Senado de la República.
Sesión Plenaria.
Miércoles 16 de agosto de 2017
    
    

Última actualización: Junio 2017
Última revisión: Junio 2017

Diario de los Debates
LXII
              Legislatura
2o
Año
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DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


AÑO II                       Segundo Receso Comisión Permanente         LXII Legislatura                       Sesión Núm. 2



Presidente de la Mesa Directiva
Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sesión Pública de la Comisión Permanente Celebrada
en la Ciudad de México, el 07 de Mayo de 2014

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PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

APERTURA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: (11:25 horas) Buenos días, tengan todos ustedes.

El mayor de los éxitos en este periodo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.

- El C. Secretario Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION ANTERIOR

LXII LEGISLATURA
COMISION PERMANENTE
SEGUNDO RECESO
SEGUNDO ANO DE EJERCICIO

Sesion del 7 de mayo de 2 014.

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, EN SUSTITUCIÓN DE LA
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO

SEN. RENE JUÁREZ CISNEROS

DIP. MARCOS AGUILAR VEGA

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY

SEN. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA

DIP. VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA

SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA

DIP. FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ

DIP. HEBERTO NEBLINA VEGA, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA

DIP. RICARDO CANTÚ GARZA

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE

DIP. RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ

DIP. ALFONSO DURAZO MONTAÑO, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. RICARDO MONREAL ÁVILA

SEN. ARMANDO RÍOS PITER, EN SUSTITUCIÓN DE LA
SEN. ANGÉLICA DE LA PENA GÓMEZ

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS. EN SUSTITUCIÓN DE LA
SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ

SEN. OMAR FAYAD MENESES

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, EN SUSTITUCIÓN DEL
SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA

SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN

DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA

DIP. MARÍA DE LAS NIEVES GARCÍA FERNÁNDEZ

DIP. DORA MARÍA TALAMANTE LEMAS

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO, EN SUSTITUCIÓN DEL
DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO

DIP. FRANCISCO GONZÁLEZ VARGAS

DI P. MARÍA BEATRIZ ZAVALA PENICHE

SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

 

DIP. HECTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA

 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS

 

Señor presidente, hay una asistencia de 33 ciudadanos legisladores. Hay quórum.

PRESIDENCIA DEL C. SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

- El C. Presidente Senador Raúl Cervantes Andrade: Se abre la sesión de la Comisión Permanente, del miércoles 7 de mayo de 2014, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, lo puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria.






“ACTA DE LA SESION DE INSTALACION
CELEBRADA EL miércoles TREINTA
DE ABRIL DE DOS MIL catorce

PRESIDE EL DIPUTADO
JUAN PABLO ADAME ALEMAN

 

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las dieciocho horas con veinticinco minutos del miércoles treinta de abril de dos mil catorce, con una asistencia de veintiocho legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

El Presidente dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su distribución a los legisladores.

Se sometió a la consideración de la Asamblea un Acuerdo de los representantes de los Grupos Parlamentarios por el que se adiciona una Vicepresidencia a la conformación de la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- Fue aprobado en votación económica.

 

PRESIDE EL SENADOR
RAUL CERVANTES ANDRADE

 

El Presidente de la Mesa Directiva emitió la declaratoria de instalación de la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año del Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión.

El Presidente de la Mesa Directiva instruyó comunicar por escrito al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y a las legislaturas de los Estados, de la instalación de la Comisión Permanente y de la elección de la Mesa Directiva.

El acta de de la sesión de instalación se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión de instalación. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE GOBERNACION

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite similar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los documentos relativos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con el que se remite similar de la Secretaría de Economía, por el que informa sobre el estado que guarda el proceso de contratación de las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones externas durante 2014, a cargo de esa dependencia.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase la información descrita a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Asimismo, de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el Informe de la Visita Oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a la República de Honduras, así como de su participación en la IX Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina, en la República de Panamá, los días 2 y 3 de abril del año en curso.

“SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS

Oficio No. SELAP/300/888/14
México, D.F., 6 de mayo de 2014

 

CC. SECRETARIOS DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes

Por este medio hago de su conocimiento que por oficio número DEP-0549/14, el C. Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remite el informe de la Visita Oficial del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Honduras, así como de su participación en IX Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina en la República de Panamá, el pasado 2 y 3 de abril del año en curso.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

El Subsecretario

Lic. Felipe Solís Acero”.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.

Informo a la Asamblea, que los turnos de asuntos a comisión de esta Permanente, serán efectivos una vez que se apruebe el acuerdo para la conformación de comisiones. En tanto, los documentos se mantendrán en la Mesa Directiva.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos oficios con los que remite lo siguiente:

Los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2014; la información relativa a los montos de endeudamiento interno, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de marzo de 2014; información sobre la recaudación federal participable; e información por la que se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a la instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.






El documento en el que se explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en la que se incluyen de manera integral las obligaciones financieras del gobierno federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, un oficio con el Informe de las Unidades Responsables, correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, relativa al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicha documentación a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

- El C. Secretario Diputado Juan Pablo Adame Alemán: Se recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica, su primer Informe Trimestral 2014.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su informe de resultados, correspondiente al periodo enero-marzo de 2014.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicho informe a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






CAMARA DE DIPUTADOS

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados, por el que informa la modificación en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió un Acuerdo por el que, en el Marco de la Celebración del Día del Niño y de la Niña, se compromete a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado enterada. Remítase a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.






COMISION DE VIGILANCIA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibió un oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, con el informe semestral del estado que guarda la solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con corte del 31 de marzo de 2014, de la Auditoría Superior de la Federación.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Remítase dicha documentación a la Cámara de Diputados.

Pasamos al siguiente asunto.






COMUNICACIONES

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, de la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite su Primer Informe de Actividades Legislativas.








Una, de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, con la que remite el informe de su participación en la Instalación del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.








Tres, de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, con las que remite los informes de sus participaciones en:

• La reunión de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 7 de febrero de 2014, en Panamá;








• La 13a. Asamblea General de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, celebrada del 16 al 20 de marzo de 2014, en Ginebra, Suiza.








• La reunión de Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, celebrada el 4 de abril de 2014, en Panamá.








Y una, de la Senadora María Elena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión de Vivienda, con la que remite el informe de sus actividades en el Encuentro con los autores legislativos de la Ley 1537 de 2012 (Ley de Vivienda), celebrado los días 13 al 17 de marzo de 2014, en Bogotá, Colombia.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones.






En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(Presentada por la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI)

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas compañeras Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados federales.

El día de hoy presento una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo sobre uno de los temas que consideramos más guardado, como es el tema de la lucha libre.

La lucha libre es un deporte que remonta sus orígenes en Atenas donde su práctica se reducía a confrontaciones corporales con otros gladiadores. Por su parte, la Lucha Libre es una combinación de la lucha grecorromana con acrobacias y un tanto de teatralidad que, en el caso de la mexicana, es elemento esencial para considerarla como un espectáculo completo.

En 1970, estudiosos del derecho vieron la necesidad de que se regulara esta práctica para deportistas, hombres y mujeres, en la Ley Federal del Trabajo, por lo que se impulsó esta reforma a propósito de los Juegos Olímpicos del 68, que concluye el proceso con la creación de un Capítulo X dentro del Título Sexto de dicho ordenamiento jurídico denominado “Deportistas Profesionales”, disposiciones que se aplicaron a los deportistas profesionales, jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, luchadores y otros semejantes.

En su momento, la adición de ese capítulo fue un acto de vanguardia jurídica que propició modificaciones en las legislaciones de diversos Estados, ya que el motivo de las discusiones entre especialistas que concluyeron en la elaboración de esas disposiciones legales tenía que ver con dilucidar la existencia de una relación laboral entre deportistas y empresarios del rubro.

Desde esa fecha hasta la actualidad, no ha habido ninguna otra modificación; y la anulación a los derechos humanos, sobre todo a los derechos y prestaciones laborales, está a la orden del día.

A pesar de esta inclusión, de las y los deportistas en esta ley, vanguardista en su momento, sirvió de parámetro para legislaciones en otros países.

Dicho capítulo a la fecha no ha sufrido modificación alguna a pesar de que la lógica social nos arroja que las condiciones en que desarrollan su trabajo no son las mismas, por lo que en el marco de respeto a la igualdad de género, a las prestaciones laborales, así como al relativo de los goces que marca la Ley Federal del Trabajo, es pertinente se revise dicha modificación.

El objetivo de esta iniciativa, primero, tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo de las luchadoras profesionales, garantizando principalmente, que la realización de sus actividades profesionales se lleva a cabo en un espacio seguro y digno en donde no sean sujetas de discriminación de ningún tipo independientemente de las diferencias obvias de su actividad que se consideran en nuestra legislación.

Segundo, contar con condiciones adecuadas en que habrá de desempeñar su trabajo y la remuneración que habrá de percibir a fin de tener elementos probatorios en caso de controversia entre las partes, lo anterior mediante la firma de su respectivo contrato.

Y tercero, garantías de seguridad social en el marco de la legislación mexicana.

Finalmente, dotar de derechos laborales a las luchadoras profesionales dentro de su carácter de deportistas profesionales, además de acercar a dichas trabajadoras y trabajadores a los servicios de seguridad social que ofrece el Estado.

Por todo esto, pongo a su consideración la adición de un párrafo al artículo 292, un artículo 293 Bis, se reforma el artículo 297 y se adicionan las fracciones III y IV al artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo.

Y pido sea incorporado en todos sus términos esta propuesta, y agradezco mucho la presencia de luchadoras profesionales que están en este recinto y que han marcado la pauta en una lucha muy digna por el respeto a sus derechos humanos y a sus derechos laborales.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de ésta H. Comisión Permanente, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 292, UN ARTICULO 293 BIS, SE REFORMA EL ARTICULO 297 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III Y IV AL ARTICULO 300, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La lucha es un deporte que remonta sus orígenes en Atenas donde su práctica se reducía a confrontaciones corporales entre dos gladiadores que culminaban con la muerte de alguno de ellos; posteriormente, esa actividad se convirtió en un deporte olímpico que prevalece en los Juegos Olímpicos modernos. Por su parte, la Lucha Libre, es una combinación de la lucha grecorromana con acrobacias y un tanto de teatralidad que, en el caso mexicana es elemento esencial para considerarla como un espectáculo completo.

Aún cuando existen antecedentes procedentes de finales del Siglo XIX y principios del XX con exponentes y empresarios extranjeros, la práctica de la lucha libre en México se remonta a los años 30, en los cuales, el empresario Salvador Luteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, institucionalizando la práctica de este deporte; organización que prevalece en funciones hasta nuestros días bajo el nombre de Consejo Mundial de Lucha Libre.

A pesar de que en la década en que comenzó a operar la empresa fundada por el Señor Luteroth se tiene registro de la práctica de lucha libre femenil, las pocas exponentes del momento eran de origen extranjero, siendo la deportista de origen texano, Natalia Vázquez1 la considerada como la primer luchadora de ascendencia mexicana que practicó este deporte de forma fortuita al suplir a una gladiadora estadounidense quien se había lesionado momentos antes de una función.

No obstante que las participaciones de luchadoras extranjeras en México continuaron de forma esporádica durante la década siguientes, es hasta los años 50 en que se tiene registro de la participación de la mujer mexicana en la lucha libre, en un principio, de forma activa pero indirecta, ya que la colaboración de ellas se constreñía al acompañamiento de luchadores profesionales, tal y como sucedió con la denominada “Enfermera”, quien era la asistente del “Médico Asesino”. Es justo a mediados de esa década que surge la pionera de la lucha libre femenil mexicana: Irma González, gladiadora entrenada por luchadores de renombre y que, en poco tiempo se ganó un lugar en la historia del deporte debido a sus grandes y constantes logros.

A partir de ese momento, la participación femenil en el pancracio se convirtió en una constante que encumbró a mujeres de la talla de Magdalena Caballero, Martha “La Sarapera”, Chabela Romero, Toña La Tapatía, “La Jarochita” Rivero, Irma Aguilar, Lola González, Martha Villalobos, las hermanas Moreno, “Lady Apache” y muchas otras más.

La Lucha Libre se ha convertido en uno de los deportes más practicados del país y, de hecho, como espectáculo registra ganancias solamente superables por el fútbol soccer. De esta forma, sus practicantes, considerados como una categoría especial dentro de los deportistas profesionales, habían sido relegados durante mucho tiempo en cuanto a derechos laborales se refiere. Del análisis de dicha situación, en 1970 estudiosos del derecho convinieron en que era necesaria una regulación especial para deportistas en la Ley Federal del Trabajo, por lo que con ese impulso dogmático, aunado a la reciente celebración de los Juegos Olímpicos de México ’68, se concluyó el proceso con la creación del Capítulo X dentro del Título Sexto de dicho ordenamiento jurídico denominado “Deportistas Profesionales” y que se encuentra redactado de la siguiente manera:

CAPITULO X
Deportistas profesionales

Artículo 292.- Las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, luchadores y otros semejantes.

 Artículo 293.- Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios eventos o funciones. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.

Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un nuevo término de duración u otra modalidad, y el trabajador continúa prestando sus servicios, la relación continuará por tiempo indeterminado.

Artículo 294.- El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o funciones, o para una o varias temporadas.

 Artículo 295.- Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa o club, sin su consentimiento.

 Artículo 296.- La prima por transferencia de jugadores se sujetará a las normas siguientes:

I. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas que la contengan;

II. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y la empresa o club, y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la empresa o club; y

III. La participación del deportista profesional en la prima será de un veinticinco por ciento, por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento, se aumentará en un cinco por ciento por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo menos.

Artículo 297.- No es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos o funciones, de la de los equipos o de la de los jugadores.

Artículo 298.- Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Someterse a la disciplina de la empresa o club;

II. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora señalada por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones;

III. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las disposiciones de la empresa o club. Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación serán por cuenta de la empresa o club; y

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los deportes.

Artículo 299.- Queda prohibido a los deportistas profesionales todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los eventos, a sus compañeros y a los jugadores contrincantes.

En los deportes que impliquen una contienda personal, los contendientes deberán abstenerse de todo acto prohibido por los reglamentos.

Artículo 300.- Son obligaciones especiales de los patrones:

I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos; y

II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 71.

Artículo 301.- Queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida.

Artículo 302.- Las sanciones a los deportistas profesionales se aplicarán de conformidad con los reglamentos a que se refiere el artículo 298, fracción IV.

Artículo 303.- Son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de trabajo;

I. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina; y

II. La pérdida de facultades.

En su momento, la adición de ese capítulo fue un acto de vanguardia jurídica que propició modificaciones en las legislaciones de diversos Estados, ya que el motivo de las discusiones entre especialistas que concluyeron en la elaboración de esas disposiciones legales tenía que ver con dilucidar la existencia de una relación laboral entre deportistas y empresarios del rubro. Al respecto el Doctor de Buen señalaba:

“…A pesar de no haber sido coincidentes las opiniones emitidas - nos dice – privó en todos el punto de vista laboral, al considerarse que en esa relación había el nacimiento de una relación de trabajo de índole especial, tanto porque el tipo de prestación del servicio queda sujeto a una subordinación técnica y económica distinta de la del trabajador obrero, como por la forma de pago que se establece y las condiciones fijadas precisamente en dicha prestación.”2

Y de esos análisis es precisamente que se desprende la existencia de una relación laboral en función de encontrarse dentro de alguno de los elementos que determinan la calidad de patrón y trabajador cuando de deporte profesional se trata:

“Parte nuestra legislación de una realidad: los equipos deportivos dedicados al espectáculo son verdaderos negocios o empresas cuyos fines son preponderantemente económicos; el deporte se ejercita con ánimo de lucro; el jugador es un sujeto subordinado a los intereses del propietario y éste actúa como patrono con las ventajas de su calidad. Cuatro características distinguen este contrato especial: 1. El papel patronal asumido por el propietario de un equipo que contrata los servicios de un jugador; 2. El lugar de prestación del servicio; 3. El uso permanente que debe hacer el jugador del uniforme o “camiseta” como en términos comunes se llama a este; y 4. La dependencia directa y exclusiva que se establece entre la empresa o club deportivo y el jugador.”

A pesar de que dicha inclusión en la Ley fue vanguardista en su momento y sirvió de parámetro para legislaciones de otros países, asentando la existencia de una relación laboral en este sector.

Actualmente se encuentra detenida frente a los retos de una economía global cambiante en donde el otro Estado de Bienestar ha sido sustituido por un libre mercado en el cual cada individuo debe proveer lo conducente para su retiro pensando siempre en sus necesidades actuales. Dicho capítulo no ha sufrido modificación alguna a pesar de que la lógica social nos arroja que las condiciones en que desarrollan su trabajo no son las mismas, por lo que en el marco de respeto a la igualdad de género, así como en lo relativo al goce de los derechos laborales mínimos, es que se sostiene la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo, de tal modo que la protección a los deportistas profesionales, las luchadoras profesionales, entre ellos, sea plena de acuerdo a sus necesidades actuales.

Al respecto, el Informe V de la 95ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en 2006, señaló que:

“…la protección de los trabajadores constituye la esencia del mandato de la OIT. En el marco del Programa de Trabajo Decente, todo trabajador, independientemente de su situación en el empleo, debería desempeñar sus funciones en condiciones de dignidad y de respeto.”3

Evidentemente, al ser el mandato derivado de un organismo internacional que rige lo relativo al tema laboral, y en atención a que nuestro país se adhiere a dichos instrumentos internacionales por mandato constitucional, se infiere un compromiso de todos los actores de nuestra nación por velar esas condiciones de dignidad y respeto, entre las que se incluyen principalmente el derecho a ser contratado conforme a la ley y trabajar en condiciones adecuadas y contar con los elementos de seguridad social al alcance con el fin de conformar la estructura de un trabajo digno como un derecho humano que todo individuo debe gozar.

La presente iniciativa, tiene como principal objetivo: Proveer al deportista profesional, entre ellos a las luchadoras, de elementos que le permitan mejorar sus condiciones de trabajo en tres ejes:

1. Desenvolver sus actividades profesionales en un espacio seguro y digno donde no sean sujetos de discriminación de ningún tipo independientemente de las diferencias obvias de su actividad y que ya se consideran en nuestra legislación.

2. Contar por escrito con las condiciones en que habrá de desempeñar su trabajo y la remuneración que habrá de percibir a fin de tener elementos probatorios en caso de controversia entre las partes.

3. Disfrutar de garantías de seguridad social en el marco de la legislación mexicana vigente.

En el primer punto nos referimos a que nadie debe ser sujeto de discriminación en el desempeño de su trabajo. A pesar de que en el capítulo citado de la Ley Federal de Trabajo se señala que es posible la estipulación de salarios distintos para trabajos iguales, ello no quiere decir que a priori, los empleadores pueden señalar un salario para unos deportistas en detrimento de otros, máxime cuando se trata de paridad de género, por lo que es importante anexar lo conducente a la prohibición de discriminación por razón de género de forma irrazonable.

En consonancia con lo anterior la Encuesta Nacional Sobre Ocupación y empleo de 2010 arrojó que, en promedio, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el desempeño de las mismas actividades fue de 8.2% en detrimento del sector femenino, considerando que en algunas actividades la diferencia promedio rebasa los 40 puntos porcentuales. Desde luego, es comprensible que en cuestiones deportivas el salario no sea igual por cuestión de capacidades o entradas que se reflejen en taquilla (entendiendo al deporte como un espectáculo), sin embargo esa diferencia debe llevarse a cabo de forma razonada y sin sesgos discriminatorios de ningún tipo.

Sirve de apoyo a lo anterior el Convenio sobre Igualdad de Remuneración que a la letra señala en su artículo 1:

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:

a) El término "remuneración" comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;

b) La expresión "igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor" designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.

Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad y ratificada por México en 1981, en su artículo 1 señala que:

“…la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Incluso en su artículo 2, dicha Convención ordena a los Estados Partes a:

Que adopten medidas, entre ellas de carácter legislativo, para eliminar todo tipo de discriminación de la mujer, es por ello que la presente iniciativa tiene la intención de generar ordenamientos jurídicos armónicos que de forma expresa prohíban la discriminación de género, para desterrar el lastre de la inequidad y las oportunidades disímiles.

Además de evitar la discriminación, es necesario, de acuerdo al citado ordenamiento internacional, garantizar que las mujeres cuenten con la estructura laboral suficiente que les permita desarrollarse y protegerse a ellas y a sus familias, sobre todo tratándose de labores tan inestables como lo puede ser el deporte profesional.

Al respecto la CEDAW señala en su artículo 11 que se debe garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como el acceso a los servicios de seguridad social, ya que, en el caso de las luchadoras profesionales, el riesgo que implica su labor requiere de una planeación a futuro donde se les garantice un retiro digno.

Independientemente de los esquemas que se pudieran plantear en términos de seguridad social para este sector de trabajadoras, el cual habrá de estar en coordinación con los ordenamientos jurídicos de la materia, como la Ley de Seguridad Social a través del Régimen Voluntario por ejemplo, las luchadoras profesionales, y deportistas en general, requieren de elementos fácticos que les protejan en caso de controversia con el empleador, tal y como sucede en otros casos regulados por la Ley Federal del Trabajo. En la especie, nos referimos a la obligación que tienen los patrones (en este caso, las empresas que contratan luchadores profesionales) de emitir un contrato por escrito donde se señalen la condiciones mínimas para la prestación del servicio, así como el pago de una contraprestación acordada de antemano, así como otras circunstancias que forzosamente deben señalarse en dicho documento.

Por lo anteriormente descrito, la finalidad de la presente iniciativa es: Dotar de derechos laborales a las luchadoras profesionales dentro de su carácter de deportistas profesionales, además de acercar a dichas trabajadoras y trabajadores a los servicios de seguridad social que ofrece el Estado

Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo al artículo 292, un artículo 293 Bis, se reforma el artículo 297 y se adicionan las fracciones III y IV al artículo 300, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 292.- …

Los deportistas profesionales que presten servicios a un empleador, sea éste club, empresario, promotor o institución, tendrán el carácter de trabajadores.

Artículo 293 Bis.- El contrato de trabajo que suscriban las y los deportistas con los patrones deberá ser formalizado por escrito en duplicado; un ejemplar de los contratos quedará en poder del empleador y el otro en poder del deportista profesional.

En dicho contrato habrá de constar, como mínimo, los siguientes rubros:

a) La identificación de las partes;

b) El objeto del contrato;

c) La contraprestación o salario acordado incluyendo bonos, premios y regalías, además de los días plazos y lugar en que las cantidades habrán de ser pagadas;

d) La duración del contrato; y

e) El lugar de prestación del servicio incluyendo lo relativo a traslados en caso de ser más de un sitio en el cual el trabajador prestará su servicio.

Cuando el trabajo del deportista se deba llevar a cabo fuera del lugar de residencia del deportista deberá estipularse en el contrato que los gastos de traslado, alimentación, hospedaje, seguro contra accidentes y otros relativos al desempeño de la labor, correrán por cuenta exclusiva del patrón.

Artículo 297.- No se podrá hacer distinción en el pago de salarios por motivos de género, raza, etnia, edad, religión, preferencias sexuales o cualquier otro motivo que implique discriminación y, por lo tanto, violación del principio de igualdad de salarios.

Artículo 300.- Son obligaciones especiales de los patrones:

I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos periódicos;

II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 71;

III. Inscribir a las y los deportistas en el sistema de seguridad social en los términos señalados en las leyes y reglamentos de la materia; y

IV. Contratar para el deportista un seguro por incapacidad, invalidez o muerte, cuando la lesión o pérdida de la vida tuvieran su causa en el ejercicio del deporte. Lo anterior sin perjuicio de las prestaciones de

ARTÍCULO TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente,
a 7 de mayo de 2014.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 http://los21.com/deportes21/?p=3171

2 BARAJAS Montes de Oca, Santiago, Los Contratos Especiales de Trabajo, México, UNAM, 1992, Pág. 94

3 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gastélum Bajo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.






Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar a nombre propio y del Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE INTERNET

(Presentada por el C. Senador Armando Ríos Piter a nombre propio y del C. Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD)

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores de esta Comisión Permanente:

Es para mí muy importante transmitir a ustedes la presentación de este proyecto de iniciativa de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, especialmente en el contexto que vivimos en esta Comisión Permanente.

Hace algunas semanas se debatió fuertemente, aquí en el Senado de la República, un dictamen que generó una enorme polémica, o más bien la idea de generar un dictamen por parte del Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Senador Javier Lozano, que no había, que no estaba basado en el propio Reglamento y la Ley Orgánica, en la conformación por parte de la Mesa Directiva, que no había tenido la participación de todos los grupos parlamentarios y que por ser motivo de solamente una adición de un legislador, pues generó no solamente que no se pudiera debatir dicha ley, sino que hoy estemos emplazados a discutir la Ley de Telecomunicaciones en un futuro periodo extraordinario.

Pero este contexto integral que vivimos aquí en el Senado, y en el propio contexto del Congreso de la Unión, ha estado acompañado por importantes movilizaciones de cientos de miles de hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores en toda la República.

Hace tan sólo algunos días vimos como Paseo de la Reforma de manera inesperada por la comunicación que se hizo a través de las redes sociales, generó que miles de personas salieran a marchar para defender su acceso a la información, para defender los derechos que hoy el Internet y la banda ancha han posibilitado para millones de hombres y mujeres en todo el territorio nacional.

Y, traigo esto a consideración, compañeras y compañeros, porque no es cosa menor que en el debate de la iniciativa que presentara el Presidente Peña Nieto, pues tiene muchos filos que van en contra del espíritu de la reforma constitucional, y que van en contra del derecho a la información que ya está consolidado en el artículo 6o. y en el artículo 7o. constitucional, que va en contra del espíritu de esa reforma que este Congreso de la Unión hizo suya y que logró, por unanimidad de votos, sacar adelante.

Estamos hablando de que en esta iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo se mantiene el bloqueo de señal en zonas determinadas, la censura previa de contenidos, el almacenamiento de datos de los usuarios sin orden judicial, la obligación de los concesionarios de proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad, la obligación de permitir la intervención por parte del gobierno de las comunicaciones privadas, así como la obligación de los concesionarios a conservar un registro y control de los usuarios y las comunicaciones efectuadas durante dos años.

También la intención, de esta iniciativa, de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para lo que ellos consideran seguridad pública, así como la solicitud de las autoridades competentes.

Ese corolario de temas, compañeros y compañeras, es un debate que está en las calles el día de hoy; es un debate que mantienen los ciudadanos y las ciudadanas de este país en las redes sociales, porque es una iniciativa, la que presentó Peña Nieto, que va en contra de lo que se ha alcanzado en materia de derecho a la información, y eso debería ser preocupación de todas y de todos los legisladores, no solamente los que estamos hoy en la Permanente, sino los que estamos a punto de discutir un dictamen que, leía yo hoy declaraciones del Presidente de la Comisión de Comunicaciones, de Javier Lozano, quien insiste en querer ser la persona que vaya administrando a cuentagotas ese dictamen que se va a discutir, y va en una visión bastante, limitada tratando de dar planteamientos sobre cómo mejorar ese dictamen que a todas luces ha sido rechazado por la sociedad, que a todas luces mantiene esa visión de inhibir, de limitar, de bloquear el acceso a la información que tan preciado es por la gente y que, reitero, ha sido motivo de movilización de muchas personas que están pendientes y que están preocupadas por esta iniciativa.

Y lo que queda claro en las declaraciones del Presidente de la Comisión de Comunicaciones, es que se carece de una visión integral, que no hay interés de garantizar el acceso a la información, de que sea verdaderamente un derecho que en esta ley reglamentaria esté claramente consolidado.

Y precisamente por eso, compañeras y compañeros, yo ofrezco a ustedes para su lectura, para su revisión, para su análisis y para que conceptos que están en esta iniciativa sean incorporados al debate, una visión integral de lo que tenemos que tener en un país de 115 millones de personas con las graves carencias que tenemos de acceso a información en nuestro país, una visión integral de un modelo que garantice que no haya un solo joven, que no haya un solo adulto mayor, que no haya un solo niño que no tengan en el Internet y en la banda ancha un verdadero instrumento democrático de acceso a lo que es la información como un elemento de justicia social.

Y por eso, compañeras y compañeros, esta iniciativa que estamos presentando que busca regular los artículos 6o. y 7o. constitucionales, establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de las tecnologías de la información y comunicación.

Establecemos la protección de los datos personales conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Unicamente, en el planteamiento que estamos haciendo, podrán llevarse a cabo acciones que bloqueen o impidan el acceso a cualquier sitio o portal en Internet mediante orden o resolución judicial debidamente fundada y motivada.

Estamos planteando como un principio indispensable la libertad para el usuario de accesar a cualquier contenido que esté disponible en el Internet, sea cual fuera la naturaleza de éste, lo quiero subrayar porque es uno de los principios de una sociedad moderna: tener capacidad de decidir y libertad plena de qué es lo que se puede conocer a través del Internet.

La protección al usuario en cuanto a datos personales no podrán ser divulgados ni revelados a terceras personas conforme a la ley en materia de protección de datos personales.

La obligación de los prestadores de servicios de Internet a garantizar la confidencialidad de los datos que les sean proporcionados por el usuario para que no sean divulgados a terceras personas.

Las comunicaciones o archivos serán totalmente confidenciales para la protección del usuario, en su defecto, las autoridades serán las únicas con las facultades de solicitar la información necesitada antes debidamente fundamentada.

Por último, el acceso libre al servicio público de conexión a Internet será mediante el aprovechamiento de los recursos, inmuebles e instalaciones de las dependencias y entidades del Estado mexicano.

Les comparto esta iniciativa, compañeras y compañeros, porque este debate que hoy estamos llevando a cabo en el Congreso de la Unión, y que será motivo de un periodo extraordinario, no es exclusivo de México. Brasil recientemente acaba de aprobar una iniciativa, un dictamen que va a favor del acceso a la información.

Si México quiere ser un país donde la democracia, donde la justicia social, donde la distribución del ingreso sean plenos y sean reales para todas y todos sus ciudadanos, entonces tenemos que encontrar que lo que aprobamos en la discusión constitucional se vuelva una realidad en las leyes reglamentarias.

No estaremos de acuerdo en el PRD de hacerle el juego al gobierno, de hacerle el juego al Presidente de la Comisión de Comunicaciones, pero sobre todo, impulsaremos esto como un derecho ciudadano, porque, compañeras y compañeros, hay cientos, hay miles, hay millones de usuarios de Internet que hoy lo que reclaman de nosotros es verdadero acceso a la banda ancha, es acceso a la información y es capacidad de encontrar en este elemento de tecnología un instrumento de democracia como el que requiere el país moderno que estamos destinados a ser.

Revisémoslo y discutámoslo, y no le hagamos el juego a los intereses económicos, ¿qué dijimos en la reforma constitucional?, que estábamos decicidos a confrontar, y ahora la propuesta de dictamen y la iniciativa del titular del Ejecutivo va contra el espíritu de lo que aquí votamos.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senador Ríos Piter. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.






Se recibió del Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del PVEM, un proyecto de Decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 5, FRACCION XIV DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

(Presentada por el C. Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del grupo parlamentario del PVEM)

“Quien suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTICULO 5, FRACCION XIV, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación de inseguridad y violencia recurrente que se estaba viviendo en diversas regiones del país, la cual atentaba directamente en contra de la paz, la tranquilidad y el pleno ejercicio de las libertades de los mexicanos, llevó al titular del Poder Ejecutivo Federal a proponer reformas encaminadas a reforzar la coordinación permanente de las tareas de seguridad y de todos sus instrumentos en el ámbito operativo y de decisión en la materia.

Fue por ello que la LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó, en diciembre de 2012, modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se concentran las competencias y en general las reglas de operación de la estructura gubernamental, con objeto de dar una respuesta oportuna a las necesidades de la sociedad en materia de seguridad.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero del año 2013, se estableció que la Secretaría de Gobernación sería la dependencia a la cual le corresponderían las atribuciones para encabezar las políticas en materia de seguridad interior y seguridad pública; de prevención del delito; así como del sistema penitenciario a nivel federal. En consecuencia, se propuso simultáneamente la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, institución a través de la cual el gobierno federal había venido atendiendo las responsabilidades en mención.

En este marco, no puede pasar desapercibida la necesidad de actualizar todo el orden normativo vinculado a las modificaciones realizadas a la ley reglamentaria del artículo 90 Constitucional, con el objeto de que todas las piezas del sistema embonen cabalmente y se garantice con ello la coherencia y sistematicidad del Derecho Público mexicano.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las modificaciones legales aprobadas por el Poder Legislativo, tienen la finalidad de aumentar las capacidades del Estado para hacer frente a las necesidades presentes y futuras de la población. Una legislación adecuada asegura que los derechos, las responsabilidades, las calificaciones y los cometidos de cada uno de los participantes en un determinado proceso, sean definidos y reconocidos de manera precisa, con lo cual se instituyen las bases jurídicas que hacen posible el control normativo de las actividades que realiza el Estado.

Por su parte, nuestra Carta Magna, para garantizar el estado de derecho, y evitar que los gobernantes actúen discrecionalmente, contiene un principio de legalidad que se desprende de la interpretación del texto de su artículo 16, en virtud del cual se establece que toda autoridad debe ceñir su actuación única y exclusivamente a lo que disponga la ley.

En términos del jurista italiano Riccardo Guastini, se llama principio de legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos al imperio de la ley, de tal forma que todos sus actos deben ejecutarse conforme a disposiciones de carácter general previamente dictadas, bajo la pena de invalidez.1Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea realizado conforme a la ley.

Atendiendo al principio en cuestión, resulta imprescindible realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias en materia de seguridad pública afectadas por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del año 2013, mediante el cual se redefine la estructura jurídica de la administración pública federal. Lo anterior, a efecto de evitar vacíos legales que obstaculicen el cabal cumplimiento de las nuevas responsabilidades conferidas a la Secretaría de Gobernación.

Dado que los cambios descritos han impactado de forma directa en todo el contexto del orden jurídico nacional, han sido varios los esfuerzos legislativos por alcanzar la regularización del marco normativo en materia de seguridad con la finalidad de garantizar la armonía y concordancia de nuestra legislación.

Ejemplo de lo anterior son las iniciativas propuestas por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, las cuales plantean reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la Ley de la Policía Federal.

En el caso de la primera iniciativa, presentada el 20 de noviembre de 2013, cuyo decreto pretende reformar los artículos 12, 27 y 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cabe destacar que ya ha sido aprobada por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, misma que publicó el dictamen correspondiente en la Gaceta Parlamentaria del pasado 22 de abril, el cual se encuentra en espera de ser puesto a la consideración del pleno de la Asamblea.

No obstante la relevancia de los cambios propuestos por la iniciativa en cuestión, los cuales tienen como finalidad concreta evitar confusiones en la conformación del máximo órgano de la Seguridad Pública en nuestro país, así como en la denominación e integración de la Conferencia Nacional de Titulares de Seguridad Pública, subsisten aún en la Ley referencias a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, lo cual como ya se ha señalado podría interferir con el buen desempeño de las funciones recientemente asignadas a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad.

En este sentido, estimamos conveniente reformar la fracción XIV del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativo a las definiciones, en virtud de que afecta la interpretación de varios artículos subsecuentes.

Es el caso del artículo 30, primer y segundo párrafos; del artículo 48 primer párrafo; así como del artículo 150, primer párrafo, en los cuales se hace referencia a “la Secretaría”, como se muestra en el siguiente cuadro:

Texto de los artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica cuya interpretación resulta afectada por la redacción actual de la fracción XIV del artículo 5 de la misma

Artículo 30.- La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

Artículo 48.- En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:

I. Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;

II. Los aspectos que contendrá el Programa Rector;

III. Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales;

IV. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación;

V. Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones Policiales;

VI. Los programas de investigación académica en materia policial;

VII. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de candidatos a las Instituciones Policiales;

VIII. La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su competencia, y

IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Artículo 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado y monitoreo electrónico; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local, misma que no excederá los requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo noveno, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.

El hecho de que en el texto de los artículos señalados se haga referencia a “la Secretaría” sin especificar de cuál de ellas se trata, obliga a quien la consulta a remitirse al artículo 5, en el cual se precisa qué se entiende por Secretaría para efectos de la Ley en comento. Sin embargo, como ya se mencionó, la redacción actual del artículo 5 señala que por Secretaría debe entenderse Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal cuando en realidad, en apego a los cambios realizados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en diciembre del año 2012, debería decir Secretaría de Gobernación.

Por lo anteriormente expuesto, en aras de adecuar lógica y semánticamente la norma en comento se pone a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el artículo 5, fracción XIV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XIII.

XIV. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;

XV. a XVI.

ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, a 7 de mayo del año 2014.

Dip. Enrique Aubry De Castro Palomino”.

1 Véase, GUASTINI, Riccardo, “Estudios de Teoría Constitucional”, Fontamara-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2001.





Se concede el uso de la tribuna a la Diputada Dora María Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 259 BIS Y SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 260 Y UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION III DEL ARTICULO 266 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

(Presentada por la C. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del grupo parlamentario de Nueva Alianza)

- La C. Diputada Dora María Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia.

El abuso y el hostigamiento sexual son manifestaciones de violencia y discriminación de género que se presenta no sólo en la esfera doméstica, también se pueden observar en los lugares de trabajo y constituyen una de las experiencias más evidentes de la distribución desigual y jerárquica del poder entre hombres y mujeres de la sociedad.

Como mujer y legisladora creo firmemente en que debemos impulsar mejores condiciones de convivencia social, laboral, educativa o económica, de tal manera que sin distingo de clase, raza, género, religión o cualquier otra categoría, las mexicanas y los mexicanos encontremos las condiciones que fomenten nuestro crecimiento y desarrollo personal, familiar y profesional y en caso contrario, y esta conducta se sancione con la severidad que amerite.

Si bien la violencia no es exclusiva de las mujeres es significativo que somos quienes más la padecemos, en donde ocho de cada diez mujeres que trabajan lo hacemos en condiciones de informalidad, en que al menos dos de cada diez perciben salarios mínimos, o menos, y en el que predomina el contexto de violencia, machismo y discriminación.

También es significativo que esta violencia no sólo se presente en el ámbito familiar o privado. Registros del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de la Función Pública indican que, durante el año 2012, se presentaron 26 mil casos de hostigamiento sexual en 258 dependencias gubernamentales, aunque sólo se denunciaron ocho mil de ellos.

Atenta y sensible a esta realidad, formulo y expongo a nombre de mi grupo parlamentario estas reformas y adiciones al Código Penal Federal, en primer término refiriéndome a la reforma al artículo 259 Bis, porque es incomprensible que el hostigamiento sexual sólo esté sancionado hasta 40 días, cuando el daño que se causa a la persona es de dimensiones descomunales, ampliando la brecha entre el daño producido y el castigo recibido, contradiciendo con toda claridad con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22 constitucional.

En función de ello, propongo una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario, y si el hostigador fuese servidor público, además de la pena mencionada se propone la destitución de su cargo y la inhabilitación para ocupar otro de carácter público, homologando la sanción conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 266 Bis del mismo ordenamiento.

Además, a efecto de combatir el desamparo en que se deja a la víctima de estos delitos, se propone suprimir, como requisito para que el delito sea punible, el daño o perjuicio, modificando a fin de establecer que el delito sea castigado cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule sea laboral, doméstica o de cualquier otra índole.

En cuanto a las adiciones, en primer lugar incorporo un párrafo sexto al artículo 260 del citado Código, a fin de considerar como agravantes el daño causado; cuando la víctima sea menor de edad, adecuando la progresividad de la sanción tanto penal como económica.

Finalmente, la adición de un párrafo segundo a la fracción III del artículo 266 Bis del Código Penal Federal, está orientada a crear un registro sistematizado de los servidores públicos que hayan incurrido en conductas de hostigamiento y abuso sexual.

Con el propósito de instituir una especie de buró público que dé cuenta de las conductas indebidas de funcionarios públicos federales que hayan incurrido en estos delitos.

La propuesta está orientada a inhibir las conductas sancionadas en la presente iniciativa, en virtud de que este buró contendrá los registros de quien se haya aprovechado de su cargo para hostigar o abusar sexualmente de sus subordinados o pares en sus lugares de trabajo y que en un ejercicio de transparencia puedan ser consultadas por cualquier ciudadano, además de proporcionar mecanismos jurídicos para que las víctimas de estos delitos denuncien sin temor a represalias o venganzas.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Iniciativa

“La que suscribe, DORA MARÍA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 259 BIS, SE ADICIONA UN PARRAFO AL 260 Y SE ADICIONA UN PARRAFO SEGUNDO A LA FRACCION III DEL ARTICULO 266 BIS TODOS DEL CODIGO PENAL FEDERAL, a partir de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El abuso y el hostigamiento sexual son prácticas de violencia y discriminación de género que trasciende la esfera doméstica y se manifiesta particularmente en el lugar de trabajo. Constituye no sólo una de las expresiones más evidentes de la distribución asimétrica y jerárquica del poder entre hombres y mujeres en la sociedad, sino a la vez un mecanismo que contribuye a reforzar la subordinación de las mujeres históricamente estandarizada.

El derecho recoge los principios jurídicos para incorporarlos a normas legales y consigna que la pena (entendida como sanción punitiva), deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Esto es, el derecho penal castiga con mayor rigor la puesta en peligro o la lesión de los bienes jurídicos cuya afectación quebranta los valores sociales fundamentales.

Sin embargo, esa proporcionalidad no se guarda, por lo que se refiere al delito de hostigamiento sexual, previsto y sancionado por el artículo 259 bis del Código Penal Federal, mismo que con la presente expresión legislativa se propone reformar, con la finalidad de sancionar en sus verdaderas dimensiones esta conducta típica1.

En los términos en que se encuentra el precepto de mérito no salvaguarda esa correspondencia, toda vez que prevé como pena una multa de hasta cuarenta días al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación.

Como sabemos el hostigamiento sexual es una forma de violencia mayoritariamente dirigida en contra de las mujeres que transgrede la integridad física, psíquica y económica de las víctimas; elimina sus oportunidades de desarrollo y la posibilidad de desenvolverse en un ambiente sano, digno y seguro, afecta bienes jurídicos como la libertad sexual, la salud física y mental de la víctima.

Muchas de las víctimas que sufren este tipo de delito prefieren quedarse calladas ante el ilícito y por eso no hay muchas denuncias2, pocas son las personas que se animan a romper el silencio, hasta que se hartan de vivir con miedo por las amenazas de todo tipo que reciben, el espacio de trabajo se vuelve cada día una tortura.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, en México durante el año 2012, se presentaron 26, 000 casos de hostigamiento sexual en 258 dependencias gubernamentales, aunque sólo se denunciaron 8,000 de ellos.

De 70% de las empleadas que han sufrido un tipo de hostigamiento sexual, 60% decide renunciar antes de acudir a denunciar o concretar el acto del hostigamiento sexual. Mientras que 25% de estas mujeres son despedidas por no dar cumplimiento a las peticiones del acosador. Esta cifra es conservadora, debido a que se trata de un acto ilícito que en 99.7 por ciento de los casos no se denuncian y tiene el índice más alto de impunidad3.

En el ámbito federal este problema no es menor, debido a ello el gobierno se propuso erradicar las prácticas de acoso y hostigamiento sexual, en la administración pública para el año 2015, por lo que reforzará las unidades de denuncia, seguimiento, y registro de este tipo de prácticas, además de homologar las sanciones, conforme a las internacionales4.

De conformidad con el Instituto Nacional de las Mujeres 15 por ciento de los servidores públicos ha sido señalado en encuestas que han sido víctimas de estas prácticas.

Según la Primera Encuesta de Cultura Institucional que se realizó en 2008, se denunciaron 25 mil 728 casos de acoso y hostigamiento sexual, en tanto que sólo 7 mil 796 hubo una denuncia formal. En tanto la segunda encuesta practicada en 2011 hubo un registro del orden de 28 mil 751 casos de los mismos delitos5.

En la mayoría de los casos, sus jefes las hostigan para mantenerlas en un cargo o ascenderlas, y en caso de que ese método no tenga éxito simplemente les aplican la “congeladora laboral” y las despiden de su fuente de trabajo, lo que significa un inconveniente para el desarrollo femenino, que se traduce una acción discriminatoria, que consecuentemente disminuye su productividad laboral, porque provoca sentimientos encontrados como frustración, impotencia, miedo, coraje, desesperanza, etc.

No hay un sólo prototipo de personas que sufren este maltrato, el número mayor de victimas son mujeres, van desde las que cuentan con un bajo nivel escolar hasta mujeres profesionistas con estudios de licenciatura o maestría, y son quienes ocupan cargos más importantes6.La represalia contra la negativa del hostigamiento sexual consiste en que el jefe impida el desarrollo de una mujer, que la comienza a acosar para mantenerla en un cargo o que evitar que pueda ascender a otro nivel, por eso es muy importante que se denuncien estos casos'

Argumentación.

Es incomprensible que el hostigamiento sexual solo este tipificado en el Código Penal Federal, con sanción de hasta 40 días multa, cuando el daño que se causa a la persona es de dimensiones descomunales, ensanchándose la brecha entre el daño producido y el castigo recibido, atento a lo argumentado en Nueva Alianza consideramos que el articulo 259 bis riñe con toda claridad con el principio de proporcionalidad, previsto en el articulo 22 constitucional.

 

Ahora bien en el derecho comparado interno vemos con cierta preocupación que en otras legislaciones, del derecho interno, se sanciona con prisión al hostigador y acosador sexual, como lo que sucede en el Estado de Hidalgo, nos daremos cuenta que para el Código Penal de esta entidad establece en su artículo 189 bis:

al que con fines lascivos, asedie a una persona, se le impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de 40 a 80 días, esta penalidad se refiere la acoso sexual, en cambio para el hostigamiento sexual prevé

Que se duplicará la punibilidad prevista en el párrafo anterior:

a) cuando el hostigador se valga de su relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación de la víctima;

b) cuando la víctima sea menor de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistirlo; o

c) cuando el hostigador sea servidor público y utilice los medios y las circunstancias que el cargo le proporcione, caso en el cual también se le privará del cargo que desempeñe y se le inhabilitará para desempeñar cualquier otro, por el mismo tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

La sanción que se aplica al hostigador, entonces, es de seis meses a cuatro años y multa de 80 a 160 días

Por lo que se refiere al Distrito Federal se prevé en su artículo 179 del Código Penal:
A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.

Llama la atención que en el Estado de Chihuahua en su Código Penal, prevé, en su artículo 176 que:

A quien asedie a una persona con fines sexuales prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a sesenta veces el salario y se impondrán de diez meses a tres años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa cuando el que asedie ejerza de hecho o por derecho autoridad sobre el pasivo y que éste se encuentre bajo su guarda o custodia, se valga de su posición jerárquica, laboral, académica, religiosa, familiar o cualquier otra que implique subordinación.

Como podemos apreciar este dispositivo legal establece dos tipos de sanción, la primera para el delito de acoso sexual, y con agravante para el de hostigamiento.

Quizá una de las entidades que le imprime mayor cobertura al tema que nos ocupa, por su depurada técnica legislativa es el Estado de Nuevo León, en donde este mismo delito, de conformidad con los artículos 271 bis y 271 bis 1 de su Código Penal, se castiga con:

una pena de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta cuotas, siempre y cuando no se cause un daño o perjuicio;

en caso de que se ocasione daño y perjuicio en la posición laboral, docente, domestica o de subordinación de la persona agredida, se le impondrá al responsable una pena de dos años a cuatro años de prisión y multa de hasta cuarenta cuotas.

Como se aprecia se sanciona la conducta con una pena atenuada cuando no se causa ni daño ni perjuicio a la víctima basta la intención, pero si hay daño la pena se agrava.

Es oportuno mencionar que el hostigamiento puede adoptar diversas modalidades como:

a) hostigamiento leve y verbal. chistes, comentarios, conversaciones de tipo sexual, silbidos o piropos ofensivos;

b) hostigamiento no verbal. esto es sin contacto físico, miradas lascivas, gestos obscenos, guiños, entre otros;

c) también hostigamiento con contacto físico no deseado. toqueteos, pellizcos, palmadas, sujetar la cintura, roces intencionados, hasta la consumación del acto sexual por la fuerza.

En México el tipo de acoso mayoritario es el “vertical”, “esto a cambio de eso”, en este tipo de acorralamiento se supone necesariamente que el agresor se encuentra en una situación de superioridad jerárquica con respecto del o la agredida7.

Precisamente eso es lo se propone con el presente proyecto, sancionar con pena leve cuando se desarrolle acoso u hostigamiento sexual, en el momento que se presenten los comportamientos citados, es decir que no se cause daño a la víctima y con mayor gravedad cuando se origine perjuicio.

El Código Penal del Estado de Jalisco también prevé una pena bastante ejemplar al hostigador al disponer en su artículo 176-Bis que comete el delito de hostigamiento sexual el que con fines o móviles lascivos asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas, o cualquier otra, que implique subordinación de la víctima, al responsable se le impondrán de dos a cuatro años de prisión;

Comete el delito de acoso sexual el que con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo, al responsable se le impondrá sanción de uno a cuatro años de prisión.

La peculiaridad de este ordenamiento es que hace una importante distinción entre el delito de hostigamiento sexual y el de acoso, para lo cual establece pena mayor, en su mínimo para el primero de los señalados; en tanto, para el segundo menor sanción, sin embargo coinciden en su máximo.

A lo largo de la presente argumentación nos podemos percatar que el Código Penal Federal, no hace distinción en su artículo 259 bis, entre lo que debe entenderse como uno y otro de los delitos señalados.

A continuación se presenta una tabla que permite hacer una comparación objetiva entre los códigos penal federal, de los Estados de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo y el Distrito Federal;

Código Penal Federal

Código Penal para el Edo. México.

Código Penal para el D. F.

Código Penal para el Estado de Hidalgo

Código Penal para el Estado de Chihuahua

Código Penal para el Estado de Nuevo León

Código Penal para el Estado de Jalisco

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

.

artículo 269.- Comete el delito de hostigamiento sexual, quien con fines de lujuria asedie a persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía; y se le impondrán de seis meses a dos años de prisión o de treinta a ciento veinte días multa.

Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido del cargo.

En ambos casos se impondrán de seis meses a dos años de prisión o de treinta a ciento veinte días multa.

Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además de la pena señalada, será destituido de su cargo.

ARTICULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior.

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.

Artículo 189 Bis.-Al que con fines lascivos, asedie a una persona, se le impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de 40 a 80 días.

Se duplicará la punibilidad prevista en el párrafo anterior:

I Cuando el hostigador se valga de su relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación de la víctima.

II Cuando la víctima sea menor de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistirlo;
III Cuando el hostigador sea servidor público y utilice los medios y las circunstancias que el cargo le proporcione, caso en el cual también se le privará del cargo que desempeñe y se le inhabilitará para desempeñar cualquier otro, por el mismo tiempo que dure la pena de prisión impuesta.

Este delito se perseguirá por querella, cuando la víctima fuere mayor de edad con capacidad para comprender el significado del hecho y posibilidad para resistirlo.

 

Artículo 176.
A quien asedie a una persona con fines sexuales prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a sesenta veces el salario.

Se impondrán de diez meses a tres años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa cuando el que asedie ejerza de hecho o por derecho autoridad sobre el pasivo y que éste se encuentre bajo su guarda o custodia, se valga de su posición jerárquica, laboral, académica, religiosa, familiar o cualquier otra que implique subordinación.

Si el hostigador fuera servidor público o académico y utilizara los medios y circunstancias que el encargado le proporcione, se le destituirá también de su cargo y se le inhabilitará del mismo hasta por cinco años.

Las penas a que se refiere el presente artículo, se aumentarán en una mitad cuando el delito se cometa en contra de persona menor de edad o de quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.

 

Artículo 271 bis.- comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie a otra persona solicitándole ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, domesticas o de subordinación.

 

Artículo 271 bis 1.- al responsable del delito de hostigamiento sexual se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta cuotas. Cuando además se ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral, docente, domestica o de subordinación de la persona agredida, se le impondrá al responsable una pena de dos años a cuatro años de prisión y multa de hasta cuarenta cuotas.

si el hostigador fuere servidor publico y utilizase los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, además se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación de seis meses a dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Solo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida salvo que la persona agredida sea incapaz en los términos del código civil del estado, en cuyo caso se perseguirá de oficio.

Artículo 176-Bis. Comete el delito de hostigamiento sexual el que con fines o móviles lascivos asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas, o cualquier otra, que implique subordinación de la víctima, al responsable se le impondrán de dos a cuatro años de prisión.

Comete el delito de acoso sexual el que con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo, al responsable se le impondrá sanción de uno a cuatro años de prisión.

Si el acosador u hostigador fuese servidor público y utilizase medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá de su cargo.

Estos delitos sólo serán perseguidos por querella del ofendido o de su legítimo representante, salvo que se trate de un incapaz o menor de edad en cuyo caso se procederá de oficio.

Como se desprende de este comparativo, el Código Penal Federal ha quedado rezagado en cuanto al tipo penal de hostigamiento y abuso sexual, porque en la forma en que se encuentra la redacción de estas descripciones legales, se antojan mas considerar que son primeros auxilios jurídicos para la víctima, que una verdadera tutela de sus bienes jurídicos.

Pertinente es mencionar que se realizó una exhaustiva revisión a los Códigos Penales de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Durango, Nayarit, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que prevén sanciones de prisión para los agresores de acoso y hostigamiento sexual.

El Estado de Baja California sólo prevé en el artículo 184 bis de su Código Penal una multa de hasta doscientos días multa (Código Penal Federal hasta cuarenta días), aún así rebasa a la ley penal federal. En tanto los Estados que no contemplan el tipo penal son: Campeche, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala.

En este contexto conviene decir que el Código Penal Federal impone sanciones que se contrapone con el principio de progresividad de los derechos humanos de las víctimas y solo establece sanción en caso de causarse daño y perjuicio a la víctima de este delito, con lo que genera impunidad.

Como ya se mencionó en el apartado precedente, el Ejecutivo Federal consciente de esta problemática (que representa el abuso y el hostigamiento sexual, como prácticas recurrentes a las que acuden algunos servidores públicos), y un afán de combatirla, implementa el Programa mencionado en el apartado precedente, lo anterior infunde una doble obligación a este Poder Legislativo, para que atienda el problema desde la perspectiva natural del órgano, y para emitir leyes en la materia como la propuesta que Nueva Alianza promueve con este instrumento.

En cuanto a las demás modificaciones que se plantean es necesario atender los argumentos siguientes:

El temor a denunciar este delito y la ausencia de sanciones penales en el tipo penal de abuso y hostigamiento sexual han provocado que esta práctica no sólo se mantenga, sino que aumente impunemente en la mayoría de las fuentes laborales, principalmente en aquellas donde es más señalado el grado de subordinación de la mujer o que por su condición de vulnerabilidad de las mujeres, es decir que sean madres solteras, divorciadas, etc.

Por ello, considero que la legislación actual en la materia tipifica muy ligeramente estos actos ilícitos con 40 días multa, pero además complica aún más la aplicación de la justicia, cuando aparte exige que se sancionara siempre y cuando se ocasione daño o perjuicio a la víctima. Lo que deja en total desamparo a la agredida, precisamente esta es otra de las propuestas contenidas en el proyecto derogar el párrafo que prescribe que “Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño”.

En ese sentido, se propone suprimir como requisito para que el delito sea punible “el daño o perjuicio” y en todo caso modificar la descripción típica del ilícito para establecer que el asedio será punible cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole.

Esta propuesta, es porque se deben sancionar las molestias, los ataques verbales, las ofensas que recibe la víctima, las humillaciones, insinuaciones o propuestas sexuales, menosprecio, manoseos, agresiones físicas, relaciones sexuales obligadas y represalias por no haber accedido, elementos que en sí mismos causan daños y que en el momento no son visibles, pero que desde allí tienen su origen, tal como ocurre con los deterioros psicológicos, el daño moral, la depresión en que es reducida la agredida.

En cuanto a la adición que comprende imponer mayor sanción cuando se causen daños y perjuicios, de igual forma tiene legitimación porque se cometen muchos atropellos, como por ejemplo: la renuncia forzada al trabajo, genera pérdida de oportunidades para escalafón laboral, se nulifican relaciones públicas, se impide el progreso económico y la proyección profesional, todo lo anterior asociado al desprestigio, porque el ofensor para cubrir las formas emite criterios tendientes a desvalorar a la víctima8. El hostigamiento y acoso sexual son conductas que vulneran: la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable, el bienestar personal

Es impostergable legislar al respecto para que no se violenten los derechos humanos, de no discriminación, de dignidad de la persona, laborales, escolares y sexuales del hombre y la mujer, consignados, en la Carta Magna, este delito per se, es discriminatorio e indigno, ocasiona secuelas en el sujeto pasivo como trastornos físicos y psicológicos, sentimientos de culpa, baja autoestima estrés crónico, dolor de cabeza, tensión muscular, trastornos gastrointestinales, alergias, maltrato físico, abuso sexual, violación, depresión, ansiedad, angustia, irritabilidad, agresividad, insomnio, enfermedades psicosomáticas y baja autoestima9, tal y como lo han denunciado organizaciones de la sociedad civil.

En concreto la omisión legislativa ocasiona una doble victimización a la persona agredida; la que provoca el propio delito y la falta de proporcionalidad en la sanción no prevista para estos delitos.

