Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Domingo 10 de diciembre de 2017
    
    

Última actualización: noviembre 2017
Última revisión: noviembre 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Primer Periodo Ordinario                       LXII Legislatura                       Sesión Núm. 29



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 20 de Noviembre de 2013

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PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

APERTURA

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: (12:16 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.

- La C. Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 89 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se abre la sesión del miércoles 20 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

"ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL JUEVES
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con siete minutos del día jueves catorce de noviembre de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y nueve ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del doce de noviembre de dos mil trece.

 

El Presidente informó las resoluciones que tomó la Mesa Directiva en su reunión de esta fecha:

1) Con fundamento en el numeral 2 del artículo212 del Reglamento del Senado, autorizó diversas ampliaciones de plazo que solicitaron las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Trabajo y Previsión Social, para la presentación de los dictámenes respectivos.- La asuntos se publicaron en la Gaceta del Senado.

2) Con fundamento en el artículo 165 del Reglamento del Senado, se autorizó el retiro del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo, presentado por el Senador Luis Armando Melgar Bravo el 29 de abril de 2013.

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, oficio por el que informa que el jueves 14 de noviembre del año en curso se instalará un centrode canje de la moneda conmemorativa a Belisario Domínguez, en la explanada del patio central del Senado de la República.- Quedó de enterado.

 

Se recibió del Senador Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos de la Cámara de Senadores, oficio por el que informa la instalación de la comisión el 6 de noviembre del año en curso.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el informe de su participación en la 38ª Conferencia Anual sobre Estandarización de Normas Financieras, llevada a cabo del 16 al 19 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Luxemburgo.- Quedó de enterado.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, propuesta de ratificación de los ciudadanos Antonio Luis Betancourt Sánchez y Manuel Loya Valverde, como Magistrados Unitarios Agrarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano LeandroArellano Reséndiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, nombramiento a favor del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Comunidad de Australia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, República de Fiji y República de Vanuatu.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Panamá y de su participación en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevó a cabo el 18 y 19 de octubre de 2013 en Panamá, Panamá.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe de la Visita Oficial del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Indonesia y desu participación en la XXI Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en la Reunión de Líderes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre de 2013 en Bali, República de Indonesia.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, oficios por los que informa la modificación en la integración de los diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Comisión Parlamentaria Mixta-México Unión Europea.- Quedaron de enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política.

 

Se recibió de la Cámara de Diputados, punto de Acuerdo del Diputado Raymundo King de la Rosa que exhorta al Senado de la República a remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los expedientes relativos a los conflictos sobre límites territoriales de entidades federativas, pendientes de resolución.- Quedó en poder de la Mesa Directiva.

(Iniciativas)

El Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 18 Bis 1, la fracción VII del artículo 42 y el inciso f) de la fracción I del artículo 44; y se adiciona el tercer párrafo del artículo 18 Bis 1, todos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.

 

PRESIDE EL SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel, a nombre propio y de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Laura Angélica Rojas Hernández y Marcela Guerra Castillo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del ejercicio del voto de mexicanos residentes en el extranjero.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Octavo del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 76 y se adiciona el artículo 76 Bis a la Ley General de Vida Silvestre.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera.

 

La Senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 110 BIS a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3 Bis a la Ley de Aeropuertos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

 

PRESIDE LA SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

 

El Senador María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68, adicionando una fracción ii Bis a la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva de la adolescencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre propio y de los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, delgrupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 19 de la Ley General de Protección Civil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.

(Dictámenes de primera lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.- Con dispensa de segunda lectura y sin discusión, fue aprobado por 96 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a discusión)

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con relación al proyecto de reforma al artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el quese expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995.- Sin discusión, fue aprobado por 90 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reforma al artículo 37 y de adición de un segundo párrafo al artículo 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- Sin discusión, fue aprobado por 92 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asambleaun dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con relación al proyecto de reforma a la fracción iv del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.- Sin discusión, fue aprobado por 94 votos en pro. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 1 de marzo de 2012, por el que se desechó el proyecto de Decreto por el que se adicionaban dos párrafos a la fracción II del artículo 59 de la Ley Navegación y Comercio Marítimos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con punto de Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2013, por el que se desechó el proyecto de Decreto que reformaba el artículo 62 de la ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea dos dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de Acuerdo:

1) En torno a la protección de la tortuga caguama.

2) Relativo a la tala ilegal en selvas y bosques del país.- Intervino el Senador Isidro Pedraza Chávez, PRD.

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea nueve dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales a enviar un informe sobre el avance de los trabajos y sobre las medidas que se están tomando para disminuir los tiempos de traslado y de espera en las casetas del tramo México-Querétaro de la Carretera Federal 57.- Fue aprobado en votación económica.

2) Que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los criterios con los que la Secretaría eligió a los operadores satelitales comerciales ganadores del proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica para contratar conectividad a interneta 10,000 inmuebles de educación, salud, centros comunitarios y otros inmuebles que prestan servicios públicos en localidades marginadas y remotas.- Fue aprobado en votación económica.

3) Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre la situación financiera del Servicio Postal Mexicano.- Fue aprobado en votación económica.

4) Que solicita a los titulares de Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación remitir las conclusiones de la investigación de la denuncia interpuesta el 6 de noviembre de2012 contra el Maestro Mony Sacha de SwaanAddati, Presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y demás servidores públicos que resulten responsables, por el posible incumplimiento de sus obligaciones impuestas por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.- Intervinieronlos Senadores: Benjamín Robles Montoya del PRD; Alejandra Barrales Magdaleno del PRD; y Marco Antonio Blásquez Salinas del PT. Fue aprobado en votación económica.

5) Que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre las reuniones que esa Secretaría ha realizado con los habitantes del estado de Morelos con la finalidad de resolver el conflicto entre los pobladores y comuneros de Tepoztlán, inconformes con la obra del libramiento de la autopista La Pera-Oacalco.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Fue aprobado en votación económica.

6) Que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a informar respecto a los proyectos o política pública que se implementarán para favorecer el uso de las bicicletas y propiciar su integración con otros medios de transporte.- Fue aprobado en votación económica.

7) Que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, destine los recursos necesarios para proyectos de modernización y ampliación de carreteras en el estado de Sinaloa.- Fue aprobado en votación económica.

8) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar los actos ejecutados por la persona moral denominada Sociedad Anónima de Capital Variable Pullman de Morelos.- Fue aprobado en votación económica.

9) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a considerar que el servicio de llamadas telefónicas que se cobra como larga distancia entre los centros urbanos mayores a 100 mil habitantes y las localidades que se encuentren en un radio de 200 kilómetros del estado de Nuevo León, sea considerado como servicio local.- Fue aprobado en votación económica.

 

Se sometió a consideración de la Asamblea ocho dictámenes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD.

2) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fomentar, promover y realizar acciones tendientes a la construcción, mejora y equipamientode embarcaciones de mediana altura, así como a la implementación de artes de pesca selectivas.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión.

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar la investigación acuícola, a través del Instituto Nacional de Pesca.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD.

4) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar respecto al estatus que guardan los permisos que se hayan otorgado a embarcaciones extranjeras para la captura del calamar gigante, en aguas marinas adyacentes al estado de Baja California Sur.- Intervino el Senador Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, quien presentó propuesta de modificación, la cual no se admitió a discusión.

5) Que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a instruir a la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola a que considere otorgar permisos de pesca comercial por Unidad de Esfuerzo Pesquero a las sociedades cooperativas y organizaciones de pescadores del estado de Sonora.- Intervino la Senadora Claudia Pavlovich Arellano del PRI.

6) Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a impulsar la norma oficial mexicana en inocuidad acuícola y programas en materia de sanidad acuícola.

7) Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Relaciones Exteriores a informar las acciones emprendidas para dar solución al caso del etiquetado “Dolphin-Safe”.

8) Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa especial que permita consolidar el cultivo de camarón en el noroeste de México.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. Intervinieron los Senadores: Isidro Pedraza Chávez del PRD y Óscar Román Rosas González del PRI.

Los ocho dictámenes fueron aprobados en votación económica.

 

Se sometieron a consideración de la Asamblea doce dictámenes de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de Acuerdo:

1) Que exhorta a la Asamblea Legislativadel Distrito Federal a adecuar la normatividad correspondiente para que en todo momento los ciudadanos del Distrito Federal estén representados ante los órganos legislativos, especialmente en aquellos casos en que se deba citar a los suplentes de los diputados que soliciten licencia.

2) Que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación información sobre el ejercicio y destino de los 400 millones de pesos que presumiblemente no fueron entregados al Gobierno del Distrito Federal.

3) Que solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informar sobre las medidas de prevención, provisión y protección de los derechos humanos de los niños involucrados en el caso de la ciudadana Sonia Beatriz Lorenzo Hernández.

4) Que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a informar los resultados de la ejecución del programa de manejo del área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”.

5) Que exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda para que informe sobre las campañas de capacitación y políticas públicas y lleve a cabo las acciones pertinentes para combatir la discriminación en la Ciudad de México.

6) Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre los resultados en materia de seguridad pública.

7) Que solicita al Jefe de Gobierno de Distrito Federal informar sobre las fugas que presentan las redes primarias y secundarias de distribución de agua potable que abastece a la Ciudad de México.

8) Que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a considerar la aplicación de manera proporcional del total nacional de los recursos del programa federal “Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre”, con base en el peso demográfico y a las necesidades de acceso al agua, en beneficio de los habitantes de la delegación Iztapalapa.

9) Que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal informar sobre los avances del programa denominado "Escudo Centro".

10) Que exhorta al Gobierno y a la Asamblea Legislativa, ambos del Distrito Federal, a analizar la viabilidad de disminuir los costos de reproducción de la información requerida en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

11) Que solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en relación con las posibles reparaciones del daño que se motivan a partir de la recomendación 7/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, informe sobre las acciones que emprenda para sancionar y, en su caso, repetir en contra de los servidores públicos responsables, por acción u omisión.

12) Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y derogar el delito establecido en el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal.

El Senador Mario Delgado Carrillo hizo uso de la palabra para presentar los dictámenes. Intervino la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. Los doce dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones)

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, remitió proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor a informar al público en general, los teléfonos, direcciones o medios electrónicos donde puedan dirigirse para formular sus quejas, debido a las compras que realicen con motivo del Buen Fin.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

 

De la Senadora Martha Elena García Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se asignen los recursos para que todas las instituciones del sistema educativo nacional cuenten con bebederos de agua potable.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar, tanto a la Secretaría de Educación Pública como a la Secretaría de Salud, un presupuesto de cien millones de pesos a fin diseñar e implementar una serie de talleres para padres de familia.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se incremente la partida presupuestal a seis mil millones de pesos destinada al otorgamiento de subsidios a los municipios.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se etiquete una partida presupuestal de mil millones de pesos para el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemple la asignación de recursos adicionales al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de Migración, para atender a niñas, niños y adolescentes migrantes.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisiónde Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se incremente la partida presupuestal a doscientos cincuenta millones de pesos, destinada a la mitigación de los efectos del cambio climático, a cargo de la Coordinación General de Protección Civil.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, una partida etiquetada para pagar a cada uno de los exbraceros inscritos en el padrón emitido por la Secretaría de Gobernación.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar recursos para crear un fondo para infraestructura educativa, mejora de salarios para profesores que atiendan zonas de difícil acceso, y que permita mejorar la alimentación de los habitantes de dichas zonas, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal de Egresos de 2014, para la construcción y mantenimiento de la carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el Presupuesto Federal de Egresos de 2014, para la modernización de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados.

 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Ma. del Rocío Pineda Gochi, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar diversas acciones en torno a la inhabilitación y destrucción de una avioneta con matrícula mexicana en la República de Venezuela.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.

 

De la Senadora Layda Sansores San Román, con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para la integración de un mayor número de mujeres dentro de su gabinete; asimismo, instruya a los titulares de las dependencias que conforman la Administración Pública Federal a fomentar dentro de sus políticas de género, acciones que permitan una activa participación de las mujeres en la función pública.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género.

 

Del Senador José María Martínez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo por el que el Senado de la República aprueba entregar reconocimiento por su destacada trayectoria a los jaliscienses César Salvador de Anda Molina y Horacio Vázquez Parada.- Se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

 

De la Senador Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones, en la esfera de la enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

 

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las acciones que a partir de 2009 ha implementado para disminuir la mortalidad y morbilidad maternas.- Se turnó a la Comisión de Salud.

 

Del Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar el presunto vínculo entre Mony de Swaan Addati, -ex Presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones- con la Consultora Mckinsey y las empresas Virgin Mobile y Tresalia Capital, S.A. de C.V.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

 

La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguiente iniciativa:

 

Del Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

(Efemérides)

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates.

 

La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con nueve minutos y citó a la siguiente el miércoles veinte de noviembre a las once horas.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR



En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta.






COMUNICACIONES

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Se recibió una comunicación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio, su programa de trabajo anual y su proyecto de calendario para el segundo año de ejercicio de la actual legislatura.

Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por los Senadores Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana; María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Raúl Gracia Guzmán, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remiten fe de erratas a la parte expositiva del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales, en materia de transparencia, al cual se dio primera lectura el 14 de noviembre del año en curso.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: La Asamblea se da por enterada de la fe de erratas, y se le dará trámite cuando lleguemos a la discusión del dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite 162 hojas de servicios para ratificación de diversos grados militares.

“SECRETARIA DE GOBERNACION
SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1675/13.
México, D.F., 19 de noviembre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 12392 el Gral. Div. D.E.M. Luis Arturo Oliver Cen, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta Dependencia, para solicitar que por su amable conducto sean ratificados los grados de los CC. Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fecha 20 de noviembre de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño a la presente copia del Acuerdo Presidencial número 356, así como los originales de 162 Hojas de Servicios del personal que se menciona en dicho Acuerdo con carácter devolutivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnense dichos expedientes a la Comisión de Defensa Nacional, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que remite 107 hojas de servicios para ratificación de diversos grados navales.

"SECRETARIA DE GOBERNACION

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO

Oficio No. SEL/300/1676/13.
México, D.F., 19 de noviembre de 2013

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 001717 el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, se ha dirigido al Titular de esta Dependencia, para solicitar que por su amable conducto sean ratificados los grados del personal de Almirantes, Vicealmirantes, Contralmirantes y Capitanes de Navío, que en relación anexa se mencionan.
Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño al presente 107 Expedientes de Servicios del personal que se menciona en la citada relación con carácter devolutivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero".



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnense esos expedientes a la Comisión de Marina, para sus efectos correspondientes.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación, se recibió oficio con similar de la Secretaría de Turismo, con el que remite el informe final de la evaluación de consistencia y resultados del Programa E005 “Servicios de Orientación Turística y Asistencia Mecánica”, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Remítase dicha información a la Comisión de Turismo.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se adiciona una fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de adecuación de formatos y documentos para evitar discriminación, devuelto para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibió una minuta proyecto de Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Igualmente, la Cámara de Diputados, remitió una minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.




- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Cámara de Diputados, remitió el expediente de la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo, devuelto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO. D.G.P.L 62-II-2-889
EXP. No. 2835

C. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el dictamen de la Comisión de Turismo, por el que se desecha, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional, la minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo.

México, D. F., a 12 de noviembre de 2013.

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario”.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Primera.

Pasamos al siguiente asunto.






- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: La Cámara de Diputados, remite también un oficio por el que informa la modificación en la integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

“CAMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO NO. D.G.P.L 62-II-8-2673

C. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Senadores
Presentes.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica la modificación en la Integración de los Diputados ante la Comisión Permanente Mixta México Unión Europea.

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

México, D. F., a 13 de noviembre de 2013.

Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal
Secretaria”.



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.






Compañeras y compañeros Senadores, por Acuerdo de la Mesa Directiva, daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, para referirse al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del PVEM.

PRONUNCIAMIENTO

- La C. Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

Este año, como otros, debemos ser conscientes del legado que nos dejaron los mexicanos que lucharon en la Revolución en busca de un México equitativo, con miras a un futuro mejor.

La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que plasma, por completo, la esencia de hombres, contemplando en sus dos raíces: la individual y la social. Fortaleciendo a México como nación y como pueblo.

Bajo el mandato de Francisco I. Madero, en los diferentes puntos de la República, se levantaron las armas al grito de “Sufragio Efectivo. No Reelección”.

Si bien, la nación demandaba, además de estos derechos civiles y políticos, los principios democráticos y sociales esenciales, como la igualdad, la justicia, la equidad y la libertad.

La Revolución Mexicana sentó así las bases para la construcción de una nación socialmente democrática.

A las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre de 1910, acatando lo dispuesto por Francisco I. Madero, en el Plan de San Luis, algunos grupos empuñaron sus armas en contra del régimen de Porfirio Díaz.

Aunque de manera aislada, en las semanas subsiguientes, fueron apareciendo levantamientos cada vez más numerosos y cada vez más contundentes.

Madero pudo ver que su convocatoria surtía efecto y que poco a poco el pueblo comenzaba a caminar por el sendero de la democracia y de la justicia.

Actualmente persiste en una gran parte de la población en desventaja. Seguimos teniendo grupos de poblaciones en desventaja económica, sin acceso a los beneficios del progreso, ni a las garantías constitucionales logradas a raíz de la Revolución Mexicana, pues existen intereses particulares ambiciosos, alejados del rumbo que el país quiere tomar y, sobre todo, de los ideales revolucionarios.

No debemos permitir que la historia se repita. Por ello, actualmente es necesario cuestionarnos sobre el verdadero significado de la Revolución, a fin de tomar conciencia sobre el valor de las luchas sociales en nuestros días, lograr la igualdad en las comunidades, lograr igualdad en todos y cada uno de los habitantes de las zonas rurales, así como de las personas con alguna discapacidad o grupos vulnerables de la sociedad.

Hacia ellos debemos enfocar los esfuerzos revolucionarios de la actualidad, no mediante movimientos armados, sino a través de una lucha pacífica, pero constante; con ideales firmes y nobles, como los tenía la Revolución Mexicana.

Hoy día, nuestro reto consiste en buscar el consenso entre todas las fuerzas políticas, a fin de replantear las estrategias para hacer realidad los ideales de la Revolución Mexicana.

Ya no por los medios violentos, sino con las herramientas que nos ofrece la democracia actual.

Retomemos y rescatemos los ideales de la lucha por un México en paz, lo que traerá como resultado el respeto al sufragio y la distribución equitativa de la riqueza para superar actualmente la inestabilidad y desigualdad social que sufrimos, conducirá a nuestro país al progreso, a la equidad, a la justicia y al desarrollo sustentable.
Esa es la revolución que nos corresponde efectuar, es la revolución que nos exigen los ciudadanos.

El Partido Verde está comprometido en continuar los ideales de la Revolución con gran responsabilidad para enfrentar los momentos difíciles y los retos que atraviesa nuestro país, pues de no hacerlo sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte, y el pueblo mexicano sufriría las consecuencias.

Es por ello, compañeros legisladores, que me remonto a la frase de Emiliano Zapata, la cual nos recuerda que se requiere un trabajo constante a fin de dar impulso a la lucha permanente contra toda forma de dominación y mal gobierno.

"Estalló la Revolución de 1910, como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las naciones como vive la libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarlos de la abyección a lo que no puede estar condenada la especie humana."

Es así, compañeros, que la Revolución Mexicana surgió para propagar la esperanza de un mejor país.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Barrera Tapia.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

- La C. Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Co su permiso, señora Presidenta.

A nombre del Partido del Trabajo van estos comentarios sobre el aniversario de la Revolución Mexicana, que hoy celebra, por cierto, 103 años, como un antecedente del conflicto armado que culminó con la gesta revolucionaria.

Podemos señalar la situación social existente durante los 30 años del gobierno del Presidente Porfirio Díaz con un régimen dictatorial, con un crecimiento y estabilidad política impuesta y aparentemente con una sociedad sometida y reprimida.

Cabe señalar la sangrienta represión a los obreros de las fábricas de Río Blanco y Cananea, a quienes les debemos el legado obrero.

La pobreza del campo causada por los grandes latifundistas y terratenientes, las infames tiendas de raya y la pobreza de la mayoría del pueblo.

No obstante que el Presidente Díaz había asegurado que se retiraría del poder al cumplir su mandato sin buscar la reelección en la entrevista Creelman, no cumplió su palabra. La oposición al gobierno cobró relevancia, Francisco I. Madero realizó varias giras en el país con la finalidad de crear un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea, Díaz lanzó una nueva candidatura y Madero fue arrestado en San Luis Potosí.

Madero proclamó el Plan de San Luis en el que llamaba a tomar las armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz, el 20 de noviembre de 1910, el conflicto armado originalmente inició en el norte de la República extendiéndose posteriormente por diversas partes del país, siendo la toma de Ciudad Juárez la batalla que motivó que Porfirio Díaz presentara su renuncia y se fuera al exilio a disfrutar a Francia.
En 1911 se realizaron nuevas elecciones, Francisco I. Madero fue triunfador, su gestión, no obstante no fue aceptada por todos, ya que hubo varios levantamientos, como el de Zapata, el de Pascual Orozco y el movimiento contrarrevolucionario encabezado por Bernardo Reyes y Victoriano Huerta que culminó con la llamada Decena Trágica, y la muerte de Madero y Pino Suárez.

Cabe señalar que el movimiento revolucionario dio origen a una reforma social y política considerada como una de las más importantes del siglo XX, plasmado en la Constitución de 1914, que hoy nos rige.

Con las disposiciones agrarias del trabajo, hoy por cierto, sustituidas por el outsourcing, el derecho a la huelga, a la soberanía y las garantías sociales.

Hoy, en el inicio del siglo XXI, parece que cíclicamente hay atisbos de movimientos ciudadanos o contrarrevolucionarios con banderas sociales más allá de ideologías que han rebasado con mucho al turismo revolucionario tan pródigo en promesas y negociaciones a cambio de ideas y proyecto de nación que no han sabido aportar.

Por eso, en este aniversario de la Revolución debería servir para recuperar nuestra identidad y valores, hoy por cierto, muy escasos.

Actuando con sensatez, responsabilidad y congruencia con el mandato que los ciudadanos con su voto nos otorgaron para representar sus anhelos y sus intereses, no de los partidos o grupos de interés.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Palafox Gutiérrez.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- La C. Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señora Presidenta.

El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, informó, primero de la cancelación de los actos conmemorativos del 103 aniversario de la Revolución Mexicana.

Justo es el Secretario de Gobernación el responsable de velar por el cumplimiento de las ceremonias cívicas y la cancelación de estos actos que reivindican el hecho histórico más importante del siglo XX, y su repentina decisión nocturna de hacer un desfile militar excluyendo la participación cívica de la sociedad debe obligarnos a una profunda reflexión, ya que coloca a la actual administración en la tesitura de renegar de la propia historia.

Para el gobierno actual tal vez no hay nada qué festejar ni qué recordar de un proceso tan relevante para la vida nacional como la Revolución de 1910.

Conmemorar la Revolución Mexicana es reconocer que la historia la hacen los pueblos.

Revolución significa ruptura con el orden establecido y la transformación radical de las estructuras económicas, sociales y políticas imperantes.

La Revolución Mexicana es un compromiso con el cambio social a favor de quienes históricamente han sido marginados de las riquezas naturales de nuestro país.

La historia no es un pasado muerto que sólo sirva para la anécdota y la nostalgia. La historia nos dice lo que hemos sido en el devenir, es una herencia viva en el presente, es un referente para el futuro, es el espejo de nuestros logros y fracasos como nación; es la expresión de lo que somos y queremos ser como país.

La herencia del magonismo está presente en las luchas de nuestro tiempo, en las batallas por la igualdad social, en la congruencia, en la no claudicación como lo fue Flores Magón.

El Sufragio Efectivo, la democracia política de Madero sigue siendo un gran pendiente en nuestro país.

Zapata vive en la defensa de la tierra y en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas.

En Villa se inspiran y alimentan las consciencias de quienes luchan contra la opresión.

El ejemplo y el legado del General Lázaro Cárdenas está vivo, presente, dando la batalla en la defensa de PEMEX y nuestra riqueza petrolera ante el peligro en el que se encuentra hoy día, en que se pretende socavar la soberanía nacional entregando nuestro petróleo a los intereses de las grandes petroleras internacionales.

Para eso quieren reformar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia energética, lo cual sería la más alta traición a los principios de la Revolución Mexicana.

La Constitución de 1917, vigente hasta nuestros días, condensó los logros y los límites del proceso revolucionario, definió la nueva legalidad e institucionalidad política derivada en la Constitución; aunque los gobernantes de las últimas décadas se han encargado de conculcar y desmantelar muchas de las conquistas más importantes de esa gesta histórica para nuestro país. La conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana fue fijada cuando el 20 de noviembre de 1911, a escasos 14 días de la toma de posesión del Presidente Francisco I. Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez, el pueblo se congregó en el Hemiciclo a Juárez y caminó por la Alameda Central gritando vivas a los nuevos mandatarios electos democráticamente por primera vez en la historia de nuestra nación.

En 1912, el Presidente Madero convocó a los miembros del gabinete y a los legisladores, y en una comida celebraron el aniversario de la Revolución Mexicana, el pueblo por su parte participó en eventos culturales en el teatro de Santa María la Ribera donde se honró a Don Aquiles Serdán.

En 1928, se organizó una carrera de relevos para conmemorar la gesta histórica, y en 1929 se organizaron los juegos deportivos por el Presidente Emilio Portes Gil. En 1930 miles de jóvenes deportistas se congregaron en El Caballito, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli, y marcharon al Zócalo y juramentaron participar cada año con juegos deportivos para conmemorar la Revolución Mexicana.

Fue hasta 1936 cuando el Senado de la República declaró oficialmente al 20 de noviembre como fiesta nacional, y con el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en 1938, se inauguró el desfile deportivo para homenajear al movimiento revolucionario.

Este desinterés del gobierno actual por recuperar el decoro cívico de la ceremonia deportiva muestra claramente el talante neoliberal y exhibe sin tapujos el abierto rechazo a los postulados y principios de la Revolución Mexicana, principios que tal vez parezcan repulsivos a las visiones neoliberales, por ello cancelan el sentido cívico de la gesta revolucionaria y de última hora hacen un desfile militar como un gobierno antirrevolucionario, y que con desfiles o sin ellos se ha caracterizado en sus políticas públicas que han venido traicionando la esencia de la Revolución Mexicana.

Nosotros preferimos conmemorar esta fecha con el mismo espíritu que animó a los hermanos Flores Magón, a los hermanos Serdán, a Francisco I. Madero, a Belisario Domínguez, a Francisco Villa, a Emiliano Zapata, a Lázaro Cárdenas a honrar y defender el espíritu de la Revolución Mexicana.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Padierna Luna.

Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Domínguez Servién, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Y esta Presidencia aprovecha para dar la bienvenida a la Presidenta del Instituto Electoral de Querétaro, la licenciada Yolanda Elías Calles Cantú, y consejeros que la acompañan, quienes han sido invitados por el Senador Francisco Domínguez.

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: Con el permiso de la Presidencia.

Conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana significa reconocer los procesos históricos que conformaron el país democrático del que hoy gozamos. Desde el momento en el que Porfirio Díaz le respondió a Creelman que México estaba preparado para la democracia, se abrió una puerta por la que pasarían acontecimientos que revolucionarían al país en la dirección correcta.

Este movimiento transformó todos los ámbitos de la nación. Hoy hace 103 años comenzó la gesta libertaria a la que convocó Francisco I. Madero para recobrar los derechos ciudadanos de todos los mexicanos.

El Plan de San Luis era muy preciso al llamar a la revuelta, cito: “El día 20 de noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan”. Con estas palabras y con la convocatoria democrática se iniciaba la Revolución.

Los grandes pensadores de la época conocían la importancia vital de la democracia como punta de partida de un país más libre y más justo. Era importante, desde entonces, alentar la participación ciudadana y rechazar la apatía que se volvía como cómplice de la opresión.

Nuestro querido México había llegado a uno de esos momentos en los que vencer a la tiranía no era opción; había que romper con las inercias, avanzar hacia nuevos esquemas para hacer valer los derechos sociales de los mexicanos y la forma de tomar las decisiones políticas. Tuvieron que pasar muchos años más para que la gesta de 1910 rindiera todos sus frutos.

Una nueva Constitución sentaría las bases de un México democrático, pero también se requirió de una Constitución y de instituciones, de la participación de los sectores sociales y económicos de todo el país y de la imaginación de muchos mexicanos que se formaron al amparo de la Revolución Mexicana.

La construcción de la democracia requería de nuevas instituciones, de partidos políticos que reflejaran los diversos intereses de una sociedad plural. Era necesario que la Revolución hiciera valer sus principios, pero también se requería de incorporar a la política las preocupaciones nacionales para terminar con todo tipo de opresión e injusticia.

Fue un largo camino; ciertamente la Revolución inició el cambio, pero valió la pena, el México de hoy irremediablemente debe de reconocer el Movimiento Revolucionario de 1910 y de la Constitución de 1917.
Los movimientos que permitieron la organización pacífica del México que hoy tenemos. Al reconocer nuestra trayectoria sin temores a banderas partidistas, reconocemos el origen, por ejemplo, de un Senado plural en el que hoy debatimos democráticamente las transformaciones que el país requiere. A todos aquí los presentes, partidos políticos y grupos parlamentarios nos corresponde ahora preservar el legado de las libertades por las que luchó la Revolución.

En los años subsecuentes y a lo largo del camino que nos condujo a este momento. Hoy sigue siendo necesario sostener y fomentar una participación ciudadana activa e interesada en todas las regiones del territorio nacional y no sólo en las ciudades importantes sino como en la Revolución, en todos los rincones de este país.

Hoy sigue siendo necesario vigilar que los derechos sociales conquistados a lo largo del siglo XX, a todas y a todos los mexicanos, la democracia cuyo origen moderno se disparó en México a partir de 1910, esa democracia tiene que seguir construyéndose con las aportaciones de una sociedad en su conjunto.

El gran reformador de México, José María Luis Mora, decía: “El más sabio y seguro medio de precaver las revoluciones de los hombres es el apreciar las del tiempo”, responsabilidad que recae sobre nosotros los legisladores.

Los cambios hoy deben de hacerse a través del Poder Legislativo, con trabajo serio y responsable para atender a lo que la realidad demanda de este país. Plasmar esa necesidad de cambio en iniciativas, en leyes, estudiarlas, analizarlas, consultarlas con los sectores sociales, con todos y cada uno, con los sectores económicos; discutirlas, consensuarlas y aprobarlas. Ese es el camino correcto para evitar llegar a crisis y confrontaciones que tan caras pueden resultar para nuestro México.

Manuel Gómez Morín, en su ensayo “1915”, señala que el Movimiento revolucionario vivió un nuevo descubrimiento de México. Existe México, México como país, con capacidades, con aspiraciones, con vida y con problemas propios.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Francisco Domínguez Servién.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ismael Hernández Deras: Con el permiso de la Presidencia; estimadas Senadoras y Senadores:

Para comprender el México de hoy y trabajar hacia su transformación, es imprescindible observar siempre los acontecimientos del pasado y revisar en forma detallada la historia.

Reconociendo siempre la obra de los hombres y de las mujeres que lucharon y entregaron su existencia por nuestra nación. El recuento de lo acontecido en las diversas etapas llevaron a la conformación del México contemporáneo, constituye una oportunidad de aprendizaje y para comprender y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos de hoy.

Representa una obligación ineludible de quienes participamos hoy día a día en la función pública e institucional del país. En esta conmemoración del 103 Aniversario de la Revolución Mexicana reconocemos el valor de los principios que le dieron origen, y en la fracción parlamentaria del PRI estamos conscientes en la importancia de aplicarlos en función de la vigencia y las condiciones por las que hoy atraviesa nuestro país.
Así, con una amplia visión atendemos, de acuerdo a los nuevos tiempos, revisar el principio del “Sufragio Efectivo. No Reelección”, sin duda revisar y estar conscientes del tema de la reforma agraria; el indigenismo, el fortalecimiento y la vida de las instituciones; el nuevo tiempo de la justicia social, los servicios de calidad en la educación y en la salud.

Hoy se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, reconociendo en el llamado de las armas de Francisco I. Madero, a través del Plan de San Luis, pero además en esta fecha los mexicanos celebramos el conjunto de acontecimientos y elementos del movimiento revolucionario que dieron origen al México que hoy vivimos.

La complejidad de la Revolución Mexicana requiere de una amplia visión para su análisis, el reconocimiento, primero, de los hombres que la llevaron a cabo para incluir aquellos que participaron desde los antecedentes del movimiento armado y hasta su configuración institucional.

Recordamos a Francisco Ignacio Madero, el político que imaginó las elecciones como instrumento para evitar futuros movimientos armados. Con él recordamos la Revolución Mexicana con sus demandas plasmadas en el Plan de San Luis para llamar al pueblo a levantarse en armas, para saber que los campesinos, a través de terrenos baldíos, habían sido despojados de sus tierras.

A la Revolución, posteriormente, se incorporan los ideales que enriquecieron su causa social, muestra de ello son los postulados y el movimiento que Emiliano Zapata, Doroteo Arango, Ricardo y Jesús Flores Magón, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, los hermanos Serdán Alatriste, Lucio Blanco Fuentes y muchos más forjadores de la nueva ingeniería de instituciones en nuestro país.

Cómo no recordar a Venustiano Carranza, cabeza del Movimiento Constitucionalista, de extrema prudencia y solemnidad, defensor incansable de la dignidad y de la soberanía nacional, hombre de leyes que supo recoger y plasmar en nuestra Constitución las principales demandas de la Revolución Mexicana.

No podemos, de subrayar, de mencionar al General Francisco Villa, una vez más a Emiliano Zapata, revolucionarios de gran valor, de fuertes convicciones que siempre predicaron la justicia social donde prevalecía el abuso a quienes hicieron ellos, junto con su gente, de la lucha armada, un instrumento de servicio y sobre todo a acceder a un país con menos opresión.

La Revolución Mexicana fue más que un pueblo en armas, implicó todo un cambio de paradigma hacia un estado social, la sociedad entera se involucró en un movimiento no sólo de clases, sino lo más importante fue de pensamientos; pero que coincidían en la defensa de la tierra, de la libertad, de la justicia social, de la democracia social y política, de la soberanía popular, del nacionalismo y de los derechos sociales.

La importancia verdadera de lo que hoy celebramos, pues, radica en el reconocimiento del compromiso social que se empeñó en aquella lucha, en el valor del respeto a la democracia que se instauró como aspiración firme y constante, en la conciencia generalizada de que las demandas ciudadanas deben de ser atendidas con respeto y con sensibilidad.

El México que aún anhelamos se fundamenta en preceptos claros que tienen origen en nuestra Revolución, que buscan más y mejor educación, que buscan más y mejor oportunidad de trabajo para los mexicanos, que buscan más y mejores condiciones de vida para los campesinos, para los más vulnerables, para los indígenas; el México moderno que queremos construir desde la visión del PRI, tiene como base un ideal profundo de justicia y un fundamento, indiscutible en la democracia y en el fortalecimiento de sus instituciones, porque atiende sobre todo las experiencias del pasado.

El legado revolucionario sigue vigente, porque las transiciones, hoy en este país, del poder en la República son mediante elecciones libres, cada vez con más orden y con legalidad.

En el Senado de la República dirimimos diferencias y también generamos consensos por medio de las ideas y del debate, las Senadoras y los Senadores del PRI somos congruentes con ello, asumimos la responsabilidad de nuestro tiempo, con un régimen democrático, que no sólo se consolida sino se fortalece, ejemplo de ellos ha sido la evolución en nuevas reglas de gobierno que hemos propuesto y aprobado entre todos, entre todos los partidos políticos.
La incorporación de la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la consulta popular. Estos son ejemplos claros de un camino y fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país.

Este es el país moderno que, sin duda, con las grandes reformas, con las grandes propuestas de todas las fuerzas políticas, estamos plasmando en ese espíritu revolucionario, en esta nueva etapa, pero sobre todo estamos pensando en lo que más queremos, en lo que más amamos: a nuestros hijos. A ellos, nosotros como generación, somos los responsables de dejarles un México de más y mejores oportunidades.

Pensemos en ellos, pensemos en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones y todos haremos el mejor trabajo por un mejor México.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Hernández Deras.






RECONOCIMIENTO

Señoras y señores Senadores, esta Mesa Directiva, a solicitud de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura, desea expresar su felicitación a la escritora Elena Poniatowska, por haber sido galardonada con el Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a su edición 2013.

Es una distinción que se ha realizado en favor de su persona al ser merecedora del premio más significativo de las letras hispanas.

Es un reconocimiento a su talento, a su fructífero camino literario.

¡Enhorabuena!

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Blanca Alcalá, ¿para qué asunto?

- La C. Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sólo para agradecer la sensibilidad suya y de la Mesa Directiva por hacer público este reconocimiento, que como lo expresé hace unos minutos, honra a las letras mexicanas y al país entero.

Solamente en el caso de México han tenido esta distinción, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. Y en esta ocasión se suma a esta reducida lista, pero importante lista, a Elena Poniatowska, una mujer además que hay que subrayar, ha sido crítica, importante y objetiva en muchas de sus declaraciones que, sin duda, este Senado en el marco de la pluralidad y la democracia debemos reconocer.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Blanca Alcalá. Esta Directiva toma nota de sus comentarios, desde luego.






En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los Senadores Ivonne Alvarez García y Mely Romero Celis, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XI AL ARTICULO 14, RECORRIENDOSE TODAS LAS SUBSECUENTES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y ADICIONA UNA FRACCION XVIII AL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Miguel Romo Medina, a nombre propio y de las CC. Senadoras Ivonne Liliana Alvarez García y Mely Romero Celis, del grupo parlamentario del PRI)

- El C. Senador Miguel Romo Medina: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Tal como lo ha señalado el Presidente de la Mesa, a nombre propio y de la Senadora Ivonne Liliana Alvarez García y de la Senadora Mely Romero Celis, vengo a presentar esta iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación.

Esta iniciativa se sustenta en condiciones que todos hemos venido conociendo de manera cada vez más graves, más serias en materia de violencia entre niños y jóvenes.

Es una iniciativa que abarca en un concepto general, amplio, estas conductas lesivas que perturban y, desde luego, generan trastornos serios a los jóvenes y a los niños, más allá del concepto específico que aquí en esta tribuna y en el Congreso mismo se ha venido manejando, como es el bullying.

Esta iniciativa tiene una visión integral, una visión general, amplia, de estos comportamientos.

Y, bueno, si bien es cierto que en el artículo 7o., de la Ley General de Educación, particularmente en su fracción VI establece la obligatoriedad, independientemente de las disposiciones y obligaciones que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente en materia de educación, tanto a las instituciones del Estado como organismos descentralizados y particulares, señala que se debe de “promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta”, y dice: “…propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos”.

Basado en ello, en esta obligación, en esta norma clara del artículo 7o., de la Ley General de Educación, y considerando los grados de violencia cada vez más crecientes en las escuelas y en los núcleos y en la relación social, familiar y comunitaria entre jóvenes y niños, repito, cada vez un problema más complejo y en constante crecimiento que se manifiesta de manera muy diversa y más allá también y ahora en connotaciones de conductas delictivas.

Hay distintos tipos de violencia y diversas tipologías para clasificarlos. Los especialistas coinciden en que no es fácil su definición, entre otras cosas, por las variaciones culturales en torno a lo que se considera un acto violento y a los distintos matices e interpretaciones que adquieren las acciones y las personas en las condiciones humanas.

Déjenme darles algunos datos que no son desconocidos, pero que es importante recordar para sustentar de manera fehaciente esta iniciativa que, repito, de manera, insisto, no es repetitiva de los temas que se han venido planteando del bullying, sino que tiene una cobertura amplia en la que se incluyen muchos otros comportamientos.
En estudios publicados por la CEPAL en agosto de 2011, se señala que un 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria, han robado o amenazado a algún compañero. Mientras que en secundaria, este porcentaje alcanza a poco más de un 7 por ciento.

Asimismo, se señala el porcentaje de estudiantes de sexto grado de primaria que declaran haber sido en su escuela víctimas de: robo, un 40.24 por ciento; insultados o amenazados, un 25.35 por ciento; golpeados, un 16.72 por ciento; o atravesado por un episodio de violencia, el 44.47.

Este es el grado de seriedad, el grado de trascendencia que implica este tipo de conductas.

Es necesario generar mecanismos que permitan identificar, clasificar y canalizar a los alumnos que estén involucrados en casos de violencia, ya sea en las escuelas, en las colonias, en las comunidades. No sólo para prevenir daños permanentes en la personalidad y en la estabilidad emocional de quien es violentado, sino también para evitar acciones lamentables como el suicidio.

