubusco; con un gasto superior a 247 millones de pesos, con los que se pretendía equipar los laboratorios foto- químico y digital, así como la ampliación de más de mil metros cuadrados y del estacionamiento.

El proyecto contemplaba trasladar al nuevo edificio el laboratorio fotoquímico, lo que hoy ante los avances en la industria cinematográfica representaría un gasto absurdo pues ante los avances tecnológicos un laboratorio de este tipo hoy es obsoleto, debido a que pocas obras se realizan en negativos de 35 milímetros. A estas posibles irregularidades hay que sumar los probables incumplimientos de contratos, destaca el estudio costo- beneficio para la edificación de dos foros y una bodega, del que no se tiene resultados.

Sin embargo estamos a más de un año cuatro meses en la que se debió haber concluido la obra, se le han invertido más de 60 millones más a la presupuestado originalmente y se requiere 25 millones más para concluirse.

Por si esto fuera poco, los recursos utilizados en esta remodelación debieron utilizarse en otras obras de gran impacto, como en la adquisición de equipo para los servicios que presta los Estudios Churubusco, por lo que ahora apremia que se culminen los trabajos.

2. Remodelación y ampliación de la Cineteca Nacional de Siglo XXI.

En el 2011 se presentó el proyecto de remodelación y ampliación de la Cineteca Nacional, estas acciones se planearon terminarlas en un año, con un costo de 540 millones 728 mil pesos. Después de un año tres meses de iniciadas las obras, hoy siguen inconclusas y su gasto aumentó 131 millones 407 mil pesos de lo presupuestado inicialmente. Estas obras adjudicadas de manera directa, presentan retrasos en las salas 4, 5 y 6; en la videoteca digital; Librería Educal; así como en el museo del cine o galería; persisten filtraciones e inundaciones, fallas en el elevador y falta de mobiliario.

El cálculo de flujo de personas no fue el adecuado, por lo que ahora se le harán algunas mejoras como la colocación de bancas, señalización en el estacionamiento y se la construcción de baños.

Es importante poner énfasis en los incumplimientos de contratos relacionados con el desarrollo de software, mantenimiento, construcción y publicidad.

3. Problemas Estructurales en el Centro Cultural Elena Garro

Este espacio cultural se anunció que sería la primera librería de estudios de género de América Latina; sin embargo desde su apertura representa una construcción con problemas en su estacionamiento de 414 metros cuadrados y elevadores que deberían comunicar dicho edificio, además de ser un recinto inadecuado para discapacitados, debido a que no cuenta con rampas para su desplazamiento.

Al igual que en los casos anteriores, el presupuesto original fue superado, debido a que estaba contemplado en 100 millones de pesos y el costo hasta este momento supera los 130 millones de pesos.

En relación a las irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación en el 2011, se encuentran el análisis y diagnóstico de la problemática que enfrenta Conaculta respecto de la construcción del Centro Cultural Elena Garro con un costo de más de 2 millones 41 mil 600 pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue y presente un informe pormenorizado ante esta Soberanía sobre el probable incumplimiento en los contratos y en la ejecución del presupuesto asignado para la remodelación de los Estudios Churubusco, Cineteca Nacional Siglo de XXI y Centro Cultural Elena Garro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y en caso de acreditarse las probables irregularidades se actúe conforme a derecho.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación, para que realice las auditorías necesarias y presente un informe pormenorizado ante esta Soberanía, de las probables irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para la remodelación de los Estudios Churubusco, Cineteca Nacional Siglo de XXI y Centro Cultural Elena Garro, durante el periodo 2010-2012.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente”.





 

Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y del Banco Mexicano de Comercio Exterior a realizar las acciones necesarias para ampliar la línea de crédito a las exportaciones mexicanas en Cuba. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO Y DEL BANCO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA AMPLIAR LA LINEA DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN CUBA.