En cuanto a la agravante, que se adiciona cuando el abuso sexual se comete contra persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, tiene su razón de ser, en virtud de que el mismo Código Penal Federal sólo establece una calificativa cuando:

Articulo 261. Quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

En tanto el artículo 260. Prescribe que:

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

De los preceptos transcritos se puede justipreciar que no se tipifica al abuso sexual cuando se comete contra persona mayor de quince y menor de dieciocho años de edad. Recordemos que en esas circunstancias la víctima todavía se encuentra en condiciones bastante vulnerables, derivada de su menoría de edad, sobre todo se tiene que considerar que en el promedio de edad citado, se desencadenan una serie de malos tratos en las relaciones de noviazgo que implican la mayoría de las veces abuso sexual. La encuesta generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Instituto Mexicano de la Juventud, revela que el 76 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años que tiene una relación de noviazgo ha padecido violencia psicológica por parte de su pareja. Del total, el 15 por ciento ha enfrentado agresiones físicas y el 16.5 por ciento violencia sexual10. No podemos mostrar insensibilidad y falta de voluntad política para cubrir esta deficiencia o laguna legal y pongamos atención en tan lamentable situación.

Por ello se propone con la presente reforma incorporar en la ley punitiva la calidad específica de la víctima para dar mayor cobertura al bien jurídico que se tutela en el tipo penal asentado. Por su parte Amnistía Internacional argumentó que a violencia de género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada11, en ese contexto, en el fin de proteger la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable y el bienestar personal de las agredidas, en el ámbito escolar, laboral, doméstico o cualquier otro, se presenta esta iniciativa.

Respecto a la propuesta para adicionar un párrafo segundo a la fracción III del artículo 266 bis del Código Penal, para que la Procuraduría General de la República elabore sistemáticamente un cúmulo de registros que contengan un padrón de los servidores públicos que hayan incurrido en conductas de hostigamiento y abuso sexual, es con el propósito de crear un una especie de “Buró” donde se encuentren Los funcionarios públicos federales que hayan incurrido en estos delitos.

La adición en cita tendría dos efectos principales: a) tiene la finalidad de que el individuo que pretenda cometer las conductas previstas en la presente iniciativa, se inhiba de hacerlo en virtud de que el buró contendrá los registros de quien ha aprovechado el cargo para hostigar o abusar sexualmente a sus subordinadas, subodinados y/o compañeras de trabajo, para que en un ejercicio de transparencia pueda ser consultado por cualquier ciudadano y; b) proporcionar remedios jurídicos para que las víctimas de estos delitos los ejerciten sin temor a represalias o venganzas denuncien. Recordemos que los delitos sexuales son delitos “ocultos”, lo que propicia que el acosador desarrolle una serie de artilugios (como los expuestos a lo largo de la presente exposición), que combinados con el poder que posee, alcanza subyugar a sus víctimas.

La víctima del delito en el proceso penal ha sido relegada, no es sino hasta las reformas constitucionales del año de 1993 aplicadas al artículo 20 y la subsecuente de 2008, cuando la justicia volteó la mirada hacia ella, porque se inscribieron derechos a su favor como son:

a) Recibir asesoría jurídica;

b) ser informada de los derechos que en su favor establece la Constitución;

c) ser enterada del desarrollo del procedimiento penal;

d) coadyuvar con el Ministerio Público;

e) que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso;

f) a que se desahoguen las diligencias correspondientes,

g) a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley,

h) recibir atención médica y psicológica de urgencia; y

i) fundamentalmente que se le repare el daño.

Así las cosas, vemos con toda claridad que el derecho penal en el fondo es un vehículo para alcanzar la justicia, pero queda incompleto sino acude a la forma, que se traduce en un sistema de actos que concatenados entre sí construyen el procedimiento; que a su vez cimentan el proceso penal cuyo objeto principal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen12.

En mérito de los argumentos vertidos, Nueva Alianza comprometido con las causas nobles, propone proyectos de ley que redunden en bienestar social. Estamos plenamente convencidos que es importante contar con un clima laboral que propicie a las víctimas desenvolverse con toda plenitud, que se le valore como persona, empleada o profesionista para tener mejores resultados en favor de la ciudadanía, y no como un simple objeto sexual.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Soberanía Iniciativa con proyecto de:

Decreto.- Por el que se reforma el artículo 259 bis, se adiciona un párrafo al 260 y se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 266 bis todos del Código Penal Federal, para quedar en los términos siguientes:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 259 bis del Código Penal Federal, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario.Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena mencionada se le destituirá de su cargo, y se le inhabilitará para ocupar otro de carácter publico, el término señalado en la fracción III del artículo 265 bis de este código.

Cuando se ocasione un daño o perjuicio en la posición laboral, docente, domestica o de subordinación de la persona agredida, se le impondrá al responsable una pena de dos años a cuatro años de prisión y multa de hasta cuarenta días de salario mínimo.

Si el hostigamiento sexual se dirige contra una persona menor de dieciocho años, el mínimo y el máximo se aumentarán hasta en una mitad. En este caso el delito se perseguirá de oficio.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 260 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 260.…

Si la víctima de abuso sexual es menor de dieciocho años la pena de prisión será de seis a doce años de prisión y multa de doscientos cincuenta a quinientos días de salario.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 266 bis del Código Penal Federal, para quedar en la forma siguiente:

Artículo 266 Bis…

I-II

III…

Para los efectos del párrafo precedente el Ministerio Público de la Federación diseñará y operará un sistema de recolección, clasificación, registro análisis, evaluación de las conductas previstas en el presente capitulo, donde se asiente el nombre, cargo, empleo o comisión que haya desempeñado el hostigador. Lo anterior con el objeto de conformar una base de datos nacional.

IV...

Transitorio

Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede del Senado de la República a 7 de mayo de 2014

Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas”.

1 La obligación de legislar en la materia está contemplada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”, de la cual México es parte desde 1998. Que establece que en su artículo 2º.Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

2 Según un Estudio Realizado por el Colegio Jurista. Periódico el Universal, publicación del 13 de marzo de 2012. Los delitos que tienen mayor impunidad son aquellos que no se denuncian y los delitos sexuales son los que mayor silencio guardan tienen por parte de las víctimas que en el 72 por ciento de los casos presentan culpabilidad, vergüenza o ambas.

3 Colegio Jurista. Ibídem

4 La administración Pública Federal a partir de este año puso en marcha el “Programa de Cultura Institucional 2013-2015”. A través del cual el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Secretaría de la Función Pública, quienes deberá verificar que todas las oficinas de gobierno fortalezcan sus respectivas instancias donde se dirimen esos asuntos y se sancionen a fin de erradicar esas prácticas.

5 Alcántara Liliana. Periódico el Universal, publicación 22 de febrero de 2014

6 Argumento la Subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJDF

7 Colegio Jurista. Ibídem.

8 El sonado caso de una abogada que prestaba sus servicios como proyectista en un juzgado penal perteneciente al Tribunal de Justicia del Distrito Federal, quien denunció que por años el titular del juzgado la acosó sexualmente y terminó por despedirla porque no accedió a sus peticiones, su caso se encuentra en proceso para que se le reinstale.

9 Instituto Nacional de las Mujeres. Serie “Las Mexicanas y el Trabajo”. Septiembre 2004.

10 Fuente Instituciones: INEGI e IMJUVE Año: 2011.

11 La organización Amnistía Internacional entregó al Presidente un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país. Con respecto a los derechos humanos de las mujeres, Amnistía indicó que la igualdad de género es una meta aún lejana, a causa de la violencia y la discriminación que violan los derechos humanos de mujeres y niñas, además de comprometer severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos. Periódico la Jornada. 19 de febrero de 2014

12 Articulo 20 Letra A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.






Tiene el uso de la tribuna el Diputado Alfonso Durazo Montaño, para presentar a nombre de los Diputados Ricardo Mejía y Ricardo Monreal, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de Decreto que adiciona el artículo 13 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

(Presentada por el C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, a nombre de los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano)

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores.

El acoso moral laboral es una forma sistemática de una técnica de intimidación, donde el hostigador aísla o arrincona a sus compañeros de trabajo elegidos, hasta acabar por inutilizarlos.

El acoso laboral, comúnmente llamado “mobbing”, es un término que contempla conductas individuales o grupales de hostigamiento y/o acoso entre dos o más personas laboralmente relacionadas; tal situación estimula, en lo general, un clima de violencia y desánimo entre acosador y víctima.

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, los actos de violencia en el trabajo provocan alteraciones interpersonales, la organización del trabajo y en el entorno laboral en su conjunto, además de consecuencias devastadoras para la salud de la persona.

De tal forma que la reacción de la persona ante una situación de acoso varía en función de sus características personales. En cualquier caso, los efectos son devastadores y llega a perturbar varios ámbitos de la vida personal, además no sólo implica consecuencias negativas para la víctima, sino que se ven afectados los familiares, la propia empresa y las personas que lo rodean en su conjunto.

Por lo tanto, cabe recalcar que el acoso moral laboral no supone una relación jerárquica, es decir, no sólo es de jefe a empleado, sino que puede darse entre iguales y una o varias personas pueden ejercerlo sobre otra.

El acoso moral laboral forma parte de los factores de riesgo psicosocial y resulta difícil de abordar porque están mediados por múltiples factores, tales como los estilos de liderazgo y de mando, la carga de trabajo, los estilos de comunicación que se dan al interior de las empresas o institución, el clima laboral, entre otros.

La lista de derechos esenciales afectados a víctimas del acoso moral laboral es muy amplia: derecho a la no discriminación, derecho a la dignidad, derecho a la intimidad, derecho a la integridad psíquica, derecho a la honra personal y familiar, derecho a la protección de su vida privada y pública y libertad de conciencia, entre muchos otros.

Por ello, el espíritu que orienta la presente iniciativa consiste en definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce en el ambiente laboral.

Cifras de la Organización Internacional de Trabajo revelan que uno de cada diez trabajadores es víctima de acoso laboral; y de cada 100 vejados, 75 son mujeres.

El ambiente de trabajo, lo sabemos, no siempre es el más agradable, muchas personas tienen que soportar un pésimo ambiente laboral debido al hostigamiento al que se ven sometidos por parte de jefes o compañeros de trabajo, sin embargo, no se está obligado a aguantar esta situación.

Este tipo de conductas deben estar contempladas en la ley a fin de evitar el abuso psicológico en el ámbito laboral. Hay formas específicas de acoso al trabajador que debemos de contemplar en la legislación correspondiente: maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, inequidad laboral y desprotección laboral.

Derivado de lo anterior, es necesario recalcar que el acoso moral laboral, debe ser erradicado de toda empresa o institución pública o privada. Por lo anterior, urge la imperiosa necesidad de crear las condiciones necesarias para la prevención de esta conducta a través de la queja y la denuncia de lo que sucede día a día en el ámbito de trabajo.

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente un proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor del siguiente contenido:

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 10.- Violencia laboral y docente.

Artículo 13.- El acoso moral laboral se conforma por una serie de conductas y acciones basadas en la intimidación por parte del hostigador que menoscaban la salud mental y física de la víctima con el fin de obstaculizar el progreso en el ámbito laboral.

Es cuanto y gracias a todos por su atención.

Esperamos su respaldo para esta iniciativa.

Gracias, señor Presidente.

Iniciativa

RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL AVILA, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción IIde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La voz trabajo proviene del latín trabs, trabis = traba, dificultad, impedimento. El trabajo, que desde el ángulo puramente fisiológico, es una actividad, un quehacer, un desgaste de energías, puede ser estudiado desde distintos puntos de vista. El trabajo es una actividad humana; como eje central de la vida supone relación entre los hombres. El trabajo es un hecho social e histórico1.

Asimismo, al interior de un país o cultura, las representaciones o creencias acerca del trabajo varían en función de grupos conformados en términos de las ocupaciones, la edad o el sexo.

El trabajo como fenómeno social es considerado como el principal subsistema después de la familia. Las diferencias en el significado del trabajo y las creencias y valores a él asociados no sólo se dan a lo largo de diferentes periodos históricos sino también entre países y culturas. A la hora de caracterizar el trabajo, también influyen diferentes variables de perso­nalidad que interactúan con los determinantes sociales, culturales e históricos para configurar nuestra propia manera de entender al trabajo.

A lo largo de la historia, las relaciones humanas se han situado como componente fundamental dentro de cualquier organización, sea pública o privada, que pretenda dentro de sus fines primordiales, la atención integral a sus miembros, reconociendo que el capital humano funge como determinante del éxito o del fracaso de dicha organización.

¿Qué es acoso moral laboral?

Es una forma sistemática de una técnica de intimidación, donde el hostigador aísla o arrincona a su(s) compañero(s) de trabajo elegido, hasta acabar por inutilizarlo, después de un lento proceso de desgaste del que a diferencia del acoso sexual o violencia física, no deja huellas aparentes, y resulta difícil de demostrar por las escasas pruebas físicas que puedan existir.

El acoso laboral, comúnmente llamado “mobbing”, es un término que contempla conductas individuales o grupales de hostigamiento y/o acoso entre dos o más personas laboralmente relacionadas. Tal situación estimula, en lo general, un clima de violencia y desánimo entre acosador y víctima. Dentro de la organización, obstaculiza el progreso y genera un menoscabo en el desempeño y en la salud de las víctimas, por lo que evita la creación del ambiente laboral ideal necesario para favorecer el desarrollo humano.

Según el Informe de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Los actos de violencia en el trabajo provocan alteraciones interpersonales, la organización del trabajo y en el entorno laboral en su conjunto, además de consecuencias devastadoras para la salud de la persona.

De tal forma que la reacción de la persona ante una situación de acoso varía en función de sus características personales, las consecuencias de los ataques que el agresor tiene sobre este individuo están también influenciadas por factores tales como las capacidades y recursos de afrontamiento de la persona afectada ante las situaciones conflictivas y el apoyo social con que cuenta.

En cualquier caso los efectos son devastadores y llega perturbar varios ámbitos de la vida de las personas. Además no solo implica consecuencias negativas para la víctima, sino que se ven afectados los familiares, la propia empresa y las personas en conjunto.

H. Leymann define al acoso moral laborar como: “aquella situación en que una persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema, y esto de forma sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado, sobre, otras personas en el lugar del trabajo.

Por lo tanto cabe recalcar que el acoso moral laboral no supone una relación jerárquica, es decir no solo es de jefe a empleado, sino que puede darse entre iguales y una o varias personas pueden ejercerlo sobre una.

Para que se defina una situación de acoso moral laboral se deben tener estas situaciones por lo menos:

• La acción es sistemática y persistente.

• Los efectos que sufren las personas acosadas son devastadoras, a nivel físico y psicológico.

• La existencia de diferencia de poder o entre iguales de manera formal o informal.

El acoso moral laboral forma parte de los factores de riesgo psicosocial y resulta difícil de abordar porque están mediados por múltiples factores tales como los estilos de liderazgo y de mando, la carga del trabajo, los estilos de comunicación que se da al interior dela empresa o institución, el clima laboral, etc..

El acoso laboral no solo es un ataque que afecta seriamente la salud e integridad de trabajadoras y trabajadores. Con esa conducta ilícita, también se vulneran derechos esenciales de la persona.

Asimismo, además irroga daños a la salud, la lista de derechos esenciales afectados a víctimas del acoso moral laboral, es mucho más amplia:

Derecho a la no discriminación, derecho a la dignidad, derecho a la intimidad, derecho a la integridad psíquica, derecho a la honra personal y familiar, derecho a la protección de su vida privada y pública, libertad de conciencia, etcétera.

Por ello, el espíritu que orienta a la presente iniciativa consiste en definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce en el ambiente laboral.

En general puede decirse que el acoso en el trabajo está constituido por las acciones reiteradas y sostenidas de hostigamiento, que perduran por un tiempo determinado, y atentan contra la dignidad, salud o integridad de algún trabajador o trabajadora. Se trata de un ataque sistemático y reiterado contra la autoestima de una persona en el trabajo, para hacerlo sentir excluido, maltratado o subvalorado.

Es decir, el acoso laboral tiene como objetivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar, y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador, que aprovecha la situación que le brinda la situación organizativa particular para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicopáticas.

Por acoso laboral hay que entender, pues, cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima del trabajo.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo revelan que uno de cada diez trabajadores es víctima de acoso laboral. Y de cada cien vejados, 75 son mujeres. El perfil del acosado responde al de una persona, de entre 35 y 45 años, brillante, preparada, responsable, trabajadora, sociable y colaboradora. La situación precaria del género femenino en el mercado laboral también favorece el fenómeno del acoso. Pero, además, existe un último y grotesco factor. En muchos casos subyace un deseo sexual que el acosador sabe que no puede satisfacer, lo que deriva hacia ese hostigamiento.

El acosador, bajo una apariencia externa de seguridad y firmeza, suele ser una persona insegura, temerosa de perder su puesto de trabajo y capaz de hostigar sutilmente al acosado a lo largo del tiempo.

El acosador ridiculiza al acosado, y no solo su trabajo, también su forma de vestir, estilo de vida, su voz, gestos. Cuando el acosador tiene un rol en el trabajo superior al acosado, éste le asigna tareas demasiado complejas, o bien demasiado simples y repetitivas, ocultándole información importante e incluso variando la información sin criterio y de manera continua, diciéndole un día una cosa, y otro otra, con lo cual cargos superiores al acosador reciben un input negativo del trabajo y la capacidad que en realidad tiene el acosado.

El acosador esconde información relevante al acosado, y favorece a otros empleados en presencia de la “víctima” fomentando en su interior un sentimiento de injusticia y desigualdad.

El ambiente de trabajo no siempre es el más agradable. Muchas personas tienen que soportar un pésimo ambiente laboral debido al hostigamiento al que se ven sometidos por parte de jefes o compañeros de trabajo. Sin embargo, no se está obligado a aguantar esta situación.

Este tipo de conductas deben estar contempladas en la ley, a fin de evitar el abuso psicológico en el ámbito laboral.

Hay formas específicas de acoso al trabajador:

Maltrato laboral: Aquí se incluyen todas las acciones tanto físicas como verbales contra el trabajador que vulneren sus derechos y que generen menoscabo de la autoestima y dignidad de quien es objeto de estos. Por consiguiente no valen los insultos, la discriminación y mucho menos la agresión física.

Persecución laboral: Aquí se incluyen todos los actos que usando como excusa las funciones del trabajador busquen hacer sus labores más pesadas, tal es el caso de cargas excesivas de trabajo, la descalificación de su labor o cambios permanentes de horario. Lo anterior, según la ley, se entiende como persecución.

Discriminación laboral: El trato diferenciado por razones de género, raza, origen familiar o nacional, al igual que creencias religiosas o preferencias políticas, son sancionables por esta ley.

Inequidad laboral: Esto se refiere a casos cuando una persona capacitada para ciertas funciones, se le asignen otras muy por debajo de lo que usualmente maneja. Esto se ve como una forma de menospreciar las aptitudes de quien puede ejercer labores de más alto calibre.

Desprotección laboral: Se aplica en los casos en el que el trabajador es enviado a realizar labores que impliquen un riesgo para su integridad y la empresa no le proporcione las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar su labor.

Derivado de lo anterior es necesario recalcar que el acoso moral laboral debe ser erradicado en toda empresa o institución pública o privada.

Por lo anterior urge la imperiosa necesidad de crear las condiciones necesarias para la prevención de esta conducta a través de la queja y la denuncia de lo que sucede día a día en el ámbito de trabajo.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de la esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 10 Y ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente.

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y adiciona el artículo 13 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 10. Violencia Laboral y Docente: Se… Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el acoso o el hostigamiento sexual y moral.

Artículo 13 Bis. El acoso moral laboral se conforma por una serie de conductas y acciones basadas en la intimidación por parte del hostigador que menoscaban la salud mental y física de la víctima con el fin de obstaculizar el progreso en el ámbito laboral.

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 7 de mayo de 2014.

Dip. Ricardo Mejía Berdeja”.

1 Bencomo E. Tania Z. “El trabajo” visto desde una perspectiva social y jurídica. Instituto de Investigaciones Jurídicas. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/cont/7/art/art2.pdf.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Durazo Montaño. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió un Acuerdo para sustituir al Diputado Fernando Zárate Salgado en la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: En esa virtud, está a discusión. Por no haber oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo por el que se designa al Diputado Guillermo Sánchez Torres como Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Por favor le pido al Diputado se incorpore, bienvenido. Y le damos las gracias al Diputado Zárate también.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que esta Mesa Directiva ha suscrito el Acuerdo relativo a las Sesiones y al Orden del Día de la Comisión Permanente.



Dicho Acuerdo se les distribuyó en la sesión de instalación del 30 de abril pasado y tienen ya un ejemplar en sus lugares, además está disponible en el monitor de su escaño. En esa virtud, está a discusión.

¿Algún Senador o Diputado que esté inscrito?

Solicito entonces, no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobado el Acuerdo para normar las Sesiones y el Orden del Día de la Comisión Permanente.






En el apartado de proposiciones, tiene la palabra el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, para presentar a nombre propio y de los Diputados Leobardo Alcalá Padilla y Gabriel Gómez Michel, del grupo parlamentario del PRI, un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en el esquema de salud y en el Plan Nacional de Desarrollo las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas.

PROPUESTAS

- El C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas son instrumentos que acercan a la ciudadanía la atención de padecimientos de un alto índice de mortalidad, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, a la par que implican disminuir la enorme carga financiera que genera el tratamiento de estos padecimientos en clínicas y hospitales establecidos.

Su objetivo principal es contribuir a prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en México, haciendo uso de un modelo innovador que busca garantizar la atención integral de las personas afectadas por dichas enfermedades, disminuyendo la saturación y costos en el nivel hospitalario. Además, las Unidades de Especialidades Médicas proporcionan servicios de laboratorio y en su conjunto prestan servicios en turnos matutino y vespertino.

Las UNEMES se pusieron en marcha en 2007, y a finales de 2011 ya había en el país 83 de éstas unidades distribuidas en 29 entidades federativas.

Estudios del sector salud afirman que la inversión inicial de las unidades es por cerca de 3 millones de pesos más un gasto operativo anual de otros 3 millones de pesos.

De lo anterior podemos deducir que el costo anual por paciente es de alrededor de 1,750 pesos, que incluye intervenciones en la escuela, en el hogar, en el trabajo y, desde luego, los medicamentos necesarios para su atención.

En el 2012, el Centro de Investigaciones del Sistema de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública evalúo el desempeño de las UNEMES, y el estudio arrojó que el 62 por ciento de los pacientes respondieron que el padecimiento principal por el que estaban siendo atendidos era de diabetes mellitus. El 90 por ciento de ellos reportaron haber sido atendidos por un equipo multidisciplinario; y la satisfacción de los propios usuarios, de los propios pacientes, es superior al 90 por ciento.

La función de estas unidades es servir de enlace de atención entre hospitales de primer y segundo nivel proporcionando algunos servicios básicos para, como dijimos antes, no saturar la prestación de los servicios en los hospitales.

Actualmente estos servicios se encuentran incorporados al Seguro Popular para ser operados por los servicios estatales de salud.

El presente punto de Acuerdo, compañeras y compañeros legisladores, tiene por objeto el de proponer que el esquema de estas Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, UNEMES, sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Salud, con el objeto de estar en condiciones de elevar la calidad de vida en los servicios de atención médica y, con ello, la calidad de vida de los mexicanos.

De merecer su amable consideración, compañeras y compañeros, el beneficio esperado resultaría en la atención inmediata de por lo menos 4 mil 500 enfermos crónicos y personas en riesgo; y se lograría un ahorro anual en gastos hospitalarios y medicamentos del orden de los 47 millones de pesos.

En otras palabras, la apuesta es a la prevención en la salud de la población con el beneficio primeramente en su propia salud y posteriormente en las finanzas públicas para eficientar los servicios en los hospitales de primer y segundo nivel que ofrece el sector salud.

Por lo anterior, es que consideramos que debe seguirse realizando la prestación de este servicio que a todas luces representa un esfuerzo en la política de salud pública.

En concreto, reitero, proponemos que el esquema de las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Salud con el propósito de estar en condiciones de elevar la calidad de los servicios de atención médica y, con ello, la calidad de vida de los mexicanos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD, A INCORPORAR EN EL ESQUEMA DE SALUD Y EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ENFERMEDADES CRONICAS, PRESENTADO POR LOS DIPS. FEDS. GABRIEL GOMEZ MICHEL, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA Y LEOBARDO ALCALA PADILLA INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASI COMO DEL DIP. FED. ISAIAS CORTES BERUMEN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

“Los suscritos, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, GABRIEL GÓMEZ MICHEL y LEOBARDO ALCALÁ PADILLA, Diputados Federales de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del Diputado Federal Isaías Cortés Berúmen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 Y 59  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMES), han sido implementadas para proporcionar servicios médicos ambulatorios especializados.

Estas UNEMES operan para atender enfermedades de salud mental, adicciones, detección de VIH/SIDA, padecimientos cardiovasculares, cirugía ambulatoria entre otros.

Además, atienden problemas con carácter preventivo, en enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, que generan una vasta carga financiera para el sector salud mexicano.

Este modelo de atención UNEMES tienen poco más de 5 años en operación y han visto resultados efectivos en su implementación, como política pública preventiva, y en algunos casos, correctivos. Programas similares existen en Irlanda y en comunidades de Estados Unidos y Europa.

Las primeras UNEMES-EC comenzaron a funcionar en el 2007. Para el 2011 existían 83 unidades en 29 entidades federativas. Actualmente se encuentran en operación más de 100 unidades.

Hay estudios del sector salud que afirman que la inversión inicial de estos UNEMES, es por casi 3 millones de pesos, más un gasto operativo anual de poco más de 3 millones de pesos.

De lo anterior, se desprende que matemáticamente el costo anual paciente es de 1,750.00 pesos, que incluye intervenciones en la escuela, su casa, trabajo y medicamentos. Proporciona además, servicios de laboratorio. Estos módulos UNEMES prestan servicio en turnos matutino y vespertino.

La función de las UNEMES es servir de enlace de atención, entre los hospitales de primer nivel y de segundo nivel, proporcionando algunos servicios básicos, para no saturar la prestación de los servicios de los hospitales.

Además, estos servicios en la actualidad se encuentran incorporados al esquema del Seguro Popular, para ser operados por los servicios estatales de Salud.

A la larga en 10 años, el beneficio esperado es por la atención de 4,500 enfermos crónicos y personas en riesgo, es por 591 millones de pesos, con un ahorro esperado por 476 millones de pesos, es decir, un ahorro anual de 47.6 millones de pesos en ese periodo.

Con la implementación de estas UNEMES, se evitarían 180 casos de diabetes; el avance en la insuficiencia renal crónica y la reducción en 18 casos de insuficiencia renal terminal en diabéticos.

Por otra parte, estudios del Instituto Nacional de Salud Pública indican, que el 90% de pacientes fueron atendidos por todo el equipo multidisciplinario que converge en las UNEMES; además y muy importante resaltar, que 90.4% de los pacientes se encuentra en el rango de satisfacción que recomendaría a otros pacientes, recurrir a este servicio por alguna enfermedad crónica, como diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Dicho lo anterior, es posible afirmar el éxito en la humanización en la atención de este servicio.

Otro valor de resaltar es el tiempo de espera, el cual, se reporta de 19 minutos para recibir una consulta y de 2.4 horas el tiempo total que pasan en las UNEMES siendo atendidos.

Por último, la calificación que dieron los pacientes a la infraestructura para la prestación del servicio, es de 9,5.

En otras palabras, la apuesta es a la prevención en la salud de la población, con el beneficio primeramente en su salud, posteriormente en las finanzas públicas y posteriormente para hacer eficientes los servicios en los hospitales de primero y segundo nivel que ofrece el sector salud.

Así las cosas, es que consideramos que debe seguirse realizando la prestación de este servicio que a todas luces, representa un esfuerzo en la política pública de salud, que consideramos importante que sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Programa Nacional de Salud (PNS).

La petición se desenvuelve en este sentido, toda vez que las UNEMES fueron creadas a raíz de los objetivos que plantearon en su momento, el PND y el PNS, y por tanto, valoramos el esfuerzo y los resultados que concluyeron en una línea de acción determinada, para generar las UNEMES.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION

PRIMERO:   Se exhorta a la Secretaría de Salud a cumplir con los esfuerzos realizados con las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEMEC), e implementarlas como política pública permanente, mediante su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de mayo de 2014.

Es cuanto

Dip. Gabriel Gómez Michel.- Dip. Abel Octavio Salgado Peña.- Dip. Leobardo Alcalá Padilla.- Dip. Isaías Cortés Berúmen”.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Salgado Peña. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Algún Senador o Senadora, Diputado o Diputada que quisiera intervenir.

Entonces consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene ahora la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del PAN, un punto de Acuerdo por el que se solicitan diversas acciones para investigar probables actos discriminatorios en la Secretaría de Desarrollo Social.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Los programas sociales deben cumplir dos propósitos; por un lado, ser mecanismo subsidiario del Estado para apoyar a la población con mayores carencias; y por otro, equilibrar el acceso a las oportunidades y ampliar su número para quienes las ven restringidas.

Nunca para convertirse en dádivas y muchos menos para ser instrumentos que fomenten el estancamiento social.

Por eso es tan importante que siempre estén vinculados a una constante evaluación para conocer su efectividad e incentivos para la superación de los beneficiarios.

Los problemas sociales son sólo una parte de una serie de acciones a las que está obligado el Estado para promover el bien común.

En la Ley de Desarrollo Social se establece que los derechos para el desarrollo social son la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por eso, compañeras y compañeros, no se entiende por qué mientras en los dos sexenios anteriores se hizo un esfuerzo enorme por hacer un diagnóstico de la situación de la pobreza en México, que comenzó por diseñar una metodología clara para medirla, se mejoraron y ampliaron los programas sociales que hoy son la base para el actual gobierno, como lo son el programa Oportunidades, el Seguro Popular, el programa 70 y más, el Programa de Empleo y más; se transparentó el padrón de beneficiarios y se logró pasar de un gasto total, para la superación de la pobreza, de 93 mil millones de pesos en el año 2000 a casi 300 mil millones de pesos en los últimos años.

Ahora en estos primeros 17 meses de la presente administración, se han cuestionado la creación de nuevos programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la discrecionalidad con la que se definió su población objetivo, sus reglas de operación, la transparencia en la implementación de los programas y ahora hasta el discurso que utilizan los principales funcionarios encargados de la política de desarrollo social.

Es increíble que la encargada de planear, coordinar y ejecutar los programas sociales en nuestro país, emita pronunciamiento presumiblemente de carácter discriminatorio, como el efectuado durante un evento de carácter oficial el 30 de abril en los Encinos, Nayarit, en el cual afirmó la Secretaria, y cito textual: “Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más oportunidades; Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas, así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando 10 por 5”.

Habrá que recordarle a la señora Rosario Robles que la Constitución, en su artículo 1o. establece que en nuestro país “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además de que con sus declaraciones contradice el artículo 4o. constitucional relativo a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Limitando así a los mexicanos a tener un número determinado de hijos evidenciando, también, la poca sensibilidad de la Secretaria de Desarrollo Social hacia las mujeres que tienen más de tres hijos.

El artículo 4o. de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala también que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo Segundo, fracción III de esa ley.

La Secretaría Rosario Robles olvida que su principal tarea precisamente es no generar distinciones, sino lograr que nuestra sociedad cada día sea más igualitaria.

¿Cómo podemos confiar en su compromiso y en que cumplirá sus metas si en el discurso manifiesta un espíritu completamente distinto al que debería abanderar?.

Es por ello que los legisladores del PAN, tanto Diputados como Senadores, ante el posible intento de vulnerar los derechos de las mujeres mexicanas, en particular de las más necesitadas, presentamos este punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lleve a cabo una investigación por las declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, emitidas el día 30 de abril en la comunidad de los Encinos en el Estado de Nayarit, que podrían considerarse discriminatorias y racistas; y que de encontrarse elementos suficientes se actúe en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Aquí les anuncio también que ya hay una denuncia formal que presentaron el día de ayer un grupo de Diputados federales de Acción Nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que inicie de oficio una investigación por las declaraciones vertidas por la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal y en su caso emita una recomendación al respecto.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal para que se haga la evaluación de las reglas de operación de los programas sociales a su cargo, a fin de que no se incurra en prácticas discriminatorias.

Lo único que buscamos es que sean las instancias adecuadas quienes investiguen el contexto en el que se dieron estas declaraciones y, de haber responsabilidad, se sancione como lo mandata la ley, que se emitan las recomendaciones respectivas, y lo más importante, que se prevengan acciones que puedan afectar a millones de familias en nuestro país.

Hemos dado pasos muy importantes a favor de la superación de la pobreza y la ampliación de oportunidades, como para poner en riesgo una plataforma tan necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país.

Y yo quiero recordarles, además, que los apoyos que se dan dentro de este programa de Oportunidades, cubren varios rubros:

Primero, es un apoyo mensual alimentario, un apoyo a la salud, a la educación; alimentario “Vivir mejor”; infantil “Vivir mejor”; jóvenes con oportunidades, Adultos Mayores, energético. Y quiero compartir que todos estos rubros son los que engloban el programa de Oportunidades.

Y cuando la Secretaria de Desarrollo Social hace estas declaraciones, está hablando en su totalidad del programa “Oportunidades”.

Me parece un tema que debemos revisar. No podemos quedarnos callados como Comisión Permanente; y yo espero que tomemos definiciones porque estamos hablando de que vivimos hoy en un país, con millones de pobres.

No podemos tener una Secretaria de Desarrollo Social tan poco sensible ante la pobreza en nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Mariana Gómez. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a su discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Se abre la lista de oradores. Será en términos del Décimo Quinto del Acuerdo: 2 a favor y 2 en contra.

Se consultará a la Asamblea si está suficientemente discutido, si no, 2 más: 1 a favor y otro en contra, y se tomará la votación.

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: ¿En qué sentido?

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) A favor.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: ¿Alguien más?

¿Nadie en contra?

Se le concede la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán.

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor Presidente.

La verdad es que, es comprensible que nadie quiera defender el exabrupto que se dio en Nayarit por parte de la Secretaria de Desarrollo Social, un exabrupto, yo diría sorprendente para muchos, de aquellos que la conocemos hace muchos años, que ha llegado a un resbalón de este tamaño.

Voy a leer lo que dice la página de Internet de SEDESOL, exactamente sus palabras, no puede haber tergiversación, como ella en muchos lados estuvo diciendo, y vamos a ver de sus propias palabras.

Dice: “Y quiero también aprovechar, para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más oportunidades. “Oportunidades” ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas”.

Repito: “Oportunidades ya no va a beneficiar a los que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a los que tengan pocos hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estas niñas y niños”.

Hay evidente coacción sobre las mujeres, en este caso, más problema, porque son las mujeres indígenas.

Tenemos, por supuesto, una deuda pendiente con los pueblos indigenas.

La verdad es que los pueblos indígenas están marginados, están en una situación de pobreza, ahí se concentra gran parte de la pobreza, es algo que nos debe avergonzar si queremos una sociedad incluyente y aceptable.

También dice la Secretaria de Desarrollo Social: “Así es que no se me equivoquen, no me hagan cuentas multiplicando 10 por 5. ¡No! eso ya se acabó, porque “Oportunidades” lo que quiere es que la familia siga adelante y esa familia sólo saldrá adelante si es una familia pequeña y tiene la posibilidad de educación, de salud, de una vivienda digna, de todo lo que nos garantiza nuestra Constitución”.

Entonces, compañeros de la Comisión Permanente, la verdad es que hizo un perito la Secretaria de Desarrollo Social, ayer y antier, por todas las estaciones de radio, de televisión, tratando de explicar qué fue lo que dijo.

Y la verdad es que, en algunas dijo: “Quizás fui imprecisa”; y en otras aceptó que fue imprecisa, pero la verdad es que leemos sus declaraciones y no hay imprecisión.

En todo caso, quizás no dijo lo que quería decir, o se arrepintió de lo que dijo.

Pero en ninguna de sus entrevistas dijo: “Me equivoqué”.

En ninguna de sus entrevistas dijo: “Cometí una equivocación, esta es mi posición”. Simplemente no rectificó. Eso no es una imprecisión, como ella dice.

Y es grave, porque si uno lee, lo que busca es, de verdad, los programas sociales han incentivado la natalidad de los pueblos indígenas.

¿De dónde saca eso?

¿De dónde?

¿Qué dato?

¿Qué elemento le puede llevar a hacer eso?

Por cierto, son 115 pesos mensuales. ¿De verdad piensa la Secretaria de Desarrollo Social que una familia indígena tiene un hijo para tener 115 pesos mensuales?

Si eso fuera cierto, imagínense la situación y el deterioro social en el que viven esas comunidades para que tengan hijos por 115 pesos, aunque insisto, no hay una sola evidencia.

Lo que, por supuesto, exuda esta declaración, sí es una discriminación hacia los pueblos indígenas.

¿Saben qué? Lo que más se nota es el paternalismo hacia los pueblos indígenas, el paternalismo, el viejo paternalismo quizás, pero eso es estar un siglo atrás de lo que estamos.

Yo, no sólo quiero apoyar el punto de Acuerdo que presentó al PAN, también quiero incluir el punto de Acuerdo que nosotros, un grupo de Diputados, habíamos presentado, y que dice así:

“La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto a la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, para que explique a esta Soberanía el funcionamiento y los criterios que rigen las reglas de operación del programa “Oportunidades” y la justificación de los condicionamientos que se determinan según el número de hijos de las familias benefíciales”.

Y quiero dejar muy claro. Cuando decimos que explique, estamos pidiendo que comparezca la Secretaria de Desarrollo Social y que nos venga a explicar precisamente este asunto porque, por supuesto que la Secretaria tiene derecho a pensar como quiera, tiene derecho a tener su opinión sobre los programas sociales, pero la pregunta es:

¿Queremos esa visión al frente del desarrollo social? ¿Esa es la visión que tiene que tener el gobierno frente a las comunidades indígenas?

Y yo aquí quiero mencionar un par de elementos más.

Por supuesto, y para quienes han estado en la lucha del derecho a decidir desde hace muchos años, por supuesto que el derecho a decidir cuántos hijos tener y qué esparcimiento lo da la Constitución, pero no podemos aceptar ninguna coacción, ni para tener más, ni para tener menos, y necesitamos más elementos y más instrumentos para que efectivamente pueda haber, tanto en las comunidades indígenas, pero no sólo en las comunidades indígenas, ahí es donde está la discriminación.

La Secretaria habla, en todos los programas de radio, habla de algo que no mencionó en su discurso, por cierto; en su discurso, en ningún momento está el embarazo adolescente, en ningún momento está el embarazo infantil.

En su entrevista dice: “Yo tenía eso en la cabeza”.

¡Sí, nada más que no lo dijo!

Pero el problema es que la explosión del trabajo adolescente de mujeres adolescentes no es sólo de los pueblos indígenas, no es sólo de las comunidades indígenas, es más.

¿De dónde saca la Secretaria de Desarrollo Social que hay un incremento en la natalidad de las comunidades indígenas?

¿Dónde saca eso? Ahí es donde está la discriminación.

Y sí hay un problema de embarazo adolescente, pero ese no es privativo de las comunidades indígenas, y eso por supuesto que se tiene que tratar.

Y esto quizás ya no estaría en el punto de Acuerdo, pero me parece correcto que el gobernador de Guerrero haya hecho una iniciativa para el derecho a decidir en Guerrero, que va a dar más instrumentos para todas, en esto que es el derecho a decidir sobre su cuerpo y el derecho a decidir, por supuesto, sobre una maternidad responsable.

Pero sí veo discriminación, y sí veo, sobre todo, paternalismo y también lo tengo que decir, veo soberbia, porque en ningún momento, se aceptó, que se equivocaron.

Y termino con un punto que debiéramos considerar.

Los programas sociales deben buscar dar justicia, y en ese sentido, el reducir los programas sociales sólo a los que tienen tres hijos y no a los que tienen más hijos, no es un elemento de justicia.

Se tiene que revisar, si es que se tiene que detener solamente en tres hijos ese poco apoyo que son, insisto, 115 pesos mensuales.

Nadie, nadie en su sano juicio tiene más hijos por 115 pesos al mes pero sí deberíamos pensar, si no es una medida discriminatoria y absurda que sólo haya tres hijos en los programas sociales.

Me parece que sería un hecho de justicia que las familias que tuvieran más hijos, también pudiera tener más apoyo.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Fernando Belaunzarán. Le solicito la propuesta de modificación por escrito para que la Secretaría tome nota y en su momento lo pongamos a votación.

Tiene el uso de la tribuna la Diputada Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario del PAN, en pro.

- La C. Diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, señor Presidente y Mesa Directiva. Compañeros legisladores:

Realmente vengo en apoyo al punto de Acuerdo, aquí presentado por mi compañera Mariana, porque también registramos un punto de Acuerdo para explicar al Congreso y para solicitar la presencia, apenas la Comisión Permanente decida que pueden ser convocados aquí los funcionarios públicos, nosotros hemos turnado, ya se ha turnado este punto de Acuerdo para pedir, también, la comparecencia de la Secretaria Rosario Robles, en este tema.

Y también para exhortar al gobierno federal, a que no se aplique lo anunciado por la Secretaria de Desarrollo Social.

Porque ella fue muy clara en su planteamiento ante las mujeres de una comunidad indígena en Nayarit, les dijo: a partir de ahora, ya no se otorgará el Programa Oportunidades a quienes tengan más de tres hijos.

Nosotros exhortamos al gobierno federal para que esto no se aplique, porque sería evidentemente discriminatorio el que se excluyera a las familias por tener más de tres hijos.

Yo me pregunto: si estamos en un país de libertades, en un país que queremos construir los derechos humanos de las personas y garantizarlos, como está en la Constitución, ¿cómo vamos a aceptar propuestas como la que ha hecho la Secretaria de Desarrollo Social?

Me recuerda eso a mí, a lo que ocurre en otros países, con otros regímenes, que podríamos llamar totalitarios.

Por ejemplo, en China, en donde después del primer hijo, el segundo hijo ya no puede tener acceso a la educación pública, ya no puede tener acceso a la salud pública, ¿es esto lo que queremos para México? ¿O lo que queremos para México es que haya educación para todos, es que haya salud para todos?

Y, precisamente, el programa Oportunidades lo que tiene es el condicionamiento de la asistencia escolar. Es precisamente el condicionamiento que los niños vayan a la escuela y que las madres de familia lleven a sus hijos a los centros de salud para que sean medidos en talla y peso, y se garantice con eso que el apoyo económico que da Oportunidades sea utilizado para su alimentación, para su nutrición.

Y después, cuando estemos en generaciones que hayan tenido la suficiente educación, que hayan tenido la suficiente información, entonces podrán decidir más libremente y con más información cuántos hijos tener.

Porque ésta es una decisión individual, es una decisión familiar y de ninguna manera se puede obligar a las familias, a decidirles el determinado número de hijos que van a tener para que reciban las garantías sociales y los derechos sociales, que además garantiza nuestra Constitución.

Es muy importante, para mí, aclarar lo que ha venido señalando la Secretaria de Desarrollo Social, en distintos medios, para justificar lo injustificable, que fue lo que le planteó a estas comunidades y a todas las familias en pobreza.

Ella ha venido diciendo que fueron los gobiernos de Acción Nacional los que establecieron esta medida. Esto es falso. El programa Oportunidades tiene más de un componente económico, que da una suma total que recibe la familia que está incluida en Oportunidades.

Por ejemplo, está un componente alimentario, que es para la familia, para las madres, precisamente, que están en periodo de lactancia o para las mujeres embarazadas, para que tengan una adecuada alimentación y nutrición.

Tiene un componente de apoyo escolar, y éste componente y la obligatoriedad de asistir a la escuela, ha logrado que disminuya la deserción escolar en México. Y hoy podemos decir que prácticamente la totalidad de la población concluye la educación primaria.

En el 2009 se agregó un componente más al programa Oportunidades. Un componente económico más se firmó en el 2009, en las reglas de operación, para aplicarse en el 2010. Y esto fue debido a la crisis económica internacional, que había ocasionado un incremento en el costo de los alimentos.

Y entonces, este nuevo componente sí establece que se suman las cantidades y que se habla de que por cada hijo se dará hasta tres hijos. Pero es un componente más para aumentar el apoyo económico a las familias. En ninguna parte de las reglas de operación, se señala que se limitará el programa Oportunidades a las mujeres o a las familias que tengan más de tres hijos.

Si esto fuera así, la propia Secretaría y la propia Secretaria, estaría faltando a la aplicación a las reglas de operación, puesto que hoy miles de familias en todo México, con más de tres hijos, reciben el programa Oportunidades.

Yo creo que hay un gran desconocimiento de los objetivos de un programa social, que precisamente es para disminuir la pobreza y para dar mejores condiciones de calidad de vida.

Y hay un desconocimiento de la evolución del programa Oportunidades, que inició simplemente con otro nombre en gobiernos anteriores, dando solamente el apoyo económico.

Y ahora obliga a la escolaridad y a la salud. Y esto es lo que tiene que ver la Secretaria de Desarrollo Social.

Yo termino diciendo y haciendo un exhorto, para que el gobierno federal preste atención a esta situación. Y también para el Presidente de la República, para que no le vaya a decir a la Secretaria, como antes lo hizo, “no te preocupes, Rosario”, porque éste es un tema que nos preocupa a todos los mexicanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputada Zavala Peniche.

- La C. Diputada María de las Nieves García Fernández: (Desde su escaño) Señor Presidente, para hechos.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Para hechos, se le concede el uso de la palabra a la Diputada García Fernández.

- La C. Diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

Mi presencia en la tribuna es para aclarar, en relación a uno de los puntos que comentó nuestro compañero Diputado Fernando Belaunzarán, y comentar que este órgano legislativo privilegiará, ante todo, la transparencia, y si bien el artículo 78 constitucional no nos faculta para llamar a comparecer a funcionarios de la Administración Pública, el compromiso anterior ha llevado a este órgano, precisamente el día de hoy en la mañana la Mesa Directiva dictó acuerdos para que la próxima semana se pueda llevar a cabo un método claro que dé certidumbre a quien se ha invitado, de la Administración Pública Federal, evitando, sobre todo, la politización de los temas relevantes de la agenda nacional.

Termino solamente diciendo que el PRI responde a los reclamos sociales y, por supuesto, nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, procurando siempre la armonía entre los diversos actores de la sociedad, en beneficio siempre del bienestar colectivo. Haciendo esta aclaración, yo le pediría a nuestro compañero Diputado Fernando que pudiera revisar esta propuesta.

Muchas gracias.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputada García Fernández.

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Diputado Belaunzarán.

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) En virtud de lo que expresó, de manera muy correcta, la Diputada María de las Nieves, efectivamente sí retiro la iniciativa, pero anuncio que ahora que estén los lineamientos estableceré la petición para una invitación formal a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

Gracias.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado. Entonces se va a votar en sus términos.

Ya no habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene ahora el uso de la tribuna el Diputado Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario del PRD, quien presentará un punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe respecto a la existencia y desarrollo de investigaciones relativas al uso de recursos de procedencia ilícita en los salones de juegos y sorteos.

- El C. Diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros de la Comisión Permanente:

Se somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, con los resolutivos siguientes:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información relativa a la existencia y desarrollo de investigaciones respecto al uso de recursos de procedencia ilícita en los salones de juegos y sorteos, mejor conocidos como casinos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno relacionados con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados, a que gestione a la brevedad una reunión de trabajo con el Consejo de la Judicatura Federal a fin de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambas instancias para prevenir la comisión de conductas delictivas en relación con los salones de juegos y sorteos.

¿A qué me refiero con este asunto, compañeros y compañeras? En los últimos días hemos escuchado distintas conversaciones, incluso imágenes entre diversos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el secretario técnico de la ponencia, del Consejero Francisco Javier Cabeza de Vaca, en el cual, a través de favores políticos e intercambio de economía, pareciera que se está intercambiando recursos por resoluciones que hagan mantener permisos de juegos y sorteos.

Nosotros, desde la Comisión Especial de Juegos y Sorteos, para señalarlo de manera breve, hemos revisado distintos expedientes en la Cámara de Diputados y hemos deducido no solamente una equivocación y una flagrante entrega de permisos que no debieron haberse dado, sino que ahora encontramos el poder corruptor del Estado, que nos ha situado en distintos ejes en un riesgo institucional, que ahora se encuentra también dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y específicamente estuvo relacionado con la Secretaría de Gobernación.

A nosotros nos llama mucho la atención, que el secretario técnico el día de ayer haya decidido suspender el funcionamiento de su cargo, cuando nosotros creemos que de principio y de manera, digamos, de oficio, el propio consejero debiera haberlo hecho. La relación de su subordinación con el Consejero de la Judicatura Federal es fundamental.

¿De qué estamos hablando? El secretario técnico no actúa a nombre y a voz propia, es evidente que tiene un poder, un mandato, incluso pudiera tener, en el último de los casos, un temor evidencial al jefe, al superior jerárquico, y por ende nosotros creemos que esas conversaciones tienen implicación directa con el Consejo de la Judicatura Federal que encabeza el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros hemos venido diseñando y desarrollando una nueva Ley de Juegos y Sorteos para recuperar, número uno, la rectoría en la Nación de los juegos y sorteos; número dos, para investigar, indagar específicamente los casos de corrupción, los casos de enriquecimiento ilícito, los casos que tienen que ver con la trata de personas, prostitución, drogadicción, etcétera, con estos establecimientos; pero fundamentalmente que puedan poner al país en esta materia.

El gobierno federal y los partidos políticos que están representados en esta Comisión Permanente, han mostrado no sólo buena voluntad, han mostrado un ímpetu claro en avanzar en esta materia, incluso el gobierno de los últimos doce años ha sido de los primeros interesados en recuperar la rectoría en esta materia, por lo que nosotros pedimos en este tema no solamente información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino que esta Comisión Permanente ya tenga también, a través de la Comisión Especial, una relación directa con el Poder Judicial.

No permitiremos tampoco el funcionamiento de casinos que no cuentan con ningún permiso, y que hoy hemos detectado que hay más de 16 en todo el país. Saludamos el cierre de casinos que se ha llevado a cabo en contra de una empresa específica, que se llama Emex, y específicamente del socio mayoritario, que se apellida Rojas Cardona, comúnmente se le llama “El zar de los casinos”. Pero exigimos también al gobierno federal que con el mismo rigor aplique a todos y cada uno de los permisionarios, y a todos y cada uno de los que estén implicados en juegos y sorteos.

El PRD fundamentalmente establece el imperio de la ley superior en los siguientes requisitos: Imparcialidad, objetividad, generalidad y obligación.

La ley debe ser igual para todos, un trato parejo. Por lo que en la conclusión de este punto de Acuerdo, por supuesto solicitar esa información, pero sobre todo hacer un llamado, y un llamado fuerte, a que la ley se cumpla en los mismos términos para todos y cada uno de los actores en esta materia.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO INFORME RESPECTO A LA EXISTENCIA Y DESARROLLO DE INVESTIGACIONES RELATIVAS AL USO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA EN LOS SALONES DE JUEGOS Y SORTEOS.

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Dip. FERNANDO ZÁRATE SALGADO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

CONSIDERACIONES.

El 8 de abril de 2013, la Cámara de Diputados creó la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos. En un trabajo de intercambio productivo con las instancias correspondientes de la Secretaría de Gobernación, hemos podido detectar y resolver graves inquietudes de la sociedad respecto de diversas irregularidades en el otorgamiento de los permisos de funcionamiento de los así conocidos como casinos.

Hemos logrado, en conjunto con la comunidad de la delegación Alvaro Obregón, detener la instalación y operación de casinos en territorios considerados como Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México, como Chimalistac. Asimismo, en el desarrollo de los trabajos de esta Comisión hemos logrado detectar ciertos vacíos legales que han permitido la conformación de grupos delincuenciales y de corrupción en los diversos niveles de gobierno.

En este sentido, cabe señalar que las investigaciones periodísticas independientes han servido de manera fundamental. Es el caso de las recientemente realizadas por algunos diarios de circulación nacional en donde se denuncian diversos nexos posiblemente delictivos y que podrían constituir graves hechos de corrupción y tráfico de influencias, principalmente dentro del gobierno federal y del Poder Judicial de la Federación con el grupo de quien se considera como el Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, lo cual ha generado que el Consejo de la Judicatura Federal inicie las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad del Magistrado Eduardo Ochoa Torres.

Esta situación, a más de preocupar respecto de la manera en que operan estos centros de Juegos y Sorteos, nos mueve a preguntarnos respecto a las investigaciones que, a partir de la entrada en vigor de las disposiciones contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, consideradas como actividades vulnerables.

Adicionalmente, consideramos que debemos implementar una estrategia integral para combatir no sólo las enfermedades y adicciones que generan estos centros de entretenimiento sino también las posibles desviaciones delictivas que pudieran generarse debido al constante tránsito de dinero, todo lo anterior para garantizar tanto a los usuarios como a los propietarios de este tipo de establecimientos, la seguridad en el uso y gestión de sus instalaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de

ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información relativa a la existencia y desarrollo de investigaciones respecto al uso de recursos de procedencia ilícita en los salones de juegos y sorteos, mejor conocidos como casinos.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados gestione, a la brevedad, una reunión de trabajo con el Consejo de la Judicatura Federal a fin de fortalecer los mecanismos de colaboración entre ambas instancias para prevenir la comisión de conductas delictivas en relación con los salones de juegos y sorteos.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
a 7 de mayo de 2014

Suscribe”.



- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: En consecuencia, está a discusión la propuesta. ¿Algúna Diputada, Diputado, Senadora o Senador?

Tiene el uso de la tribuna, para hablar en pro, el Diputado Fidel Pacheco.

- El C. Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente:

Comentar a ustedes la posición del grupo parlamentario del PRI en torno a este punto de Acuerdo que ha presentado nuestro colega el Diputado Fernando Zárate, y que pretende recabar información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se refiere a investigaciones que pudieran estarse llevando a cabo en torno a recursos de procedencia ilícita en este tema de los centros de juego, y también para que la comisión integrada para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos puedan encontrarse con los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de tratar cómo puede prevenirse la comisión de conductas delictivas en relación con los salones de juego y sus sorteos.

Es evidente que este tema está en el ambiente nacional; es también evidente que es necesario dejar clara la posición del Poder Legislativo, y la especial de la Comisión Permanente que ahora representa este Congreso de la Unión, y en ese sentido nos parece oportuno que se solicite la información a la que se refiere el punto de Acuerdo y pueda la comisión recibir un impulso, de la propia Comisión Permanente, para indagar esta circunstancia de juegos y sorteos, para realizar su tarea que ya ha venido desarrollando de mejor manera.

Para nosotros, la transparencia en el otorgamiento de permisos, las decisiones que ha venido tomando el gobierno federal de revocar algunos permisos, de cancelar algunos permisos, y en consecuencia, algunos centros de juego, para nosotros la política que ha seguido durante estos últimos meses la Secretaría de Gobernación es una política acertada que ha de continuar con las investigaciones necesarias que deslinden las posibles responsabilidades que algunos servidores públicos pudieran tener en su relación con estos centros de entretenimiento o de juego.

Por lo tanto, deseamos manifestar a esta Comisión Permanente nuestro acuerdo y nuestro voto a favor de este punto de Acuerdo presentado anteriormente.

Muchísimas gracias por su atención.

Muchas gracias, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Diputado Fidel Pacheco.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, en pro.

- El C. Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, señor Presidente.

Hago uso de esta tribuna obviamente para apoyar esta proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Zárate, además en su carácter de presidente de la comisión especial, establecida para tal efecto en la Cámara de Diputados, en la que tengo el honor de participar.

La lucha contra la ilegalidad de juegos y sorteos y el tráfico de influencias es una hipótesis en la que tenemos que trabajar diariamente, y eso ha quedado plenamente constatado en el ejercicio que ha realizado la propia comisión especial desde su creación.

Deseo nada más, ante esta Asamblea, proponer una modificación al punto segundo de este punto de Acuerdo.

Es de todos ustedes conocido que la relación entre poderes por conducto del Congreso de la Unión se realiza por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de ambas Cámaras.

Es el caso que la relación con el Poder Judicial, y obviamente con el propio Consejo de la Judicatura, sería por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, quien, de autorizarse este punto de Acuerdo, delega estas facultades, por lo tanto, la solicitud respetuosa de modificación es en el sentido, en primera instancia, que la reunión de trabajo se solicite por conducto del Presidente del Consejo de Judicatura, la autorización, obviamente la delegación de esta relación proviene de la autorización de este punto de Acuerdo, si así tiene a bien esta Asamblea autorizarlo, y a su vez, que sea un ejercicio de colaboración entre poderes en el que sin lugar a dudas cada uno vamos a respetar las facultades que tenemos. Es decir, que seamos muy cuidados en el punto de Acuerdo en no generar una intromisión en las atribuciones del Poder Judicial, sino que quede perfectamente claro que esta solicitud de reunión de trabajo de colaboración entre poderes, sea por conducto del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, quien a su vez es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representante del propio poder para que se determine en esa instancia la reunión de trabajo de colaboración en el marco de respeto de cada una de las atribuciones de ambos poderes.

Esa sería la única solicitud respetuosa de modificación a esta Asamblea, con la redacción debida y el cuidado debido sin perder el marco y la intención de la propuesta presentada por el Diputado Zárate Salgado.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Sonido en el escaño del Diputado Zárate.

- El C. Diputado Fernando Zárate Salgado: (Desde su escaño) Para clarificar, Presidente.

Tendría entendido, entonces, que no hay exclusión ni de la comisión especial, sino únicamente la colaboración, el conducto es la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, y en colaboración es la comisión especial con el Consejo de la Judicatura que se reuniría, o si nos puede clarificar cuál sería la modificación del texto específico, probablemente pueda zanjar ya este tema.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Por favor, Diputado Gutiérrez de la Garza, y después tendrá el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, en pro.

- El C. Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: En primera instancia, el recordar, que quede perfectamente claro, que las relaciones de poderes es por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, o en su caso de las respectivas Cámaras, llámese Senado o llámese Diputados.