El suicidio en los jóvenes es un tema también que hay que considerar en este tipo de conductas y de comportamientos violentos entre los jóvenes y los niños.

Debo de decirles que existen una serie de situaciones o de expresiones de violencia, como pueden ser los problemas de disciplina, la disrupción en las aulas, la discriminación, el bandalismo y daños materiales, el bullying, el acoso sexual.

Debemos de recodar en días pasados hechos muy lamentables, graves, que dañan de manera sensible al ser humano, a las personas y, lo más preciado, a los niños, a los jóvenes.

En el estado de Guanajuato, en León, hemos tenido en los días recientes hechos muy graves, que se han generado sobre niños que han sido violentados, que han sido golpeados y que han obligado necesaria e irremediablemente a la intervención de la autoridad competente en esta materia por la gravedad de las conductas.

En Guadalajara, Jalisco, también conocimos de hechos lamentables de un niño que fue profanado en sus órganos sexuales también por tres compañeritos suyos.

Esta es pues, la preocupación que nos lleva a mis compañeras Senadoras y a un servidor a promover, a proponer con estas reformas la creación del protocolo para identificar, prevenir y erradicar la violencia escolar. No busca de ninguna manera estigmatizar a quien violenta, pues como se ha comprobado, el problema de la violencia escolar tiene sus orígenes en entornos y condiciones adversas a la mayoría, a los jóvenes y a los niños que generan este tipo de comportamientos.

Es que independientemente de apoyar también alguna iniciativa que ha sido ya discutida en la Cámara de Diputados y que está actualmente en comisiones en esta Cámara de Senadores donde se establece la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier caso de violencia o abuso que se dé en cualquiera de sus manifestaciones.

Es en concreto, compañeras Senadoras, compañeros Senadores, que esta iniciativa se concreta en dos reformas fundamentales y una de ellas adicionar una fracción que será, podría ser, si cuenta con el apoyo de cada uno de ustedes, al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se agregaría promover como una de las obligaciones de la Secretaría de Educación Pública, promover acciones tendientes a la identificación, prevención y erradicación de la violencia escolar en colaboración con la Secretaría de Salud.

Y, desde luego, una adición al artículo 14 de la Ley General de Educación en donde se agregaría una fracción XI, que establece la obligación de elaborar y difundir un protocolo para identificar, prevenir y erradicar la violencia escolar.
Esto es cuanto, y al terminar o para terminar y para concluir esta intervención, esta propuesta, quiero rogarle, señor Presidente, que se pudiera agregar en forma integral el documento de los promovente de manera íntegra al Diario de los Debates.

Muchas gracias.

Iniciativa



- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, Senador Miguel Romo Medina.

Sonido en el escaño del Senador Jesús Casillas, ¿para qué asunto?

- El C. Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Sin duda, el tema del bullying es un tema que debe de llamar la atención no solamente de quienes tienen la responsabilidad de estar en un centro educativo o los padres de familia.

Creo que es un tema que debe de llamar la atención de los legisladores.

 Hoy por hoy, los medios de comunicación, los adelantos en materia tecnológica, como son las redes sociales o los mismos dispositivos de estos dispositivos electrónicos que nos permiten enterarnos prácticamente en tiempo real de lo que pasa en las escuelas, pues han evidenciado una gran cantidad de eventos lamentables de agresiones escolares, esto sin contar de las que no nos enteramos.

Por eso yo quisiera preguntarle a usted, a través suyo, a los autores de la iniciativa, si nos permiten sumarnos, no solamente como autores de la iniciativa, sino estar muy de cerca en este tema que, como bien dicen, ha habido efectos lamentables en Jalisco, pero seguramente en todo el territorio nacional se generan ese tipo de conductas.

Si es tan amable solicitarle. . .

- El C. Presidente Aispuro Torres: Con mucho gusto, señor Senador Casillas Romero.

Senador Miguel Romo Medina, ¿acepta la inclusión?, pido a la Secretaría que tome nota de ello, la Senadora Mariana Gómez del Campo, Senador López Brito, Senadora Blanca Alcalá, Senadora Palafox Gutiérrez, Senador Aarón Irizar, Senador Daniel Amador, con mucho gusto, la Secretaría tomará nota de ello.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos.






A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los Senadores Jesús Casillas Romero, Pablo Escudero Morales, Laura Angélica Rojas Hernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Mauri, Luis Fernando Salazar Fernández y Francisco Salvador López Brito, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE REGULACION DE MANIFESTACIONES PUBLICAS

(Presentada por la C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de los CC. Senadores Jesús Casillas Romero, Pablo Escudero Morales, Laura Angélica Rojas Hernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Adriana Dávila Fernández, Sonia Mendoza Díaz, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández y Francisco Salvador López Brito)

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, señor Presidente.

Antes quería yo hacer uso de la palabra para compartirle al Senador Romo que hay dos iniciativas de ley presentadas ya en este Senado, que tienen que ver con el acoso escolar, es un tema ya presentado por parte del PRD, por parte del PAN, y yo le pediría al Senador Romo que, primero, sumarme con todo gusto a su iniciativa; y segundo, que podamos pensar, como ocurre en otros países del mundo, que podamos tener una ley específicamente para combate al acoso escolar.

Ha funcionado en el Distrito Federal, así lo impulsamos en la Asamblea Legislativa y pienso que es momento de que en el Senado de la República le demos la importancia que tiene al tema.

Que sea incluido un apartado en la Ley de Educación si es necesario, pero que pensemos en una ley general y hay dos propuestas en este Senado, una tercera, la de usted Senador, y bueno, qué mejor que podamos discutirlas y trabajar por nuestros niños y nuestros jóvenes, y no permitir un solo niño más muerto en este país por acoso escolar.

¡Enhorabuena, Senador!

- El C. Presidente Aispuro Torres: Desde luego que esto se verá en comisiones Senadora, es un tema que ya corresponderá a las comisiones.

En el uso de la palabra, para la iniciativa que usted presentará.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchas gracias, señor Presidente.

La iniciativa que estoy presentando el día de hoy fue una iniciativa que trabajamos con la sociedad civil organizada, con las diferentes Cámaras, una iniciativa que además agradezco al Presidente Nacional de CONCAMIN, Francisco Funtanet.

Agradezco también al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Gerardo Gutiérrez Candiani.

Al Presidente Nacional de COPARMEX, a Juan Pablo Castañón.

A Joaquín Quintana, Presidente de Convivencia sin Violencia.

A Juan Pablo García Garza, también de CONCAMIN.

A Gerardo López Becerra, Presidente de la CANACOPE.

A Ricardo Navarro Benítez, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, CANACO, Distrito Federal.
A Nhathan Poplawsky, Presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

A José Luis Beato González, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, Distrito Federal.

Al licenciado José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Por supuesto, también a muchos trabajadores, ya sean meseros, garroteros, dueños de comercio, que estuvieron trabajando esta iniciativa junto con un grupo de Senadores, el que el día de hoy podamos estar presentando ya este producto.

Hemos hablado del extremo al que hemos llegado como país por no contar con un marco normativo que regule las manifestaciones públicas, al grado de ver cómo se pueden secuestrar vialidades por días enteros, se pueden ocupar banquetas y plazas públicas sin importar a quién se afecte o ver como encapuchados pueden agredir a policías con bombas molotov con total impunidad.

El Distrito Federal, este año romperá un record, habremos sufrido más de 5 mil marchas, plantones, bloqueos y mítines.

Al estancamiento en las calles, podemos sumar el estancamiento político en que han estado muchas propuestas desde el año 2001 para que se regulen en el ámbito local las marchas.

Quiero reconocer la enorme disposición que han tenido Senadores tanto del PRI, que es el caso del Presidente de la Comisión de Movilidad, Jesús Casillas; el aval del PAN, de todo el grupo parlamentario del PAN; del PRD, el Senador Isidro Pedraza; del Partido Verde Ecologista de México, el Senador Pablo Escudero, para que juntos impulsemos esta iniciativa desde una esfera legislativa distinta.

Desde el Senado hemos puesto toda nuestra dedicación para darle a la gente una solución específica a un tema que no es sólo del Distrito Federal, sino que se vive por igual en las carreteras y calles de Jalisco, Oaxaca, Sonora y Veracruz, es decir, en las calles de todo el país.

Queremos compartirles que hoy, pues, con esta iniciativa de Ley General de Manifestaciones Públicas, lo que estamos buscando es armonizar 3 derechos que tenemos todos:

El derecho de manifestación, asociación y el de libre tránsito.

Esta iniciativa la construimos desde el arranque de esta legislatura, llevamos ya varios meses, de hecho ayudó, enriqueció esta iniciativa, el foro que organizamos en este Senado: “Todos tenemos derechos”; escuchamos voces tan relevantes como la del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, líderes de opinión, jóvenes del Movimiento “Yo soy 132” y por supuesto, también a ciudadanos en general.

Quiero destacar varios elementos de esta iniciativa. Es una ley que cuida y amplía derechos, retoma la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una jurisprudencia en la que contempla que la regulación de derechos fundamentales no es una limitante a su ejercicio.

Obliga a las autoridades a respetar los derechos de quienes se manifiestan, y a diseñar protocolos de actuación que privilegien el diálogo y dejen como última instancia el uso de la fuerza pública.
Retoma experiencias exitosas de otras partes del mundo, es el caso de Reino Unido, España, Francia, Colombia, Rusia, Italia, Canadá, Egipto y ciudades como Nueva York, donde existe legislación en la materia.

Y un ejemplo de estas acciones, una muy sencilla, es la obligación de dar aviso previo a las autoridades con 72 horas de antelación para que se tomen medidas de seguridad, se alerte a la población y se diseñen alternativas viales que se hagan del conocimiento público.

Se obliga a las autoridades a que una vez que conocen la intención de realizarse una marcha, se instalen mesas de negociación para buscar dar solución a los manifestantes y se evite con eso afectaciones a terceros.

El aviso previo va a permitir que se lleve un registro puntual de quiénes son los organizadores de las marchas, que serán responsables solidarios de lo que pudiera ocurrir y, en su caso, también serán responsables las autoridades cuando sean omisas.

Se señalan puntualmente las atribuciones de las autoridades implicadas para evitar que se laven las manos y se dé este juego de pasarse la bolita autoridades locales con gobierno federal.

Se dota de atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos estatales defensores de los derechos humanos para actuar a petición de parte o por oficio.

Queremos que forme parte también el tema de las manifestaciones en el país, que esté dentro de una de las visitadurías de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se establecen horarios específicos para realizar manifestaciones, que son entre las 11 de la mañana y las 18 horas.

La autoridad contará con la facultad de modificar el recorrido por motivos de orden público y protección civil. Sólo se podrá usar el 50 por ciento de las vialidades, siempre del lado de la acera derecha y cuando la vialidad lo permita.

Las manifestaciones deberán usar los carriles laterales, se prohíben los bloqueos y las manifestaciones en vialidades de un solo carril; el bloqueo de entradas o salidas a inmuebles públicos o privados; el uso de ropa de tipo militar o policiaco y que los manifestantes se cubran el rostro.

Se establece que la autoridad federal podrá ejercer acción cuando las autoridades estatales, municipales o del Distrito Federal sean omisas y se castigan dichas omisiones.

Se crean 2 capítulos específicos: uno sobre los derechos y las obligaciones de los manifestantes, y otro, sobre los derechos de terceros.

Se establecen sanciones, como amonestaciones; multas, que van de los 11 a los 150 días de salario mínimo; arresto; reparación del daño; y actividades de apoyo a la comunidad a quienes violen la ley.

Por último, quiero dejar claro que la diferencia de esta iniciativa, frente a muchas otras iniciativas que se han presentado, es que es una iniciativa que se distingue porque es producto de consenso de las diferentes fuerzas políticas aquí representadas.

También porque da respuesta a una exigencia ciudadana, que según algunos estudios de opinión, aglomera al 90 por ciento de los mexicanos que consideran que las marchas afectan a terceras personas y el 64 por ciento señaló que deben permitirse, pero que deben estar reguladas.
No responde sólo a una necesidad local, sino que va más allá. Es una iniciativa de alcance nacional que espero podamos estar dictaminando pronto en este Senado de la República.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Mariana Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Especial de Movilidad para los Trabajos Legislativos.






En seguida, tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa, con aval de grupo, que reforma diversos artículos constitucionales, en materia de reforma política de la Ciudad de México.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

(Presentada por el C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

A diferencia de la iniciativa anterior, yo sí vengo a presentar una iniciativa para ampliar el régimen de libertades y de garantías de los mexicanos, y se trata de una iniciativa que presentamos con el aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto a fin de reformar y adicionar diversos artículos constitucionales, en materia de reforma política para la Ciudad de México.

Con esta iniciativa buscamos dar un paso decisivo y definitivo en un debate que se inició hace 190 años, cuando el Constituyente de 1824, uno de los debates centrales fue el tratar de alcanzar la autonomía del gobierno de la Ciudad de México y la sana convivencia, en tanto capital de la República y sede de los Poderes de la Unión.

Si bien se han registrado avances importantes en distintas reformas para el Distrito Federal, como las que permitieron construir la Asamblea de Representantes, tras la reforma de 1977, y más adelante, 89, y en 1966, la posibilidad de elegir a un Jefe de Gobierno y a una Asamblea Legislativa, pues es cierto que estos avances han sido insuficientes para transformar de fondo la naturaleza jurídica de la capital de la República y dotarla de una Constitución propia y de poderes locales en condiciones similares al resto de las entidades federativas del país.

Por eso, queremos proponer en esta iniciativa, que se incorpore plenamente a la capital de la República, al Pacto Federal; que se le reconozca su condición de entidad federativa, con un diseño constitucional, acorde con su calidad de ciudad, con autonomía constitucional y dotando a los ciudadanos, a los habitantes de la capital de la República, de todos los derechos inherentes a la condición jurídica que gozan el resto de las mexicanas y los mexicanos.

Esta propuesta tiene dos objetivos fundamentales. Primero, mantener la condición de la ciudad de México como capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, bajo una regulación constitucional más adecuada a su condición de ciudad capital y, segundo, transformar la naturaleza jurídica de la Ciudad de México para que se le reconozca como una entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades constitucionales propias y dotarla de autonomía que le permita a los capitalinos darse una constitución propia y contar con poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la ciudad, en todo lo concerniente a su régimen interior, sin la intervención de los poderes federales.

Esta iniciativa permitiría alcanzar tres grandes objetivos, buscados por los habitantes de la ciudad a lo largo de la historia.

Primero. La transformación de la naturaleza constitucional de la Ciudad de México para transitar a un modelo de un Distrito Federal al de una ciudad capital, con autonomía constitucional, integrándose plenamente al Pacto Federal.
Segundo. Mantener el carácter de la Ciudad de México como capital de la República y sede de los Poderes de la Unión bajo una nueva relación entre los poderes federales y los de una entidad federativa autónoma.

Y tercero. Transformar el actual régimen constitucional, para dotar a la Ciudad de México, como una nueva entidad de la Federación, que estaría bajo la denominación de Ciudad de México.

Al quedar establecida la autonomía constitucional de la Ciudad de México, se establecería que la entidad contaría con una Constitución Política, que sería resultado de la instalación de un Congreso Constituyente de la Ciudad de México, que aprobaría una Constitución, derivada de un proyecto presentado por el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Con ello, se busca ratificar que la Ciudad de México, además de gozar de autonomía, tendrá que garantizar la funcionalidad de los Poderes Federales, para lo cual se establecen además en la iniciativa, las bases del Estatuto de Capitalidad de la Ciudad de México, a fin de que se garantice a los Poderes Federales, cumplir plenamente con sus funciones, en un marco constitucional y legal en donde puedan conciliarse el funcionamiento de esos distintos órdenes de gobierno.

Por otro lado, y es una de las medidas de mayor avanzada, dadas las características de conurbación de la Ciudad de México, con otras entidades de la República, particularmente con el Estado de México, el estado de Hidalgo y el estado de Morelos, se propone crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano, que permita conjuntar acciones y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, para avanzar en temas trascendentales para el desarrollo de la megalópolis.

Ello implicaría una Ley Federal para la Coordinación del Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que permitiría contar con programas e incluso autoridades que puedan ejecutar recursos locales y federales para la ejecución de obras y servicios.

En cuanto al régimen interior de la Ciudad de México, el Constituyente gozaría de facultades para diseñar las instituciones políticas y el régimen de gobierno de la entidad. En particular, en la creación del tercer orden de gobierno de la Ciudad de México, donde se propone, no sólo la desaparición de las actuales demarcaciones territoriales, antes conocidas como delegaciones políticas, sino la integración de órganos colegiados de elección popular directa que cumplan con funciones de supervisión y evaluación del gobierno y del ejercicio del gasto público en ese nuevo orden de gobierno.

Además, se propone la plena integración de la Ciudad de México al Pacto Federal, lo que implica dotar al Poder Legislativo de la capital ya constituido como Congreso Local, de la facultad de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y de formar parte del poder reformador de la Constitución, en condiciones de igualdad, con el resto de los estados de la Unión.

Cabe señalar que esta iniciativa implica la modificación de 54 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de armonizar todo el texto constitucional al cambio propuesto.

En síntesis, se trata de alcanzar, por fin, la autonomía plena, no del gobierno de la ciudad de México, ya que si bien el nuevo gobernante tendrá el estatus de gobernador; la Asamblea Legislativa se integraría como Congreso Local; y las demarcaciones territoriales alcanzarían la figura de alcaldías o cabildos o figuras similares. El objetivo fundamental de esta reforma, es, por fin, dotar de derechos políticos plenos a los habitantes de la capital, y que esta ciudad siga siendo una ciudad de libertades, una ciudad donde todo mundo tiene el derecho a expresarse y manifestarse públicamente, sin demérito de la sana convivencia entre dos órdenes de gobierno.

Esa es la propuesta. Y esperemos que encuentre consenso en este Senado.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Alejandro Encinas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos, Primera.






Tiene la palabra el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 128 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

(Presentada por el C. Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM)

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy buenas tardes, con su venia, señor Presidente; señoras Senadoras, compañeros todos:

México es un país que destaca por su riqueza natural. Gracias a su ubicación geográfica contamos con los tres grandes ecosistemas forestales que existen: los bosques, las selvas y las zonas áridas.

Somos el tercer país del mundo con mayor megadiversidad. Contamos con el 12 por ciento de las especies de flora y fauna registradas en todo el mundo.

El estado de Chiapas es el segundo estado con mayor riqueza biológica en nuestro país, lamentablemente nuestros ecosistemas forestales están amenazados por tres principales factores:

En primer lugar, la deforestación. En nuestro país tenemos cerca de 650 mil hectáreas que se deforestan por año.

En segundo lugar, los incendios forestales.

En tercer lugar, y éste es el motivo de esta iniciativa, es la extracción ilícita de madera, disfrazada, falsificación de permisos y un abuso intolerable.

En varias regiones tropicales del país existen especies forestales muy atractivas para el mercado internacional. Su alto valor comercial ha fomentado su sobre-explotación y una tala clandestina. Trayendo como consecuencia, que estas especies disminuyan, corran el riesgo de desaparecer si no se toman las medidas que, con este cambio, esta legislación se están proponiendo.

Según los datos de la CONABIO, el volumen de extracción ilícita de madera industrial en México se estima en 13 millones de metros cúbicos al año, esto nos pone en el segundo país a nivel mundial con este tipo de extracción ilícita e intolerable.

Quiero referirme en particular a algo, que es un árbol conocido como “corazón azul”, su madera es pesada y dura, y con altas propiedades de resistencia mecánica que la hacen ideal para la elaboración de muebles finos, artesanías y manufacturas.

Este árbol que se da en la selva Lacandona, es un árbol que ha venido siendo saqueado bajo la tala clandestina en los últimos años, con un destino muy particular, que es la República Popular de China.

Este árbol de “Corazón Azul” se encuentra entre la lista de las especies más amenazadas; se encuentra entre las especies que han sido en los últimos años taladas de manera clandestina con destinatario muy claro.

Por ello, la presente iniciativa plantea reformar el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para establecer una restricción temporal para el aprovechamiento de estos recursos forestales, hacer un exhorto a todas las autoridades para indagar y entrar a detalle en todo este sistema que, sin lugar a dudas, es una red del crimen organizado.

Se exhorta en conjunto a la SAGARPA, a la CONAFORT y a la CONABIO para que establezcan un programa que no solamente entre a los temas legales, sino por otro lado, tome todas las medidas para que este tipo de tala clandestina se pare de una manera contundente.

La riqueza natural de nuestro México, a la que se hace referencia en esta intervención, tiene todo el sentido porque nos debe de llevar a tener una visión moderna de los recursos naturales, una visión de conservación, de preservación y de crecimiento.

Señoras y señores legisladores, cuidemos y evitemos el saqueo disfrazado de nuestros recursos naturales, esto hoy sucede en Chiapas, pero también seguramente estará sucediendo en muchas otras partes de nuestro país.

Eso es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

"El que suscribe, Senador Luís Armando Melgar Bravo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción I, 76 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 128 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Debido a su ubicación geográfica, los Estados Unidos Mexicanos posee los tres grandes ecosistemas forestales (bosques, selvas y zonas áridas).1 Dada esta característica, nuestro país cuenta con una de las floras más abundantes y diferentes del mundo. Sin embargo, actualmente existen tres principales problemáticas que amenazan los ecosistemas forestales del país.

La primera de ellas es la deforestación del ecosistema. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) se estima que la deforestación en México desde 1980se ha mantenido con un ritmo constante de entre 350 y 650 mil hectáreas por año.

En segundo lugar, están los incendios forestales que representan una importante causa de la deforestación en el país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en 20102 se contabilizó un total de 6 mil 125 incendios, los cuales afectaron una superficie total de 114,723.38 hectáreas. Los estados que reportaron una mayor superficie afectada por las 5 mil hectáreas fueron: Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Durango, correspondiendo estos al 77.03% del total Nacional.

La tercera problemática es la extracción ilícita de madera. En diversas regiones tropicales del país, existen especies forestales que resultan particularmente atractivas para el mercado internacional. El alto valor comercial que pueden llegar a tener estas especies ha fomentado su sobre-explotación y tala clandestina, por lo que su presencia en los ecosistemas locales tiende a disminuir considerablemente, o incluso a desaparecer, si no se toman las medidas necesarias para su protección y conservación. Se estima que el volumen de extracción ilícita de madera industrial en México es de alrededor de trece millones de metros cúbicos al año3

Una de las regiones más importantes del país en términos de biodiversidad y ecosistemas forestales es La Selva Lacandona, ubicada en el estado de Chiapas. Esta selva cuenta con una gran extensión de selva tropical húmeda y posee la mayor diversidad biológica de todo el país; en ella habita el 20% de todas las especies. Desafortunadamente, la selva Lacandona, por sus características naturales, se encuentra amenazada por las tres problemáticas anteriormente descritas.

Esta región contenía originalmente 1.8 millones de hectáreas de selva y en las últimas tres décadas ha tenido un agudo proceso de deforestación por las actividades agropecuarias que realiza la población de los ejidos constituidos a partir de 1977.
La Subregión de Marqués de Comillas, en el Estado de Chiapas, colinda con el área natural protegida “Montes Azules” que alberga uno de los últimos vestigios de selva alta perennifolia en el planeta. Adicionalmente funge como una de las zonas de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Montes Azules y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Por lo anterior, dicha región reviste una importancia estratégica en la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el país. La falta de conservación, protección y el sometimiento a una fuerte presión por los cambios de uso de suelo al que ha sido sometida la Subregión de Marqués de Comillas, ha provocado la disminución da la cobertura forestal de selvas en aproximadamente un 50% de su territorio.

En los últimos años en el mercado internacional, principalmente en la República Popular China, ha aumentado la demanda de una especie conocida como Corazón Azul o Katalox (Swartziacubensis) que se da en la Subregión de Marqués de Comillas, en donde se ubican los Municipios de Benemérito de las Ameritas y Marqués de Comillas.

El Corazón Azul es un árbol caducifolio, que se distribuye desde el sureste de México hasta Costa Rica. Los árboles son de medio porte y alcanzan alturas de entre 15 y 25 metros, y diámetros a altura de pecho de 40 a 70 cm. Su madera es pesada y dura con altas propiedades de resistencia mecánica, lo cual hace que esta especie tenga un gran valor comercial para la elaboración de muebles.

La especie Corazón Azul, considerada en el grupo de las maderas “Duras Tropicales”, se encuentra en áreas que han sufrido cambios de uso del suelo de terrenos forestales y que actualmente se dedican a las actividades agropecuarias, en dichas áreas se puede encontrar 1 árbol por cada 5 hectáreas, por lo que en 100 mil hectáreas podemos estimar que existen alrededor de 20 mil árboles de Corazón Azul y no existen más regiones del país que contengan esta especie.

Los usos que se le da a la madera de esta especie son: gabinetes y muebles finos, productos moldurados, cuchillería, artesanías y artículos torneados. La madera que se extrae de este árbol tiene potencial para la manufactura de parquet tipo mosaico y prefabricado (laminado) y chapas rebanadas decorativas.

La especie se ha vuelto escasa y desde 1997 se encuentra en la “lista roja” de especies amenazadas de la IUCN (International Unionfor Conservation of Nature and Natural Resources). Desafortunadamente, y al igual que otras especies forestales maderables, el Corazón Azul o Katalox se ha estado extrayendo de forma irresponsable tanto en las áreas de Selva Mediana y Alta Subperenifolia, así como en áreas forestales que en años anteriores han sufrido cambios de uso de suelo de terrenos forestales para dedicarlos al uso agropecuario.

Actualmente la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), legislación ambiental aplicable en materia forestal, permite el aprovechamiento de especies forestales; sin embargo, estos aprovechamientos están sujetos a un programa de manejo los cuales autorizan la extracción de especies siempre y cuando ocurra de forma sustentable, es decir, sin poner en riesgo a las comunidades de los terrenos forestales.

No obstante lo anterior, desafortunadamente existe la extracción indiscriminada de especies maderables, sobre todo de maderas finas, como la caoba, cedro y el Corazón Azul o Katalox, especies todas de gran importancia para el medio ambiente. Esta extracción se realiza cuando las especies forestales no se encuentran en terrenos con uso de suelo forestal, lo cual ocasiona que para la autoridad ambiental sea difícil impedir o prohibir la extracción y explotación de estos árboles.

Debido a lo anteriormente expuesto, y considerando que especies maderables como la caoba, cedro y Corazón Azul o Katalox, son especies forestales que deben ser protegidas aunque no se encuentren en terrenos con uso de suelo forestal, la presente iniciativa busca reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para proteger a todas aquellas especies maderables, que estén siendo extraídas de forma indiscriminada y que por ello sus poblaciones se encuentren en riesgo.

Para frenar el daño que se le está causando a la Región de Marqués de Comillas por la extracción desmedida de Corazón Azul, es necesario modificar el artículo 128 de la LGDFS para establecer una restricción temporal para el aprovechamiento de esta especie, atendiendo a la sustentabilidad del recurso, para que durante la restricción se lleven a cabo las siguientes acciones:

Recolección de germoplasma.
Producción de planta en vivero para la reforestación de áreas perturbadas.
Establecimiento de plantaciones forestales comerciales en áreas destinadas al uso agropecuario.
Fortalecimiento del sistema agroforestal utilizando la especie Corazón Azul.

Además de dichas acciones, deberá implementarse, previo acuerdo entre las comunidades y las instituciones ambientales, una estrategia de manejo forestal sustentable en áreas potenciales que hayan sido previamente identificadas para el desarrollo de capacidades locales y la introducción de tecnologías, acorde con el manejo de la biodiversidad, con objeto de darle mayor valor agregado a los productos forestales.

Aunado a lo anterior, deberán seguirse implementando las acciones contempladas en el Programa de Desarrollo Rural Sustentable (CONABIO/SAGARPA) para mejorar los sistemas productivos con enfoque de conservación de la biodiversidad y el Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona (CONAFOR/CONABIO).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos ante esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 128 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

Primero. Se modifican los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 128.- El Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales o restricciones temporales a los aprovechamientos forestales atendiendo la sustentabilidad del recurso, cuando éstas:

Se exceptuarán de las vedas y restricciones temporales a los aprovechamientos forestales los terrenos en los que se realice el aprovechamiento forestal o la forestación de conformidad con los instrumentos de manejo establecidos en la presente ley, en tanto no se ponga en riesgo grave e inminente la biodiversidad, de acuerdo con los criterios e indicadores que al efecto se emitan.

En este último caso la veda o restricción temporal a los aprovechamientos forestales tendrá carácter precautorio, deberá referirse en forma específica al programa de manejo respectivo y sólo podrá abarcar la fracción del área forestal afectada por el riesgo a la biodiversidad. La Secretaría solicitará a los titulares la modificación de los programas de manejo respectivos, segregando de los mismos las superficies afectadas. Así mismo se establecerá un programa que tenga como finalidad atacar las causas que originan la veda y asegurarse al término de la misma que dichas causas no se repitan.

Los proyectos de veda o restricciones temporales a los aprovechamientos forestales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se notificarán previamente a los posibles afectados en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación la que surtirá efectos de notificación.
Los Decretos que establezcan vedas forestales o restricciones temporales a los aprovechamientos forestales, precisarán las características, temporalidad, excepciones y límites de las superficies o recursos forestales vedados, así como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a las comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos ocasiones en el Diario Oficial de la Federación y, por una sola vez, en los diarios de mayor circulación de los estados de la Federación y el Distrito Federal donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales vedados.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, las de los gobiernos de los estados de la Federación, del Distrito Federal y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla con lo que señalen las vedas forestales o restricciones temporales a los aprovechamientos forestales.

TRANSITORIOS

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Sen. Luis Armando Melgar Bravo".

 

1 Breve descripción de los Recursos Forestales en México- FAO, 2007

2 SEMARNAT. CONAFOR. Reporte semanal de resultados de incendios forestales, 2010

3 CONABIO, Capital Natural de México 2009

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Melgar Bravo. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos Primera.






Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 constitucional.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(Presentada por el C. Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT)

- El C. Senador David Monreal Avila: Con el permiso, señora Presidenta.

El planeta hoy en día vive en medio de una crisis ambiental, en consecuencia, todas las naciones deben de emprender acciones para mitigar la huella ecológica y reducir los daños al medio ambiente.

En México la Constitución Política Federal señala en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho a vivir en un medio ambiente sano que garantice el pleno desarrollo y bienestar de las personas, y señala que el Estado debe salvaguardar el respeto a este derecho. En congruencia con lo señalado en la Carta Magna, llevar a cabo acciones para la preservación, cuidado y restauración del medio ambiente, debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno y para el Congreso de la Unión.

En este sentido algunas acciones que han encontrado respaldo internacional para este propósito ha sido establecer áreas naturales protegidas con la finalidad de preservar la biodiversidad de los ecosistemas, evitar la erosión de la tierra y permitir la recarga de mantos acuíferos, entre otros objetivos.

México se ha comprometido en diversos tratados internacionales a preservar su biodiversidad a través de la protección de áreas naturales.
A principios de los años 80`s, México contaba con 56 parques nacionales, los cuales constituían prácticamente la totalidad de las áreas naturales protegidas, concentrados sobre todo en los estados de Nuevo León, Veracruz, México, Tlaxcala y Puebla. En la actualidad, de acuerdo a la información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, México tiene decretadas 176 Areas Naturales Protegidas de carácter federal que representan el 12.91 por ciento del territorio nacional.

La extensión que estas áreas protegidas abarcan son en demasía importante para la conservación de la biodiversidad y para mitigar los efectos de la crisis ambiental. Sin embargo, esto no es significativo comparado con lo que otros países, destinan a la protección de reservas naturales. Por ejemplo, Costa Rica tiene destinado alrededor del 25 por ciento de su territorio y Guatemala, el 30 por ciento.

A pesar del pequeño porcentaje que México guarda en cuanto a áreas nacionales protegidas, resulta alarmante lo sucedido con la declaratoria del decreto presidencial con fecha de 1º de octubre de 2013, en la que se cambió el estatus de protección del Nevado de Toluca, que pasó de Parque Nacional a área de protección de flora y fauna. No obstante de que diferentes organizaciones y académicos alertaron del riesgo que esto significa para la biodiversidad del lugar.

De acuerdo a las declaraciones de académicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cambio de estatus de protección del Nevado de Toluca, más que la conservación de los recursos naturales favorece su explotación y la tala de bosques de una zona de recarga de agua que abastece el 15 por ciento del recurso del Valle de México y a Toluca.

Otro ejemplo que va en el mismo sentido fue lo sucedido en Veracruz, donde Organizaciones No Gubernamentales, obtuvieron el amparo indirecto que concedía la suspensión definitiva, para dejar sin efecto el decreto presidencial publicado por el Presidente Felipe Calderón en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de noviembre de 2012, el cual quitaba protección a una parte del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano.

El amparo otorgado por el Poder Judicial de la Federación exige con base en tratados internacionales y de la Convención Internacional de Humedades dar marcha atrás al decreto y declarar Area Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano.

Sin embargo, a pesar de que se informó sobre las consecuencias que esto tendría sobre los arrecifes, no han sido tomadas en cuenta las opiniones de la ciudadanía, pues en la Secretaría del Medio Ambiente continúan con las consultas para llevar a cabo el cambio del estatus Sistema Arrecifal Veracruz, y así dar paso a una ampliación del puerto.

En términos más llanos, actualmente en México, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de establecer áreas naturales protegidas, así como modificar las categorías a las áreas que ya cuentan con protección, esto a través de decreto presidencial a solicitud de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin embargo, hay que recordar que el artículo 27 constitucional, señala que la propiedad de tierras y aguas pertenecen a la nación, y que para lograr el equilibrio en el país y mejorar las condiciones de la población, se deben dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Por tal motivo, es necesario que la declaratoria de áreas naturales protegidas sobre territorio federal no sea una atribución única del Ejecutivo; las entidades, la ciudadanía y el Congreso de la Unión deben de ser parte del debate público sobre esta materia y tener capacidad de decisión sobre la misma.

Para decidir las declaratorias de áreas naturales o modificar el estatus de protección de las mismas, es necesario escuchar a todas las voces y, sobre todo, poner por encima de los intereses personales y de grupo el interés general de la nación y de toda la humanidad.

Lo anteriormente expuesto, sirve de relieve para iniciar la discusión sobre la necesidad de reformar la Constitución Política Federal y así dotar de atribuciones a esta Cámara de Senadores a fin de que sea quien otorgue la protección a las áreas naturales, o bien modifique el estatus de las mismas.

Debemos tener presente que el federalismo es un modo de organizar y ejercer el poder en el estado de derecho, respetando la autonomía y la capacidad de gestión de los gobiernos en las decisiones sobre la administración del territorio federal, y en este sentido las entidades federativas deben de tener un papel fundamental opinando y siendo parte de las decisiones.

Como representantes de los estados de la República, nuestra labor como Senadores debe ser velar para que, efectivamente, los derechos y los intereses de los habitantes de las entidades que representamos sean salvaguardados y protegidos. En consecuencia, el Ejecutivo Federal continuará siendo partícipe solicitando al Senado de la República otorgar la declaratoria de áreas naturales protegidas o modifique el estatus de las mismas, pero será a través de análisis y debate de esta Cámara, escuchando a todas las voces, y principalmente a quienes verdaderamente se perjudican o benefician con el cambio de estatus que será posible llegar a un acuerdo y en su caso la aprobación de la respectiva declaratoria.

Derivado de lo anterior propongo adicionar una fracción al artículo 76 de la Constitución Política Federal para que también sea una facultad exclusiva del Senado decretar áreas naturales protegidas y modificar el nivel de protección de las mismas.

Es necesario que el Ejecutivo Federal deje de tener la última palabra en esta materia y en cambio la sociedad y las entidades federativas sean partícipes en la toma de decisiones a través de los Senadores quienes representan tanto a las entidades federativas, como a sus habitantes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

"DAVID MONREAL AVILA, Senador de la República, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En México la Constitución Política Federal señala en su artículo 4º, párrafo quinto el derecho a vivir en un medio ambiente sano que garantice el pleno desarrollo y bienestar de las personas, y señala que el Estado debe garantizar el respeto a este derecho. En congruencia con lo señalado en la carta magna, llevar a cabo acciones para la preservación, cuidado y restauración del medio ambiente, debe ser una prioridad para todos los niveles de gobierno y para el Congreso de la Unión.
Lo anterior cobra un sentido relevante ante una crisis ambiental que vive actualmente el planeta tierra. Ante la inminente amenaza del calentamiento global y el cambio climático, se debe actuar con responsabilidad y emprender acciones para mitigar los efectos de la crisis ambiental.

En este sentido se han constituido esfuerzos a nivel internacional, comprometiendo a los Estados a emprender acciones e incorporar en sus legislaciones mecanismos para el cuidado del medio ambiente.

En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la "Cumbre de la Tierra".1 Dicha reunión generó logros significativos en materia de protección ambiental;178 gobiernos aprobaron diversos documentos, entre los cuales están: Programa 21: este es un plan de acción que tiene como finalidad metas ambientales y de desarrollo en el siglo XXI; Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo: que define los derechos y deberes de los Estados; y la Declaración de principios sobre los bosques Convenciones sobre el cambio climático, la diversidad biológica y la desertificación.

Dentro de los compromisos que el Estado mexicano asumió en la cumbre de Río, destacan las siguientes:2

Elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en coordinación con los planes y políticas sectoriales.

Establecer un Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Promover un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en las zonas adyacentes a las áreas nacionales protegidas, con miras a aumentar la protección de las mismas.

Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas.

Impedir la introducción, controlar y erradicar las especies exóticas que constituyan amenazas para los ecosistemas originales.

Establecer y mantener programas de educación y capacitación científica y técnica orientados a la identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Otros tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en materia ambiental, son la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), en la que México se obligó a eliminar el tráfico de especies amenazadas y en peligro de extinción; como miembro de la Red Latinoamericana de Parques y Reservas, México asumió el compromiso de establecer infraestructura y comunicación electrónica en las ANP; en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se comprometió al control de la eutroficación de aguas, protección de fuentes de agua y mantos freáticos, programa de agricultura sustentable.
Es claro que en la actualidad el compromiso que ha asumido México ante el mundo es muy grande, no sólo porque debe cumplir estos acuerdos firmados frente a otros Estados, sino por la responsabilidad de preservar un medio ambiente equilibrado para las futuras generaciones. Para poder cumplir con lo anterior, las acciones de los gobiernos en sus tres niveles deben ser respaldados con una política ambiental acorde a las necesidades ambientales de la actualidad.

Una de las consecuencias más graves de la problemática ambiental ha sido la pérdida de la biodiversidad. Según datos del Instituto Nacional de Ecología3 se calcula que en el mundo se han descrito 1.8 millones de especies, pero se cree que puede haber un total de entre 13 a 100 millones en todo el planeta. Lamentablemente esta biodiversidad de la que se tiene registro, se ha perdido y visto disminuida, en gran parte, a consecuencia de la actividad humana, pues se calcula que para el año 2050 se perderá el 50% de las especies del planeta.

En el caso de México, el número total de especies descritas o que cuentan con un nombre científico es de aproximadamente 64,878, pero se calcula que el número total de especies que se esperaría encontrar, asciende a un total de 212,932 especies; además se calcula que hasta el momento, en contraste a esto, México ha perdido alrededor del 95% de sus bosques tropicales y más de la mitad de sus bosques templados.

Como puede observarse, la crisis ambiental no es menor, y las consecuencias comienzan a causar estragos en los ecosistemas de todo el planeta.

Una de las acciones que los Estados llevan a cabo a fin de combatir el problema ambiental y preservar la biodiversidad, es establecer Áreas Naturales Protegidas (ANP),que tradicionalmente constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional, representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.4En la actualidad el concepto de ANP se refiere principalmente a la idea de reserva de la biosfera,5 concepto que fue desarrollado en los años setenta mediante el programa “El hombre y la biósfera” de la UNESCO; con esto, se pretende combinar la conservación natural, la investigación científica, la vigilancia, la educación ambiental y la participación de la población local.

La historia de las Áreas Naturales Protegidas en México se inició en 1876 bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, con la expropiación del Desierto de los Leones, en función sobre todo de la importancia de sus manantiales.6 Pero fue en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando se tuvo un avance significativo en establecer áreas protegidas, pues durante este periodo se decretaron 36 parques nacionales con una extensión de 800 mil hectáreas.