“El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la república en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración el PUNTO DE ACUERDO DONDE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO Y, AL TITULAR DEL BANCO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA AMPLIAR LA LINEA DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN CUBA

CONSIDERACIONES:

Primera.- La relación comercial entre México y Cuba está regida por  la Preferencia Arancelaria Regional y el  Acuerdo de Complementación Económica N°51. Estos acuerdos permiten que los productos mexicanos puedan ingresar al mercado cubano en condiciones preferenciales.

Segunda.- México es el octavo socio comercial y el sexto proveedor a nivel mundial de Cuba. El comercio entre estos dos países ha sido favorable  para  México, en el período 2000-2010 las   exportaciones  mexicanas  a cuba  crecieron  28%  al pasar de 240 millones  de dolores a  307 millones de  dólares.1

En el 2013 el comercio bilateral fue de 386.4 millones de dólares. La Balanza Comercial tuvo superávit para México de 358.8 millones de dólares.

Tercera.- En el año 2008, México abrió una línea de crédito de 25 millones de dólares para financiar exportaciones a Cuba2. Esta línea de crédito tiene el propósito otorgar apoyo financiero a los importadores para la adquisición de bienes y/o servicios de origen mexicano, a través de un banco local acreditado en el país de que se trate.

Bajo este esquema, los importadores pueden adquirir bienes y/o servicios mexicanos a plazo; mientras que el exportador mexicano recibe el pago de su venta al contado evitando la carga del plazo proveedor y mitigando el riesgo de pago.

Cuarta.- En noviembre de 2013, en el marco del relanzamiento de la relación México-Cuba, los  Cancilleres de ambos países, firmaron ocho acuerdos relacionados con el comercio y la inversión, dentro de estos acuerdo se estableció ampliar, a través de Bancomext, la línea de crédito para financiar exportaciones  mexicanas hacia Cuba.

Quinta.- En el Marco de la XIV Reunión Interparlamentaria México-Cuba, la cual se llevó a cabo en febrero del año en curso, los legisladores de ambos países convinieron llevar a cabo el cumplimiento de todos estos acuerdos.

En este contexto, la relación comercial entre México y Cuba, ha venido creciendo y mostrado en términos de intercambio efectos positivos a la economía mexicana, a través del incremento de las exportaciones y los saldos  positivos  de la  Balanza de Comercial de México.

Por tanto, se necesita impulsar un mayor intercambio comercial, que permita ampliar el los proceso de consolidación de ambas economías y acelerar los procesos de vinculación económica y comercial.

Por lo anterior antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta amable soberanía, el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO:

Unico.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y, al Titular del Banco Mexicano de Comercio Exterior, se realicen las acciones necesarias para ampliar la línea del crédito a las exportaciones mexicanas en Cuba.

Dado en la Cámara de Senadores, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.

1 Relación Comercial y de Inversiones entre México y Cuba, Secretaria de Economía, 2010. 

2 http://www.cnnexpansion.com/economia/2008/03/14/mexico-restablece-credito-a-cuba





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato a realizar las investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de obra en la administración local, por parte de autoridades del municipio de Salamanca, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL PROBABLE COBRO DE COMISIONES EN LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA EN LA ADMINISTRACION LOCAL, POR PARTE DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA SE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL PROBABLE COBRO DE COMISIONES EN LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA EN LA ADMINISTRACION LOCAL, POR PARTE DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, al tenor de la siguiente:   

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Para que exista un buen gobierno es necesario que la actuación de sus servidores públicos ofrezca un trato digno y respetuoso hacia los ciudadanos. En este sentido, su comportamiento debe atender a los principios de: integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción.

De acuerdo con el artículo 263 del Código Penal del Estado de Guanajuato, entre otros, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los empleados del Estado y de los municipios y a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal.

El pasado lunes 24 de enero de 2014, en medios de comunicación se hizo pública la denuncia de empresarios de la construcción en contra de Justino Arriaga Silva, ex alcalde y padre del actual presidente Municipal de Salamanca, Justino Arriaga Rojas por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas.