Pues que esto es un ejercicio primero de delegación, eso dentro de los propios considerandos, no tendría que quedar en el punto de Acuerdo.

La delegación sería al presidente de la comisión especial, es decir, a su persona, para que por conducto suyo se busque una reunión de colaboración por conducto del Presidente del Consejo de la Judicatura, respetando el marco de atribuciones de cada uno de ellos, a eso va encaminada la propuesta.

Gracias.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Tiene el uso de la tribuna la Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en pro.

- La C. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, señor Presidente.

Bueno, primero dejar claro que el PAN respalda esta propuesta hecha por el Diputado Zarate; tenemos muy claro que no puede haber estado de derecho en donde se solape la ilegalidad, y también creemos que si existe algún tipo de denuncia contra algún miembro del Poder Judicial coludido con permisos de casinos, creemos que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, seremos promotores de ello, y reiteramos que en el grupo parlamentario del PAN jamás solaparemos la ilegalidad.

Por lo tanto, vamos a favor de este punto de Acuerdo, Diputado.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Gómez del Campo. Agotada la lista de oradores, se votará la proposición en los términos que explicó en el punto resolutivo segundo el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza de común acuerdo con el Diputado promovente.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición en los términos explicados por la Presidencia.

- El C. Secretario Diputado Ochoa Gallegos: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Senador Cervantes Andrade: Aprobada la propuesta. Comuníquese.






Tiene ahora la palabra el Diputado Ricardo Cantú Garza, para presentar a nombre propio y de Diputados de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo que exhorta a promover una campaña de sensibilización y diagnóstico médico para el tratamiento de la enfermedad celíaca e intolerantes al gluten.

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: Hubo un pequeño error en el punto de Acuerdo que vamos a presentar en la tribuna, eran dos los que habíamos enlistado pero el que vamos a exponer tiene que ver con el etiquetado de alimentos azucarados.

Igualmente, los grupos parlamentarios están enterados de ellos porque me comentaron que lo estaban conociendo y que lo van a apoyar.

Bien, a nombre propio y de los Diputados de diversos grupos parlamentarios, proponemos que el siguiente punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para aplicar el semáforo en el etiquetado de bebidas y alimentos, en cuanto a la cantidad de consumo de azúcar.

Nuestro país tiene una problemática de salud pública preocupante relacionada con los efectos dañinos por consumo de azúcar, en particular se encuentra la diabetes y la obesidad. Según la Encuesta Nacional de Salud Pública del 2012, la proporción de adultos con diagnóstico previo en diabetes fue de 9.2 por ciento en el total nacional, lo que la coloca como una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia y como una de las principales causas de muerte en nuestro país.

En este sentido, debemos mencionar que cifras de algunos especialistas estiman un promedio de 40 mil pesos anuales por costos directos para atender la problemática relacionada con la diabetes en algunas instituciones públicas.

Sin embargo, es pertinente mencionar que esta cantidad puede ascender hasta los 90 mil pesos, si se consideran los posibles costos indirectos. Desgraciadamente, entre la población más afectada por este padecimiento se encuentran los más pobres y sin acceso a los servicios de salud pública.

Por otra parte, la obesidad en general responde a malos hábitos de alimentación y una dieta no saludable. En nuestro país, según datos de la OCDE, la incidencia de obesidad es de casi un tercio de los mexicanos, agravándose el problema cuando se presenta en la población infantil.

El Instituto Nacional de Salud Pública retoma un estudio en el que se estima el costo nacional de este padecimiento para el 2010, el cual fue calculado en 806 millones de dólares, lo que equivale a más de mil millones de pesos actuales, y menciona que dicho costo puede aumentar dramáticamente si las tendencias actuales se mantienen.

Por ello, es necesario destacar esta problemática de salud pública por todos los medios posibles; uno de estos medios es precisamente la adecuada información de los nutrientes y los contenidos en azúcares tomada como una herramienta preventiva adecuada.

Debemos recordar que recientemente ha habido diversas manifestaciones que protestan contra la ineficacia de la información que se brinda a los consumidores por parte de las empresas en sus productos sobre el contenido calórico, así como a las violaciones de las normas con referencia a la cantidad de azúcar y otros endulsantes artificiales en diversos productos de consumo masivo.

Es por ello que se ha impulsado por una parte de las organizaciones de la sociedad civil, un movimiento en pro de facilitar la información y el conocimiento necesario y suficiente sobre el producto, ante ello se propone el uso del semáforo preventivo en el etiquetado del producto para que los consumidores puedan tomar la mejor decisión sobre su consumo.

Este mecanismo de semáforo ya ha sido utilizado en otros países como Ecuador, Venezuela y varios países europeos, los beneficios han sido tanto para las personas que ahora toman decisiones de consumo más informadas y son conscientes de lo que significa una dieta saludable, así como para las empresas que han optado por mecanismos de responsabilidad empresarial, un compromiso con la salud, las cuales ganan más y mejores mercados, así como el reconocimiento social.

En México, en este movimiento por promover el etiquetado en base al semáforo, hay organizaciones que han hecho un trabajo loable de concientización y que es meritorio reconocerlas, entre ellas destaca: El Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria, Fundación Mídete, Asociación Mexicana de Diabetes, Red Contra el Cáncer, entre otras, a quienes les hacemos un reconocimiento público por su importante labor desarrollada para el combate a la obesidad y con ello a todas las enfermedades relacionadas.

Compañeras y compañeros legisladores, desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos sumamos a todas las medidas necesarias para prevenir las enfermedades que más aquejan a nuestra sociedad.

En esta ocasión, solicitamos de su apoyo para hacer que este exhorto trascienda en todos los rincones del país, y con esta adaptación fortalezcamos el cúmulo de políticas públicas que buscan resarcir las dañinas consecuencias por el consumo inmoderado de azúcar, esta vez facilitamos su identificación en el contenido y cantidad de la elaboración de los productos, y en particular las medidas y alimentos etiquetados.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

Propuesta

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS A APLICAR EL SEMAFORO EN EL ETIQUETADO EN BEBIDAS Y ALIMENTOS, EN CUANTO A LA CANTIDAD DEL CONSUMO DE AZUCAR.

“Los suscritos, Diputados Federales a la LXII Legislatura, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al Pleno de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta  a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),que se aplique el semáforo en el etiquetado en bebidas y alimentos, como se ha hecho en base a la experiencia de Inglaterra, así como el cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, en cuanto a la cantidad del consumo de azúcar, ya que representa un riesgo para la población.

CONSIDERANDOS

Entre las medidas recomendadas para combatir la obesidad y la diabetes, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud Pública, entre muchas otras instituciones nacionales e internacionales, recomiendan el desarrollo de etiquetados al frente de los alimentos y bebidas que sean veraces, sencillos y útiles para los consumidores con el fin de que puedan realizar elecciones más saludables.

El nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de febrero, es engañoso e incomprensible para la población, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas en México, Estados Unidos y Europa, por lo que la Alianza por la Salud Alimentaria, de la que El Poder del Consumidor forma parte, demandó que se derogue “ya que no cumple con las recomendaciones internacionales de salud y está hecho a la medida de la industria”.

Es necesario que la Cofepris presente bajo qué criterios se establecieron estos cortes de acuerdo, para definir en cada uno de estos componentes: azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas en el etiquetado frontal.

La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes especifica que “el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe comunicar información nutrimental clara a los consumidores y fomentar decisiones saludables entre estos”.

Sin embargo no ofrece información clara a los consumidores y tampoco fomenta decisiones saludables entre estos.

Este etiquetado señala que el criterio establecido para consumo diario de azúcar es de un total de 90 gramos (18 cucharadas cafeteras), muy por encima de los 50 gramos, equivalente a (10cucharadas cafeteras) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como máximo tolerable en todo un día para un adulto.

En la Estrategia Nacional se tomó la referencia científica de la OMS, y en el etiquetado promovido por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se tomó el criterio de las industrias que no tiene ningún sustento científico, sólo el del engaño.

En este momento, la Organización Mundial de la Salud lleva a cabo una consulta pública a su propuesta de reducir su recomendación de ingesta máxima tolerable de 50 gramos a 25 gramos (5 cucharadas cafeteras).

Es importante conocer los azúcares añadidos, ya que no existe ninguna recomendación de ingesta, sino únicamente un máximo tolerable, según la OMS, es por esta razón que a la industria no le conviene especificarlo.

Por lo que hacemos un exhorto a la COFEPRIS para que se aplique el semáforo en el etiquetado, como se ha hecho en base a la experiencia en Inglaterra y como se promueve en Ecuador; y que este nos permita decir hasta que cantidad de calorías puede ser considerado en rojo, o amarillo y toda la información que está comprobado que son nocivos, cada alimento tiene una etiqueta con un círculo dividido en cinco categorías, que señalan cuánto provee de calorías, azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas. Los productos marcados en color rojo son los no recomendados, aunque se admiten para un “consumo ocasional”. Los amarillos son los que se consideran que están bien, pero no son del todo saludables, como los del verde. De acuerdo a criterios de tablas establecidas internacionalmente.

“Se trata de la “semaforización” de los alimentos”

Así como el cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS, en cuanto a la cantidad del consumo de azúcar, ya que representa un riesgo en la salud para la población.

En este sentido, debemos decir que nuestro marco Constitucional, así como lo referente a la Ley General de Salud, establecen que el derecho a la protección de la salud es para todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que promuevan el semáforo en el etiquetado, así como el cumplimiento con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente a 7 de mayo de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Cantú Garza.- Dip. Mirna Velázquez López.- Dip. Elizabeth Vargas Martín Del Campo.- Dip. Roberto López Rosado.- Dip. Loretta Ortiz Ahlf.- Dip. María Elia Cabañas Aparicio.- Dip. Dulce María Muñiz Martínez.- Dip. María del Carmen Ordaz Martínez.- Dip. Luis Miguel Ramírez Romero.- Dip. Gerardo Villanueva Albarrán”.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO
HECTOR HUMBERTO GUTIERREZ DE LA GARZA

- El C. Presidente Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, amigo Diputado. Túrnese a la Segunda Comisión.

Diputado, no escuché que fuese la solicitud en ese sentido, por parte de esta Presidencia, no hubo en ningún momento algún acuerdo sobre el particular, que fuese comunicado a esta Mesa Directiva, además deseo advertir que hubo, al parecer, alguna sustitución de última hora, y por lo tanto ya se hizo el turno correspondiente.

Apelo a la consideración suya, Diputado, en virtud de que esta era la indicación, o al menos la sugerencia que se tenía por parte de esta Mesa Directiva, y dado que ya se tomó el acuerdo no quisiese dejar el precedente en ese sentido; sin embargo, si esta Asamblea determina que someta a consideración la solicitud, lo podremos hacer, pero creo que al no haber el acuerdo correspondiente, al menos vertido aquí, la consecuencia sería la misma, por lo mismo apelo a la comprensión de usted, Diputado. Sonido en escaño del Diputado Cantú.

- El C. Diputado Ricardo Cantú Garza: (Desde su escaño) Primero, quiero señalar que desde el principio celebramos cuál era la proposición con punto de Acuerdo que venimos a presentar a esta tribuna, si hubo algún error fue que tenían dos propuestas con el mismo tema de salud, y posiblemente se tomó la primera que estaba relacionada, pero señalamos precisamente cual era.

El punto de Acuerdo que íbamos a someter a consideración de este Pleno, y hasta donde yo entendí, el turno no terminó de hacerse, y yo pido como ha sido el caso de otros grupos parlamentarios, que no se margine, y como en otros grupos ha sido posible poner a consideración puntos de urgente y obvia resolución, y que según el Reglamento han sido aprobados, nosotros también tenemos derecho a proponer este tipo de puntos, pues que se ponga a consideración del Pleno si considera o no que sea este punto de urgente y obvia resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Diputado Cantú. El reglamentillo que el día de hoy aprobamos, prevé específicamente cuatro puntos de Acuerdo o la posibilidad de cuatro puntos de Acuerdo de urgente resolución.

Como usted tiene conocimiento, el proyecto circulado hace una semana contenía sólo la posibilidad de tres puntos de Acuerdo de urgente resolución y esta Mesa Directiva, en la mañana, hizo precisamente esta solicitud en base en estas consideraciones.

Repito, la información que tenía esta Mesa Directiva era en este sentido.

Más sin embargo, por parte de esta Presidencia no existe, de ninguna manera, alguna situación de no ponerlo a consideración de esta Asamblea si existe el acuerdo correspondiente, bajo el entendido que el propio reglamentillo prevé cuatro puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

Sonido en el escaño del Diputado Manuel Añorve.

- El C. Diputado Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Por parte del grupo parlamentario del PRI, no tenemos ningún inconveniente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Adelante. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a consideración de inmediato.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión la propuesta. Haremos el listado de dos oradores a favor y dos oradores en contra.

Me solicita el uso de la palabra la Diputada María de las Nieves García Fernández, a favor. Adelante Diputada.

¿Algún otro legislador a inscribir?

Una vez concluida la intervención de la Diputada García Fernández, procederé a solicitar que se realice la votación correspondiente. Adelante Diputada.

- La C. Diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras legisladores.

Como se señala en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, es claro que México atraviesa por una transición caracterizada por el aumento de sobrepeso y obesidad que afecta a las zonas urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones.

Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos documentados en el plano mundial.

De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó del 25 al 35.3 por ciento y la obesidad de 9.5 a 35.2 por ciento.

Durante las últimas décadas, el número de personas que padecen diabetes se ha incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte en México.

Estamos conscientes que el sobrepeso y la obesidad, al igual que otros trastornos de la alimentación, tales como la bulimia y la anorexia, son problemas complejos que hunden sus raíces en factores socioculturales, biológicos y psicológicos y que un abordaje sistémico implica trabajo multidisciplinario, integral y de largo alcance.

Sin embargo, por las dimensiones actuales del incremento en la incidencia, por su trascendencia clínica y su enorme impacto social, son necesarias acciones urgentes.

En ese sentido, yo quisiera recordarles que el 11 de abril del año 2013, el titular de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios anunció la estrategia regulatoria para el combate al sobrepeso, a la obesidad y la diabetes, y en eso incluía un nuevo etiquetado de productos con su sello nutrimental del organismo y restricciones a los anuncios de comida chatarra en televisión.

Esta regulación está colocando a México en la vanguardia y dentro del concierto mundial.

En el particular de etiquetados es mejorar las condiciones de los productos procesados, tanto de alimentos y bebidas, para expresar de manera clara el contenido calórico del artículo de acuerdo con la ingesta diaria.

Yo quiero hacer un comentario aquí en relación a los semáforos. De entrada decimos que estamos de acuerdo porque es importante que estas medidas que el titular de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios el pasado 11 de abril de 2013 manifestó como una estrategia del etiquetado frontal, sabemos que hasta principios del próximo año esta estrategia se va a llevar a cabo, específicamente en los envases de los refrescos y de los alimentos. Sin embargo, lo mencionó el Diputado Cantú, quien hizo la propuesta de este punto de Acuerdo, los semáforos, específicamente en Inglaterra, funcionaron; sin embargo, en la correlación con otros países regresaron al etiquetado frontal inicial.

De entrada estamos de acuerdo en este exhorto, estamos de acuerdo en que la COFEPRIS implemente estas medidas y solamente decirles que el etiquetado binario que menciona el Diputado Ricardo Cantú en este punto de Acuerdo ya está, ya existe en esta estrategia y esperamos solamente que el Ejecutivo, a través de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, haga la implementación de estos tres requisitos del etiquetado, en donde se deje a un lado la discriminación entre productos, porque lo que ha hecho que no se implemente en este momento estas tres reglamentaciones para el etiquetado de los alimentos y de las bebidas, es justamente ese problema de discriminación entre un producto y otro que pudiera ser específicamente la parte del semáforo.

Entonces, nosotros también estamos de acuerdo de que se exhorte al titular de la Comisión de Riesgos Sanitarios para que en breve tiempo se implementen justamente estas tres medidas para el etiquetado frontal de los alimentos y de las bebidas.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Diputada García Fernández.

Le concedemos el uso de la palabra al Senador Ríos Piter, para hablar a favor de esta propuesta.

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Sí, señor Presidente.

Brevemente para apoyar la propuesta del Diputado Cantú, toda vez que hemos venido debatiendo en esta tribuna la preocupación que como país debemos de tener sobre el tema de la obesidad.

Hoy la diabetes se ha convertido en un problema que avanza en todas las regiones del país, en donde el desafortunado y poco honroso primer lugar en niños que viven en obesidad señala un horizonte complejo en términos de salud. Y en esa lógica, cuando se debatió el tema fiscal y se puso un peso adicional de costo para el refresco, para las bebidas azucaradas, hablábamos y discutíamos que es indispensable tener una política integral.

Y por eso es importante que siempre que se comenten temas que tienen que ver con la obesidad, hay que entender que se trata de construir una política de salud con una visión integral.

Difícilmente aquel incremento en el precio del refresco será una bala de plata si lo que se trata es de disminuir las condiciones de obesidad que enfrentan nuestros niños y que enfrenta nuestra población.

Por eso es importante participar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la información que este punto de Acuerdo está planteando, que puedan los consumidores revisar en el etiquetado cuáles son los contenidos de lo que están consumiendo. De tal manera que esto acompañado con otras políticas, las políticas de educación en términos de cómo modificar los patrones culturales de consumo, pues irán de la mano con una visión que tenga como objetivo final el disminuir la obesidad en nuestra población y el poder tener un sistema de salud que esté precisamente adecuado y preventivo en términos de este problema.

De tal manera que apoyaremos este punto de Acuerdo y apoyaremos todas las visiones que tengan que ver con la construcción de esa política integral.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Ríos Piter.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada la propuesta, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobada la propuesta. Comuníquese.

Antes de pasar a la aprobación de Comisiones de Trabajo, esta Presidencia desea señalar que, como es de su conocimiento, el día de mañana se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, por tal motivo, la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores realizará la presentación de la campaña “Dos matices del turquesa”, a fin de presentar el panorama de esa enfermedad, desde sus detalles técnicos hasta los esfuerzos de la sociedad civil y de los profesionales, en la búsqueda de la atención de las instituciones públicas para todas las personas que padecen de dicha enfermedad.

La presentación de la campaña se realizará este día en la sala de conferencias de la planta baja de este edificio, por lo que la Mesa Directiva les desea el mayor de los éxitos en este tan importante evento y ofrece una disculpa a la propia comisión porque esta advertencia debió haber sido de primera hora, pero son las disculpas del primer día de la Permanente.

Sonido en el escaño de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

- La C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Solamente agradecer el comentario que hacen, y sobre todo invitarlos a sumarse a esta campaña, es uno de los problemas que está causando más muertes de mujeres y que nosotros queremos levantar la voz, visibilizar, informar, el día de hoy lo hemos echado a andar con la participación de todas las Senadoras e invito también a los varones a sumarse a este trabajo, que es una causa de muerte de mujeres, nosotros queremos también la suma de todas y todos ustedes.

Muchas gracias por esta participación.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senadora Gastélum Bajo, y el mayor de los éxitos se le reitera por parte de esta Mesa Directiva.






Honorable Asamblea, informo a ustedes que esta Mesa Directiva suscribió el Acuerdo por el que se integran las Comisiones de Trabajo de esta Comisión Permanente. Dicho Acuerdo se les ha distribuido y pueden consultarlo en el monitor instalado en su escaño.

Solicito a la Secretaría dé lectura al Acuerdo.

MESA DIRECTIVA

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Doy lectura al Acuerdo.



Es todo, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: En consecuencia, está a discusión. No teniendo oradores inscritos esta Presidencia, solcito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.






Continuando con el Orden del Día, pasamos al apartado de Agenda Política.

Esta Presidencia tiene registrado en agenda política a los siguientes legisladores en este orden:

Senador Armando Ríos Píter, Diputado Alfonso Durazo Montaño, Diputado Enrique Aubry de Castro, Senador Juan Carlos Romero Hicks y Senador Ismael Hernández Deras, todos para referirse a una propuesta presentada por el grupo parlamentario del PRD, referente a los pendientes legislativos de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En tal virtud, se le concede el uso de la tribuna al Senador Ríos Piter, en los términos aprobados por nuestro Acuerdo parlamentario.

INTERVENCION

- El C. Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Para nosotros es muy importante poner a consideración de todos los grupos parlamentarios en esta Comisión Permanente, el tema de los periodos extraordinarios, sobre todo porque pareciera ser que hay una dinámica inercial de que estos periodos extraordinarios pues ya están preconcebidos, ya el foro para debatir será el Congreso de la Unión, pero en esa lógica inercial se ignora lo que está pasando fuera de este recinto, se ignora que en el tema de telecomunicaciones, que yo mencionaba en la presentación de mi iniciativa, hay gente que está activa y que está preocupada por el debate en telecomunicaciones y que quiere participar, y que si no participa en el debate formal establecido en comisiones lo está haciendo en la calle, está saliendo, comunicándose, marchando y buscando tener una incidencia plena en un tema que consideran fundamental, y no solamente es el tema del derecho a la información, como el caso del acceso a Internet que hemos comentado, sino me parece importante comentar lo que ha ocurrido en la última semana en estas misivas que ha entregado Cuarón al Presidente de la República.

No solamente determinó diez preguntas que un servidor y que me parece que muchos millones de mexicanos y mexicanas consideran pertinentes en torno al tema de la reforma energética, sino que el pasado 5 de mayo presentó una última pregunta que es indispensable en este debate político y que pusiera a consideración de todos los que decimos representar a la gente en este Congreso de la Unión, y la pregunta es muy básica, la pregunta es muy puntual, la pregunta es muy simple: ¿por qué no debatir?

Me ha tocado escuchar a legisladores del PRI, me ha tocado escuchar a legisladores del PAN, que señalan como si ya fuera un destino manifiesto que el tema de la reforma energética, de las leyes secundarias, va a estar la segunda, la tercera o la cuarta semana del mes de junio.

Obviamente preocupa que lo quieran hacer en fechas en las que se estén llevando a cabo los partidos del mundial, pues para tratar de aprovechar la situación de desinformación que también se presentó cuando fue votada la reforma constitucional.

Pero quiero tomar el planteamiento básico que hace Cuarón, porque me parece que ahí es donde están las preguntas que hoy se hacen muchos millones de mexicanos y mexicanas.

El plantea, y cito textual de esta carga, es corta, pero me parece que en la pregunta de:

¿Por qué no debatir?

Y en la respuesta que me ha tocado escuchar de parte del Poder Ejecutivo, es donde hay una enorme distorsión en lo que decimos representar aquí en el Congreso de la Unión y lo que está pasando afuera, o las preocupaciones que tiene la gente sobre un tema tan importante como es la reforma energética.

Y en él comenta, en una carta dirigida a Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: “Agradezco su pronta respuesta a las 10 preguntas que formulé sobre las reformas energéticas y petroleras, agradezco que hayan sido respondidas y, lo considera, no son preguntas sólo a título personal, sino él considera que son preguntas que hoy se hacen millones de ciudadanos mexicanos y mexicanas”.

Y señala: “Por eso creo que sus respuestas no pueden ni deben agotar la discusión. Por el contrario, abren la oportunidad de que se realice el debate plural y abierto sobre estas reformas, el debate que merecemos todos los ciudadanos.

La calidad de una democracia va a más allá del proceso electoral y va más allá de las discusiones y votaciones en el Congreso.

La calidad de una democracia, cierra Cuarón, depende mucho de sus debate públicos”.

Y por eso, compañeras y compañeros, me parece que es pertinente traer a colación ese debate.

Si nosotros como representantes, los Diputadas y Diputados, los Senadoras y Senadores, de la gente en el Congreso de la Unión, estamos dispuestos a que un tema tan trascendente, tan importante como son las leyes reglamentarias, pues quieran solamente quedar circunscritas al debate pobre, y hay que decirlo, que tiene el Congreso de la Unión, o si queremos tomarle la palabra a Cuarón, que hoy representa a muchos millones de ciudadanos y ciudadanas; que hoy representa la necesidad de contrastar posiciones, de contrastar información en un tema tan importante como es el tema energético.

Hemos insistido en el PRD la necesidad de una consulta popular.

Hemos votado, la mayoría de lo grupos parlamentarios, por instrumentos de democracia participativa.

Me parece que el punto que hoy pone Cuarón a debate, que es la posibilidad de que se haga una discusión en horarios de primer nivel frente a la ciudadanía, con la posición del gobierno y sus aliados en el PAN, pero también con actores que desde la otra trinchera pensamos que el camino que ha sido definido para estas leyes reglamentarias no es el correcto, pues pueda darle a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas, instrumentos para saber qué es lo que se está debatiendo, y no trivializar, y con eso cierro, señor Presidente, no trivializar en que sería un debate entre Cuarón y el Presidente de la República.

¡No! Hagámoslo un debate entre expertos. La posición que tienen ustedes quienes hicieron la reforma constitucional y la posición que tenemos nosotros, desde la izquierda, donde muchos millones y millones de mexicanos quieren saber cuáles son los alcances de lo que ustedes aprobaron en materia constitucional.

Pongámoslo a discusión, compañeras y compañeros, y no pensemos solamente en sacar un periodo extraordinario especialmente en el tema energético por querer sacarlo, porque hoy la gente allá fuera está participando, y la carta de Cuarón es la cara de muchos millones y millones de mexicanos que quieren respuestas de parte de los políticos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Ríos Piter.

Desea señalar esta Presidencia que conforme al Décimo Noveno de nuestro Acuerdo aprobado para el procesamiento de discusión de los diversos temas del Orden del Día, los siguientes oradores tendrán hasta un tiempo, de 3 minutos con las consideraciones correspondientes.

Así está previsto, que el que propone o realiza la propuesta de agenda política tiene hasta 5 minutos, sobre todo porque van a ver el reloj correspondiente para efectos de cualesquier duda.

Al mismo tiempo señalo, que el Diputado Aubry de Castro, del Partido Verde Ecologista de México, declina.

Y la última participación ha sido solicitada por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

Deseo advertir que el propio Décimo Noveno señala, de manera muy clara, que el grupo parlamentario que registre el tema tendrá derecho a participar con la última intervención para cerrar el debate, y sería en este caso de hasta 3 minutos.

En consecuencia, el orador que cierre este debate será el Diputado Fernando Belaunzarán.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano.

- El C. Diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El tema del rezago legislativo, de los pendientes legislativos nos da oportunidad de señalar, lamentablemente, lo digo con pena, que el Legislativo se ha convertido en una instancia minimizada y meramente instrumental a los deseos del Presidente de la República.

En el periodo pasado se han presentado 460 iniciativas, 5 de ellas de carácter presidencial, que aún y cuando no se ha hecho uso de la atribución de la ley prioritaria, estas han tenido, todas ellas, un carácter o un procedimiento de excepción, cuando menos en la Cámara de Diputados.

El rezago legislativo está centrado, fundamentalmente, en todas aquellas iniciativas que han presentado las Diputadas y los Diputados.

La Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, lamentablemente, más celosa que el propio Presidente, se ha excedido en interpretar las propias urgencias presidenciales.

Y en las iniciativas del Presidente, iniciativas presidenciales que han salido, han estado marcadas invariablemente por una catarata de violaciones al procedimiento parlamentario.

Es decir, la escasa eficacia que ha habido en la Cámara de Diputados se ha basado en la ya legendaria lógica del “Haiga sido como haiga sido”.

La más reciente de estos ejemplos, producto de esta lógica, fueron las modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, que derivado de las urgencias de coyuntura, nos obligaron a tragar un bodrio que llevaba, entre otros errores, artículos sin ningún contenido.

Derivado de ello, hago un llamado a la Presidencia de la Comisión Permanente, particularmente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a contemplar en un próximo proceso, en un próximo periodo extraordinario de sesiones, iniciativas sumamente relevantes.

Al inicio de esta Legislatura, el Presidente de la República ofreció plantear una Ley Anticorrupción, que luego hizo suya la fracción parlamentaria del PRI, es decir, no fue una iniciativa presidencial.

De tal manera que esta iniciativa duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, en un país en el que ocupa actualmente el lugar 106 en el Indice de Corrupción mundial de 170 países evaluados.

Antes que nosotros, como menos corrupto están países como Etiopia y Egipto.

En sólo 8 meses de este gobierno, pasamos del lugar número 100, en el que nos dejó el gobierno de Felipe Calderón, al lugar número 106.

Así es que me parece que es elemental, dada la dimensión del problema de la corrupción en el país, destrabar la iniciativa de la Ley Anticorrupción.

Por supuesto, también tenemos el paquete de iniciativas electorales. Me parece una irresponsabilidad que no estén todavía aprobadas, en virtud de que ello generará una serie de enfrentamientos, o pone en riesgo de que el próximo proceso electoral genere o derive en una serie de enfrentamientos políticos.

Está también, por supuesto, la iniciativa para dotar de carácter de estado, al propio Distrito Federal.

En virtud de ello, pues, reitero el llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a incorporar en los próximos periodos extraordinarios que se han mencionado, cuando menos en términos declarativos, incorporar la iniciativa Anticorrupción, para dotar al gobierno de la República de un instrumento con el que más allá de la voluntad de combatir la corrupción, esté obligado a hacerlo, y no con el carácter minimizado al que hoy ha sido reducida la Secretaría de la Función Pública.

Espero lo consideren de relevancia y podamos en las instancias procesales oportunas, apoyar una iniciativa de esta naturaleza.

Gracias, señor Presidente.

Gracias a todos por su atención.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Durazo Montaño.

Le concedemos el uso de la palabra al Senador Juan Carlos Romero Hicks, del grupo parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.

- El C. Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores:

Acción Nacional ha acompañado las grandes reformas trascendentes de este país.

En el caso de la reforma educativa, es la única que ha transitado desde la Constitución a sus leyes secundarias.

Acompañamos, también, diez reformas constitucionales. Y ahora estamos trabajando en la legislación secundaria.

Sabemo, y nos preocupa, que hay transitorios que son obligatorios para cumplir. Sin embargo, debemos hacerlo bien y rápido, en ese orden. No vamos a sacrificar la calidad.

Por ejemplo, recientemente procesamos la Ley Federal de Competencia Económica. Avanzamos en la Ley de Delitos Electorales, y estamos conscientes de que hay tres iniciativas muy visibles: la reforma político-electoral, la de telecomunicaciones y la energética.

En cada una de ellas hemos ido a los foros de consulta, hemos escuchado a los demás, porque creemos que cuando uno escuchan los demás corre el riesgo de aprender.

Saludamos a todas las fuerzas políticas y queremos construir.

Por ejemplo, en el caso de la reforma política, hemos planteado una serie de aspectos hemos dialogado con las demás fuerzas y estamos próximos a un acuerdo.

Esperemos que la próxima semana esto pueda cristalizarse.

Depende de la humildad, de la inclusión y la sensibilidad de todos los actores.

En el caso de la reforma energética, también conviene recordar que había un transitorio, para que estos estuvieran listos alrededor del 20 de abril, y la iniciativa del señor Presidente de la República llegó el 30 de abril. Porque lo quiso hacer a conciencia. Porque quiere que el debate esté abierto en estas perspectivas.

En el caso de telecomunicaciones, también acudimos a todas las consultas, hay temas muy complejos. Este Congreso, a través de la Comisión Permanente, tendrá que seguir siendo eso, un resonador potente que registre las más pequeñas vibraciones que provienen de todas las partes de los trozos del alma de México.

Nosotros estamos convencidos que debatir no es reñir, y que estamos abiertos a construir caminos de esperanza y vamos a seguir trabajando para poder hacer de México el mejor lugar para nuestros hijos.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias, Senador Romero Hicks.

Le concedemos el uso de la palabra al Senador Hernández Deras, del grupo parlamentario del PRI.

- El C. Senador Ismael Hernández Deras: Gracias, señor Presidente.

En la fracción parlamentaria del PRI, estamos convencidos, amigas y amigos miembros de la Comisión Permanente, que durante lo largo de 30 sesiones que se han desarrollado, en el PRI hemos buscado obtener puentes de comunicación, siempre con todas las fuerzas políticas, para seguir impulsando en esta etapa de nuestro país. Una etapa reformista que beneficie a todos los mexicanos.

Nosotros estamos convencidos del esfuerzo realizado por todos los partidos representados en el Congreso de la Unión.

Estamos convencidos, también, de lo que hasta ahora hemos podido avanzar. Sin duda que las reformas estructurales serán efectivas y tiene la opinión, la inclusión, la suma de todas y cada una de las observaciones de todas las fuerzas políticas de nuestro país.

Sabemos bien que los tiempos del Congreso, son tiempos hoy del debate, del consenso, de la pluralidad y de la inclusión.

Es cierto, lo reconocemos, que la agenda no está agotada, pero ello no implica que todas y cada una de las comisiones de las dos Cámaras tienen una gran responsabilidad para seguir profundizando, acercando y, sobre todo, trabajando para aprobar dictámenes que presenten a los plenos, en su momento.

Estoy seguro que todas las opiniones para nosotros habrán de ser valiosas. Pero yo creo que frente a la actividad productiva del Congreso de la Unión, es justo reconocer el trabajo de todas y cada una de las fuerzas políticas.

Se han atendido, como ya han enumerado, reformas constitucionales históricas, que parecerían en su momento que serían casi imposibles que transitaran con esta conformación de las diferentes fuerzas políticas en las Cámaras.

Sin embargo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las normas en materia de Iniciativa Ciudadana y Preferente, el Código de Justicia Militar, la Ley General de Salud, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otros, yo creo que todos hemos podido demostrar que estamos abiertos al diálogo, al acuerdo.

Estamos estimulados por provocar que por encima de la figura, en su momento, del Pacto por México, y después en el encuentro mismo que se da en el Congreso de la Unión, hemos logrado transitar para seguir demostrando a los mexicanos el compromiso que tenemos para, efectivamente, en este debate constructivo, positivo, podamos en esta nueva etapa lograr acercarnos para que los periodos extraordinarios, con temas específicos en las leyes secundarias, podamos, una vez más, demostrarle al pueblo mexicano que nuestros pendientes son los pendientes de todos y cada uno de los sectores de México.

Enhorabuena la preocupación, pero que la preocupación, como lo comentaba el compañero Senador del PAN, genere en la humildad política, en el ánimo constructivo y positivo de todos y cada uno de nosotros, los resultados para bien de los próximos años, de las próximas generaciones.

Siempre lo hemos demostrado. Y hoy, con más razón, el compromiso es, cómo acercar las visiones, cómo armonizar el proyecto de nación, respetando a todas y cada una de las fuerzas políticas de este país, pero lo más importante que nos una; combatir la pobreza y la desigualdad que hoy sigue teniendo nuestro país.

Enhorabuena la preocupación. Y seguramente nuestro partido seguirá teniendo los brazos y el ánimo político abierto para seguir construyendo, en estos próximos días, acuerdos para los periodos extraordinarios.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Senador Hernández Deras.

Le concedemos el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán, del grupo parlamentario del PRD, para concluir con la agenda política del día de hoy.

- El C. Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, señor Presidente.

Bueno, el caso es que estamos en una situación complicada y difícil, el proceso electoral 2015 está próximo a empezar y no tenemos leyes electorales, sería verdaderamente un despropósito que se nos fueran los tiempos y los plazos. Aquí hemos visto expresiones de voluntad, no dudo de la voluntad, pero el hecho es que a esta fecha no tenemos leyes electorales tal y como había sido un compromiso que habíamos hecho desde que salió la reforma constitucional.

Imagínense que no salieran las leyes electorales, iríamos a un 2015 de gran incertidumbre, y estaríamos yendo, en lugar de haber avanzado, estaríamos retrocediendo y poniéndose en una situación sumamente complicada al país en sus instituciones democráticas.

La democracia hay que profundizarla, no hacer un salto para atrás, como sería si no cumplimos con esta responsabilidad. Pero yo por supuesto veo que los Senadores están tomándose con mucha responsabilidad esta tarea, entonces yo no los cuestiono, al contrario, quiero respaldar y apoyar su labor.

Pero aquí lo que veo es que se congestionó una Cámara, se congestionó, y ahí que me perdonen, pero yo veo una clara responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo. Enrique Peña Nieto mandó prácticamente todas las iniciativas de gran calado a una sola Cámara, y hay que decirle al Presidente que este es un país bicameral, y dicen: “éramos muchos y parió la abuela”, y después de estar congestionados todavía mandan la gran mayoría de las leyes energéticas, a una sola Cámara.

Yo no quiero pensar que la intención del Ejecutivo sea atorar las cosas por un exceso de trabajo en una sola de las Cámaras. Entonces, lo primero que yo haría es un llamado al Ejecutivo para que se acuerde que hay dos Cámaras, porque terminamos el periodo ordinario de manera muy dispar.

Por una parte, en el Senado estaban muy saturados y no pudieron darle salida a cosas fundamentales, y en la Cámara de Diputados estábamos pues realmente relajados, no porque hiciéramos mejor trabajo en la Cámara que en el Senado, sino porque hubo una mala distribución de las iniciativas, y mi primer llamado es al Presidente de la República para que sepa administrar bien, y que las grandes iniciativas no sólo vayan a una Cámara. Que a Peña Nieto no se le conozca como el Presidente unicameral y que podamos trabajar, me parece muy bien, compaginados.

Pero hay una cosa fundamental también en esto, es verdad que falta debatir. Y la pregunta que hace Alfonso Cuarón es algo que la sociedad comparte; en la reforma energética tan importante no hubo un debate nacional. En el 68, los estudiantes le pidieron diálogo público al presidente, y claro que el oficialismo se le fue encima a los estudiantes por: ¡Oh, cómo se le ocurre pedirle diálogo público al titular del Ejecutivo!

Yo creo que hemos cambiado mucho en la sociedad en este tiempo, y en lugar de estigmatizar y ayudar a esta campaña de linchamiento mediático contra un cineasta, por supuesto que nos enorgullece por su trabajo, pero puede ser cualquier ciudadano. En lugar de estigmatizarlo, descalificarlo, me parece que deberíamos retomarlo.

Hay que debatir, además, ¿por qué vamos a debatir? Pues porque va a haber consulta popular en 2015 sobre el tema, y es correcto que los ciudadanos estén enterados. Yo no tengo ninguna duda de que la Suprema Corte de Justicia va a aceptar la pregunta, porque es absolutamente constitucional, y el “garlito” de que es ingresos, perdón, para una Corte como la nuestra no se la va a comparar.

Va a haber consulta popular, y es correcto que haya un debate nacional, y ahí sí, perdón, no veo la prisa de sacarlo ahorita en este periodo, mejor saquemos y preocupémonos para sacar la política-electoral, que es fundamental, y en ese sentido me parece que cumplamos con eso. Y además ver, por supuesto, la de telecomunicaciones con todo el tiempo y toda la discusión pública que se merece, y veamos con tiempo también, obviamente, las energéticas, ¿de cara a qué? A que la sociedad va a acabar definiendo en una consulta popular vinculante, tal como dice el artículo 35 de la Constitución.

Entonces, yo saludo, por supuesto, los desplegados que ha hecho Alfonso Cuarón retomando pues las inquietudes que están en la sociedad y que merecemos, en una cuestión de esto, un debate de altura.

Yo respeto, por supuesto, todas las posiciones, no le voy a llamar traidor a la Patria a nadie por discrepar en un punto tan fundamental. Todas las posiciones son legítimas, pero entonces debatámosla de buena lid, de cara a la nación, en un debate nacional que abra pauta a una consulta, que dé los elementos para que haya un voto informado en 2015 por parte de los ciudadanos en la consulta popular.

Y ahora sí, que como decimos, que nos pregunten a todos en el 2015.

Gracias.

(Aplausos)

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Gracias a usted, Diputado Belaunzarán.






Compañeros legisladores, informo a ustedes que las demás iniciativas y las proposiciones inscritas en la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva. La Secretaría Parlamentaria recibirá los avisos que le hagan los grupos parlamentarios para registrar por una sesión más aquellas iniciativas que deseen mantener, como lo permite el resolutivo Décimo Segundo del Acuerdo que fue aprobado este día. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.

PROPUESTAS

De los CC. Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir a las Secretarías de Estado que corresponda, para atender la situación de los integrantes de la comunidad indígena de los Cucapáh en el Delta del Río Colorado, por las condiciones de subsistencia en las que se encuentran. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCION MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE MEDIANTE LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE DESIGNE, SE ATIENDA LA SITUACION DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LOS CUCAPAH EN EL DELTA DEL RIO COLORADO.

“Los que suscriben Senadores, LUIS MIGUEL GERONIMO BARBOSA HUERTA y FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8.1 fracción II; 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA INSTRUIR A LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE CORRESPONDA, PARA ATENDER LA SITUACION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LOS CUCAPAH EN EL DELTA DEL RIO COLORADO, POR LAS CONDICIONES DE SUBSISTENCIA EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, lo anterior bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

La comunidad indígena y ancestral de Mesoamérica de los Cucapá, han habitado el Delta del Río Colorado, al norte del país, desde hace nueve milenios que atestiguan su historia, con diversos estudios que dan testimonio como los trabajos del arqueólogo Rogers C. Owen (1945) Tonatiuh Castro Silva (1999) Macximiliano Muñoz Orozco y María del Socorro Guzmán Ornelas (2006) entre muchos otros.

Esta comunidad de quienes podemos identificar como parte de nuestra composición pluricultural, en términos del artículo segundo constitucional federal, y los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, donde esta comunidad ha vivido en la marginación de manera sistemática, y ante quienes el Estado mexicano no ha podido generar un estado de bienestar, ya que ha existido una dramática disminución de su población; entre los datos históricos esta la referencia del explorador español Fernando Alarcón quien fue el primer europeo en mencionar a los indígenas del río Colorado en 1540, en 1605 había unos 22  mil indígenas en esa región, en 1827 hay un reporte de que unos 5 mil indios vivían en el área y, en 1990, solo quedaban 1000 cucapáh, y en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de la recomendación 8/2002, en el año 2002, solo refieren una población de 225 integrantes.

En esa época el entonces Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes Fernández, en la presentación del Informe de Actividades 2002,  pronunciado el 12 de febrero de 2003 ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; al señalar las recomendaciones emitidas se deja testimonio de la número 8/2002, donde dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por actos violatorios a los Derechos Humanos de los habitantes de la comunidad indígena de los Cucapáh, a quienes, no obstante que subsisten básicamente de la caza y de la pesca, les han sido restringidas sus actividades pesqueras, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo.”

El caso nos da la referencia de la problemática que ha sufrido esta comunidad donde el organismo constitucional garante de la protección no jurisdiccional de Derechos Humanos, señaló:

“El 2 de mayo de 2000, esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja de Mónica González Portillo, por medio del cual manifestó que la comunidad indígena Cucapáh tiene sus asentamientos en los márgenes y delta del río Colorado, en el Estado de Baja California; que sus raíces culturales se encuentran íntimamente ligadas a las actividades pesqueras, las cuales son su único medio de sustento económico, y que al impedirles el ejercicio pleno de sus actividades, se violan los Derechos Humanos de sus integrantes. Señaló que los habitantes han sido desplazados a tierras áridas y se pretende que pesquen en mar abierto, donde se les dificulta realizar dicha actividad. Agregó que constantemente inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les levantan actas administrativas y les aseguran sus herramientas de pesca”

Entre las evidencias, se puede destacar la problemática de esta comunidad, en lo que refiere la citada comisión nacional:

“Esta Comisión Nacional realizó una investigación a fin de integrar el expediente 2000/2007-4, y del análisis lógico-jurídico del conjunto de evidencias obtenidas se acreditó que los Derechos Humanos de los indígenas cucapáh han sido conculcados, conforme a las siguientes consideraciones:

I. Aspecto Pesquero.

En el caso particular es posible sostener que la comunidad indígena cucapáh materializa los supuestos establecidos en el artículo 2o. constitucional para ser considerado pueblo indígena, y, por tanto, cuenta con los derechos que la legislación nacional y los tratados internacionales otorgan a los pueblos indígenas precisamente por esa condición.

Con la información que diversas autoridades proporcionaron a esta Comisión Nacional, se acreditó que a los indígenas cucapáh les ha sido restringida la pesca en la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, por lo que a continuación se expone:

La Profepa ha realizado operativos de inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera, fundamentándose en el artículo 49 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sin embargo, dicha entidad no ha tomado en cuenta el artículo 48 de la mencionada ley, que en su segundo párrafo señala que en las Zonas Núcleo de las reservas de la biosfera podrán “limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas”, de lo que se colige que no es preciso afirmar que está excluida la posibilidad de la pesca en dicha zona. Reforzando lo anterior, el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas no prohíbe las actividades de aprovechamiento en las Zonas Núcleo, lo que confirma la posibilidad de la pesca en dicha zona.

Adicionalmente, en el expediente quedó documentado que no sólo es viable continuar explotando la pesca de la curvina, que aún cuando la realizaran en la Zona Núcleo de la Reserva, no rompe el equilibrio ecológico ni amenaza la extinción de la especie, sino que, por el contrario, la trascendencia que guarda la pesca para ese grupo étnico no sólo deriva del aspecto económico, al ser su medio de subsistencia, sino que ésta forma parte de sus costumbres y tradiciones.

Con lo anterior se deduce que los derechos fundamentales de los cucapáh, como pueblo indígena, han sido conculcados, en especial el derecho a mantener sus usos y costumbres, a la legalidad y a la seguridad jurídica, los cuales encuentran sustento en las fracciones I, III, IV y VI del inciso A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen y garantizan los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, a la decisión de sus formas internas de organización económica y cultural, a la preservación y enriquecimiento de sus conocimientos, y de todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, para la conservación y mejora de su hábitat, y para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan estas comunidades.

El inciso B del mismo precepto constitucional indica que la Federación, los Estados y los Municipios determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus comunidades y pueblos, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; además, también se violó lo preceptuado en los artículos 14 y 16 de la propia Constitución.

En el contexto internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes menciona, en sus artículos 2.1, 4.1, 5, 6, 7, 8.1, 13, 14.1, 15 y 23, la obligación que tienen los gobiernos para reconocer, proteger y respetar los valores y prácticas culturales de los pueblos indígenas, así como su medio ambiente y, en especial, su relación espiritual y cultural con las tierras.

II. Derecho al Desarrollo de los pueblos indígenas.

En la integración del expediente, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó no sólo que la pesca actualmente es prácticamente el único medio de subsistencia con que cuentan los indígenas cucapá, sino que no se han logrado alternativas viables de desarrollo con las cuales se les garantice el pleno ejercicio del derecho al desarrollo y la posibilidad de participar en el crecimiento económico y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Por lo tanto, corresponde a las diversas autoridades proponer alternativas de desarrollo que permitan a los cucapáh realizar actividades productivas que les brinden beneficios, impulsando la realización de proyectos de desarrollo alternativo y sustentable en esta comunidad indígena.

Asimismo, de conformidad con el apartado B del artículo 2o. constitucional, se advierte que para alcanzar más rápido y fácilmente esta meta, es necesario que las distintas autoridades involucradas en la atención de la problemática que nos ocupa realicen acciones coordinadas entre sí, para que, en conjunto con los indígenas cucapáh, implanten proyectos productivos que vayan encaminados a alcanzar el ejercicio del derecho al desarrollo.

Para lograr lo anterior, de conformidad con el artículo 7.1 del Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es de fundamental importancia que las autoridades responsables respeten el derecho de los indígenas cucapáh a decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo, en la medida en que afecte sus vidas, creencias, instituciones, espiritualidad y las tierras en que habitan o que de algún modo utilizan.

III. Aspecto en materia de agua.

En el expediente quedó documentado que un componente que ha jugado un papel determinante en la problemática de la etnia cucapá lo constituye el problema en materia de abastecimiento de agua. Al respecto, es importante hacer referencia al expediente 007/178/02, que se inició el 30 de junio de 2000 en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con la denuncia del maestro Claudio Torres Nachón, en la que solicitó a esa Procuraduría que emitiera una recomendación a las autoridades mexicanas competentes para que solicitaran al gobierno de Estados Unidos de América que fluyera más agua al río Colorado en la parte mexicana, documentándose, como ha quedado asentado en el capítulo de hechos, las acciones que ha tomado dicha institución; sin embargo, no se ha concluido el procedimiento, situación que se deberá realizar dentro de los términos establecidos en la legislación aplicable, con objeto de contribuir a preservar los Derechos Humanos de la etnia cucapáh.

Por todo lo expuesto, esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló las siguientes Recomendaciones:

Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le recomendó que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se actualice el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la comunidad indígena cucapáh y, por ende, su derecho a realizar actividades de pesca en la Reserva, y, de ser posible, de acuerdo con los estudios que se efectúen, fijar una nueva delimitación de la zona núcleo de la misma y sus subzonas, estableciendo los criterios objetivos necesarios para preservar el equilibrio del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. Para la actualización del Programa deberán realizarse los estudios necesarios y dar la participación que corresponda a los indígenas cucapáh y a los demás agentes sociales inmersos en la problemática de la Reserva de la Biosfera, así como al Instituto Nacional de la Pesca, en el ámbito de su competencia; que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que, con la participación de los cucapáh, y en coordinación con las autoridades competentes, se diseñen e instrumenten programas de desarrollo social destinados a este grupo indígena; la realización de un programa de educación ambiental en la región a fin de difundir una cultura de conservación, aprovechamiento y desarrollo sustentable en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como para que se perfeccionen y actualicen las técnicas e instrumentos de pesca de los indígenas mencionados; asimismo, se le recomendó que se sirva girar sus instrucciones a fin de que la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determine, de conformidad con los términos establecidos en la normativa aplicable, el procedimiento 007/178/02.

Al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se le recomendó que se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se expidan permisos de pesca a la comunidad cucapáh en la actual zona núcleo, conforme a las reflexiones realizadas en la presente Recomendación, atendiendo las sugerencias que realice el Instituto Nacional de la Pesca en cuanto a límites de volumen de extracción de especies, y observando las políticas y lineamientos que se adopten en la actualización del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, con uniformidad de criterios respecto a la explotación de curvina y otras especies que sean susceptibles de captura conforme la regulación aplicable.”

El ejemplo de la comunidad indígena de los cucapáh, es representativo para grupos minoritarios que sufren condiciones de extrema pobreza pero que además de su idiosincrasia implica una cosmovisión que se encuentra arraigada en relación con el río, donde habitan desde tiempos ancestrales, ya que desde siempre los ecosistemas de los ríos Hardy y Colorado han permitido la conservación de esta cultura.

Los cucapáh se consideran hijos del río, su mito de origen permite ubicarlos como nacidos del agua. Este grupo indígena considera a la ballena, al venado buro, y a la víbora de cascabel como símbolos de linaje y entidades totémicas. Con danzas y cantos, evocan diferentes elementos de la naturaleza, como buscando una comunicación recíproca con ésta, que representa el territorio donde su cultura se ha desarrollado por miles de años, donde nació su tradición pesquera, y su amor por la naturaleza, donde se deposita toda su esencia.

Los problemas de esta comunidad de manera específica nos llevan a solicitar que se revisen los decretos mediante los cuales se les dota de un porcentaje de pesca1, que pese a que les asigna un 20% en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2014, equivalente a 460 toneladas, resulta esta cantidad insuficiente, por las necesidades de la comunidad.

Otras voces como la Comisión Nacional para la Protección de los Pueblos Indígenas2 y el de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Congreso Estatal de Baja California, pidió a autoridades locales adecuen el acceso al Alto Golfo de California para beneficiar a pescadores cucapáh.3

Otro antecedente lo constituye el sismo de 7.2 grados de 2010 que afectó el camino de acceso a la pesca, donde es urgente la inmediata intervención del gobierno Federal ante la falta de atención del Gobierno de Baja California para reconstruir esa vía que conduce a la zona de desembarque de pangas denominada “El Zanjón”. Donde la petición de los cucapáh es para la reconstrucción del camino, ante el inicio de la temporada de pesca de la especie curvina golfina, “lo cual para las familias indígenas pescadoras, representa su único sostén económico”.

Cada año se deteriora más dicho acceso por la acción de las mareas que presentan el delta y la desembocadura del río Colorado, y ya que desde febrero de este año ya se reportaron las dos primeras mareas en las que los integrantes de las cooperativas indígenas no pudieron pescar pues esta obra se encuentra inconclusa pese a haberse iniciado en diciembre de 2013.

“Esta situación viene a golpear una vez más esta etnia la cual ya estaba sufriendo los estragos del decreto de la Reserva de la Biósfera que les impide pescar en su propio territorio”, debe de considerarse que la temporada de pesca es de sólo tres meses al año y comprenden seis o siete mareas con tres o cuatro días de pesca cada una.

Una circunstancia ligada al caso expuesto, es la disparidad que viven los pescadores de comunidades autóctonas pesqueras, o de pequeños núcleos de población, para quienes debemos proveer de una respuesta de respeto a sus derechos fundamentales, particularmente cuando se trata de subsistencia, quienes muchos de ellos con su presencia ancestral milenaria, como los cucupáh, que actualmente cuentan con 101 lanchas de pesca relativas a un número similar de familias, frente a organizaciones de comunidades vecinas de pescadores del estado de Sonora, y que les generan una desleal competencia, ya que les compiten con 410 lanchas propiedad de monopolios de facto en manos de cinco personas con buena capacidad económica; y que ante los topes de captura en la pesca, los criterios actuales se ejercen por lo menos en la práctica a partir de cada lancha, con lo cual deben revisarse las normas relativas debiendo incorporarse principios que los ubiquen fuera de la pesca para supervivencia.

Es por lo anterior que solicitamos que el Senado de la República exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que en el ámbito de sus atribuciones instruya a las Secretarias de Estado a fin de emitir las acciones necesarias para atender las necesidades de los integrantes de la comunidad indígena de los cucapáh, bajo el criterio de atender su estado de supervivencia como elemento que permita mejorar las prácticas pesqueras y de acuacultura sustentable, generando elementos de equilibrio y seguridad social a los núcleos pesqueros que como en el caso expuesto corren el riesgo de exterminio, con lo cual el Estado mexicano estaría siendo permisivo de un delito de lesa humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este asunto sea considerado de Urgente Resolución y puesto a discusión y votación de esta Asamblea, por lo que nos permitimos someter a esta Soberanía, el siguiente:


PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A INSTRUIR A LAS SECRETARIAS DE ESTADO QUE CORRESPONDAN, PARA LA ATENCION DE LA PROBLEMATICA QUE VIVEN LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE LOS CUCAPAH, QUE SE UBICAN EN EL DELTA DEL RIO COLORADO, GENERANDO LAS ACCIONES QUE LES PERMITAN SUPERAR LA PROBLEMATICA DE SUBSISTENCIA EN LA QUE SE ENCUENTRAN.

Dado en el salón de sesiones a 7 de mayo de 2014.

Suscriben

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo”.

1 DOF. 24 de febrero del 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION “Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado para la temporada 2013-2014”

2http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3192:2-de-abril-de-2014&catid=89:los-pueblos-indigenas-en-la-prensa-nacional&Itemid=200008

3“Diputados de BC interceden por pescadores de la etnia cucapá” en:
http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/269163-diputados-de-bc-interceden-por-pescadores-de-la-etnia-cucapa/






De la C. Diputada Mónica García de la Fuente, del grupo parlamentario del PVEM, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a condenar de la manera más enérgica el secuestro de 326 niñas en el norte de Nigeria, el 15 de abril de 2014. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CONDENE DE LA MANERA MAS ENERGICA EL SECUESTRO DE 326 NIÑAS EL 15 DE ABRIL EN EL NORTE DE NIGERIA

“Quien suscribe, MONICA GARCIA DE LA FUENTE, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 15 de abril, en el norte de Nigeria fueron secuestradas 326 niñas de una escuela. Cometió este terrible acto el grupo terrorista Boko Haram, nombre que se traduce al español como “la educación occidental es un pecado”.

Estas niñas, de entre 15 y 18 años, y tanto cristianas como musulmanas conocían los riesgos de ser educadas. En marzo, escuelas por la zona habían cerrado sus puertas por temor a ataques terroristas. Esta escuela reabrió las sus puertas para que las alumnas presentaran los exámenes finales y no perdieran el año escolar. Se esperaba que estas mujeres se convirtieran en futuras profesionistas: abogadas, médicas, ingenieras, etc.

En cambio, se tienen reportes que afirman que están siendo subastadas por 158 pesos para convertirse en esposas de los militantes. En realidad, en este momento, se desconoce el destino de estas niñas.

A la fecha, 50 de estas niñas han logrado escapar, pero todavía se encuentran secuestradas 276. El gobierno nigeriano no ha realizado acción alguna para recuperarlas.

Los padres de las menores están desesperados, han solicitado apoyo al gobierno de su país, y aunque éste ha realizado algunos esfuerzos no han suficientes para conseguir rescatar a las niñas. Ante esta situación los padres han pedido ayuda a la comunidad internacional.

Si estas niñas no son rescatadas, los padres de familia no permitirán que sus hijas vayan a la escuela. ¿Qué padre arriesgaría así la vida de sus hijas? Este crimen atenta contra el derecho a la educación de la mujer, y la venta de las menores perpetúa la esclavitud de este sexo.

En virtud de lo antes expuesto, someto ante ésta soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condene de la manera más enérgica el secuestro de 326 niñas el 15 de abril en el norte de Nigeria.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Atentamente

Dip. Mónica García de La Fuente”.






De los CC. Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y congresos estatales a que, en el marco de sus responsabilidades, homologuen el marco normativo de sus entidades con la Ley General de Víctimas. Se turna a la Primera Comisión.








De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco a informar respecto a la agresión y aseguramiento durante un operativo realizado en la comunidad de Chacama, municipio Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco, ocurrido el día 30 de abril del presente. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO A INFORMAR RESPECTO A LA AGRESION Y ASEGURAMIENTO DURANTE UN OPERATIVO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHACAMA, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO DE TABASCO, OCURRIDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE.