A principios de los años ochenta, México contaba con 56 parques nacionales, los cuales constituían prácticamente la totalidad de las áreas naturales protegidas, concentrados sobre todo en los estados de Nuevo León, Veracruz, México, Tlaxcala y Puebla.7 En la actualidad, de acuerdo a información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, México tiene decretadas 176 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal que abarcan una superficie de 25,387,972 de hectáreas, lo que representa el 12.91 % del territorio nacional, y se clasifican en las siguientes categorías:8

Número de ANP

Categoría

Superficie en hectáreas

Porcentaje de la superficie del territorio nacional

41

Reservas de la Biósfera

12,652,787

6.44

67

Parques Nacionales

1,482,489

0.75

5

Monumentos Naturales

16,268

0.01

8

Areas de Protección de Recursos Naturales

4,440,078

2.26

37

Areas de Protección de Flora y Fauna

6,687,284

3.40

18

Santuarios

146,254

0.07

176

25, 387,972

12.91

FUENTE: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2012

Las ANP y la extensión que éstas abarcan son en demasía importante para la conservación de la biodiversidad, y para mitigar los efectos de la crisis ambiental. Sin embargo esto no es significativo comparado con lo que otros países destinan a la protección de reservas naturales. Por ejemplo, Costa Rica tiene destinado como ANP alrededor del 25% de su territorio a la conservación y Guatemala el 30%.

En la medida que el Estado conserve mayor cantidad de áreas protegidas, garantizará la biodiversidad de México, que pertenece a toda la humanidad, y contribuirá para aminorar la crisis ambiental y todos los efectos que de esta se generan.

Actualmente en México, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de establecer ANP, así como para elevar o disminuir de categoría a las áreas que ya cuentan con protección, esto a través de decreto presidencial, a solicitud de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para otorgar el estatus de Area Nacional Protegida, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32 bis, fracción VI, señala que a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el proponer al Ejecutivo Federal, establecer áreas protegidas y proponer para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales y de universidades, centros de investigación y particulares. O bien hacer la solicitud a fin de que el estatus de un área sea modificado, es decir, si merece mayor o menor protección federal.

Un área que ha sido protegida por la ley, y se le ha otorgado un estatus dentro de los permitidos, resulta ser un logro para toda la humanidad, pues en la medida en que exista una mayor superficie de áreas protegidas, se combate la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua, la erosión del suelo y aumenta la posibilidad de filtración de agua al subsuelo, entre muchas otras.

En cambio cuando se quita la denominación de área protegida o en su caso se le desciende en la categoría, es un retroceso para todos, pues significa que se corre el riesgo de poner en un estado de vulnerabilidad al área protegida junto con toda la biodiversidad que habita en ella.

En este mismo sentido, el artículo 27 Constitucional señala que la propiedad de tierras y aguas pertenecen a la nación, y que para lograr el equilibrio en el país y mejorar las condiciones de la población, se deberá dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Es decir, corresponde a la nación decidir sobre sus recursos naturales, a fin de garantizar el bienestar de toda la población. En este sentido, la decisión de otorgar, disminuir o quitar el estatus de Área Natural Protegida a una determinada porción del territorio, debe ser una atribución de los representantes de las entidades federativas y de la ciudadanía.

Una problemática tan seria como la crisis ambiental, requiere de decisiones consensadas, valorando todas las posibilidades y escuchando a todas las voces, sobre todo de aquellas personas que viven y dependen de los recursos que existen en las ANP; en la mayoría de los casos son pequeñas comunidades que pueden ver afectado su sustento.

Asimismo, ante el problema ambiental que ha sido descrito, no se pueden tomar decisiones sin antes tener un debate serio en la materia. Por tal razón, el Ejecutivo no debe ser quien tenga la última decisión para designar las ANP o bien para quitar categorías a las mismas. El Presidente y la Secretaría del Medio Ambiente, deben proponer y participar en la declaratoria de áreas protegidas, pero no pueden ser juez y parte, pues se podría prestar a una total falta de transparencia.

En este sentido las declaratorias de ANP o cambio de categorías de las mismas debe ser propuesto por el Ejecutivo Federal pero discutido y aprobado por Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores. El Ejecutivo Federal podrá proponer a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la creación de áreas protegidas federales o la modificación del estatus de las mismas, pero lograr declararlas como ANP deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores.

El federalismo es un modo de organizar y ejercer el poder en el Estado de derecho, respetando la autonomía y la capacidad de gestión de los gobierno,9 en las decisiones sobre la administración del territorio federal, éstas deben tener un papel decisivo opinando y siendo parte de las decisiones. “Las entidades pueden y deben participar directamente en la elaboración, conducción y vigilancia, así como en los diversos niveles de decisión sobre los planes nacionales de desarrollo.”10 En este sentido, los estados de la república deben se considerados y participar en la toma de decisiones para designar ANP, disminuir o incrementar el estatus de las áreas protegidas.

Pero resulta insuficiente que sólo sean consideradas opinando, como sucede en la actualidad. El problema ambiental que afecta a toda la ciudadanía, exige una participación proactiva de sus representantes. Las entidades federativas y los ciudadanos de ellas, tienen su representación en los Senadores, pues son el vínculo entre el ejecutivo y el legislativo.

En este sentido, la cámara de senadores está legitimada para decidir sobre la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas federales, o bien para disminuir o aumentar el estatus a las áreas que ya hayan sido decretadas como importantes para la conservación de la biodiversidad.

Como se ha mencionado, no se puede tomar a la ligera decisiones tan importantes, sin el consenso y el debate necesario, de lo contrario se atenta no sólo contra el patrimonio de los mexicanos, sino de toda la humanidad.

Además de delegar la atribución a los legisladores, se fortalece la división de poderes y se cumple con los establecido en la Constitución en su artículo 4º y 27.
La ciudadanía tiene claridad en la importancia de dar protección y resguardo a la biodiversidad, y ante la declaratoria de disminuir o quitar protección a las áreas naturales, actúan para defenderla; claro ejemplo de ello es lo sucedido en Veracruz donde organizaciones no gubernamentales, obtuvieron el amparo indirecto que concedía la suspensión definitiva, para dejar sin efectos el decreto presidencial publicado por Felipe Calderón Hinojosa en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de noviembre de 2012, el cual quitaba protección a parte del parque nacional del sistema arrecifal veracruzano.11

A través del decreto el Ejecutivo Federal pretendía ampliar el puerto veracruzano, pero sin considerar el impacto ambiental que esto causaría a la zona. Además de acuerdo a las informaciones periodísticas, había indicios de que el decreto pretendía favorecer a empresas vinculadas al gobierno federal. A pesar de las alertar sobre los daños que esto ocasionaría a la zona de arrecifes, la SEMARNAT ha continuado con las consultas para llevar a cabo la ampliación al puerto.

A nivel local también existen ejemplos acerca de la importancia de tomar decisiones consensadas sobre las ANP. En el año 2011, por medio de un decreto el gobierno de Veracruz quitó el estatus de área protegida al predio conocido como Tembladeras, poniendo al menos 200 hectáreas de humedales en riesgo de desaparecer,12esto a pesar de las alertas que diferentes actores sociales hicieron al gobierno del estado, pues se abría la puerta para la construcción en la zona.

El ejemplo más reciente de la importancia de hacer declaratorias de áreas protegidas consensadas, es lo sucedido con la declaratoria del decreto presidencial con fecha 1º de octubre de 2013, en la que se cambió de estatus de protección del Nevado de Toluca, que pasó de parque nacional a área de protección de flora y fauna.13 A pesar de que diferentes organizaciones y académicos alertaron del riesgo que eso significa para la biodiversidad del lugar.14

De acuerdo a declaraciones de académicos de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el cambio de estatus de protección del Nevado de Toluca, que pasó de parque nacional a área de protección de flora y fauna, más que la conservación de los recursos naturales favorece su explotación y la tala de bosques de una zona de recarga de agua que abastece del 15 por ciento del recurso al Valle de México y a Toluca”.15 Además de reconocer que el decreto no considera que el Nevado de Toluca se trata de un volcán activo.

De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 50, párrafo segundo, señala que en los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. Lo más grave con este cambio de estatus al Nevado de Toluca es que estas actividades quedarán disminuidas, permitiendo el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, poniendo en riesgo los ecosistemas del lugar.

Lo anterior es un claro ejemplo de la importancia de que las declaratorias de ANP sean consensadas, donde todos los actores sociales sean escuchados y sobre todo se ponga por encima de los intereses personales o de grupo los intereses de la humanidad y de las futuras generaciones.
Es necesario que el Ejecutivo Federal deje de tener la última palabra en esta materia, y en cambio la sociedad y las entidades federativas sean partícipes en la toma de decisiones a través de los Senadores, quienes representan tanto a las entidades federativas y a sus ciudadanos.

Derivado de lo anterior, someto a esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a XI. …

XII. Decretar áreas naturales protegidas y modificar el nivel de protección de las mismas;

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: …

XII.Las demás que la misma Constitución le atribuya.

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: …

XII. Decretar áreas naturales protegidas y modificar el nivel de protección de las mismas;

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013".

1 Conferencias de la ONU sobe el medio ambiente, “Cumbre de la tierra”, [en línea] Naciones Unidas Centro de Información, [citado 09-11-2013], disponible en http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/conf.htm

2 Áreas Naturales Protegidas en México, , [en línea] Instituto Nacional de Ecología, [citado 09-11-2013] disponible en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/43/cuatro.html

3 Hesiquio Benítez Díaz y Mariana Bellot Rojas, “Biodiversidad: uso, amenaza y conservación”, [en línea], Instituto Nacional de Ecología, México, [citado 09-11-2013], disponible en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/395/benitez_bellot.html

4 Áreas Naturales Protegidas en México, , [en línea] Instituto Nacional de Ecología, [citado 09-11-2013] disponible en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/43/cuatro.html

5 Brañes, Raúl, “Manual de derecho ambiental” , Edit. FCE, México, 2010, 2ª reimpresión, p. 330

6 Áreas Naturales Protegidas en México, , [en línea] Instituto Nacional de Ecología, [citado 09-11-2013] disponible en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/43/cuatro.html

7 Ídem

8 Áreas Naturales Protegidas, [en línea] Procuraduría Federal de Protección al Ambiente disponible enhttp://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1660/1/mx/areas_naturales_protegidas.html

9 Ortega, Morales Luis, pacto federal democrático, [en línea], Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, [citado 13-11-2013], disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2519/14.pdf

10 Ídem.

11 Gómez, Eirinet, “Pretende SCT ampliar el puerto de Veracruz pese a un amparo federal”, [en línea] la jornada, [citado 13-11-2013], disponible en http://www.jornada.unam.mx/2013/09/23/estados/032n1est

12 Ávila, Edgar, “Quitan protección a humedales en Veracruz”, [en línea] el universal [citado 13-11-2013] disponible en http://www.eluniversal.com.mx/estados/82295.html

13 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5315889&fecha=01/10/2013

14 Enciso, Angélica, “Reprueban académicos cambio de estatus en la protección del Nevado de Toluca”, [en línea] la jornada, [citado 13-11-2013], disponible enhttp://www.jornada.unam.mx/2013/11/01/sociedad/039n1soc.

15 Ídem

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda.






A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Senadora Graciela Ortiz González a nombre propio y de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA ELIMINAR EL COBRO DE LARGA DISTANCIA EN LA TELEFONIA

(Presentada por la C. Senadora Graciela Ortiz González, a nombre propio y de la C. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores Senadores, compañeros todos:

Su servidora, Graciela Ortiz y la Senador Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos sometiendo a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que busca adicionar un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para eliminar el cobro de larga distancia en la telefonía dentro del territorio nacional.

Hoy vale y cabe una reflexión de parte de los mexicanos, sobre, ¿cuánto los mexicanos debemos de seguir pagando en larga distancia en telefonía fija y móvil? Algunos datos para ilustrar el por qué de la pregunta.

En 2012, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos dio a conocer en un Estudio sobre las Políticas y Regulación de las Telecomunicaciones en México, y estimó que la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país nos ha costado a los mexicanos 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalentes al 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto por año. Esta cifra, según la OCDE, representa la pérdida económica que hemos tenido los mexicanos como resultado de pagar servicios de telecomunicaciones más caros que los que se pagarían en un entorno competitivo.

El 11 de junio pasado se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

Este importantísimo proyecto, que fue suscrito por las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso mexicano, atendió nueve compromisos, entre esos compromisos están la competencia en telefonía y en servicios de datos, que fue el compromiso 44, adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.

En materia de telefonía tanto móvil como fija, este Congreso y las dependencias del gobierno han venido impulsando medidas y acciones que permitan extender y elevar la competencia en el sector.

Existen 25 compañías que prestan el servicio de telefonía fija y 62 más son proveedoras del servicio de larga distancia fija. Asimismo hay 4 compañías de telefonía móvil con cobertura nacional que son propietarios de 84 múltiples licencias regionales. La portabilidad numérica ha permitido que los usuarios sean los dueños de su número telefónico para que lo puedan utilizar en cualquier compañía a la que deseen cambiarse.

Pese a todos estos datos, pese a lo anterior, el sector aún presenta altísimos precios. México ocupa el cuarto y tercer lugar de las tarifas más altas de toda la OCDE en telefonía fija y móvil respectivamente. Es decir, los mexicanos seguimos pagando muchísimo más de lo que pagan ciudadanos de otras naciones para recibir la prestación de este mismo servicio.

Las nuevas tecnologías permiten a los usuarios sostener conversaciones telefónicas de larga distancia a través de la plataforma de Internet o incluso de videollamadas prácticamente gratis por el solo hecho de estar conectados a Internet, ya sea desde un teléfono móvil, una computadora o una tablet.

Tecnológicamente, entonces ya no existe un diferencial de costos entre una llamada local y una llamada de larga distancia, esto es, tiene el costo o debe tener el mismo costo cualquier llamada, independientemente del lugar en que se encuentre el que la recibe.

En Estados Unidos no hay cargos de larga distancia, ni de roaming, si la llamada es entre la misma compañía. AT&T, por ejemplo, en ese país, ofrece paquetes de llamadas ilimitadas de larga distancia nacional.

La Unión Europea ha reducido en un 80 por ciento las tarifas de los servicios de roaming de voz, datos y mensajes de telefonía móvil dentro de los países que la conforman.

En América Latina, existen ejemplos que van en este mismo sentido. En Colombia, en Honduras, en Jamaica, en la República Dominicana, en Panamá, en Perú y en Puerto Rico los usuarios ya no pagan el servicio de larga distancia nacional.

En el caso de Chile, país similar a México, el Congreso Chileno aprobó un Decreto, para eliminar el cobro de larga distancia en telefonía fija, a través de la consolidación de las áreas telefónicas, y en razón de que la telefonía móvil ya no la cobraba.

En varias partes del mundo, las compañías de telefonía brindan a sus usuarios planes con llamadas a todo el país, sin mayores cargos o costos adicionales de larga distancia. Y esto es posible en virtud de que, ya lo comentamos, las tecnologías han favorecido la conexión entre los usuarios sin importar donde se encuentren geográficamente.

Compañeras y compañeros, hay una tendencia mundial en la desaparición del cobro de lo que es la larga distancia en la telefonía.

La extinta COFETEL aprobó la consolidación de las áreas de servicio local de telefonía fija para que las poblaciones cercanas puedan compartir la misma área y las llamadas sean consideradas como locales.

En julio de 2015 se espera consolidar 397 áreas para pasar a formar 173.

Sin embargo, los Senadores del PRI consideramos que esto no es suficiente, que es necesario elevar a rango de ley que sólo haya un área de servicio local de telefonía en el país, es decir, que todas las llamadas que se realicen dentro del territorio nacional sean consideradas como llamadas locales.

Por todo esto, y los datos que hemos dado a conocer a ustedes el día de hoy en la presentación de esta iniciativa, la compañera Senadora Blanca Alcalá y su servidora proponemos entonces adicionar un párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer que:

“Tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, los concesionarios y permisionarios sólo podrán fijar tarifas a nivel nacional.

No podrán hacer cargos adicionales por las llamadas que realicen los usuarios dentro del país, sin importar que se comuniquen a otra área, región o entidad federativa”.

Se propone, además, y con esto concluyo, señor Presidente, dos artículos transitorios para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones lleve a cabo los planes para la consolidación o unificación de las áreas de telefonía fija y de las regiones de telefonía móvil, en un plazo no mayor a 24 meses.

Con esta reforma los Senadores del PRI estamos absolutamente convencidos y apelamos al sentido de solidaridad para con los mexicanos a los compañeros Senadores de todas las fuerzas políticas, para que se permita la democratización de la productividad de las telecomunicaciones como lo estamos haciendo con otras áreas del quehacer nacional.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa



PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, Senadora Ortíz González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos.

Senadora Graciela Ortiz, consulta el Senador Patricio Martínez si puede adherirse a su propuesta. Con mucho gusto aceptado, también la Senadora Arely Gómez, para el mismo efecto. Ruego a la Secretaría tomar nota de las Senadoras y Senadores que quieran adherirse a esta propuesta.






Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de diversos Senadores de la República, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL

(Presentada por el C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de diversos Senadores de la República)

- El C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros Senadores:

En nombre de 27 Senadoras y Senadores de la República, me permito presentar esta iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.

En síntesis, la institución del matrimonio, desde su concepción, como una unión espiritual, como un sacramento solemne, incluso indisoluble hasta llegar a considerarse un estado civil, ha presentado diversos contenidos a través de los siglos, derivados de la realidad socio-cultural de cada momento histórico.

De ahí que el concepto de matrimonio no ha sido ni es necesariamente estático por ser una institución inevitablemente en permanente y constante evolución.

Esta institución jurídica-social tiene que ajustarse a las nuevas estructuras sociales que han venido impulsando en un marco de respeto y salvaguarda de los derechos humanos, la legitimación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Como antecedente de su establecimiento y regulación jurídica en su nueva concepción, encontramos que:

En la reforma constitucional que aprobara el Congreso de la Unión en materia de derechos y culturas indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto del año 2001, se adujo particularmente del artículo 1o. de nuestro código político, que era necesario adicionar un párrafo que prohibiera toda forma de discriminación, cuyo texto se inspira en los principios plasmados en los Tratados Internacionales en materia de derecho humanos.

En consecuencia, el texto que se aprobó para el artículo 1o., consagra los principios fundamentales que contribuyen a perfilar y fortalecer nuestra entidad nacional: igualdad, libertad y la prohibición de todo tipo de discriminación.

Reza el texto vigente de dicho precepto en su parte conducente: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencia sexuales, el estado civil o cualquier otra que atenta contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, mismo que se publicó el 29 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Concretamente en el artículo 146 del Código Civil, se estableció, que: “Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad, y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código”.

Con motivo de dicha reforma a la legislación civil del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de fecha 5 de agosto de 2010, resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República el 28 de enero de ese año, en la que solicitaba declarar inválidos los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Los ministros de nuestro máximo tribunal, en aquella ocasión resolvieron que dicha Asamblea Legislativa tenía competencia para legislar sobre el matrimonio y consideraron que las uniones entre personas del mismo sexo no violan la Constitución, por lo que no se vulneran los preceptos constitucionales relativos a la protección de la familia y la niñez. Dicha resolución se integró con ocho votos a favor.

Concretamente, el pleno del máximo tribunal de la nación sostuvo que dicha regulación no contraviene concepto de familia protegido por el artículo 4o. constitucional, toda vez que a partir de una interpretación evolutiva, de dicho precepto, éste no alude a un modelo de familia ideal, que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación.

El Alto Tribunal aclaró que la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos, por ello afirmo que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. Lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: Familias nucleares compuestas por padres e hijos biológicos o adoptivos que se constituyen a través del matrimonio o uniones, de hecho, familias Monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extiendan a varias generaciones, incluyendo a ascendentes, descendientes y parientes colaterales; y desde luego, también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos biológicos, adoptivos o sin ellos.

Concluye la Corte, señalando que en la actualidad la institucional matrimonial se sostiene primordialmente en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromisos mutuos de quienes deseen tener una vida en común.

Cabe referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del 10 de agosto de 2010 resolvió que todas las entidades federativas están obligadas a reconocer la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal, pero es su facultad disponer en sus legislaciones la manera en que se harán efectivos los derechos de estas parejas en sus territorios.

Así, nuestro máximo tribunal sostuvo que ante una situación de hecho idéntica, como es la posibilidad de formar una familia a cargo de una pareja heterosexual o del mismo sexo, el legislador incurrió en una omisión que impide la igualdad real de oportunidades al dejar en desventaja a las familias homoparentales, en cuanto a la protección de su organización y desarrollo, y que de una interpretación sistemática y armónica de nuestro marco constitucional, se desprende que el matrimonio sólo obliga a la igualdad jurídica entre sus miembros y no pone a la heterosexualidad y a la procreación.

Por las anteriores razones, quienes suscribimos la presente iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil Federal, proponemos establecer que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad debida, en donde ambos se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua.

Asimismo, precisar que los congresos de los estados, en ejercicio de su soberanía, podrán adecuar sus legislaciones civiles para regular el matrimonio conforme a los principios, garantías y derechos fundamentales consagrados en nuestra Ley Fundamental.

Pido a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la iniciativa que hago entrega con las firmas originales de Senadoras y Senadores que la respaldan.

Es cuanto, muchas gracias.

Iniciativa

"Quien suscribe, Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, a nombre de diversos Senadores y Senadoras de la República, a la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Especial atención ha generado un tema actual que requiere ser legislado por su contenido social y por estar circunscrito en la tendencia internacional por garantizar el ejercicio, respeto y salvaguarda de los derechos humanos, tal como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Bien sabemos que tradicionalmente el matrimonio ha sido definido como la unión entre marido y mujer, y que para llegar a su estructura actual, ha recorrido un largo proceso de evolución y perfeccionamiento, a partir de la época más primitiva de la humanidad, a travesando por figuras como la poligamia y la poliandria, en menor medida.

Desde su concepción como una unión espiritual, un sacramento solemne e incluso indisoluble hasta llegar a considerarse un estado civil, la institución del matrimonio ha presentado diversos contenidos a través de los siglos, derivado de la realidad socio-cultural de cada momento histórico.

De ahí que el concepto de matrimonio, no ha sido ni es necesariamente estático, por ser una institución inevitablemente en permanente y constante evolución.

Considerado el matrimonio desde su origen como el principio de la sociedad y el centro de la familia, esta institución jurídica social tiene que ajustarse a las nuevas estructuras sociales que han venido impulsando en un marco de respeto y salvaguarda de los derechos humanos, la legitimación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

2.- Como antecedentes de su establecimiento y regulación jurídica en su nueva concepción, tenemos que:

a) Como parte de la reforma constitucional que aprobara el Congreso de la Unión en materia de derechos y cultura indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2001, se adujo particularmente del artículo 1º de nuestro Código Político, que era necesario adicionar un párrafo que prohibiera toda forma de discriminación, cuyo texto se inspira en los principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, el texto que se aprobó para el artículo 1º consagra los principios fundamentales que contribuyen a perfilar y fortalecer nuestra identidad nacional: igualdad, libertad y la prohibición de todo tipo de discriminación.

Reza el texto vigente de dicho precepto en su parte conducente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

b) El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa del D.F. aprobó el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal; mismo que se publicó el 29 de diciembre de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Concretamente en el artículo 146 de dicho Código, se estableció que: Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código”.

c) Con motivo de dicha reforma a la legislación civil del D.F., la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de fecha 5 de agosto de 2010, resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República el 28 de enero de ese año, en la que solicitaba declarar inválidos los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Los ministros en aquella ocasión resolvieron que la ALDF tiene competencia para legislar sobre el matrimonio y consideraron que las uniones entre personas del mismo sexo no violan la Constitución, por lo que no se vulneran los preceptos constitucionales relativos a la protección de la familia y de la niñez. Dicha resolución se tomó con ocho votos a favor y la oposición del presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia y del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Además, de que la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, estuvo ausente en la sesión por motivos de salud.
Concretamente, el Pleno del máximo Tribunal de la Nación al ocuparse de esta cuestión en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, resolvió que las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo son compatibles con la Constitución.

A detalle sostuvo que dicha regulación no contraviene el concepto de familia protegido por el artículo 4º constitucional, toda vez que a partir de una interpretación evolutiva de dicho precepto, este no alude a un “modelo de familia ideal” que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación.

En este sentido, el Alto Tribunal aclaró que la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos. En dicho precedente, el Pleno afirmó que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. Lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparental compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y desde luego también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.

Señaló con toda claridad que “es un hecho innegable que la secularización de la sociedad y del propio matrimonio, así como la transformación de las relaciones humanas, han llevado paulatinamente a diversas formas de relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua y, de ahí, a modificaciones legales en cuanto a la institución del matrimonio, que han derivado en la redefinición del concepto tradicional que del mismo se ha tenido en cada época y a su desvinculación de una función procreativa, como fin del mismo.”

En el precedente en cita, la Suprema Corte sostuvo que esa desvinculación entre matrimonio y procreación quedaba de manifiesto con una gran variedad de situaciones: la existencia de parejas heterosexuales que deciden tener una familia sin acudir a la institución matrimonial; matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos; matrimonios heterosexuales que por razones biológicas no pueden tener hijos y recurren a los avances médicos para lograrlo; matrimonios heterosexuales que sin tener un impedimento biológico para procrear optan por la adopción; matrimonios heterosexuales que se celebran entre personas que ya no están en edad fértil o entre personas que ya tenían descendencia y no desean tener una en común, etcétera. En este sentido, el Pleno concluyó que en la actualidad la institución matrimonial se sostiene primordialmente “en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común”.

Al declarar constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo reconocido por las leyes del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguió sus discusiones sobre la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo en toda la República. Cabe referir, que en su sesión del 10 de agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que todas las entidades federativas están obligadas a reconocer la validez de los matrimonios homosexuales celebrados en el Distrito Federal, pero es su facultad disponer en sus legislaciones la manera en que se harán efectivos los derechos de estas parejas en sus territorios.

d) El 5 de diciembre de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el expediente de juicio de amparo en revisión 581/2012, en ejercicio de su facultad de atracción.

Con dicha resolución, nuestro máximo tribunal declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, por el fragmento del texto que afirma que el matrimonio tiene la finalidad primordial de “perpetuar la especie.”
Lo anterior se resolvió en virtud de que esta determinación de procrear “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad.”

El contenido del artículo declarado inconstitucional es el siguiente: “Artículo 143.- El matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida.”

La Corte interpretó dicho artículo afirmando que el matrimonio es celebrado entre dos personas, sin importar su género. Lo anterior fue determinado tras resolver tres asuntos que tienen que ver con la negativa de las autoridades de Oaxaca para dar acceso al matrimonio a tres parejas del mismo sexo, con base en el mismo artículo del Código Civil local.

Además, se asumió que el artículo 143 del Código Civil oaxaqueño viola también el principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas de hombres o de mujeres, respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.

3.- Profundizando en la Argumentación jurídica vertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución relacionada con el amparo en revisión citado, sobresalen los siguientes argumentos, mismo que ocupamos para sustentar y robustecer la presente iniciativa cuyo propósito es establecer en nuestro Código sustantivo federal en materia civil, el matrimonio entre personas del mismo sexo:

El artículo 1º constitucional establece que tanto la titularidad de los derechos fundamentales como los mecanismos de garantía de éstos corresponden a todas las personas sin distinción alguna. De este mismo precepto constitucional se desprende un mandato dirigido a las autoridades estatales en relación con la forma de interpretar y aplicar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.

En este sentido, el párrafo quinto del artículo 1º constitucional contempla el derecho fundamental a no ser discriminado. La titularidad de este derecho corresponde a las personas en lo individual y a las parejas en la medida en que forman un núcleo familiar.

De estas consideraciones, se sostiene que las personas homosexuales no sólo tienen el derecho a ser tratadas en pie de igualdad en relación con las personas heterosexuales, sino también tienen derecho a no ser discriminadas en la medida en que conforman una familia homoparental.

Los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación consagrados en el artículo 1º constitucional, entraña que las personas homosexuales sean consideradas no sólo individualmente como personas con una preferencia homosexual, sino también como familia homoparental que ambas conforman, por lo que deben tener acceso a las figuras jurídicas que fungen como garantías de estos derechos fundamentales y del derecho de su familia a recibir protección jurídica por parte del Estado, tal como lo es el matrimonio.

De conformidad con el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, un acto de discriminación es (i) una distinción, exclusión o restricción, (ii) basada, entre otras razones, en la preferencia sexual de las personas, (iii) cuyos efectos son impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

4.- De lo anterior, podemos afirmar que ninguna legislación civil al regular el matrimonio, debe contener una distinción que se traduzca en una exclusión y restricción de derechos, ni hacer una referencia específica a un contrato celebrado “entre un solo hombre y una sola mujer”, toda vez que se hace una distinción entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales conformadas por dos mujeres o dos hombres.

A mayor abundamiento, las parejas homosexuales que deciden formar una familia son titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 4º constitucional a recibir protección jurídica para ese efecto por parte del Estado; de ahí que la Suprema Corte de Justicia, ha sostenido que la trasformación y secularización de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no necesariamente surgen del matrimonio entre un hombre y una mujer. En este sentido, si la Constitución protege en pie de igualdad a todas las formas de familia, tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales que decidan formar una familia deben gozar de la protección jurídica del Estado.

De mayor atención, es el argumento que nuestro máximo tribunal vertió en el sentido de que ante una situación de hecho idéntica, como lo es la posibilidad de formar una familia a cargo de una pareja heterosexual u homosexual, el legislador incurrió en una omisión que impide la igualdad real de oportunidades al dejar en desventaja a las familias homoparentales en cuanto a la protección de su organización y desarrollo. En este sentido, es legítima la exigencia de que se permita a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio, ya que es la única figura que otorga reconocimiento a la familia.

5.- Para reforzar el objetivo de nuestra propuesta de reforma, no podemos dejar de señalar y considerar otras argumentaciones de enorme trascendencia que fueron emitidas por la Primera Sala de nuestra Corte Suprema al resolver la revisión del amparo citado, mismas que estarían orientando a este Senado a sentar las bases legales para establecer desde el nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo, a fin de que las entidades federativas en el ámbito de su soberanía, avancen en el mismo sentido a fin de dar plena vigencia a los principios constitucionales de igualdad, libertad y no discriminación.

En ese tenor, destaca nuestra Suprema Corte que la razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del legislador, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. La ausencia de los beneficios que el derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas homosexuales por razón de su preferencia sexual.1

De manera relevante, sostuvo que: “Las desventajas históricas que los homosexuales han sufrido han sido ampliamente reconocidas y documentadas: acoso público, violencia verbal, discriminación en sus empleos y en el acceso a ciertos servicios, además de su exclusión de algunos aspectos de la vida pública.2 En esta línea, en el derecho comparado se ha sostenido que la discriminación que sufren las parejas homosexuales cuando se les niega el acceso al matrimonio guarda una analogía con la discriminación que en otro momento sufrieron las parejas interraciales. En el célebre caso Loving v. Virginia, la Corte Suprema estadounidense argumentó que “[r]estringir el derecho al matrimonio sólo por pertenecer a una o a otra raza es incompatible con la cláusula de protección equitativa” prevista en la Constitución norteamericana.3 En conexión con esta analogía, puede decirse que el poder normativo para contraer matrimonio sirve de poco si no otorga la posibilidad de casarse con la persona que uno elige.4

También la Corte adujo: “Pero el derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.5

En este sentido, acceder al matrimonio comporta en realidad “un derecho a otros derechos”. Los derechos que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de las personas.6 En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros.7 Algunos ejemplos pueden servir para mostrar cómo la privación de estos beneficios materiales afecta la calidad de vida de las parejas homosexuales.

De esta forma, el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos. En este sentido, negarle a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”. No existe ninguna justificación racional para darle a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.8

Cobra especial referencia, el argumento de que así, la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales. Por lo demás, esta exclusión no sólo afecta a las parejas homosexuales, sino también a los hijos de esas personas que hacen vida familiar con la pareja. En efecto, es una realidad que al margen de que las parejas homosexuales puedan acceder al matrimonio existe un creciente número de ellas que deciden criar niños, ya sea a los procreados en anteriores relaciones heterosexuales o utilizando para esos fines las técnicas de reproducción asistida. De igual manera, dicha discriminación repercute directamente en esos menores.9

En esta línea, la medida impugnada se traduce también en un trato diferenciado por parte de la ley hacia los hijos de las parejas homosexuales, que los colocan en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales.10

Si se niega el acceso al matrimonio, la existencia de un régimen jurídico diferenciado al cual puedan optar las parejas homosexuales en lugar de casarse, incluso si la figura en cuestión tuviera los mismos derechos que el matrimonio, evoca a las medidas avaladas por la conocida doctrina de “separados pero iguales” surgida en Estados Unidos en el contexto de la discriminación racial de finales del siglo XIX. En Plessy v. Ferguson,11 la Corte Suprema norteamericana sostuvo, en síntesis, que si los derechos civiles y políticos eran iguales para ambas razas no se podía considerar que los negros fueran constitucionalmente inferiores a los blancos. En este sentido, la misma Corte señaló que el hecho de que la discriminación racial constituya algo inherente en la sociedad es algo que ni la Constitución ni los jueces pueden solucionar.

Así como la segregación racial se fundamentó en la inaceptable idea de la supremacía blanca, la exclusión de las parejas homosexuales del matrimonio también está basada en los prejuicios que históricamente han existido en contra de los homosexuales. La exclusión de éstos de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas.12

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile también ha señalado que “los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto”, además de estar obligados a “adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”.13

6.- Sobre el tema, hay que destacar que es un importante número de tratados e instrumentos internacionales a favor de los cuales el Estado Mexicano se ha manifestado. Tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 2 y 7, así como en el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención sobre el Consentimiento del Matrimonio de 1962, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y más recientemente, la Resolución de la Organización de los Estados Americanos del 4 de junio de 2009 respecto a Derechos Humanos por Orientación Sexual e Identidad de Género, la cual, en su resolución marcada 1 como lo establece: “Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género”; así como de la Declaración del 19 de diciembre de 2008 sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas que en su resolución tercera señala: “Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo recientemente en Schalk y Kopf v. Austria que las parejas homosexuales se encuentran en una situación similar a las parejas heterosexuales en cuanto a su capacidad para desarrollar una vida familiar, en la medida en que también mantienen relaciones comprometidas y estables. En consecuencia, debe entenderse que la relación entre dos personas homosexuales que hacen una vida de pareja constituye vida familiar para efectos del Convenio Europeo de Derechos humanos.14

7.- Aunado a lo anterior, existen diversos criterios que ha aducido nuestro Alto Tribunal que fundamentan y motivan el establecimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, tales como:

A) “161266. P. XXVII/2011. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 879.

MATRIMONIO. LA EXISTENCIA DE DIVERSAS FORMAS DE RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO, NO IMPIDE LA AMPLIACION DEL CONCEPTO DE AQUÉL PARA COMPRENDER DICHAS UNIONES. La evolución en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, se ha reflejado en la implementación de diversas normas y acciones, entre las que se encuentra la aprobación, en diversos países y en el propio Distrito Federal, de leyes que regulan las llamadas "sociedades de convivencia" o "pactos de solidaridad", para reconocer y proteger las uniones de hecho de personas del mismo sexo. No obstante, si bien es cierto que a través de estas figuras se consigue una cierta paridad entre aquellas uniones y el matrimonio, también lo es que tales legislaciones lo equiparan, en lo general, al concubinato, sin que logren alcanzar el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio civil. Así, la existencia previa de una figura legal distinta a la institución del matrimonio, no impide que se permita el acceso a este último, ya que no existe limitación constitucional alguna para que el legislador ordinario amplíe el concepto de matrimonio para comprender las relaciones heterosexuales y las homosexuales que, por igual, pueden resultar estables y permanentes.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXVII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once. 161266. P. XXVII/2011. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 879.

B) [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 877
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA REFORMA AL ARTICULO 146 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, NO CONTRAVIENE EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Si bien es cierto que la Constitución General de la República no contempla el derecho a contraer matrimonio, también lo es que la reforma al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, por la que se reconfigura la institución del matrimonio, se inscribe como una medida legislativa constitucionalmente razonable, toda vez que, conforme a lo resuelto por este Tribunal en Pleno en el amparo directo 6/2008, en sesión de 6 de enero de 2009, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, responde a un elemento relevante en su proyecto de vida, que incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo, por lo que tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre con las heterosexuales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no. En tal sentido, en respeto a la dignidad humana resulta exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades que, en un momento dado, decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos o matrimonio), razón por la cual, la decisión tomada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para ampliar la institución del matrimonio y comprender a las parejas del mismo sexo, lejos de contravenir los postulados fundamentales los refuerza, al igualar las uniones de las parejas, sean heterosexuales u homosexuales.

PLENO

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXVIII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

Nota: La ejecutoria relativa al amparo directo 6/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 1707.
C) 161273. P. XXV/2011. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 873.

MATRIMONIO. EL TÉRMINO "CÓNYUGE" COMPRENDE A LOS INTEGRANTES DE MATRIMONIOS HETEROSEXUALES Y A LOS DEL MISMO SEXO (REFORMA AL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009). Si bien es cierto que antes de la reforma referida, el concepto de "cónyuge" se encontraba reservado a las parejas heterosexuales, en tanto el artículo 146 del referido ordenamiento establecía como matrimonio la unión libre de un hombre y una mujer, también lo es que al redefinirse este último con motivo de dicha reforma como la unión libre de dos personas, los alcances jurídicos del citado precepto fueron modificados, de manera que actualmente, en el Distrito Federal, también se reconocen como cónyuges a los integrantes de matrimonios conformados por dos hombres o por dos mujeres.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República. 16 de agosto de 2010. Mayoría de seis votos a favor del contenido del considerando quinto de la sentencia respectiva. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo. Los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia no participaron en la votación de las consideraciones respectivas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XXV/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

Considerando que:

• Nuestro marco constitucional, no impide el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y de que su interpretación sistemática y armónica, se desprende que el matrimonio sólo obliga a la igualdad jurídica entre sus miembros y no impone la heterosexualidad o la procreación a la institución.

• En este orden de ideas, se puede considerar jurídicamente que las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia, ya que tal como ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio.

• La presente reforma es acorde y responde a una tendencia legislativa a nivel internacional, en virtud de que son diversos países los que han reconocido el carácter de matrimonio, por vía legislativa o vía jurisprudencial, a las uniones entre personas del mismo sexo, tal es el caso de España, Países Bajos y Sudáfrica; y en América, Canadá; así como diversos estados de la Unión Americana.

• De aprobarse esta propuesta de reforma, México se constituiría en el primer país en América Latina en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por ello, se propone en concreto con la presente iniciativa:

1. Establecer en el artículo 146 del Código Civil Federal, que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.

2. Precisar en un artículo transitorio que los Congresos de los estados podrán adecuar sus legislaciones civiles para regular el matrimonio conforme a los principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales, con base en las consideraciones realizadas por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 al sostener que: “el hecho de que en una entidad se regule de determinada manera una institución civil, no significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar, como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para legislar en sentido diverso a las restantes”. Con todo, resulta incuestionable que esa amplia libertad de configuración que poseen los Congresos estatales para regular el estado civil de las personas se encuentra limitada por los mandatos constitucionales. En este sentido, los derechos fundamentales condicionan materialmente dicha regulación.

3.- Con base en el principio supremo constitucional de la no discriminación previsto en el artículo 1 de nuestra Ley Fundamental, incluir dicho principio en el artículo 2 del Código Civil Federal para establecer que: “A ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de éstos.”

Compañeras y compañeros Senadores:

Si en un Estado democrático ninguna omisión de la autoridad puede legitimar el menoscabo de los derechos de los ciudadanos, tal como señala nuestro Alto Tribunal, no hay más que impulsar la acción legislativa para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los invito a aprobar sin prejuicios esta Iniciativa, cuyo único y final propósito, es el de dar plena vigencia y vida constitucional a preceptos que expresan sólo la forma de querer ser de la sociedad mexicana, cuya convivencia reclama vivir en un marco de respeto de sus derechos humanos, y por lo tanto, exenta de todo tipo de discriminación, en condiciones de igualdad y de protección para el desarrollo de su célula básica, como lo es la familia.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Senado de la República el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 2, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 168, 172, 173, 177, 216, 217, 218, 237; se adiciona un Capítulo XI al Título Quinto, y el artículo 723 bis; y se derogan los artículos 149, 150 y 151 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2.-La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. A ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud, se le podrán negar un servicio o prestación a la que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos cualquiera que sea la naturaleza de éstos.