De acuerdo con testimonios de los empresarios, el ex Munícipe convoca a los contratistas para arreglar la comisión que le deben entregar para tener derecho a los contratos en una finca de su propiedad localizada en la carretera Salamanca-Valle de Santiago, denominada “Rancho Seco”. 

Al respecto, uno de los denunciantes que aceptó pagar la comisión, relató que del año 2009 a julio de 2012 recibió contratos en el Municipio, sin embargo en la administración actual ha sido marginado por el Alcalde de Salamanca. Asimismo, señaló que para poder obtener un contrato con el Municipio se debe visitar al padre del Alcalde para negociar el pago del diezmo y luego recibir el contrato.

De la misma manera, puntualizó que en su caso, cuando acudió al inmueble antes referido, el padre del actual Presidente Municipal de Salamanca, le hizo énfasis en que la razón por la cual no tenía el contrato es que no se había reportado para tener la recomendación respectiva. 

Es menester precisar que no es la primera vez que al ex munícipe se le vincula con situaciones de esta naturaleza. Durante su gestión como como Alcalde, en el año 2001 fue señalado por el desvío de recursos por un monto de 9.6 millones de pesos que se etiquetaron para la construcción del puente vehicular de San Juan de los Razos, obra que aunque no se ejecutó, sí se ejerció el recurso asignado.

En el PRI estamos en favor de la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas, rechazamos todo tipo de conductas que vulneren estos principios y por eso nos parece fundamental que los hechos señalados se investiguen por las autoridades de la entidad.

A reserva de los resultados de las investigaciones correspondientes, de acreditarse la veracidad de los hechos, cuando menos estaríamos ante un caso de Peculado, el cual de acuerdo al artículo 248 de la ley penal sustantiva de la entidad, a la letra está tipificado en los siguientes términos:

“Al servidor público que disponga de un bien que hubiere recibido en razón de su cargo, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a cien días multa; así como destitución del empleo o cargo e inhabilitación por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta”.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realice las investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de obra en la Administración local, por parte de autoridades del Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, solicite al Organo de Fiscalización Superior del Estado, lleve a cabo una auditoría integral a los contratos de obra pública realizados por el gobierno del municipio de Salamanca.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente”.





 

De los Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre los actos de hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios de la Delegación Gustavo A. Madero para intimidar a quienes llevan a cabo cualquier acto de proselitismo dentro de la jurisdicción y que se actúe conforme a derecho proceda. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS PROBABLES ACTOS DE HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO PARA INTIMIDAR A QUIENES LLEVAN A CABO CUALQUIER ACTO DE PROSELITISMO DENTRO DE LA JURISDICCION Y QUE SE ACTUE CONFORME A DERECHO PROCEDA.

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA DELEGACION  GUSTAVO A. MADERO PARA INTIMIDAR A QUIENES LLEVAN A CABO CUALQUIER ACTO DE PROSELITISMO DENTRO DE LA JURISDICCION Y QUE SE ACTUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Una de las principales preocupaciones de las sociedades contemporáneas es ofrecer a las generaciones futuras bases sólidas en la promoción, construcción y difusión de valores morales, sociales y políticos con el propósito de fortalecer la convivencia democrática entre los individuos.  Desafortunadamente este anhelo se ve vulnerado por acciones al margen de la ley e incluso comisivas de conductas tipificadas como delitos en nuestro derecho positivo.

Por ejemplo, el pasado lunes 24 de febrero de 2014 en los principales medios de comunicación se hicieron públicos los hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios en contra de quienes llevan a cabo actos políticos dentro de la jurisdicción a su cargo. 

Al respecto se menciona que dichos actos son realizados tanto por personas relacionadas con la Jefa Delegacional, así como con el Diputado Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Víctor Hugo Lobo Román. De acuerdo con testimonios de los agraviados, las conductas intimidatorias van acompañadas de la destrucción de mantas, lonas y en general todo tipo de material con el que pretenden llevar a cabo actos de proselitismo.