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTE AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD (POLICIA FEDERAL), A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO INFORMACION RESPECTO A LA AGRESION Y ASEGURAMIENTODURANTE UN OPERATIVO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, POLICIA FEDERAL Y POLICIA ESTATAL DE TABASCO, EN LA COMUNIDAD DE CHACAMA, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO DE TABASCO OCURRIDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE; PARA EXHORTAR A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A COMPARTIR A ESTA INSTITUCION LA INFORMACION QUE OBTENGAN REFERENTE A LA AGRESION Y ASEGURAMIENTO, DURANTE UN OPERATIVO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, POLICIA FEDERAL Y POLICIA ESTATAL DE TABASCO, EN LA COMUNIDAD DE CHACAMA, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO DE TABASCO OCURRIDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE. LA OBSERVACION DERIVADA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ES PERTINENTE PARA LA COMPRENSION ACABADA DE ESOS HECHOS Y PARA EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A ENCAUZAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA DETECCION Y PROTECCION DE MIGRANTES MENORES DE EDAD QUE ABORDEN EL FERROCARRIIL CONOCIDO COMO “LA BESTIA” PARA EVITAR ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO EL PASADO 29 DE ABRIL, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1.- Estos últimos días se han suscitado varios acontecimientos negros referentes a la extrema condición de existencia de las personas migrantes. Por coincidencias, el viernes 30 de abril, el gobierno federal presentó desde el Diario Oficial de La Federación, el Programa Especial de Migración 2014-2018 en donde refiere una serie de acciones y objetivos que pretenden mitigar e introducir a un nuevo proceso a las instituciones del gobierno en favor de que la dignidad sea conocida en el tránsito de la migración en México. Nos referimos a:

Uno, a finales de abril un menor migrante centroamericano, de entre 13 y 15 años de edad, cayó del tren y murió en la costa de Chiapas, informaron fuentes gubernamentales.

Dos.- Cerca de 350 ciudadanos centroamericanos fueron detenidos en un operativo en el que, según denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, varios migrantes fueron golpeados por agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. En este acto se acusa agresión a fray Tomás González (ganador del premio Franco-Alemán de Derechos Humanos), fray Aurelio Montero y Rubén Figueroa, integrantes del albergue para personas en tránsito La 72 y del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Tres.- La Casa del Migrante en Ciudad Ixtepec informó que el 2 de mayo unas 200 personas, la mayoría de Honduras, llegaron desde Chiapas y solicitaron al Padre Solalinde acompañamiento por vía terrestre. El sacerdote pidió al gobierno de Oaxaca que los apoyara con el transporte. El encargado del refugio en Ciudad Ixtepec, Alberto Donis Rodríguez, comentó que todo estaba listo para acompañar a los 200 migrantes el domingo, pero lamentablemente el gobierno oaxaqueño no cumplió con el apoyo del transporte.

Estos acontecimientos describen con exactitud el estado que guarda la migración en México.

2.- En referencia a la denuncia de agresión a los migrantes de Tabasco y a los sacerdotes, se declaró que los migrantes se encontraron bajo arresto en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha podido contactarlos y dar seguimiento a su situación. La ONG de derechos humanos de Tapachula envió una petición de medidas cautelares a la CNDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para evitar que los migrantes fueran deportados en las próximas horas, que se les reconozca como víctimas de un delito y se les permita acceso a asesoría legal para tramitar visas humanitarias, informó el director de la institución, Diego Lorente Pérez. El sacerdote Aurelio Tadeo Montero, quien trabaja en el albergue para migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, explicó que el pasado martes salieron del refugio 350 centroamericanos a los que durante días no se les permitió abordar el tren en el que históricamente estos migrantes se trasladan por la ruta ferroviaria hasta la frontera con Estados Unidos. Activistas sociales, se informa, se movilizaron para asistirlos en el camino con comida y lugares donde pernoctar. Fray Aurelio relató a los medios que la noche del miércoles él se adelantó a Chacamac para buscar vehículos y comida, pero cuando conducía de regreso hacia Emiliano Zapata para recoger a los demás se cruzó con un convoy de decenas de patrullas y autobuses. Ahí llevaban a los centroamericanos detenidos. Al llegar a la agencia municipal de esa comunidad fueron bajados con violencia verbal y física. Policías federales y estatales no permitieron que los niños que iban solos en los camiones se reagruparan con sus familias. Incluso impidieron que el fraile les diera agua y alimentos. Cuando él insistió fue derribado y arrastrado varios metros, hasta que me desgarraron el hábito. Mientras eso ocurría, el director del refugio de Tenosique fray Tomás González, y Rubén Figueroa, defensor del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), denunciaron que también fueron golpeados y lesionados por policías cuando intentaron acercarse al sitio donde estaban detenidos los migrantes. El centro de salud aledaño a la estación migratoria, donde fueron atendidos varios migrantes por golpes, deshidratación y alta presión, también estaba vigilado por agentes migratorios.

Programas e intenciones van y vienen y la situación de la migración mexicana empeora para los más pobres que se ven expuestos a una dimensión del azar en la que las instituciones manifiestan invisibilidad o, por otra parte son agentes acusados de propinar violencia.  El adolescente que cayó del ferrocarril, como última información, no había sido identificado ni se sabía con precisión de qué país centroamericano era originario, si bien migrantes señalaban que procedía de Honduras. Debido a que el Servicio Médico Forense de la zona no dispone de refrigeración es probable que se haya realizado la inhumación anticipada a decir de los medios de comunicación. Este percance mortal describe la nula vigilancia o monitoreo para detectar menores de edad en los traslados; habla de la permeabilidad de la frontera sur y de la realidad social de expulsión en Centroamérica.

3.- La intención de esta propuesta de punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es tratar de poner en alerta roja a todas las instancias involucradas en la protección y apoyo a migrantes, en el asunto de los migrantes agredidos en Tabasco; en no dejar pasar esta recurrencia, solicitar la información y resultados de la investigación del caso denunciado y solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparta sus investigaciones y su posición al respecto. En el momento coincidente de presentar el Plan Especial de Migración, el gobierno federal debe de añadir este suceso para abordarlo convenientemente, sancionar abusos y procedimientos dolosos y considerarlo como el punto de arranque de un Programa Especial que tiene un amplio conocimiento de la migración, los factores de irregularidad y las vías de encuentro interinstitucional para orientar este acontecimiento a una solución con apego a los derechos humanos, a decir de la analista Magdalena Gómez en un artículo de La Jornada del día 6 de mayo: “ la detención masiva y violenta, el cierre de carreteras, retenes y persecución a cerca de medio millar de migrantes en la zona entre Tenosique, Tabasco, Palenque, Chiapas” con un claro objetivo de deportación describe una acción organizada y planeada de la que, esta institución, tiene la responsabilidad de conocer el nombre y la entidad que ordenó un conjunto de movimientos que bien puede llamarse operativo.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD (POLICIA FEDERAL), A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, INFORMACION RESPECTO A LA AGRESION Y ASEGURAMIENTO DURANTE UN OPERATIVO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, POLICIA FEDERAL Y POLICIA ESTATAL DE TABASCO, EN LA COMUNIDAD DE CHACAMA, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO DE TABASCO OCURRIDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE.

DOS.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A COMPARTIR A ESTA INSTITUCION LA INFORMACION QUE OBTENGAN REFERENTE A LA AGRESION Y ASEGURAMIENTO, DURANTE UN OPERATIVO REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, POLICIA FEDERAL Y POLICIA ESTATAL DE TABASCO, EN LA COMUNIDAD DE CHACAMA, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, EN EL ESTADO DE TABASCO OCURRIDO EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE. LA OBSERVACION DERIVADA Y SENSIBLE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ES PERTINENTE PARA LA COMPRENSION ACABADA DE ESOS HECHOS.

TRES.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION A ENCAUZAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA DETECCION Y PROTECCION DE MIGRANTES MENORES DE EDAD QUE ABORDEN EL FERROCARRIIL CONOCIDO COMO “LA BESTIA” PARA EVITAR ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO EL PASADO 29 DE ABRIL.

Atentamente”.






De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el ámbito de sus competencias y facultades, lleven a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el país, debido a la existencia de presuntas violaciones a los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE, EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA Y FACULTADES, LLEVEN A CABO INSPECCIONES Y, EN SU CASO, SANCIONEN A LAS EMPRESAS DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL EN EL PAIS, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONTRATACION DE LAS MUJERES QUE SE DEDICAN A LA PRACTICA DE DICHO DEPORTE.

“La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

La lucha es un deporte que remonta sus orígenes en Atenas, Grecia, donde su práctica se reducía a confrontaciones corporales entre dos gladiadores que culminaban con la muerte de alguno de ellos; posteriormente, esa actividad se convirtió en un deporte olímpico que prevalece en los Juegos Olímpicos modernos. Por su parte, la Lucha Libre, es una combinación de la lucha grecorromana con acrobacias y un tanto de teatralidad que, en el caso mexicano, es elemento esencial para considerarla como un espectáculo completo.

Aún cuando existen antecedentes procedentes de finales del Siglo XIX y principios del XX con exponentes y empresarios extranjeros, la práctica de la lucha libre en México se remonta a los años 30, en los cuales, el empresario Salvador Luteroth fundó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, institucionalizando la práctica de este deporte; ducha organización prevalece en funciones hasta nuestros días bajo el nombre de Consejo Mundial de Lucha Libre.

A pesar de que en la década en que comenzó a operar la empresa fundada por el Señor Luteroth se tiene registro de la práctica de lucha libre femenil, las pocas exponentes del momento eran de origen extranjero, siendo la deportista de origen texano, Natalia Vázquez1, la considerada como la primer luchadora de ascendencia mexicana que practicó este deporte, lo cual aconteció de forma fortuita al suplir a una gladiadora estadounidense quien se había lesionado momentos antes de una función.

No obstante que las participaciones de las luchadoras extranjeras en México continuaron de forma esporádica durante las década siguiente, es hasta los años 50 en que se tiene registro de la participación de la mujer mexicana en la lucha libre, en un principio, de forma activa pero indirecta, ya que la colaboración de ellas se constreñía al acompañamiento de luchadores profesionales, tal y como sucedió con la denominada “Enfermera”, quien era la asistente del “Médico Asesino”. Es justo a mediados de esa década que surge la pionera de la lucha libre femenil mexicana: Irma González, gladiadora entrenada por luchadores de renombre y que, en poco tiempo se ganó un lugar en la historia del deporte debido a sus grandes y constantes logros.

A partir de ese momento, la participación femenil en el pancracio se convirtió en una constante que encumbró a mujeres de la talla de Magdalena Caballero, Martha “La Sarapera”, Chabela Romero, Toña La Tapatía, “La Jarochita” Rivero, Irma Aguilar, Lola González, Martha Villalobos, las hermanas Moreno, “Lady Apache” y muchas otras más.

Sin embargo, a pesar de la entrega, profesionalismo y grandes dividendos que este sector ha generado para empresarios de lucha libre, a la fecha prevalecen prácticas que vulneran sus derechos y no les permiten mantener una estabilidad laboral que redunde en mejores condiciones para sus familias y, mucho menos, poder conciliar de forma digna su doble rol como madres y mujeres trabajadoras.

En la actualidad, bajo el pretexto de ser consideradas trabajadoras independientes, las empresas promotoras de dicho deporte han buscado formas en que la contratación de los profesionales del ring y, en especial del sector femenil, no representen una obligación laboral para los dueños, violando con ello las disposiciones jurídicas que nuestro país ha tenido a bien implementar para proteger los derechos humanos en materia laboral de este sector productivo de forma vanguardista desde el año de 1970 que se incluyó en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el Título Sexto, Capítulo X.

Bajo la consigna de encubrir la relación laboral entre los empresarios y las luchadoras profesionales, se han implementado prácticas de contratación opuestas a derecho que vulneran las garantías mínimas que debe gozar todo trabajador aún cuando sea considerado independiente; máxime si se trata de deportistas profesionales como en el presente caso.

Dichas prácticas ilegales van desde los tratos de palabra que no se cumplen, hasta los vetos a los que son sujetos las luchadoras para no poder participar en algunas de las empresas luchísticas que operan en nuestro país, orillándolas a aceptar las desventajosas condiciones de trabajo por la urgencia de obtener un ingreso que les permita mantener a sus familias dignamente.

El testimonio de la gran mayoría de las luchadoras profesionales refiere que los empresarios, por un lado, no emiten contratos que estipulen las condiciones como pago, jornada, lugar y demás responsabilidades de las partes. Por otro lado, aseguran que los dueños de esas empresas no reconocen relación laboral alguna bajo la consigna de que los luchadores son independientes y no trabajan de forma permanente con esas personas.

Al respecto, es preciso señalar que en la 95ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en 2006, se señaló de forma precisa que aún cuando se consideren trabajadores independientes, se debe entender que existe una relación laboral por parte de empleadores y deportistas por la naturaleza de la propia actividad y no, como indebidamente suele hacerse en estos casos, una basada en las disposiciones civiles o mercantiles de contratación de servicios profesionales. Incluso en el Informe V, la Conferencia define la relación de trabajo de la siguiente manera:

“La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal con la que se hace referencia a la relación que existe entre una persona, denominada «el empleado» o «el asalariado» (o, a menudo, «el trabajador»), y otra persona, denominada el «empleador», a quien aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la manera en que se la haya definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, y continua siendo, el principal medio de que pueden servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de los empleadores, como también de sus obligaciones respecto de los trabajadores”. 2

En el presente caso la relación de trabajo entre un empresario de lucha libre y un luchador profesional subsiste en atención al principio de realidad el cual consiste, respecto de la materia laboral, en que “…la determinación de la existencia de una relación de trabajo debe ser guiada por los hechos de lo que realmente fue convenido y llevado a cabo por las partes, y no por la manera como una de las partes o las dos partes describen la relación de trabajo”3. Esto es, que bajo el esquema en que realizan su trabajo los luchadores profesionales, la relación laboral con los empresarios existe y, con ello, todas las prestaciones que al efecto establece la Ley Federal del Trabajo.

Ahora bien, en el ámbito de la lucha libre, se ha vuelto recurrente la presencia de luchadores independientes, es decir, que sin pertenecer al elenco permanente de alguna de las empresas de dicho deporte, prestan sus servicios para determinadas funciones y espectáculos específicos. Sin embargo, aún bajo ese esquema, el deportista se encuentra sujeto a una relación laboral en atención a la dependencia económica 

“A esto hay que añadir el fenómeno del trabajo «económicamente dependiente», que se sitúa a medio camino entre el trabajo independiente y el dependiente. Los trabajadores son formalmente independientes pero su ingreso depende de unos pocos «clientes» o de uno solo.”4

Aunado a ello otros factores como la relación de subordinación, las herramientas de trabajo, el pago sujeto a llevar a cabo cierta actividad en horas preestablecidas por el patrón, el lugar de prestación del servicio (el cual es propiedad del empresario), entre otras que marca la ley y los criterios jurisdiccionales. Bajo estas condiciones laborales nos encontramos ante un caso de doble discriminación que debe de atenderse por el Estado mexicano, ya que además de las precarias condiciones laborales que tienen que sufrir al practicar este deporte, tienen que luchar contra la discriminación por razón de género, toda vez que las remuneraciones entre hombres y mujeres no son las mismas, además de no contar con seguridad social mínima que les permita dar lo mínimamente necesario a sus familias en las cuales son, mayoritariamente, los principales proveedores.

Al respecto, tanto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), señalan la inequitativa situación que sufren las mujeres en cuanto al pago de salarios, lo cual queda evidenciada en el caso de la lucha libre femenil en la que la remuneración obtenida por las mujeres practicantes es considerablemente inferior a la de sus pares masculinos. De forma precisa, la Encuesta Nacional Sobre Ocupación y empleo de 2010 arrojó que, en promedio, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el desempeño de las mismas actividades fue de 8.2% en detrimento del sector femenino, considerando que en algunas actividades la diferencia promedio rebasa los 40 puntos porcentuales. Incluso, permitir que las luchadoras profesionales sigan en una posición inequitativa por calidad de género es violatorio del artículo 7º  del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre de 1966, y que a la letra señala:

Artículo 7

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Asimismo, el tema de la seguridad social reviste mayor importancia en este tipo de actividades profesionales en atención a la propensión de percances que pueden sufrir las luchadoras, por lo que es preciso orientar a este sector femenil para que se allegue de los elementos y condiciones necesarias para contar con dichas prestaciones en el ámbito de los ordenamientos legales de nuestro país, así como con base en  los ordenamientos jurídicos internacionales, tales como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  sobre Normas mínimas de Seguridad Social, signado por nuestro país el 12 de octubre de 1961, en el cual se prevé la protección de todos los trabajadores en esa materia, la cual debe ser suministrada por el Estado y los actores intervinientes en el mercado laboral.

Por otro lado, bajo los objetivos del presente Punto de Acuerdo, las inspecciones solicitadas a las dependencias mencionadas deben considerar, condenar y sancionar las condiciones de veto a las que son sujetas las trabajadoras de la lucha libre profesional, por no aceptar las condiciones deplorables de trabajo que ofrecen las empresas de lucha libre en el país al adherirse de forma exclusiva a alguna de ellas, situación que es violatoria del artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recientemente referido, y que establece:

Artículo 6

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Por lo que el objetivo de este Punto de Acuerdo, es que: Los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, lleven a cabo las inspecciones y visitas dentro del ámbito de sus facultades para que, en caso de encontrar violaciones a derechos laborales y de seguridad social en la contratación y acceso a los servicios de seguridad social de las luchadoras profesionales, se sirvan sancionar a las empresas que actúen fuera del marco de la ley para que, de esa manera se garantice el goce de las condiciones mínimas que debe contar este sector en la práctica de su actividad profesional.

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que, en el ámbito de su competencia y facultades, lleven a cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las empresas de lucha libre profesional en el país, debido a la existencia de presuntas violaciones a los derechos laborales y de seguridad social en la contratación de las mujeres que se dedican a la práctica de dicho deporte.

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente,
a 7 de mayo de 2014.

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 http://los21.com/deportes21/?p=3171

2 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-v-1.pdf

3 Ibídem.

4 Ibídem.






Del C. Diputado José Alejandro Llanas Alba, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República y al gobernador del estado de Tamaulipas a implementar medidas urgentes ante la creciente inseguridad en Tamaulipas y el combate incipiente a los hechos delictivos. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, ING. EGIDIO TORRE CANTU, PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES ANTE LA CRECIENTE INSEGURIDAD EN TAMAULIPAS Y EL COMBATE INCIPIENTE A LOS HECHOS DELICTIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE ALEJANDRO LLANAS ALBA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

“El que suscribe, Diputado JOSÉ ALEJANDRO LLANAS ALBA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea proposición con puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Tamaulipas es una entidad generosa,  cuenta con playas, desiertos, bosques, selvas, sabanas, lagunas, montañas y ríos, en la mayor parte de sus comunidades todavía prevalece un ambiente provinciano a pesar de la gran influencia con el vecino País del norte.

Tenemos el privilegio de la ubicación geográfica que facilita el acceso a los socios del Tratado de Libre Comercio ya sea por medio del Puente del Comercio Mundial o los 15 cruces internacionales, goza de 5 aeropuertos internacionales,  puertos marítimos de altura para el intercambio con Europa, Asia, Centro y Sudamérica, grandes zonas con riqueza en hidrocarburos,  43 parques industriales privados y 5 públicos, redes ferroviarias que permiten el enlace con Texas, carreteras que permiten el desarrollo del agrupamiento petroquímico más importante de México entre tantas otras prerrogativas que hacen de Tamaulipas una tierra de oportunidades.

Sin embargo, la delincuencia ha llegado a tal nivel de sofisticación en Tamaulipas que rebasa en todo sentido el control gubernamental, sus vínculos con diversos sectores sociales y económicos hacen de su actividad la mejor muestra de corrupción, control e impunidad, solo basta como ejemplo cruzar la frontera con  los Estados Unidos e informarnos de los medios noticiosos extranjeros, que mediante reporteros e investigadores Mexicanos revelan datos tan distintos sobre número de muertos, secuestros y enfrentamientos que reportan nuestros medios oficiales.

No es nada nuevo para los mexicanos que la delincuencia organizada registra en sus nominas a empresarios, funcionarios, informantes y todo aquel individuo que tenga un precio para permitir que se siga violentando a la sociedad y Tamaulipas no es la excepción, mi entidad pareciera ser una total zona de silencio, donde no pasa nada y por consecuencia tampoco se hace nada.

Es necesario recordar solo los eventos más relevantes de los últimos 4 años como los 72 cuerpos en San Fernando, las 8 fosas con 72 cuerpos en el Ejido de la Joya, los 14 cuerpos mutilados y 9 colgados en Nuevo Laredo, los 19 cuerpos en Ciudad Mante, 21 cuerpos más en Soto la Marina y diversos ataques y atentados a ciudadanos y periodistas a nivel estatal, siendo Tamaulipas el primer lugar en materia de secuestros y extorsión independientemente de la actividad del narcotráfico y sus secuelas como las que últimamente se viven en Tampico, Reynosa, Ciudad Mier y Matamoros, que se han convertido en una ciudades sometidas.

La preocupación más sensible de los ciudadanos que radican en entidades con esta grave problemática es el tener mayor seguridad para ellos y sus familias, basta escuchar a los ciudadanos del Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Veracruz por mencionar algunos estados donde los ciudadanos no pueden estar equivocados.

Por ello es fundamental que en todos los órdenes de gobierno se vele por la protección y salvaguarda de la integridad física y patrimonial y no como percibimos los tamaulipecos en nuestra entidad.

Reconozco el esfuerzo que hoy realiza el Gobierno Federal ante la grave situación de Michoacán, la captura o abatimiento de líderes de la delincuencia, del fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas para tales fines; pero nunca serán suficientes, siguen las muertes, extorsiones, secuestros, migrantes retenidos, nuevas casas de seguridad, restos de cadáveres, terrorismo mediante atentados con artefactos explosivos a funcionarios públicos o a sus familiares  y ante ello Tamaulipas no puede y no debe esperar más ni escuchar las palabras AQUI NO PASA NADA.

Solo conocemos por los medios de comunicación las estrategias de Gobierno para combatir la delincuencia, así en la pasada visita a Tamaulipas del Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, donde aseguró el esfuerzo conjunto y el apoyo a Tamaulipas para la agencia antisecuestros, por su parte el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam anunció que “se está preparando una estrategia mayor” para atender la problemática que enfrenta la entidad, pero desafortunadamente parece que solo son buenas intenciones, un conjunto de reacciones tardías mientras los tamaulipecos estamos desesperados por la ineficiencia o ineficacia del sistema de seguridad pública estatal, la gente tiene miedo y no se le escucha, por lo que no pretendemos que sea la misma gente que tome la solución en sus manos como sucede en Michoacán pero tampoco que sigan pereciendo inocentes para poder justificar una política de seguridad,  por ello someto a la consideración de éste pleno, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ing. Egidio Torre Cantú para implementar una Estrategia Integral de Seguridad Pública de manera urgente ante la creciente inseguridad en Tamaulipas y el combate incipiente a los hechos delictivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de mayo de 2014.

Dip. José Alejandro Llanas Alba”.






De los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a investigar los hechos ocurridos entre militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de La Realidad y fincar las responsabilidades pertinentes. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS A INVESTIGAR LOS HECHOS OCURRIDOS ENTRE MILITANTES DE LA CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRICOLAS Y CAMPESINOS – HISTORICA (CIOAC-H) Y BASES DE APOYO DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL (EZLN) EN LA COMUNIDAD DE LA REALIDAD Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES PERTINENTES.

“RICARDO MONREAL AVILAY RICARDO MEJIA BERDEJA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado viernes 2 de mayo, en la comunidad de La Realidad, localizada en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, ocurrió un enfrentamiento entre militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Histórica (CIOAC-H) y bases de apoyo del EZLN, dejando como resultado a más de una docena de heridos y la muerte de José Luis Solís López, integrante del movimiento zapatista.

El jueves 1 de mayo, se inició a las 11 horas en el caracol de La Realidad "un proceso de diálogo entre dos integrantes de la Cioac-H, Alfredo Cruz, secretario de transportistas, y Roberto Alfaro, secretario particular, e integrantes de la JBG, con la presencia de dos personas de este centro de derechos humanos en calidad de observadores". La finalidad del diálogo era "resolver la retención de una camioneta perteneciente a la JBG, que permanecía en la casa ejidal de La Realidad desde el 16 de marzo" luego de ser "detenida por integrantes de la Cioac-H del ejido, apoyados por militantes del PVEM y el PAN"

El centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) refiere que el pasado día 2 una "comisión de diálogo" de 15 integrantes de la CIOAC-H llegó a la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia La Esperanza del Caracol Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños con sede en La Realidad, solicitando la liberación del profesor Roberto Alfaro Velasco, secretario particular de la CIOAC-H.

Sin embargo, reporta el Frayba, "el profesor aclaró textualmente que 'en ningún momento he estado retenido, he estado libre y decidí quedarme para solucionar este problema, por lo que hemos estado reuniéndonos e intercambiando información de forma continua'. Ante esta información, la comisión de dialogo de 15 personas asumió dar continuidad a la reunión hasta que se resolviera el conflicto y firmaran acuerdos". El Frayba señala que el 4 de mayo a las 22 horas, la comisión de la Cioac-H se retiró del caracol en el poblado tojolabal, parte del municipio autónomo San Pedro de Michoacán.

La reunión permanente de diálogo se venía desarrollando, desde el 1 de mayo en la sede de la JBG, "con el consentimiento y presencia de representantes de la Cioac-H, integrantes de la JBG y dos personas de este centro de derechos humanos, en calidad de observadores. Desde el inicio del encuentro y hasta la tarde del día 2 se estaba llegando a acuerdos para resolver la problemática derivada por la retención de un vehículo perteneciente a la JBG".

No obstante, apunta el testimonio presencial del Frayba, "a las 18:30 horas, militantes de la CIOAC-H, PVEM y PAN que estaban a las afueras de la sede de la JBG comenzaron a golpear las instalaciones de la escuela y la clínica autónomas" a unos 150 metros. "También se escuchó que el vehículo retenido estaba siendo dañado". Las bases zapatistas "decidieron permanecer en el caracol para evitar la confrontación". Por su parte, la comisión de dialogo de la Cioac-H solicitó resguardo en el caracol para garantizar la vida, seguridad e integridad personal".

Unos minutos después, añade el testimonio, se escuchó "el aviso de que aproximadamente 68 bases del EZLN, que se dirigían al caracol a bordo de tres vehículos, fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, machetes, palos y piedras a la entrada del ejido por aproximadamente 140 habitantes del ejido de La Realidad, pertenecientes a las Cioac-H e integrantes del PVEM y PAN".1

Al respecto, cabe destacar que José Luis Solís López “formaba parte de la representación zapatista que estaba negociando con los ejidatarios de La Realidad, y momentos antes de ser asesinado, durante su participación en la mesa de diálogo, había referido “diversos actos de hostigamiento y amenazas por parte del comisariado ejidal Javier López Rodríguez, del agente municipal Carmelino Rodríguez Jiménez, del secretario del comisariado ejidal Edmundo López Moreno, de Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Sántiz Sántiz y Alvaro Sántiz Rodríguez, integrantes de la CIOAC-H”.”2

(Asimismo), […] resultaron heridos varios zapatistas, y sus vehículos fueron vandalizados. El Frayba testifica que las bases de EZLN que se encontraban en el caracol acudieron a auxiliar a sus compañeros, mas "fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, palos y piedras, dando como resultado el asesinato de José Luis Solís López, quien recibió tres impactos de bala calibre .22, uno en la pierna derecha, otra a la altura del tórax del lado derecho y una más en la parte de atrás del cráneo. Además presentaba varios golpes de garrote en la espalda, parte de la cabeza y un machetazo en la boca".3

Es pertinente señalar que Solís López, quien "estaba participando en el diálogo con la dirigencia de la Cioac-H", en su participación refirió "hostigamientos y amenazas del comisariado ejidal Javier López Rodríguez, el agente municipal Carmelino Rodríguez Jiménez, el secretario del comisariado ejidal Edmundo López Moreno, además de Jaime Rodríguez Gómez, Eduardo Sántiz Sántiz y Alvaro Sántiz Rodríguez, integrantes de la Cioac-H". Este lunes, miembros de PVEM, PAN y CIOAC-H "cortaron el suministro del agua potable al caracol".

Por último, “la organización defensora de derechos humanos denunció que “la irrupción del diálogo que se sostenía en la Junta de Buen Gobierno y la escalada de violencia ponen en riesgo la vida e integridad de todas las personas que se encuentran en el Caracol 1 (sede de las autoridades zapatistas) de La Realidad”, por lo que “es urgente que el gobierno del estado de Chiapas realice una investigación pronta e imparcial, que esclarezca los hechos y se sancione a los autores materiales e intelectuales del asesinato del señor José Luis Solís López”.4

Es así que, condenamos el uso de la violencia como la vía para buscar la resolución de conflictos, por lo que exigimos se esclarezcan los hechos y se finquen las responsabilidades correspondientes con base en lo que la ley establece; de tal forma que presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a investigar lo sucedido entre militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos – Histórica (CIOAC-H) y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad de La Realidad y fincar las responsabilidades pertinentes.

Dado en el Senado de la República a 7 de mayo de 2014”.

1 La Jornada, “Militantes del Verde y Pan participaron en asesinato de líder zapatista: Frayba”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/05/militantes-del-verde-y-pan-participaron-en-asesinato-de-zapatista-frayba-2256.html

2 Animal Político, “Muere zapatista en emboscada de militantes del PVEM y PAN”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/05/muere-zapatista-en-emboscada-de-militantes-del-pvem-y-pan/#ixzz30wqRXK9n

3 La Jornada, Op. Cit.

4 Animal Político, Op. Cit.






De la C. Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar un análisis a los programas nacionales presentados por diversas Secretarías de Estado del gobierno de la República para el ejercicio 2014-2018, respecto a avances, retrocesos, omisiones, lagunas, situaciones positivas o negativas de transversalidad, concepto, estructura y demás observaciones, en materia de los derechos humanos como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR UN ANALISIS A LOS PROGRAMAS NACIONALES PRESENTADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 2014-2018, RESPECTO A AVANCES, RETROCESOS, OMISIONES, LAGUNAS, SITUACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS DE TRANSVERSALIDAD, CONCEPTO, ESTRUCTURA Y DEMAS OBSERVACIONES, EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO MANDATA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA CNDH A REALIZAR  Y COMUNICAR A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y AL SENADO DE LA REPUBLICA UN ANALISIS A LOS PROGRAMAS NACIONALES 2014-2018.

“La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTE A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR  Y COMUNICAR A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y AL SENADO DE LA REPUBLICA UN ANALISIS A LOS PROGRAMAS NACIONALES PRESENTADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 2014-2018, RESPECTO A AVANCES, RETROCESOS, OMISIONES, LAGUNAS, SITUACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS DE TRANSVERSALIDAD, CONCEPTO, ESTRUCTURA Y DEMAS OBSERVACIONES, EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO MANDATA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA IMPORTANCIA DE UN ANALISIS DE ESTA NATURALEZA SERA VITAL, DE IMPORTANCIA HISTORICA Y UNA GUIA PARA EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1.- El día 30 de abril del presente el Diario Oficial de la Federación publicó diversos programas nacionales 2014-2018 de parte de algunas Secretarías de Estado. En ellos se describe, analiza, diagnostica y proyecta acciones de gobierno para los próximos años a través de sus instituciones. El hacer públicos los programas temáticos abre definitivamente el cauce de lo que será el concepto de gobierno del jefe del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, objetivos, metas, alineación a las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, objetivo de programas sectoriales, estrategias del objetivo de la meta nacional y objetivos de los planes, estrategias, líneas de acciones e indicadores, además de la correspondencia entre dependencias y entidades participantes. En definitiva es el Plan Nacional de Desarrollo definido en acciones inmediatas, mediatas y de largo plazo y la delegación puntual a las instituciones de la responsabilidad en cada eje temático, además de ser el compromiso ejecutivo del concepto de gobernabilidad que asume la Presidencia de la República. Estos programas serán los referentes esenciales en los análisis que año con año hacen los legisladores en los informes de gobierno.

2.- Es conocido por las legisladores y los legisladores que la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos del 2011, implica obligaciones genéricas y específicas al Estado en materia de derechos humanos. Ante ello, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido un encargo mayúsculo, el de estudiar y analizar tanto las acciones como los proyectos del gobierno en turno respecto a la promoción, el respeto, la protección, la garantía, la prevención, la investigación de los derechos humanos y la sanción y reparación en caso de la violación de estos derechos.

Siendo así, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede y debe analizar los procesos explícitos integrales y las omisiones respecto a las responsabilidades asumidas con los derechos humanos.

Es por ello que mi propuesta descansa en convocar a una cooperación cada vez más estrecha con los trabajos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus recursos intelectuales, su capacidad analítica, diagnóstica y reflexiva en los ámbitos de su materia, facultades que son imprescindibles para que el gobierno en turno, el Estado mismo, experimente una conciencia de sí mismo y de su desarrollo respecto al horizonte de los derechos humanos.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

UNICO.- LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA A LA COMISION NACIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOS A REALIZAR  Y COMUNICAR A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y AL SENADO DE LA REPUBLICA UN ANALISIS A LOS PROGRAMAS NACIONALES PRESENTADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 2014-2018, RESPECTO A AVANCES, RETROCESOS, OMISIONES, LAGUNAS, SITUACIONES POSITIVAS O NEGATIVAS DE TRANSVERSALIDAD, CONCEPTO, ESTRUCTURA Y DEMAS OBSERVACIONES, EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO LO MANDATA LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA IMPORTANCIA DE UN ANALISIS DE ESTA NATURALEZA SERA VITAL, DE IMPORTANCIA HISTORICA Y UNA GUIA PARA EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO.

Atentamente”.






De la C. Diputada Mirna Velázquez López, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar una campaña nacional de difusión para los padres de familia sobre lo mucho que afectan o podrían afectar a los hijos y/o hijas cuando deciden separarse o divorciarse y qué hacer para que sea menos difícil el proceso para los hijos y/o hijas. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF) A REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL DE DIFUSION PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LO MUCHO QUE AFECTANOPODRIAN AFECTAR A LOS HIJOS Y/O HIJAS CUANDO DECIDEN SEPARARSE O DIVORCIARSE Y QUE HACER PARA QUE SEA MENOS DIFICIL EL PROCESO PARA LOS HIJOS Y/O HIJAS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRNA VELAZQUEZ LOPEZDEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI)

“La que suscribe, MIRNA VELÁZQUEZ LÓPEZ, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los hijos y/o hijas de padres divorciados o separados a menudo se vuelven partícipes de los conflictos de los papas, y sin darse cuenta, son obligados psicológicamente a tomar partido y son influenciados por la ira y el dolor, de alguno de los progenitores. Esta pareja o cónyuge que ahora está en proceso divorcio o separación, no dimensiona lo mucho que afectará y marcará a su hija y/o hijo.

Con base en el INEGI, la cantidad de matrimonios y divorcios se registraron de la siguiente manera:

AÑO Matrimonio Divorcio

• En el 2009   558 mil 913, 84 mil 302,

• En el 2010   568 mil 632, 86 mil 042,

• En el 2011  570 mil 954. 91 mil 285.

En la actualidad hay diferentes tipos de actos de violencia familiar que se dan y que requiere de seguridad, seguimiento y terapias psicológicas necesarias, que garanticen el bienestar y la estabilidad emocional del hijo y/o hija de padres divorciados o separados.

En la obra “Ley y Divorcio”, se habla de conclusiones contundentes sobre el perfil psicológico que resulto de21 hijos e hijas de padres divorciados o separados a los que se les tiene seguimiento, los cuales actualmente ya son adultos, Según la investigación:

• el 25% de ellos no ha terminado el colegio; (contra el 10% sin esos problemas)

• el 60% ha requerido tratamiento psicológico (contra el 30%);

• el 50% ha tenido problemas de alcohol y drogas antes de los 15 años;

• el 65% tiene una relación conflictiva con el padre; (sólo el 5% ha recibido ayuda económica sustancial por parte del padre);

• pese a que la mayoría pasa de los 30 años de edad, apenas el 30% se ha casado;

• del total de casados, el 50% ya se ha divorciado.

Es un claro ejemplo de cómo ve y siente, un niño o niña, el divorcio de sus padres: el hijo y/o hija siente el desamparo, ahora, sus padres lo colocan en el centro del conflicto y en la mayoría de las ocasiones, uno u otro padre lo utilizan para dañarse; el niño o niña no entiende porqué los padres discuten a cada rato ò por qué él hijo y/o hija tiene que ir y decirle al otro padre, que por qué no da dinero?, que por qué no habla por teléfono?, que por qué no se ocupa de él o ella?, que si es un inútil ò que si es un mujeriego o una mala persona?. “Ya ves, te lo dije, tu padre (o tu madre) nunca cambia”, “hasta parece como si no te quisiera porque no te atiende”.

Todo esto provoca en el niño o niña una serie de ideas que, en muchas ocasiones, lo llevan a sentirse humillado, triste, enojado, voluble, rencoroso y apartado de todo.

Como se muestra en la investigación del Instituto Chileno de Terapia Familiar (IChTF), la probabilidad de que los hijos no sufran cambios en contra, depende en gran medida de los padres y de cómo se lleven ellos, después del divorcio, aunque es la etapa más difícil, es la más importante, el hijo y/o hija experimentará sentimientos encontrados al no ver con la misma frecuencia al papa que se va de casa, ya que para el hijo y/o hija es una experiencia muy triste y dolorosa. Si bien es cierto que no volverá a sentir lo mismo, el hecho de pertenecer en una familia donde papa y mama no viven juntos, eso no impide que ambos se lleven bien, cuiden y protejan a sus hijos y/o hijas, lo que garantizará una niña o niño sano, sin dolor, rencor, ira y que con el tiempo afecte su forma de ser, sueños e ideales.

Un Divorcio Colaborativo, no trae problemas y da estabilidad emocional, para los progenitores e hijos y/o hijas, todo lo contrario en un Divorcio Destructivo.

Divorcio Colaborativo

Divorcio Destructivo

1. Primero el cuidado y protección de los hijos por sobre el conflicto conyugal.

1. Primero el conflicto de pareja por sobre el cuidado de los hijos.

2. Peleas sólo en la primera fase.

2. Peleas permanentes

3. Dolor por las pérdidas.

3. Proceso de duelo estancado, rabia y necesidad de denigrar.

4. Límites claros.

4. Límites difusos. Alianzas y coaliciones.

5. Reconocimiento de la propia responsabilidad. Conciencia de corresponsabilidad.

5. Falta de responsabilidad. Búsqueda de culpables y cómplices.

Según la psicóloga Judith Wallerstein, creadora de la obra anterior mente citada, la idea de que el trauma del divorcio tiene su punto crítico durante el tiempo inmediato a la separación de los padres, es totalmente errada. Por el contrario, el trauma vivido por los hijos y/o hijas de padres divorciados o separados se prolonga a lo largo de los años y les dificulta afrontar los cambios propios de la adolescencia así como sus primeras relaciones amorosas, mismas que se ven conflictuadas por temores derivados de la experiencia traumática.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) a realizar una campaña nacional de difusión para los padres de familia sobre lo mucho que afectan o podrían afectar a los hijos y/o hijas cuando deciden separarse o divorciarse y qué hacer para que sea menos difícil el proceso para los hijos y/o hijas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de mayo de 2014.

Dip. Mirna Velázquez López”.






De la C. Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal a explicar, aclarar o, en su caso, retirar sus declaraciones de fecha 30 de abril de 2014, relativas al Programa Oportunidades y el derecho a la planificación familiar, por versar sobre posibles actos inconstitucionales y discriminatorios. Se turna a la Segunda Comisión.








Del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los congresos locales para que, en el marco de la reforma constitucional en materia político-electoral, así como de la aprobación de las leyes secundarias en la materia, consideren la inclusión de la paridad de género en el acceso de los cargos de elección popular, específicamente en las listas de ayuntamientos y alcaldías. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA QUE EN EL MARCO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICA- ELECTORAL, ASI COMO DE LA APROBACION DE LAS LEYES SECUNDARIAS DE MATERIA, CONSIDEREN LA INCLUSION DE LA PARIDAD DE GENERO EN EL ACCESO DE LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, ESPECIFICAMENTE EN LAS LISTAS DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDIAS

Sen. Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente

“El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; con fundamento en los artículos 8 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en relación con los artículos 58, 59 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo con base a los siguientes:

CONSIDERACIONES

El enfoque de género se ha vuelto cada vez más necesario para comprender las desigualdades de nuestra sociedad. La construcción de un universo simbólico que legitima la desigualdad a partir de la diferencia de los sexos ha condicionado la participación de la mujer tanto en el ámbito privado como en el público1.

En todas las culturas existen distintos tipos de dominación que se entrecruzan y se distribuyen por todos los rincones de la sociedad. Una de estas es la dominación de género. Este concepto alude a la construcción social y cultural (simbólica) de la diferencia biológica que hacen las sociedades. Al ser un proceso constructivo desarrollado por individuos inmersos en relaciones de poder, las prácticas que van dando sentido al imaginario simbólico son llevadas a cabo por todos los miembros de la sociedad, tanto hombres como mujeres. Esto es de suma importancia para comprender por qué las desigualdades que se desarrollan en esta relación no son abolidas completamente por la parte afectada. Pero así mismo, debemos comprender que las mismas prácticas sociales son un elemento de cambio social y reordenamiento simbólico.

Prácticas, normas y reglas se construyen en el marco de relaciones sociales. A través de las reglas se asignan recursos, tareas y responsabilidades diferenciadas, además de construcciones valóricas que van a influir en el acceso diferencial a los lugares de tomas de decisiones, desde donde se distribuye el poder.

Durante siglos la mujer aparece invisibilizada por la historia oficial, o bien caracterizada de acuerdo a los intereses de los sistemas de dominación masculina. Aquello significó que aún en la modernidad, la carga histórica de las relaciones de poder, los diversos sistemas políticos se resistieran a una inclusión femenina con igualdad de derechos.

Ahora bien, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la paridad de género es el mismo número de hombres y de mujeres en todas las categorías de la organización. Debe incluir la participación significativa tanto de hombres como de mujeres, especialmente en las categorías superiores. La paridad de género es uno de varios mecanismos integrados para mejorar la eficacia de la organización2.

Son varios los conceptos e instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que exponen la necesidad de respetar y fortalecer los derechos de la participación política y sobre todo los derechos políticos de las mujeres.

Es en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año 1993 en que, por primera vez, una declaración internacional señala que los derechos de las mujeres son, derechos humanos, cuando se afirmó:

 “Los derechos humanos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales”.

La cuota a la paridad debe ser la integración de los órganos internos de los partidos políticos y, en la conformación de las listas de candidaturas a cargos de elección popular. Dichas listas de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos, deberán utilizar el mecanismo de la alternancia, de forma que los sexos no se repitan de manera consecutiva en esas listas3.

Por lo tanto y en virtud de que:

1. En nuestra Carta Magna se estipula claramente la igualdad absoluta entre los derechos que gozamos mujeres y hombres ante la ley.

2. En el marco de la reforma constitucional, el pasado 10 de febrero de 2014 se reformó el artículo 41 apartado D y se mandata en una Transitorio segundo la obligación del Congreso de la Unión a garantizar la paridad de géneros en las candidaturas en lo que corresponde al Poder Legistivo Federal y en los Congresos Locales, como a continuación se cita:

Artículo 41

APARTADO D

IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

TRANSITORIO SEGUNDO.-El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales

Si bien es cierto que lo anterior representa un gran avance en los procesos democráticos y de representación política para México, también lo es que, la reciente reforma no obliga ni considera que los congresos locales se pronuncien por la forma de integración de las listas de concejales a los ayuntamientos.

2. Hace 66 años, el 12 de febrero de 1947, el Gobierno de la República tuvo a bien publicar el decreto en el que se otorga el mandato para permitir que las mujeres votaran en elecciones municipales y pudieran ser candidatas4.

3. Es cierto que aun mantenemos en nuestros institutos políticos, en estructuras de gobierno y en nuestras culturas, esquemas y patrones de conducta retrógradas, que nos conducen como una sociedad que aún no permite el pleno empoderamiento de las mexicanas en los ámbitos profesionales, económicos, políticos y sociales.

4. En diversos municipios de México, se ha violentado el derecho de la mujer para participar en procesos electorales alegando cuestiones de “usos y costumbres”. Si bien es cierto que respetamos los usos y costumbres de nuestras culturas, también es cierto que no se puede permitir que los usos y costumbres vulneren y violenten los derechos humanos de las personas.

5. Según datos del INMUJERES5, el porcentaje de Presidentas Municipales en el año 2000 fue de 3.5, en comparación con el 5.9 en el año 2012, resultando un mínimo aumento en el número de la participación femenina en el aspecto de gobierno municipal.

6. Es muy persistente la diferencia en cuanto al número de Presidencias Municipales encabezadas por mujeres en relación con los hombres; la discriminación y la violencia aún no permiten su plena incursión en cargos de toma de decisión.

Compañeras y compañeros legisladores: continuemos el esfuerzo de grandes mujeres y grandes hombres, articulando leyes y reglamentos que garanticen la participación y la representación de la mujer en todos los aspectos de la sociedad mexicana. Impulsemos púes, “La participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el ámbito municipal”6.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Congresos Locales para que en el marco de la publicación de la Reforma Constitucional en materia política- electoral y las leyes secundarias en la materia, consideren la inclusión de la paridad de género en el acceso de los cargos de elección popular, específicamente en las listas de ayuntamientos y alcaldías.

Dado a los siete días de mayo de 2014

Atentamente

Sen. Benjamín Robles Montoya”.

1 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Serie Estudios N° 11 / 2007. Mauricio Amar D. - mgamar@bcn.cl Fecha de publicación: 01-08-2007, Santiago

2 PNUD, Gender Parity Action Plan, 2007. Citado en PNUD, Empoderadas e Iguales 2008-2011. Estrategia de Igualdad de Género, 2008

3 MEDINA, Espino (Con la colaboración de Ruth Gisela Marquez Benitez). “La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad”. D.R. © Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. H. Congreso de la Unión. Cámara de Diputados. LXI Legislatura ISBN: 978-607-95100-3-9

4 “En las elecciones municipales, participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas” (DOF 12 de febrero de 1947).

5 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2

6 Las Participación Política de las Mujeres en el ámbito municipal. Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. DP2/IF14/2008.






De los CC. Diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Monreal Avila, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objetivo de informar sobre el desabasto de medicamentos. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA DAR UN INFORME SOBRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS.

ALFONSO DURAZO MONTAÑO Y RICARDO MONREAL AVILA integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto del artículo 4º que establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

La Ley General de Salud en el artículo 77 Bis 1 mandata que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

El acceso a servicios de salud suficientes, de manera oportuna y de buena calidad –distribuidos con equidad y organizados con eficiencia– es un requisito indispensable para mantener condiciones de salud adecuadas.

De igual manera, acceder a los medicamentos tiene también un alto impacto sobre los servicios, ya que son un insumo básico del proceso terapéutico. El uso racional de medicamentos requiere un abasto suficiente, oportuno y económicamente accesible para toda la población y es un objetivo fundamental de los sistemas nacionales de salud1.

No obstante, en México aún existen poblaciones que carecen de acceso oportuno y suficiente a las medicinas. El desabasto de medicamentos, es frecuente en México debido a las crisis económicas, la desorganización y la falta de transparencia del sector, entre otros factores.

Hace sólo una década, menos de 50% de los medicamentos esenciales estaban disponibles en las unidades de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud. En los últimos años el desabasto de medicamentos ha disminuido, pero sigue siendo un problema en las zonas rurales y las regiones marginadas.

Adicionalmente, el gasto en medicinas tiene un impacto sustancial en el ingreso de las familias, pero especialmente en las más pobres, que pueden llegar a consumir más de la mitad de su ingreso mensual en atención médica. Por ello, este gasto se convierte en un evento catastrófico para ellas. Tal situación, hace urgente la necesidad de mejorar las políticas referentes al abasto de medicamentos.

Los esfuerzos para racionalizar la adquisición y distribución de medicamentos en las instituciones públicas en México iniciaron en 1950, con la implantación de la primera lista de medicamentos básicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Posteriormente se legisló el uso obligatorio del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos (CBCM) en todas las instituciones públicas de salud, y actualmente el CBCM es utilizado por el sector público para orientar la adquisición de medicamentos a partir de criterios terapéuticos, socioeconómicos y de costo-efectividad.

A pesar de que durante las últimas décadas, se han implementado diferentes estrategias para subsanar el déficit de medicamentos, entre las que destacan: “Satisfacer la demanda de medicamentos en el Sector Salud” propuesta por la Secretaría de Salud (SS) en 2004; “Hacia una política farmacéutica integral para México” documento elaborado por la SS en 2005; “Programa Sectorial de Salud 2007-2012”, del que derivó en diciembre de 2007, la creación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos, organismo orientado a disminuir las disparidades de precios de un mismo medicamento y promover el ahorro en las instituciones de salud, ésta problemática no se ha abatido.

Al inicio del presente sexenio, el 8 de junio de 2013, el titular del Ejecutivo Federal, dio a conocer la Estrategia de Contratación Pública, la cual estableció el mecanismo de compras consolidadas para adquirir medicamentos por parte del gobierno.

A pesar de que este último esquema, no es novedoso como lo pretendió vender el gobierno federal, se aglutinan diferentes compras de medicamentos realizadas por las instituciones a nivel federal o estatal, buscando con estas compras masivas, disminuir el precio de los mismos2.

Bajo la conducción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ejercieron más de 42 mil millones de pesos, correspondientes a la compra de aproximadamente 900 medicamentos y mil 800 claves de material de curación para el Sector Salud, incluyendo ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y a la Secretaría de Salud.

Dentro de esta compra contempló también atender los requerimientos de Pemex, los hospitales de la Mujer, Psiquiatría, Nacional Homeopático y Juárez, así como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz3.

No obstante, los mexicanos gastaron únicamente en 2011, 360 mil millones de pesos, de los cuales el 65.1 por ciento del total invertido, son utilizados para la compra de medicamentos y materiales de curación4. Una gran parte de este gasto es por el desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud.

A pesar de la negativa de las autoridades de salud, son innegables y recurrentes las noticias al respecto del desabasto de medicamentos en todo el país, incluso en grandes poblaciones urbanas.

La falta de medicamentos atenta contra la salud y vida de miles de mexicanos vulnerando sus derechos constitucionales. Por lo tanto, es urgente dejar de minimizar e incluso negar el problema, y conocer su magnitud real, y detallar estrategias para resolverlo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta Soberanía, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para dar un informe detallado sobre el problema de desabasto de medicamentos en el país, así como las estrategias que se están llevando a cabo para abatirlo.

Dado en el Senado de la República, a 7 de mayo de 2014.

Dip. Francisco Alfonso Durazo Montaño”.

1 López-Moreno, S, et al. (2011) Organización del abasto de medicamentos en los servicios estatales desalud. Potenciales consecuencias de la mezcla público-privadaSalud Pública Méx 2011; Vol. 53(sup 4):445-457

2 Peña Nieto, E, (2013) Estrategia de Contratación Pública, Presidencia, México, 8 de julio de 2013, [En línea] http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-de-contratacion-publica/

3 Resendiz, Francisco, (2013), Gobierno centraliza las compras, El Universal, 21 de julio de 2013, [En línea] http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/gobierno-centraliza-las-compras-937381.html

4 Notimex, (2014), Gastan mexicanos 360 mil mdp en salud, Noticias MVS, México, 03 de abril de 2014. [En línea] http://noticiasmvs.com/#!/noticias/gastan-mexicanos-360-mil-mdp-en-salud-867.html






De la C. Diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PT, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a acelerar el ejercicio del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A ACELERAR EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO AUTORIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

“La suscrita, Diputada Federal MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE TIENE COMO OBJETIVO EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A ACELERAR EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO AUTORIZADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La economía mexicana se encuentra en crisis. Sea por factores externos,  internos, o  por la combinación de ambos, pero cada día hay más desempleo, la inflación aumenta y la incertidumbre social se generaliza pues no se puede entender cómo es posible que autoridades hacendarias reciban inclusive reconocimientos internacionales por su desempeño, cuando internamente no han dado resultados positivos a favor de la población.

Uno es el discurso oficial y otra la realidad que viven a diario las familias mexicanas. De acuerdo con datos del IMSS, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el peor de los últimos cuatro en cuanto a generación de empleos, únicamente 464 mil. El crecimiento económico del país no fue durante 2013 según el INEGI superior al 1.2% lo que refleja una desaceleración de la economía. Mientras que la inflación anualizada se ubicó, de acuerdo con el Banco de México en 3.9%, en el periodo indicado.

El INEGI, mediante boletín de prensa de fecha 22 de abril de 2014 ha dado a conocer las cifras preliminares a marzo de este año relativas a Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo, el cual señala que en el tercer mes de 2014 la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 5.25% respecto al mes previo, que se ubicó en 4.81% y la comparación anual muestra que las tasas de desocupación y de subocupación aumentaron en marzo de 2014 con relación a las del mismo mes de un año antes (4.80 vs. 4.51%) y (8.3% vs. 7.8%), respectivamente, lo que refleja que el desempleo se está incrementando en el país.

Para el año 2014 las proyecciones económicas formuladas por organismos internacionales no son muy alentadoras, el Fondo Monetario Internacional al inicio de año anunció una perspectiva de la economía mexicana no mayor al 3% y como sucedió el año pasado, lamentablemente los indicadores del sector privado han comenzado a manejar a la baja esa proyección ( Banorte 2.7%)  y seguramente tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrán que ir ajustando a la baja la perspectiva de crecimiento para 2014, lo que refleja las deficiencias de la actual política económica.

Sabemos que el problema de fondo de la economía mexicana es el modelo neoliberal implementado desde la década de los ochenta. En los últimos 19 años el crecimiento del producto interno de México registra una tasa promedio del 2.7%, y este magro crecimiento ha llevado al país al detrimento de las condiciones socioeconómicas al no contar con una política económica que favorezca el desarrollo.

Ante este panorama tan desalentador y la negativa a modificar el modelo económico considero que es apremiante el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acelere la activación de la economía para impulsar la generación de empleos y favorecer el crecimiento económico del país alentando mediante el ejercicio del gasto público las actividades productivas más relevantes y de mayor influencia sobre la economía.

Este año el Gobierno Federal cuenta con el mayor presupuesto aprobado en la historia del país $4,467,225,800,000.- de conformidad al artículo 2 del Presupuesto de Egresos de la Federación y no se ve a la fecha de presentación de la presente proposición, reflejado en la economía del país.

La situación económica de la gran mayoría de las familias mexicanas es preocupante, por lo que es urgente que el gobierno federal reconozca que su estrategia económica no está dando los resultados inmediatos que son necesarios para que avance el país y acelere el ejercicio del gasto público.

Existe un amplio sentir popular de que la política económica que se instrumenta desde la Secretaría de Hacienda, a pesar de las reformas estructurales que se han impuesto, no está contribuyendo a corregir la injusta distribución de la riqueza nacional y es el momento de actuar con responsabilidad, pues a pesar de que se anuncien programas de inversión como el de infraestructura por 7.7 billones de pesos, éstos no rendirán los resultados esperados en cuanto a creación de empleos si únicamente se destinan a través de licitaciones amañadas para beneficiar a los consorcios consentidos del ramo de la construcción.

Es a los pequeños y medianos empresarios a los que debemos favorecer con el gasto público y ellos no están recibiendo el apoyo que los legisladores aprobamos a través del presupuesto para apoyarlos y de esta manera poder impulsar inversiones de su parte que se transformen en la generación de empleos suficientes y dignos.

En el Poder Legislativo coexisten diversas expresiones ideológicas que enriquecen la vida democrática y política de México, pero se ha cometido el error de descalificar a las minorías que hacen una aportación valiosa a la gobernabilidad del país y esas minorías reclamamos hoy nuestro derecho de ser escuchadas y tomadas en consideración para sacar adelante al país del bache económico en que se encuentra, por ello es que someto a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Unico.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que acelere el ejercicio del gasto público autorizado por la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2014

Recinto de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014.

Dip. Magdalena Núñez Monreal”.






De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a realizar las investigaciones correspondientes sobre las irregularidades señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2012 a la Sociedad Hipotecaria Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS IRREGULARIDADES SEÑALADAS EN EL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2012A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF) Y EL FONDO DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI).

“El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Del Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, se desprenden diversas irregularidades relativas a la gestión de la cartera crediticia, particularmente en instituciones relacionadas con la gestión de programas de acceso a la vivienda.

En primer lugar, debemos hacer referencia a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), institución perteneciente a la Banca de Desarrollo que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social.

La institución financiera del Estado también apoya el incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda, y los financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales. Los programas de crédito, ahorro y garantías de SHF promueven condiciones adecuadas para que las familias mexicanas, de zonas urbanas y rurales, tengan acceso al crédito hipotecario y puedan disfrutar de viviendas dignas.

La SHF fue concebida como un banco de segundo piso, por lo que no atiende directamente al público. Para su funcionamiento se apoya en intermediarios financieros, a través de los cuales canaliza los recursos para que lleguen a la gente. Son estos intermediarios los encargados de otorgar y administrar los créditos, desde su apertura hasta su conclusión. En su Ley Orgánica está establecido que la SHF puede operar a través de los siguientes intermediarios financieros: Instituciones de Banca Múltiple, Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) y Entidades de Ahorro y Crédito Popular.