TITULO QUINTO
Del Matrimonio

CAPITULO II
De los Requisitos para contraer Matrimonio

Artículo 146.-Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que determine el presente Código.
Artículo 147.- Serán nulos los matrimonios que hagan los contrayentes, en contravención a lo señalado en el artículo anterior.

Artículo 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. Para tal efecto, se requerirá del consentimiento del padre o la madre o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el Juez de lo Familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso.

En caso de que la contrayente se encuentre en estado de gravidez, y así lo acredite a través del certificado médico respectivo el Juez del Registro Civil, a petición del padre o la madre podrá dispensar el requisito a que se refiere el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser otorgada dicha dispensa a menores de 14 años.

Artículo 149.-SE DEROGA

Artículo 150.- SE DEROGA

Artículo 151. SE DEROGA

Artículo 152.- Si el juez, en los supuestos del artículo 148, se niega sin causa justa a suplir el consentimiento para que se celebre un matrimonio, los interesados ocurrirán al Tribunal Superior respectivo, en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 153.- Quien ejerza la patria potestad, o el tutor que ha prestado su consentimiento firmando la solicitud respectiva y ratificándola ante el Juez del Registro Civil, no puede revocarlo después, a menos que haya causa justa para ello.

Artículo 154.- Si el que ejerce la patria potestad, o tutor que ha firmado o ratificado la solicitud de matrimonio falleciere antes de que se celebre, su consentimiento no puede ser revocado por la persona que, en su defecto tendría el derecho de otorgarlo, pero siempre que el matrimonio se verifique dentro del término fijado en el artículo 101.

Artículo 155.- El Juez de lo Familiar que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio, no podrá revocar el consentimiento, sino por causa superveniente.

CAPITULO III
De los Derechos y Obligaciones que nacen del Matrimonio

Artículo 168.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la formación y educación de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente.

Artículo 172.- Los cónyuges, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto alguno de ellos necesite el consentimiento o la autorización del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.

Artículo 173.- Los cónyuges, menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, en los términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales.
Artículo 177.- Los cónyuges durante el matrimonio, tendrán los mismos derechos y acciones que podrán ejercitar en igualdad de condiciones, cuya prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio.

Artículo 216.- En ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio, los cónyuges podrán cobrarse retribución u honorario alguno por los servicios personales que se presten; pero si uno de los cónyuges por ausencia o impedimento del otro, se encarga temporalmente de la administración de los bienes del ausente o impedido, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importancia y al resultado que produjere.

Artículo 217.- Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede.

Artículo 218.- Los cónyuges responderán de manera recíproca de los daños y perjuicios que se causen entre sí por dolo, culpa o negligencia.

Artículo 237.- El matrimonio de una persona menor de edad, dejará de ser causa de nulidad cuando la persona menor hubiere llegado a los dieciocho años, y ni ésta ni su cónyuge hubieren intentado la nulidad.

Capítulo XI
Del concubinato

Artículo 291 Bis.- Las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo.

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común.

Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios.

Artículo 291 Ter.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables.

Artículo 291 Quáter.- El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes.

Artículo 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato.

Artículo 294.- El parentesco de afinidad, es el que se adquiere por matrimonio o concubinato, entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos.

Artículo 723 bis.- Pueden constituir el patrimonio familiar la madre, el padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los concubinas o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo, para proteger jurídica y económicamente a su familia.”

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.-Los Congresos de las entidades federativas en ejercicio de su Soberanía, podrán adecuar y armonizar sus legislaciones comunes en materia civil para regular la institución del matrimonio con base en los principios, derechos humanos y garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013".

1 En este sentido, véase Fourie v. Minister of Home Affairs, párrafo 76, sentencia de la Corte Suprema sudafricana.

2 En este sentido, véase Egan v. Canada, [1995] 2 S.C.R. 513, párrafos 173-174, sentencia de la Corte Suprema canadiense.

3 388 U.S. 1 (1967). Citada por la traducción de Miguel Beltrán de Felipe y Julio V. González García, cfr.Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, 2ª ed., Madrid, CEPC/BOE, 2006, p. 372.

4 VéaseGoodridge v. Department of Public Health, 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003), sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts.

5 Sunstein, Cass, “The Right to Marry”, Cardozo Law Review, vol. 26, núm. 5, 2005, pp. 2083-2084.

6 Sobre este punto, véase Baker v. State of Vermont, 744 A.2d 864 (Vt. 1999), sentencia de la Corte Suprema de Vertmont.

7 Con algunas variantes, la clasificación es de Sunstein, op. cit., pp. 2090-2091.

8 Sobre este punto, véase Lewis v. Harris, 188 N.J. 415; 908 A. 2d 196 (N.J. 2006), sentencia de la Corte Suprema de Nueva Jersey.

9 Al respecto, véase Baker v. State of Vermont, 744 A.2d 864 (Vt. 1999),sentencia de la Corte Suprema de Vertmont.

10 Este tema fue desarrollado en Lewis v. Harris, 188 N.J. 415; 908 A. 2d 196 (N.J. 2006), sentencia de la Corte Suprema de Nueva Jersey.

11 163 U.S. 537 (1896)163 U.S. 537.

12 En este sentido, véase Halpern v. Toronto, párrafos 107 y 137, sentencia de la Corte de Apelaciones de Ontario.

13 Sentencia de 24 de febrero de 2012, párrafo 80.

14 Sentencia del 4 de junio de 2010, párrafo 99.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, Senador Mayans Canabal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios, Legislativos.

Perdón, sonido en el escaño de la Senadora De la Peña Gómez.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Señora Presidenta, le quiero solicitar que sea tan gentil de turnarla también a la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

- La C. Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Sonido en el escaño, por favor del Senador Humberto Mayans.

- El C. Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Si el Senador Fernando Mayans autoriza que me sume yo a la iniciativa, por favor.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: ¿Autoriza, Senador?

Con mucho gusto.






En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura a diversos dictámenes.

Informo a la Asamblea que a petición del Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los dos dictámenes enlistados para su primera lectura se retiraron de la agenda de hoy.

Asimismo, a petición de las comisiones dictaminadoras, el dictamen de reformas a la Ley de Migración se retiró de nuestra agenda.

En consecuencia, informe la Secretaría los dictámenes a los que sí se dará primera lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con los dictámenes de primera lectura.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de primera lectura)








De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTICULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y III del Artículo 245 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de enero de 2012, se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite propuesta del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa con fundamento en los Artículos 71 y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 245, fracciones I y III de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Según lo establecido en el Acuerdo relativo a dictámenes en poder de la Mesa Directiva, que no se resolvieron en el Pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó el asunto en comento a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 26 de febrero de 2013, se discutió y aprobó la iniciativa que reforma las fracciones I y III de la Ley General de Salud, con 428 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En la misma fecha se remitió a la Cámara de Senadores para los efectos correspondientes.

4. Con fecha 28 de febrero de 2013, se recibió de la Cámara de Diputados, la minuta por la que se reforma el Artículo 245, fracciones I y III de la Ley General de Salud. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud del Senado de la República para su análisis y Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El espíritu de la presente Minuta, propone incluir en la clasificación de sustancias psicotrópicas, la mefedrona, la piperazinaTFMPP, el midazolam y el canabinoide sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia necesarias respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en los Artículos 4° párrafo cuarto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de vigilar las normas que regulan las sustancias con uso terapéutico o no, que pueden resultar peligrosas para la salud de los mexicanos o cualquier otra persona que se encuentre al interior del país.

B. La Minuta en comento se deriva de la Iniciativa propuesta por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que tiene como propósito incluir en el listado del artículo 245, ciertas sustancias que por sus características, pueden resultar peligrosas para su salud, si son utilizadas indebidamente.

Las sustancias que se proponen son sustancias que pueden generar adicción, entre otros daños por el uso indebido de las mismas, como ya lo señala la colegisladora, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el término de adicción lo define como el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor, se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia, preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

La preocupación del Ejecutivo Federal se deriva de uno de los problemas de salud pública más serios que se presentan no sólo en nuestro país, sino en el mundo y que tiene que ver con el consumo y la comercialización de drogas, que derivan además en el impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, de personas que se vuelven adictos o que a pesar de consumir algún tipo de droga por primera vez, llega a una sobredosis que afecta a su organismo de manera fulminante.

C. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones:

• La mefedrona es una substancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis; induce principalmente a estar más activo y alerta.

• El midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta, se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general; principio activo contenido en soluciones bucales y anestesias principalmente.

Sin embargo, ambas substancias se pueden adquirir sin ninguna restricción.

• La piperazinaoTFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina, es vendida legalmente como alternativa de los efectos del éxtasis, bajo el nombre de x legal, sus efectos son similares a los de anfetamínicos, y es utilizada principalmente en medicamentos contra parásitos, para que se puedan remover o expeler los organismos invasores.

• Finalmente los cannabinoides, K2, es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, y se comercializa como producto natural, el mismo puede provocar efectos adversos como agitación, pánico, aumento en la presión sanguínea, vómito y alucinaciones. Contenidos principalmente en estimulantes del apetito, analgésicos, sprays para dolores neuropáticos, entre otros.

• La piperazinaoTFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina, es vendida legalmente como alternativa de los efectos del éxtasis, bajo el nombre de x legal, sus efectos son similares a los de anfetamínicos.

• Finalmente el K2, es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, y se comercializa como producto natural, el mismo puede provocar efectos adversos como agitación, pánico, aumento en la presión sanguínea, vómito y alucinaciones.

D. Coincidimos con la Colegisladora en la viabilidad y pertinencia de reformar el Artículo 245 de la Ley General de Salud y regular así, aquellas substancias que propicien la afectación de la salud de las personas en nuestro país.

F. Conforme a lo anterior, en concordancia con la Colegisladora, señalamos la importancia de ratificar el sentido de la presente reforma a la Ley General de Salud.

Es por ello que con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman viable el instrumento legislativo en comento, en los términos que señala la Colegisladora, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Unico.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Denominación
Común Internacional

Otras Denominaciones
Comunes o Vulgares

Denominación
Química

 

 

 

CATINONA
MEFEDRONA

NO TIENE
4- METILMETCATITONA

(-)-a-aminopropiofenona.
2-methylamino-1ptolylpropan-1-one

NO TIENE

DET

n,n-dietiltriptamina

NO TIENE

DMA

dl-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

DMHP

3-(1,2-dimetilhetil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo (b,d) pirano.

NO TIENE

DMT

n,n-dimetiltriptamina.

BROLAMFETAMINA

DOB

2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina.

NO TIENE

DOET

d1-2,5-dimetoxi-4-etil-a-metilfeniletilamina.

(+)-LISERGIDA

LSD, LSD-25

(+)-n,n-dietilisergamida-(dietilamida del ácido d-lisérgico).

NO TIENE

MDA

3,4-metilenodioxianfetamina.

TENANFETAMINA

MDMA

dl-3,4-metilendioxi-n,-dimetilfeniletilamina.

NO TIENE

MESCALINA (PEYOTE; LO-PHOPHORA WILLIAMS II ANHALONIUM WILLIAMS II; ANHALONIUMLEWIN II.

3,4,5-trimetoxifenetilamina.

NO TIENE

MMDA.

dl-5-metoxi-3,4-metilendioxi-a-metilfeniletilamina.

NO TIENE

PARAHEXILO

3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6h-dibenzo [b,d] pirano.

ETICICLIDINA

PCE

n-etil-1-fenilciclohexilamina.

ROLICICLIDINA

PHP, PCPY

1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.

NO TIENE

PMA

4-metoxi-a-metilfenile-tilamina.

NO TIENE

PSILOCINA, PSILOTSINA

3-(2-dimetilaminoetil)
-4-hidroxi-indol.

PSILOCIBINA

HONGOS ALUCINANTES DE CUALQUIER VARIEDAD BOTANICA, EN ESPECIAL LAS ESPECIES PSILOCYBE MEXICANA, STOPHARIACUBENSIS Y CONOCYBE, Y SUS PRINCIPIOS ACTIVOS.

fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo.

NO TIENE

STP, DOM

2-amino-1-(2,5 dimetoxi-4-metil) fenilpropano.

TENOCICLIDINA

TCP

1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

NO TIENE

THC

Tetrahidrocannabinol, los si-guientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) ysus variantes estereoquímicas.

CANABINOIDES
SINTÉTICOS

NO TIENE

K2

 

TMA

 

 

dl-3,4,5-trimetoxi--metilfeniletilamina.

PIPERAZINATFMPP

PIPERONAL O HELIOTROPINA

NO TIENE

1,3- trifluoromethylphenylpiperazina

ISOSAFROL

 

 

SAFROL

 

 

CIANURO DE BENCILO

 

 

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II.-

III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

BENZODIAZEPINAS:
ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA)
ALPRAZOLAM
AMOXAPINA
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CAMAZEPAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORACEPATODIPOTASICO
CLORDIAZEPOXIDO
CLOTIAZEPAM
CLOXAZOLAM
CLOZAPINA
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
EFEDRINA
ERGOMETRINA (ERGONOVINA)
ERGOTAMINA
ESTAZOLAM
1- FENIL -2- PROPANONA
FENILPROPANOLAMINA
FLUDIAZEPAM
FLUNITRAZEPAM
FLURAZEPAM
HALAZEPAM
HALOXAZOLAM
KETAZOLAM
LOFLACEPATO DE ETILO
LOPRAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OXAZEPAM
OXAZOLAM
PEMOLINA
PIMOZIDE
PINAZEPAM
PRAZEPAM
PSEUDOEFEDRINA
QUAZEPAM
RISPERIDONA
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZIPEPROL
ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)
CARISOPRODOL
CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA)
ETCLORVINOL
FENDIMETRAZINA
FENPROPOREX
FENTERMINA
GLUTETIMIDA
HIDRATO DE CLORAL
KETAMINA
MEFENOREX
MEPROBAMATO
TRIHEXIFENIDILO.

IV. y V. …

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una minuta con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de noviembre de 2008, la Presidencia de la Cámara de Senadores recibió de la Colegisladora la minuta con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2013, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.

CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta materia del presente dictamen tiene como objetivo reformar el párrafo quinto del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para señalar que serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, además de los contemplados actualmente, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, así como un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Para lo anterior, el Consejo tendrá como obligación diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para eliminar la discriminación, proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, verificar la adopción de medidas para eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones, así como desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Asimismo, emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, divulgar los compromisos asumidos por el estado mexicano en los instrumentos internacionales, difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los medios de comunicación, investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, así como solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

2.- Por su parte, la Minuta materia del presente dictamen tiene por objeto incluir dentro de los invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, a un integrante de la Cámara de Diputados y uno de la Cámara de Senadores, además de incluir al representante del entonces Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y hacer una corrección necesaria respecto del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Respecto de los Representantes del Congreso, el dictamen de la Colegisladora se basa en hecho que dentro de algunas leyes ya se establece la inclusión de prever como invitados permanentes a integrantes del Congreso de la Unión.

Tal es el caso del artículo 11 de la Ley que crea la Agencia Mexicana de Noticias Notimex que establece que la junta de gobierno contará con un invitado permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto.

Asimismo, en el artículo 12, fracción III, inciso b), de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, apartado donde menciona a los invitados permanentes de la Junta de Gobierno que serán dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los grupos parlamentarios, misma fórmula que se aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Finalmente, en el artículo 6 del decreto de creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales se prevé que la Junta de Gobierno cuando estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial o de cualquier otra institución pública o privada.

3.- Ante los argumentos vertidos, los integrantes de la Comisiones Unidas señalan lo siguiente:

Primeramente, en lo referente a la integración como invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, aún y cuando la intromisión entre poderes es un tema que no se ha dado con mucha frecuencia ni de manera formal a través de la legislación, cierto es que en la actualidad la interrelación de poderes es un ejercicio que se da en la práctica, a manera de opinión, por ejemplo: a través de los puntos de acuerdo que emite el Congreso de la Unión a diversos organismos de la Administración Pública Federal o de las opiniones que los citados órganos expiden respecto de iniciativas, dictámenes y demás funciones exclusivas del poder legislativo e, inclusive, la mayor parte de organismos cuenta con un área de “enlace legislativo” encargada de dar seguimiento a lo que se realiza en el Congreso federal.

Así, en esta parte, estimamos pertinente que el Congreso de la Unión forme parte como invitado permanente de la Junta de Gobierno con voz y sin voto, haciendo la única precisión, en aras de dar mayor certeza jurídica, que los representantes señalados tendrán que estar relacionados con los temas de derechos humanos, particularmente ser integrantes de alguna Comisión vinculada a legislar en materia de “no discriminación” de alguna de las Cámaras.

Posteriormente, en cuanto a la adecuación del nombre del Instituto Nacional Indigenista por el de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima completamente viable y oportuno, dado que desde el 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que da origen a la mencionada Comisión y se abroga la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista extinguiéndose el señalado Instituto, aspecto que es preponderante actualizar.

Finalmente, en cuanto a la inclusión del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) como invitado permanente de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto, se estima adecuado. Ello, en virtud de que las personas con discapacidad, sector al cual está dirigido su funcionamiento, históricamente han sido víctimas de tratos discriminatorios, ya que como lo señala la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), ocupan el tercer lugar como grupo social más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

Sin embargo, es necesario hacer una modificación del nombre, en virtud que desde el 30 de mayo de 2011 con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad paso a ser un organismo público descentralizado cuya denominación correcta es Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Es por lo anteriormente expuesto que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos:

RESUELVEN

UNICO.- Es de aprobarse con modificaciones la minuta con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23.- …

I a V.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, que pertenezcan a Comisiones relacionadas a la materia del derecho humano de no discriminación, así como un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.






Y uno de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el 14 de febrero de 1996, formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 8 de septiembre, y 31 de octubre de 2011.

ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTICULO 3, NUMERAL 1 DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL 14 DE FEBRERO DE 1996 FORMALIZADO MEDIANTE INTERCAMBIO DE NOTAS FECHADAS EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, EL 8 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2011

(Dictamen de primera lectura)

“COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES
AMERICA LATINA Y EL CARIBE; Y DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

“SENADO DE LA REPUBLICA
DE LA LXII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

A las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Comunicaciones y Transportes les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y así como los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada proposición con punto de Acuerdo, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referido Acuerdo Internacional.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL ACUERDO” se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance del instrumento en estudio.

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV. Finalmente, en el capítulo “APROBACION DEL INSTRUMENTO”, las Comisiones emiten su decisión respecto del acuerdo internacional examinado.

ANTECEDENTES

1. El Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, fue firmado en la Ciudad de Panamá el 14 de febrero de 1996 y ha tenido vigencia a partir del 1º de agosto del mismo año.
2. Estas modificaciones al artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once, se originó como resultado de las conversaciones sostenidas entre las Autoridades Aeronáuticas de ambas naciones sostenidas en la ciudad de México el 4 de Agosto del 2011.

Durante este encuentro dichas autoridades acordaron modificar el cuadro de rutas; así como aumentar la frecuencia de vuelos semanales entre México y Panamá de 21 a 28 y para la ruta Cancún Panamá de 21 a 35 semanales manteniendo las 7 frecuencias semanales en la ruta Guadalajara Panamá.

Tomando en consideración el aumento de frecuencias de vuelo mencionadas resultaba necesario modificar el artículo 3 numeral 1 de convenio, a fin de establecer la múltiple designación de aerolíneas para cada parte, esta modificación permitirá ajustar el convenio a las necesidades del tráfico aéreo entre los dos países.

3. En apego al Artículo 13, Párrafo 2 del Convenio de referencia, que lleva como subtítulo “Consultas”, al acordar la modificación del Convenio, las Partes Contratantes las formalizaron a través de un canje de Notas diplomáticas que son las que el Ejecutivo está poniendo a consideración de esta Soberanía, y que de contar con su aprobación, entrarán en vigor mediante un canje de Notas adicional en el que ambas Partes Contratantes se comuniquen haber cumplido con los requisitos exigidos por su legislación nacional.

4. Mediante oficio número SEL/300/067/2012, de fecha 1 de febrero de 2012, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores, un ejemplar de las Notas por las que se modifica dicho instrumento internacional, acompañado de un Memorándum de Antecedentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Con fecha 2 de febrero del 2012, mediante Oficios números DGPL-2P3A.-4014 y DGPL-2P3A.-4015 la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó que se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Comunicaciones y Transportes.

6. Desde el inicio de la legislatura y toda vez que se trataba de un asunto recibido en anterior legislatura dicho acuerdo fue puesto del conocimiento a los integrantes de las comisiones dictaminadoras en la reunión de instalación de ambas sobre el turno pendiente del mismo.

OBJETO O CONTENIDO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos suscribieron el Convenio de Transporte Aéreo el 14 de febrero de 1996, con el fin de organizar, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios aéreos regulares entre los dos países, a fin de lograr una mayor cooperación en el campo del transporte aéreo internacional.

Luego de transcurridas casi dos décadas de la suscripción del Acuerdo antes citado las Partes desean adecuar de nueva cuenta el citado Convenio a las nuevas disposiciones y modalidades en el transporte aéreo internacional recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), modificaciones que serán incorporadas al Convenio vigente.
Mediante este Canje de Notas se modifica el Artículo 3, numeral 1, referente al derecho que tiene cada Parte Contratante de designar por escrito ante la otra Parte Contratante una o más aerolíneas con el propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales designaciones, fundamentadas en el principio de reciprocidad.

Esta modificación permitirá a la(s) línea(s) aérea(s) designada(s) por cada una de las Partes Contratantes modernizar su sistema de operación, aumentar sus conexiones aéreas directas entre Panamá y México y cumplir con las normas de seguridad operacional señaladas por la Organización de Aviación Civil Internacional en aspectos relacionados con las instalaciones y servicios aeronáuticos, las tripulaciones de vuelo, las aeronaves y su explotación.

El objeto o contenido del acuerdo es organizar, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios aéreos regulares entre los países, a fin de lograr una mayor cooperación en el campo del transporte aéreo internacional.

Estas modificaciones buscan adecuar el citado Convenio a las nuevas disposiciones y modalidades en el Transporte Aéreo Internacional recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este acuerdo consta de 1 artículo, y modifica el Artículo 3, numeral 1, del citado convenio quedando pues las modificaciones de la siguiente manera:

Redacción actual del Convenio
Artículo 3

Modificaciones realizadas al
Artículo 3

1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito ante la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, hasta dos (2) aerolíneas con el propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales designaciones. Dichas designaciones se harán con base en el principio de estricta reciprocidad.

1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito ante la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, una o más aerolíneas con el propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales designaciones. Dichas designaciones se harán con base en el principio de estricta reciprocidad.

Por lo tanto, estas dictaminadoras estiman bajo los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, numeral 1, fracción II; 147 numeral 2; 150, numeral 3; y 186, numeral 2, estas comisiones unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

SEGUNDO.- Que es facultad exclusiva del Senado de la República con fundamento en el artículo 76, párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula declaraciones interpretativas respecto de la política exterior que implementa el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores aunado a la facultad constitucional que previene el dispositivo en comento en su párrafo segundo para aprobar tratados internacionales como el que en la especie nos ocupa.

TERCERO.- Que México y Panamá tienen ciento un años de haber establecido relaciones diplomáticas a lo largo de las cuales se ha sostenido un diálogo político constante y fluido del que han emanado todo tipo de tratados bilaterales que, en suma, bosquejan el marco jurídico para los diversos intercambios entre ambos países.

Y es que en múltiples ocasiones se han pactado compromisos que amplían, refuerzan y actualizan el marco jurídico entre ambos países a la luz de las necesidades y demandas propias de una relación bilateral que se enriquece día a día en el volumen de los intercambios, en la multiplicidad de mecanismos de cooperación, de proyectos y de problemáticas en común.

Es en tal contexto que se suscita la necesidad de que el Senado de la República apruebe las modificaciones al Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República, pues estas permitirán ajustarlo a las nuevas necesidades del tráfico aéreo entre los dos países.

CUARTO.- Que no pasa por inadvertido para estas dictaminadoras que dicho convenio sobre transporte aéreo ya ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo la última en febrero del año 2005 en donde el Acuerdo al que se llega a través del canje de notas diplomáticas, en aquel tiempo consto de cuatro modificaciones al Tratado original, las que a continuación se describen:

• Se adicionó un inciso K) al Artículo 1, a través del cual se incorpora y define el término “Código Compartido”.

• Se adicionó un Artículo 3 Bis sobre “Acuerdos de Cooperación Comercial” en el que se faculta a las Partes Contratantes o bien la empresa o empresas aéreas designadas por cada una de ellas, de conformidad con los requisitos de normatividad de sus respectivas Autoridades Aeronáuticas, a celebrar acuerdos de cooperación comercial entre sí e incluso también con empresas aéreas de terceros países que cuenten con los derechos de tráfico y ruta correspondientes. En este Artículo también se especifican detalladamente los “Lineamientos de Operación” correspondientes.

• Se modificó el Artículo 4 del Acuerdo original sobre “Revocación o Suspensión de las Autorizaciones de Operación”, a partir de la cual cada Parte podrá revocar una autorización de operación o suspender los derechos especificados en el Artículo 2 del Convenio original a una empresa aérea designada por la Otra, así como imponer condiciones necesarias para su ejercicio. 

Lo anterior será aplicable a empresas cuya propiedad o control efectivos no pertenezcan a la Parte que la designó o a nacionales de ésta; que incumplan las leyes o reglamentos de la Parte Contratante; o que operen fuera de lo establecido en el Convenio.

Salvo que la aplicación del derecho de revocación o suspensión responda a una prevención de infracciones mayores, se ejercerá tras consultar a la otra Parte Contratante.

Se adiciono un artículo 12 Bis sobre “Seguridad Operacional” en el que se consigna la celebración de consultas sobre normas de seguridad, a petición de Parte y durante los 30 días siguientes a partir de ésta. Cuando tras las consultas una Parte desapruebe la ejecución de alguna norma de seguridad por parte de la Otra, le notificará sus conclusiones y medidas para ajustarse a la norma mínima, contando la Parte notificada con un plazo convenido, o de al menos 15 días, para tomar medidas correctivas, en caso contrario se justificará la aplicación del Artículo 4 anteriormente descrito. También se establece un derecho de inspección de aeronaves de una Parte cuando esté en territorio de la Otra con el fin de verificar la validez de su documentación y condiciones de la misma.

QUINTO.- Que estas dictaminadoras tomaron en cuenta la opinión de la Cámara Nacional de Aerotransportes, dándoles audiencia pública en fecha 8 de abril del año dos mil trece con el objeto de conocer su posición sobre el particular asunto; manifestando no tener inconveniente alguno en el acuerdo de referencia.

SEXTO.- Que en mérito de todo lo anterior, y dado que Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once; sujeto a estudio, no lesiona la soberanía nacional, ni contradice nuestra legislación y es congruente con el derecho internacional, estas dictaminadoras estimamos viable que el Senado de la República en ejercicio de su facultad constitucional prevista en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; apruebe sin mayor dilación en beneficio de los propios estados parte el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

APROBACION DEL INSTRUMENTO

En mérito de lo antes expuesto estas comisiones dictaminadoras bajo las consideraciones antes esgrimidas estimamos viable la aprobación del presente Acuerdo Internacional bajo el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.-Se aprueba el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

Dado en la Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2013.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión”.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Debido a que estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.






Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de transparencia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

(Dictamen de segunda lectura)



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Como les anunciamos al inicio de la sesión, contamos con una fe de erratas entregada por las comisiones dictaminadoras.

Informo a ustedes que la corrección correspondiente no altera en modo alguno el texto del articulado que ustedes conocieron en el dictamen al que se dio primera lectura el jueves 14 de noviembre.

La comunicación con la fe de erratas está publicada en la Gaceta. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que esas modificaciones se integren al dictamen en su parte expositiva.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza la integración de las modificaciones al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la integración de las modificaciones al dictamen, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, está a discusión el dictamen con las correcciones que ya autorizamos incorporar.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales.

- El C. Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, con su venia, señora Presidenta.

Si me permiten, quisiera informar y dar cuenta a esta Honorable Asamblea de un escrito que suscribimos los Presidentes de las Comisiones Unidas en este dictamen que acabamos de entregar a la Secretaría General y que solicitamos se incorpore en este ejercicio.



Paso a la exposición y presentación del dictamen, por lo que toca a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Honorable Asamblea, con el permiso de la Presidencia, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales que suscriben el dictamen que propone aprobar la minuta con proyecto de Decreto de trascendentales reformas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en nuestro país, y en particular de la Comisión de Puntos Constitucionales, he solicitado hacer uso de la palabra para presentar este documento ante ustedes.

Nos encontramos en una previsión específica del proceso legislativo constitucional de las tres iniciativas que se presentaron originalmente en este Senado de la República, al principio de la presente legislatura federal, con el respaldo, esto es interesante subrayarlo, hay una síntesis de distintas propuestas que surgen de distintos partidos políticos, se inicia con el Partido de la Revolución Democrática, por voz del Senador Alejandro Encinas; de los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, en voz de la Senadora Arely Gómez González; y del grupo parlamentario de Acción Nacional, por conducto de la Senadora Laura Rojas Hernández, quienes, todos, con un gran compromiso han venido participando en el proceso de elaboración del dictamen que hoy ponemos a su consideración.

Como resultado de esas propuestas se llegó al consenso para la aprobación de la minuta que el 21 de diciembre del año próximo pasado se remitió a la Honorable Cámara de Diputados. Nuestra Colegisladora, actuando como Cámara Revisora, concurrió en forma muy relevante con las propuestas y los textos de este Senado de la República, al tiempo que planteó algunas modificaciones en aras de cumplir el propósito de robustecer la cultura del acceso a la información pública, con el principio de máxima publicidad, establecer la autonomía constitucional del organismo garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y concretar el surgimiento de un sistema nacional de información pública y sus garantías de transparencia.

Correspondió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, a cuyos Presidentes, los Senadores Pablo Escudero Morales, María Cristina Díaz Salazar y Raúl Gracia Guzmán, independientemente del posicionamiento que hagan, expresamos nuestro mayor reconocimiento por sus importantes contribuciones en la formulación y aprobación de este dictamen.

Conocer las adecuaciones planteadas por la Honorable Cámara de Diputados en el entendido de que nuestro análisis se constriñe a aquellos aspectos en los cuales en la primera oportunidad no se logró la coincidencia con la aprobación de contextos y textos por ambas Cámaras.

Nuestra Colegisladora formuló diversos planteamientos con el ánimo de perfeccionar algunas redacciones, pero sobre todo, para plantear en la norma constitucional el señalamiento de los registros que deben reunir los comisionados del futuro nuevo organismo garante de derecho de acceso a la información pública.

Contemplar la hipótesis extraordinaria de que en asuntos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional conforme la ley en la materia, al resolverse por dicho organismo un procedimiento de solicitud de información pública, el consejero jurídico del gobierno pueda recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta adopte la decisión que corresponda en función de máximo órgano jurisdiccional.

Abrir dispersas posibilidades a la decisión de este Senado de la República con respecto a si los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, pasarían a formar parte del nuevo organismo garante.

Con motivo del estudio y análisis de las adecuaciones planteadas por nuestra Colegisladora, debo expresar a ustedes que estimamos procedentes sus planteamientos para enriquecer con algunas precisiones conceptuales y con adiciones pertinentes a la minuta original aprobada por este Senado de la República.
A su vez, estimamos pertinente introducir algunas adecuaciones que consideramos se encuentran en la vertiente de perfeccionar el texto que nos proponemos introducir a la Ley Fundamental de la República.

En el dictamen que quedó de primera lectura en la sesión del 14 del actual, y como lo habrán observado, realizamos cuatro planteamientos estrictamente de estilo en la redacción para buscar la mayor claridad en la norma constitucional, también planteamos tres concentraciones de contenido.

Uno, recuperar en la caracterización que se hace del órgano garante, que se propone crear como organismo constitucional autónomo, en el artículo 6o. constitucional en el que de manera homóloga se establezca para el Distrito Federal el señalamiento de que se trata de un ente público imparcial.

Dos, introducir una nueva estructura y desarrollo del Artículo Tercero Transitorio del Decreto que permita mantener el sentido de lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del mismo.

Lo explico, en el supuesto aprobado originalmente en el Senado de que los actuales comisionados pasarían a formar parte del nuevo organismo garante hasta el término del nombramiento recibido originalmente, se estableció la previsión consecuente en la renovación escalonada con el vencimiento de esas gestiones.

Ahora, al abrirse dos nuevos supuestos en torno a la integración del nuevo organismo garante, es decir, que adiciona a la que todos los actuales comisionados permanecieran en el nuevo organismo, los supuestos de que sólo alguno o algunas de ellas lo hicieran o de que la decisión de este Senado fuera por la remoción integral de esos miembros actuales, era menester establecer en la norma transitoria las consecuencias no sólo del primer supuesto, sino también de los otros dos. A eso se debe la estructura que se presenta a ustedes en el Artículo Tercero Transitorio.

Y finalmente, revisar el acceso a la controversia constitucional con respecto al nuevo organismo garante, que es el asunto que ocupó en mayor medida la deliberación y entendimiento de acuerdos entre los integrantes de las comisiones unidas que hemos dictaminado.

Retomo aquí la propuesta originalmente formulada para que tanto el Poder Ejecutivo de la Unión pudiera recurrir a la Corte en el procedimiento de controversia constitucional, que ésta conociera de eventuales invasiones a la esfera competencial; sin embargo, durante el estudio de esta minuta en la Honorable Colegisladora, este Senado aprobó en forma subsecuente, lo hizo la Cámara de Diputados y luego la mayoría de las legislaturas de los estados, la trascendental reforma a la Norma Suprema en materia de telecomunicaciones y de libre competencia.

Recordarán ustedes que en esta reforma se introdujo el planteamiento general de la legitimación activa y pasiva entre órganos constitucionales autónomos, y entre éstos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, para contribuir a la controversia constitucional tratándose de diferencias entre ellos por la expedición de disposiciones generales o la realización de actos que pudieran invadir la esfera de competencia de otros órganos.

Esto llevó a la Cámara de Diputados a contemplar que se encontraba ya prevista la posibilidad del litigio constitucional en cuestión y que no era menester en sus términos la minuta remitida por el Senado.

A su vez, como ya mencioné, estimó que en el caso de asuntos de seguridad nacional en los términos de la ley, resultaba pertinente que el Consejero Jurídico del Gobierno pudiera recurrir a la Corte para que resolviera como última instancia.

Nuestras deliberaciones llevaron a un planteamiento en el que reconozco la disposición y voluntad de arribar a acuerdos de los integrantes de las Comisiones Unidas y de todos los grupos parlamentarios que formularon iniciativas de reforma constitucional en esta materia.

Finalmente, se trata de establecer una modalidad del procedimiento de controversia constitucional y la factibilidad de que la Corte conozca y resuelva sobre actuaciones de órganos constitucionales autónomos entre sí, o por relación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, siendo ello aplicable al organismo garante que se propone crear en el artículo 6o. constitucional.

Por lo que respecta a la Comisión de Puntos Constitucionales que ha compartido el estudio y análisis del propósito común de esta Asamblea por afirmar el derecho humano de libre acceso a la información pública y con ello ampliar el disfrute de las libertades fundamentales en nuestro país, es que solicito respetuosamente a los miembros de esta Asamblea que en su oportunidad y con condición en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, otorgue su voto aprobatorio a dicho dictamen.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, Senador Enrique Burgos.

El documento entregado por el Senador Enrique Burgos con la propuesta que contiene se someterá al trámite correspondiente una vez que concluya la presentación que están haciendo las comisiones dictaminadoras.

Saludos a los alumnos de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Tangamanga, en San Luis Potosí, invitados por la Senadora Sonia Mendoza Díaz.

(Aplausos)

Saludamos a los invitados del Senador Zoé Robledo: Rubiel Gamboa, el regidor de Villaflores, Julio Erasto Rojo; el Regidor de Villa Corzo; a Luis Antonio Ramírez, a la Regidora de la Trinitaria y la Diputada local, Alejandra Soriano.

¡Sean ustedes bienvenidos!

Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Sonido en el escaño del Senador Escudero.

- El C. Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Si me permite hacerlo desde aquí, pues este dictamen ya fue discutido y posicionado en el Pleno de esta Cámara de Senadores hace algunos meses y, sin duda, me parece que la exposición que ha hecho el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con los antecedentes y con el recuento que ha hecho, me parece que es correcto y nos sumamos.

Sólo quiero dejar en este Pleno, después de tantas idas y vueltas de este famoso dictamen de transparencia, que yo considero que uno de los puntos importantes, es cómo estamos transformando un organismo descentralizado, por todos conocido por el IFAI, a un organismo constitucional autónomo; la importancia de esta gran iniciativa, es con la competencia que va a tener este nuevo organismo constitucional autónomo para poder revisar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los sindicatos, a los fideicomisos, a los fondos, a las personas físicas y morales que reciban recursos; es decir, es una gran reforma en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas.

Así también a nivel estatal, con los recursos que le hemos dado, para que puedan venir los ciudadanos; y cuando no estén conformes con las instituciones de sus estados que han determinado reservar la información o no darla, tengan una opción de venir a este órgano constitucional autónomo, presentar un recurso y que puedan tener acceso a la información.
Es cuanto, señor Presidente, y le pediría que se registre en el Diario de los Debates mi intervención.

Gracias.

(Intervención del C. Senador Pablo Escudero Morales)



- El C. Presidente Cervantes Andrade: Concedido. Gracias, Senador.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación.

- La C. Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente. Señores Senadores:

La minuta que sometemos el día de hoy a su consideración es de suma importancia para el desarrollo de la vida democrática del país.

La transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a un organismo público y autónomo, que constituye una importante decisión del Estado mexicano para generar mayores estándares de vigilancia en la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos, el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

La rendición de cuentas y la transparencia son componentes esenciales de un Estado democrático. El gobierno está obligado a someterse a la evaluación que hacen los ciudadanos para permitir que éstos observen su actuación y puedan establecer los mecanismos que incentiven el acceso a la información pública.

La información pública es, sin duda, un elemento fundamental con el que debe contar la ciudadanía para la toma de decisiones. Entre más información tengan los ciudadanos sobre la actuación del gobierno, más se convierten en ciudadanos críticos y participativos.

El acceso a la información pública genera, por sí mismo, un círculo virtuoso entre sociedad y gobierno, en el cual pueden, con esta información, tener mayores elementos de juicio para poder acudir ante las instancias del propio gobierno, o bien, a través de la opinión pública, a solicitar que los entes gubernamentales realicen sus funciones atendiendo a las necesidades e inquietudes de la gente.

La transparencia también es un medio para limitar la corrupción, disminuye el abuso del poder y promueve el equilibrio de poderes, estimula y fomenta la eficiencia y la gestión pública, fomenta y genera incentivos para que los servidores públicos ejecuten el gasto en los proyectos para los cuales fueron aprobados.

Creemos que la participación democrática requiere de una ciudadanía informada.

El ejercicio del poder necesita de una supervisión ciudadana; y el acceso a la información es una herramienta fundamental para el cambio.

En ese sentido, el Senado de la República da respuesta a una demanda fundamental, una demanda ciudadana, una demanda de toda la sociedad civil, para garantizar la independencia en la toma de decisiones, respecto de la información pública, dotar de autonomía al órgano que será el garante del acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales.

La transformación del IFAI a un organismo autónomo constitucional, garante del acceso a la información pública y a la protección de datos, obedece:

Primero.- A la necesidad de fortalecer el elemento principal de la transparencia, que es la imparcialidad.

Segundo.- Desde la creación del IFAI a la fecha, se ha ido ganando la credibilidad de nuestra sociedad en su actuación, no obstante que es un organismo con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, no deja de ser una entidad vinculada directamente al Poder Ejecutivo, lo que genera, en algunas ocasiones, especulaciones sobre los principios de transparencia y de acceso a la información.

En este orden de ideas, si la prioridad es contar con un sistema de transparencia y acceso a la información pública plena, es necesario tener un sistema jurídico sólido y congruente, conjuntamente con instituciones eficientes, responsables e imparciales. Dada su naturaleza de organismo garante de acceso a la información y protección de datos personales, y dada su autonomía, especialización e imparcialidad, se consolidan las acciones en materia de transparencia, facultándolo para desarrollar un procedimiento administrativo que revise, atraiga y, en su caso, sancione a los sujetos obligados que incumplen una petición.

Otro de los elementos más importantes de la reforma, es que otorga la definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano garante, con la finalidad de cumplir con varios de los compromisos que se han otorgado al organismo, entre ellos, la eficacia, certeza y objetividad.