Dicho acoso afecta a militantes de todos los partidos políticos y por supuesto a la población de la demarcación, situación que deja de manifiesto la inactividad del Gobierno del Distrito Federal y la falta de certeza jurídica para la población de la demarcación.

No obstante lo delicado del asunto y el ambiente hostil por la violencia, las autoridades capitalinas han dejado en la impunidad los ilícitos cometidos por funcionarios de la Delegación, por ello para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI es fundamental que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para que en su caso sean sancionados quienes resulten responsables.

En el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

Es preciso decir que además de las consecuencias penales que pudiesen tener las conductas que se le imputan a los funcionarios, también tiene repercusiones en nuestro sistema democrático, toda vez que este tipo de hechos hacen imposible la consolidación de la democracia mexicana.

La democracia moderna es una democracia representativa que se fundamenta en la representación política, son los ciudadanos quienes eligen a sus representantes, elección que debe ser de manera libre e informada, ajena de vicios en su voluntad.

En este sentido, un régimen democrático se caracteriza por tener pluralismo, competencia, alternancia, garantías derechos y elección de líderes a través del voto, elementos que deben ser observados y cumplidos por los institutos políticos en todas sus actividades.

En este orden de ideas, uno de los principales requisitos para que exista un régimen democrático es la seguridad pública, la cual se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

En síntesis, la seguridad pública tiene como objetivo primario mantener el orden, la credibilidad y confianza en los actos de la vida pública y particular, en el caso particular, su ausencia se traduce en incertidumbre, falta de legitimidad e peor aún, en el menos cabo de los derechos políticos de los ciudadanos.

Asimismo, nuestra propia ley suprema señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

No podemos ni debemos ser indiferentes ante este tipo de conductas, pues de no atenderse, estaríamos limitando e incluso inhibiendo los derechos políticos de las y los mexicanos, de ahí la importancia de que se investiguen los hechos controvertidos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones correspondientes sobre los actos de hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios de la Delegación Gustavo A. Madero para intimidar a quienes llevan a cabo cualquier acto de proselitismo dentro de la jurisdicción y que se actúe conforme a Derecho Proceda

Dado en el recinto del Senado de la República, a 4 de marzo de 2014.

Atentamente”.





 

Informo a la Asamblea que las efemérides inscritas en el Orden del Día se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

De la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del PRI, en relación con el 55 aniversario del Canal 11.







 

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, para referirse al “Día Mundial de la Naturaleza”.

“DIA MUNDIAL DE LA NATURALEZA
03 DE MARZO

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CAMARA DE SENADORES
LXII LEGISLATURA

La Asamblea General de la ONU proclamó el pasado 20 de diciembre de 2013, el 3 de marzo como Día Mundial de la Naturaleza, el cual se celebró por primera vez el día de ayer.

El Día Mundial de la Naturaleza nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.

Es importante sumar esfuerzos para mitigar las graves amenazas que se ciernen sobre la vida silvestre, todos los sectores de la sociedad debemos ayudar a combatir el tráfico ilícito de especies de flora y fauna.

En cualquier lugar que hay comercio ilícito, encontramos vínculos con la corrupción y el crimen internacional organizado.

Por estas razones, se invita a los Estados miembros, a la ONU y a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y todas las personas a observar y a participar en este día de celebración mundial de la naturaleza.

4 de marzo de 2014

Atentamente

H. Camara de Senadores

Sen. Francisco Salvador López Brito”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del natalicio de don José Vasconcelos.

“CONMEMORACION DEL NATALICIO DE DON JOSE VASCONCELOS

Don José Vasconcelos, nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882 y aunque cursó la totalidad de sus estudios fuera de su Estado natal; nos sentimos orgullosos de que en tierra oaxaqueña, naciera uno de los tantos hombres ilustres, quien dotó a nuestro país de un sistema educativo y de un marco cultural modelo en América Latina1.
Licenciado en derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1910 es nombrado Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes y en 1920 designado Rector de la Universidad Nacional.