En segundo lugar, debemos referirnos al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), fideicomiso público administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con la finalidad de otorgar apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de vivienda de interés social canalizando los recursos a través de intermediarios financieros, siendo éstos las instituciones de banca múltiple y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) del ramo hipotecario e inmobiliario, registradas ante el FOVI.

En el Informe se destacan las auditorías realizadas a la SHF y al FOVI, entre otras instituciones, en materia de gestión de la cartera crediticia. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó revisiones orientadas a fiscalizar la gestión financiera de la administración de la cartera crediticia para verificar que en su operación se aseguraron las mejores condiciones para la SHF y el FOVI, y que éstas fueron aprobadas por los órganos facultados; que en las daciones en pago se recibieron bienes susceptibles de cobro; y que el otorgamiento de créditos y su registro contable cumplieron con las disposiciones legales y normativas.

Se hace referencia a distintas irregularidades encontradas en la gestión del FOVI. Entre sus principales resultados el Informe señala los siguientes:

- Elevada cartera vencida de la institución, que a diciembre de 2012 ascendió a 8 mil 281.5 millones de pesos, el 36.8% de la cartera crediticia total que fue de 22 mil 499.3 millones de pesos. Se explica que en este resultado influyó de manera determinante la dación en pago de los intermediarios financieros no bancarios que recibió FOVI entre 2008 y 2012.

- Las utilidades de la institución fueron utilizadas como colchón en el saneamiento financiero. En el ejercicio 2012 el FOVI obtuvo ingresos por Intereses, Comisiones y Tarifas Cobradas, y Otros Productos por 5 mil 732.1 millones de pesos, que fueron suficientes para cubrir los gastos, comisiones y participaciones en empresas subsidiarias y asociadas por 2 mil 660.9 millones de pesos. Esto le permitió obtener un resultado neto (utilidad) por 3 mil 071.2 millones de pesos.

- Opacidad en la determinación de la viabilidad financiera del FOVI. Sólo se estimaron los escenarios de recuperación (optimista, probable y pesimista) de la cartera y venta de bienes al momento de la Dación en Pago, en relación con el saldo de los Pasivos contraídos con el Banco de México y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, los cuales tienen vencimientos programados para 2013 y 2014. Por lo expuesto, se desconoce el impacto que tendrá este rescate en la situación financiera de FOVI debido a la falta de información soporte actualizada.

- Graves deficiencias del FOVI en materia de control interno. Se destacan las siguientes: Falta de consistencia y medidas de control en la integración de la información documental; Cartera de crédito vencida (en dación) con problemas de recuperación; Cálculo de la Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios sin bases confiables; Falta de confiabilidad en la integración de la información contenida en las bases de datos de la Cartera de Crédito de Primer Piso, entregada al FOVI por los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) y por los administradores de cartera; incumplimientos contractuales de los Administradores Primarios y Administradores Maestros en la entrega de informes y reportes relacionados con la Cartera de Crédito de Primer Piso.

- Rescate de FOVI a intermediarios Financieros no bancarios (IFNB). El FOVI absorbió las deudas de los IFNB (o SOFOLES) rescatados y asumió la carga de administrar la Cartera de Crédito con problemas de recuperación a través de Administradores Primarios y Maestros, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2012 ascendió a 10 mil 836.6 millones de pesos. Se aclara que se desconoce el impacto que tendrá este rescate en la situación financiera de FOVI, debido a la falta de información soporte actualizado.

- Elevados montos de cartera crediticia reservada de FOVI. Al 31 de diciembre de 2012, la estimación preventiva total para Riesgos Crediticios ascendió a 9 mil 877.4 millones de pesos, lo que representó el 43.9% del total de la Cartera de Crédito.

- Inconsistencias en la integración de expedientes de crédito. FOVI recibió 13,335 créditos como “Dación en Pago” con saldo al 31 de diciembre de 2012 por 10 mil 836.6 millones de pesos, que tienen hasta 168 mensualidades vencidas (14 años), de los cuales 2,266 créditos, por 5 mil 218.4 millones de pesos (48.1%), carecen de información para asegurar que corresponden a derechos de cobro en favor del FOVI. Se advierte sobre la carencia de bases confiables para el cálculo de la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de la Cartera de Crédito de Primer Piso, que representó el 119.3% de la cartera vencida (8 mil 281.5 millones de pesos).

Por su parte, entre los principales resultados del Informe respecto de la SHF destacan los siguientes

- Elevados traspasos de cartera de Intermediarios Financieros no Bancarios (Sofoles) a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) producto de un rescate financiero. De la cartera total de la SHF que en 2012 ascendió a 60 mil 604.3 millones de pesos, el 47.1% fue recibida como dación en pago de las SOFOLES rescatadas. Asimismo, del monto total de cartera vencida por 16 mil 587.6 millones de pesos, el 83.2%, corresponde a la cartera recibida por la SHF como dación de pago por dichas SOFOLES.

- Grave opacidad en el proceso de transferencia de la cartera traspasada por las Sofoles como dación de pago a la SHF a través de fideicomisos no regulados con carácter de privados. Los fideicomisos F/262323, F/262757, F/304557, F/1301, F/165393, F/165776, F/651 y F/303623, a través de los cuales se realizó la cesión de cartera como dación en pago, desde su constitución, son de carácter privado, lo que implica opacidad, y baja rendición de cuentas al no estar obligados dichos fideicomisos a revelar información en Cuenta Pública, no obstante que hay recursos públicos de por medio.

El rescate de las instituciones de intermediación financiera no bancarias (SOFOLES) genera presiones sobre el capital de la SHF. Al 31 de diciembre de 2012 la Cartera de Crédito Vencida “Primer Piso” recibida como Dación en Pago ascendió a 28 mil 518.0 millones de pesos, que representó el 151.4% de su capital contable. La ASF determinó que se desconoce el impacto que tendrá este rescate en la estructura financiera de la SHF, debido a la falta de información soporte actualizada.

Las situaciones presentadas dieron lugar a sendos dictámenes negativos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta Soberanía el siguiente

PUNTOS DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las investigaciones correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades en torno a los funcionarios públicos y  los intermediarios financieros que pudieran verse involucrados en las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012respecto de las operaciones realizadas por Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que envíe un informe pormenorizado sobre la situación financiera de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) entre 2008 y 2012.

Dado en el recinto del Senado de la República, a 7 de mayo de 2014.

Atentamente Diputado”.






De la C. Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados de Campeche, de Coahuila, de Chiapas, de Durango, del Estado de México, de Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán, de Morelos, de Oaxaca, de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, de Tabasco, de Tlaxcala, de Yucatán y de Zacatecas a dar cumplimiento al Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las entidades federativas y municipios a expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la responsabilidad patrimonial de los estados y municipios. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE, DE COAHUILA, DE CHIAPAS, DE DURANGO, DEL ESTADO DE MEXICO, DE GUERRERO, DE HIDALGO, DE MICHOACAN, DE MORELOS, DE OAXACA, DE PUEBLA, DE QUINTANA ROO, DE SINALOA, DE SONORA, DE TABASCO, DE TLAXCALA, DE YUCATAN Y DE ZACATECAS A DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL DEL 14 DE JUNIO DE 2002, POR EL QUE SE MANDATA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A EXPEDIR LAS LEYES O REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS.

“La suscrita, diputada ALICIA CONCEPCIÓN RICALDE MAGAÑA, integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional en la lxii legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracciónes i, ii y iii del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, somete a consideración la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE, COAHUILA, CHIAPAS, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUERRERO, HIDALGO, MICHOACÁN, MORELOS, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, SONORA, TABASCO, TLAXCALA, YUCATÁN Y ZACATECAS, A DAR CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL DEL 14 DE JUNIO DE 2002, POR EL QUE SE MANDATA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEBERÁN EXPEDIR LAS LEYES O REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, A FIN DE PROMOVER LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. La inclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en junio de 2002, se inscribe en un largo y complicado proceso, pero a la vez constante, de incorporar dicha institución reparadora en las Constituciones de Hispanoamérica, a fin de crear un perímetro de protección fundamental de los derechos de los gobernados, cuando se ven afectados en sus personas, patrimonios y derechos.

2. Con la llegada del siglo XXI, el tema cobró mayor magnitud, propiciándose un movimiento en favor de una nueva y mejor regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado, mediante propuestas legislativas al interior de la Cámara de Diputados y de Senadores, de modificación a la Constitución Federal, así como de proyectos de leyes, segregándolo del régimen del Código Civil, a fin de crear un sistema de responsabilidad estatal objetiva y directa, basado en los principios e instituciones del derecho público mexicano.

3. A partir de esta premisa, se entiende que la reforma sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, mediante la adición de un segundo párrafo al Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se busca asegurar que la responsabilidad patrimonial del Estado, genere en los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, la preocupación de que sus actos no causen afectaciones en la esfera particular.

4. Luego entonces, debemos entender que la responsabilidad del Estado por su actividad en la administración pública, es un medio auxiliar de la jurisdicción administrativa, siempre que los tribunales administrativos estén expresamente facultados para determinar que la ejecución de un acto administrativo, causó daños y perjuicios en el patrimonio pecuniario o moral de un particular, y por lo tanto se deba proceder a condenar al Estado.1

5. Asimismo, cabe mencionar que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, ha sido producto de un desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, sobre la base de disposiciones constitucionales que establecen su responsabilidad como un principio fundamental del Estado de derecho.

6. Por otra parte, la responsabilidad del Estado, pertenece al ámbito del derecho público, por ende, debe tratarse de forma diferente a la responsabilidad de categoría civil, pues se debe de preservar principalmente el interés público, así como el de los habitantes del país a efecto de proteger a los gobernados y evitar demandas contra el Estado, ya que es uno de los derechos subjetivos3 peor regulados en México.

7. Derivado del análisis jurídico previo, debemos señalar que a partir de la reforma en comento, el poder legislativo y posteriormente el ejecutivo federal, dieron un paso preponderante en materia de protección de los derechos de los particulares y en la efectividad del Estado de Derecho respecto de las actividades públicas.

8. Por lo anterior, el decreto fue publicado el día 14 de junio de 2002, donde se desprende que la federación, las entidades federativas y los municipios contarían con un periodo comprendido entre la publicación del decreto y su entrada en vigor para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según fuera el caso, a fin de darle el más estricto cumplimiento al mandato, cuyo periodo no sería mayor a dos años, como se puede observar en el Transitorio del mismo decreto:

TRANSITORIO

La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.

9. Para el caso de Quintana Roo y de otros estados, es evidente que se debió dar cumplimiento al decreto, adecuando las disposiciones jurídicas en sus Constituciones Locales, así como expidiendo las leyes secundarias; situación que por supuesto no se ha cumplido, lo cual representa un desacato por parte de los congresos de estas entidades, dejando a los ciudadanos sin defensa alguna y provocando la omisión de la responsabilidad del Estado, como se puede observar en el siguiente cuadro:

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CUENTAN CON UNA
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

ESTADO

CONSTITUCION

LEY

Aguascalientes

Si

Si

Baja California

Si

Si

Baja California Sur

Si

Si

Campeche

No

No

Coahuila

Si

No

Chiapas

No

No

Distrito Federal

No

Si

Durango

Si

No

Estado de México

No

No

Guanajuato

Si

Si

Guerrero

No

No

Hidalgo

No

No

Jalisco

Si

Si

Michoacán

 

No

Morelos

NA

No

Nayarit

Si

Si

Nuevo León

Si

Si

Oaxaca

No

No

Puebla

Si

No

Querétaro

No

Si

Quintana Roo

No

No

San Luis Potosí

Si

Si

Sinaloa

Si

No

Sonora

No

No

Tabasco

Si

No

Tamaulipas

Si

Si

Tlaxcala

No

No

Veracruz

No

Si

Yucatán

No

No

Zacatecas

No

No

Fuente: Elaboración propia a través de los portales de los Congresos de los Estados. Abril de 2014

10. Como podemos observar, esta situación es reprobable, ya que es inadmisible que a diez años de su expedición, los congresos locales hayan omitido la debida integración de este mandato, con esta acción se está bloqueando y afectando la integridad del derecho, con el que cuentan todos los particulares para reclamar la reparación del daño y/o una indemnización por los daños derivados de la acción administrativa irregular4, donde el Estado de Derecho se observa severamente transgredido a causa de las actividades públicas dirigidas por los servidores públicos.

11. De ahí que el objeto de este Punto de Acuerdo, sea exhortar a los Congresos de los Estados que no han cumplido con esta obligación, para poner énfasis en este tema y tomar las medidas necesarias a fin de proveer el correcto cumplimiento por lo dispuesto en el decreto de fecha 14 de junio de 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Unico.- La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a los Congresos de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a dar cumplimiento con el Decreto del Ejecutivo Federal del 14 de junio de 2002, por el que se mandata que las Entidades Federativas y Municipios, deberán expedir las Leyes o realizar las modificaciones necesarias, a fin de promover la Responsabilidad Patrimonial de los Estados y Municipios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de mayo de 2014

Atentamente

Dip. Alicia C. Ricalde Magaña”.

1 López Pérez, Miguel, Notas sobre el Segundo Párrafo del artículo 113 Constitucional, La responsabilidad Patrimonial del Estado en la CPEUM, página 5.

2 Consultar las siguientes Jurisprudencias: Registro No. 2005708, P./J. 42/2008, Registro No. 2005710, Registro No. 2005709

3 Según Antonio Carrillo Flores, refiere que el derecho subjetivo público, debe entenderse, como la facultad otorgada por el derecho subjetivo para proteger el interés de una persona jurídica particular frente al interés colectivo que el Estado Representa, mediante el poder conferido a la voluntad de aquella persona para lograr que el Estado emita un acto de tutela de aquel interesado o para obtener la eliminación del acto estatal.

4 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Articulo 1.-  …
Se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.   






De los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer las investigaciones relacionadas con la supuesta red de trata de mujeres dirigida presuntamente por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así como a las autoridades competentes a adoptar medidas para garantizar la seguridad de las víctimas. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE ATRAIGA LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUPUESTA RED DE TRATA DE MUJERES DIRIGIDA PRESUNTAMENTE POR CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE LA TORRE, ASI COMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A ADOPTAR MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS VICTIMAS, ASI COMO DE LA DIRECTORA DE LA COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA MUJERES Y NIÑAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CATWLAC), TERESA ULLOA, Y SUS FAMILIAS.

“RICARDO MONREAL AVILA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A raíz de la presunta red de prostitución operada por el presidente con licencia del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sale a la luz pública un grave problema como lo es la trata de personas y la explotación sexual. Sin embargo, más allá de verlo como un mero escándalo, es una oportunidad para que las autoridades actúen de manera diligente y efectiva para poner un alto a la impunidad que priva en este tipo de casos, mandar señales de la correcta aplicación de la ley y garantizar que las víctimas se sientan seguras para poder denunciar, y con ello comenzar a desenredar la maraña de tramas y complicidades que generalmente se involucran en delitos de esta naturaleza.

El tema dado a conocer recientemente debido a una investigación periodística, es sólo la punta del iceberg de una situación que lamentablemente viven miles de mujeres y niñas en el Distrito Federal y en México y pone como tema de fondo la aparente “decisión” de las mujeres para estar en situación de prostitución, interpretación que puede resultas muy conveniente para los que se benefician de la explotación de sus cuerpos.

Es decir, esas mujeres que vemos todos los días en zonas como La Merced, Sullivan, el “corredor sexual” Buenavista en donde está la calle Puente de Alvarado (donde se ubica la sede del PRI-DF), en la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, son mujeres que dicen estar ahí “porque quieren”, “porque así lo han decidido”.  Con esa respuesta las autoridades competentes, tanto delegacionales como del Gobierno del DF, y del ministerio público federal han evadido su responsabilidad en el asunto y no han mirado las causas estructurales del problema de prostitución en la Ciudad de México y en el país, como lo son las condiciones socioeconómicas del entorno que ponen a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Como ejemplo está que en el reportaje que detonó el escándalo, se menciona que entre las mujeres que “trabajan” con Cuauhtémoc Gutiérrez, la mayoría de ellas son madres solteras, divorciadas o estudiantes. Mujeres que necesitan trabajar en una Ciudad que no garantiza oportunidades de trabajo decente (según la definición de la OIT) para todas y todos.

Esa misma condición de vulnerabilidad, ubica a las mujeres víctimas de explotación sexual en la imposibilidad de enfrentarse o confrontarse a la intrincada red de complicidades que las mantienen en esa situación.

En razón de ello, es muy importante que las autoridades actúen de manera diligente ante casos como el dado a conocer recientemente por la investigación periodística, y que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional, para dar certeza, sobretodo a las víctimas, de que se está actuando para poner un alto a los delitos en materia de trata de personas, y para la correcta aplicación de la ley, en otras palabras, que se hace justicia. Cabe decir que no se buscan chivos expiatorios, sino que las autoridades competentes actúen y se resuelva lo conducente conforme al Derecho.

Este tema ha puesto en la lupa de la opinión pública, pero sobre todo de muchas mujeres víctimas que no pueden alzar la voz, a las autoridades responsables de atender el tema de los delitos en materia de trata de personas, en todas sus formas y manifestaciones de esclavitud, explotación y servidumbre y es urgente que actúen de manera correcta.

En los casos dados a conocer se configuran muchos elementos contemplados en la ley para que se considere el delito de trata de personas y explotación de la prostitución ajena, y con ello se proceda de oficio sin mediar denuncias. Baste con ver la definición del tipo penal contenido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos:

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

Artículo 13.- Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

I. El engaño;

II. La violencia física o moral;

III. El abuso de poder;

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

Para mayor abundamiento, la propia ley señala que:

Artículo 4o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XII. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la delincuencia organizada.

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo de explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas.

Ante la presunción de estos elementos (prostitución ajena, explotación sexual, abuso de poder, y publicidad engañosa) sacados a la luz por una investigación periodística, en el caso que involucra a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, “el Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos en materia de trata de personas.”, conforme a la fracción III, del Artículo 7º de la mencionada ley.

Es sabido por declaraciones propias del Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, que se han iniciado investigaciones sobre el tema, aunque también ha señalado que no hay denuncias por parte de víctimas. Ante esta situación, consideramos que es importante que las investigaciones sean atraídas por el Ministerio Público Federal, y se implementen los mecanismos que garanticen la protección y seguridad de las posibles víctimas, a fin de que las denuncias puedan ser presentadas.

De acuerdo a la información conocido, existen elementos suficientes para que la  Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, atraiga las investigaciones relacionadas con la presunta red de trata de mujeres liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues de la investigación periodística se presume que hay más de una persona involucrada en dicha red, (Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Adriana, quien es la que entrevista por primera vez a las jóvenes y Priscila Martínez, quien las entrevista por segunda vez antes de pasarlas con el dirigente del PRI-DF, además del responsable de la nómina del PRI-DF) por lo que se puede considerar delincuencia organizada, de acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, que en su artículo 2º establece que:

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

En virtud de que la propia Ley General para la Prevenir, Erradicar y Sancionar los delitos en Materia de Trata de Personas establece que:

Artículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Existen consideraciones motivadas y fundadas para exhortar a la Procuraduría General de la República atraiga dichas investigaciones.

Por otra parte, uno de los principales objetivos de la ley general, es la protección y asistencia a las víctimas de delitos de trata de personas, partiendo de la intrincada red de complicidades que envuelven al delito que evitan que las víctimas acudan a denunciar y/o solicitar ayuda. En tal razón, la ley establece varios principios para garantizar la seguridad y protección de las víctimas como son:

Artículo 3o.- La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios:

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Para mayor claridad sobre a quienes corresponde garantizar la protección y asistencia a las víctimas, y sus allegados, la ley establece que:

Artículo 7o.- Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los estados y del Distrito Federal, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.

En tal sentido, y dadas las condiciones de vulnerabilidad, de exposición pública, y estar involucradas figuras públicas en el caso que se ha denunciado sobre la presunta red de trata de personas en el PRI del Distrito Federal, existe sobrada fundamentación para exhortar al Ministerio Público Federal a que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la protección y seguridad de las víctimas y sus familiares.

En este mismo marco, se han hecho públicas declaraciones contra Teresa Ulloa, Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe, experta en la materia desde hace 45 años, quien ha estado dándole seguimiento al caso para proteger a las posibles víctimas de esta red de trata,  por lo que es necesario extender la garantía de protección y seguridad a dicha defensora, sus colaboradores, y familiares, en tanto vienen siendo difamadas, intimidadas y presionadas para que desistan de su compromiso en la defensa y protección de las víctimas.

Además es de tomarse en cuenta que la propia Ley General en la materia, establece en su Artículo 40 que “El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal”, y que entre las agravantes que se prevén en el Artículo 42 se encuentra:

“Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando:

IX. El delito comprenda más de una víctima;

X. Cuando el autor del delito:

a) Sea miembro de la delincuencia organizada;…

e) Sea funcionario público, o

f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de trata de personas.

Como es el caso, ya que existe un laudo laboral de una demanda interpuesta por despido injustificado de tres edecanes por negarse a sostener relaciones sexuales con Cuauhtémoc Gutiérrez, Líder con Licencia del PRI-DF, a quienes les tuvo que cubrir el PRI un millón de pesos, cuyo laudo se constituye en prueba plena y documental pública.

Pero aún más, por el uso ilegal de los recursos públicos con los que las mujeres eran contratadas para el supuesto “Harem” de Gutiérrez de la Torre y sus co-religionarios, sino para actividades partidistas que son producto del pago de los impuestos de todas y todos los mexicanos.

Finalmente, y buscando trascender el caso que ahora se plantea, es necesario que la Secretaría de Gobernación, como responsable de coordinar los trabajos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, de acuerdo con el Artículo 89, fracción I, donde se establece que:

I. La Secretaría de Gobernación coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, en materia de las políticas públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas de este delito, incluyendo apoyar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de testigos y sus familias y demás agentes vinculados a la comisión del delito.

Y además en la fracción III, del artículo 88 específica que la Comisión Intersecretarial tendrá entre sus funciones y competencias:

III. Establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del Programa Nacional;

Sostenga una reunión de trabajo con la organización involucrada en este tema, a fin de conocer los antecedentes y proceder al diseño e implementación de medidas de protección y seguridad de posibles víctimas y también coordinar el mecanismo para la protección de defensores y defensoras.

Finalmente, es importante remarcar las responsabilidades que el Poder Ejecutivo Federal y del D.F. tienen para el cumplimiento de la Ley General para la Prevención, Erradicación y Sanción de los delitos en Materia de Trata de Personas, y los tratados internacionales ratificados por nuestro país en concordancia con el Artículo 1º. de nuestra Carta Magna, en tanto la línea que divide la explotación de la prostitución ajena y la prostitución es tan delgada que ningún ser humano debería estar en esta situación, porque las personas no son objetos que se puedan comprar, vender, alquilar, usar, ni se debe perpetuar los estereotipos que reducen a las mujeres a objetos sexuales para la satisfacción de los hombres.  Este país debe retomar los postulados del General Lázaro Cárdenas primer Presidente abolicionista de éste país, y no sólo invocarlo para justificar el Despojo a la Nación.

Por lo antes expuesto y fundado presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que a través de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada atraiga las investigaciones relacionadas con la supuesta red de trata de mujeres dirigida presuntamente por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente con licencia del PRI en el DF.

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, en apego a sus facultades adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de las víctimas, sus familiares, así como de la directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, su equipo de trabajo y familiares, en el caso relacionado con la supuesta red de trata de mujeres en el PRI del DF.

TERCERO. Se exhorta al Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que en su calidad de coordinador de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, reciba a una comisión de organizaciones relacionadas con la protección de las victimas de esta supuesta red de trata de mujeres a fin de coordinar medidas de protección y seguridad de las víctimas y sus familiares”.






Del C. Diputado Ricardo Cantú Garza, a nombre propio y de CC. Diputados de diversos grupos parlamentarios, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a promover una campaña de sensibilización y diagnóstico médico para el tratamiento de la enfermedad celíaca e intolerantes al gluten. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS A PROMOVER UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y DIAGNOSTICO MEDICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELIACA E INTOLERANTES AL GLUTEN.

“Los suscritos, Diputados Federales a la LXII Legislatura, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los Artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al Pleno de la Comisión Permanente la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA QUE PROMUEVAN UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y DIAGNOSTICO MEDICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CELIACA, E INTOLERANTES AL GLUTEN, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Dado el creciente número de personas con la Enfermedad Celiaca, padecimiento crónico que hasta hoy ha pasado desapercibido por las autoridades sanitarias, pero por las implicaciones que esta tiene, merece ser atendida a la mayor brevedad, ya que de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición “Salvador Zubiran” afecta por lo menos el 1% de la población Nacional.

La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad inmunológica que afecta el intestino (delgado) en niños y adultos predispuestos genéticamente, precipitada por la ingestión de alimentos que contienen gluten.

La Enfermedad Celiaca se caracteriza por la deficiencia de las paredes del intestino delgado, para absorber y utilizar adecuadamente las proteínas, y todos los nutrientes en general. Esta deficiencia provocada por una parte de las proteínas que contienen cereales como el trigo, la cebada, el centeno y el triticale (cereal sintético que procede del cruzamiento entre trigo y centeno) y, en una mínima parte la avena.

Se puede identificar o diagnosticar con mayor frecuencia entre los dos y seis años de edad, pero manifestarse en cualquier etapa de la vida de una persona. A últimas fechas investigaciones médicas han evidenciado que la Enfermedad Celiaca se desarrolla con mayor frecuencia en adultos mayores de los 40 años, y tiene incidencia de dos a uno mayoritariamente entre las mujeres, así como entre los enfermos diabéticos, personas con síndrome de Down, con esclerosis múltiple, epilépticos y con problemas del sistema nervioso.

El Celiaco menor de edad generalmente presenta síntomas como diarrea, vomito y distensión abdominal, en casos graves puede provocar desnutrición, retraso en el crecimiento o retardo en el desarrollo sexual. En el caso de los adultos los síntomas más comunes son: irritabilidad, inapetencia, debilidad, úlceras bucales, inflamación abdominal, diarrea, fatiga, anemia, Dermatitis Herpetiforme, entre otras.

En el sector salud, la Enfermedad Celíaca aun no está contemplada en la Ley General de Salud, sin embargo, el rango de población con dicha enfermedad es cada vez mayor, según estadísticas internacionales en México se calcula que 1 a 4.3  por ciento de la población a nivel nacional la padece y aún no hay un adecuado tratamiento para la enfermedad, ni política pública.

De acuerdo con especialistas, el único tratamiento efectivo es el consumo de alimentos libres de gluten y debe mantenerse de por vida, de lo contrario la salud del paciente se deteriora irreversiblemente.

Por lo que para los Celiacos y para los intolerantes al gluten es de vital importancia conocer el contenido nutricional de los productos que consumen, mismo que debe estar señalado claramente en el etiquetado del producto con la frase “Libre de Gluten” o “Contiene Gluten”

Por otra parte, debemos hacer la aclaración de que a través de la norma vigente establecida por el Codex Alimentarius (Código Alimentario de la Organización Mundial de la Salud) celebrada en Suiza en el año 1997, advierte que la comercialización de productos con contenido de gluten, tiene un máximo permitido de hasta las 10 ppm (parte por millón) para poderse considerar como apto para el consumo de personas celíacas.

En este sentido, debemos decir que nuestro marco Constitucional, así como lo referente a la Ley General de Salud, establecen que el derecho a la protección de la salud es para todos los mexicanos.

No obstante a la recomendación emitida por la OMS, el Estado mexicano no ha hecho caso para garantizar que la población con estos padecimientos sea atendida debidamente por algún programa de salud pública o que puedan ser promovidos para su efectiva atención en los institutos y centros de salud públicos.

Es necesario que el Estado incluya a la Enfermedad Celíaca e intolerantes al gluten considerándose como prioridad médica en los centros de salud, tanto privados como públicos y se circunscriba en la Ley y en la agenda de salud pública, además de poner en marcha una campaña activa a través de la Secretaría de Salud  y la COFEPRIS, para normar el etiquetado de los alimentos o bebidas o productos que en su composición contengan o puedan contener gluten o alguna de las proteínas derivadas del mismo.

Lo anterior logrará una mayor colaboración para que se prevenga a los sectores más vulnerables de la población (niños y adultos mayores principalmente) sobre la manera en que se manifiesta esta enfermedad, además de sensibilizar a la población en general sobre las medidas sanitarias para prevenirla.

Cabe señalar que los centros de investigación, institutos especializados, universidades y la Secretaría de Salud, deben coordinar los esfuerzos necesarios para brindar la atención pronta al paciente con esta enfermedad al mismo tiempo de sujetarse a los protocolos de actuación según las características de la misma, pues por falta de práctica o conocimientos suficientes, esta enfermedad suele ser confundida con alguna otra como colitis, gastritis u otra.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta  a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que promuevan una campaña de sensibilización y diagnóstico médico para el tratamiento de la enfermedad celíaca, e intolerantes al gluten.

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014.

Atentamente

Dip. Ricardo Cantú Garza.- Dip. Mirna Velázquez López.- Dip. Elizabeth Vargas Martín del Campo.- Dip. Roberto López Rosado.- Dip. Loretta Ortiz Ahlf.- Dip. María Elia Cabañas Aparicio.- Dip. Dulce María Muñiz Martínez.- Dip. María del Carmen Ordaz Martínez.- Dip. Luis Miguel Ramírez Romero.- Dip. Gerardo Villanueva Albarrán”.






De la C. Diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fortalecer sus acciones con el fin de desarrollar las unidades ganaderas de los pequeños y medianos productores del país. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, EXHORTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, PARA QUE FORTALEZCA SUS ACCIONES CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS UNIDADES GANADERAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL PAIS.

“Quien suscribe, Diputada MARÍA DEL CARMEN ORDAZ MARTÍNEZ por el Estado de Yucatán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 Y 59  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta Proposición con punto de Acuerdo, mediante la cual SE SOLICITA A LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION,EXHORTEA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION,PARA QUE FORTALEZCA SUS ACCIONES CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS UNIDADES GANADERAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL PAIS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 1ERInforme de Gobierno 2012-2013,1 afirma con el título “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”,2 que en los últimos años la disponibilidad de alimentos ha sido satisfecha de manera creciente por importaciones con una tasa media anual de crecimiento de 9% debido a que la producción ha venido aumentando a ritmos por debajo del crecimiento poblacional y nos dice que en muchos productos somos altos importadores para satisfacer el consumo nacional, y nos da unas cifras entre ellas la leche con un 16.3% y la carne de bovino un 13.1%, nos señala que las causas son diversas, destacan el minifundismo, contingencias climatológicas y sanitarias, altos precios de los insumos, baja inversión y falta de rentabilidad entre otros y nos dice también que el compromiso del Ejecutivo Federal es: cambiar el rostro del campo, haciéndolo productivo y rentable, que produzca los alimentos que los mexicanos requerimos a precios accesibles y al mismo tiempo, brinde los ingresos suficientes para que los productores tengan una vida decorosa.3

Dicho documento en el apartado titulado, “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico”,4 nos señala que la ganadería sigue siendo predominantemente extensiva y en los últimos años ha enfrentado una descapitalización causada por los efectos de las contingencias climatológicas (sequias, heladas e inundaciones), por impactos que los altos precios de los insumos han tenido en la rentabilidad de las unidades de producción pecuarias y por la incidencia de epidemias de animales. Esto ha tenido un efecto inmediato en el despoblamiento de las unidades productivas.5

También se presenta un cuadro relativo a la producción pecuaria de los años del 2008 al 2013, en miles de toneladas en donde vemos en el concepto de carnes la correspondiente a bovino siendo la producción del 2008 de 1,667; en el 2009 de 1,705; en el 2010 1,745, en el 2011 de 1,804; en el 2012 1,821 y en el 2013 1,851. Con relación a la producción de leche se observa en la correspondiente a bovino que en el 2008 fue de 10,589; en el 2009 10,549; en el 2010 10,677; en el 2011 10,724; en el 2012 10,881 y en el 2013 10,938.6

Como podemos observar el incremento a la producción en todos estos años ha sido como se ha dicho, ligero, considerando que deben fortalecerse las acciones del Estado para robustecerlo, tratando de lograr que sea suficiente para atender por lo pronto en forma completa la demanda nacional.

Como mencioné en la Iniciativa que presenté también a esta H. Cámara de Diputados a inicios del presente mes sobre reformas al Artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,7nos señala que la ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad, debido a la descapitalización de sus unidades productivas, así también menciona que los retos en el sector agroalimentario son considerables, mencionando que en primer lugar la capitalización del sector debe ser fortalecida, y que la falta de inversión en equipamiento e infraestructura limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad, así también afirma que la oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar mencionando que solo el 6 % de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso al crédito institucional y que además existen fuertes disparidades en la productividad de las unidades de producción, así nos señala que el reto radica en fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico.8

Debemos recordar que el Plan Nacional de Desarrollo, es un valioso instrumento toda vez que señala las directrices para el desarrollo nacional, independientemente de que con gran sentido crítico menciona la realidad en que se encuentra la actividad ganadera, todo ello complementado con el Programa Sectorial que a continuación me referiré.

El diagnóstico del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018,9en el apartado “El desafío alimentario hacia 2050”, afirma que en ese año la población mundial será de 9,300 millones de personas y la “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” por sus siglas en inglés FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), estima que la demanda mundial de alimentos aumentará 60%, y que para ese año la población en México crecerá 34 millones, para alcanzar un total de 151 millones de personas.10

Bajo el título “Subsector pecuario”, nos señala que la estrategia pecuaria se fundamenta en sostener y avanzar en el ritmo de crecimiento para mantener la oferta de proteínas de origen animal que la población en crecimiento exige en su dieta, a través de acciones e instrumentos que incentiven las explotaciones ganaderas para mejorar su productividad y producción.11 Nos dice también que es importante llamar la atención a que hoy la actividad pecuaria ya acusa los efectos de las contingencias climatológicas de los últimos años, despoblando el inventario productivo y dejando, a la vez, grandes extensiones ganaderas, originalmente de agostaderos, hoy convertidas en tierras erosionadas, inhibiendo la inversión y, con ello, la posibilidad de incorporar innovaciones tecnológicas. Nos menciona que el repoblamiento de ganado se convierte en una necesidad para potenciar el crecimiento de la producción.12

Afirma también que en el subsector de ganadería se tiene una nueva visión de impulso a la productividad y adopción de tecnología, así como de apoyo al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas, a través de tres estrategias principales: capitalización, sustentabilidad e innovación y transferencia de tecnología.13

Con anterioridad en la iniciativa que elaboré y a la cual me referí, aborde el tema de la situación actual y requerimientos del campo, misma que he constatado, por lo cual reafirmo, que son una realidad tanto el interés como las acciones del Gobierno de la República por impulsar las actividades agropecuarias, entre las que se encuentra la ganadería, pero considero necesario, emprender una campaña permanente para desarrollar a fondo dichas actividades, por lo que es vital ir hacia los pequeños y medianos productores, los cuales son los más numerosos del país, esto es con el fin de fortalecer el trato directo y el conocer las condiciones de las unidades productivas las cuales trabajan mayormente en unión de sus familias.

En las visitas a las unidades se detectarían sus necesidades, las cuales mayormente consisten en rehabilitación y construcción de instalaciones, rehabilitación y ampliación de praderas, implementación de equipos de riego, tanto de energía eléctrica como solar, esto imprescindible para lograr pastos durante todo el año en especial en época de sequía, la cual en estos tiempos se torna muy agresiva y ya no pueden esperanzarse de las temporadas de lluvia, otro de los aspectos de atención necesaria es la reposición de vaquillas y dotación de sementales pero a costos accesibles y proporcionados con el incremento del apoyo económico por parte de la Federación para su adquisición, previamente con la verificación de pastos y capacidad forrajera en las unidades de los solicitantes; otro de los puntos es la rehabilitación y construcción de caminos, ampliación de la red eléctrica para llevar esa energía a las unidades que carecen de ella; otro aspecto es el impulso de proyectos productivos (que tanto se requieren para la obtención de apoyos para infraestructura), con elaboración gratuita y con resultados efectivos para su aprobación y desde luego las visitas periódicas de asesoría técnica y seguimiento, esto entre otras acciones gubernamentales.

Lo anteriormente mencionado se considera imprescindible y el contar con ello daría resultados positivos y haría que el impulso a los pequeños y medianos productores sea exitoso, esto aunado a los programas para la obtención de implementos como equipos, semillas, forrajes, pasturas y otros que actualmente se otorgan al 50 por ciento de su costo, los cuales deberán ser promocionados con oportunidad para ser surtidos en tiempo y ágilmente, siendo también necesario incrementar el monto de dicho apoyo; debiendo destacar además la necesidad de la implementación de cursos y talleres de capacitación en forma periódica y con promoción oportuna, tanto sobre temas de genética, producción, pastos, forrajes, como de comercialización y diversificación, esto último ayudaría en gran forma con el apoyo adecuado, al sostenimiento económico de la unidad productiva, ya que la misma no solamente se circunscribiría a una actividad productiva sino a varias como fruticultura, horticultura, porcicultura, apicultura, avicultura entre otras, todo lo anterior contribuiría a la autosuficiencia económica de dichas unidades.

Por su parte la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,14 en sus artículos 1o, 2o, 4o, 7o, 8o, 12. y 32,menciona que sus disposiciones son de orden público y que están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país;15 establece que son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.16

También nos dice que para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural;17así establece que el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción, como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.18

Señala que las acciones de desarrollo rural sustentable que efectué el Estado atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso;19así indica que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de desarrollo rural sustentable los cuales ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y mediante los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de éstos, los gobiernos municipales según lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución.20

Se afirma en el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley antes citada, que las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados agropecuarios; aumentar el capital rural para la producción, y a la constitución y consolidación de empresas rurales.21

Por otra parte la Financiera Rural, en su “Monografía de Carne de Bovino”, de febrero de 2012,22 dice que la carne de res es una de las más consumidas en nuestro país, por su sabor y contenido nutricional, así como que la producción de carne de bovino en México se desarrolla bajo diferentes niveles tecnológicos, sistemas de manejo y finalidades de explotación, comprendiendo principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para la explotación y la producción de pie de cría.

También menciona que existe una gran variedad de razas utilizadas para la obtención de carne y que son aproximadamente 30 en nuestro país, entre las más importantes se encuentran: Hereford, Charolais, Brahman, Nelore, Pardo Suizo Europeo, Indobrasil, Gir, Beefmaster, Simmental, Limousin, Brangus, Angus, entre otras.

Nos habla de que los sistemas productivos en nuestro país se encuentran relacionados con los sistemas climáticos de nuestras regiones y que los sistemas básicos para la obtención de carne son los intensivo o engorda en corral y extensivo o engorda en praderas y agostaderos, así como el semi-intensivo.23

Señala que de acuerdo con la FAO, el mercado mundial de la carne en el 2011 se caracterizó por la pérdida de ganado, a causa de las sequías y enfermedades registradas en muchos países, así como de una rentabilidad limitada del sector, ocasionada por los altos precios de los insumos.

Y que en relación con la producción de carne de bovino, ésta se limitó en 2011 por la retención de animales para la reconstitución de los hatos. De igual forma nos dice que el índice de la FAO para los precios de la carne se encontró el mes de enero de 2012 en 178.5 puntos y muestra que del mes de enero de 2009 al mes de enero del 2012, los precios se han incrementado un 41.3% a nivel mundial.24

Lo anterior demuestra la importancia de la ganadería, la cual requiere impulsarse en nuestro país para satisfacer no solamente las necesidades de alimentación nacional, sino también para incrementar nuestras exportaciones, no olvidemos que en México existe cultura de la actividad ganadera, así como tenemos un territorio prodigo el cual al trabajarse debidamente con los apoyos necesarios se obtendrían exitosos resultados que beneficiarían la economía de los pequeños y medianos productores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION EXHORTAA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION,PARA QUE FORTALEZCA SUS ACCIONES CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS UNIDADES GANADERAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL PAIS, INCREMENTANDO EL CONTACTO DIRECTO CON LOS MISMOS, ASI COMO SE VISITEN DICHAS UNIDADES PARA CONOCER FISICAMENTE SUS NECESIDADES Y SE PROPORCIONENOPORTUNAMENTE LOS APOYOS NECESARIOS QUE REQUIERAN PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, ENTRE LOS QUE PUDIERAN CONTARSE: LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE INSTALACIONES Y PRADERAS, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO CON ENERGIA SOLAR Y ELECTRICA; REPOSICION DE VAQUILLAS A PRECIOS ACCESIBLES Y PROPORCIONALES, REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINOS Y DE RED ELECTRICA, LA ELABORACION GRATUITA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, ASI COMO LA REALIZACION DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y ASESORIA A DICHAS UNIDADES.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 mayo de 2014.

Dip. María del Carmen Ordaz Martínez”.

1 1er informe de gobierno 2012-2013. Http://www.presidencia.gob.mx/informe/

2 ibid pág. 620

3 idem

4 idem

5 idem

6 ibid. Pág.622

7 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 http://pnd.gob.mx/

8 Ibid Pág. 82

10 Ibid. Pág. 51

11 Ibid. Pág. 81

12 Ibid. Pág.82

13 Idem

14 Ley de Desarrollo Rural Sustentable Reformada el 12-01-2012 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf

15 Ibid. Art.1o

16 Ibid Art. 2o

17 Ibid Art. 4o

18 Ibid Art.7o

19 Ibid Art.8o

20 Ibid Art. 12.

21 Ibid Art. 32.

23 Ibid Pág. 1.

24 Ibid Pág.11.






Del C. Diputado Rafael Acosta Croda, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a atender la problemática de robo de autos en las entidades federativas y, en particular, en el estado de Veracruz. Se turna a la Primera Comisión.








De los CC. Senadores Luz María Beristain Navarrete, Humberto Domingo Mayans Canabal, Layda Sansores San Román, Adán Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Zoé Robledo Aburto, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a considerar la inserción de los humedales del Río Hondo, como Area Natural Protegida y a la Comisión Nacional del Agua para dar seguimiento a los trabajos de diagnóstico de la calidad del agua del Río Hondo, para establecer medidas destinadas a su conservación y saneamiento. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CONSIDERAR LA INSERCION DE LOS HUMEDALES DEL RIO HONDO COMO AREA NATURAL PROTEGIDA Y A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO HONDO, PARA ESTABLECER MEDIDAS DESTINADAS A SU CONSERVACION Y SANEAMIENTO

“Los que suscriben, Senadores LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo al artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las áreas naturales protegidas son: “Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en dicha Ley”.

Las Areas Naturales Protegidas son el instrumento de política ambiental definidas en los artículos 44 y 45 de la LGEEPA, para la conservación de la biodiversidad en porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y produce beneficios ecológicos. Estas están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo de acuerdo a su categoría, consideradas en el artículo 46 de dicha Ley.

La Ley de Aguas Nacionales define en su artículo 3, fracción XXX, a los humedales como: “Zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional, las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos”.

Por otra parte, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional de 1971, conocida como Ramsar por ser el nombre de la ciudad iraní en donde se suscribió, se establece una definición más amplia, ya que además de considerar a pantanos, marismas, lagos, ríos, turberas, oasis, estuarios y deltas, también considera sitios artificiales como embalses y salinas y zonas marinas próximas a las costas cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros, los cuales pueden incluir a manglares y arrecifes de coral. Los criterios para la identificación de Humedales de Importancia Internacional se dividen en dos grupos: a) sitios que comprenden tipos de humedales representativos, raros o únicos; y b) sitios de importancia internacional para conservar la diversidad biológica. México se adhirió a la Convención de Ramsar en noviembre de 1986.

El Estado de Quintana Roo tiene actualmente catalogados 12 sitios Ramsar de los 138 que se identifican a nivel nacional. Además, cuenta con 17 áreas protegidas en el ámbito federal: a) cuatro reservas de la biósfera (Tiburón Ballena; Arrecifes de Sian Ka’an; Banco Chinchorro; y Sian Ka’an); b) seis parques nacionales (Arrecifes de Cozumel; Arrecifes de Puerto Morelos; Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc; Isla Contoy; Tulum; y Arrecifes de Xcalak); c) seis áreas de protección de flora y fauna (Otoch Ma’Ax Yetel Kooh; Uaymil; Yum Balam; Bala’an Ka’ax, Manglares de Nichupté; la porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la isla de Cozumel); y d) un santuario (Playa de la Isla Contoy).1 Lo anterior representa en su conjunto menos del 30% del territorio del estado (50,212 kilómetros cuadrados); además, según cifras de la SEMARNAT, más del 80% de su territorio está cubierto por algún tipo de vegetación natural, siendo el porcentaje más alto del país.

Por su parte, Belice tiene actualmente el 44% de su territorio protegido de la siguiente manera: 7,690 kilómetros cuadrados de reservas terrestres, 1,590 kilómetros cuadrados de reservas marinas y 1,285 kilómetros cuadrados de reservas bajo modalidad privada. La suma de esas reservas equivale al 46% de su territorio nacional, lo cual nos indica que existe en Belice una conciencia clara en cuanto a la conservación de su medio ambiente como patrimonio del país y atractivo turístico internacional.

El río Hondo, constituye parte importante de la frontera internacional de México con Belice, de acuerdo al tratado internacional de límites con la Colonia de Honduras Británica que data del 8 de julio de 1893, y fue celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. En la actualidad se encuentra en fase de análisis binacional la celebración de un tratado de límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, uno de cuyos componentes debe ser la definición de la línea fronteriza a lo largo del río Hondo, pues en la práctica internacional existen dos criterios igualmente válidos: el que considera que dicha línea debe ubicarse en el centro del espejo de agua, y el que sostiene que la citada línea debe ir por el canal más profundo del cauce.

Una de las características del Río Hondo es la existencia de amplios manglares en ambas orillas, los cuales la SEMARNAT los define como: “comunidades de árboles y arbustos que viven en áreas de transición entre el mar y la tierra firme. Estos son ecosistemas complejos, los cuales reúnen numerosas especies de plantas epífitas, parásitas, crustáceos, moluscos, aves y peces”. Además, son importantes para el control de la erosión costera, contribuyen a la constitución del suelo por la acumulación de sedimentos y son una barrera de protección ante el impacto de huracanes. Las zonas de humedales que se encuentran vecinas, se forman a consecuencia de la baja altura de las tierras y de la cercanía del río y del mar, las cuales también integran otros ecosistemas ricos en especies vegetales y animales.2

De acuerdo con la FAO, al igual que muchos otros ecosistemas terrestres y marinos, los  humedales son áreas muy sensibles, las cuales están continuamente sujetas a fuertes presiones originadas por los asentamientos humanos, el desarrollo de las actividades productivas, en particular el turismo, modificaciones hidrológicas, entre otras, que los están amenazando y llevando a su desaparición. En algunos casos los manglares afectados se pueden recuperar, en otros el daño es total e irreversible.

Para el caso de los manglares, en general, la superficie se está reduciendo considerablemente, ya que de 880,000 hectáreas identificadas por la SEMARNAT en el año 2000, la CONABIO sólo reportó 770,057 hectáreas en el año 2006, es decir, una pérdida de más de 109,943 en 6 años. Cabe destacar que Quintana Roo es el tercer estado a nivel nacional en cuanto a superficies ocupadas por manglares en la línea costera, sin embargo, es la segunda entidad que está perdiendo estas superficies de manera más rápida.

Para el caso de los humedales, la superficie se redujo en 62% en los últimos 25 años, perdiendo 6,968,452 hectáreas en todo el país; en los estados de Campeche y Quintana Roo la pérdida fue de 154,094 hectáreas, equivalentes al 98% del total ubicado en las dos entidades federativas, siendo proporcionalmente la más elevada del país, quedando sólo 2,432 hectáreas de humedales al año 2008.

Cabe destacar que el Río Hondo tradicionalmente se ha usado desde hace siglos para el transporte de recursos naturales y diversos productos, como maderas y chicle natural. En la actualidad también funciona como medio de transporte entre ambas orillas y a lo largo del río, en donde se ubican un número importante de asentamientos humanos.

Por otro lado, el río Hondo presenta niveles considerables de contaminación en su desembocadura, es decir, en la Bahía de Chetumal, especialmente durante la época de lluvias, y en algunos puntos de sus riberas, según los conteos técnicos sobre la calidad del agua realizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Esta contaminación se debe principalmente a las siguientes razones: en primer lugar, las corrientes oceánicas contaminadas que provienen de Belice, Guatemala y Honduras que afectan a la desembocadura del río y playas cercanas; en segundo lugar, por la existencia de drenajes abiertos de las comunidades aledañas, de ambos lados de la corriente, que vierten aguas negras en el río; y en tercer lugar, por la falta de un manejo apropiado de la basura en la zona, parte de la cual es tirada al río. Además, existe un problema de contaminación asociado a los derrames de aceites de las embarcaciones estacionadas en el cruce fronterizo de Subteniente López.

Por otro lado, la deforestación en las zonas cercanas al río se ha intensificado, alcanzando tasas anuales cercanas al 2% anual durante los últimos 20 años, por lo que se está modificando la composición de los suelos, se está perdiendo flora y fauna y se está alterando el ecosistema natural de manera irremediable. De no tomarse medidas correctivas, según publicaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se perderá 45% de la vegetación natural del Río Hondo, lo que causará graves problemas económicos y ecológicos en la región.3

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de acuerdo a lo establecido en el artículo 9, 12, 12 bis, 12 bis 1, 12 bis 3, 12 bis 4, 12 bis 5 y 12 bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales, tiene la atribución de organizar a nivel regional hidrológico Organismos de Cuenca como instancias de coordinación y concertación entre la propia CONAGUA, las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca para formular y ejecutar programas y acciones para la administración de aguas, infraestructura, servicios y preservación de los recursos de la cuenca.

En 1999, el Consejo de la Cuenca para la Península de Yucatán (organismo de integración mixta, con la participación de los usuarios) propuso la creación de la Comisión de la Cuenca del Río Hondo, la cual se instaló en marzo de 2009 y se integró por los gobiernos de México y Belice; esta Comisión tiene como objetivo unir esfuerzos para el saneamiento del río.

Diversos estudios y análisis se han hecho en colaboración con el Consejo de la Cuenca del Río Hondo, en la cual participa la CONAGUA. En 2007, antes de la creación de la Comisión se elaboró  un Diagnóstico Para el Manejo Sustentable del Agua en la Cuenca Internacional del Río Hondo México-Belice al año 2025; el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) ha realizado monitoreos de la calidad del agua de la Bahía de Chetumal y el Río Hondo, donde se han encontrado residuos agroquímicos e industriales provenientes de la actividad cañera realizada en los ejidos de Alvaro Obregón-Pucté, en el municipio de Othón P. Blanco, que dañan a la flora y fauna de la región; también en 2012 se inició el diagnóstico de la calidad del agua y de los contaminantes que existen en esta frontera natural,4 el cual se hizo con recursos de la CONAGUA y en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente de Belice y El Colegio de La Frontera Sur. Hasta septiembre de 2013, no se conocían los resultados del diagnóstico.

La realización de estudios que determinen si un ecosistema se encuentra en riesgo es prioritaria, sobre todo si se encuentra cercano a lugares sujetos de conservación previa, como es el caso de la Bahía de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo.

Al respecto, cabe recordar que la bahía de Chetulam, en la cual desemboca el río Hondo, se interrelaciona ecológicamente con Sian Ka’an a través del río Krik y el sistema de humedales de su parte norte, y con Mahahual-Xcalac a través de los canales de Zaragoza y Bacalar Chico, por donde transitan con fines de alimentación, reproducción y crianza especies de peces y tortugas marinas.5

El 24 de octubre de 1996 se emitió un Decreto por el que se declara como área natural protegida la región conocida como bahía de Chetumal, con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica Santuario del Manatí, ubicada en el Municipio de Othón P. Blanco.

La CONABIO, en un documento producido después de 2002, considera esencial conservar la bahía de Chetumal, ya que en ella se aloja la población más importante de manatí a nivel nacional. Además constituye el sistema que sirve como zona de amortiguamiento de los aportes de agua dulce continentales a la zona marina, dándole estabilidad y, por ende, condiciones para el desarrollo de los arrecifes en la franja costera.

Por todo lo anterior, es urgente que la SEMARNAT y CONAGUA conjunten esfuerzos para elaborar un estudio sobre la viabilidad de establecer un área natural protegida de los manglares  existentes en ambas orillas del Río Hondo.

Los resultados del estudio propuesto y la aplicación de las medidas que se deriven del mismo deberán ser sometidos, en su oportunidad, al Gobierno de Belice, conforme a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, que otorga a la Comisión Nacional del Agua la atribución de celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras y organismos afines para la asistencia y cooperación técnica, intercambio de información, en el marco de los convenios y acuerdos que suscriban la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con otros países con el propósito de fomentar la cooperación en materia de recursos hídricos.

Por las razones antes expuestas, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que elabore un estudio sobre la viabilidad de considerar como área natural protegida los manglares y otros humedales asociados del río Hondo e incluirlo en la lista de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, considerando los correspondientes impactos de carácter económico y social en los asentamientos humanos ribereños.

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a que concluya los trabajos de diagnóstico de la calidad del agua del río Hondo, para que a partir de sus resultados se instrumente un plan de gestión que, en su oportunidad, pueda ser puesto en práctica en coordinación con el Gobierno de Belice.

TERCERO. Dado que en el río Hondo se ubica el límite fronterizo, se estima indispensable que los resultados de los estudios propuestas se presenten a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en su oportunidad, los someta a la consideración del Gobierno de Belice.

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, el 30 de abril de 2014.

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Adán Augusto López Hernández.- Sen. Luz María Beristain Navarrete.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- Sen. Zoé Robledo Aburto.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza”.

1 CONANP, Areas Decretadas Recuperado de http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/ el 19 de marzo de 2014

2 Evaluación preliminar de las tasas de pérdida de superficie de manglar en México, SEMARNAT. Recuperado de http://www.inecc.gob.mx/descargas/con_eco/informe_manglar.pdf el 19 de marzo de 2014

3 Benítez, Jorge. Situación actual de las cuencas de los ríos Candelaria y Hondo. INNEC 2008. Recuperado de http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/639/rcandelaria.pdf el 19 de marzo de 2014

4 Puente, Julián. (2013) Sufre el Río Hondo contaminación. Quequi Noticias. Recuperado de
http://www.quequi.com.mx/2101_othon-p-blanco/2232747_sufre-rio-hondo-contaminacion.html el 17 de marzo de 2014

5 CONABIO: Ficha técnica para la evaluación de los sitios prioritarios para la conservación de los ambientes  costeros y oceánicos de México. Bahía de Chetumal.






De los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo que rechaza las declaraciones discriminatorias de la ciudadana Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE RECHAZA LAS DECLARACIONES DISCRIMINATORIAS DE LA C. ROSARIO ROBLES BERLANGA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

“RICARDO MONREAL AVILA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECHAZA CATEGORICAMENTE LO EXPRESADO POR LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, C. ROSARIO ROBLES BERLANGA, EL PRIMERO DE MAYO PASADO Y CONMINA AL TITULAR DE EJECUTIVO FEDERAL C. ENRIQUE PEÑA NIETO A VALORAR CON SENSIBILIDAD Y CONSIDERAR LA PERMANENCIA EN EL CARGO DE LA SECRETARIA CITADA, EN EL MISMO TENOR EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA ANTES CITADA A OFRECER UNA DISCULPA PUBLICA POR SUS DESAFORTUNADAS DECLARACIONES, a la luz de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Resulta inevitable la indignación, al referirnos a las irresponsables, discriminatorias y reaccionarias declaraciones de Rosario Robles Berlanga, que fueron vertidas el primero de mayo pasado, con motivo de la presentación del programa social “Oportunidades” en El Nayar, Nayarit.

Las familias que tengan más de tres hijos no serán apoyadas con el citado programa social, ya que la procreación se está viendo como forma para que ingrese más dinero al hogar.1Así delimitó la Secretaria de Desarrollo Social la entrega de apoyos a las familias que consiste en la tarjeta del programa Sin Hambre; 14 alimentos básicos con un costo de 640 pesos mensuales, es decir, la tercera parte del promedio de un salario mínimo.

Es de un descaro inaudito, limitar la entrega de los recursos a las comunidades más marginadas de la geografía nacional, cuando los precios de la canasta básica se han disparado incluso por encima de la inflación general, el día de hoy para comprar los alimentos necesarios para una nutrición adecuada, se necesita el equivalente a casi 3 salarios mínimos2

Cualquier servidor público debe tener en cuenta el precepto fundamental que la Constitución Política dispone en su artículo primero al consignar que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

En el artículo 9, fracción XXXIII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se considerará como tal: “Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que tengan un impacto desventajoso en los derechos de las personas”. Es preciso hacer notar que esta disposición se adicionó el 20 de marzo pasado

Lo que se manifiesta en el espíritu de nuestra Ley fundamental y la secundaria, es que debe prevalecer la dignidad humana, la igualdad y el ejercicio pleno de derechos para todas y todos; no es un argumento nuevo, ya que la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y, México la firmó en 1966 y ratificó el 20 de febrero de 1975.

Adicionalmente, el 30 de agosto del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD)3, es una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno en la que se enuncia el cumplimiento de las estrategias del Pan Nacional de Desarrollo y con especial énfasis se refiere a: “El cambio que está impulsando el Gobierno de la República (…) pero además compromiso que refrenda el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en el PND al comprometer un cambio de fondo, donde los derechos de las mujeres sean respetados y donde el sexismo y la discriminación no sean permitidos.”

En el mismo orden de ideas, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), proclama el principio de igualdad de mujeres y hombres y la obligación adquirida por los Estados parte, entre los que se encuentra México, de cubrir todas las áreas de vida de las mujeres, por tanto la transversalidad de los programas no puede comportar la discriminación bajo ninguna circunstancia, en este caso por ejercer el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, que establece el artículo cuarto de nuestra Constitución.