Se trata de un dictamen respecto de la minuta enviada por la Colegisladora y en atención a lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución, las comisiones unidas estimamos conveniente realizar modificaciones al proyecto de Decreto con la finalidad de dotar de mayor claridad en el uso del lenguaje al texto normativo expresado en el proyecto de Decreto.

En uso de estas facultades que nos confiere al Senado, en su calidad de Cámara de origen, en tiempo de revisión de un proyecto devuelto con modificaciones por la Colegisladora, las siguientes modificaciones son de la mayor importancia.

Reformar el inciso l), de la fracción I, del artículo 105, para otorgar al organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, la facultad de interponer controversias constitucionales.

Y segundo, en el Artículo Tercero Transitorio se propone incluir las 3 hipótesis que pueden desprenderse en torno a la eventual actuación de los actuales comisionados del Instituto Federal referido, en el organismo que se crea, a que sólo algunas o algunos de ellos sean aprobados para formar parte del nuevo organismo, o que éste se integre por personas que no formen parte del citado Instituto Federal.

Las demás modificaciones presentadas por la Colegisladora fueron aceptadas por las comisiones unidas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

- El C. Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

En obvio de tiempo y atendiendo que ya los Presidentes de las demás comisiones dictaminadoras han sido bastante explícitos en este tema, yo únicamente busco recalcar 2 puntos fundamentales, en opinión, de esta reforma:

Creo que el tema del Sistema Nacional de Transparencia es un ejemplo de cómo podemos lograr armonizar sin centralizar una función. Creo que es un gran logro, y creo que debe ser un ejemplo que nos sirva en otras materias, como podría ser la electoral, para evitar que sigamos con esta ansia centralizadora de este Poder Legislativo.

Creo que en este tema sí acertamos, y debe ser un sistema que nos sirva de referente.

Quiero hacer énfasis e hincapié en que este tema, que es de la mayor trascendencia, que tenía todos los consensos, porque obviamente la transparencia es un tema de consenso, para que este Senado lo aprobase ya casi pasó un año. Es decir, hay veces que la mesura, que el tiempo, que la prudencia, permiten transitar a mejores productos legislativos, aún y cuando de inicio había consensos iniciales. Creo que debe de ser un ejemplo para que no nos ganen las prisas en otro tiempo. Que las prisas únicamente nos ganen en el uso de esta tribuna, para no acapararla.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Raúl Gracia.

Una vez que ha finalizado la presentación del dictamen, daremos trámite a la propuesta que presentó el Senador Enrique Burgos, a nombre de las comisiones dictaminadoras, sobre el proyecto de reformas constitucionales en materia de transparencia.

El texto de la propuesta está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Doy lectura a la propuesta de modificación, que propone reformar el inciso l) del artículo 105 del proyecto de Decreto.

"Artículo 105.

Inciso l) Dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, lo dispuesto en el presente inciso, será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución."

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada.

- La C. Secretaria Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, la discusión del dictamen con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de transparencia, será con la modificación al artículo 105 que acaba de ser aceptada por la Asamblea.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de diez minutos cada uno por tratarse de una reforma constitucional.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT.

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su permiso, señor Presidente.

El dictamen de reforma constitucional en materia de transparencia, implica, según nuestro criterio, retroceso y simulación. Votaremos en contra.

Después de una lectura detallada de lo aprobado en las comisiones unidas, en donde nos sumamos al dictamen, concluimos que no debemos hacerlo en el Pleno del Senado de la República.

Estas son nuestras razones:

El dictamen fue producto de negociaciones informales, de las cuales, pese a ser integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, no tuvimos conocimiento.

Un cambio de última hora del artículo 105 constitucional fue festejado como una solución final; y sin la menor exposición del dictamen en su integridad, fue sometido a votación.

Las reformas constitucionales propuestas son regresivas.

En el artículo 6o. de la Constitución, se prevé una la ley general, que regule la transparencia y la protección de datos; o sea, la Federación prevalecerá sobre los estados y el Distrito Federal, en la regulación de la materia.

El organismo garante federal, el IFAI, tiene competencia sobre los órganos de transparencia de los estados y del Distrito Federal. Se restaura una nueva invasión centralista.

El mecanismo de designación de los comisionados del organismo garante reitera, pese a innumerables fracasos, un reparto de cuotas a favor de los partidos mayoritarios.

Lo órganos autónomos, así estructurados, carecen de legitimidad democrática de origen.

Se confiere al Ejecutivo Federal poder de veto u objeción en la designación de los comisionados del órgano garante. Se anula, así de entrada, su independencia.

Se crea un Consejo Consultivo con nombramientos similares, cuotas de partidos, cuyas funciones no se definen.

Los órganos garantes de los estados y del DF, quedaran supeditados al órgano federal, porque el órgano garante federal, podrá revocar sus resoluciones y porque todos los órganos de transparencia estarán regulados por una ley general, en donde la Federación tiene prevalencia.

No se establecen, en las normas transitorias, qué ocurrirá con los comisionados de los órganos de los estados y del DF, a diferencia de lo previsto respecto a los comisionados del IFAI, en donde se prevé que continuarán en sus cargos hasta que se nombre a los nuevos comisionados.

No se establece que los poderes fácticos, debido a su influencia social o política, como los mediáticos, que recaudan enormes cantidades de recursos públicos, sean sujetos a obligaciones de transparencia.

Requerimos órganos auténticamente autónomos, no organismos acotados, como es el caso, por las siguientes razones.

Los órganos cúspides del Estado, merecen que sus titulares cuenten con legitimidad democrática directa de los ciudadanos para tener responsabilidad frente a ellos.

Los órganos designados por las cúpulas de los partidos mayoritarios, insistimos, suelen actuar y decidir como si fuesen correas de transmisión de los intereses y voluntad de quien los designó. Son órganos elitistas por sus privilegios. Los titulares no generan vínculos con la ciudadanía, ni se esfuerzan por rendirles cuentas a su sociedad.

¿Por qué no escoger otro método de elección para los titulares de los órganos autónomos? Se han planteado muchos; participación de universidades, elecciones por sorteo, elecciones directas por ciudadanos; la respuesta es simple, terminaría el atractivo reparto de cargos y prebendas, y la conformación de una estructura oligárquica asociada y vinculada al poder presidencial.

Además de los argumentos anteriores, el dictamen presenta dos inserciones que implican el fin de la autonomía del órgano garante.

La modificación de última hora que pretende reformar el artículo 105, fracción I, de la Constitución, para que las decisiones del órgano garante de la transparencia, puedan ser motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy acaban de presentar los Presidentes un cambio al texto que se había aprobado en las comisiones, en donde le daban al órgano la posición de “ser pasivo”, recibir controversias constitucionales; ahora se amplía a “ser activo”, pero representa exactamente lo mismo.

El solo hecho de que haya esta posibilidad de llevar al organismo a conflictos de este tipo, a las controversias constitucionales, anula toda posibilidad y todo efecto de esas acciones tan importantes, como aquí mismo se ha dicho, para que el Estado realmente presente y actúe con transparencia.

Si tienen la facultad de presentar toda clase de controversias, para cuando termine la Suprema Corte de resolver la controversia, un año, un año y medio o dos años después, ya la solicitud de información habrá caducado o será inútil.

Ahora con esto, las resoluciones son un retroceso a la autonomía que ya tenía el IFAI. El IFAI ya tenía resoluciones que eran definitivas e inatacables; ahora ya no es así. Por eso decimos que es un grave retroceso. Este arreglo constituye una simulación y enorme obstáculo para la demanda de transparencia.

Se suma a esta apertura, para que las decisiones del IFAI sean motivo de controversia constitucional, la facultad para impugnar las decisiones del órgano garante que le confieren al consejero jurídico de la presidencia, representante de los intereses públicos y privados de la Presidencia de la República.

Este consejero jurídico de la presidencia, en tiempos pasados, se los comento, y lo señalamos por experiencia clara, está siempre atento a vetar y a detener toda aquella decisión que se tome en la auditoría superior, en cualquier lugar, que no le guste al Presidente de la República. Este, más el veto y la facultad que le dan para la designación de los comisionados, más el que van a ser sujetos de controversias constitucionales, más que el consejero de la presidencia, que es el defensor de la no transparencia, nos de un organismo que no está siendo diseñado para mejorar.

Por un lado se le da, como aquí se ha dicho, la jerarquía de órgano constitucional autónomo; por otro lado se le quita la autonomía.

Es realmente un grave retroceso, y no debemos permitir que los avances que se van logrando en instituciones tan importantes para la democracia, como aquí se ha establecido, vayan para atrás, como el cangrejo. La presencia, la fuerza, la presión constante hace que se logren estas instituciones, y si vemos estos simples detalles que estoy señalando, vemos, niegan todo lo que aquí se ha dicho de las enormes ventajas de esta reforma constitucional en materia de transparencia, que está plagada de posibilidades de opacidad.

Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias a ustedes.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Manuel Bartlett.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del grupo parlamentario del PVEM.

- El C. Senador Luis Armando Melgar Bravo: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

La transparencia es un combate indispensable para el funcionamiento de una democracia moderna, de un gobierno moderno y de un gobierno que busca, de manera impecable, cumplir con la sociedad.

Hoy más que nunca el Estado mexicano, su gobierno, se encuentra obligado a hacer un ejercicio impecable de transparencia.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, como lo hemos visto, es el presupuesto, en la historia de nuestro país, más alto, y eso nos obliga a hacer un ejercicio, sólo por lo que toca en este aspecto, de una total y absoluta seriedad; y así se va a demostrar en esta nueva era, con este nuevo fortalecimiento, que se está haciendo de este órgano constitucional.

El dictamen que hoy estamos discutiendo, es el resultado de las iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios y de un ejercicio exhaustivo de diálogo, de construcción y de los diferentes acuerdos que se dieron entre las Senadoras y Senadores que integramos las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

De aprobarse esta propuesta, el IFAI no sólo será un órgano autónomo, sino un órgano nacional con facultad para conocer los recursos de revisión del orden local. Es decir, se amplía su mandato para todos los poderes y niveles de gobierno, obligando a todas las entidades y organismos públicos que reciban dinero público de la federación a que transparenten sus finanzas.

En consecuencia, los gobierno de los estados, los municipios, los sindicatos, los Poderes Legislativo y Judicial, las universidades e instituciones civiles, como el Banco de México, serán sujetos obligados para brindar información que le soliciten los ciudadanos a través del IFAI. Transparencia total; transparencia sin excepciones.

También faculta a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para interponer recursos de la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que las resoluciones del IFAI vulneren algún aspecto de la seguridad nacional, incluidas las resoluciones que dispongan el acceso a información en poder de Banxico, y esto no constituye un retroceso, de ninguna manera, en este ejercicio republicano y de enorme transparencia.

Todo lo anterior sienta las bases para que el IFAI se rija de acuerdo a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su máxima publicidad.

En conclusión, de aprobarse este dictamen, los mexicanos contaremos con un órgano independiente, autónomo y fortalecido para estar informados de manera oportuna y clara sobre el resultado y los recursos públicos.

Con esto, el Presidente Enrique Peña Nieto inicia una nueva era de transparencia, de ejercicio impecable y de comunicar a los ciudadanos de cómo se está ejerciendo el poder en nuestro país.

Es fundamental instrumentar los cambios necesarios, como se ha visto plasmado en esta iniciativa, para que se ejerzan en toda cabalidad los derechos y las obligaciones.

México debe transitar a una siguiente etapa, en la cual ya estamos encauzados, en la que el acceso a la información y la transparencia sean insumos accesibles que sirvan como elementos para enriquecer las políticas públicas. Hoy más que nunca, nuestro país requiere evitar dejar atrás todo tipo de simulación y entrar a una era auténtica de rendición de cuentas. Por eso y por mucho más, nuestro partido, el Partido Verde, está de acuerdo con esta iniciativa; la votaremos a favor, y nos encontramos sumamente confiados, en que con esto empieza una era de real transparencia en nuestro gobierno y en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Armando Melgar.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creo que el día de hoy estamos a punto de cerrar un largo proceso legislativo, que habiendo tenido un inicio virtuoso, enfrentó un periplo que pretendía debilitar los alcances de esta ley; y debilitar lo que es el asunto fundamental; el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

Y hablo de un inicio virtuoso, porque quizá esta sea la ley que mejor discutimos en el Congreso, no sólo porque se debatieron tres iniciativas de distintos partidos políticos al seno de comisiones unidas, sino porque la audiencia pública que se llevó a cabo, no sólo consideró a la academia, a los órganos garantes, a los órganos autónomos constitucionales, a representantes de los objetos obligados, particularmente en la autoridad de gobierno y sino que además escuchó y atendió las propuestas y modificó las iniciativas para el dictamen, retomando los propios procesos de la audiencia.

Ese proceso virtuoso, es lo que nos llevó a aprobar por unanimidad, el año pasado, esta modificación a la Constitución, cuyo objetivo fundamental, no es sólo de fortalecer a los órganos garantes, sino fortalecer, después de una década en donde se inició la legislación del acceso a la información, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y a la protección de datos personales.

Las reformas tienen alcances importantes, no sólo porque se otorga garantía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información, que es el órgano garante en el ámbito federal, sino que desde esta Constitución se otorga autonomía a todos los órganos garantes en las entidades federativas que habían enfrentado la resistencia de los distintos gobiernos locales para contar no solamente autonomía, sino con la libertad plena para ejercer sus facultades en atención al ejercicio de este derecho ciudadano.

Esto busca la autonomía de los órganos locales, fortalecer la institucionalidad que había encontrado adversidades locales. De ahí la propuesta de que exista una Ley General de Acceso a la Información, no en el ánimo de que el gobierno federal regule a los órganos locales, para eso sería una Ley Federal. La Ley General establecerá las mínimas normas a las que deban sujetarse los órganos locales, con lo cual vamos a dar marcha atrás a la discrecionalidad y a los obstáculos que los gobernadores habían impuesto en la mayor parte en los estados de la República. Y no sólo eso, sino uno de los avance más importantes de esta reforma, es dejar claridad en los sujetos obligados; no se trata de fortalecer solamente a los órganos garantes, sino definir quiénes son los sujetos obligados a rendir cuentas; y ahí donde se ven enfrentadas las mayores resistencias, logramos establecer que todo ente, público o privado, que reciba o administre recursos públicos, es objeto obligado de esta ley, es decir, no solamente son los organismos públicos, son los fideicomisos públicos y privados, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones privadas, partidos políticos, sindicatos que reciban en efectivo o en especie recursos públicos son sujetos obligados y deben de rendir cuenta sobre el manejo de estos recursos a la ciudadanía.

Por eso es importante destacar el por qué dotar a la autoridad local de la facultad, no de sustituir a los órganos garantes locales, sino de atraer aquellos casos en donde exista negativa del órgano garante, de un poder local o de cualquier organismo público o privado para rendir cuentas a la instancia federal, porque lo que se busca es garantizar el ejercicio del derecho del ciudadano y acabar con la discrecionalidad; y de ahí la importancia de establecer la definitividad e inacatabilidad de las resoluciones del IFAI para que éstas puedan ser atendidas.

Esto no va a ser suficiente, pues tendremos que emitir nuevas leyes donde, efectivamente, se regulará el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, pero también, una Ley General de Archivos, para garantizar la existencia de la información que se debe brindar a los ciudadanos en ejercicio pleno de su derecho.

Respecto al mecanismo de elección, creo que hicimos un esfuerzo para evitar el tipo de nombramiento tradicional, que era la propuesta del Ejecutivo Federal como está integrado actualmente el IFAI, y será en un mecanismo de participación transparente y abierto a donde el Senado definirá por mayoría calificada a los nuevos integrantes, efectivamente, estableciendo un derecho de veto, revirtiendo el modelo ortodoxo tradicional, donde todas las iniciativas de nombramientos provienen del Ejecutivo Federal.

Ese es el primer caso, en donde un asunto, en este tipo de órganos, será el Senado quien proponga y resuelva. Me van a decir: “eso sucede igual en el IFE”, sí, pero se establece un mecanismo de contrapeso y control que ayudará a evitar el "cuotismo" y la construcción de acuerdos por mayoría calificada. En ese aspecto de las consultas y las negociaciones, creo que si hubo algo transparente en la negociación de esta reforma fue la transparencia, incluso, de la modificación al artículo 105 en su fracción I, inciso l), que compartimos en su integración, porque la modificación fue resultado no de negociaciones en lo oscurito entre los grupos parlamentarios, sino atendiendo las propuestas que nos hicieron personalidades, académicos, la Red Nacional de Rendición de Cuentas organismos garantes de los estados, para evitar la confusión que existía, y creo que esto dará la igualdad de condición constitucional, en el mismo rango constitucional y jurídico a los órganos autónomos donde no pueda haber prevalencia de ninguno sobre otro, en términos estrictos de nuestra Constitución.

Finalmente, sí quisiera solicitarle, señor Presidente, que toda vez de que ha habido modificaciones a la minuta que nos envió la Cámara de Diputados y se tendrá que regresar a la Colegisladora, se aplique la disposición del artículo 72 constitucional, quien, en su inciso e) señala que en los casos de que la Cámara revisora, en la etapa final de la legislación haga modificaciones, sólo remita a la Cámara de Diputados las modificaciones que se realizaron a la minuta, para que ya en lo aprobado se considere avalado por ambas Cámaras.

Yo debo reconocer que fue un largo proceso, lo inició como Presidente el Senador Raúl Cervantes, lo concreta, en el caso la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique Burgos. Tengo que reconocer que fue un esfuerzo de los integrantes de las comisiones unidas que permitió construir un gran acuerdo y que espero que felizmente hoy podamos concretar.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
JOSE ROSAS AISPURO TORRES

- El C. Presidente José Rosas Aispuro Torres: Gracias a usted, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con todo gusto se le dará el seguimiento que señala el inciso e) del artículo 72 constitucional.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: “Estamos ante un nuevo control ciudadano sobre el poder que puede ejercerse de modo directo, sin la mediación de los poderes, de la representación política, y que está llamado a incrementar la calidad de nuestra joven democracia mexicana”. Alonso Lujambio.

Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy nos encontramos en presencia de la más importante propuesta que en materia de reforma a la transparencia pública en nuestra Constitución estamos haciendo. Tenemos en nuestras manos dar un gran avance y llevar a México como un país que sea modelo y ejemplo, en materia de transparencia, a nivel mundial.

Ha sido largo el camino. Hace poco más de un año se inició con iniciativas presentadas aquí por el Senador Alejandro Encinas, en septiembre del año pasado, unos cuantos días de haber iniciado esta legislatura su función. Unos días después, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó su propia propuesta, y con ello arrancamos el proceso para dictaminar.

Era un anhelo, pues hace algunas décadas los ciudadanos no tenían el derecho a saber lo que hacían sus gobiernos, la información era propiedad de los gobernantes y de los políticos en turno, predominaba el secreto administrativo y la discrecionalidad en el manejo de la información gubernamental. Bajo estas condiciones, ¿cómo hablar de democracia?, ¿cómo hablar de un poder legítimo y democrático sin un código de transparencia?

¿Cómo hablar de una política de transparencia o rendición de cuentas cuando era el mismo gobierno quien ocultaba la información? ¿Cómo el gobernado podía evaluar el actuar de sus gobernantes si no contaba con la información veraz?

Nos dimos cuenta, como sociedad, de que el secreto administrativo y la discrecionalidad gubernamental en la información, eran los enemigos a vencer en nuestra lucha por generar un sistema democrático, en el que los ciudadanos debemos tener un mayor acceso a la información pública y que el gobierno tiene la obligación de ser transparente.

Y fue así como en el año 2000, con la transición democrática, se aceleró el paso para poder avanzar en esta materia.

Años después, se expidieron una Ley Federal y varias locales sobre la materia, todas con diferentes disposiciones, todas con diferencias entre sí, lo que exigía establecer bases generales entre todas ellas y generar un solo sistema.

Fue así como la primera reforma al artículo 6o. de nuestra Constitución, en el año 2007, fue estableciendo un conjunto de principios para sentar las bases en el ejercicio de este derecho a la información y el contenido básico para todas las leyes de la materia que en el país se iban a establecer.

Es así como hoy nos topamos nuevamente con otra reforma; una reforma todavía de más calado, una reforma al artículo 6o. constitucional, pero también a muchos otros artículos de nuestra Carta Magna.

Con la finalidad de seguir avanzando en este derecho del ciudadano, es el momento de actuar y de continuar con el camino para llevar lejos el derecho a la información y las políticas de transparencia, en su aplicación del día a día, en los diferentes niveles de gobierno.

Durante toda su historia, Acción Nacional ha mantenido una constante lucha por abrir los archivos gubernamentales para que los mexicanos sepan lo que hacen sus gobiernos, las decisiones que toman y por qué las toman.

Que contemos todos con elementos necesarios para realizar un control del ejercicio del poder público, pero para Acción Nacional, el poder público es de los ciudadanos, y nosotros, quienes ocupamos un cargo de elección popular, el alcalde, el gobernador, el Presidente de la República, el Diputado, solamente somos depositarios temporales para el ejercicio de este poder público.

Por eso, y con esta visión que tiene Acción Nacional de que el poder público radica en los ciudadanos, fue que presentamos nuestra propia iniciativa, con nuestra visión, en materia de transparencia. Ella se sumará a otras propuestas, y empezó el debate y el trabajo en las comisiones dictaminadoras. Y es así como hoy estamos logrando fortalecer a los órganos de transparencia sí, al órgano federal, pero también a los órganos locales.

Es así como hoy estamos logrando sentar las bases de un marco legal sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información en los tres ámbitos de gobierno y en los tres poderes.

Hace un año inició el proceso aquí en este Senado; con estas iniciativas se inauguró una forma diferente de dictaminar; fue cuando empezamos a consultar a ciudadanos, académicos, a personas que tenían conocimiento y habían estudiado del tema y fue cuando nos dimos la oportunidad de sentar un mecanismo que permitiera después, en otras discusiones y en otros temas, retomarlo, porque había sido un modelo exitoso.

Por eso nuestro reconocimiento, como grupo parlamentario, a los Presidentes de las comisiones dictaminadoras, pero también al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en ese tiempo presidía el Senador Raúl Cervantes, que nos permitió generar este nuevo modelo y que nos permitió escuchar a la sociedad, a la academia, a la empresa, a los gobernantes, escuchar a todos para poder tomar decisiones con un amplio consenso. Y es así como hace ya casi un año votamos, también por primera vez en este Senado, estas modificaciones, las remitimos a la Colegisladora. Y la Cámara de Diputados nos la vuelve a regresar con una minuta que contiene, hay que decirlo, aportaciones importantes; como es la de establecer un procedimiento para que los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, una vez entradas en vigor las modificaciones propuestas, soliciten formalmente a este Senado formar parte del nuevo organismo.

Así como la de establecer que los comisionados del organismo autónomo deberán cumplir con los mismos requisitos que se establecen en la Constitución para ser ministros de la Corte.

Con base en la minuta de los Diputados y en los acuerdos tomados en las comisiones unidas, modificamos el proyecto de Decreto. Ya aquí se ha dado cuenta de cuáles son las modificaciones que se dieron en el seno de las comisiones unidas.

Aquí se trabajó nuevamente para añadir que la Suprema Corte de Justicia conozca de las controversias constitucionales sobre la constitucionalidad de los actos y disposiciones generales.

Establecimos, nuevamente, la duración del encargo de los comisionados del nuevo organismo garante. Con base en los cambios realizados por la Cámara de Diputados, desarrollamos tres hipótesis sobre la eventual actuación de los actuales comisionados del IFAI.

Precisamos las características que debe tener la ley en el procedimiento del nombramiento de los integrantes del nuevo órgano garante.

En el presente dictamen, aparecen varias de las propuestas que Acción Nacional presentó en su iniciativa, como son la de otorgarle autonomía al órgano garante, la de generar la pauta para la creación de sus similares en las entidades federativas, la de generar la posibilidad de que los particulares interpongan un recurso ante el organismo garante, para garantizar el ejercicio de este derecho, pero también el establecimiento de los principios con los que se debe de regir el acceso a la información como son: certeza, legalidad, la independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Se retomaron varias de nuestras propuestas y eso nos lleva a hacer un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios que dieron su mejor esfuerzo y que tuvieron la disposición para que hoy estemos nuevamente votando estas reformas que, sin duda, son de gran avance en materia de transparencia. Por eso, Acción Nacional votará a favor de esta propuesta.

Pero anunciamos no solamente el voto es a favor, y no solamente es nuestra felicitación a todos y todas las Senadoras. También aprovechamos para hacer un exhorto, para que podamos seguir avanzando en materia de combate a la corrupción, porque esta reforma que hoy vamos a aprobar, es parte del sistema, es un engranaje, sin duda importante, pero nos falta dar otro paso muy importante, que es el de dictaminar y crear un nuevo sistema nacional de combate a la corrupción. De nada sirve tener la casa con cristales de manera transparente, si la basura sigue guardada debajo de la alfombra.

Tenemos la obligación de dictaminar y crear el nuevo sistema nacional de anticorrupción, que junto con esta reforma que hoy estamos votando, lograrán, de manera conjunta, realmente hacer de México una democracia transparente, pero también efectiva en el ejercicio de este derecho, moderna y que no solamente quede en principios y disposiciones y buena fe.

Este es el exhorto que les hacemos para avanzar también en ese dictamen que tenemos pendiente, de la creación del nuevo sistema nacional anticorrupción.

Por su atención, muchas gracias.

Le agradezco, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Torres Graciano.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Arely Gómez González, del grupo parlamentario del PRI.

- La C. Senadora Arely Gómez González: Gracias, señor Presidente.

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares de una democracia participativa que genere mejores condiciones de vida para los mexicanos.

El día de hoy, estamos concluyendo un proceso legislativo intenso, en el que, como nunca antes, la ciudadanía y los que tenemos el honor de ser representantes populares, hemos trabajado de la mano para lograr los acuerdos que nos permitan presentar una propuesta de reforma constitucional que, sin lugar a dudas, garantiza la protección del derecho humano a la información, de todas y todos los mexicanos.

La reforma que hoy votaremos, reconoce los resultados positivos a más de diez años de la aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Durante este tiempo, la sociedad en su conjunto ha hecho propio el derecho a la información, como una herramienta para generar un debate constructivo sobre los asuntos públicos y los resultados de la actividad gubernamental.

Con información de calidad, oportuna y completa, todos, ciudadanos, autoridades y servidores públicos, tenemos elementos para tomar decisiones inteligentes e informadas, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Mi mayor reconocimiento a todos los que desde la academia, la sociedad civil organizada y el servicio público, están comprometidos con las causas a favor de la transparencia y la apertura gubernamental. Su entusiasmo ha impulsado esta iniciativa que hoy ya es una realidad en el Senado mexicano.

El derecho humano a la información tendrá un nuevo alcance en todo el país. Sin duda, esta reforma nos beneficia a todos.

El eje central de esta iniciativa, es el otorgamiento de autonomía a los órganos garantes en su más amplia expresión.

Se desarrolla el principio de autonomía en el diseño constitucional y se inserta como eje rector en el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Así se propone establecer la autonomía constitucional de los organismos garantes en las entidades federativas, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.

Con esta reforma se busca fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra del organismo garante a nivel federal, para consolidarlo como el máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información.

De esta manera, el instituto será competente para conocer y resolver sobre el acceso a la información de un nuevo listado de sujetos obligados, en el que se contempla a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye en sí misma un tribunal constitucional y es el órgano responsable del Estado mexicano, último, de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución.

Pero el texto propuesto va más allá, y se señala que también son sujetos obligados los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Con esta redacción, aseguramos que los beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas pernee a todo el entramado gubernamental.

En este sentido, es de destacar que las decisiones del organismo garante federal y los organismos locales, serán definitivas, vinculatorias e inatacables para las autoridades, con excepción de casos de seguridad nacional, dejando al consejero jurídico la facultad de presentar recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una aportación adicional, es la posibilidad de los particulares para someter a la revisión del organismo garante federal las decisiones de los organismos locales cuando no les favorezcan. Este recurso abre una vía expedita a los particulares para garantizar la vigencia de sus derechos.

Para lograr estos cambios trascendentales, se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Transparencia Gubernamental, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como una ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal. De esta manera, se logrará la necesaria homologación del marco normativo en todo el país.

No podemos permitir que en cada entidad federativa se proteja y se garantice de manera desigual un derecho humano contemplado en nuestra Constitución.

Respecto del diseño institucional, se señala la creación de un nuevo organismo conformado por siete comisionados que serán designados por el Senado, salvo objeción del Ejecutivo Federal con una duración de encargo de siete años, sin posibilidad de reelección y escalamiento en el nombramiento de su mandato.

En el Senado de la República, seremos sensibles a la importancia de contar con los mejores perfiles en la conformación de un organismo, que tendrá amplias facultades para garantizar y defender los derechos y principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas.

Es por esto que la reforma va más allá y propone señalar, expresamente, que el funcionamiento del instituto se regirá por los principios de autonomía, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad.

Dada la relevancia y transparencia de las funciones que realizan los órganos constitucionales autónomos, en el Estado constitucional democrático es importante garantizar que sus titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia; pero igual de importante resulta contar con reglas para establecer su responsabilidad en caso de violación a sus deberes. Por lo que se propone incluir a los comisionados dentro del listado de servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político y declaración de procedencia, de acuerdo con los artículos 110 y 111 de nuestra Constitución.

Con estos cambios se busca fortalecer, modernizar y ampliar las facultades e independencia del organismo garante, garantizando su funcionamiento e independencia de la administración pública, en beneficio de los ciudadanos y de un Estado democrático, eficaz y transparente.

Señoras y señores Senadores:

Hoy estamos dando un paso firme en la consolidación del modelo democrático participativo e incluyente en el que todos convergemos. Existe una exigencia ciudadana para modernizar las instituciones de la República, mejorar el sistema jurídico vigente e innovar y aplicar los modelos de éxito de experiencias comparadas.

Con esta reforma seguimos sentando las bases de un sistema de rendición de cuentas que ciudadaniza la gestión pública como un tema de relevancia para todos.

Abrir la información a los ciudadanos, los incentiva a participar y opinar, a formar parte de una nueva resolución ciudadana que señala el camino y establece la agenda pública.

Reconozco el trabajo de mis compañeros Senadores Raúl Cervantes, Enrique Burgos, Alejandro Encinas, Cristina Díaz, Javier Corral y Laura Angélica Rojas; con su decidida participación en la dictaminación de esta reforma avanzamos en la tarea de generar instituciones que nos permitan contar con un México más justo y democrático.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Arely Gómez González.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción III, de nuestro Reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra; Senadora Mónica Arriola Gordillo, para hablar a favor; Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor; Senadora María del Pilar Ortega, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor; y el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para razonar su voto.

Se le concede la palabra al Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT, para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador David Monreal Avila: Gracias, señor Presidente, con su permiso.

Sin duda, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es un proceso que seguramente nos habrá de mantener en la discusión permanente.

Yo quisiera felicitar a todos los Senadores involucrados, porque en verdad es un buen avance.

Sin embargo, me parece inacabado, me parece que estamos dejando pasar una extraordinaria oportunidad y postergando para otro momento la oportunidad de otorgarle esa verdadera autonomía e independencia, y hay ejemplos de sobra en organismos autónomos y malas experiencias en este país.

El dictamen aprobado en diciembre del año pasado por esta Cámara de origen, representó un gran avance para el fortalecimiento de la democracia en México; significó alcanzar los más altos estándares internacionales de la protección de datos personales, del derecho al acceso a la información, de la transparencia gubernamental, del combate a la corrupción, de limitar el abuso de poder. No obstante, en la Cámara revisora, diversos partidos decidieron aplicar una regresión en materia de transparencia, insistieron, con éxito, en volver a los tiempos de opacidad, decidieron reconocer como derecho humano y fundamental de los gobernados el acceso a la información, lograron rehuir de su correlativa obligación de garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho.

Nuevamente, esta Cámara debe asumir su responsabilidad irrenunciable como garante de los derechos fundamentales de los mexicanos. Contamos con la facultad de modificar aquellas cuestiones que resten legitimidad a la reforma constitucional en materia de transparencia.

Esta reforma estructural en materia de transparencia y rendición de cuentas, tan necesaria para el país y tan defendida por amplios sectores de la sociedad civil, no debe ser rehén de un proceso legislativo paradójicamente cerrado, opaco, autoritario e impositivo, carente de los mecanismos idóneos que permitan proteger nuestros datos personales, así como brindar realmente información clara, oportuna y sencillamente, transparente.

Es menester de esta Cámara de Senadores evitar que se interpongan barreras limitantes al derecho de los ciudadanos de estar debidamente informados; como lo menciona la organización colectiva por la transparencia. La inatacabilidad de las resoluciones significa la certeza de que el órgano especializado en materia de transparencia y acceso a la información, efectivamente garantizará ese derecho humano y velará por el cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales y la ley de la materia.

En este sentido, la posibilidad de la autoridad para controvertir los resultados de los órganos, mediante un recurso de revisión interpuesto por el Consejo Jurídico de Gobierno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica la judicialización del derecho de acceso a la información y un desincentivo para que el ciudadano requiera información sin ataduras.

Con este candado que se interpuso a las resoluciones del IFAI, el Presidente de la República, a través de su Consejero Jurídico, sobreprotegerá aquellos intereses partidistas y particulares que considere legítimos e ilegítimos, y tendrá la facultad de orientar arbitrariamente aquella información que estime pueda perjudicar o deba esconder.

Nuevamente, las cuotas partidistas para la designación de comisionados se hace patente en este dictamen.

A final de cuentas, serán los grupos parlamentarios quienes indiquen a las personas encargadas de velar por la transparencia y rendición de cuentas del país, aunado a que el Presidente de la República podrá objetar algunas designaciones y dicho mecanismo de selección de consignados podrá hacer todo, excepto transparente.

No vemos lugar al incremento de cinco a siete comisionados, si de lo que estamos hablando es de austeridad y transparencia; me parece innecesario el incremento de cinco a siete comisionados.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador David Monreal Avila.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros Senadores, al pueblo de México:

Hoy tenemos la oportunidad de hacer del IFAI una institución más fuerte, independiente e imparcial, otorgándole la calidad de organismo constitucionalmente autónomo y estableciendo, paralelamente, dentro de los sujetos obligados a dar máxima publicidad de la información en su posición, la inclusión de partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, personas físicas, personas morales, así también como sindicatos.

Votaré a favor del presente dictamen, porque tengo la firme convicción de que en todo actuar, especialmente aquel en el que se desempeña una gestión de carácter público, es necesario justificar con claridad todas nuestras acciones frente a la sociedad, otorgándole a ésta el fácil acceso a la información.

Una de las demandas más notorias y constantes que ha expresado la ciudadanía, es precisamente la necesidad de acotar el margen de acción con el que se conducen los servidores públicos, especialmente en el uso de los recursos públicos, exigiendo así que se transparente el qué y cómo se gastan.

Con estas reformas cumplimos con la obligación de proveer a las y los mexicanos de instrumentos jurídicos que garanticen su acceso a la información y en un marco jurídico, bajo el cual deberá generarse una conducción gubernamental responsable y abierta a la sociedad, de la que hemos carecido hasta el día de hoy.

La erradicación de la opacidad, genera un sinnúmero de beneficios que tienen alcances inimaginables en una diversidad de rubros, como son el combate a la corrupción y a la inseguridad a través de un marco jurídico sustentado en la transparencia, la ciudadanía podrá vigilar el destino y manejo de los recursos públicos, verificando el uso social de los mismos.

Todos debemos regirnos por una serie de principios y valores éticos, que conduzcan nuestras acciones y decisiones a favor del bien común. Para este concepto no puede ser integralmente desarrollado sin una pieza vital para su realización. Es por eso que la transparencia está íntimamente vinculada con la ética y el buen funcionamiento de una administración, sin importar de qué orden de gobierno estemos tratando.

En una sociedad democrática, se vuelve fundamental la transparencia en el manejo de los recursos, debiendo construir los senderos a un efectivo acceso a la misma, que le permita a la sociedad tener una auténtica participación en la toma de decisiones.

La transparencia promueve y genera una responsabilidad franca en los servidores públicos que fomenta, de manera natural, la nueva cultura de servicio y honestidad que se ha venido sembrando y exigiendo por todos aquellos que asumimos un compromiso con el bienestar de nuestra población.

¿Cuántas veces hemos escuchado el clamor por una rendición de cuentas claras y la precisión en la gestión pública?

Es una deuda pendiente que hemos adquirido con nuestra sociedad, y la cual tenemos que honrar con prontitud.

Es por eso que, después de un prolongado proceso legislativo, en donde se realizaron cambios por ambas Cámaras en su carácter de originaria y revisora, podemos hablar de un alto nivel de análisis, ponderación y consenso.

Así, a través del ejercicio de la naturaleza bicameral de nuestro Congreso, podemos estar seguros de la calidad evaluativa que se requirió para emitir esta reforma.

Es necesario mencionar, que para asegurar que el organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información cuente con una amplia defensa de su ámbito de competencia, se consideró necesario establecer, de manera explícita, la facultad de recurrir al mecanismo de control constitucional que le otorgó la reforma en telecomunicaciones a los organismos autónomos, salvaguardando una verdadera división de facultades.

Por todo lo anterior, compañeras y compañeros Senadores, es que respetando el compromiso que asumimos de dotar a las y los mexicanos de medidas efectivas que garanticen su derecho a la transparencia y acceso a la información, consumemos este paso fundamental en la vida de un México moderno.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora Mónica Arriola Gordillo.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

- El C. Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Mesa Directiva.

Creo, compañeras y compañeros Senadores, que quizás ésta es una de las reformas más importantes que tengamos que discutir en esta Legislatura.

Es una reforma que está haciendo un giro al ejercicio del poder de nuestro país y, en ese sentido, ha tenido un proceso muy largo desde el año 2002, como todos saben, tanto en el tema de incorporar un tema tan trascendente como el de la transparencia y, sobre todo, en un elemento que no debemos de olvidar el día de hoy en la forma como se ha ido dando esta evaluación, porque hay que recordar que esta fue una demanda y un proceso que inició con un grupo de ciudadanos, no de la clase política; porque, justamente, nuestra clase política estaba caracterizada por todo lo contrario, que es el secretismo y la opacidad.

Es obvio que en esta lucha, en esta causa, que ahora a nosotros nos corresponde, no concluir, porque es un proceso, pero sí tener una opinión y dar un avance tan importante, que haya resistencias; es obvio que se escuchen los extractores de muerte de aquellos que ven a la luz pública como un veneno, que ven a la luz pública como la estaca que va a acabar con su existencia, es normal, pero bueno. Hoy estamos dando pasos importantísimos en esta lógica de olvidar esa vocación de oscuridad y construir una cultura democrática que se simiente en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y de máxima publicidad.

Ya en el año 2007, éstos habían sido llevados a la Constitución, habían abandonado el terreno de lo legal y se habría homologado el criterio de transparencia en toda la república y en todos los poderes públicos.

Hoy, sin duda, estamos completando esta tarea al ampliar, como ya se ha mencionado en esta tribuna, la rectoría de estos principios a obligaciones de todos los órganos públicos exigibles, a través de un organismo garante que salvaguarde los derechos de los ciudadanos.

Estamos aquí esta tarde, después de casi un año que votamos esta reforma, dando la posibilidad de que en todo el país, en todos los poderes, en todos los organismos autónomos, existan los mismos criterios de transparencia y de acceso a la información pública.

En eso es en lo que radica la importancia de crear este organismo autónomo garante de transparencia, que vigilará la aplicación correcta de los principios en todos los entes públicos.

En ese sentido, yo soy un convencido de que, en el momento, era el paso siguiente de la evolución de la transición democrática.

Por eso es que mi posicionamiento no es solamente como Secretario de la comisión codictaminadora, la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, lo es también como Senador del PRD.

Esta es una iniciativa nuestra, y es una iniciativa de la que estamos muy orgullosos.

Sabemos, sin duda, que como toda reforma, no es perfecta. Por eso hoy, como todos saben, no se está clausurando este Senado; este Senado tendrá que seguir trabajando. Tenemos que dar este paso, y creo que vale la pena que no creamos que la lógica conservadora de mantener todo como está, porque le estamos atribuyendo un beneficio de que es mejor, no nos permita dar este paso tan importante.

¿Tenemos que hacer otras cosas? ¡Sin duda! Pero para eso seguiremos siendo Senadores, para eso seguirá existiendo el Congreso y el Poder Legislativo.

Es un avance, y que quede muy claro, respecto a la situación en la que nos encontramos ahora; y sólo por eso es que vale la pena votar a favor.