Gran iniciador de las campañas de alfabetización y de la construcción de escuelas; impulsor de la política de acercamiento con los pueblos hispanoamericanos. Crea las comisiones culturales y envía a los maestros rurales por todo el país, reestructura la educación mexicana, mejora la Biblioteca Nacional y manda a construir el actual edificio de la Secretaría de Educación Pública. A la par, brinda facilidades a los cultivadores del muralismo como Orozco, Siqueiros y Rivera para que plasmaran su obra.

El lema de la Universidad: “Por mi raza hablará el espíritu”, significa la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima.

Vasconcelos consideró que la cultura es un mecanismo reivindicador de la raza y creyó en el mexicano que puede conquistar el espíritu, el intelecto y la grandeza. Su propuesta educativa conlleva a formar el hombre capaz de valorar la vida desde un punto de vista personal, bajo el principio de que todo hombre de trabajo estará en condiciones de conquistar un progreso para él y por ende para toda la sociedad .

Consideró que para alcanzar estas metas, la influencia del maestro es decisiva, para despertar los valores morales y espirituales del alumno.

Vasconcelos planteó con toda seguridad que por medio de la educación y la cultura, los mexicanos tomarían conciencia de sus problemas internos, y los trascendería en soluciones inmediatas, hasta la conformación de un hombre nuevo, de ahí su necesidad de promover una cultura nacional y popular con acceso a todos los mexicanos.

El soñaba con empoderar a través de la educación a las mexicanas y mexicanos, para que juntos creáramos un país modelo de desarrollo y justicia social a través de valores y participación activa de la ciudadanía.

Compañeras y compañeros:

José Vasconcelos, ejemplo de oaxaqueño y mexicano; filósofo, educador, político y escritor. Debe ser ejemplo de modelo a seguir pues México necesita más ciudadanos con el espíritu social de este hombre, que estén dispuestos a construir un Estado basado en la pluralidad de las ideas, en la participación de todas y de todos para hacer efectivos los derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales.

México necesita de muchos José Vasconcelos, que de manera impecable impulsen desde las instituciones un legado de enseñanza ¡sin faltas de ortografía y sin omisiones de historia y cultura general!

México está urgido de universitarios, de mujeres, de funcionarios, de legisladores, de una sociedad fuerte que con bases humanísticas impulsen el espíritu del saber para bien de México.

Es cuanto”.

1 SOSA RAMOS, Anastasio. Universidad Autónoma del Estado de México. Julio 2006 © 2003. Coordinador General para México, Alberto Saladino García. El pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. Versión digital, iniciada en junio de 2004, a cargo de José Luis Gómez-Martínez. Nota: Esta versión digital se provee únicamente con fines educativos. Cualquier reproducción destinada a otros fines, deberá obtener los permisos que en cada caso correspondan.





 

Del grupo parlamentario del PRI, para referirse al “Día Mundial de la Naturaleza”.

“efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo deL día MUNDIAL DE LA NATURALEZA -3 DE MARZO

Los integrantes del grupo parlamentario del PRI, conmemoramos el “Día Mundial de la Naturaleza”, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2013, por lo que a partir del 3 de marzo del año en curso tenemos el alto honor de observar de manera oficial tan importante fecha.

Este día surgió por la preocupación de difundir y concientizar el valor que tienen la flora y la fauna para las sociedades del mundo, especialmente para países como el nuestro que por su ubicación geográfica y condiciones climatológicas cuentan con una amplia variedad de especies vegetales y animales.

En consecuencia, también es un llamado a combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales se traducen en consecuencias fatales en diversos ámbitos como son el económico, ecológico, genético, social, científico, educativo, cultural, recreativo y estético del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos.

Hoy, más que festejar, es propicio concientizar sobre lo importante que es preservar la gran variedad de la flora y la fauna de nuestro país, porque además de su belleza intrínseca, también representan significativos beneficios para la población mexicana. 