Para redundar en lo expuesto, podemos sumar que conforme a lo establecido en el ya citado artículo cuarto de la Carta Magna, en todas las actuaciones y decisiones, el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo que los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

La peor de las desigualdades es la económica, la discriminación en este caso es una “Provocación de Estado”, aquí se votan leyes para proteger al fuerte y para someter al humillado, para sostener la desigualdad en la distribución del ingreso.

En un pacto social quebrado y con una crisis económica aguda, la ausencia de mecanismos de exigibilidad de derechos y la discrecionalidad en la aplicación de los programas gubernamentales, como ha sido el programa Sin Hambre, son el caldo de cultivo de un círculo vicioso de clientelas políticas. Sería deprimente que ahora frente a la mezquindad de funcionarios guardáramos silencio.

Por lo todo lo expuesto someto a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para que en el ejercicio de sus facultades elabore un análisis pormenorizado sobre si los programas sociales del Gobierno Federal son discriminatorios, derivado de las declaraciones de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la C. Rosario Robles Berlanga, el pasado primero de mayo del presente, en un plazo de 15 días naturales”.


1 Miryam Navarro, Familias indígenas con más de 3 hijos ya no tendrán apoyo de Oportunidades, La Jornada, Política, 2 de mayo de 2014. Consultado el 06 de mayo de 2014 http://www.jornada.unam.mx/2014/05/02/politica/020n1pol

2 Redacción, Familia mexicana sólo puede comprar 34% de la canasta básica, 01 de mayo de 2014, revisado el 05 de mayo de 2014 en :http://regeneracion.mx/sociedad/familia-mexicana-solo-puede-comprar-34-de-la-canasta-basica/

3 PROIGUALDAD, Publicado el 30 de agosto de 2013. Consultado en el DOF el 06 de mayo de2014 en: http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad-de-Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf






De la C. Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se condenan enérgicamente los actos ocurridos en el estado de Borno, Nigeria, donde 276 mujeres, jóvenes y niñas fueron raptadas y 223 están siendo vendidas y violadas. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION CONDENA ENERGICAMENTE LOS ACTOS OCURRIDOS EN EL ESTADO DE BORNO, NIGERIA, DONDE 276 MUJERES JOVENES Y NIÑAS FUERON RAPTADAS Y 223 ESTAN SIENDO VENDIDAS Y VIOLADAS.

“La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado 14 de abril de 2014,276 jóvenes, entre las que se encontraban mujeres y niñas, mismas que fueron secuestradas en la escuela de Chibok (nordeste), en el estado de Borno, Nigeria. De las 276 jóvenes raptadas, 53 lograron escapar y 223 siguen cautivas y están siendo vendidas.

Información de prensa y del Departamento de Estado de Estados Unidos afirman que algunas de las 223 jóvenes aún en cautiverio fueron ya vendidas como esposas en la frontera con Chad y Camerún al precio de 12 dólares. Según informaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, las menores eran violadas "hasta 15 veces por día" por sus captores.1

El Grupo Boko Haram

Boko Haram significa en idioma hausa "la educación occidental es pecado"y es el nombre de un grupo religioso de carácter fundamentalista islámicode Nigeria cuyo objetivo es lograr el establecimiento de la Shari'a como norma vigente en los 36 estados del país.

El grupo fue fundado en 2002, en la localidad de Maiduguri, en el Estado de Borno, por Ustaz Mohammed Yusuf, militante y líder del mismo hasta julio de 2009. En 2004, la sede fue trasladada a Kanamma, en el estado de Yobe, donde se constituyó una central operativa denominada "Afghanistan", la cual sirvió para atacar y realizar atentados contra las fuerzas policiales nigerianas.Luego pasó a ser liderado por Abubakar Shekau.

A finales de diciembre de 2011, el gobierno nigeriano declaró estado de emergencia en cuatro estados del norte y centro del país (Borno, Yobe, Plateau y Níger), tras una serie de atentados atribuidos a la organización. Los atentados se prolongaron a lo largo de todo el mes de enero de 2012, extendiéndose al Estado de Kano.En 2013 protagonizaron varios ataques a centros educativos del país africano, dejando numerosas víctimas mortales. 2

CONTEXTO

LA TRATA DE PERSONAS:

Es la actividad destinada a la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, engaño, abuso de poder en una situación de vulnerabilidad, así como la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra con propósitos de explotación.3

La trata constituye la evidencia de que aún existen violaciones a los derechos humanos que constituyen formas de esclavitud. Esta problemática afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por lo que es responsabilidad de todos el lograr su efectivo cumplimiento y luchar contra este fenómeno para su prevención, persecución y sanción.

Asimismo se encuentra definida claramente en el “Protocolo de Palermo” como una grave violación de derechos humanos, como una actividad con fines de explotación lograda a través de medios que se basan en la vulnerabilidad de las víctimas. Por ello, el fenómeno de la trata de personas se enfoca en individuos que son engañados y a la vez obligados por los tratantes para pasar por situaciones en contra de su voluntad y en condiciones de esclavitud.4

La trata de niños y niñas afecta a los menores del mundo entero, tanto en los países industrializados como a los que están en proceso de desarrollo. Los niños y niñas víctimas de la trata son objeto de prostitución, matrimonio forzado o adopción ilegal. Son utilizados como mano de obra barata o no remunerada, sirven como trabajadores domésticos, y se los recluta para incorporarlos a grupos armados.

La trata expone a los niños y niñas a la violencia, el abuso sexual y la infección de VIH, y vulnera su derecho a la protección, a crecer en un entorno familiar disfuncional. Un “niño o niña víctima de la trata” es cualquier persona menor de 18 años reclutada, transportada, transferida, acogida o recibida para fines de explotación, sea dentro o fuera de un determinado país.5

ESTADISTICAS Y DATOS

El negocio de la trata mueve más de 32,000 millones de dólares por año en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 12.3 millones de personas sufren situaciones laborales similares a la esclavitud. Cuatro millones son víctimas de la trata cada año. La mayor parte de las víctimas son niñas, niños y mujeres. Entre el 10 y el 30 % de mujeres víctimas de la trata son menores de edad.

En América Latina, 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral. El fenómeno de la trata y la falta de información, hacen que sea difícil saber el número de víctimas infantiles a nivel mundial. Sin embargo, según las últimas estimaciones disponibles, cerca de 1.2 millones de niños son objeto de trata todos los años.

En Asia oriental y el Pacífico, la mayor parte de la trata está dirigida a la prostitución infantil, aunque se recluta también a algunos niños y niñas para trabajos agrícolas e industriales. En Asia meridional, la trata está vinculada a menudo con la servidumbre por deudas. En Europa, la dirección de la trata es sobre todo de este a oeste, lo que refleja la demanda de mano de obra barata y prostitución infantil.6

REGULACION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

El primer intento internacional por evitar este fenómeno fue la Convención internacional para la represión de la trata de mujeres y menores, adoptada en Ginebra, Suiza, el 30 de septiembre de 1921, a la cual México se adhirió el 10 de mayo de 1932. A finales de la Segunda Guerra Mundial se firmó el Convenio para la Represión de la trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, misma que surgió durante la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1949. Además, existen diversos convenios, protocolos y leyes internacionales que abordan este tema, entre los que se encuentran:

a) La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en que se insta a los Estados parte a tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la mujer;

b) La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (resolución 48/104 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993), en que se señala que se entenderá que la violencia contra la mujer incluyen “la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada” (art. 2);

c) La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en que se conviene en que los Estados parte “tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma” (art. 35);

 - El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que dispone que los Estados parte “adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual” (art. 10);

 - El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados de 2000, que establece que los Estados parte velarán por que “no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años” (art. 2);

d) El Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, que prohíbe la adopción internacional si el consentimiento parental ha sido obtenido mediante pago o compensación;

e) El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, 1999, 182 de la OIT, que prohíbe todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; así como la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

f) La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de 1994, que dispone que “los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico internacional de menores definido en esta Convención” (art. 7);

g) La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y

h) El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se entiende por “crimen de lesa humanidad”, entre otros, a la “esclavitud”, y se la define como “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños” (Art. 7).

QUE ACCIONES SE DEBEN REALIZARPARA COMBATIR LA TRATA EN EL MUNDO

Para proteger a los niños y niñas víctimas de la trata, los gobiernos no únicamente deben de ratificar las normas legales internacionales que abordan todas las formas de explotación, sino que deben de desarrollar acuerdos bilaterales que faciliten la cooperación transfronteriza.

Las políticas para acabar con la pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres y niños y niñas, forman parte fundamental de una estrategia amplia contra la trata.

Acabar con la trata requerirá la cooperación internacional, regional y nacional. Para abordar el problema, es preciso analizar tanto sus raíces –pobreza, discriminación, exclusión y violencia– para poder emprender acciones concretas que permitan prevenir y sancionar este fenómeno.

Por su parte, la suscriptora de este Punto de Acuerdo es el Punto de contacto del Senado de la República ante el Consejo de Europa, de la Red de Parlamentarios de Contacto contra la Violencia Sexual hacia los Niños, por lo que es de suma importancia el atender este tema.

Por tal motivo, ante la gravedad del problema y las dificultades estructurales existentes, la Comisión Permanente, la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, condena los hechos perpetuados en contra de las 276 jóvenes nigerianas, y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un reporte de las acciones realizadas ante los hechos ocurridos en Nigeria, así como un informe de las actividades de cooperación realizadas por el Estado Mexicano para combatir y prevenir la trata infantil en el ámbito internacional.

Lo anterior nos permitirá conocer las acciones realizadas por el gobierno mexicano en la materia, y de esta manera reafirmar el compromiso internacional por parte del Estado mexicano, para lograr una recapitulación y un gran avance respecto a la erradicación de la trata de personas a nivel internacional.

Por los argumentos vertidos con anterioridad someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, condena enérgicamente los actos ocurridos en el Estado de Borno, Nigeria, donde 276 mujeres jóvenes y niñas fueron raptadas y 223 están siendo vendidas y violadas.

SEGUNDO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que emita un reporte sobre las acciones realizadas ante los hechos ocurridos y un informe de las actividades de cooperación realizadas por el Estado Mexicano, para combatir y prevenir la trata infantil en el ámbito internacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de mayo de 2014.

Atentamente

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo”.

1 CNN México, “Líder islamista promete vender a más de 200 niñas secuestradas en Nigeria”, lunes, 05 de mayo de 2014, documento en línea, dirección URL:http://mexico.cnn.com/mundo/2014/05/05/lider-islamista-promete-vender-a-mas-de-200-ninas-secuestradas-en-nigeria [Consultado: 06 de mayo de 2014].

2 El País,“Niñas secuestradas son puestas en venta”, Kano, Nigeria, 06 de mayo de 2014, documento en línea, dirección URL:http://www.elpais.com.uy/mundo/ninas-secuestradas-islamistas-nigeria-son.html [Consultado: 06 de mayo de 2014].

3 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.

4 “Trata de personas, Especialmente: Mujeres y Niñ@S: Una Forma de Esclavitud Moderna”, Buenos Aires, Argentina.

5 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Hojas Informativas sobre la Protección de la Infancia, La Trata, pág. 1, (2006).

6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Hojas Informativas sobre la Protección de la Infancia, La Trata, (2006).






Del C. Diputado Rafael Acosta Croda, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a transparentar el uso de los recursos federales transferidos al Fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014; y a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A TRANSPARENTAR EL USO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2014 Y; SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES Y EN SU CASO, INICIE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, POR LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL ACOSTA CRODA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

“El que suscribe, RAFAEL ACOSTA CRODA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a consideración de esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Hace 90 años nacieron los Juegos Centroamericanos1 como una iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana que tenía el objetivo de incrementar el nivel competitivo de los deportistas de mexicanos y centroamericanos.

Han transcurrido 21 ediciones de Juegos Centroamericanos desde el año de 1926, año en que se llevaron a cabo los primeros Juegos Centroamericanos. Los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número XXII se realizarán del 14 al 30 de noviembre de 2014 en Veracruz, será la cuarta ocasión que se llevaran a cabo en nuestro país, y la primera que será fuera de la ciudad de México.

La sede de los Juegos fue otorgada al Estado de Veracruz el 30 de enero del 2009 por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), en el marco de su XLI Asamblea General, llevada a cabo en Veracruz, México, del 28 de enero al 1 de febrero del 2009.

En este evento se espera contar con la presencia de 5,000 deportistas provenientes de 31 países del área Centroamericana y del Caribe, quienes competirán en 50 especialidades deportivas.

Esta justa deportiva representa una gran oportunidad de demostrar que los mexicanos y los veracruzanos en particular pueden ser grandes organizadores y anfitriones, además será una ventana al mundo de las bellezas naturales, gastronómicas, arquitectónicas y culturales de Veracruz.

Lamentablemente, la organización no ha estado a la altura que exige un evento de tal magnitud. Ha habido tres cambios en la dirección del Comité Organizador (COVER), existe una preocupante falta de transparencia en recursos asignados por la Federación y es notoriamente visible el retraso de las obras lo que pone en serio riesgo que llegue a buen puerto la realización de esta justa deportiva.

A escasos 7 meses de que inicie el encuentro deportivo, el caos y la opacidad imperan en el Comité Organizador. No se sabe el destino de los recursos federales asignados al proyecto.

El gobierno del estado no ha aclarado la forma en que se han ejercido 1,100 millones de pesos que recibió por parte de la federación entre 2009 y 2011 para que se iniciaran las obras.

Al día de hoy, nadie explica en dónde está ese dinero y principalmente por qué iniciaron las obras hasta 2013, lo que explica el retraso en la ejecución de las mismas, siendo que desde el 2009 recibieron recursos por parte de la federación

Ya desde el año 2011, el diputado de Acción Nacional Francisco Landero, que presidía la comisión de Juventud y Deporte en la Cámara de Diputados advertía sobre la opacidad en el uso de los recursos y propuso que se congelaran 400 millones que el gobierno de Felipe Calderón envío al gobierno de Fidel Herrera Beltrán para que iniciaran los preparativos de los juegos en 2013.

Las diversas irregularidades están asentadas en los informes de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2010, 2011 y 2012.

En el informe de revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF manifestó que:

El Gobierno del Estado de Veracruz no había transferido los  recursos federales, por 163,311.5 miles de pesos, al Fideicomiso Público de  Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento  Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para los Juegos  Centroamericanos y del Caribe 2014, que habían generado intereses a julio de 2013 por 23,204.7 miles de pesos, de los cuales se pagaron 113,360.3 miles de pesos de capital y  10,000.0 miles de pesos de intereses y quedan pendientes de cubrir 49,951.2 miles de  pesos de capital y 13,204.7 miles de pesos de intereses, y la CONADE no dio  seguimiento en forma oportuna; la adjudicación de un contrato, por 32,990.7 miles de  pesos, se fundamentó en el artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las Mismas, sin justificar dicha fundamentación, y falta  evidencia de la conclusión de los trabajos de remodelación del estadio Luis de la Fuente “El Pirata”.2

En el Informe de Resultados de la revisión de Cuenta Pública 2011, la ASF encontró varias irregularidades, y realizó 35 observaciones a los fideicomisos que se constituyeron para organizar los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Entre las principales observaciones se documentó atraso en la transferencia de recursos federales al fideicomiso del Estado de Veracruz, carencia del recibo del Gobierno del Estado de Veracruz por recursos federales transferidos, falta de celebración de sesiones ordinarias, contrato de Fideicomiso del Estado de Veracruz mal requisitado y un largo etcétera.

También se consignó en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-11L6I-02-0419 practicada al “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Transferencias al Fideicomiso Estatal de Veracruz” que a partir de la revisión de las transferencias de recursos federales que la CONADE efectuó al Gobierno del Estado de Veracruz, la ASF encontró que:

“para el Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave” para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, destinadas para la construcción, remodelación, desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva para la organización y celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, se constató que desde el ejercicio 2009, se le han transferido recursos por 408,630.7 miles de pesos.

Al respecto, se observó que los recursos federales han permanecido sin utilizarse en la cuenta bancaria del fideicomiso y no se han iniciado las acciones para las cuales se  transfirieron”.3

En cuanto a la infraestructura la situación es francamente alarmante, de acuerdo con lo consignado en diversos medios de comunicación, edificios que debieron estar construidos hace un año sólo llevan 10% de avance. De las 30 instalaciones que se utilizarán, en 11 se requieren adecuaciones y no se han emitido las licitaciones correspondientes. Unicamente 4 serán nuevas: Arena Veracruz, velódromo, pista de canotaje y centro de alto rendimiento y ninguna de ellas ha sido concluida.

Estas irregularidades con respecto al manejo de los recursos obligan a realizar una revisión y transparentar la forman en cómo se están asignando los diversos contratos.

El gobierno estatal de Javier Duarte ha venido hablando de transparencia, es necesario que la misma se aplique a todo lo relacionados con dicha justa deportiva que habrá de realizarse en el mes de noviembre en 5 sedes del Estado de Veracruz.

Existen muchas interrogantes sobre este tema, y en el ánimo de una mayor transparencia, lo conveniente sería que se diera a conocer públicamente la forma en la forma en qué se han ejercido los recursos públicos federales que son de todos los mexicanos, qué tipo de contratos se han asignados para realizar la infraestructura deportiva e incluso aclarar cuestiones de publicidad.

Es preciso que el Gobierno del Estado rinda un informe detallado, pues de pedir tal información la Contraloría General del Estado no se tendría certeza ni garantía sobre si los recursos federales empleados se han ejercido con total transparencia, legalidad y eficiencia, como lo exige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz a transparentar y brindar un informe detallado sobre el uso de los recursos federales transferidos al fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 a llevarse a cabo en dicha entidad.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes sobre los recursos transferidos al fideicomiso para la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 a fin de verificar si se han ejercido bajo los principios establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de mayo de 2014.

Diputado”.

1 Hasta su tercera edición fueron llamados Juegos Centroamericanos, a partir de la cuarta edición en Panamá en el año de 1938 ya se usó el nombre de Juegos Centroamericanos y del Caribe.

2 ASF. Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0449_a.pdf

3 ASF. Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Desarrollo_Social/2011_0419_a.pdf






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE ASCIENDEN AL MENOS A 735 MILLONES 750 MIL DOLARES DESDE 2008 A LA FECHA, QUE PAISES DESARROLLADOS, ORGANISMOS MULTILATERALES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES HAN PUESTO A DISPOSICION PARA OPERAR PROYECTOS FORESTALES RELACIONADOS CON EL MECANISMO INTERNACIONAL DE REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACION EVITADA (REDD+) Y DISCUTIR LA ESTRATEGIA NACIONAL REDD+.

“Los suscritos diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

I. A iniciativa de Noruega, REDD+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero derivadas de las deforestación y la degradación forestal, así como incentivar el papel de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono a través de acciones que repercuten en la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan las regiones forestales y la condición de los ecosistemas.

Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tiene compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.

Este parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.

De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

Este mecanismo se aceptó formalmente en el año 2007 durante la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) de la CMNUCC en Bali, Indonesia donde se reconoció el papel de REDD+ como un pilar fundamental para un nuevo acuerdo climático dado que las emisiones anuales asociadas al uso del suelo forestal son la tercera fuente de gases de efecto invernadero.

Desde entonces REDD+ se ha discutido y modificado en reuniones subsecuentes de la CMNUCC para poner en marcha mecanismos nacionales de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) en países en desarrollo con financiamiento de países desarrollados económicamente con recursos de cooperación internacional.

II. Avances internacionales en el diseño de REDD+

Como resultado de la COP 16 celebrada en Cancún surgió un texto resolutorio conocido como Acuerdos de Cancún donde se definió que la implementación de acciones REDD+ se dará en tres fases:

1ª. Fase: Desarrollo de capacidades y de estrategias nacionales.

2ª. Fase: Implementación de políticas y medidas que ofrezcan resultados REDD+

3ª. Fase: Pago por resultados.

Además, los Acuerdos de Cancún definieron una serie de elementos que los países deberán desarrollar para contar con un mecanismo REDD+:

1) Un plan de acción o estrategia nacional.

2) Un nivel de referencia nacional de emisiones relacionadas a la deforestación y, si procede, como medida provisional, niveles de referencia subnacionales.

3) Un sistema nacional de monitoreo y reporte y, si procede, como medida provisional, sistemas subnacionales.

4) Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardas referidas en los Acuerdos.

Cabe resaltar que las Naciones Unidas han desarrollado el programa UN-REDD para apoyar directa o complementariamente a 46 países en los esfuerzos de preparación para REDD, otorgando recursos y asesoría para el desarrollo y la implementación de estrategias nacionales REDD+.

La adopción de esta iniciativa a nivel internacional ha tenido como resultado que actualmente existan 340 iniciativas REDD+ en 52 países, de acuerdo con el Center for International Forestry Research3.

Derivado de la gran variedad de actividades vinculadas con REDD+ que actualmente se desarrollan en diversas partes del planeta, esta iniciativa ha sido entendida cada día más como un proceso de fortalecimiento de la gobernanza local sobre los territorios y recursos forestales.

Debido a lo anterior, las discusiones actuales a nivel internacional sobre cómo diseñar e implementar REDD+ se han dirigido hacia la necesidad de asegurar esquemas de gobernanza en diferentes niveles que incluyan a múltiples actores, donde el éxito dependerá, en última instancia, de las circunstancias y prioridades nacionales.

En este sentido, resulta importante comprender cómo las estrategias nacionales de REDD+ están siendo discutidas, diseñadas e implementadas en sus diversos niveles para identificar la forma en que están respondiendo a las necesidades y problemas locales de gobernanza forestal.

III. El proceso REDD+ en México y la elaboración de la estrategia nacional

En marzo de 2010 se formalizó la creación del Comité Técnico Consultivo (CTC REDD+) como con un espacio abierto de reflexión y discusión de la sociedad civil, organizaciones sociales, gobierno y especialistas del sector forestal y rural con el objetivo de generar recomendaciones y propuestas a la Comisión Nacional Forestal, responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ de México.

En diciembre de 2010, durante la COP16 en Cancún, el gobierno mexicano presentó el documento Visión de México sobre REDD+. Hacia una estrategia nacional donde estableció los primeros criterios para el desarrollo de la ENAREDD+. Este primer documento fue respaldado por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Desarrollo Social (SEDESOL); de Comunicaciones y Transportes (SCT); de Energía (SENER); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de Salud; de Economía (SE); de Gobierno (SEGOB); de Relaciones Exteriores (SRE) y por Turismo (SECTUR) dado que la alineación de políticas públicas y programas gubernamentales es una condición esencial para que REDD+ pueda cumplir sus objetivos.

Así mismo, la Visión de México sobre REDD+ reconoció la participación de diversos actores sociales que contribuyeron con aportes técnicos y recomendaciones para perfilar la postura de México, reconociendo también la labor y los insumos proporcionados por el CTC-REDD+.

De este modo, la Visión de México sobre REDD+ ha servido hasta hoy como la base para el proceso de diseño y construcción de la ENAREDD+, reconociendo explícitamente que la aproximación de México a REDD+ será a partir del desarrollo rural sustentable, la alineación de políticas y el fortalecimiento de la gobernanza forestal.

CONSIDERACIONES

A. Préstamos y Donaciones del Banco de México

Según información proporcionada a Contralínea (periodismo de investigación), por el Banco Mundial, a petición del gobierno mexicano, el organismo financiero internacional autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con Redd+ y donó 28.8 millones de dólares más.

La suma –695.8 millones de dólares– se gestionó a través de fondos e instrumentos del Banco Mundial. De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), manejado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Para el control operacional de los programas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) usa el Sistema de Gestión de Apoyos (Siga).

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

Asimismo, el Banco Mundial informó que el préstamo es una operación de inversión a nivel nacional para apoyar al gobierno de México en dos áreas principales: el fortalecimiento institucional y colaboración interinstitucional, y el apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, el manejo sostenible de los bosques y la remuneración de servicios ambientales y refiere que el agente financiero del proyecto de bosques y cambio climático es Nacional Financiera, quien además está a cargo de los procesos de desembolso del préstamo, de administrar la cuenta bancaria y de proveer apoyo y veeduría a la ejecución de la Conafor.

El segundo préstamo es por 17 millones de dólares y los recursos provienen del programa de inversión forestal (FIP, por su sigla en inglés). Este comprometió 42 millones de dólares en México, 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito.

El Banco Mundial considera que las inversiones del FIP en México son de carácter “innovador”, pues se enfocan en las “áreas de acción temprana” de Redd+ y se aplican en “discernir lecciones” y verificar su potencial de “replicabilidad” a través del SIL.

El tercer préstamo es de 300 millones de dólares. Los recursos provienen del fondo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) y tiene por objeto planear la adaptación al cambio climático a nivel estatal; reducir los riesgos de desastre y desarrollo territorial a nivel municipal, y el manejo forestal comunitario sustentable.

Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó a México un donativo de 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (Enaredd+)”.

Cabe señalar, que a decir del BM, el proyecto SIL-FIP tiene tres componentes. El primero tiene por objeto el diseño de la política de aplicación de Redd+ y el fortalecimiento institucional. Dentro de los acuerdos institucionales para el manejo financiero se estableció que, para este componente, todos los pagos serán operados directamente por la Conafor.

El segundo busca otorgar el apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Para este componente, se establece que los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios de los programas puestos en marcha por la Conafor bajo reglas de operación definidas.

El tercero se enfoca en la innovación en áreas de acción temprana Redd+. Dicho componente requiere de pagos a diversos beneficiarios, incluyendo organizaciones como las agencias de desarrollo local (ADL), los agentes técnicos locales (ATL), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las cuales llevan a cabo subproyectos, con base en acuerdos interinstitucionales que son acordados y firmados por la Conafor.

El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012 por la Junta de Directores del Banco Mundial y está previsto que sea ejercido en un lapso de 5 años.

B. Préstamos y Donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo

Además de los préstamos solicitados al BM, el Plan de inversión forestal (elaborado por la Conafor) revela que a través del Programa de Inversión Forestal, las autoridades mexicanas también solicitaron recursos al Banco Interamericano de Desarrollo. Al menos, 18 millones de dólares para destinarse a dos proyectos.

El primero, de 15 millones de dólares, 5 millones a manera de donativo y 10 millones como préstamo para “la creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”. El segundo, de 3 millones de dólares: 1.5 millones en calidad de préstamo y 1.5 millones en calidad de donativo. Se enfoca en el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales”.

C. Otros Donativos.

Con el objeto de asistir a los países para participar en el mecanismo Redd+, el Sistema de Naciones Unidas creó el programa ONU-Redd, conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El Programa ONU-Redd integra 29 países miembros, de los cuales se desprenden “nueve experiencias piloto” que son directamente apoyadas financiera y técnicamente para preparar y ejecutar estrategias nacionales Redd+.

“El Programa ONU-Redd ha promovido indirectamente intercambios de experiencias, orientaciones de política, capacitaciones, etcétera, que han contribuido al proceso de desarrollo de la Estrategia [Redd] en México”.

No obstante, reconoce que el PNUD ha gestionado tres contribuciones financieras para apoyar el fortalecimiento de las políticas forestales y la preparación de Redd+ en México.

La primera de ellas, en 2010, con la aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012; la iniciativa Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, ejecutada por el PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility); y, con el financiamiento de aproximadamente 15 millones de dólares del gobierno de Noruega, el PNUD apoya el desarrollo del proyecto Fortalecer el Proceso de Preparación de Redd+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur.

Refiere el PNUD que, a través de la figura “asociado en la implementación” [sic], la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la CONAFOR administran y rinden cuentas por la gestión de los recursos, además de que “monitorean”, evalúan las actividades y verifican el logro de los objetivos.

D. Fondos y falta de transparencia

Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Pese a que, de acuerdo con información del PNUD, más de 40 países están en proceso de diseño de sus estrategias y políticas nacionales para Redd+, los organismos internacionales, así como las naciones no están obligados a informar de los avances, uso de los recursos, donaciones o préstamos en portales confiables de consulta pública.

Para Daniel Sandoval, investigador en el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), uno de los principales señalamientos a Redd+ es la falta de transparencia. “Hay poca claridad en el manejo de los fondos; no se sabe el destino de los recursos”.

Con base en la información del CECCAM, de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Banco Mundial, se puede documentar la existencia de 10 fondos multilaterales relacionados con esta temática.

Se trata de la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega; el Programa de Inversión Forestal; el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques; el Programa ONU-Redd; el Fondo para la Amazonia; la Iniciativa Internacional para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques (IFCI) de Australia; el Fondo Forestal para la Cuenca del Congo (CBFF); la Agencia Española de Cooperación Internacional; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Redd+ Partnership. Este último reporta la entrega de cifras millonarias a México.

México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

El portal en internet Voluntary Redd+ Database da cuenta de que se han destinado a México 1 mil 537 millones de dólares para proyectos y acciones relacionados con Redd+.

La base de datos también revela que con más de 1 mil 500 millones de dólares, México es el país al que más recursos se le han asignado.

En un el boletín de prensa fechado el 14 de febrero de 2013, la CONAFOR señala que, “a través de diversos préstamos y donativos englobados en el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático, el organismo internacional [Banco Mundial] destina a México casi 700 millones de dólares”.

Agrega en el documento que el Proyecto forma parte de las acciones de preparación que México realiza para atender los compromisos que adquirió México al adherirse al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. “Se tiene contemplado que los beneficiarios clave serán alrededor de 4 mil ejidos y comunidades que participarían en los programas de incentivos y asesoría orientados por la demanda, respaldados por el proyecto a nivel nacional y en las áreas de acción temprana de Redd”.

No obstante a lo anterior, Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el programa Redd+ y el pago por servicios ambientales “apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que Redd+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con Redd+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a los recursos naturales.

Con lo que se promueve la mercantilización de los bienes comunes como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

“Mientras sigue aumentando la temperatura de la Tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. A fin de transparentar los recursos que ascienden al menos a 735 millones 750 mil dólares desde 2008 a la fecha, ya que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición, para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+; se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales C, Juan José Guerra Abud, haga del conocimiento público la información concerniente a Redd+ bajo las consideraciones siguientes:

• La evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y las causas.

• El estudio de viabilidad para operar los proyectos de Redd+ en el país.

• Las Reglas de Operación de la Estrategia Nacional Redd+

• El nombre y número de fondos; así como el total de recursos ya sean de financiamiento o donaciones a Redd.

• El destino de los más de 735 millones 750 mil dólares identificados, mismos que 57 millones 250 mil dólares corresponden a donativos y a préstamos solicitados al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 667 y 11.5 millones de dólares; respectivamente.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Suscriben

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De los CC. Diputados Ricardo Monreal Avila y Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que contiene punto de Acuerdo sobre la detención de presos políticos en el estado de Puebla. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION SOBRE LA DETENCION DE LOS PRESOS POLITICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.

“RICARDO MONREAL AVILA Y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México, en el proceso histórico de su construcción, ha sido constante víctima de saqueos indiscriminados de sus recursos naturales por intereses extranjeros que no logran ubicar el contexto económico, político y social de la realidad en la que intentan proyectarse.

Actualmente, habitantes de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, son arrastrados por un intento de industrialización denominado Proyecto Integral Morelos (PIM) que es implementado por los 3 gobiernos estatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas Elecnor, Avengoa, Enagás y Bonatti. 

Este plan, contempla la construcción de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos;un gasoducto de 160 km que atraviesa 60 pueblos de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos y quetransportará 9,061 millones de litros de gas al día; y un acueducto que pasa a lo largo de 19 pueblos del municipio de Ayala y que transportará 50 millones de litros de agua al día. El diseño de este proyecto involucra a 80 pueblos de los estados antes mencionados

Toda esta empresa se enmarca en la política energética recién aprobada en el país, que implementa una lógica de sobreproducción que se relaciona con un modelo de desarrollo extractivista, en el que la demanda se vincula a los procesos de minería e industrialización intensivos.

Las afectaciones que puede tener este proyecto consisten en una serie de problemáticas ambientales generadas por la producción de bióxidos de nitrógeno que emitirán las termoeléctricas y que van desde problemas de salud cardiopulmonares hasta la completa contaminación del manto acuífero. Además, es necesario señalar que el gasoducto que contempla este proyecto será construido dentro del mapa de riesgo volcánico del Popocatépetl poniendo en peligro latente la vida de miles de personas.

Los habitantes conocen de los riesgos de este proyecto, y su respuesta asentada en diversas actas de asamblea de las distintas comunidades, es un no rotundo al PIM. La imposición de este proyecto ha causado un descontento social de grandes magnitudes pues ha implicado una serie de violaciones a los derechos humanos como el despojo de la tierra, del agua, y sobre todo, de la libre determinación de los pueblos indígenas y campesinos a tomar sus propias decisiones.

Los campesinos de estos tres estados se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT) y han ejercido en varias ocasiones su derecho a la protesta, siendo reprimidos brutalmente en más de una ocasión.

El pasado 13 de abril, habitantes del poblado de Amilcingo, Morelos, fueron amedrentados con gases lacrimógenos y armas de fuego por la policía estatal, quienes detuvieron a cinco personas, entre ellos el ayudante municipal que ya había sido secuestrado e intimidado anteriormente, sin el debido procedimiento e imputándoles cargos sin fundamento jurídico. Afortunadamente, estas personas ya han sido puestas en libertad.

Este no es el caso de Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas y Abraham Cordero quienes siguen recluidos en los Cerezos de Cholula y Atlixco en el estado de Puebla.

Enedina Rosas Vélez de 60 años de edad, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, fue detenida el pasado 6 de abril a las 12:00 hrs. mientras salía de una reunión de comisariados ejidales en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, Atlixco, Puebla y se le imputan los cargos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública; actualmente se encuentra recluida en el Cerezo de Atlixco, con el proceso 121/2014. La detención no cumplió con el procedimiento adecuado ya que los policías no mostraron ninguna orden de aprehensión, no se identificaron y amenazaron con armas de fuego al resto de la gente que se encontraba presente. Es importante mencionar que la acusada ha luchado junto con su pueblo por la cancelación del gasoducto Morelos siendo un hecho importante que el 11 de agosto del 2013, en asamblea ejidal, la comunidad de San Felipe rechazó en una acta de asamblea el paso del gasoducto por sus tierras.

De la misma forma, a Juan Carlos Flores Solís, defensor y activista de Derechos Humanos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y Tierra, Mórelos, Puebla y Tlaxcala, se le imputan los cargos de obstrucción de obra, despojo y destrucción de infraestructura; actualmente se encuentra recluido en el Cerezo de Cholula con el proceso penal 127/2012. El acusado fue detenido el pasado 7 de abril del presente, aproximadamente a las 4:30 hrs, a unos pasos de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ubicada en la 5 sur esquina 5 poniente, en donde había entregado una queja por violaciones a derechos humanos por el caso de la detención violenta e ilegal de la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan Enedina Rosas Vélez. Igualmente, su detención no cumple con el debido proceso ya que fue interceptado por cuatro autos blancos, sin placas ni logos de alguna institución, de los cuales bajaron doce hombres vestidos de civiles, los cuales de forma directa y violenta lo sometieron y lo subieron a un auto sin señalar quiénes eran, por qué lo detenían y a dónde lo llevarían.

Por otra parte, Abraham Cordero Calderón,  líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, fue detenido el pasado 9 de abril del presente y trasladado al Cerezo de Atlixco, con proceso penal 55/2014, por los cargos de delitos cometidos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad. De igual forma, existen irregularidades en el procedimiento ya que se le negó la libertad bajo caución a la que tenía derecho, pretextando que se trata de una “persona peligrosa”.

Derivado de lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente,

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus facultades realice las investigaciones correspondientes a fin de deslindar de toda responsabilidad a la C. Enedina Rosa Vélez, detenida injustamente el pasado día seis de abril del presente, en el municipio de Tepeojuma, Atlixco, Puebla; al C. Juan Carlos Flores Solís, detenido el pasado siete abril del presente en el municipio de Cholula, Puebla; al C. Abraham Cordero Calderón, detenido el pasado ocho de abril del presente, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; en flagrante violación a sus derechos fundamentales.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus facultades atraiga el expediente de los C. Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, con motivo de las flagrantes violaciones al debido proceso establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que ha sido objeto.

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que revise el carácter de preso político de los C. Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, y se determine su inmediata liberación, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos encargados de este atropello.

CUARTO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, para que cese el clima de persecución y violencia contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT) y demás sujetos y organizaciones que se manifiesten en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM) en el territorio poblano.

QUINTO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, para que cese el clima de persecución y violencia contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT) y demás sujetos y organizaciones que se manifiesten en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM) en el territorio morelense.

Dado en Senado de la República a 7 de mayo de 2014”.






Del C. Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del PRI, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a coadyuvar con el gobierno del estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara para la pronta reconstrucción y rehabilitación del mercado Corona. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COADYUVE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARA LA PRONTA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO CORONA, PROVEYENDO LA CANALIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS ECONÓMICOS, Y LA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS, A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTESY SUS PROGRAMAS DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES, A FIN DE RESTABLECER LA INFRAESTRUCTURA DEL NÚCLEO PRODUCTIVO Y CULTURAL EN LA ZONA AFECTADA POR EL SINIESTRO OCURRIDO EL 4 DE MAYO DEL 2014.

“El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COADYUVE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, PARA LA PRONTA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO CORONA, PROVEYENDO LA CANALIZACION EXTRAORDINARIA DE RECURSOS ECONOMICOS, Y LA ASUNCION DE COMPROMISOS, A TRAVES DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES Y SUS PROGRAMAS DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES, A FIN DE RESTABLECER LA INFRAESTRUCTURA DEL NUCLEO PRODUCTIVO Y CULTURAL EN LA ZONA AFECTADA POR EL SINIESTRO OCURRIDO EL 4 DE MAYO DEL 2014, al tenor de la siguientes:

CONSIDERACIONES

El pasado domingo 4 de mayo, cerca de las 8:30 de la noche, el Mercado Corona de la Ciudad de Guadalajara, sufrió un terrible incendio que consumió en el paso de unas horas la mayor parte del inmueble en su segundo y tercer piso, provocando el colapso del mismo y, desgraciadamente, la imposibilidad de salvar el edificio ante las altas temperaturas que se registraron hasta el momento en que se logró extinguir el fuego.

El incendio dejó daños estructurales muy serios, en un área de 80 por 60 metros, en los que se ubicaban 160 locales de pescaderías, carnicerías, fruterías, taquerías y herbolaria, que se quemaron totalmente, y en donde se presentó el derrumbe del techo y las bardas perimetrales del último piso.

El mismo día lunes, y ante lo notorio y drástico del siniestro, la Unidad Municipal de Protección Civil advirtió la imposibilidad de rescatar el inmueble y, por seguridad de locatarios y edificios aledaños, sugirió su total demolición.

El Mercado Corona era un emblemático e histórico inmueble de Jalisco, que data de finales del siglo XIX cuando el gobernador, Ramón Corona ordenó su construcción. En 1891 el inmueble fue terminado y nombrado así en honor, precisamente del Gobernador, quien sufriera un atentado apenas dos años antes de su inauguración.

Este mercado se encuentra localizado muy cerca de la Presidencia Municipal de Guadalajara, sobre la avenida Hidalgo, entre las calles Santa Mónica y Zaragoza; abarcaba un terreno de 4,300 metros cuadrados y albergaba 572 locales comerciales. 

Un sitio de gran tradición histórica, cultural y gastronómica se verá reducido a cenizas ante este lamentable accidente. Como dijimos, en el Mercado Corona era posible encontrar hierbas medicinales, frutas, artesanías, artículos para fiestas, todo tipo de comida y antojitos, arreglos florales, ropa, entre otros productos. Era considerado un sitio de visita obligada para el vasto turismo cultural que visita la Ciudad de Guadalajara.

Hace más de cien años, exactamente en 1910, el Mercado sufrió un primer incendio. En aquella ocasión fue posible rehabilitarlo, aunque el daño ocasionado en aquel momento fue menor al ocurrido en esta ocasión.

En sus cerca de 600 locales trabajaban de forma regular más de 1,500 personas, entre locatarios, dependientes, proveedores, comerciantes semifijos, más aquellos de carácter eventual.

El impacto crítico que esto tendrá en la economía de estas personas y sus familias es evidente, pero sin duda este hecho afectará la economía y el modo de vida de muchas más mujeres y hombres de forma indirecta, por lo que los daños y las pérdidas son difíciles de estimar.

En lo que se refiere a la reconstrucción y rehabilitación del inmueble, algunos cálculos conservadores estiman que pudiera ascender a más de 100 millones de pesos.

Desde luego, reconocemos la labor y la atención que de forma inmediata han tomado, tanto el Ayuntamiento de Guadalajara, como el Gobernador Aristoteles Sandoval. Entendemos que un siniestro de esta magnitud es una situación crítica, pero vemos que se está atendiendo de manera puntual a las víctimas de este triste suceso.

No obstante, y en razón del alto costo que se estima, creemos firmemente que los esfuerzos que se puedan sumar desde otras instancias y órdenes de Gobierno, son también muy necesarios para resarcir el daño a las víctimas y ayudarlos a superar esta contingencia.

Por ello, como Diputado Federal por el Estado de Jalisco y, sobre todo, al tener el honor y la responsabilidad de Coordinar a la Diputación priísta por mi Estado, propongo a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el presente Punto de Acuerdo para solicitar, de manera muy respetuosa al Gobierno Federal, su intervención para la pronta solución de la terrible condición en que han caído nuestros hermanos en Guadalajara.

A fin de que la propuesta no se quede en el simple señalamiento del problema, consideramos que existen las condiciones suficientes para que el Gobierno Federal realice, en coordinación con el municipio de Guadalajara y el Estado de Jalisco, una asignación extraordinaria de recursos y compromisos, para revertir esta lamentable condición, y colocar a los pequeños y medianos empresarios, y a toda la comunidad trabajadora del Mercado Corona y sus familias, en la situación en que se encontraban hasta antes del pasado domingo: el ser una comunidad altamente productiva y la expresión de la cultura, las tradiciones, la gastronomía y hasta la herbolaria propias del Estado de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente, la siguiente proposición:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Guadalajara, para la pronta reconstrucción y rehabilitación del Mercado Corona, proveyendo la canalización extraordinaria de recursos económicos, y la asunción de compromisos, a través de las dependencias competentes y sus programas de apoyo a los emprendedores, a fin de restablecer la infraestructura del núcleo productivo y cultural en la zona afectada por el siniestro ocurrido el 4 de mayo del 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de mayo de 2014.

Dip. Abel Octavio Salgado Peña”.






De la C. Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a modificar el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN MATERIA DE CONCESIONES, PERMISOS Y CONTENIDO DE LAS TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, A FIN DE QUE SE CLASIFIQUEN RESPECTO A SU CONTENIDO LA TOTALIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN POR TELEVISIÓN.

“La que suscribe, Diputada RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De conformidad a la Ley Federal de Radio y Televisión, así como a su Reglamento, la televisión constituye una actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social1 de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

En ese tenor, a través de las transmisiones televisivas debe procurarse afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares; evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud; contribuir a elevar el nivel cultural de la sociedad y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana; así como fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

De igual forma en la normatividad en comento, se estipula que en el cumplimiento de las funciones que establecen la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, la radio y la televisión deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento dela vida en común, a través de sus actividades culturales, de recreación y de fomento económico2.

Asimismo, se dispone que la radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; al estímulo de nuestra capacidad para el progreso, a la facultad creadora del mexicano para las artes; a la participación ciudadana y a la solidaridad, y al análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que afirmen la unidad nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables3.

De igual forma, los ordenamientos jurídicos en comento disponen que la función informativa constituye una actividad específica de la radio y la televisión tendiente a orientar a la comunidad, en forma veraz y oportuna, dentro del respeto a la vida privada y a la moral, sin afectar los derechos de terceros, ni perturbar el orden y la paz pública.4

SEGUNDO.-Por otra parte, es de precisar que compete a la Secretaría de Gobernación5, por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites que marcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como su transmisión en medios públicos.

En ese tenor, la Ley Federal de Radio y Televisión establece los parámetros de lo que se deberá transmitir en la programación de un canal de televisión o una estación de radio. El incumplimiento a la normatividad aplicable, conlleva a la imposición de sanciones por medio de un procedimiento administrativo.

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 6 del “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados”6, la clasificación de estos contenidos se llevará a cabo siguiendo los criterios generales y específicos, siguientes:

Criterios Generales

(…)

1.- Los medios de comunicación, en particular la televisión, deben ser espacios responsables de información, entretenimiento, cultura y convivencia, que juegan un papel determinante en la sociedad y coadyuvan al proceso formativo de la infancia evitando influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.

(…)

3.- Estos criterios de clasificación atenderán a las categorías de violencia, adicciones, lenguaje y sexualidad, considerando la frecuencia y la presencia combinada de los mismos.

(…)

5.- Criterios Específicos

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas y hasta las cinco horas;

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas y hasta las cinco horas;

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas y hasta las cinco horas, y

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.7

Al respecto, es de destacar que dichos criterios tienen como propósito dar mayor objetividad a las personas autorizadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en los parámetros que utiliza para la clasificación de la programación de televisión, tal y como lo contempla la Ley Federal de Radio y Televisión y sus Reglamentos.

TERCERO.- En seguimiento a las consideraciones que anteceden, si bien es cierto el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión estipula queEl derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes.”, también lo es que por su parte el artículo 63 del mismo ordenamiento jurídico dispone que transmisiones se encuentran prohibidas, precepto jurídico que se transcribe para mayor claridad:

“Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.”

En ese tenor, los artículos 36 y 37 el Reglamento de la Ley en comento disponen qué deberá entenderse por “corrupción del lenguaje” y “contrarias a las buenas costumbre”, a la letra señalando:

Artículo 36.- Se considera que se corrompe el lenguaje cuando las palabras utilizadas por origen o por su uso sean consideradas como procaces.

Artículo 37.- Se consideran contrarias a las buenas costumbres:
I. El tratamiento de temas que estimulen las ideas o prácticas contrarias a la moral, a la integridad del hogar, se ofenda al pudor, a la decencia o excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos, y

II. La justificación de las relaciones sexuales ilícitas o promiscuas y el tratamiento no científico de problemas sociales tales como la drogadicción o el alcoholismo.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, establece:

Artículo 24.- Para los efectos de los artículos 59 bis, párrafo último, y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía clasificará las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados de la siguiente manera:

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas;

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas;

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas, y

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.
La Secretaría de Gobernación, previa opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión, emitirá los criterios generales de clasificación. Estos criterios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para la clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier hora e independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática u otras razones similares.

CUARTO.-Ahora bien, una vez analizada la normatividad en la materia es de señalar que los programas televisivos que se transmiten hoy en día y que no encuadran dentro de los mencionados por el referido artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión (películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados); no son sujetos de clasificación, por lo que su transmisión puede ser durante cualquier hora aunque el contenido no sea adecuado para todo tipo de audiencia.

Dicha situación es evidente con los llamados TalkShow, los cuales, al no estar contemplados en los formatos estándar de televisión, carecen de clasificación y son transmitidos en horarios de programas con clasificación “A”; sin embargo, el contenido de los mismos es muchas veces contrario a las buenas costumbres, usan lenguaje obsceno, tienen contenido sexual o de problemáticas sociales como el alcoholismo y las drogas, abuso de menores y demás situaciones que dañan la integridad del hogar y las personas.

Es evidente que dichos programas generan gran adicción a los espectadores, razón por la cual son transmitidos en los horarios más sensibles y con mayor facilidad para captar audiencia, sin embargo, no debe pasar inadvertido que dichos horarios corresponden a la hora en que la mayoría de las familias acostumbran comer, asimismo, es un horario de fácil acceso para los menores, ya que es probable que por la naturaleza de la vida de las familias mexicanas, los menores carecen de supervisión adulta y podrían verse afectados al recibir un mensaje de este tipo sin la debida explicación o supervisión de los padres para adoptar temáticas que en estos programas se abordan en el día a día.

Derivado de lo anterior, se puede concluir que los programas en comento claramente se encuentran fuera del marco legal que regula las transmisiones televisivas, como lo es la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados”.

QUINTO.- Acorde a lo señalado en el punto que antecede y a la clasificación de contenidos establecidos en el Acuerdo antes señalado, se desprende que para que un contenido pueda transmitirse de conformidad a la Clasificación “A”, entre otras cosas, deben estos cumplir los siguientes elementos:

VIOLENCIA: No contiene frecuentes representaciones de violencia física o psicológica, aunque puede incluir agresividad mínima en la temática y personajes, y ninguna que dé la impresión de que es el mejor camino o el único para solucionar conflictos entre individuos, grupos o sociedades.

SEXUALIDAD: No se muestran imágenes del cuerpo humano desnudo, ni escenas de relaciones sexuales, salvo las referencias a la sexualidad humana que se presenten en un contexto afectivo o familiar, o con fines científicos o educativos.

LENGUAJE: No se presenta lenguaje soez. Algunas expresiones que, de acuerdo al entorno cultural no sean generalmente consideradas como ofensivas, pueden usarse de manera excepcional, cuando la trama o el contexto del programa lo justifiquen.

ADICCIONES: No hay presencia de drogas. El consumo de alcohol o tabaco es sólo ocasional y siempre justificado por la trama o el contexto; se muestran sus consecuencias negativas. Estos elementos no se presentan en dibujos animados o programas, dirigidos exclusivamente al público infantil.

De lo expuesto se advierte que, dadas las temáticas abordadas en los programas aludidos, éstos no pueden ser transmitidos en horarios aptos para todo público, por lo que es menester que la Secretaría de Gobernación clasifique la totalidad de los programas que se transmiten en la televisión para que los mismos, sean programados en horas adecuadas para los espectadores, por ende se exhorta a que se modifique el artículo 24 del multicitado Reglamento, sugiriéndose al efecto la siguiente redacción:

Artículo 24.- Para los efectos de los artículos 59 bis, párrafo último, y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía clasificará las películas, telenovelas, series filmadas, teleteatros grabados y demás programas televisivos sin excepción, de la siguiente manera:

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas;

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas;

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas, y

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.
La Secretaría de Gobernación, previa opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión, emitirá los criterios generales de clasificación. Estos criterios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para la clasificación de películas, telenovelas, series filmadas, teleteatros grabados y demás programas televisivos sin excepción,

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier hora e independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática u otras razones similares.

Por las consideraciones expuestas, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que modifique el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro,
A 7 de mayo de 2014.

Dip. Raquel Jiménez Cerrillo”.

1 Artículo 1° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

2 Artículo 2° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

3 Artículo 3° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

4 Artículo 4° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

5 Artículo 10de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960, última reforma 09 de abril de 2012.

6 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de 2007.

7 Artículo 24° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.






Del C. Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe detallado sobre los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre y los criterios de aplicación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE Y LOS CRITERIOS DE APLICACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

“El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE Y LOS CRITERIOS DE APLICACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

La Cruzada Nacional contra el Hambre se define como una estrategia pública de inclusión y bienestar social que a través del esfuerzo conjunto de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de la concertación con el sector social, privado y de organismos e instituciones internacionales, busca de manera principal reducir el número de personas que viven en situación de pobreza multidimensional extrema y carencia alimentaria.

Sumado a este objetivo, la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene a eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indiciadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, así como promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

De acuerdo con el Decreto de creación, en la primera etapa de implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el conjunto de acciones se aplicarán a 400 municipios considerados por la Secretaría de Desarrollo Social sin perjuicio de que se implementen posteriormente en otros municipios. Asimismo, la Cruzada opera bajo la concentración de 66 programas sociales considerados desde la administración pasada.

La Secretaría de Desarrollo Social es quien lidera los trabajos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de una Comisión Intersecretarial que tiene por finalidad reunir a dieciocho dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que de manera coordinada y de acuerdo a las atribuciones que por ley les corresponden, contribuyan a reducir la pobreza alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Finalmente es importante destacar la integración de Comités Comunitarios con las mismas personas beneficiarias de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mecanismo considerado para dar cabida a la participación a la sociedad y transparentar las acciones de las autoridades.

Así, bajo esa instrumentación se anunció y puso en marcha el programa social más importante de la presente administración pública. Desde el inicio se generó mucha controversia sobre los criterios considerados para su aplicación, es decir, la población objetivo y las metas a cumplir, mismos que eran insuficientes para mejorar las condiciones de vida de 28 millones de personas que viven en situación de pobreza alimentaria, sin olvidar la aplicación de 66 programas operados por anteriores gobiernos.

Deseo destacar que a sabiendas de la ineficiencia del entramado institucional planteado por gobiernos anteriores, se decidió en esta administración federal seguir operando el enorme conjunto de programas que están permeados, en general, por una visión asistencialista. El único cambio que hicieron fue agruparlos y llamarlos Cruzada Nacional contra el Hambre.

También resulta controvertido- aun a la fecha-, la elección de los cuatrocientos municipios objeto de atención, en virtud de que muchos de los municipios con altos índices de marginación y pobreza no estaban considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, sugiriéndose así usos de carácter electoral.

Asimismo, es cuestionada la suscripción de acuerdos con empresas transnacionales productoras de alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alta densidad calórica, en el marco de las acciones que realiza SEDESOL en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La misma suerte se considera del evento masivo convocado por la Secretaría de Desarrollo Social (Concierto Compartamos la música, erradiquemos el hambre) mismo en el que se erogó 10 millones 461 mil 482.7 pesos, y cuya finalidad era la colecta de víveres en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin embargo sólo se recaudaron 20 toneladas de víveres con un costo estimado de 500 mil pesos, es decir, la organización del Concierto costó 20 veces más que el objetivo de la colecta; la negativa de proporcionar información al IFAI sobre la suma de recursos públicos invertidos en publicidad, y la distribución de alimentos caducados.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL realizó una evaluación sobre el diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En dicho documento se muestran innumerables cuestionamientos sobre la Cruzada, los más relevantes son: 1) no específica con claridad cuál es la problemática concreta con los productores rurales, ni de la merma post-cosecha, exhortando a SEDESOL a definir con claridad cuál será la intervención para mejorar los ingresos de los pequeños productores rurales; 2) no es claro por qué se eligió el objetivo de desnutrición aguda y no, el de desnutrición crónica, problema de mayor incidencia en el país; 3) no existe información pública referente a cómo impactan en los objetivos e indicadores diseñados en la Cruzada, la suscripción de diversos acuerdos con distintos sectores de la sociedad civil; 4) no se tiene certeza de la contribución de actividades culturales -cortometrajes, fotografías, conciertos, etc.- para cumplir con los objetivos de difusión de la Cruzada.

Si bien la SEDESOL contesta a algunas de las observaciones de CONEVAL lo cierto es que quedan al cumplimiento de objetivos posteriores, mismos que serían precisos de conocer.

Derivado de esta experiencia de evaluación, el CONEVAL se constituye como órgano evaluador de la Cruzada Nacional contra el Hambre y mediante el documento "Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019" presenta un programa de trabajo detallado en el que determina los aspectos a evaluarse y los métodos a emplear. La evaluación tiene como horizonte un periodo de 7 años, con la intención de informar anualmente.

Para el 2013, el CONEVAL realizará el Diagnóstico de la Estrategia Sin Hambre, con un primer informe en septiembre y un segundo informe en octubre. En el 2014, se implementarán Evaluaciones integrales de los programas de la Estrategia Sin Hambre (para el mes de Julio) y el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 (capítulo de la Cruzada) en el mes de diciembre.

Por lo anterior, surge el interés de conocer los avances y resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, después de un año y tres meses de la presentación formal y puesta en marcha.

De conformidad a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Por tales motivos la Comisión Permanente cuenta con facultades para realizar la solicitud de mérito.

De la misma manera, exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social para incluir a las Comisiones del Congreso de la Unión que de acuerdo a su materia, conozcan y den seguimiento a las acciones que se realizan en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el caso específico debe tomarse a consideración que durante la presente legislatura se creó la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en el Senado de la República misma que tiene como objetivo concurrente con la Cruzada  Nacional contra el Hambre, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas.

Otro tema de igual importancia es conocer los motivos por los cuales la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Rosario Robles Berlanga mencionó en un acto público que la dependencia a su cargo dejaría de brindar apoyos a las mujeres con más de tres hijos debido a que se está incentivando a que las mujeres tengan más hijos y así abusar del apoyo gubernamental. En propias palabras de la Secretaria de Desarrollo Social "Y quiero también aprovechar para decirles que no por tener muchos hijos van a tener más Oportunidades. Oportunidades ya no va a beneficiar a las que tengan muchos hijos, sino que va a apoyar a las que tengan poco hijos, porque la familia pequeña vive mejor y porque tenemos que pensar en estos niños y en estas niñas".

Es evidente la postura discriminatoria y la violación fragante al artículo 4° constitucional que establece el derecho humano de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos, no obstante y sin demeritar las acciones legales procedentes, la declaración reviste mayor importancia porque la titular de la Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo la aplicación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y puede verse afectada la legalidad con que la dependencia hace manejo de los recursos públicos a través de programas sociales.

Toda ejecución de programas sociales está sujeta al cumplimiento de las Reglas de Operación que emita la autoridad correspondiente, atendiendo a criterios específicos, población objetivo bien delimitada, objetivos de cumplimiento, entre otros, y por ello cual acto de aplicabilidad de se encuentre fuera del marco legal debe investigarse y sancionarse.

Ante una revisión de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2014, no existe disposición alguna en el apartado de criterios y requisitos de elegibilidad (población objetivo) que restringa la posibilidad de recibir los apoyos de Oportunidades de acuerdo al número de hijos que tenga una familia.

La Secretaría de Desarrollo Social cierta de esta circunstancia, emite un comunicado de prensa con fecha del 4 de mayo del año en curso, informando que Oportunidades beneficia hasta 3 hijos de cada familia derechohabiente en el rubro específico de Becas de apoyo infantil, atenuando las declaraciones de la titular de SEDESOL. Sin embargo, es de interés y de preocupación de este órgano legislativo conocer de primera mano si la opinión personal de la titular de una dependencia gubernamental puede afectar a miles de familias mexicanas.