Para finalizar, sólo quisiera hacer una reflexión, porque sin duda, esta reforma pareciera que está poniendo el foco solamente en el Poder Ejecutivo, y qué bueno que es así, porque era el Poder Ejecutivo, la mata desde donde dominaba la opacidad, pero creo que vale la pena una reflexión.

¿Qué pasa con los otros poderes?

¿Qué pasa con los otros órganos autónomos?

Nosotros, en el Senado, que tenemos que autorregularnos para marcar nuestras directrices de transparencia, hemos tenido que avanzar en este modelo; pero ha llegado el momento también de hacer una pausa en el camino y preguntarnos si queremos seguir construyendo un sistema de transparencia que esté disociado

O ¿Si desde el Senado y también desde nuestras acciones de todos los días, tanto en lo que respecta al manejo de recursos, como ya lo hemos mencionado, las reuniones que sostenemos con diferentes grupos, vamos a realmente construir un modelo único, un modelo funcional para todos los poderes y todos los organismos de gobierno?

Basta ver los titulares de los periódicos hoy, o en estos días, para darnos cuenta que los temas que siguen dañando la credibilidad del Senado, los temas que nos siguen teniendo en estos niveles tan vergonzosos de confianza, tiene que ver siempre al final con asuntos de transparencia.

Por eso es que creo vale la pena que hagamos esta reflexión y tomemos, también, cartas en el asunto sobre lo que sigue para nosotros, como Senado de la República.

¡Enhorabuena, por esta reforma!

Yo soy un convencido de que la transparencia no hace mejor a un sistema democrático, la transparencia hace a la democracia; la transparencia hace que permita que exista la democracia. Por eso, enhorabuena.

Hoy, con esta reforma que vamos a votar, México será más transparente y, por eso, más democrático.

¡Enhorabuena, compañeros legisladores!

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Zoé Robledo Aburto.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor del dictamen.

- La C. Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a razonar mi voto a favor del dictamen que hoy se discute por las siguientes razones:

El motivo central de la reforma que hoy se somete a consideración de este Senado, por segunda ocasión, después de las modificaciones realizadas por la Colegisladora, y de las precisiones y modificaciones hechas por las comisiones dictaminadoras, radica, no en el fortalecimiento de los órganos garantes, tanto federal como los equivalentes en los estados y del Distrito Federal. No es esta la razón fundamental de esta reforma. Lo que hoy votaremos es una reforma al régimen de transparencia que, en lo esencial, lo que pretende realmente es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de los gobernados.

El pleno ejercicio de este derecho es la finalidad de esta reforma, y por ello, esta reforma entraña unos cambios que sientan las bases para el establecimiento de un sistema nacional de transparencia y de acceso a la información pública, a través de un entramado legal y procedimental que proporcione mayores facilidades y mayores garantías para el gobernado, siendo éste el sujeto central de la reforma.

En este sentido, el fortalecer el derecho de los gobernados, en su acceso a la información, es que se implica que los organismos de transparencia realmente sean auténticos garantes y no mera simulación; que los órganos garantes sean instituciones sólidas, confiables y especializadas; que los órganos garantes, tanto en el nivel federal, como en el nivel estatal, no sean subordinados a los sujetos obligados o entes que deben vigilar, supervisar o controlar en su actuación en cuanto al derecho de acceso a la información.

Por eso, son importantes estas características que hoy se les están dando a los órganos garantes. Esta autonomía, que en general, lo que hará es que esos órganos garantes realmente cumplan con su misión, que es, el fortalecimiento de los derechos de acceso a la información de los gobernados.

Decía yo al principio, que es un sistema nacional de transparencia y derecho al acceso a la información, porque refrenda la transparencia, como política pública del Estado mexicano en su conjunto, y esto abarca a los tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Y también abarca como sujetos obligados a todos los poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; así como organismos autónomos, partidos políticos y personas que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad.

Es decir, estamos hablando de un sistema porque abarca los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y por eso, sostenemos que lo que hoy aprobaremos, justamente, es este diseño constitucional de un sistema de transparencia y de acceso a la información.

Esta reforma contempla los aspectos que ustedes ya han escuchado y que vienen implícitos en el dictamen, desde que se aprobó por este Senado de la República, como bien lo decía el compañero que me antecedió en la palabra, hace ya casi un año. La coordinación interinstitucional, el concepto amplio de sujetos obligados para aquellas personas que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, un órgano garante para todos los poderes federales, cláusulas de autorización o facultad para que el Congreso de la Unión expida leyes generales en materia de transparencia y de protección de datos personales y, algo muy importante, en materia de archivos.

Esta ley general en materia de archivos también será fundamental, porque yo me atrevo a sostener, que no se garantiza realmente el derecho de acceso a la información, si no se cuenta con la documentación sistematizada, organizada y ordenada; es decir, con reglas claras, en cómo se debe clasificar, guardar y conservar esta información.

Otro aspecto fundamental, por supuesto, de la reforma, es la autonomía constitucional de los órganos garantes de la transparencia; no sólo del órgano federal, sino que también tendrán que reformarse las constituciones estatales, para crear los órganos garantes a nivel local. Y esto supondrá una nueva y distinta relación entre los órganos garantes porque no se trata de organismos de naturaleza distinta, sino entre órganos constitucionales autónomos, organismos de equilibrio constitucional dentro del entramado del sistema mexicano federal.

Otro aspecto fundamental, son los mecanismos de defensa que se proponen como un instrumento de eficacia constitucional, con las atribuciones que tendrá el órgano autónomo de carácter federal.

Otro aspecto fundamental, es la facultad de los órganos garantes para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes que violen el derecho de acceso a la información.

Como se ve, son claros los aspectos de esta reforma constitucional.

Y finalmente, yo simplemente quisiera señalar que, como lo señaló en alguna ocasión López Ayón, con motivo de la reforma constitucional de 2007, el sistema de transparencia y rendición de cuentas, está sostenido en cuatro círculos concéntricos.

El más pequeño es el derecho de acceso a la información. Es el más pequeño.

Por encima de éste está el concepto de transparencia. Porque de poco serviría el acceso a la información, si no hay mecanismos que la hagan pública, transparente y accesible a los ciudadanos.

Después, encima de éste, tenemos otro círculo concéntrico, que es el de la rendición de cuentas, que todavía es más general.

Y sobre éste, de rendición de cuentas, está, yo diría que son dos brazos los que lo sostienen; uno es este sistema de transparencia y el otro es un sistema de combate a la corrupción.

Por eso yo creo que es muy oportuno que en esta ocasión, en que seguramente el Senado votará esta reforma tan importante, que también en el Senado las comisiones dictaminadoras se den prisa, para sacar adelante, también, una reforma que tiene meses sin que finalmente se haya dictaminado.

Creo que el país requiere que finalmente esta reforma se dé, para que este sistema de transparencia y rendición de cuentas, realmente esté completo y podamos llegar al último círculo, que es el de la gobernabilidad democrática.

Y en este sentido concluyo, con las palabras que en su momento señaló el maestro Alonso Lujambio, que decía: "La democracia es un sistema frágil, porque supone la convivencia política en una sociedad abierta y crítica; ni el autoritarismo, ni el totalitarismo, toleran el juicio ciudadano libre."

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senadora María del Pilar Ortega.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del PAN, para razonar su voto, hasta por cinco minutos.

- El C. Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente.

Quizá voy a repetir algunos conceptos que aquí se han vertido. Pero lo voy a expresar a mi manera.

Pero antes que nada, quiero saludar y felicitar a los Presidentes de las comisiones legislativas que han conducido este proceso.

Los Senadores Enrique Burgos, Raúl Gracia, Cristina Díaz y Pablo Escudero. Y reconocer el enorme esfuerzo de consenso que hemos logrado, en un ejemplar proceso de consulta ciudadana, impulsado por el Senador Raúl Cervantes, cuando presidía la Comisión de Puntos Constitucionales.

Quiero destacar el entusiasmo, la inteligencia y convicción que al servicio de esta causa han puesto las y los Senadores Arely Gómez, Alejandro Encinas y mi correligionaria, Laura Rojas.

Quiero reconocer, también, la disposición que en este tema colocó el Senador Emilio Gamboa Patrón, para allanar el camino del Acuerdo.

Tomaría de Cavazos Lerma, la frase que dice: "ha mostrado una fina sensibilidad."

El día de hoy es un día sui generis; y lo digo por singular, por excepcional, no por extraño a la materia; que esa es también una connotación en la definición de sui generis.

Presenciamos lo que se llama una batalla legislativa; en donde lo esencial se conquistó, donde se ganó lo importante y donde, por supuesto, quedan cosas pendientes.

Duró exactamente un año y tres meses. Fue y vino de la Cámara de los Diputados, y ahora está de regreso a ella. Está, incluso, la reforma amparada bajo el supuesto constitucional del artículo 72 inciso e).

¿Por qué digo que es una batalla? Porque hemos vencido resistencias frente al principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones del IFAI.

El dictamen que se pone a la consideración del Pleno, significa un avance en la construcción del Estado democrático; y por ningún motivo podría coincidir hoy, aunque sean voces de afecto y reconocimiento que tengo, que se trata de un retroceso, toda vez que se trata de una reforma constitucional que otorga plena autonomía y carácter nacional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

De confirmar la Cámara de los Diputados los cambios contenidos en la minuta, estaremos ante la presencia de una reforma de gran calado, que consolida uno de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio democrático y es pilar en el sistema de rendición de cuentas.

Ya se ha hablado mucho de los contenidos que esencialmente se centran en el fortalecimiento del órgano garante del derecho de acceso a la información, que con una actuación de poco más de diez años, se ganó no sólo su autonomía constitucional bajo el principio de definitividad e inatacabilidad de sus resoluciones, sino la confianza política que significa convertirlo en un órgano de jurisdicción nacional para conocer de recursos de revisión en el ámbito local.

Dirá la Constitución, y no es menor el concepto “conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley”.

Es del conocimiento público el nivel de retroceso que la transparencia y el acceso a la información ha tenido en las entidades federativas al servicio y contentillo de los gobernadores y la actuación de los organismos locales garantes de la información pública.

El otro avance está en la ampliación de los sujetos obligados bajo la competencia del IFAI. Ese es uno de los logros más importantes de la reforma, porque quedan comprendidos cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, persona física, persona moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso, lo resolverá un comité integrado por tres ministros.

Fue el Senado de la República la Cámara de origen. Aquí se depositaron, desde el primer mes de la Legislatura, las iniciativas por parte de las tres principales bancadas; emergió una minuta de gran consistencia que logró la unanimidad, se recibió en la Cámara de los Diputados el 21 de diciembre de 2012; y a lo largo de ocho meses se pretendió hacerles rebajas inadmisibles a través de varios anteproyectos que fueron denunciados públicamente por las organizaciones ciudadanas.

De ese jaloneo surgió una excepción, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero en aras del consenso y el acuerdo, quisimos que caminara el dictamen y que se aprobara en estos términos.

Difiero de que se le haya conseguido al Presidente de la República exceptuarlo del principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, pues otorgó al Consejero Jurídico del Gobierno, la facultad de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la información ponga en peligro la seguridad nacional; y ya sabemos todos lo que está en ese amplio concepto, en ese amplio mundo de la seguridad nacional.

Pero ese hecho no demerita lo demás, un hecho que puede considerarse por algunos un chipote, y en lo que yo estaría de acuerdo, pero no niega el avance, no puede contradecir el paso trascendental que estamos dando; hemos ganado lo esencial, hemos ganado lo importante y ese es el motivo sui generis de este día.

También se ha incorporado, en una mejor redacción, a partir del dictamen presentado este día, para evitar y de esta forma asegurar que el órgano garante no ponga en riesgo mandatos e instituciones constitucionales e invada atribuciones, se incorpore en el artículo 105 de la Constitución, en la fracción I, en el inciso l) que también conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales del organismo que establece el artículo 6o. de la Constitución.

No me detengo en enumerar los avances y los logros que ya se han señalado aquí, sólo digo, para quienes hoy han diferido del dictamen, que no hay reforma definitiva ni perfecta en materia alguna, todo esfuerzo legislativo estará inacabado, porque la legislación es un proceso de actualización y renovación permanente; y porque en la negociación política se construye sobre el bien posible, no siempre sobre el bien ideal.

Tenemos, sin duda, una reforma trascendental y sigue el reto de la legislación secundaria; y ojalá ahí continúe y permanezca la voluntad política que hasta ahora hemos mostrado.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Javier Corral Jurado.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN.

- El C. Senador Roberto Gil Zuarth: Muchas gracias, señor Presidente, con su venia.

Hace un momento el Senador Javier Corral hacía alusión a la corrección que va a hacer a continuación esta Cámara de Senadores a la minuta que fue enviada por la Cámara de Diputados, en relación con la procedencia de la controversia constitucional.

Durante largas jornadas se tuvo, en el Senado de la República, una discusión de si era conveniente abrir el recurso extraordinario al Banco de México, precisamente, frente a cualquier decisión del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos que pudiera vulnerar el mandato contenido en el artículo 28 de la Constitución.

Esas discusiones llevaron a concluir que lo más conveniente era recoger el espíritu inicial de la minuta que aprobó inicialmente la Cámara de Senadores, en el sentido de que sería a través del sistema procesal constitucional el mecanismo para resolver cualquier invasión de competencias entre órganos con condición de autonomía constitucional, entre ellos, el Banco de México.

En el dictamen que está puesto a consideración de esta Asamblea se recupera el texto original de ese dictamen, precisamente para abrir la posibilidad de que los órganos constitucionales autónomos, todos, incluido el IFAI, puedan recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por esta vía, para poder aducir un conflicto competencial y que éste se resuelva conforme a los principios y los parámetros constitucionales.

Las comisiones unidas han presentado una errata, una modificación, mejor dicho una reserva a el texto que estaba formulado en el dictamen; y en efecto, se elimina la frase relativa a los principios de actuación que rigen al órgano de acceso a la información y se sustituye por la alocución relativa a la constitucionalidad de los actos y disposiciones generales, con el propósito de dejar claro que la controversia constitucional en materia de acceso a la información sólo puede ser a partir de un conflicto claro y objetivo de competencias.

No se puede interpretar bajo ninguna circunstancia, y debe quedar claro en la exposición de motivos y en los debates parlamentarios que van a dar lugar a esta reforma, que la controversia constitucional es un modo indirecto de vulnerar el principio de inatacabilidad que le hemos concedido al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La controversia constitucional es un mecanismo para que los órganos autónomos defiendan las competencias que originariamente tienen atribuidas a partir de la Constitución, no para combatir resoluciones adversas a las peticiones de acceso a la información por parte de los ciudadanos. No es un mecanismo para vulnerar este principio, es un mecanismo para garantizar la plenitud de la vigencia y de las atribuciones que cada órgano tiene, incluidos los poderes públicos frente a la Constitución.

Y es precisamente por eso que debe quedar en el razonamiento del poder revisor de la Constitución, que el párrafo y la figura que hemos introducido en el artículo 105 de la Constitución, no es una excepción, no es una laguna, no es una modalidad indirecta para vencer ese principio. Tiene la misma racionalidad que hasta este momento ha dado vigencia al artículo 105 constitucional a poder controvertir, ante la Suprema Corte de Justicia, conflictos competenciales y no bajo ninguna circunstancia, una cadena impugnativa adicional en relación con las decisiones del IFAI.

Es precisamente por ello porque hemos logrado un equilibrio razonable, un equilibrio responsable y una verdadera reforma estructural en materia de transparencia y acceso a la información, que debemos felicitar a este Senado de la República por el logro conseguido.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Roberto Gil Zuarth.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí está suficientemente discutido en lo general, señor Presidente.

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, señora Secretaria.

En virtud de que se encuentra suficientemente discutido y con fundamento en el artículo 200 de nuestro Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Por tratarse de un proyecto devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados, únicamente podremos discutir los artículos que no tienen aún la aprobación de las dos Cámaras, es decir, están a discusión en lo particular sólo los artículos 6o., 105, 111, 116, 122, Tercero Transitorio y Cuarto Transitorio.

Informo a la Asamblea que ha quedado reservado el artículo 6o. del proyecto de Decreto por el Senador David Monreal Avila, del grupo parlamentario del PT.

No habiendo más reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y con fundamento en el artículo 98 de nuestro Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 90 votos a favor y 6 en contra.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia de transparencia.

Les informo que el Senador David Monreal Avila retiró su reserva. Por lo tanto, al ser retiradas las propuestas de modificación al artículo 6o. háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, y con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 6o. en los términos del dictamen.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 87 votos a favor y 6 en contra.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado el artículo 6o. del proyecto de Decreto.

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional.

En verdad, Senadoras y Senadores, felicidades. Es un instrumento democrático que va a ayudar mucho a nuestro país y a nuestros conciudadanos.

(Aplausos)

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

- El C. Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Bueno, además de felicitarlo por el papel que desempeñó en el proceso de dictamen de esta reforma, solamente quiero solicitarle, con precisión, si se remite a la Cámara de Diputados en función del artículo 72, inciso e) de la Constitución, sólo lo que se modificó.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Sonido en el escaño del Senador Gerardo Flores.






RECONOCIMIENTO

- El C. Senador Gerardo Flores Ramírez: (Desde su escaño) Sí, señor Presidente, muchas gracias.

Es sólo para llamar la atención del Pleno de esta Soberanía, respecto a un acontecimiento que tuvo lugar hoy en los Estados Unidos. El Presidente Obama otorgó la más alta condecoración que el gobierno de ese país puede otorgar a un civil en los Estados Unidos, al químico Mario Molina, que como todos ustedes saben, obtuvo el Premio Nobel de Química en 1995. El día de hoy recibió por parte del Presidente Obama la medalla presidencial de "la Libertad", que es, como decía yo, la más alta distinción que puede recibir un civil en ese país.

Me parece que es un acontecimiento importante, que es importante que el Pleno del Senado tome conocimiento de él, y que en su momento le podamos hacer un reconocimiento, porque este logro, sin duda, es de gran importancia para la vida de él, pero estoy seguro que también para todos los mexicanos, porque las contribuciones de él a la ciencia a nivel internacional, han sido fundamentales.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Gerardo Flores. ¡Qué bueno que está atento!

Justo lo que íbamos a leer, era que esta Presidencia desea hacer un reconocimiento al científico mexicano, Mario Molina, Premio Nobel de Química, por haber sido galardonado con la medalla de "la Libertad", la más alta distinción civil que concede el gobierno de los Estados Unidos de América.

Sin duda, el Senado siempre tiene que estar atento a los reconocimientos nacionales y extranjeros, de gente que son ejemplo a seguir.

Lo único que se había privilegiado era terminar este proceso de transparencia, que es una institución que ayudará mucho a la democracia en México y a la rendición de cuentas, y después hacer este reconocimiento de información al Senado de la República.

(Aplausos)

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras proponen a este Pleno un Acuerdo en relación con la reforma constitucional que acabamos de aprobar.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo de las comisiones.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura al Acuerdo.

"Unico. Se autoriza a la Honorable Cámara de Diputados de conformidad con lo que establece el Apartado E del artículo 72 constitucional, para que remita a las honorables legislaturas de los estados el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6º, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de acceso a la información y transparencia, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras."

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión el Acuerdo. Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado el Acuerdo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo. Se remite a la Cámara de Diputados para que si así lo considera, el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de acceso a la información y transparencia, se remita a las legislaturas de los estados, sólo con los artículos aprobados por ambas Cámaras.






Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas del Medio Ambiente y Recurso Naturales; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de transparencia para la difusión de convenios sobre la materia.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen de segunda lectura)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 88 votos a favor y cero en contra.

PRESIDENCIA DE LA C. SENADORA
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

- La C. Presidenta Ana Lilia Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional.






Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sobre modificaciones en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES UNIDAS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una minuta con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de noviembre de 2008, la Presidencia de la Cámara de Senadores recibió de la Colegisladora la minuta con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 6 de noviembre de 2013, los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron el presente Dictamen.
CONTENIDO DE LA MINUTA

La minuta materia del presente dictamen tiene como objetivo reformar el párrafo quinto del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para señalar que serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, además de los contemplados actualmente, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, así como un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

CONSIDERACIONES

1.- De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Para lo anterior, el Consejo tendrá como obligación diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para eliminar la discriminación, proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, verificar la adopción de medidas para eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones, así como desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural.

Asimismo, emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, divulgar los compromisos asumidos por el estado mexicano en los instrumentos internacionales, difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los medios de comunicación, investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, así como solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

2.- Por su parte, la Minuta materia del presente dictamen tiene por objeto incluir dentro de los invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, a un integrante de la Cámara de Diputados y uno de la Cámara de Senadores, además de incluir al representante del entonces Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y hacer una corrección necesaria respecto del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Respecto de los Representantes del Congreso, el dictamen de la Colegisladora se basa en hecho que dentro de algunas leyes ya se establece la inclusión de prever como invitados permanentes a integrantes del Congreso de la Unión.

Tal es el caso del artículo 11 de la Ley que crea la Agencia Mexicana de Noticias Notimex que establece que la junta de gobierno contará con un invitado permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto.

Asimismo, en el artículo 12, fracción III, inciso b), de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, apartado donde menciona a los invitados permanentes de la Junta de Gobierno que serán dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los grupos parlamentarios, misma fórmula que se aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Finalmente, en el artículo 6 del decreto de creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales se prevé que la Junta de Gobierno cuando estime pertinente, podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial o de cualquier otra institución pública o privada.
3.- Ante los argumentos vertidos, los integrantes de la Comisiones Unidas señalan lo siguiente:

Primeramente, en lo referente a la integración como invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, aún y cuando la intromisión entre poderes es un tema que no se ha dado con mucha frecuencia ni de manera formal a través de la legislación, cierto es que en la actualidad la interrelación de poderes es un ejercicio que se da en la práctica, a manera de opinión, por ejemplo: a través de los puntos de acuerdo que emite el Congreso de la Unión a diversos organismos de la Administración Pública Federal o de las opiniones que los citados órganos expiden respecto de iniciativas, dictámenes y demás funciones exclusivas del poder legislativo e, inclusive, la mayor parte de organismos cuenta con un área de “enlace legislativo” encargada de dar seguimiento a lo que se realiza en el Congreso federal.

Así, en esta parte, estimamos pertinente que el Congreso de la Unión forme parte como invitado permanente de la Junta de Gobierno con voz y sin voto, haciendo la única precisión, en aras de dar mayor certeza jurídica, que los representantes señalados tendrán que estar relacionados con los temas de derechos humanos, particularmente ser integrantes de alguna Comisión vinculada a legislar en materia de “no discriminación” de alguna de las Cámaras.

Posteriormente, en cuanto a la adecuación del nombre del Instituto Nacional Indigenista por el de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima completamente viable y oportuno, dado que desde el 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que da origen a la mencionada Comisión y se abroga la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista extinguiéndose el señalado Instituto, aspecto que es preponderante actualizar.

Finalmente, en cuanto a la inclusión del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) como invitado permanente de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto, se estima adecuado. Ello, en virtud de que las personas con discapacidad, sector al cual está dirigido su funcionamiento, históricamente han sido víctimas de tratos discriminatorios, ya que como lo señala la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), ocupan el tercer lugar como grupo social más desprotegido y el segundo lugar como grupo social más discriminado.

Sin embargo, es necesario hacer una modificación del nombre, en virtud que desde el 30 de mayo de 2011 con base en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad paso a ser un organismo público descentralizado cuya denominación correcta es Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Es por lo anteriormente expuesto que las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos:

RESUELVEN

UNICO.- Es de aprobarse con modificaciones la minuta con proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23.- …

I a V.


Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un integrante designado por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores, que pertenezcan a Comisiones relacionadas a la materia del derecho humano de no discriminación, así como un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”.

(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya)



A este dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 80 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 constitucional.






Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unida de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y Panamá.

ACUERDO QUE MODIFICA EL ARTICULO 3, NUMERAL 1 DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL 14 DE FEBRERO DE 1996 FORMALIZADO MEDIANTE INTERCAMBIO DE NOTAS FECHADAS EN LA CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, EL 8 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2011

(Dictamen de segunda lectura)

“COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES AMERICA LATINA
Y EL CARIBE; Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SENADO DE LA REPUBLICA
DE LA LXII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
PRESENTE.

A las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Comunicaciones y Transportes les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

Con fundamento en los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y así como los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada proposición con punto de Acuerdo, se permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referido Acuerdo Internacional.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL ACUERDO” se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance del instrumento en estudio.

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES” las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV. Finalmente, en el capítulo “APROBACION DEL INSTRUMENTO”, las Comisiones emiten su decisión respecto del acuerdo internacional examinado.

ANTECEDENTES

1. El Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, fue firmado en la Ciudad de Panamá el 14 de febrero de 1996 y ha tenido vigencia a partir del 1º de agosto del mismo año.

2. Estas modificaciones al artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once, se originó como resultado de las conversaciones sostenidas entre las Autoridades Aeronáuticas de ambas naciones sostenidas en la ciudad de México el 4 de Agosto del 2011.

Durante este encuentro dichas autoridades acordaron modificar el cuadro de rutas; así como aumentar la frecuencia de vuelos semanales entre México y Panamá de 21 a 28 y para la ruta Cancún Panamá de 21 a 35 semanales manteniendo las 7 frecuencias semanales en la ruta Guadalajara Panamá.

Tomando en consideración el aumento de frecuencias de vuelo mencionadas resultaba necesario modificar el artículo 3 numeral 1 de convenio, a fin de establecer la múltiple designación de aerolíneas para cada parte, esta modificación permitirá ajustar el convenio a las necesidades del tráfico aéreo entre los dos países.

3. En apego al Artículo 13, Párrafo 2 del Convenio de referencia, que lleva como subtítulo “Consultas”, al acordar la modificación del Convenio, las Partes Contratantes las formalizaron a través de un canje de Notas diplomáticas que son las que el Ejecutivo está poniendo a consideración de esta Soberanía, y que de contar con su aprobación, entrarán en vigor mediante un canje de Notas adicional en el que ambas Partes Contratantes se comuniquen haber cumplido con los requisitos exigidos por su legislación nacional.

4. Mediante oficio número SEL/300/067/2012, de fecha 1 de febrero de 2012, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió a los CC. Secretarios de la Cámara de Senadores, un ejemplar de las Notas por las que se modifica dicho instrumento internacional, acompañado de un Memorándum de Antecedentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Con fecha 2 de febrero del 2012, mediante Oficios números DGPL-2P3A.-4014 y DGPL-2P3A.-4015 la Mesa Directiva del Senado de la República ordenó que se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y Comunicaciones y Transportes.

6. Desde el inicio de la legislatura y toda vez que se trataba de un asunto recibido en anterior legislatura dicho acuerdo fue puesto del conocimiento a los integrantes de las comisiones dictaminadoras en la reunión de instalación de ambas sobre el turno pendiente del mismo.

OBJETO O CONTENIDO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos suscribieron el Convenio de Transporte Aéreo el 14 de febrero de 1996, con el fin de organizar, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios aéreos regulares entre los dos países, a fin de lograr una mayor cooperación en el campo del transporte aéreo internacional.

Luego de transcurridas casi dos décadas de la suscripción del Acuerdo antes citado las Partes desean adecuar de nueva cuenta el citado Convenio a las nuevas disposiciones y modalidades en el transporte aéreo internacional recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), modificaciones que serán incorporadas al Convenio vigente.

Mediante este Canje de Notas se modifica el Artículo 3, numeral 1, referente al derecho que tiene cada Parte Contratante de designar por escrito ante la otra Parte Contratante una o más aerolíneas con el propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales designaciones, fundamentadas en el principio de reciprocidad.

Esta modificación permitirá a la(s) línea(s) aérea(s) designada(s) por cada una de las Partes Contratantes modernizar su sistema de operación, aumentar sus conexiones aéreas directas entre Panamá y México y cumplir con las normas de seguridad operacional señaladas por la Organización de Aviación Civil Internacional en aspectos relacionados con las instalaciones y servicios aeronáuticos, las tripulaciones de vuelo, las aeronaves y su explotación.

El objeto o contenido del acuerdo es organizar, sobre bases equitativas de igualdad y reciprocidad, los servicios aéreos regulares entre los países, a fin de lograr una mayor cooperación en el campo del transporte aéreo internacional.

Estas modificaciones buscan adecuar el citado Convenio a las nuevas disposiciones y modalidades en el Transporte Aéreo Internacional recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este acuerdo consta de 1 artículo, y modifica el Artículo 3, numeral 1, del citado convenio quedando pues las modificaciones de la siguiente manera:

Redacción actual del Convenio
Artículo 3

Modificaciones realizadas al
Artículo 3

1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito ante la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, hasta dos (2) aerolíneas con el propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales designaciones. Dichas designaciones se harán con base en el principio de estricta reciprocidad.

1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de designar por escrito ante la otra Parte Contratante, a través de la vía diplomática, una o más aerolíneas con el propósito de que operen los servicios convenidos en las rutas especificadas y el derecho de retirar o de cambiar tales designaciones. Dichas designaciones se harán con base en el principio de estricta reciprocidad.

Por lo tanto, estas dictaminadoras estiman bajo los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, numeral 1, fracción II; 147 numeral 2; 150, numeral 3; y 186, numeral 2, estas comisiones unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

SEGUNDO.- Que es facultad exclusiva del Senado de la República con fundamento en el artículo 76, párrafo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formula declaraciones interpretativas respecto de la política exterior que implementa el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores aunado a la facultad constitucional que previene el dispositivo en comento en su párrafo segundo para aprobar tratados internacionales como el que en la especie nos ocupa.

TERCERO.- Que México y Panamá tienen ciento un años de haber establecido relaciones diplomáticas a lo largo de las cuales se ha sostenido un diálogo político constante y fluido del que han emanado todo tipo de tratados bilaterales que, en suma, bosquejan el marco jurídico para los diversos intercambios entre ambos países.

Y es que en múltiples ocasiones se han pactado compromisos que amplían, refuerzan y actualizan el marco jurídico entre ambos países a la luz de las necesidades y demandas propias de una relación bilateral que se enriquece día a día en el volumen de los intercambios, en la multiplicidad de mecanismos de cooperación, de proyectos y de problemáticas en común.

Es en tal contexto que se suscita la necesidad de que el Senado de la República apruebe las modificaciones al Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República, pues estas permitirán ajustarlo a las nuevas necesidades del tráfico aéreo entre los dos países.

CUARTO.- Que no pasa por inadvertido para estas dictaminadoras que dicho convenio sobre transporte aéreo ya ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo la última en febrero del año 2005 en donde el Acuerdo al que se llega a través del canje de notas diplomáticas, en aquel tiempo consto de cuatro modificaciones al Tratado original, las que a continuación se describen:

• Se adicionó un inciso K) al Artículo 1, a través del cual se incorpora y define el término “Código Compartido”.

• Se adicionó un Artículo 3 Bis sobre “Acuerdos de Cooperación Comercial” en el que se faculta a las Partes Contratantes o bien la empresa o empresas aéreas designadas por cada una de ellas, de conformidad con los requisitos de normatividad de sus respectivas Autoridades Aeronáuticas, a celebrar acuerdos de cooperación comercial entre sí e incluso también con empresas aéreas de terceros países que cuenten con los derechos de tráfico y ruta correspondientes. En este Artículo también se especifican detalladamente los “Lineamientos de Operación” correspondientes.

• Se modificó el Artículo 4 del Acuerdo original sobre “Revocación o Suspensión de las Autorizaciones de Operación”, a partir de la cual cada Parte podrá revocar una autorización de operación o suspender los derechos especificados en el Artículo 2 del Convenio original a una empresa aérea designada por la Otra, así como imponer condiciones necesarias para su ejercicio. 

Lo anterior será aplicable a empresas cuya propiedad o control efectivos no pertenezcan a la Parte que la designó o a nacionales de ésta; que incumplan las leyes o reglamentos de la Parte Contratante; o que operen fuera de lo establecido en el Convenio.

Salvo que la aplicación del derecho de revocación o suspensión responda a una prevención de infracciones mayores, se ejercerá tras consultar a la otra Parte Contratante.

Se adiciono un artículo 12 Bis sobre “Seguridad Operacional” en el que se consigna la celebración de consultas sobre normas de seguridad, a petición de Parte y durante los 30 días siguientes a partir de ésta. Cuando tras las consultas una Parte desapruebe la ejecución de alguna norma de seguridad por parte de la Otra, le notificará sus conclusiones y medidas para ajustarse a la norma mínima, contando la Parte notificada con un plazo convenido, o de al menos 15 días, para tomar medidas correctivas, en caso contrario se justificará la aplicación del Artículo 4 anteriormente descrito. También se establece un derecho de inspección de aeronaves de una Parte cuando esté en territorio de la Otra con el fin de verificar la validez de su documentación y condiciones de la misma.

QUINTO.- Que estas dictaminadoras tomaron en cuenta la opinión de la Cámara Nacional de Aerotransportes, dándoles audiencia pública en fecha 8 de abril del año dos mil trece con el objeto de conocer su posición sobre el particular asunto; manifestando no tener inconveniente alguno en el acuerdo de referencia.

SEXTO.- Que en mérito de todo lo anterior, y dado que Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once; sujeto a estudio, no lesiona la soberanía nacional, ni contradice nuestra legislación y es congruente con el derecho internacional, estas dictaminadoras estimamos viable que el Senado de la República en ejercicio de su facultad constitucional prevista en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; apruebe sin mayor dilación en beneficio de los propios estados parte el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

APROBACION DEL INSTRUMENTO

En mérito de lo antes expuesto estas comisiones dictaminadoras bajo las consideraciones antes esgrimidas estimamos viable la aprobación del presente Acuerdo Internacional bajo el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.-Se aprueba el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1 del Convenio Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la Ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y seis formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el ocho de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil once.

Dado en la Cámara de Senadores, a 24 de septiembre de 2013.

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión”.

A ese dictamen se le dio primera lectura hace unos momentos. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está a discusión el anterior dictamen.

No habiendo oradores inscritos, háganse lo avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 85 votos a favor y cero en contra.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, queda aprobado el dictamen que contiene el Acuerdo que modifica el artículo 3, numeral 1, del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá el 14 de febrero de 1996, formalizado mediante intercambio de notas fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 8 de septiembre y 31 de octubre de 2011. Remítase al Ejecutivo Federal.






Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes en sentido negativo que proponen desechar proyectos de Decreto. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Senado de este día.

En consecuencia pasaremos a la discusión conjunta. Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes en sentido negativos.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a los siguientes dictámenes.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de adición de un segundo párrafo al artículo 20 BIS 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 20 BIS 6 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

(Dictamen a discusión)








De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de anticonceptivos.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ANTICONCEPTIVOS

(Dictamen a discusión)

“COMISIONES UNIDAS DE SALUD;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

H. ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reformaban y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de anticonceptivos.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de abril de 2012, el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone la reforma del Artículo 67 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que se garantice el acceso universal y gratuito a medicamentos anticonceptivos de última generación, además que contengan la información sobre su utilización en la lengua de la región o comunidad de que se trate. Promueve así la eliminación de cualquier tipo de discriminación a las personas con discapacidad en lo que a su salud reproductiva y sexual respecta.
A efecto de garantizar dicho acceso universal faculta a la Secretaría de Salud para que ejecute un programa nacional permanente que prevea el suministro de información y medicamentos anticonceptivos, preferentemente entre la población adolescente y juvenil del país.

Finalmente se pretende que dichos anticonceptivos sean distribuidos en todas las instituciones de educación superior del país.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

B. Al respecto consideramos importante señalar que en México, de acuerdo con los resultados de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más (71.6%) han tenido al menos un hijo nacido vivo.

Del total de mujeres de 15 a 19 años, 12.4% ya ha tenido descendencia, este porcentaje aumenta a 57.2% en las jóvenes de 20 a 29 años y supera el 87% en las mujeres de 30 años y más.

De las jóvenes de 20 a 29 años con hijos nacidos vivos, 78.5% tienen a lo más dos hijos; en tanto que la mitad de las mujeres mayores de 49 años (50.2%), registraron cinco hijos o más.

C. En tanto la fecundidad en nuestro país, muestra que el porcentaje de 12 a 19 años de edad que han iniciado una vida sexual activa alcanza 23%, con una proporción mayor en hombres con 25.5% en relación con las mujeres con 20.5%.

El Consejo Nacional de Población indicó que cada año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a madres adolescentes lo que equivale al 27.6 por ciento del total, de los cuales tres son provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos.

Entre las mujeres con al menos un grado aprobado en el nivel medio básico el promedio es de 2 hijos, mientras que para las mujeres sin instrucción es de casi el doble (3.8 hijos);

La fecundidad adolescente y las condiciones biológicas, sociales y económicas en las que se producen los nacimientos en esas edades, suelen implicar alto riesgo a complicaciones durante el embarazo e incluso la muerte tanto para la madre como para el producto. La tasa de fecundidad en 2011 indica que hubieron 37 nacimientos por cada mil mujeres, superior al 2005, que fue de 30 nacimientos por cada mil mujeres, en adolescentes de 12 a 19 años de edad.

Las mujeres en edad fértil se casan o se unen por primera vez a los 20.4 años en promedio y la edad media al primer hijo es de 21 años.

D. Aunado a ello la problemática durante el embarazo, en nuestro país de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, arroja que en 2012, del total de mujeres adolescentes de 12 a 19 años de edad, la mitad, 51.9% alguna vez ha estado embarazada, mientras que en el 2006 fue de 61%.

La espera del nacimiento de un hijo puede tener complicaciones como rotura prematura de membranas, diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro, aborto, entre otras; por ello, durante el embarazo y puerperio tanto la mujer como el producto deben ser monitoreados.
En México, la Ley General de Salud señala que este tipo de atención tiene carácter prioritario;1 en los últimos cinco años, de 2007 a 2012 del total de mujeres que estuvieron embarazadas 97.3% tuvieron atención prenatal y nueve de cada diez fueron atendidas por un médico.

En los últimos 12 años la atención prenatal tuvo un incremento de 64.4% en 2000, 65.2% en 2006 hasta llegar 74.4% al 2012.

El embarazo de las adolescentes y de las mujeres que se encuentran al final de su periodo reproductivo es particularmente de alto riesgo. De esta forma la razón de mortalidad materna en las mujeres menores de 20 años es de 59.3 defunciones por cada cien mil nacidos vivos.

Las cinco primeras causas de muerte materna representan 88.3% del total de estas defunciones; en la primera causa se ubican las defunciones obstétricas indirectas2 con 31.9%, seguida de las enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%; hemorragia del embarazo, parto y puerperio con 19%; otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2% y las ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8 por ciento.

E. Finalmente algunas de las consecuencias derivadas de los embarazos no planeados pueden terminar en la práctica de la interrupción legal del embarazo, al respecto, los adolescentes representan el 20% de la población mundial y cerca del 85% vive en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Cada año, a nivel mundial, hay por lo menos 4.5 millones de mujeres jóvenes que recurren al aborto inducido, muchas veces realizado en condiciones de riesgo. Solo en Latinoamérica y el Caribe, las estimaciones varían entre aproximadamente trece abortos anuales por cada mil mujeres de 15 a 19 años en México.

No obstante lo anterior, la presente propuesta ya duplica diversas disposiciones tales como los Artículos 67, 68, 69, 70, 71 todos de la Ley General de Salud y que corresponden a los servicios de Planificación Familiar, en los cuales se dispone la orientación, atención, asesoría, apoyo y demás políticas públicas establecidas con la finalidad de orientar a la población sobre el tema. De ello también se deriva la NOM-005-SSA2-1993, que establece las bases para promover la planificación familiar, en ese menester señalar que los servicios de planificación familiar, se encuentran cubiertos por el Sistema de Protección Social de Salud, mismo que garantiza el acceso gratuito a la medicación anticonceptiva que corresponda, de determinarse viable, así como a la información y orientación sobre la misma, como se desprende del Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera consideran pertinente desechar la propuesta, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaba el párrafo primero y cuarto del artículo 67 y el artículo 71 y adicionaba una fracción VII al artículo 68 y un párrafo segundo al artículo 70, todos de la Ley General de Salud, en materia de anticonceptivos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

COMISION DE SALUD
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA”.

1 Diario Oficial de la Federación [DOF] (27 de abril de 2010). Ley General de Salud. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf

2 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio, entre otras.

Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Gracias, señora Secretaría.

Al no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dos dictámenes que proponen desechar proyectos de Decreto iniciados en esta Cámara.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que desechan proyectos de Decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señora Presidenta.

- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: Aprobados los dictámenes. Comuníquese.

Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.