Sin duda, somos un país privilegiado y por ello estamos obligados a preservar nuestra riqueza natural, la cual de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), tiene las siguientes características: 

• En materia de especies, convergen uno de los ecosistemas más diversos del planeta, lo cual lo coloca en el grupo de países denominados “megadiversos”. En total, la cifra de especies oscila entre las 180 mil y las 216 mil, es decir, entre el 10 y 12% de las especies en el mundo.

• Diversas especies se distribuyen exclusivamente en México, de ahí que entre 50 y 60% de las especies conocidas de plantas del mundo se encuentran solamente en nuestro territorio, entre ellas 21 especies de pinos, 146 de agaves y 715 de cactáceas.

• De las especies que existen sólo en México, hay 163 especies de peces de agua dulce (42% del total mundial), 174 de anfibios (48% del total), 368 de reptiles (45% del total), 125 de aves (11% del total) y 169 de mamíferos (31% del total).

Las cifras nos constriñen en la obligación de actuar como verdaderos garantes del cuidado, preservación y conservación de la riqueza natural que posee México, por lo que esta fecha debe ser observada con la responsabilidad que se merece.

Es menester poner especial atención en las especies en con prioridad de conservación, señaladas en las listas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Respecto a las especies incluidas en la lista roja de la UICN, existen 3 mil 524 especies de plantas y animales de México en alguna de sus categorías. No obstante, si se omite la categoría de “preocupación menor”, la lista se reduce a mil 438 especies, de las cuales mil 124 son especies animales y 314 corresponden a especies de plantas.

Por lo que hace a la lista de la CITES, hay alrededor de 2 mil especies de plantas y animales en alguno de sus tres apéndices, subrayando que en el Apéndice I, que señala a las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro a causa del comercio internacional, existen 253 plantas y 53 animales.

No obstante el esfuerzo de sociedad y Gobierno, por lo que respecta a la extinción de especies, se han reportado 127 especies como desaparecidas en el país, siendo los anfibios, peces y plantas los grupos que han registrado más extinciones contemporáneas.

Las principales causas de extinción son los cambios introducidos por la actividad humana como la sobreexplotación, destrucción del hábitat, introducción de especies exóticas invasoras, el comercio ilegal de especies de vida silvestre y contaminación, todas terribles amenazas a la biodiversidad.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto grandes retos en la materia, los cuales asumimos con responsabilidad y firme convicción de que con el trabajo conjunto de sociedad y gobierno, la naturaleza que distingue a México será protegida adecuadamente. 

Compañeros y compañeras legisladores:

En el primer año de la celebración del “Día Mundial de la Naturaleza”, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso histórico con el bienestar de las familias mexicanas.

En este sentido es innegable que nuestra flora y fauna son fundamentales para el desarrollo de la población, de ahí la importancia de tomar conciencia sobre su cuidado y preservación.

Desde esta soberanía nacional, hacemos el respetuoso pero enérgico llamado a que este día, además de ser motivo de celebración, sea motivo de reflexión y por supuesto, punto de partida para asumir compromisos con la protección de nuestra riqueza natural.

Por su atención, muchas gracias”.





 

Del Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del “Día Mundial de la Eficiencia Energética”.







 

Del grupo parlamentario del PRI, para referirse al 185 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez.

“efeméride del Grupo Parlamentario del PRI con motivo del ciento ochenta y cinco ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ocurrido el 2 de marzo de 1829

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, conmemoramos el ciento ochenta y cinco aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, “la Corregidora de Querétaro”, personaje fundamental para el éxito de la independencia de nuestro país.

Mexicana ejemplar, patriota y heroína que a lo largo de su vida se distinguió por ser una mujer valiente, comprometida y congruente que dio su vida por alcanzar un México libre, independiente y soberano, un México en el que se respetaran los derechos de todos.

Hoy, recordamos a quien nació súbdita de la Corona española el 8 de septiembre de 1768, en Valladolid de Michoacán, pero que por sus extraordinarias acciones, murió ciudadana patriota al servicio de la nación, el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México.