Por lo anteriormente, expuesto y fundado someto a la consideración de la presente Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social a que remita un informe detallado con relación a:

a) El grado de cumplimiento de los cinco objetivos establecidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

b) Los avances y resultados alcanzados en los cuatrocientos municipios seleccionados en la primera etapa de implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

c) El número total de los nuevos municipios ingresados a la Cruzada Nacional contra el Hambre y los criterios que se consideraron para su inclusión.

d) Las acciones implementadas para blindar al programa contra usos de carácter electoral.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que incorpore a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado de la República, como órgano de seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Rosario Robles Berlanga, a que explique los motivos por los cuales expresó que se dejaría de otorgar apoyo a mujeres con más de tres hijos, contrario a lo establecido en los criterios y requisitos de elegibilidad de la población objetivo de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014.

Suscribe

Sen. Isidro Pedraza Chávez”.






De la C. Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que contiene punto de Acuerdo por el que se felicita al cónsul adscrito en Tucson, Arizona, Alfonso de Alba Aguayo, por haber obtenido la medalla de oro del Premio Nacional de Administración Pública, al proponer la creación de un centro de primera respuesta consular. Se turna a la Segunda Comisión.








De la C. Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a revisar y, en su caso, proceder conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas "Laura", televisado en la frecuencia XEW-TV canal 2, y el titulado "Cosas de la Vida" de XHDF-TV canal 13, en virtud de que los mismos se encuentran en franca violación a la legislación de la materia. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE MODIFIQUE EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN MATERIA DE CONCESIONES, PERMISOS Y CONTENIDO DE LAS TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, A FIN DE QUE SE CLASIFIQUEN RESPECTO A SU CONTENIDO LA TOTALIDAD DE LOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMITEN POR TELEVISIÓN.

“La que suscribe, Diputada RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de Acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De conformidad a la Ley Federal de Radio y Televisión, así como a su Reglamento, la televisión constituye una actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social1 de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.

En ese tenor, a través de las transmisiones televisivas debe procurarse afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares; evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud; contribuir a elevar el nivel cultural de la sociedad y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana; así como fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

De igual forma en la normatividad en comento, se estipula que en el cumplimiento de las funciones que establecen la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, la radio y la televisión deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento dela vida en común, a través de sus actividades culturales, de recreación y de fomento económico2.

Asimismo, se dispone que la radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; al estímulo de nuestra capacidad para el progreso, a la facultad creadora del mexicano para las artes; a la participación ciudadana y a la solidaridad, y al análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que afirmen la unidad nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables3.

De igual forma, los ordenamientos jurídicos en comento disponen que la función informativa constituye una actividad específica de la radio y la televisión tendiente a orientar a la comunidad, en forma veraz y oportuna, dentro del respeto a la vida privada y a la moral, sin afectar los derechos de terceros, ni perturbar el orden y la paz pública.4

SEGUNDO.- Por otra parte, es de precisar que compete a la Secretaría de Gobernación5, por conducto de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites que marcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como su transmisión en medios públicos.

En ese tenor, la Ley Federal de Radio y Televisión establece los parámetros de lo que se deberá transmitir en la programación de un canal de televisión o una estación de radio. El incumplimiento a la normatividad aplicable, conlleva a la imposición de sanciones por medio de un procedimiento administrativo.

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 6 del “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados”6, la clasificación de estos contenidos se llevará a cabo siguiendo los criterios generales y específicos, siguientes:

Criterios Generales

(…)

1.- Los medios de comunicación, en particular la televisión, deben ser espacios responsables de información, entretenimiento, cultura y convivencia, que juegan un papel determinante en la sociedad y coadyuvan al proceso formativo de la infancia evitando influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.

(…)

3.- Estos criterios de clasificación atenderán a las categorías de violencia, adicciones, lenguaje y sexualidad, considerando la frecuencia y la presencia combinada de los mismos.

(…)

5.- Criterios Específicos

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas y hasta las cinco horas;

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas y hasta las cinco horas;

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas y hasta las cinco horas, y

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.7

Al respecto, es de destacar que dichos criterios tienen como propósito dar mayor objetividad a las personas autorizadas por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en los parámetros que utiliza para la clasificación de la programación de televisión, tal y como lo contempla la Ley Federal de Radio y Televisión y sus Reglamentos.

TERCERO.- En seguimiento a las consideraciones que anteceden, si bien es cierto el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión estipula queEl derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes.”, también lo es que por su parte el artículo 63 del mismo ordenamiento jurídico dispone que transmisiones se encuentran prohibidas, precepto jurídico que se transcribe para mayor claridad:

“Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.”

En ese tenor, los artículos 36 y 37 el Reglamento de la Ley en comento disponen qué deberá entenderse por “corrupción del lenguaje” y “contrarias a las buenas costumbre”, a la letra señalando:

Artículo 36.- Se considera que se corrompe el lenguaje cuando las palabras utilizadas por origen o por su uso sean consideradas como procaces.

Artículo 37.- Se consideran contrarias a las buenas costumbres:

I. El tratamiento de temas que estimulen las ideas o prácticas contrarias a la moral, a la integridad del hogar, se ofenda al pudor, a la decencia o excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos, y

II. La justificación de las relaciones sexuales ilícitas o promiscuas y el tratamiento no científico de problemas sociales tales como la drogadicción o el alcoholismo.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, establece:

Artículo 24.- Para los efectos de los artículos 59 bis, párrafo último, y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía clasificará las películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados de la siguiente manera:

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas;

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas;

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas, y

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.

La Secretaría de Gobernación, previa opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión, emitirá los criterios generales de clasificación. Estos criterios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para la clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier hora e independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática u otras razones similares.

CUARTO.-Ahora bien, una vez analizada la normatividad en la materia es de señalar que los programas televisivos que se transmiten hoy en día y que no encuadran dentro de los mencionados por el referido artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión (películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados); no son sujetos de clasificación, por lo que su transmisión puede ser durante cualquier hora aunque el contenido no sea adecuado para todo tipo de audiencia.

Dicha situación es evidente con los llamados TalkShow, los cuales, al no estar contemplados en los formatos estándar de televisión, carecen de clasificación y son transmitidos en horarios de programas con clasificación “A”; sin embargo, el contenido de los mismos es muchas veces contrario a las buenas costumbres, usan lenguaje obsceno, tienen contenido sexual o de problemáticas sociales como el alcoholismo y las drogas, abuso de menores y demás situaciones que dañan la integridad del hogar y las personas.

Es evidente que dichos programas generan gran adicción a los espectadores, razón por la cual son transmitidos en los horarios más sensibles y con mayor facilidad para captar audiencia, sin embargo, no debe pasar inadvertido que dichos horarios corresponden a la hora en que la mayoría de las familias acostumbran comer, asimismo, es un horario de fácil acceso para los menores, ya que es probable que por la naturaleza de la vida de las familias mexicanas, los menores carecen de supervisión adulta y podrían verse afectados al recibir un mensaje de este tipo sin la debida explicación o supervisión de los padres para adoptar temáticas que en estos programas se abordan en el día a día.

Derivado de lo anterior, se puede concluir que los programas en comento claramente se encuentran fuera del marco legal que regula las transmisiones televisivas, como lo es la Ley Federal de Radio y Televisión, su Reglamento y el “Acuerdo mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados”.

QUINTO.- Acorde a lo señalado en el punto que antecede y a la clasificación de contenidos establecidos en el Acuerdo antes señalado, se desprende que para que un contenido pueda transmitirse de conformidad a la Clasificación “A”, entre otras cosas, deben estos cumplir los siguientes elementos:

VIOLENCIA: No contiene frecuentes representaciones de violencia física o psicológica, aunque puede incluir agresividad mínima en la temática y personajes, y ninguna que dé la impresión de que es el mejor camino o el único para solucionar conflictos entre individuos, grupos o sociedades.

SEXUALIDAD: No se muestran imágenes del cuerpo humano desnudo, ni escenas de relaciones sexuales, salvo las referencias a la sexualidad humana que se presenten en un contexto afectivo o familiar, o con fines científicos o educativos.

LENGUAJE: No se presenta lenguaje soez. Algunas expresiones que, de acuerdo al entorno cultural no sean generalmente consideradas como ofensivas, pueden usarse de manera excepcional, cuando la trama o el contexto del programa lo justifiquen.

ADICCIONES: No hay presencia de drogas. El consumo de alcohol o tabaco es sólo ocasional y siempre justificado por la trama o el contexto; se muestran sus consecuencias negativas. Estos elementos no se presentan en dibujos animados o programas, dirigidos exclusivamente al público infantil.

De lo expuesto se advierte que, dadas las temáticas abordadas en los programas aludidos, éstos no pueden ser transmitidos en horarios aptos para todo público, por lo que es menester que la Secretaría de Gobernación clasifique la totalidad de los programas que se transmiten en la televisión para que los mismos, sean programados en horas adecuadas para los espectadores, por ende se exhorta a que se modifique el artículo 24 del multicitado Reglamento, sugiriéndose al efecto la siguiente redacción:

Artículo 24.- Para los efectos de los artículos 59 bis, párrafo último, y 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía clasificará las películas, telenovelas, series filmadas, teleteatros grabados y demás programas televisivos sin excepción, de la siguiente manera:

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario;

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas;

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintiuna horas;

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas, y

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas.

La Secretaría de Gobernación, previa opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión, emitirá los criterios generales de clasificación. Estos criterios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán aplicados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía para la clasificación de películas, telenovelas, series filmadas, teleteatros grabados y  demás programas televisivos sin excepción,

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier hora e independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática u otras razones similares.

Por las consideraciones expuestas, me permito someter a esta Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que modifique el artículo 24 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión,a fin de que se clasifiquen respecto a su contenido la totalidad de los programas que se transmiten por televisión.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 7 de mayo de 2014.

Dip. Raquel Jiménez Cerrillo”.

1 Artículo 1° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

2 Artículo 2° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

3 Artículo 3° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

4 Artículo 4° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.

5 Artículo 10de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960, última reforma 09 de abril de 2012.

6 Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de 2007.

7 Artículo 24° del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y  Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al director de PEMEX un informe sobre la movilización de la plataforma "MENADRIL I". Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE PEMEX, C. EMILIO LOZOYA AUSTIN, RINDA UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PAGO DE 108.1 MILLONES DE PESOS (IVA INCLUIDO), EQUIVALENTE APROXIMADAMENTE A 9.1 MILLONES DE DOLARES POR LA MOVILIZACION DE LA PLATAFORMA “MENADRIL I”, EN CONTRAVENCION DEL CONTRATO 421001802, EN EL QUE SE ESTABLECIO QUE PEMEX NO PAGARIA CONCEPTOS DE MOVILIZACION SOBRE PLATAFORMAS LOCALIZADAS EN AGUAS DEL GOLFO DE MEXICO.

“Los suscritos diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1° En junio de 2012 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó El plan de negocios de Pemex para el periodo 2010-2024, que definió 4 líneas de acción en los rubros de crecimiento, eficiencia, responsabilidad corporativa y modernización de la gestión; dentro de éstos se encuentra los de incrementar las reservas de hidrocarburos, sostener y aumentar su producción, así como la generación de valor.

2° Para el alcance de extracción de hidrocarburos, el Activo Integral, Cantarell 2010 contaba con 6 plataformas propias y 11 de arrendamiento, las cuales eran insuficientes para atender los requerimientos de intervención de pozos establecidos en los programas operativos, por lo que en su estrategia incluyó el arrendamiento de plataformas auto elevables sin opción de compra.

3° El 26 de octubre de 2010, Pemex Exploración y Producción instrumentó la Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, para el arrendamiento de tres plataformas de perforación marina auto elevables con la finalidad de realizar la perforación terminación y reparación de los pozos localizados en las estructuras TET-Akal-TR y TET-Balam-TB y del Activo Integral Cantarell.

4° Mediante la Licitación Pública Internacional 18575088-506-11, se adjudicaron tres contratos, entre los que se encuentra el número 421001802, asignando en forma conjunta a dos empresas para operar en aguas del Golfo de México, las cuales nombraron un representante común que actuaría como líder (operadora) en ejecución y administración de dicho contrato en tanto la otra empresa proporcionaría la plataforma y brindaría asesoría.

5° El contrato 421001802 se formalizo el 1 de marzo de 2011 con fecha de término 15 de febrero de 2013, por un monto total de 81.39 millones de dólares más IVA.

CONSIDERACIONES

A) Mediante oficio número ISO-PEP-432  del 9 de marzo de 2011, el representante común de las empresas contratadas para la ejecución del contrato número 421001802, solicitó la sustitución de la plataforma “Hull-110” por la plataforma “Menadril I”, la primera ubicada en los Emiratos Arabes Unidos y la segunda en aguas del Golfo de México.

B) Por lo anterior, el 6 de Abril de 2011, se firmó el convenio modificatorio número uno del contrato 421001802, mediante el cual PEMEX y las empresas contratadas para su ejecución convinieron sustituir la plataforma denominada “Hull-110”, que a esa fecha no se había movilizado desde Port Khalid Shalid, Emiratos Arabes Unidos por la plataforma “Menadril I”, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, referente a la presentación de la plataforma, a más tardar dos días antes de la fecha de arrendamiento y de la presentación de los servicios pactados (14 de marzo de 2011 con vigencia hasta el 15 de febrero de 2013); cabe señalar que el costo de la movilización pactada en el contrato rescindido (421000819) era de 3.75 millones de dólares más IVA, mientras que por la misma plataforma PEMEX pacto y pago 7.89 millones de dólares más IVA con base en los estipulado en el contrato original (421001802).

C) El 23 de Junio de 2011, la gerencia de tesorería de Petróleos Mexicanos, pago a las empresas a las que se les adjudico el contrato número 421001802, la cantidad de 108.1 millones de pesos (incluye IVA), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadrill I” al sitio del Pozo para el inicio del arrendamiento; éste pago se considera improcedente por que dicha plataforma ya se encontraba ubicada en el Golfo de México al momento que PEMEX aceptó la sustitución de la plataforma “Hull-110”, por lo que debió aplicarse lo estipulado en el quinto párrafo del Concepto 1 “Movilización de la plataforma auto elevable al sitio del pozo para inicio del arrendamiento” del Anexo C del contrato número 421001802, que indica que la entidad proporcionará el traslado único de la plataforma dentro de aguas mexicanas del Golfo de México, en cuyo caso no se generará el pago de concepto de movilización.1

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y   obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director de Pemex C. Emilio Lozoya Austin, envíe en un plazo no mayor de 10 días hábiles un informe detallado sobre los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadril I”, respecto a:

• La falta de inclusión de elementos para acreditar la capacidad financiera de los licitantes en las Bases de Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, que origino la adjudicación del contrato número 421001802 con dos empresas que presentaron propuesta conjunta, de las cuales una de ellas carecía de capacidad  financiera y la otra únicamente participaría en la capacitación y asesoría.

• El pago del 20 de marzo de 2012, en el que no se aplicaron las deductivas de 2011 a las empresas contratadas, por 189.5 miles de dólares, ni las correspondientes a periodos posteriores, originadas por no subsanar dos anomalías detectadas en la inspección tipo check list de la plataforma “Menadrill I”.

• El pago de 108.1 millones de pesos (IVA incluido), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadrill I” que ya se encontraba en aguas del Golfo de México, en contravención al contrato 421001802.

• El status de la investigación administrativa de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión consideraron procedente el pago de la movilización de la plataforma “Menadrill I”, por 108.1 millones de pesos (IVA incluido), siendo que la plataforma se encontraba en aguas del Golfo de México; ordenada por la Auditoría Superior de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Suscriben,

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.

1 Fuente: informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011.





De los CC. Senadores integrantes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Fomento Económico, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía a emprender un programa integral de fortalecimiento a la cadena productiva pecuaria que permita satisfacer la demanda de carne de cerdo y sus derivados y a revisar de manera conjunta con las agrupaciones de productores la posible liberación de cupos de importación. Se turna a la Tercera Comisión.








De la C. Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales a incorporar en sus constituciones locales el principio de paridad entre mujeres y hombres en materia electoral. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A INCORPORAR EN SUS CONSTITUCIONES LOCALES EL PRINCIPIO DE PARIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN MATERIA ELECTORAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

En este contexto, una de las reformas más importantes, desde la perspectiva de género, es la que se refiere al artículo 41 que contempla el principio de paridad entre mujeres y hombres en el ámbito electoral y que a la letra dice:

Artículo 41. ...

...

I. .......

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En nuestro país, la paridad ha sido una constante demanda de las mujeres particularmente impulsada desde el feminismo y suscrita por la izquierda progresista, por ello hemos insistido en que para llegar a la llamada democracia de género, se necesita construir una política efectiva de igualdad de oportunidades y de acceso a los derechos, en ese sentido consideramos que el principio de paridad en materia electoral es la herramienta idónea para que las mujeres accedan a sus derechos político electorales.

Cabe destacar que la inclusión de la paridad en el artículo 41 constitucional representa un cimiento importante, para el desarrollo de la política de igualdad de oportunidades pero no es suficiente, aún es necesario construir el andamiaje de esta política paritaria en los estados de la república. A la fecha ninguna constitución local contempla la paridad y son sólo 11 entidades federativas que contemplan de alguna manera la paridad en su normatividad electoral; Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerreo, Jalisco, Querétaro, Sonora y Tabasco, en su mayoría bajo la misma engañosa fórmula que no obliga a la autoridad a garantizar sino a procurar paridad entre mujeres y hombres.

Es también oportuno recordar que el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país."

La CEDAW reitera que la igualdad en la participación política involucra no solamente el derecho de votar de las mujeres, sino también el derecho a ser elegidas para cargos públicos y de participar plenamente en los asuntos y el servicio público de su país.

Hoy en día, ni el proceso de democratización que se ha llevado a cabo en el país ni las llamadas transformaciones estructurales del Estado han tenido un impacto significativo en la participación política de las mujeres, pues si bien es cierto que el Congreso de la Unión registra una representación inédita de legisladoras 184 diputadas de 500 y 42 senadoras de 128, que representa el 36.8% y el 33% del total respectivamente, sin embrago,  es claro el rezago que persiste en la realidad a nivel local ya que en 2013, el promedio nacional de escaños ocupados por mujeres en los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era de 27 por ciento además de que según INEGI, de 2285 municipios , tan solo 176 están presididos por mujeres, es decir el 7.7%.

Por ello consideramos que para avanzar en una profunda reforma social orientada hacia una liberación de los roles y cargas tradicionales que limitan y estigmatizan a las mujeres, es sin duda indispensable que las entidades federativas mantengan un ejercicio permanente de armonización legislativa que garantice la incorporación de los avances legislativos que en materia de igualdad de género se aprueban a nivel federal, sólo así lograremos el avance progresivo y homogéneo de los derechos humanos para todas las mujeres.

En ese sentido, creemos que las entidades federativas deben mostrar su congruencia política con los principios constitucionales y su compromiso con los derechos político electorales de las mujeres y legislar para incorporar en sus propias constituciones el principio de paridad entre mujeres y hombres.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las 32 Entidades Federativas, para que en armonía con el artículo 41 constitucional, impulsen las gestiones legislativas necesarias para incorporar en sus Constituciones Locales, el principio de paridad entre mujeres y hombres en materia electoral.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
a 7 de mayo de 2014

Suscribe

Dip. Martha Lucía Mícher Camarena”.






Del C. Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Ejecutivo del estado de Coahuila a profundizar en las investigaciones realizadas respecto a las denuncias presentadas contra Humberto Moreira y Javier Villarreal por la deuda pública contraída de manera irregular. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAHUILA A QUE PROFUNDICEN EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA HUMBERTO MOREIRA Y JAVIER VILLARREAL POR LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA DE MANERA IRREGULAR.

“El que suscribe, Diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 174 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La impunidad es uno de los lastres más penosos que enfrenta nuestro país. Constantemente vemos en los medios de comunicación las actuaciones irregulares de diversos servidores públicos, que manejan los recursos públicos como si fueran propios sin que reciban alguna sanción por ello. Para erradicar ese mal tenemos que actuar en consecuencia: castigando a funcionarios públicos corruptos e irresponsables independientemente del partido al que pertenezcan, pues han sido electos o designados para trabajar en favor de la ciudadanía y no para lucran con ella.

Es de todos conocido el caso de Humberto Moreira ex gobernador de Coahuila que hundió en la peor crisis económica, política y social a su estado durante su mandato y a pesar de las acusaciones de los habitantes de Coahuila no se ha  procedido en su contra.

Por eso ahora, lejos de estar enfrentando a la justicia para pagar por sus fechorías, reaparecer en la vida pública regalando relojes de pared con su imagen, como si la deuda contraída en su administración fuera menor o se hubiese ya olvidado.

Actitudes como estas, es precisamente lo que la sociedad Coahuilense repugna y exige a sus autoridades la aplicación de la ley, de manera clara, precisa e imparcial como sucede con cualquier ciudadano.

2.- Al mismo tiempo, es de todos conocido que esta detenido el ex tesorero del estado, Javier Villarreal, en San Antonio, Texas, quien se entregó voluntariamente ante las autoridades de aquel de Estados Unidos, después de andar huyendo, para enfrentar los juicios que tiene en su contra. A esta persona se le procesa en Estados Unidos porque en el nuestro goza de entera libertad, pues a pesar de que diversos ciudadanos y organizaciones han presentado más de 7 denuncias en su contra tanto en la Procuraduría estatl como en la Procuraduría General de la República, dichas denuncias siguen durmiendo el sueño de los justos y empolvándose en el cajón de algún escritorio.

Esto quiere decir que el discurso del gobierno federal y los hechos dejan mucho que desear, pareciera que se apuesta por el olvido con el simple paso del tiempo, pareciera que le apuestan a que la sociedad Coahuilense se doblegue ante este acto de impunidad por parte del gobierno federal y estatal.

2.- En este caso, que tanto indigno a la población al estallar el escándalo, la omisión de las autoridades ha sido más que elocuente, pues como se ha señalado se presentaron más de siete denuncias ante la procuraduría estatal y ante la PGR contra el exgobernador Humberto Moreira y contra Javier Villarreal, ex tesorero del estado y nada se ha hecho al respecto, por el contrario el ex tesorero ha tenido la oportunidad de salir del país y ha sido en Estados Unidos donde se le ha investigado, detenido y asegurado los millones de dólares en sus cuentas que no ha podido explicar su procedencia.

De Humberto Moreira hemos visto como se paseaba en España y vivía con todo los lujos inimaginables y nunca se le ha citado ni siquiera para declarar; exhibe sus fotografías demostrando su entrenamiento físico mientras los coahuilenses pagan con intereses la mega deuda que se contrajo en su administración incluso de manera fraudulenta al falsificar la documentación del Congreso local.

En la Cámara de Diputados hemos pedido, incansablemente que se investigue, se llame a declarar a estas personas y nada a ocurrido. Por eso, de nueva cuenta venimos a presentar este punto de acuerdo solicitando que estos atropellos a la hacienda pública no queden en el olvido y se exhorte a las autoridades competentes a actuar en consecuencia, en base a las denuncias presentadas, a las pruebas existentes y, aunque sea de manera rezagada, de lo que ya diversas autoridades norteamericanas tienen investigado.

El pasado fin de semana nos enteramos que el exgobernador de Aguascalientes fue detenido acusado de malversación de fondos; eso hace pensar que es posible que las mismas acciones se apliquen en Coahuila, lo mismo solicitan los coahuilenses. Aplicación imparcial de la ley y castigo a quien los ha sumido en una deuda histórica que no terminaran de pagar en muchos años. Que la aplicación de la ley no sea selectiva, sino imparcial como en cualquier estado de Derecho.

Por los motivos expuestos, me permito someter a esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República y al titular del Ejecutivo del estado de Coahuila a que profundicen en las investigaciones realizadas respecto a las denuncias presentadas contra Humberto Moreira y Javier Villarreal por la deuda pública  contraída y cuyo monto no ingreso a la hacienda estatal.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Procuraduría General de la República, inicien el procedimiento respectivo ante las autoridades de Estados Unidos para la extradición a México Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, así como para que el dinero que le ha sido incautado sea decomisado y destinado a pagar la deuda estatal de Coahuila.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014.

Atentamente

Dip. José Guillermo Anaya Llamas”.






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al director de la Comisión Federal de Electricidad informe y aclare los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013, correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO Y ACLARE LOS INCREMENTOS ACUMULADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013, CORRESPONDIENTES A LAS PERDIDAS POR 41,606.7 MILLONES DE PESOS (MDP), LA DEUDA DOCUMENTADA POR 123,542.6 (MDP) Y LAS CUENTAS DE COBRO DUDOSO POR 17,552 (MDP)

“El suscrito, Diputado JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una entidad paraestatal, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano.

2. Los 'proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto' (PIDIREGAS) son un mecanismo creado por Ernesto Zedillo a finales de su gobierno en el año 2000. A través de ellos, Pemex y la CFE contrataron deuda en moneda extranjera y nacional con empresas privadas para financiar proyectos que supuestamente no podían realizarse con recursos propios.

En la reforma petrolera del 2008 se acordó que el saldo de los PIDIREGAS que se registraba como deuda de las paraestatales mencionadas se contabilizaría en el futuro como deuda pública. Hacia marzo del 2010, que fue la última fecha en que se publicó el pasivo de PIDIREGAS en la CFE se señalaba una cifra de 250 mil millones de pesos.

El Gobierno de Calderón publicó en abril del 2011 un 'Balance Fiscal' a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se reclasifica en cuatro nuevos grupos el manejo del presupuesto federal, dando una libertad absoluta para su control presupuestario tanto a Pemex, como a la CFE.

http://sesgo.org/v2/index.php/laterceracultura-30/articulos/535-el-descomunal-fraude-oculto-de-pidiregas

1. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)

CFE realiza proyectos de inversión para construir activos generadores de ingresos bajo dos esquemas:

Inversión directa

Para construir proyectos de instalaciones eléctricas y que al término de la obra se entregan a la CFE, al momento de la entrega de las obras, materia del contrato, recibidas a satisfacción de CFE, se registra el activo en una cuenta de activo fijo denominada PIDIREGAS, así como el pasivo total que corresponde al valor del bien.

Los activos adquiridos bajo el esquema PIDIREGAS, así como la obligación correlativa son registrados al valor contratado del Proyecto.

Inversión condicionada

A partir de 2000 y con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), se dio acceso a productores independientes de generación de energía, los cuales solo pueden vender la energía que producen a CFE. La entidad evaluó que 22 de los contratos existentes con productores independientes, tienen características de arrendamiento de la planta generadora de energía de acuerdo con la INIIF 12 Acuerdos de Concesión de Servicios y a su vez, dichos arrendamientos califican como arrendamientos financieros de acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos, por lo que se registra en una cuenta de activo fijo denominada Productores Independientes, así como el pasivo total que corresponde al valor del bien.

Al 31 de diciembre de 2012 se encontraban firmados 25 contratos con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía.

www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/...AcercadeCFE/.../Cierreadiciembre2012_...

2. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignado a la CFE en 2013 ascendió a 281,532.4 millones de pesos (mdp) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 tiene una asignación de recursos por 328,985.4 (mdp), cantidad que es mayor en 47,453 (mdp) respecto al PEF 2013 e implica un incremento de 12.6 % en términos reales; como se muestra a continuación:

(Cifras en millones de pesos)

 

PEF 2013

PPEF 2014

Variación

Nominal

Real %

Total

281,532.4

328,985.4

47,453.0

12.6

Gasto Programable

269,50.1

313,565.8

44,315.7

12.2

Costo financiero

12,282.3

         15,419.6

3,138.3

21.0

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del PPEF 2014 y el PEF 2013, SHCP

Es importante destacar que el mayor monto en el costo financiero de la CFE es derivado del endeudamiento contraído con particulares para expandir la infraestructura de la paraestatal mediante los proyectos de inversión Financiada con impacto diferido en el gasto (PIDIREGAS).

CONSIDERACIONES

A) El 28 de octubre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que registró pérdidas por 6,087 (mdp) durante el tercer trimestre de 2013, en comparación con la ganancia de 3,026 (mdp) que registró durante el mismo periodo pero de un año antes. 

De esta forma, entre enero y septiembre de 2013 las pérdidas de la compañía eléctrica nacional acumulan este año 41,606.4 (mdp), cifra que cuadruplica el quebranto total de 2012, que ascendió a 10,232.5 (mdp).

Por su parte, la deuda documentada creció 3,843 (mdp) entre enero y septiembre de 2013, al pasar de 119,699.2 (mdp) a 123,542.6 (mdp).

En el lapso enero a septiembre de 2013 las cuentas de cobro dudoso se incrementaron en 4,536.9 (mdp) lo que significó un aumento de 34% al pasar de 13,015 (mdp) en diciembre de 2012, a 17,552 (mdp) al cierre de septiembre de este año.

En el informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año, la CFE reconoce que “durante los últimos años, debido a la reducción de los presupuestos anuales, la CFE no ha cumplido íntegramente con el mantenimiento requerido, consecuentemente, esta situación pudiera afectar la vida útil de ciertas plantas”

Entre las razones por las cuales la CFE registró pérdidas en su resultado neto se encuentra la insuficiencia tarifaría por 77,853 (mdp), la cual fue atenuada con un aprovechamiento de 34,509 (mdp).

Al 30 de septiembre la CFE tiene firmados 25 contratos por 25 años con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía*.

*HTTP://www.jornada.unam.mx/2013/10/29/economia/026n1eco            

B) Al respecto, expertos han explicado que las pérdidas de la empresa se deben a diversas ineficiencias de la paraestatal, como el subsidio que le da a compañías que cobran por proyectos innecesarios, las obligaciones laborales, el robo de energía y sus costos de producción.

Según datos del Observatorio Ciudadano de Energía, que encabeza José Luis Apodaca Villarreal, exgerente general divisional de la CFE, la paraestatal permite el robo de energía por $35,000 millones de pesos; genera con combustóleo y gasta $56,000 millones de pesos más respecto del gas natural.

Además, paga en exceso por financiamientos PIDIREGAS $12,000 millones de pesos; subsidia a firmas extranjeras en la venta de energía para autoabastecimiento remoto con $7,000 millones de pesos y su costo de producción por no aprovechar energías eólicas se encarece en $70,000 millones de pesos.

En la iniciativa de reforma energética, el Ejecutivo atribuye gran parte del problema de las pérdidas de la empresa a sus costos de producción.

Actualmente, México cuenta con una capacidad de 63 Gigawatts, de la cual el 64% es operada por la CFE y el 36% restante por terceros bajo los esquemas de Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE), autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos propios.

"En el esquema actual, los únicos beneficiados con las altas tarifas eléctricas son el gobierno federal, que con fines recaudatorios suministra electricidad, gas natural y combustóleo caros; y las trasnacionales que participan en la generación independiente", afirmó Apodaca Villarreal*.

http://elhorizonte.mx/a/noticia/437540/normal/2/24

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), C. Francisco Rojas Gutiérrez, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

a) La Justificación detallada de los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 respecto a las pérdidas de la CFE por 41,606 (mdp); la deuda documentada (deuda contratada directamente por la entidad) por 123,542 (mdp) y las cuentas de cobro dudoso (cuentas de dudosa recuperación) por 17,552 (mdp).

b) Los estados que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto de cada uno. 

c) Las dependencias de la Administración Pública Federal que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto que adeuda cada una.

d) El monto que adeudan usuarios particulares y particulares que tienen tarifa empresarial, por concepto de consumo de energía, clasificado por estado.

e) Los mecanismos de control que ha implementado para evitar el robo de energía; así como para el cobro de deuda por consumo de energía.

f) Los elementos que ha considerado para el otorgamiento a particulares del negocio de la electricidad en el país, y a la fecha cuántos y cuáles son los contratos que tiene firmados con éstos; así como las condiciones y beneficios para la CFE establecidos en cada uno de los contratos otorgados.

g) Haga público los recursos erogados en la participación de la inversión privada en infraestructura.

h) De los subsidios que otorga: criterios y/o lineamientos, tipos de subsidios y tipos de beneficiarios.

i) El alcance y resultados del modelo de inversión vía PIDIREGAS.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Suscriben
 
Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






Del C. Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre del C. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar mayores recursos al estado de Coahuila de Zaragoza en el recién anunciado Plan Nacional de Infraestructura para el periodo 2014-2018. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A DESTINAR MAYORES RECURSOS AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN EL RECIEN ANUNCIADO PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PERIODO 2014-2018.

“El Senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY a solicitud y en nombre del Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- La semana pasada el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), detallando los 743 proyectos que su gobierno desarrollará en lo que queda del sexenio.

El Presidente anunció una amplia lista de sistemas de aeropuertos, carreteras, ferroviarios, puentes, presas y otros grandes proyectos que deberán ser construidos en todo el país para el año 2018.

II.- El estado fronterizo de Coahuila que cuenta con el 3% de la población del país, solamente le corresponderá el 0.00039% de la inversión federal en infraestructura, es decir la cantidad de tres mil veintiocho millones de pesos, lo que apenas alcanzaría para construir algún puente, obras de remozamiento, y otras obras menores.

Lo anterior resulta totalmente increíble si comparamos el presupuesto destinado a otras entidades con características similares.

Por ejemplo, ¿cómo se explica que el Plan Nacional de Infraestructura contemple un paquete de inversiones 12 veces más costoso para Chihuahua o para San Luis Potosí que para Coahuila?

Incluso se destinan por parte del gobierno federal entre 2 y 9 veces menos recursos para Coahuila que para estados con menos población, como Colima y Baja California Sur, y que para estados que contribuyen menos al PIB nacional, como Zacatecas y Nayarit.

Con lo anterior, y de acuerdo la publicación oficial Coahuila se ubica en el penúltimo lugar nacional en inversiones de infraestructura respaldadas por el Gobierno Federal, superando únicamente a Tlaxcala.

III.- Es necesario recordar que Coahuila ha sido golpeado financieramente en los últimos años en forma colosal debido al endeudamiento irresponsable e histórico que dejó la administración de Humberto Moreira, quien recibió el estado con una deuda de 300 millones y la dejó con un pasivo de 36 mil millones, con lo cual disminuyeron los programas sociales, aumentaron los impuestos, disminuyó el presupuesto para infraestructura y salud, y subió el índice de pobreza. Según declaraciones del propio secretario de finanzas del Estado, solamente se han pagado 1000 millones de pesos en dos años de administración, por lo que a ese paso nos tardaremos 70 años en pagar la deuda, con generaciones de coahuilenses con menos programas sociales, sin inversión y sin empleo.

Recientemente fue a dado a conocer por el INEGI que Coahuila cerró el primer trimestre del 2014 con un alza en su tasa de desempleo, la más alta del presente año y que coloca a la entidad como la segunda con la tasa de desempleo más alta del país.

En efecto, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, Coahuila se ubicó como la segunda entidad con más desempleo en el país, con una tasa del 6.36 por ciento de desocupación, sólo por debajo de Tabasco.  Esta situación ha sido constante en los últimos años, por ejemplo al cierre del 2013, Coahuila perdió dos mil 219 empleos. Dichos indicadores son indudablemente resultado de un agotamiento del modelo económico estatal en el que mucho influye la mega deuda heredada por la administración de Humberto Moreira Valdés.

Por si lo anterior no fuera poco, los pocos empleos que existen son mal pagados, por ejemplo  la zona de la laguna se ha rezagado considerablemente con relación a otras ciudades del país hasta ocupar el lugar 65 de 77 a nivel nacional.

Mientras que en promedio un trabajador en La Laguna gana al mes cuatro mil 672 pesos, en zonas como Hermosillo y Mexicali percibe entre nueve y once mil pesos, de acuerdo a datos más recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que son de 2012.

IV.- Por otra parte, en los últimos años, la cifra de pobres en Coahuila aumentó. De 2010 a 2012, más de 23 mil personas se sumaron a la población que vive en situación de pobreza en el estado, lo que significó un incremento de 3% en ese periodo, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A pesar de lo anterior resulta increíble que solamente se destinen $3,028 millones de pesos para Coahuila, y en cambio se proyecten $34,181 millones de pesos para Chihuahua, $63,148 millones de pesos para Nuevo León, y $121,263 millones de pesos para Tamaulipas. Coahuila es un estado fronterizo que no se ha recuperado de la homologación del IVA en la frontera y sin embargo, es claro que no está recibiendo un trato equitativo.

V.- En general hablar de Coahuila en los últimos años y en la mayoría de las veces que en prensa nacional se habla de dicha entidad ha sido para mencionar lo emproblemado que se encuentra este estado debido al mega endeudamiento al que fue arrastrado en la administración de Moreira.

Resulta totalmente ilógico y desproporcionado que una entidad tan golpeada por el desempleo, la pobreza, la corrupción y la inseguridad no obtenga al menos el mismo trato por parte del gobierno federal que el que se da a otras entidades en similares circunstancias.

Sabemos todos que los coahuilenses han padecido de malos gobiernos, pésimas administraciones irresponsables que han castigado al estado con endeudamiento, corrupción y autoritarismo, pero los ciudadanos de dicho estado no tienen la culpa, y por el contrario merecen y necesitan de la solidaridad del gobierno federal que les brinde una luz en el camino de una mejor calidad de vida, con mayores empleos mejor pagados, al menos como premio por aguantar los malos gobiernos que les tocó.

Por las razones expuestas el senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, se permite someter a la consideración de esta Honorable Comisión permanente del Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público DR. LUIS VIDEGARAY CASO para que destine mayores recursos al estado de Coahuila de Zaragoza en el recién anunciado Plan Nacional de Infraestructura para el periodo 2014-2018, con el fin de que se distribuya el presupuesto destinado para dicho proyecto del gobierno federal en forma equitativa en relación a otras entidades de las mismas circunstancias que el estado de Coahuila.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza LIC. RUBEN MOREIRA VALDEZ para que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Federal para la asignación de mayores recursos del Plan Nacional de Infraestructura para dicha entidad.

México, Distrito Federal, a 7 de mayo de 2014.

Atentamente

Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender de manera inmediata las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA ASF EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2011, PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA SOBRE LAS FACULTADES DISCRECIONALES DEL COMITE TECNICO DEL FOVI AL AUTORIZAR LINEAS DE CREDITO CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUE NO BENEFICIAN A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS Y QUE ADEMAS PRESENTAN PROBLEMAS DE LIQUIDEZ. ASI MISMO HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA ATENDER LAS PROPUESTAS

“Los suscritos diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es una institución financiera perteneciente a la Banca de Desarrollo, creada en 2001 con el fin de propiciar el acceso a la vivienda de calidad para los mexicanos que la demandan; establece las condiciones para que se destinen recursos públicos y privados a la oferta de créditos hipotecarios, mediante el otorgamiento de créditos y garantías la SHF, promueve la construcción y adquisición de viviendas preferentemente de interés social y medio. 

La SHF tiene el mandato de desarrollar el mercado privado de financiamiento para la vivienda en el país. Para este fin, provee créditos a largo plazo a intermediarios financieros especializados que otorgan hipotecas, para financiar sus actividades en los mercados primario y secundario de la vivienda, la SHF emite deuda respaldada por el gobierno de México.

2. Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) es un fideicomiso público constituido en 1963 por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Banco de México, a partir de febrero del 2002 es administrado por Sociedad Hipotecaria Federal; dentro de sus fines está el otorgar apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de la vivienda de interés social, canalizando los recursos a través de intermediarios financieros como las instituciones de banca múltiple y las Sociedades financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) del ramo hipotecario e inmobiliario registradas ante FOVI.  

3. Durante el proceso de ajuste que experimento el sector de la vivienda en México, derivado de la crisis hipotecaria con origen en Estados Unidos, las SOFOLES y SOFOMES hipotecarias fueron las más afectadas, ya que el acceso a fuentes de fondeo se redujo considerablemente toda vez que los inversionistas no querían saber sobre hipotecas, convirtiéndolas en Instituciones Financieras No Bancarias (IFNB) con graves problemas de liquidez.  

4. La auditoría financiera y de cumplimiento 11-3-06HCG-02-0469 que se derivada del Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2011 refleja que el FOVI mantiene operaciones crediticias con las IFNB concentrando el 52% del total de su cartera de crédito, al 31 de diciembre el adeudo de IFNB con FOVI es de 7 787.2 millones de pesos (mdp)

5. La SHF en su carácter de fiduciario del FOVI, como el mismo FOVI han autorizado de manera discrecional líneas de crédito a las IFNB a pesar de su crítica situación financiera convirtiéndose en entidades administradoras de cartera de difícil recuperación.

Como el caso de la línea de crédito que el 29 de noviembre de 2011 el Comité Técnico del FOVI autorizó al “IFNB 610” por 193.73 millones de pesos, que además no se ajusto a la política de vivienda 2007-2012 en donde se establece que la población objetivo del FOVI son familias mexicanas de bajos recursos dándoles acceso a una vivienda, ya que este crédito fue otorgado al intermediario 610 para concluir un edificio denominado Torre Barcelona del proyecto “Las Palomas”, en donde los clientes potenciales serán principalmente residentes de la Arizona, Estados Unidos, con ingresos mayores a 200 mil dólares anuales.

6. Derivado de la auditoría que hace mención el numeral cuatro, la ASF hace una recomendación puntual a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de su competencia, fortalezcan los mecanismos de supervisión, inspección, vigilancia, prevención y corrección, de las facultades que tiene el Comité Técnico del FOVI relacionadas a la autorización discrecional de líneas de crédito a pesar de los problemas financieros que presentan las IFNB.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Lic. Jaime González Aguardé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Dr. Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias atiendan de manera inmediata las recomendaciones emitidas por la ASF en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, para fortalecer los mecanismos de supervisión, inspección y vigilancia sobre las facultades discrecionales del Comité Técnico del FOVI al autorizar líneas de crédito con intermediarios financieros que no benefician a la población de bajos recursos y que además presentan problemas de liquidez. Así mismo haga del conocimiento público las acciones llevadas a cabo para atender las propuestas.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Suscriben

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román y Jorge Luis Lavalle Maury, que contiene punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración, a la Policía Federal, a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a llevar a cabo diversas acciones ante las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas migrantes durante el operativo realizado en el municipio de Emiliano Zapata, del estado de Tabasco. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LA POLICIA FEDERAL, A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES ANTE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MIGRANTES DURANTE EL OPERATIVO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE TABASCO.

“Los suscritos, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA SANSORES SAN ROMAN y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 95; 108; y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, A LA POLICIA FEDERAL, A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A QUE LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES ANTE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MIGRANTES DURANTE EL OPERATIVO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El pasado 30 de abril, conocimos por diversos medios de comunicación y a través de las redes sociales, la detención de un grupo estimado de 300 migrantes de diversas nacionalidades, ocurrida durante un operativo implementado por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con elementos de la Policía Federal (PF) y la Policía del Estado de Tabasco; dicho operativo se realizó en la comunidad denominada Chacamac en el municipio de Emiliano Zapata del estado antes mencionado. Diversas notas periodísticas informaron que en el operativo resultaron agredidas varias personas migrantes, así como los defensores de derechos de personas migrantes Rubén Figueroa, fray Tomás González y fray Aurelio Montero Vásquez.

2. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración, emitió el boletín de prensa No. 026/14 con fecha 2 de mayo, en donde se informa que el miércoles 30 de abril, alrededor de las 20:00 horas se llevó a cabo un operativo de control y verificación con apoyo de la Policía Federal, en parajes cercanos a la comunidad antes referida en “donde se identificó a un grupo de 291 extranjeros que no pudieron acreditar su estancia legal en el país”. En dicho comunicado se informa que los 291 extranjeros fueron presentados ante la autoridad migratoria para iniciar el “procedimiento administrativo” correspondiente que permita el retorno asistido a los nacionales provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

3. Ante tales hechos, con fecha 2 de mayo del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió el comunicado CGCP/123/14, en donde se informa que la CNDH abrió una investigación por el operativo implementado, en donde fueron agredidos un grupo de 295 personas migrantes en la comunidad de Chacamac, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, quienes fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, lugar al que se trasladó personal de esta Comisión Nacional. Recabaron un total de 21 denuncias por el maltrato recibido por  parte de policías federales y agentes federales de Migración.

4. El día 5 de mayo, la representación de la organización Amnistía Internacional en nuestro país, solicitó a autoridades federales realizar una investigación sobre los abusos denunciados por algunos migrantes durante el operativo realizado por autoridades federales y estatales efectuado el pasado 30 de abril. Asimismo, dicha organización, solicitó conocer el paradero y condición de las personas migrantes detenidas.

5. Por último, según la Red denominada Todos los Derechos para Todos y Todas, solicitó al Secretario de Gobernación, no realizar ninguna deportación de las personas migrantes detenidas durante el operativo realizado por el INM, a fin de garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño de las posibles víctimas del abuso de la autoridad migratoria y de elementos de las corporaciones policiacas que participaron en la detención.

CONSIDERACIONES

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Título Primero garantizar y preservar los derechos humanos de los mexicanos y de las personas que ingresan a nuestro país, independientemente de su condición migratoria, tal y como se establecen en sus artículos 1°, 11 y 16:

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Del 2 al 10 …

Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Del 12 al 15 …

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

II.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en los principios generales, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Estableciéndose como principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

• Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

• Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

• Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

• Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

• Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

• Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente, en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades.

• Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

• Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

• Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

• Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

• Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de la cultura y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

• Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

• Que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Estableciendo el precepto legal de mérito que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

III.- Que el artículo 22 de la Ley de Migración establece que las actuaciones de los servidores públicos deberán apegarse a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, como a continuación se menciona:

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente Ley.

IV.- Por lo que respecta al artículo 81 de la citada ley, menciona que en las acciones de control migratorio la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación del Instituto, tal y como se transcribe:

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

V.- Que los artículos 97, 98 y 144 en los que fundamenta su actuar el INM, establecen que las revisiones migratorias deberán estar fundadas y motivadas, y deberán precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la misma, entre otras especificaciones:

Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros.

La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará.

Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley.

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición.

Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que:

I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas;

Del II al VI …

VI. Que el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Migración, establece que la participación de la Policía Federal deberá ser a solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria, observando en todo momento que las actuaciones de la Policía Federal deberán estar basadas en el artículo 22 de la Ley de la materia, como se señala:

Artículo 70. En términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley, la Policía Federal sólo actuará a solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria. En estas actuaciones, las autoridades deberán respetar los principios establecidos en el artículo 22 de la Ley.

VII. Que si bien los artículos 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 213 del Reglamento de la Ley de Migración, se refieren a los procedimientos administrativos en materia migratoria para llevar a cabo la verificación y revisión estos no tomaron en cuenta todas y cada una de las disposiciones contenidas en las mismas, tal como se señala:

Artículo 194. El Instituto tendrá la facultad de verificar que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la Ley y este Reglamento. 

Artículo 195. El personal del Instituto que realice las visitas de verificación o revisiones migratorias deberá contar con oficio de comisión, así como con la orden de verificación o de revisión respectiva, según corresponda. Ambos documentos deberán ser emitidos por la autoridad migratoria competente y deberán estar debidamente fundados y motivados.

Artículo 196. Para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones migratorias, la autoridad migratoria competente podrá solicitar la colaboración de otras autoridades, cuando exista la presunción de un riesgo respecto de la integridad de las personas extranjeras o del personal migratorio que actúe en la realización de dichas diligencias.

Artículo 197. La autoridad migratoria solicitará, cuando exista la presunción de un riesgo, y a efecto de realizar una visita de verificación o una revisión migratoria, el apoyo de las autoridades de salud para salvaguardar la salud y seguridad física de las personas extranjeras.

Artículo 198. La autoridad migratoria podrá solicitar la participación de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el desahogo de visitas de verificación y revisiones migratorias, en los casos en que, atendiendo a las situaciones particulares, se considere conveniente su intervención. 

Artículo 199. El personal comisionado para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones migratorias deberá portar el uniforme institucional autorizado, de acuerdo a la normatividad aplicable, así como la credencial con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite como servidor público del Instituto.

Artículo 200. Si con motivo de la visita de verificación o revisión migratoria, se detecta que alguna persona extranjera no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el territorio nacional, se pondrá de inmediato a la persona extranjera a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se presuma la posible comisión de un delito que se persiga de oficio, la autoridad migratoria pondrá a disposición de la autoridad competente de manera inmediata a la persona, objetos y valores que tengan relación con el ilícito.

Artículo 201. De toda visita de verificación o revisión migratoria, además del acta circunstanciada que proceda respecto de la visita de verificación, el personal comisionado deberá rendir un informe a la autoridad migratoria que ordenó la comisión, en el cual se hará constar:

I. La descripción física del inmueble;

II. El lugar o zona geográfica;

III. El domicilio completo y colindancia del inmueble;

IV. En su caso, la razón social de los negocios que se encuentren cercanos al inmueble;

V. La descripción de los hechos más relevantes, y

VI. Las impresiones fotográficas del lugar, en los casos que sea posible.

Artículo 202. En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 95 de la Ley, la autoridad migratoria podrá citar a comparecer a la persona extranjera o a su representante legal, para continuar con el procedimiento correspondiente. En el citatorio se hará constar expresamente el lugar, la fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos en caso de no atenderla.

Del artículo 203 al 212 …

Artículo 213. El procedimiento de revisión migratoria en adición al artículo 97 de la Ley, se sujetará a lo siguiente:

I. El servidor público que realice la revisión migratoria que corresponda deberá contar con una orden de revisión y un oficio de comisión, ambos debidamente fundados y motivados, y en los cuales se hará constar la fecha, el objeto del acto de la revisión, su duración y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará, así como nombre, firma y cargo del servidor público que lo expide, y

II. El personal comisionado deberá identificarse ante las personas a las que se les realice la revisión migratoria.

De toda revisión migratoria, el personal comisionado deberá rendir un informe a la autoridad que la ordenó, en el cual se harán constar la descripción del lugar en que se practicó y se deberá hacer una narración de los hechos.

 Los servidores públicos que realicen el procedimiento de revisión migratoria deberán invariablemente sujetar su actuación a los principios a que hace referencia el artículo 22 de la Ley.

VIII.- Que el 30 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018, el cual manifiesta lineamientos y posturas contrarias a lo que presuntamente sucedió durante la detención de las personas migrantes en Tabasco el mismo día. Destaca la introducción de dicho Decreto:

DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018.

INTRODUCCION

Una política migratoria de Estado tiene por objeto superior el bienestar del migrante, a través del ejercicio efectivo de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. Busca hacer efectivo su bienestar para consolidar su papel como agente para el desarrollo.

El enfoque de la política migratoria, centrado en el bienestar de la persona, asume la obligación del Gobierno de la República, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, de su proyección de largo alcance para la atención del fenómeno y la evaluación permanente de los elementos, que mida los impactos que la política pública tiene en la vida de los migrantes. A la vez, debe asegurarse que la política migratoria cumpla con una gestión eficaz que contribuya a la facilitación de la movilidad de las personas, enfatice el respeto a los derechos humanos y resalte el compromiso de México en los asuntos regionales y globales.

Así, la política migratoria nacional parte de una perspectiva integral de Estado, de la cual el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM) es el eje articulador de las voluntades públicas y las iniciativas compartidas. Esta visión integral reconoce la función decisiva y generosa de la sociedad civil como proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad. Su intervención seguirá siendo fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de gobierno que implementan la política migratoria.

Por ello, la política migratoria mexicana tiende a la gobernanza de las migraciones, es decir, hacia un esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución coordinada entre los diversos actores involucrados (públicos, privados, organizados, no organizados, individuales o colectivos). Esto no sólo con el propósito de fortalecer la atención integral del fenómeno en un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, sino también con el fin de garantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Debe garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, seguridad personal, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

La movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos humanos fundamentales. A este reconocimiento se liga la obligación gubernamental de procurar que transcurra de manera voluntaria, ordenada, documentada y segura. En este contexto, México aspira al reconocimiento pleno de los derechos para los nacionales radicados en el exterior y para los extranjeros en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO E ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para que a la brevedad remita a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un informe detallado con los fundamentos y motivaciones del operativo realizado el 30 de abril del 2014 en la comunidad de Chacamac en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Tabasco, en el que se incluyan los oficios de comisión del personal que participó en el operativo, la orden de verificación o de revisión respectiva y el documento a través del cual se solicitó a la Policía Federal y en su caso, a la Policía del Estado de Tabasco, su colaboración para el mismo.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Publica a que se abra una investigación y en consecuencia se inicien los procedimientos a que haya lugar, por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los activistas y de las personas migrantes detenidas por parte de agentes federales de migración y elementos de la Policía Federal que participaron en el operativo, y a que mientras tanto, no se deporte a las personas afectadas, a fin de que se garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que derivado de las pesquisas que realice, emita a la brevedad las recomendaciones que conforme a derecho procedan por violaciones a los derechos humanos de los activistas y de las personas migrantes, cometidos por servidores públicos que participaron en el operativo realizado el pasado 30 de abril en la comunidad de Chacamac en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Tabasco.

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado al Gobierno Federal, particularmente a la Secretaría de Gobernación, a poner en práctica los valores que plantea en el Plan Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del presente año.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Layda Sansores San Román.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Energía y al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes informar el avance del plan y proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ENERGIA Y AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES (SAE), HAGAN DEL CONOCIMIENTO PUBLICO EL AVANCE DEL PLAN Y PROCESO DE LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (LFC), QUE DERIVO DEL DECRETO QUE EMITIO EL EJECUTIVO FEDERAL EL 11 DE OCTUBRE DE 2009

“Los suscritos diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, Punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1° El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro (LFC).

2° El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), es el encargado de llevar a cabo el proceso de liquidación de LFC, de conformidad al Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009,  para lo cual se le otorgaron las más amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

CONSIDERACIONES

A) Conforme al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, el SAE:

• Necesita revisar y reforzar el marco normativo que regula el proceso de desincorporación de LFC, a efecto de que las facultades del personal de LFC, que interviene en el proceso de liquidación, estén debidamente expresadas y autorizadas en lineamientos y procedimientos.

• No contó con mecanismos de control a efecto de recuperar oportunamente los recursos derivados de los compromisos del convenio del 11 de octubre de 2009, celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el SAE.

• No contó con mecanismos de seguimiento y control a fin de exigir el cumplimiento del convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad para el cobro de los recursos en favor de LFC en liquidación, conforme a lo estipulado en la cláusula cuarta, primer párrafo, del Convenio celebrado entre el SAE, en su carácter de liquidador de LFC, y la CFE, el 15 de febrero de 2011.

La falta de mecanismos adecuados ha retrasado en proceso de liquidación de LFC.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Energía, que en su carácter titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013, para la liquidación de LFC, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y a de aquellos a los que no se les han cubierto.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que en su carácter de órgano liquidador, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el plan y las acciones llevadas a cabo a partir de 2013, para la liquidación de LFC, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han recibido el debido pago de sus pensiones y jubilaciones y a de aquellos a los que no se les han cubierto, así como el listado del inventario valuado de LFC.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Suscribe

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal informar sobre el programa de recuperación de cartera y su avance. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO; POR EL CUAL LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL (SHF), HAGA DEL CONOCIMIENTO PUBLICO EL PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA Y SU AVANCE, RESPECTO DE LOS 14,027.5 MILLONES DE PESOS QUE RECIBIO EN DACION EN PAGO POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS (IFNB), DE LOS CUALES LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DETERMINO QUE EN 2012 CARECIERON DE INFORMACION QUE ASEGURARA QUE CORRESPONDEN A DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE LA SHF

“Los suscritos diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1° Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) tiene el carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, que forma parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; entre sus fines se encuentra impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de apoyos financieros y garantías para la construcción y adquisición de viviendas de interés social (preferentemente), al canalizar los recursos a los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

2° Durante el periodo de 2008 a 2012, los IFNB apoyados tuvieron problemas económicos y de liquidez, cuya consecuencia fue la falta de pago a la SHF de los créditos que ésta les otorgó, situación que resultó en la celebración de convenios de reconocimiento de adeudo y dación en pago firmados en 2009, 2010, 2011 y 2012, mediante los cuales los IFNB cedieron a SHF los derechos de los fideicomisos F/262323, F/262757, F/304557, F/1301, F/165393, F/165776, F/651 y F/303623 (fideicomisos de cartera en administración), para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

CONSIDERACIONES

A) Los fideicomisos otorgados a la SHF, desde su constitución, son de carácter privado; el Fideicomitente es la SOFOL o SOFOM que aportó los recursos, el Fiduciario es una institución de crédito (banca privada) designada para administrarlos y la SHF es el Fideicomisario en primer lugar (Beneficiario).

B) Al celebrarse los Convenios de Dación en Pago las SOFOLES o SOFOMES, cedieron la cartera y bienes (patrimonio de los fideicomisos) hasta entonces privados a SHF. Al pasar a la SHF como dación en pago, la cartera se registró en el Rubro de Cartera de Crédito, la cual constituye el Activo principal de la SHF, y ascendió a 60,604.2 millones de pesos (mdp) al 31 de diciembre de 2012.

C) A pesar de que la situación financiera actual de la SHF no se ha visto afectada en forma negativa, el saldo de la Cartera de Crédito Vencida (Primer Piso) recibida como Dación en Pago de seis IFNB, por 28,518.0 mdp, representó el 151.4% de su capital contable (18,841.0 mdp).

D) La SHF solamente estimó los escenarios de recuperación (optimista, probable y pesimista) de la cartera y venta de bienes al momento de la Dación en Pago, en relación con el saldo de los Pasivos contraídos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, los cuales tienen vencimientos programados para el periodo 2013 - 2038, razón por la que se desconoce el impacto que tendrá este rescate en la situación financiera de la SHF, debido a la falta de información soporte actualizada.