Compañeras y compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva cuatro dictámenes de la Comisión de Marina que ratifican 107 grados navales.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a los asuntos de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.






- La C. Presidenta Herrera Anzaldo: En consecuencia, pasamos a la discusión de los dictámenes.

Estos dictámenes están a su disposición en sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

RATIFICACION DE GRADOS NAVALES

(Dictámenes a discusión)

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a los dictámenes.



Son todos los dictámenes, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Raúl Cervantes Andrade: Gracias, señora Secretaria.

En consecuencia, están a discusión los anteriores dictámenes.

No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento y ábrase el sistema de votación electrónico por tres minutos, para recoger la votación nominal de los cuatro dictámenes de la Comisión de Marina.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 82 votos a favor y 1 abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, aprobados los 4 dictámenes que ratifican grados navales. Comuníquese.

Informo al Pleno que recibimos en la Mesa Directiva 12 dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional que ratifican 162 grados militares.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que los dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite.

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integren a la agenda de hoy los dictámenes referidos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, pasamos a la discusión de los dictámenes.






Estos dictámenes están a su disposición en sus escaños. Solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos.

RATIFICACION DE GRADOS MILITARES

(Dictámenes a discusión)

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a los dictámenes.



Son todos los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión.

No habiendo oradores inscritos, háganse los avisos que se refiere el artículo 58 de nuestro Reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos, para recoger la votación nominal de los doce dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional.



- La C. Secretaria Díaz Lizama: Señor Presidente, conforme en el registro en el sistema electrónico de votación, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y 1 abstención.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, se aprueban los doce dictámenes que ratificaron grados militares. Comuníquese.






Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes emitidos por comisiones y que contienen puntos de Acuerdo sobre los que no existen reservas para su discusión.

Solicito a la Secretaría dé lectura a los dictámenes.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a los dictámenes.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a remitir un informe sobre las acciones a implementar en las ciudades con más de 500 mil habitantes, dirigidas a mejorar y sistematizar el monitoreo de la calidad del aire.

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a remitir un estudio sobre la posibilidad de establecer un conjunto de plantas desalinizadoras en el estado de Sonora.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Coahuila, a informar sobre los resultados de la revisión de las cuentas públicas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar la viabilidad de eliminar la sanción administrativa a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Recursos Hidráulicos, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a iniciar los trabajos necesarios a efecto de llevar a cabo la consulta sobre el libre uso del agua.

COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Agricultura y Ganadería, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal incrementar el porcentaje de los recursos del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)








De la Comisión de Agricultura y Ganadería, que contiene punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal incrementar el porcentaje de los recursos del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario.

COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(Dictamen a discusión)



Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, están a discusión los dictámenes. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna.

En virtud de no haber reservas de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes.

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los anteriores dictámenes. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados los dictámenes, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Aprobados los dictámenes. Comuníquese.






Solicito a la Secretaría informe de las proposiciones que se turnarán directamente a las comisiones del Senado.

PROPUESTAS

- La C. Secretaria Díaz Lizama: Doy lectura a las proposiciones que se turnarán a comisiones.

Del Senador David Monreal Avila, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría respecto de los contratos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a diferentes empresas, que se turna a la Comisión de Energía.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A REALIZAR UNA AUDITORIA RESPECTO DE LOS CONTRATOS OTORGADOS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A LAS EMPRESAS “REPSOL COMERCIALIZADORA DE GAS”, “TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L. DE C.V”, “MIT INVESTMENT MANZANILLO B. V.”, “KOGAMEX INVESTMENT MANZANILLO B.V.” Y “SAM INVESTMENT MANZANILLO B.V.”, CON LA FINALIDAD DE CONOCER SU ESTATUS JURIDICO Y LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El retraso mexicano en el sector energético es una preocupación nacional. Mientras las necesidades energéticas del país van en aumento, la falta de infraestructura, tecnología e inversión necesarias dificultan el eficiente aprovechamiento de las reservas mexicanas; al no poder explotarlas en territorio nacional, se crea una dependencia de la importación de hidrocarburos, relegando el mercado energético nacional a las compañías multinacionales.

La dependencia por los hidrocarburos fósiles no debe ser la única forma de aprovechamiento de energía, al contrario, debe optarse por la sustitución de energías renovables, las cuales se han vuelto una prioridad para el desarrollo sustentable de las naciones y también debe ser del país, es decir, suplir los recursos no renovables por alternativas que sean menos contaminantes y amigables con el medio ambiente, particularmente en el sector energético.
En la búsqueda de alternativas energéticas, el Gas Natural Licuado (GNL) se ha planteado como una solución limpia y no contaminante que, comparado con el petróleo o el carbón, es el hidrocarburo que menos contamina.1

El uso del GNL es una opción más para la generación de energía en usos como el doméstico e industrial, además, por su fácil exportación, se puede convertir en una opción competitiva y atractiva para países que carecen de hidrocarburos.

A través de un proceso llamado licuefacción, se condensa el gas natural a 160° C bajo cero y se reduce el volumen 600 veces con respecto a su volumen original. Al compactar tal volumen de gas, se convierte en gas natural licuado, el cual se logra transportar en buques y entregarse a plantas procesadoras, en las cuales es convertido nuevamente en gas natural para ser distribuido a los clientes.2

En México, el GNL es utilizado únicamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar electricidad. Por ello, una de las principales atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es suministrar la cobertura nacional de los servicios y de la infraestructura, así como el otorgamiento de permisos y la regulación de las industrias de gas y electricidad.3

En este orden de funciones, la CRE otorgó en el año 2003 cinco permisos de almacenamiento de GNL, de los cuales, cuatro corresponden a terminales con instalaciones de regasificación en el litoral y uno mar adentro, utilizando una estructura fija por gravedad en el fondo del mar. En 2005, dos permisionarios de terminales en el litoral dieron aviso a la CRE de la cancelación de sus actividades.4

Actualmente, las plantas que se encuentran activas para suministrar y regasificar el GNL son: la planta Altamira en Tamaulipas; la planta de Energía Costa Azul, en Baja California; y recientemente la terminal de Manzanillo, en servicio desde el 2012.5

Respecto de esta última planta, cabe mencionar que en 2006, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyectó dos convocatorias, una para licitar el suministro de GNL y otra para la construcción de una terminal de regasificación, es decir, la que está actualmente ubicada en Manzanillo, Colima.6

En medio de irregularidades, como establecer una convocatoria claramente dirigida a una empresa en particular y condiciones de exclusión para otras empresas interesadas, la licitación pública para suministrar el GNL fue concedida a la empresa española “Repsol Comercializadora de Gas”, aunado a que una vez emitido el fallo, se modificaron las bases de licitación, quedando dicha licitación a la medida de la transnacional, según lo establece Antonio Gershensonen su artículo periodístico “¿Qué tantos contratos tiene Repsol en México?”.7

“Repsol Comercializadora de Gas” adquirió en 2007 un contrato con la Comisión Federal de Electricidad por más de 15 mil millones de dólares, por medio del cual, únicamente actuaría como intermediario, ya que el energético gas natural licuado sería comprado en Camisea, Perú, para entregarse posteriormente a México; la importante gasera peruana suscribió el contrato de venta en 6 mil millones de dólares, pero la intermediaria consiguió colocarlo en México al precio del mercado de Texas (15 mil millones de dólares), es decir, 9 mil millones de dólares más, concediendo ganancias descomunales para la empresa de origen español.8

Del mismo modo, en 2008, la CFE y un consorcio de empresas firmaron el contrato para la construcción de la planta receptora de GNL en Manzanillo, resolviéndose el tema de la segunda licitación pública.

La licitación fue ganada por la corporación de empresas “Terminal KMS de GNL S. de R.L. de C.V.”, “MIT Investment Manzanillo B. V.”, “Kogamex Investment Manzanillo B.V.” y “Sam Investment Manzanillo B.V.”, las cuales fueron registradas poco antes de que se emitiera el fallo en 2008.9

Distintas anomalías salieron a la luz pública, esto es, para acreditar su personalidad jurídica las cuatro empresas entregaron actas constitutivas tramitadas semanas o meses antes de que se emitiera el fallo, además de que las cuatro empresas se protocolizaron ante el notario público 51 de la Ciudad de México, Cecilio González Márquez. Inclusive, tres de ellas no aparecen en el Registro Público de la Propiedad; sus domicilios no son específicos o cuentan con oficinas virtuales, irregularidades notables que sólo muestran que estás empresas, de las que poco se sabe, sólo fueron creadas exprofeso y apresuradamente para lograr el cierre del contrato.10

Además, el contrato fue firmado cuando el proyecto aún no estaba autorizado por las instancias ambientales ni por la CRE; adicionalmente, en el contrato se estipularon “cláusulas de confidencialidad”, ocultando así la información pactada en el mencionado instrumento jurídico. Este contrato no está disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia, ni tiene registro en la ventana de acceso público en Compranet, aún y cuando la legislación estipula en el artículo 7 fracciones XII y XIII de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que concesiones, permisos, autorizaciones o contrataciones deben ser públicos.11

Es claro que la actual situación energética en México es preocupante, no sólo por los altos índices de importación que se reportan, sino por la clara dependencia energética que se ha generado; y ante esta necesidad, la importación y construcción de plantas regasificadoras se ha convertido en un negocio atractivo para las empresas transnacionales.

Continuar importando GNL a altos costos por vía marina repercute directamente al país; por esta razón, es importante incentivar la generación y producción de este energético en México, con lo cual, sería posible eliminar prácticas nocivas y corrupción en el sector energético.

Análogamente, como parte de las proyecciones futuras de la actual Administración, se tiene planeado la construcción de más plantas regasificadoras, su probable ubicación sería en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Libertad, Sonora; Topolobampo, Sinaloa y una terminal costa afuera frente al Estado de Tamaulipas, esta última predestinada al transporte y al almacenamiento subterráneo.12

Incluso, en la estrategia para suministrar gas natural al país, el Ejecutivo Federal ha planteado dos objetivos principales; primero, incrementar la importación de gas natural licuado por barco y; segundo, ampliar la infraestructura de transporte de gas por ductos, en consecuencia, estos objetivos resultan lamentables cuando aún no ha sido aprobada la reforma constitucional en materia energética, y el Gobierno Federal ya plantea la idea de que el país siga importando y entregando a compañías extranjeras el dominio nacional de los energéticos.

Por tal razón, es necesario que el sector del gas natural licuado sea explotado y aprovechado única y exclusivamente por mano de obra nacional, a fin de que todos los recursos energéticos del país beneficien al pueblo de México.

Sin embargo, es forzoso también que las licitaciones públicas sean vigiladas y reguladas por las instancias correspondientes, verificando en todo momento la transparencia, la publicidad y el apego a ley y, sobre todo, que las futuras licitaciones también se rijan bajo estos principios.

El país no podrá progresar mientras los proyectos energéticos estén hechos para el beneficio de unos cuantos y la inversión extranjera; es injustificable la idea de atender la demanda de hidrocarburos por medio de la importación; por lo tanto, es necesario la correcta regulación, la inversión y la innovación para activar la producción de los recursos energéticos, por lo cual, el sector productivo extranjero no será nunca una opción viable y real.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultades, realice una auditoría respecto de los contratos otorgados por la Comisión Federal de Electricidad a las empresas “Repsol Comercializadora de Gas”, “Terminal KMS de GNL S. de R.L. de C.V”, “MIT Investment Manzanillo B. V.”, “Kogamex Investment Manzanillo B.V.” y “Sam Investment Manzanillo B.V.”, con la finalidad de conocer su estatus jurídico y la legalidad de las mismas.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a que rindan un informe detallado respecto de las bases de licitación sobre las que se pretenden otorgar las concesiones para la construcción de las próximas plantas regasificadoras en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Libertad, Sonora; Topolobampo, Sinaloa y una terminal costa afuera frente al Estado de Tamaulipas y las medidas que se tienen previstas para evitar anomalías como las descritas en este punto de acuerdo.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 10 de octubre de 2013".

1 Ventajas del gas natural. Reporte Especial: Gas LP y Gas Natural. Revista del Consumidor. Publicación en linea:http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=3982. 18 de Agosto de 2009. [consulta 16 de Julio del 2013].

2 Greenpeace. Sempra no, energía limpia sí. Publicación en línea:
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2011/Febrero/Sempra-no-energia-limpia-si/. 14 de febrero de 2011. [consulta 19 de Julio de 2013].

3 Monteforte Raúl. Desarrollo del Gas Natural en México: Perspectiva Regulatoria. Publicación en línea: http://www.cre.gob.mx/documento/712.pdf. 5 de noviembre de 2003. [consulta 18 de Julio de 2013].

4 Secretaría de Energía. Prospectiva del mercado de gas natural 2007-2016. 2007. Publicación en línea:
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/Prospectiva%20Gas%20Natural%202007-2016%20FINAS.pdf [consulta 18 de Julio de 2013].

5 Ibídem

6 Rodríguez García Arturo. Fox y Calderón dejaron enorme deuda gasera. 2013. Revista semanal Proceso No. 1915. 14 de Julio de 2013. Pág. 36

7 Gershenson Antonio. ¿Qué tantos contratos tiene Repsol en México?.La Jornada en línea:
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/22/opinion/022a2pol. 22 de abril de 2012. [consulta 18 de Julio de 2013].

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Procesamiento, Almacenamiento y Transporte de Gas. Publicación en línea:
http://www.sener.gob.mx/res/403/Elaboraci%C3%B3n%20de%20Gas.pdf






Del Senador David Monreal Avila, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones correspondientes a fin de que el frijol esté dentro de los productos de la bolsa agropecuaria mexicana, que se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL FRIJOL ESTE DENTRO DE LOS PRODUCTOS DE LA BOLSA AGROPECUARIA MEXICANA

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El frijol es un producto inalienable de la canasta básica de los mexicanos, por tal razón, su demanda entre todos los sectores de población es grande; lo anterior no es de sorprender ya que los frijoles contienen nutrientes como son proteínas, vitaminas, fibra, almidones, calcio y hierro, las cuales son indispensables para la vida diaria del ser humano.

El frijol desde la antigüedad ha tenido un papel central en la alimentación humana y en la agricultura, a nivel nacional la siembra del frijol ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie cultivada anualmente, se calcula que de más de 2 millones de hectáreas, el 87 por ciento es de temporal; son cinco las entidades federativas (Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Chihuahua), que concentran el 63.5 por ciento de la superficie sembrada y alcanzan una producción del 65.3 por ciento de frijol.

Las políticas públicas aplicadas al campo han beneficiado solamente a los grandes productores y a empresas transnacionales, dejando aún lado a los verdaderos labradores de la tierra mexicana, esto provoca a su vez marginación, pobreza, migración y en el peor de los escenarios delincuencia.

El campo mexicano se encuentra en el total abandono y no se ha logrado reactivar la agricultura a pesar de que en el año 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), dicho Tratado no ha tenido el auge que se prometió, al contrario la agricultura mexicana está estancada; no se ve la forma en que un campesino mexicano pueda competir con uno estadounidense.

El Reporte de Investigación número 94, elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y titulado, “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 constitucional”1 señala que:

• Más de 29 millones de agricultores no pueden adquirir la canasta básica, sólo 3.9 millones de personas tienen acceso a algunos productos que la integran.

• Para diciembre de 2011, el 29 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontraban en proceso de cambio de dominio para ser propiedad de empresas transnacionales.

• En México, el 72 por ciento de los productores del campo están en quiebra, entre 2006 y 2011, las familias que vivían en el medio rural tuvieron una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 44 por ciento.

Por citar sólo un dato, en el año 2001 las importaciones contabilizaban la cantidad de 10 mil 871 millones de dólares y para el año 2010 fueron de 21 mil 076 millones de dólares2, es decir, a 18 años de aprobarse este instrumento internacional, los campesinos mexicanos no han visto algún beneficio real, mucho menos se ha implementado alguna importante política social a favor de la clase campesina sino por el contrario se han incrementado las importaciones.

El TLCAN, al reducir la protección de los granos y oleaginosas, debilitó aún más la competitividad de la agricultura mexicana, en particular el maíz junto con el frijol, son los perdedores netos de la negociación de dicho tratado en la agricultura mexicana.3
En consecuencia, es necesario que se rescate al campo mexicano, es una fuente perdurable de empleos y con ello se reactivaría la economía, se debe tener una economía agrícola basada en más exportaciones y menos importaciones a fin de que México garantice de una vez por todas su soberanía alimentaria; asimismo, se debe desarrollar una producción ambiental y sustentable, que considere la producción de granos básicos como un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria.

Es necesario contar con un sector agropecuario económicamente fuerte que proporcione alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, la exportación de cultivos de alta densidad económica, generación de empleos agrícolas, por este medio será posible reducir las presiones sobre los mercados de trabajo urbanos, al mismo tiempo se detonarían efectos multiplicadores en otras ramas de la economía provocando una dinámica que amplíe el potencial del mercado nacional para acelerar el crecimiento económico en el país.

Sin embargo, en México los diferentes niveles de gobierno no han querido, o no han podido, entender los motivos fundamentales del porqué hay que rescatar al campo, por omisión, negligencia o complicidad, no se revisan y corrigen las malas distribuciones o programas dirigidos al sector agrícola.

Con lo que respecta al frijol en el pasado reciente, las cosechas en las zonas de riego y con variedades de las llamadas preferentes, el precio de estas variedades no rebasó los $7,000 pesos por tonelada pagada al productor, por lo que es necesario e ineludible que el Gobierno Federal implemente un esquema de apoyo a la comercialización de la cosecha de los productores de estas regiones del país.

El mercado y las comercializadoras del sector privado difícilmente podrán pagar los precios que satisfagan mínimamente la recuperación de los costos de producción actuales, ya que dichos costos son y han sido originados por la propia política agropecuaria del Gobierno Federal; altos precios de los insumos como el diesel y la gasolina, impuestos como el IVA en el pago de refacciones y otros insumos.

Los productores agrícolas demandan un pago no sólo real derivado del costo-beneficio, sino uno justo que satisfaga los requerimientos mínimos de bienestar de la familia campesina, por ende, resulta primordial que el frijol entre a la Bolsa Agropecuaria mexicana, con ello se tendrá un precio de la leguminosa de acuerdo con la oferta y demanda del mercado, además de que se cotizaría en pesos y se podría acceder a coberturas y financiamientos que hoy no tienen los productores.

Asimismo, con la introducción del frijol en la Bolsa Agropecuaria se atraerán participantes ya sea productores, compradores de granos o especuladores. Los productores de frijol en México podrán utilizar un contrato de futuros para este grano y protegerse de la baja en el precio del mismo.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fortalezcan la Bolsa Agropecuaria mexicana.

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realicen las acciones correspondientes a fin de que el frijol este dentro de los productos de la Bolsa Agropecuaria mexicana.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2013".

1 Reporte de Investigación No. 94 “Resultados de 18 años del TLCAN y 20 años de las modificaciones al Art. 27 constitucional”, [en línea], México, Facultad de Económica de la UNAM [citado 23-09-2013], http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep94.pdf.

2 Calderón Salazar, Jorge Alfonso (2012). Desarrollo rural y crisis alimentaria en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, pág. 29.

3 Op. cit., pág. 46.






Del Senador David Monreal Avila, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a rendir un informe acerca de las medidas regulatorias que se están implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país, que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A RENDIR UN INFORME ACERCA DE LAS MEDIDAS REGULATORIAS QUE SE ESTAN IMPLEMENTANDO PARA CONTRARRESTAR LA DISMINUCION EN LA VIABILIDAD DE CREAR MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL PAIS

"Senador DAVID MONREAL AVILA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La agenda de reformas estructurales que el Ejecutivo está llevando a cabo no está representando verdaderas modificaciones, ya sea de innovación o mejora. De acuerdo con el ranking, Economy Rankings,1 realizado por el Banco Mundial para el presente año, México se encuentra en el lugar 53 dentro del apartado “facilidad para hacer negocios” (Ease of Doing Business Rank) y, en comparación con el año pasado, México disminuyó 5 lugares.

Evidentemente las políticas públicas aplicadas hasta el día de hoy no han sido alentadoras para el crecimiento económico del país, pues no han forjado bases sólidas que aseguren la necesaria incorporación de nuevas empresas al mercado, empresas que creen empleo, que desarrollen productos innovadores, y además, que sean empresas mexicanas.

En específico, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), siendo fuente importante para la economía del país, no cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse de una manera plena.

Las pequeñas y medianas empresas son de suma importancia para la economía nacional, pues hacen grandes aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, además son de rápida adaptación a los cambios tecnológicos y, lo más importante, son generadoras de empleos para miles de mexicanos. De ahí la importancia que indiscutiblemente tienen estas empresas, pues contribuyen al desarrollo económico y a una mejor distribución de la riqueza.

Como economía emergente, México debe reconocer la necesidad de impulsar este sector, en gran medida, por su contribución al crecimiento económico, a la generación de empleo y al desarrollo regional y local, con lo cual, es importante brindar a las Pymes las facilidades necesarias para establecerse y ayudar a que otros se introduzcan en esta medio empresarial, además de que la proliferación de este sector favorecerá el campo de laboral dentro de un marco económico legal, que permita a los mexicanos y a la sociedad en general, favorecer sus ingresos.

También, es de considerar que, generalmente, las familias mexicanas y los emprendedores requieren solicitar un crédito para iniciar un negocio, por lo que las instituciones financieras, ante tal necesidad, se benefician al obtener un alto nivel de demanda para el otorgamiento de créditos, en particular por las tasas de interés que son cada vez más altas.

La ausencia de apoyos gubernamentales para los nuevos empresarios son llenados por dichas entidades financieras, en consecuencia, para aquéllos, va provocando y creciendo un endeudamiento masivo a millones de mexicanos que no tienen más opción que seguir acudiendo a estas instituciones por no contar con el apoyo financiero, necesario y suficiente del gobierno para impulsar, por sus propios medios, su pequeño negocio.
Por lo anterior, es indispensable ponerse a reflexionar acerca de las políticas y reformas que realmente le sirven al país, tener en cuenta que en México ha surgido la cultura del no pago, cultura que evidentemente se ha ido dando, en gran parte, por la situación económica actual y además, porque el sistema financiero se ha encargado de otorgar créditos, claro, a cambio de tasas mayores para contrarrestar cualquier daño, lo que sin duda, deteriora y merma la capacidad financiera de los nuevos emprendedores, adquiriendo únicamente deuda.

Inclusive gran parte de las familias mexicanas pueden calificar para la obtención de un crédito, pero si no cuentan con las facilidades necesarias para comenzar y sostener una pequeña o mediana empresa, lo único para lo que servirá el crédito obtenido será para aumentar su carga financiera, y es ahí cuando comienzan las dificultades de emprender un negocio.

Ante estos argumentos, no es casualidad que México haya caído cinco lugares en el ranking de clasificaciones en facilidad de hacer negocios, cada vez es más frecuente el hecho de que los mexicanos busquen generar ingresos por sus propios medios, constituir su propia empresa, y esto, derivado de que el poder adquisitivo ha ido disminuyendo; el precio de los bienes y servicios crece mucho más en comparación con el raquítico salario que puede recibir un trabajador.

México es una economía emergente, requiere políticas públicas adecuadas para una economía en desarrollo, con fomento en su productividad y competitividad, con políticas monetarias que respalden la actividad económica de todos los sectores productivos. No hay necesidad para complicar la formulación de dichas políticas, las necesidades son claras, lograr un equilibrio interno y externo en el país dará la solución eficaz y eficiente que tanta falta hace.

Asimismo, es necesario precisar medidas para formular y poner en marcha un programa creíble y de gran alcance de reformas institucionales y regulatorias, que mejoren realmente el sector empresarial y fomenten la actividad del sector privado, dando acceso más equitativo a oportunidades económicas y de empleo.

Tal como lo menciona el informe anual de Doing Business 2014,2 una economía mejorará sobre la facilidad de hacer negocios, no careciendo de regulaciones, sino logrando que su gobierno cree un sistema regulatorio que facilite las interacciones en el mercado y proteja los intereses públicos.

Sin embargo, no por ello se debe obstaculizar de forma innecesaria el desarrollo nacional del sector privado, al contrario, lo ideal es un sistema regulatorio con instituciones bien establecidas, costos de operación bajos, menos barreras regulatorias, mejor infraestructura, niveles más altos de capital humano y sobre todo, transparencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía:

A) Informe a esta Soberanía los motivos por los cuales México disminuyó 5 lugares, según el informe de Doing Business 2014, en su facilidad para hacer negocios.

B) Rendir un informe completo y detallado acerca de los instrumentos de mejora que se están implementando para contrarrestar la disminución en la viabilidad de crear micros, pequeñas y medianas empresas en el país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 21 de noviembre de 2013".

1 Economy Rankings, [en línea], The World Bank, [citado 06/11/2013], Doing Business, formato PDF, disponible en: http://www.doingbusiness.org/rankings

2 The World Bank,Doing Business 2014. Entendiendo las regulaciones par alas pequeñas y medianas empresas, [en línea], The World Bank, [citado 06/11/2013], Doing Business, formato PDF, disponible en: http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf






Del Senador Francisco Salvador López Brito, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a incentivar el fortalecimiento de programa Prosof 2.0 para ser detonante de las distintas regiones en el país, que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A INCENTIVAR EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PROSOFT 2.0 PARA SER DETONANTE DE LAS DISTINTAS REGIONES EN EL PAIS

"FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, Senador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en usos de sus atribuciones y facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios incentivar el fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones en el país.

CONSIDERACIONES

Hoy las empresas en México tienen que competir a nivel global en condiciones de igualdad con otros trabajadores y con otras empresas en las demás naciones. Para ello, las diversas administraciones se han propuesto establecer un entorno que permita que las inversiones y los empleos se concreten en el país; es así como las tecnologías de información son herramientas cruciales para impulsar la competitividad de la economía mexicana; siendo prioridad de los gobiernos impulsar la competitividad para generar empleos, que requieren remover los obstáculos que impiden a las empresas y a la economía en su conjunto crecer de manera acelerada.

La Secretaría de Economía ha diseñado en coordinación con representantes de la industria, la academia y diversas dependencias del gobierno federal el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT);

Este programa está basado en el artículo 28 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que se podrán otorgar apoyos con recursos federales a actividades que sean prioritarias, cuando éstas sean generales, de carácter temporal y no afecten las finanzas de la Nación.

El PROSOFT es una estrategia institucional del gobierno federal para impulsar a la industria del software y servicios relacionados, tanto por el lado de la oferta, como por el lado de la demanda; y posicionar a México como un jugador relevante a nivel global en esta actividad económica.

El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo del sector de tecnologías de la información (TI) buscando su crecimiento en el largo plazo, a través de inversiones, mejora del capital humano y disponibilidad de recursos financieros para las empresas. De esta manera se mejorara la cantidad y competitividad de éstas lo cual permitirá incentivar demanda local por producción nacional, así como la exportación de sus productos al alcanzar capacidades de nivel internacional. El apoyo se canaliza a los diferentes actores del sector TI tales como personas físicas con actividad empresarial y personas morales, así como asociaciones, organismos e instituciones académicas conforme a las especificaciones de la población objetivo.

La Secretaría de Economía como parte de sus acciones, establece dentro de sus reglas de operación las acciones de coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, los cuales tendrán que darse en el marco del acuerdo respectivo y de la normatividad aplicable, y que con el propósito de contar con un mecanismo que asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados, la Secretaría de Economía decide expandir este Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) a PROSOFT 2.0 dados sus resultados desde el 2002 cuando fue por primera vez implementado con el objetivo de crear las condiciones para que México cuente con un sector de servicios de tecnologías de información (TI) competitivo internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo.

La industria de las tecnologías de la información (TI) es un potente motor para toda economía. Esto sucede no sólo por los ingresos que esta actividad puede generar y porque su principal insumo es el capital humano, sino por el impacto transversal que el uso de las tecnologías de la información puede tener en todos los sectores económicos, desde la manufactura hasta las actividades agrícolas, así como en la educación, la salud, el gobierno, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo individual. Las tecnologías de la información permiten elevar la productividad y, por lo tanto, lograr una economía más competetiva.

El crecimiento porcentual del valor del mercado en el Sector de Tecnologías de la Información (TI) de México en 2012 (12.1%) superó la meta establecida para el propio año (10.5%). Aún así el crecimiento fue inferior al de 2011 (18.3%), lo cual puede entenderse en que la tasa de crecimiento del sector no puede mantenerse al paso de los años. Por su parte, el número de empleos-proyecto mejorados, quedó ligeramente por debajo de la meta (580 empleos) ya que se cancelaron 5 proyectos, al no cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación, además de que el costo de la capacitación fue mayor al estimado, situación que influyó para capacitar un número menor de beneficiarios del programa; sin embargo, superó el número alcanzado en 2010 (27,420 en 2012 contra 25,033 en 2010).

En cuanto a los Indicadores de Gestión y Servicios todos superaron la meta. Destaca la mejora en los días promedio para la evaluación y dictaminación de proyectos, donde el desempeño desde 2010 es superior a la meta actual. La Potenciación de la inversión del Programa ha caído de 2010 al 2012, aun cuando continúa superando la meta, misma que cayó 2.8 a 2.51

De 2004 a 2012, el Prosoft apoyó 2,867 proyectos con recursos federales por 4,450.7 millones de pesos. Con las aportaciones simultáneas de los gobiernos estatales y las propias empresas, los proyectos tienen un efecto multiplicador.

Estos proyectos han generado cerca de 90,000 empleos y se han impartido capacitaciones y cursos de certificación a más de 123,000 profesionales de las tecnologías de la información. En promedio, cada año se ha apoyado a cerca de 1,000 empresas.

Aun así, se ha observado que existe cierta disparidad en los estados beneficiados, sobre todo en cuestiones de montos, ya que al revisar los resultados del año 2011, nos encontramos con estados que se beneficiaron de manera considerable con el programa PROSOFT, tales como:

ESTADO

TOTAL DE PROYECTOS APOYADOS

MONTO TOTAL

DISTRITO FEDERAL

53

386,245,729.20

JALISCO

76

 81,336,480.57

NUEVO LEON

72

 90,874,041.90

TOTAL

558,456,251.67

En tanto, existen estados que si bien es cierto han sido apoyados, el apoyo ha sido mínimo en cuanto a proyectos o en cuanto a recursos, en comparación con los señalados, entre ellos podemos mencionar los siguientes:

ESTADO

TOTAL DE PROYECTOS APOYADOS

MONTO TOTAL

CAMPECHE

1

$141,938.00

GUANAJUATO

1

$ 576,172.00

TLAXCALA

1

$ 799,000.00

COLIMA

4

$978,499.30

TOTAL

$ 2, 495,609.30

De hecho, en ese mismo año se pudo observar que otras 22 entidades federativas tuvieron el apoyo del PROSOFT, es importante mencionar que el monto apoyado en su totalidad en esos 22 estados fue de $98,984,719.23, por lo que se puede observar la gran diferencia que existe entre el apoyo a 22 entidades federativas y el Distrito Federal que solo supera 3 veces ese apoyo.

Esta diferencia, se puede deber a diversos factores, entre lo que podríamos contar el número de habitantes, el número de proyectos ingresados, el manejo de la información del programa, entre otros; sin embargo lo importante al ser un programa federal, es que la mayoría de los estados se vean beneficiados con más proyectos y mejores recursos que auxilien a generar las condiciones necesarias en materia de tecnologías de la información en cada uno de los mismos.

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que en usos de sus facultades y a través de los mecanismos que juzgue necesarios a incentivar el fortalecimiento del programa Prosoft 2.0 para ser detonante de las distintas regiones en el país, dando la oportunidad a todos y cada uno de los estados de ser beneficiados con este programa.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre de 2013.

Atentamente

Sen. Dr. Francisco Salvador López Brito".


1 Informe de la Evaluación Especifica de Desempeño 2012-2013, CONEVAL






De la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación y auditoría general en su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, que se turna a la Comisión de Salud.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR UNA EVALUACION GENERAL DE SU ESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO, PADRON DE AFILIADOS Y COBERTURA

“La suscrita, Senadora Martha Palafox GutiErrez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 2776 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de Acuerdo, sustento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Derecho a la protección de la salud consagrado el artículo 4º, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser en beneficio de la totalidad de la población y aplicado en forma cierta y no solamente en discurso político.

Durante más de 70 años la Secretaría de Salud fue construyendo y ampliando su estructura y cobertura, a esta institución junto con el IMSS y el ISSSTE, se debe que ahora la población tenga mayor tiempo de calidad de vida, erradicando enfermedades, como la polio, tuberculosis, varicela, sarampión etcétera, sin embargo los últimos acontecimientos que han logrado salir a la opinión pública en los Estados de Tamaulipas, Oaxaca, Tlaxcala; donde las mujeres dieron a luz en el patio o en la calle de las instituciones hospitalarias; debido a que los funcionarios o empleados de dichos sanatorios negaron el servicio de atención medica que se requería, otro caso de irresponsabilidad lamentable y vergonzoso es el del Señor José Sánchez Carrasco de Guaymas Sonora, quien falleció el 21 de octubre pasado, en las afueras del Hospital, tras 5 días de agonía, al no ser atendido porque no tuvo dinero para cubrir los servicios médicos y no era afiliado al tan cacareado e ineficiente seguro popular a pesar que la Ley General de Salud dice que es un derecho de toda persona, haciendo énfasis expresivo, permanente, como símbolo de los emocionados discursos a favor de los grupos vulnerables, niños y personas adultas mayores y la equidad de género.

Estas campañas costosas y frívolas del cáncer de mama y ahora tan de moda el combate a la obesidad, la diabetes y el cáncer sólo por mencionar algunas; pero la realidad ahí está para la gente humilde es la arrogancia, prepotencia y la muestra por insensibilidad, por negligencia, y por la carencia de humanidad. Pero en la difusión de los programas de salud que se hacen al público se gastan sumas multimillonarias de las que se benefician pocos ricos o muy ricos.

En el 70 aniversario de la fundación de la Secretaría de Salud y en otros eventos con el sector salud el Presidente de la República les ha pedido presentar un proyecto integral de salud dentro de su programa de trabajo, para tener un servicio acorde a los requerimientos de la sociedad actual.

El sector salud debe ser uno de los asuntos prioritarios de las Políticas Públicas del Estado; la Educación y la Salud, van de la mano para la formación de las generaciones de ciudadanos, por eso merece prestarle la atención requerida, y a partir de un proyecto de nación programar los recursos necesarios y suficientes, para cumplir con dichos postulados.

Por lo anteriormente expuesto me permito en una de mis facultades reglamentarias, como Senadora de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.- Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados, cobertura, e informar a esta Soberanía.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2014.

Sen. Martha Palafox Gutiérrez”.






De los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Blanca Alcalá Ruiz y Miguel Angel Chico Herrera, con punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a incluir tecnología de punta y materiales de alto desempeño para la seguridad de los usuarios de las autopistas y carreteras del país, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INCLUIR TECNOLOGIA DE PUNTA Y MATERIALES DE ALTO DESEMPEÑO PARA LA FABRICACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS Y CARRETERAS DEL PAIS








De la Senadora Ana Gabriela Guevara, con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a investigar la información sobre una presunta convocatoria de un grupo de estudiantes a participar en un juego de cacería de indocumentados en la Universidad de Texas, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A INVESTIGAR LA INFORMACION SOBRE UNA PRESUNTA CONVOCATORIA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN UN “JUEGO” DE CACERIA DE INDOCUMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, EN AUSTIN

"La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA INVESTIGAR LA INFORMACION SOBRE UNA PRESUNTA CONVOCATORIA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN UN “JUEGO” DE CACERIA DE INDOCUMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Los rasgos discriminatorios que han aparecido en la cultura contemporánea y a lo largo del siglo XX, fomentaron y nutrieron conductas sociales negativas que derivaron y se multiplicaron en los regímenes fascistas. Señalar, marcar, perseguir y premiar acusaciones fueron actitudes recurrentes que se convirtieron en políticas de Estado. Conviene recordar continuamente y en cada momento que esas actitudes formaron parte de expresiones de discriminación que llevaron a la humanidad a holocaustos. Cada vez que esas características de fondo persecutorio contra una comunidad específica, aparecen nuevamente en la superficie social, deben ser consideradas con preocupación y alarma para llamar la atención de organizaciones, países, organismos interesados en aminorar los elementos negativos contra la humanidad. El brote mismo de su aparición merece un análisis y una reacción conveniente, de los lugares, las condiciones, el ánimo y los entornos en donde se genera para tomar las precauciones y posturas convenientes.

Antes de describir esta propuesta conviene recordar como antecedente que esta representación ya generó una propuesta de punto de acuerdo contra el uso de pulseras electrónicas en migrantes, el punto resolvería que: “ el pleno de la Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer uso de sus instrumentos legales que considere pertinentes para hacer un exhorto que pueda crear las condiciones favorables para que se deje de utilizar el grillete electrónico en migrantes en los Estados Unidos de América, ya que es un objeto que propicia exclusión social, segregación, discriminación y atenta contra los derechos humanos de las personas”

2. En los medios de información (esta nota se tomó de Notimex), se difundió que “un grupo de estudiantes afiliado al Partido Republicano convocó a participar en un simulacro de cacería de indocumentados en la Universidad de Texas (UT) en Austin. El grupo Jóvenes Conservadores de Texas (YCT, por sus siglas en inglés) ofrecerá a los estudiantes de la UT en Austin una tarjeta de regalo con valor de 25 dólares, si pueden atrapar a un inmigrante indocumentado que merodee por el campus. Voluntarios del YCT recorrerán el campus con letreros y etiquetas sobre la ropa que los identificarán como inmigrantes ilegales. Cualquier estudiante de la UT que atrape a uno de estos inmigrantes ilegales y lo consigne a una mesa recibirá una tarjeta de regalo de 25 dólares, anunció el grupo este lunes en su página de Facebook. Lorenzo García, presidente de YCT en la Universidad de Texas en Austin, dijo que el acto del miércoles no pretende inculcar la ira o promover prejuicios, sino educar a los estudiantes universitarios acerca de un tema serio. Según el grupo, la actividad tiene la intención de provocar un amplio debate en el campus sobre la inmigración ilegal y cómo ésta afecta a nuestra vida cotidiana. El Partido Demócrata reaccionó hoy mismo a la convocatoria y condenó el juego o simulacro. A su vez, la Universidad de Texas en Austin dijo que los estudiantes que participen en este juego violarán el Código de Honor Estudiantil de esa casa de estudios”.
3. Las reacciones internas en Estados Unidos, como las citadas, han tomado una postura ante el evento y han observado de la negatividad de esta convocatoria que se da, sintomáticamente, en una casa de estudios universitaria. El asunto que denota ya un control y una sanción social, debe ser sopesado por esta institución y, a propuesta nuestra, de parte de los órganos diplomáticos para investigar y emitir una postura al respecto y que la comunidad estudiantil que desarrolló esta presunta propuesta, sea avisada y a la vez sea convocada a reflexionar sobre el asunto.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNO.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A USAR SUS RECURSOS DIPLOMATICOS PARA INVESTIGAR LA INFORMACION SOBRE UNA PRESUNTA CONVOCATORIA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN UN “JUEGO” DE CACERIA DE INDOCUMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN, ESTADOS UNIDOS.

DOS.- EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, EN CASO DE CORROBORAR POR SUS PROPIOS MEDIOS QUE LA INFORMACION SOBRE UNA PRESUNTA CONVOCATORIA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN UN “JUEGO” DE CACERIA DE INDOCUMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN, ESTADOS UNIDOS, SE EMITA UNA NOTA DIPLOMATICA AL RESPECTO QUE LAMENTE EL HECHO Y SE EXHORTE A UNA REFLEXIÓN PERTINENTE SOBRE EL SIGNIFICADO DE ESA CONVOCATORIA.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 20 de noviembre de 2013".






De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de América a poner fin al bloqueo a Cuba, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A PONER FIN AL INJUSTO BLOQUEO A CUBA

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente al gobierno federal de los Estados Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Distintas Legislaturas de las Cámaras que integran el H. Congreso de la Unión han aprobado sendos Puntos de Acuerdo respecto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a la República de Cuba, mismo que ha sido, desde su implementación, una imposición a ese país hermano, mediante la coerción y la fuerza, con una política contraria a las normas del derecho internacional y, sobre todo, a la voluntad del pueblo cubano que defiende su justo derecho a la libre autodeterminación y soberanía.