En el marco de esta conmemoración es oportuno hacer una breve pero sustancial remembranza de los principales acontecimientos ocurridos en la vida de esta mujer adelantada a su tiempo.

Se desarrolló en un contexto de desigualdades y arbitrariedades, propias de la Nueva España, sin embargo, las injusticias, abusos y discriminaciones de paulatinamente dejaron de ser toleradas, dando lugar al movimiento de independencia de México.

El anhelo de libertad, igualdad, fraternidad y respeto a los derechos humanos, hizo que Doña Josefa Ortiz de Domínguez se identificara con el movimiento desde el principio, el cual originalmente iniciaría el 2 de octubre de 1810, en San Juan de los Lagos, pero al ser descubierta y denunciada la conspiración, se adelantó al 16 de septiembre del mismo año.

Precisamente, en esta etapa de la historia es que Doña Josefa Ortiz de Domínguez tuvo su más importante participación en el movimiento, pues al tener conocimiento de que las autoridades españolas habían descubierto la conspiración advirtió a los insurgentes.

Este acto de valentía fue realizado aún con la negativa de su esposo, el Corregidor Miguel Domínguez, quien por temor a represalias la encerró en su habitación para que no pudiera alertarlos. Sin embargo, a través del Alcaide Ignacio Pérez, quien también era insurgente y vivía en el piso inferior de su domicilio, pudo informar de la traición a los insurgentes.

El aviso de Josefa Ortiz fue determinante para la Guerra de Independencia pues permitió que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo convocará al pueblo a levantarse en armas, iniciando así el movimiento por el que nuestro país obtuvo plena y completa libertad.

Fue acusada de ser la principal precursora de la rebelión, por lo que ella y su esposo fueron detenidos el mismo día en que el Cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de Dolores, siendo declarada culpable de traición.

Empero, en virtud de tener una familia numerosa y que su esposo no disponía de ingresos para mantener a sus hijas e hijos, el Virrey don Juan Ruiz de Apodaca le concedió la libertad y una vez liberada continuó apoyando el movimiento de independencia.

Una vez consumada la Independencia, Agustín Iturbide se declaró emperador de México, posteriormente le ofreció ser dama de su esposa la Emperatriz, sin embargo, congruente con su ideología insurgente, rechazó el nombramiento.

Finalmente, el 2 de marzo de 1829, víctima de una pleuresía murió en Ciudad de México. Además de su valor y determinación, reconocemos que nunca aceptó ningún tipo de recompensa por su participación en la consecución de la Independencia, pues ella opinaba que no había hecho otra cosa, sino solamente cumplir como patriota.

Compañeras y compañeros legisladores

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, vemos en esta prócer de la patria un modelo a seguir. Sin duda, nuestro país se debe a valiosas mujeres que como Doña Josefa Ortiz, han sentado las bases para la construcción de un México mejor.

Hoy, homenajeamos a una gran patriota que se identificó con los problemas sociales de su tiempo y que hasta el día de su muerte combatió fervientemente las injusticias.

Por lo anterior, hago el llamado a que a ciento ochenta y cinco años del fallecimiento de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, además de reconocer sus aportaciones dentro de la independencia de México, busquemos reproducir e incorporar como propios los valores mostrados por Josefa Ortiz de Domínguez.

Como ella, asumamos nuestro compromiso histórico con el fortalecimiento y el desarrollo de la sociedad mexicana. Hoy más que nunca, hagamos de México un lugar donde la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos sean una realidad.

Por su atención muchas gracias

Es cuanto, senador Presidente”.





 

De la Senadora Ninfa Salinas Sada del grupo parlamentario del PVEM, para referirse al “Día Mundial de la Naturaleza”







 

CITA

Se levanta la sesión y se cita a sesión solemne el próximo jueves 6 de marzo a las 11:00 horas, para la entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, y a sesión ordinaria ese mismo día al concluir la sesión solemne.

(Se levantó la sesión a las 15:38 horas)

Directorio

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