E) Con la aceptación de la dación en pago, la SHF absorbió las deudas de los IFNB y asumió la carga de administrar la Cartera de Crédito con problemas de recuperación por medio de Administradores Primarios y Maestros, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2012, ascendió a 28,518.0 mdp, la cual se integró por 75,437 créditos, los cuales, al momento de su aceptación, tenían hasta 129 mensualidades vencidas (11 años).

F) Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la información reportada en el saldo de la Cartera de Crédito de Primer Piso correspondiente a las daciones en pago citadas, realizadas por seis IFNB a la SHF, en los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, no es confiable, ya que de los 28,518.0 mdp, 8,146 créditos, por 14,027.5 mdp (49.2%) carecen de información para asegurar que corresponden a derechos de cobro.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Sociedad Hipotecaria Federal haga del conocimiento público la documentación de 14,027.5 mdp que recibió por dación en pago de seis Intermediarios Financieros No Bancarios, y sobre los cuales la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Sociedad Hipotecaria Federal, careció de información que asegurara los derechos de cobro a su favor.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De los CC. Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar una estrategia en materia de combate al delito de secuestro, en coordinación con el gobierno federal, que incluya la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMBATE AL DELITO DE SECUESTRO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL, QUE INCLUYA LA PARTICIPACION DIRECTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

“MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senadores de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto porel artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 8 numeral 1 fracción II;76; 95; 108; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE COMBATE AL DELITO DE SECUESTRO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL, QUE INCLUYA LA PARTICIPACION DIRECTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el secuestro como la “Acción y efecto de secuestrar”, y a su vez la definición de secuestrar como “Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines”.

2. Por su parte, el Código Penal del Distrito Federal dispone en su CAPITULO III, denominado “SECUESTRO”, lo siguiente: “Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa”.

Así mismo, dispone que “Comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometerlos delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este Código respectivamente, o para obtener algún beneficio económico”.

3. La Asociación Alto al Secuestro, así como la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia A.C., a través de sus representantes dieron a conocer hace algunos días que del delito de secuestro sólo se denuncia entre el 30 y 40 por ciento de los casos. Ambas asociaciones formarán parte Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Antisecuestro que es encabezada por la Secretaría de Gobernación cuya función será dar seguimiento a la estrategia de ese delito.

Así mismo, las organizaciones civiles mencionadas señalan que respecto al delito de secuestro se estima un subregistro de al menos 60 por ciento.

4. Según el reporte del 1º de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2014, publicado por la Asociación Alto al Secuestro, los estados de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas y Distrito Federal son las entidades que concentran el mayor número de casos de secuestro atendidos por alguna autoridad, es decir, estas cinco entidades encabezan el 60.12 por ciento del total a nivel nacional.

En el Distrito Federal, las delegaciones que reportan el mayor número de delitos de secuestro son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán, con 59, 20, 18, 16, 15 y 15 casos reportados.

5. El pasado 5 de mayo de 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en conferencia de prensa dio a conocer que para el análisis de los temas de seguridad la Ciudad de México se dividirá en cuatro zonas que son las siguientes: la Centro-Poniente, que tendrá que ver con la delegación Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuajimalpa; la Sur con Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras; la Norte con Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco; y la Oriente con Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

6. El Jefe de Gobierno señaló que la intención de dividirlas en estas zonas es para que todos los lunes, los jefes y jefas delegacionales, informen de manera directa y de viva voz, cuál es su situación en materia de seguridad y cuál es su situación en materia de acciones, intervenciones, según corresponda.

Por lo anterior, y dada la magnitud del impacto del delito de secuestro en nuestra ciudad, creemos necesario que en las acciones que se tengan que implementar en materia de combate y prevención del delito de secuestro debe de invitarse a participar de manera activa y directa a organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de dar certeza y transparencia a las acciones que en el futuro permitan obtener mejores resultados. Así mismo, es indispensable la participación de la Federación en la estrategia que anunció en días pasados el Jefe de Gobierno.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. Tal y como es el caso del presente instrumento parlamentario.

SEGUNDA.- Que el Distrito Federal, es una de las entidades que concentra el mayor número de casos de secuestro atendidos por alguna autoridad, es decir, estas cinco entidades encabezan el 60.12 por ciento del total a nivel nacional, por lo que ante tal situación es necesaria una estrategia específica en la que se invite a organizaciones de la sociedad civil para combatir el delito de secuestro.

TERCERA.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, dispone en su artículo 163 que:Al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de mil a tres mil días multa.

CUARTA.- Que el artículo 163 Bis del Código citado dispone que: comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express, el que prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometerlos delitos de robo o extorsión, previstos en los artículos 220 y 236 de este Código respectivamente, o para obtener algún beneficio económico.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente con carácter de urgente y obvia resolución, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, implemente una estrategia de combate y prevención del delito de secuestro en coordinación con el Gobierno Federal, que incluya la participación directa de organizaciones de la sociedad civil.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través, de la Unidad Especializada Antisecuestros, informen a esta Soberanía sobre los resultados obtenidos mensualmente desde su creación en junio de 2009 hasta el mes de abril de 2014, y sobre el ejercicio de recursos económicos y humanos con que cuenta, así como las medidas implementadas y los resultados en materia de control de confianza de sus elementos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
a 7 de mayo de 2014.

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Sen. Jorge Luis Lavalle Maury”.






De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar lo relativo al "Programa IMSS-Oportunidades" e implementar las acciones que garanticen la cobertura a los estados que presentan el índice más alto de la población sin acceso a los servicios de salud. Se turna a la Tercera Comisión.








De los CC. Diputados José Luis Muñoz Soria, Fernando Belaunzarán Méndez y Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo que solicita al director de Petróleos Mexicanos un informe sobre la “Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California Sur”. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE PEMEX, C. EMILIO LOZOYA AUSTIN, RINDA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA “CONSTRUCCION DEL MUELLE EN LA RESIDENCIA DE OPERACIONES PORTUARIAS DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR”, POR 178.08 MILLONES DE PESOS APROBADOS Y NO EJERCIDOS EN 2011 Y POR 10.4 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES A PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS EN EL MISMO EJERCICIO; ASI COMO A LA EMPRESA “I.I.I. SERVICIOS, S.A. DE C.V.” ENCARGADA DE LA CONSTRUCCION DEL MUELLE, RINDA UN INFORME SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS EN MENCION. (EMPRESA QUE CONSTRUYO LA“ESTELA DE LUZ”)

“Los suscritos diputados, JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA, FERNANDO BELAUZARÁN MÉNDEZ y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente, punto de Acuerdo con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

1° La terminal de Pemex Refinación de la Paz, Baja California Sur, se compone de dos muelles con una disposición en “T”, que están estructurados a base de pilotes de concreto armado al igual que la superestructura. Los muelles 1 y 2 fueron construidos en 1943 y 1979 respectivamente; estos son utilizados para la descarga de combustóleo y combustibles depositados en las instalaciones de almacenamiento y distribución ubicados en la parte noroeste de la terminal.

2° La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario (GOMP), es la que se encarga entre otras funciones, de mantener, controlar y mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento y obras de sus centros de trabajo y, de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de las terminales marítimas.

3° En 2007, la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario, registró el proyecto número 0718T4M0005 “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias la Paz, Baja California Sur”, a fin de cubrir la necesidad de no contar con terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias con muelles en buen estado, debido a que son un factor determinante en el costo de la distribución.

4° La naturaleza del proyecto surgió con la finalidad de garantizar el abastecimiento de productos y el cumplimiento de programas de suministros con calidad, cantidad y oportunidad establecidas, con la tendencia de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de la Residencia de Operaciones Marítimas de La Paz, Baja California Sur, y en congruencia, maximizar la rentabilidad de su operación, cuidando cumplir los aspectos de seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional.

5° El proyecto residencia de operación de terminales marítimas portuarias, muelle de Pemex, se encuentra ubicado en la carretera a Pichilingue kilómetro 8.5, Código Postal 23010, Punta Prieta, La Paz, Baja California Sur.

6° En 2008 Pemex Refinación convocó a la Licitación Pública Internacional número 18576176-018-08 para la ejecución de la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur,  lo anterior de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

Artículo 28. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I …

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, y

III …

7°   La licitación número 18576176-018-08 fue declarada como desierta por no contar con proposiciones solventes, con lo que se dio origen a que el 1° de marzo de 2011, se llevara a cabo convocatoria para el procedimiento de la Licitación Pública Nacional Mixta núm. 18400004-002-11, de conformidad con el artículo 28, fracción tercera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público párrafo tercero como dice:

III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:

a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o

b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.

En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta.

8° El 26 de noviembre de 2010 Pemex Refinación adjudicó directamente a “Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A de C.V.”, filial de Pemex, el contrato número GCM-SC-III-048/10, para ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su total terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y control de la obra para la construcción del muelle La Paz, con un monto de 347.9 millones de pesos y un periodo de ejecución de 698 días naturales del 26 de noviembre de 2010 al 23 de octubre de 2012.

9° Con base en el Convenio Marco celebrado el 5 de enero de 2010 entre Pemex y “I.I.I. Servicios S.A. de C.V.”, para establecer las bases generales sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos y gestoría, la empresa “I.I.I. Servicios S.A. de C.V.” llevó a cabo en representación de ésta última el 1 de marzo de 2011, la convocatoria correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta número 18400004-002-11, para la ejecución de la Construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, para atacar buques tanque hasta de 50 MTPM; procedimiento que fue declarado desierto el 6 de mayo de 2011, debido a que la totalidad de las 11 proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en las bases de licitación.

10° El 6 de mayo de 2011, “I.I.I: Servicios, S.A. de C.V.” inicio el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número IO-018TXS001-N66-2011, para la realización de la obra, y adjudico el contrato III-EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio de 2011, al consorcio “Blastinaval de México, S.A. de C.V.”, “Oceanografía, S.A. de C.V.” y “Proyectos y Medio Ambiente, S.A. de C.V:”, por un monto de 229.6 millones de pesos más IVA y un periodo de ejecución de 560 días naturales, comprendido del 7 de junio de 2011 al 17 de diciembre de 2012. 

CONSIDERACIONES

A) Los procedimientos celebrados por “I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.” se llevaron a cabo en contravención a lo establecido en el Convenio Marco celebrado entre esta y Pemex, en su segunda clausula, que indica:

“El presente convenio marco tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre las partes, sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos, y gestoría por parte de I.I.I. Servicios S.A. de C.V. a Pemex”

Lo anterior, a razón de que dicho convenio no faculta a la empresa a realizar actividades relacionadas con la adjudicación y contratación para la construcción de ningún tipo de obras.

B) En el ejercicio de 2011, se aprobaron recursos para los trabajos de construcción de muelle, por un importe de 171.2 millones de pesos, sin embargo la Cuenta Hacendaria Pública Federal de 2011 reportó como aprobado un importe de 178.08 millones de pesos, de los cuales, para el ejercicio 2011, Pemex refinación no reportó monto ejercido, por lo que se aprecia un subejercicio del 100%, ya que no se cuenta con evidencia documental de adecuaciones presupuestales con cargo a ese proyecto y se corre riesgo de que prescriba la disponibilidad de los recursos.

C) El reporte de avance de obra Muelle de Operaciones Portuarias la Paz, Baja California Sur al 31 de marzo de 2012, tuvo un avance físico del 9.33%, respecto al 71.41% programado.

D) A marzo 2012, no se habían impuesto penalizaciones por el retraso en avance de obra, en contravención de la cláusula decima sexta de penas convencionales; importe que al cierre del ejercicio 2011, ascendió a 10.4 millones de pesos pendientes de aplicar.

E) Se realizó un contrato marco de Pemex con “I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.”, a pesar de que esta empresa se vio envuelta en malos manejos económicos, durante la realización del monumento bicentenario denominado “estela de luz”, y sobre la cual, la Auditoría Superior de la Federación, emitió dictamen negativo en la auditoría que le fue practicada en relación con la cuenta pública del ejercicio 2011.1

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al director de Petróleos Mexicanos C. Emilio Lozoya Austin, envíe en un plazo no mayor de 10 días hábiles, un informe a esta Soberanía, que contenga:

• El documento mediante el cual se le da la facultad a “I.I.I. Servicios S.A. de C.V.”, para realizar licitaciones a nombre de Pemex; así como los nombres y puesto por quienes fue firmado;

• Avance, que a la fecha presenta el Proyecto “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz Baja California Sur”;

• El importe de las penas convencionales cobradas y por ejercer, respecto del retraso en el avance de obra;

• El status actual de los 178.08 millones de pesos asignados en el presupuesto 2011, para la construcción del muelle;

• Los rendimientos financieros que se han generado a la fecha, sobre el importe presupuestado en 2011.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la empresa “I.l.I. Servicios S.A. de C.V.”, que como persona moral administradora y ejecutora de recursos públicos, envíe un informe sobre el grado de avance que a la fecha representa el proyecto “Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz Baja California Sur”; el importe de recursos económicos que a la fecha ha recibido por parte de Pemex, importe de penas convencionales pagadas y pendientes de pago por el retraso de avances; así como la fecha estimada para entrega de la obra concluida al 100%.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de mayo de 2014

Suscriben

Dip. José Luis Muñoz Soria.- Dip. Fernando Belauzarán Méndez.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.

1 Fuente: informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011.





Del C. Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a formar un consejo redactor plural e interinstitucional a fin de elaborar la propuesta de reforma de derechos de los pueblos indígenas. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN PARA EL DIÁLOGO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO DE LA SEGOB Y A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A FORMAR UN CONSEJO REDACTOR PLURAL E INTERINSTITUCIONAL A FIN DE ELABORAR LA PROPUESTA DE REFORMA DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

“El suscrito, diputado indígena CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. México se caracteriza por tener un mosaico multicultural en su territorio, realidad que se refleja en las manifestaciones lingüísticas, sociales, culturales y políticas que se dan en las distintas entidades federativas. La riqueza de su patrimonio cultural, tangible e intangible, se deben a sus pueblos y comunidades indígenas.

2. Desde finales de la década de los ochenta, el movimiento indígena colocó en la agenda nacional el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas contenidos en los instrumentos internacionales. Pese a ello, se aprobó en 2001, una limitada reforma legislativa en la materia que remitió el reconocimiento de los sujetos del derecho a las legislaturas estatales.

3. Esta reforma ignoró los compromisos signados entre el Gobierno Federal y el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), contenidos en los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, los cuales se reflejaron en la Iniciativa de Ley en Derechos y Cultura Indígena, presentada en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación en el Congreso de la Unión.

4. Los pueblos indígenas tienen una población aproximada de 15.7 millones de los 112.33 millones de habitantes que viven en México, es decir, el 14% de la población total del país, ocupando el 8º lugar en el contexto mundial en población indígena y el primero en América Latina.

5. Los pueblos indígenas con mayor población son, en primer lugar, el pueblo náhuatl con 2’248,470, lo que representa el 22.8% del total de la población indígena; mientras que el pueblo maya tiene una población de 1’403,636, es decir, el 14.2% de los indígenas. Le sigue en tercer y cuarto lugar el pueblo zapoteco y mixteco con una población de 682,552 y 662,363, lo que significa que tienen un porcentaje de 6.9 y 6.7 respectivamente, en tanto que el Otomí ocupa el lugar quinto con una población de 526,876, lo que indica un 5.3%. El sexto y séptimo lugar se registran para el pueblo tzeltal y tzotzil con 482,244 y 429,964 correspondientemente, esto es el 4.9% y 4.4%. En tanto que el pueblo Teenek tiene una población de 215,500 personas, lo que representa el 2.2%% de la población total.

5. La realidad en que viven los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país es de pobreza, marginación, desempleo, bajos salarios. Más de la mitad vive en municipios con alta y muy alta marginación; una tercera parte trabaja en el sector primario; 72.5% no disfrutan de servicios de salud; 70.2% la población entre 6 y 24 años son analfabetas o no asisten a la escuela; más de la mitad carece de infraestructura básica (Coneval y ENIGH).

6. Los bajos índices de desarrollo humano de los pueblos indígenas y la falta de infraestructura básica, ponen de manifiesto los grandes contrastes de un enfoque centralista y socialmente omiso, que por un lado alcanza índices equiparables a países de primer mundo y por otro lado índices similares a los más bajos en la escala mundial, de acuerdo con el Indice de Desarrollo Humano en México, 2011, PNUD.

7. No basta con que los pueblos indígenas se reconozcan como propietarios y poseedores de sus territorios, de la biodiversidad que albergan o de los recursos susceptibles de aprovechamiento, la verdadera autonomía implica el derecho primigenio de usar, administrar y beneficiarse de dichos recursos con el apoyo y financiamiento de las dependencias gubernamentales o de usufructuar esos derechos y recursos al autorizar y convenir la asignación de su aprovechamiento a terceros que no solo deberán garantizarles beneficios económicos, sino sociales y tecnológicos, lo que significa una distribución de beneficios de uso y usufructo.

8. Existen 26 regiones que organizan a los pueblos indígenas según el tipo de municipio: 1) 655 municipios netamente indígenas, de los cuales 481 tienen más de 70 por ciento, y 174 de 40 a 70 por ciento de población de indígena. Estos 655 “municipios indígenas” tienen un territorio de 25,866,726 hectáreas, esto es, 13.3 por ciento del territorio nacional.

9. Aparte de estos 655 municipios de pueblos indígenas y de acuerdo con la CDI, existen 190 municipios “con presencia de población indígena”, mismos que concentran 3.2 millones de indígenas; y, por último, existen 1 572 municipios con población indígena dispersa o sin población indígena que suman 934 943 indígenas (Serrano, 2006).

10. La propiedad social y privada en los territorios de los pueblos indígenas de nuestro país poseen un total de 6,081 polígonos de ejidos y bienes comunales, esto significa un total de 28’033,092 hectáreas, lo que representa el 14.3 por ciento del territorio nacional, de las cuales 21’080,248 hectáreas son ejidos o bienes comunales, en tanto que el resto (6’952,845 hectáreas) son propiedad privada.

11. Asimismo, en estos territorios de pueblos indígenas se captan anualmente 364,387.47 Mm3 de agua en promedio anual, esto representa 23.3 por ciento del total de captación vertical nacional de agua. Si se descuenta la evo-transpiración, los territorios de los pueblos indígenas suministran 121 462.49 Mm3 de agua, misma que sirve para el abasto de los territorios, para el equilibrio de los ecosistemas y para la sociedad en general. Además, en estos territorios se ubican en las cabezas de cuencas, ahí donde principalmente están las categorías 1, 2 y 3 dentro de la clasificación de Strahler-Holton, es decir, donde se captura el agua y adquiere la mayor velocidad en el escurrimiento, y que reciben un impacto directo de eventos extraordinarios, como los huracanes o tormentas tropicales.

12. En los territorios indígenas se captura el agua para la mayoría de las presas que en el norte del país forman los distritos de riego de la agricultura de alto rendimiento y de sistemas importantes para la generación de electricidad. Asimismo, ciudades importantes, incluyendo el Distrito Federal, son abastecidas de agua parcial o totalmente por los pueblos indígenas. Sin embargo, no existen prácticamente procesos compensatorios para los pueblos indígenas por este servicio. En este sentido, llama la atención que no haya una clara política pública (compensatoria) con relación a los pueblos indígenas para que conserven la salud de los ecosistemas de estas cabeceras de cuenca en sus territorios.

13. El tema del agua es altamente conflictivo y contradictorio en la calidad de vida, por ejemplo, en el año 2000, 42% de hogares indígenas carecían de agua entubada y 70% carecía de servicios de saneamiento de las aguas servidas (Peña, 2004: 93). En la administración del agua, los usuarios (las comunidades) entregan su trabajo gratis para generar la infraestructura del abastecimiento, es decir, los pueblos indígenas no obtienen remuneración alguna.

14. Con respecto a los tipos de vegetación que existen en los territorios indígenas, en estos se presentan 45 tipos. Más de 50% de las selvas medianas caducifolias, perennifolias, mediana subcaducifolias, vegetación de los petenes, así como los bosques mesófilos de montaña se encuentran en territorios de los pueblos indígenas.

15. Los diversos tipos de vegetación y usos de suelo en las regiones indígenas, se observa que los bosques, selvas y matorrales con vegetación primaria ocupan cerca de 32.8% de la superficie total, la vegetación secundaria 43.6%; mientras que el área destinada al uso pecuario es 11.3%, el agrícola 12.2 por ciento, es decir, en las zonas indígenas más de 76% de la superficie conserva una cubierta vegetal natural.

16. Si hemos de considerar a la vegetación secundaria herbácea y arbustiva como un indicador de perturbación, podemos hablar de un promedio de 27.2% de áreas fuertemente impactadas. Como se trata de áreas dinámicas, las 10,638,561 hectáreas de vegetación secundaria incluyendo la arbórea con cara hacia el futuro tienen un potencial invaluable de captura de carbono.

17. De los territorios indígenas, 40% pertenece a alguna Regiones Terrestres Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, lo que nos confirma la extraordinaria importancia que tienen los pueblos indígenas para la conservación de la diversidad biológica. Los criterios que permitieron la definición espacial y cualitativa de los valores de la diversidad biológica por parte del grupo de expertos fueron: diversidad ecosistémica, tipos de vegetación primaria, integridad ecológica funcional, función como corredor biológico, fenómenos naturales extraordinarios, presencia de endemismos, riqueza específica, función como centro de origen y diversificación natural, función como centro de domesticación de especies útiles, pérdida de superficie original, nivel de fragmentación, cambios de densidad poblacional, presión sobre especies clave, concentración de especies en riesgo, prácticas de manejo inadecuado, proporción del área bajo manejo adecuado, importancia por servicios ambientales y presencia de grupos organizados.

18. En este contexto, el Ejecutivo Federal ha reconocido la situación actual de los pueblos indígenas en la que se encuentran. Incluso, ha manifestado y ha anunciado su voluntad de realizar una “Reforma de Gran Calado en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas”, establecido en los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Gobernación.

19. En el Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática de la Meta Nacional “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece en una de sus Estrategias, 1.1.4. Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo, en donde se estipula la línea de acción de: “Impulsar un “Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas de México”, que contemple los instrumentos necesarios para su implementación”.1

20. En correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaria de Gobernación en su Programa Sectorial instituye en su línea de acción 1.5.3. Impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena. Promoviendo la participación indígena en procesos de construcción de acuerdos y elaboración de iniciativas de ley, que permitan la armonización del marco constitucional mexicano con las disposiciones nacionales e internacionales vigentes. Lo anterior a través de protocolos de trabajo que garanticen el respeto pleno de los derechos constitucionales en favor de los pueblos y comunidades indígenas de México.2

21. Aunado a lo anterior, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conformado por 87 países, emitió 176 Recomendaciones al gobierno mexicano donde se especificó que a los Pueblos indígenas se les debe de: “Garantizar [la] consulta plenamente a las comunidades indígenas durante la elaboración y la aplicación de las políticas dirigidas a fortalecer su acceso a vivienda, atención médica, educación, agua y otros servicios esenciales”. Así como a “Garantizar [la] consulta plenamente a las comunidades indígenas sobre los proyectos de desarrollo o de explotación de recursos que afecten a sus tierras ancestrales, con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

22. Es por ello que le tomamos la palabra al Ejecutivo Federal de realizar una reforma de gran calado en materia de pueblos indígenas, la cual tendría que contener reformas constitucionales y de leyes secundarias, contemplando la recomendación de Naciones Unidas de armonizar la legislación nacional con el derecho internacional sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de garantizar y salvaguardar el derecho a la autonomía y la libre-determinación.

23. Para dicho fin se propone la creación de un Consejo Redactor conformado por representantes indígenas, intelectuales indígenas, diputados y senadores de las Comisiones de Asuntos Indígenas, académicos, especialistas, representantes de las instituciones de la administración pública federal y los hacedores de políticas públicas en materia de pueblos indígenas, a fin de construir una la propuesta de reforma de gran calado en materia de derechos colectivos de pueblos indígenas.

24. Sin lugar a dudas, éste Consejo Redactor tendría que retomar las propuestas planteadas en los Acuerdos de San Andrés, los derechos pendientes por legislar en el Artículo Segundo Constitucional; a fin de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos derecho público; armonizar la Carta Magna con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el CBD, RAMSAR, CMNUCC, así como reconocer la comunidad como cuarto nivel gobierno y su derecho de representación política en el Poder Legislativo;

25. Otros de los temas pendientes tienen que ver con la propuesta de reformar el Artículo 26 Constitucional, a fin de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la participación en la construcción del plan nacional de desarrollo bajo las modalidades idóneas y los mecanismos pertinentes que les garanticen el ejercicio pleno de dicho derecho en los distintos órdenes de gobierno. Lo que significaría establecer mecanismos participativos de diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y estrategias de desarrollo desde las propias comunidades.

26. Asimismo, también se tendría que buscar mecanismos que garanticen a los pueblos indígenas el diseño, operación y evaluación de sus propios programas de desarrollo y la planeación participativa de las comunidades indígenas en la definición del desarrollo, a fin de salvaguardar la participación plena y efectiva; proponiendo el reconocimiento jurídico de los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, a fin de fortalecer los derechos de propiedad y posesión de estos sobre sus bienes, fortaleciendo los derechos de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus bienes, uso, exploración y aprovechamiento de los recursos naturales.

27. Está pendiente formular una ley reglamentaria del pluralismo jurídico y una reforma en materia de extracción metalúrgica (minería) y pueblos indígenas. Lo que significa reformar la Ley Minera; la Ley General de Bienes Nacionales; Ley Agraria; Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley Federal de Derechos y la Carta Magna. Así como a consolidar esquemas de inversión social, ahorro y participación de terceros para incentivar la generación de cadenas de valor en los territorios indígenas, que procuren ingresos a la población, opciones de empleo y generación de riqueza bajo principios de una cultura empresarial indígena, y de beneficios colectivos que trasciendan lo económico. Priorizando la participación de la población indígena en los esquemas de aprovechamiento agrícola, pecuario, silvícola, acuícola, y de servicios en sus propios territorios. Proponer iniciativa de reforma en materia de minería y pueblos indígenas.

28. Una reforma de gran calado tendría que ir acompañada del fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas, promoviendo el incremento del presupuesto indígena en materia de igualdad y equidad de género, a fin de diseñar políticas públicas que erradiquen la muerte materna, afianzando la salvaguarda de los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres indígenas. Así como a robustecer el derecho a la participación de las mujeres indígenas en espacios públicos y de representación popular. A establecer normatividad secundaria para que en las comunidades indígenas se le dé certeza y garantías a la mujer indígena a poseer la tierra, empadronando a las mismas en los padrones de ejidatarios y comuneros. Asimismo, a legislar a favor de las mujeres indígenas que se insertan en el trabajo y servicio doméstico.

29. También tendrían que considerar el tema de Aguas Nacionales para modificar el tema de las competencias locales, en especial, sobre el procedimiento del otorgamiento de las concesiones, así como el otorgamiento de las concesiones del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Incluso, reformar el Artículo 27 Constitucional en concordancia con la Ley Minera, en materia de exploración y aprovechamiento de los recursos del subsuelo, así como el reconocimiento de los territorios indígenas.

30. Igualmente, tendrían que revisar los alcances y repercusiones que contienen la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la ley de Cambio Climático y la planeación de las estrategias nacionales de adaptación, mitigación al Cambio Climático y de REDD al amparo de la resolución de la corte de elevar a rango constitucional el alcance de los derechos humanos dentro de los que se encuentran los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, está pendiente proponer una iniciativa en materia de Propiedad intelectual, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional de los pueblos y Comunidades Indígenas.

31. Otros derechos pendientes tienen que ver con la procuración de justicia, a fin de garantizar el acceso y la impartición de justicia equitativa y transparente. Se tendría que revisar lo estipulado en el Código Penal Federal para que se garantice el acceso a la justicia a los indígenas de acuerdo al reconocimiento de la pluralidad jurídica, los sistemas normativos indígenas, la seguridad comunitaria y las policías comunitarias. Asimismo, afianzar el acceso a la justicia asistida por traductores, defensores, jueces e intérpretes, que conozcan las prácticas culturales, sociales y políticas de las comunidades.

32. El tema de la justicia electoral es otro pendiente que se tiene que retomar, incluso algunos intelectuales indígenas proponían la constitución de una sala especializada en derecho consuetudinario como parte de la estructura orgánica del Tribunal Estatal Electoral que se sujete a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.

33. El Consejo deberá tomar en cuenta armonizar los derechos de los jóvenes indígenas; promoviendo un sistema de educación indígena con pertinencia cultural; reformando la Ley General de Educación para que se incorpore la perspectiva intercultural en todos los niveles de educación. Fortalecer los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

34. Asimismo, está pendiente el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, a fin de que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. Crear un consejo ciudadano de la comunicación indígena o del Ombudsman de la comunicación indígena. Salvaguardar los derechos de los comunicadores indígenas. Además de frenar el desmantelamiento a los medios de comunicación indígena y agresiones a periodistas. Proponer leyes secundarias que resuelvan problemáticas referentes al procedimiento de refrendo con licitación, la convergencia, el fortalecimiento del órgano regulador y de los medios públicos, el reconocimiento de las radios indígenas y comunitarias. Acceso a los medios de comunicación públicos convencionales, así como a la posesión y administración de los medios de comunicación.

35. El Consejo Redactor tendría que elaborar un borrador de iniciativa de Ley de Consulta con consentimiento, libre, previo e informado para los pueblos indígenas. Iniciativa que fortalecerá los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas a través de normar la consulta en materia administrativa y legislativa, a fin de que puedan decidir sobre sus propias prioridades en lo que corresponda al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. O, simplemente, cuando se trate de megaproyectos de inversión que afecten s los pueblos indígenas, se les consultarán con el objetivo de lograr el consentimiento libre, previo e informado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente proposición a fin de que se impulsen reformas legislativas necesarias para garantizar y hacer exigible el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas desde su propia perspectiva, por ello, someto a la consideración del pleno el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a conformar, de manera conjunta y urgente, un Consejo Redactor Plural e Interinstitucional para la elaboración de la propuesta de Reforma de Derechos de los Pueblos Indígenas. Consejo Redactor que deberá estar integrado por representantes de pueblos indígenas, intelectuales, legisladores, académicos, especialistas y hacedores de políticas públicas.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a que el propuesto Consejo Redactor elabore un anteproyecto que pondrá a consideración del Poder Ejecutivo y Legislativo, los cuales a su vez someterán la propuesta de Reforma de Derechos de los Pueblos Indígenas a la correspondiente consulta de los pueblos y comunidades indígenas, bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado.

NOTAS

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República Mexicana, http://pnd.gob.mx/

2 Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, Diario Oficial de la Federación (Primera Sección), jueves 12 de diciembre de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente,
a 7 de mayo de 2014.

Dip. Carlos de Jesús Alejandro.- Dip. Guillermo Sánchez Torres”.






De los CC. Diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo sobre la presunta existencia de una red de trata de personas en la ciudad de México y las medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad de la Directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz y su equipo de colaboradoras y colaboradores. Se turna a la Primera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION SOBRE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE UNA RED DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MEXICO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA DIRECTORA DE LA COALICION REGIONAL CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CATWLAC) MTRA. TERESA ULLOA ZIAURRIZ Y SU EQUIPO DE COLABORADORAS Y COLABORADORES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA Y FERNANDO BELAUNZARAN MENDEZ AMBOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA y FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las

CONSIDERACIONES

En días recientes tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación de una investigación periodística, que mostró a la opinión pública la  existencia de una presunta red de trata de personas y explotación sexual presumiblemente operada por el presidente con licencia del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

En el contexto de esos hechos, los medios de comunicación también dieron  cuenta de las declaraciones de Aída Beltrán, presidenta del PRI en Azcapotzalco, y de Leticia Alvarez, presidenta del PRI en la delegación Cuauhtémoc, quienes denunciaron supuestas amenazadas vía telefónica  por parte de la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, quien aparentemente les exigió que declararan en contra del presidente con licencia del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y quienes afirmaron también que el auto de una de ellas fue rayado con la frase “puta declara o te chingas”.

Al respecto, la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC, por sus siglas en inglés), desmintió las acusaciones y negó categóricamente dicha afirmación. Manifestó desconocer a ambas mujeres, hasta el pasado 23 de abril fecha en la que señaló se presentaron ante su organización con nombres falsos para solicitar ayuda, fingiendo ser víctimas en un asunto muy grave que aparentemente llevarían a litigio.

Posteriormente, la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz y su equipo sufrieron las acusaciones en su contra así como otras situaciones intimidatorias que consideramos inaceptables y que deben ser investigadas por las autoridades competentes. 

La manera en la que se han desarrollado estos hechos, nos hacen presumir que es una estrategia deliberada que busca desprestigiar a la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz,  quien es una respetable y conocida abogada, con una impecable trayectoria de más 45 años de trabajo en el tema de formas contemporáneas de esclavitud, así como en la atención y defensa de las personas víctimas de trata y explotación sexual, esfuerzo que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales e incluso su experiencia y conocimiento han sido gran aporte durante los trabajos legislativos para conformar el marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar el flagelo de la trata de personas en México.

Sabemos que toda esta situación ha colocado a la Mtra. Teresa Ulloa Ziáurriz y a su equipo de colaboradoras en un estado de mayor riesgo y alta vulnerabilidad, pues es muy probable que ese montaje y las difamaciones formen parte de una estrategia que busca inhibir el trabajo de las defensoras de derechos humanos y desprestigiar a la organización CATWLAC para generar desconfianza y así evitar que las mujeres víctimas de esta presunta red de trata liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez, se atrevan a declarar.

Consideramos que este asunto ha generado situaciones delicadas que requieren ser atendidas de inmediato ya que han colocado en grave riesgo tanto a las probables víctimas como a sus defensoras, aunado a que de la información pública que se conoce del caso se desprende la existencia de elementos suficientes para que la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, atraiga las investigaciones relacionadas con la presunta red de trata de mujeres liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas despliegue las medidas de protección a las víctimas y sus defensoras.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo, que por la naturaleza de los hechos, considero de urgente y obvia resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el caso de la presunta existencia de una red de trata de personas y explotación sexual liderada por el C. Cuauhtémoc Gutiérrez, lleve a cabo el desglose de los hechos y remita a la Procuraduría General de la República aquellos que resulten ser de competencia federal.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata De Personas de la Subprocuraduría De Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que en el caso de la presunta red de trata de mujeres en la Ciudad de México, liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez y  de acuerdo a sus competencias  adopten las medidas de protección adecuadas para garantizar la vida y seguridad de las víctimas, sus familiares, así como de la directora de la Coalición Regional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Mtra. Teresa Ulloa, y de su equipo de colaboradoras y colaboradores.

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Procuraduría General de Justicia del Distrito  Federal para que inicie una investigación sobre las presuntas amenazas en contra de Aída Beltrán, presidenta del PRI en la delegación  Azcapotzalco, y de Leticia Alvarez, presidenta del PRI en la delegación Cuauhtémoc para que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, 7 de mayo de 2014

Suscriben

Dip. Martha Lucía Mícher Camarena.- Dip. Fernando Belaunzarán Méndez”.






Del C. Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Nayarit a respetar el derecho del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas Coras, Wixáricas, Tepehuanos y Mexicaneros de Nayarit. Se turna a la Segunda Comisión.

PUNTOS DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y DE NAYARIT A RESPETAR EL DERECHO DEL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS CORAS, WIXARICAS, TEPEHUANOS Y MEXICANEROS DE NAYARIT

“El suscrito diputado CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO por la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Representantes indígenas coras, wixáricas, tepehuanos y mexicaneros del Consejo Intercomunitario por un Río Libre, la organización Sumar y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en días pasados denunciaron ante diputadas y diputados que integran la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir La Presa Hidroeléctrica Las Cruces, sobre el cause del río San Pedro Mezquital, en el poblado serrano de San Pedro Ixcatán y Presidio de los Reyes, eminentemente indígenas, al norte de Nayarit.

En la actualidad Nayarit ya cuenta con tres grandes hidroeléctricas (Aguamilpa, El Cajón y La Yesca) sobre el Río Santiago, cuyos graves impactos ambientales no se ha hecho cargo la CFE.

Las y los indígenas manifiestan su alta preocupación porque aducen que La Presa Hidroeléctrica Las Cruces, de concretarse el proyecto afectará de forma grave e irreparable, su  pesca ribereña; inundará 11 sitios sagrados y ceremoniales donde se realizan rituales y oraciones en sus propias lenguas indígenas, entre estos Muxatena; su espiritualidad y cultura ancestral; su forma tradicional de vida; su organización, sus recursos materiales e inmateriales que como pueblos indígenas mantienen desde tiempos inmemoriales.

Señalan, además, que las crecidas del río San Pedro Mezquital desaparecerán con la presa y las cuales son cruciales para 9,600 productores a lo largo de la cuenca, generando 12 mil empleos directos y 1,297 millones de pesos anuales que benefician directamente a más de 20 comunidades.

Los agricultores son 7,500 quienes generan 6,400 empleos directos y obtienen anualmente poco más de mil millones de pesos.

Aunado a ello los cambios de salinidad del agua en Marismas Nacionales afectarán el cultivo del ostión, al modificar la dinámica de inundación en la planicie costera y régimen de caudal natural, y prevé la modificación de la calidad del agua que también podría afectar a especies con valor económico como el ostión y el camarón.

Cabe indicar que indígenas, campesinos y pescadores, han tenido reunión pública de información convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que la CFE explique en qué consiste el proyecto y los beneficios del plan integral de la construcción de la obra que planea realizar sobre el cauce del río San Pedro, hasta el momento de todo el país, el único que corre libre.

Los representantes de la CFE expresaron que en la obra se invertirán 7 mil 795 millones de pesos, generará 10 mil empleos en cinco años y está proyectada a 50 años de uso. Además prometen empleos, obras complementarias, como calles empedradas de las poblaciones.

Organizaciones ambientalistas, las comunidades indígenas, así como investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit no están convencidos de los argumentos de la CFE y han cuestionado “la deficiente manifestación de impacto ambiental (MIA) pues no refleja un estudio profundo.”

Mientras los pescadores de Palma Grande, municipio de Tuxpan han manifestado que sólo de esta localidad serían afectados 427 familias de pescadores, toda vez que la presa retendrá el sedimento que ayuda a que el camarón y el pescado se reproduzcan en su habitad, actividad que ayuda a su sobrevivencia de todas las familias.

A su vez habitantes indígenas de Boca de Camichín, municipio de Santiago Ixcuintla, han expuesto que cada año extraen mil toneladas de ostión de siembra, más 500 que se dan en bancos naturales de la rivera y se generan mil empleos directos pero que con la posible construcción de la presa les afectará de forma directa y han hecho saber que son miles de personas las que se oponen a la obra.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable Núcleo Nayarit, recomendó hacer estudios de mayor amplitud, que la MIA solvente las dudas planteadas por grupos ecologistas, investigadores y se escuche la voz de los pueblos y las comunidades.

También pobladores de San Blasito, municipio de Acaponeta, se han sumado al rechazo de la construcción de la presa con la que el pueblo sería inundado.

De esta manera el mismo secretario de Gobierno, José Trinidad Espinosa Vargas, ha manifestado en alguna reunión con los potenciales- afectados que el gobierno es el principal interesado en que la gente sepa cómo se desarrollará esta obra, “sabe que la MIA debe cumplirse a cabalidad, de lo contrario el gobierno del estado no apoyará la construcción”. Esto no es una cuestión política sino de que haya beneficios para todos. El secretario de gobierno ha lamentado la desinformación que gira en torno al proyecto, y tampoco se carezca de “un modelo de comunicación social apropiada para que la gente conozca la obra, ha dicho que se debe trabajar con la gente de aquí…la que obtendrá los beneficios o los perjuicios de la hidroeléctrica”

Hasta el momento a faltado información objetiva y transparente en torno al Proyecto Hidroeléctrico que la CFE promueve en la sierra de Nayarit.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han dado seguimiento de la situación de este caso delicado, con observadores que han escuchado a los pobladores, pescadores, comuneros y representantes de organizaciones no gubernamentales, que han advertido sobre los daños al medio ambiente, la salud, economía local, cultura, espiritualidad indígena y destrucción de sitios ceremoniales sagrados que ocasionaría la construcción de la presa de un afluente que desemboca a la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, lugar que alberga el 20 por ciento de los manglares de México.

Los pueblos y comunidades como se ha dicho de forma reiterada tienen un derecho fundamental que es la consulta  previo, libre e informado, que de acuerdo con informes relatores especiales de la ONU en la materia, indican que son aspectos básicos para llegar a un acuerdo final luego de un proceso de consulta con los pueblos y comunidades. Libre porque no debe haber coerción, intimidación y manipulación; previo porque se obtiene el consentimiento con antelación a cualquier implementación legislativa o administrativa, que este sería el caso, y que se han respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consulta y consensos necesarios entre los implicados y finalmente informado porque implica el suministro de la totalidad de la información requerida, siempre con anterioridad a la consulta.

Hay que agregar que la información debe ser traducida de forma apropiada o pertinente culturalmente, toda vez que las comunidades indígenas en su mayoría son monolingües y analfabetas, por lo que en efecto también entre otras cosas se necesita un verdadero modelo de comunicación pluricultural para desechar todo vicio de información y consentimiento.

En tanto que la pertinencia cultural es necesaria y aplicarla porque es un derecho inherente a los derechos humanos que se traduce en mecanismos que permiten identificar y reflexionar sobre aspectos de la discriminación, desigualdad y exclusión que se aplica generalmente contra los pueblos y comunidades indígenas. Es decir que en toda acción del gobierno se debe considerar la perspectiva intercultural conseguir avanzar hacia la construcción de la convivencia intercultural.

Pero la convivencia intercultural no se construye con la imposición de proyectos que pueden ser ajenos a la cosmovisión y vida comunitaria de las comunidades indígenas, más aún que se trata de algo muy sagrado, como lo es la tierra y los recursos naturales que están íntimamente relacionados con la cultura, vida, idiosincrasia, costumbres y tradiciones de los pueblos ancestrales siempre en un marco colectivo de derechos.

Los derechos a la libre determinación, cultura, autonomía y las tierras, llevan consigo la protección de sus conocimientos, saberes y técnicas tradicionales y patrimonio cultural, pero estos no se protegen sino cuentan con sus propios espacios históricos.

No dejemos que escale un conflicto de imprevisibles consecuencias.  Los tres niveles de gobierno están obligados al cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones que contribuyen al respeto de los derechos humanos básicos, del mismo modo la Comisión y la Corte Intereamericana de Derechos Humanos ha hecho contribuciones de gran magnitud e impacto social para nuestro derecho interno.

Asimismo, una posible imposición y afectación a siete municipios de comunidades coras, tepehuanos, huicholes y mexicaneros violaría el artículo primero constitucional en donde se reconoce, entre otros, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales, mismo que en su artículo 6, establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Bajo este tenor, el sistema interamericano, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha recomendado a los Estados garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas que sean susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que la consulta debe estar dirigida para obtener el consentimiento libre, previo e informado frente a las acciones administrativas o legislativas que tengan un impacto sobre sus derechos. Ejemplo de ello, son las sentencias en los casos de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay; Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay; Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam; y el caso 12.053, Comunidades Mayas en el Distrito de Toledo vs. Belice.

Precisa la CIDH que el derecho a la consulta y el deber estatal correlativo, son vinculantes con múltiples derechos humanos individuales y colectivos, lo que implica una participación activa y efectiva de los pueblos indígenas antes de la aprobación e implementación de acciones que pudiesen afectarlos, esto en concordancia con la jurisprudencia interamericana.

Además, la Corte Interamericana ha establecido claramente que las reglas que son vinculantes en materia del derecho a la consulta, emitidas en la sentencia recaída en el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, son: las referidas a las condiciones que el Estado debe observar las razones para la explotación de los recursos naturales en territorios de pueblos indígenas cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión; y las referidas a las características mínimas que debe tener el proceso de consulta, como es el caso de la construcción de la presa Las Cruces.

De acuerdo con la CIDH, los criterios que permiten determinar si un proyecto, plan de desarrollo o inversión tendrá un impacto significativo en un territorio protegido y si las comunidades tendrán que enfrentar cambios culturales, sociales y económicos profundos, son los siguientes: 1. la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2. el desalojo; 3. la migración; 4. el posible reasentamiento; 5. el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 6. la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 7. la desorganización social y comunitaria; 8. los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración; 9. el abuso y la violencia, entre otros.

Cabe destacar que en muchos países ya existen leyes sobre el reconocimiento del derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado, es menester recordar que algunos países han desarrollado este derecho en sus normas nacionales, ejemplo de ello son los países de Australia y Filipinas, en 1976 y 1995 respectivamente, Naciones que han incluido el consentimiento libre, previo e informado en sus leyes nacionales y han desarrollado un sistema de reconocimiento reforzado que implica una serie de obligaciones para sus Estados que tienen que ver con garantías a las decisiones sobre el uso de los recursos naturales que tienen los pueblos indígenas.

Otros países como los andinos han reconocido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, como mecanismo de garantía del derecho a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas, tales como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, en 2001, 2005, 2002 y 2011 respectivamente.

También es de recordar que nuestra ley suprema, la Constitución Federal, mandata que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual y colectivamente, los pueblos y comunidades indígenas, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución, como las garantías individuales y los derechos humanos, conservar y mejorar el habitad y preservar la integridad de sus tierras, así como el respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades.

Es de resaltar que en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Rosendo Radilla Pacheco, ha determinado “la obligación de las autoridades de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex officio, entendidos como facultad/obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidas tanto por la Constitución, como por los instrumentos internacionales ratificados por México.”

Asimismo, la SCJN ha emitido el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas cuyo objetivo es ser una herramienta para adecuar toda actuación de la autoridad a los más altos estándares nacionales e internacionales, tal como los marca el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los pueblos indígenas guardan la última herencia vida de las culturas ancestrales que ha sido expoliadas en el curso de la historia y han sufrido el impacto de  grandes obras de infraestructura que han derivado muchas veces en mayor pobreza económica y social.  

Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Constitución Política, someto a esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Federal de Electricidad, respete los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas coras, wixáricas, tepehuanos y mexicaneros del Estado de Nayarit, particularmente su derecho a la consulta mediante el consentimiento previo, libre e informado que tienen derecho los indígenas, susceptibles de ser afectados. Al mismo tiempo, se expliquen los mecanismos hacer una consulta con pertinencia cultural, con modelo de comunicación intercultural, así como el mecanismo para evitar la violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales, y por las normas internacionales en la materia.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a realizar los estudios técnicos y sociales del movimiento de impacto ambiental, de forma imparcial y transparente, y en su momento emita la resolución correspondiente bajo los principios de los derechos humanos de los pueblos y comunidades que se reconocen en la constitución y en las normas internacionales. Además de vigilar políticas de conservación y aprovechamiento, y si el proyecto entra en la categoría de usos incompatibles que alteran el equilibrio de los ecosistemas.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el ámbito de sus atribuciones a realizar un estudio y emitir  un dictamen  sobre si la construcción de la Presa Hidroeléctrica afectará el patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas, coras, wixáricas, tepehuanos y mexicaneros y si se garantiza la integridad de su cultura y su dinámica social ancestral reflejada en las tradiciones y costumbres auténticas, únicas y excepcionales.

CUARTO.- Se exhorta al gobierno de Nayarit a evitar cualquier violación flagrante de los derechos colectivos e individuales por la posible construcción de la Presa Hidroeléctrica Las Cruces, y a tomar medidas para evitar abusos, prejuicios, discriminación y violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de Nayarit.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
a 7 de mayo de 2014.

Suscribe

Dip. Carlos de Jesús Alejandro”.






Del C. Diputado Valentín Maldonado Salgado, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión a impulsar las acciones y reformas necesarias al mundo del trabajo, para recobrar el respeto a los derechos humanos laborales, en bien de los trabajadores, sus familias y la nación. Se turna a la Tercera Comisión.

PUNTO DE ACUERDO, CON EL OBJETO DE HACER UN EXHORTO AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL CONGRESO DE LA UNION, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES IMPULSEN LAS ACCIONES Y REFORMAS NECESARIAS AL MUNDO DEL TRABAJO, PARA RECOBRAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES, EN BIEN DE LOS TRABAJADORES, SUS FAMILIAS Y LA NACION

“El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

CONSIDERACIONES

Apenas unos días atrás, se conmemoró el Día del Trabajo, que haya su raíz en el sacrificio, en el año de 1886, de los llamados Mártires de Chicago. Es decir, han transcurrido 128 años de las luchas heroicas de los trabajadores, por una jornada de 8 horas, por un salario digno, por empleo suficiente, por adecuadas condiciones de seguridad e higiene.

Sin embargo, basta echar una mirada al estado actual que padecen los trabajadores en México, para darse cuenta, de que la rueda de la historia se ha ido en reversa, extinguiendo gran parte de los derechos que el sacrificio de los Mártires de Chicago, que la lucha del movimiento obrero nacional e internacional, hicieron una realidad. Extinción no sólo fáctica, sino como consecuencia de la contrarreforma a la seguridad social que por lo menos parte del año de 1992 y la contrarreforma laboral del 2002.

La jornada de 8 horas, aparece cada vez más como un sueño imposible; los trabajadores para obtener los recursos necesarios para sobrevivir, se ven obligados a desempeñar dos o más empleos, o desgastarse en la creciente prestación de tiempo extraordinario, o dobleteo de turno. En tal razón los trabajadores apenas tienen tiempo para ingerir alimentos, o para atender a su familia; todo esto en grave afectación de su salud física, mental y social.

El desempleo aumenta, y los empleos son cada vez más precarios, baste recordad que el 60% de los empleos son informales y, que marzo de este año, tuvo una tasa de desempleo de 4.80%,  más elevada que la del mismo mes del 2013 (INEGI).

Sumado al creciente empleo del outsourcing, la simulación de las relaciones de trabajo bajo formas civiles y mercantiles, y una brutal flexibilización de la relación de trabajo. Concretamente, en el país el déficit de empleo asciende a 34 millones de plazas (Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, CAM).

En cuanto al empleo de niñas y niños, además de los 3 y medio millones que son explotados diariamente; según cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación y del DIF Nacional, por lo menos 70 mil menores son víctimas del tráfico de personas,  de las peores formas de trabajo infantil, ¡qué fuerza moral puede tener el Estado Mexicano frente a la comunidad internacional, con estas cifras de horror en perjuicio de nuestras niñasy niños!

Nuestro salario, es de vergüenza, ya muy inferior al de China, uno de los más bajos del mundo. De manera que los salarios de 1987 a la fecha han acumulado una pérdida de 77.79 % (CAM).

Los derechos a la sindicalización, contratación colectiva y huelga, son perseguidos sistemáticamente, están en franca extinción.

Las llamadas reformas estructurales, han contribuido a ahondar el maltrato de los derechos humanos laborales: la reforma educativa fue ante todo una reforma laboral, para acabar con los derechos de los profesores, igualmente la reforma financiera desconoció derechos básicos de los trabajadores al servicio de la Banca de Desarrollo, así como las reformas en materia de telecomunicaciones y energética. Para no hablar del mal llamado seguro de desempleo, que se pretende cubrir con los ahorros de vivienda de los propios trabajadores; o la reciente propuesta de arrebatar 5.2  millones de viviendas a los trabajadores, so pretexto de acabar con el problema de las casas abandonadas, que Estado y empresas del ramo han provocado.

Todo esto es el caldo de cultivo de un mercado interno cada vez más reducido, de una pobreza creciente e inadmisible, de violencia y crecientes conflictos sociales que tienen en un tris la viabilidad nacional.

En suma, el mundo del trabajo resiente decenas de años de injustica, por lo que se exigen acciones urgentes para impedir que los trabajadores y sus derechos, continúen hundiéndose en claro incumplimiento de lo ordenado por el artículo 123 Constitucional, así como por los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Esto exige, la revisión de las contrarreformas laboral y a la seguridad social, una política sistemática para elevar el poder adquisitivo de los salarios, para aumentar el número de empleos formales y dignos, suprimir el empleo de los niños y niñas menores de catorce años y las peores formas de trabajo infantil, impulsar la sindicalización y la contratación colectiva, a fin de lograr un mayor equilibrio entre los factores de la producción, y por tanto una mejor distribución de la riqueza nacional, recobrar la seguridad social solidaria, poniendo fin, especialmente, al lucro descarnado de las Afores. Sólo así México, recobrará mayores índices de crecimiento y desarrollo económicos.

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANIA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:

UNICO. La Comisión Permanente, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que en el marco de sus respectivas atribuciones impulsen las acciones y reformas necesarias al mundo del trabajo, para recobrar el respeto a los derechos humanos laborales, en bien de los trabajadores, sus familias y la nación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
a 7 de mayo de 2014.

Suscribe

Dip. Valentín Maldonado Salgado”.






De los CC. Senadores Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del PRD, que contiene punto de Acuerdo relativo a las agresiones contra migrantes indocumentados y personas defensoras de derechos humanos, en el marco de los operativos del Instituto Nacional de Migración. Se turna a la Primera Comisión.








La efeméride inscrita en nuestro Orden del Día, se insertará en el Diario de los Debates.

EFEMERIDE

De los CC. Senadores del grupo parlamentario del PRI, en relación con el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla.

“EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON MOTIVO DEL NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,
OCURRIDO EL 8 DE MAYO DE 1753.

Los legisladores del PRI conmemoramos el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, precursor del movimiento de independencia y reconocido como el Padre de la Patria. 

Mexicano ejemplar, admirado y respetado por todos, se distinguió por su compromiso, valor, lealtad y patriotismo. A doscientos sesenta y un años de su nacimiento, es oportuno llevar a cabo una breve pero sustancial remembranza de los pasajes más emblemáticos de su vida.

Nació en la Hacienda de San Diego Corralejo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753, sus padres fueron el señor Cristóbal Hidalgo y Costilla y la señora Ana Gallana y Villaseñor. Realizó sus estudios como Obispo en el Colegio de San Nicolás en Valladolid donde obtuvo el grado de Bachiller en letras, asimismo, se graduó como bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad de México, institución en la que después obtendría el bachillerato en teología.

En 1778 fue ordenado sacerdote, desempeñándose como catedrático en el Colegio de San Nicolás, además de forma paralela ocupó diversos encargos, entre los que destacan, los de tesorero, vicerrector, secretario, rector y estuvo a cargo de la Sacristía de Santa Clara del Cobre. En 1802, con la muerte de su hermano José Joaquín, quien era el cura de Dolores,  ocupó su lugar, destacando por implementar exhaustivas campañas de alfabetización dirigida a  artesanos y campesinos.

En diciembre de 1808, en San Miguel el Grande conoció a Ignacio Allende, etapa en la que mantenía comunicación constante con el Teniente Mariano Abasolo, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y a la esposa de éste, Josefa Ortiz de Domínguez, con quienes a partir de 1809 comenzó a conspirar para dar fin a los abusos y arbitrariedades que imperaban en la Nueva España. 

De esta manera comenzaron una serie de reuniones en las que se fraguaba la guerra de independencia en México, al ser descubiertos, el 15 de septiembre de 1810 a lado de Aldama, Allende, José Santos Villa, Vicente Lobo, José Cecilio Arteaga y otros simpatizantes del movimiento, Miguel Hidalgo se levantó en armas en contra de las autoridades del Virreinato.

Fue así como la madrugada del 16 de septiembre de 1810, bajo su mando, inició el movimiento de independencia, a pesar de que los planes tuvieron que adelantarse, logró reunir a más de 300 hombres para dirigirse a Dolores, al pasar por Atotonilco, Hidalgo, tomó una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual se constituyó como el estandarte y símbolo de la guerra de independencia. 

La efervescencia del momento más el deseo y urgencia de libertad hicieron que el ejército insurgente creciera rápidamente, no había marcha atrás, era tiempo de terminar con las justicias e impulsar a nuestra nación hacia el inicio de una nueva era.

Otra de las grandes acciones de Miguel Hidalgo ocurrió en octubre de 1810, cuando publicó el decreto de abolición de la esclavitud en la ciudad de Valladolid, crucial para la eventual consolidación del movimiento y para que más personas se unieran a la lucha, destacando la incorporación del General José María Morelos.

De manera infortunada, el 21 de enero de 1811, junto a otros insurgentes fue capturado en Coahuila por las fuerzas realistas y después de ser juzgados en Chihuahua, el 30 de julio de 1811 murió fusilado, exhibiendo su cabeza en la alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. 

Compañeras y compañeros legisladores

Desde esta Soberanía nacional, recordamos con profundo respeto a Don Miguel Hidalgo, precursor del movimiento de independencia en México, personaje que hizo posible que nuestro país pudiera erigirse como una nación libre e independiente.

Como casi todos los grandes personajes de la historia, no pudo ver cumplidos sus anhelos, sin embargo, su importancia y el gran sentido social de cada uno de sus actos, al poner al servicio del pueblo todos sus conocimientos es incuestionable y forma parte de su gran legado.

Estamos convencidos que el mejor homenaje que le podemos ofrecer es redoblar esfuerzos para que en México la libertad, la igualdad, la tolerancia y el pleno respeto a los derechos humanos sean una realidad tangible y no solo parte de un cuerpo normativo”.

Pasamos al siguiente asunto.

- El C. Secretario Diputado Adame Alemán: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)

Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.






CITA

- El C. Presidente Diputado Gutiérrez de la Garza: Se levanta la sesión y se cita a la próxima para el cabalístico martes 13 de mayo a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:02 horas)

Directorio

DIARIO DE LOS DEBATES

de la Cámara de Senadores del Congreso
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Director: Lic Arturo Domínguez Sarmiento

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Este Diario de los Debates es preliminar y de carácter informativo.





 

 

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