Sin embargo, la política seguida contra Cuba, no puede calificarse como un simple embargo, pues trasciende a la definición misma del concepto y se define como bloqueo, ya que persigue el aislamiento y la inmovilidad de Cuba, con la única finalidad del avieso propósito de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de nación soberana e independiente.
Conocemos de los elementos que tipifican la ilegalidad del bloqueo, entre ellos el Derecho Internacional y la propia legislación norteamericana, la cual define al “embargo” como una orden o proclama, emitida por un Estado en tiempo de guerra, en virtud de la cual son colocados los buques mercantes extranjeros y sus cargamentos, y excepcionalmente otras propiedades extranjeras, bajo el control del Estado, sin destinarlos a ningún uso en su provecho. Cuba, desde 1962, ha sido víctima de las formas más insólitas de bloqueo.1

Diversos instrumentos regionales y multilaterales condenan estos actos como contrarios a la paz y a la seguridad de la humanidad. Resaltan las decisiones asumidas mayoritariamente en la ONU, mismas que año tras años refrenda su disposición mediante Resoluciones condenatorias. Cabe señalar que con el paso de los años se han incrementado el número de países que han alzado la voz contra el imperialismo norteamericano. De los 59 votos a favor que tuvo la primera iniciativa de condena al bloqueo contra Cuba en 1992, en la 67ª Asamblea General de la ONU, realizada en el año 2012, 188 países votaron a favor de la condena al bloqueo, tres en contra (EEUU, Israel y Palau) y sólo dos abstenciones (Micronesia e Islas Marshall).2

El próximo 29 de octubre, en el marco de la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas, se discutirá y votará, entre otros importantes asuntos de política internacional, el proyecto de resolución 67/4 “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Dicho Informe constituye, al decir del Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, en “… un informe amplio desde el punto de vista conceptual e ilustrativo del daño que ha causado esta política, que, por esencia, es una clara violación del derecho internacional…, aunque por supuesto no comprende todo el perjuicio provocado al país, al tiempo que la consideró genocida y extraterritorial”.3

El pasado mes de septiembre, el Presidente de los Estados Unidos de América emitió un Memorándum dirigido al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro de Estados Unidos y difundido por la Casa Blanca, ordenando mantener el bloqueo contra la mayor de las Antillas, prorrogando por una año más este injusto e inhumano bloqueo, conforme a la legislación norteamericana vigente, misma que brinda al Presidente Barack Obama, a ejercer prórroga de las sanciones contra Cuba, bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, alegando que responde a los intereses nacionales de Washington.

Ante ello, no podemos soslayar que dicho bloqueo se ha traducido en una verdadero acto de aplicación de leyes extraterritoriales, pues tan solo de enero de 2009 a septiembre de 2013, Estados Unidos de América sancionó a 30 empresas, de manera conjunta, con 2 mil 446 millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países amigos de la Isla.4

Esta propuesta se suma a lo expresado en días pasados en el pleno de las Naciones Unidas, por distintos gobiernos de América Latina, África y Asia, donde se demando el levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba y contra la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes coercitivas que a todas luces constituyen medidas contrarias al Derecho Internacional, así se manifestaron Bolivia, El Salvador, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Timor-Leste, Chad, Uruguay, Mozambique, Sri Lanka, Gabón y Sudáfrica, por mencionar unos cuantos países.5

La XII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) aprobó el pasado miércoles 16 de octubre, una Declaración de condena a dicho bloqueo que lleva más de medio siglo. En Brasilia, los y las Parlamentarias de América refutaron los efectos negativos de esa hostil política en la salud del pueblo cubano. Dicha declaración fue presentada por la Comisión de Salud y Protección Social de la COPA, misma que deplora los daños que causa la aplicación de ese bloqueo, el cual limita el derecho a la salud, reconocido por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales.6

El documento destaca que esta política, de carácter extraterritorial, dificulta la adquisición de medicamentos, reactivos químicos, piezas de repuestos e instrumentos quirúrgicos, necesarios e indispensables para garantizar la salud gratuita de la población de la isla. Tales restricciones, violatorias de los derechos humanos y leyes de las Naciones Unidas, obligan asimismo al gobierno cubano a realizar mayores erogaciones para comprar medicamentos y productos sanitarios.

El bloqueo estadounidense impone además limitaciones al intercambio científico y de médicos con otros países e impide a la mayor de las Antillas acceder a créditos y donaciones de organismos financieros internacionales, señala la Declaración sancionada por consenso. Se reiteró asimismo que Cuba continuará en la presidencia de la Comisión de Salud y Protección Social y en la Vicepresidencia de COPA para la región de El Caribe.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe el presente:

PUNTO DE ACUERDO COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO: El Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política exterior y congruente con su posición de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, expresa nuevamente su tajante rechazo al tiempo que condena el injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba.

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exhorte al Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, a que en el marco de sus facultades ejecutivas, levante y elimine definitivamente el bloqueo económico, financiero y comercial contra la República de Cuba.

TERCERO: El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga llegar al Congreso de Estados Unidos de América nuestra demanda a poner fin al cruel e injusto bloqueo en contra de la República de Cuba, exhortándoles a que se pronuncien por el levantamiento y eliminación definitiva del mismo.

Dado en la Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 Álvarez Guerra, Aynel y Pino Rivero, Anet, “Análisis jurídico sobre la ilegalidad del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por EE.UU”, La Jiribilla, Consultado el 20 de octubre de 2013, http://www.lajiribilla.cu/2004/n178_10/178_31.html

2 Marín, Emilio, “Bloqueo de EEUU a Cuba será condenado otra vez en la ONU y van...”, Agencia Latinoamericana de Información, Consultado el 10 de Octubre de 2013, http://alainet.org/active/68085

3 Cuba Debate, Cuba presentó resolución contra genocidio de Estados Unidos (+ Informe y Cronología), Consultado el 21 de Octubre de 2013

4 Ídem.

5 Cuba VS Bloque, “El bloqueo está atrapado en sus propias redes”, Consultado el 10 de octubre de 2013, http://www.cubavsbloqueo.cu/es/el-bloqueo-esta-atrapado-en-sus-propias-redes

6 Cuba VS Bloqueo, “Condenan bloqueo de EE.UU. contra Cuba parlamentarios de América” Consultado el 18 de octubre de 2013, http://www.cubavsbloqueo.cu/es/condenan-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-parlamentarios-de-america






De la Senadora Dolores Padierna Luna, con punto de Acuerdo que propone que el Senado de la República exprese su beneplácito por la firma de los acuerdos con la República de Cuba, que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPUBLICA, PARTIENDO DE SUS VALORES Y PRINCIPIOS DE POLITICA EXTERIOR, Y CONGRUENTE CON LA POSICION DE HERMANAMIENTO DEL ESTADO MEXICANO CON LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EXPRESA SU BENEPLACITO POR LA FIRMA DE LOS ACUERDOS CON LA REPUBLICA DE CUBA

"La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución por la que el Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política exterior, y congruente con la posición de hermanamiento del Estado Mexicano con los países de América Latina y el Caribe, expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos con la República de Cuba.

CONSIDERACIONES

Los Acuerdos suscritos el pasado primero de noviembre del año en curso, entre los Gobiernos de México y Cuba relativos a la cooperación en diferentes áreas, entre ellas turismo, comercio, educación y medio ambiente, constituyen un conjunto de Instrumentos Jurídicos que fortalecen la relación bilateral entre ambos países.

Destacan entre esos instrumentos, la Carta de Intención para la Cooperación Bilateral, un Tratado sobre Extradición y otro de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, así como la Ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-51) el Acuerdo de Cooperación en Materia Turística, el relativo al Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior y el Memorando de Entendimiento en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales.1

Cabe señalar que México ocupa actualmente uno de los primeros lugares entre los países que mantienen intercambio comercial con Cuba por sobre otras naciones de Latinoamérica, Europa y Asia. El comercio bilateral, según datos de la Secretaría de Economía, alcanzó 403 millones de dólares en 2012 y en lo que va de 2013 rebasa ya los 200 millones,2 al tiempo que se realizan nuevos esfuerzos para reducir el desequilibrio que se mantiene en la balanza comercial a favor de México, pues la balanza comercial en 2012 registró un superávit a favor de nuestro país por más de 370 millones de dólares, y en lo que va del año se tiene un superávit por más de 188 millones de dólares,3 por lo cual debe lograrse el objetivo de llegar a un equilibrio benéfico para las dos partes.

Para México, la importancia de la relación con Cuba, trasciende las relaciones de amistad, pues Cuba tiene las principales reservas de níquel y cobalto en el mundo; es el primer productor y exportador de puros al mundo; su tabaco está catalogado como el mejor internacionalmente. Cuba es reconocida en el mundo por la calidad de sus servicios en el campo de la medicina y en el campo de la educación, no es casual por tanto, que por dicha calidad la mayor potencialidad de la Isla es la exportación de servicios médicos, educativos y de asistencia técnica; cuenta con un gran desarrollo de punta en la esfera biotecnológica y cuenta a la vez con un Polo científico constituido por 53 Centros de Investigación y Desarrollo.

El pasado primero de noviembre del año en curso, se firmó un Acuerdo en donde el gobierno mexicano exime a Cuba del de 70% del adeudo que tiene por 487 millones de dólares; deuda producto de un crédito que el gobierno cubano contrajo con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) hace prácticamente 15 años.

La cuestión de la deuda de Cuba con México no es un problema esencialmente económico. El hecho de que los involucrados sean gobiernos le da una especial complejidad al tema y obliga a tener en cuenta criterios políticos e históricos. Se trata de un problema fundamentalmente político. No es una típica relación acreedor/deudor, pues resultó de la combinación de diversos factores que se remontan a más de 15 años, en la década de los noventa, en que México emprendió varios proyectos de inversión que se vieron malogrados por la presión de Estados Unidos de América, valiéndose de la doctrina imperialista anticubana conocida como Ley Helms Burton y bajo amenaza de sanciones y represalias en contra de empresarios mexicanos principalmente de Monterrey. Estados Unidos amenazó con retirar las visas de entrada a ese país, a empresarios, los funcionarios de las empresas y sus familias.4
La deuda, originalmente de alrededor de 400 millones de dólares se concentró en el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y por diversas razones, que incluyen los diferendos políticos en los tiempos de Vicente Fox, llevaron el asunto a los tribunales internacionales en el año 2004, con un gran costo para ambos países y un alejamiento en las relaciones diplomáticas. Era indispensable resolver este problema para avanzar en las relaciones con Cuba, de esta manera, los Acuerdos que se firmaron con el Gobierno de Cuba permitirán que fluyan las relaciones entre nuestros países, lo que permitirá recuperar un mercado muy importante dada la cercanía geográfica y afectiva.

Los acuerdos firmados incluyen, además del Acuerdo sobre la deuda, la ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión, una carta de intención para la cooperación bilateral, un tratado sobre extradición, así como uno de asistencia jurídica mutua en materia penal, la ampliación del acuerdo de complementación económica (ACE-51), un acuerdo de cooperación en materia turística, otro sobre reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas y estudios de educación superior, además de un memorando de entendimiento en materia de medio ambiente y recursos naturales, lo cual nos lleva a considerar que el funcionamiento de estos Instrumentos significará un beneficio para México y Cuba muy superior a la cantidad que representaba la cantidad condonada y que fortalecerán el marco jurídico que fundamenta la relación bilateral entre México y el país caribeño.

Indudablemente, en tiempos de la globalización, los Acuerdos entre países, primordialmente de carácter comercial, apuntalan a una ventaja competitiva a fin de eficientar sus respectivas economías. Los Acuerdos de Complementación Económica implican el pluralismo en materia política y económica, la convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano, la flexibilidad y tratamientos diferenciales con base en el nivel de desarrollo de los países miembros; la multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales, así como Intensificar y diversificar en los mayores niveles posibles, el comercio recíproco entre los países que los signan. De igual forma, promueven el aumento del comercio apelando a la consolidación, sobre bases a estables, de los entendimientos previos adoptados por ambos países para dar incentivos a programas de intercambio compensado, lo que implica coordinar y complementar las actividades económicas, en especial la industria y la tecnología conexa, a través de una eficaz mejora de los sistemas de producción y de las escalas operativas. Por ello, la suscripción de los Acuerdos señalados, reviste en nuestros días, una importancia incalculable, se refuerzan los lazos de amistad profundos entre nuestros pueblos y se afianzan los vínculos comerciales, financieros y económicos.

Si bien es cierto que se han dado expresiones en contra de la decisión tomada por el Gobierno Federal de condonar el 70 por ciento de la deuda contraída con Bancomext a Cuba, tachándola de prácticas clientelares y de supuestas componendas, se debe dejar claro que éstas acusaciones se exhiben como argucias demagógicas que pretender desvirtuar el contexto de acercamiento entre ambas naciones. Para nuestro grupo parlamentario el mejoramiento de las relaciones tanto económicas como políticas entre las naciones favorece la integración regional con países hermanos, por lo cual consideramos acertada la decisión del Gobierno Federal de emprender acciones orientadas al mejoramiento de las relaciones con nuestros pares cubanos que, hay que señalar, se habían debilitado a raíz del mal manejo de la política exterior de las administraciones anteriores.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía se apruebe el presente como de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. El Senado de la República, partiendo de sus valores y principios de política exterior, y congruente con la posición de hermanamiento del Estado Mexicano con los países de América Latina y el Caribe, expresa su beneplácito por la firma de los Acuerdos con la República de Cuba, mismos que se consideran en suma benéficos para el estrechamiento y fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y Cuba.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna".

1 Comunicado de Prensa, Secretaría de Relaciones Exteriores, México y Cuba refuerzan su relación bilateral con la firma de ocho acuerdos, 01 de Noviembre de 2013, http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3327-500

2 Secretaría de Economía, Subsecretaría de Comercio Exterior, Balanza comercial de México con Cuba, SE con datos del Banco de México, http://200.77.231.38/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/F3bc_e.html

3 Ídem

4 Castro, Pedro, La Ley Helms-Burton y la extraterritorialidad de las leyes internas, p. 47, Documento en Línea consultado el 10 de noviembre de 2013, http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n53/castro.pdf






De los Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, con punto de Acuerdo que solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación sobre los hechos ocurridos en México, enfocado a la aeronave con matrícula XB-MGM, así como a la tripulación de la misma, que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LAS SECRETARIAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE GOBERNACION Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA INICIAR UNA INVESTIGACION DETALLADA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN MEXICO ENFOCADO A ACLARAR EL POR QUE NO SE REVISO A CABALIDAD LA AERONAVE CON MATRICULA XB-MGM, ASI COMO A LA TRIPULACION DE LA MISMA

"Los suscritos, Senadores Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho SolIs integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someten a la consideración de esta Honorable Asamblea proposición con punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es necesaria y exigible la información amplia y precisa al gobierno del país hermano de Venezuela del incidente ocurrido el pasado 4 de noviembre, en el cual, un avión de propiedad y matrícula mexicana fue detectado, obligado a descender y posteriormente incinerado por las autoridades venezolanas.

La destrucción de una aeronave con matrícula mexicana por las fuerzas armadas de Venezuela ha motivado que la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe a ese país una nota diplomática a fin de esclarecer los hechos y el pleno deslinde de responsabilidades. El avión con matrícula XB-MGM, cuyo dueño, según el certificado de aeronavegabilidad emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC),1 es Jorge Salazar Ochoa, mismo que tenía como base de operaciones la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aunque su dueño está domiciliado en el estado de Colima. Es preciso evidenciar que, debido a que la aeronave salió de territorio mexicano, resulta del todo suspicaz que no se haya realizado una revisión exhaustiva de la aeronave, además de la tripulación.

Cabe señalar que el Convenio de Aviación Civil Internacional de 19442 establece el reconocimiento de la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio. El espacio aéreo es violado cuando se sobrevuela por parte de una aeronave sin cumplir las disposiciones legales que él ha establecido para tales efectos. En pleno ejercicio de la soberanía sobre su espacio aéreo el Estado Venezolano actuó en contra de un vuelo ilegal; que de acuerdo a la versión del Presidente de dicha nación, Nicolás Maduro, era un vuelo dedicado al tráfico de drogas.

Las declaraciones del Presidente de Venezuela, sin ofrecer información precisa, hablan de 30 aviones detectados y obligados a aterrizar por su gobierno, como parte de su estrategia para enfrentar el tránsito y tráfico de drogas sobre el territorio venezolano.

El incidente ocurre apenas unos días después en que los cancilleres de México José Antonio Meade, y de Venezuela Elías Jaua, se reunieron para anunciar el relanzamiento de la relación entre ambos países.
Según información en poder de órganos de inteligencia del gobierno mexicano, se estima que los cinco pasajeros que viajaban en el avión podrían estar relacionados con la delincuencia organizada y aunque se trabaja en la identificación real de los ocupantes de la nave, la Procuraduría General de la República (PGR) está a la espera de información de la nación sudamericana, para determinar si inicia una averiguación previa. Asimismo, se afirma que la aeronave piloteada por el capitán Alfredo Chávez Padilla y el copiloto Mauricio Pérez había realizado viajes a entidades del Pacífico, luego a Nuevo León y Querétaro, de donde partieron con documentos falsos algunas personas que inicialmente fueron identificadas como Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Isaac Pérez Bonn, Sergio David Franco y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez.3

Es preciso que la destrucción de la aeronave sea plenamente esclarecida, además de que el Gobierno Mexicano debe de presentar la información pertinente acerca del por qué no se revisó cabalmente la aeronave y a la tripulación, pero se trata de un hecho que no debe empañar ni entorpecer la reconstrucción de las relaciones de México con Venezuela, un capítulo indispensable para lograr que nuestro país recupere su lugar en el concierto latinoamericano. Es necesaria la coordinación y la colaboración entre dos gobiernos hermanos sobre un hecho de suma gravedad, como el que está hoy en el debate, y en general para enfrentar con eficacia y buenos resultados el gran flagelo del tráfico de drogas y el crimen organizado que trasciende fronteras. En esa perspectiva es exigible y demandable conocer a fondo lo que sucedió en Venezuela el pasado 4 de noviembre, así como la ruta y resultados de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno venezolano.

El gobierno de México ha convocado al Embajador de Venezuela en México, Hugo José García Hernández, a esclarecer los hechos; esto no debe generar extrañezas en el gobierno de Venezuela.4 México demanda información sobre un hecho en el que está involucrada una aeronave y posibles ciudadanos mexicanos. Por el bien y la salud en las relaciones bilaterales entre pueblos y gobiernos hermanos urge la información, las aclaraciones y, sobre todo, la colaboración estrecha entre México y Venezuela.

Por lo anterior expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía se apruebe el presente como de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República solicita a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que se inicie una investigación detallada sobre los hechos ocurridos en México enfocado a aclarar el por qué no se revisó a cabalidad la aeronave con matrícula XB-MGM, así como a la tripulación de la misma.

Segundo. El Senado de la República solicita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el total esclarecimiento de los hechos, así como la entrega puntual de la información que se tenga al respecto.

Tercero. El Senado de la República apoya la decisión del Ejecutivo Federal de implementar una estrategia encaminada a estrechar las relaciones con los países de América Latina, en especial con la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Suscriben

Sen. Dolores Padierna Luna.- Sen. Manuel Camacho Solís".

1 Saldaña, Iván y Lara, Paul, Fuerzas Armadas de Venezuela derriban aeronave mexicana, Excélsior, 07 de noviembre de 2013, Consultado el 10 de noviembre de 2013, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/07/927362

2 Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944 del cual México es parte.

3 La Jornada, Pasajeros del avión destruido en Venezuela podrían estar ligados al cártel de Sinaloa, consultado el 13 de noviembre de 2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/11/13/politica/019n1pol

4 CNN México, Gobierno de México convoca a embajador venezolano por avión, consultado el 10 de noviembre de 2013, http://mexico.cnn.com/mundo/2013/11/09/el-avion-mexicano-estaba-lleno-de-cocaina-asegura-nicolas-maduro






Del Senador René Juárez Cisneros, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a firmar un convenio de colaboración con la CONAGO, a fin de aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico, que se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A FIRMAR UN CONVENIO GENERAL DE COLABORACION CON LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES, A FIN DE APORTAR VISIONES Y SOLUCIONES DE INVERSION Y DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO LOCAL, TOMANDO EN CUENTA SUS CRITERIOS TEMATICOS Y GEOGRAFICOS

El que suscribe, Senador RenE JuArez Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente:

Exposicion de Motivos

ProMéxico es un organismo del Gobierno Federal encargado de fortalecer la participación de México en la economía internacional. Fue establecido el 13 de junio de 2007 mediante Decreto Presidencial, bajo la figura de un fideicomiso público considerado Entidad Paraestatal sectorizado a la Secretaría de Economía, y con la finalidad de atender las necesidades y dar seguimiento a los proyectos de exportadores e inversionistas extranjeros en todo el territorio nacional.

ProMéxico dispone de una red de 29 oficinas en México, agrupadas en seis coordinaciones regionales: Centro-Occidente, Noreste, Noroeste, Sur, Sureste y Centro.

Además, se apoya en 31 oficinas de representación en el exterior distribuidas en 21 países de cuatro regiones del mundo: Asia, Europa, Centro y Sudamérica y Norteamérica. Su objetivo es ofrecer apoyo y asesoría a los inversionistas extranjeros potenciales durante su proceso de establecimiento en nuestro país, así como asesorar a empresas mexicanas para identificar mercados a donde exportar sus productos.

El objetivo de ProMéxico es el de promover una economía competitiva y generadora de empleos, lograr una mayor competitividad e incrementar la inversión, con la idea de lograr crear condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.

ProMéxico busca potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento sostenido, para lo cual se busca aprovechar el entorno internacional.

Su misión es la de promover la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y social del país y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios, así como impulsar actividades tendientes a la consolidación de inversión extranjera directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar a las entidades federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional.

Cada año, ProMéxico ejerce un presupuesto importante para promover a nuestro país como destino de inversión. Los recursos son gastados en exposiciones, congresos y ferias comerciales. Las oficinas ubicadas en otros países tienen la encomienda de organizar reuniones de negocios para facilitar la intercomunicación de la comunidad de negocios mexicana con la internacional.
En pocas palabras, ProMéxico funciona como gran embajada promotora de aspectos económicos y comerciales para diversificar los mercados para las exportaciones mexicanas y atraer inversiones extranjeras directas de capital.

Consideramos por todo ello, que ProMéxico puede ser un actor fundamental para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura que tengan un impacto regional que se traduzcan en promotores del desarrollo económico y social.

Para ello, se requieren acciones de cooperación y colaboración en áreas diversas, como el intercambio recíproco de información para el cumplimiento de los objetivos de las entidades federativas, pero también, para promover su desarrollo por la vía de los apoyos y servicios a las empresas que propician las exportaciones y atraen proyectos de inversión que finalmente se establecen en sus diferentes territorios a lo largo de la República Mexicana.

Sin embargo, para posibilitar que la inversión o el gasto realizado por el Estado genere desarrollo y fortalezca las capacidades nacionales-regionales en todo el país, es necesario lograr bajo un espíritu federalista, un mayor equilibrio entre las distintas regiones y, evitar como en el pasado, que el Gobierno Federal privilegie a algunas entidades federativas en la instalación de empresas con capital extranjero, mientras que otras con mayor rezago, no tienen esas mismas oportunidades.

No podemos por ningún motivo ahondar las brechas regionales y sociales que cobran una dimensión peligrosa para la cohesión del país. Por ello, estamos obligados a revalorar el tema del desarrollo regional en la agenda nacional y convertirla en política de Estado.

Para ello, es deseable que la Secretaría de Economía como instancia reguladora para las inversiones y el desarrollo económico genere condiciones de equidad y de equilibrio regional, en cuanto al ofrecimiento de condiciones a las empresas para que se instalen en un estado o en otro, dependiendo de su potencial y bajo criterios de una mayor cooperación regional.

Debemos reconocer que la decisión para invertir en una entidad o en otra, no pasa necesariamente por el tema de competitividad o de infraestructura que, desde luego siempre será un reto permanente a tomar en cuenta, sino por decisiones discrecionales que afectan el equilibrio entre las regiones.

Es por ello que sería muy conveniente que ProMéxico firme un convenio de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para que a través de esta instancia se puedan aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico, tomando en cuenta sus criterios temáticos y geográficos, al tiempo de promover un sentido de cooperación regional para insertar a nuestro país en los grandes circuitos del comercio internacional y en la atracción de flujos de capital, a fin de lograr una sinergia que nos permita una transformación efectiva que vaya de lo local a lo global y viceversa.

Se trata de aprovechar las vocaciones naturales de cada región y trabajar coordinadamente con un sentido de complementariedad regional, desarrollando estrategias acordes a cada ubicación geográfica, e impulsando la inversión en infraestructura carretera, turismo, cultura y recursos mineros, agrícolas, ganaderos e industriales, con el propósito de potenciar el capital humano, social y natural de nuestras regiones.

Es imperativo reducir la brecha de los desequilibrios regionales para resolver el problema de la pobreza y el rezago social. Aprovechar las potencialidades de cada región incrementando la competitividad y las capacidades de inserción internacional a través de sectores detonadores y generadores de empleo, así como invertir en el desarrollo de capital humano acorde a las particularidades de las regiones y fomentar la transferencia de la innovación tecnológica.

De ahí este llamado a la Secretaría de Economía para que a través de ProMéxico se busque atraer inversión extranjera directa, de preferencia aquella que genere empleos, transfiera conocimientos, propicie el desarrollo tecnológico y aliente la proveeduría local en la cadena de valor, a partir de una visión regional para evitar la disputa entre entidades federativas para ser las destinatarias de recursos económicos provenientes desde el extranjero, así como incentivar la exportación de los productos de nuestras regiones.

Nuestra propuesta es que ProMéxico, organismo dependiente de la Secretaría de Economía que tiene como objetivos la planeación, la ejecución y la coordinación de una estrategia de atracción de inversión extranjera directa, ejerza acciones coordinadas con la CONAGO de tal manera que todas las regiones sean capaces de maximizar sus oportunidades de desarrollo, sin privilegiar a unas sobre otras.

Se trata como vemos, de consolidar a la CONAGO como una interlocutora permanente con ProMéxico, ya que el conocimiento de la problemática y las posibles soluciones desde lo local, están sobradamente diagnosticadas por esta instancia de gobernadores, lo que seguramente aportará a favor del desarrollo regional equitativo y el cumplimiento de los objetivos de la propia Secretaría de Economía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía (SE) para que a través de ProMéxico se firme un convenio general de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de que a través de esta instancia se puedan aportar visiones y soluciones de inversión y desarrollo económico desde lo local, tomando en cuenta sus criterios temáticos y geográficos, al tiempo de promover un sentido de cooperación regional como estrategia de atracción de inversión extranjera directa para maximizar las oportunidades de desarrollo y generar condiciones de equidad y de equilibrio entre las regiones de nuestro país.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de noviembre de 2013.

Suscribe

Sen. René Juárez Cisneros”.

Son todas las proposiciones de turno directo, señor Presidente.

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.

Compañeros Senadores, informo a ustedes que a petición del Senador Daniel Amador Gaxiola la iniciativa del grupo parlamentario del PRD, que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia política de la Ciudad de México se turna a la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano para que emita opinión.






Les informo también que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy, se turnarán a comisiones. Asimismo, las solicitudes de excitativas, una a la Cámara de Diputados y otra para Comisiones del Senado, se remitirán según correspondan.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE BECAS UNIVERSITARIAS GARANTIZADAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS

(Presentada por los CC. Senadores Ernesto Gándara Camou, Daniel Amador Gaxiola, Graciela Ortiz González, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Angel Benjamín Robles Montoya y María Marcela Torres Peimbert)








PROPUESTAS

Del C. Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Gobernación a reforzar la presencia del Ejército, la Marina Armada de México, la Policía Federal -división caminos- en las carreteras del estado de Nuevo León, así como las de libre peaje y de cuota Monterrey-Reynosa y Monterrey-Nuevo Laredo, con el objetivo de salvaguardar y mantener a la baja los delitos. Se turna a la Comisión de Seguridad.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y AL SECRETARIO DE GOBERNACION A REFORZAR LA PRESENCIA DEL EJERCITO, LA MARINA ARMADA DE MEXICO, LA POLICIA FEDERAL -DIVISION CAMINOS- EN LAS CARRETERAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ASI COMO LAS DE LIBRE PEAJE Y DE CUOTA MONTERREY-REYNOSA Y MONTERREY-NUEVO LAREDO CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR Y MANTENER A LA BAJA LOS DELITOS








De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo para expresar congratulación respecto de la nueva elección de los Estados Unidos Mexicanos como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.








De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo respecto a la violencia sufrida por niñas y niños en sus hogares. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.








De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo en relación con el cáncer de mama. Se turna a la Comisión de Salud.








EXCITATIVAS

De los CC. Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Roberto Gil Zuarth, del grupo parlamentario del PAN, en relación con el proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes. Se turna a la Cámara de Diputados.

“Los que suscriben, Luis Fernando Salazar FernAndez y Roberto Gil Zuarth, Senadores de la República en la LXII Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, solicitamos respetuosamente a ésta Presidencia que tenga a bien remitir al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Economía de ese órgano legislativo, con el fin de que se presente ante el pleno de dicha cámara el dictamen correspondiente a la Iniciativa que contiene proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de octubre de 2013 presentamos ante el Pleno de esta Cámara, los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Avila Ruiz y el que suscribe Luis Fernando Salazar Fernández del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que contiene proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes.

2. Con la misma fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió la iniciativa en comento a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 18 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidades de Hacienda y Crédito Público y Economía de ese órgano legislativo la iniciativa referida para estudio y dictamen correspondiente.

4. La iniciativa en comento propone incluir a nivel de Ley, medidas que permitan una competencia equitativa entre los productos nacionales y los importados. Se propone el establecimiento de una arancel verde a las importaciones que no cumplan con las mismos estándares ambientales para la comercialización de productos manufacturados en el país,lo que representa una opción recaudatoria de ingresos para el Gobierno que puedan estar direccionados a resolver los grandes rezagos de sustentabilidad en las poblaciones más vulnerables o marginadas del país; que permita destinar recursos a los gobiernos locales para realizar acciones de remediación de selvas y bosques, apoyo a la silvicultura; en general al fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

CONSIDERACIONES

Unico. Se remita a la Presidencia de la Cámara de Diputados ésta excitativa, a fin de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Economía de dicha Cámara presenten ante el pleno de ésta el dictamen de la “iniciativa que contiene proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles verdes.” presentada por los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Avila Ruíz y el que suscribe Luis Fernando Salazar Fernández del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fecha 17 de octubre de 2013 y tengamos la posibilidad de recibir con la mayor brevedad en la Cámara de origen la minuta relativa, para darle el trámite correspondiente.

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández.- Sen. Roberto Gil Zuarth”.






Del C. Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

“Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República por el estado de Tabasco, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216, del Reglamento del Senado de la República, solicito a esta Presidencia excite a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- El día 19 de marzo de 2013, presenté una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

2.- En la misma fecha, la mesa Directiva del Senado de la República, turno a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos dicha Iniciativa, para su análisis, estudio y dictaminación.

3.-La Comisión de Salud, en su carácter de coordinadora para la elaboración de dictamen de dicha Iniciativa, elaboró el dictamen correspondiente, por lo que en su V Reunión Ordinaria de fecha 23 de abril de 2013, fue suscrito y aprobado.

4.- En consecuencia, en fecha 26 de abril del año en curso, la Comisión de Salud turnó el Dictamen en comento a la Comisión de Estudios Legislativos, para los efectos conducentes.

5.- Cabe referir, que desde la fecha en que la Mesa Directiva de este Senado turnó dicha Iniciativa a dichas Comisiones, ya transcurrieron más de 20 días hábiles sin que se hubiere presentado al pleno del mismo, el dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

1.-Con el propósito de seguir impulsando cambios legislativos, que garanticen el derecho a la protección de la salud, concretamente, la infantil, me permití poner a su consideración de este Senado dicha Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, cuyo como objetivo es incluir en los servicios de salud de atención materno-infantil previstos en la ley, la detección oportuna y tratamiento temprano de lo que la ciencia médica, ha denominado como “Displasia en el desarrollo de la Cadera”.

2.-Hoy en día, se ha reconocido que las personas con secuelas de la Displasia en el Desarrollo de la Cadera, constituyen un grupo vulnerable, toda vez que padecen diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de la vida cotidiana.

3.- Esta propuesta de reforma, surge de la preocupación de que sólo existe una Norma para la prevención y control de los defectos al nacimiento, tal como lo es la Norma Oficial Mexicana-034-SSA2-2002, de ahí que existe la necesidad de legislar en esta materia.

4.- Al revisar algunas cifras sobre este padecimiento y de considerar que en México existe un subregistro de la enfermedad, es decir, los casos no se detectan desde recién nacidos, se deduce que en realidad el problema es de proporciones mayores.

5.-De ahí, que se tiene que legislar para lograr no sólo el diagnóstico sino también la atención temprana y tratamiento oportuno de esta patología.
Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República, dicte el trámite correspondiente a la siguiente:

EXCITATIVA

Unico.- La Mesa Directiva del Senado de la República, en uso y ejercicio de sus atribuciones y de su buen despacho excita a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para que emitan el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de noviembre de 2013.

Suscribe”.






Las efemérides se integrarán al Diario de los Debates.

EFEMERIDES

Del C. Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del PAN, en conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

“SEN. RAUL CERVANTES ANDRADE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

El pasado 18 de noviembre de 2013 se conmemora el DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO, auspiciado por la Organización de la Naciones Unidas.

Este Senado de la República ha Declarado la década 2011-2020 el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con la meta de reducir la mortalidad en México por causa de accidentes de tránsito.

En México los accidentes viales son un problema de salud pública porque provocan un fallecimiento cada 15 minutos, las lesiones y las discapacidades que producen requieren más de tres millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupan cerca de dos millones y medio de días-cama en los hospitales del sistema de salud.

Los sistemas de registro ubican a estos percances como la cuarta causa de muerte, precedidos sólo por las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las complicaciones de la diabetes mellitus.

Algunos estudios efectuados por países en desarrollo revelan que la mortalidad por accidentes viales ha aumentado significativamente en un período de 15 años: 450 por ciento en Tailandia, 250 por ciento en Venezuela y 600 por ciento en México.

Sin embargo, expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados y sus efectos adversos atenuados.

Es por lo anterior, y considerando que después de una accidente vehicular nada es igual, y que el 99% de los accidentes son prevenibles y evitables, hay que tomar conciencia que un vehículo automotriz es potencialmente un arma mortal y discapacitante, de ahí el exhorto a conocer y respetar las señales de tránsito, asegurar el vehículo mínimamente contra daños a terceros, realizarle mantenimiento preventivo periódico, evitar distracciones durante el manejo, asegurar a los pasajeros con cinturones de seguridad o aditamentos de retención para menores, evitar manejar en condiciones inapropiadas de salud que alteren y/o menoscaben las facultades de atención, visibilidad y de los reflejos motores del conductor.
Contra los accidentes viales, hay que manejar con responsabilidad.

Nuestra solidaridad y consuelo para las víctimas, familiares y amigos involucrados en accidentes viales.

H. Cámara de Senadores, a 19 de noviembre de 2013.

Sen. Francisco Salvador López Brito”.






De la C. Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD, en conmemoración del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

DE LA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN CONMEMORACION DEL 103 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA

“La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 76 fracción XI y 87 numeral 3, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente intervención para conmemorar el 103 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana al tenor de lo siguiente:

LA REVOLUCION MEXICANA Y LA DISPUTA POR LA NACION

La cancelación de los festejos del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana dice mucho de lo que es y representa el PRI actual y el gobierno de Peña Nieto.

El partido que nació de ese proceso revolucionario, que se autonombra “revolucionario”, pero institucional, gran paradoja, sin lugar a dudas, decide negar nuevamente su fuente fundacional: la Revolución que lo engendró y le dio origen.

Esto no debiese llevarnos a la extrañeza ni a la confusión. El PRI y su gobierno actual representa un proyecto neoliberal, oligárquico y profundamente autoritario.

El PRI abandonó desde hace más de 30 años, al menos desde 1982 con toda nitidez, cualquier signo de identidad con la Revolución Mexicana de 1910 y con el proyecto nacional que de ésta emanó.

De lo que sí sigue siendo un digno heredero es de la cultura y la práctica autoritaria, corporativa y corrupta que distinguió al régimen político de la Revolución, cuyo principal engendró fue el PRI.

Este PRI y el de principios de la década de 1980 es el mismo. Doce años fuera de la Presidencia de la República no los hizo recobrar sus raíces populares y nacionalistas, las autoritarias las traen en los genes; sino plegarse, como en todo el mundo lo han hecho las derechas a los dogmas del capitalismo neoliberal, al imperio del capital financiero, de los grandes monopolios, de las oligarquías de adentro y de afuera. Después de doce años de desastre panista, la oligarquía creó e impuso a sus nuevos acólitos y administradores: Peña Nieto y su partido, el de la Revolución Institucional.

Para la derecha actual en nuestro país no hay nada que festejar ni recordar de un proceso tan relevante para la vida nacional como la Revolución de 1910. Son modernizadores autoritarios, elitistas, oligárquicos como lo fue Porfirio Díaz, sus científicos y sus hacendados; precisamente aquéllos a los que las masas populares derrotaron y derrocaron por la vía de las armas a partir del llamado de Madero en el Plan de San Luis.
Conmemorar la Revolución Mexicana es reconocer que la historia la hacen los pueblos; Revolución significa ruptura del orden establecido y la transformación radical de las estructuras económicas, sociales y políticas imperantes, es también un cambio profundo en el nivel de conciencia y de actuación de las masas, del pueblo consciente y organizado.

La Revolución Mexicana es compleja y diversa. La historiografía es rica en interpretaciones sobre sus repercusiones, logros y límites. Sus corrientes y actores son muchos, así como sus etapas, pero nadie puede y debe negar su trascendencia en la historia de nuestro país.

La historia no es un pasado muerto que sólo sirve para la anécdota y la nostalgia. La historia nos dice lo que hemos sido en el devenir, es una herencia viva en el presente, es un referente para el futuro. Es el espejo de nuestros logros y frustraciones como nación, es la expresión de nuestras máscaras y de lo que verdaderamente somos y queremos ser como país.

El ejemplo y la herencia del Magonismo y los anarquistas, de Cananea y Río Blanco están presentes en las luchas obreras de nuestro tiempo, en las batallas por la igualdad social, en la congruencia y la no claudicación.

El Sufragio Efectivo, No Reelección es vigente hasta el día de hoy; la democracia política de Madero sigue siendo un gran pendiente para nuestra nación.

Zapata vive y la lucha sigue en defensa de la tierra, de los derechos de las comunidades, y las demandas de autonomía de los pueblos indios.

Villa y el ejemplo de los ejércitos campesinos, el pueblo en armas, en rebelión y lucha contra la opresión y la injusticia, inspiran, alimentan la conciencia en los de debajo de su fuerza, de sus potencialidades para enfrentar y derrotar a los tiranos.

Alvarado, Carrillo Puerto y los Socialistas del Sureste son un ejemplo de avanzada para el mundo. Una experiencia de transformación en lo local, de lucha de las mujeres por la igualdad y sus derechos, pero también de traición y cinismo de las elites locales.

La Constitución de 1917 vigente hasta nuestros días, aunque sea sólo en el papel, expresó los logros y los límites del proceso revolucionario. Definió la nueva legalidad e institucionalidad política derivada de la Revolución.

Los neoliberales, tanto del PRI como del PAN, se han encargado de conculcar y desmantelar muchas de las conquistas más importantes para las grandes mayorías del país. Reformaron el artículo 27 para privatizar los ejidos y las comunidades; han hecho su contra reforma laboral; atentan contra la educación pública, y hoy tratan de socavar la soberanía nacional entregando nuestro petróleo a los intereses de las grandes monopolios transnacionales; para eso quieren reformar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia energética.

Por eso el ejemplo y el legado del general Lázaro Cárdenas está vivo, presente, dando la batalla en la defensa de PEMEX y nuestra riqueza petrolera.

Este es el sentido y significado profundo de la Revolución de 1910, negarse a conmemorarla es querer matar la memoria histórica, es querer liquidar su herencia, es negar su aporte y su trascendencia.

Los neoliberales y la derecha no tienen patria, sólo tienen intereses, los de una minoría rapaz que se niega a perder sus privilegios y que desprecia profundamente nuestra historia y a nuestro pueblo.

Suscribe

Sen. Dolores Padierna Luna”.






CITA

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día de mañana jueves 21 de noviembre a las 11:00 horas.

Que tengan buena tarde, Senadoras y Senadores.

(Se levantó la sesión a las 17:12 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos

Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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